Leitor de feeds

Periodismo sufre impunidad y leyes duras en Asia meridional

IPS español - qua, 03/10/2018 - 13:12

Un estudiante camina frente a un recordatorio con nombres de los defensores de la libertad. La nueva Ley de Seguridad Digital, de 2018, convierte en delito los comentarios negativos en su contra. Crédito: Stella Paul/IPS.

Por Stella Paul
HYDERABAD, India, Oct 3 2018 (IPS)

Hace seis años y medio que fueron asesinados los periodistas bangladesíes Meherun Runi y Sagar Sarwar en Daca. Mientras sus familias esperan que se haga justicia, reina el temor en la prensa de Bangladesh.

Runi, una periodista del canal privado ATN Bangla y su esposo, Sarwar, editor del noticiero de Maasranga, fueron golpeados hasta morir el 11 de febrero de 2012.

La ley de Seguridad Digital, aprobada el 19 de septiembre de este año, fue muy criticada por los profesionales de la prensa, que la consideran una herramienta para amordazar a los periodistas y coartar la libertad de expresión.

El año pasado se pidió al gobierno que considerara reforma el proyecto proyecto, muy criticado, pero no lo hizo a pesar de las promesas. En cambio, lo aprobó sin cambios en la última semana de septiembre.

Uno de los artículos más preocupantes es el que permite que la policía detenga o registre a personas sin orden judicial.

Otra de las disposiciones preocupantes de la norma es la pena de 14 años de penitenciaría previstas para toda persona que cometa un crimen o asista a quien lo cometa mediante computadora, dispositivos digitales, redes informáticas y digitales o cualquier otro medio electrónico.

“La ley atenta contra el espíritu de la Guerra de Liberación. El periodismo independiente se verá amenazado en los próximos días”, alertó Naem Nizam, editor del diario bengalí Bangladesh Pratidin, en una fuerte declaración.

“Creímos que el gobierno aceptaría nuestras sugerencias por el bien del periodismo independiente y la libertad de expresión y de pensamiento, pero no lo hizo”, se lamentó.

El Consejo de Editores, conocido como Shampadak Parishad, consideró a la ley como una amenaza a la libertad de prensa y a los medios independientes del país.

Y como forma de protesta, el consejo convocó a los profesionales de la prensa y de organizaciones de medios a formar una cadena humana el 29 de septiembre en Daca.

Le ley “viola garantías constitucionales de libertad de prensa, y creará amplios perjuicios legales para los periodistas en el desempeño normal de sus actividades profesionales”, reza una declaración de Steven Butler, coordinador de programa en Asia del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Lo irónico es que la nueva ley surgió en respuesta al pedido de los medios de desechar el artículo 57 de la Ley de Tecnología de la Información y la Comunicación, de 2006, que arremete contra la comunicación electrónica.

El artículo estipula que publicar de forma intencional información falsa, provocativa, indecente o sensible en sitios web o cualquier plataforma electrónica que sea difamatoria o atente contra sentimientos religiosos y pueda perturbar el orden del país se castigará con un máximo de 14 años de penitenciaría y una multa de 12.000 dólares.

Ese artículo se usó contra Shahidul Alam, el premiado fotógrafo independiente, detenido el 5 de agosto en su casa de Daca, acusado de incitar a la violencia mediante declaraciones provocadoras en los medios.

Desde entonces permanece detenido sin fianza, a pesar de reiteradas reclamos en los medios de organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional pidiendo, que también pide su liberación.

IPS consultó a periodistas y académicos sobre el caso, pero nadie quiso realizar declaraciones a este medio.

La legisladora británica Tulip Siddiq, sobrina de la primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina, le pidió a su tía que liberara a Alam porque la situación es “profundamente perturbadora y debe terminar de inmediato”.

La familia de Alam organizó una manifestación en Nueva York el 27 de septiembre, cuando la primera ministra debía dirigirse a la Asamblea General de la ONU en el marco del 73 período de sesiones de la misma.

La protesta contó con el apoyo de organizaciones de derechos humanos y de prensa, y la participación del activista Kerry Kennedy, la actriz y activista Sharon Stone, y la pensadora india Gayatri Chakravorty Spivak, entre otras reconocidas figuras públicas.

“Si uno silencia a los intelectuales y a los artistas creativos, se mata la conciencia del Estado, pues es el papel de los artistas e intelectuales creativos hacer críticas constructivas para que pueda ser una verdadera democracia”, observó Spivak, profesora de la Universidad de Columbia.

Por su parte, la directora de Asia de Human Rights Watch (HRW), Meenakshi Ganguly, dijo que el gobierno de Bangladesh quiere demostrar que no se salvará nadie que se atreva a criticarlo y a cuestionar sus acciones.

“Los editores de diarios deben hacer frente a cargos de sedición y difamación. Los periodistas y conductores de televisión y radio trabajan bajo presión constante de las autoridades para que contengan las críticas contra el gobierno”, apuntó Ganguly.

“En tanto que fotógrafo, Alam documenta la verdad, su trabajo y su voz importan más que nunca”, subrayó.

“La Ley de Seguridad Digital no es más que ‘vino viejo en botella nueva’”, ejemplicó Afroja Shoma, profesora adjunta de Medios y Comunicación de Masas de la Universidad Americana Internacional, de Bangladesh.

La seguridad digital engendra inseguridad

Las leyes digitales no solo ponen en riesgo la libertad de prensa en Bangladesh, sino también en varios países de Asia meridional, donde hay normas similares.

India tiene su propio “artículo 57”, conocido como artículo 66A, de la Ley de Tecnología de Información de 2000.

El artículo prevé “castigos por enviar mensajes ofensivos a través de servicios de comunicación” e incluye información compartida a través de “recursos informáticos o un dispositivo de comunicación”, que se sabe que es “falso, pero con el fin de causar molestias, inconvenientes, peligro, obstrucción, insultos, daños, intimidación criminal, enemistad, odio o de mala voluntad”.

En marzo de 2015, la Corte Suprema de Justicia de India lo revocó, calificándolo de “abierta, indefinida y vaga”.

Sin embargo, India registró varios episodios de ataques contra profesionales de la prensa, y hasta el asesinato de los periodistas Gauri Lankesh y Shujat Bukhari. Además de la agresión contra la periodista de investigación Rana Ayyub. Pero hasta ahora no hay detenidos por ninguno de los casos.

Nepal, otro país conocido por la situación precaria de la prensa, también aprobó una ley que criminaliza el intercambio de información considerada confidencial, y lo castiga con penas de cárcel.

La norma prevé una multa de 30.000 rupias (unos 270 dólares) y hasta tres años de cárcel, explicó la CPJ, que pidió al gobierno revocar o enmendar la ley.

Por su parte, el presidente del Sindicato Nacional de la Prensa, Badri Sigdel, divulgó un comunicado que reza: “El NPU condena la ley con artículos que restringen la labor periodística de informar, escribir y fotografiar”.

“Las restricciones atentan contra las normas y los valores democráticos e indican una inclinación hacia el autoritarismo. El NPU reclama una reforma inmediata de disposiciones inaceptables de la ley”, añade.

En Pakistán, en el lugar 139 del Índice de Libertad de Prensa, en el que India ocupa el puesto 138 y Bangladesh y Nepal, el 146 y el 106 respectivamente, mataron a cinco periodistas por motivos laborales entre el 1 de mayo de 2017 y el 1 de abril de este año.

Además, según el estudio de la organización Freedom Network, también hubo:

• 11 casos de tentativa de rapto y secuestro;

• 39 detenciones ilegales y arrestos;

• 58 agresiones físicas y vandalismo;

• y 23 incidentes de amenazas verbales y escritas.

Pero ese país terminó hace poco el proyecto de ley de Protección y Bienestar de los Periodistas, en 2017, que busca garantizar la seguridad y la protección de los profesionales de la prensa.

Una vez aprobado, será la primera ley en la región que ofrezca protección física, asistencia jurídica y económica a todos los periodistas, tanto permanentes como con contrato.

Traducción: Verónica Firme

Artículos relacionados

El artículo Periodismo sufre impunidad y leyes duras en Asia meridional fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Trade wars and protectionism threaten global shipping, warns UN agency

UN SGDs - qua, 03/10/2018 - 12:10
Maritime trade is stronger than it’s been for five years, but “tit-for-tat” tariff battles and restructuring by shipping companies threaten to disrupt its role as a key player in global commerce, the UN said on Wednesday.
Categorias: Internacionais

Aplicativo usado na campanha de Geraldo Alckmin é investigado pelo Ministério Público Eleitoral

Pública - qua, 03/10/2018 - 12:00

No mesmo ano em que o Facebook se tornou o maior fornecedor de campanhas eleitorais – a empresa de Mark Zuckerberg já faturou mais de R$ 19,4 milhões com impulsionamento de propagandas políticas, segundo o TSE –, um aplicativo de celulares tem ganhado centralidade na estratégia digital de diversos candidatos. E chamado a atenção do Ministério Público Eleitoral (MPE) .

O app Talkative, desenvolvido pela startup pernambucana Wololo, foi adotado por campanhas políticas de peso – desde a dos presidenciáveis Geraldo Alckmin, do PSDB, e João Amoêdo, do partido Novo, até candidatos a governador como Rodrigo Rollemberg, que concorre no distrito federal pelo PSB.

Em seu site oficial, o app promete ser mais barato e mais eficiente que o impulsionamento de conteúdos no Facebook para conquistar votos. “Pare de pagar por likes e cliques”, diz o texto do app.

Disponível gratuitamente na Play Store, a plataforma pode ser usada por todo tipo de marca ou empresa. Os contratantes pagam cerca de R$ 1 para cada usuário cadastrado em sua base de militantes virtuais. Cada “comunidade” dentro do Talkative pode ter até 800 voluntários. Mas, diferentemente do Facebook, segundo a descrição do app, por apenas R$ 1 cada militante chegará a compartilhar em diversas redes, atingindo uma média de 500 amigos. “Lembre-se, 90% acreditam na opinião dela. Independente de quantos cliques isso gerar, o custo ainda será de apenas R$ 1 por mês”, diz.

Tanto as comunidades dentro do Talkative quanto os apps personalizados são gerenciados pela Wololo, que tem 30% da sua clientela formada por contratos com campanhas eleitorais.

Os contratantes podem optar por uma versão personalizada, sem limite de usuários, como a campanha tucana à Presidência. O aplicativo se chama “Talckmin” e já foi baixado mais de mil vezes na Play Store. Hoje, segundo apurou a reportagem da Pública, ele está sendo investigado pelo MPE, que averigua se as vantagens oferecidas aos militantes contrariam a lei eleitoral.

Outra versão do aplicativo, usada pelo Partido Novo na campanha presidencial de João Amoêdo, o Novo Mob, contabiliza mais de 10 mil downloads e 49 mil usuários cadastrados, e é tido como o grande trunfo do empresário nas redes. Ele incentiva seus usuários a curtir, assistir e compartilhar postagens do candidato no Facebook, além de disponibilizar propagandas eleitorais para serem enviadas pelo WhatsApp e demais redes sociais. Em troca, os militantes recebem “pontos” e podem ganhar até “prêmios” por isso. E promete entregar informações em primeira mão, “missões exclusivas” e “medalhas” pela participação.

A promessa de prêmios do Partido Novo foi questionada por usuários no Twitter na última semana de agosto. Depois disso a empresa Wololo suprimiu tais recompensas em todos os seus aplicativos.

A Lei das Eleições veda “a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros”.

Para o advogado Irapuã Santana, mestre em direito processual que assessorou a presidência do TSE, “a legislação sobre o impulsionamento de conteúdos nas redes sociais durante as eleições busca impedir justamente esse tipo de ferramenta digital, pois ela altera a forma como a propaganda eleitoral é distribuída”.

Usado em pelo menos 18 campanhas

Nas últimas semanas, a Pública acompanhou versões do App Talkative usadas por diversas campanhas. E identificou variadas premiações oferecidas aos militantes.

No app do Partido Novo, o Novo Mob, o eleitor mais engajado recebia uma ligação de João Amoêdo, segundo a reportagem apurou junto a uma fonte do partido. Na campanha de Ada de Luca, candidata a deputada estadual em Santa Catarina pelo MDB, o usuário mais ativo ganhava um lugar no grupo de marketing digital da candidata – o aplicativo não deixava claro se havia alguma remuneração pelo posto. A candidata não deu retorno aos questionamentos enviados por e-mail.

Eden Wiedemann, CEO da Wololo, afirmou à Pública que o Talkative não oferece nenhum tipo de recompensa vinculada às ações dos usuários na plataforma. “Alguns candidatos ofereceram recompensas na pré-campanha, quando isso era permitido”, argumenta.

