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Municipio mexicano después de la tragedia de la explosión

IPS español - seg, 21/01/2019 - 14:37

Familiares buscan datos sobre sus desaparecidos en el estallido del ducto de gasolina en el municipio mexicano de Tlahuelipan, . Crédito: Ximena Natera/Pie de Página

Por Arturo Contreras
TLAHUELIPAN, México, Jan 21 2019 (IPS)

La explosión de un gasoducto en el municipio de Tlahuelilpan, en el estado mexicano de Hidalgo, parece haber volteado al pueblo de cabeza. Desesperada, la gente no deja de recorrer las calles en busca de una pista para encontrar a sus familiares. Un pueblo cuyo conocimiento en el mundo se desbordó con el estallido de gasolina el 18 de enero.

“Yo fui a alcanzar a mi papá”, cuenta Liliana Reyes, en este municipio del centro de México. “Cuando empezó a bajar la gasolina, él se fue para allá, con mi hermano y mi esposo, a traer… Entonces vi a los trabajadores de Pemex y fui a avisarles, a decirles que se regresaran, pero ya no alcancé a llegar, porque fue cuando explotó…”.

La familia de Liliana Reyes tiene vacas y pollos, dice su tía, Carmen. Todos los días suelen ir al cerro en su camioneta, para alimentarlos. Sin embargo, la última semana han hecho el trayecto a pie, porque la gasolina había estado escaseando en este municipio.

Pensaron que si recogían unos cuando bidones del combustible en el ducto que explotó se podrían ahorrar una semana de largas filas.

La comunidad, un pueblo de 30.000 habitantes en el central estado de Hidalgo, es hogar de gente que se dedica al campo, al comercio o a trabajar en la refinería petrolera de Tula, que se encuentra a solo 15 kilómetros.

Carmen Reyes Orozco, la tía de Liliana, asegura que en la comunidad de San Primitivo, perteneciente a la demarcación, son tan pobres que ni para los vicios alcanza. Según las estadísticas más recientes, 55 por ciento de los habitantes del municipio son oficialmente pobres.

Por esta comunidad cruza el gasoducto de Tuxpan, Veracruz, hacia la refinería de Tula. El mismo que este viernes se rompió y empampó los campos de Tlahuelilpan.

Carmen Reyes Orozco, quién perdió a su hermano mayor en la explosión del gasoducto, pasa la mañana del sábado en el centro cultural que el municipio de Tlahuelilpan acondicionó para atender a los familiares de las víctimas. Busca a dos de sus sobrinos, vistos por última vez cerca de la toma clandestina en el momento del incendio. Crédito: Ximena Natera/Pie de Página

El “lugar donde se riega la tierra” -según su significado en lengua hñähñu-, quedó inundado de gasolina.

Desde las tres de la tarde, cientos de pobladores salieron de sus viviendas con bidones para hacerse del combustible. A las 6:50, el ducto explotó. Dejó, según las cifras oficiales, 73 muertos, 74 heridos y una cantidad aún imprecisa de personas no localizadas.

El papá de Liliana, Lorenzo Reyes, logró escapar de la explosión, pero murió unas horas después debido a las quemaduras. De su esposo, Isaac Guzmán, y su hermano, Alejandro Reyes, aún no tiene noticias.

¡Dónde está mi familiar!

Es el día siguiente de la explosión. Cientos de familiares de las víctimas salen al campo donde estalló el ducto, para vigilar cómo los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo levantan restos de personas calcinadas.

Una tras otra, del lugar del accidente parten carrozas fúnebres llenas de cuerpos. Todas, de funerarias diferentes. Las autoridades del lugar aseguran que se dirigen a la funeraria Los Ángeles, en la ciudad de Tula, a 15 kilómetros al este. Algunos familiares, extrañados, reclaman.

“¡No queremos que las funerarias se los lleven!”. “¿Qué no tienen camionetas de Semefo -Servicio Médico Forense- suficientes?”. “¡Las funerarias sólo quieren vender cajitas!”. “¡Si fueran diputados, cada cuerpo tendría su propia camionetota!”…

La multitud grita en desorden.

Una perito forense recoge restos óseos (dentadura) en el lugar de la explosión. Los cuerpos recuperados fueron enviados a una morgue privada en el municipio de Tula, a 15 km del Tlahuelilpan, lo que causó descontento entre los familiares. Crédito: Ximena Natera/Pie de Página

“Sabemos cómo está el pedo del país, ya vieron lo que pasó con los de Ayotzinapa. Queremos saber a qué funeraria los van a llevar y no queremos que nos traigan de aquí para allá”, reclama alguien más.

Los gritos son para Juan Luis Lomelí, subsecretario de Gobierno del estado de Hidalgo, quien coordina los trabajos de levantamiento de los cuerpos. Entre gritos y reclamos, el funcionario intenta dar una explicación.

Asegura que no son varias funerarias, sino que es una sola. Y que se llevan los cuerpos ahí porque no caben en el Semefo local. Dice que allá limpiarán los cuerpos, serán analizados y preparados para tomarles muestras genéticas que ayuden con su identificación.

No importa, los reclamos de la gente no se detienen en ese detalle, la desesperación los hace pensar mal de quien sea, sobre todo si es el gobierno.

Para abonar al ánimo encrespado, la gente recuerda algo que pasó la noche anterior: el Ejército enterró el ducto para sofocar el fuego. Pero los familiares de las víctimas tienen miedo de que no lo desentierren y que no puedan encontrar nunca los restos de sus familiares.

Sus nervios son entendibles; la mayoría de los que están ahí han pasado toda la noche en el descampado. Vigilando.

Bidones, cubetas, botellas y jícaras abandonadas cerca del lugar de la explosión de la toma clandestina de gasolina. Crédito: Ximena Natera/Pie de Página

Lo que han visto no hace las cosas fáciles: decenas de cuerpos calcinados, esparcidos por el campo, apenas iluminados por los focos de los trabajos periciales y por una pálida luna. Muchos, petrificados en su último momento de vida, con las manos cubriendo la cara.

Un pueblo que ayuda

Desde las primeras horas de la explosión, pobladores de todas las colonias (barrios) del pueblo salieron a ofrecer su ayuda. Unos con jarras de café en la madrugada, otros, con galletas y pan; los más hacendosos, con tortas y otros platillos.

Uno de los que más llaman la atención es Pedro Servar, quien acaba de empezar su negocio: una fábrica de ataúdes. Va a donar uno de los primeros que armó, para quien lo necesite.

Además, está Gustavo, un trabajador de servicios del municipio, quien dice que su apellido es Cerati, con ánimo de no ser identificado. Asegura que desde que vio la explosión corrió a ayudar a apagar el fuego.

“Yo tengo valor, y no le tengo miedo a nada, pero ves eso y sí dices ¡no mames!, ver los bultitos así quemados… vi dos que parecían niños, abrazándose…”.

Su testimonio ayuda a tener una idea del tamaño de la tragedia.

Muchos, petrificados en su último momento de vida, con las manos cubriendo la cara.

Pedro Servar, vecino de Tlahuelilpan y fabricante de ataúdes, se presenta en el lugar de la explosión para donar uno de sus féretros. Crédito: Ximena Natera/Pie de Página

 

Era un tubo de unos 24 centímetros de diámetro, con una llave de paso”, explica. “Luego, por tanta presión que traen los tubos, esas llaves se botan, y hacen que empiecen este tipo de fugas. Por eso empieza a salir tanta gasolina de los ductos”.

Del resto, se encargaron los rumores boca a boca ayudados por las redes sociales. Así, cientos de pobladores fueron saliendo hacia el lugar de la fuga, a llenar bidones con combustible, aún a sabiendas de la posible tragedia que los amenazaba.

Rosario Adriana Serrano Vázquez es otra de las pobladoras del municipio que puso todo su esfuerzo en ayudar a sus vecinos. Ella es cocinera del albergue del DIF en el pueblo, y a pesar de que hoy no le hubiera tocado trabajar, vino a cocinar ollas inmensas de chicharrón en salsa verde para darle de comer a los familiares que atiborran la presidencia municipal.

Rosario, una mujer de unos 40 años, vive en la colonia (barrio) El Depósito; que se encuentra junto a la colonia San Primitivo. Justo en medio de las dos, está el campo donde sucedió el accidente.

“No es de una persona, allá donde yo vivo, de mi cuadra, no le miento, hay al menos unos 20 muertos”, comenta sin dejar de remover el enorme cazo con salsa verde. “Afectó a todo el pueblo”, dice cabizbaja.

El huachicol  en el pueblo

“Cuando yo tomo las riendas del municipio en 2016, me encuentro con que este tema ya está muy arraigado”, asegura Juan Pedro Cruz Díaz, presidente municipal de Tlahuelilpan.

Asegura que el alza en el precio de los combustibles en los últimos años ayudó a que la práctica del huachicol (toma ilegal de gasolina) fuera cotidiana para la gente.

Hipólito Román, poblador de Tlahuelilpan, presenta la denuncia por desaparición de su hijo Jesús Román de 25 años en el ministerio público de Mixquihualpan a media hora del lugar del accidente. Crédito: Ximena Natera/Pie de Página

“Muchos vecinos de la colonia Cerro de la Cruz se dedicaban a este ilícito, donde acumulaban el combustible en sus casas y de allí era vendido al menudeo, a los vecinos que se acercaba a comprarles.

“Afortunadamente no se trata de ninguna organización grande y pues, por fortuna, en el pueblo solo hemos tenido una ejecución, y no sabemos si se trata de este tema completamente”…

Lo que cuenta el presidente del municipio no parece cuadrar con el diagnóstico del Ejército, que patrulla las colonias de la zona desde hace más de cuatro meses, ni con el número de tomas clandestinas que se han encontrado durante este tiempo en los alrededores.

Un hombre esconde su dolor en medio de la búsqueda de un familiar desaparecido. Crédito: Ximena Natera/Pie de Página

“Nosotros hemos hecho muchas puestas a disposición por este delito, a la PGR, pero bueno…lamentablemente tenemos una cuadrilla de 40 elementos que, dividida en dos turnos, son 20 para cuidar a 30 mil habitantes. No nos alcanza para apoyar a Pemex en la vigilancia de sus ductos…”, argumenta el alcalde.

La eterna espera

A un lado de la Presidencia Municipal del poblado está el Centro de Artes. Este fin de semana fue adaptado como centro de atención e inteligencia para los familiares de las víctimas.

Aquí es a donde las autoridades mandan a la gente desesperada por encontrar a sus seres queridos.

Gente con vasos de café en las manos, y los ojos rojos por el cansancio y las lágrimas, espera alguna información, que fluye a cuentagotas.

En las ventanas hay hojas de papel con listas de personas hospitalizadas, fallecidas y no localizadas. Adentro, oficinistas del gobierno capturan datos en sus computadoras. Afuera, una pantalla tamaño concierto proyecta la misma listas.

Aun así, la gente dice que nadie les da información.

Cerca del mediodía las trabajadoras del DIF local atinan a poner una cartulina en la entrada, donde se explica el protocolo para levantar un acta ante el Ministerio Público, y que después, a partir de ésta, se pueda hacer una confronta de información genética.

El detalle: el Ministerio Público más cercano está en el pueblo de Mixquiahuala, 11 kilómetros al norte. Y los cuerpos están en Tula, una ciudad 13 kilómetros al oeste, en una funeraria privada.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó apresurar los procesos de identificación genética, el avance es lento. Hasta el momento, no han arrojado ningún resultado.

“Aquí me tienes”.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

El artículo Municipio mexicano después de la tragedia de la explosión fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

A tropa de choque de Bolsonaro no Congresso

Pública - seg, 21/01/2019 - 14:24

Se em 2014 o Partido Social Liberal (PSL) acabou as eleições como nanico no Congresso, com somente um senador e um deputado eleito, na disputa eleitoral de 2018 a sigla saiu como uma das maiores forças político-partidárias do Brasil. O peso parlamentar da legenda já se mostrou antes mesmo do início das atividades, em fevereiro. Na negociação para sua reeleição à presidência da Câmara, Rodrigo Maia (DEM) prometeu ao PSL a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a mais poderosa da casa, responsável por avaliar se os projetos de lei ferem ou não a Constituição.

No Congresso Nacional, o PSL conta com 56 parlamentares, sendo 4 senadores e 52 deputados federais. O partido elegeu deputados federais em todos os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com exceção do Distrito Federal, emplacando ainda eleitos em metade dos estados das regiões Norte e Nordeste. Vinte e um parlamentares são ligados à área de segurança pública e, nesse grupo, 11 jamais disputaram eleições antes. É o caso do Major Vitor Hugo (GO), que já em seu primeiro mandato assumirá o posto de líder do governo na Câmara.

Reprodução YoutubeO estreante Major Vitor Hugo, que será líder do governo na Câmara, ao lado de Jair Bolsonaro, em vídeo postado no seu canal em janeiro de 2018

Consultando informações de processos na Justiça, cadastros de empresas, financiamentos de campanha e outras fontes, a Pública investigou quem é quem na bancada do PSL, trazendo à tona novas informações sobre o histórico turbulento da tropa parlamentar do presidente Jair Bolsonaro em Brasília.

Bancada da bala, empresas privadas e Polícia Federal

Ao todo, 21 deputados trabalham ou já atuaram em órgãos públicos de segurança. A tropa é formada por 6 policiais militares, 6 militares do Exército, 5 policiais federais e 4 policiais civis.

Além disso, pelo menos três deputados também possuem negócios de segurança privada. Coronel Tadeu e o ator Alexandre Frota constam como sócios em empresas do ramo na Receita Federal. Ambos foram eleitos para a Câmara pelo estado de São Paulo, onde uma em cada quatro empresas de segurança é ligada a policiais. Já Julian Lemos, deputado e primeiro vice-presidente do partido, foi mencionado em uma reportagem do Buzzfeed em dezembro apontando suspeita de utilização de parentes do deputado como laranjas em empresas do ramo.

O deputado Coronel Tadeu consta como único sócio da Express One, empresa de segurança empresarial criada em 2014, que possui capital social de R$ 110 mil. No entanto, a firma não está autorizada pela Polícia Federal a exercer segurança privada e, no dia 25 de outubro de 2018, por meio de um ofício emitido pelo órgão, foi ordenado o encerramento desse tipo de atividade na empresa do deputado.

Assim como o senador Major Olímpio, Coronel Tadeu vem das fileiras da Polícia Militar de São Paulo. Junto com o major e outros oficiais, escreveu em 1997 um livro que causou polêmica. Segundo notícia da Folha de São Paulo, na publicação, eles defendiam o armamento da população e argumentavam que um bandido é uma pessoa “menos humana”. Olímpio não sofreu sanções. Na época ele fazia a escolta do ex-governador Fleury. O então capitão Tadeu foi transferido pela PM para outras funções, por “contrariar a visão da instituição”, de acordo com declaração do chefe do setor de relações públicas da PM à Folha.

Já o ator Alexandre Frota aparece como sócio em 7 firmas jurídicas, apesar de não ter declarado nenhum bem à justiça eleitoral. A maioria são empresas de produções artísticas, mas ele consta também como sócio-administrador da Segurança Frota Comando III, empresa de vigilância e segurança privada. O endereço registrado é de um imóvel no centro do Rio de Janeiro, localizado em um prédio de uso misto, tanto comercial como residencial. A Agência Pública foi ao local e não encontrou ninguém, mas foi informada na portaria que a sala é utilizada como residência.

Nomes de destaque no ramo de segurança privada e vigilância patrimonial também ajudaram a eleger o deputado Marcelo Freitas, ex-chefe da Polícia Federal em Montes Claros (MG). Ele declarou ter mais de R$ 1 milhão em bens e consta como o maior apoiador de sua própria campanha, autofinanciando-se com mais de R$ 146 mil na corrida à Câmara. Também o apoiaram Ivaldo Naves, do Grupo Rodoban, empresa de transporte de valores, e Gustavo Lellis, do Grupo Magnus, que atua no ramo de segurança privada. Eles aportaram R$ 20 mil e R$ 25 mil, respectivamente.

Maçons e membros da velha política

Mesmo com discurso de renovação na política e com uma quantidade expressiva de estreantes, fato é que a maioria da bancada do PSL na Câmara ainda é formada por políticos de carreira. Segundo levantamento do El País, 28 dos 52 deputados já disputaram pelo menos um mandato antes das eleições de 2018.

Alguns possuem quase duas décadas de atuação política, como o presidente do partido, Luciano Bivar, e a deputada Aline Sleutjes, ex-vereadora da cidade de Castro (PR), que já passou por três legendas e, mais recentemente, trabalhava como chefe de gabinete do deputado estadual missionário Ricardo Arruda (PSL), no Paraná. Felipe Francischini e Filipe Barros, os outros dois deputados eleitos no estado pelo PSL no Paraná, também não são estreantes.

Filipe Barros é parte do Movimento Brasil Livre (MBL) e fez carreira em sua cidade natal, Londrina, dedicando boa parte de sua atuação política ao conservadorismo e à luta pelo fim do ensino de temas relacionados a sexualidade e gênero nas escolas. Antes de chegar ao partido de Bolsonaro, ele passou pelo PSDB, PRB e Solidariedade e, em 2016, disputou sua primeira eleição. No mesmo ano, foi denunciado por racismo pelo Ministério Público, por comentários preconceituosos postados em sua página no Facebook contra uma peça relacionada a religiões de matriz africana, encenada em programação oficial em frente à prefeitura de Londrina. A denúncia foi recebida pela Justiça em abril de 2017 e o caso tramita na Vara Criminal de Londrina.

Já Felipe Francischini chegou à política por intermédio de sua família, ligada a setores evangélicos. Seu pai, o delegado e ex-deputado federal Fernando Francischini (PSL-PR), foi um dos principais responsáveis pela articulação que levou Jair Bolsonaro ao seu atual partido, o nono da carreira do presidente. Em outubro de 2018, o Ministério Público Federal (MPF) pediu a cassação de Fernando Francischini por uma transmissão ao vivo no Facebook, em que divulgou informações falsas relacionadas a supostas fraudes nas urnas no dia das eleições. Antes disso, o delegado já havia destinado R$ 24 mil de sua cota de recursos como parlamentar na Câmara para uma empresa ligada à rede RFA, que apoia Jair Bolsonaro e é criticada por veicular notícias falsas.

Em 2018, Fernando Francischini saiu do seu segundo mandato na Câmara, em Brasília, para se tornar deputado estadual no Paraná, mas não sem antes ajudar na eleição do seu filho, Felipe Francischini. Já sua esposa, Flávia Francischini, foi escolhida como secretária-geral do PSL por Luciano Bivar.

Outro caso semelhante é Carlos Manato, candidato do PSL derrotado ao governo do Espírito Santo, que deixou a Câmara dos Deputados após quatro mandatos consecutivos, mas elegeu a sua esposa, Soraya Manato, para uma das cadeiras capixabas no Parlamento. Apoiador de Bolsonaro, ele foi apontado como um dos incentivadores do motim que parou a Polícia Militar no estado em 2017. Em sua primeira eleição, Soraya Manato (PSL) foi eleita deputada federal com 57.741 votos.

Manato chegou a afirmar em entrevista que a candidatura da esposa nasceu de uma “necessidade partidária, devido à questão de preenchimento de vagas para mulheres”. Soraya se filiou ao PSL dois dias depois do prazo legal estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas sua candidatura foi aceita.

No fim, o PSL cumpriu por pouco a cota mínima de 30% de candidaturas femininas, tornando-se umas das siglas com menor representatividade de mulheres em seu quadro de postulantes a cargos públicos em 2018. Das 1.543 candidaturas, apenas 466 eram de mulheres, ou seja, 30,2%, sendo as regiões Sudeste e Nordeste as que mais contribuíram com candidaturas femininas. Na bancada eleita do PSL no parlamento federal, estão 11 mulheres e 45 homens.

Representante da velhíssima política, apesar de concorrer pela primeira vez nas urnas, o deputado monarquista Luiz Philippe de Orleans e Bragança é sobrinho de Luís Gastão de Orleans e Bragança, que por sua vez é trineto de dom Pedro II e atual chefe da Casa Imperial do Brasil, associação que visa restaurar a monarquia no país.

Luiz Philippe também é um dos três candidatos maçons do núcleo paulista do PSL. O deputado Guiga Peixoto e o senador Major Olímpio lhe fazem companhia. Nas eleições passadas, os três foram apoiados pelo Grupo Estadual de Ação Política da maçonaria de São Paulo.

