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El Caribe mejora recolección de datos para construir resiliencia

IPS español - qui, 02/08/2018 - 13:16

Meteorólogos e hidrólogos arman una de las 40 estaciones climáticas automáticas instaladas por el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe, con fondos proporcionados por el Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID-CCAP). Crédito: Zadie Neufville/IPS.

Por Zadie Neufville
BELMOPÁN, Aug 2 2018 (IPS)

Para fines de septiembre, el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe (5C) habrá instalado las últimas de las cinco boyas de datos en el Caribe oriental, ampliando la red de Sistema de Alerta Temprana de los Arrecifes de Coral, en el marco de su apoyo a la construcción de resiliencia al recalentamiento del planeta.

Además, el centro instala otras 40 Estaciones Climáticas Automáticas en los nueves países de la región para extender la red existente de estaciones hidrometeorológicas, otra de las medidas implementadas para recoger datos.

Mejorar la recolección de datos y su disponibilidad es central para el mandato del centro de preparar la respuesta del Caribe frente al cambio climático, explicó Ulric Trotz, asesor y subdirector ejecutivo, en diálogo con IPS.

“Los especialistas han utilizados esos datos fundamentales para mejorar modelos, diseñar herramientas y desarrollar estrategias para mitigar y construir resiliencia frente a impactos devastadores como el aumento del nivel del mar, los prolongados períodos de sequía, las lluvias extremas y el probable mayor impacto de los ciclones tropicales, asociados con la variabilidad y el cambio climático”, explicó.

Las noches y los días son más cálidos en el Caribe, las temperaturas del aire y de la superficie del mar son más elevadas y hay períodos más largos y más frecuentes de sequías, según el Volumen 1 de la Serie Climática del Caribe, realizado por investigadores del Grupo de Estudios Climáticos de la Universidad de las Indias Occidentales, en Jamaica.

El documento fue publicado previo a la 23 Conferencia de la Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), realizada en Alemania en 2017.

No sorprende que tras la temporada de huracanes del año pasado, los investigadores también observaran la creciente intensidad de las precipitaciones y de los huracanes, con vientos más fuertes y muchas más lluvias.

“Aun si se limitara el recalentamiento global a medio grado centígrado más respecto del grado ya aumentado, el hecho tendrá consecuencias para el Caribe”, puntualizó.

“Los sistemas de recolección de datos, adquiridos con fondos del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), elevan  el volumen de datos en tiempo real y mejoran la fiabilidad y la exactitud de los pronósticos climáticos en la región”, explicó Trotz.

Además de las súper computadoras instaladas en la sede del 5C en Belice, en el Campus Mona de la Universidad de las Indias Occidentales y del Instituto del Caribe de Meteorología e Hidrología (CIMH, en inglés), los puntos de recolección de datos ya instalados en el marco de proyectos anteriores ya mejoran la capacidad de los científicos regionales para monitorear y procesar las variables de la atmósfera, entre otras ambientales, afectadas por la variabilidad climática.

Los esfuerzos de recolección de datos ayudan en la toma de decisiones aportando evidencia y mejoran la exactitud de las proyecciones realizadas a partir de modelos climáticos regionales y globales, a la vez que construyen la resiliencia de la región frente a las consecuencias del recalentamiento planetario.

En definitiva, la información suministrada en el informe que formará parte de la sexta evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, así como otros modelos y pronósticos, promete ser más precisa y confiable.

“Los datos recolectados de esas estaciones son la base de todo modelo climático, lo que asegura que tengamos una buena base de datos para satisfacer nuestros modelos de servicios climáticos regionales para los pronósticos y las previsiones”, explicó Albert Jones, técnico de instrumentación del 5C, en diálogo con IPS.

“La red fortalece la base para los modelos de proyección del cambio climático, lo que aumenta la confianza en los resultados utilizados en los procesos de decisión para la mitigación y la adaptación al cambio climático”, añadió.

Las nuevas estaciones climáticas automáticas no solo mejoran la recolección de datos, sino que también expanden la capacidad y el papel histórico de las oficinas de meteorología locales más allá de ofrecer información principalmente a la aviación.

La importancia de esos sistemas no puede subestimarse, en particular en países como Guyana y Suriname, donde la falta de datos dificulta seriamente la cobertura de áreas con diferencias significativas en la topografía y en las condiciones climáticas.

Eso es especialmente significativo cuando la comparación del interior y las áreas boscosas elevadas con llanuras costeras anegables son fundamentales para desarrollar la vida y proteger la propiedad.

El centro, que celebró sus 14 años en julio de 2018, ha trabajado con donantes para mejorar la recolección de datos en una región que dependía principalmente de sistemas manuales y donde ha sido difícil encontrar datos históricos.

El último es fundamental para validar los modelos regionales requeridos para la producción de escenarios climáticos específicos de la región, que se utilizan para estudios de impacto en todos los sectores afectados.

Eso, a su vez, forma la base para el diseño de respuestas en términos de adaptación, necesarias para construir resiliencia climática en sectores específicos.

El 5C lleva adelante su mandato a través de una red de socios, que incluyen gobiernos, meteorólogos, hidrólogos, profesores e investigadores universitarios.

“Construimos sistemas de alerta temprana para construir resiliencia, por lo que es importante que recolectemos datos y los convirtamos en información útil que beneficie a toda la sociedad”, explicó el director del CIMH, David Farrell, a los técnicos hidrólogos y meteorólogos en un taller patrocinado por Usaid en marzo.

Al diseñar los sistemas, el CIMH, que tiene la responsabilidad de mantener la red, identifica y reduce las deficiencias existentes para mejorar la calidad de los datos recolectados.

El informe de este año de la Organización Meteorológica Mundial señala que 2017 fue “uno de los tres años más cálidos que se haya registrado en el mundo”.

“Una combinación de cinco conjuntos de datos, tres de los cuales usan observaciones de superficie convencionales y dos son análisis nuevos de datos viejos, muestran que las temperaturas medias globales eran de 0,46 grados ± 0,1 por encima del promedio del período 1981-2010, y alrededor de 1,1 grados ± 0,1 respecto del nivel registrado antes de la era industrial”.

“Según esos datos, 2017 y 2015 fueron efectivamente el segundo y el tercer año más cálido de los que se tenga registro, superados solo por 2016, con 0,56 grados por encima del promedio de 1981−2010”.

Con estudios que señalan que el Caribe se torna más cálido, acompañado por un aumento de la frecuencia de eventos extremos, los científicos están decididos a mejorar el uso de datos para guiar a los gobiernos en acciones que reduzcan las consecuencias nefastas esperadas.

En 2017, eventos climáticos extremos como los huracanes Irma y María, dejaron a varias personas muertas, destruyeron medios de vida e infraestructura, haciendo retroceder a países insulares como Barbuda, Dominica e Islas Vírgenes varias décadas.

El Informe de Riesgos Globales de 2018 del Foro Económico Mundial calificó a los eventos climáticos extremos como “el mayor riesgo que afronta la humanidad”.

“Las inundaciones desarraigaron a millones de personas en India, mientras la sequía exacerbó la pobreza y elevó las presiones migratorias en el Cuerno de África”, añadió.

“Avivada por las temperaturas en la superficie del mar, la temporada de huracanes en el Atlántico norte fue la más costosa para Estados Unidos y eliminó décadas de avances en materia de desarrollo en pequeños estados insulares del Caribe como Dominica”,

La red de Sistema de Alerta Temprana de los Arrecifes de Coral (Crews) forma parte del sistema global para mejorar el control y la gestión de esos ecosistemas, en una época en que las condiciones ambientales y climáticas aumentan la muerte y el blanqueamiento de los corales.

