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Nuevas prácticas en cría de peces mejoran acuicultura en Kenia

IPS español - ter, 20/11/2018 - 13:12

En la playa de Gasi, en el condado de Kwale, sobre el océano Índico, en Kenia, la gente espera para comprar pescado. La demanda de pescado aumenta en este país debido al rápido crecimiento de la población, en alrededor de tres por ciento al año, y de la mayor conciencia de su valor nutricional. Crédito: Diana Wanyonyi/IPS

Por Justus Wanzala
KISUMU/VIHIGA, Kenia, Nov 20 2018 (IPS)

A pesar de la humedad de un típico mediodía de octubre en el condado de Kisumi, cerca de la costa del lago Victoria, en Kenia, Jane Kisia da vueltas alrededor de sus estanques alimentando a los peces. A medida que les lanza el granulado, estos lo devoran con avidez.

Kisia, una maestra jubilada, hace seis años que cría peces. En 2016 se anotó en el Programa de Acuicultura orientada al Mercado de Kenia (KMAP, en inglés), de Farm Africa, el que concluye en 2019. La iniciativa se extiende por 14 condados de las regiones Central y Lago Victoria, de Kenia.

“KMAP ofrece capacitación especial en acuicultura, lo que me ha permitido aprovechar las oportunidades del sector”, dijo Kisia a IPS. Además de los valiosos vínculos con comerciantes que ofrece, acotó.

“Cuando el pez está maduro, los compradores están a una llamada de teléfono de distancia”, añadió.

En sus cinco estanques, tiene tilapia y algunos bagres, que pesca dos veces al año, y le dejan el equivalente a unos 1.500 a 2.000 dólares.

La demanda de pescado aumenta en Kenia debido al rápido crecimiento de la población, de tres por ciento, y a que hay mayor conciencia sobre el valor nutricional del pescado. Pero la producción depende mucho de la captura en lagos, lo que lleva al agotamiento del recurso.

La Oficina Nacional de Estadística informó en abril que la producción pesquera, procedente de lagos, del mar o de cultivo, había disminuido de unas 163.000 toneladas, en 2013, a unas 135.000, en 2017. La consiguiente escasez llevó al aumento de los precios.

Ese es el contexto actual a pesar de que este país tiene más de 1,14 millones de hectáreas de tierras ideales para practicar la acuicultura, según el informe del Instituto de Investigación Pesquera y Marina de Kenia (KMFRI), de 2017.

Ni siquiera el programa diseñado por el gobierno para impulsar la acuicultura, en el marco del cual se instalaron 48.000 estanques en todo el país hace una década, resolvió el problema de la disminución de la oferta de pescado.

En parte, eso se debe a que el programa solo formó a los beneficiarios en cómo hacer estanques y acopiar alevines. Hubo algunos talleres de capacitación, pero básicamente, los participantes tuvieron que arreglárselas solos.

Un sistema de cría de pollos y peces integrado. Los gallineros están construidos sobre los estanques, lo que permite que los excrementos que caen generen algas que sirven para alimentar a los peces. Crédito: Justus Wanzala/IPS.

El coordinador de Farm Africa, Teddy Nyanapa, explicó a IPS que su organización empodera a los agricultores monitoreando sus avances, ofreciendo asistencia técnica, asesoramiento comercial y para la preservación de recursos naturales. Además de promover un mejor marco legal para el sector.

El programa abarca a todos los actores de la cadena de valor, acuicultores, fabricantes de alimentos y comerciantes, precisó Nyanapa.

Además de las prácticas pecuarias, los agricultores también reciben capacitación para llevar las finanzas, acotó. El programa cuenta con 1.100 beneficiarios, apuntó Nyanapa.

Cada uno de los 14 condados incluidos en el programa, tienen agentes para asistir a los agricultores a emplear las mejores prácticas.

“Los agentes son funcionarios de extensión, la mayoría graduados de facultades, debido a la necesidad de personal para promover la acuicultura con celeridad”, añadió Nyanapa. Gracias a ese apoyo, el proyecto se considera un éxito.

Hay pocos alevines, observó, pues solo hay 12 criaderos oficiales en Kenia.

Nyanapa lamentó que no hubiera un tamaño estándar de juveniles definido para la venta a los agricultores, ya que algunos son tan pequeños que rara vez sobreviven, lo que deja pérdidas.

El costo de la alimentación es una carga pesada, que puede llegar a representar 70 por ciento del costo total, confirmó Nyanapa, coincidiendo con tres agricultores.

“Dependemos de alimentos industrializados que son costosos, que a veces son de mala calidad y el suministro inestable”, lamentó Kisia.

KMAP también colabora con el Centro para la Vida y el Hogar en Ebenezer, un internado con enseñanza primaria y secundaria, para su proyecto de acuicultura con fines nutritivos y comerciales.

La profesora Martha Achieng comentó que comenzaron con la cría de peces en 2012, en el condado de Kisumu.

“El objetivo inicial fue criar peces para su alimentación, dado que algunos menores viven con VIH/sida, pero tras la primera cosecha, vendimos el excedente y sacamos unos 2.000 dólares, y nos dimos cuenta de que era un emprendimiento lucrativo”, recordó Achieng.

El internado, con unos 1.000 alumnos, cuenta con seis estanques con tilapias y bagres. Como las reservas naturales disminuyen, el gobierno subsidia el costo que recae sobre los agricultores.

“Es necesario cambiar la política para reducir la importación de pescado de China y bajar el costo de los insumos a fin de aprovechar las posibilidades de la acuicultura”, subrayó Achieng.

Las importaciones de pescado chino en Kenia ascendieron a unos 21 millones de dólares en 2017, según datos de la Organización de las Naciones Unidas.

Pero en octubre de este año, el presidente Uhuru Kenyatta propuso prohibir las importaciones de pescado de China, aunque algunos pescadores locales, beneficiarios del KMAP, optaron por apuntar a un mercado a mayor escala, por lo cual apenas hubo un magro aumento del suministro local.

Stephen Lukorito, agente de Farm Africa, en el vecino condado de Vihiga, señaló que hay unos 100 pescadores en el condado, por lo que las posibilidades para la acuicultura son enormes.

La granja Beauty, en Vihiga, tiene cinco estanques que funcionan como centros de capacitación para jóvenes deseosos de dedicarse a la acuicultura.

El director de la granja, Wilson Ananda, dijo a IPS que la demanda de pescado en la zona es tan grande que cada vez que cosechan, la comunidad local compra toda la captura.

En el condado de Vihiga, la empresa Bunyore Riverside Development (BRAD) tiene una granja en la que cría unos 19.000 peces en seis estanques de unos 60 por 30 metros, con un sistema integrado de cría de peces y de pollos.

Las casas de los pollos están encima de los estanques, y los excrementos que caen generan algas en el agua, que sirven para alimentar a los peces.

Otras organizaciones se asociaron con el KMAP para apoyar la gestión de las crías, el monitoreo y la evaluación, mientras otras como el Centro Mundial de la Pesca ofrece asesoramiento sobre la conveniencia de varias especies en diferentes zonas ecológicas.

La capacitación también se extendió a los funcionarios gubernamentales, y ya se capacitaron 28 en tecnologías modernas de acuicultura en la región del lago Victoria.

También se capacitan agricultores para oficiar de mentores con sus colegas.

Nyanapa comentó que para terminar el proyecto, les gustaría ayudar a organizar a los agricultores en grupos de trabajo para comprar insumos y mejorar el acceso a los mercados y a los recursos financieros.

Traducción: Verónica Firme

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Desapariciones, un estigma para gobierno saliente de México

IPS español - seg, 19/11/2018 - 19:08

Una de las numerosas actividades de los familiares de las personas víctimas de desaparición forzada en México, para presionar porque se busque a sus parientes. Crédito: Cortesía de CMDPDH

Por Gustavo Capdevila
GINEBRA, Nov 19 2018 (IPS)

La ONU despidió con severas recriminaciones al gobierno de Enrique Peña Nieto, por violaciones de los derechos humanos, cuya magnitud ejemplifica el hecho de que en México lleguen hasta 37.435 las desapariciones forzadas de personas registradas desde 2007.

El duro rapapolvo por la situación que deja en materia de desapariciones lo recibe el conservador Peña Nieto a escasos días de que el 1 de diciembre culmine sus seis años de mandato y entregue la presidencia al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien ganó las elecciones del 1 de julio.

En sus observaciones sobre el caso mexicano, divulgadas este lunes 19, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) lamenta “profundamente” que en México “se mantiene una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”.

El Comité, integrado por 10 expertos independientes de países que han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, deploró también que en México “imperen la impunidad y la revictimización”, cuando la misma persona sufre igual delito con diferente perpetrador.

Las resoluciones representan la conclusión de una sesión especial, realizada el 9 de noviembre, dedicada al caso mexicano, cuando el Comité, que funciona en la sede de la ONU en Ginebra, enrostró al gobierno de Peña Nieto por la “falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas”.

Roberto Cabrera, de la estatal Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, admitió que solo cuentan con “registros de muy mala calidad”.

Del total de 37.435 casos, ese organismo ha logrado identificar con fecha de nacimiento y nombres de padre y madre, a unos 26.000 desaparecidos. De ese número consiguieron datos biométricos (fotografías y huellas digitales) de unos 16.000, precisó Cabrera.

El Comité reprochó a las autoridades mexicanas por el escaso número de condenas en los procesos por el delito de desaparición forzada. Grace Fernández Moran, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, dijo a IPS que “hay 43 sentencias sobre más de 37.000 casos, eso es nada”.

Los miembros del Comité, que opera dentro de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestaron preocupación “por la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas sin atención adecuada en todo el territorio”.

El saliente gobierno mexicano reconoció que la desaparición de personas se ha convertido “en el desafío más grave que enfrenta” el país latinoamericano en materia de derechos humanos, según declaró el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, durante la sesión con el Comité.

“Reconocemos que las respuestas del Estado son aún insuficientes porque no hemos dado respuesta a los familiares y a los seres queridos de los desaparecidos y tampoco se ha localizado el paradero”, explicó Ruiz a IPS.

Ruiz alegó que el régimen federal de México, con 32 estados que tienen su propia Constitución y poderes, entorpece los esfuerzos por proteger los derechos humanos en un territorio de dos millones de kilómetros cuadrados y con 129 millones de habitantes. Ello aunque la mayoría de las desapariciones se concentran en tres estados: Guerrero, Tamaulipas y Veracruz.

A eso se suma la incómoda vecindad con el mayor mercado consumidor de drogas del mundo: Estados Unidos, a lo largo de una frontera de más de 3.000 kilómetros.

México esta así localizado entre centros productores sudamericanos y los mercados consumidores que han visto un incremento constante de la demanda de drogas ilícitas de varios tipos, aunque recientemente en particular de los opiáceos, remarco Ruiz.

En busca de atenuantes, mencionó el tráfico ilícito de armas, en su mayoría de Estados Unidos hacia México. En 2015, en la región fronteriza estadounidense se localizaban 6.700 comercios con licencia federal para vender armas, lo que equivalía a tres vendedores de armas por cada 1.609 metros de frontera.

El subsecretario mexicano citó a autoridades estadounidenses al afirmar que la mitad de las armas ilegales que circulan en México, notablemente armas de asalto de alto poder, son compradas en el fronterizo estado de Texas, y un tercio en el vecino de Arizona, antes de ser traficadas por la frontera.

Ruiz rechazo una de las pretensiones más insistentes del Comité: el reconocimiento de la competencia del organismo para recibir y examinar comunicaciones o quejas individuales de ciudadanos mexicanos.

Corresponderá al gobierno de López Obrador, valorar esa demanda del Comité, arguyó Ruiz.

El gobierno de Peña Nieto reacciona de esa manera “por miedo o por soberbia”, interpretó Fernández Moran. “No pide ayuda a nadie para afrontar esta emergencia”, insistió.

Olga Guzmán Vergara, directora de Incidencia de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), estimó que defensores de derechos humanos y victimas deben hacer “un acercamiento con el nuevo gobierno”.

“Habrá que hacer entender que las desapariciones forzadas son un tema prioritario”, dijo a IPS.

Guzmán reclama a López Obrador “respuestas decisivas, adecuadas y efectivas para afrontar la situación crítica de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y su impunidad, que afectan a miles” de mexicanos.

Entre otras demandas, la CMDPDH propone un mecanismo interinstitucional de alto nivel que aplique a nivel local, estadal y nacional las normas y recomendaciones de organismos internacionales y regionales de derechos humanos.

Guzmán aspira a que el nuevo gobierno sostenga una Fiscalía General autónoma, “no subordinada al presidente, como ahora”, y encabezada por una persona idónea y designada mediante un proceso “transparente y público”.

La CMDPDH sugiere el establecimiento de un mecanismo internacional contra la impunidad en México, algo semejante a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, creada en 2006 por la ONU y el gobierno guatemalteco.

El Comité contra la Desaparición Forzada observa también con preocupación el rol que México ha otorgado a las fuerzas militares para las tareas de seguridad pública.

Por ello, le insta a fortalecer a las fuerzas civiles del  orden y a establecer un plan de retiro gradual, ordenado y verificable de las fuerzas militares de las áreas de seguridad pública.

Los expertos de la ONU alertaron de los impactos que las desapariciones tienen en México sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Mencionaron igualmente los efectos perjudiciales que acarrean el estancamiento y abandono de las investigaciones de los estereotipos de género y formas de discriminación contra las mujeres por parte de las autoridades.

Ángela Quiroga, responsable de la gubernamental Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dijo a IPS que las desapariciones de mujeres no presentan diferencia con respecto a las tendencias del delito en el conjunto de la sociedad.

“Aunque en la franja de las mujeres se aprecia que la violencia familiar es una de las causas de las desapariciones de mujeres pues provoca la expulsión de adolescentes de los hogares”, explicó.

“Otro factor de la desaparición de mujeres es el incremento en los últimos tiempos de los casos de feminicidio, el asesinato de las mujeres por su condición de tales. De ninguna de las dos variantes se dispone de cifras”, agregó Quiroga.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Protesta rohinyá en Bangladesh frena repatriación a Birmania

IPS español - seg, 19/11/2018 - 13:15

Refugiados rohinyá protestan el jueves 15 de noviembre de 2018 contra su repatriación a Myanmar (Birmania). Crédito: Mohammad Mojibur Rahman/IPS

Por Naimul Haq
COX BAZAR/DACA, Nov 19 2018 (IPS)

Birmania y Bangladesh acordaron la repatriación de 2.260 refugiados rohinyás en dos semanas, unas 150 personas por día. Pero la iniciativa debió posponerse por las protestas masivas en varios de los 27 campamentos bangladesíes.

La repatriación forzada debía comenzar el jueves 15 de este mes, el mismo día de la protesta en Cox’s Bazar, el distrito costero más al sur de Bangladesh, por la cual lograron frenar su repatriación a Myanmar (Birmania)

La medida responde a un acuerdo bilateral alcanzado a fines de octubre entre los gobiernos de ambos países.

Los 27 campamentos de Cox’s Bazar albergan a un millón de refugiados.

Hombres, mujeres, niñas y niños participaron en las protestas que comenzaron poco después del mediodía en uno de los campamentos más pequeños en Unchiprang, cerca de la frontera con Birmania, y pronto se propagaron a otros, hasta el más grande Kutupalong.

Los manifestantes cantaban eslóganes y tenían pancartas que decían: “no volveremos”, “reclamamos seguridad”, “queremos la ciudadanía”, “reclamamos justicia”, cuando los autobuses que debían llevarlos a unos 15 kilómetros de Cox’s Bazar, estacionaban afuera de Unchiprang, desde donde irían hasta la frontera de Gundum, para luego trasladarlos a Tumbru, en Birmania.

Los funcionarios bangladesíes a cargo de la iniciativa esperaban afuera del campamento y le pedían a las familias que subieran a los autobuses, pero nadie estaba dispuesto a hacerlo.

Desde agosto, más de 700.000 rohinyás, alrededor de 60 por ciento de los cuales eran menores, según informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, huyeron de las atrocidades perpetradas contra su comunidad en el estado birmano de Rakhine

Muchos refugiados todavía tienen fresca la terrible experiencia, que incluyó violencia sexual, violación y la incineración de viviendas con sus habitantes adentro.

“¿Por qué tenemos que regresar?”, gritó Nahar, de 26 años y con tres hijos, quien llegó al campamento en julio. Para ella volver es regresar a un campo de exterminio.

Yousuf Ali, del campamento de Shamlapur, preguntó: “¿Quieren que nos suicidemos?”. Por su parte, otro del campamento de Jamtoli explicó: “No hay garantías de que podamos sobrevivir si regresamos”.

El gobierno bangladesí, junto a organizaciones humanitarias locales e internacionales y agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), trabaja para proveer refugio, servicios médicos, educación y alimentos a casi un millón de personas.

Mohammad Abul Kalam, comisario de Refugio, Alivio y Rehabilitación de Bangladesh, además de magistrado de Cox’s Bazar, dijo a IPS: “Estábamos preparados para la repatriación”.

“Antes apuntamos a una decisión voluntaria y a una elección informada, pero nadie respondió y tuvimos que posponer el programa”, explicó.

El martes 13, 50 de las familias señaladas para regresar, fueron entrevistadas por funcionarios de la ONU para saber si accedían a regresar, pero nadie aceptó, indicó Kalam.

“Se negaron a irse ahora, pero seguimos dispuestos a facilitar su retorno. Nuestra contraparte de Myanmar también estaba presente del otro lado de la frontera. Sabemos que también realizó los preparativos para la tan esperada repatriación que (iba a comenzar el jueves 15)”, explicó Kalam.

El gobierno de Bangladesh junto a organizaciones locales e internacionales y agencias de la ONU provén refugio, servicios médicos, educación y alimentos a casi un millón de refugiados rohinyás. Crédito: Mohammad Mojibur Rahman/IPS

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió a Bangladesh a detener la repatriación de rohinyás porque la iniciativa viola el derecho internacional.

“Con una casi completa falta de responsabilidad, de hecho con violaciones en curso, repatriar a los rohinyás a Myanmar en este momento significa devolverlos a un ciclo de violaciones de derechos humanos que esa comunidad sufre desde hace décadas”, explicó Bachelet.