Por outro lado, o PSL acolheu lideranças dos novos movimentos de direita, que surgiram em meio ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, como a advogada Caroline de Toni (SC), do Movimento Brasil Livre, e as deputadas Carla Zambelli (SP) e Alê Silva (MG), do movimento Nas Ruas.

Assim como houve espaço para membros de organizações conservadoras católicas, como o Centro Dom Bosco, no qual atua a advogada Christine Tonietto (RJ), eleita este ano pelo PSL. Outra das cadeiras do Rio de Janeiro conquistadas pelo partido é ocupada pelo deputado Lourival Gomes, ex-suplente de Luiz Carlos Ramos, político carioca e ex-secretário do bispo Marcelo Crivella, prefeito da capital fluminense.

O presidente do PSL: acusações de dano ambiental e de propina por jogador

É inegável que o PSL foi impulsionado pela performance eleitoral de Jair Bolsonaro, mas o partido está longe de se resumir ao atual presidente da República, que é um recém-chegado à legenda, depois de atuar em outros oito partidos.

O grande mandachuva é Luciano Bivar, deputado federal por Pernambuco desde 1999, considerado o “dono” do PSL.

Bivar é um tradicional empresário da elite pernambucana. Seu pai foi presidente do time de futebol Sport nos anos 1950 e, durante sua juventude, Luciano jogava tênis no clube e era figura frequente nas colunas sociais e esportivas da imprensa local. Como empresário, entrou no ramo de seguros ainda nos anos 1970, trabalhando na Delphos, seguradora responsável pelos imóveis comprados via Banco Nacional de Habitação na região.

Reprodução FacebookAtual presidente do PSL, o pernambucano Luciano Caldas Bivar ao lado do presidente eleito, em foto postada em sua fanpage no Facebook, em junho de 2018

De acordo com o levantamento feito pela Pública com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral, Bivar é o parlamentar no qual o PSL mais investiu recursos na campanha de 2018: R$ 1,9 milhão. Não foi à toa. Seu envolvimento com o partido que hoje aloja Bolsonaro é umbilical.

Após uma breve passagem pelo PL, Bivar se filiou ao PSL em 1998, logo nos primeiros anos do partido, e assumiu a presidência do Diretório Nacional, conseguindo o registro definitivo da sigla. Desde então, não saiu mais. Em 2006, arriscou candidatura à Presidência do Brasil com a bandeira do imposto único, mas ficou em último lugar.

Sua atuação no Congresso ficou marcada pelo alinhamento à “bancada da bola”, grupo de parlamentares que representam principalmente os interesses dos clubes de futebol. Faz sentido, já que ele seguiu os passos do pai e foi presidente do Sport por quatro vezes entre os anos 1989 e 2013. Naquele ano, Bivar expôs as entranhas das negociações futebolísticas, ao afirmar ao canal SportTV que pagou “uma comissão” para ter o jogador Leomar Leiria convocado para seleção que disputaria a Copa das Confederações de 2001. O ex-jogador era um dos volantes titulares na seleção de Emerson Leão.

Por conta disso, Bivar é réu em uma ação de indenização por danos morais no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE). O ex-jogador sentiu a carreira prejudicada e abriu um processo contra o empresário. Nos autos da ação, Bivar negou ter dito que pagou comissão. De acordo com a plataforma do TJ-PE, o caso ainda não foi arquivado e a última movimentação se deu em novembro de 2015.

Outras acusações

Desde 1993, Bivar foi réu em outras 14 ações no TJ-PE. Alguns casos prescreveram e, em outras, ele foi inocentado.

Um exemplo é o caso em que Bivar foi acusado de formação de quadrilha e escuta ilegal pelo ministério público federal. A acusação corresponde ao envolvimento na Operação Vassourinha, deflagrada pelo Ministério Público Federal (MPF) de Pernambuco, em 2002. Ao todo, o MPF apontou 16 pessoas envolvidas com uma organização criminosa que funcionava como uma empresa, oferecendo serviços como o fornecimento de informações sobre operações policiais desencadeadas contra os contratantes. Segundo a denúncia, os integrantes da organização criminosa valiam-se da estrutura da Polícia Federal para levantar informações em outros órgãos públicos, a fim de serem utilizadas em proveito dos “contratantes”. Também eram realizadas investigações policiais paralelas, em proveito dos interessados, além de outras condutas delituosas como interceptações telefônicas clandestinas.

O Ministério Público imputou a Bivar, a princípio, os crimes de formação de quadrilha e interceptação de comunicação telefônica sem autorização judicial. Porém, os crimes prescreveram antes da conclusão do processo e Bivar não chegou a ser julgado.

Atualmente, o presidente do PSL é acusado um processo que tramita em segunda instância, na Justiça Federal de Pernambuco e no Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF5), por dano ao meio ambiente.

O caso de dano ambiental ocorreu na cidade litorânea de Ipojuca, em Porto de Galinhas, Pernambuco. Entre 1990 e 2000, o Ibama autuou e embargou a obra do Loteamento Marinas do Aquirá por dez vezes, pois o empreendimento invadia os manguezais na praia de Toquinho para a construção de um pontal artificial. Uma casa no condomínio de Marinas do Aquirá é anunciada hoje em sites especializados por R$ 2 milhões.

Além de Luciano Bivar, respondiam pelo empreendimento Pedro de Petribu Filho e a empresa Conicil Construção Industrial e Civil. O Ministério Público e o IBAMA entraram com ação civil pública contra eles, por conta do corte e aterro de manguezais, além de terem construído dentro de uma área de preservação permanente. Em 2005, foram condenados pela Justiça Federal de Pernambuco a pagar R$ 10 milhões por danos morais ambientais gerados com a degradação de manguezais. Porém, 14 anos depois, a dívida ainda não foi paga, pois ainda tramitam recursos no TRF 5 e na 12 Vara da Justiça Federal de Pernambuco referentes ao processo.

Segundo os autos do processo que tramitam na 12º Vara Federal de Pernambuco, Bivar e os demais responsáveis recorreram, tentando diminuir a condenação imposta na sentença, mas o pedido foi rejeitado pelo STJ e TRF 5. De acordo com a decisão do judiciário federal,“os depoimentos testemunhais, as verificações in loco e os autos de infração lavrados dão conta de condutas lesivas praticadas pelos três demandados na presente ação”.

Um dos recursos interpostos por Bivar pedia a redução do valor a ser pago por Danos Morais Ambientais, pois, como não havia estudo para definir o grau de responsabilidade de cada réu, não seria justo que todos pagassem o mesmo valor. Então, a justiça federal sentenciou que, após concluído o estudo, o custeio deveria ser dividido entre os réus, conforme a responsabilidade cada um.

“No que toca ao cumprimento do dispositivo da sentença, destaco que, sem a realização do estudo determinado em antecipação de tutela e ratificado na sentença, se mostra impossível a delimitação exata da responsabilidade. Entrementes, uma vez concluído o estudo e apurados os limites da responsabilização, o custeio deverá ser repartido na forma estabelecida pelo estudo e aquele que arcou com despesas a maior será prontamente ressarcido pela outra parte”.

O relatório do MPF denunciava Bivar pela prática de várias ações predatórias na área estuarina do rio Aquirá, bem como na praia de Toquinho, no município de Ipojuca, sem autorização da Agência Estadual de Meio Ambiente e IBAMA, no loteamento Marinas do Aquirá.

À época, o atual presidente do PSL alegou que, “as obras efetuadas no local tiveram o escopo de ‘evitar a erosão e o avanço do mar’, em face da omissão do Poder Público, de forma que cada proprietário adotou medidas para conter os avanços das águas”.

A última movimentação foi em setembro de 2018. Além da multa, eles também foram impedidos de realizar ou continuar qualquer obra no pontal artificialmente criado na praia de Toquinho.

No ano passado, o MPF pediu explicações à Prefeitura de Ipojuca, pois a Associação de Moradores de Marinas no Aquirá estaria impedindo o acesso público a um rio e a praias locais.

A Pública tentou entrar em contato com Bivar diretamente e através de sua assessoria, mas não recebeu nenhuma resposta.

Na atual Direção Executiva do PSL, Bivar escalou antigos aliados para ocupar posições importantes. O tesoureiro é José Tupinambá, que se filiou em 1999, e o vice-presidente é Antônio de Rueda, filiado em 2003. Ambos são ligados também às empresas de Bivar, como a Excelsior Seguros e a Porto Novo Recife.

Pela ala bolsonarista, na direção nacional do PSL, os filhos Flávio e Eduardo Bolsonaro assumiram respectivamente as secretarias de formação política e assuntos parlamentares. Já na primeira e segunda vice-presidências, estão acomodados o deputado federal Julian Lemos e Gustavo Bebianno, braço-direito de Bolsonaro, segundo vice-presidente do PSL.

Juíza eleita senadora é ré em caso de caixa 2

No Senado, Bolsonaro contará com quatro senadores do seu partido: Flávio Bolsonaro (RJ) e o Major Olímpio (SP) deram seguimento a suas carreiras no Parlamento, enquanto duas mulheres do meio jurídico estrearão na política já como senadoras. Além de atuarem com direito na região Centro-Oeste, a advogada Soraya Thronicke (MS) e a juíza aposentada Selma Arruda (MT) possuem também em comum o discurso anticorrupção.

Selma Rosane Santos Arruda ganhou notoriedade por mandar prender políticos do Mato Grosso, como o ex-governador Silval Barbosa (MDB), acusado de chefiar um esquema de desvio de dinheiro público no governo, e o ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, José Geraldo Riva (PSD).

Mas Selma também é ré na Justiça do Mato Grosso.

Em um dos processos existentes, a empresa Genius Produções Cinematográficas alega ter a receber R$ 534 mil, acrescidos de uma multa de R$ 625 mil, por serviços prestados na campanha de Selma Arruda. De acordo com a prestação de contas, divulgada pelo TSE, a juíza aposentada recebeu em doações um total de R$ 1,8 milhão, sendo R$ 330 mil destinados ao pagamento da Genius.

Senado FederalA juíza aposentada Selma Arruda foi eleita senadora pelo Mato Grosso com 678 mil votos

Por conta desta ação da Genius, outra ação foi impetrada na Justiça Eleitoral. O autor é o candidato derrotado ao Senado, Sebastião Carlos (Rede-MT), que acusa a senadora eleita de abuso de poder econômico e gastos fora do período eleitoral por conta da contratação da Genius Produções Cinematográficas.

“Se nós estamos querendo passar esse país a limpo, não podemos criar uma situação de desigualdade como ela criou neste processo eleitoral, fazendo gastos fora do período e além disso, superando o teto permitido para a candidatura”, explicou o ex-candidato ao senado à Agência Pública. O político acredita que pode ter havido Caixa 2 na campanha. Eexistem gastos que não foram declarados pela senadora, então por isso, acreditamos que ela venha a extrapolar o limite permitido”. O teto para as campanhas ao Senado no Mato Grosso era de R$ 3 milhões.

A pedido da justiça eleitoral, foi solicitada a quebra de sigilo bancário de Selma e Beto Possamai. No último dia 17, por meio de despacho o desembargador Pedro Sakamoto deu um prazo de 5 dias para que os registros financeiros fossem enviados pelos bancos.

O Ministério Público Eleitoral de Mato Grosso (MPE-MT), ao analisar a prestação de contas da campanha afirmou, por meio de parecer, existirem indícios de despesas de natureza político-eleitoral contratadas e executadas fora do prazo legal, além de pagamento com dinheiro proveniente de caixa dois ou empréstimo pessoal. Hoje, o MPE-MT é co-autor na ação impetrada pelo ex-candidato ao senado Sebastião Carlos.

Um dos gastos identificados pelo MPE se refere ao abastecimento de uma aeronave. “…Não verificamos os gastos eleitorais relacionado aos abastecimentos e pilotagem da aeronave cedida, caracterizando omissão de gastos de campanha, os quais deveriam ser registrados no ato da sua contratação (art. 38, §1o da Res. 23553)”, afirma o órgão em seu parecer.

Sobre os processos acima citados, a senadora eleita afirmou: “Por enquanto, prefiro apenas afirmar que confio na Justiça Eleitoral e estou tranquila em relação a isso. Com relação à origem do dinheiro, está também provado nos autos que veio do meu primeiro suplente, que foi o financiador da minha campanha. Trata-se de autofinanciamento, portanto, não há limite de doação e nenhuma ilegalidade”.

Autofinanciamento de campanha

A juíza Selma Arruda escolheu como primeiro suplente o agricultor Gilberto Possamai, ex-vereador eleito em 2004 na cidade de Sorriso (MT) pelo PSDB. Sua esposa, Adriana Possamai, foi a segunda maior doadora individual das campanhas do PSL, com uma transferência de mais de R$ 1 milhão na chapa do marido, que por sua vez declarou um autofinanciamento de R$ 310 mil.

Os dados são de um levantamento feito pela Pública sobre pessoas físicas que mais investiram em candidatos do partido, a partir dos dados de prestação de contas entregue ao TSE. Os cinco maiores doadores participaram diretamente de candidaturas em 2018.

Empresário do agronegócio e candidato derrotado ao Senado em Rondônia, Jaime Bagattoli lidera o ranking de doadores individuais, com R$ 2,2 milhões alocados em diversas candidaturas do seu estado. Entre elas, a sua própria e a do deputado eleito Coronel Chrisóstomo, que recebeu R$ 45 mil.

Reprodução FacebookJaime Bagattoli lidera o ranking de doadores individuais, com R$ 2,2 milhões alocados em diversas candidaturas de Rondônia

O terceiro maior doador individual para candidaturas do partido de Bolsonaro foi o advogado Luiz Fernando Guerra Filho, eleito deputado estadual pelo PSL no Paraná, que aportou R$ 907 mil na sua candidatura e R$ 41 mil na de Felipe Francischini. Na quarta colocação, está Lisiane Gurgel Rocha, da família dona das Lojas Riachuelo, que transferiu R$ 613 mil a três candidatos do PSL a deputado estadual em São Paulo.

Em quinto lugar está Clébio Lopes Pereira, empresário de Nova Iguaçu (RJ) e ex-candidato a deputado federal pelo partido de Bolsonaro. Mesmo tendo financiado sua própria campanha com pouco mais de meio milhão segundo os dados do TSE, ele não foi eleito.

Joice Hasselmann domina interações nas redes

A Pública analisou a performance das páginas oficiais da bancada do PSL no Facebook, usando a ferramenta CrowdTangle. Sozinha, Joice Hasselmann concentrou 39% das interações do último mês nos canais dos parlamentares eleitos.

Atrás dela estão Eduardo Bolsonaro e Major Olímpio, com 13% e 11%, respectivamente. Ao todo, foram mais de 10,7 milhões de interações com as páginas da bancada no Facebook, o que inclui atos como curtir, compartilhar ou comentar posts dos candidatos.

O sucesso nas urnas que tornou Joice Hasselmann a deputada mais votada da história da Câmara tem clara relação com sua performance na rede social, onde tem 2 milhões de seguidores.

Reprodução FacebookEm uma de suas transmissões ao vivo, Joice mostrou uma carta atribuída a um congressista norte-americano para dizer que os Estados Unidos detectaram ações do Irã, Hezbollah e Venezuela para interferir nas eleições brasileiras

“A audiência digital tende a replicar alguns padrões dos meios de massa e também concentrar a visibilidade em poucos atores. A Joice mostrou grande alcance em todas as plataformas. Uma explicação talvez seja pelo fato dela já vir do campo midiático e conhecer esta lógica de produção de conteúdo”, comenta Marcelo Alves, doutorando em comunicação pela Universidade Federal Fluminense que pesquisou a atuação dos políticos nas redes sociais durante as eleições. Antes de ir para a política, Joice era apresentadora no site da revista Veja.

Os dois maiores financiadores da campanha de Joice Hasselmann foram o próprio PSL, que investiu R$ 100 mil na sua candidatura, e o empresário Sebastião Bomfim Filho, dono do Grupo SBF, que controla diversas lojas esportivas no país. Ele apoiou Joice com R$ 38 mil, segundo dados declarados ao TSE.

Em outubro de 2018, a Avaaz publicou uma pesquisa feita em cerca de 10 mil posts com notícias falsas veiculados nas 48 horas após o primeiro turno. Os canais da deputada apareceram como uma das principais fontes de boatos envolvendo supostas fraudes nas urnas. Para Marcelo Alves, a “onda coletiva” gerada pela candidatura de Bolsonaro favoreceu candidaturas que se associaram a ele. “Quanto ao conteúdo, há também o sentimento de urgência em torno de teorias da conspiração eventualmente contra a eleição do Bolsonaro. Isso foi feito sistematicamente durante a eleição inteira, seja utilizando fake news, seja usando alertas urgentes com alto nível de sensacionalismo”, comenta.

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Ghana busca recuperar manglares y reservas de peces agotadas

IPS español - seg, 21/01/2019 - 10:59

Llegó la pesca del día. Desde que la comunidad del pueblo de Sanwoma, en Ghana, comenzó a recuperar los manglares, la laguna registró un aumento de la reserva de peces. Crédito: Albert Oppong-Ansah/IPS.

Por Albert Oppong-Ansah
ACRA, Jan 21 2019 (IPS)

Fue hace tan solo tres años que el pueblo de pescadores Sanwoma, ubicado entre el mar y la desembocadura del río Ankobra, en la costa occidental de Ghana, sufría inundaciones continuas con grandes pérdidas materiales y humanas.

El terreno se anegaba porque el bosque de manglares, que desempeñaba un papel fundamental en la lucha contra la erosión costera y el aumento del nivel del mar, fue talado deliberada e indiscriminadamente.

“De las 118 hectáreas de manglares, arrasamos 115”, indicó el pescador Paul Nato Codjoe.

Los pobladores dependen de los manglares de Ankobra para obtener combustible barato para procesar el pescado. La madera también se usaba para la construcción y para venderla y así generar ingresos.

Pero comportamiento de los pobladores cambió gracias a un vídeo que les mostraron activistas de la organización Hen Mpoano (HM), gracias al cual comprendieron el impacto directo de sus acciones.

Encabezada por el jefe de Sanwoma, Odikro Nkrumah, la comunidad creó un plan de recuperación de los manglares, plantando 45.000 plántulas en los últimos tres años.

Una de las lideresas de la comunidad Rosemary Ackah, de 38 años, dijo a IPS que la vulnerabilidad del pueblo frente a las mareas más altas y sus consiguientes consecuencias estuvieron entre las razones para participar de forma activa en la iniciativa.

HM, con apoyo del Proyecto de Gestión de Pesca Sostenible en Ghana, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ofreció educación sobre los beneficios directos e indirectos de los manglares.

En Ghana, hay unas 90 lagunas y 10 estuarios con sus marismas y pantanos a lo largo de sus 550 kilómetros de costa.

Isaac Okyere, del Departamento de Pesca y Ciencias Acuáticas, de la Universidad de Costa del Cabo, capital de la región de Ghana Central, explicó a IPS que la conservación de los manglares es fundamental para países como Ghana, donde la pesca está al borde del colapso, al obtener 14 por ciento de las especies importantes de peces de las 140.000 toneladas que se conseguían hace 20 años.

Unas 2,2 millones de personas viven de la pesca en Ghana, alrededor de 10 por ciento de sus más de 24 millones de habitantes.

Por su parte, Carl Fiate, director de Recursos Naturales de la Agencia de Protección Ambiental, explicó a IPS: “Ghana está en una situación precaria porque muchas de sus reservas están al borde del colapso, y especies como las sardinas y los jureles no se volverán a ver a menos que tomemos medidas para conservarlas, recuperarlas y protegerlas”.

“Una visita al mercado muestra que, por ejemplo, ya no hay sardinas”, acotó Fiate.

Según Okyere, las lagunas de Butuah y Essei, en Sekondi-Takoradi, capital de la Región Oeste, la de Fosu, en Costa del Cabo, las de Korle y Sakumo, en Acra, y la de Chemu, en Tema, en Gran Acra, son típicos ejemplos de la degradación de esos cuerpos de agua en este país africano.