El centro trabaja en colaboración con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica para instalar estaciones de monitoreo que recolecten datos sobre parámetros climáticos, marinos y biológicos para investigaciones científicas sobre la salud de los corales.

En el marco de otros acuerdos de colaboración económica, se instalaron estaciones del Crews en Belice, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago y República Dominicana, entre otras partes de la región.

Traducción: Verónica Firme

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Por trás do “salve” do PCC

Pública - qui, 02/08/2018 - 09:32

Para que escrever este livro? Já existem livros sobre o PCC – Primeiro Comando da Capital –, sobre a história dessa organização criminosa, como os importantes livros-reportagem do Josmar Jozino, da Fátima Souza e do Percival de Souza. Também vinha se discutindo o PCC na academia.

Mas nos últimos cinco anos houve uma enorme transformação na cena criminal na medida em que o PCC se organizou, saiu das favelas e foi para as fronteiras, chegou ao atacado da venda da droga e entrou para o tráfico internacional. Ele conseguiu com esse movimento construir uma rede de parceiros no Brasil inteiro, e transformou o que a gente entendia por crime no Brasil. Uma organização que consegue formar essa rede de distribuição de drogas é algo inédito na história do Brasil.

Nesse processo de expansão, chama atenção um aspecto interessante: o PCC amplia a sua rede de distribuição ao chegar ao Norte e Nordeste e ao Rio de Janeiro, mas ele não chega para dominar território. A proposta é serem parceiros na venda de drogas. Querem ampliar a rede com maior quantidade de parceiros nos estados e vender o máximo possível. Para eles, a paz no crime é mais importante do que a guerra, porque é mais lucro.

Nas prisões é diferente, porque o ambiente é mais tenso, todos estão confinados juntos; então, nesse processo, eles começam a filiar um monte de gente e se inicia uma “guerra fria” nas prisões. E o Comando Vermelho, com origem no Rio, começa a se aliar a grupos que são rivais do PCC. Aí vem o racha, e o PCC envia uma carta, publicada abaixo, que descreve com detalhes os eventos que levam a esse racha; eles pontuam onde ocorreu cada um dos conflitos para justificar a violência que estourou nos presídios de Roraima, Rondônia e Acre, no final de 2016. É um “salve” para a população carcerária.

Hoje em dia, essa rivalidade continua. Mas, depois dos conflitos de 2016-2107, a expectativa era que ia haver um banho de sangue nas prisões. Isso não aconteceu. Existem conflitos, mas por outro lado existe o interesse programático dos traficantes, que é ganhar dinheiro. Deflagrar uma guerra não interessa a ninguém; é sempre mais interessante você fazer diplomacia. E o esforço diplomático também existe no crime.

Por isso o livro: queríamos descrever essa fase atual, de pós-consolidação do PCC, lembrando que ela aconteceu a partir das prisões – a partir daquilo que as pessoas veem como “a” solução para o crime, a política de segurança pública que pratica policiamento intensivo nos bairros pobres e de encarceramento.

O PCC só consegue ser forte do jeito que é porque tem uma ideologia antissistema e anti-Estado que aglutina os presos. E que diz: “os caras querem nos exterminar, a gente é visto como inimigo, eles querem nos deixar trancados aqui ou nos exterminar nas periferias”.

O que deu a força do PCC foi esse ódio produzido pela guerra ao crime, com apoio do dinheiro do tráfico. Então, é necessário o olhar crítico sobre o efeito colateral das políticas públicas nas quais estamos apostando há muito tempo.

A gente tem que entender os erros dessa guerra. E o PCC é um efeito colateral muito eloquente.

Leia um trecho inédito do livro, que está em pré-venda pela Editora Todavia.

Capítulo 2 – As rebeliões

A maior e a mais mortal sequência de assassinatos em massa da história do sistema carcerário, do Brasil e do mundo, teve início no dia 16 de outubro de 2016, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima. A situação do presídio era precária, como em boa parte do país. Perto de 1,5 mil presos conviviam num espaço para 750 pessoas, o que abria brechas para a criatividade. Em Monte Cristo, os presos construíram uma pequena vila no terreno da penitenciária com lojinhas, uma igreja e até academia de ginástica, com barracas feitas de lona, placas de madeira e embalagens de marmitex.

A aparente flexibilidade das autoridades revelava, na verdade, o descaso do Estado. Direitos básicos não eram atendidos, como os relacionados à saúde e à assistência jurídica. Perto de mil pessoas estavam presas provisoriamente, à espera de julgamento. Parte do esgoto do presídio era despejada no meio do pátio, produzindo mau cheiro permanente. Além de construírem pequenas vilas, as facções foram se fortalecendo em Roraima para governar o mundo das prisões.

O Comando Vermelho começou a se articular no estado em 2014. No Natal daquele ano, integrantes do grupo conseguiram coordenar da penitenciária de Monte Cristo uma onda de ataques a ônibus em Boa Vista para protestar contra o tratamento nas prisões. No ano seguinte, para se contrapor à força do CV, o PCC pôs em prática sua estratégia de filiação em massa. O PCC de Roraima, que não tinha registro de filiados até então, chegaria a quase mil batizados às vésperas do motim de outubro de 2016.

Um ambiente explosivo foi se formando na penitenciária conforme os grupos cresciam. Armas brancas eram fabricadas pelos presos com o entulho espalhado pelo pátio. Alguns circulavam abertamente com suas facas.

O rompimento formal entre os grupos, em junho de 2016, criou um impasse. Como dividir o espaço com inimigos armados? Coube ao PCC tomar a iniciativa da ação, na tentativa de eliminar os rivais.

A tática foi agir de surpresa às 15 horas de um domingo, dia das visitas, ocasião sagrada para a massa carcerária. Os presos filiados ao PCC encontraram um pedaço de coluna de concreto no entulho abandonado e o usaram como aríete, abrindo buracos em quatro paredes que os separavam dos rivais. Entraram armados com facas improvisadas e chaves de fenda. Parte dos presos atacados conseguiu se proteger em uma cela de paredes mais resistentes, mas outro grupo preferiu reagir. Acabaram massacrados pelos integrantes do PCC, em número bem maior.

Dez pessoas foram assassinadas, entre elas Valdiney de Alencar Souza, o Vida-Loka, que havia organizado os ataques a ônibus em Boa Vista em 2014. Eles foram decapitados e tiveram o corpo jogado em colchões em chamas, num ritual que viraria padrão nos conflitos. Cerca de cinquenta familiares de presos, a maioria mulheres, estavam no local durante a confusão e foram liberados após a rebelião, que só acabou perto das 22 horas.

Na mesma hora, celulares de presos em penitenciárias ao redor do Brasil começaram a pipocar com imagens da barbárie. A entrada do celular nas prisões pode ocorrer por meio da corrupção de funcionários que fazem vista grossa para aparelhos trazidos por advogados, familiares ou até mesmo diretamente pelos servidores públicos. Também chegam escondidos na alimentação ou em qualquer material para trabalho.