En octubre, el jefe de la misión de investigación de la ONU en Birmania, Marzuki Darusman, dijo que “la endurecida posición (del gobierno birmano) es por lejos el mayor obstáculo” a la repatriación.

“Myanmar está destinado a repetir el ciclo de violencia a menos que termine la impunidad”, añadió. La ONU pidió una investigación sobre el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra perpetrados en el estado de Rakhine.

Mientras, el canciller de Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali, aclaró en conferencia de la prensa el jueves 15 en Daca que su país no repatriaría a la fuerza a los refugiados.

Y Mia Seppo, coordinadora residente de la ONU en Daca, acotó: “el foro mundial celebra el compromiso del gobierno de Bangladesh de atenerse a los principios de la repatriación voluntaria que ha demostrado hasta hoy”.

“Hubo algunos problemas con los planes de repatriación”, explicó a IPS el presidente de la Cámara de Comercio de este distrito, Abu Morshed Chowdhury, también uno de los presidentes de la organización Forum.

“¿Cómo van a regresar los refugiados, aun si es de forma voluntaria, sin garantizar su ciudadanía?”, cuestionó. “Las agencias de la ONU tienen la responsabilidad de dar las garantías”, añadió.

El director ejecutivo de la organización COAST Bangladesh, Rezaul Karim Chouwhury, dijo que el plan no estuvo bien pensado, “porque sabemos que tarde o temprano los rohinyás tendrán que regresar. El acuerdo bilateral allanó el camino para la iniciación de la repatriación y la rehabilitación, pero los actores clave, en mi opinión, no han estado tan activos”.

Por su parte, Caroline Gluck, oficial de información pública de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Cox’s Bazar, dijo a IPS que cada refugiados tiene el derecho a decidir su futuro y su retorno. Sus decisiones deben basarse en conocimientos confiables sobre las condiciones en su país de origen.

“Las restricciones de acceso en el estado de Rakhine limitan la capacidad de Acnur de brindar esa información. Es fundamental que las repatriaciones no sean apresuradas ni prematuras”, subrayó.

Acnur está a favor de la repatriación voluntaria y sostenible de los refugiados rohinyás, con seguridad y dignidad, a su lugar de origen o al de su elección, precisó.

“Trabajaremos con todas las partes hacia ese objetivo. Pero no creemos que las condiciones actuales sean conducentes al retorno de acuerdo con los estándares internacionales. La responsabilidad de crear esas condiciones recae en Myanmar, añadió.

*Con aportes de Mohammed Mojibur Rahman, en Cox’s Bazar, en Bangladesh

Traducción: Verónica Firme

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De la percha al plato: los microplásticos se meten en nuestra dieta

IPS español - seg, 19/11/2018 - 12:49

Limpiar los océanos de los plásticos es una necesidad cada vez más perentoria. Crédito: CCO/Pixabay

Por Florencia Cremonese
MONTEVIDEO, Nov 19 2018 (IPS)

Indumentaria sintética, ropa desechable, cosméticos, exfoliantes y pastas de dientes blanqueadoras son solo algunas de las fuentes de plásticos microscópicos que llegan a mares y ríos y terminan en nuestros platos.

La ropa de bajo costo, producto de la llamada moda rápida (‘fast fashion’) inunda las tiendas, y en la mayoría de los casos ofrece prendas tan baratas como efímeras. En la lógica de consumo del capitalismo más voraz la idea tiene sentido: la moda cambia, hay que renovar el guardarropa cada temporada, por lo que su poca durabilidad no debería ser problema, más aún si las prendas son baratas.

Pero ya lo dice el popular refrán, lo barato sale caro: detrás de las prendas que cambiamos con frecuencia hay explotación laboral, lo que permite que algunos productos se vendan incluso por debajo de su costo. Una práctica no solo ejercida sobre trabajadores, con salarios que apenas les alcanzan para sobrevivir, sino sobre el planeta.

El resultado es un costo implícito que las empresas trasladan al cliente: la destrucción de su ambiente y en muchos casos de su salud.

“Vivimos en plástico”, dijo la doctora Lorena Ríos Mendoza. La profesora asociada de química de la estadounidense Universidad de Wisconsin planteó que desde los textiles de nuestras camas, pasando por los contenedores que utilizamos para trasladar el almuerzo, hasta los cosméticos que usamos en nuestro rostro, todo contiene plástico.

“Somos adictos”, opinó la especialista nacionalidad mexicana. Algún incauto podría preguntar cuál es el problema. Es que el plástico demora al menos 400 años en degradarse y lo que usamos hoy ensuciará los mares y la tierra por unas cinco generaciones.

Pero si la ropa no es plástico y no la echamos al agua, podría decir otro. En realidad, ambas afirmaciones son falsas. La ropa sintética mayoritaria en la moda rápida es plástico, pues sus componentes derivan del petróleo, y sí, además las echamos al agua.

Cada vez que lavamos nuestras prendas miles de fibras microscópicas atraviesan los filtros de las lavarropas y llegan a los cauces de agua. Su tamaño es tan ínfimo que atraviesan los filtros. De acuerdo a un estudio de 2016 de la británica Universidad de Plymouth, más de 700.000 fibras plásticas microscópicas se liberan en cada lavado de seis kilos de ropa en una lavadora doméstica y 1,7 gramos de fibras pueden liberarse en el lavado de una sola chaqueta sintética, según la estadounidense Universidad de California.

Si pensamos en esta realidad en forma agregada el problema se acentúa puesto que a diario se hacen millones de lavados a lo largo y ancho del globo, a lo cual se suma la toxicidad de las tintas, el alto consumo de energía en la producción y un largo etcétera. La indumentaria es solo uno de los orígenes de los microplásticos presentes en ecosistemas marinos y terrestres.

Para ser considerado microplástico el material debe medir como máximo cinco milímetros y en la mayoría de los casos su tamaño lo hace invisible para el ojo humano. Como explicó Ríos Mendoza, hay tres formas de creación de microplásticos.

Una de ellas es por la ruptura de “macroplásticos”, como los presentes en envases o en cualquier otro producto de este material, que se rompen en trozos más pequeños por efecto del sol y el movimiento del agua.

Otra es por la fragmentación realizada por animales que los confunden con alimentos y los rompen creando pequeños trozos. Y por último, por la creación industrial de plásticos microscópicos como sucede en el caso de los cosméticos, o “perlas blanqueadoras”,  eufemismo utilizado en la industria de la higiene para referirse a este material en detergentes de ropa y pastas dentales.

El último eslabón de la cadena

El problema no es solo para los peces y las tortugas que se mueren llenas de plástico, sino para nosotros, que nos los estamos comiendo y llenando nuestros estómagos con lo mismo.

Un albatros muerto disecándose, mientras los desechos de plástico que había ingerido permanecen. Crédito; Chris Jordan/Wikimedia Commons

“Para entender la cantidad de plástico que está inundando el mar pensemos que es como si cada un minuto un camión de basura tirara todos sus desechos en el océano”, ejemplificó la geógrafa Estefanía González.

La chilena González se desempeña como coordinadora de campañas y océanos en la repartición andina de la organización ecologista Greenpeace y considera a los plásticos visibles como uno de los mayores desafíos en la lucha por la preservación de los ambientes. Para la activista el peligro es mayor en el caso de los microplásticos porque generan la ilusión de una aparente inexistencia.

En junio la Universidad de Magallanes, en Chile, reveló la presencia de partículas de plásticos en la centolla magallánica, crustáceo presente en la aislada Antártida chilena. El hallazgo despertó la alarma sobre la posible contaminación de otros seres en zonas más pobladas y más cargadas de desechos. Los mismos descubrimientos se publican por decenas cada año y hablan de contaminación por ingesta en los lugares más remotos del planeta.

Según recogió la revista National Geographic, cuando el investigador Matthew Savoca, del Centro Sudoeste de Ciencia Pesquera en Monterrey, en el estado estadounidense de California, empezó su estudio sobre la alimentación de las anchoas, ya se habían documentado 50 especies de peces que comían microplásticos. Cuando concluyó su investigación dos años después, el número había ascendido a 100.

Para Ríos Mendoza, cuya área de estudios es el océano Pacífico, la presencia de plásticos es preocupante porque este material tiene la capacidad de actuar como una esponja de los compuestos tóxicos presentes en el agua.

“Los plásticos que están flotando en el agua pueden absorber los compuestos tóxicos resistentes como los que se utilizan en la industria eléctrica, o los formados por incompleta combustión de las gasolinas como son los poliaromáticos. También absorben  los organoclorados, caracterizados por durar mucho tiempo en el ambiente, llamados resistentes orgánicos. Estos son hidrofóbicos, no les gusta el agua, entonces ven la partícula de plástico y ahí es donde se absorben”, dijo.

Si los plásticos fueran recogidos luego de la absorción tendríamos una buena noticia “porque las aguas se están limpiando, pero el problema es que no podemos decirle a los organismos que no se coman esas partículas”, explicó la especialista. Por eso, abundantes cantidades de este elemento terminan directa o indirectamente en nuestro sistema digestivo por nuestra condición de último eslabón de la cadena alimenticia.

“Muchos de esos compuestos tóxicos son disruptores endocrinos y el problema es que todavía no sabemos cuánto tarda el compuesto que está en la partícula de plástico en pasar al sistema del pez y si el problema se detiene en el sistema endocrino del pez o cuando nosotros nos comemos al pez, el problema va hacia nosotros”, puntualizó.

Las preguntas aún no tienen una respuesta contundente pero constantemente se abren interrogantes. Según Ríos Mendoza, las evidencias apuntan a que los compuestos presentes en el plástico afectan más a los peces macho, lo que dificulta la reproducción.

De allí surge el interrogante de si al comer esos animales con un cambio hormonal también se está generando un cambio en los organismos de humanos.

“Los compuestos tóxicos están causando una disrupción endocrina porque son mímicos de las hormonas femeninas por lo que afectan más al macho en los organismos. Además estamos viendo que el humano está siendo afectado, ¿por qué? porque el número de esperma en el humano está bajando”, argumentó.

Podríamos pensar que si no consumimos productos provenientes de mares y ríos evitaríamos la contaminación por microplásticos, pero no es así. Las mismas preguntas sobre la toxicidad para los humanos se trasladan a los alimentos cultivados en tierras contaminadas y al agua que bebemos.

De acuerdo con un estudio encargado por la organización Orb Media y realizado por la universidades estadounidenses de Nueva York y Minnesota, 83 por ciento del agua potable global contiene microplásticos.

 

Las costas cada vez más llenas de plásticos que devuelven los océanos. Crédito: Vince Alongi/Flickr

El estudio publicado en 2017 analizó 159 muestras tomadas en distintos países de cinco continentes, y arrojó que Estados Unidos tenía los peores resultados con un índice de presencia de microplásticos de 94 por ciento. Los mismos porcentajes se encontraron en aguas embotelladas.

¿Qué edad tendrás en 2050?

Si no cambiamos nuestros hábitos de consumo, en 2050 habrá más plástico en los mares que peces. En apenas 32 años se estima que el problema llegue a ese punto. El daño ya es enorme pero no irreversible.

En la actualidad la contaminación se observa incluso en lugares aislados a los que los residuos llegan por corrientes de agua o de aire, pero el cambio está tan cerca como la voluntad individual y colectiva lo disponga.

Según contó  González desde Santiago de Chile, “cuando nosotros (Greenpeace) estuvimos este año con un barco en la Antártida haciendo diferentes investigaciones científicas, encontramos que había micro partículas de plástico en nieve recién caída o en aguas que están alejadas de todo, pero tenemos tiempo de cambiar”.

Las alternativas al plástico existen, bolsas de materiales reciclados o de telas durables, indumentaria de fibras naturales o de fibras recicladas. Cosméticos que en vez de limpiar el rostro con plástico lo hagan con materiales nobles como la cáscara de nuez. Productos con poco empaquetamiento y con compromiso de durabilidad e incluso negarse a la pajilla de un refresco, son conductas que hacen un cambio.

Esto depende del compromiso de empresas, gobiernos y sobre todo de los consumidores. Tendencias como la Economía Circular, la Economía Verde o la Economía del Bien Común buscan brindar herramientas a estos tres actores para terminar con la cultura del uso y tiro.

“Uno de los temas que aborda la Economía del Bien Común tiene que ver con la manera en que nos hacemos cargo de este bienestar o mejor vivir de la sociedad. Y la sociedad entendida no solo como las personas, sino como el resto de los seres vivos que habitan el planeta”, relató el ingeniero Gerardo Wijnant, presidente de la  Asociación de Fomento de Economía del Bien Común en Chile.

La idea radica en integrar a la economía valores “que hacen florecer las propias relaciones humanas”, explicó desde Santiago.

Para eso considera en la ecuación conceptos como dignidad humana, sostenibilidad ecológica, justicia social y democracia. El objetivo es que el consumidor se empodere y demande productos con estas características y que el empresario comprenda la importancia de cuidar sus procesos productivos.

“Desde la gestión ética de los suministros pensando en qué huella voy a dejar con ese producto, qué tipo de envase, que proveedores voy a tener, si esos proveedores respetan adecuadamente la cadena de valor desde el origen de los insumos hasta el producto”, dijo el ingeniero.

A su juicio,  estos nuevos modelos “impulsan que las empresas vuelvan a tener el concepto que nunca deberían haber perdido, que es crear productos y servicios que sirvan a la sociedad, incluso si sus proveedores y procesos son más caros”.

Al final “nos estamos contaminando a nosotros mismos” y lo barato se vuelve como un búmeran contra nosotros.

Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional Sputnik. IPS lo difunde en acuerdo con esa agencia, porque su autora se hizo merecedora de un premio por este texto, como parte de su participación en el seminario-taller “Cómo aplicar los ODS a la agenda periodística. Profundizando en la transformación hacia sociedades sostenibles”, realizado en Montevideo y organizado por la Fundación de las Naciones Unidas e Inter Press Service-IPS.

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Ideologia absoluta en nueva política exterior “antiideológica” de Brasil

IPS español - sex, 16/11/2018 - 16:14

El presidente electo, Jair Bolsonaro (I), con Ernesto Araújo, designado como su canciller. La decisión generó sorpresa porque se trata de un diplomático de escasa experiencia y con ideas discrepantes de la tradición multilateralista de la política externa de Brasil, además de admirador del presidente Donald Trump, lo que anticipa un alineamiento automático con Estados Unidos. Crédito: Valter Campanato/Ag. Brasil-Fotos Públicas

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Nov 16 2018 (IPS)

“Aumentar el poder de las instituciones internacionales sobre los Estados nacionales y sus poblaciones” y “sofocar el crecimiento económico en los países capitalistas democráticos”, favoreciendo a China, es lo que busca la “ideología del cambio climático”.

Así escribió, y seguramente lo piensa, Ernesto Araújo, designado por el presidente electo, Jair Bolsonaro, como el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Brasil.

El país “corre el riesgo de convertirse en chacota universal”, sentenció Clovis Rossi, veterano comentarista internacional y miembro del Consejo Editorial de Folha de São Paulo, el diario con más lectores en este país latinoamericano de 208 millones de habitantes y potencia emergente global.

Bolsonaro conquistó la presidencia el 28 de octubre, acusando a los gobiernos predecesores del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), en el poder entre 2003 y 2016, de promover una política externa “ideológica”.

Pero ahora se apresta a adoptar la ideología absoluta, sin matices, en ese y otros campos, como educación y ambiente.

Climatismo, globalismo, antinatalismo, racialismo, laicismo y la “China maoísta” son algunos enemigos que pretende combatir el diplomático de 51 años, 29 de los cuales como funcionario del Itamaraty, la cancillería brasileña, si es que practica lo que ha dicho cuando pase a ejercer como canciller al asumir el nuevo gobierno de extrema derecha el 1 de enero.

Araújo tiene a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, como su héroe, el único líder capaz de salvar al Occidente cristiano, con una “visión no basada en el capitalismo y la democracia liberal, sino en la recuperación del pasado simbólico, de la historia y la cultura de las naciones occidentales”.

“Solo un Dios podría aún salvar al Occidente, un Diós operando por la nación”, escribió en otra parte del largo artículo “Trump y el Occidente”, que publicó en 2017 en la revista Cadernos de Política Exterior, editada por una fundación vinculada al Itamaraty. ¿Sería Trump ese dios?

La consigna electoral de Bolsonaro, que sigue repitiendo, es:“Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”, con la que queda evidente la religiosidad del próximo gobierno brasileño,  en que el mandatario electo identifica marxismo y comunismo en todas partes.

Pero una religiosidad cristiana, en desmedro de las demás. Araújo es católico, Bolsonaro también, pero se hizo bautizar por un pastor pentecostal hace dos años y mantiene esa ambigüedad, que parece haberle resultado muy útil electoralmente en un país de gran crecimiento de las confesiones evangélicas.

Globalismo es la globalización económica que pasó a ser pilotada por el marxismo cultural. Es un sistema antihumano y anticristiano”, explicó Araújo en un blog que creó para difundir sus ideas y apoyar la candidatura presidencial de Bolsonaro.

Climatismo se basa en el “dogma ‘científico’” que relaciona gas carbónico y temperatura en aumento, “cuando los datos sugieren al revés”, una “táctica globalista de infundir miedo para obtener más poder” para el Estado sobre la economía, aduce el diplomático.

La elección de Araújo debería haber complacido a la diplomacia brasileña, un cuerpo de funcionarios de formación y carrera exclusivas, considerado de excelencia.

Pero no fue así, porque se trata de un diplomático que solo ascendió en junio a embajador (que en Brasil indica rango, además de función) y que nunca encabezó una embajada.

Es una subversión en una institución muy celosa de su jerarquía, casi tanto como los militares. Secretario, consejero y ministro, con subclases como primero o segundo, componen los niveles de la carrera hasta llegar a embajador.

El apoyo incondicional y sus ideas fueron decisivos, al parecer, para la escogencia de Bolsonaro. Antes se apuntaban embajadores con gran experiencia, incluso ya jubilados, como probables cancilleres, ante las turbulencias que Brasil deberá enfrentar en comercio internacional.

Araújo se suma a los problemas que acumula el gobierno de Bolsonaro para hacer frente en política exterior.

Los países árabes y musulmanes amenazan con retaliaciones si Brasil confirma en los hechos la mudanza de su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo los pasos de Trump.