No entanto, a reportagem identificou promessas de prêmios durante a campanha eleitoral, que foram retiradas do ar, mas podem ser vistas nas imagens abaixo, retiradas quando estavam ativas, no dia 29 de agosto.

Reprodução da AppStore em 29/08 Print do Novo MOB na App Store, com a promessa de prêmio Reprodução da AppStore em 29/08 Print do ConectADA, de Ada de Luca, na página do ranking de militantes Reprodução da AppStore em 29/08 ConectADA oferece espaço em grupo de marketing digital ao militante mais engajado Reprodução da AppStore em 29/08 Regulamento da premiação do ConectADA Reprodução da AppStore em 29/08 Na App Store, Novo MOB prometia prêmios durante a campanha eleitoral Anterior Próximo

“A legislação eleitoral não fala nada sobre a hipótese de um candidato oferecer a participação em um evento às pessoas mais engajados na campanha, como uma discussão ou uma roda de conversa”, acrescentou o executivo. “Não há nada referente a isso na lei eleitoral. A orientação que demos aos candidatos foi de não realizar ações desse tipo. Mas você consideraria um prêmio vinculado ao voto de uma pessoa oferecer a participação em um evento para discutir propostas?”, questiona.

Em nota, a assessoria de imprensa do Novo afirmou que a promessa de prêmios “é uma mensagem padrão do aplicativo contratado, cuja alteração já foi solicitada”. O partido acrescenta que “não oferece nenhum tipo de contrapartida durante o processo eleitoral” e que “o aplicativo apenas ranqueia o engajamento dos seus usuários para estimular a divulgação do partido e da candidatura”.

O advogado Irapuã Santana discorda. Para ele, a compra de votos não precisa necessariamente envolver valores financeiros ou materiais. “A lei eleitoral é taxativa: o partido ou o candidato não pode sequer prometer qualquer tipo de vantagem para o eleitor em troca de apoio político”, diz. Por aumentar artificialmente a repercussão de conteúdos postados no Facebook, ele avalia que “o aplicativo é uma forma de burlar a lei eleitoral”.

Banido e investigado

O aplicativo Talckmin chamou atenção do MPE, que abriu um procedimento para apurar irregularidades na campanha do presidenciável Geraldo Alckmin. O órgão elaborou um laudo elencando indícios de irregularidades e solicitou esclarecimentos.

Um dos pontos que chamaram atenção dos técnicos do MPE, em primeiríssima análise, foi a existência de um tipo de premiação. Segundo um membro do MPE, mesmo que a premiação seja simbólica, a legislação eleitoral sobre compra de votos proíbe o oferecimento de “vantagem pessoal de qualquer natureza”. A mera promessa de algum tipo de vantagem já seria um indício de transgressão da lei.

Procurada, a campanha de Geraldo Alckmin não retornou os e-mails e mensagens de nossa reportagem.

Essa “zona cinzenta” chamou também atenção da Apple, que decidiu banir da App Store os aplicativos de candidatos no começo de setembro. Além do Talckmin, Novo Mob, Ada de Luca e Rollemberg, também foram excluídos os aplicativos de Paulo Skaf (MDB-SP), Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), Waldez Góes (PDT-AP), Paulo Câmara (PSB-PE), Reinaldo Azambuja (PSDB-MS), e Expedito Júnior (PSDB-RO). Entre os candidatos a deputado, Lucas Vergílio (SD-GO), Romero Sales Filho (PTB-PE) e Weverton Rocha (PDT-MA) também foram identificados utilizando o app. Todos eles são oferecidos pela Wololo.

Dentro do App do Partido Novo, existem comunidades dos candidatos Alano Queiroz (deputado federal, GO), Valdemar Kjaer (deputado federal, RO), Luiz Barbosa Neto (deputado federal, SC), Paulo Grando (deputado federal, MT), Ricardo Mellão (deputado estadual, SP) e Tunico Caldeira (deputado federal, MG).

Tanto os apps do Novo quanto dos demais candidatos ainda podem ser baixados para a plataforma Android, no Google Play.

Segundo Wiedemann, a decisão da Apple veio depois do que ficou conhecido como “mensalinho do Twitter” – o aplicativo Follow, ligado ao deputado federal Miguel Corrêa (PT-MG), remunerava influenciadores digitais para compartilhar comentários e conteúdos favoráveis a políticos do PT. A prática é vedada pela legislação eleitoral. Recentemente, o Facebook baniu o uso do Follow e desmantelou a rede de perfis que se envolveram no caso.

Agora, a Wololo está acionando a Apple na Justiça. “Quando ocorreu a questão com o Follow, a Apple retirou vários apps relacionados a campanhas e fez algumas alegações técnicas, dizendo que nenhum aplicativo pode oferecer recompensa em dinheiro. Mas o Talkative não faz isso”, explica Wiedemann.

Procurada, a Apple não atendeu as ligações da Pública e não respondeu aos questionamentos encaminhados por e-mail.

Wiedemann afirma que entre as cláusulas do contrato da Wololo com os candidatos está a proibição de compartilhar notícias falsas, usar o app para difamar adversários ou praticar qualquer irregularidade eleitoral.

Sem transparência

Entre os 18 candidatos que usam o aplicativo, localizados pela Pública, apenas Rollemberg e dois candidatos a deputado federal do Partido Novo declararam ao TSE que contrataram diretamente a Wololo. Paulo Grando (Novo-MT) declarou um contrato de R$ 6 mil com a empresa e Valdemar Kjaer (Novo-RO) afirma que contratou R$ 6,3 mil em serviços prestados pela firma. Rollemberg declarou um contrato no valor de R$ 80 mil. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral.

A Pública procurou a assessoria dos candidatos citados, mas não obteve retorno na maioria dos casos.

Por meio de sua assessoria, Paulo Skaf (MDB) informou que a Wololo não foi contratada por sua campanha. Romero Sales Filho (PTB-PE), candidato a deputado estadual, foi procurado, mas disse que não prestaria esclarecimentos. “O app é aberto, você pode baixar e usar, lá estão todas as informações disponíveis sobre o uso. Não há mais nada o que esclarecer”, declarou.

Em nota, o Partido Novo se pronunciou apenas sobre as premiações oferecidas no aplicativo e sobre o número de usuários cadastrados, mas silenciou a respeito da prestação de contas parcial.

Wiedemann afirma, sem citar nomes, que uma das campanhas contratou o serviço por meio de uma agência de propaganda. Questionado sobre os demais nomes que constam nessa reportagem, ele afirma que “são as agências de comunicação que tratam sobre isso com a gente. Não são todos os contratos que passam por mim”.

Ele acrescenta que os contratos podem ser celebrados também pelos partidos, agências de publicidade e até por pessoas físicas, que nesse caso deveriam ser declaradas doadoras da campanha. Ele acha improvável que candidatos coloquem o app nas lojas de aplicativos sem prestar contas. “A maior parte das campanhas fecham as contas relativas ao [marketing] digital apenas no final da eleição”, diz.

“O Facebook só libera as notas fiscais de impulsionamento duas semanas depois da compra, por exemplo. Então, quem está comprando mídia só vai prestar contas disso no final da campanha. Falo isso por experiência própria”, afirma.

Em um parecer recente, o MPE afirmou que “entende que a realização de despesas em data anterior à data de entrega da prestação de contas parcial e não informadas à época configura irregularidade grave e insanável, que enseja a desaprovação das contas”. O parecer foi emitido no julgamento da prestação de contas da campanha de 2016 de uma candidata a prefeita, em documento assinado pelo procurador Francisco Machado Teixeira, da Procuradoria Regional Eleitoral de Pernambuco (PRE-PE), em maio.

O CEO reafirma que a responsabilidade sobre prestar contas adequadamente sobre os contratos compete exclusivamente à contabilidade das campanhas.

Talkative no Amapá

Entre os candidatos que não declararam, um nome que salta aos olhos é o de Waldez Góes (PDT-AP), atual governador do Amapá, que concorre à reeleição. No ano passado, o governo do Amapá firmou um contrato com a Wololo para que o Talkative fosse utilizado gratuitamente durante seis meses pela Secretaria de Comunicação do Amapá para realização do chamado “endomarketing”, comunicação interna com todos os servidores públicos do estado.

O MPE no estado investiga a ligação entre o contrato do governo do estado e campanhas eleitorais aliadas. A investigação é “prematura” e ainda “trabalha sobre indícios”, segundo fonte do MPE ouvida pela Pública.

Eden Wiedemann explica que o órgão apura a existência de algum tipo de relação entre o termo de cessão da Wololo com o governo do estado e campanhas eleitorais.

Waldez Góes é alvo de uma ação da PRE-AP pela prática de “conduta vedada ao agente público” durante a campanha eleitoral. Segundo a procuradoria, o governador aproveitou-se das prerrogativas do cargo para realizar ato de campanha no Comando-Geral da Polícia Militar do Amapá, no dia 31 de agosto, interrompendo as atividades do curso de formação de soldados para divulgação de sua campanha eleitoral para cerca de 300 alunos.

Por e-mail, a reportagem tentou conversar com a procuradora regional eleitoral do Amapá, Nathalia Mariel, mas não obteve retorno.

O CEO da Wololo afirma que a plataforma do governo do Amapá nunca chegou a ir ao ar e não tem nenhuma relação com a campanha de reeleição. “A gente chegou a assinar o termo de cessão, realizou treinamentos com a equipe do governo, mas o app nunca foi lançado”, alega. “A aplicação do Waldez foi contratada pelo partido para o período eleitoral, sem nenhuma relação com o termo de cessão”, diz.

Questionado sobre a ausência da Wololo nas contas da campanha de Waldez, Wiedemann reafirma que o contrato foi feito por meio do partido para a campanha. “Essa questão sobre o lançamento do contrato na prestação de contas teria que ser vista diretamente com eles”, esclarece.

A Pública tentou entrar em contato com Waldez Góes, que não respondeu às nossas mensagens.

Eden Wiedemann, CEO da Wololo, já foi secretário de Meios Digitais do Governo do Distrito Federal e coordenou o núcleo digital da pré-campanha presidencial de Eduardo Campos (PSB), em 2013. Ele também foi diretor de redes sociais da campanha de José Serra (PSDB) à prefeitura de São Paulo.

Além de Wiedemann, a Wololo tem como sócios o advogado João Loyo de Meira Lins, o produtor e empresário Alexandre Balls Sallouti, o programador Gustavo Fune de Oliveira, o engenheiro Sergio Rapoport e o publicitário Jackson Teani Fullen.

Compartilhamento no escuro, mas sem robôs

Ao instalar o Talkative, o usuário concede ao aplicativo a permissão para acessar sua localização de GPS, além de acesso aos arquivos e fotos armazenados no dispositivo. Pelo Facebook, o usuário compartilha com o aplicativo seu nome, foto de perfil, endereço de e-mail e também a autorização para o envio de notificações. O conjunto de permissões pode ser usado para a entrega de mensagens segmentadas para públicos de acordo com sua zona eleitoral, por exemplo.

Porém, alguns posts encontrados nos aplicativos dos candidatos pela reportagem não permitem que o usuário leia o inteiro teor das mensagens que está compartilhando – o que pode ser um problema do ponto de vista legal, além de contrariar os termos de uso do próprio Facebook, que proíbe que páginas restrinjam o acesso ao conteúdo “solicitando que as pessoas curtam, compartilhem ou recomendem antes de visualizá-lo”.

Casos como esse foram identificados pela Pública nos apps de Geraldo Alckmin, Romero Filho, Reinaldo Azambuja, Lucas Vergílio e também no do Partido Novo.

Questionado, Wiedemann afirma: “Isso é um pequeno bug que estamos corrigindo”. Segundo ele, em posts com textos muito longos, o usuário não consegue ler completamente a legenda. No caso de vídeos, o conteúdo não é carregado.