Rosemary Ackah forma parte del grupo de mujeres encargado de recoger las plántulas para crear un vivero de árboles del bosque de manglares. Crédito: Albert Oppong-Ansah/IPS

“La mayoría de las lagunas, en especial las de áreas urbanas, quedaron muy contaminadas en las dos últimas décadas”, acotó, debido al vertido de efluentes domésticos e industriales, del saneamiento, plásticos y otros desperdicios sólidos y metales pesados (plomo, mercurio, arsénico, etc.).

Según Ackah, muchas de las mujeres de la comunidad también se involucraron en la recuperación de los manglares por su impacto positivo en la pureza del aire, lo que redujo ciertas enfermedades derivadas del aire contaminado.

“Las mujeres nos ocupamos de nuestros maridos y de nuestros hijos cuando están enfermos, y pensamos en aprovechar la oportunidad para participar en esto como seguro de salud para nuestras familias”, añadió.

El grupo de mujeres se encargó de recoger las plántulas utilizadas para el criadero, y también de regarlas, indicó Ackah.

“También desempeñamos un papel importante en el trasplante”, contó a IPS.

“Cuando nuestros esposos hacían un pozo, poníamos las plántulas y rellenábamos de arena. Fue un placer participar de ese gran proyecto, que nos permitirá tener más madera”, destacó.

El pescador Codjoe destacó que gracias a la asistencia técnica del proyecto, la comunidad desarrolló un plan de acción para recuperar el bosque e implementar leyes para evitar la tala excesiva.

La comunidad se hizo cargo de su futuro, y en particular de sus recursos naturales, y creó el Comité de Recuperación de Manglares para guiar y supervisar su uso y su mantenimiento.

Para garantizar la sostenibilidad de la reforestación, Codjoe explicó que la comunidad tiene una ordenanza que impide talar árboles a 50 metros del río, y quien infrinja la norma tendrá que reponerlos reforestando.

“Hemos visto señales positivas gracias a la regeneración, como que las inundaciones se redujeron de forma drástica”, observó Ackah.

Ella también ha sido testigo de otra mejora: el mayor volumen y tamaño de los camarones, una de las delicias de Ghana, pescada por su comunidad. “Eso realmente impulsó nuestros comercios locales y mejoró nuestra dieta”, señaló.

Ackah también contó que el proyecto les ayudó a reducir su dependencia de los manglares y a crear un mecanismo de ahorro y crédito del pueblo.

La iniciativa permitió a la población local hacer frente a ciertos desafíos económicos, y así reducir su dependencia de la pesca y de los manglares como medios para generar ingresos.

En África occidental, se estima que el valor de lo que la naturaleza le da a las comunidades es de 4.500 dólares por kilómetro cuadrado y por año por el servicio de protección costera, 40.000 dólares por el de purificación de agua y 2.800 dólares por el de secuestro del carbono costero, según el Informe de Evaluación del Estado de la Biodiversidad en África y de la Degradación y Recuperación del Suelo, elaborado por la Plataforma Intergubernamental para los Servicios Ecosistémicos y de Biodiversidad.

Fiati comentó que el borrador de la nueva política de Regulación de Hábitats Costeros y Marino, que engloba la protección, la gestión y el uso sostenible de los manglares, estará lista y se enviará a la Fiscalía General este mes para su promulgación.

Por su parte, la comunidad de Sanwoma se asegura de enseñar a las nuevas generaciones la importancia de la conservación del bosque de manglares.

“Debido a la falta de conocimientos sobre la importancia de ese recurso tan rico, lo estábamos destruyendo; y de forma acelerada”, comentó Nkrumah a IPS.

“Ahora sé que tenemos un tesoro. Como líder, lo usaré de forma sostenible y lo protegeré para la próxima generación. También me aseguraré de educar a los niños sobre su importancia para que lo mantengan a salvo”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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A retirada das tropas dos EUA da Síria: do vazio da superpotência para o conflito regional por influência?

IPS português - seg, 21/01/2019 - 10:17

Por Pedro Guedes, Augusto Colório e Bruno lima Rocha*, do Jornal GGN – 

Nos últimos três anos, a Guerra Civil síria, que até o momento caracterizava-se por um conflito regionalmente contido, no que se refere ao envolvimento dos vizinhos Estados nas hostilidades, tornou-se um conflito com a intervenção direta das principais potências do Sistema Internacional. Isso ocorreu com a intervenção de Rússia (e sua força expedicionária) e Estados Unidos (Cerca de 2000 Marines, em apoio à coalizão Curdo-Árabe contra o Estado Islâmico, DAESH, ISIS ou ISIL) no conflito, em que mesmo em lado a princípio, opostos, não chegaram a combater diretamente um contra o outro com suas forças regulares. A eleição de Donald Trump, em 2017, iniciou um novo prognóstico no conflito, já que os Estados Unidos, sob seu comando, mostravam-se cada vez mais inclinados a uma menor participação no conflito. Com a perda de território por parte do DAESH e o enfraquecimento do grupo (acrônimo de Estado Islâmico), Trump pressionava cada vez mais a cúpula militar do seu país (o Pentágono e seu Estado-Maior) para retirar os cerca de dois mil fuzileiros navais do país levantino. Como se sabe, a presença de soldados profissionais estadunidenses em terra é vista como presa, sendo a captura ou morte destes militares, um trunfo para as organizações inimigas e um custo político alto para a administração que os enviou.

Em 19 de dezembro de 2018, os Estados Unidos anunciam a retirada de suas forças da Síria, em um movimento que chocou aliados e colocou uma série de pontos de interrogação sobre o conflito. Nesse breve artigo, gostaríamos de avaliar as consequências da ação dos EUA para os atores envolvidos e para o futuro da Guerra na Síria. Em um primeiro momento, a partir desse movimento, entendemos que os EUA perdem influência nos rumos do conflito, com Washington se colocando à margem das negociações políticas (como nas negociações de Astana, capital do Cazaquistão, que envolvem Rússia, Irã e Turquia apenas), e no desenvolvimento das ações em campo de combate, com apenas Rússia, Irã e Turquia (novamente), além de uma presença lateral de Arábia Saudita e Qatar, com forças regulares a aliados nativos agindo no país. Dessa forma, pode-se ponderar quais podem ser os efeitos da estratégia norte-americana para os atores envolvidos[1].

Entendemos que de todos os grupos implicados, quem fica mais vulnerável são as forças de autodefesa do Curdistão sírio[2] (também conhecida como Rojava), que com o apoio dos EUA, juntaram-se em coalizão com tribos árabes do Norte da Síria e demais grupos étnicos minoritários (como turcomenos, alevis, siríacos, caldeus e yázidis)  para formar as Forças Democráticas Sírias (SDF em inglês) e combater o DAESH, coisa que os grupos de autodefesa curdos YPG (Unidades de Proteção Popular) e YPJ ( Unidades de Proteção das Mulheres) faziam sozinhos desde 2014. Essa vulnerabilidade ocorre dado o fato de que o apoio dos EUA protegia os territórios curdos, (mais notadamente os cantões de Kobane, Jazira e as áreas adjacentes retomadas do DAESH ao longo dos últimos 4 anos, compondo a região ao Norte do Rio Eufrates) de uma possível agressão turca em larga escala.

Essa proteção ocorre a partir da legitimação política que o apoio dos EUA aos grupos curdos a partir do bom desempenho na luta contra o DAESH. Também há o fato de que efetivos das forças especiais estadunidenses operam sob as mesmas bandeiras que as forças da SDF. Assim, em caso de ataque turco, Ancara correria o risco de atingir forças estadunidenses, o que causaria constrangimento internacional. Um possível ataque turco ocorreria dado o fato do governo turco considerar as forças e administração curda como uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, que Ancara considera como grupo terrorista, e, contraditoriamente, Washington também.

Para tentar se proteger de uma possível (e já anunciada) operação militar expandida da Turquia, as lideranças políticas de Rojava já anunciaram tratativas de negociação com as autoridades legalistas em Damasco[3]. Há um evidente conflito de interesses nessa aproximação e também um choque de versões. Em um primeiro momento, as forças curdas da SDF dividiriam com Damasco o controle do tráfego de estradas e movimentos nos territórios e acessos às cidades sob controle da Federação Democrática do Norte da Síria (DFNS da sigla em inglês). Assad em troca garantiria proteção ante uma agressão turca. Ainda que um possível acordo proteja as populações curdas e de deslocados internos que vivem em Rojava, o projeto de Confederalismo Democrático implementado pelos órgãos políticos curdos nos últimos anos seria soterrado pela centralidade baathista de Assad. Isso se o acordo for de fato, nos termos de Damasco. Se a DFNS fazer valer o pré-acordo diplomático e estabelecido como diretriz na constituição de Rojava, o controle territorial passa a ser regional, reconhecendo um status de região autônoma para a Federação.

Outro ator que, em teoria, pode perder com a retirada das forças dos Estados Unidos é Israel. Isso acontece pelo fato de Tel Aviv entender que o vácuo deixado pelos EUA seria aproveitado pelo Irã para aumentar suas capacidades de projeção na região do Oriente Médio, o que colocaria as forças regulares iraquianas e seus proxies, mais notadamente o Hezbollah libanês, perto das Colinas de Golã (fronteira siríaca-israelense), o que seria uma grande ameaça à segurança de Israel. Como outro resultado, Tel Aviv perderia ainda mais a liberdade de ação que tem nos céus sírios, o que limitaria a capacidade de sabotar a transferência de armas e tecnologia de Teerã para o Hezbollah libanês.

No entanto, devido à influência dos interesses de Israel dentro do Governo Trump, causa estranheza a política de retirada das tropas da Síria. Como se sabe, Tel Aviv procura, via lobby (ver aipac.org), influenciar Washington a tomar uma posição mais hostil em relação ao Irã e seu projeto de liderança regional para o Oriente Médio. O próprio secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, é um entusiasta das relações entre EUA e Israel e um dos arquitetos da retirada dos EUA do acordo nuclear com o Irã. Pode-se supor que para agradar Israel, o caminho escolhido por Washington seja de aumentar as sanções contra Teerã para enfraquecer a economia persa.

Se a retirada das tropas americanas prejudica os Curdos e Israel, ela acaba por favorecer outros atores na região. Além do próprio governo Assad, a Rússia e a Turquia são favorecidos com a decisão do Governo Trump. Ainda que a Ancara não seja oficialmente aliada de Moscou ou Assad, não teria mais o desconforto de ver o membro mais importante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) apoiando e protegendo os grupos que consideram como terroristas. Por outro lado, a Turquia não se mostra disposta em entrar em  conflito com as forças regulares sírias e a Força Aérea russa em caso de acordo entre a SDF e Assad. Para evitar isso, o presidente turco, Recep Erdogan já fez questão de se alinhar politicamente com o eixo Damasco-Teerã-Bagdá para tentar isolar a SDF. Simultaneamente, as forças militares da Turquia ameaçam manobras e avançam sobre território soberano sírio, a exemplo do que fizeram na ofensiva militar contra Afrin (um dos três cantões de Rojava), invadido em março de 2018.

Outro Estado que vê com bons olhos a retração dos Estados Unidos é a Rússia. Isso ocorre principalmente pelo fato de que sem os EUA, Moscou consegue se impor como o principal agente conciliatório do conflito, com toda a negociação entre as partes beligerantes passando quase que obrigatoriamente pelas suas mãos. Conseguindo essa posição no conflito sem ter que tomar nenhuma decisão arriscada após três anos de intervenção aeronaval, com cerca de cinco mil soldados e algumas dezenas de aeronaves é um ganho considerável para manter as ambições de Moscou em ser reconhecida como uma grande potência no Sistema Internacional. O único ponto de preocupação é projetar como países como o Irã e a Turquia – além da sempre presente Arábia Saudita, e seu rival Qatar – agirão nesse vácuo criado por Washington. Por mais habilidosa que seja, a chancelaria russa não consegue controlar toda a mesa de discussões. Logo se não houver consenso entre os beligerantes (o que é quase impossível), Putin e Lavrov terão dificuldades em obter um denominador que agrade a todos[4], ou que ao menos seja aceito por todos.

Pelo fato da China não ter participado do conflito na Síria, a retirada das tropas norte-americanas do Oriente Médio é uma boa notícia para Pequim. Como pode ser visto em outros casos (Venezuela, Rússia, Irã), a política externa chinesa se aproveita das linhas de menor resistência para servir como uma alternativa ao papel dos EUA. Não estranha, portanto, a função que Pequim deverá exercer como responsável pela reconstrução da Síria. É importante ressaltar que a Síria faz parte da Nova Rota da Seda, e com a redução do papel norte-americano no Oriente Médio, Pequim apresenta-se como um parceiro viável e com grandes interesses estratégicos na região. Em 2018, por exemplo, a China apresentou o “Plano de Reconstrução da Síria” que compreende um fundo de dois bilhões de dólares para a construção de uma área industrial capaz de hospedar mais de 150 companhias chinesas. No entanto, se por um lado o afastamento norte-americano do Oriente Médio representa oportunidades para a China, pode também sinalizar o redirecionamento das forças norte-americanas para a contenção da China na região da Ásia-Pacífico em uma mudança do pensamento estratégico dos formuladores de política da Casa Branca.

Já o Irã, enxerga de maneira positiva a presente situação no conflito sírio. Com grande quantidade de efetivos (regulares e irregulares) e equipamentos militares, Teerã não teria dificuldade em direcionar o governo sírio para retomar essas localidades com o uso da força. Outro ponto de interesse é na possibilidade de Teerã, via a falta de um adversário na região Norte da Síria, de com facilidade, conectar por via terrestre, todos os membros do chamado “Eixo de Resistência” (Irã, Síria e Hezbollah, utilizando o Iraque como ligação e que também possui grande população xiita), para a implementação das operações de resistência contra Israel, inimigo estratégico do Governo Iraniano.

Por outro lado, Teerã considera a retirada das forças estadunidenses da Síria como um primeiro passo para que outras nações árabes tentem projetar sua influência dentro da Síria. Isso ocorreria com a reaproximação dos países árabes que isolaram Damasco no início da Guerra Civil. Na última semana, os Emirados Árabes Unidos reabriram sua embaixada no país, sinalizando que outros países árabes, como a Arábia Saudita, futuramente o  façam. Como os países do Golfo possuem mais recursos financeiros que o Irã, estes poderiam tentar cooptar Assad a não cooperar com os iranianos. Essa preocupação decorre do fato de que mesmos aliados, a Síria permaneceu próximo ao Irã não apenas pela proximidade entre as populações alauita síria e xiita iraniana, mas também porque não havia ninguém mais na região pronto a ajudar Assad a vencer a guerra[5]. Considerando a projeção de poder saudita sobre o Líbano, é de se presumir que os países do Golfo vão tentar servir como fiadores de um novo pacto de Assad com a maioria sunita do país.

Para o governo sírio, em Damasco, a retirada das forças estadunidenses foi uma notícia muito boa e isso acontece por dois distintos motivos. O primeiro é que a saída dos estadunidenses enfraquece os grupos opositores, que hoje estão encapsulados no Norte do país, e que contavam com a presença dos EUA para “constranger” as ações das forças legalistas e seus aliados iranianos e russos. Também pode vir a baixar a moral das forças da SDF, que com medo de uma invasão turca, viriam até Assad para negociar, de preferência sob termos lucrativos para Damasco, como o abandono da ideia de federalização da Síria. O segundo motivo é que o recuo das forças estadunidenses sinalizaria aos Estados que financiam a oposição, de que Assad venceu (ou vencerá) logo o conflito, e que é hora de restabelecer laços  políticos e econômicos. Isso praticamente isola Israel na região (que ainda demanda a deposição de Assad) e de quebra, permitirá a Assad escolher em quais termos irá se engajar com os seus vizinhos no médio prazo[6].

Por fim, parece que se inicia uma nova fase do conflito na Síria. As razões da decisão do Governo Trump de retirar as tropas do Oriente Médio ainda não estão evidentes e qualquer afirmação pode ser precipitada. No entanto, cabe avaliar no futuro, se a decisão do Governo Trump não estaria ligada a uma saída do conflito que sirva como instrumento político para as eleições de 2020. Além disso, outra análise possível é o do reordenamento estratégico da política externa norte-americana focando na contenção da China e apontando baterias para o eixo Ásia-Pacífico. O certo é que o Governo Trump, ao contrariar o desejo de aliados regionais e favorecer os adversários com interesse na Síria, parece demonstrar mais um sintoma da queda da projeção global de força dos EUA. A atual administração parece tentar também solucionar conflitos domésticos operando com o intuito de atingir os interesses da elite política e econômica presentes dentro do seu governo.  Por consequência, há no Oriente Médio menos excedentes de poder fáticos, duros, da Superpotência (e seus ex-aliados ou quase-aliados europeus) diante do aumento da importância dos potências regionais (Israel, Turquia, Arábia Saudita e Irã), além da evidente presença quase como árbitra de conflitos por parte da Rússia.

Ressaltamos que toda “análise internacional” quase sempre enxerga o “tabuleiro” de cima para baixo, mimetizando o comportamento, ou a projeção de mentalidades das Potência, fazendo uma construção ideológica hegemônica com aparência de “leitura geopolítica”. Tentamos fugir destes clichês colonizados, mas observando o comportamento dos EUA, isso nem sempre é possível. No cenário concreto e complexo da Guerra da Síria, do Grande Oriente Médio, do Mundo Árabe, Mundo Islâmico e Ásia Central, uma afirmação é certa: as potências, a Superpotência, tem capacidade de instabilizar, de gerar caos, mas nunca uma nova ordem, menos ainda um ordenamento que favoreça o conjunto de agrupamentos étnicos, religiosos e culturais, quiçá uma ordem econômica menos injusta. A saída na Síria se encontra nos poderes locais, onde há permeabilidade das demandas sociais, a começar pela própria existência da DFNS, ou seja, da resistência democrática, pluriétnica, igualitária e não sectária de Rojava. Se Damasco conseguir conviver com isso, o conflito está “solucionado”, restando “apenas” o impasse através da imposição de derrotas militares sobre a segunda maior força militar ainda na OTAN, a Turquia sob ditadura constitucional de Recep Tayyip Erdogan e seu projeto neo-otomano imperial.

 

*Pedro Guedes é graduado em relações internacionais e acadêmico de direito; Augusto Colório é graduado em relações internacionais e mestrando na área; Bruno Lima Rocha é professor de relações internacionais e de jornalismo, doutor em ciência política e especialista em Oriente Médio. Todos são membros do Grupo de Pesquisa Capital e Estado (capetacapitaleestado.wordpress.com)  

(#Envolverde)

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Governo liberou registros de agrotóxicos altamente tóxicos

Pública - sex, 18/01/2019 - 15:40

Quarenta novos produtos comerciais com agrotóxicos receberam permissão para chegar ao mercado nos próximos dias. O Ministério da Agricultura publicou no Diário Oficial da União de 10 de janeiro o registro de 28 agrotóxicos e princípios ativos. Entre eles um aditivo inédito, o Sulfoxaflor, que já causa polêmica nos Estados Unidos. Os outros são velhos conhecidos do agricultor brasileiro, mas que agora passam a ser produzidos por mais empresas e até utilizados em novas culturas, entre elas a de alimentos.

Na edição desta sexta-feira (18/1) do Diário Oficial, a Coordenação-Geral de Agrotóxicos e Afins do Ministério Agricultura publicou lista com mais 131 pedidos de registro de agrotóxicos solicitados nos últimos três meses de 2018. Eles ainda passarão por avaliações técnicas de três órgãos do governo.

Especialistas ouvidos pela reportagem apontam uma aceleração na permissão de novos registros, que estaria em “nível desenfreado”.

As autorizações publicadas em 10 de janeiro foram aprovadas no ano passado, ainda durante o governo de Michel Temer (MDB). Nas duas primeiras semanas do governo Bolsonaro, mais 12 produtos receberam registro para serem comercializados, segundo apuraram a Agência Pública e a Repórter Brasil. A aprovação sairá no Diário Oficial nos próximos dias, diz o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência BrasilNas duas primeiras semanas do governo Bolsonaro, já foram aprovados 12 agrotóxicos e princípios ativos no Brasil

Dos 28 produtos já publicados, um é considerado extremamente tóxico, o Metomil, ingrediente ativo usado em agrotóxicos indicados para culturas como algodão, batata, soja, couve e milho. Além dele, quatro foram classificados como altamente tóxicos. Quase todos são perigosos para o meio ambiente, segundo a classificação oficial. Quatorze são “muito perigosos” ao meio ambiente, e 12, considerados “perigosos”.