Em algumas penitenciárias, são arremessados para dentro por pessoas que se arriscam a chegar até as proximidades das muralhas. A fiscalização também pode ser driblada com criatividade: já foram identificadas formas sofisticadas de ingresso, como drones e até mesmo pássaros com o aparelho amarrado ao corpo. A queda de braço entre governos estaduais e federal e as operadoras de telefonia móvel para barrar os sinais dos celulares já dura mais de duas décadas: um lado exige bloqueadores nos presídios, sem custo adicional para o Estado. O outro diz que é tecnicamente inviável porque bloquearia o sinal em toda a vizinhança, o que prejudicaria os clientes, além de ser uma medida ineficaz, já que bastaria um desenvolvimento tecnológico qualquer para que o sinal pudesse passar incólume pelo bloqueador. De qualquer forma, os celulares seguem na ativa.

A novidade durante a crise nos presídios seria o uso constante dos aplicativos, com rebeliões e carnificinas fotografadas, filmadas e noticiadas em tempo real pelos próprios presos, numa espécie de “TV Prisão”.

O efeito cascata dos primeiros ataques ocorreu nas horas iniciais daquela segunda-feira, ainda de madrugada, dessa vez durante uma rebelião no Presídio Ênio Pinheiro, em Rondônia. Mais do que uma resposta articulada ou planejada, as mortes em Porto Velho pareciam um espasmo, uma reação emocional da massa de presos que misturava sentimentos de medo e ódio. Ali, foi a vez de o Comando Vermelho partir para o ataque. Eles se juntaram no pátio da unidade para atacar um detento recém-transferido que dizia ser do PCC. Atearam fogo nos colchões, provocando a morte de oito presos. Alguns morreram carbonizados ao se esconder embaixo da caixa-d’água. A disputa entre as facções seguia pouco debatida na grande imprensa, mas o cenário já era de completo descontrole.

Três dias depois, em 20 de outubro, a confusão chegaria ao Presídio Francisco D’Oliveira Conde, no Acre. A troca de ameaças via WhatsApp preparou o quadro nos dias anteriores. No final da tarde, integrantes do PCC se uniram a membros da facção local chamada Bonde dos 13 para atacar o CV, produzindo rebeliões em três pavilhões. Um agente penitenciário havia facilitado a entrada de armas, o que acabou por resultar em mortes por armas de fogo. Quatro presos morreram. No mesmo dia, na cidade de Rio Branco, nove pessoas foram assassinadas. O governo do estado atribuiu os conflitos do lado de fora à disputa entre as facções. As ruas ficaram desertas e boatos sobre incêndios em favelas e atentados começaram a se espalhar.

A confusão continuou em escala homeopática, pipocando em estados distantes dos grandes centros, principalmente na região Norte do país, com pouca relevância no noticiário nacional. Em Roraima, no dia 22 de outubro, seis dias após a primeira rebelião, mais um preso foi esquartejado. Outros dois foram decapitados nos dias 15 e 21 de novembro. As rebeliões e as mortes isoladas ainda eram pouco compreendidas, como se fossem problemas restritos aos estados onde elas ocorriam.

Permanecia a falsa impressão de que a situação estava sob controle. Mas as placas continuavam se movimentando, com os grupos em polvorosa a planejar os próximos passos. Um terremoto era questão de tempo. Depois das rebeliões em Roraima, Rondônia e Acre, integrantes do PCC mandaram um salve geral para dar sua versão da crise. O comunicado

era voltado para a massa carcerária. Foram listados conflitos isolados em diferentes estados, emblemas de uma fratura na união utópica do crime. Segundo o PCC, a cooperação não vinha se realizando por falta de empenho dos integrantes do CV em punir os dissidentes da nova ordem.

Comunicado Geral*

 A sintonia do Primeiro Comando da Capital vem por meio deste passar com total transparência a toda massa carcerária e todas facções amigas o motivo que levol o tal ocorrido no Estado de Roraima.

A cerca de três ( 3) anos buscamos um dialogo com a liderança do CV nos estados, sempre visando a Paz e a União do Crime no Brasil e o que recebemos em troca, foi irmão nosso esfaqueado e Rondonia e nada ocorreu, ato de talaricagem por parte de um integrante do CVRR [Comando Vermelho de Roraima] e nenhum retorno, pai de um irmão nosso morto no Maranhão e nem uma manifestação da liderança do CV em prol a resolver tais fatos.

Como se não bastasse, se aliaram a inimigos nossos que agiram de tal covardia como o PGC que matou uma cunhada e sua prima por ser parentes de PCC, matarão 1 menina de 14 anos só por que fechava com nós.

A mesma aliança se estendeu pra facção Sindicato RN que num gesto de querer mostrar força matarão uma senhora evangélica e tetraplégica uma criança sobrinho de um irmão nosso e seu irmão de sangue numa chacina covarde no Rio Grande do Norte pra afetar o integrante do PCC,

Agora chegaram ao extremo de Andarem armados de facas em pátios de visita no Acre e no estado de Roraima. Acreditamos que o crime do paiz não é cego e consegue enxergar com clareza o que realmente é desrespeito com familiares e quem deu ponta pé inicial pra essa guerra sangrenta que se iniciou. Pra nos do pcc sempre foi mais viável a Paz, mais como nunca tivemos esse retorno por parte dos integrantes do c.v que sempre agiram de ousadia nos desrespeitando e desafiando, acabamos chegando a esse embate, que gerou esse monte de morte, acarretando vários problemas num gesto covarde vem se apossando das lojinhas dos traficantes menos estruturados, tirando seus corres. No Para um irmão nosso foi morto num pavilhão do CV e nada aconteceu, tentaram contra a vida do nosso irmão Tonho que só não morreu por que o companheiro não deixou.

Tivemos a ciência que o CV soltou salves falando que desrespeitam os visitas que fizemos familiares reféns, pura mentira, os familiares que retornaram pra unidade apos o inicio do confronto não saíram por que não quiz, teve familiares nosso também, ninguém sofreu nenhuma agressão.

Quem fez familiares reféns em Rondonia foi o CV.

Estão agindo com tanto ódio e cegueira que tiraram a vida de 8 irmãos deles, por ai já da pro crime do Paiz. Ver a falta de preparo com a própria facção, agora imagina o crime do paiz sobre esse comando?

Fica aqui o nosso esclarecimento pra todo Crime do Brasil a realidade dos fatos e pra aqueles que conhecem nossa luta e nosso trabalho e a sinceridade do Primeiro Comando da Capital o nosso forte e Leal abraço.

Estamos a disposição pra esclarecimentos.

Resumo Disciplinar Estado e Paiz.

 

Os Autores

Bruno Paes Manso é jornalista, economista e doutor em ciência política pela USP. É autor dos livros O Homem X (Record) e Homicides in São Paulo (Springer).

Camila Nunes Dias é doutora em sociologia pela USP e professora da Universidade Federal do ABC. É autora de PCC: hegemonia nas prisões e monopólio da violência (Saraiva).

 

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UN launches guide for countries to improve location-based data management to better inform decision-making

UN SGDs - qua, 01/08/2018 - 19:12
The UN Statistics Division and the World Bank launched  a new guide on Wednesday to help nations worldwide, especially in low- and middle-income countries, better manage data that contains geographical information – known officially as geospatial data.
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Mônaco dá exemplo de sustentabilidade para o mundo

IPS português - qua, 01/08/2018 - 17:58

Existem várias iniciativas sustentáveis sendo desenvolvidas em Mônaco. Conheça algumas ações que o principado e instituições vêm implementando no país:

Prince Albert II of Monaco Foundation

Em 2006, o H.S.H. Prince Albert II fundou a Prince Albert II of Monaco Foundation, dedicada a preservar o meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável em escala global. A fundação apoia iniciativas públicas e privadas e foca seus esforços em três áreas principais: mudanças climáticas e desenvolvimento de energias renováveis; biodiversidade; e gerenciamento de água (como o acesso universal à água limpa e luta contra a desertificação), atuando principalmente no mediterrâneo, regiões polares e países subdesenvolvidos da África, da América do Sul e do sudeste asiático. Desde seu início, já foram mais de 420 projetos financiados.