Bolsonaro anunció que lo haría, pero retrocedió ante las reacciones en Medio Oriente, iniciadas con la cancelación de una misión brasileña a Egipto, que iba a encabezar el  canciller saliente, Aloysio Nunes Ferreira, del 8 al 11 de noviembre, acompañado de empresarios.

En 2017, los países árabes importaron 13.500 millones de dólares en productos brasileños, principalmente carne. El temor es perder gran parte de ese mercado en que Brasil obtiene un abultado superávit comercial.

Lo mismo sucede con China, que reaccionó alertando que Brasil sufriría graves pérdidas económicas, en caso de medidas restrictivas a las inversiones y el comercio con la potencia asiática, sugeridas por Bolsonaro en septiembre.

El futuro gobierno ya encontró nuevas adversidades ante sus duras acusaciones a Cuba por comunista. El gobierno de La Habana decidió el 14 de noviembre retirar los 8.332 médicos que aún prestan servicios al programa Más Médicos, que se desarrolla en Brasil desde 2013 para atender zonas rurales, en este país de dimensiones continentales.

Hasta fin de año el programa perderá así 45 por ciento de sus efectivos. Cuando comenzó, los médicos cubanos aportaban cerca de 80 por ciento del total, ante la negativa de los profesionales brasileños en desplazarse a los lugares remotos que más carecían de atención.

Como resultado,  más de 20 millones de brasileños pueden quedar repentinamente sin servicios médicos.

“La cuestión ideológica no puede contaminar el servicio público”, criticó a Folha de São Paulo el presidente de la Confederación Nacional de Municipios, Jonas Donizete, alcalde de Campinas, a 100 kilómetros de la sureña metrópoli de São Paulo.

Hay riesgo de “calamidad pública”, según alcaldes y responsables de servicios de salud, que piden medidas de emergencia para suplir a esos médicos. En muchos municipios del interior, los cubanos son los únicos dispuestos a trabajar en la zona rural y territorios indígenas.

La decisión cubana responde a una serie de ataques de Bolsonaro a Cuba. Sus médicos tendrían que someterse a pruebas de capacidad y ser contratados en otro régimen, individualmente y recibiendo todo el salario en Brasil.

“Ni se sabe si son médicos de verdad”, suele reiterar el presidente electo, que calificó de “trabajo esclavo” el hecho de que los cubanos no puedan traer sus familias y solo reciban una pequeña parte del sueldo en Brasil, siendo el grueso destinado a Cuba por el contrato del que fue intermediaria la Organización Panamericana de Salud.

Eso debe repercutir negativamente para el gobierno aún antes de asumir. Los médicos cubanos son en general muy queridos por la población atendida, con una dedicación que difícilmente será comprendida desde lejos y por ideologías opuestas a las de La Habana.

La visión ideológica bruta, caótica, que identifica la globalización, ambientalismo y género como manipulaciones de una izquierda que busca “desactivar la energía psíquica saludable del ser humano”, tampoco parece la adecuada para orientar la diplomacia de un país del peso económico, ambiental y cultural de Brasil.

El canciller designado cree igualmente que la izquierda busca extinguir la humanidad con su antinatalismo, por definirse como “una corriente política que quiere hacer todo para que las personas no nazcan”, defendiendo el aborto, “criminalizando el sexo, el buen humor, la biología, el aire acondicionado y la belleza”, entre muchas otras cosas.

Otros pecados a combatir del marxismo son el Estado laico y el “racialismo, es decir la división forzada de la sociedad en razas antagónicas”.

“Abrirse a la presencia de Dios en la política y la historia” es la solución para quienes como él creen que “La fe en Cristo significa hoy luchar contra el globalismo” y el fin de la Historia, “un concepto marxista” que “la globalización triunfante proclamó en los primeros años 1990”.

Esta es la doctrina que orientará la política externa brasileña desde el primer día de 2019, para el sufrimiento o la risa del mundo.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Artesanos dan valor al bambú para mejorar sus ingresos en Ghana

IPS español - sex, 16/11/2018 - 13:17

El ghanés Frempong Koranteng (izquierda) aprende a tejer una mesa ratona de bambú y ratán. Crédito: Jamila Akweley Okertchiri/IPS

Por Jamila Akweley Okertchiri
KUMASI, Ghana, Nov 16 2018 (IPS)

El ghanés Yaw Owiredu Mintah, quien trabaja el bambú y el ratán desde la década de los años 80, puede fabricar muchas cosas, desde tejerlos hasta hacer marcos, pero reconoce que necesita mayor capacitación y mejorar sus diseños porque “la mayoría estamos haciendo lo mismo”.

“Por es estoy contento con esta capacitación”, dijo a IPS.

Mintah está entre los 100 artesanos seleccionados para una capacitación de 30 días para desarrollar sus capacidades en el procesado del bambú y el ratán en Ejisu, un barrio de Kumasi, la capital de la región de Ashanti, en Ghana.

Este país perdió más de 60 por ciento de sus bosques entre 1950 y 2000, cuando la deforestación comenzó a ser de tres por ciento, coinciden varios estudios.

Un informe de la Iniciativa de Ciudades del Milenio, un proyecto que tenía el Instituto de la Tierra, de la estadounidense Universidad de Columbia, concluyó que la reducción general de los bosques llevó a una disminución de la producción de muebles de madera, de contrachapado y de pisos.

Pero como el bambú crece de forma silvestre en Ghana, podría haber un mercado para muebles de bambú, de contrachapado y de pisos, así como de otros productos que suelen fabricarse con madera.

Los árboles de bambú y ratán se consideran importantes productos básicos en este país. Su procesamiento, desde la materia prima hasta el producto acabado, emplea a miles de personas en todo el país.

Bajo el dosel arbóreo que decoran las principales calles de la capital de Ghana, se pueden ver artesanos vendiendo canastas y muebles de bambú y ratán.

Pero muchos de esos artesanos locales usan tecnología desactualizada, con la que solo logran diseños de mala calidad y productos menos duraderos, lo que a su vez les genera menores ingresos.

Las técnicas industriales como las que se enseñan en el taller al que va Mintah, les permitirá, a lo largo del mes, producir una gran variedad productos duraderos, fuertes y a buen precio a partir del bambú y el ratán.

A su vez, eso ayudará al desarrollo económico y a aliviar la pobreza a largo plazo.

“Aprendí muchas cosas que mejorarán mi trabajo”, aseguró Mintah.

En el taller participan personas de todo el país, como dos mujeres de la región de Gran Acra, que trabajan en este proyecto de transferencia de conocimiento e ideas a cargo de siete técnicos, cinco traductores y dos administrativos del Centro Internacional para el Bambú y el Ratán (CIBR), con sede en China.

Yaw Owiredu Mintah le da los toques finales a una silla de bambú y ratán, asesorado por su profesor. Crédito: Jamila Akweley Okertchiri/IPS.

Cooperación China-Ghana

La capacitación es el resultado de una solicitud realizada por el gobierno de Ghana al de China en el marco de los Acuerdos de Cooperación bilateral Sur Sur, con el fin de apoyar a las personas que dependen del bambú y el ratán en este país de África occidental.

Así, a través del CIBR, la Organización Internacional del Bambú y del Ratań (Inbar) comenzó a trabajar en colaboración con el Programa de Desarrollo del Bambú y el Ratán (Baradep), una iniciativa que depende del Ministerio de Tierras y Recursos Naturales de Ghana.

Los participantes aprenden a combinar unos 10 diseños diferentes a través del uso de herramientas simples, pero efectivas para perfeccionar el acabado de los productos. La capacitación comenzó el 15 de octubre.

La capacitación tendrá un gran impacto en el trabajo de los participantes con la materia prima, destacó Dai Honghai, director del Programa de Asistencia Exterior del CIBR, así como en la creatividad y la innovación, además de la aplicación de herramientas para mejorar el procesado y el acabado.

“Se espera que la capacitación impacte en el mercado y en la comercialización de los productos de bambú y de ratán, que cumplirán con los estándares del mercado internacional”, apuntó.

Los participantes ya dominan el uso de las herramientas y ya están fabricando productos, destacó Honghai.

“Se pueden ver unos 150 productos como floreros, sillas y mesas de bambú y mesas ratones y sillas de ratán, además de los de madera, para exhibir al final del taller, en la (tercera) semana (de este mes)”, precisó

“Tratamos de combinar todos los materiales que se encuentran en el ámbito local para cuando regresemos a China, puedan seguir usándolos”, indicó Honghai.

En la estrategia de comercialización que se realizará en la última semana del taller, los participantes adquirirán las herramientas para comercializarlos a escala local e internacional, añadió.

“Necesitamos más capacitaciones como esta para que nuestros miembros puedan fabricar mejores productos de bambú y ratán para vender en el mercado local y también exportar a mercados internacionales como el de China”, subrayó Stephen Osafo Owusu, presidente de la Asociación Nacional de Bambú y Ratán de los Artesanos de Ghana, quien también participa de los talleres.

Faustina Baffour Awuah, responsable de programas de Baradep, dijo a IPS que el gobierno tiene un interés especial en desarrollar el sector para mejorar los ingresos de unas 4.000 personas

“Los hemos involucrado y creemos que es un buen programa para el desarrollo de sus capacidades, porque les permitirá crear mejores productos, con los cuales tendrán mejores ingresos y podrán mejorar su vida”, añadió.

Michael Kwaku, director de Inbar en Ghana, dijo a IPS que el objetivo mayor es crear una fábrica de bambú y ratán y un centro de capacitación en Acra, a cargo del gobierno de Ghana y fondos chinos.

“Queremos que tengan un lugar común en el que puedan ir y procesar su materia prima con las nuevas herramientas. Después de la capacitación y cuando esté construido el lugar, puedan ir y usar herramientas modernas para trabajar y mejorar sus vidas”, explicó

“Una cosa que aprendí es a aplicar herramientas sencillas para lograr un acabado perfecto. La belleza y el valor de un producto están en su acabado”, apuntó Mintah.

Traducción: Verónica Firme

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O que rolou no Festival 3i no Recife

Pública - sex, 16/11/2018 - 11:37

O Festival 3i – Jornalismo Inovador, Inspirador e Independente, iniciativa que promove o jornalismo digital no Brasil, aportou no último sábado, dia 10 de novembro, no Nordeste. Em versão pocket, a nova edição aconteceu no Recife, capital de Pernambuco, e teve como fio condutor busca de alternativas para os jornalistas diante do clima de polarização atual.

A primeira mesa foi direto ao ponto: “Como o jornalismo sobreviveu às eleições” era o mote. Cristina Tardáguila, diretora da Agência Lupa, especializada em fact-checking, relatou ataques e ameaças sofridas pela sua equipe no período pré-eleições. E lamentou que, ao longo do ano, militantes de esquerda e de direita se comportaram do mesmo jeito, com assédio virtual e ameaças de violência. “Nesse exato momento, [para os críticos] não sou nem de esquerda nem de direita. Na verdade, me sinto no centro e assim continuaremos. Eu checo todo mundo e vocês podem contar com a gente porque a gente vai continuar checando, apesar de isso ser dolorido na pele e no coração”, disse.

Beatriz Ivo, do comitê de conteúdo do Sistema Jornal do Commercio, refletiu sobre o projeto Comprova, em que 24 redações promoveram alternativas de combate a boatos relacionados às eleições presidenciais. E lembrou que as ameaças não são exclusivas do meio digital. “As ameaças digitais têm outra capilaridade, mas precisamos refletir sobre todos os caminhos que tentam calar o jornalismo. O digital nos assombra imensamente hoje, mas no fundo é um método com outra tecnologia para o que ocorre há muito tempo”, pontuou. Para ela, os jornais devem tentar esclarecer o conceito de democracia para que ela seja fortalecida.

A mesa terminou com a jornalista Daniela Pinheiro, chefe de redação da revista Época. Ela mencionou ataques que sua equipe sofreu ao investigar grupos de incitação ao ódio na internet e lamentou a própria ingenuidade ao não terem se precavido contra assédio virtual. “As redações têm que estar preparadas para ter estrutura legal, emocional, psicológica, jurídica e policialesca, até, para lidar com esses tipos de ataques”, defendeu Daniela. A jornalista, que vivia nos Estados Unidos quando Donald Trump foi eleito presidente, afirmou que a imprensa brasileira precisa fazer um mea-culpa. Cristina Tardáguila complementou: “A gente teve dois anos para não fazer o que os americanos fizeram em relação às eleições de Donald Trump e a gente fez o que eles fizeram, que é perguntar aos políticos exatamente aquilo que eles querem responder, e não aquilo que a gente queria que eles dissessem”.

Inovando sem milhões de dólares

Inovação no jornalismo também foi um tema abordado nesta edição do festival, que trouxe dois grandes sucessos na cobertura eleitoral ao palco: o debate presidencial da Band em parceria com o YouTube/Google e o aplicativo Match Eleitoral, da Folha de S.Paulo, que ajudou mais de 1,3 milhão de eleitores a encontrar candidatos a deputado federal, estadual e senador em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O jornalista e pesquisador do Datafolha Jean Souza, que coordenou o projeto Match Eleitoral, explicou que a ideia era utilizar o que se tinha de pesquisa de opinião pública, junto com entrevistas com os deputados que estavam pleiteando cargos, para ajudar o público a escolher. O propósito não era determinar quem seria seu candidato, mas conhecer mais possibilidade e unir as informações do aplicativo com outras fornecidas pela internet, jornais e TV. “Unir pesquisa de opinião, programação e jornalismo é unir competências diferentes com um método confiável e criar um ecossistema de informação. O Match foi a parte boa dessa eleição, em meio ao tanto de desinformação que surgiu. Ele não foi para influenciar, foi só uma ferramenta a mais para ajudar a tomar a decisão do voto”, explicou.

Já a TV Bandeirantes inovou ao unir TV e meio digital no debate do primeiro turno – o único que contou com a presença do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). Enquanto os candidatos debatiam, havia uma Sala Digital. “Pela primeira vez o Google abriu no Brasil os dados de busca minuto a minuto em troca da exclusividade de transmissão do debate na internet no YouTube. E o YouTube promoveu o debate na internet de maneira que a televisão não conseguiria promover”, destacou o diretor de jornalismo da Band, André Luis Costa. Outra iniciativa da emissora foi um debate entre jornalistas da Band e youtubers que se destacam em diversas temáticas. “Esses caras juntos representavam 30 milhões de inscritos no YouTube e, portanto, tinham uma experiência de dia a dia que deveria ser ouvida, e no momento de polarização tão forte era a chance que a gente tinha de mostrar que é possível conversar”, contou André.

A mesa teve também uma apresentação do Chequeabot – um robô que auxilia os jornalistas do site Chequeado, pioneiro em fact-checking na América Latina, a apurar as declarações publicadas nos jornais – e de Ricardo Brazileiro, integrante do LabCoco, um laboratório cidadão que funciona dentro de um terreiro de candomblé em Olinda e oferece capacitação e treinamento para jovens de periferia nas áreas de games, inteligência artificial e programação. “Acreditamos que a tecnologia social é exponencial quando está conectada aos desafios da base, não como um tecnofetiche”, disse Brazileiro; ou seja, a tecnologia trabalhando diretamente nos desafios do seu território, promovendo a transformação.

Como resultado dessa produção e discussão cultural e tecnológica, surgiu o game Contos de Ifá, jogo de estilo ação/estratégia em desenvolvimento no Ilê Axé Oxum Karê, com o objetivo de coletar 256 contos de Ifá para transmitir aos jogadores um conhecimento do universo sob a perspectiva da cultura afro-indígena brasileira.

Financiamento

Encerrando o festival, o público conheceu melhor três iniciativas de jornalismo que conseguiram se viabilizar com modelos bem diferentes – os projetos Além da Cura, Gênero e Número e Coletivo Nigéria.

A jornalista e documentarista Bruna Monteiro e a voluntária Helena Portilho falaram sobre a iniciativa Além da Cura, que em duas campanhas de crowdfunding arrecadou R$ 110 mil para realizar um documentário sobre como mulheres lidam com o câncer, o que faz do projeto um dos mais bem-sucedidos do Norte e Nordeste na plataforma Catarse. Hoje, o grupo tem 15 voluntários e faz palestras, debates, encontros e capacitação, além de seguir produzindo o documentário, que será lançado no próximo ano. “As pessoas escutam quando elas se importam. A causa é um fator social muito importante para viabilizar campanhas de financiamento coletivo, assim como a rede de engajamento e o potencial de inovação da ideia”, disse Helena.

Já Yargo Sousa e Bruno Xavier, do Coletivo Nigéria, apresentaram o coletivo de jornalistas cearenses que produzem documentários com pautas sobre direitos humanos. Eles fazem filmes sob encomenda, principalmente para movimentos sociais, como forma de financiar o conteúdo jornalístico que querem produzir. Outra forma de receita do coletivo vem de editais públicos para a realização de conteúdo audiovisual. “Não arrecadamos recursos propriamente com nosso conteúdo jornalístico, mas o jornalismo nos dá visibilidade e credibilidade para realizar outros trabalhos que nos sustentam”, explicou Yargo.

Para a professora Andréa Trigueiro, que estava na plateia, a mescla entre representantes da imprensa tradicional e empreendimentos de jornalismo independente foi bastante positiva. “É muito boa essa iniciativa de misturar os diálogos porque a gente sabe que a perspectiva de quem está nos veículos tradicionais e de quem está na mídia independente. É muito rico para que a plateia possa tirar suas próprias conclusões. Acho que as falas foram muito enriquecedoras nesse aspecto, entender como funciona a lógica de quem está comandando uma revista como a Época, como funciona o Sistema Jornal do Commercio, de quem está fazendo as checagens e até de quem está monitorando as notícias.”

O Festival 3i é uma parceria entre a Pública, Agência Lupa, Bio Hunter, Jota, Nexo, Ponte Jornalismo, Repórter Brasil e Nova Escola, que se uniram ao Google News Iniciative. No Recife, o evento, sediado na Universidade Católica de Pernambuco, também contou com as contribuições da Marco Zero Conteúdo, coletivo de jornalismo independente local.

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La retórica de Trump contra la prensa resuena en todo el mundo

IPS español - qui, 15/11/2018 - 13:14

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la Asamblea General de la ONU. Crédito: Cia Pak/UN Photo.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Nov 15 2018 (IPS)

Un presidente francés dijo una vez, “nunca te pelees con un niño pequeño ni con la prensa”: el primero tirará la última piedra, y la segunda, tendrá la última palabra.