Os mais tóxicos são o Metomil e o Imazetapir, o qual foi emitido registro para quatro empresas. Eles são princípios ativos, ou seja, ingredientes para a produção de agrotóxicos que serão vendidos aos produtores rurais.

Apenas três fazem parte do grupo de baixa toxicidade, o menor nível da classificação toxicológica: o Bio-Imune, Paclobutrazol 250 e o Excellence Mig-66, indicados para culturas de manga e até mesmo para a agricultura orgânica.

Segundo o Ministério da Agricultura, os produtos não trazem riscos se usados corretamente. “Desde que utilizado de acordo com as recomendações da bula, dentro das boas práticas agrícolas e com o equipamento de proteção individual, a utilização é completamente segura”, afirmou a assessoria de imprensa do órgão.

Dos 28 produtos com o registro publicado na última semana, 18 são princípios ativos e serão usados na produção de outros defensivos agrícolas. Vinte e um deles são fabricados na China, país que vem se consolidando como um dos maiores produtores, exportadores e usuários de agrotóxicos do mundo.

No ano passado, 450 agrotóxicos foram registrados no Brasil, um recorde histórico. Destes, apenas 52 são de baixa toxicidade.

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Total de Agrotóxicos registrados por Ano
Infogram Sulfoxaflor ligado ao extermínio de abelhas

Um produto polêmico fora do país é o Sulfoxaflor, aprovado nos últimos dias do governo Temer, em 28 de dezembro, o único novo químico entre os 40 que tiveram o registro publicado.

Antonio Cruz/Agência BrasilNos últimos dias do governo Temer, foram aprovados 28 agrotóxicos e princípios ativos

O responsável pelo registro é a Dow AgroSciences, que faz parte da gigante americana Dow Chemical Company. O produto entrou em circulação nos EUA em 2013. Dois anos depois, organizações defensoras de polinizadores levaram ao Tribunal de Apelações de São Francisco a denúncia de que o uso do pesticida estaria ligado ao extermínio de abelhas. Eles solicitaram revisão da permissão de comercialização.

“O tribunal considerou que o registro não era apoiado por evidências que demonstrassem que o produto não era prejudicial às abelhas, e por isso retiraram o registro”, relata a decisão da Agência de Proteção Ambiental Americana (EPA). Em setembro daquele ano, o registro de todos os produtos à base de Sulfoxaflor nos Estados Unidos foram cancelados devido ao potencial extermínio de abelhas.

No ano seguinte, a agência americana deferiu uma nova licença para o produto, mas com ressalvas. “O Sulfoxaflor terá agora menos usos e requisitos adicionais que protegerão as abelhas. A EPA tomou essa decisão após uma análise cuidadosa dos comentários do público e do apoio científico”, informou a agência. A partir daí, o produto passou a ser proibido para culturas de sementes e só pode ser utilizado em plantações que atraem abelhas após a época do florescimento. Entre elas estão uva, tomate, pimenta, batata, feijão e cranberry.

As avaliações da Anvisa e do Ibama classificaram o Sulfoxaflor como medianamente tóxico e perigoso ao Meio Ambiente. É usado como ativo para agrotóxicos eficazes contra pragas de insetos que se alimentam de seiva da planta. Foi indicado para culturas de algodão, soja, citros, nozes, uvas, batatas, legumes e morangos.

A Dow AgroSciences abriu a solicitação de registro em 28 de junho de 2013, mas a aprovação do projeto só se apressou no fim de 2018. “A Anvisa convocou consulta pública para o produto no fim de novembro, que durou curtíssimo tempo. Com isso, debateu-se pouco um ativo que nos Estados Unidos chegou a ser proibido por um tempo”, explica Karen Friedrich, membro do grupo temático de saúde e meio ambiente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco).

A Anvisa abriu a consulta pública durante 30 dias em 23 de novembro de 2018. O deferimento do registro pelos três órgãos ocorreu 35 dias depois.

Proibidos fora do país

Dos 40 registros aprovados no Brasil, 11 não são permitidos na União Europeia. Um deles é o Fipronil, inseticida que age nas células nervosas dos insetos e, além de utilizado contra pragas em culturas de maçã e girassol, é usado até mesmo em coleiras antipulgas de animais domésticos. O produto é proibido em países europeus como a França, desde 2004, também acusado de dizimar enxames de abelhas. É permitido no Brasil e, segundo o registro publicado no Diário Oficial, classificado como medianamente tóxico e muito perigoso ao meio ambiente. Ele é legalizado e indicado para culturas de algodão, arroz, cevada, feijão, milho, pastagens, soja e trigo.

PixabayA substância Sulfoxaflor causou polêmicas e chegou a ser proibida nos Estados Unidos

A importância da preservação das abelhas é a relação direta entre a vida dos insetos e da humanidade. Na busca por pólen, elas polinizam plantações de frutas, legumes e grãos. “Na França, os apiários registravam morte de cerca de 40% das abelhas, a partir daí países da Europa começaram a proibir o Fipronil, que continua permitido no Brasil mesmo após sofrermos impactos semelhantes”, explica Murilo Souza, professor de recursos naturais do Cerrado na Universidade Estadual de Goiás.

Produtos à base de Imazetapir, herbicida aplicado por pulverização em culturas como a da soja, também são proibidos na União Europeia desde 2004. Quatro deles tiveram registro deferido por aqui. O Diquate, que está entre os ativos aprovados no Brasil na última semana, teve registro cassado na União Europeia no fim de 2018 após comissão de avaliação ter identificado alto risco para trabalhadores e residentes de áreas próximas à aplicação do produto, além de risco para aves.

O Sulfentrazona foi banido em toda a União Europeia em 2009 e nunca chegou às mesas do continente. Já no Brasil, o registro foi deferido no fim do ano para as empresas brasileiras Tradecorp, Rotam e da Nortox – todas têm indústrias na China como endereço de fabricante. E neste ano, mais três permissões, agora para as empresas brasileiras Ihara, Allierbrasil e Helm.

Pressão para aprovar rápido

Antes de chegar ao mercado, a substância precisa passar por avaliação do Ministério da Agricultura, Ibama e da Anvisa. Os órgãos fazem diversos testes para medir, por exemplo, o grau toxicológico e o potencial de periculosidade ambiental.

O prazo de avaliação de registro pode chegar a cinco anos, mas vem se tornando mais rápido. De acordo com o Ibama, a diminuição dos períodos de avaliação ocorre “devido ao aperfeiçoamento de procedimentos e incorporação de novos recursos de tecnologia de informação”, segundo a assessoria do órgão.

Já no Ministério da Agricultura, a aprovação mais rápida se deve a uma nova política que prioriza os produtos de baixa toxicidade, que contêm organismos biológicos, microbiológicos, bioquímicos, semioquímicos ou extratos vegetais. Para estes, o tempo médio total entre o pedido de registro e a conclusão do processo varia de três a seis meses. O que explica a rápida aprovação do Bio-Imune e do Excellence Mig-66.

Antonio Cruz/ Agência BrasilA nova ministra da Agricultura, Tereza Cristina, recebeu o apelido de “musa do veneno”

O longo prazo de avaliação do registro é uma das principais críticas dos ruralistas, que apostam no Projeto de Lei 6.299/2002 para acelerar a liberação das substâncias. Conhecido pelos opositores como “PL do Veneno”, uma das medidas previstas pelo texto é que, caso o período de análise do químico passe de dois anos, o produto ganha o registro automaticamente.

No momento, o Ministério da Agricultura, a Anvisa e o Ibama estão avaliando o pedido de registro de mais 1.345 agrotóxicos e ingredientes ativos. Grande parte das empresas que querem vender esses produtos no Brasil é do exterior, como Estados Unidos, Alemanha e, principalmente, a China.

Como “farmácias em cada quadra”

Dos 40 produtos autorizados, 39 são ingredientes ativos ou pesticidas já permitidos no país. O pedido de registro de um produto anteriormente liberado é comum, segundo quatro especialistas consultados pela reportagem. “A partir do momento que as empresas produtoras iniciais perdem a patente, as demais começam a solicitar registro para usar esses ingredientes ativos e produzir novos produtos agrícolas”, explica Murilo Souza, da Universidade Estadual de Goiás.

Para Leonardo Melgarejo, vice-presidente da regional sul da Associação Brasileira de Agroecologia, a aprovação dos registros está em ritmo “desenfreado”. “Temos aprovadas variações sobre o mesmo item. Não precisamos de todos os produtos comerciais para uma mesma finalidade. Estamos chegando perto do lance da ‘automedicação’, com duas farmácias em cada quadra, todas vendendo variantes das mesmas drogas”, afirma.

Para o professor Murilo Souza, é surpreendente a rapidez com que as aprovações vêm ocorrendo. Ele critica também o fato de que produtos originalmente aprovados para determinada cultura sejam liberados para outras. “A maioria dos produtos são testados apenas em plantações de grande escala, como soja, algodão e cana de açúcar. Poucas pesquisas são feitas para entender os impactos nas culturas menores”, explica.

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Un nuevo fantasma atormenta a Europa

IPS español - sex, 18/01/2019 - 14:23

Roberto Savio

Por Roberto Savio
ROMA, Jan 18 2019 (IPS)

A partir de la derrota de Theresa May en el parlamento británico ha quedado claro que un nuevo fantasma está atormentando Europa. Ya no se trata del fantasma del comunismo que destapó el Manifiesto de Marx en 1848, sino del fantasma del fracaso de la globalización neoliberal, que ha regido sin oposición desde la caída del muro de Berlín hasta la crisis financiera de 2009.

Los gobiernos gastaron en 2008 la asombrosa cifra de 62 billones (millones de millones) de dólares para salvar el sistema financiero y casi la misma cantidad en 2009 (ver 2017 Britannica book of the year). Según el estudio publicado por el Banco de Reserva Federal, esto sucedió a un costo de 70.000 dólares por cada estadounidense.

Las instituciones económicas abandonaron con retraso la macroeconomía que estaban utilizando hasta entonces para evaluar el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y comenzaron a interesarse en la forma en que se redistribuía el crecimiento.

Por ende, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (también debido a la insistencia de los estudios de la sociedad civil, sobre todo los elaborados por la organización humanitaria Oxfam), llegaron a la conclusión que se estaba gestando un enorme problema de desigualdad.

Por supuesto, si los 117 billones de dólares se hubieran distribuido a la gente, ese dinero habría provocado una notable expansión del consumo, aumentando las manufacturas, los servicios y los fondos para las escuelas, los hospitales, la investigación, etc. Pero los pueblos quedaron totalmente marginados de las prioridades del sistema.

Bajo el gobierno de Matteo  Renzi en Italia, 20.000 millones de dólares fueron destinados a salvar cuatro bancos, mientras que los subsidios para la juventud italiana podían calcularse ese mismo año en mil millones de dólares en el mejor de los casos.

Por tanto, después de la crisis de 2008-2009 todo se desintegró. En todos los países de Europa (con excepción de Portugal y España, que ahora se ha puesto al día) surgieron partidos populistas de derecha y el sistema político tradicional comenzó a desmoronarse.

Los nuevos partidos resultaban atractivos para los perdedores de la globalización: los obreros cuyas fábricas habían sido trasladadas a donde los costos fueran más bajos para maximizar las utilidades; los pequeños tenderos desplazados por la llegada de los supermercados; los que quedaron redundantes ante las nuevas tecnologías, como la Internet, en el caso de las secretarias; los jubilados cuyas pensiones quedaron congeladas para reducir el déficit nacional (en los últimos 20 años la deuda pública se había duplicado a nivel mundial).

Se había abierto una nueva brecha entre quienes disfrutaban de la globalización y los que fueron sus víctimas.

Es evidente que el sistema político estimó que debía rendir cuentas a los ganadores y los presupuestos se inclinaron a su favor.  Los centros de población tuvieron prioridad porque ahora vivían en ellos 63 por ciento de los ciudadanos.

Los perdedores se concentraban mayormente en el ámbito rural, donde se hicieron muy pocas inversiones de infraestructura. Por el contrario, con el pretexto de la eficiencia, se cortaron muchos servicios: líneas de ferrocarril suspendidas y hospitales, escuelas y bancos cerrados.

La gente se vio obligada a trasladarse con frecuencia varios kilómetros para ir al trabajo y a utilizar un auto para ello. Un aumento modesto de los precios del combustible provocó la rebelión de los chalecos amarillos. No ayudó que de los 40.000 millones que obtiene el gobierno francés de los impuestos a los recursos energéticos, menos de la cuarta parte regresó a favor de la infraestructura del transporte o de los servicios.

Las universidades, los hospitales y otros servicios en los centros de población sufrieron mucho menos, fueron focos de excelencia donde no faltó el transporte público, y una nueva brecha se abrió entre esas poblaciones y las del ámbito rural, entre los que habían cursado estudios y recibido instrucción y los que quedaban alejados y atomizados en el interior.

Surgió una nueva brecha y el pueblo votó en contra del sistema de los partidos tradicionales que los había ignorado. Este mecanismo fue el que elevó a Donald Trump al poder y provocó la victoria del Brexit en Gran Bretaña.

Esta brecha está provocando la eliminación de los partidos tradicionales y auspiciando el regreso del nacionalismo, la xenofobia y el populismo. No está trayendo de vuelta a la derecha ideológica sino a las derechas e izquierdas viscerales, con escasa ideología.

Todo esto debiera ser obvio …

El sistema está dirigiendo su atención a los perdedores por primera vez, pero ya es demasiado tarde.

La izquierda está pagando la drástica ilusión del británico Tony Blair, quien, considerando que la globalización es inevitable, decidió que sería posible dejarse llevar en la cresta de la ola. Entonces, la izquierda perdió contacto con las víctimas y mantuvo la lucha por los derechos humanos como su principal identidad que la distinguía de la derecha.

Eso fue bueno para las ciudades, donde los gays y el resto de los LGBT, las minorías (y las mayorías, como las mujeres) podían congregarse, pero distaba de ser una prioridad para los del interior.

Mientras tanto, las finanzas continuaron creciendo, convirtiéndose en sí mismas en un mundo que ya no estaba vinculado a la industria y los servicios, sino a la especulación financiera.

La política pasó a ser subordinada. Los gobiernos rebajaron los impuestos a quienes escondieron la increíble cantidad de 62 billones de dólares en paraísos fiscales, según lo señala Tax Justice Network. Se estima un flujo anual de 600.000 millones de dólares, el doble del costo de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas.

Además, los Papeles de Panamá, aunque solo revelaron un pequeño número de propietarios de cuentas, identificaron al menos a 140 políticos importantes de 64 países: el primer ministro de Islandia (que se vio obligado a renunciar), Mauricio Macri de Argentina, el presidente Petro Poroshenko de Ucrania, un grupo de socios cercanos al ruso Vladimir Putin, el padre del británico David Cameron, el primer ministro de Georgia, y así sucesivamente.

No es de extrañar que los políticos hayan perdido su brillo y que ahora se los considere corruptos, inútiles o ambas cosas.

En el actual orden económico, el francés Emmanuel Macron actuó racionalmente rebajando el impuesto a los ricos para atraer inversiones. Pero ignoró por completo que para aquellos franceses que tienen dificultades para llegar al fin del mes, ésta era una prueba de que estaban siendo totalmente ignorados. Y los sociólogos coinciden en que la verdadera “primavera” de los chalecos amarillos fue su búsqueda de la dignidad.

Es irónico que los partidos británicos, especialmente el  Conservador y el Laborista, debieran estar agradecidos por el debate sobre el Brexit. Es obvio que el Reino Unido está cometiendo un suicidio, tanto en términos económicos como estratégicos. Con un Brexit ‘duro’, sin acuerdo alguno con la Unión Europea, podría perder al menos el siete por ciento de su PIB.

Empero, la brecha que permite la victoria del Brexit en todos los pueblos, las ciudades, los sectores económicos y financieros, los académicos, los intelectuales y todas las instituciones, ha confirmado el temor de los habitantes del interior. Pertenecer a la Unión Europea era rentable para las élites, pero no para ellos. Escocia votó en contra porque ahora tiene un programa distinto al de Inglaterra. Y esta brecha no va a cambiar con un nuevo referendo.

El hecho de que Westminster, la cuna de la democracia parlamentaria, no sea capaz de alcanzar un compromiso es una prueba fehaciente de que el debate no es político sino un choque de mitologías, como la idea de retornar al antiguo Imperio Británico. Es semejante a la idea de Trump de reabrir minas de carbón.

Contemplamos un pasado mítico como si fuera nuestro futuro. Esto es lo que propició la explosión del populismo extremista de Vox en España, por parte de quienes creen que la vida en la época del dictador Francisco Franco (1939-1975) era más fácil y barata, que no había corrupción, que las mujeres se quedaban en su lugar y que España era un país unido, sin los separatistas de Cataluña y el País Vasco.

Corresponde a lo que Jair Bolsonaro está explotando en Brasil, presentando a la dictadura militar como una etapa en que la violencia era limitada. Nuestro futuro es el pasado…

En consecuencia, esta brecha –una vez que Gran Bretaña resuelva de una manera u otra su dilema del Brexit– pasará a ser parte integral de la política normal y provocará, como en otras partes, un declive dramático de los dos principales partidos tradicionales.

A menos que, mientras tanto, los partidos populistas, xenófobos y nacionalistas se hagan cargo del gobierno y demuestren que no tienen la respuesta a los problemas que han identificado tan acertadamente.

Periodista italo-argentino, Roberto Savio  fue cofundador y director general de Inter Press Service (IPS), de la que ahora es presidente emérito. En los últimos años también fundó Other News, un servicio que proporciona “información que los mercados eliminan”. 

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Agricultura familiar libra una batalla difícil en Argentina

IPS español - sex, 18/01/2019 - 13:18

Uno de los mercados callejero de frutas y verduras de Buenos Aires. El predominio de un modelo agrícola destinado a la exportación, basado en cultivos transgénicos y con uso masivo de agroquímicos, les pone las cosas difíciles a quienes producen alimentos en forma sostenible, destinados a la población de Argentina. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jan 18 2019 (IPS)

“Nuestra filosofía se basa en dos principios: cero tolerancia a los venenos y a los patrones”, dice Leandro Ladrú, mientras pone tomates y zanahorias en la bolsa ecológica que le acerca una clienta, en un amplio salón de ventas de la capital argentina, ubicado entre depósitos y vagones de tren en desuso.

Leandro y su pareja, Malena Vecellio, son dos jóvenes que cada sábado llegan hasta el Galpón de la Mutual Sentimiento, un espacio de economía social construido en madera con techo de latón, situado en el barrio de Chacarita, sobre el terreno de una de las principales estaciones ferroviarias de Buenos Aires.

Allí, agricultores familiares ofrecen personalmente, cuatro veces por semana, alimentos producidos de manera natural y cobran sus ventas mediante una caja común, de cuya recaudación se descuenta una parte para pagar el alquiler del espacio.“Todo lo cosechamos a mano. Es mucho trabajo y requiere paciencia. Una planta de brócoli que con agroquímicos está lista en un mes, a nosotros nos demora varios meses. Pero sabemos que vale la pena”: Enrique García.

En un país que en los últimos 20 años se entregó prácticamente por entero a un modelo de producción agrícola basado en cultivos transgénicos destinados a la exportación, con masivo uso de agroquímicos, el proyecto de esta pareja de agricultores –con el nombre de Semillero de Estrellas- es un acto de resistencia.

Los productos transgénicos, que comenzaron a sembrarse en esta potencia agrícola en 1996, cubren unas 25 millones de hectáreas en el país,  tres cuartes de la superficie dedicada a la agricultura.

Hoy son genéticamente modificadas casi 100 por ciento de las semillas sembradas de los cultivos que ocupan más territorio: soja y maíz. También es transgénico casi todo el algodón.

El modelo avanza y de hecho, al finalizar 2018, el gobierno aprobó la comercialización de un nuevo producto alimenticio genéticamente modificado: una papa resistente al virus, que fue promocionado como el primero desarrollado íntegramente en el país.

La agricultura transgénica está asociada en Argentina a un alto uso de agroquímicos. De hecho, el consumo de herbicidas, insecticidas y fertilizantes creció 850 por ciento entre 2003 y 2012, el último año en que se publicaron estadísticas.