Reprodução da AppStore em 29/08 Comparativo entre o Talkative e outras plataformas de anúncios online, apresentada no site do app Reprodução Talkative/Agência Pública Post de Geraldo Alckmin no facebook compartilhado pelo Talckmin Reprodução Talkative/Agência Pública Visualização do post de Geraldo Alckmin com o inteiro teor da legenda da imagem cortado Reprodução Talkative/Agência Pública Post de Geraldo Alckmin sobre sua propaganda "não é na bala que se resolve" tem a legenda cortada. Bug impede que vídeo seja assistido no Talkative Reprodução Talkative/Agência Pública Post de Geraldo Alckmin sobre sua propaganda "não é na bala que se resolve" tem a legenda cortada. Bug impede que vídeo seja assistido no Talkative Reprodução Talkative/Agência Pública Usuário é incentivado a compartilhar história de Geraldo Alckmin sem poder ler o inteiro teor do conteúdo Reprodução Talkative/Agência Pública Usuário é incentivado a compartilhar história de Geraldo Alckmin sem poder ler o inteiro teor do conteúdo Reprodução Talkative/Agência Pública Posts de Romero Sales Filho são compartilhados sem que o usuário possa ler toda a legenda Reprodução Talkative/Agência Pública Posts de Romero Sales Filho são compartilhados sem que o usuário possa ler toda a legenda Reprodução Talkative/Agência Pública Posts de Romero Sales Filho são compartilhados sem que o usuário possa ler toda a legenda Reprodução Talkative/Agência Pública Posts de Romero Sales Filho são compartilhados sem que o usuário possa ler toda a legenda Reprodução Talkative/Agência Pública Posts de Romero Sales Filho são compartilhados sem que o usuário possa ler toda a legenda Reprodução Talkative/Agência Pública Reinaldo Azambuja pede para que usuários compartilhem seu post sem revelar inteiro teor da publicação Reprodução Talkative/Agência Pública Reinaldo Azambuja pede para que usuários compartilhem seu post sem revelar inteiro teor da publicação Reprodução Talkative/Agência Pública Reinaldo Azambuja pede para que usuários compartilhem seu post sem revelar inteiro teor da publicação Reprodução Talkative/Agência Pública Usuários não conseguem assistir ao vídeo da publicação antes de compartilhar no facebook Reprodução Talkative/Agência Pública Usuários não conseguem assistir ao vídeo da publicação antes de compartilhar no facebook Reprodução Talkative/Agência Pública Usuário não consegue assistir ao vídeo de Rodrigo Rollemberg, nem é capaz de ler toda a legenda Reprodução Talkative/Agência Pública Usuário não consegue assistir ao vídeo de Rodrigo Rollemberg, nem é capaz de ler toda a legenda Reprodução Talkative/Agência Pública Usuário é levando a compartilhar post de Lucas Vergílio sem poder ler o inteiro teor da nota Reprodução Talkative/Agência Pública Usuário é levando a compartilhar post de Lucas Vergílio sem poder ler o inteiro teor da nota Reprodução Talkative/Agência Pública Novo MOB pede que usuário compartilhe vídeo no facebook, mas oculta inteiro teor da legenda e apresenta "bug" na reprodução do vídeo Reprodução Talkative/Agência Pública Novo MOB pede que usuário compartilhe vídeo no facebook, mas oculta inteiro teor da legenda e apresenta "bug" na reprodução do vídeo Reprodução Talkative/Agência Pública Novo MOB pede que usuário compartilhe vídeo no facebook, mas oculta inteiro teor da legenda e apresenta "bug" na reprodução do vídeo Anterior Próximo

Procurado, o Facebook não quis comentar oficialmente o caso até o fechamento desta reportagem.

Organizando a militância

De acordo com Fred Perillo, marqueteiro eleitoral que usa o Talkative em uma campanha, sua lógica é a mesma do “boca a boca”: “Um político falar sobre si mesmo em uma propaganda é normal e esperado. Quando o seu amigo compartilha algo sobre um candidato, ele está recomendando esse candidato para a rede de contatos dele. Isso tem muita força”. Perillo entende que ampliar o alcance de um conteúdo é cada vez mais difícil desde que o Facebook passou a reduzir drasticamente o alcance de publicações feitas por páginas e empresas, no começo do ano. Agora, quando uma postagem passa a receber um engajamento intenso de forma orgânica (aquele que é realizado espontaneamente pelo usuário), ele acaba sendo visto por mais seguidores. E o marqueteiro confirma que o uso do Talkative ampliou o alcance orgânico da campanha que gerencia.

O professor Fábio Malini, coordenador do Laboratório de Estudos de Imagem e Cibercultura (Labic-Ufes), acredita que o mecanismo do Talkative é de organização da militância, semelhante aos grupos no Facebook. “Militantes têm muitos grupos diferentes. Aí eles compartilham esses posts nos grupos e os membros dos grupos também compartilham.”

“A quantificação dos compartilhamentos pelo Facebook é também um pouco enganosa, pois uma pessoa pode compartilhar várias vezes o conteúdo em vários grupos”, explica. “[A campanha] Ter um ecossistema de grupos e páginas em torno de uma candidatura e mais estratégias como essa do Talkative pode inflar o número de compartilhamentos e fazer com que a página tenha mais organicidade”, complementa Malini.

O especialista acredita que o app é um “uso muito inteligente de tecnopolítica” e que não vê problemas legais na sua utilização, desde que os usuários estejam engajados no app voluntariamente, sem usar perfis falsos ou robôs.

“Não há nenhum tipo de automação ou obrigação para os usuários da plataforma. Tudo é feito de forma voluntária. Os botões de compartilhamento no Facebook e no Twitter existentes no Talkative funcionam diretamente por meio da API oficial dessas redes”, defende Wiedemann. “Se você fosse proibir o Talkative, teria que proibir também os botões de compartilhamento que os candidatos usam em seus sites, por exemplo”, argumenta.

Categorias: Internacionais

UN agencies inject youthful energy into sustainable development for urban Africa

UN SGDs - ter, 02/10/2018 - 18:41
Underscoring the importance of fully involving the young in decisions affecting their lives, three United Nations agencies announced an innovative partnership on Tuesday with African local governments, designed to inject youthful ideas and energy into urban planning policies.
Categorias: Internacionais

Mujeres panameñas desafían la desigualdad en un mundo de hombres

IPS español - ter, 02/10/2018 - 17:12

Las capacitaciones con enfoque de género de la Ecadert permitieron que los miembros de la asociación conformaran una nueva manera de relacionarse entre sí. Crédito: Román Dibulet – Isaac Melamed

Por Corresponsal Fao
PALO SECO, Panamá, Oct 2 2018 (IPS)

A 70 kilómetros de Santiago, la capital de la provincia panameña de Veraguas, se encuentra Palo Seco. Como en otros poblados de la costa sur de la provincia, la actividad principal de la comunidad es la pesca.

Entre 2001 y 2008 se estableció una asociación de pescadores, y posteriormente, en 2011, fue refundada como la Asociación Agropecuaria de Pesca y Ecoturismo de Palo Seco.

Desde entonces ha logrado posicionarse como una de las mejores agrupaciones de pesca de la zona, gracias a su buena estructura, su organización y su resiliencia climática.

Tras ocho años de reanudar sus actividades, la asociación ha integrado la equidad de género como uno de sus pilares fundamentales.

“Las mujeres ingresamos a la asociación para apoyar a los pescadores, porque estábamos aparte. Ellos siempre estaban en reuniones y nos hacían a un lado. Tenían 33 miembros y hoy suman 42, de los que 19 somos mujeres”, destaca María Batista, quien es parte de la junta directiva.

Pero lograr la representación femenina en la asociación no fue tan sencillo.

“Cuando hay una comunidad de pescadores, el machismo impera. A la mujer le toca todo en el hogar y el hombre manda. El hombre piensa: ‘yo nada más pesco y ya’”, cuenta Batista.

Por eso la formación en género ha sido esencial. Lo han logrado gracias a capacitaciones brindadas por diferentes instancias, como la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (Ecadert).

De esta forma, junto con un proyecto de la Ecadert, los habitantes de Palo Seco, que en su mayoría forman parte de la asociación, tuvieron la oportunidad de mejorar su calidad de vida gracias a un programa enfocado en los quehaceres de las mujeres.

Mujeres trabajando en la producción de granos básicos. Departamento de Chiquimula, Guatemala. Crédito: SECAC

“El agua escaseaba y por medio de este proyecto se compraron tanques de reserva”, cuenta Batista. “Dos años atrás, los fogones eran de tres piedras. Se les hizo a todos una estufa Lorena (estufa ecológica).

También se les consiguió herramientas para hacer huertos caseros, lo que se convirtió en el complemento perfecto para la alimentación básica de sus hogares. Así los esposos traían los mariscos y las mujeres ya tenían los guisos de sus huertas”.

Las mujeres de Palo Seco también han diversificado sus actividades. Con el apoyo del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano se han formado en ocupaciones como la confección de tembleques, arreglo personal, repostería y manualidades.

Asimismo, en la asociación están conscientes de que no pueden depender solamente de la pesca. Por eso han establecido una tienda y buscan fomentar el turismo de la región.

“La tienda, más que un negocio, es un apoyo a los pescadores. Hay semanas que se van en créditos de hasta 3 mil dólares, pero la empresa lo puede sostener. Así garantizamos la alimentación de quienes dependen de la tienda. El margen de ganancia es limitado, pero la idea es que la mercancía seca no sea tan costosa”, dice Batista.

Su ganancia real viene de la venta de mariscos, pero también de proyectos como la construcción de un pequeño hostal para visitantes. El procesamiento de nuggets (barritas de pollo rebozadas) y hamburguesas es otro de los planes que quieren implementar.

A partir de la organización igualitaria, la asociación ha formado una red de ayuda que beneficia a todos sus miembros. El cambio que han logrado se nota a través de la sede de la asociación junto a la playa Palo Seco.

El pequeño espacio en el que se iniciaron hace unos años es ahora una edificación de dos plantas con aire acondicionado, desde la que crean alternativas económicas para poner a su comunidad en el mapa.

Se necesita una mirada compartida

Este caso de éxito se inserta en una zona donde las oportunidades de las mujeres rurales para generar ingresos propios son limitadas. Se trata de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, países que forman parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Aunque en esta región las áreas rurales abastecen de alimentos y otras materias primas a toda la población, las mujeres tienen una menor participación que los hombres en dichas actividades productivas.

Cooperativa de mujeres rurales que agrega valor a productos agrícolas. República Dominicana. Crédito: FAO

Según datos de la CEPAL (Comisión Económica de América Latina y el Caribe), Guatemala reporta la participación más alta, con 17,5 por ciento, mientras que en Costa Rica, El Salvador y República Dominicana oscila apenas entre un dos y cuatro por ciento.

Las mujeres jóvenes son las más afectadas por esta desigualdad, ya que en cuatro de los ocho países, más de la mitad de las mujeres rurales de entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja. Esta situación es compleja y tiene múltiples causas, por lo que requiere de una atención integral y coordinada que nazca de una mirada compartida.

Y es que hasta ahora las políticas y planes de acción de empoderamiento económico han ignorado a las mujeres rurales, atendiendo más bien a los hombres y las mujeres urbanas.

Por esta razón es fundamental analizar en profundidad las situaciones que viven las mujeres rurales, para ayudarlas a liberar todo su potencial económico y laboral en áreas clave para el bienestar de sus países como la seguridad alimentaria y nutricional, y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Es por eso que el Consejo de Ministras de la Mujer (COMMCA) y el Consejo de los Ministros de Agricultura (CAC) de los países del SICA, están trabajando en la implementación de una agenda conjunta para el empoderamiento económico de las mujeres rurales centroamericanas.

Esta agenda fue formulada y aprobada por ambos Consejos en julio de 2018 como una “resolución obligatoria para los Estados miembros”. El objetivo es contar con un instrumento regional de corto plazo que promueva acciones intersectoriales, regionales y nacionales, a fin de establecer más y mejores oportunidades para que las mujeres rurales centroamericanas generen sus propios ingresos.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en el marco de la campaña regional #MujeresRurales, mujeres con derechos. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

El artículo Mujeres panameñas desafían la desigualdad en un mundo de hombres fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

UN chief commends India’s progress towards Sustainable Development Goals

UN SGDs - ter, 02/10/2018 - 14:57
UN Secretary-General António Guterres on Tuesday praised India’s progress on implementing the Sustainable Development Goals (SDGs), in particular the pursuit of Sanitation for All and Affordable and Clean Energy, which featured heavily during day-two of his official visit to the country.
Categorias: Internacionais

Más mujeres dueñas de tierras para mejorar seguridad alimentaria en África

IPS español - ter, 02/10/2018 - 13:14

Las mujeres son la mayoría en la pequeña agricultura en África. La evidencia muestra que cuando ellas están empoderadas, las granjas son más productivas, se gestionan mejor los recursos naturales, mejora la nutrición y se aseguran las fuentes de ingreso”: José Graziano da Silva, directora general de la FAO. Crédito: Kristin Palitza/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Oct 2 2018 (IPS)

Las mujeres son clave para la agricultura y la seguridad alimentaria, pero la desigualdad de género frena los avances contra el hambre, la pobreza y la creación de sistemas alimentarios sostenibles.

Durante un evento de alto nivel realizado al margen del 73 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Africana (UA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) revisaron la permanente brecha de género de los sistemas agroalimentarios de África, y subrayaron la necesidad de tomar medidas urgentes al respecto.