A missão da fundação não é apenas estabelecer parcerias e executar projetos, mas também despertar a consciência das pessoas e autoridades sobre o impacto da atividade humana no meio ambiente e encorajar comportamentos mais sustentáveis.

Os projetos apoiados pela fundação são bastante diversificados, abrangendo desde o combate ao desmatamento até desenvolvimento de áreas marinhas protegidas ou mesmo de cunho social, entre muitas outras ações. Não apenas em outros países, há também iniciativas no próprio principado, como o pacto “Wood Forever”, que encoraja a indústria de iates em Mônaco a usar madeira de florestas sustentáveis.

Monaco Ocean Week

A primeira edição do evento aconteceu em 2017 e reuniu stakeholders locais e internacionais focados em uma causa: a proteção dos oceanos. Um manifesto foi assinado ao final do evento por diversas autoridades para recordar o papel decisivo dos oceanos no equilíbrio climático e para a vida dos habitantes de todo o planeta. Os stakeholders também foram capacitados para ajudar na preservação dos oceanos e no desenvolvimento de áreas marinhas protegidas.

Santuário Pelagos

O acordo Pelagos foi assinado por Mônaco, França e Itália no final do século XX para a criação de um santuário marinho de 87.500 Km². O objetivo é proteger os mamíferos e seu habitat de impactos negativos da atividade humana, como poluição, colisões entre navios e animais, distúrbios, entre outros.

Trilha por árvores históricas

Como parte do comprometimento do principado contra o desmatamento, há uma trilha por árvores históricas de Mônaco, elaborado pela Prince Albert II of Monaco Foundation e pela associação MC2D. Além de sua beleza, as árvores ilustram as ações de entidades monegascas contra o desmatamento. Há informações sobre cada árvore e o caminho passa pelo Jardin de La Petite Afrique, além de outros jardins emblemáticos como o Jardim Japonês e a Villa Sauber.

Campanha The Bag For Life

Mônaco baniu a utlização e venda de sacolas plásticas descartáveis. Para ajudar na redução do plástico, cada casa monegasca recebeu uma sacola de pano reutilizável, feita com materiais naturais e biodegradáveis.

Monaco Explorations

A iniciativa, que foi lançada em 2017, reuniu um grupo de cientistas e especialistas em ciências humanas e da natureza, que participará de expedições científicas para estudar o impacto de atividades humanas e a relação de diversas culturas com o mar. À bordo do barco Yersin, o grupo completará uma circunavegação do globo em um período de 36 meses.

Monitoramento

Há 20 anos, o principado instaurou uma rede de controle de qualidade do ar com seis estações de monitoramento. Fazendo essa medição contínua, é possível emitir avisos de poluição e verificar a qualidade do ar a longo prazo e os resultados são comunicados ao público geral por meio de telas localizadas na entrada do país.

O principado também monitora a qualidade física e química das águas costeiras com base em medições repetidas de todos os componentes do ambiente marinho (massas de água, sedimentos e organismos vivos), assim como monitora os efeitos de eventos naturais ou atividades artificiais que podem afetar a qualidade da água. É importante ressaltar que a baía de Mônaco inclui duas áreas protegidas, a Larvotto Reserve, criada em 1976, com uma área de 30 hectares, e a submarina Spelugues, com cerca de 1.9 hectares, criada em 1986 e casa de diversas espécies marinhas.

Grimaldi Forum

O centro é eco-responsável desde o início e em 2008 se tornou um dos primeiros centros culturais e de conferência europeus a obter o ISO 14001:2004. Sua política verde se tornou uma das principais partes de sua estratégia corporativa. O local oferece soluções concretas para organizar eventos verdes customizados.

Monaco Scientific Center

Foi fundado em 1960 pelo Príncipe Rainier III com o objetivo de promover pesquisas oceanográficas e apoiar organizações governamentais e internacionais responsáveis pela proteção e conservação do ambiente marinho. Desde 1989, o centro se especializou em estudar a função de ecossistemas coralíneos em relação às mudanças climáticas. Os times são divididos em três grupos: departamento de biologia marinha, departamento de biologia polar e departamento de biologia médica. Fonte Governo de Mônaco (#Envolverde)

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Cambiar la justicia para reducir la corrupción, el desafío de Perú

IPS español - qua, 01/08/2018 - 13:16

Columnas de manifestantes llegaron hasta la sede del Poder Judicial en Lima, donde exigieron limpiar de corrupción la institución, en las movilizaciones ciudadanas contra la corrupción, realizadas en julio en la capital y otras ciudades de Perú. Mujeres trabajadoras de barrios limeños enarbolaron simbólicamente sus escobas en demanda de limpieza en la justicia. Crédito: Mariela Jara/IPS

Por Mariela Jara
LIMA, Aug 1 2018 (IPS)

La marea de indignación ciudadana en Perú ante evidencias de la enraizada corrupción en el sistema de justicia y su relación con el fujimorismo, que controla el parlamento, empujó al presidente Martín Vizcarra a anunciar medidas drásticas contra el flagelo.

Analistas consultados por IPS coinciden en señalar que fue el discurso más político en la lucha contra la corrupción del gobernante, quien con 55 años lleva cuatro meses al mando del país tras suceder en marzo a Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció al cargo ante denuncias de compra de votos para evitar su destitución  por hechos de corrupción.

“El fujimorismo saldrá con todo a contra atacar las propuestas y será muy importante que se mantengan las voces de la ciudadanía exigiendo en las calles la erradicación de todos los corruptos”, afirmó Javier Torres, antropólogo y director de Noticias Ser.“Siento asco e indignación ante el comportamiento de jueces que en vez de velar por los derechos y el cumplimiento de las leyes solo actúan movidos por el dinero. ¿Tiene precio la integridad de una niña?”: Mariana Chirinos.

En su mensaje a la nación el 28 de julio en el legislativo Congreso de la República, el presidente propuso un paquete de proyectos de ley sugeridos por la Comisión de Reforma de Justicia que el mismo impulsó hace pocas semanas.

Esa iniciativa fue una respuesta a la difusión de audios que develaron la profunda corrupción en las instituciones encargadas del nombramiento de jueces y fiscales, y de magistrados en cargos de poder en el puerto del Callao, en la ciudad del mismo nombre, vecina a  Lima.

“El sistema judicial no puede ser instrumento al servicio de poderes oscuros. La ciudadanía demanda cambios y es mi responsabilidad histórica generarlos. No podemos mirar a otro lado mientras el pueblo expresa su descontento”, dijo el mandatario.

“Estoy con todos aquellos que quieren erradicar la corrupción”, dijo ante el silencio de la opositora bancada del derechista y fujimorista partido Fuerza Popular, mayoría en el unicameral Poder Legislativo, en contraste con los aplausos de las demás fuerzas políticas.

Fuerza Popular es encabezado por Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, quien gobernó el país bajo regimen autoritario entre 1990 y 2000, creando un sistema de corrupción que ha heredado la nueva cabeza del llamado fujimorismo.

El partido estuvo detrás de la salida de Kuczynski quien ganó a la lideresa fujimorista en las elecciones de 2016, después que también fracasó en su intento de llegar al poder en 2011.