Pero lo obvio no se aplica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien todo le resbala, pues sobrevive a un aluvión de críticas de los grandes medios de comunicación, mientras sigue difundiendo hechos falsos o directamente mentiras.

Como podría haber dicho el fallecido senador Daniel Patrick Moynihan: Trump puede tener derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos.

El líder del autoproclamado mundo libre, rápidamente emula el estilo de los regímenes más autoritarios.

En una conferencia de prensa muy tensa en la primera semana de noviembre, Trump arremetió contra Jim Acosta, principal  corresponsal de Cable News Network (CNN) en la Casa Blanca por las preguntas punzantes realizadas al presidente de Estados Unidos, en especial sobre su caracterización falsa de la caravana de migrantes en América Central.

Y así, en un hecho sin precedentes, la Casa Blanca suspendió sus credenciales de prensa y amenazó con hacer lo mismo con otros periodistas, entre ellos Peter Alexander, de la National Broadcasting Company (NBC), April Ryan, de American Urban Radio Networks, y Yamiche Alcindor, de Public Broadcasting Service (PBS), “si no tratan con respecto a la Casa Blanca”, arguyó.

La medida de Trump viola los derechos básicos de los periodistas de cubrir las actividades del gobierno. Incluso calificó a un reportero de “muy asqueroso” y desestimó a otro por hacer “una pregunta estúpida”.

Pero las tácticas autoritarias y su hostilidad hacia los grandes medios de comunicación, descalificando los artículos en su contra de “noticias falsas”, inciden en otros gobernantes de derecha, autoritarios y dictadores, como en Filipinas, Hungría, Egipto, Birmania, Turquía, China, Polonia y Siria, que siguen su ejemplo.

“No solo a los regímenes autoritarios les complace Trump; de hecho, puede ser al revés”, observó Barbara Crossette, exjefa de la oficina de The New York Times en la sede de la Organización de las Naciones Unidas.

Trump admira su comportamiento de mano dura, precisó. Y cada vez más democracias colocan a periodistas e intelectuales en situaciones de peligro, apuntó.

Por ejemplo, Maria Ressa soporta una enorme presión y amenazas legales en Filipinas. Y en India, que se enorgullece de su democracia, periodistas y académicos sufren amenazas, agresiones y, en algunos casos, han muerto a manos de extremistas hindúes, engendrados de forma muy similar a cómo Trump avivó a los supremacistas blancos.

Entre las víctimas de India se destaca Gauri Lankesh, un reconocido periodista internacional y crítico de los nacionalistas hindúes, explicó Crossette, quien también fue corresponsal en Asia meridional y sudoriental.

CNN, que demandó al gobierno de Trump por suspender las credenciales de prensa de Acosta, explicó: “si no se rebaten, las acciones de la Casa Blanca crearán un efecto peligroso para cualquier periodista que cubra a los funcionarios elegidos”.

Y en una declaración divulgada el 13 de noviembre, CNN reclamó la devolución de los documentos del periodista arguyendo: “la revocación de sus credenciales viola el derecho de Acosta y de la CNN consagrado en la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos sobre no limitar la libertad de prensa, y el de la Quinta Enmienda, sobre el derecho al debido proceso”.

Zeke Johnson, director de programa del capítulo de Amnistía en Estados Unidos, dijo a IPS que el desprecio de Trump por la prensa y su decisión de excluir a algunos periodistas de la Casa Blanca no solo es una afrenta al derecho a la libertad de expresión y un anatema a la buena gobernanza, sino también es una señal peligrosa para otros líderes.

“Hemos visto gobiernos en todo el mundo tratar de silenciar periodistas solo por informar sobre una verdad incómoda o por expresar una opinión diferente a la del gobierno en el poder”, señaló.

Wa Lone y Kyaw Soe Oo están presos en Birmania desde hace casi un año por informar sobre los crímenes contra la humanidad perpetrados contra la comunidad musulmana rohinyá.

Johnson dijo que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tiene antecedentes de clausurar medios de prensa y de detener periodistas. Las medidas de Trump son especialmente penosas al ocurrir tras la espeluznante desaparición y posterior asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.

“El caso de Khashoggi podrá ser un ejemplo extremo de los peligros que acechan a los periodistas, pero la insistencia de Trump en que los reporteros le demuestren deferencia o se atengan a las consecuencias solo envalentona a aquellos que consideran que la libertad de prensa es una amenaza a su régimen autoritario”, explicó.

Courtney Radsch, directora de campaña del Comité para la Protección de los Periodistas, subrayó que estos tienen que poder hacer su trabajo sin temor a que una serie de preguntas duras termine en represalias en su contra.

“La Casa Blanca debe reintegrar los documentos de Jim Acosta, y evitar castigar a los periodistas revocándoles el acceso, así no funciona la libertad de prensa”, insistió.

“En el ambiente actual, esperamos que el presidente Trump deje de insultar y de denigrar a los periodistas y a los medios de comunicación, pues les genera inseguridad”, añadió Radsch.

Mientras, en un artículo publicado en la primera semana de este mes por The New York Times, Megan Specia trata sobre cómo muchos líderes políticos recurren a la retórica de Trump para justificar acciones agresivas y poco democráticas contra los profesionales de la prensa.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, utilizó el argumento de “noticias falsas” para denunciar a sus detractores, al igual que  lo hizo el derechista gobierno de Polonia.

En respuesta a un informe de Amnistía sobre las miles de muertes ocurridas en cárceles de Siria, el presidente Bashar al Assad declaró: “Puedes fraguar cualquier cosa en estos días. Vivimos en una era de noticias falsas”.

Traducción: Verónica Firme

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Farmers on the frontline in battle against drug-resistant microbes: UN health agency

UN SGDs - qua, 14/11/2018 - 18:33
The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) has revealed that as some 700,000 people are dying each year from antimicrobial resistant infections, an untold number of sick animals are also suffering from diseases that do not respond to treatment.
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El Semiárido cubano reinventa su agro para subsistir

IPS español - qua, 14/11/2018 - 16:27

Mireya Noa y Marciano Calamato, una pareja de productores que explotan su finca en la única zona semiárida de Cuba, en la provincia oriental de Guantánamo. Gracias a los árboles que plantaron, lograron sombrear áreas del terreno, refrescar el ambiente y contrarrestar la fuerte evaporación del agua del suelo en la ecorregión costera y semidesértica. Crédito: Ivet González/IPS

Por Ivet González
SAN ANTONIO DEL SUR, Cuba, Nov 14 2018 (IPS)

Con paso ágil, los agricultores Marciano Calamato y Mireya Noa desandan el terreno seco y amarillento de su finca, donde logran cosechar hasta cebollas, en el oriental Semiárido cubano, un ecosistema de características únicas.

Con una naturaleza privilegiada y sensible por su alto grado de endemismo, la zona de 1.752 kilómetros cuadrados, en la parte sur de la provincia de Guantánamo, constituye la única ecorregión semiárida de este país caribeño y una rareza mundial por ser un desierto costero en una isla relativamente grande como la de Cuba, según especialistas.

“Es difícil, hay que hacer un gran esfuerzo. Implantamos sistemas de regadío y mantenemos un pozo del cual bombeamos a una cisterna y, de ahí, al área de los cultivos”, explicó el productor,  quien recibió en 2008 en usufructo las 12,42 hectáreas de la parcela La Cúrbana.“Este es un municipio atípico, con muchos riesgos de desastres por la sequía, penetraciones del mar, huracanes de gran intensidad y hasta tsunamis”: Tania Hernández.

Como en el resto de la provincia, entre las de más bajo desarrollo del país, la población de 25.796 habitantes del municipio de San Antonio del Sur depende casi en forma exclusiva de la agricultura, que representa un reto en la ecozona semidesértica local.

“Participo en todo, desde la siembra hasta en echar la materia orgánica a la planta. Hemos recogido cebollas muy grandes, frijoles, tomates, remolachas, pepinos. Todo lo que sembramos se da siempre que tenga agua”, compartió Noa, sobre cómo manejan sus suelos, de pobres nutrientes.

Las frondosas copas de árboles frutales y especies resistentes a la sequía sombrean el centro de La Cúrbana, donde se ubica la pequeña casa de maderas rústicas de Calamato y Noa, un vivero, reservorios de agua para consumo humano, un almacén de enseres y los corrales para 40 cabezas de ganado caprino y más de 20 aves.

Con pequeños cultivos y autoabastecimiento de alimento animal, La Cúrbana se fortalece como una finca de ganado menor, que es un tipo de explotación aconsejada por especialistas para el sector productivo del semiárido.

“Las fincas de aquí abajo están muy centradas en la producción animal, de ganado menor, lo que más se puede hacer en estos terrenos. Y existen alternativas para lograr el autoabastecimiento, es decir, para el autoconsumo familiar y de los animales”, indicó el geógrafo Ricardo Delgado.

El especialista integra la coordinación del proyecto “Ponte Alerta Caribe: Armonizando estrategias y herramientas de gestión de riesgos con enfoque inclusivo en el Caribe”, que a lo largo de este año y hasta inicios de 2019 se desarrolla en Cuba y República Dominicana, para fortalecer las capacidades institucionales nacionales y regionales.

El proyecto es ejecutado por las organizaciones internacionales Oxfam, con sede en Gran Bretaña,  y Humanidad e Inclusión,  basada en Canadá, y cuenta con el financiamiento del programa, que se realiza este año y  parte del próximo, lo aporta la Dirección General de Protección Civil Europea y Operaciones de Ayuda Humanitaria.

El trabajador agrícola Abigail Castro señala donde queda el mar, que escolta la finca La Fortuna, en el municipio de San Antonio del Sur, en la provincia de Guantánamo, en el este de Cuba, única en el mundo por sus características. Crédito: Ivet González/IPS

Entre sus diversas acciones en Cuba, incluye el fortalecimiento de la resiliencia a la sequía en San Antonio del Sur, según constató IPS en varios recorridos por experiencias productivas que se adaptan al cambio climático en este municipio, durante los que dialogó con productores agropecuarios, especialistas y autoridades en el área.

Ponte Alerta fortaleció el centro meteorológico de Guantánamo para procesar datos de sequía y lo dotó de estaciones meteorológicas portátiles para distribuir en algunas fincas y del sistema de procesamiento de datos. Además, apoyó la adecuación de una herramienta de resiliencia a la sequía a las condiciones costeras del municipio.

“Esta es la parte más desfavorecida en cuanto a tierras del municipio. Pero La Cúrbana es una muy buena experiencia de finca que se adapta a estas condiciones”, evaluó la geóloga Yusmira Savón, que ha participado en varios proyectos sobre sequía en la zona.

Un cóctel de técnicas agroecológicas, gestión del agua, manejo de suelos, reconversión productiva, resiliencia a la sequía y uso de energías renovables componen la receta prescrita por especialistas a los productores en un municipio que reporta un bajísimo promedio anual de lluvia, menor a los 200 milímetros.

“Los suelos del Semiárido en San Antonio del Sur tienen cualidades aprovechables desde el punto de vista químico, porque son suelos sueltos que se preparan y, con la ayuda de materia orgánica y agua, se puede lograr una agricultura con cierta rentabilidad”, remarcó el agrónomo Loexys Rodríguez.

El especialista alertó sobre cambios que afectan a la ecorregión como el aumento de un grado centígrado en la temperatura actual con respecto a la media registrada entre 1980 y 2010, y alteraciones en la distribución de las lluvias, que ocurren con intensidades y períodos diferentes a su rango histórico.

Todos esos factores elevan los problemas relacionados con la sequía y presionan al sector productivo del área, donde las autoridades ambientales afrontan además programas contra la desforestación y desertificación.

A escasos nueve metros del mar, el trabajador Abigail Castro se afana en la finca La Fortuna, que en sus seis hectáreas produce más de 46 toneladas anuales de varios cultivos como cebolla, tomate, frijol, yuca, melón, plátano (banano para cocinar) y habichuelas (Phaseolus vulgaris).

El agricultor Marciano Calamato junto al pozo y la cisterna de que dispone en su finca, para garantizar el riego de sus cultivos al menos una vez al día, en la única zona semidesértica de Cuba, en San Antonio del Sur, un municipio del sureste cubano. Crédito: Ivet González/IPS

“Tenemos una cortina silvestre para proteger las siembras de los fuertes vientos marinos”, explicó orgulloso.

“Aquí no llegan las penetraciones del mar, pero el río sí lo inunda todo cuando hay ciclones y esto queda incomunicado. Las personas las evacuan para el pueblo y los animales los llevamos a la montaña”, precisó Castro, sobre cómo enfrentan eventos climáticos, el más grave en tiempos recientes el huracán Matthew, que en 2016 azotó parte del este de la isla.

En La Fortuna, las plantaciones verdes y fuertes contrastan con el suelo reseco y el abrasante sol. “El problema de la costa es la sequía, que es muy brava, pero aquí los cultivos sufren menos enfermedades”, sopesó José Luis Rustán, quien tiene desde 2008 el usufructo de estas tierras, donde antes mandaba la maleza.

“Además de garantizar el riego, aplicamos mucha materia orgánica. Yo mismo la produzco: busco en los corrales, hago compost y abonos verdes. También he usado el guano (heces) de murciélago”, dijo el productor, que ha desarrollado su finca con medios propios.

Por su parte, el agrónomo Yandy Leyva, que trabaja en la finca La Piedra, productora de carne ovina, y participa de Ponte Alerta Caribe, recomendó un mayor uso de microorganismos eficientes (biofertilizantes) en el agro del Semiárido, donde considera que pudieran ser hasta un rubro productivo.

También lamentó la antigüedad de los sistemas de riego disponibles entre los productores, “que son por aniego y arrastran y degradan mucho los terrenos”. “Hay que tomar medidas como tranques, cobertura de suelos e incrementar la densidad de plantaciones para poder mitigar ese problema”, apuntó.

Otros proyectos nacionales y de la cooperación internacional promueven en el semiárido el uso de energías renovables y la siembra de especies adaptables a este ecosistema, que contribuyan a la reforestación y creen empleos.

Entre esas especies, se incluyen el árbol del nim (Azadirachta indica), originario de India y usado sobre todo para elaborar fertilizantes, y la jatrofa (Jatropha curcas), que sirve para elaborar biodiesel.

“Este es un municipio atípico, con muchos riesgos de desastres por la sequía, penetraciones del mar, huracanes de gran intensidad y hasta tsunamis”, indicó Tania Hernández, vicepresidenta para gestión de riesgos en el gobierno local.

Y como el resto de los municipios cubanos, San Antonio del Sur aspira a elevar su seguridad alimentaria. “Nos autoabastecemos de viandas (tubérculos) y hortalizas al 100 por ciento pero otros rubros hay que importarlos”, apuntó la funcionaria.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Coral reefs can’t wait for world to take action, urges UN, as Biodiversity Conference gets underway

UN SGDs - qua, 14/11/2018 - 14:31
Sounding the alarm about the urgent need to protect coral reefs from extinction within decades, a new coalition of organizations, including the United Nations Environment Programme (UNEP), was launched on Wednesday in Egypt during the UN Biodiversity Conference, to galvanize global leadership before it is too late.
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UN and Tokyo 2020, leverage power of Olympic Games in global sustainable development race

UN SGDs - qua, 14/11/2018 - 13:47
The United Nations and the organizers of the 2020 Tokyo Olympic and Paralympic Games have signed an agreement to highlight the important contribution that sport makes in the race to reach the Sustainable Development Goals (SDGs), by the ambitious deadline of 2030.
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Datos e indicadores contribuyen a recuperar los suelos

IPS español - qua, 14/11/2018 - 13:18

Grandes superficies de tierra como esta, en el área de Sinhapura, en la provincia Central del Norte de Sri Lanka, se degradaron tras años de sobreexplotación. Crédito: Sanjana Hattotuwa/IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Nov 14 2018 (IPS)

Una nueva iniciativa histórica busca poner a disposición de la comunidad internacional herramientas y datos de calidad a fin de combatir una “crisis existencial”: la degradación del suelo.

La iniciativa para una Degradación Neutral del Suelo (LDN, en inglés), creada por el Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO, en inglés), con respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), busca poner datos directamente en manos de autoridades locales y nacionales para ayudar a frenar y revertir el deterioro ambiental.

“La degradación del suelo es una crisis existencial”, según la secretaría ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNLUD). “Hasta ahora, el monitoreo en tiempo real parecía un desafío insuperable. Pero ya no”, apuntó.

“Con datos sobre la Tierra y las herramientas prácticas prontas para usar, las autoridades y los usuarios de tierras tendrán información inmediata y lista para procesar a fin de escalar la planificación y la gestión del suelo. Es un primer paso para impulsar la resiliencia”, añadió.

La calidad del suelo empeora, pues más de 75 por ciento de las tierras cultivables sufren un impacto significativo y negativo de la actividad humana en 169 países, según la CNULD.

Las consecuencias de ese problema creciente incluyen más sequías severas, una gran pérdida de vida silvestre, desplazamientos internos y migraciones forzadas.

De hecho, si no se toman medidas climáticas urgentes, África subsahariana, Asia meridional y América Latina tendrán a 140 millones de personas desplazadas dentro de sus países para 2050, lo que aumentará la competencia por los espacios que se reducen.

La falta de medidas respecto de uno de los problemas ambientales más grandes del mundo se debe en gran medida a la falta de herramientas y a datos precisos para monitorearlos.

“A escala local y nacional, el monitoreo ha sido esencial para la respuesta del gobierno a la degradación del suelo”, señalaron Sasha Alexander, oficial de políticas de la CNULD, y Barron Joseph Orr, uno de los principales científicos de la iniciativa, en diálogo con IPS.

Los especialistas también observaron la falta de indicadores uniformes para poder monitorear y medir la degradación.

Un estudio mundial concluyó en 2009 que los países usaban casi 1.500 indicadores únicos para monitorear el desafío.

“A fin de tener una comprensión armónica de este gran desafío ambiental, ya quedó claro que se necesita un mínimo de variables esenciales, combinadas con flexibilidad para que los países agreguen los indicadores adicionales que consideren relevantes a escala nacional o local”, explicó Orr.