“Hay un fuerte impulso para lograr avances en materia de equidad de género y empoderamiento de las mujeres en los sistemas agroalimentarios porque ellas constituyen la mayoría de los trabajadores agrícolas”, indicó la comisaria de la UA para Agricultura y Economía Rural, Josefa Leonel Correa Sacko.

Por su parte, el director general de la FAO, José Graziano da Silva, expresó: “Tenemos que mejorar el reconocimiento y aprovechar el aporte fundamental de las mujeres a la seguridad alimentaria y nutricional”.

“Para ello, debemos cerrar la permanente brecha de género que hay en la agricultura de África”, observó.

“La evidencia muestra que cuando las mujeres están empoderadas, las granjas son más productivas, se gestionan mejor los recursos naturales, mejora la nutrición y se aseguran las fuentes de ingreso”, añadió Graziano da Silva.

Las mujeres representan 60 por ciento de los trabajadores de la agricultura, pero solo alrededor de 32 por ciento de ellas son dueñas de la tierra en los 27 países de África subsahariana, ya sea de forma conjunta o a título individual.

Solo 13 por ciento de las mujeres, en comparación con 40 por ciento de los hombres, son propietarias a título individual en toda o parte de la tierra que poseen, según la Perspectiva Regional sobre Sistemas de Género y Agroalimentación, señala el informe realizado por FAO y la UA y presentado en Nueva York.

En 2016, miles de campesinas africanas se reunieron en la montaña del Kilimanjaro, en Tanzania, para protestar y reclamar por sus derechos a la tierra y a los recursos naturales.

Algunas incluso subieron a la cumbre de la montaña más alta de África para expresar su determinación al cambio.

Las mujeres representan 60 por ciento de los trabajadores de la agricultura, pero solo alrededor de 32 por ciento de son dueñas de la tierra en los 27 países de África subsahariana, ya sea de forma conjunta o a título individual. Crédito: Busani Bafana/IPS.

Aun cuando las mujeres logran ser propietarias de sus tierras, muchas todavía carecen de recursos productivos y de tecnología, como fertilizantes, insumos agrícolas, equipos mecánicos y fondos.

Eso plantea numerosos problemas en la cadena de valor, incluida la pérdida de alimentos.

Alrededor de una tercera parte de la producción de alimentos se pierde o se desperdicia en el mundo. Estos son grandes responsables del cambio climático, y en África subsahariana, el costo económico de esas pérdidas asciende a 4.000 millones de dólares al año, concluye la FAO.

Cerrar las brechas de productividad permitiría elevar la producción de alimentos y el consumo en más de 10 por ciento y así reducir la pobreza en más de 13 por ciento.

La evaluación de la FAO y de la UA también estimó que la producción agrícola podría aumentar más del triple si los agricultores tuvieran acceso a los fondos necesarios para ampliar la calidad y la cantidad de su producción.

Los panelistas también observaron que si se atiende la brecha de género en la agricultura africana podría mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición.

El hambre aumenta en el mundo y empeora en la mayor parte de ese continente. De las 821 millones de personas hambrientas en el mundo en 2017, más de 250 millones vivían en el continente africano.

Al mismo tiempo, muchos países africanos deben de hacer frente al problema de la obesidad, que pronto podría convertirse en el mayor problema de salud pública de África.

“Conviene económicamente invertir en el empoderamiento económico y la educación de las mujeres, ya que suelen destinar una gran proporción de sus ingresos al bienestar de sus hijos y de su familia”, explicó Sacko.

Graziano da Silva señaló que entre las cuestiones clave se destaca la falta de mujeres en los sistemas de gobernanza y en los procesos de toma de decisión.

Entre cinco y 30 por ciento de los funcionarios de campo de los ministerios e instituciones rurales son mujeres, mientras solo entre 12 y 20 por ciento de los de oficina lo son.

Eso coincide con la falta de mecanismos de análisis y focalización con perspectiva de género, lo que deriva en servicios que apuntan a sectores donde los hombres son mayoría.

De continuar esa tendencia, África estará lejos de cumplir muchos de los ambiciosos objetivos de desarrollo, incluida la Declaración de Malabo, que busca promover un crecimiento inclusivo, la agricultura sostenible y mejores formas de ganarse la vida.

Hubo algunas señales positivas, pues muchos países africanos comenzaron a reconocer la importancia de colocar mujeres en el centro de la transformación de los sistemas de alimentación rurales.

Por ejemplo, el Programa de Empoderamiento Económico de Mujeres de Botswana ofrece ayuda económica, la que les permite comenzar sus propios negocios y mejorar su bienestar económico.

La primera dama de Botswana, Neo Jane Massi, participó del encuentro de alto nivel, en el que subrayó “la importancia del crecimiento inclusivo en nuestras agendas de desarrollo nacional no dejar a nadie atrás”.

Asimismo, el Programa Conjunto para Acelerar el Progreso hacia el Empoderamiento Económico de las Mujeres, implementado por varias agencias de la ONU, como la FAO y ONU Mujeres, capacitó a más de 40.000 mujeres en tecnologías agrícolas mejoradas y un mayor acceso a mercados y servicios financieros.

La participación de las mujeres en la toma de decisiones aumentó de 17 a 30 por ciento, pero Graziano da Silva subrayó la necesidad de una mejor y más equilibrada representación de la población femenina en todos los niveles jerárquicos.

Al presentar las recomendaciones del informe de la FAO y la UA, Sacko reclamó un “entorno favorable”, reforzar los mecanismos de responsabilidad para la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como una “revolución de datos de género” para informar mejor a los programas y las políticas con perspectivas de género.

“Seamos ambiciosos y despleguemos las alas juntos”, concluyó Massi.

Traducción: Verónica Firme

Artículos relacionados

El artículo Más mujeres dueñas de tierras para mejorar seguridad alimentaria en África fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Era voto de cabresto, virou permuta

Pública - ter, 02/10/2018 - 11:58

Colar o adesivo na porta de casa é R$ 30. Se for bandeira, é mais de R$ 100. Quem promete votar e entrega o número do título de eleitor recebe R$ 40. Balançar bandeira durante visita do candidato na comunidade, R$ 40 ou R$ 50. Para vigiar das 8h às 17h30 as bandeiras na rua é mais ou menos R$ 500 pelo mês inteiro. Esses exemplos de compra de votos e de cabos eleitorais foram relatados à Pública por moradores da comunidade dos Coelhos, na região central de Recife. “[Os candidatos] Pegam o título, o povo fica com medo e vota mesmo. Eles dizem que vão olhar quantos votos tiveram na área”, contou uma jovem de 22 anos.

A capital pernambucana tem em média 18 denúncias por dia relacionadas a campanhas, sendo 15% de crimes eleitorais e 74% de propagandas irregulares. Pernambuco é um dos que mais registram essas reclamações no país, conforme estatísticas do Sistema Pardal do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE). O estado foi campeão de denúncias nas eleições municipais de 2016 e caminha para ser novamente neste ano, com 1.780 registros até o último dia 27, disputando com São Paulo, que tinha 1.943 (no país todo eram 13.970 denúncias). Só em Recife foram 747 denúncias (74% de propaganda eleitoral, 14% de crimes eleitorais, 4% de uso da máquina pública, 7% de outras irregularidades, 1% de compra de votos, 1% de doações). Não dá para saber se o eleitor pernambucano é o que mais fiscaliza e denuncia ou se os candidatos do estado são o que mais infringem as regras – podem ser as duas coisas.

Joana Suarez/Agência PúblicaCampanha política na comunidade dos Coelhos

Uma certeza entre os moradores é que, depois da eleição, os políticos somem, não dão mais as caras na comunidade – são como Papai Noel, que só aparece no Natal. “A gente tem uma cidadania no Brasil focada no voto. Os candidatos compram o voto do cidadão e acham que já pagaram. Não se sentem obrigados a voltar”, afirmou a cientista política Ana Maria de Barros, professora do mestrado em direitos humanos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Maria José da Silva, 46 anos, mora em uma casa de palafita na favela Roque Santeiro, no bairro dos Coelhos. “Entra prefeito, sai prefeito e eu continuo aqui morando nessa imundície. Quando cheguei aqui, meu filho tinha 6 meses, ele fez 28 anos e eu já tive mais dois meninos”, calculou. Seu barraco de tábua fica suspenso sobre o rio Capibaribe, em meio a grande quantidade de lixo que surge quando a maré seca. Há mais de duas décadas ela espera receber um imóvel do governo para sair da área de risco.

Propaganda forçada

“Muitos vêm aqui agora nesse período de eleição, gente que nunca vimos, chega abraçando, mas não volta depois”, reclamou Maria José. “Aqui só vai melhorar quando Jesus vier buscar o seu povo, fia”, diz.

A descrença dos moradores com os políticos manifesta-se na mesma proporção da quantidade de adesivos espalhados na comunidade. A reportagem percorreu o bairro dos Coelhos e grande parte das residências tinha propagandas de políticos coladas nas portas e paredes, mesmo nas mais simples, feitas de tábuas. Ao menos 15 candidatos de diferentes partidos distribuíram as propagandas, que estão até em máquinas de lavar e geladeiras. As bandeiras, proibidas de serem afixadas em bens particulares, também estavam lá. Uma delas era do deputado estadual Beto Accioly, que tenta a reeleição pelo PP. “Minha tia que está apoiando e vai receber uma ajuda. Eu conheci ele agora”, afirmou o homem que estava na residência. Procuramos Accioly por telefone, por e-mail e em sua página de Facebook, mas não obtivemos retorno.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE), em Recife, havia apreendido, até semana passada, mais de 400 bandeiras colocadas em locais não permitidos e lavrado 60 autos de apreensão. O adesivo é liberado, desde que autorizado pelo proprietário e de forma gratuita. Mas nos Coelhos a maioria tinha recebido uma “ajudinha” do candidato ou o material havia sido colado sem permissão do dono do imóvel. “Eu viajei e quando voltei [os adesivos] já estavam aí”, disse uma senhora que mora na comunidade há mais de 50 anos e não se identificou. Ela fala que nunca viu nenhum político fazer nada de bom para eles e por isso vai anular o voto. “Só vou [às urnas] porque sou obrigada, não confio em ninguém”, esbravejou sentada em frente a sua casa cheia de imagens de santos, onde o povo se reúne para rezar.

Quando os candidatos vão fazer comício, eles chegam com seu material de campanha, pagam os seguradores de bandeiras e deixam a cena combinada. “Eles trazem comida, cachaça, soltam fogos, mas vão embora rápido”, comentou o morador Cássio Conrado, de 40 anos. A maior evidência de que os políticos eleitos não costumam voltar ao bairro dos Coelhos é a condição precária da comunidade: casas de tábua, esgoto na rua, falta de água, demanda por vagas em creche e escola, dificuldades para atendimento médico e marcação de consultas. O que não falta é problema para solucionar e gente se queixando nas vielas.

Realidade de favores

Segundo o Censo de 2010, o bairro dos Coelhos tinha uma população de 7.633 habitantes morando em 2.232 casas. Esse número, agora, deve ser maior, já que as palafitas aumentaram nos últimos anos – segundo os moradores são cerca de 2 mil barracos sobre o rio, fora as mais de 900 casas de alvenaria e tábua. As mulheres são responsáveis por 53,6% dos domicílios. Há oito anos, de acordo com o IBGE, a média era de 3,6 moradores por habitação e um rendimento mensal de R$ 900 por família. Quase 70% da população é negra (preta e parda).

O funcionário público Jorge Gerônimo foi eleito líder comunitário com pouco mais de mil votos. Ele é referência nos Coelhos para quem precisa de ajuda para marcar consultas médicas na rede pública estadual sem enfrentar filas, entre outros favores. Segundo Gerônimo, a população dos Coelhos aumentou muito, já passa de 10 mil pessoas. “Meninas que eram crianças já estão com filhos.” Mas não há creches em número suficiente e as crianças de 4 anos não conseguem vaga na escola. “Não tem nada fácil para o pobre”, disse. Enquanto a reportagem conversava com Gerônimo, uma jovem se aproximou para perguntar se ele tinha conseguido a consulta com a fonoaudióloga para o seu filho autista. “Está demorando muito”, comentou a moça. A criança já consulta com neurologista há um ano, através do apoio do líder comunitário. “Eu vou ligar pra doutora e te dou uma posição amanhã de manhã”, respondeu ele.

Nas ruas do bairro, veem-se cartazes com uma montagem da foto de Gerônimo ao lado do deputado federal André de Paula, candidato à reeleição pelo PSD. “Ele me procurou porque sabe que assim o voto aparece, e eu estou apoiando, temos que acreditar… ou vai dessa vez ou não vai mais”, falou Gerônimo, admitindo, em seguida, que os políticos somem e só quem fica atendendo as demandas da comunidade é ele. O candidato que ele apoiou nas últimas eleições não ganhou.

