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El potencial económico de la espesura de los bosques en Cuba

IPS español - qua, 13/02/2019 - 14:45

Algunos trabajadores sierran troncos con maquinaria obsoleta en El Aserrío, la pequeña y centenaria planta procesadora de la estatal Empresa Agroforestal Guamá, en el municipio montañoso de Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba, en el este del país insular caribeño. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS https://c2.staticflickr.com/8/7927/33208291618_9294326580_o.jpg Por Ivet GonzálezLA HABANA, Feb 13 2019 (IPS) Un ruido ensordecedor y nubes de polvo rodean a los trabajadores que con viejas máquinas cortan tablones de un ancho tronco transportado hasta el aserradero de Guamá, un municipio montañoso y costero en el este de Cuba. Con movimientos ágiles y esforzados, los operarios faenan bajo la larga nave de altos techos y sin paredes de esta pequeña planta, situada en un extenso descampado bordeado de casas, elevaciones y árboles, que muestran las grandes reservas de esta localidad, con 52 por ciento de su territorio cubierto por bosques. “Si se lograra extraer 10.000 metros cúbicos anuales, tendríamos madera para 20 años sin afectar el bosque”, reveló Ramón Velázquez, el director de la estatal Empresa Agroforestal Guamá, a cargo de la producción agrícola del municipio de 35.442 habitantes, que obtiene madera, carbón vegetal, café, leche, miel, frutas y hortalizas. “Ahora estamos produciendo con apenas dos camiones y un aserrío (aserradero) de más de 100 años”, dijo sobre la causa por la que extraen cada año apenas 2.500 metros cúbicos de maderas, fundamentalmente de pino. “Estamos entre las cinco empresas forestales del país que tienen mayor nivel de bosques que se pueden talar”, detalló a IPS. Como resultado de un programa conservacionista, Cuba ostenta hoy en día un territorio cubierto por árboles en 31,2 por ciento. Las mayores extensiones se registran en la provincia de Santiago de Cuba, adonde pertenece Guamá, seguida de Pinar del Río, en el extremo occidental del país y el tradicional polo forestal. En contraste,  en provincias como La Habana, Cienfuegos y Las Tunas, los índices de cobertura boscosa resultan bajos. Partiendo de una vasta deforestación, propia de un país de tradición azucarera, las autoridades cubanas lograron repoblar de árboles gran parte del territorio nacional en un escenario de depresión de la industria forestal, que el sector aspira a revertir para lograr los planes de desarrollo.   Exterior de la nave donde funciona el aserradero de la estatal Empresa Agroforestal Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba, en el este del país, al lado de una de las boscosas montañas que caracterizan al municipio de Guamá. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS El balance entre conservación y economía adquiere nuevos retos a medida que avanza la reforma económica iniciada en 2008, que persigue elevar las producciones locales para reducir importaciones, dispara la demanda de materiales de la construcción y busca que 24 por ciento de la generación de electricidad en 2030 provenga de fuentes renovables. Voces especializadas estiman que se requiere llevar a los anaqueles cubanos al menos 500.000 metros cúbicos anuales de madera y derivados para restituir el abastecimiento previo a la crisis económica que comenzó en 1991 y perdura hasta hoy, aunque entonces se lograba con importaciones del extinto bloque soviético. La industria forestal de Cuba,  que arrastra una crónica obsolescencia tecnológica, apenas logra 131.000 metros cúbicos anuales con problemas de eficiencia y aprovechamiento. Al parecer el país importa un discreto volumen anual situado en torno a 15.000 metros cúbicos de madera, aunque no existen cifras públicas actualizadas al respecto. “Nuestras plantaciones se desfasan, se demoran más años de lo establecido en ser taladas”, lamentó Velázquez. “Tenemos pinos que cuatro hombres no los abracan y eso nos dificulta luego aserrarlos”, continuó el director, que espera por financiamiento para construir un nuevo aserradero y adquirir buldóceres, camiones y equipamiento extractivo. Un operario corta tablones en el aserradero de la estatal Empresa Agroforestal Guamá, en ese municipio de la región de Oriente, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS Conocido como el municipio más largo de este país insular caribeño, Guamá dispone de “un alto potencial maderero”, consideró Omardín Samardín, el director de El Aserrío, que pertenece a la empresa agroforestal y emplea a 211 trabajadores, de los cuales 36 son mujeres y varias participan en la silvicultura. A su juicio, no hay que temerle al crecimiento de la actividad maderera: “hacemos buen manejo del bosque, por cada árbol que cortamos, sembramos 40 nuevos”. El patrimonio forestal cubano está compuesto en 23 por ciento por bosques de conservación, que no pueden ser tocados. El resto se divide en 46,3 por ciento de bosques protectores de aguas y suelos y 30,6 por ciento de bosques productores, de los que se extrae madera aserrada, resina de pino y carbón vegetal. “El Aserrío tiene una capacidad de ocho metros cúbicos, pero produce de nueve a 11 metros cúbicos diarios”, explicó Samardín a IPS, sobre la planta que obtiene cada año 2.500 metros cúbicos de madera aserrada, 1.800 metros cúbicos de madera rolliza y 30.000 envases. Además, siembra 450 hectáreas de nuevos árboles. Este sobresfuerzo se realiza para cumplir con los planes establecidos y en busca de mejorar los ingresos de los trabajadores, que ganan más si producen más. Cubierto de polvillo,  Diolvis Céspedes lija tablones en el aserradero, adonde regresó luego de probar suerte en otro sector. “Estoy en el mismo puesto de trabajo, me queda cerca de la casa y gano en dependencia de la producción”, dijo el joven, que es natural de Guamá, donde resultan limitadas las opciones laborales. En una carreta tirda por un caballo, dos hombres transitan por una carretera en una zona rural del municipio montañoso de Guamá, en el este de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS Cuando se logre la modernización tecnológica de la industria, la directora de capital humano de la empresa agroforestal, Lourdes Perdomo dijo que reduciría la plantilla vinculada a la producción de madera para fortalecer “la actividad netamente productiva de los bosques y dar continuidad a ese proceso industrial”. Gracias a su excelente adaptación al clima de Guamá, los pinares engrosan los bosques productivos del municipio, aunque el sector forestal local incursiona en la siembra del muy codiciado cedro y la baría (Cordia gerascanthus), además de otras variedades más duras con destino a la elaboración de carbón vegetal. Otra perspectiva de manejo, que equilibre economía y ecología, parece cernirse sobre los bosques cubanos, casi abocados en los últimos tiempos a los servicios ambientales. “El mayor impacto del sector forestal en la economía es la protección ambiental”, explicó Bernardino Prieto, responsable de Economía del gobierno provincial de Santiago de Cuba. “Aquí nunca se ha visto como un negocio lucrativo, aunque hay una producción importante de madera por nuestro escenario natural”, detalló a IPS. Tras décadas sin exportar casi productos forestales, el ramo vende en el exterior 30.000 toneladas de carbón vegetal por un valor de 9,6 millones de dólares y 650 toneladas de resina de pino. Además, abastece con producciones madereras locales al mercado interno, lo que ahorra en importaciones el equivalente a 20,3 millones de dólares, según datos oficiales. Y en busca de más participación de las fuentes renovables de energía, las autoridades trabajan en la creación de bosques energéticos, que deben producir 3.277.000 toneladas de madera para abastecer a 25 bioeléctricas por construir en el país. El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, entre otras funciones, paga a los productores que creen o conserven pequeños bosques como servicio ambiental para la protección del agua y los suelos. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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‘New tech’ business model threatens decent work conditions, warns UN

UN SGDs - qua, 13/02/2019 - 13:59
Unemployment is down globally but workers’ conditions have not improved, the UN said on Wednesday, warning that some businesses driven by new technology “threaten to undermine” hard-won social gains of recent decades.
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Por trás do alimento

Pública - qua, 13/02/2019 - 13:29

O projeto Por Trás do Alimento é uma parceria da Agência Pública e Repórter Brasil para investigar o uso de agrotóxicos no Brasil.

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Reforma previsional decidirá la suerte de nuevo gobierno en Brasil

IPS español - qua, 13/02/2019 - 11:06

El ministro de Economía, Paulo Guedes (D) y el nuevo presidente del Senado, Davi Alcolumbre, tras un encuentro en Brasilia. El papel de Alcolumbre es determinante en el proceso para aprobar la reforma del sistema previsional de Brasil, que necesita el voto de tres quintas partes de las dos cámaras del parlamento, al requerir una enmienda constitucional. Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência BrasilPor Mario OsavaRÍO DE JANEIRO, Feb 13 2019 (IPS) Reformar el sistema de previsión social será la primera y decisiva batalla del nuevo gobierno de Brasil, cuyo desenlace se espera para para mediados de este año y debe dictar el futuro de la extrema derecha en el poder. Con esa reforma se asegura un crecimiento sostenible de la economía por una década, prometió Paulo Guedes, al tomar posesión el 2 de enero como ministro de Economía, un cargo creado para concentrar los poderes que antes se distribuían entre varias carteras, con una amplitud sin precedentes. Una recuperación económica y una neta reducción del desempleo le daría al gobierno fuerza y cohesión para impulsar la agenda ultraconservadora en otras áreas, como la educativa, ambiental, de costumbres y seguridad pública, es decir el alma de los grupos que triunfaron en las elecciones de octubre.“La reforma previsional es impopular, trata de revisar derechos adquiridos a que las personas no aceptan renunciar, al creer que el déficit se debe a la corrupción y a privilegios de otros. Por eso articular apoyo político es indispensable”: Luis Eduardo de Assis. “Si no se aprueba la reforma previsional en el (legislativo) Congreso Nacional, se agrava la crisis económica y no avanza la pauta moral”, sostuvo Luis Eduardo de Assis, profesor de economía de la Universidad Católica de São Paulo y exdirector de política monetaria del Banco Central. Esa premisa condujo los coordinadores políticos del gobierno a postergar los trámites de las demás iniciativas para después de la esperada aprobación parlamentaria de cambios en la previsión social, que en este país de 209 millones de personas engloba las jubilaciones y pensiones. Aún no se conoce los términos de la propuesta que presentará el gobierno. Como se trata de una enmienda constitucional, el proyecto tendrá que obtener mayoría de tres quintos de los diputados y de los senadores, en dos votaciones en cada una de las cámaras legislativas. Trascendieron algunas versiones discutidas entre autoridades económicas y políticas, pero el proyecto que se presentará ante el parlamento solo se formalizará con el visto bueno del presidente Jair Bolsonaro, precisó Guedes. El mandatario deberá dar su última palabra sobre el tema tras salir del hospital en São Paulo, donde estuvo estuvo internado desde el 27 de enero hasta este miércoles 13, recuperándose de una cirugía de recomposición de los intestinos, sometidos a una colostomía desde septiembre, cuando sufrió una ataque a cuchillo durante la campaña electoral. Una neumonía prolongó su hospitalización más de lo esperado, lo que provocó altibajos en el mercado cambiario y de acciones, un reflejo de la ansiedad entre los agentes económicos. Guedes adelantó que, si se aprueba la reforma, el sistema previsional ahorrará cerca de un billón de reales (270.000 millones de dólares, al cambio actual) en los próximos 10 años. No se espera que salga la decisión definitiva del parlamento antes de julio. En Brasil hay en la actualidad un mayoritario consenso sobre la necesidad de cambios en la previsión social, tras la dura recesión económica de 2015 y 2016, cuando el producto interno bruto cayó 3,5 y 3,3 por ciento respectivamente. Desde entonces la economía brasileña se recupera pero a un ritmo muy débil, con crecimiento de uno por ciento en 2017. La tasa de desempleo, que alcanzó 12,7 por ciento como promedio en ese año, bajó solo a 12,3 por ciento en 2018. El déficit fiscal es señalado como el gran obstáculo a una recuperación más fuerte y se debe principalmente al creciente desequilibrio en el sistema de previsión social. Brasil, con 209 millones de habitantes, tiene un sistema considerado demasiado generoso, especialmente para los funcionarios públicos. Hay trabajadores, como las maestras y profesoras de la educación pública, que se jubilan con su salario integro con menos de 50 años, porque ganan ese derecho al cumplir 25 años de trabajo y pueden empezar a laborar a los 16 años. Un punto central en las actuales propuestas fija una edad mínima para la jubilación, aún ausente en las reglas brasileñas. Se habla de 65 años para todos o solo para los varones, bajando el límite a 62 años para las mujeres. Bolsonaro planteó como hipótesis 62 y 57 años, respectivamente, con un aumento gradual de esa edad mínima en el futuro próximo. Sin embargo, hay muchos rubros en discusión, como los regímenes distintos para el sector privado y el público, las pensiones de viudedad, de otros dependientes y de discapacitados, además de la jubilación de los trabajadores rurales. Los militares, por su parte, pretenden un trato especial, porque no consideran que dentro de las fuerzas armadas se produce una jubilación, sino un tránsito a la reserva que supone la posibilidad de movilización en cualquier momento. Por eso, al igual que otros funcionarios público, ganan el mismo sueldo de los activos, a veces incluso bastante más. A tales privilegios, criticados como una “transferencia de ingresos” hacia los mejor remunerados que amplia desigualdades, se les pondrá fin, según el ministro de Economía. Los militares, con siete oficiales entre los 22 ministros del actual gobierno y otras decenas de representantes en el segundo rango, aceptaron al parecer participar en los “sacrificios”, al aumentar de 30 a 35 años su tiempo de actividad y sus contribuciones al sistema. El déficit previsional en el sector militar es el que más crece, alcanzando el equivalente a cerca de 11.000 millones de dólares anuales, una suma similar a la de los funcionarios públicos civiles y cerca de un quinta parte del déficit total registrado en el régimen general, del sector privado, en 2018. La diferencia es que los militares “inactivos” ganan 17 veces más, como promedio, que los jubilados civiles del sector privado. Mientras el régimen general tiene 29 millones de beneficiarios, el de los militares solo 380.000. El gobierno tiene “una oportunidad de oro, fantástica” para promover una profunda reforma previsional, en contraste con intentos anteriores que se frustraron, por rechazo parlamentario o por metas demasiado limitadas, destacó Assis a IPS. Además de la legitimidad con que cuenta el gobierno por su reciente triunfo electoral, ha habido un largo debate sobre el tema en los últimos años y la oposición está debilitada para resistir. “Pero falta articulación política, no se sabe quien coordina la acción parlamentaria, cual es la propuesta oficial”, entre las varias que trascendieron, observó el economista. “La reforma previsional es impopular, trata de revisar derechos adquiridos a que las personas no aceptan renunciar, al creer que el déficit se debe a la corrupción y a privilegios de otros. Por eso articular apoyo político es indispensable”, arguyó. Además Assis no comparte la creencia de que la contención del principal agujero de recursos públicos produzca crecimiento económico automáticamente. “Es condición necesaria, pero no suficiente para una recuperación económica, que exige otras medidas para promover inversiones. Es un proceso largo”, concluyó el académico. El ministro de Economía también pretende en el futuro introducir en el sistema brasileño el modelo de capitalización, adoptado en Chile en 1981 y en revisión hoy, en que cada persona en edad activa hace sus ahorros que son administrados por empresas privadas y compondrán su jubilación futura. Guedes, con postgrados en la Escuela de Chicago,  trabajó en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando los llamados “Chicago boys” pusieron en marcha sus políticas económicas neoliberales, incluyendo ese controversial  sistema. Es un sistema individual, al contrario del vigente en Brasil y en la mayor parte de los países, un sistema de repartición solidaria en que todos contribuyen a un fondo colectivo. El aporte de los trabajadores actuales permite remunerar los jubilados, pero su déficit tiende a crecer con el envejecimiento de la población y reducción de la mano de obra activa. Edición: Estrella Gutiérrez El artículo Reforma previsional decidirá la suerte de nuevo gobierno en Brasil fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Drones al rescate de pequeños agricultores en África