Entre los anuncios de Vizcarra está modificar el procedimiento de conformación del Consejo Nacional de la Magistratura y de la Corte Suprema, de la elección de jueces, evaluación de magistrados y la inhabilitación perpetua de jueces y abogados sentenciados por corrupción.

Las medidas serán llevadas a referéndum, que también consultará sobre tres reformas políticas: reelección de legisladores, financiamiento privado de los partidos políticos y retorno al sistema legislativo bicameral. Su concreción depende ahora del Congreso.

“El fujimorismo hará todo lo posible por bloquear al referéndum”, sostuvo Torres.

“El presidente acierta al plantearlo para dar transparencia al proceso, pues a puerta cerrada no habría legitimidad en la reforma. La gente ya no cree en las comisiones. Y el mensaje del mandatario es claro: tengo que hacerlo consultando a la ciudadanía”, puntualizó.

Durante las marchas generales contra la corrupción en Perú o en aquellas a favor de los derechos de las mujeres, los colectivos feministas participan en demanda y no impunidad ante la violencia de género, como en esta manifestación en fechas recientes por el centro de Lima. Crédito: Mariela Jara/IPS

Peruanas y peruanos están manifestándose desde hace varias semanas en la capital y otras ciudades del país exigiendo la erradicación de la corrupción en las instituciones del Estado, especialmente judiciales, a raíz de los audios legales aludidos por Vizcarra y divulgados a inicios del julio  por la prensa de investigación.

Estos revelaron tráfico de influencias para copar instancias claves en el sistema de justicia y sistema electoral en el que están comprometidas figuras del fujimorismo como el congresista (diputado) Héctor Becerril y Antonio Camayo, uno de los financistas de la última campaña presidencial de Keiko Fujimori.

Camayo fue detenido la madrugada del domingo 29 al ser sindicado como parte de una organización delictiva liderada por el también encarcelado expresidente de la Corte Superior del Callao, Wálter Ríos, cabeza de la red de corrupción en esa jurisdicción.

Las grabaciones también mostraron cómo el hoy suspendido juez supremo César Hinostroza negociaba la rebaja de pena del violador de una niña en “un trato deshumanizante”, tal como señala Jeannete Llaja, abogada feminista con especialización en derechos humanos, derecho constitucional y género.

“Ese audio evidencia la relación entre corrupción y género y conecta dos indignaciones que laten en la sociedad: así como hay marchas contra la corrupción, en los últimos años se han sostenido acciones públicas ante a la impunidad frente a las violencias hacia las mujeres”, manifestó.

Según la no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir,  alrededor de 11.000 niñas de entre nueve y 14 años se hicieron madres producto de una violación sexual en el periodo 2011 – 2016, lo que da cuenta de la magnitud de la impunidad en estos casos.

Esa impunidad provoca, además, la ausencia de denuncias debido a la desconfianza en el sistema de justicia, o por fallos como el del juez Hinostroza.

Tal realidad ha inspirado consignas como “poder judicial, vergüenza nacional”, “basta de impunidad, justicia para todas” que levantan las mujeres y que fueron de las más coreadas en las recientes marchas ciudadanas contra la corrupción del 19 y 26 de julio.

Estas nuevas protestas respondieron a la confirmación de las sospechas de que muchas sentencias exculpatorias o benévolas a agresores tienen origen no solo machista sino ilícito.

Aun así, una reflexión en ese sentido estuvo ausente en el discurso presidencial.

“El presidente no ha cruzado el tema de corrupción con violencia de género pese a su impacto directo en la vida de las mujeres, pero ante las propuestas anunciadas es necesario tener una mirada integral que contemple el enfoque de género, incluyendo las preguntas del referéndum”, expresó Llaja.

Explicó que de esa forma se contribuirá a que jueces y fiscales, y sus órganos de formación y control, acrediten un desempeño ético y libre de estereotipos de género, lo que evitará conductas y decisiones machistas que revictimizan y niegan el acceso a justicia a las mujeres violentadas.

“Para ello se requiere de la vigilancia ciudadana por un lado y de partidas presupuestales que permitan dar viabilidad a las medidas planteadas, de lo contrario no se avanzará”, remarcó la abogada.

En junio de este año el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, informó que carecían de recursos económicos para cumplir con la norma de prevención, atención y sanción de la violencia de género.

A las condiciones señaladas por Llaja para avanzar en la concreción de las propuestas para reformar el sistema de justicia en forma integral, el analista Torres añadió la urgencia de que el gobierno mantenga claridad en la ejecución política de la reforma para evitar debilidades o retrocesos en el horizonte próximo.

También es perentorio mantener la diversidad de voces de colectivos y organizaciones sociales en las calles -que con el mensaje del presidente están legitimadas-, pues de lo contrario se puede asistir al reacomodo de los personajes corruptos y a un triunfo electoral de estos en el 2021.

Jóvenes de las universidades son parte activa en estas luchas cívicas y forman parte de los contingentes más numerosos en las movilizaciones. Mariana Chirinos, estudiante de tercer año de Administración de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, manifestó  su indignación ante el actual momento crítico.

“Siento asco e indignación ante el comportamiento de jueces que en vez de velar por los derechos y el cumplimiento de las leyes solo actúan movidos por el dinero. ¿Tiene precio la integridad de una niña?”, se preguntó.

Este malestar es generalizado. Una reciente encuesta indica que 88 por ciento de la población reprueba al Poder Judicial y 81 por ciento la Fiscalía de la Nación. Lejos de ser vistas como pilares del Estado de derecho, estas instituciones están completamente desacreditadas.

Para la joven universitaria solo la fuerza de las calles podrá seguir empujando al presidente Vizcarra a cumplir lo ofrecido. “Los políticos no siempre dicen la verdad, muchas veces mienten, pero el pueblo tiene el poder de impulsar los cambios que necesitamos”, dijo.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Elecciones en Zimbabwe generan gran expectativa

IPS español - qua, 01/08/2018 - 13:16

El equipo de observadores de la Mancomunidad de Naciones comenzó a evaluar el proceso electoral en Zimbabwe, que permitió celebrar elecciones nacionales el 30 de julio de 2018. Crédito: Cortesía,The Commonwealth/CC By 2.0.

Por Busani Bafana
BULAWAYO, Zimbabwe, Aug 1 2018 (IPS)

Finalmente la ciudadanía se pronunció en unas históricas elecciones en Zimbabwe, que muchos analistas esperan dispare una transformación política y económica. Se trata de un cambio muy esperado tras el fin del régimen autocrático de Robert Mugabe, derrocado en un golpe de Estado en noviembre de 2017 tras 37 años en el poder.

Zimbabwe sobrevivió numerosas crisis que dejaron un gran trauma en la población, ahuyentaron inversores y dejaron a este país rico en recursos naturales aislado en el concierto internacional.

En la mañana del 30 de julio, en el barrio de Famona, en esta ciudad del suroeste de Zimbabwe, la fila de votantes avanzaba rápido y la gente demoraba menos de 10 minutos en sufragar. Pero a medida que comenzaron a acudir en masa a los centros de votación, pronto grandes se generaron grandes concentraciones de personas.

No hubo denuncias de episodios violentos, pero la Policía Republicana de Zimbabwe declaró a la prensa local que algunos votantes fueron detenidos por vociferar consignas afuera de los centros de votación, en violación de la lo legislación electoral.

La concurrencia a las urnas fue numerosa, con 75 por ciento de los cinco millones de habilitados para elegir presidente, legisladores y consejeros de los gobiernos locales.