“Estou há mais de 30 anos ajudando esse povo. Nenhum deputado ou vereador fez nada pra gente. Eles vivem no gabinete deles, só vêm aqui em época de eleição.” Gerônimo almeja disputar para vereador de Recife no próximo pleito, não entrou ainda por não ter “capital de giro”, nas palavras dele. André de Paula foi procurado pela reportagem, por e-mail, telefone e canais que ele disponibiliza nas redes sociais ao eleitor, mas não respondeu.

Direito é privilégio político

O acesso à educação, saúde, água potável, saneamento básico e calçamento é um direito, mas acaba tornando-se um privilégio nas comunidades pobres, quando concedido por meio de benefício político de um vereador. É o chamado sistema de favor e tutela, como explica a cientista política Ana Maria: “Uma rede de poder é exercida nas favelas, que vai do cabo eleitoral ao deputado. Os moradores não têm informação e acreditam que o acesso aos direitos passa pelo político”. Ela avalia que a maioria dos vereadores é eleita pelo “voto de permuta”. Não é mais o voto de cabresto, “esse novo eleitor não está trocando o voto dele por dentadura, mas por uma vaga de emprego, por coisas que melhoram a vida dele”, considera a cientista política.

Graças a esse “benefício” que o eleitor recebeu, ele se sente preso e amarra toda a família ao candidato. O vereador Marco Aurélio conseguiu um emprego para o filho de Manoel Monteiro, que, por isso, sempre faz campanha para o político na comunidade dos Coelhos. Este ano, o candidato concorre à vaga de deputado estadual pelo PRTB. “Marco Aurélio arruma emprego, paga enterro, compra as coisas do dinheiro dele para ajudar até quem não vota nele”, disse Monteiro, e logo chamou um morador para exemplificar que os canos novos para a rua dele foram comprados pelo candidato e a obra iria começar em breve. O encanamento atual não aguenta chuva e alaga todas as casas. “Aquela família ali votava com Jorge [Gerônimo], agora vota em Marco Aurélio”, apontou Monteiro, mas os dois candidatos citados não são concorrentes diretos. A Pública tentou contato com Marco Aurélio por telefone, mas não teve sucesso. Assim como no caso de André de Paula, a reportagem perguntou sobre as propostas deles para a comunidade dos Coelhos e ficou sem resposta.

Rede de poder

Em Pernambuco, famílias tradicionais comandam as prefeituras do interior. Filhos, esposas e parentes vão herdando, eternizando-se na política e formando a rede de poder cuja moeda principal é o voto. A política, que é pública, passa a ser privada. “No Nordeste, o coronelismo é mais forte. De Recife a Petrolina, os grupos de famílias se revezam no poder há mais de cem anos”, afirmou Ana Maria, citando alguns exemplos de sobrenomes que dominam no estado: em Pesqueira, os Mendonças; em Caruaru, os Lyras; em Petrolina, os Coelhos.

A prática da propaganda irregular e de crime eleitoral é grande em Pernambuco, justamente por causa do acirramento político entre esses grupos tradicionais, sendo nas eleições municipais o jogo mais sujo. Para quem está nos movimentos sociais e na luta cotidiana, enfrentar essas oligarquias, que também concentram o poder econômico, é muito difícil, avalia Ana Maria. “As famílias se perpetuam através do assistencialismo nas periferias e favelas e mantêm os currais eleitorais”, completou a professora da UFPE.

O vereador Ivan Moraes Filho é militante de movimentos sociais em Pernambuco há 15 anos e disputa uma vaga para deputado federal pelo Psol. Em entrevista à Pública, ele disse que, nas visitas às comunidades, gosta de explicar o que é um mandato parlamentar e falar sobre os recursos usados na campanha. “Levo algumas questões que dificilmente chegam para eles: ‘Tu imagina de onde vem o dinheiro da compra do voto? O gás subiu quanto? Quando um político compra teu voto, ele te deve mais o quê?’”.  Moraes Filho ressalta que não são apenas os pobres que veem o voto com descaso e enxergam o período eleitoral como oportunidade de ganhar dinheiro. “A elite também está desinteressada pelo voto e bem preocupada com seus próprios interesses. Só que nesses casos as negociações acontecem de outra forma.”

Voto de opinião

Nem cabresto nem permuta. Há que se garantir o voto de opinião, defende a cientista política Ana Maria. “Como um filho ou um sobrinho de um prefeito, que caiu na política, vai representar sua pauta?”, questiona. As pessoas que vivem nas áreas mais pobres necessitam resolver seus problemas de sobrevivência, mas também precisam se livrar da política assistencialista, que sacia a fome imediata do cidadão e o torna dependente. “Temos a obrigação de recuperar a boa política, ao invés de pedir ditadura e lutar contra a democracia”, aponta Ana Maria. Isso significa votar em pessoas comprometidas com os reais interesses da comunidade, que reconheçam os direitos, tragam, além de polícia, lazer e cultura para a favela.

No bairro dos Coelhos, em Recife, Janete Batista Sobrinho, de 46 anos, é a “Fia do Posto”, a única candidata a deputada federal que mora na comunidade. Ela é agente de saúde e sanitarista. Tem um ou outro cartaz dela espalhado nas ruas, que é candidata pela Rede. A reportagem da Pública não conseguiu falar com ela na comunidade nem pelos seus canais de contato. Na sua página de Facebook, só tem uma postagem em referência a sua candidatura com o lema: “A mudança é você quem faz”.

Raio X dos Coelhos

Em 2016, o sociólogo Aciole Neto, da organização filantrópica Gestos, publicou um relatório sociodemográfico sobre o bairro dos Coelhos. Em relação à saúde, a comunidade tem dois postos de saúde, um deles existe há 20 anos e é fruto da mobilização da comunidade junto a prefeitura. Esse cobre cerca de 900 famílias e o outro atende cerca de 1.200. Mas o bairro possui o Instituto de Medicina Infantil de Pernambuco, o Imip, hospital de referência para todo o estado, que fica sobrecarregado. E, a poucos metros da favela, está o bairro da Ilha do Leite, com o maior polo médico privado do Norte e Nordeste do país, pela concentração de clínicas luxuosas e hospitais particulares.

Joana Suarez/Agência PúblicaPernambuco é o estado que mais registra denúncias de crimes eleitorais e propagandas irregulares

Quando a demanda é educação, a situação nos Coelhos não é melhor. O relatório mostra que há apenas uma escola municipal e a indisponibilidade de creches é ainda mais grave. A Creche Municipal Vovô Artur é a única da comunidade, atendendo 95 crianças. Não existem outras unidades nos bairros próximos.

Denúncias, fiscalização e punição

Em casos de descumprimento da legislação federal, o responsável é alertado pelo fiscal a adequar a propaganda. “As apreensões [do material] só ocorrem se não houver uma pessoa para retirar ou se estiver atrapalhando algum local público e de uso comum, que não pode ter propaganda”, explicou Flávio Melo, presidente da comissão de propaganda eleitoral do TRE em Recife. Ele acredita que muitas das irregularidades ocorrem devido ao desconhecimento da população.

A compra de votos é crime eleitoral. De acordo com a Lei das Eleições, o candidato que doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor algum bem para obter o voto, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, está sujeito a pena de multa, cassação e pode tornar-se inelegível por oito anos. O eleitor que receber, solicitar dinheiro ou qualquer outra vantagem, para si ou para outra pessoa, também está sujeito a crime. Mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende que deve haver provas robustas contra o acusado para condená-lo.

A fiscalização depende de o cidadão apresentar denúncia e comprovação. Até o dia 27, foram contabilizadas em todo o país cerca de 14 mil denúncias. O sistema Pardal aceita arquivos fotográficos, áudios e vídeos, enviados via web ou aplicativo de celular. A identificação do denunciante pode ser preservada. “O candidato é notificado para apresentar defesa e tudo é encaminhado ao Ministério Público Eleitoral”, esclareceu Melo.

Categorias: Internacionais

Mujeres ponen el freno a extrema derecha en elecciones de Brasil

IPS español - seg, 01/10/2018 - 20:41

Cientos de miles de mujeres se lanzaron a las calles de las principales ciudades de Brasil el sábado 29 de septiembre, en muchos casos acompañadas de sus parejas, amigos y familias, en rechazo a Jair Bolsonaro, candidato de extrema derecha a la presidencia de Brasil. En la imagen, parte de la protesta en un distrito de São Paulo: Rovena Rosa/Fotos Públicas

Por Mario Osava
RIO DE JANEIRO, Oct 1 2018 (IPS)

La decisión de las mujeres brasileñas de lanzarse multitudinariamente a las calles de Brasil contra el candidato presidencial Jair Bolsonaro, bajo la consigna #élNo, ratifica el liderazgo del mayoritario electorado femenino contra la vuelta de la extrema derecha al poder.

Isabella Costa fue una de las participantes en las manifestaciones del sábado 29 de septiembre que bajo esa consigna inundaron las calles de más de 60 grandes ciudades del país. Ella, además, decidió llevar a su hijo de tres años, pese a los temores de incidentes que no se concretaron, a la movilización en Río de Janeiro.

Más de un millón de personas rechazaron así las pretensiones electorales del excapitán del Ejército, cuya popularidad en los sondeos despertó en la extrema derecha sueños de volver al poder, soterrados desde el fin de la dictadura militar en 1985.

“Llevar a mi hijo era importante para enseñarle desde temprano a luchar por derechos, a actuar colectivamente”, explicó Costa, de 43 años. Ella integra un grupo que forma parte de un movimiento nacional de madres que buscan “desconstruir el patriarcado y el machismo”, explicó.

Se trata de evitar un “gobierno que buscaría ahondar las desigualdades, basado en homofobia, machismo y violencia, un retroceso que parece ser la tendencia mundial”, justificó.

Costa pasó a temer el triunfo de Bolsonaro en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta tendrá lugar el domingo 7 y la decisiva el 28 de este mes,  “al sorprenderme con gente muy próxima adhiriendo a su candidatura”.

El protagonismo asumido por las mujeres constituye solo uno de los muchos obstáculos que hacen casi imposible un triunfo del exmilitar, pese a su liderazgo en las encuestas para la primera vuelta, a la que seguirá la segunda ronda tres domingos después entre los principales candidatos,  si como se prevé ninguno obtiene más de la mitad de los votos válidos.

Un mes después de la convocatoria por Internet por un grupo de mujeres, la campaña #élNo logró la adhesión de casi cuatro millones de mujeres y sigue creciendo, en Brasil y en el exterior.

El electorado femenino representa 52,5 por ciento del total de 147 millones de brasileños con derecho al voto y más de mitad de las electoras declaran en las encuestas que no votarán por el exmilitar “en manera alguna”.

Ese rechazo, que entre los hombres es también elevado pero no tanto, 38 por ciento según el Instituto Datafolha, se construyó a lo largo de la carrera de 28 años como diputado nacional de Bolsonaro, en que se multiplicaron sus actos de discriminación y prejuicios.

El colmo fue posiblemente decir en medio de una diatriba con una colega diputada que “no la violaría porque no lo merece”. La hija que Bolsonaro tuvo después de cuatro varones la atribuyó a “un momento de debilidad”.

Con la consigna #élNo, más de un millón de personas, en un movimiento liderado por las mujeres, protestó contra el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, lo que evidencia un combativo rechazo a su figura que dificulta que alcance la presidencia de Brasil. En la imagen, un grupo de mujeres en Brasilia. Crédito: Lula Marques/Fotos Públicas

Pero las mujeres no son las únicas con las que Bolsonaro entró en conflicto. Lo hizo con los más variados sectores, como los homosexuales, que a su juicio solo existirían por mala educación familiar,  los negros, los críticos de la dictadura militar y también los pobres, otra mayoría electoral junto con la femenina.

No admite siquiera que hubo dictadura entre 1964 y 1985, ya que los militares no cerraron el parlamento, y alaba como héroe el exjefe de un centro de torturas en São Paulo, el coronel Carlos Brilhante Ustra, fallecido en 2015, denunciado como torturador y asesino de presos políticos en seis procesos, pero sin alguna condena.

El error fue “torturar y no matar”, dijo Bolsonaro en una entrevista televisiva hace dos años.

Pero sus disparates y opiniones dictatoriales no parecen importar a sus adeptos, incluidas las mujeres, que los justifican como bromas o deslices retóricos en momentos de irritación.

Las intenciones de voto para el candidato postulado por el minúsculo Partido Social Liberal (PSL) son los más consolidados, dicen los encuestadores, agravando el temor de quienes están convencidos de que Bolsonaro como presidente instalaría un régimen dictatorial, ignorando los derechos civiles y políticos.