IPS español - qua, 13/02/2019 - 10:18

La empresaria tanzana del sector de tecnologías de la información y la comunicación, Rose Funja, muestra uno de los drones que usa como herramienta en su empresa de mapeo de datos. Crédito: Busani Bafana/IPS.Por Busani BafanaBULAWAYO, Zimbabwe, Feb 13 2019 (IPS) Hace seis años, cuando la empresaria tanzana Rose Funja pensaba en cómo utilizar su formación de ingeniera decidió participar en una competencia con una idea que, años después, se convertiría en un negocio viable que beneficia a pequeños agricultores de Tanzania a conseguir un crédito. En este país de África oriental, es difícil para los agricultores conseguir préstamos porque muchos no tienen activos ni antecedentes de desempeño para ofrecer de garantía. Pero Funja, especializada en tecnologías de la información y la comunicación, tuvo una idea para ayudarlos, y en particular a las mujeres, a obtener pruebas de que son propietarios de su terreno para usar como garantía y acceder a un crédito. Fue una solución ingeniosa, que ideó sirviéndose del sistema de información geográfica (SIG) para generar datos útiles para los agricultores. “Un agricultor puede tener un gran terreno, pero si no es propietario legalmente, no lo puede usar de forma productiva”, explicó Funja a IPS. En 2013 ingresó en el Programa de Talentos AgriHack para África Oriental, una competencia organizada por el Centro Técnico para la Cooperación Rural y la Agricultura (CTA), con sede en Holanda. La idea de Funja quedó en segundo lugar y recibió un premio en efectivo y mentoría del Centro de Innovación de Buni, en Tanzania. En 2015, con un socio y estudiantes de la Universidad de Bagamoyo, la ingeniera desarrolló AgrInfo y, un año después, comenzó a trabajar a tiempo completo. AgroInfo tiene información de los agricultores, de la superficie de sus terrenos y de la ubicación, así como del tipo de cultivos que plantan. Los datos se cargan en una plataforma en línea que las instituciones financieras pueden consultar para evaluar su solvencia y si reúnen las condiciones para otorgarles un préstamo. “Información procesable en tiempo real es clave para tomar decisiones, en especial en la agricultura”, señaló Funja, quien estudió ingeniería de sistemas e hizo una maestría en ingeniería en sistemas de información y comunicación. El Banco de Desarrollo Africano señala que más de 12 millones de jóvenes ingresan al mercado laboral cada año y solo se crean tres millones de puestos de trabajo. Pero la agroindustria ofrece enfoques innovadores para que desarrollen los jóvenes y aporten soluciones TIC ingeniosas para pequeños agricultores. “Las TICs son un punto de inflexión en el desarrollo de la agricultura. La tecnología ofrece a los jóvenes beneficios económicos gracias a la venta de bienes y servicios mediante plataformas en línea”, observó Funja. AgrInfo pudo ayudar, por un precio módico, a más de 300 pequeños agricultores de Dodoma a acceder a instituciones financieras gracias al mapeo de sus terrenos. “Ayudamos a los agricultores a conocer lo que tienen y (así) utilizar sus terrenos para conseguir créditos y comprar insumos”, precisó. El éxito es el resultado del ensayo y el error, de la pasión y de la creación de valor, destacó Funja. La idea es aumentar el número de suscriptores del servicio a un millón, y ampliar el servicio a otros actores de la cadena de valor de la agricultura, como los servicios estatales de extensión. Buen comienzo Al comienzo, Funja utilizó SIG y dispositivos manuales con GPS para reunir datos. En 2017, entró en contacto a través del CTA con sistemas aéreos no tripulados y se capacitó en la gestión empresarial del manejo de drones, los que proveen información de forma más rápida y más precisa. Incluso, Funja fue una de las pilotas pioneras en Tanzania. El CTA colaboró con Parrot, fabricante francés de drones, para ayudar a las nuevas empresas a desarrollar la precisión necesaria para la agricultura africana. El proyecto del CTA de dos años, que comenzó en 2017, procura ayudar a crear unas 30 empresas dirigidas principalmente por jóvenes empresarios en los países africanos con una legislación favorable. Los drones, una tecnología relativamente nueva en este continente, ofrece nuevas oportunidades para los jóvenes empresarios del sector TICs y que pueden ayudar a los agricultores a aumentar la productividad, atender sus cultivos, así como vigilar pestes y enfermedades, según la investigación del CTA. “Teniendo en cuenta que en 2017, los drones eran una nueva tecnología en África, nuestro proyecto desempeñó un papel importante en la creación de un ambiente favorable”, coincidió Giacomo Rambaldi, coordinador de programa del CTA, en diálogo con IPS. “Ayudó al Grupo Africano de Alto Nivel sobre Tecnologías Emergentes, de la Unión Africana (UA) a elegir ‘drones para una agricultura de precisión’ como una de las tecnologías más prometedoras que impulsará el desarrollo de África”, destacó. En enero de 2018, el Consejo Ejecutivo de la UA recomendó que todos los miembros aprovechen la oportunidad que ofrecen los drones al sector agrícola. África debe priorizar la adopción, el despliegue y la ampliación del uso de drones para una agricultura de precisión a través de la construcción de capacidades, apoyando la infraestructura, fortaleciendo el marco normativo y promoviendo la participación de investigadores y de otros actores, señala el estudio “Drones en el horizonte: Transformando la Agricultura de África”, de 2018. La investigación concluye que se logró optimizar el beneficio en la agricultura pues permitió aumentar la productividad y mejorar el rendimiento gracias a la aplicación de varias innovaciones a lo largo de los años, como es el uso de drones. “Esas intervenciones y la revolución verde, en particular, beneficiaron a muchos países en desarrollo, pero no fue el caso de África. La situación exige revisar las políticas y prácticas agrícolas, y la comprensión explícita de que deben formularse políticas que faciliten la promoción de esa tecnología”, recomienda el estudio. Drones para el desarrollo de la agricultura Las empresas digitales son atractivas, pero necesitan de una gestión inteligente, fondos y un compromiso total, puntualizó Funja. “Una aplicación digital es solo una herramienta, pero el valor vende. Si no hay valor, no hay negocio”, explicó. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que los drones ofrecen varias posibilidades para atender varios de los problemas más acuciantes que tiene la agricultura para acceder a datos procesables, de calidad y en tiempo real. En los próximos cinco años, el sector será el segundo en hacer un mayor uso de drones, según investigaciones de Goldman Sachs. La inversión en TICs podrá catalizar y acelerar la transformación de la agricultura y podrá aumentar tanto la productividad como los ingresos de los pequeños agricultores, según la consultora Dalberg Global Development Advisors. “África tiene la mayor cantidad de tierras cultivables del mundo, pero liberar ese enorme potencial agrícola requerirá de un despliegue estratégico de capacidades en el sector TICs”, observó Johannes Enghild, consultor de la oficina de Nueva York. “Si se aprovechan bien las nuevas soluciones de las TICs, estas pueden, por ejemplo, mejorar los vínculos de los agricultores con el mercado y atraer inversores internacionales”, apuntó. A pesar del enorme potencial agrícola de África, sigue siendo el continente con más personas con mala nutrición y que viven con inseguridad alimentaria. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Governo libera registro de mais de um agrotóxico por dia neste ano

Pública - ter, 12/02/2019 - 16:07

Em 42 dias desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) publicou a autorização de 57 novos produtos elaborados com agrotóxicos. Em média, mais de um por dia. As últimas aprovações foram divulgadas na edição desta segunda-feira, dia 11 de fevereiro, do Diário Oficial da União. São 19 produtos, dos quais 12 foram classificados como extremamente tóxicos – maior grau toxicológico possível.

Todos os ingredientes dos novos produtos já eram comercializados no Brasil. A novidade é que eles passam a ser autorizados para uso em novas culturas, para fabricação por novas empresas ou para serem associados em combinações com outros químicos. Com isso, o Brasil chega a 2.123 produtos elaborados com agrotóxicos em circulação.

Entre os pesticidas com novos registros aprovados nesta semana está o Mancozebe, usado em culturas como arroz, banana, feijão, milho e tomate. Além do Piriproxifem, indicado para café, melancia, soja e melão. Mesmo classificados como extremamente tóxicos e com uso indicado para produtos que fazem parte da dieta de quase todo brasileiro, os pesticidas são de uso seguro, segundo o Ministério da Agricultura.

Porém, outros países não enxergam os produtos do mesmo modo que o Governo Federal. Entre os tóxicos estão o Imazetapir e o Hexazinona, que tiveram a comercialização reprovada na União Europeia por serem considerados muito tóxicos. O primeiro deles é um herbicida usado em culturas como a da soja, que teve o registro negado pelos europeus em 2004. O segundo é um herbicida utilizado em plantações de cana-de-açúcar, rejeitado na Europa em 2002.

Marcos Corrêa/PRDesde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento concedeu o registro a 57 produtos agrotóxicos

Ambos são venenos aplicados por pulverização aérea, prática em que o fitossanitário é lançado por pequenos aviões, atingindo mais rápido grandes plantações, mas podendo também contaminar regiões próximas à lavoura.

Dos 19 tóxicos aprovados, nenhum é inédito. Porém, agora eles passam a ser produzidos por mais empresas, ou em novas culturas. Entre eles está o Glifosato, que teve três novos registros aprovados. Dois deles pela empresa Monsanto, que descobriu e desenvolveu o produto, colocando-o à venda pela primeira vez em 1974 nos Estados Unidos. O pesticida é um ácido, mas é aplicado nas lavouras na forma de sal, como isopropilamina, amônio ou potássio. Os novos registros concedidos à Monsanto são para comercialização do veneno em forma de sal de Di-amônio Eles chegaram às lojas com os nomes Roundup Original Mais e Decisive, e com a classificação “Altamente Tóxico”. O que difere os produtos será a quantidade necessária para aplicação.

Segundo a assessoria de imprensa da Monsanto, os novos produtos podem ser usados em menor quantidade, uma redução de cerca de 30%.

Além deles, a Agroimport do Brasil também conseguiu autorização para vender nova combinação de Glifosato em forma de sal de isopropilamina. O produto é mais agressivo toxicologicamente, classificado como Extremamente Tóxico.

O glifosato pode ser utilizado em diversas culturas de plantações, como as de soja, milho e algodão — algumas das mais importantes para o agronegócio brasileiro, o que torna um dos tóxicos mais vendidos no país. O ingrediente ativo é usado por mais de 100 marcas apenas no Brasil, mas está ligado a diversas polêmicas.