“En la zona en la que estamos nosotros, la mayoría de los pequeños productores anda con una mochila en la que cargan los agroquímicos que pulverizan sobre los  vegetales. Nosotros hacemos otra cosa: dejamos que las plantas crezcan a su ritmo”, contó Vecellio a IPS.

La escasa sustentabilidad de la agricultura argentina está reflejada en el Índice de Sostenibilidad Alimentaria, elaborado por la fundación italiana Centro Barilla para la Alimentación y la Nutrición y la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist.

Se trata de un ranking que clasifica a 67 países de acuerdo al promedio obtenido en tres categorías: desperdicios de alimentos y agua, agricultura sostenible y desafíos nutricionales.

Malena Vecellio y Leandro Ladrú, en su puesto de venta de vegetales ecológicos en la estación ferroviaria de Chacarita, en Buenos Aires, a donde llegan cada sábado desde Florencio Varela, en una de las zonas más pobres de la periferia de la capital argentina, con su producción y la de otros agricultores de parcelas vecinas. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Argentina figura en el 13 lugar de la clasificación, (por delante de las otras tres naciones latinoamericanas incluidas: Brasil, Colombia y México), pero su puntaje es muy bajo tanto en agricultura sostenible como en desafíos nutricionales. El pobre desempeño en esos dos rubros es compensando por una buena calificación en desperdicios de alimentos y agua.

Iniciativas como la de Semillero de Estrellas van en la dirección de equilibrar esos dos déficits. Produce en un terreno de media hectárea en Florencio Varela, un municipio que está a solo 30 kilómetros al sur de la capital y es uno de los más pobres del llamado Gran Buenos Aires, que es el principal concentrador de pobreza del país.

Ladrú y Veceillo comenzaron hace unos cuatro años a vender sus productos ecológicos en el Galpón de la Mutual Sentimiento.

Primero viajaban en tren con sus mochilas cargadas de verduras y frutas y ahora ya lo hacen en su propio vehículo, en el que traen también los vegetales producidos por otros vecinos que también cultivan sin agroquímicos.

Los agroquímicos se asocian generalmente a los transgénicos –la gran mayoría de los cuales fueron diseñados para tolerar el glifosato y otros herbicidas- pero estos también se utilizan en la producción de frutas y hortalizas que agricultores familiares realizan en el Gran Buenos Aires.

En este país sudamericano de 44 millones de personas, con una brutal expansión de la agricultura industrial en las últimas décadas, el sector aporte  20 por ciento del producto interno bruto, al englobar las contribuciones directas e indirectas.

Además, durante el primer semestre de 2018, solo las exportaciones de soja y maíz aportaron 9.762 Lmillones de dólares, 32 por ciento del total, según datos oficiales.

Los desafíos de la agricultura familiar

Pero los agricultores familiares resisten, son determinantes en la alimentación de los argentinos y son el ariete a favor de una agricultura más sostenible y un consumo alimentario más responsable.

De acuerdo a datos del Censo Agropecuario 2002, se realiza en 250.000 establecimientos, produce 40 por ciento de los vegetales que se consumen en el país y da empleo a cinco millones de personas, que es cerca de dos por ciento de la población del país.

Enrique García cultiva de manera ecológica vegetales en un terreno de cuatro hectáreas, cerca de Buenos Aires, y vende él mismo sus productos en un mercado de economía social que es compartido por distintas cooperativas sociales en la capital de Argentina. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Uno de los puntos álgidos es el de la comercialización de los productos. Ladrú explica que en las pequeñas unidades productivas está expandida la figura del mediero.

“El mediero es el peón rural que trabaja en tierra que no es suya. Luego, le entrega lo que cosecha al dueño, que lo lleva al Mercado Central y le da la mitad de lo que recauda”, dijo a IPS.

“El problema es que cuando el dueño no puede vender los vegetales, los termina usando para alimentos de los chanchos (cerdos) y el mediero no recibe dinero”, agregó.

El acceso a la tierra y a créditos es un enorme obstáculo para los pequeños productores, a pesar de que en diciembre de 2014 se sancionó la Ley 27.118,  de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en Argentina, que declaró de interés público al sector.

Esa norma creó un banco de tierras integrado por propiedades fiscales que debían ser adjudicados a familias campesinas e indígenas, que nunca se implementó.

El descuido estatal tiene que ver con la ideología que prevalece en el gobierno del centroderechista Mauricio Macri, según notó en septiembre la turca Hilal Ever, relatora especial sobre el Derecho a a la Alimentación de las Naciones, Unidas, durante una visita a la Argentina.

“Durante las entrevistas con funcionarios/as de la Secretaria de Agroindustria observé una tendencia a apoyar el modelo agroindustrial y a realizar serios recortes en el apoyo, el personal y el presupuesto del sector de la Agricultura Familiar, incluido el despido de casi 500 trabajadores/as y expertos/as”, escribió en su informe.

Ever reclamó al gobierno que favorezca un equilibrio entre la agricultura industrial y la familiar. “El logro de dicho equilibrio sería la única manera de lograr una solución sostenible y justa para el pueblo argentino”, señaló.

Los agricultores familias, en ese contexto, buscan caminos para subsistir. En el barrio de Palermo, en un antiguo mercado municipal con techo de hierro y vidrios, funciona el Mercado Solidario Bonpland, donde comercializan sus productores distintas cooperativas que nacieron con la brutal crisis económica de 2001.

“Nuestro principio fundamental es que somos consumidores de nuestros propios productos. No hay trabajo esclavo, no hay reventa y todo es agroecológico”, explicó a IPS el productor Mario Brizuela, de la Cooperativa la Asamblearia, que reúne a unas 150 familias que producen desde vegetales hasta miel y conservas.

Otro de los que vende en ese mercado es Enrique García, quien llega al barrio de Palermo con su camioneta cargada de vegetales desde el Parque Pereyra Iraola, un área de gran biodiversidad de más de 10.000 hectáreas, a unos 40 kilómetros al sur de Buenos Aires.

“Tenemos unas cuatro hectáreas que compartimos con mi hermano y todos los que trabajamos en el campo somos familiares”, dijo a IPS mientras enseñaba un tallo de cebolla de verdeo con una cabeza varias veces más grande a la que suele conseguirse en las verdulerías de Buenos Aires.

García agregó: “Todo lo cosechamos a mano. Es mucho trabajo y requiere paciencia. Una planta de brócoli que con agroquímicos está lista en un mes, a nosotros nos demora varios meses. Pero sabemos que vale la pena”.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Encuesta sobre abuso sexual en la ONU vira hacia los fugitivos

IPS español - sex, 18/01/2019 - 13:10

El Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales del Sistema de las Naciones Unidas, divulgó un estudio en diciembre de 2018 sobre acoso laboral, sexual discriminación y abuso de autoridad, que difiere de una encuesta de la ONU, que solo se concentra en el acoso sexual.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jan 18 2019 (IPS)

Un estudio sobre acoso sexual en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) generó incomodidad al cambiar su objetivo y concentrarse en las y los altos funcionarios que escaparon a la censura o al castigo, a pesar de una serie de acusaciones en su contra, que incluyen distintos tipos de abuso y de conductas inapropiadas.

La defensora de los derechos de las mujeres Paula Donovan, una de las directoras de AIDS-Free World, y de la Campaña Código Azul, dijo a IPS que es interesante que agencias como Reuters y AFP, cuando se refieren a la renuncia de Michel Sidibé, director ejecutivo de Onusida, parecen implicar que la ONU o el secretario general, António Guterres, le atribuyeron responsabilidades por sus acciones.

Pero la verdad es que Guterres nunca dijo una palabra sobre Sidibé, incluso después de que un grupo de expertos concluyera en diciembre, tras una investigación de seis meses, que el funcionario “creó una cultura patriarcal de tolerancia al acoso y al abuso de autoridad” en Onusida y recomendara su destitución.

“Radio silencio por parte del secretario general, quien permitió que Sidibé decidiera cuándo y si se iba, y luego lo dejó regresar al trabajo, sin censura a seguir con su comportamiento ya documentado”, indicó Donovan, ex enviada especial para VIH/sida en África.

La consultora Deloitte Touche Tomhatsu, contratada por la ONU, reveló que 10.032 funcionarios de la ONU denunciaron haber sido víctimas de acoso, las que están entre los 30.364, de los 105.000 funcionarios de la ONU, consultados para el estudio, divulgado el 15 de este mes.

La encuesta también reveló que 12 por ciento de los acosadores eran altos funcionarios del foro mundial.

Según Donovan, en abril de 2018, Guterres anunció que lanzaba una nueva investigación, a través de la Oficina de la ONU de Servicios de Supervisión Interna, sobre las denuncias de acoso y agresión sexual presentadas contra el ex director ejecutivo adjunto de Onusida, Luiz Loures. Pero no se supo más nada sobre esa “nueva investigación”.

El secretario general tampoco comentó nada sobre las últimas denuncias de conductas sexuales inapropiadas en otras varias agencias como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

La Fuerza de Tareas, creada por Guterres, está encabezada por Jan Beagle, quien pasó a ser secretaria general adjunta, a pesar de ser investigada por acoso laboral en Onusida.

Mientras, la política de “tolerancia cero” al abuso sexual terminó siendo una farsa con la repentina renuncia, a mediados de diciembre, del director de la Comisión Internacional de Servicio Civil por denuncias de acoso sexual, por lo cual fue objeto de una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna.

La renuncia del presidente de la comisión, secretario general adjunto Kingston Rhodes, fue posterior a la investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna sobre la Comisión Internacional de Servicio Civil. Pero el contenido del informe todavía es una incógnita y no se sabe cuándo se hará una presentación pública de los resultados, tras varios meses de investigación.

La posición oficial era que ni la ONU ni el secretario general no podían intervenir porque la comisión y su personal dependen directamente de la Asamblea General.

Según Peter A. Gallo, exinvestigador de la División de Investigaciones de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, todo este asunto es un ejemplo de la típica hipocresía de la ONU.

Gallo dijo a IPS que no hay nada malo con las normas (ST/SGB/2008/5), sino con su aplicación, pues la mayoría de los funcionarios (comprensiblemente) no están dispuestos a denunciar el acoso sexual, y las “investigaciones” están en manos de sordos, tontos, ciegos y estúpidos y no quieren encontrar comportamientos inapropiados por el impacto negativo que tendría para la organización, añadió.

En los casos de “abuso y explotación sexual”, la ONU está obligada a reportar los datos a la Asamblea General todos los años.

En lo que respecta a los casos de acoso sexual, según el artículo 6 de (ST/SGB/2008/5), la o el funcionario debe mandar una copia de la denuncia al secretario general adjunto de recursos humanos como forma de llevar un control, pero Gallo, abogado y director de la organización ”Hear Their Cries” (escucha sus gritos) no cree que eleven públicamente esa información a la Asamblea General.

Antonia Kirkland, responsable de igualdad global de la organización Igualdad Ya, dijo a IPS que la encuesta presenta medidas para evitar el acoso sexual, las que, junto a la respuesta de la ONU frente a las denuncias de las y los funcionarios, son buenos indicadores de que la política de tolerancia cero funciona.

Pero señaló que “deben tomarse medidas proactivas para evitar y responder al acoso sexual de parte de todos los funcionarios, independientemente de su cargo, incluso personas designadas por la Asamblea General”.

Cuando se anunció la encuesta, Donovan escribió al secretario general expresándole su preocupación por la validez de los datos de la encuesta Espacio Seguro.

En la misiva mencionaba la posibilidad de que cualquiera completara la encuesta y de que lo hiciera cuantas veces quisiera, siempre y cuando cada vez usara un dispositivo diferente. De hecho, algunos funcionarios preocupados por el tema, lo hicieron.

“Nos quedamos con el hecho indiscutible de que el diseño de la encuesta Espacio Seguro no impide que respondan personas ajenas a la institución ni evita múltiples respuestas de las mismas personas con fines perjudiciales”, subraya Donovan en la carta.

“No hay certeza de si la encuesta se vio comprometida varias veces por numerosas personas con el fin de que pierda validez estadística. El riesgo de que los datos hayan sido manipulados parece lo suficientemente alto como para invalidar el estudio”, añade.

Ian Richards, presidente del Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales del Sistema de las Naciones Unidas, con 60.000 miembros, dijo a IPS que una encuesta realizada en diciembre sobre acoso laboral, sexual discriminación y abuso de autoridad, difiere de la encuesta de la ONU, pues cubre todas las formas de conductas inapropiadas.

Las conclusiones clave del ese estudio del Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales fueron:

  • el acoso sexual, que es aborrecible, constituye 16 por ciento de todas las formas de acoso y abuso de autoridad;
  • los resultados muestran una tendencia preocupante en términos de denuncias no investigadas. Cuando hubo una investigación, una proporción significativa de funcionarios tuvo que esperar más de seis meses para conocer los resultados. La mayoría de los denunciantes no recibieron información sobre los avances de la investigación.
  • Y 20 por ciento de los consultados siente que sufrieron represalias por  denunciar conductas inapropiadas.

“Las acciones de la ONU se concentran en el acoso sexual, lo que es importante, pero no debe desviar energías del mayor problema de la organización, que es el abuso de autoridad”, observó Richards.

“La encuesta de Deloitte se perdió una oportunidad importante. Al acotarse al acoso sexual, que es en sí mismo aborrecible, casi evitó temas como discriminación, hostigamiento y abuso de poder, que hubieran planteado serias cuestiones sobre cómo se gestiona nuestra organización”, acotó.

Eso hubiera llevado a las mayores conclusiones, que el personal sigue temiendo represalias por denunciar ciertos comportamientos y que está lejos de sentirse satisfecho con el tratamiento de las denuncias.

“Es la base de los problemas de las organizaciones internacionales, que operan en cierto vacío legal”, apuntó.

Traducción: Verónica Firme

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Militares, fuerza moderadora y riesgo para gobierno en Brasil

IPS español - qui, 17/01/2019 - 14:49

Reunión del gabinete del nuevo gobierno de extrema derecha de Brasil, donde siete de los 22 ministros son militares retirados, además de su vicepresidente. A la izquierda (en la foto) del presidente Jair Bolsonaro, el general Augusto Heleno Pereira, ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, que cuida la protección del mandatario y al que se apunta como su brazo derecho. Crédito: Marcos Corrêa/PR-Fotos Públicas

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jan 17 2019 (IPS)

Los militares, contrariando su reputación, están moderando el nuevo gobierno de extrema derecha de Brasil, poblado de generales, contradicciones, declaraciones enfrentadas y medidas tan amenazadoras como legalmente cuestionables.

Son dolores del estreno de casi todos en la gestión pública, en la mejor hipótesis. El presidente Jair Bolsonaro tomó posesión el 1 de enero y un día después la mayoría de sus 22 ministros, siete de los cuales son oficiales retirados del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea.

Una semana después dos generales, los ministros de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, y de Seguridad Institucional, Augusto Heleno Pereira, negaron cualquier iniciativa sobre la instalación de una base militar estadounidense en Brasil, desmintiendo así al presidente, quien había dicho que sería una posibilidad a discutir entre los dos gobiernos.“Los fusiles apuntan a todos lados, en todas las áreas, sea de relaciones exteriores, derechos humanos, educación, medio ambiente. Sin seguridad de buenos resultados en la economía a mediano plazo, se mantiene la retórica electoral, de ataques generalizados para satisfacer el electorado”: Sonia Correa.

La propensión al alineamiento automático con Estados Unidos es pregonada por Bolsonaro y su ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, y ha incluido el anuncio del futuro traslado de la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.

Pero esa línea es frenada en el gabinete por los militares, adictos a la soberanía nacional, y los empresarios exportadores, que temen perder mercados.

Los países árabes son grandes importadores de carnes de Brasil y dejaron claro que reaccionarían a una decisión brasileña de seguir el ejemplo del presidente estadounidense, Donald Trump, con esa delegación diplomática.

Mudar la embajada en Israel es algo remoto, que demandaría mucha cautela y evaluación, matizaron los generales.

Peor aún sería pelear con China. Bolsonaro amenazó con imitar a Trump en su tensión económica con la potencia asiática, con ásperas críticas a sus inversiones durante la campaña electoral, pero un general próximo al ahora mandatario trató de contener beligerancia al agravio con la visita a la embajada de Beijng.

“La garantía de alguna racionalidad en este gobierno son los militares”, dedujo para IPS en una entrevista Sonia Correa, co-coordinadora del internacional Observatorio de Sexualidad y Política, que hace años estudia la expansión de la derecha en el mundo, relacionada con el ultraconservadurismo religioso.

Son muchos los retrocesos, los desmentidos y correcciones acumulados en la primera quincena del nuevo gobierno brasileño y los generales se destacaron en la contención de daños, a menos hasta ahora.

Además,  los militares retirados, incluso algunos en el gabinete, se posicionaron en una trinchera opuesta al gobierno en un tema crucial de la economía: la reforma previsional que el gobierno pretende aprobar en los próximos meses.

Fijaron su posición en contra de incluirlos en las medidas que retardarán la jubilación, exigirán mayores aportes y reducirán las desigualdades entre beneficiados, según lo que pretende el ministro de Economía, Paulo Guedes.

Jair Bolsonaro, recibe antes de tomar posesión el 1 de enero al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, uno de los pocos gobernantes presentes en su juramentación. El acercamiento con Israel forma parte del alineamiento del gobierno de extrema derecha de Brasil con la política de la administración del estadounidense Donald Trump, pero es contenido por los intereses comerciales con los países árabes. Crédito: Fernando Frazão/Agencia Brasil-Fotos Públicas

En Brasil, un país con 209 millones de personas y un sistema previsional muy generoso y deficitario, una dificultad para su reforma es la de abolir privilegios, como los de los funcionarios públicos, que se jubilan ganando lo mismo o incluso más que sus colegas activos.

Los representantes del estamento castrense arguyen que constituyen un caso especial, una carrera de Estado, de disponibilidad total, movilización a cualquier momento, sin recibir horas extraordinarias ni otros derechos laborales. Además, aducen, ganan menos que jueces y legisladores, los grandes privilegiados señalados por Guedes.

Pero el sistema previsional militar es el que presenta mayor aumento del déficit últimamente. Flexibilizar su ajuste podría limitar la reforma y estimular a otros sectores, como la policía, los jueces y los fiscales del Ministerio Público, a rechazar el asumir sacrificios.

La resistencia castrense desafía el ministro Guedes, un economista de la corriente radical, o para algunos anacrónica, del neoliberalismo formado en la Universidad de Chicago encargado de promover un fuerte ajuste fiscal, considerado indispensable para restablecer el crecimiento económico.

La reforma previsional requerirá, en todo caso, una enmienda constitucional, cuya aprobación requiere mayoría de tres quintos de los diputados y senadores, muy lejos del peso del bolsonarismo en las muy fragmentadas cámaras legislativas,

Mientras se espera la gran batalla económica, decisiva para el éxito o el fracaso del gobierno de extrema derecha, proliferan agresivas decisiones que afectan otras dimensiones de la vida nacional.

“Los fusiles apuntan a todos lados, en todas las áreas, sea de relaciones exteriores, derechos humanos, educación, medio ambiente. Sin seguridad de buenos resultados en la economía a mediano plazo, se mantiene la retórica electoral, de ataques generalizados para satisfacer el electorado”, según Correa.

“Se trata de sostener la agenda, no la gestión”, destacó a IPS. Con el “voluntarismo” y la “incapacidad” que sobresalieron en ese inicio, este gobierno apunta a “un fuerte potencial de desastre”, acotó.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG), especialmente las ambientalistas, están entre los primeros blancos del fuego a discreción.

“Al parecer no se dan cuenta de que gobiernan para todos, no solo para sus adeptos, con leyes por cumplir”, reaccionó Mauri Cruz, uno de los cinco directores ejecutivos de la Asociación Brasileña de Organizaciones No Gubernamentales (Abong), a una decisión del Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

El nuevo ministro, Ricardo Salles, decidió el día 14 suspender por 90 días todos los acuerdos y contratos firmados por órganos de su cartera con ONG, para la evaluación y corrección de posibles irregularidades, una medida que ratificó este jueves 17 tras versiones, una vez más confusas, sobre su congelamiento.

“Es ilegal, el ministro no puede imponer la medida a los fondos vinculados a su ministerio. Los fondos ambientales y de la Amazonia cuentan con autonomía establecida en una ley que solo prevé la suspensión del financiamiento en caso de irregularidades”, explicó Cruz a IPS.