La iniciativa LDN, de GEO, revelada en Kioto en la primera semana de noviembre, busca reunir a proveedores de datos de observación de la tierra y a los gobiernos para desarrollar estándares de calidad, herramientas de análisis y construir capacidades para fortalecer el monitoreo de la degradación del suelo y el reporte de los resultados.

La importancia de esos datos también quedó reconocida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que hay uno dedicado a luchar contra la desertificación y la degradación del suelo, así como un indicador para evaluar qué proporción del suelo sse degrada con respecto a una superficie mayor.

Por supuesto, que solo con datos no se frenará el problema.

Pero con buenos datos, los gobiernos podrán priorizar intervenciones, así como planificar y hacer una mejor gestión del suelo.

“Mediante un enfoque de desarrollo ágil, los gobiernos con capacidades limitadas ahora podrán hacer mucho más que antes monitoreando datos, no solo informar a escala global, sino usando lo aprendido de ese conjunto de datos para realizar las correcciones de curso necesarias e implementar las intervenciones correctas para evitar, reducir y revertir la degradación del suelo”, explicó Alexander.

La funcionaria destacó el caso de Brasil, que logró implementar con éxito un proyecto para revertir el problema en el árido nordeste de ese país sudamericano.

Tras identificar las áreas prioritarias con los datos existentes, se crearon Unidades de Recuperación de Áreas Degradadas y Reducción de Vulnerabilidades Climáticas para financiar acciones, como la provisión de técnicas y capacitaciones para los gobiernos municipales.

La iniciativa reconoció que solo con acciones ambientales no basta, pues también es necesario tener en cuenta factores económicos y sociales a fin de lograr un cambio duradero.

Muchas comunidades no ven con buenos ojos los proyectos estatales, pero la participación de todos los sectores de la sociedad y el impulso de proyectos de cadenas de valor sostenibles y generación ingresos ayudan a inspirar “actitudes notables y cambios de comportamiento”.

Alexander también señaló que Brasil es un ejemplo de cómo se puede lograr la degradación neutral y de por qué es fundamental relacionar el monitoreo nacional y global con más datos específicos de un sitio a escala del proyecto.

La iniciativa de GEO ya concentró la atención mundial, tanto de países en desarrollo como más ricos.

Tras el lanzamiento de la iniciativa LDN, Alemania prometió destinar 100.000 euros (unos 112.000 dólares) a la causa, y es de esperar que aparezcan más recursos.

La iniciativa surge tras un llamado de la CNULD realizado en la 13 Conferencia de las Partes a proveedores y usuarios de datos a fin de apoyar los esfuerzos mundiales para frenar, reducir y revertir la degradación del suelo.

Traducción: Verónica Firme

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Sob o domínio do medo

Pública - qua, 14/11/2018 - 12:25

“Bom dia grupo possível operação pela manhã. Vamos aguardar então cuidado.” Às 2h03 da madrugada, o celular vibra e ilumina o quarto escuro de quem já dormia. A mensagem é do Alerta Rocinha 24hs, grupo de WhatsApp que reúne cerca de 130 moradores de uma das maiores favelas do Brasil. Criado em janeiro deste ano, sua função principal é a troca de informações sobre os tiroteios que acontecem na favela para orientar os moradores sobre como proceder. Nas mensagens predominam notícias de crimes, invasões de facções a diversas comunidades e imagens de mortos e feridos pela violência no Rio.

A sensação de medo é permanente por aqui e as pessoas têm que se virar, não apenas para driblar o perigo, mas também para tentar manter a sanidade mental. A favela centenária que nasceu “junto ao mar, num morro que ainda era despovoado, que dividia a Gávea e São Conrado” – como cantava João Nogueira – convive há décadas com a violência entre polícia e tráfico de drogas, mas a situação se tornou insuportável a partir de 17 de setembro de 2017, quando um racha em uma facção criminosa ocasionou sete horas seguidas de tiroteio e terror. Desde então, a comunidade que abriga 32 sub-bairros se tornou uma espécie de terra de ninguém.

Julianne Gouveia/Agência PúblicaAlerta Rocinha 24hs, grupo de WhatsApp reúne cerca de 130 moradores de uma das maiores favelas do Brasil

Famosa pela paisagem deslumbrante, que atraía grande fluxo de turistas, e pelo farto comércio aberto 24 horas por dia, a Rocinha viveu nos últimos 14 meses uma rotina de confrontos armados, assaltos e violações de direitos dos moradores. A guerra deflagrada pelo processo de mudança de comando local que, migrou do ADA (rachado) para o CV, deixou um banho de sangue e cenas bárbaras de violência que ainda assombram as telas dos celulares. Provocou também a primeira de quatro ocupações das Forças Armadas na comunidade antes do decreto da intervenção federal; depois foram mais 11 operações policiais comandadas pelas Forças Armadas, três delas integradas (com participação direta dos militares).

Decretada em 16 de fevereiro de 2018, a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, sob o comando do general Braga Netto, não trouxe alívio para quem vive ali – ao contrário. A Agência Pública ouviu 21 moradores e profissionais que trabalham na Rocinha entre agosto e setembro, e a maioria relatou que durante todo o período de ocupação dos militares – incluindo as operações de policiais apoiadas pelo Exército nos meses pós-intervenção – a sensação de insegurança aumentou: os tiroteios continuam intensos e os episódios de abusos policiais são frequentes.

De junho de 2017 a setembro de 2018, os moradores da Rocinha enfrentaram 257 tiroteios registrados no aplicativo Fogo Cruzado, uma média de um tiroteio a cada dois dias. Os números mostram também que houve, sim, uma queda de 18% no número de tiroteios de fevereiro a setembro de 2018, quando a Rocinha dividiu com a Cidade de Deus o topo do ranking no número de operações militares e ações policiais no Rio. De junho de 2017 a janeiro de 2018 foram 141 tiroteios contra 116 tiroteios nos oito meses de intervenção. Os furtos na área da Ciso 11 – Circunscrição Integrada de Segurança Pública –, que abrange a Rocinha, também caíram 14% de fevereiro a setembro de 2018.

As ocorrências violentas, porém, continuam altas. Entre fevereiro e setembro 20 pessoas foram mortas na comunidade durante os tiroteios, de acordo com o Fogo Cruzado. Só em março, o mês mais violento, foram 26 confrontos que resultaram em 13 mortos. Oito deles foram assassinados no mesmo dia 24, durante uma operação do Batalhão de Choque na saída de um baile funk. Uma das vítimas era Matheus Duarte de Oliveira, de 19 anos, que trabalhava como dançarino em um projeto social. Nos grupos de WhatsApp da comunidade a operação foi relacionada à morte do PM Filipe Santos de Mesquita, baleado quatro vezes em um confronto com traficantes no dia 21 de março. O mesmo tiroteio que matou o policial vitimou ainda Seu Marechal, apelido pelo qual era conhecido o morador Antônio Ferreira da Silva, de 70 anos. Alguns dias depois, Deivison Farias de Moura, de 28 anos, foi baleado e morto na localidade da Vila Verde, enquanto segurava o filho de 6 meses no colo.

Uma corrente de medo e sofrimento envolve a maior favela do Brasil – as organizações locais contabilizam mais de 100 mil moradores, embora o Censo mais recente, de 2010, registre pouco mais de 60 mil. Em meio à guerra entre traficantes e forças do Estado, os moradores se arriscam para levar os filhos à escola, a avó à igreja, frequentar o comércio, escolas, escritórios – e muitos ainda têm que descer e subir o morro todos os dias para estudar ou trabalhar nos bairros de maior poder aquisitivo que rodeiam a favela, que fica entre a zona sul e a Barra da Tijuca. É por essa localização também que a Rocinha é importante no varejo de drogas, como nota o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Íbis Pereira. “A Rocinha é um lugar muito disputado pelo tráfico, estratégico.” O equívoco, ele diz, é combater o tráfico diretamente ali, em vez de recorrer à inteligência policial para chegar aos grandes distribuidores. “Nós estamos direcionando a máquina de repressão para o varejo, e o varejo acontece na periferia, na favela”, diz.

Mais afetados do que soldados no front

Além do risco que representam os tiroteios nas ruelas estreitas e superpovoadas das favelas, viver em meio a essa violência cotidiana traz um impacto tremendo para a saúde dos moradores da Rocinha e de outros territórios conflagrados. A pesquisa, ainda inédita, “Impactos da violência armada nas condições de vida de moradores de favelas da cidade do Rio de Janeiro”, realizada pela Fiocruz, entrevistou moradores das favelas do Jacarezinho, Manguinhos e Maré para saber o peso da violência em suas vidas. O sofrimento psíquico foi um dos principais impactos apontados por eles, acarretado principalmente por notícias de homicídios de amigos, conhecidos ou vizinhos, além de agressões de policiais. Cerca de 80% dos entrevistados disseram que a violência armada afeta sua saúde, a de suas famílias e de pessoas próximas.

Para o psiquiatra, professor da UFRJ e pesquisador do Laboratório Integrado de Pesquisas sobre Stress (Linpes/UFRJ) William Berger, a vivência em territórios conflagrados pode ser mais nociva para a saúde mental de moradores de favela do que para um soldado em front de guerra: “O cotidiano dos moradores da Rocinha é pior do que, por exemplo, o de um soldado norte-americano, onde a maioria dos estudos é desenvolvida. Um soldado que vai atuar nas operações do Irã ou do Iraque é treinado para aquilo. Ele tem um suporte. Ele vai para a missão e volta. A população civil não tem treinamento para isso. Eles estão numa situação de impotência muito maior”.

Ele explica que o estresse e o medo a que os moradores das zonas de conflito estão expostos cotidianamente provocam efeitos físicos, como a produção excessiva de adrenalina, que aumenta a pressão arterial e causa dores de cabeça, tensão muscular e problemas gastrointestinais. Também são gatilhos para transtornos mentais: estima-se que metade dos moradores das favelas cariocas sofra de depressão. Em um contexto dramático como o atual, o quadro se agrava. “É evidente que uma cidade mais violenta produz mais sofrimento nas pessoas, produz mais dor”, reconhece Hugo Fernandes, superintendente de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo ele, 20% das demandas de saúde em todo o mundo estão relacionadas a questões de cunho psicológico. “É como se todo mundo tivesse uma mochila e, conforme vai vivenciando experiências difíceis na vida, vai colocando pedra, acumulando peso nas suas costas. Chega uma hora que essa mochila explode”, explica Fernanda Serpeloni, pesquisadora colaboradora do Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli (Claves/Fiocruz).

“Eu tô sempre com medo, entendeu?”

A primeira coisa que a auxiliar de limpeza Sandra faz ao acordar é pegar o celular e checar através dos grupos como está o movimento da favela. “Estou sempre com medo, entendeu?”, afirma a moradora de 47 anos. Foi ela que enviou a mensagem de alerta na madrugada para o grupo de WhatsApp da Rocinha, citado no começo desta reportagem. Nascida e criada na favela, ela é mãe de duas filhas e a mais ativa administradora do Alerta Rocinha 24hs. Sandra já esteve à frente ainda de outro grupo, onde interagia com os moradores do Vidigal – ambas as comunidades ocupam as encostas do morro Dois Irmãos, um dos cartões-postais do Rio de Janeiro.

Para viver em um território conflagrado, “estar ligado” é mais que uma gíria: é questão de sobrevivência. Notícias da aproximação de viaturas policiais repassadas pelos que estão dentro ou fora da favela, e mesmo os fogos disparados por traficantes (para comunicar a presença da polícia), são indícios de iminência de confronto. Em caso de tiroteio, buscar abrigo é imprescindível, mesmo dentro de casa, onde as pessoas procuram os cômodos mais seguros. O uso de fones de ouvido em dias mais tensos não é recomendado, assim como a circulação em certas áreas da favela, independentemente do movimento. É o caso das localidades da rua 2, Valão, Vila Verde e 99, que concentram quase metade de todos os conflitos vividos na Rocinha de fevereiro a setembro de 2018.

Sandra fica muito nervosa quando acontecem tiroteios. Teme, principalmente, pela segurança das duas filhas. As três mulheres viveram momentos difíceis quando moraram no final da rua 2 durante os anos 2015 e 2016, época em que a Rocinha vivia confrontos constantes entre traficantes e policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), instalada na favela em 2012. A fachada da antiga casa de Sandra está toda perfurada de balas. O beco onde a família vivia está praticamente inabitado, conta a estudante de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro Vitória, uma das filhas. “A gente viveu coisas ali que abalaram muito o psicológico da minha mãe”, acredita. Ela já pensou em procurar ajuda psicológica para a mãe, mas não chegou a falar com ninguém.

Vitória não é a única. Para além do estigma de que psicólogo e psiquiatra são “coisa de maluco”, a naturalização da violência também é citada como motivo para que muitos habitantes da Rocinha deixem de relatar sintomas como insônia, pesadelos, ansiedade, pânico durante atendimentos médicos. É comum que as pessoas digam não se impressionar com tiroteios, o que não deixa de ser uma espécie de estratégia de defesa, como diz a psicóloga Maria (nome alterado para preservar a identidade), moradora de Vila Verde, uma das áreas mais violentas da Rocinha. “A gente vive num estado de guerra constante. A gente normatiza isso, de alguma forma, para manter a nossa saúde psíquica e os nossos afazeres”, diz. Como exemplo, ela conta que foi pega distraída por um tiroteio e ao passar por um gari que limpava calmamente a rua ouviu: “Ih, aqui todo dia é esse pagode”.

Julianne Gouveia/Agência PúblicaVitória, filha de Sandra, pensou em procurar ajuda psicológica para a mãe, mas não chegou a falar com ninguém

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há três unidades de atenção primária na Rocinha: o Centro Municipal de Saúde Dr. Albert Sabin, o Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare e a Clínica da Família Maria do Socorro, que faz parte de um complexo de saúde composto também por uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e pelo Centro de Atenção Psicossocial III (Caps III) – este especializado em atendimento a transtornos mentais moderados e graves – os transtornos mais leves são atendidos nas unidades de atenção primária. “Você tem até acesso gratuito ao psicólogo, mas precisa estar surtando, sabe? Isso não é acessível”, critica o estudante de audiovisual João Eliel, de 21 anos. Ele diz que já pensou em buscar tratamento psicológico particular para ele e para a sobrinha, que não está conseguindo superar a perda de um parente próximo, mas não tem recursos. “Às vezes, eu não tenho dinheiro da passagem para ir para o curso ou trabalhar, então eu vi que não tenho esse luxo. A gente não tem suporte emocional. Precisa aprender na marra mesmo.”

Cada uma das três unidades de atenção primária tem três profissionais que acompanham casos leves e moderados de sofrimento psíquico: um médico psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Ou seja, apenas nove profissionais ligados à saúde mental cuidam da população inteira da Rocinha nas três unidades municipais de saúde da favela, que felizmente não vai sofrer com os cortes de 184 equipes de Saúde da Família anunciados pela prefeitura. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, porém, também não há planos para ampliar as equipes.
De janeiro a setembro de 2018, 60 novos usuários procuraram espontaneamente o Caps com sintomas como tristeza, depressão leve e moderada, transtorno de ansiedade, transtorno do pânico e reação aguda ao estresse. Outros foram diagnosticados nos consultórios dos clínicos gerais das próprias Clínicas da Família, a partir de sintomas associados a problemas físicos. É o caso de ansiedade e depressão, que costumam surgir conectadas a pressão alta, desânimo, insônia, taquicardia, cansaço, esquecimento, dificuldade de concentração e sudorese excessiva.

Julianne Gouveia/Agência PúblicaJoão Eliel já pensou em buscar tratamento psicológico particular para ele e para a sobrinha, que não está conseguindo superar a perda de um parente próximo, mas não tem recursos

Todos os novos pacientes enquadrados como portadores de transtornos leves são encaminhados para tratamento na Clínica da Família e ambulatório, sob os cuidados do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf).
“A rede de saúde mental que a gente tem nesses territórios, principalmente os Caps, é muito curta. A população é muito extensa e você tem poucos profissionais. [A rede] deveria ser ampliada”, explica Leonardo Bueno, pesquisador da Coordenação de Cooperação Social da Fiocruz e um dos responsáveis pelo estudo da fundação sobre impactos da violência em moradores de favela.

Agravamento dos problemas de saúde mental

A psiquiatra Joana Thiesen trabalha na Clínica da Família Maria do Socorro (onde está o Caps III) e no Centro Municipal de Saúde Dr. Albert Sabin e também na CF Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, localizada em uma favela em Copacabana, zona sul do Rio. No Albert Sabin, Joana coordena grupos de terapia comunitária que atendem de 15 a 20 pessoas, sempre acima dos 15 anos de idade. Ela também faz atendimentos em domicílio para usuários com dificuldades de locomoção ou que resistem a comparecer às unidades para seguir o tratamento – nesse caso com autorização da família. Com um público fluido, nem sempre assíduo, os frequentadores da terapia comunitária são, na maioria, mulheres. “As mulheres, em geral, se tratam mais, buscam mais os serviços de saúde”, explica a psiquiatra. Entre as estratégias terapêuticas, está o mindfulness, técnica de meditação e relaxamento utilizada nos sistemas públicos de saúde de países como Inglaterra, Espanha e Canadá.

Desde que os conflitos se acirraram, a partir de setembro de 2017, houve um agravamento dos problemas de saúde mental na Rocinha, especialmente com piora no quadro de pacientes que já se tratavam e o surgimento de novos usuários, segundo Joana. A maioria sofre de síndrome do pânico, depressão e ansiedade, muitas vezes associadas entre si. “As pessoas têm entendido que sofrimento mental também precisa de tratamento”, afirma. O que a preocupa mais são os pacientes diagnosticados com doenças mentais, que já fazem uso da medicação, e se desequilibram com os episódios de violência.

Com portas abertas 24 horas por dia, o Caps III atende portadores de esquizofrenia e de transtorno bipolar, por exemplo, que, além de verem sua condição agravada, muitas vezes não conseguem ir até lá durante os picos de violência. “Diante do aumento da vulnerabilidade, dessa mudança drástica do cotidiano, de fato, os usuários entram em delírio. Se tem um confronto, ficam com mais dificuldade de chegar ao Caps”, explica o coordenador técnico Felipe Abdias.