Hubo 23 presidenciables, y más de 100 partidos políticos se disputaron los 210 asientos de la Asamblea Nacional.

Para el cargo de presidente, hay dos candidatos que aparecen con mayores posibilidades, el actual presidente Emmerson Mngangwa, de 75 años, de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF), y el presidente del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), Nelson Chamisa, de 40 años.

Mnangagwa es un abogado y hombre clave de Mugabe desde la independencia de este país, en 1980, ocupando numerosos cargos como ministro de Seguridad y ministro de Justicia. Fue vicepresidente hasta que Mugabe lo destituyó en 2017.

Chamisa, también abogado y muy activo en la sociedad civil, es miembro fundador del MDC, encabezado por el fallecido Morgan Tsvangirai, a quien sucedió en 2018, cuando se dividió el partido. Y Thokozani Khupe, una de las cuatro candidatas a la Presidencia, pasó a dirigir la facción escindida del MDC.

El profesor Rudo Gaidzanwa, de la Universidad de Zimbabwe, consideró que estas elecciones son una carrera presidencial de “hombres” que enfrenta a candidatos de las clases privilegiadas.

Incluso, la competencia dejó afuera a otros hombres de la élite, considerados competentes, pero vistos como “ajenos” porque no tienen las características groseras, violentas y asesinas que se cree dan réditos electorales.

“Los hombres que recurren a la violencia y a la fuerza generan admiración y aceptación porque se los percibe como capaces de luchar por su electorado y por sus seguidores”, explicó.

“Es una herencia de la lucha independentista de Zimbabwe que ensalzó las virtudes y la legitimidad de la violencia como forma de lograr fines políticos. Es un legado que nos persigue hasta ahora”, añadió Gaidzanwa.

Zimbabwe necesita trascender los valores y las políticas del pasado concentradas “en los colonos como enemigos, y en que hasta las élites entre las personas otrora oprimidas no son ángeles”, apuntó.

“Ya nos mostraron lo que son capaces de hacer a su propio pueblo”, exclamó.

“Si se fija en las élites políticas y nacionalistas de Zimbabwe que pillaron diamantes y tierras agrícolas se dará cuenta de que en África todavía tenemos que embarcarnos en una lucha de clases para recuperar la riqueza de los países para sus trabajadores”, observó.

“Los nacionalistas siguen recurriendo al nacionalismo para justificar su saqueo de recursos naturales y para engañar a los campesinos y trabajadores y que crean que está bien que los jefes de clanes y tribales saqueen ‘en su nombre’ cuando en realidad obtienen migajas”, precisó.

Voto por el cambio

Zimbabwe tiene una historia de mucha violencia que comienza mucho antes de la independencia, en 1980.

El precio de ese pasado violento está lleno de profundas divisiones y de polarizaciones étnicas y diferencias políticas, ruina económica y visible corrupción. Estas son algunas de las herencias que se atribuyen a Mugabe, quien gobernó este país durante 37 años.

“Una elección no violenta es un gran paso, pero por ahora la verdadera crisis sigue vigente, la crisis económica”, indicó David Moore, investigador y economista de la Universidad de Johannesburgo.

“Lo que sacó a Zimbabwe de la crisis de 2008 fue la estadounidización de la crisis, pero no se puede hacer eso ahora”, observó.

Ese año, la economía de Zimbabwe estuvo al borde del colapso, sufrió una hiperinflación sin precedentes. El país tuvo que desechar su divisa, el dólar zimbabwense, y reemplazarlo por el dólar estadounidense para estabilizar al país.

Las elecciones de 2018 fueron diferentes por muchas razones. No estaba Mugabe, por lo menos no como candidato, ni su archienemigo político, Tsvangirai.

Legitimidad y credibilidad en juego

Chamisa busca legitimidad, pues es un candidato joven para el cargo más alto del país y ha cometido sus propios errores garrafales. Pero busca probar que puede liderar y cambiar el futuro de Zimbabwe.

Para Mnangagwa, al frente desde hace siete meses, la clave está en legitimar su gobierno y cementar las relaciones internacionales. “Zimbabwe está abierto a los negocios” ha sido su eslogan de campaña.

“Normalmente, los procesos electorales tras un golpe de Estado no son buenos porque el golpe tiene la característica de usar la fuerza y de no querer ceder, pero cuando se observan los esfuerzos realizados por los golpistas para legitimar el golpe mediante elecciones libres y justas, hay cierta presión de donantes e inversores”, explicó Moore al ser consultado por IPS.

“Creo que hay un verdadero apetito y esperanza de que haya un cambio real. Podría significar un punto de inflexión más allá de quién gane las elecciones; si hay consenso en que fueron creíbles y la gente las acepta como tal. Podrían ser los comicios más importantes desde 1980”, opinó.

“Si gana Mnangagwa, podría traer a algunas personas, que podrían oficiar de intermediarios con el capital y gente con dinero. Pero es una situación volátil también y el ZANU-PF tendrá que trabajar muy duro para que le resulte aceptable a la oposición más fuerte”, explicó.

“El MDC atrajo a mucha gente, en especial a jóvenes, que realmente esperan algo, y si sienten que estas elecciones no fueron creíbles, es de esperar que se generen situaciones bastante tensas”, acotó.

“Si gana el MDC, tendrán que tender muchos puentes y tendrá que haber muchas negociaciones”, apuntó.

Solo cabe esperar el resultado del recuento de votos.

Traducción: Verónica Firme

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“Não estamos preparados para aceitar que as mulheres são as mães que podem ser”, diz pesquisadora

Pública - qua, 01/08/2018 - 12:10

O caso de Janaina Aparecida Quirino, submetida a uma laqueadura compulsória por decisão judicial em Mococa, no interior de São Paulo (leia mais aqui), suscita reflexão sobre o perfil de maternidade socialmente valorizado no Brasil. Esse é o tema do artigo “Hierarquias reprodutivas: maternidade e desigualdades no exercício de direitos humanos pelas mulheres”, escrito pela professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) Carmen Simone Grilo Diniz e pela advogada Laura Davis Mattar, doutora em saúde pública pela mesma instituição.

De acordo com as pesquisadoras, há “um modelo ideal de exercício da maternidade e/ou da reprodução e cuidado com os filhos” a partir do qual se estabelecem as hierarquias reprodutivas – tendo no topo as mães vistas como capazes de cuidar adequadamente dos filhos, majoritariamente brancas, adultas, em boa condição financeira e casadas com homens. Quanto mais distante desse padrão, mais a mãe é discriminada, exposta à violação de seus direitos.

Em entrevista à Pública, Laura diz a que a atuação do Estado é decisiva para amenizar os efeitos gerados pelo abismo que separa os dois extremos dessas hierarquias. “O que acaba acontecendo é que, se você não dá suporte para a mãe, acaba vulnerabilizando também a criança. Quando isso acontece, ela é inserida num ciclo de vulnerabilidade que depois você não consegue romper”, explica.

Mauro Bellesa/IEA USPLaura Davis Mattar é doutora em saúde pública pela USP

A pesquisadora inclui nas hierarquias reprodutivas o direito ao aborto “porque hoje temos uma política de aborto que permite que apenas algumas mulheres abortem com segurança – as mulheres ricas”. “Estamos falando do direito de ser e de não ser mãe”, destaca Laura.

O que significa o termo “hierarquias reprodutivas”? De que forma se aplica ao caso da Janaina Aparecida Quirino?