El llamado tercer sector ya se había alzado contra un decreto presidencial que somete a las ONG a la “supervisión, coordinación y monitoreo” de la Secretaria de Gobierno de la Presidencia, que encabeza el general Carlos Alberto dos Santos Cruz.

Eso viola la Constitución, que asegura el derecho de libre organización a la sociedad civil, regulada por una legislación propia, protestó la Abong.

Al gobierno solo le toca evaluar las cuentas de organizaciones que financia, se puntualiza. “En Brasil hay 800.000 organizaciones de la sociedad civil y solo dos por ciento reciben fondos del gobierno central y cerca de un tercio cuenta con recursos públicos, principalmente de municipalidades”, resumió Cruz, un abogado activo en el tercer sector hace 38 años.

El experto prevé “tiempos difíciles para las ONG” ante la hostilidad del gobierno y la reducción de la financiación, debido también a la crisis económica iniciada en 2014. Pero la mayoría ya se ajustó en los últimos años con escasos aportes públicos, recurriendo a aquellos voluntarios y de las mismas comunidades donde actúan, sostuvo.

La extinción del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, una asesoría de la presidencia que orientaba a políticas públicas de combate al hambre y la desnutrición, fue otro golpe contra la sociedad civil, que tenía una mayoría de dos tercios dentro de la institución.

También se abolió el órgano que conducía el cambio climático en la cancillería y en el MMA. El tema es “una conspiración marxista” para el canciller Araujo y “no prioritario” para el ministro Salles.

Mayor conmoción provocó el decreto presidencial del 15 de enero, facilitando la posesión de hasta cuatro armas de fuego por cada brasileño mayor de 25 años, con autorización policial válida por 10 años, el doble que en la legislación anterior.

Flexibilizar esta reforma, una promesa electoral de Bolsonaro, busca combatir la criminalidad, se aduce. Defensores de la medida la consideraron insuficiente, porque demandan el derecho de andar armados e importar armas.

Pero en una encuesta del Instituto Datafolha, realizada en diciembre, 61 por ciento de los entrevistados se pronunció por la prohibición incluso de la posesión de armas.

Una “catástrofe perfecta” es como Correa, también investigadora de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria del Sida, califica el resultado de los comicios brasileños de octubre de 2018, en un artículo sobre los resultados electorales, a la luz de sus estudios sobre avances derechistas en el mundo.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Registros de novas lojas de armas aumentaram mais de 1.000% em 15 anos

Pública - qui, 17/01/2019 - 14:37

Antes mesmo de o novo decreto que facilita a posse de armas de fogo no Brasil ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro esta semana, a venda de armas já estava crescendo em todo o país. É o que revelam dados compilados pela Pública por meio da Lei de Acesso à Informação em pedidos a órgãos como Exército e Polícia Federal (PF). Mesmo assim, dizem especialistas e lojistas, as vendas devem aumentar bastante este ano.

A quantidade de registros concedidos para lojas de venda de armas de fogo deu um salto nos últimos 15 anos: em 2018 foram abertas 206 novas lojas, maior quantidade desde o início da série histórica, em 2003. A corrida para abertura de lojas acelerou a partir de 2015, segundo os dados cedidos pelo Exército, responsável por aprovar os novos estabelecimentos.

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Quase 1 milhão de armas registradas

Segundo a PF, no final de 2018 havia 677.397 registros ativos para posse de arma no Brasil, entre aqueles concedidos para pessoas físicas, seguranças que trabalham no setor privado e funcionários de órgãos públicos ou de lojas de armas. Além desses registros, existe ainda o armamento usado pelas Forças Armadas, polícias e bombeiros militares, cuja quantidade não é divulgada por questões estratégicas. Apenas os registros para pessoas físicas, ou seja, para cidadãos comuns cujas profissões não garantem o acesso facilitado à posse, já somavam mais de 340 mil até o final de 2018.

Além dos registros feitos na PF, há ainda concessões de posse especiais para colecionadores, atiradores e caçadores (CAC). Os registros do tipo CAC cresceram 422% entre 2015 e 2017. Ao todo, 290.711 armas do tipo estavam registradas no Exército até 2017.

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Região Sul concentra lojas de armas e posse de pessoa física

Os números elevados de registros na PF e no Exército são puxados pela Região Sul, especialmente pelo Rio Grande do Sul, estado que tem a maior concentração de lojas de armas e de registros de arma de fogo para pessoa física em todo o país. Nos três estados da Região Sul estão 37% das lojas e 35% das posses para pessoa física, apesar de a área concentrar apenas 14% da população nacional, segundo o IBGE. Lojistas da região já sentem aumento na procura por armas de fogo desde o anúncio do decreto e esperam aumentar as vendas nos próximos meses.

Entre 2003 e 2018, o Comando do Exército concedeu registro a 1.206 lojas de venda de armas em todo o país. As concessões são distribuídas por Região Militar e não por unidade da Federação. Assim, não é possível verificar quantas lojas estão presentes em cada estado porque algumas regiões militares englobam dois, três ou até quatro estados. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os únicos que possuem dados estaduais. Mesmo contando apenas com o Rio Grande do Sul, a 3ª Região Militar é, disparada, a que tem mais lojas de armas legalizadas pelo Exército: foram 266 registros concedidos entre 2003 e 2018. Desde 2007 há uma tendência de aumento no número de lojas novas em todas as regiões:

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Em termos de registros de armas garantidos para pessoa física pela PF, a região também fica à frente do resto do país. Há pelo menos 122.831 armas legalizadas na Região Sul apenas nas mãos de cidadãos comuns. Somente no Rio Grande do Sul são 55.452 registros desse tipo válidos em 2018, número que supera o de estados muito mais populosos, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Já o número de registros concedidos pela PF em todas as categorias e que estavam válidos no final de 2018 era maior em São Paulo do que no Rio Grande do Sul. Isso inclui autorizações de posse de armas concedidas para funcionários de segurança privada, além de concessões para funcionários da segurança pública ou órgãos públicos.

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O pesquisador Rodrigo Azevedo, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor da PUC do Rio Grande do Sul, explica que a grande concentração de lojas de armas no Sul decorre de uma tradição cultural da região. “As elites locais, ligadas ao latifúndio, vivem em um meio onde a arma de fogo sempre foi valorizada e que acessa a arma por meios legais”, explica Azevedo. “Uma análise histórica mostra que os enfrentamentos políticos que tivemos no Rio Grande do Sul, desde a Revolução Farroupilha, colocavam os proprietários de terra em um papel não apenas de elite econômica, mas também de controle da segurança e das fronteiras. Nesse contexto, as armas adquirem importância maior do que em outras regiões.” Ele destaca que a análise desses dados se baseia apenas no mercado legal – os resultados seriam diferentes se contassem as armas ilegais.

Lojistas esperam mais vendas no Sul

Proprietário da loja Parceria Armas em Alegrete, cidade de cerca de 80 mil habitantes no Rio Grande do Sul, Lucas Nunes avalia como positivo o decreto assinado por Bolsonaro. “Ao longo dessa semana já teve um crescimento em relação à procura. Mas é muita especulação ainda, muitos clientes perguntando o que mudou, querendo saber se já podem andar armados”, conta. Porém, ele critica o fato de armas de uso exclusivo – aquelas usadas pelo Exército e forças especiais, como fuzis – não terem sido liberadas.

Romeu Soares, gerente de uma loja de artigos esportivos e armas de fogo em Ijuí, cidade de 83 mil habitantes no noroeste do Rio Grande do Sul, explica que seus clientes são principalmente agricultores que querem ter arma na sua propriedade. “No geral eles já chegam pedindo uma arma específica, não procuram a mais barata ou a mais cara, querem um calibre ou modelo determinado.”

Ele percebeu que a partir da metade de 2018 as vendas de armas de fogo começaram a cair porque seus clientes já estavam com expectativa de mudanças na legislação. “Eles diziam que preferiam aguardar. Estavam esperando diminuir a burocracia”, lembra. O comerciante acredita que a tendência deve mudar nos próximos meses. “Agora, nos últimos dias, o pessoal quer saber o que está mudando, se diminuíram os impostos, se diminuiu o custo do registro.”

Lula MarquesEm 15 de janeiro, Bolsonaro assinou o decreto que facilita a posse de armas de fogo no país

Especialistas concordam que as vendas vão aumentar. “Certamente haverá uma maior demanda por armas compradas pelas vias legais, com registro de defesa pessoal na Polícia Federal”, atesta Rodrigo Azevedo, da PUC-RS. Natália Pollachi, do Instituto Sou da Paz, lembra que, como o decreto permite que as armas sejam guardadas em comércios ou indústrias, é possível que haja maior difusão de armas de fogo no meio urbano, inclusive em bairros onde a criminalidade é baixa.

Isso é uma grande preocupação porque, explica Rodrigo Azevedo, a circulação de armas no mercado legal também alimenta o mercado ilegal. “Hoje nós já temos uma situação onde as armas do próprio Estado acabam parando na mão de criminosos por conta da corrupção. Quando se tem um maior acesso a compra de armas legais e quando a fiscalização é vista como um excesso, essa situação tende a se agravar.”

Pesquisa do Instituto Sou da Paz feita em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo em 2015 constatou que 38% das armas apreendidas na capital paulista foram vendidas legalmente e depois desviadas. Natália Pollachi, uma das pesquisadoras autoras do estudo, explica que a tendência se repete em outras regiões e aponta para uma conexão fluida e rápida entre os mercados legal e ilegal de armas. “O dois mercados são intimamente interligados. As armas que hoje são usadas no crime são em sua maioria de fabricação nacional, não contrabandeadas de outros países, e foram furtadas, roubadas ou desviadas do mercado legal”, afirma.

Publicado em 2013 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o Mapa das Armas de Fogo nas Microrregiões Brasileiras mostra que as 20 microrregiões com maior prevalência de armas de fogo têm uma taxa de homicídios, em média, 7,4 vezes mais alta que as 20 em que a presença de armamentos é mais baixa. Para calcularem as microrregiões com maior concentração de armas, os pesquisadores levam em consideração não apenas os armamentos legalizados, registradas na PF, mas também as armas em posse de forças de segurança, como polícias locais, e também uma estimativa da quantidade de armas ilegais existentes em cada área.

O estudo também conclui que o aumento no número de armas legais acarreta aumento na quantidade de ilegais. “A maior disponibilidade de armas legais em uma localidade faz aumentar a probabilidade de estas armas serem roubadas e extraviadas, levando-as à ilegalidade”, atesta Rodrigo Azevedo.

O que muda com a nova legislação

A principal mudança do novo decreto é alterar os critérios necessários para caracterizar a “efetiva necessidade” da posse. Antes, era necessário apresentar à Polícia Federal uma justificativa por escrito na qual o requerente explicitava a necessidade. O julgamento do pedido ficava a cargo do delegado responsável e era feito de forma subjetiva. Agora, os requerentes podem solicitar a posse de armas à PF sem apresentar justificativas para o pedido, pois o decreto já considera presente a efetiva necessidade para toda a população.

Na prática, ao incluir moradores da área rural de todas as localidades e moradores da área urbana dos estados com índices de violência acima do determinado pelo decreto, a nova legislação estabelece que todas as pessoas do país se enquadram nos requisitos de efetiva necessidade para obter uma arma de fogo.

Poderão comprar armas de forma legal os brasileiros que moram em áreas urbanas localizadas em Unidades Federativas com taxa de homicídios superior a 10 por 100 mil habitantes em 2016 – segundo o Atlas da Violência 2018, citado no texto da lei como fonte para os dados, todos os estados da Federação e o Distrito Federal atingem esse critério.

O que passa a ser analisado pela PF em cada pedido são outros critérios previamente estabelecidos pelo Estatuto do Desarmamento: ser maior de 25 anos, ter ocupação lícita e residência comprovada, não ter antecedentes criminais e comprovar a capacidade técnica e psicológica para o uso do equipamento por meio de teste de tiro e avaliação psicológica. O decreto determina também que não serão aceitos pedidos em que haja “vínculo com grupos criminosos”.

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La desalinización, una solución y un problema

IPS español - qui, 17/01/2019 - 13:15

En la fotografía, una planta de desalinización. En 177 países, hay 16.000 de esas, muchas de las cuales están en Medio Oriente y el norte de África, donde la falta del líquido vital ya es una realidad acuciante. A medida que aparecen nuevas plantas de desalinización, también aparecen subproductos como químicos hipersalinos conocidos como salmuera de rechazo. Crédito: RoPlant

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jan 17 2019 (IPS)

Con el agravamiento de la escasez de agua, muchos países recurren a los océanos para aliviar la situación, lo que crea nuevos riesgos para la población y el ambiente: la salmuera de rechazo.

Un nuevo estudio del Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas analizó el estado de la desalinización en el mundo pues cada vez son más los países que optan por esa técnica para conseguir agua dulce.

“Hay una creciente escasez de agua en el mundo, pero hay lugares donde la situación es peor como en Medio Oriente y algunas partes de África”, observó uno de los autores, Manzur Qadir, en entrevista con IPS.

“Realmente necesitan un suministro adicional de agua para cubrir la demanda de la población”, apuntó.

En 177 países, hay 16.000 plantas de desalinización, muchas de las cuales están en Medio Oriente y el norte de África, donde la falta del líquido vital ya es una realidad acuciante.

A medida que aparecen nuevas plantas de desalinización, también aparecen subproductos como químicos hipersalinos conocidos como salmuera de rechazo.

De hecho, por cada litro de agua dulce, una planta de desalinización produce 1,5 litros de salmuera, una proporción que es 50 por ciento superior a las estimaciones previas.

Las plantas de desalinización producen suficiente salmuera en un año como para cubrir todo el estado estadounidense de Florida con un pie (alrededor de 0,30 metros) de altura de ese desperdicio.

Cada vez más países recurren a los océanos como solución para paliar la escasez de agua. En la fotografía se ve la costa sur de de Sri Lanka, cerca de la ciudad de Hikkaduwa. Crédito: Amantha Perera/IPS.

“Históricamente, solíamos ver los mismos volúmenes de salmuera que de agua desalinizada, pero no es verdad; se produce más salmuera que agua desalinizada. Se necesita realmente una gestión eficiente”, subrayó Qadir.

El estudio, el primero en cuantificar la producción de salmuera en todo el mundo, concluyó que solo cuatro países eran responsables de 55 por ciento de la salmuera producida en todo el mundo: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

Casi 80 por ciento de la salmuera se produce en plantas de desalinización que están cerca de los océanos, donde descargan los productos de rechazo, lo que supone grandes riesgos para la vida y los ecosistemas marinos.

Según el estudio, la salmuera no tratada aumenta tanto la temperatura como la concentración de sales en el agua de mar. Juntos, esos factores disminuyen las concentraciones de oxígeno e impactan en los organismos marinos y en la cadena alimentaria.

El proceso de desalinización también usa químicos tóxicos como cobre y cloro, que contaminan los océanos.

La tendencia indica que cada vez habrán más plantas de desalinización, por lo que el estudio subraya la necesidad de mejorar las estrategias de gestión de la salmuera para evitar mayores daños al ambiente.

Los autores del informe observaron que la salmuera presenta varias oportunidades económicas, como la irrigación de cultivos tolerantes a las sales, la generación de electricidad e, incluso, la acuicultura.

“La utilización de aguas salinas de drenaje ofrecen posibles beneficios comerciales, sociales y ambientales. La salmuera de rechazo se ha utilizado para la acuicultura, logrando un aumento de la biomasa de los peces de 300 por ciento”, indicó Qadir.

“Es necesario traducir esas investigaciones y convertir un problema ambiental en una oportunidad económica”, añadió.

Pero antes que nada, los países deben minimizar el volumen de salmuera que producen, lo que incluye la adopción de tecnologías modernas y más eficientes, apuntó Qadir.

Los países de Medio Oriente “en especial, deben tomar medidas concretas para garantizar una gestión de la salmuera que sea factible con el ambiente”, dijo a IPS, al reconocer la importancia de la desalinización en la región.

El estudio concluyó que ocho países, Maldivas, Singapur, Antigua y Barbuda y Qatar pueden cubrir sus necesidades de agua potable mediante la desalinización de agua de mar. Y la tendencia indica que cada vez más países dependerán de esa estrategia.

“Debemos subrayar la gravedad de la escasez de agua y el aporte fundamental que supone el agua desalinizada, pero al mismo tiempo no debemos ignorar la otra parte de la tecnología de desalinización, que es la producción de salmuera”, sintetizó Qadir.

Traducción: Verónica Firme

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Santiago de Cuba vive el problema racial de otra manera

IPS español - qua, 16/01/2019 - 16:59

La filóloga Mercedes Lina Cathcart junto a sus dos nietos, Javier Alejandro y José Ernesto Bonne, en su vivienda en la ciudad de Santiago de Cuba, en el este del país caribeño. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
SANTIAGO DE CUBA, Cuba, Jan 16 2019 (IPS)

Sonriente y apacible, la jubilada Mercedes Lina Cathcart deletrea su raro apellido antes de compartir su percepción sobre la discriminación racial, en su casa de un barrio residencial en Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país.

“En Santiago no ha habido una discriminación racial abierta”, valoró esta filóloga de padre jamaicano, que a sus 81 años todavía realiza alguna que otra asesoría a estudiantes. “Una siempre la siente en carne propia aunque no ha sido una limitación para el proceso de mi vida”, continuó la antigua profesora universitaria.

Cathcart añadió que “sí, siempre hubo un prurito (discriminatorio) hacia los hijos de jamaicanos y haitianos. Eso siempre lo percibimos”, aunque desconoce si eso se mantiene en la actualidad hacia los numerosos descendientes, mayoritariamente negros y mestizos, de migrantes de islas vecinas.

Con una gran ciudad patrimonial como capital, la provincia de Santiago de Cuba es la segunda de Cuba con más proporción de población negra y también la segunda con mayor índice de mestizaje, algo visible en sus 1.051.069 habitantes esparcidos por sus urbes y zonas rurales, donde abundan paisajes montañosos que lamen las costas.

En este país caribeño de 11,2 millones de habitantes, la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) reporta una composición racial de 64,1 por ciento blanca, 9,3 por ciento negra y 26,6 por ciento mestiza.

Pero en la oriental provincia santiaguera hay 25,6 por ciento de población blanca, 14,2 por ciento negra y 60,2 por ciento mestiza.

“Como en toda Cuba, acá en oriente tenemos prejuicios raciales, pero tiene una manera diferente de manifestarse”, dijo a IPS la lingüista Marta E. Cordiés, que dirige el estatal Centro Cultural Africano Fernando Ortiz, cuya sede en esta ciudad acoge un museo, cuenta con un equipo de investigación y despliega un trabajo comunitario.

La investigadora defiende que “el problema socioracial hay que estudiarlo casuísticamente porque no funcionó de la misma forma en el oriente cubano”, que componen las provincias de Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma son, en ese orden, las provincias del país con más población no blanca, según la Onei, que ha señalado la tendencia nacional al mestizaje. En contraste, en Holguín y Las Tunas 80 por ciento y 74,6 por ciento de sus habitantes se identificaron como blancos en el último censo, realizado en 2012.

Marta E. Cordiés, directora del estatal Centro Cultural Africano Fernando Ortiz, frente a uno de los murales que decoran el patio de la institución, en la ciudad de Santiago de Cuba, en la provincia del mismo nombre, en el este de la isla caribeña. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Cordiés y otros especialistas y activistas antirracistas suman coinciden en indicar que la discriminación por el color de la piel es el problema menos reconocido, a nivel social y de las autoridades gubernamentales, en comparación con otros como los que atañen a las mujeres, los homosexuales o los transexuales.

A juicio de la experta, “hay una serie de focos discriminatorios en la sociedad contra los cuales tenemos que luchar”, incluso en Santiago de Cuba donde precisó que históricamente el racismo no ha sido tan marcado como en La Habana o Camagüey.

“Santiago y el oriente cubano en general tuvo una gran población afrodescendiente, que marcó los hitos culturales. La herencia africana aquí se percibe un poco más porque ese porcentaje de la población conservó y transmitió de una generación a otra, usos, costumbres, tradiciones, cuentos, maneras de decir”, detalló.

Y a ese legado africano, que tiene ejemplos únicos en el este de Cuba, se aboca el trabajo poco conocido a nivel nacional del centro dirigido por Cordiés.