Com 1.195 clientes cadastrados desde 2010, o centro registrou uma queda de 45% de novos usuários no último ano, exatamente quando a violência se agravou. Isso porque a circulação no território se tornou mais difícil, segundo Felipe. Nos momentos mais sangrentos da guerra de 2017, profissionais e pacientes do Complexo de Saúde ficaram no meio de um tiroteio entre policiais e traficantes. Tiros perfuraram as paredes e o encanamento da UPA. Seis agentes de segurança do Estado invadiram a unidade para se abrigar dos disparos, em um cenário de caos total. A equipe ficou desfalcada – 75% dos profissionais não conseguiram comparecer ao local de trabalho. Os atendimentos de saúde mental tiveram que ser temporariamente transferidos para o Caps III Franco Basaglia, em Botafogo. O Coletivo dos Trabalhadores do Caps III chegou a entrar em greve e lançar uma carta aberta para falar da insegurança. Uma profissional da rede que trabalha na Rocinha e pediu para não ser identificada relembra a época: “Ir ao trabalho era muito difícil. Eu me sentia vulnerável. Hoje melhorou, mas ainda me sinto assim”.

Tanto unidades de saúde quanto escolas públicas utilizam o Acesso Mais Seguro, metodologia desenvolvida pela Cruz Vermelha para estabelecer protocolos de comportamento criados pelas próprias equipes e adaptados à realidade local, para garantir a segurança de profissionais e usuários. Buscar áreas mais seguras dos prédios e fechar as portas das unidades pode fazer parte das diretrizes. Os profissionais costumam se comunicar também pelo WhatsApp.

Violações de direitos pela polícia

“É muito louco você pensar que eu tenho que me precaver de sair de casa vendo toda hora um grupo do WhatsApp, para ver se o tiroteio está ou não está acontecendo”, explica o jornalista e ativista social Eduardo Carvalho, de 20 anos. Ele é um dos participantes, ao lado dos youtubers Spartakus Santiago e AD Junior, de um vídeo viral que explicava a jovens negros como sobreviver a uma abordagem indevida. Apesar da importância dos grupos de WhatsApp e Facebook para se proteger da violência, muita gente na Rocinha não participa das redes sociais para evitar as suspeitas da polícia – que frequentemente faz buscas ilegais em celulares de “suspeitos”.

Alvos preferenciais das revistas policiais e vítimas de 71,5% dos homicídios no Brasil (Atlas da Violência 2018), os meninos da Rocinha evitam usar capuz, roupas pretas e ostentar marcas para não chamar atenção. Outras recomendações são não correr, não ser grosseiro e prestar atenção a seus pertences quando parados pela polícia, já que não são raros os relatos de flagrantes forjados de drogas e armas.

Segundo levantamento do Observatório da Intervenção (CeSeC/Ucam), a Rocinha ocupa o segundo lugar em violências e violações de direitos no Rio durante a intervenção federal – atrás apenas da Cidade de Deus. Foram dez casos entre fevereiro e agosto. Só o Defezap, plataforma de denúncias de violência cometida pelo Estado, registrou seis no período entre março e junho. Quatro delas foram encaminhadas para o Ministério Público do Rio de Janeiro.

O Relatório Parcial do Circuito Favelas por Direitos, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, levantou 30 tipos de agressões físicas e psicológicas recorrentes nas comunidades cariocas no período da intervenção federal na segurança pública do Rio. Invasões a domicílio, furtos, danos ao patrimônio, assédio, vasculha de celular, disparos a esmo, operações em horário escolar e flagrantes forjados fazem parte de alguns relatos. A Rocinha foi um dos primeiros locais visitados pela equipe. “É garantia da ordem com redução de direitos”, resume o ouvidor da Defensoria Pedro Strozenberg.

Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança (Seseg) informa a publicação no Diário Oficial, em 2 de outubro, da Instrução Normativa nº 03, “que estabelece o aprimoramento dos atos normativos das Polícias Civil e Militar, referentes aos protocolos operacionais para áreas sensíveis, localidades onde se presume que possa ocorrer elevado risco de confronto armado com criminosos em decorrência de uma operação policial. Um dos principais princípios da Instrução Normativa é proteger a vida dos moradores dessas regiões”.

A artesã Ana Letícia Souza conta que vivenciou muitas dessas violências durante sua vida na comunidade. Nada, porém, comparável ao que aconteceu no dia 26 de março deste ano, quando ela diz ter sido agredida, xingada de “macaca” e detida por policiais no largo do Boiadeiro ao filmar uma abordagem abusiva: “Eu estava indo pro curso. Vi um rapaz sendo abordado por três policiais, agredido de forma hostil. Ele me pediu ajuda, então, resolvi filmar. O policial viu que eu estava filmando, veio ao meu encontro me chamando de ‘macaca’, me xingando de várias coisas e me agrediu. Ele tomou o celular da minha mão, jogou minha bolsa no chão e não devolveu. Tentou me algemar e eu resisti”, lembra. Ana Letícia contou à Pública que um dos agentes chegou até a disparar dois tiros contra eles, mas, por sorte, ela diz, errou. Segundo ela, o celular que usava para fazer a gravação das violações não foi devolvido mesmo depois de ser liberada da delegacia. O caso ganhou repercussão na imprensa. “Eu não conhecia o moço que tava sendo abordado, mas não pensei duas vezes”, afirma. Ana Letícia respondeu a um processo criminal, já arquivado, por desacato, resistência e lesão corporal.

Julianne Gouveia/Agência PúblicaAna Letícia Souza, amiga de infância do pedreiro Amarildo, até hoje precisa tomar Rivotril para conseguir dormir

“Os agentes [policiais] costumam fazer isso para se safar da responsabilidade”, explica a defensora Lívia Casseres, que faz parte do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e do Núcleo Contra a Desigualdade Racial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e que prepara uma ação indenizatória em virtude dos excessos sofridos por Ana Letícia. O Ministério Público ainda apura as denúncias de abuso e racismo por parte dos policiais. Procurada, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou apenas que a investigação do caso ficou a cargo da 11ª DP (Rocinha).

Passados quase sete meses do episódio, a moradora diz que ainda sofre com estresse e insônia por causa do trauma. Amiga de infância do pedreiro Amarildo, que ganhou notoriedade na imprensa ao ser sequestrado e morto por policiais da UPP em 2013, Ana Letícia diz que fica nervosa quando ouve tiros e se sente acuada ao andar pela comunidade, principalmente ao cruzar com policiais e soldados das Forças Armadas. A moradora de 44 anos fazia trabalhos como modelo e vendia bijuterias feitas por ela em feiras de artesanato, mas tem deixado de trabalhar por não se sentir segura. Ela já sofria com crises de depressão antes dos eventos de março, o que só agravou o quadro. Até hoje precisa tomar Rivotril para conseguir dormir, conta. As lembranças daquele dia e de outras cenas dramáticas que presencia como moradora de uma das regiões mais perigosas da comunidade transbordam da realidade para pesadelos recorrentes. “O pesadelo é uma forma de processar o que se viveu durante o dia. São informações muito terríveis”, explica Paula Ventura, professora associada do Instituto de Psicologia e da pós-graduação do Instituto de Psiquiatria e coordenadora do Laboratório de Psicologia de Trauma e Medo (Linpes/UFRJ). Segundo ela, esse é um sintoma típico de quadros de transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).

Outro sintoma recorrente é a sensação de ameaça permanente, como, por exemplo, de ser atingido por bala perdida em casa, explica o psiquiatra William Berger. “Um dos sintomas do TEPT é uma sensação de perigo generalizada, uma hipervigilância, um comportamento ‘evitativo’ de toda a sensação que lembre o [motivo do] estresse pós-traumático.” O transtorno tem prevalência de 8% na população em geral. Ele está associado a outros problemas, como ansiedade, depressão e doenças crônicas, como diversos tipos de dores e problemas cardiovasculares. “Até pela questão do quadro psiquiátrico, essas pessoas se tratam menos. Elas têm uma sobrevida menor. A presença do TEPT e outros transtornos mentais também é um complicador grave para o tratamento de várias doenças clínicas”.

Uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria da UFRJ revelou que apenas 2,4% dos casos de TEPT do ambulatório geral são, de fato, identificados. De acordo com a psiquiatra Joana, por ter critérios muito específicos, o diagnóstico de pessoas com transtorno do estresse pós-traumático não é comum na favela. Para Berger, é necessário que agentes de saúde, médicos e psicólogos conheçam a doença. “É muito importante que essas pessoas conheçam os critérios de diagnóstico, saibam fazer o diagnóstico de TEPT e perguntem ativamente durante as suas consultas se eles [os pacientes] têm sequelas psiquiátricas da violência”, alerta.

Coisas que crianças não falam

O episódio vivido por Ana Letícia em março afetou principalmente o neto Matheus, que passa boa parte do tempo com ela enquanto a mãe, Miriam, trabalha. “Ele ficou muito revoltado e falou coisas que uma criança de 8 anos não fala. Eu acho que as coisas que acontecem onde a gente mora refletem muito, principalmente em quem ainda está se formando”, opina a mãe, que tentou fazer tratamento psicológico para ajudá-lo a lidar com o ambiente duro da comunidade. Ela acabou não se adaptando à terapia de grupo oferecida no Complexo Esportivo da Rocinha.

Como muitas crianças de favela, Matheus sabe distinguir o calibre dos tiros pelo barulho. Uma das brincadeiras frequentes do menino, seu melhor amigo e muitos outros garotos na Rocinha é disputar quem vai ser o “dono do morro”, uma versão contemporânea do velho jogo de polícia e ladrão. Segundo a psicopedagoga e professora Rafaela Agra, as crianças tendem a reproduzir o que veem e o que ouvem onde vivem. É papel do educador mostrar que há outros caminhos. “O mais importante é não ignorar, fingir que não acontece, que é normal. Não é”, explica. Matheus gosta de cinema e teatro e sonha em ir para os Estados Unidos e ser jogador de futebol, mas sua insistência em apontar traficantes como referências de respeito e poder fez com que a escola chamasse Miriam duas vezes para conversar. Agora, a mãe tenta ocupar o tempo dele com atividades esportivas. Mas não há como esquecer a violência. Em dias de confronto na favela, o próprio Matheus grava vídeos dele e da irmã e envia para a mãe, procurando tranquilizá-la. Ela lamenta: “É uma coisa horrível, né? Uma criança crescer num lugar assim… É um lugar hostil, você nunca sabe o que pode acontecer”. Os tiroteios são o maior medo de Matheus: “Eu acho que não é legal porque pode matar uma criança de bala perdida”, ele diz.

Julianne Gouveia/Agência PúblicaMiriam é a mãe de Matheus

Valentina, a irmã mais nova de Matheus, tem 3 anos e já aprendeu a temer a violência. “Minha neta tem pavor. Ela fica com medo. Quando começa a escutar tiro, tampa o ouvido e se esconde”, conta Ana Letícia. Não são raras as vezes em que protocolos internos de segurança precisam ser acionados na creche evangélica onde a menina passa parte de seu dia, como se abrigar em áreas que estão longe do alcance das balas.

Quando entrevistados pela reportagem, já fazia dois meses que Matheus e Ana Letícia aguardavam vaga para iniciar o tratamento psicológico gratuito oferecido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), localizada na Gávea, próximo à Rocinha.

Julianne Gouveia/Agência PúblicaOs tiroteios são o maior medo de Matheus: “Eu acho que não é legal porque pode matar uma criança de bala perdida”, ele diz

Crianças afetadas pela violência armada de territórios conflagrados podem apresentar agressividade acima da média, dispersão, baixa autoestima e agitação, além de possíveis dificuldades de aprendizagem. “Isso pode estar ligado a uma forma de a criança fugir daquilo que ela vive”, explica Rafaela Agra. Os conflitos interferem também, principalmente, em crianças de 6 e 7 anos, que estão se alfabetizando para trocar a educação infantil pelo ensino fundamental. Apoio psicológico integrado da escola à família é fundamental nesse processo, mas a falta de equipes multidisciplinares, compostas por psicopedagogos e psicólogos, e a dificuldade no acesso aos serviços públicos de saúde mental atrapalham o desenvolvimento de crianças.

Como diz a moradora e educadora Leidy Martins, com 17 anos de experiência nas escolas do território: “Não existe estratégia, planejamento, quando se pensa em incursão policial no que diz respeito às escolas. Não deveria haver de maneira nenhuma incursão no momento de entrada e saída das crianças”, diz. Depois da guerra de 2017, Leidy viu colegas de profissão se mudarem ou começarem a tomar calmantes para lidar com um cotidiano que inclui unidades escolares atingidas por tiros disparados pela polícia do alto do helicóptero blindado, conhecido como “caveirão voador”, e profissionais em meio do fogo cruzado para chegar ao trabalho. “As pessoas estão nas suas casas, construíram, trabalharam anos, e, do nada, fica impraticável de ir e vir. A gente não vive num país que tenha guerra. Mas ali a gente começou a viver um cenário de guerra”, lamenta.

Julianne Gouveia/Agência PúblicaLeidy faz tratamento psicoterapêutico privado, porque nunca foi orientada a receber atendimento nas unidades de saúde pública da comunidade

Ela mesma teve insônia e foi parar no hospital várias vezes em outubro de 2017. Apesar de nunca mais ter vivido nada parecido com o dia da invasão do grupo do ex-chefe local Nem aos pontos de controle do traficante Rogério 157, o trauma psicológico claramente persiste: “Agora, tá melhor, mas quando a gente fala, revive, é angustiante”, explica a educadora, com os olhos marejados. Ela faz tratamento psicoterapêutico privado, porque nunca foi orientada a receber atendimento nas unidades de saúde pública da comunidade. Hoje, a educadora estuda direito. Quer sair da educação e também da Rocinha. Sua casa foi assaltada seis vezes desde 2016.

O luto de Adriana e Thaylon

As lembranças de Deivison, o Dedê, estão espalhadas pela casa. Seus chinelos continuam ao lado da porta, suas roupas ainda estão no armário e os porta-retratos se espalham pelo quarto e sala onde viveu seu último ano de vida com a mulher, a cuidadora de idosos e técnica de enfermagem Adriana Santos, e o filho Thaylon. A viúva se recusa a se referir ao marido no passado. Diz não querer pensar que ele está morto.

Deivison Farias de Moura foi baleado no peito em 29 de março. Ele segurava nos braços o filho, então com 6 meses de idade, enquanto conversava com os irmãos na varanda da casa da mãe, na localidade da Vila Verde. A família iniciava os preparativos para os festejos de Páscoa. Deivison havia passado a tarde limpando os peixes que os irmãos tinham pescado naquele dia e planejava sair com a mulher no dia seguinte, uma Sexta-feira Santa, para comprar os ovos de Páscoa dos sobrinhos. Mas não houve almoço no feriado para a família Farias, que enterrou o rapaz de 28 anos um dia antes do domingo de Páscoa.

Julianne Gouveia/Agência PúblicaMãe e esposa de Deivison

“Sexta-feira Santa, pra mim, não vai existir mais. Natal, Ano-Novo… Acabou pra mim”, afirma Marlene Farias, mãe de Deivison. A família acusa policiais do Batalhão de Choque de terem feito os disparos que tiraram a vida dele. Testemunhas afirmam que policiais atiraram três vezes na direção da varanda de dona Marlene com uma arma de mira. As investigações seguem em curso na Delegacia de Homicídios. Segundo Lívia Casseres, que também cuida do caso, cerca de 20 a 30 policiais já foram ouvidos. Eles alegam que os tiros não partiram da polícia.

Deivison e Adriana estavam juntos havia dez anos. A história do casal começou na adolescência, quando se conheceram numa festa de família. Deivison vivia da renda de uma casa que possuía na Vila Verde e biscates, além de dividir com a esposa os cuidados com Thaylon. Apesar de muito pequeno, a mãe acredita que o menino sofreu reflexos do trauma de perder o pai de maneira tão abrupta. Ele deixou de chupar chupeta no dia da morte de Deivison e se assusta com ruídos altos, provavelmente como memória do ocorrido. Suas primas mais velhas já ficavam desesperadas com barulho de fogos antes mesmo do falecimento do tio.

Hoje com 1 ano, Thaylon já reconhece o pai pelas fotos. O vínculo com a mãe ficou mais forte – ele se debulha em lágrimas quando a mãe tem que deixá-lo. Para aplacar a saudade, a viúva de 26 anos ainda calça os chinelos do marido. Uma camisa usada por ele no dia da tragédia permanece no guarda-roupa e acompanha Adriana aonde quer que ela vá. Ela diz que o menino só dorme se tiver a roupa do pai por perto. Marlene busca forças nos filhos e netos para seguir em frente. “Eu só não caí em depressão porque tenho a família que está me dando apoio. Mas não sai da mente”, conta.

Marlene Farias é a única da família que está fazendo algum tipo de tratamento psicológico. Ela procurou ajuda na Clínica da Família Rinaldo de Lamare e recebeu como resposta uma receita cheia de remédios, que a deixavam “grogue”. Abandonou o tratamento e, há três meses, participa de um grupo de apoio de mães de vítimas da violência.

Adriana chegou a ir a uma sessão com um psicólogo, mas abandonou o tratamento. Também não cogita buscar conforto na religião, conforme a recomendação do marido na época do falecimento de seu pai. “Eu sou muito prática e muito forte, como ele era. Eu sou frágil também, mas eu sou muito de me resolver sozinha.” Apesar do sofrimento, ela não pensa em sair da Rocinha. “É o lugar onde eu vou criar o meu filho, independente de qualquer coisa. Foi aqui que estavam os nossos planos. Eu só peço proteção ao meu marido e a Deus, se ele existir.”

Quem sai não quer voltar

Sair da Rocinha por causa da violência se tornou uma aspiração cada vez mais comum no último ano. Corretores de imóveis locais afirmam que a procura por aluguel diminuiu e que as vendas de imóveis na Rocinha caíram cerca de 70% nos últimos 12 meses. O comércio também encolheu, o que se reflete na retração de locações de imóveis comerciais. Muitas famílias de nordestinos, que compõem boa parte da população da Rocinha, já foram embora. É o caso dos familiares do vendedor de roupas e estudante de publicidade Egberto Queiroz, vítima de bala perdida dentro de casa, quando tomava banho para ir ao trabalho em 8 de outubro de 2017. Até hoje, não se sabe de onde partiu o tiro – a Polícia Civil afirma que as investigações seguem em andamento na 11ª DP (Rocinha). O projétil ainda está alojado em seu ombro. A situação abalou toda a família. Sua madrasta e uma prima voltaram para o interior do Ceará no primeiro semestre de 2018. O pai fez o mesmo caminho em setembro, deixando para trás 26 anos de Rocinha, filhos e casa própria.