A ideia de hierarquias reprodutivas surge num paralelo com as hierarquias sexuais, pensando que existem comportamentos mais ou menos valorizados socialmente – e esses comportamentos são associados a pessoas. No caso das hierarquias, temos em mente as maternidades que são mais ou menos valorizadas, qual é o ideal de maternidade e qual é a maternidade não permitida, não aceita. O caso da Janaina expressa exatamente o que significa estar na base dessa pirâmide, porque, quanto mais alto na pirâmide você está, mais seus direitos serão preservados, e quanto mais na base, menos seus direitos serão respeitados e, portanto, mais violados.

Quais são as características mais decisivas para definir a “boa maternidade” à qual vocês se referem no artigo?

A gente cria uma perspectiva que adota quatro principais características focais, mas que podem se combinar, e aí as combinações são inúmeras. Partimos do ponto de vista de raça, classe social, idade e sexualidade. No topo da pirâmide está a mulher, branca, heterossexual, entre 20 e 30 anos – ou talvez entre 25 e 35, hoje em dia – e com dinheiro. E na base está a mulher preta, pobre, lésbica e com pouco dinheiro. Nesse contexto, é possível medir a aceitação de quem pode ser mãe no Brasil – e talvez possamos até generalizar para o mundo. Quem a gente, enquanto sociedade, permite ser mãe é essa figura que exerce a “boa maternidade”, que poderá oferecer aquilo que idealmente se diz que devemos oferecer aos filhos. E que é cada vez mais difícil, pois a infância é esse conceito criado, e cada vez agregam-se mais condições que devemos oferecer para as crianças. Quando olhamos para o caso da Janaina, notamos que ela está na base da pirâmide, pois soma-se o fato de ela ter muitos filhos e de não conseguir cuidar dessas crianças de forma adequada, na visão da nossa sociedade. Aí há várias violações, a retirada da filha recém-nascida, a laqueadura. Nesse caso, o Estado [está] falando com todas as letras “você não pode ter mais filhos”. É muito violento e emblemático do que é essa hierarquia reprodutiva, talvez o melhor exemplo do que é estar na base dessa pirâmide e o grau de violações de direitos humanos que as mulheres podem sofrer quando estão nesse lugar. Além disso, o fato de Janaina ter muitos filhos, de serem de dois pais diferentes, também conta. A estabilidade da relação entra como um critério de promoção na hierarquia reprodutiva. Se você é uma prostituta, por exemplo, isso te coloca mais para baixo na pirâmide. A drogadicta também é preterida nessa hierarquia, porque, se não consegue cuidar dela mesma, como vai cuidar do outro? Se esses atributos vão sendo somados, a coisa vai ficando cada vez pior. Ela é ex-presidiária, tem vários filhos, é pobre, negra, drogadicta. Isso a coloca lá embaixo.

Quais são as consequências para as mulheres que não se encaixam no padrão de “boa maternidade”?

É a total falta de suporte social para essa maternidade. Aí vou relembrar o que digo na minha tese de doutorado: as mulheres não têm o suporte dos seus pares, de quem gerou as crianças com elas, que são os homens – já que não fazem filhos sozinhas –, tampouco do Estado. A alternativa para elas, normalmente, será a rede de solidariedade feminina; elas vão ter que contar com outras mulheres. É uma falta de suporte social gigantesca a elas e à maternidade em si. O que acaba acontecendo é que, se você não dá suporte para a mãe, acaba vulnerabilizando também a criança. Quando isso acontece, ela é inserida num ciclo de vulnerabilidade que depois você não consegue romper. Se tivessem dado um apoio, a maternidade poderia servir como alavanca, mas, ao contrário, quando esse suporte não é dado, a maternidade vulnerabiliza [a mulher] ainda mais, porque aí ela tem uma criança no colo, uma criança na barriga. Ela fica mais suscetível em especial à violência – as mulheres grávidas apanham mais, ficam mais sujeitas a morar na rua. Há vários artigos científicos que mostram o quanto a gravidez pode colocar a mulher numa situação de ainda mais vulnerabilidade. Por outro lado, se há suporte, existem bons indícios de que a maternidade pode ser uma alavanca para tirar a mulher da espiral negativa de pobreza e violência.

Você destacaria algum exemplo de falha do Estado em prover o suporte às mães mais vulneráveis?

Citando o município de São Paulo, sei que a gente não tem creches o suficiente, por exemplo. A creche é algo essencial para as mães; sem creche a mãe não consegue trabalhar e, se não trabalha, não consegue prover o sustento das crianças, porque muitas delas são solteiras, já que os pais as abandonam. Se não há creche, o Estado falha em dar esse suporte de que ela precisa para ter uma vida digna. O que acaba acontecendo é que as mães criam essa rede de solidariedade, então a criança vai para a casa da vizinha, da prima, da avó, que às vezes não é o melhor lugar porque há muitas crianças juntas. Elas não são adequadamente estimuladas, não há uma proposta pedagógica. Não acho que essas redes [do Estado] atendam bem as mães. E não estamos preparados em termos de políticas públicas para aceitar que as mulheres são as mães que podem ser. Não são más mães, são as melhores mães que podem ser nas condições em que estão. Se damos suporte social para elas, serão melhores, pois depende das condições que as cercam. Agora, tirar os filhos dessas mães não é uma boa solução, porque partimos do pressuposto de que o melhor lugar para uma criança estar é com sua mãe, qualquer que seja esse lugar.

Por que, muitas vezes, os direitos das mulheres enquanto mães são vistos como concorrentes aos interesses da criança?

Isso vem desde quando essa criança está sendo gerada. Quando falamos de hierarquias reprodutivas, falamos também de direito ao aborto, porque hoje temos no Brasil uma política de aborto que permite que apenas algumas mulheres abortem com segurança – as mulheres ricas. Estamos falando sobre o direito de ser mãe e o direito de não ser mãe.

O direito não é neutro, é feito por homens. Nossos legisladores são, em sua maioria, homens; nosso Poder Judiciário é majoritariamente masculino; nosso Ministério Público também. Há um olhar masculino que passa pelo corpo da mulher, cujas atribuições são da mulher, já que até hoje, no Brasil, quem cria os filhos ainda é a mulher, o trabalho do cuidado é da mulher. Essa visão de concorrência entre os direitos decorre basicamente disso, de não ser um olhar feminino, que entende que o melhor lugar para a criança estar é ao lado de sua mãe – a não ser que ela maltrate o seu filho, o que ocorre também, mas é mais raro. O habeas corpus coletivo, por exemplo [concedido em fevereiro deste ano pelo Supremo Tribunal Federal a presas grávidas e mães de crianças], diz que as mães com crianças de até 12 anos que não cometeram determinados tipos de crimes [crimes violentos ou mediante ameaça] poderão cumprir prisão domiciliar. A única exceção são as mulheres que cometeram crimes contra os filhos; no mais, entende-se que o melhor lugar para a criança estar é ao lado de sua mãe. Não há concorrência de direitos, eles deveriam se sobrepor, mas as nossas políticas normalmente não funcionam assim. Por exemplo, qual o momento da vida da mulher, do nascimento ao envelhecimento, em que ela recebe mais atenção médica? A saúde da mãe é instrumental à saúde da criança, não é um fim em si mesmo. Essa concorrência deriva da dependência entre mãe e criança, mas também desse olhar masculino.