Además, su relevancia ha crecido desde que comenzó el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, que estableció las Naciones Unidas para el periodo 2015-2024 y que ha ayudado al reconocimiento de este grupo poblacional.

“África es una raíz que ha dado verdaderos frutos en el oriente cubano”, defendió la directora del centro que investiga “cómo pervive y se mantiene esa cultura” a través de aspectos tan desconocidos como las lenguas de origen africano que aún se usan o la situación más vulnerable de las mujeres negras y mestizas.

También estudia las migraciones de otras islas caribeñas que entraron por el puerto de Santiago, sobre todo entre 1940 y 1950, para asentarse en oriente por lo general. Entre otras, el centro identificó comunidades de angloparlantes de islas de la Mancomunidad británica en Guantánamo y Las Tunas, y algunas netamente haitianas en Guantánamo.

Una pareja realiza una danza ceremonia danza durante la 29 edición del Festival del Caribe, una celebración popular más conocida como Fiesta del Fuego, en el asentamiento de El Cobre, en la oriental provincia de Santiago de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Escasamente reconocida, esa migración caribeña contribuyó a bordar con otros colores el legado africano en la región oriental, que llegó primero de la mano de las mujeres y hombres traídos como esclavos por los colonizadores españoles, entre los que predominaron del grupo sociolingüístico de más de 400 etnias llamado bantú.

Ataviados con trajes blancos y coronados con coloridos pañuelos, los bantú encarnan la transculturación caribeña a través de artistas que mantienen en las sociedades de Santiago de Cuba y Guantánamo expresiones como la llamada Tumba Francesa, una danza y baile que llegó desde finales del siglo XVIII de Haití y combina música africana y bailes franceses de salón.

“Nuestras acciones van dirigidas fundamentalmente a la masa juvenil e infantil, porque los diferentes niveles de enseñanza no tratan el tema de África de manera fuerte, apenas pinceladas y siempre es recurrente la presencia del esclavo, los barracones y cimarrones y no tanto la herencia cultural”, detalló María Liduvina Verges.

Coordinadora del grupo editorial del centro y del proyecto infantil Mi Abuelo Negro, Verges indicó a IPS que trabajan para hacer llegar estos temas “de manera agradable y asequible para nuestros niños y jóvenes, de modo que los motive a saber más de este continente y su presencia en nuestras raíces”.

“Si bien todo el mundo asimila que la presencia africana es constante en la cultura, no todos asimilan que los negros estén en la sociedad. Ahí entra el prejuicio racial”, lamentó Cordiés, sobre ese contraste provocado por la persistencia de la discriminación “que hace muchísimo daño”.

Esta especialista,  quien también integra la Comisión José Antonio Aponte, de la no gubernamental Unión de Escritores y Artistas de Cuba y único espacio legal para analizar la discriminación racial en el país, aportó su visión sobre el uso del término afrodescendiente.

“Es un término acuñado desde el punto de vista científico e investigativo para poder englobar los problemas”, explicó. “Casi nunca lo uso en el caso cubano porque prefiero hablar de una comunidad cubana que tiene usos y costumbres, una raíz africana, europea y aborigen”, amplió la filóloga.

Como en otros países, en Cuba la denominación de afrodescendientes o afrocubanos recibe rechazo en amplios círculos oficiales e intelectuales, aunque en otras áreas del activismo antirracista y la academia suele ser usada y defendida, porque tiene connotaciones de reconocimiento de grupos históricamente vulnerables.

El estudiante universitario Javier Alejandro Bonne, nieto de Cathcart, tampoco se identifica como afrodescendiente.

“Pienso que es un término racista, con una intención oculta… Nosotros tenemos antepasados caucásicos también, pero como somos fenotípica y orgullosamente negros, se cae en la separación”, analizó el joven, para quien esa distinción no es necesaria en Cuba, donde “somos iguales aunque hay racismo como en todo”.

Edición: Estrella Gutiérrez

 

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Desarrollo de Bangladesh continuará con renovada confianza

IPS español - qua, 16/01/2019 - 13:13

Mujeres hacen fila para votar en una escuela convertida en centro de votación en Tejgaon, en Daca, Bangladesh. Crédito: Sheikh Hasan Ali/IPS

Por Naimul Haq
DACA, Jan 16 2019 (IPS)

El crecimiento económico de Bangladesh superó a la mayoría de las naciones en desarrollo, por lo que sumado al empoderamiento de las mujeres y a la recepción de refugiados promovidas por el gobierno, no sorprende que la Liga Awami (LA) haya logrado otra gran victoria electoral.

Por primera vez en la historia de este país de Asia meridional, un partido gana con un margen tan grande, al quedarse con 96 por ciento de los asientos parlamentarios en las 11 elecciones legislativas, realizadas el 30 de diciembre.

Crecimiento económico favoreció el triunfo de la Liga Awami

“El crecimiento alcanzó el histórico de 7,86 por ciento, con un ingreso por habitante de 1.751 dólares por mes, las exportaciones llegaron a 42.000 millones de dólares al año y los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible muestran que estamos en el camino correcto”, observó el profesor Abu Ahsan  Mohammad Shamsul Arefin Siddique, ex vicerrector de la Universidad de Daca.

Según el Banco Mundial, este país registrará un aumento continuo del producto interno bruto (PIB) de entre 6,5 y siete por ciento este año gracias a exportaciones como las de la industria textil, el sector manufacturero y a los servicios.

“La gente votó por la LA para continuar con el enorme desarrollo económico y social. Y también es cierto que quienes votaron por la liga obviamente querían que el espíritu de las fuerzas de liberación continuara en el poder”, explicó el analista Munira Jan, consultado por IPS.

Liderado por Sheij Hasina, el triunfo del partido gobernante la confirmó como primera ministra por tercer mandato consecutivo.

Los últimos resultados muestran que la LA y sus aliados se quedaron con 288 asientos parlamentarios, mientras el opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), que integra la coalición Jatiya Oikya Front (Frente de Unidad Nacional), solo mantuvo cinco.

La coalición también está integrada por Gono Forum, Jatiya Samajtantrik Dal y Nagorik Oikya.

Otros dos asientos serán ocupados por la Alianza Frente Jatiya Oikya.

El impulso al empoderamiento de las mujeres, que promueve Hasina, y que se concentra en promover la educación de las niñas y dar a las mujeres más espacios contribuyó a los cambio sociales y a la transformación económica del país.

Según el Banco Mundial, Bangladesh pasará a ser considerado un país de medianos ingresos en 2021 tras reducir de forma considerable la pobreza entre 2010 y 2016.

El gobierno también se comprometió a generar 40.000 megavatios de electricidad para alimentar el desarrollo económico.

La primera ministra también adquirió notoriedad en la comunidad internacional por dar refugio a un millón de rohinyás, perseguidos por Birmania (Myanmar).

Irregularidades electorales

Los comicios no sucedieron sin problemas, pues el BNP y sus aliados denunciaron irregularidades después de los estallidos de violencia en 23 de los más de 40.000 centros electorales, en los que murieron 16 personas.

Muchos analista, incluso, se preguntaron cómo hizo la LA para reunir tantos votos cuando su principal rival, el BNP, muy popular en anteriores elecciones, registró una derrota tan contundente.

De hecho, Reza Kibria, del Frente Jatiya Oikya, dijo a IPS: “Las llamadas elecciones fueron una farsa y un episodio vergonzoso en la historia del país. El fraude fue generalizado y dirigido de forma centralizada”.

Kibria es el hijo del asesinado Shah AMS Kibria, ministro de Finanzas del gobierno de Hasina en 1996.

“En muchos centros se supo que entre 80 y 90 por ciento de los habilitados habían votado antes del mediodía, lo que es físicamente imposible”, apuntó, pero no aportó pruebas ni detalles específicos de dichas irregularidades.

Iqbal Sobhan Chowdhury, asesor de prensa de la primera ministra y también editor del Daily Observer, dijo a IPS que los líderes del Frente Jatiya Oikya y del BNP no actuaron como fuerza política responsable ni convencieron a la población de que su alianza, si llegaba al gobierno, haría un mejor trabajo.

El triunfo no sorprendió a críticos del gobierno como Sharmin Murshid, directora general de la no gubernamental Brotee, aunque sí la sorprendió el abultado margen con el que ganó la LA.

“Cuando no hay oposición, difícilmente haya críticas saludables, y sin ellas, la política será difícil”, añadió Murshid.

Pero también señaló que con la confianza renovada del gobierno y el mandato de la población, debe investigar las irregularidades electorales para ganar mayor credibilidad.

La primera ministra declaró que la Comisión Electoral de Bangladesh investigaba las irregularidades.

Pero la comisionada Begum Kabita Janam declaró: “Como la comisión no recibió pruebas de injusticias en la votación, considera que las elecciones fueron justas”.

La Fundación de Derechos Humanos de la Asociación para la Cooperación Regional de Asia meridional y el Foro de Monitoreo Electoral, describieron los comicios como “pacíficos” y “organizados”.

El analista y general retirado Abdur Rashid dijo a IPS: “Consideramos que las elecciones fueron creíbles porque la gente votó sin miedo y de forma independiente. Durante los comicios, observamos que el ambiente estuvo en paz en la mayoría de los centros en los que la gente votó con ánimo festivo”.

Al ser consultado sobre por qué un triunfo tan abultado, Rashid explicó: “Hay que reconocer que la LA restableció la dignidad y la identidad de la nueva generación con el espíritu de la liberación (de 1971)”.

“En cambio, los líderes del BNP lanzaron una propaganda contra las fuerzas de liberación tratando de dividir al país. Esa es una de las principales razones de por qué la LA recibió ese apoyo enorme, a parte del trabajo en materia de desarrollo, por supuesto”.

Gran participación de la ciudadanía  

En un país de 160 millones de habitantes, hubo 106 millones de habilitados para votar, entre los cuales hubo 20 millones de jóvenes que votaban por primera vez.

Hubo 25.900 representantes de 81 entidades observadores, 38 extranjeras, 64 funcionarios y diplomáticos de misiones extranjeras, y 61 bangladesíes residentes en el exterior presentes, aunque fueron menos observadores que en anteriores elecciones.

También hubo un gran despliegue de seguridad con 700.000 efectivos en funciones.

“Nunca vi un número tan grande de soldados en los alrededores de los centros de votación”, observó Mohammed Zakir Hossain, de 73 años, y quien vota desde 1970.

Según el profesor Nazmul Ahsan Kalimullah, fundador del Consejo Nacional de Observación Electoral, la gran seguridad hizo que fuera: “muy difícil de hacer fraude”.

“El movimiento de la población quedó restringido, pues solo los votantes con carné de identidad válido podían acercarse a los centros de votación, y se vio que la policía controlaba los movimientos sospechosos, mientras el ejército patrullaba en posición de combate”, añadió al ser consultado por IPS.

Kalimullah consideró que fueron elecciones libres y justas.

A escala internacional, entre los primeros en saludar a Hasina se destacan el primer ministro de India, Narendra Modi, el presidente de China, Xi Jinping, y su par ruso Vladimir Putin.

Traducción: Verónica Firme

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“Associar-se a Trump não vai ajudar o Brasil”, diz presidente emérito da Inter-American Dialogue

Pública - ter, 15/01/2019 - 14:28

“Eu francamente não entendo qual é a estratégia do Bolsonaro em fazer todas estas ofertas para os EUA. Não sei como isso beneficia o Bolsonaro ou o Brasil”, diz o cientista político Peter Hakim, presidente emérito do Inter-American Dialogue, think tank de análise política sediado em Washington. Profundo conhecedor da América Latina, Hakim também foi conselheiro de grandes instituições mundiais como o World Bank, o Inter-American Development Bank e o Human Rights Watch.

Entre as “ofertas” ou demonstrações de “afinidade pessoal” que Bolsonaro tem feito à Trump, Hakim cita as ameaças do presidente brasileiro de sair do Acordo de Paris, a promessa de mudar a embaixada do país em Israel para Jerusalém e, mais recentemente, o episódio de “vai e volta” sobre a possibilidade de instalar uma base militar norte-americana em território brasileiro.

“Se for associar-se com o Trump, que já criou uma certa resistência em quase o mundo todo, não vai ajudar o Brasil,” explica Hakim. “A menos que eles conseguissem, de fato, construir uma relação econômica muito rentável para o Brasil.”

Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), os Estados Unidos é hoje o segundo maior parceiro comercial do Brasil, a quem se destinam 12,3% de nossas exportações. Hakim diz que seria interessante, para os dois países, expandir ainda mais essa relação mas acredita que as agendas políticas e econômicas internas brasileiras podem tornar difícil uma parceria a longo prazo com os EUA. Como exemplo, cita a bancada do agronegócio, influente no governo, que hoje tem fortes relações econômicas com a China e repudiaria o alinhamento total com Trump.

Segundo ele, a insistência de Bolsonaro e do chanceler Ernesto Araújo em levar para frente pautas ideológicas também poderia prejudicar a posição do Brasil no cenário mundial. “Não adianta o Brasil se tornar mais ideológico porque nenhum país no mundo se deu muito bem com uma agenda de extrema direita e nem com uma agenda de extrema esquerda. E a minha suposição é que isso não levará o Brasil muito longe”, diz.

Inter-American DialoguePeter Hakim é presidente emérito do Inter-American Dialogue

Como você vê a evolução das relações internacionais do Brasil com os EUA de 2014 para cá? Entramos agora em uma nova era?

Sempre houve uma relação, vamos dizer, boa e cordial entre os dois países, mas uma relação superficial. Veja, os EUA tem acordos de livre comércio com 11 países da América Latina e não tem com o Brasil. O volume do comércio entre os EUA e o Brasil é grande – 15% do comércio brasileiro está com os EUA. Mas isso representa 70 ou 80 bilhões de dólares por ano. Se você comparar isso com o México que tem 500 bilhões de dólares cada ano, 600 bilhões de dólares [ o comércio com o Brasil] é mínimo.

Bom, você vai dizer: mas o México está do lado dos EUA. Certo. Isso faz muita diferença. Mas você vê a China. A China fica mais longe do Brasil e a relação comercial vale 600 bilhões de dólares.

E por que Brasil e EUA não podem ter uma relação mais profunda?

Acho que dois problemas bloqueiam essa relação. O primeiro é que ambos os países simplesmente não estão comprometidos em ter uma relação mais íntima, mais profunda. O outro problema é que o Brasil quer ser um país independente, com um papel mundial, influência global e ter estatura com um nível de poder etc. Já para aos Estados Unidos não interessa isso. Interessa negociar com o Brasil apenas como um líder regional.

Nesse momento, o que há é apenas uma atração entre Trump e Bolsonaro. Uma atração pessoal e política e, talvez, de temperamento. Eles têm uma certa afinidade. Agora, como transformar esta relação de temperamentos de dois líderes com posições políticas similares em algo mais? Essa que é a complicação.

Você vê, na história recente do Brasil, Bill Clinton e Fernando Henrique Cardoso também tinham uma boa relação. Você vê no livro de Fernando Henrique Cardoso sobre a facilidade e amizade entre ele e o Presidente Clinton. E o Presidente Clinton levou Fernando Henrique Cardoso para participar, como o primeiro país emergente, dessa terceira via com Inglaterra e outros países centristas. Mas mesmo assim não chegaram a nenhum acordo importante nas relações entre os dois países. O mesmo aconteceu com Lula e Bush.

O Brasil quer desenvolver a sua indústria. Já os EUA quer proteger a sua indústria. Então não existe, vamos dizer, uma base onde um possa se beneficiar do que o outro não tem. Os dois tem uma economia agrícola muito forte, os dois são grandes produtores e exportadores de alimentos, os dois subsidiam os seus alimentos. Os dois não querem abrir mão de seus subsídios. Quer dizer, é muito difícil pensar que os dois países podem transformar uma suposta afinidade entre Bolsonaro e o Trump em uma relação profunda entre os dois países.

Ou seja, existe uma diferença crucial entre criar uma relação pessoal com um líder, como o Bolsonaro quer fazer com o Trump, e criar uma parceria geopolítica e militar entre os dois países que possa permanecer como um projeto de longo prazo?

Talvez tenha sido Churchill que disse isso, não tenho certeza, que os países não têm relações ou afinidades, eles têm interesses. Então como os dois países podem impulsionar os interesses do outro? É aí que você encontra sempre o problema.

Os objetivos dos EUA com o Brasil são majoritariamente ligados às relações econômicas neste momento. Porque o Brasil tem um número grande de pessoas e uma economia grande, a maior da América Latina. Por exemplo, quando Barack Obama foi ao Brasil, ele levou 50 presidentes de companhias americanas para encontrar 400 empresários brasileiros. Obama sempre falava da importância do Brasil como fonte possível de petróleo, para ajudar a acabar com o desemprego nos EUA. Quer dizer, a parte central da relação sempre tem sido econômica. No Brasil, os EUA não tem um problema de segurança, não existem tantos outros temas importantes com a América Latina nesse momento. Apenas, talvez, no que se diz respeito aos interesses da China aqui na região, mas isso é algo meio novo. Uma série de países está buscando maneiras de distanciar os países que têm relações fortes e crescentes com a China – como Argentina, Brasil, até México – para diminuir isso um pouco e excluir ou criar certas restrições sobre os investimentos da China e a influência política da China na região.

Mas como fazer isso no Brasil quando o maior bloco de apoio de Bolsonaro é o dos empresários agrícolas? Quando o Brasil fala de dar apoio a Israel, poderia afetar mais ou menos 6 a 8 bilhões de dólares de exportações aos países árabes. O Bolsonaro falou também de sair do acordo de mudanças climáticas de Paris. Ele quer sair desse acordo como os EUA saiu. E a Europa já disse que se o Brasil deixar de participar do acordo de mudança climática, vão desistir de negociar o acordo da Mercosul.

Então vamos ver como isso evolui com o tempo mas existem vários problemas e contradições aí que dificultam essa vontade dos EUA buscar uma amizade com o Brasil.

A Venezuela é outro ponto de possível interesse para unir os dois países mas, provavelmente, nem os EUA nem o Brasil estão interessados em pressionar muito mais Venezuela porque não vão chegar a nenhum resultado.

Você acha então que essa estratégia de fortalecer laços pessoais com o Trump em vez de buscar uma política de Estado para unir os dois países a longo prazo pode trazer problemas para o Brasil?

Eu acho que, neste momento, o Brasil tem relações com muitos países do mundo inteiro e está sendo visto agora como um país que está com um pouco de problemas de governança, problemas econômicos etc. Mas basicamente o Brasil é um país que tem uma boa imagem mundial. Por várias razões. Porque o Brasil se dá bem com a maioria dos países do mundo todo, é o único que tem acordos de comércio com Jordânia, Palestina e Israel. Se for associar-se com o Trump, que já criou uma certa resistência em quase o mundo todo, não vai ajudar o Brasil. Ao menos que eles conseguissem de fato construir uma relação econômica muito rentável para o Brasil.

Bolsonaro também tem uma péssima imagem mundial. Quer dizer, acho que isso não vai ajudar o Brasil a ter uma relação profunda na Europa ou na Ásia.

Do ponto de vista militar, os EUA sempre foram mais próximos de outros países da América Latina, como a Colômbia, por exemplo. Isso pode mudar?

O que o Brasil poderia oferecer em termos militares? Os EUA está interessado em relações com militares da América Latina por problemas relacionados às políticas de drogas e não por problemas de segurança nacional. Ou seja, não existem ameaças aos Estados Unidos dentro da América Latina hoje em dia. Não precisa de uma base militar a não ser que seja para fazer algum tipo de intervenção contra às drogas.

Eu acho que é muito mais interessante para os EUA que o acordo entre a Embraer e a Boeing, por exemplo, porque tem elementos de segurança, mas também elementos importantes para a economia. Já criar uma base militar no Brasil não faz tanto sentido. Primeiro que não vai ser muito fácil chegar a um acordo com os militares brasileiros e o povo brasileiro não vai ficar muito feliz em ver isso acontecer. Muitos no Congresso, que sempre se preocuparam com os interesses dos EUA na Amazônia, vão se opor. Não é uma coisa fácil e o custo é muito alto para os EUA.

Acho que podia ser algo simbólico, talvez, mas na verdade não existe uma grande razão para se fazer uma cooperação entre as forças armadas brasileiras e as forças armadas americanas.