Egberto ainda sente muito desconforto ao lembrar que, além do horror de tomar um tiro no chuveiro, teve que recorrer aos vizinhos para conseguir chegar ao Hospital Miguel Couto. Lá, afirma ter ouvido de um médico durante o procedimento: “Se você fosse negro, estaria algemado”. Isso o fez pensar em racismo e na maneira com que a violência atinge quem vive nas comunidades. “Ser morador de favela, ser vítima de bala perdida e ser tratado como bandido é muito complicado”, contou ele em entrevista à Pública. O jovem, que se define como brincalhão e alto-astral, passou 15 dias fora da Rocinha depois do incidente. Não queria voltar. Tinha medo de qualquer barulho similar a tiros, coisa que nunca havia sentido antes. “Infelizmente, achava normal. É uma coisa que acontece tanto que acaba incluído na nossa rotina. Não é pra ser assim”, reflete.

Julianne Gouveia/Agência PúblicaEstima-se que metade dos moradores das favelas cariocas sofra de depressão

Egberto não sai de casa sem consultar o aplicativo OTT  (Onde Tem Tiroteio). Ele também não circula em áreas mais tensas da favela, como a rua 2. Os passeios com a namorada dentro e fora da favela deixaram de ser frequentes. Apesar do trauma, o rapaz não procurou ajuda psicológica. Diz que o medo o impede de tratar do assunto. Seu maior sonho é sair da Rocinha, mas as dificuldades financeiras ainda não permitem. Ele não acredita que a situação da comunidade tenha solução a curto prazo. “Essa ‘intervenção militar’ é uma maquiagem. É um jogo de cartas marcadas que não vai ter fim. Nem na Rocinha nem em qualquer outro lugar”, completa.

Maria está casada há oito anos e quer ter um filho. Mas, para isso, sente que precisa sair da favela por temer pela segurança da família que quer formar: “Eu vou enlouquecer. Enquanto a gente não tiver condições pra sair de lá, não tenho filho”.

Os que ficam na cidade e conseguem mudar têm como principal destino as favelas da Muzema e Tijuquinha, localizadas no bairro do Itanhangá, bem próximo dali. Ambas são comunidades mais novas, onde há casas maiores a preços convidativos e, sobretudo, menos violência. O analista de vendas Diego André, de 30 anos, trocou a casa da família na Rocinha por um condomínio fechado na Favela da Muzema, em novembro do ano passado, depois que a rotina de tiroteios se tornou insustentável, principalmente para sua esposa, que é da Paraíba. Ela chorava e tremia durante os confrontos. Bala perdida era o maior medo do casal. A gota d’água foi o dia em que a polícia entrou revistou sua casa, que ficava na localidade do Trampolim. Hoje, Diego mantém contato com os familiares por telefone e sempre esbarra com conhecidos da Rocinha no novo endereço. Mas espera que sua passagem pela nova comunidade também seja temporária. “Não quero criar filhos [na Muzema]. A gente não sabe o dia de amanhã daqui, por ser uma comunidade”, resume.

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É preciso trabalhar em rede para não deixar a democracia ruir

Pública - qua, 14/11/2018 - 09:11

A onda conservadora que cresce em vários países do mundo também tem se manifestado na Alemanha. A AfD (Alternativa para a Alemanha), partido populista de extrema-direita, se tornou o terceiro maior partido no Parlamento alemão (Bundenstag) nestas últimas eleições. Algo inédito desde a Segunda Guerra Mundial e que tem sido visto por alguns historiadores como um “corte histórico” . O partido ganhou força em 2015 (em 2013 não chegou a 5% do parlamento) principalmente por se colocar como oposição ferrenha às políticas de imigração da chanceler Ângela Merkel (CDU), através de um discurso nacionalista, beligerante, anti-imigração e anti-islâmico.

Em entrevista à Pública, a presidente da Fundação Rosa Luxemburgo Dagmar Enkelmann, formada em ciências sociais pela Karl-Marx-Universität Leipzig, com doutorado em história e passagens pelo parlamento como deputada federal e estadual pelo Partido Social Democrático – que em 2009 se fundiu com o WASG no atual partido A Esquerda (Die Linke) – disse sobre esse momento: “Uma parte grande dos eleitores [da AfD] parece precisar de respostas simplistas para questões complexas”. Também falou sobre o movimento de refugiados na Europa e pregou a união por parte de setores da esquerda para garantir que a democracia se mantenha forte: “A direita existe em rede, mas não existe uma esquerda em rede. Tudo que está acontecendo e se estabelecendo pode destruir as estruturas democráticas, e nós precisamos agir juntos, não só a esquerda, mas também o centro, para não deixar ruir”.

Foto: José Cícero da Silva/Agência PúblicaA presidente da Fundação Rosa Luxemburgo Dagmar Enkelmann

A senhora tem uma longa trajetória política. Como vê esse crescimento do conservadorismo e da extrema direita na Europa e no mundo? Estamos diante de algo novo?

É novo e antigo ao mesmo tempo porque nós sempre tivemos movimentos de extrema direita – às vezes mais, às vezes menos – nos diferentes países e em diferentes conjunturas. Novo é o fato de isso estar acontecendo no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na Europa, nos países africanos e aqui na América Latina nós vemos a mesma coisa. Então nós temos esse movimento mundial que cresceu consideravelmente e são forças que parecem estar bem estáveis no poder. Isso é algo que a gente observa com grande preocupação e nos obriga, a todas e todos que acreditamos na democracia, que estamos nos partidos, nos parlamentos, nos governos, a pensar profundamente nas causas desse fenômeno. Na Alemanha, nós por muito tempo dissemos “ah tudo bem, eles vão desaparecer em algum momento”. Isso não aconteceu e o Trump também parece bem estável em seu mandato, então temos mesmo que refletir sobre o que está causando tudo isso. Uma parte grande desses eleitores parece precisar de respostas simplistas para questões complexas, e isso tem a ver com o fato de o mundo estar mais complexo e muitas perguntas não poderem mais ser respondidas facilmente, ou mesmo em âmbito nacional. Para muitas questões nós só teremos as respostas se olharmos através das nossas fronteiras. O mundo está mais próximo, isso é um fato, e nós não podemos simplesmente dizer que não existe mais globalização. A questão é entender como se desenham os conflitos sociais, políticos e econômicos para que eles sejam evitados. E precisamos trabalhar conjuntamente para fortalecer nossas estruturas democráticas. Porque onde não se tem mais essa estabilidade, onde se perdeu a crença nas instituições, as pessoas tendem a seguir aqueles com as respostas mais simplistas e a votar nessas pessoas, nesses populistas.

E imagino que a questão dos refugiados apareça nesses discursos…

Bem, na Alemanha “os culpados são os refugiados” – essa é a resposta simples. Em vez de dizermos “nosso sistema econômico nos países industrializados aqui no Norte contribui para essa situação de monocultura nos países em desenvolvimento, nós criamos essa dependência aos países industrializados, nós temos uma política de desenvolvimento que não propicia a construção de estruturas autônomas, não fortalece as economias locais dos países”. Temos que contextualizar isso. E, como os países industrializados contribuíram para as exportações de armas, essas armas estão sendo utilizadas. Esse contexto tem que ficar claro, e os populistas da direita não fazem isso.

Poderia explicar um pouco para o leitor brasileiro o que está acontecendo na Alemanha? A ascensão da AfD, que é um partido de extrema direita, pela primeira vez desde a Segunda Guerra?

A AfD se criou no âmbito da crise financeira, em 2007-2008. O partido foi constituído como reação ao fato de que não havia uma resposta europeia a essa crise financeira. Cada país teve sua própria reação. A crise financeira que a bolha imobiliária dos Estados Unidos gerou chegou à Europa e, portanto, à Alemanha. Na Alemanha houve um grande programa de investimentos e financiamentos, e por isso os efeitos foram minimizados, mas no entorno a crise gerou quebras nos sistemas financeiros, desemprego. Estruturas econômicas quebraram. A Alemanha resolveu essa questão mais ou menos, mas existia o medo de que isso pudesse acontecer e esse pensamento separatista apareceu, de soluções nacionalistas. E depois veio um segundo conflito, também partindo da crise econômica internacional e dos conflitos no Afeganistão, na África, no Sudão. Isso tudo aumentou o movimento de refugiados no mundo inteiro. E uma pequena parte desses refugiados chegou à Europa. Hoje mais de 60 milhões de pessoas estão fugindo, e a maioria dentro dos próprios países, apenas uma pequena parte chegou à Europa. Mas esse medo de mudanças na sociedade cresceu na Alemanha e essas forças populistas de direita disseram “eles vão mudar nossa sociedade, nossa religião, impor o islamismo, nós não conhecemos essas pessoas”. Espalhou-se o medo da criminalidade. Uma coisa é certa: a política oficial estava pouco preparada para esse movimento. Esse movimento de refugiados existe desde os anos 1980, 1990, existe há muito tempo e em algum momento eles chegariam à Europa. Era previsível! Mas o governo não estava preparado. O que isso significa? Quando pessoas vêm de outros países, de outras culturas, precisamos pensar em moradia, criar condições para favorecer a integração, empregos, cursos de idiomas. Precisamos não criar um gueto para guardar essas pessoas, mas sim integrá-las à sociedade. A Alemanha tem experiência nisso, porque teve imigração de italianos, turcos – cuja integração, hoje nós sabemos, foi realizada muito parcialmente. Existem regiões onde temos uma maioria de pessoas migrantes e até crianças que nasceram na Alemanha e dizem não se sentir alemãs. O problema é que acabam não sendo parte de uma sociedade italiana ou turca também! E em 2015 nós tivemos uma grande quantidade de pessoas de países com guerras civis ou com graves problemas econômicos. Elas chegaram à Alemanha e foram levadas para alojamentos provisórios, e a integração foi pouco realizada pelo governo. Existia uma cultura de boas-vindas por parte de organizações civis e pessoas que queriam ajudar, receber. Essas organizações foram fundamentais, mas estavam sozinhas, sem apoio do governo, e você não consegue resolver tudo no voluntariado. Há momentos em que você precisa de financiamento. E esse medo, que naquela época se fortaleceu com os efeitos dessa globalização e desse forte movimento de migração no mundo, foi utilizado e manobrado pelos populistas. Eles semearam preconceitos contra pessoas de pele mais escura, discriminação, criminalização. Se você pergunta para esses eleitores “você já sofreu alguma violência por parte dessas pessoas?”, vão responder “não, mas eu já ouvi ou li, alguém contou”. Não existem números reais, não existem dados, por exemplo, de aumento da criminalidade. Os problemas sociais que eles atribuem aos refugiados já existiam, como, por exemplo, os problemas de moradia, das aposentadorias muito baixas ou mães solteiras em situação de pobreza. São problemas que aumentaram com a chegada dos refugiados, então essas pessoas dizem “eu não encontro apartamento, mas esse refugiado tem onde morar”. São respostas simplistas para questões complexas.

No Brasil, nós não temos as pautas da extrema direita tão relacionadas à xenofobia ainda, no entanto as respostas simplistas, os preconceitos, a criminalização e a linha de raciocínio me parecem muito similares. A forma de atuação da extrema direita e a forma como essas pessoas compram os discursos pelo medo, pela desinformação, a coisa de apontar um “grande outro” inimigo. Agora no Brasil nós estamos fazendo também uma reflexão sobre o período de transição e abertura democrática pós-ditadura militar que talvez não tenha sido muito bem-feita, de uma justiça de transição, de construção de memória consistente sobre a ditadura militar. A Alemanha parece que fez um trabalho melhor pós-Segunda Guerra, de memória, de justiça de transição. Ou não? Ainda assim você acha que partidos como a AfD são ameaças reais?

Sobre lidar e aprender com a história na Alemanha, tenho um ponto de vista crítico. Sabemos que rapidamente voltaram ao governo pessoas que tiveram responsabilidade no período nazista. Essa conclusão foi feita muito rapidamente. O que causou o nazismo na Alemanha? Muito pouco se fez para proteger e ampliar essa democracia. E fazer muito pouco se refere principalmente a criar alianças contra todas as tentativas de minar a democracia. Eu não gosto muito de comparar esse período de hoje com o período nazista e não quero comparar o final da República de Weimar com a AfD. A AfD não é o Partido Nazista. Existem pessoas ali que têm uma postura abertamente mais radical. Existem alguns elementos, é de extrema direita, mas acho que é um partido mais populista. Mas é claro que os limites são um pouco tênues. São perigosos, sim, porque questionam a democracia, e neste momento, no meu ponto de vista, se faz muito pouco para estabilizar a democracia. Nós temos uma erosão desses partidos mais à esquerda, perderam muito, e esse é um processo que ocorre há algum tempo. Hoje nós ainda temos essa grande coalizão, no nosso governo, do Partido Social Democrata da Alemanha (SPD) com a União Democrata Cristã (CDU) [partido da chanceler alemã Angela Merkel], mas, segundo as pesquisas de intenção de votos, hoje isso não seria mais suficiente. As pesquisas mostram que haveria a necessidade da criação de um terceiro partido independente; no mínimo, três partidos seriam necessários para formar um governo. E isso lembra também o final da República de Weimar [que durou até o início do regime nazista], em que também havia um sistema de vários partidos e mudanças constantes. E no final da República de Weimar existia um Partido Comunista forte, a esquerda era forte também. Mas os comunistas evitaram uma aliança democrática com as forças burguesas. São muitas lições que talvez não tenhamos aprendido.

Você vê isso de fato como uma onda única? Com conexões entre os países?

Eu acho que existe essa conexão, isso é muito claro. Existem essas redes de direita. Na Europa nós vemos isso muito claramente. Eles têm concordância, são coesos. Existem declarações sobre uma direita internacional dizendo que o conteúdo é coordenado. Essa direita organizada existe sim.

Que atitudes os partidos de esquerda, os movimentos sociais e as pessoas que não concordam com os governos autoritários devem tomar diante dessa onda que se levanta no mundo, na sua opinião?

Acho que nós precisamos conversar, debater. E acho que é fundamental uma educação política, falar sobre a história, sobre nossa conjuntura, nos conectar com as bases e explicar essas coisas não de forma a fazer discursos acadêmicos, mas uma conversa que chegue aos trabalhadores, às pessoas do campo, aos comerciantes. Nós precisamos acessar as pessoas. Isso é muito importante. Acho que a direita existe em rede, mas não existe uma esquerda em rede. Temos que ver o que temos em conjunto, o que nos une, lutar juntos contra essa extrema direita com seus preconceitos, com seu racismo, com sua xenofobia, com seu antifeminismo. Tudo que está acontecendo e se estabelecendo pode destruir as estruturas democráticas, e nós precisamos agir juntos, não só a esquerda, mas também o centro, para não deixar ruir. Um movimento de defesa da democracia.

 

 

 

 

 

 

 

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Convivencia y no combate con sequías del Nordeste brasileño

IPS español - ter, 13/11/2018 - 18:11

Por Orlando Milesi
CAJAZEIRAS, Brasil, Nov 13 2018 (IPS)

Las comunidades de la ecorregión brasileña del Semiárido,  de 1,03 millones de kilómetros cuadrados, impulsan una convivencia activa con las recurrentes sequías en su agreste territorio, que ha  mejorado sus vidas y ha evitado las muertes que los asolaban en el pasado.

En ese ecosistema de la región del Nordeste viven 27,2 millones de los 208 millones de habitantes que tiene Brasil, según datos oficiales y acaban de sortear la última y larga sequía que se prolongó entre 2012 y 2017, y aún persiste en algunas zonas del llamado sertón.

Los agricultores familiares que habitan en los municipios de Sousa (69.000 habitantes), Cajazeiras (62.000), Pombal (33.000) y otros municipios del estado de Paraíba, en pleno Semiárido, impulsan valiosas y buenas prácticas para sostener sus cultivos agroecológicos, llueva lo que llueva.

Entre las prácticas impulsadas para convivir con la sequía están el uso de cisternas para acopiar agua de lluvia, en un plan que apunta a instalar un millón de ellas en la ecorregión, la instalación de paneles solares para generar energía y la construcción de biodigestores que recuperan desechos de los animales para obtener gas y, además, producir abonos para cultivos agroecológicos.

Un ejemplo es la  Asociación Comunitaria Rural de Varzea Comprida Dos Oliveiras, en Pombal, integrada por 67 familias. “Hoy ninguna de sus mujeres está en estado de vulnerabilidad social”, dijo orgullosa a IPS su presidenta María Solange de Oliveira.

 

En la panadería de la Asociación, 19 mujeres son protagonistas.  Con paneles solares obtienen la mitad de la energía eléctrica que requieren para producir unos 600 kilógramos de pan por semana.

Gracias a un biodigestor tienen gas metano para sus hornos y, además,  generan seis metros cúbicos de fertilizantes al mes para mejorar la producción agroecológica de otros socios. El agua lluvia la recolecta en una cisterna y las aguas grises del proceso de fabricación de pan la recuperan y reutilizan.

Estas 19 mujeres obtienen ingresos con los alimentos sanos que producen y venden a colegios de la zona. La Asociación creó incluso un papel moneda para el intercambio de productos agrícolas con otras comunidades.

Son maneras de dejar de combatir con las sequías y otras realidades de su territorio y, por el contrario, convivir activamente con su entorno, generando experiencias que ahora se comenzaron a replicar en otros países, como Argentina, El Salvador o Perú, entre otros.

Edición: Estrella Gutiérrez

 

El artículo Convivencia y no combate con sequías del Nordeste brasileño fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Jóvenes y periodistas aprenden lecciones del Semiárido brasileño

IPS español - ter, 13/11/2018 - 18:01

Por Orlando Milesi
SOUSA, Brasil, Nov 13 2018 (IPS)

Jóvenes y periodistas de varios países latinoamericanos aprendieron, en encuentros paralelos y en diálogos conjuntos, cómo las comunidades del Semiárido han aprendido a convivir con esa agreste ecorregión y sus sequías, que gracias a ello dejaron de causar las mortandades del pasado.

En el campus de la ciudad de Pombal de la Universidad Federal de Campina Grande, los jóvenes, estudiantes y activistas comunitarios en sus países, y los periodistas dialogaron sobre los temas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en especial sobre cambio climático, seguridad alimentaria, agua, desigualdades, energía y desigualdades socioambientales.