Em agosto de 2018, a juíza federal substituta da 7ª Vara do Distrito Federal, Luciana Raquel Tolentino de Moura, determinou a suspensão do registro de produtos à base de glifosato no Brasil até que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concluísse um processo de reavaliação do uso do veneno que está em aberto desde 2008. Ela deu o prazo de até 31 de dezembro daquele ano para conclusão da análise. Porém, um mês depois, o desembargador Kássio Marques, presidente em exercício do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1), derrubou a liminar. Segundo ele, não era possível suspender o registro dos produtos sem análise dos graves impactos que a medida traria à economia do país. A reavaliação está parada, quase 11 anos depois de ter sido iniciada, segundo consta no site da Anvisa. Segundo o site, a expectativa do órgão é concluir a análise toxicológica ainda em 2019. A partir daí, a nota técnica resultante será colocada em consulta pública, quando a sociedade poderá se manifestar e contribuir com a reavaliação do agrotóxico. Autorização para australianos, suíços, indianos e chineses Empresas de diversas partes do mundo conseguiram registros para vender agrotóxicos no Brasil. Entre os defensivos mais tóxicos aprovados agora está o fungicida sistêmico Azoxistrobina, com dois registros de comercialização: um concedido à empresa de origem australiana Nufarm Indústria Química e Farmacêutica e à empresa suíça Syngenta Proteção de Cultivos, para culturas de algodão, arroz irrigado, café, cana-de-açúcar, feijão, milho, soja e trigo. A empresa indiana Arysta Lifescience do Brasi teve seu herbicida Cletodim Haloxifope-P-metilico aprovado para culturas de eucalipto e pinus. Já a Adama Brasil conseguiu autorização para produzir o inseticida carbamato Metomil para uso no algodão, batata, café, feijão, milho, soja e trigo. Também foi aprovado o sal de dimetilamina do 2,4-D da BRA Defensivos Agrícolas, usado em lavouras de arroz,café, cana-de-açúcar, milho, pastagem, soja e trigo. E a Rotam do Brasil e Syngenta, que dois registros de Abamectina o segundo indicado para algodão, cana-de-açúcar, milho e soja. PxHereEntre os pesticidas aprovados estão o Imazetapir e o Hexazinona, que tiveram a comercialização reprovada na União Europeia por serem considerados muito tóxicos Importação Com uma população acima dos 200 milhões e uma economia baseada no agronegócio, o Brasil tornou-se o maior consumidor de agrotóxico do mundo — cerca de 7,3 litros de defensivo por pessoa a cada ano. Com isso, os olhos de multinacionais produtoras de todo planeta se voltam para o país. Dos 19 novos registros publicados nesta semana, em 16 a China aparece como um dos endereços de fabricação, e em cinco os Estados Unidos e a Índia. Em 10 dos deferimentos, a titular do registro não possui uma única fábrica instalada no Brasil. !function(e,t,s,i){var n="InfogramEmbeds",o=e.getElementsByTagName("script")[0],d=/^http:/.test(e.location)?"http:":"https:";if(/^\/{2}/.test(i)&&(i=d+i),window[n]&&window[n].initialized)window[n].process&&window[n].process();else if(!e.getElementById(s)){var r=e.createElement("script");r.async=1,r.id=s,r.src=i,o.parentNode.insertBefore(r,o)}}(document,0,"infogram-async","https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js"); País de origem registro agrotóxico Infogram O grande número de companhias no mercado de agrotóxico explica também porque vários grupos pedem registro de um mesmo veneno ou ingrediente ativo. A partir do momento que as empresas produtoras iniciais perdem a patente, as demais podem começar a solicitar registro para usar esses ingredientes ativos e produzir novos produtos agrícolas. Há também casos como o da Monsanto, principal vendedora de glifosato, que solicita registros para novas versões do mesmo veneno ou para utilização dos defensivos em culturas diferentes. Procurado pela reportagem o Ministério da Agricultura respondeu aos questionamentos após a publicação. O Ministério da Agricultura garante que a análise técnica dos produtos foi concluída ainda em 2018. E reconhece a estratégia de ampliar o mercado nacional. Sobre o número alto de deferimentos, o órgão explica que o aumento no número de registros “visa promover concorrência entre as empresas no mercado e também diminuir o tempo necessário para deferir um agrotóxico ou afim”. A pasta afirma ainda que às alterações de procedimentos para dinamizar as aprovações estão baseadas nas práticas internacionais e na melhor ciência disponível.”Durante todo o ano de 2018 apenas dois novos ingredientes ativos foram autorizados no território nacional de uma fila de mais de 35 novos ingredientes aguardando análise. São pleitos de registro de produtos que, via de regra, têm toxicidade menor e são utilizados em menor quantidade do que os já autorizados”, diz a nota. Mais pedidos de registros O número de tóxicos aprovados no Brasil cresce anualmente. Em 2005, apenas 91 registros foram deferidos, enquanto no ano passado, foram 450, recorde histórico. E o número deve continuar aumentando. Na edição do Diário Oficial desta segunda-feira foram publicados também o pedido de registro de mais 79 produtos. No mês passado, outras 131 solicitações foram divulgadas. Questionado pela Agência Pública e Repórter Brasil se os 57 registros de agrotóxicos em pouco mais de 40 dias era considerado normal, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não respondeu até a publicação desta reportagem. MonsantoO glifosato pode ser utilizado em diversas culturas de plantações, como as de soja, milho e algodão Antes de chegar ao mercado, a substância precisa passar por avaliação do Ministério da Agricultura, Ibama e da Anvisa. Os órgãos fazem diversos testes para medir, por exemplo, o grau toxicológico e o potencial de periculosidade ambiental. Todo o processo pode levar mais de cinco anos — prazo criticado por parlamentares ligados ao agronegócio. Nos últimos anos, os órgãos avaliadores afirmam estar modernizando o sistema para que os processos demorem menos. O Ibama, por exemplo, diz que o “aperfeiçoamento de procedimentos e incorporação de novos recursos de tecnologia de informação” é responsável pelo processo correr mais rápido. Enquanto o Ministério da Agricultura informa que a maior rapidez se deve a uma nova política que prioriza os produtos de baixa toxicidade, que contêm organismos biológicos, microbiológicos, bioquímicos, semioquímicos ou extratos vegetais. A Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida posicionou-se contrária à liberação dos defensivos, afirmando se tratar de uma retribuição de imediato a todo o apoio do agronegócio dados durante as eleições. “Repudiamos de forma veemente a flexibilização do marco legal dos agrotóxicos no Brasil e a enxurrada de novos produtos registrados neste ano. Os agrotóxicos no Brasil já representam hoje um grave problema de saúde pública, e a inserção no mercado de mais produtos agravará ainda mais os perigos aos quais a população está submetida”.

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‘Shared responsibility’ to stop 420,000 needless deaths from tainted food each year, UN, world leaders warn

UN SGDs - ter, 12/02/2019 - 14:14
Each year, food contaminated with bacteria, viruses, parasites, toxins or chemicals cause more than 600 million people to fall ill, and 420,000 to die worldwide, prompting a call from world leaders on Tuesday for greater international cooperation to make the food chain safer.
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Rapa Nui afronta amenazas climáticas para sus recursos y sus moai

IPS español - ter, 12/02/2019 - 13:23

El Ahu Tongariki, de 200 metros de longitud, es la plataforma funeraria más grande de Rapa Nui o la Isla de Pascua. Tiene 15 estatuas de piedra volcánica o moai, ubicadas en la costa suroriental pascuence, frente al volcán Rano Raraku, y sobre ellas pende la amenaza del impacto del cambio climático en el vulnerable territorio insular chileno. Crédito: Orlando Milesi/IPSPor Orlando MilesiHANGA ROA, Chile, Feb 12 2019 (IPS) Activistas sociales y autoridades de Rapa Nui o la Isla de Pascua urgen a adoptar medidas para enfrentar el aumento de la temperatura del mar, la disminución de lluvias y una crecida de las marejadas que amenazan sus recursos pesqueros y sus moai, las misteriosas estatuas humanas de piedra volcánica. En esta isla enclavada en el océano Pacífico, en la región de la Polinesia, a 3.800 kilómetros de las costas de Chile, el país del que es parte, ya son evidentes los efectos provocados por el cambio climático. Ludovic Burws Tuki, profesor de la Aldea Educativa de Hanga Roa, donde los niños de la isla estudian educación básica y media, cuenta que con “el aumento de las temperaturas del agua algunos corales están empezando a blanquear” en las costas de Rapa Nui (rapa grande, en lengua rapanui). “Miras la isla y ahora (febrero) debería estar amarilla, pero está verde. Hay un desfase de temporadas. Está lloviendo más en un momento en que no debería. Lluvia más fuerte, más corta y muy intensa que provoca erosión que llega al mar y cubre los corales”, relató a IPS. “Ha subido la temperatura, pero mezclado con la basura, se ha generado una nueva alga en la profundidad de 80 metros (todavía en estudio), que empieza a crecer y a comerse el coral”, indicó Burws, quien también es asesor técnico de la organización Te Mau  o te Vaikava o Rapa Nui (Mesa del Mar de Rapa Nui). Esa Mesa es un colectivo de 22 representantes de diversas organizaciones, que actúa desde 2014, con el objetivo de supervisar los problemas vinculados con el entorno marino de la isla de 163,6 kilómetros cuadrados, poblada por 8.000 habitantes permanentes, la mayoría del pueblo originario rapanui. Otros daños provocados por el aumento de la temperatura es la casi desaparición del auke, una alga endémica “que antes era muy abundante”, explicó Burws. Un problema que se une, dijo, a otro que también viene del mar y afecta a la población: “toda la basura que recibimos desde afuera se transforma en micro plástico que se comen los peces y luego comemos nosotros”. El humedal Rano Kau, en el cráter del volcán del mismo nombre, aún no se ha secado como el situado en el cráter del Ranu Raraku. En este lugar se efectuaron ceremonias ancestrales, pero ahora el acceso está restringido pues su nivel de agua también descendió fuertemente. Crédito: Orlando Milesi/IPS Pedro Edmunds Paoa, alcalde del municipio de Isla de Pascua, del que Hanga Roa es su capital, dijo a IPS que “desde que en 1984 se identificó la corriente de El Niño, la isla ha ido sufriendo mermas en su fauna y flora marina”. “Hoy día se están pescando atunes chiquitos. Nosotros tenemos nombres para cada especie y cada tamaño. El que se está pescando se llama auhopu, que es un atún de 40 centímetros, un bebé atún. Porque en nuestras aguas el atún ova, nace, se cría y después migra”, contó. “Yo quiero repoblar mi mar”, subrayó la autoridad municipal. “El mar nuestro sufrió y sufre el calentamiento global, se  calentó en cinco a seis grados sobre lo que normalmente debe tener”, describió con alarma. Añadió que una medición, efectuada hace un tiempo por un barco científico de la estadounidense Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA), “detectó a 800 metros mar afuera de Hanga Roa y a 40 metros de profundidad, temperaturas de 29 grados (centígrados)”. Tradicionalmente, la temperatura superficial en la zona no pasaba de 24 grados y a esa profundidad era muy inferior. Para repoblar el mar, Edmunds impulsa un acuerdo con la chilena Universidad del Norte que tiene una estación de estudio, desarrollo y reproducción de especies, desde algas hasta peces azules como el atún, la vidriola, el pez espada y otros. El embarcadero en la plaza Hotu Matua es el centro de reunión de los rapanuis en Hanga Roa, la capital y único centro poblado de Isla de Pascua o Rapa Nui. Allí se realizó en este mes de febrero la competencia triatlón de la fiesta anual Tapati que incluye natación sobre balsas de totora y carrera con racimos de banano al cuello, y es una de las actividades tradicionales del territorio chileno en la Polinesia. Crédito: Orlando Milesi/IPS Al alcalde le preocupa también la merma de corales, que “están acostumbrados a una cierta temperatura”. “Al matar corales se mata especies que nacen de ellos, porque los corales son vida que acoge otras vidas y a partir de ahí se va creando la  cadena de lo menor a lo mayor”, explicó. Edmunds denuncia que el cambio climático no es el único responsable de la merma de atunes y otras especies marinas propias de la isla. La disminución, dijo, es favorecida también “por la pesca excesiva de naves extranjeras que entran a nuestras aguas, a pesar de que ellos insistan en que no pescan en nuestras aguas”.El “ombligo del mundo” quiere ser modelo Rapanuis de la generación de 40 años, formados en el extranjero, han regresado a la isla para contribuir a enfrentar sus problemas e impulsar un desarrollo sostenible, que convierta a esta isla especialmente vulnerable en un modelo que irradie a toda la Polinesia, desde “el ombligo del mundo”, como se define al territorio por su enclavamiento en medio del Pacífico. Ellos encabezan iniciativas para recuperar cultivos ancestrales, antiguos métodos de siembra, controlar la erosión, transformar la pesca en sostenible, aumentar la producción agrícola e incentivar la cultura ancestral y la lengua rapanui que ahora muchos jóvenes y niños ignoran. Otros 500 rapanui están formándose fuera actualmente, con la intención de reforzar esta estrategia de rescate de un desarrollo de la isla centrado en la cosmovisión de este pueblo polinesio. “Vamos a tener una gran escasez del recurso hídrico  y también el patrimonio se va a ver muy afectado tanto por el aumento del mar como por el de las marejadas”, pronosticó a IPS la abogada Tiare Aguilera Hey, quien trabaja en la planificación urbana y territorial. Ese patrimonio al que hace referencia está constituido por los moai, las míticas y gigantescas estatuas volcánicas que son exclusivas de Rapa Nui, y que junto con los ahus o altares ceremoniales, también pétreos, fueron declarados patrimonio de la humanidad en 1995 por la Unesco. Es un patrimonio que “se concentra principalmente en zonas costeras”, destacó la especialista. Además, “van a disminuir las precipitaciones y, por lo mismo,  la erosión, la acidificación y una serie de consecuencias que irán en desmedro de la agricultura y de la pesca, principalmente”, indicó. Aguilera es originaria de la isla, a la que retornó en 2013 después de realizar estudios en España y China. Desde entonces, asesora a la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua, un órgano de decisión indígena rapanui. Un parque, un consejo y una zona para defender al mar A mejorar la situación del entorno marino va a contribuir la entrada en operación del parque marino Motu Motiro Hiva, una iniciativa que quedó definitivamente plasmada en febrero de 2018,  con el decreto que lo instituyó, junto con Consejo del Mar, responsable de su manejo y cuyo plan debe estar listo en agosto. Con 150.000 kilómetros cuadrados, el parque forma parte del Área Marina Costera Protegida de Usos Múltiples de Isla de Pascua, que se estableció en junio siguiente, que abarca 720.000 kilómetros cuadrados y es la más grande en su tipo de América Latina. Hay más de 1.000 moai (estatuas humanas) en la Isla de Pascua (Rapa Nui en lengua indígena), construidos con roca volcánica. En el entorno del volcán Rano Raraku hay varios semienterrados que parecen salir de la profundidad de la tierra. Unos 120.000 turistas llegan cada año a la isla chilena de la Polinesia, atraídos por este mítico arte. Crédito: Orlando Milesi/IPS También el 29 de junio de 2018 se eligió a los 11 integrantes del Consejo del Mar, que preside la gobernadora pascuence, Laura Terita Alarcón Rapu. Seis de sus miembros, como se determinó en su creación, son rapanuis y fueron electos en forma especial por su comunidad. “Pero para un manejo que no sea de papel  se necesitan unos 8.000 millones de pesos (12,3 millones de dólares) y en el presupuesto 2019 del país no se destinan más allá  de 300 millones”, advirtió Burws, con base en estimaciones de organizaciones no gubernamentales. El nuevo parque marino se suma al parque Rapa Nui, creado en 1996 y cuya administración el gobierno entregó en 2016 a la Comunidad Indígena Ma’u Henua. Abarca 40 por ciento del territorio pascuense y en él se ubican las estatuas humanas moai, de uno a 10 metros, talladas en toba,  y los altares ceremoniales ahus, el mayor atractivo para los 120.000 turistas que llegan anualmente a la isla. Aguilera destacó que la nueva administración indígena  va a contar con un departamento de cambio climático para estudiar los humedales, que disminuyeron considerablemente el nivel de agua dulce, entre otros instrumentos, dejados por el organismo gubernamental que era responsable del parque anteriormente. “A nivel local se están adoptando muchas iniciativas desde instituciones diversas que han tomado la batuta con respecto al cambio climático”, elogió la especialista. Aguilera citó también entre las medidas ambientales positivas surgidas en Rapa Nui, algunas promovidas por la Municipalidad (alcaldía), como una gran campaña de reciclaje o la transformación en sostenible de la fiesta anual cultural y deportiva denominada Tapati, así como acciones para reducir el uso de bolsas y bombillas plásticas y la creación de un sistema de transporte público. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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La ONU busca beneficiarse de la inteligencia artificial