Las contradicciones de su propia campaña electoral, sin embargo, tienden a debilitar su avance hacia el Palacio de Planalto, sede de la presidencia en este país de 2018 millones de personas.

Su asesor económico, Paulo Guedes, ya disgustó al candidato al defender la reactivación de un impuesto sobre operaciones financieras, similar a uno que estuvo en vigor entre 1997 y 2007, denostado por la población. Fue desmentido y sometido al silencio por el jefe.

Del economista típicamente liberal y ortodoxo, con doctorado en la estadounidense Universidad de Chicago, con carrera exitosa en bancos y empresas, se puede esperar frecuentes discrepancias con un candidato de pensamiento militar y nacionalista, especialmente en relación a su plan de privatización generalizada.

Bolsonaro tuvo también que desmentir y desautorizar a su aspirante a la vicepresidencia, el general retirado Hamilton Mourão, que sugirió la extinción del decimotercer sueldo anual (aguinaldo), con el argumento de representa un beneficio exclusivo de Brasil. Una declaración equivocada y desastrosa electoralmente.

Mourão, prácticamente excluido de la campaña por el excapitán, fue autor de otras citas infelices, como decir que el subdesarrollo brasileño se debe a la herencia cultural de los indígenas “perezosos” y los negros “pillos”, además de los colonizadores ibéricos acostumbrados a privilegios.

“Hogares con solo madres y abuelas” generan jóvenes inadaptados que engrosan las bandas del narcotráfico, fue otra de sus opiniones reveladoras de las creencias y lugares comunes que parecen orientar a los dos compañeros de fórmula presidencial.

Tanto Bolsonaro como Mourão, de 63 y 65 años, respectivamente, tuvieron su formación escolar y militar en los años más duros de la dictadura, inicios de la década de los 70. Al parecer no superaron los prejuicios de aquella época, agravados por el anticomunismo castrense.

“El retroceso no tiene futuro”, sentenció la socióloga y funcionaria pública jubilada Maria do Carmo Brito,  de 76 años, tras identificar en la militar fórmula presidencial la negación de los derechos sociales conquistados en las últimas décadas por mujeres, negros, indígenas, minorías sexuales y familias de composición no convencional.

Son ideas hace más de medio siglo, que no reconocen los derechos identitarios, la diversidad social. Bolsonario ya dijo que prefiere “un hijo muerto a uno homosexual”, pero que no había ese riesgo en su familia por la “buena educación”.

Son convicciones que conspiran contra un buen desempeño en la segunda vuelta, aunque el adversario sea Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), también objeto de fuerte el rechazo popular, por estar manchado de corrupción y responsabilizado de la actual crisis económica interna.

Por su anticomunismo, por ejemplo, los antiguos militares proponen excluir la os cubanos del programa Más Médicos, que hace cinco años lleva asistencia al interior del Brasil. Son cerca de 8.000 médicos cubanos, la mitad del total, que en general son respetados y queridos por las poblaciones locales que atienden.

Sacarlos sería una medida muy impopular, al igual que reducir el programa Beca Familia, que concede una minúscula pensión equivalente hasta un tope de 45 dólares mensuales a familias con ingreso de apenas 20 dólares.

Es un programa exitoso de combate a la pobreza y el hambre, pero que los derechistas acusan de asistencialista y fomentador de indolencia, que el PT habría implantado con fines puramente electoreros.

Es muy difícil ganar unas elecciones amenazando a las mayorías sociales como las mujeres y los pobres.

 

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo Mujeres ponen el freno a extrema derecha en elecciones de Brasil fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Com dado falso, post diz que ato pró-Bolsonaro reuniu 1 milhão em SP

Pública - seg, 01/10/2018 - 18:28
Reprodução/ Facebook Eduardo BolsonaroManifestação a favor de Jair Bolsonaro (PSL) na Avenida Paulista no dia 30 de setembro: ato ocupou três quarteirões

“Nunca imaginei que pudesse haver tantas pessoas na Av. Paulista num domingo de garoa à tarde apoiando JB [Jair Bolsonaro]. Segundo a PM foi 1 milhão de pessoas!!! Em nome de meu pai, muito obrigado pela força! O Brasil tem jeito!” – Eduardo Bolsonaro (PSL), candidato a deputado federal, em post no Facebook no dia 30 de setembro.

Vários protestos contrários e favoráveis ao candidato à Presidência pelo Partido Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro, ocorreram no último final de semana de setembro em diferentes cidades do país. Em São Paulo, manifestantes que se posicionam contra ao candidato reuniram-se no sábado, 29, no Largo da Batata e caminharam até a Avenida Paulista, passando pela Avenida Rebouças. No domingo, dia 30, ocorreu um ato que reuniu pessoas favoráveis ao político, na Avenida Paulista.

Os movimentos tiveram repercussão nas redes sociais. Eduardo Bolsonaro, filho do deputado federal, postou em seu Facebook a informação de que 1 milhão de pessoas compareceram à manifestação favorável a seu pai, segundo a Polícia Militar. A postagem foi acompanhada de fotos dos manifestantes na Avenida Paulista e teve 129 mil compartilhamentos até as 18 horas do dia 1º de outubro. A informação também foi publicada pela página “Mulheres A FAVOR de Jair Bolsonaro”, responsável pela organização do evento. O Truco – projeto de fact-checking da Agência Pública – analisou o caso e concluiu que a afirmação é falsa.

A Polícia Militar de São Paulo não divulgou informações a respeito do número de pessoas que compareceram aos atos do fim de semana – nem no sábado, nem no domingo. O candidato, autor da postagem, não respondeu ao questionamento do Truco sobre a fonte da informação. Os organizadores também não divulgaram estimativa sobre o número de pessoas.

No Facebook, eventos reunindo pessoas para a manifestação em apoio ao candidato do PSL em São Paulo não ultrapassaram 30 mil pessoas interessadas ou com presença confirmada. O maior deles, organizado pela página “Fatos Relevantes” ligada ao site de Jair Bolsonaro, contava com 6,2 mil confirmados e 20 mil interessados. Outro evento, realizado pelas páginas “Bolso Mulher”, “Direita São Paulo”, “São Paulo conservador” entre outras, convocava pessoas para a manifestação no domingo usando a hashtag #1milhãonaPaulistacomBolsonaro, mas contava com apenas 15,4 mil confirmados ou interessados. Já a página “Mulheres A FAVOR de Jair Bolsonaro”, que possui cerca de 300 mil curtidas ou seguidores, não criou nenhum evento convocando seus participantes.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, os manifestantes ocuparam 3 quarteirões da Avenida Paulista na altura do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) na manifestação pró-Bolsonaro no domingo. Fotos do evento confirmam essa estimativa. Segundo a ferramenta MapChecking, a zona em questão possui 22.375 metros quadrados e, em densidade máxima de ocupação (7 pessoas por metro quadrado), pode conter 155,6 mil pessoas. Ou seja, é impossível que as três quadras da Avenida Paulista tivessem sido ocupadas por 1 milhão de manifestantes.

Manifestação contra Bolsonaro

O principal evento relacionado à manifestação contrária a Jair Bolsonaro, realizado no sábado, possuía 322 mil pessoas confirmadas ou interessadas. Já o grupo ligado à organização do ato contava com 3,8 milhões de pessoas até a publicação da checagem.

Apesar de maior engajamento nas redes sociais, também não há estimativas oficiais a respeito do número de pessoas que compareceram à manifestação contrária a Bolsonaro em São Paulo. As organizadoras estimam que o ato reuniu 500 mil pessoas, conforme informado ao Truco. Segundo o MapChecking, a área na qual os manifestantes contrários à Bolsonaro se agrupavam, o Largo da Batata, corresponde a 70 mil metros quadrados e sua capacidade máxima de lotação (7 pessoas por metros quadrados) é de 490 mil pessoas.

Categorias: Internacionais

Atentados de direita fomentaram AI-5

Pública - seg, 01/10/2018 - 14:53

Documentos inéditos, guardados há meio século nos arquivos do Superior Tribunal Militar (STM), jogam luzes no cenário que levou ao recrudescimento da ditadura militar, com a edição do AI-5 (Ato Institucional número 5) em dezembro de 1968. Depoimentos de personagens, relatórios oficiais e uma infinidade de papéis anexados a processos que somam cerca de 10 mil páginas, ao qual a Pública teve acesso, demonstram que o AI-5 fez parte de um plano para alongar a ditadura com atentados a bomba em série, preparados no final de 1967 e executados até agosto do ano seguinte por uma seita esotérica, paramilitar e de extrema direita.

Até esse momento, episódios de ação armada da esquerda, que também ocorreram, eram apontados como causa para a decisão dos militares de endurecer o regime.

Comandadas por um líder messiânico a serviço da linha dura do governo militar, as ações terroristas da direita, que chegaram a ser atribuídas, equivocadamente, às organizações de esquerda, segundo apontam as investigações, tiveram como estratégia aquecer o ambiente como preparação do “golpe dentro do golpe”, o que daria ao regime uma longevidade de mais 17 anos.

Na cadeia de comando do grupo se destacam um general da reserva Paulo Trajano da Silva, que se dizia amigo pessoal do então presidente-ditador Artur da Costa e Silva, e, na linha de frente do plano, um complexo personagem, Aladino Félix, conhecido como Sábado Dinotos, líder da seita, mentor e também autor dos atentados.

Arquivo NacionalTrecho do depoimento do General Paulo Trajano da Silva sobre sua ligação com o então presidente Costa e Silva

Formado por 14 policiais da antiga Força Pública (como era chamada à época a Polícia Militar de São Paulo), todos seguidores fanáticos de Aladino Félix, o grupo executou 14 atentados a bomba, furtou dinamites de pedreiras e armas da própria corporação, além de praticar pelo menos um assalto a banco, plenamente esclarecido. Foram os pioneiros do terrorismo, e os responsáveis pela maioria das ações terroristas registradas no período – um total de 17 das 32 contabilizadas pelos órgãos policiais.

Primeiros atentados foram da direita

A evidência de que foi a direita quem tomou a frente nas ações que serviram de pretexto para o fechamento do regime aparece pela primeira vez num relatório do delegado Sidney Benedito de Alcântara, assistente do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), sobre o inquérito em que a polícia esclarece os crimes a partir de prisões ocorridas em meados de agosto de 1968. Com data de 18 de dezembro, cinco dias depois da edição do AI-5, o delegado afirma que os atentados da direita “começaram bem antes do atual terrorismo de esquerda”, numa referência ao início da fase mais acirrada dos conflitos armados que marcaram a fase mais dura da repressão política.

Pela cronologia das investigações, os paramilitares começam furtando dinamites, no final de dezembro de 1967, armas no Quartel-General (QG) da Força Pública em 16 de janeiro de 1968, e executam explosões de bombas entre 10 de abril até 19 de agosto, com atentados em série, o último deles dois dias antes de o grupo ser desbaratado.

Os alvos principais dos atentados, cuja autoria o grupo de Aladino Félix assumiria, foram justamente os órgãos que depois centralizariam a repressão contra a esquerda em São Paulo: o II Exército, cujo QG ainda funcionava na rua Conselheiro Crispiniano, o prédio do Dops, instalado então no largo General Osório, e o QG da Força Pública, na praça Júlio Prestes, todos na região central.

O grupo explodiu também bombas na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), no oleoduto de Utinga, em prédios onde funcionavam os setores de alistamento da PM (era Força Pública) e de varas criminais da capital (Lapa e Santana) e em pontilhões e trilhos que davam acesso à estrada de ferro que ligava o litoral e os subúrbios da região metropolitana ao centro da capital.

Superior Tribunal Militar/ Integra-JMUExplosão de bomba na entrada do prédio da Bolsa de Valores de São Paulo

As ações de esquerda, porém, que mais tarde se alternariam com as da direita, se iniciaram apenas em 19 de março de 1968, com a explosão de uma bomba que feriu três estudantes na biblioteca do consulado dos Estados Unidos, no Conjunto Nacional, na avenida Paulista. O atentado mais grave, que matou o soldado Mário Kozel, sentinela do QG do II Exército, já funcionando no Parque Ibirapuera, só ocorreria em 26 de junho do mesmo ano.

O general Silvio Corrêa de Andrade, chefão da Polícia Federal em São Paulo, chegou a sustentar à época, em entrevistas, que o governo não tinha dúvidas sobre quem estaria por trás de todos os atentados. “Sabemos de onde partiu o golpe: foram os homens da esquerda. Mas acabaremos por agarrá-los”, disse ele.