Antes, dentro de actividades realizadas en localidades cercanas del estado de Paraíba, entre el 11 y 15 de octubre se realizó en la ciudad de  en Sousa, un Encuentro de Periodistas en el Semiárido, organizado por Comité de Energía Renovable del Semiárido (Cersa) y la agencia internacional IPS-Inter Press Service.

En el encuentro participaron periodistas de Bolivia, Brasil, Chile y Perú y contó con la presencia de ponentes de esos países.

 

 

Simultáneamente una treintena de jóvenes de Bolivia, Brasil y Perú, estudiantes además de activistas en sus países, participaron en Cajazeiras el primer Curso Internacional de Energías Renovables, en que también conocieron experiencias aplicadas en las comunidades del Semiárido.

Todos visitaron experiencias de agricultura familiar y otras de energía solar y acopio de agua en una región de sequías recurrentes, en una capacitación que les va a permitir transmitir y llevar esas experiencias a sus comunidades, en Brasil y los otros países, en un tipo de intercambio inédito.

Por ejemplo, en la parroquia Santa Ana, en el municipio de Sousa, jóvenes brasileños contaron cómo fabrican lámparas led a partir de botellas. En los techos del lugar hay paneles solares que proporcionan la energía eléctrica del templo, de negocios y viviendas.

El Curso dirigido a los estudiantes adoptó la Carta de Cajazeiras para América Latina, en la cual los participantes aluden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En la Carta sostienen que “la seguridad abarca mucho más que el abastecimiento continuo  regular de energía, agua y alimento. Para ser realmente soberanos tenemos que garantizar que nuestras fuentes se  mantengan limpias de combustibles fósiles, de poluciones y de venenos”.

”El acceso a formas de energías limpias y sostenibles  es un derecho fundamental de los pueblos. Se hace necesario  desterrar la idea de la mercantilización de la energía” indican y añaden que “la soberanía y o seguridad alimentaria energética, hídrica son fundamentales para el ejercicio  de los derechos económicos, sociales, cultural y políticos de los pueblos”.

Edición: Estrella Gutiérrez

 

El artículo Jóvenes y periodistas aprenden lecciones del Semiárido brasileño fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Las mujeres hacen escuchar la voz indígena en Argentina

IPS español - ter, 13/11/2018 - 15:31

Mujeres que integran la comisión que gestiona la radio La Voz Indígena, en la ciudad de Tartagal, en el norte argentino, junto a uno de los operadores y a Leda Kantor (2da a dcha), antropóloga que impulsó el proyecto hace unos 20 años. En Tartagal, a solo 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, viven comunidades indígenas de siete pueblos diferentes. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Por Daniel Gutman
TARTAGAL, Argentina, Nov 13 2018 (IPS)

La semilla la puso hace más de 20 años un grupo de mujeres indígenas que empezó a reunirse para intentar recuperar memorias de sus pueblos. Hoy también son las mujeres las grandes protagonistas de La Voz Indígena, una radio única, en el norte de Argentina, que transmite todos los días en siete lenguas.

“Al principio los dirigentes nos preguntaban por qué no nos quedábamos en casa, cuidando los hijos y a los nietos. Hoy esos hombres vienen a refugiarse bajo el techo de estas mujeres”, contó a IPS la guaraní Felisa Mendoza, en uno de los amplios y coloridos salones de la emisora, decorados con murales pintados por artistas indígenas.

El edificio de dos plantas está a unos pocos metros de la terminal de buses de Tartagal, una ciudad de unos 80.000 habitantes de la provincia de Salta, a solo 50 kilómetros de la frontera boliviana.“La mujer indígena es fuerte. Es la que trae a la casa el agua o la leña. Y tradicionalmente, los hombres que se casaban iban a vivir a las comunidades de sus esposas. Han sido los desalojos de los territorios los que han hecho que la mujer quede un poco a expensas del hombre”: Leda Kantor.

En el borde occidental de la llanura del Gran Chaco americano, donde comienzan las sierras que anuncian que no está lejos la cordillera de los Andes, Tartagal fue fundada hace menos de 100 años en una tierra caliente, tanto en cuanto al clima como a la realidad social.

El descubrimiento de yacimientos de petróleo y gas marcó el auge y el ocaso de esta ciudad y su vecina General Mosconi, cuyos nombres remiten en Argentina al violento conflicto social de los años 90, disparado por los despidos masivos en la petrolera nacional YPF, en el contexto de las políticas neoliberales del presidente Carlos Menem (1989-1999).

Siete pueblos indígenas habitan en esta zona: guaraní, wichí, chané, toba, chulupi, tapiete y chorote. Si durante décadas los indígenas eran desplazados de sus territorios por la actividad petrolera, forestal, ganadera o la expansión urbana, en los últimos 20 años el disparador ha sido la ampliación de la frontera agrícola.

La lucha cotidiana por las tierras se refleja en la camiseta que viste Aída Valdez, integrante de la comisión de mujeres que gestiona la emisora, donde se lee: “No a los desalojos de las comunidades indígenas”.

Valdez trae, para vender en la puerta de la emisora, algunas verduras de la huerta que cultiva a pocos metros de su casa: vive en Yariguarenda, una comunidad guaraní ubicada a 13 kilómetros de Tartagal, que actualmente enfrenta un juicio de desalojo de una porción de sus tierras.

“Hace muchos años que estamos allí. Ya en 1904 se puso la cruz del cementerio de Yariguarenda, porque hasta ese momento los guaraníes enterraban a sus muertos en las casas. Y necesitamos espacio para sembrar”, contó a IPS más tarde durante una visita a su vivienda.

El proceso de ocupación militar de las tierras indígenas cerca de Tartagal, en los Siglos XIX y XX, y los sufrimientos de los indígenas fueron contados en un radioteatro de 13 capítulos, que se grabó en wichí y español y se llamó “Ocasos del pasado (Woko tenek)”.

Varias mujeres en el estudio de La Voz Indígena, que emite en las lenguas de los siete pueblos originarios de la provincia de Salta que entre otros programas. La radio difunde en vivo la mayoría de sus programas, como por ejemplo un radioteatro de 13 capítulos, en español y en lengua wichi, que relata cómo los indígenas fueron despojados de sus tierras en el norte de la Argentina. Crédito: Daniel Gutman/IPS

“Las comunidades periurbanas, en su mayor parte, han sido desplazadas de sus lugares de origen en el bosque por ocupantes que buscaban lugar para el pastoreo de sus animales, y últimamente por los intereses del agro”, explicó a IPS el antropólogo inglés John Palmer, quien llegó hace 35 años para estudiar las comunidades indígenas de la zona, se casó con una wichí y hoy vive en Tartagal con ella y sus cinco hijos.

El último censo argentino, de 2010, arrojó que hay 955.032 indígenas, 2,38 por ciento de la población total, divididos en 31 pueblos originarios, según cifras que especialistas consideran un subregistro. En la provincia de Salta, esa proporción se triplica, con 6,5 por ciento de la población que se autodefine como indígena.

Si bien desde 1994 la Constitución argentina reconoce a los pueblos indígenas la propiedad comunitaria de las tierras que ocupan ancestralmente, ese derecho en contadas ocasiones ha sido llevado hasta ahora a la realidad.

La problemática de las tierras, por supuesto, ocupa un lugar fundamental en la programación de La Voz Indígena, que solía transmitir durante 12 horas, de 8:00 a 20:00, pero que ahora solo lo hace de 7:30 a 15:00, debido a las restricciones presupuestarias que sufren la mayoría de los argentinos, por los aumentos de las tarifas de los servicios públicos y la inflación.

Pero la radio también se ocupa de otras cuestiones que tienen que ver con la defensa de las culturas y las lenguas indígenas, la historia de sus pueblos y la vida y derechos de las mujeres, en programas que generalmente se emiten en vivo y que en las primeras horas de la mañana se dedican a la actualidad.

María Miranda, de la comunidad guaraní 9 de Julio, dijo a IPS que la radio cumple una tarea fundamental, porque “hoy hay muchos indígenas que niegan su etnia, porque han sufrido discriminación. Los chicos ya no saben de la historia de los abuelos y nosotras tratamos que no se pierda”.

Ella reveló que su abuelo llegó en la década de los años 30 a la zona de Tartagal, caminando desde Bolivia: “Era sobreviviente de la Guerra del Chaco”, contó, en referencia al cruento conflicto que enfrentó a Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935.

Aida Valdez muestra el horno a leña en el que cocina, en el exterior de su casa en la comunidad guaraní de Yariguarenda, en las afueras de la ciudad de Tartagal, en el norte de Argentina. Actualmente, esa comunidad enfrenta un juicio de un particular que reclama una parte de las tierras que ocupan. Crédito: Daniel Gutman/IPS

La emisora tiene actualmente tres directoras que pertenecen a pueblos distintos: Lidia Maraz (toba), Nancy López (wichí) y  Felisa Mendoza (guaraní). No es un emprendimiento comercial y se sostiene con fondos de programas de cooperación y, a veces, con dinero del bolsillo de sus oyentes.

Para las y los indígenas que realizan los programas, a veces resulta un enorme esfuerzo llegar hasta la radio por el costo del pasaje en el transporte público, que sale el doble que en Buenos Aires, a 1.746 kilómetros al sureste de Tartagal.

La radio surgió a partir de encuentros iniciales sostenidos por mujeres indígenas a fines de la década de los 90 en la casa de Leda Kantor, una antropóloga llegada de Buenos Aires para trabajar en programas oficiales de apoyo a la agricultura familiar.

“Se trataba de hacer una actividad de recuperación de la memoria colectiva. Pensamos en grabar o en registrar en papel lo que surgiera, pero nos dimos cuenta que era un grupo muy motivado y que no había ningún medio de comunicación que los registrara”, contó a IPS.

Como Kantor era docente de Antropología en la carrera de Comunicación Social en la sede Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, luego de un tiempo de trasladaron allí sus encuentros y distintos docentes se involucraron en el proyecto.

“En realidad comenzamos a juntarnos en la universidad porque mi casa quedó chica. Y empezamos hacer talleres y capacitaciones sobre cuestiones básicas de comunicación popular”, dijo Kantor.

En 2000, las mujeres indígenas comenzaron a hacer un programa en Radio Nacional Tartagal, la filial local de la emisora estatal argentina. Pero fue en 2006 cuando pudieron, gracias a programas de financiamiento estatales, comprar un terreno, construir el edificio y lanzar La Voz Indígena, que desde entonces está en el aire.

“La mujer indígena es fuerte. Es la que trae a la casa el agua o la leña. Y tradicionalmente, los hombres que se casaban iban a vivir a las comunidades de sus esposas. Han sido los desalojos de los territorios los que han hecho que la mujer quede un poco a expensas del hombre”, afirmó Kantor.

Hoy, dice la antropóloga, “la radio sigue siendo un espacio de resistencia al avasallamiento cultural, en una ciudad en la que los indígenas nunca tuvieron un espacio para hacerse escuchar”.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El artículo Las mujeres hacen escuchar la voz indígena en Argentina fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Falta de fondos frena la piscicultura en jaulas de África

IPS español - ter, 13/11/2018 - 13:19

Pescadores en la parte ugandesa del lago Victoria. Uganda prueba métodos no tradicionales de pesca, como la piscicultura con jaulas. Crédito: Wambi Michael/IPS

Por Wambi Michael
INJA, Uganda, Nov 13 2018 (IPS)

Joseph Okeny, de 52 años, se hizo pescador en el lago Victoria en 1997, pero abandonó la actividad hace dos años, cuando la pesca ilegal estaba extendida y la captura era escasa.

“Podías quedarte casi todo el día en el lago y no sacar suficientes peces ni para el consumo doméstico ni para vender”, relató Okeny.

Uganda y la vecina Kenia promovieron la piscicultura en jaulas como método sostenible para garantizar el suministro sostenido de peces del lago Victoria.

El lago, el mayor de África y compartido por tres países, Uganda, Kenia y Tanzania, “experimentó un cambio drástico en su ecosistema, lo que derivó en la pérdida de más de 500 especies de peces haplochromini endémicos”, según el Plan de Gestión Pesquera del Lago Victoria.

Uganda comenzó a promover la piscicultura en jaula en 2006, una actividad que consiste en encerrar los peces en jaulas o canastas que flotan, un ancla y un marco, sumergidas a unos 10 metros de profundidad.

En ese país, las pequeñas tilapias de no menos de un gramo se almacenan en jaulas de crianza con una densidad de entre 1.000 y 2.500 peces. Se crían allí hasta los 15 gramos, en ocho semanas, y se almacenan en jaulas de producción para luego criarlas unos seis o siete meses más, hasta que llegan a los 350 o 600 gramos antes de ser cosechadas.

Pero la situación cambió desde que Okeny dejó la pesca.

El volumen de la reserva de peces en el lago aumentó 30 por ciento, en comparación con datos de 2016, según el Estatus de la Reserva de Peces del Lago Victoria, de 2017, publicado por el Instituto Nacional de Investigación de Recursos Pesqueros de Uganda (NaFIRRO), el Instituto de Investigaciones Pesqueras y Marinas de Kenia (KMFRI) y el Instituto de Investigación Pesquera de Tanzania (TAFIRI).

Eso también incluye reservas de percas del Nilo, introducidas en el lago en la década de los años 60.

Ejemplo de jaula utilizada para la piscicultura en jaula en el lago Victoria, en África. Crédito: Wambi Michael/IPS.

El aumento de la reserva de peces también quedó documentado en un estudio del Centro de Investigación de Política Económica, de la Universidad de Makerere, que señala que solo en Uganda, la piscicultura aumentó de unas 10.000 toneladas al año, en 2005, a unas 100.000 toneladas, en 2013, lo que representa 20 por ciento de la producción nacional de pescado.

El estudio precisa que se produjeron 899 toneladas de pescado en jaulas cada ciclo de producción, que dura de seis a ocho meses.

Hubo 28 piscicultores en Uganda con unas 2.135 jaulas en total en el entorno del lago Victoria. Pero KMFRI informó que ese número se acerca más a 3.696.

Cuando IPS visitó el distrito de Jinja, en los alrededores del lago Victoria, descubrió que seis granjas de piscicultura estaban en manos de extranjeros. La mayor de ellas, vende a la población de la zona de Bugungu, donde se instalaron varios criaderos en estanques. El resto exporta a Kenia, República Democrática del Congo y Europa.

No hay muchos pescadores locales dedicados a esa actividad debido a los costos.

Además del costo de la jaula, que ronda los 350 dólares, se suman los huevos o los alevines, dependiendo del tamaño, cuestan unos 270 dólares, según (NaFIRRI), a lo que hay que agregar el costo de la alimentación de los peces.

“La piscicultura en jaulas es extremadamente cara y mantiene a los peces en superficies pequeñas”, coincidió el biólogo Richard Ogutu-Ohwayo, en diálogo con IPS.

“Si no los cuidas bien, no solo se perjudicará el ambiente, sino tú también”, acotó el especialista en ecología de NaFIRRI, quien trabaja en el sector desde hace 40 años.

Al ver una jaula abandonada, Okeny explicó que pertenecía a una compañía internacional. La población local trató de dedicarse a la piscicultura, pero no se asesoraron bien y los costos fueron excesivos.

La encuesta “Perspectivas de la Piscicultura en jaulas en el sudoeste de Uganda”, publicada en junio, señala que la falta de fondos es la principal limitante para la acuicultura, y no la falta de alimentos o de alevines, como sugieren otras investigaciones en África subsahariana.

Uno de los investigadores de la encuesta, Gerald Kwikirizaa, señaló que el gobierno puede impulsar esa actividad mediante subsidios a los pequeños productores, en especial si los alimentos flotantes se producen en el país.

El desarrollo de la pesca figura en la Agenda para 2030, que incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con países que buscan respaldar la recuperación de las reservas de peces para mejorar las dietas, que sean saludables y diversas.

Además, la forma de erradicar el hambre, garantizar el suministro de alimentos y promover la buena salud y una pesca sostenible también formarán parte de la Conferencia sobre Economía Azul Sostenible, que se realizará en Nairobi del 26 al 28 de este mes.

Más de 7.000 participantes de 150 países discutirán, entre otras cosas, cómo construir comunidades seguras y resilientes y garantizar cuerpos de aguas saludables y productivos.

África debe utilizar sus cuerpos de agua internos para producir más pescado, en vez de depender de las poblaciones silvestres en declive, opinó Ogutu-Ohwaayo.

Si se desarrolla de forma adecuada y sistemática, puede ser otro medio para producir alimentos, apuntó, y añadió que 21 por ciento de Uganda es agua dulce, es decir que las tierras para la producción de alimentos son escasas.

La población ugandesa, que aumenta tres por ciento al año, no sobrevivirá solo con peces silvestres, apuntó.

La acuicultura es la industria alimentaria que más rápido crece en el mundo y es una opción para cubrir el falta de producción de pescado, observó Ogutu-Ohwayo.

La producción pesquera, tanto la captura como la acuicultura, de Uganda se estima que asciende a 400.000 toneladas al año, que no alcanzan para cubrir la creciente demanda. Los seis kilogramos por persona que se consumen están muy por debajo de los 17,5 kilogramos recomendados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud.

“Estoy convencido de que África no debe quedar rezagada en el cultivo de peces en jaula. Tenemos la capacidad de no quedar atrás”, opinó Ogutu-Ohwayo, también integrante de la Asociación Internacional para la Investigación de los Grandes Lagos, una organización de científicos que estudian los Grandes Lagos, de Estados Unidos, entre otros de otros países, y sus cuencas.

El proyecto “Promocionando una acuicultura ambiental, económica y socialmente sostenible en los Grandes Lagos de África (PESCA)”, forma parte de los esfuerzos para atender las distintas dificultades que plantea la piscicultura en jaulas.

PESCA, que opera en Uganda, Kenya, Tanzania, Zimbabwe y generalmente en los Grandes Lagos de África, comenzó a funcionar en junio de este año.

“Existe la preocupación de que la piscicultura en jaulas perjudique la calidad del agua. Queremos desarrollar herramientas para promover esa actividad de forma sostenible y respetando el ambiente”, precisó Ogutu-Ohwayo.

Traducción: Verónica Firme

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