IPS español - ter, 12/02/2019 - 13:11

La inteligencia artificial y otras innovaciones tecnológicas pueden aportar soluciones que ayudan a mejorar el alcance y la eficiencia de programas de agencias de desarrollo, así como optimizar la asignación de recursos escasos. Crédito: Manuel Elias/UN Photo.Por Thalif DeenNACIONES UNIDAS, Feb 12 2019 (IPS) Las innovaciones tecnológicas que lleva adelante la ONU incluyen inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático, traducciones automáticas y robótica, entre otras. Pero estas pueden llegar a reducir puestos de trabajo y es necesario preparar a los jóvenes para el futuro mercado laboral. La ONU (Organización de las Naciones Unidas) también ha experimentado con vehículos aéreos no tripulados (drones) ni armados en operaciones de paz porque “ayuda a mejorar el conocimiento de la situación y a fortalecer la capacidad de proteger civiles”. En una reunión del Consejo Económico y Social y su Comité Económico y Social en 2018, un robot llamado Sophia participó en una sesión interactiva con la secretaria general adjunta Amina J. Mohammed. Entre las innovaciones tecnológicas introducidas en el foro mundial y, en especial, en los servicios de conferencias electrónicas, se destaca el uso de eLUNa, una herramienta de traducción asistida por computadora diseñada específicamente para traducir documentos de la ONU. El secretario general, António Guterres, señaló que el avance tecnológico se produce gracias a la combinación de la potencia informática, la robótica, los macrodatos y la IA, que generan revoluciones en la salud, el transporte y la manufactura en todo el mundo. “Estoy convencido de que estas nuevas capacidades pueden ayudar a sacar de la pobreza a millones de personas, lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y facilitar el salto de los países en desarrollo hacia un futuro mejor”, expresó Guterres. Frente a directivos de unas 31 agencias de la ONU, en noviembre de 2018, Guterres identificó algunos de los desafíos de los avances tecnológicos, que separó en cuatro áreas distintas: IA, ciberespacio, biotecnología y el impacto de las aplicaciones tecnológicas en la paz y la seguridad “con el fin de identificar puntos de entrada específicos para la participación de la ONU y determinar áreas prioritarias en las que el sistema de la ONU puede agregar valor”. Para conocer más de este asunto, IPS conversó con Christopher Fabian, asesor principal de la Oficina de Innovación Global del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), una de las agencias a la vanguardia en materia de IA sobre cómo utilizar este tipo de innovación con fines programáticos y operativos. Siguiendo los “Principios de Desarrollo Digital”, la organización promueve aplicaciones y el desarrollo de aprendizaje automático e IA centradas en la equidad, ya sea a través de conjuntos de datos para capacitación justos y abiertos o mediantes discusiones sobre equidad algorítmica y pobreza de información, explicó. Por ejemplo, Unicef desarrolla Magic Box (Caja mágica), una plataforma colaborativa que fue posible gracias a la participación de privados como Telefonica, Google, IBM, Amadeus y Red Hat, que compartieron sus datos y su experiencia por el bien común. Al aprovechar los datos en tiempo real generados por el sector privado, Unicef puede lograr una comprensión fundamental de las necesidades de las poblaciones más vulnerables y tomar decisiones más informadas sobre cómo invertir sus recursos para responder a desastres, epidemias y otros problemas, precisó Fabian. Además, a través de su Fondo de Innovación, el primer vehículo financiero de la ONU, colabora con innovadores de países donde está presente Unicef para construir y probar soluciones al ritmo necesario para acompañar la rápida evolución de los problemas que afectan a niñas y niños beneficiarios de la agencia. El fondo, lanzado en 2016 con 17,9 millones de dólares, ofrece una financiación flexible para los innovadores que comienzan y permite que Unicef evalúa, financie y genere soluciones tecnológicas de código abierto con rapidez, las que podrían tener un impacto positivo en la vida de niños vulnerables, explicó Fabian. IPS: ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la automatización? Y en particular en Unicef, ¿la eficiencia es el criterio clave? CHRISTOPHER FABIAN: La IA puede ayudar a Unicef de varias maneras, desde algoritmos de aprendizaje profundo, que pueden aprender patrones subyacentes de imágenes satelitales para mapear cada escuela del mundo, a modelos de predicción que nos pueden ayudar a prevenir la propagación de enfermedades. Ese tipo de soluciones pueden contribuir a mejorar el alcance y la eficiencia de los programas en el terreno, así como optimizar la asignación de recursos escasos. Pero los desafíos son muchos. Primero está la falta de capacitación de calidad. Los datos sobre las poblaciones más vulnerables suelen ser escasos y poco confiables. Como colectivo, tenemos que comenzar a destinar más recursos hacia la recolección de datos del terreno para validar los registros existentes y eliminar el sesgo de las bases de datos. ¿Qué pasa cuando tenemos una diversidad de datos de buena calidad? Tenemos que seguir trabajando juntos para asegurarnos de que estos se usan para crear algoritmos justos e inclusivos. En Unicef tenemos que asegurar nuestra participación en la conversación que se da a escala global para poder poner la voz de los niños, en particular la de los más vulnerables, sobre la mesa. En un esfuerzo por mitigar los riesgos, Unicef es uno de los socios fundadores de la Asociación sobre IA para beneficio de las Personas y la Sociedad e integra varios grupos de trabajo como “IA justa, transparente y responsable” e “IA, Trabajo y Economía”. La asociación se creó para investigar y establecer mejores prácticas para las tecnologías de IA a fin de promover la comprensión del público y su incidencia en las personas y las sociedades. IPS: ¿Unicef es la única, o una de las pocas, agencias de la ONU que se encamina a contar con operaciones digitalizadas o muy automatizadas? CF:  Hay iniciativas piloto para el uso de macrodatos, IA, cadena de bloques y otras innovaciones digitales en varias agencias y programas de la ONU, y a veces a través de la colaboración. Con el fin de compartir experiencias y aprender de los mutuos logros y fracasos, Unicef fundó junto con el Programa Mundial de Alimentos, la Red de Innovación de las Naciones Unidas, una comunidad colaborativa informal de innovadores del foro mundial interesados en compartir y promover esta innovación en el sistema de la ONU. Asimismo, las tecnologías de vanguardia y la digitalización están entre las prioridades del secretario general. Para fortalecer la cooperación digital y presentar propuestas a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, la academia, la comunidad tecnológica y otros actores relevantes del mundo digital, se creó el Grupo de Alto Nivel para la Cooperación Digital. Se espera que pueda crear conciencia sobre el impacto transformador de las tecnologías digitales en la sociedad y la economía, así como que contribuya a ampliar el debate público sobre cómo asegurar un futuro digital seguro e inclusivo, teniendo en cuenta normas relevantes en materia de derechos humanos. IPS: Kai-fu Lee, autor de “Superpoderes de la IA: China, IA y el Nuevo Orden Mundial”, citado en un artículo de The New York Times, señala que la IA eliminará 40 por ciento de los puestos de trabajo en 15 años. Y un informe del Foro Económico Mundial (FEM), presentado en Davos en enero, estimó que 1,37 millones de trabajadores perderán su empleo por la automatización laboral en la próxima década. ¿Cuál es su pronóstico para Unicef? CF: Según los últimos estudios, entre 75 millones y 375 millones de trabajadores (de tres a 14 por ciento de la fuerza laboral global) necesitarán cambiar de categoría ocupacional para 2030 si la automatización se da con un ritmo de medio a rápido. Asimismo, según el FEM, 65 por ciento de niñas y niños que ingresan a la escuela, tendrán empleos que todavía no existen. Eso significa que a pesar de que desaparecerán muchos trabajos, se crearán muchos nuevos. Pero hay una gran evidencia de desajustes de capacidades entre los jóvenes y los empleadores; los jóvenes no están adquiriendo las capacidades que necesitan para conseguir un trabajo. Si logramos comprender las capacidades necesarias para el futuro del trabajo y podemos ajustar los sistemas educativos en consecuencia, niños y jóvenes tendrán mayor resiliencia para afrontar la automatización y estarán mejor preparados para el futuro. Uno de los esfuerzos de Unicef apunta a la pobreza de información, una iniciativa que procura que cada niña o niño goce del derecho a la información, de oportunidad y de elección. Se puede encontrar más información al respecto aquí. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Boat made of recycled plastic and flip-flops inspires fight for cleaner seas along African coast

UN SGDs - ter, 12/02/2019 - 12:05
After completing a historic 500km journey from the Kenyan island of Lamu to the Tanzanian island of Zanzibar, the world’s first ever traditional “dhow” sailing boat made entirely from recycled plastic, known as the Flipflopi, has successfully raised awareness of the need to overcome one of the world’s biggest environmental challenges: plastic pollution.
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O estado de Minas a serviço da Vale