Perícia realizada em metralhadora, pistola e munições apreendidas em poder de Aladino Felix e seu bando indica que as armas pertenciam à Força Pública

O mesmo general se mostraria surpreso quando o grupo de Aladino Félix acabou se revelando através de uma investigação criminal de rotina, à revelia dos órgãos de informação do governo federal, que mirava apenas descobrir os autores do roubo a uma agência do Banco Mercantil e Industrial (BMI) de Perus, ocorrido no dia 1º de agosto de 1968.

Maconheiros e malandros

O delegado Ruy Prado de Francischi, lotado na 40ª DP, em Vila Santa Maria, na zona norte, rastreando os passos de “maconheiros e malandros”, conforme consta no relatório do Dops, recolheu informes sobre a quadrilha que roubou o BMI. O delegado descobriu que os assaltantes, com os rostos cobertos por lenços (estilo copiado dos filmes de faroeste, então a coqueluche de Hollywood), haviam rendido o vigia e funcionários da agência com armas furtadas do QG da Força Pública, em 16 de janeiro, de onde haviam sido levados uma metralhadora INA, três pistolas Walther e 13 revólveres Taurus.

Identificados, presos e conduzidos ao xadrez do Deic, os quatro assaltantes, todos já fichados à época por crimes comuns, depois de intensas sessões de tortura, contaram que o mentor do roubo havia sido o soldado da Força Pública Jessé Cândido de Moraes, o segundo homem na hierarquia do grupo. Preso no dia 21 de agosto, e também submetido a variados tipos de sevícias, o policial citou, pela primeira vez, o nome de Aladino Félix como um dos destinatários do dinheiro roubado.

Autor de livros sobre ufologia e de profecias bíblicas, místico venerado por um séquito, Aladino Félix tinha servido como militar na Segunda Guerra e era reconhecido por relevantes serviços prestados ao golpe de 1964, além de manter contatos com autoridades do regime militar. Como um delator de luxo, fornecia informações sobre as ações das organizações de esquerda e supostas conspirações contra o governo envolvendo oficiais da Força Pública.

Detido um dia depois de Jessé, em 22 de agosto, Aladino Félix foi levado para o Deic. Lá, também torturado, conforme atestaria um laudo pericial da própria polícia, mas longe da influência das autoridades federais, descreveu em detalhes, num manuscrito de 25 páginas em folhas de caderno espiral, todos os atos praticados por seu grupo nos oito meses que antecederam sua prisão. Aladino Félix, abandonado pelo governo, que perdeu o controle sobre sua prisão, passa a contar por que organizou o grupo. De acordo com ele, a motivação básica das ações era levar o regime a assumir medidas ditatoriais agudas. Num dos trechos do manuscrito, Aladino Félix afirma que recebia ordens da Casa Militar do Palácio do Planalto, chefiada à época pelo general Jayme Portella, e de fontes do Ministério da Justiça através da Polícia Federal.

Integra-JMU/ Superior Tribunal MilitarTrecho do depoimento manuscrito de Aladino Félix, assumindo a autoria do roubo de armas e apontando sua conexão com o alto comando da Presidência da República

 

Poderia ser apenas bravata, mas um dos papéis apreendidos em seu escritório, no 21º andar do edifício Martinelli, não deixa dúvida sobre as relações de Aladino Félix/Dinotos com o escritório central da Polícia Federal (PF), em Brasília:

“Prezado senhor Dinotos,

Recebi sua carta e desde já aceite meus agradecimentos pelas informações nela contidas.

Encaminhei imediatamente cópia das informações ao meu Diretor, tendo ele ficado também impressionado e levará o assunto às autoridades superiores.

Esperando contar com a valiosa cooperação que o senhor vem prestando, aguardo novas notícias”.

A carta, datilografada numa folha com o brasão da República e timbres do Ministério da Justiça e Polícia Federal, é assinada pelo inspetor Firmiano Pacheco, com data de 8 de maio de 1968, portanto três meses antes de Aladino Félix e seu grupo serem presos.

Superior Tribunal Militar/ Integra-JMUCarta mostra a relação com altas patentes do governo; foi publicada, à época, no Jornal Última Hora

A onda de atentados era de pleno conhecimento do governo, que tinha consciência, segundo Aladino Félix, de que o regime entrara numa fase de desgaste e estava em meio a uma forte crise quatro anos depois do golpe. “Brasília queria que nossas ações continuassem até dezembro de 1968 ou janeiro de 1969”, escreve no manuscrito, entregue à polícia em 27 de setembro de 1968. Todos os integrantes de seu grupo, ouvidos em inquéritos civis e militares, reafirmariam que a motivação era levar o regime a editar medidas de exceção.

Aladino Félix sustenta que, diante de pressões que só aumentavam, o governo concordara com a linha dura do regime. “Para evitar a reformulação dos planos revolucionários, a única forma proposta e aceita pelo governo federal, através do general Paulo Trajano, foi a ação terrorista”, escreve no mesmo manuscrito. Segundo Félix, “o terrorismo foi então como uma saída de emergência para o governo federal, pois não podia agir contra tantos implicados na trama e nem lhes convinha dar-lhes a liberdade para reassumir as rédeas que lhes foram arrancadas pela revolução de março de 1964”.

Superior Tribunal Militar/ Integra-JMUTrecho do depoimento escrito por Aladino Felix, aponta a sua conexão com o alto comando da Presidência da Republica e até quando deveria atuar

Todos os integrantes do grupo contaram, depois de presos, que no caso do furto das armas Trajano participou dos detalhes do planejamento e, diante da possibilidade de identificação dos autores, garantiu que “acertaria” com a Polícia Federal um jeito de evitar que fossem encontradas impressões digitais. Disseram que o general ainda forneceu um álibi caso surgissem suspeitas sobre o sumiço dos envolvidos no dia da ação: todos estariam com ele, Trajano, numa caçada no Mato Grosso

O general Paulo Trajano

Apontado por Aladino Félix como o homem que deu a ordem para o furto das armas no QG da Força Pública e do atentado a bomba no antigo QG do II Exército, Trajano expressa espontaneamente no depoimento que prestou no dia 2 de setembro de 1968, no inquérito aberto pelo II Exército para investigar o envolvimento do general com o grupo, um desejo de que, cem dias depois, se revelaria profético: “O governo federal deveria aproveitar o momento para endurecer o regime, acabando de vez com a desordem reinante no país”, disse.

Ao Dops, que assumiu o caso assim que o grupo se responsabilizou pelos atentados terroristas, o general Trajano conta que havia relatado o furto das armas ao então chefe da PF no Rio (Guanabara à época), general Luiz Carlos Reis de Freitas. Afirma que, assim que soube do furto das armas na casa de Aladino Félix, chegou a comentar com Freitas que o episódio serviria para “desnortear” oficiais da Força Pública que, segundo versão nunca comprovada, conspiravam contra o governo.

A mesma história foi contada por Aladino Félix em seu relato-confissão. Segundo ele, os oficiais da Força Pública preparavam uma rebelião para derrubar Costa e Silva. O movimento teria sido gestado na França, através de contatos do ex-presidente Juscelino Kubitschek com Charles de Gaulle, numa articulação que envolvia, no Brasil, os dirigentes da Frente Ampla liderada por Carlos Lacerda e apoiada por outros líderes cassados pela ditadura. O levante ocorreria no dia 25 de janeiro, com o assassinato do presidente e do ex-governador Abreu Sodré. Nesse dia, diz, Costa e Silva estaria na capital, participando das comemorações em homenagem ao aniversário da cidade. Lacerda também estaria em São Paulo, num evento no Teatro Municipal, de onde daria a senha para desencadear a rebelião, que seria seguida por levantes na Brigada Militar gaúcha e nas PMs de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Bahia.

No início de janeiro, segundo as investigações, Aladino Félix e Trajano se encontrariam várias vezes. O general diria que ouvira e acreditara na conspiração e, como era amigo de Costa e Silva, que anos antes havia sido seu comandante no Segundo Batalhão de Infantaria do Exército em São Paulo, decidiu informar o governo. No depoimento, diz que Aladino Félix teria se passado como aliado dos conspiradores e chega a afirmar, numa versão que a própria polícia acha delirante, que viu um primo e homem de confiança de Lacerda, Paulo Bucker Lacerda, “confabulando” com o místico no escritório deste.

O general sustenta que, convencido dos riscos que o regime e o presidente corriam, procurou a chefia da Polícia Federal do Rio de Janeiro (à época Guanabara). De fato, dias depois, ele e Aladino Félix foram ao Rio e detalharam o que sabiam – este colocou tudo num relatório datilografado. A PF passou a tratar como informação real e a repassou ao chefe da Casa Militar do Palácio do Planalto, general Jayme Portella. Costa e Silva, então, cancelou a viagem a São Paulo.

No dia 27 de janeiro, com Marinha e Aeronáutica de prontidão, o Exército cercou e fez uma série de incursões pela capital paulista, mas nada de anormal foi registrado. Só em março os jornais noticiariam que um golpe havia sido abortado e apontavam o principal responsável pelo desmonte dessa rebelião: Aladino Félix. Era aplaudido pela direita e, em entrevistas, chegou a afirmar que enviou, sim, um bilhete que chegara às mãos de Costa e Silva.

Nos meses seguintes, as ações da direita e da esquerda se alternariam. A VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) colocaria a bomba na sede do Estadão, que à época estava instalado na rua Major Quedinho, no centro da capital, e roubaria um paiol de armas no Hospital Militar do Exército. Por outro lado, os paramilitares dariam curso aos atentados em série. Num só dia, 19 de agosto, véspera das primeiras prisões por causa do roubo ao BMI, explodiriam as bombas no Dops e nas varas distritais criminais da Lapa e de Santana.

Os terroristas e o militar

Com o esclarecimento do roubo ao BMI, vieram à tona o furto das armas e os demais atentados. Trajano admitiu, em depoimento ao Dops, que foi informado e viu as armas furtadas na casa de seu amigo Aladino Félix, mas negou que soubesse das demais ações.

Depoimentos e acareações feitas pela polícia colocam o general, no entanto, na cena em que se planejou o furto: todos disseram que, consultado sobre a ação, o general pediu um tempo para responder, e que só teria dado a ordem de execução depois de conversar com o comando da PF no Rio.

Superior Tribunal Militar/ Integra-JMUDocumentos referentes à explosão de bomba jogada do alto de um prédio para atingir o Quartel General do 2o. Exército. Duas funcionárias de uma loja ficaram feridas

Um dos militares do grupo, o sargento Rubens Jairo dos Santos, diretamente envolvido em várias explosões de bomba, aponta o dedo direto para o amigo do presidente: “O general Trajano deu a ordem para colocar a bomba no QG do II Exército”, afirmou o militar em depoimento. O objetivo, segundo ele, era assustar e alertar o então comandante da força, general Syseno Sarmento, sobre a continuidade da conspiração entre oficiais da Força Pública, mesmo depois de “abortado” o “plano” de assassinar o presidente.

O delegado do Dops tachou de “evasivas” as respostas do general nas acareações e afirmou que os que o acusaram de envolvimento no furto se comportaram de maneira firme e convincente. Mas, em relação à suposta conspiração contra Costa e Silva ter motivado o comportamento do general, o delegado Sidney Benedito de Alcântara se mostra mais crédulo. Em seu relatório, ele diz que o general Trajano “queria ser solidário a Costa e Silva, com quem servira na vida militar e de quem recebeu valiosos apoios”. Reconhece, no entanto, ser implausível que um militar experiente se deixasse iludir por teorias conspiratórias que o teriam feito assumir “conduta terrorista”. No final do relatório, repete o que imagina ter passado pela cabeça do líder da direita ao ordenar os ataques aos seus seguidores: “O governo ver-se-á na contingência de adotar represálias, impondo um regime de força, desviando, dessa forma, o Brasil do abismo a que está caminhando”.

Poupado pela Justiça Militar de São Paulo, que nem sequer o considerou investigado, Trajano se tornaria alvo de um inquérito só mais tarde, aberto inicialmente no Rio e, depois, transferido para o II Exército, em São Paulo. Foi preso em setembro no QG da Segunda Divisão do II Exército até que concluísse seu interrogatório, algo como uma prisão provisória nos dias de hoje. Mesmo acusado de terrorismo, foi solto alguns dias depois por decisão unânime dos ministros do STM, entre os quais votou contra a decretação de prisão preventiva o general Ernesto Geisel, que em 1974 sucederia o general Emílio Garrastazu Médici, chefe do extinto Serviço Nacional de Informações (SNI) no período dos atentados da direita.