Mas e a cessão da base de Alcântara?

Essa base é para a exploração espacial, não é uma base militar. Se usa essa base para lançar foguetes e fazer viagens espaciais, lançar satélites.

Mas o que significaria essa cessão em termos militares?

Isso é bem interessante, mas imagino que vai demorar muito tempo para se chegar a um acordo sobre isso. Não acho que muitos militares brasileiros vão estar de acordo com isso, e não tenho certeza de que isso ajudaria muito o Brasil, tampouco com outros países na América Latina, poucos deles têm bases agora. O último foi no Equador, lembra? E era totalmente para atividades contra o narcótico.

Mas, recentemente, as forças armadas chinesas construíram uma estação espacial na Argentina. Os Estados Unidos poderia querer usar a base para se fortalecer nessa guerra que o governo Trump tem feito com a China?

A coisa mais importante talvez seja lembrar que isso é uma base que serve para a comunicação. Ou seja, são satélites que podem ser usados para espionagem etc. Mas não seria propriamente um acordo de segurança e, sim, temas de exploração do sistema solar ou simplesmente satélites de comunicação. Se for para gastar dinheiro em uma base, eu acredito que os EUA têm muitos outros países que são mais importantes. Trump inclusive disse que quer cortar o número de bases dos EUA para reduzir o custo das forças armadas fora do país. Não tem uma importância muito profunda ter uma base militar no Brasil.

Você diria então que essa vontade é de um lado só? Ou seja, essa agenda estaria sendo empurrada pelo Bolsonaro que está oferecendo coisas para o Trump sem que o Trump necessariamente queira ou esteja pedindo?

Eu francamente não entendo qual é a estratégia do Bolsonaro em fazer todas estas ofertas para os EUA. A não ser para mostrar afinidades, para mostrar que eles pensam igual e de mostrar que o Brasil pode ser visto como um aliado forte. Não sei como isso beneficia o Bolsonaro ou o Brasil. A menos que Bolsonaro ache que uma relação com os EUA mostre à comunidade empresarial que poderiam ser os primeiros passos para abrir mais a economia ou talvez mostrar ao povo brasileiro que está fortalecendo a relação. Mas não entendo precisamente qual é o objetivo do Bolsonaro em uma nova aliança com Trump.

Talvez alguma informação esteja faltando para mim! Talvez o Bolsonaro veja na relação com os EUA uma forma de levantar o prestígio internacional do Brasil. Mas eu acho difícil porque relações com o Trump não estão levantando o “status” de nenhum país, que eu saiba.

Você mencionou a Venezuela. O Maduro expressou preocupação com uma aliança Trump-Bolsonaro para ocupar militarmente a Venezuela. Existe alguma possibilidade real disso?

Sim. Eu acho que o Trump gostaria de ter um certo apoio da América Latina para as suas políticas fortes não só com a Venezuela, mas também com a Nicarágua e especialmente com Cuba. Trump sabe que a América Latina toda sempre se opôs ao embargo contra Cuba e acho o Brasil seria um aliado importante nesse sentido. Mas de fato eu não vejo com quem ele poderia se aliar que realmente conseguiria fazer mudanças na Venezuela, Cuba ou Nicarágua.

Brasil com Bolsonaro Presidente não vai ser o país líder na América do Sul ou na América Latina. Eu acho difícil que presidentes como Macri, Piñera e Duque, que são figuras mais centristas que ele, possam olhar Bolsonaro como líder da região.

Em uma entrevista recente, o senhor disse que o governo Bolsonaro poderia ser um governo “extremamente fraco”. Como avalia isso hoje?

Se Bolsonaro tiver sucesso econômico, se puder realmente atrair mais investimentos dentro do Brasil e fora do Brasil, se puder realmente fazer uma revisão fiscal do Brasil, se conseguir privatizar, se conseguir fazer um avanço econômico, ele pode ter uma presidência exitosa. Mas sem um sucesso econômico, é difícil imaginar que a sua presidência possa ser considerada um sucesso.

Acho que ele tem uma equipe econômica forte e que sabe o que tem que fazer. Mas o problema é que as reformas que precisam ser feitas vão criar um incômodo, uma dor no bolso de muitos brasileiros. E acho que não vai ser fácil o Brasil se levantar rápido. Vai ser um lento processo para reformar o seu sistema de pensões, outros problemas fiscais, o sistema de impostos. Quer dizer, existe uma reforma que precisa ser feita. O grupo econômico, que é um grupo excelente que sabe o que tem que fazer, sempre tem sido bloqueado no passado por questões políticas. Vão existir interesses diferentes entre distintos empresários, entre empresários agrícolas, empresários industriais etc. Então a capacidade política vai depender das reformas.

Quantos presidentes tem feito esforços grandes de reformar a previdência social? Quantos presidentes estão fazendo esforços de levantar o protecionismo? De fazer o Brasil mais atrativo para acionistas estrangeiros? É difícil mudar as leis e mudar as políticas brasileiras nestas áreas.

O senhor vê ameaças à democracia no Brasil depois dos primeiros dias de governo?

Acho que tem várias ameaças possíveis. Uma é simplesmente o fracasso do governo. O povo brasileiro pode ficar mais frustrado, com mais raiva do que antes, e poderá ocorrer uma polarização pior de novo. Isso é um possível fracasso do governo Bolsonaro.

Também há possibilidade de que as diferenças entre a esquerda e a direita no Brasil se aprofundem mais ainda e que se aprofundem as diferenças raciais e aconteça uma situação caótica que seja difícil de manejar.

Outra é que Bolsonaro, em si, possa vir a ter um governo muito mais conservador, ultra conservador, que vá na direção, por exemplo, dos governos da Polônia e da Hungria na Europa. Ou seja, de limitar a oposição mais. Reprimir e excluir a oposição.

Por exemplo, o Bolsonaro tem demonstrado muita raiva contra o PT, contra a esquerda brasileira. Se ele pode começar, como aconteceu com Chávez na Venezuela, a pouco a pouco reduzir a oposição, a limitar e reprimir grupos da sociedade civil, reduzir a independência das universidades, e tentar infiltrar a igreja. Tudo isso é possível.

Acredito que o Brasil tem instituições mais fortes que a Venezuela, mas tem uma população que está realmente frustrada, que tem muita raiva, e estão buscando uma saída de uma situação econômica que, nos últimos cinco anos, tem sido muito desastrosa para o brasileiro. Acho que isso tudo cria um antagonismo ao próprio sistema de governo.

É difícil saber o caminho preciso que a ameaça à democracia pode tomar. Existem vários caminhos. Mas com certeza existe uma possibilidade de uma polarização interna, fracasso econômico, frustração da população que pode realmente criar condições para uma crise de governança e crise na democracia.

Alan Santos/PR e Wikimedia Commons“Talvez o Bolsonaro veja na relação com os EUA uma forma de levantar o prestígio internacional do Brasil. Mas eu acho difícil porque relações com o Trump não estão levantando o ‘status’ de nenhum país”, comenta Peter Hakim

Como a comunidade internacional vê Bolsonaro depois de acompanhar as primeiras ações do governo?

O que eu tenho visto, para além do Trump, que tem se manifestado favorável, a grande maioria da comunidade diplomática, analítica e acadêmica, tem uma opinião bastante desfavorável à Bolsonaro. É uma pessoa que aplaude os governos militares, que fala mal de mulheres, fala mal de negros, fala mal de LGBT. Quer dizer, tudo isso tem deixado Bolsonaro com uma aparência de ultra-extremista.

O que é interessante é que até a população como um todo nunca poderia comparar Bolsonaro com Haddad como exemplos de esquerda e direita. Ou Bolsonaro com Andrés Manuel López Obrador. Porque o Bolsonaro está nos extremos. Enquanto esses outros: Lula, Andrés Manuel López Obrador são vistos como uma extensão, talvez, do centro.

Qual a relevância para o continente da aproximação de Bolsonaro com Israel?

Acho que que tem duas bases. Uma é sua própria relação com a igreja evangélica. Quer dizer, que Israel é um símbolo muito importante para os evangélicos. Para os evangélicos nos EUA é um símbolo forte, eu imagino que deve ser ainda mais no Brasil. Segundo, é uma maneira de dar aos EUA uma iniciativa favorável que eles possam aplaudir.

Lembre-se que poucos países tem seguido os EUA em reconhecer Jerusalém como capital da Israel. Apenas países como Honduras e Guatemala e, agora, Brasil. Eu acho que isso é uma coisa simbólica e que não tem muita substância. Porque Israel tem uma relação econômica muito fraca com o Brasil. Israel e Brasil quase não têm comércio e já com os países árabes tem realmente uma exportação muito forte.

Você acha que se aliando aos EUA e outros governos de ultradireita, o Brasil pode ser uma peça importante para impulsionar essa ideologia pelo mundo?

Eu duvido muito que isso possa acontecer. Como eu disse, o status do Brasil, e o prestígio que o país tem no mundo é justamente pela sua habilidade de lidar com os outros países de uma forma “não-ideológica”. Ou seja, o Brasil podia ter boas relações com países mais conservadores e ao mesmo tempo relações com países mais de esquerda.

Francamente, não adianta o Brasil se tornar mais ideológico porque nenhum país no mundo se deu muito bem com uma agenda de extrema direita e nem com uma agenda de extrema esquerda. E a minha suposição é que isso não levará o Brasil muito longe.

O que vai realmente levar o Brasil adiante e fazer com que o país se torne de fato uma potência mundial com, talvez, uma influência e uma autoridade crescente [no mundo] é colocando a economia do país em ordem. O Brasil será um país mais parecido com o Canadá, Austrália ou os países nórdicos. Não é um país que vai ocupar um espaço ideológico de peso.

Recentemente o novo chanceler, Ernesto Araújo escreveu um artigo republicado nos EUA pelo Bloomberg na qual ele diz que “Bolsonaro não foi eleito para deixar o país igual” e rebateu críticas feitas a ele dizendo que “os críticos dirão que, ao falarmos sobre liberdade e democracia e ao levar esses conceitos a sério, estamos sendo ‘ideológicos”. Como você vê a nomeação do novo chanceler Ernesto Araújo? Ele tem uma boa aceitação nos EUA?

Eu acho que as coisas que o Ernesto Araújo escreve são confusas. Ele tende a se comunicar fazendo grandes generalizações da onde é difícil obter qualquer diretriz política ou até mesmo princípios que nos guiem. Neste artigo no Bloomberg, ele diz que apoia a democracia e a liberdade de expressão mas não está claro o que ele quer dizer com democracia e liberdade. Tanto Maduro quanto Chávez e Fidel tem dito que estão avançando a liberdade. O que eu entendo é que Araújo é uma pessoa que sabe o que não gosta – socialismo, o PT, Cuba e Venezuela, Wittgenstein- mas não existe clareza sobre o que ele gosta.

O Brasil deve se distanciar da China, que não é uma democracia e reprime a liberdade de expressão? Ou deve incentivar o comércio com a China e o investimento no Brasil que é crucial para retomar o crescimento econômico e criar uma economia que vai trazer mais liberdades para os brasileiros e ajudar a restaurar a crença da população na democracia?

Araújo alega que o Brasil deve ser mais ambicioso com relação a sua política externa para poder ter um papel mais importante, mais status e influência internacional. Mas todos os outros ministros de relações exteriores que eu me lembre também disseram a mesma coisa – Patriota, Lampreia, Amorim, Lafer -, todos eles almejavam grandes aspirações para o Brasil. Mas Araujo não oferece nenhum indício de que ele entende:

1- como o Lula conseguiu acumular estatura política mundial e influência para o Brasil;
2 –  que a aliança do Brasil com os EUA (que teve o seu status reduzido com o Trump) possa ser menos interessante do que manter uma política externa independente para servir as ambições que ele tem para o país;
3 – que a influência global que o Brasil tem se potencializa pelas reformas e os sucessos que o país demonstra internamente – economicamente, socialmente, pelas políticas de segurança pública, educação, saúde, igualdade, etc.

Acredito que Trump e Bolton em Washington são atraídos pelas ideias e o temperamento do gabinete de Bolsonaro que pensa como eles. Mas para além desses gestos simbólicos – como apoiar a Israel, se unir contra Maduro, uma possível oferta de uma base militar, e ter saído de diversos acordos dos quais Washington também rejeita-, não tem mais nada que os EUA pode esperar do Brasil, com a sua economia fraca, influência limitada, inclusive na América do Sul, e o seu problema de segurança pública e corrupção. Trump é um cara muito pragmático que busca maximizar os seus interesses. Quando o Brasil voltar a ter um peso político e econômico para poder de fato fazer algo para Washington, aí sim, a administração do Trump talvez possa fazer algo para o Brasil.

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El Sur se siente mal representado en altos cargos de la ONU

IPS español - ter, 15/01/2019 - 13:14

El secretario general de la ONU, António Guterres, asume el cargo al frente de la Secretaría General por cinco años . Crédito: Mark Garten/ UN Photo.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jan 15 2019 (IPS)

Los países del Sur en desarrollo, más de las dos terceras partes de los 193 Estados miembro de la ONU, se quejan de que no están bien representados en los cargos más altos del foro mundial, a pesar de que hay candidatos capacitados, competentes, profesionales y con formación académica.

El Grupo de los 77 (G77) países en desarrollo, con 134 miembros, la mayor coalición dentro de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) considera que: “los permanentes desequilibrios en la representación geográfica en la Secretaría General son un gran motivo de preocupación”.

La ONU ha recibido elogios por garantizar una representación equitativa de mujeres en los últimos años, pero todavía descuida las candidaturas de ciudadanos de países en desarrollo de Asia, Medio Oriente, África y América Latina y el Caribe.

Los empleos de alto nivel terminan generalmente en manos de candidatos de países occidentales, grandes donantes o de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia.

“Todos los secretarios generales, sin excepción, terminan cediendo a las demandas de las grandes potencias”, observó un diplomático asiático, que prefirió mantener reserva de su identidad. “Esos países creen que los cargos altos son un derecho de nacimiento”, se lamentó.

La representación geográfica equitativa es clave para garantizar el carácter internacional de la organización y sus Estados miembro, dijo Karim Ismail, de Egipto, en la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, hablando en nombre del G77 y China, en noviembre.

También pidió mayor transparencia en cómo se mide la representación geográfica y en la base de esa evaluación, al urgir a la Secretaría a realizar mayores esfuerzos en ese sentido, incluida la representación de países que aportan soldados y policías.

“La Asamblea General necesita información más completa y fácil de comprender sobre cómo la paridad de género y la representación geográfica se reflejan en los 38.000 cargos de la Secretaría General”, añadió Ismail.

Los altos cargos incluyen los subsecretarios general, los secretarios generales adjuntos, directores (categorías D1 y D2), jefes de misiones de paz en el extranjero, la mayoría en África, y enviados especiales del secretario general, António Guterres.

De acuerdo al sistema de equidad geográfica, cuando el secretario general es de un país occidental, el subsecretario general es de una nación en desarrollo, y vice versa. En la actualidad, Amina Mohammed, de Nigeria, tiene el segundo cargo más alto de la ONU, después de Guterres, ex primer ministro de Portugal.

El presidente del Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales del Sistema de la ONU, con 60.000 miembros, Ian Richards, dijo a IPS: “La situación actual en que el personal de países en desarrollo tiene menos probabilidades de acceder a un cargo alto es inaceptable y, por desgracia, refleja la influencia política y económica” en el foro mundial.

“Guterres debe mantener un debate franco al respecto”, sostuvo. De lo contrario, las tan mentadas reformas serán un ejercicio inutil y no tendrán mucho significado.

Entre los mayores contribuyentes al presupuesto regular de la ONU, y que reclaman su derecho a los cargos altos están: Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Rusia. Entre los países asiáticos están China (asociada al G77) y Japón, que aunque es asiático, no pertenece al grupo de países en desarrollo y tiene un gran peso económico como donante, son favoritos para los altos cargos.

Pero Asia no es solo China, Japón e India, de los estados con más habitantes del mundo.

Jayantha Dhanapala, ex secretario general adjunto para Asuntos de Desarme, dijo a IPS que es sabido que la ONU busca activamente reclutar japoneses mandando un equipo especializado, como forma de reconocer el gran aporte económico de Japón.

“Es necesario hacerlo también con otros. Hay grandes vacíos en el reclutamiento de Recursos Humanos en la ONU, con Occidente que se queda con los mejores empleos, aunque hubo avances con respecto a la contratación de mujeres para enderezar los desequilibrios del pasado”, añadió.

Los responsables son principalmente los Estados miembro, aunque también el actual secretario general, observó el ex secretario general adjunto Ramesh Thakur, profesor emérito de la Facultad Crawford de Políticas Públicas, de la Universidad Nacional Australiana.

Los países asiáticos deben, primero, promover a sus conciudadanos, y segundo, promover a todo el grupo asiático.

Pueden reclamar, por ejemplo, que como la Universidad de la ONU es el único órgano del foro mundial con sede en Asia, el rector sea siempre asiático.

De hecho, un solo rector fue asiático, otro fue de América Latina, no hubo ningún africano y hubo tres de Europa occidental y otras regiones de la ONU.

Thakur señaló que se debería pedir cada dos años a los Estados miembro un informe sobre la representación regional en los altos cargos.

“El simple hecho de tener que presentar la documentación hará que el secretario general y el sistema de la ONU sean más sensibles a una representación desigual”, declaró.

Samir Sanbar, secretario general adjunto y director del Departamento de Información Pública, dijo a IPS: “la representación geográfica equitativa, como establece la Carta de la ONU, se desgastó progresivamente en las últimas dos décadas, a pesar de la disponibilidad de candidatos calificados”.

En la actualidad, precisó, dos británicos dirigen dos departamentos, de Comunicaciones Globales y de Asuntos Humanitarios, un neozelandés dirige el de gestión, y uno de Portugal está al frente de la oficina de asuntos legales.

Además, Francia sigue dirigiendo el Departamento de Operaciones de Paz, desde 1996, y China, el de Asuntos Sociales y Económicos. Estados Unidos suele estar al frente del Departamento de Asuntos Políticos, y Rusia, de la oficina de la ONU en Viena, luego de encabezar la de Ginebra.

Hubo algunos nombramientos notorios, independientemente de la nacionalidad del candidato producto de sus credenciales superlativas.

Por ejemplo, Brian Urquhart fue el director del Departamento de Operaciones de Paz más distinguido, independientemente de ser británico, al igual de Bernard Miyet, de Francia.

Otras figuras destacadas de países en desarrollo fueron Sergio Vieira de Mello (Brasil), Jayantha Dhanapala (Sri Lanka) y Nitin Desai (India), apuntó Sanbar, quien trabajó con cinco secretarios generales distintos en toda su carrera.

“Como dijo el inspirador (secretario general entre 1953 y 1961) Dag Hammarskjold: La ONU necesita de las grandes potencias para sobrevivir y de las pequeñas para tener éxito”, apuntó Sanbar.

Mientras, el grupo asiático representa 27 por ciento de los Estados miembro y más de la mitad de la población mundial, pero sigue concentrando solo 17 por ciento del personal internacional de la Secretaría General.

Por su parte, Mahesh Kumar señaló que hay menos de 10 por ciento de los 38.000 funcionarios cubiertos por el sistema de rangos deseables. Y aun para esos 3.600 cargos, 64 países están subrepresentados o sin representación alguna, y 50 son naciones en desarrollo.

Además, el número de Estados miembro en la categoría no representados o subrepresentados aumenta desde 2014.

Y casi 60 naciones en desarrollo más están en niveles tan bajos en términos de rango deseable de representación que están en riesgo de caer a la categoría de subrepresentados, apuntó.

Casi la mitad de los comandantes de las misiones de paz, seis de 14, son de Europa occidental, es decir 14 por ciento de todos los Estados miembro.

En la actualidad, cinco de los mayores contribuyentes a las fuerzas de paz, con 90.000 soldados, son Etiopía, con 7.597 efectivos, Bangladesh, con 6.624, Ruanda, con 6.528, India, con 6.445, y Nepal, con 6.098.

En cambio, de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China está en el lugar 10 con 2.515 soldados, Francia, en el 31, con 729, Gran Bretaña, en el 36, con 618, Rusia, en el 68, con 85, y Estados Unidos, en el 77, con 51 efectivos.

Traducción: Verónica Firme

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El artículo El Sur se siente mal representado en altos cargos de la ONU fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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