Pública - ter, 12/02/2019 - 11:00

Partiu do ex-secretário da Fazenda do governo de Fernando Pimentel (PT), José Afonso Bicalho, o primeiro “empurrão” dentro do governo de Minas para acelerar o licenciamento ambiental da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Foi ali que ocorreu o rompimento da barragem, no último dia 25, espalhando um mar de lama e deixando 165 mortos e 155 desaparecidos até o início da manhã de hoje (12/2). Outros sete licenciamentos ambientais de projetos da mineradora foram beneficiados pela canetada do então secretário, que também é membro do Conselho Fiscal da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), sócia da Vale na Aliança Geração de Energia. Enquanto era secretário da Fazenda, Bicalho, que fez 70 anos, foi retirado do processo conhecido como mensalão tucano por prescrição do crime. Presidência da República/DivulgaçãoÁrea atingida pelo rompimento da barragem em Brumadinho Bicalho era coordenador do Grupo de Coordenação de Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico Sustentável (GCPPDES). A Pública examinou dois documentos emitidos por esse órgão – e assinados por Bicalho – com a mesma numeração e datas diferentes. Um deles, enviado para a Superintendência de Projetos Prioritários (Suppri) – órgão ligado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) –, com data de 10 de janeiro de 2017, definia como prioritários para o estado oito processos de licenciamento da Vale – ou seja, escolhidos para serem avaliados com celeridade. Mas a deliberação que estabelece critérios e procedimentos para que um empreendimento privado seja classificado como prioritário foi publicada só na edição de 27 de março de 2017 do Diário Oficial de Minas Gerais (DOM), isto é, dois meses depois do documento que definia os licenciamentos da Vale como prioritários. Curiosamente, os dois documentos – o que determina as regras para um projeto receber tratamento mais rápido e o que lista como prioritários os projetos da Vale – receberam o mesmo nome do GCPPDES, então coordenado por Bicalho: deliberação número 1. A diferença é que um deles, enviado à Suppri, contém a relação de empreendimentos prioritários da Vale, com data de 10 de janeiro de 2017, e não foi publicado no Diário Oficial. O outro documento com o mesmo nome, mas com data de 27 de março de 2017 (publicado em 4 de abril na imprensa oficial), trata dos critérios e procedimentos para determinação da relevância para o estado de projetos da iniciativa privada – sem citar a lista de projetos da Vale – e define composição, estrutura, funcionamento e atribuições do GCPPDES. O parecer da Semad, que sugeriu a aprovação da expansão da mina Córrego do Feijão, conta que “em 10 de janeiro de 2017” (data de um dos documentos), foi realizada a 18ª reunião do Grupo de Coordenação de Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico Sustentável [GCPPDES], “na qual foi apresentado pelo Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI, para deliberação de prioridade, o projeto Córrego do Feijão, do empreendedor Vale S.A., conforme determinam o §1º do art. 5º da Lei 21.972/2016 e a Deliberação GCPPDES Nº 1, de 27 de março de 2017”. Ou seja, eles teriam feito uma reunião em janeiro com base em uma deliberação de março. O parecer registra ainda que “foi considerada a relevância do empreendimento em tela e encaminhado para análise na Superintendência de Projetos Prioritários – SUPPRI o presente processo”. Esse documento está entre os obtidos pela Pública durante uma investigação sobre o licenciamento ambiental dos empreendimentos da Vale em Minas Gerais a partir do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. A reportagem pesquisou de documentos que tramitam ou tramitaram na Secretaria de Meio Ambiente às atas das reuniões da Câmara Técnica de Atividades Minerárias (CMI), órgão vinculado ao Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), que dá a palavra final nos processos. A leitura do conjunto desses documentos sugere que os representantes do governo estadual, durante as reuniões, pareciam estar sempre a favor da mineradora. Como esse ilustrativo argumento do Superintendente de Projetos Prioritários, Rodrigo Ribas, ao defender a ampliação da mina do Córrego do Feijão, aprovada na reunião de 11 dezembro de 2018, sob críticas da sociedade depois do acidente de Mariana. “E aí vem um projeto que se propõe a apresentar um ganho ambiental a partir de inversão tecnológica, e nós vamos discutir aqui com base no acidente de Mariana? São casos completamente diversos. Nós tivemos muita tranquilidade naquele parecer que elaboramos e estamos muito seguros em relação a ele”, disse Ribas. Empreendimentos da Vale tiveram parecer favorável da Semad mesmo quando o órgão identificou impacto à comunidade do entorno. “Deve-se destacar que a perda de qualidade de vida para a população local não advém apenas do aumento do afluxo populacional para a região do empreendimento, visto que: no que tange à tranquilidade e à segurança, a existência da barragem implica sempre na probabilidade de risco de instabilidades, acarretando constante ansiedade”, destaca o órgão ao sugerir o deferimento da licença para a instalação da barragem Maravilhas III, em Itabirito. Licenciamento sob suspeita Um parecer de vistas do Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas (Fonasc) levanta suspeita de que os órgãos do governo estadual tenham manipulado documentos e normas para beneficiar a Vale. Ele se refere ao processo de licenciamento para expansão de uma cava da mina de Brucutu, também na lista de prioridades assinada pelo ex-secretário Bicalho. Trata-se da maior mina da Vale em Minas Gerais, localizada nos municípios de São Gonçalo do Rio Abaixo e Barão de Cocais e teve a operação da barragem Laranjeiras suspensa na última quarta-feira (6/2) pela Justiça estadual em ação civil pública movida pelo Ministério Público de Minas Gerais. INAEJosé Afonso Bicalho era coordenador do Grupo de Coordenação de Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico Sustentável (GCPPDES) O Fonasc – que tem uma cadeira na CMI, representada pela conselheira Maria Teresa Corujo – identificou documentos que comprovariam que a Suppri começou a analisar esse projeto da Vale antes de ser definido como prioritário pelo estado. De acordo com informações do parecer da Semad pelo deferimento do licenciamento, “em 02 de maio de 2017, foi realizada a 26ª reunião do Grupo de Coordenação de Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico Sustentável (GCPPDES), na qual foi apresentado pelo Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI para deliberação de prioridade do projeto de ampliação da Mina Brucutu – Cava da Divisa, do empreendedor Vale S.A., conforme §1º do art. 5º da Lei 21.972/2016 e nos termos da deliberação GCPPDES nº 1, de 27 de março de 2017”. O documento informa ainda que nessa reunião de maio foi considerada a relevância do empreendimento e foi aprovado e encaminhado para análise da Suppri. No entanto, no processo físico disponibilizado ao Fonasc estão cinco documentos com datas anteriores à deliberação GCPPDES nº 1, que é de 27 de março de 2017, e à 26ª reunião do GCPPDES, de 2 de maio. Entre eles está um auto de fiscalização, que depende de vistoria em campo, realizado pela Suppri, com data de 8 de março. Os outros documentos referem-se a ofícios da Vale encaminhados ao superintendente de Processos Prioritários, Rodrigo Ribas. A avaliação do Fonasc, exposta no parecer, é que há “fortes indícios de manipulação do processo físico e alteração de informações, para além da omissão, realizadas provavelmente de forma proposital para viabilizar sua análise processual, jurídica e técnica em tempo recorde e com parecer favorável ao deferimento, apesar da abrangência territorial, complexidade, grande porte e potencial poluidor do empreendimento em região de relevância espeleológica, paisagística e hídrica”. A entidade sugeriu também que fosse feita uma auditoria na tramitação do processo e uma “apuração dos desvios de conduta e ilegalidades e consequente instauração do competente processo administrativo disciplinar em desfavor dos responsáveis pelas situações apontadas neste parecer, caso confirmadas”. Apesar desses questionamentos, a CMI aprovou a Licença Prévia da Cava da Divisa/Mina de Brucutu, no dia 28 de julho de 2017, por 10 votos favoráveis e apenas 1 contrário, da conselheira Maria Teresa Corujo. Em 30 de novembro de 2018, a Licença de Instalação e de Operação foram concedidas. Por meio de nota, a Semad informou que o caso citado, relativo aos oito empreendimentos da mineradora Vale (entre eles o da Mina do Córrego do Feijão), foi apreciado na reunião no Grupo Coordenador, no dia 10 de janeiro de 2017, respaldado na competência legal que data desde 2016. “Conforme a Lei nº 21.972/2016 em seu artigo 24, a competência para deliberação sobre a relevância da atividade ou do empreendimento privado é de responsabilidade do Grupo de Coordenação de Políticas Públicas Setoriais (nesse caso o de Desenvolvimento Econômico e Sustentável). Tal grupo de coordenação foi instituído pela Lei nº 22.257 de 27/07/2016 e regulamentado pelo Decreto nº 46977, de 05/04/2016”, informou a nota. De acordo com o órgão, para dar suporte às deliberações do GCPPDES e tratar os empreendimentos e projetos de forma igualitária e transparente foram descritos critérios, que foram publicados na Deliberação nº 1, de 27/3/2017. “Tais critérios já estavam sendo discutidos pelo Grupo e foram levados em consideração nas propostas e sugestões de deliberações anteriores, como é o caso específico em análise”, acrescentou, na tentativa de justificar a inclusão dessa deliberação em uma reunião anterior a ela. A Pública tentou contato com José Afonso Bicalho, mas não obteve retorno. A reportagem não conseguiu localizar o ex-governador Fernando Pimentel. A comunicação do PT Minas informou que ele está sem assessor de imprensa. “De maneira inacreditável e absolutamente precipitada” O governo mineiro, representado, mais uma vez, pelo então secretário da Fazenda José Afonso Bicalho, coordenador do GCPPDES, também incluiu na lista de projetos prioritários do estado o licenciamento para a construção de uma barragem de rejeitos, a Maravilhas III, localizada no município de Itabirito. Apesar das tentativas de alerta de movimentos sociais, ambientalistas, atingidos e do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a mineradora Vale venceu na Justiça. Isso apesar do descaso do estado com a segurança, o bem-estar e a vida das pessoas tenha sido apontado pela Promotoria de Minas Gerais em ação civil pública ajuizada para suspender a licença prévia e de operação para a construção dessa barragem. O MPMG destacou que o parecer elaborado pelo próprio estado reconhecia a perda de qualidade de vida da população em função da insegurança causada pelo risco representado pela existência da barragem de rejeitos. “Fica evidenciada, de plano, a afronta à dignidade da pessoa humana caso se concretize a implantação do empreendimento, na forma como ele foi e está planejado. Isso porque não se mostra minimamente digno, sobretudo em razão dos últimos desastres lamentavelmente vivenciados em Minas Gerais, que algum cidadão seja obrigado a conviver diuturnamente com a angústia decorrente do fato de que ele necessitará, a qualquer momento, se mobilizar, abandonar seu lar e seus pertences, para, se houver tempo, salvar a sua própria vida”, destacam os promotores que assinam a ação. Eles alertam que o parecer elaborado pelo estado possui recomendações que evidenciam a ausência de estudos essenciais à conclusão da análise de viabilidade pelo órgão ambiental, “ante a possibilidade de situações de risco impossíveis de serem mitigados por medidas técnicas”. “Mesmo diante de tal recomendação, o Requerido Estado de Minas Gerais, por meio da Suppri, de maneira inacreditável e absolutamente precipitada, sugere o deferimento das Licenças de Instalação e Operação concomitantes para a Barragem Maravilhas III.” Os promotores observaram ainda na ação civil pública que o governo não levou em conta as comunidades existentes nas proximidades da barragem: “Aliás, a presença de pessoas residindo em áreas tão próximas àquela projetada para a barragem sequer foi mencionada como um dos critérios para a escolha do melhor local para implantação da estrutura. Essas propriedades estão a cerca de 500 a 1.000 metros de distância da localização da barragem requerida”. Como exemplo, Bento Rodrigues estava a 6 quilômetros da barragem de Fundão e, segundo a análise de ruptura, poderia ser atingido entre 8 e 17 minutos. No caso de Maravilhas III, existem propriedades que poderão ser atingidas em pouco mais de 1 minuto, sem nenhuma chance de evacuação. A barragem de Fundão despejou no ambiente aproximadamente 34 milhões de metros cúbicos de lama, e a barragem Maravilhas III foi projetada para receber 109 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, três vezes mais do que a que rompeu. Se houver rompimento desse reservatório, dois condomínios residenciais, com mais de 300 pessoas, e ao menos quatro propriedades rurais poderão ser atingidos pelos rejeitos de mineração, além de afetar o abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte. ValeA barragem Maravilhas III está localizada no município de Itabirito Em parecer de vistas, o Fonasc ressaltou ainda que a VOGBR Recursos Hídricos e Geotecnia Ltda., a mesma consultoria que garantiu a estabilidade da barragem de Fundão, foi responsável pelo estudo de Dam Brake (que avalia os potenciais impactos de um rompimento) da barragem de rejeitos Maravilhas III. “O FONASC-CBH entende que é necessário que se realize novo estudo por outra consultoria, até pelo princípio da precaução”, solicitou a entidade. Em resposta, o órgão ambiental justificou: “pelos documentos apresentados apensos ao processo, tanto a empresa quanto os profissionais envolvidos estão com suas respectivas ARTs [Anotações de Responsabilidade Técnica] válidas, sendo responsáveis pelas informações e dados apresentados. Ressalte-se, ainda, que os aspectos construtivos e de segurança de barragem são de responsabilidade do DNPM”. Durante reunião da CMI para votação desse empreendimento, o superintendente da Suppri, Rodrigo Ribas, afirmou não ver necessidade de alterar o projeto em relação à zona de autossalvamento. “Nós temos um número relativamente pequeno de unidades residenciais. Dessas unidades, um número menor ainda de domicílios. Portanto, nós não vemos uma necessidade de alteração do projeto em relação à zona de autossalvamento. Nós recomendamos para avaliação da empresa enquanto avaliação de risco e dano que eles possam fazer”, acrescentando que, do ponto de vista de prevenção, “nós estamos absolutamente tranquilos em relação a isso”. Em outubro de 2017, a Justiça de Minas deferiu liminar proibindo a Vale de praticar qualquer ato que tenha como objetivo a implantação da barragem Maravilhas III e o estado de conceder qualquer licença ou ato normativo relativo à barragem. Um mês depois, no entanto, a liminar foi revogada a pedido da Vale, com a justificativa de que a tecnologia que seria utilizada pela empresa para a construção da barragem seria diferente daquela utilizada em Fundão. Diante do rompimento da barragem de Brumadinho, a promotoria protocolou na quinta-feira (7/2) um pedido de revisão, em caráter de urgência, da decisão judicial. No pedido, o MPMG aponta que o “recente rompimento da barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão, ocorrido em Brumadinho dia 25 de janeiro de 2019, deixa patente, uma vez mais, os gravíssimos riscos humanos e ambientais associados à disposição de rejeitos no referido tipo de estrutura”. Vinte dias depois de Mariana, a Assembleia de MG vota pelas mineradoras Na contramão da necessidade de uma legislação mais rígida, evidenciada após a tragédia em Mariana, em 2015, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou, apenas 20 dias depois do rompimento da barragem de Fundão, um projeto de lei encaminhado pelo Executivo, flexibilizando os processos de licenciamento e fiscalização ambiental. O projeto mudou o funcionamento do Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do Conselho Estadual de Política Ambiental. José Cruz/Agência BrasilBarragem de Fundão, operada pela Samarco, anos depois do rompimento da estrutura de contenção de rejeitos “A explicação para isso é que no ano de 2014 78% dos deputados foram financiados por mineradoras. Isso não é uma questão partidária: eles financiam a maioria para mudar o Código Florestal ou licenciamento”, destacou Klemens Laschefski, professor do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e integrante do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, durante debate na universidade realizado na quarta-feira (6/2) com o tema “Para além do rompimento – a produção continuada de desastres com barragens”. Além dos deputados, o ex-governador Fernando Pimentel recebeu R$ 1,5 milhão de doação da Vale, diretamente ou via comitê nacional, de acordo com levantamento no Tribunal Superior Eleitoral. O governo justificou à época que a nova legislação tinha como objetivo melhorar a gestão interna dos órgãos ambientais, dar mais autonomia a eles e desobstruir os processos estagnados. As mudanças restringiram a atuação do MPMG nas decisões do Copam, reduzindo o poder do órgão na fiscalização. As câmaras técnicas, por exemplo, que eram formadas por membros do MPMG, sociedade civil e órgãos públicos, passaram a ser câmaras técnicas especializadas, como a minerária, por exemplo, que não conta mais com a participação de promotores. Também se diminui a autonomia da sociedade civil: antes da lei vigente, todos os projetos com potencial poluidor que dependem de licenciamento passavam pelo Copam; com a nova norma, apenas os de maior porte e potencial poluidor precisam de aprovação do órgão. Foi com essa lei que também foram criados os “projetos prioritários”. De acordo com reportagem do jornal O Nexo, até agosto de 2018, mais de um quarto de todos os projetos classificados como prioritários pelo governo de Minas era da Vale. Os projetos são classificados como prioritários após análise de sua “relevância” para a “preservação do meio ambiente” e para o “desenvolvimento econômico e social do estado”. “O que significa projetos prioritários? São aqueles [projetos] das empresas que financiaram as campanhas dos políticos. Então, já temos claramente uma interferência porque quem define os projetos prioritários não é a população. São aqueles que mandam nesse sistema”, ressaltou o professor Laschefski. “A Suppri é uma superintendência vinculada ao gabinete do governador pessoal, que tem direito de interferir no Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais”, acrescentou. Os empreendimentos privados são escolhidos pelo GCPPDES – composto por cinco secretarias, pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), Cemig, Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (Indi) e coordenado pela Secretaria da Fazenda – e encaminhados à Suppri. De acordo com a deliberação nº 1, de 27 de março de 2017, projetos com valor de investimento acima de R$ 200 milhões, por exemplo, são considerados automaticamente relevantes. Além da mudança na estrutura do órgão ambiental, normas do licenciamento foram alteradas ao longo dos últimos anos. Em dezembro de 2017, passou a vigorar a Deliberação Normativa 217, considerada pelos ambientalistas mais um golpe na política ambiental. Ela alterou os critérios de risco de algumas barragens, o que permitiu a redução das etapas de licenciamento ambiental no estado. A norma permite, em alguns casos, rebaixar o potencial de risco das barragens, o que pode levar à redução do processo de licenciamento para apenas uma etapa. Antes da medida, os casos de significativo impacto ambiental do estado passavam sempre por três fases de aprovação: Licença Prévia, Licença de Operação e Licença de Instalação. Com os novos critérios de risco, mais flexíveis, as três licenças são concedidas simultaneamente. Ela ajudou a acelerar o licenciamento para alterações na barragem da mina do Córrego do Feijão, por exemplo. Na avaliação do professor Laschefski, a Suppri e a Deliberação Normativa 217 “configuram o canal de influência institucionalizados das mineradoras no sistema ambiental de Minas Gerais”.