O SNI e a farsa

As suspeitas de que a cúpula do regime militar sabia dos atentados da direita em São Paulo são reforçadas por um relatório do SNI de agosto de 1969. Numa retrospectiva sobre o papel da Força Pública, então com 36 mil homens livres do “micróbio vermelho” e, portanto, “força antirrevolucionária” a favor do regime, o agente diz que o grupo de Aladino Félix tinha a intenção de levar todo o arsenal dos 350 homens que integravam o antigo Departamento da Polícia Militar e que a autoria do atentado ao QG da Força Pública foi encoberta por oficiais graduados da corporação, supostamente mancomunados com as ações paramilitares.

O agente informa que o soldado Jessé, que classifica como “lugar-tenente” de Aladino Félix, e os sargentos Rubens Jairo dos Santos e Juarez Nogueira Firmiano, que participaram da maioria dos atentados, chegaram a ser presos no mesmo dia em que o petardo explodiu no QG da Força Pública, em 10 de abril de 1968, destruindo um dos elevadores. Os três foram soltos, frisa o agente do SNI, sem nem sequer serem investigados.

“No dia seguinte ao da explosão, após o término do expediente, o major Edson [Edson Isaac Corrêa] desceu à prisão e os colocou em liberdade por ordem do cel. Vilela [José Vilela dos Santos, então comandante do Estado Maior da Força Pública]. É evidente que tais elementos, se pressionados, iriam revelar o plano e para que isso não acontecesse, os oficiais tomaram aquela atitude”, escreve o agente do SNI.

O responsável pelo inquérito policial-militar (IPM), capitão Cid Benedito Marques, orientado por superiores para “nada investigar”, passou então a ouvir pessoas que o agente denomina de “trouxas”. O depoimento de Aladino Félix nesse IPM foi só para cumprir tabela: o místico negou que soubesse de qualquer detalhe e foi dispensado com as honras de sempre. “Referido IPM encontrou sérios obstáculos para nada apurar, somente vindo à tona mais tarde [os atentados], com a descoberta pela Polícia Civil do terrorista Sábado Dinotos”, afirma o agente do SNI.

“Será que é cego?”

No IPM da Força Pública há outras evidências de que entre os arapongas que integravam os órgãos de informação do governo as ações do grupo eram um segredo de Polichinelo. A mulher de um dos soldados envolvidos, Alice Moreira, revela, em depoimento prestado no início de maio, que algumas reuniões de planejamento das ações ocorreram em sua casa.

Alice afirma que Aladino Félix sempre estava presente, se apresentava como judeu anticristão e anticomunista, falava de discos voadores, religião – parte de um proselitismo esotérico que a polícia chamou de “isca dourada” – e, no que de fato interessava, encerrava suas palestras com um discurso político radical, pregando a destruição de estabelecimentos públicos. Alice diz ter tomado conhecimento, nessas reuniões, de que as armas furtadas estavam com o líder do grupo.

Há, ainda, nos autos do mesmo IPM outros indícios que jamais poderiam ter sido menosprezados numa investigação rigorosa: um bilhete que, embora anônimo, já esclarecia, em abril, de onde partiam os atentados. O autor se dirige ao capitão Cid Benedito Marques e vai ao ponto: “Será que é cego? Onde está a sua experiência de soldado? Não vê que o plano terrorista que se desenvolve em São Paulo está estreitamente ligado ao cidadão Aladino Félix e que os maiores terroristas, seus seguidores, na maior parte, são da Força Pública?”, diz o signatário, que se apresenta como amigo secreto do capitão e assina com o curioso pseudônimo de “Altos Significados”. Os quatro meses seguintes seriam marcados por intensos atentados a bomba praticados pelo grupo.

Apontado por Aladino Félix como um dos conspiradores que pretendiam derrubar Costa e Silva, o capitão acabou afastado do IPM. As investigações só seriam retomadas mais tarde por outro oficial, quando o delegado Francischi já havia destrinchado as ações do grupo a partir do roubo ao BMI, em agosto.

Ao concluir seu relatório, no dia 30 de maio de 1968, o capitão Cid apontava “Sábado Dinotos e seus sectários” como suspeitos das ações terroristas, “atividades essas”, ele faz questão de destacar, “que já são do conhecimento do II Exército, DOPS e Polícia Federal”. Não há registro de qualquer procedimento aberto pelos órgãos federais até a prisão do grupo.

“Com um pouco mais de chance, teria o cap. Cid desbaratado ainda no início todo o grupo terrorista e, o que é melhor, teria evitado uma série de atentados terroristas”, escreve, em 12 de outubro de 1968, o tenente-coronel Raul Humaitá Villa Nova, no relatório que encerraria o IPM da Força Pública.

Conforme demonstra a cronologia dos episódios relatados nos autos, o grupo surgiu como força paramilitar no final de 1967, executou as primeiras ações em janeiro, intensificou os atentados de abril a agosto e só seria descoberto, por acaso, pelo vínculo com um roubo comum. O caso, como se viu, foi esclarecido com o uso da tortura por um setor da Polícia Civil, o Deic, que reprimia os crimes contra o patrimônio, mas não se vinculava à polícia política. As investigações deixam claro que, apesar das fortes evidências sobre a autoria dos atentados, a extrema direita agiu com intensidade e desenvoltura até a prisão de Aladino Félix, em 22 de agosto.

O grupo foi investigado durante cinco anos, de 1968 a 1973, em três inquéritos civis (um deles tocado pela Polícia Federal, tão pífio que não chegou a nenhuma conclusão), dois IPMs, um processo da Segunda Auditoria da Justiça Militar paulista e, ainda, duas apelações, que tramitaram no STM e, finalmente, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Gênio e louco”

Quando a história do terrorismo veio à tona, o conceito do homem que “salvara” a vida do presidente e evitou a “contrarrevolução” virou de pernas para o ar. De lúcido e paparicado colaborador do regime militar, Aladino Félix passou a ser tratado como um doido. A polícia o descreve depois como um místico que falava ter sido contatado por alienígenas e que se apresentava como o ungido que reunificaria as 12 tribos de Israel, enfim, um Messias.

À exceção do general Trajano, que o conhecia havia cinco anos e intermediou os contatos de Aladino Félix com as altas fontes do governo, todas as outras autoridades militares ouvidas no IPM do II Exército passaram a descrevê-lo como excêntrico. “Imaginação fértil e fantasiosa”, disse, em 23 de outubro de 1968, o coronel Edgard Barreto Bernardes, da PF, designado para averiguar as denúncias sobre o plano de assassinato de Costa e Silva.

“Pessoa com ideia fixa sobre subversão, atentados e conspiração”, acrescentou o então chefe da PF no Rio, coronel Florimar Campello. O diretor-geral da PF, general Luiz Carlos Reis de Freitas, afirmou que era um “lunático esperto e oportunista em busca de notoriedade”. O delegado Alcântara o perfilaria como misto “de gênio e de louco”.

Concatenadas, as declarações das autoridades, todas prestadas no mesmo dia, em depoimento que consumiu menos de uma lauda datilografada, levavam à desconstrução de Aladino Félix. O governo só não conseguiria explicar por que teria acreditado nos delírios de um místico a ponto de determinar a manobra militar em janeiro de 1968 para inibir uma suspeita história de golpe.

Como a imprensa já estava sob censura, as mesmas autoridades que acreditam no seu relato em janeiro e eram informadas diariamente pelo SNI nem se deram ao trabalho de esclarecer por que passaram a tratá-lo como lunático só sete meses depois da primeira investigação. Já no primeiro relatório sobre o caso, o delegado Alcântara afirmava que Aladino Félix “realmente” tinha contatos com autoridades do governo federal até ser preso.

Crime e perdão

Em 30 de setembro de 1970, a Segunda Auditoria da Justiça Militar de São Paulo afastou Trajano do processo por achar que “não era o caso” de investigá-lo. Os quatro conselheiros, acatando o relatório do juiz Nelson Machado Guimarães (o único civil da turma e cuja atuação ficou marcada por sentenças implacáveis e duras com militantes da esquerda), consideraram que não havia provas sobre os atentados e condenaram Aladino Félix e o soldado Jessé Cândido de Moraes, pela Lei de Segurança Nacional, a cinco anos de reclusão por “terrorismo”, apenas com base no furto das armas. Os demais envolvidos foram condenados a penas mais baixas, entre um e três anos.

Com a abertura de IPM contra o general Trajano, detentor de foro privilegiado, o processo subiria para o STM. Lá, inconformado com a sentença, o advogado do grupo, Juarez de Alencar, sustentou toda a linha de defesa no perfil dos réus e nos objetivos políticos dos atentados que, segundo ele, haviam sido desvirtuados no inquérito policial. Disse que Aladino Félix e os militares “estavam convictos, na sua posição de homens de direita, e de defensores da Revolução de Março, da absoluta legalidade revolucionária de suas ações”.

Alencar lembra que Trajano, “companheiro e amigo” de Costa e Silva, deu ao regime “notícia indiscutível da intentona”, argumentou que “quem está com o governo não pode ser condenado pelo próprio governo” e pediu não apenas a absolvição de todos, mas também que os militares liderados por Aladino Félix fossem perdoados, reincorporados à Força Pública e promovidos.

Foi atendido quase plenamente. Em outubro de 1970, seguindo parecer da procuradora Mary do Valle Monteiro no recurso de apelação, os ministros do STM absolveram todos os demais acusados e reduziram a pena de Aladino Félix para oito meses. O STM descartou os atentados a bomba e os demais crimes, fixando a pena só pelo furto das armas, procedimento bem diferente do aplicado pela mesma justiça aos militantes da esquerda armada.

Aladino Félix permaneceu preso, aguardando um exame de sanidade mental solicitado pelo Conselho Permanente de Justiça, este convencido pelos argumentos de que se tratava de um doido. O general Paulo Trajano da Silva, já absolvido, também estava livre de desconfortos.

Semi-imputável

O laudo assinado por dois psiquiatras forenses, José Roberto Belelli e Carlos Roberto Hojaij, o define como detentor de personalidade egocêntrica, com inteligência acima da média e domínio pleno dos temas sobre os quais era instado a falar, mas, no final, corrobora a tese das investigações: “Não se trata de doente mental. Trata-se de portador de perturbação da saúde mental cuja capacidade de entendimento ao tempo dos fatos era apenas parcial”, dizem no documento encaminhado no dia 7 de outubro de 1971.

Superior Tribunal Militar/ Integra-JMUConclusão do laudo psiquiatríco realizado em Aladino Felix, também conhecido como “Sabado Dinotos”, durante o período em que esteve preso

A procuradora Mary Valle Monteiro, que antes considerara que o processo inteiro era “tudo loucura”, já esperava o resultado. “A conclusão de que é fronteiriço não nos decepciona. É um semi-imputável”, afirma, pedindo a confirmação da sentença de oito meses de reclusão, plenamente acatada pela turma do STM, conforme despacho do ministro Lima Torres, em 12 de janeiro de 1972. “É, no mínimo, um lunático”, acrescentou o ministro. Inconformado com o estigma de débil mental, Aladino Félix recorreu ao STF.

Sem que nenhum fato novo tenha ocorrido, o recurso de apelação dormitou 21 meses no STF até que o relator, ministro Rodrigo Alckmin (tio do presidenciável tucano Geraldo Alckmin) encerrasse o caso no dia 9 de outubro de 1973, com um despacho de cinco linhas, em que negava provimento à apelação. Aladino Félix e os demais envolvidos já estavam em liberdade e o país, mergulhado na ditadura, vivia sob o AI-5 os horrores dos anos de chumbo.

Aladino Félix amargou uma longa temporada atrás das grades. Foi preso pela primeira vez em 22 de agosto de 1968, mas teve a prisão relaxada em 17 de outubro pelo juiz da 9ª Vara Criminal de São Paulo, responsável pelo processo relacionado ao roubo ao BMI de Perus. A soltura, na verdade, foi um cochilo dos militares responsáveis pelo IMP do II Exército, que empreenderiam uma verdadeira caçada para prendê-lo novamente nove meses depois. No dia 15 de setembro, ele conseguiu escapar pela porta da frente da Casa de Detenção, no Carandiru, mas acabou preso novamente uma semana depois.

Ironicamente, foi levado para o Presídio Tiradentes, onde teve de conviver com presos políticos de esquerda. Estava entre os detentos contados num mutirão do Judiciário destinado a avaliar o cumprimento de penas no final de 1971. Só seria solto definitivamente em janeiro de 1972, depois de cumprir, em regime fechado, mais de três anos de cadeia, dois anos e quatro meses a mais do que o tempo previsto na sentença definitiva.

Aladino Félix morreu aos 68 anos, em circunstância prosaica (complicações geradas por medicamentos que havia ingerido para uma simples cirurgia de hérnia), no dia 11 de novembro de 1985, ano em que o país, já livre da ditadura, ingressava na redemocratização e ele mergulhava no ostracismo.

Categorias: Internacionais