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Canadá estrena pautas alimentarias tapada por el desperdicio

IPS español - seg, 11/02/2019 - 13:19

Aun con un metro de nieve en Ottawa, es posible encontrar una amplia variedad de frutas importadas en los supermercados de Canadá. Crédito: Stephen Leahy/IPS.Por Stephen LeahyONTARIO, Canadá, Feb 11 2019 (IPS) Canadá presentó una guía de alimentación saludable que, por primera vez, no cuenta con la participación de la industria cárnica, láctea, así como tampoco de la de alimentos procesados ni de bebidas envasadas. Siguiendo recomendaciones de especialistas, la propuesta hace hincapié en el consumo de verduras, agua y en la cocina casera. Hace tiempo que especialistas alertan de que los canadienses no comen suficientes verduras ni frutas ni granos integrales. La nueva guía apunta a cambiar la dieta para que incluya más legumbres, fríjoles y tofu, y menos lácteos, huevos, carne y pescado. También alerta a los padres de que limiten a sus hijos el consumo de jugos de frutas con azúcar añadida o productos lácteos azucarados. “La comida saludable es una parte importante a la hora de tener una vida saludable, y ayuda a prevenir enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres”, explica una declaración de Theresa Tam, jefa de la oficina de Salud Pública de Canadá. La nueva guía de Canadá está entre las mejores del mundo, opinó Wayne Roberts, analista de cuestiones alimentarias. “Es comparable con la excelente guía de Brasil, que hace énfasis en alimentos frescos y no procesados”, dijo a IPS. También se concentra en cómo alimentarse, por ejemplo, recomienda la cocina casera y comer todos juntos, además de evitar la comida rápida, destacó Jennifer Reynolds, de Food Secure Canada, una alianza que aboga por la seguridad alimentaria. Imagen de la nueva guía de alimentación saludable de Canadá, presentada en enero de 2019. Crédito: Cortesía del gobierno de Canadá. Los canadienses gastaron 19.000 millones de dólares en comida rápida en 2017, unos 2.200 dólares al año por familia de cuatro integrantes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ubicó a este país en el lugar 37, de 41 Estados clasificados por los alimentos saludables que dan a los niños. Y a pesar del poder de la industria alimentaria, este año se aprobarán nuevas normas para limitar la venta a los niños de alimentos y bebidas poco nutritivas, apuntó Reynolds. No solo es bueno para la salud y el planeta cambiar a una dieta con más verduras, sino que es una oportunidad valiosa para reencaminar la agricultura de Canadá, concentrada en la exportación, hacia un sistema sostenible, así como para apoyar a la economía rural y al mismo tiempo atender la inseguridad alimentaria, subrayó Reynolds. A pesar de ser un país rico, más de uno de cada 10 canadienses no puede pagar, o no tiene acceso, a alimentos nutritivos suficientes como para tener un buen estado de salud, según una investigación de la Universidad de Toronto. Los investigadores recomiendan diseñar una política alimentaria que reúna a todos los sectores estatales para hacer frente a un problema de larga data. Esta no solo servirá para hacer frente al hambre y a la mala nutrición, sino también a los problemas relacionados con el cambio climático y la caída de la economía rural, apuntó Reynolds. Además, permitirá hacer frente al enorme volumen de desperdicios que genera el sistema alimentario de Canadá, donde se tira casi 60 por ciento de la producción, según el estudio “La crisis evitable del desperdicio de alimentos”. Es el primer análisis del sistema de producción de alimentos de Canadá, observó Martin Gooch, director general de Value Chain Management International (VCMI), que ayuda a las empresas a reducir los costos y a mejorar la eficiencia de su cadena alimentaria. “Quedé sorprendido por la cantidad de desperdicio de esta industria”, dijo Gooch a IPS. La investigación es única en el mundo porque mide el peso mediante un “sistema estandarizado en toda la cadena alimentaria” e incluye todo tipo de alimentos, de la tierra y del agua. Además, incluye datos primarios y se realizó con el aporte de más de 700 especialistas. La comida que se pierde o se tira en Canadá asciende a la friolera de 49.000 millones de dólares, indicó Lori Nikkel, de Second Harvest, una organización que recoge el exceso de alimentos y los distribuye entre personas necesitadas. El estudio de VCMI concluyó que la tercera parte de los alimentos tirados se podrían “rescatar” para distribuir en comunidades necesitadas. El desperdicio ocurre en las distintas etapas de la producción por distintos motivos como la pérdida de la cosecha en el campo, la escasez de mano de obra, la caída de precios o las órdenes canceladas. Otro gran problema es la insistencia de la industria alimentaria en producir grandes volúmenes de alimentos con el menor costo posible en perjuicio de la calidad, indicó Gooch. Cuando una granja pasa a interesarse en la calidad, logra costos menores y duplica el beneficio con la misma o menor producción. La mayor pérdida se da durante la producción y el procesado de alimentos, concluyó el estudio. Solo 14 por ciento ocurre en el ámbito doméstico. Otra de las grandes causas del desperdicio es la etiqueta de “consumir antes de”, tanto por parte de los consumidores como de los vendedores. El fechado no tiene nada que ver con la seguridad para el consumo. Las empresas pueden poner la fecha que tengan ganas, pues no hay normas ni regulaciones al respecto; es una práctica que no existía hace 10 años, puntualizó Gooch. Por su extenso conocimiento del sistema alimentario de Canadá, Gooch quedó muy sorprendido al encontrar que el Índice de Sostenibilidad Alimentaria ubicó a este país entre los mejores del mundo por evitar el desperdicio de alimentos, con una calificación de 97,8 en 100. “Es incorrecto, encontramos un volumen sorprendente de alimentos desperdiciados”, subrayó. El índice fue elaborado por el Fundación Centro Barilla para la Alimentación y la Nutrición y la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist. En él se clasifican 67 países según tres categorías: pérdida y desperdicio de agua y alimentos, desafíos nutricionales y agricultura sostenible. Canadá quedó en tercer lugar, para gran sorpresa de todos los consultados por IPS para este artículo. Cuando IPS consultó al Centro Barilla supo que en realidad este país quedó en un lugar pésimo, en el 65, con 80 kilogramos de alimentos desperdiciados por persona y por año, según sus estimaciones. Pero como tiene una amplia variedad de políticas para atender este problema, recibió una calificación mucho mayor. Además, el estudio del VCMI concluyó que el actual desperdicio estaba más cerca de los 1.000 kilogramos al año, por persona, muy por encima de los 80 kilogramos señalados por el Centro Barilla. “Canadá sí tiene varias políticas para realizar los cambios, en especial en comparación con Estados Unidos”, arguyó Valentina Gasbarri, del Centro Barilla, en respuesta por mail a la consulta de IPS. “Estamos abiertos a discutir las mejoras que se le puedan hacer al índice”, acotó. Quizá el índice esté muy enfocado en políticas e intenciones, especuló Roberts. En todo caso “no representa para nada la realidad de Canadá”, subrayó. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Erradicar la violencia contra las mujeres es vital en América Central

IPS español - seg, 11/02/2019 - 09:35

Erradicar la violencia contra las mujeres centroamericanas, es vital para el desarrollo de la zona. Crédito: PNUD Guatemala Por Richard BarathePANAMÁ, Feb 11 2019 (IPS) María es salvadoreña, tiene 35 años y tres hijos jóvenes. Creció con su madre, nunca conoció a su padre. Empezó a trabajar a los seis años vendiendo en el Mercado Central de San Salvador. A los 12 años fue violada y tuvo su primer embarazo. Fue expulsada de su hogar cuando su madre se casó por segunda vez, “mi padrastro no quiso hacerse cargo de mí, mucho menos con un hijo”, le dijo a la investigadora para el estudio “Juventudes resilientes, la oportunidad para Centroamérica”, que realiza el Proyecto Regional Infosegura, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés). María vivió en diferentes lugares hasta que conoció al padre de su segunda hija, quien años después murió asesinado. Tuvo un tercer hijo, con su tercera pareja, de quien se separó por violencia intrafamiliar. Actualmente, su hijo adolescente vive con su padre, tío y abuela porque ella no podía cuidarlo por su trabajo remunerado que le ocupa todo su tiempo. Como todas las mujeres salvadoreñas, María tiene una expectativa de vida de 75 años, podemos decir entonces que la mitad de la vida de María ha sido profundamente marcada por las violencias que viven las mujeres en el norte de Centroamérica, una región azotada desde hace dos décadas por la violencia letal sin ser una región en guerra. Cuando se habla de violencia en la zona norte de América Central, se asume como un problema de hombres jóvenes pues “solamente” 11 por ciento de las víctimas de muertes violentas son mujeres. Richard Barathe Pero la historia de María revela que las mujeres de esta región viven cotidianamente otras violencias que las afectan de manera diferenciada por el hecho de ser mujeres, violencias que no son letales, las víctimas sobreviven, pero siguen sometidas a esas violencias de forma reincidente, múltiple y simultánea en el contiuum de sus vidas, con impactos en las familias y comunidades, en su economía y sostenibilidad, en sus capacidades para el desarrollo. Los datos revelan que, en el país de María, 93 por ciento de las víctimas de delitos sexuales son mujeres. El 43,55 por ciento de las víctimas son menores de edad. También sabemos que la violencia intrafamiliar está presente durante toda la adultez de una mujer, también que una mujer entre los 12 y los 50 años corre alto riesgo de ser desaparecida. Un total de 3.591 mujeres han sido asesinadas en el periodo 2010-2017; y entre 2010 y 2016, otras 2,669 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, de estas, 43,6 por ciento era menor de edad. Esto lo sabemos porque el Estado salvadoreño ha avanzado en la gestión de información sobre seguridad ciudadana con enfoque de género y ha orientado políticas públicas para garantizar el análisis basado en evidencia. La migración es un fenómeno que también caracteriza a esta región del mundo, y los datos indican que la violencia contra las mujeres es un factor importante a ser considerado. Al analizar los datos de retornados –migrantes detenidos en tránsito que fueron enviados de regreso a su lugar de origen– sabemos que 26 por ciento son mujeres, y que tres de cada 10 manifiestan haber migrado por la violencia, frente a 18 por ciento de los hombres que alegan ese motivo. Es crucial reconocer la violencia contra las mujeres como un elemento esencial de la seguridad ciudadana: abordarla es un paso clave para construir sociedades más cohesionadas y pacíficas. Abordar la violencia social con un enfoque especial en la violencia contra las mujeres debe estar en los fundamentos de las políticas públicas de seguridad ciudadana que tengan como objetivo erradicar todo tipo de violencia. Hay que entender que la violencia cotidiana que viven las mujeres en sus hogares, en las plazas, en las calles es un problema de seguridad para las comunidades y las naciones. Ninguna nación estará segura a menos que las mujeres puedan vivir de manera segura y desarrollar todo su potencial En esta línea, la Agenda 2030 ofrece en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera transversal, un modelo de abordaje para procurar a las mujeres una vida libre de todo tipo de violencia. Toda la sociedad en su conjunto avanzará con pasos más firmes hacia el desarrollo cuando nadie se quede atrás. En el PNUD estamos sistematizando las buenas prácticas y las historias de éxito de nuestro trabajo en Centroamérica en el marco del Proyecto Regional Infosegura, en alianza con USAID, que está dedicado al desarrollo de las capacidades estatales para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia y con enfoque de género. Es por ello que, estamos estableciendo estándares, metodologías y procesos escalables. Una parte esencial del proceso ha sido generar confianza y coordinar nuestro trabajo con las instituciones nacionales que producen y analizan datos, aprovechando las nuevas tecnologías, los expertos nacionales y la innovación. Esta coordinación ha producido hitos regionales en gestión de información con enfoque de género, como las encuestas especializadas e informes estandarizados sobre hechos de violencia contra las mujeres. En El Salvador, Guatemala o Honduras, entender el contexto de la historia de María con la mayor precisión posible nos permitirá erradicar eficazmente la violencia contra las mujeres, así como todos los demás tipos de violencia. Si los países quieren alcanzar la Agenda 2030, impulsando los beneficios en los ámbitos económico, social y ambiental, solo puede lograrse si nos aseguramos que otras “Marías” no queden excluidas. RV: EG Artículos relacionados

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Rastreamos a hashtag que espalhou fake news sobre Jean Wyllys

Pública - seg, 11/02/2019 - 09:12

Levou pouco mais de duas horas para que a notícia da renúncia do ex-deputado Jean Wyllys (Psol) devido a ameaças, em 24 de janeiro, fosse capturada por seus mais ferrenhos opositores e transformada em um novo ataque ao parlamentar. Entre as ameaças denunciadas por Wyllys antes de deixar o país, havia avisos sobre um atentado com explosivos e advertências de que seus familiares seriam estuprados e esquartejados, incluindo dados pessoais de parentes, como endereços e placa de carro. Mas, nos dias 24 e 25 de janeiro, boatos insinuavam ou afirmavam que Jean estaria envolvido no atentado a faca contra o presidente Jair Bolsonaro (PSL) cometido por Adélio Bispo, que confessou o crime e está preso. Mesmo com a Polícia Federal (PF) descartando o envolvimento de terceiros no inquérito concluído em 2018 e sem evidências de que Wyllys estaria ligado às investigações em andamento – a PF afirmou à Pública que não comentaria o inquérito em curso –, diversos perfis de direita e ultradireita afirmaram que a saída de Wyllys do Brasil era uma fuga das autoridades brasileiras. O caminho do boato nas redes seguiu um roteiro já conhecido das fake news: primeiro, foi lançado por perfis anônimos no Twitter, que, em seguida, foram retuitados por perfis mais populares, influenciadores e políticos com alcance nacional. Além do Twitter, o boato alcançou youtubers com milhares de seguidores, assim como páginas conhecidas no Facebook. Depois de terem explodido na rede, vários tweets, vídeos e postagens foram deletados. A Pública analisou mais de 300 mil postagens no Twitter, além de conteúdos no Facebook, YouTube e no GAB – rede social criada pela ultradireita dos EUA que chegou ao Brasil no ano passado – e concluiu que os boatos ganharam repercussão após terem sido compartilhados por figuras ligadas a Jair Bolsonaro, como Olavo de Carvalho, Lobão e Alexandre Frota, além do próprio presidente, que endossou ligação do Psol com o autor do atentado. A reportagem apurou também que páginas de notícias hiperpartidárias e de apoio a Bolsonaro foram fundamentais na difusão do boato, o que pode levar a condenações criminais para quem o espalhou. Anônimos iniciaram boato O primeiro registro nas redes que traz os nomes de Wyllys e Adélio juntos apareceu no Twitter cerca de uma hora depois da publicação da entrevista da Folha de S.Paulo que revelou que Wyllys deixaria o país. Às 15h48, Ruth Coriar compartilhou uma nota do site Renova Mídia, que replicou a entrevista da Folha, acrescentando que estava mal contada “essa história” da renúncia de Wyllys. O Renova, que se afirma um veículo “sem o filtro politicamente correto da velha imprensa”, tem sido utilizado como fonte por apoiadores de Bolsonaro. A coleta foi realizada pelo Monitor do Debate Político no Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP). A HISTÓRIA ESTÁ MAL CONTADA, ESTÁ FUGGINDO DE QUÊ REALMENTE? Acho que nunca saberemos. PSOL, Adélio, Incêndio do museu, Marielle… Mas já VAI TARDE… FALTAM ALGUNS… https://t.co/jKJaluubyJ — Ruth Coriar (@Rucoriar) 24 de janeiro de 2019 Às 15h56, em um comentário na própria matéria no site do Renova, um usuário chamado Diogo Marques questionou a relação de Adélio Bispo, autor confesso da facada em Bolsonaro, com Wyllys. Às 15h57, uma resposta ao Twitter oficial da Folha de S.Paulo fomentou o boato. A usuária @margareth_rei, que faz constantes críticas ao PT e elogios a Bolsonaro em seu perfil, tuitou: “ah, se Adélio falasse…”. A publicação teve seis curtidas. As publicações seguiram sem grande engajamento até que, às 16h49, Milene Reis, com mais de 12 mil seguidores (entre eles o vereador Carlos Bolsonaro e o assessor do presidente Filipe Martins), escreveu que a fuga de Wyllys ocorreu após um vídeo comprovar visita de Adélio ao Congresso. Com a hashtag #VaiPraCubaJean, a postagem de Milene teve mais de 1,5 mil compartilhamentos e mais de 4,9 mil curtidas. – Vídeo comprova que Adélio, ex-PSOL, visitava um deputado no Congresso – Quem pagou os advogados de Adélio? – Moro vai investigar entrada de dinheiro da ditadura de Maduro no Brasil – Maduro é deposto – Jean Wyllys desiste do mandato e foge do país Coincidência? #VaiPraCubaJean — Milene Reis

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Sin títulos de propiedad es difícil luchar contra la degradación de la tierra

IPS español - sex, 08/02/2019 - 12:30

Erin Myers Madeira, directora del Programa Mundial sobre Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de Nature Conservancy, señaló que “las comunidades obtienen mejores resultados que las autoridades y que otros actores a la hora de frenar la deforestación y la degradación. La comunidad akaratshie, del distrito de Garu yTempane, en Ghana, lograron restaurar tierras degradadas. Crédito: Albert Oppong-Ansah/IPS.Por Tharanga YakupitiyageNACIONES UNIDAS, Feb 8 2019 (IPS) Cada vez es más importante realizar una gestión sostenible del suelo a medida que aumentan las emisiones contaminantes, la deforestación y la escasez de agua. Pero es muy difícil en las regiones donde existen pueblos y comunidades sin derechos de propiedad, pues la relación de ese problema con la degradación ambiental sigue siendo un asunto mal comprendido y desatendido. Los estudios coinciden en que la inseguridad en la tenencia de la tierra se traduce en una mala gestión del suelo, pues las comunidades no tienen incentivos para invertir en medidas de protección a largo plazo, lo que favorece la degradación ambiental. “Asegurar el derecho a la seguridad y a la tenencia de la tierra y a los recursos para los pueblos indígenas y las comunidades locales es uno de los asuntos más importantes que se pueden atender para obtener buenos resultados en materia de conservación”, subrayó Erin Myers Madeira, directora del Programa Mundial sobre Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de Nature Conservancy. “Las comunidades obtienen mejores resultados que las autoridades y que otros actores a la hora de frenar la deforestación y la degradación”, destacó, en diálogo con IPS. A pesar de los derechos consuetudinarios en más de la mitad de los territorios, los indígenas y las comunidades locales solo tienen la tenencia legal de 10 por ciento del total de tierras. La organización Resources and Rights también concluyó que el reconocimiento legal de los derechos de propiedad de las comunidades locales es inadecuada, pues en 2017 ascendía a 14 por ciento de las superficie forestal. Es, en parte, resultado de la falta de políticas estatales, pero el acaparamiento de tierras que emprenden las compañías, que no reconocen los derechos de las comunidades locales a sus territorios ancestrales, son cada vez más comunes en el mundo. En 2006, 200 familias perdieron derechos sobre su territorio en el distrito de Sre Ambel, en Camboya, en beneficio de una plantación de azúcar. En Liberia, el gobierno expulsó a un grupo de agricultores de sus tierras cuando otorgó 350.000 hectáreas a la multinacional malasia Sime Darby, lo que provocó el surgimiento de un resentimiento generalizado y generó un conflicto en la zona. Según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), 35 por ciento de las restantes tierras cultivables disponibles de África están en manos de grandes entidades, con más de 70 millones de hectáreas dedicadas a los biocombustibles. Muchas comunidades se organizaron para luchar contra la expansión, pero con resultados fatales. Según Global Witness, 201 activistas ambientales fueron asesinados en 2017 tratando de proteger sus tierras de la minería y de la agroindustria, entre otras. Imagen aérea de la región Alta Oriental, en Ghana, antes de la recuperación que tuvo lugar en 2015. Crédito: Albert Oppong-Ansah /IPS. Mejor cuando los pueblos se hacen cargo Karina Kloos Yeatman, directora de la Campaña de Derecho a la Tierra, de Landesa, subrayó la importancia de la gestión sostenible y de la conservación en manos de comunidades locales, pero el primer paso es el derecho a la tierra. “Si no pensamos en el uso de la tierra y en la seguridad de la tenencia, y en encontrar más soluciones para ayudar a la gente a realizar inversiones a largo plazo para lograr un uso sostenible del suelo, vamos a seguir viendo un flujo de migrantes climáticos y a tener personas desplazadas”, alertó, en diálogo con IPS. Yeatman, en particular, mencionó cómo cuando se logran asegurar los derechos de propiedad, aumentan las inversiones a largo plazo en la gestión sostenible del suelo y de los bosques. Por ejemplo, pequeños agricultores con derecho a la tierra en Etiopía tienen 60 por ciento más de probabilidades de invertir en medidas que eviten la erosión del suelo. En los bosques donde los indígenas tienen derecho a la tierra, se observa una reducción notoria de la deforestación. En Bolivia, la deforestación es 2,8 veces menor en los territorios donde los indígenas tienen títulos de propiedad, lo que no solo ayuda a frenar la degradación, sino que las medidas adoptadas también mitigan las emisiones forestales y contribuyen a contener el recalentamiento global. Yeatman y Madeira coinciden en que el derecho a la tierra no basta para promover una gestión sostenible del suelo, sino que es uno de los cuatro pilares necesarios. Los pilares son asegurar el derecho a la tierra y a recursos, apoyar el fuerte liderazgo comunitario y la gobernanza local, promover la colaboración entre múltiples actores, permitir que las comunidades participan en la toma de decisiones e identificar oportunidades de desarrollo económico ambientalmente sostenibles en conexión con la gestión sostenible y los valores culturales de las comunidades locales. “Es cuando se tienen esos cuatro ingredientes que se logra una conservación duradera, tener comunidades con poder para proteger a sus pobladores y que se benefician económicamente de administrar esos lugares”, destacó Madeira. En un esfuerzo por frenar la tala y la deforestación, la comunidad amazónica shipibo-conibo, en Perú, incluyó 6.000 hectáreas, 80 por ciento de su territorio, en un programa de conservación nacional que le ayudó a administrar sus tierras de forma de contar con fuentes de ingresos sostenibles. Como parte del Programa Nacional de Conservación de Bosques, las comunidades reciben tres dólares al año por hectárea que dedican a la conservación, lo que les puede llegar a significar por lo menos 18.000 dólares. Para recibir el pago, deben comprometerse a proteger la selva. Una proporción significativa del dinero se reinvierte en la selva y en sus comunidades que se dedican al ecoturismo y a la extracción sostenible de recursos forestales. Agricultores realizan una poda periódica en Susudi, en la región Alta Oriental, en Ghana. Crédito: Albert Oppong-Ansah/IPS. Un paso adelante, pero quedan muchos más La tenencia de la tierra puede tener distintas formas en varios contextos, pero Madeiro subrayó la importancia de que los gobiernos y las empresas respeten los derechos de propiedad, así como la inclusión de los indígenas y de las comunidades locales en la planificación de la gestión sostenible. Yeatman urgió a las corporaciones a informarse sobre las complejidad que rodean a la tenencia de la tierra y que apoyen a las comunidades locales a garantizar un futuro sostenible. “(Las compañías) suelen tener contratos de 50 a 100 años y si quieren tierras sostenibles, deben ayudar a los agricultores a garantizar sus derechos y el acceso a la información, así como a insumos para diversificarse y que el suelo no se degrade”, puntualizó. Los consumidores también deben desempeñar su papel, observó Yeatman, involucrándose en el origen de los productos y de las compañías a las que les compran. La campaña de Oxfam “Detrás de las Marcas” ofrece un puntaje para medir cómo se ubican las 10 mayores compañías de alimentos y bebidas con respecto a ciertos indicadores, como el apoyo a las mujeres en la agricultura, la reducción de emisiones contaminantes y el respecto a los derechos de propiedad y de un uso sostenible del suelo. Por ejemplo, la multinacional francesa Danone y la estadounidense General Mills están en los lugares más bajos en el indicador sobre tierras porque no se comprometieron con la tolerancia cero al acaparamiento de tierras y no exigen a sus proveedores que evalúen cómo esas adquisiciones afectan a las fuentes de ingresos de las poblaciones locales. Hace poco, hubo algunos avances al respecto. El gobierno de Malasia demandó al gobierno local de Kelantan por no proteger el derecho a la tierras de los indígenas orang asli, muchos de los cuales no tienen títulos de propiedad, al seguir otorgando licencias a empresas madereras y agrícolas. Asimismo, Birmania (Myanmar), que tiene uno de los mayores índices de deforestación de Asia, tiene previsto dejar unas 918.000 hectaŕeas en manos de comunidades locales para 2030 a fin de evitar la tala ilegal y permitir que los pobladores de la zona practiquen una silvicultura sostenible. Queda mucho por hacer, y es necesario actuar para evitar la reducción de tierras y de los recursos naturales esenciales para la supervivencia de los seres humanos. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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More women and girls needed in the sciences to solve world’s biggest challenges

UN SGDs - qui, 07/02/2019 - 18:34
Many of the world’s biggest problems may be going unsolved because too many women and girls are being discouraged from the sciences.
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Más leyes y más balas en intento de abatir la criminalidad en Brasil

IPS español - qui, 07/02/2019 - 14:40

El ministro brasileño de Justicia y Seguridad Púbica, Sergio Moro (a la derecha, en el podio) atiende las preguntas de miembros del Frente Parlamentario de Seguridad Pública, durante la presentación de su plan contra la criminalidad y la corrupción en la Cámara de Diputados, el 6 de febrero, en Brasilia. Crédito: Wilson Dias/Agência BrasilPor Mario OsavaRÍO DE JANEIRO, Feb 7 2019 (IPS) Más de lo mismo, endurecer las leyes y las normas penales, es la receta con que el nuevo gobierno de extrema derecha de Brasil comenzó una de sus batallas vitales para su futuro, la reducción de la criminalidad a niveles soportables. Brasil ostenta el récord mundial en la cifra absoluta de homicidios, 63.885 durante el año de 2017, un índice de 30,8 homicidios por 100.000 habitantes, según datos oficiales recopilados por el no gubernamental Foro Brasileño de Seguridad Pública. Más de un millón de víctimas mortales de la delincuencia se acumulan desde los años 80. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, anunció el 4 de febrero sus  propuestas para modificar 14 leyes, con las que espera abatir la violencia criminal y consolidar el exitoso combate a la corrupción que él lideró como juez, de 2014 a 2018.“El gobierno central no sabe qué porcentaje hay de homicidios resueltos (por la policía) en Brasil. En Río de Janeiro se sabe que alcanzan 11 por ciento los casos que resultan en acusaciones judiciales. Es un cuello de botella, si no se logra enjuiciar casi 90 por ciento de los asesinos, poco importa si la pena es de 10 o de 30 años de cárcel”: Bruno Langeani. “Es decepcionante que su primera iniciativa sea repetir el endurecimiento de leyes, en lugar de un plan de gestión. Brasil ya tiene demasiadas leyes, se las aprueban siempre que hay problemas de seguridad, así fue con la Ley de los Crímenes Hediondos, la del feminicidio y otras”, reaccionó Bruno Langeani, gerente de Sistemas del independiente Instituto Soy de Paz, de São Paulo. El nuevo plan incluye varias leyes nuevas y reformas de otras ya vigentes, que amplían las penas, agravan  condiciones de encarcelamiento o reducen beneficios como el régimen de prisión semiabierta. El endurecimiento en la legislación y en las penas carcelarias durante las últimas décadas no logró reducir la criminalidad en Brasil, sino que se acompañó de un permanente aumento de los homicidios, acelerada en años recientes, observó Langeani. “Hay cuestiones estructurales en la seguridad pública que, si fuesen atendidas, tendrían un resultado mejor que cambios en la legislación”, sostuvo. El Ministerio de Justicia dispone de un abultado presupuesto y cerca de 25.000 agentes de la Policía Federal, la Policía Vial Federal y la Fuerza Nacional de Seguridad, que podrían ser más eficientes en una estrategia más adecuada, arguyó. “El gobierno central no sabe qué porcentaje hay de homicidios resueltos (policialmente) en Brasil. En Río de Janeiro se sabe que alcanzan 11 por ciento los casos que resultan en acusaciones judiciales. Es un cuello de botella, si no se logra enjuiciar casi 90 por ciento de los asesinos, poco importa si la pena es de 10 o de 30 años de cárcel”, razonó el activista, graduado en derecho y en relaciones internacionales. Además, entre las propuestas legislativas de Moro hay una muy polémica, la que amplía el concepto de legítima defensa, para incrementar la protección a los policías que provoquen muertes al intervenir en “un conflicto armado o en riesgo inminente de conflicto armado” o al “prevenir injusta e inminente agresión” a él mismo u otros, incluyendo rehenes. En esos casos, el juez podrá reducir la pena a la mitad o incluso dejar de aplicarla, según la propuesta de una de las reformas legales. “No es licencia para matar”, trató de defender Moro, al presentar su paquete de medidas, que serán sometidas al bicameral Congreso Nacional legislativo tras un período de debate público. Sergio Moro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, en una reunión con gobernadores y secretarios de seguridad de los 27 estados del país, para presentarles el nuevo plan anticrimen del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, que endurece las leyes y aumenta la discrecionalidad de las policías. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil Pero los especialistas temen un incremento adicional en la muy elevada y creciente cantidad de muertos por acciones policiales. Entre 2013 y 2017 esas muertes más que duplicaron en Brasil, al pasar de 2.212 a 5.159, según el foro de seguridad. Para Langeani, la medida no tiene justificación, porque “una policía que mata tanto no puede decir que muere por no reaccionar, o que es castigada por trabajar”. Además, acotó, hay muchos casos comprobados en que “la policía llega disparando”, con el resultado de numerosos “muertos por balas perdidas” en las confrontaciones entre los efectivos y bandas armadas, especialmente en Río de Janeiro. Al especialista también le preocupa otra propuesta que incluye a cualquier ciudadano, y no a solo policías, en que se amplia también la tolerancia para quienes matan cuando son sometidos a “excusable miedo, sorpresa o violenta emoción”. Son términos subjetivos que permiten la impunidad a cualquiera, lo que puede estimular las ejecuciones extrajudiciales por policías y las llamadas milicias, teme el dirigente del Instituto Sou da Paz. Las milicias son grupos ilegales armados, en general compuestos por expolicías y antiguos militares, que controlan decenas de barrios de la región metropolitana de Río de Janeiro, especialmente en la Zona Oeste, con barrios de nueva población. Imponen su orden y explotan negocios como transporte colectivo, venta de gas de cocina, acceso a la televisión por cable e Internet, seguridad privada y otros servicios. Esos grupos, que en algunos momentos fueron tolerados como fuerzas parapoliciales en algunas ciudades por confrontar al narcotráfico, deben se considerar organizaciones criminales sujetas a las más duras penas y condiciones carcelarias, propone Moro. Esa nueva propuesta choca con viejas posiciones del ahora presidente Jair Bolsonaro, que en el pasado defendió la acción miliciana, y de su hijo senador, Flavio Bolsonaro, que tuvo estrechas relaciones con conocidos jefes de milicias, cuando era diputado del estado de Río de Janeiro, incluso homenajeándolos y empleando a sus familiares. La polémica ampliación de la llamada legítima defensa se sumaría al decreto firmado por Bolsonaro 15 días después de asumir el poder el 1 de enero, que facilitan la posesión de armas de fuego a los civiles. Eso tiende a aumentar aún más los homicidios en Brasil, lamentó Langeani. La epidemia de delincuencia ciudadana en los últimos años fue uno de los factores decisivos para el triunfo electoral de Bolsonaro en octubre. En su campaña, se presentó como el candidato capaz de abatir la criminalidad organizada, al prometer una represión brutal, incluso violando los límites legales y de derechos humanos. También se benefició de la confianza que los brasileños aún depositan en los militares para asuntos de seguridad. Bolsonaro es un capitán retirado del Ejército, dejó la carrera militar en 1988 y ese año fue electo como concejal de Río de Janeiro y luego, por siete veces, diputado nacional. Moro, que cimentó su popularidad como el juez que puso en la cárcel centenares de políticos conocidos, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2007-2013), y grandes empresarios, todos acusados de corrupción, es el elegido para frenar la delincuencia organizada. Para sumarse al equipo de Bolsonaro, dejó la carrera judicial y asumió el Ministerio de Justicia al que se le sumó la Seguridad Pública, que antes dependía de otra cartera. Pero su estreno refleja su sesgo judicial, porque la prioridad de su plan fue ajustar las leyes a lo que cree necesario para combatir las organizaciones criminales y la corrupción. Sus propuestas sufrirán resistencias, rechazos o enmiendas en el Congreso y algunas ya se anticipa que tendrán que ser dirimidas por el Supremo Tribunal Federal. Sus mayores dificultades, sin embargo, están en la compleja gestión del sistema carcelario, con una población de más de 700.000 reclusos. Dentro de las penitenciarías están quienes comandan las bandas del narcotráfico, en establecimientos que han pasado a estar en alta mayoría dominados por organizaciones criminales. Además la lucha contra la delincuencia depende de las policías de los 27 estados brasileños, responsables directos de la seguridad pública y cuya precariedad crónica se agravó en los últimos años por la recesión económica del país y la crisis financiera en la mayoría de las entidades federales. No todo es negativo en la propuesta del ministro. Hay elementos positivos, como el Banco Nacional de Perfiles Balísticos, que permitirá identificar armas de fuego usadas en crímenes, y penas más severas para policías, empresas de seguridad y clubes de tiro en caso de abuso de armas de fuego. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Measles in Europe: infection rates highest in a decade, says UN health agency

UN SGDs - qui, 07/02/2019 - 14:32
Although more children than ever before are being vaccinated against measles across Europe, overall infection rates are the highest in a decade, and a three-fold increase on last year, according to new data published on Thursday by the World Health Organization (WHO).
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Abandonada, barragem com maior risco de vazamento em Minas espera solução há sete anos

Pública - qui, 07/02/2019 - 13:09

Segundo o relatório de janeiro da Agência Nacional de Mineração (ANM), a única barragem a ser considerada de “alto risco” de rompimento em Minas Gerais foi abandonada em 2012 na região de Rio Acima, município de 10 mil habitantes, localizada a 35 km de Belo Horizonte, como mostrou reportagem da Agência Pública. Há quatro anos a responsabilidade da Mina do Engenho D’água foi parar na justiça. Entre os motivos, o sumiço dos responsáveis da Mundo Mineração Ltda., que abandonaram o empreendimento sem mitigar os impactos sociais e ambientais das bacias de rejeito de ouro. O perigo maior em caso de rompimento é de contaminação química que, no caso do ouro, possui resíduos mais perigosos que o do ferro – caso de Brumadinho – pois tem cianeto de sódio, ácido cianídrico, arsênio e mercúrio, produtos altamente tóxicos. A ingestão de 1 mg por quilo de cianeto de sódio, por exemplo, é suficiente para matar uma pessoa. São duas as barragens da Mina do Engenho (I e II) que estão em risco. No relatório de janeiro da ANM, publicado pouco antes da tragédia de Brumadinho, a Engenho foi classificada como a única em Minas Gerais de “classe A”, uma escala utilizada para qualificar o “alto dano potencial” e a “alta” categoria de risco. Em Brumadinho, por exemplo, as barragens da Vale eram consideradas de baixo risco. Já no relatório “Inventário de Barragens 2017” da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) de Minas Gerais a maior barragem da Engenho – de número II – tinha “estabilidade garantida pelo auditor”. Em relação à primeira barragem da Engenho que serve como “Sistema de Captação de Rejeito”, o auditor não concluiu “sobre a situação de estabilidade, por falta de dados ou documentos técnicos”. Segundo o relatório da ANM, o volume dos reservatórios soma 565 mil metros cúbicos. Para se ter ideia, uma piscina olímpica de 50 metros tem 2500 metros cúbicos. O relatório indica que a altura do reservatório I é de 40 metros e do II de 32 metros. As tragédias de Mariana e Brumadinho evidenciaram que Minas Gerais está sob a constante ameaça dos empreendimentos minerários mal fiscalizados. Um levantamento de 2016 já colocava a Engenho entre as cinco minas classificadas como de risco ambiental “muito alto”. Ou seja, passíveis de causar impactos “muito expressivos” ao ambiente e à saúde humana e de potencializar “os danos da atividade e de ocorrência de acidentes”. À época, o levantamento registrou mais de 400 minas abandonadas ou paralisadas no Estado, entre elas, algumas pertencentes à Vale. O levantamento deixava claro que podem existir muito mais minas abandonadas ou paralisadas mas não especificou quais são e onde estão. Segundo a Feam, um novo cadastro de Minas Paralisadas e Abandonadas está em fase final de atualização. “A previsão inicial é que o novo cadastro seja publicado entre os meses de fevereiro e março de 2019”, disse o órgão à Pública. Em todo o processo de responsabilização na justiça um dos maiores riscos associados às barragens da Mina do Engenho se refere à contaminação do córrego do Vilela. O córrego é um afluente da bacia do rio das Velhas, localizado a poucos quilômetros do ponto de captação de água da Bela Fama, da companhia de saneamento (Copasa) que abastece 70% de Belo Horizonte e 40% da região metropolitana. Além de impactar Rio Acima, um possível rompimento poderia afetar também o município de Nova Lima. No mesmo distrito de Nova Lima, a região de Honório Bicalho, a 10 km de Rio Acima, já tinha sofrido com o rompimento da barragem Rio das Pedras em 1997, que contaminou com lama o rio das Velhas ao longo de 82 km. A região fica no chamado quadrilátero ferrífero, dominada pela Vale S.A. Judicialização do caso ReproduçãoA Mina do Engenho, em Rio Acima, abandonada e sob responsabilidade do Estado de Minas Gerais Em dezembro de 2014, o Ministério Público de Minas Gerais entrou com uma Ação Civil Pública para também responsabilizar o Estado por “falta de fiscalização adequada e eficiente, bem como associada a vícios e irregularidades no licenciamento ambiental” da Mina do Engenho. O próprio Estado já havia processado os empreendedores mas sem efeito prático. “Infelizmente, os órgãos de controle não conseguiram investigar e atribuir a responsabilidade ao empreendedor, inclusive num cenário internacional, para puni-los na esfera criminal, o que será importante para a punição dos responsáveis”, afirmou a Feam à Pública. À época, o procurador da República José Adércio Leite Sampaio, esclareceu que os “acionistas majoritários da Mundo Mineração simplesmente desapareceram do território nacional”. O procurador afirmou que, “diante da ausência do empreendedor”, caberia ao DNPM – atual Agência Nacional de Mineração – e à Feam a manutenção do sistema de contenção da mina, “sob pena de nos depararmos em breve com outra tragédia”. A ação do MP também afirma que o Estado é solidário “com os empreendedores pelos danos ambientais ocasionados”. Em janeiro de 2016, vídeos de moradores mostravam que após um período de chuvas na região, a situação das barragens do Engenho se deteriorava. À época, vistoria da Feam indicava risco ambiental iminente e obras emergências foram realizadas para reforçar a segurança das estruturas nos últimos dois anos. A Pública pediu o registro de vistorias na mina abandonada desde 2016 mas não recebeu os dados da Feam até o fechamento da reportagem. De lá para cá, segundo a Feam, foi firmado um Termo de Cooperação Técnica em 2017 entre órgãos estaduais “a fim de elaborar estudos, projetos e ações para cumprimento à ação judicial movida pelo MP”. Além disso, foi realizada no mesmo ano a licitação para o Projeto de Descomissionamento das barragens. “O referido projeto já foi aprovado e encaminhado à Copasa, que fará a licitação para execução das obras”, informou a fundação do meio ambiente. Procurada, a Copasa afirmou que o projeto foi recebido em novembro de 2018, “tendo sido remetida à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável correspondência solicitando as definições dos procedimentos necessários à autorização ambiental para realização das obras naquele local”. A Copasa afirma ainda que a previsão é de que as obras sejam licitadas ainda em fevereiro. Os valores envolvidos e os prazos de execução das obras para fechamento da Mina do Engenho não foram informados à reportagem.

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