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“Não quero que isso aconteça com mais nenhuma mulher”

Pública - qua, 01/08/2018 - 12:10

Era uma manhã fria e ensolarada de julho quando encontrei Janaina Aparecida Quirino sentada em frente a uma casa térrea com portões pintados de azul, em Mococa, no interior de São Paulo. No dia anterior ela havia completado 37 anos, mas seu semblante cansado indicava que não havia muitas razões para comemorar. Um mês antes do nosso encontro, a mulher de pele escura e cabelos presos num rabo de cavalo ficara conhecida em todo o país por um episódio que suscitou acaloradas discussões na imprensa e nas redes sociais: havia sido submetida a uma laqueadura involuntária por decisão do juiz Djalma Moreira Gomes Júnior, da 2ª Vara de Mococa. O procedimento, realizado em fevereiro deste ano, atendeu a uma ação civil pública proposta por Frederico Liserre Barrufini, promotor da Infância e da Juventude da cidade.

A história se tornou pública em 9 de junho, quando Oscar Vilhena Vieira, diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV) de São Paulo, escreveu uma coluna no jornal Folha de S.Paulo sobre o caso, de acordo com ele, uma “aberração jurídica”, permeado por irregularidades e violações à lei (leia aqui a íntegra do processo).

Foi aí que a pequena Mococa, com cerca de 69 mil habitantes, chegou ao noticiário nacional. No fim de junho, o Fantástico, da TV Globo, exibiu reportagem com Janaina sobre o acontecido, o que tornou as coisas ainda mais difíceis para ela. “Achei que não deveria ter feito isso [conversado com a imprensa], porque hoje não posso sair na rua, erguer a cabeça. A cada lado que olho, um vem e me critica, um vem e me chama de vagabunda, de moradora de rua, coisa que eu nunca fui”, conta. Por isso, embora tivesse o que dizer – respondeu a todas as minhas perguntas sem hesitar –, ela relutou em permitir que publicasse sua entrevista. Pediu tempo para pensar melhor e autorizou apenas no dia seguinte, quando voltei a visitá-la e garanti que suas declarações não apareceriam na televisão.

Sua apreensão em ser novamente exposta é compreensível. No bairro onde vive, todas as pessoas com quem conversei sabiam do ocorrido e algumas comentaram que conheceram o caso pelas matérias de TV. Localizá-la, inclusive, só foi possível porque, depois de algumas horas de andanças, seus vizinhos me indicaram o endereço. Ela vive atualmente na casa de sua tia, mas pretende encontrar um emprego para ter a sua própria. Durante a conversa, ressaltou que sua condição financeira tem relação com o que aconteceu. “Ele [juiz Djalma Moreira Gomes Júnior] não ia pegar uma [mulher] rica e branca e fazer uma laqueadura nela. Ia conversar com ela, se ela falasse que não, não ia fazer. Ela tem dinheiro, tem poder. Agora eu sou pobre, não tenho dinheiro nem poder”, diz. “Não quero que isso aconteça com mais nenhuma mulher”, enfatiza.

A atuação do promotor e do juiz de Mococa foi censurada por grupos de defesa aos direitos humanos e das mulheres. Um dia depois da divulgação da denúncia por Vieira, a seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) publicou nota em que repudia a “violência perpetrada” contra Janaina. “Sua condição de dependente química não lhe subtrai os direitos fundamentais”, diz o texto. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) também veiculou em seu site comunicado condenando o ocorrido.

Ao mesmo tempo, houve quem manifestasse apoio à conduta de Gomes Júnior e Barrufini. “Consciente das dificuldades que circundam o tema, declaro meu apoio ao magistrado Djalma Moreira Gomes Júnior”, tuitou a professora de direito da Universidade de São Paulo (USP) Janaína Paschoal. “Se eu fosse juíza, teria decidido como ele decidiu. Alguém tinha que olhar pelas crianças!”.

No lugar onde tudo se passou, a polêmica em torno da história se mantém. A Pública conversou com alguns moradores de Mococa sobre o assunto. Ouviu de apenas um que o promotor e o juiz erraram em pedir e determinar, respectivamente, a realização da laqueadura. “Isso é tirar o direito humano da pessoa. A pessoa pode ser presidiária, o que for, mas é o direito dela. Eu sou contra”, afirmou o entregador de uma barraca de lanches em uma das principais avenidas do município. Pouco antes, a atendente de uma confeitaria havia questionado a repórter: “E você acha que está errado? Moradora de rua, usuária de droga, com vários filhos, tem que fazer isso pra não deixar colocar mais filho na rua”, pontuou a moça, do outro lado do balcão. O taxista que marca ponto na praça da igreja, no centro, seguiu a mesma linha de raciocínio: “No fundo, é mais do que correto. Não pode ficar tendo filho desse jeito e deixando jogado”, expressou o senhor, sentado ao volante. “Isso [a laqueadura] não trouxe nenhum prejuízo para ela e nem para a sociedade. Senão as crianças sofrem, porque o Estado não cuida. Quem vai pagar por isso? Nós, a sociedade?”

Opiniões à parte, a legalidade do processo que levou à esterilização involuntária de Janaina pode ser questionada, de acordo com fontes ouvidas pela Pública. A Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo e a Corregedoria-Geral do Ministério Público, os órgãos fiscalizadores a que estão submetidos o juiz Djalma Moreira Gomes Júnior e o promotor Frederico Liserre Barrufini, abriram procedimentos internos para apurar a conduta de ambos. Tentamos conversar com o juiz e o promotor, tanto via assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e do Ministério Público de São Paulo (MPSP), como também pessoalmente, quando estive em Mococa, mas todos os pedidos foram negados.

A Justiça não falhou, mas tardou

A história que ganhou os jornais em junho começou oficialmente em 27 de maio de 2017, quando Frederico Liserre Barrufuni ajuizou ação civil pública solicitando que o município realizasse uma laqueadura tubária em Janaina, à época com 35 anos. Barrufini argumentou que o pedido tinha o objetivo de proteger os direitos individuais de Janaina, já que, por sua suposta drogadição e situação de vulnerabilidade – a peça alega que ela não tem endereço fixo e vive perambulando pelas ruas –, não teria discernimento para avaliar as consequências de uma nova gravidez.

Carolina Teixeira (Itzá)/Agência PúblicaEm 27 de maio de 2017, Frederico Liserre Barrufuni ajuizou ação civil pública solicitando que o município realizasse uma laqueadura tubária em Janaina

O promotor menciona também que Janaina até então tinha cinco filhos – na verdade, eram sete – e que todos já haviam sido acolhidos em abrigos da cidade. Ele destaca, ainda, que os próprios equipamentos de saúde e assistência social municipais haviam recomendado a esterilização como método contraceptivo e que a cirurgia deveria ser levada a cabo mesmo contra a vontade da paciente.

Em 27 de junho, o juiz Djalma Moreira Gomes Júnior acatou o pedido do Ministério Público e determinou um prazo de 30 dias para que a prefeitura esterilizasse Janaina, sob a alegação de que ela é “pessoa hipossuficiente, apresenta grave quadro de dependência química, sendo usuária contumaz de substâncias entorpecentes, além de ser mãe de cinco filhos” e de que “não tem condições financeiras de arcar com os correspondentes custos”. Pouco antes de a decisão ser emitida, foi anexada ao processo uma certidão firmada em cartório, no dia 30 de junho de 2015, em que Janaina concorda com a realização da laqueadura. Na entrevista à Pública, ela disse não saber ler ou escrever e afirmou ter assinado o documento sem saber do que se tratava.

A prefeitura de Mococa não obedeceu ao prazo estabelecido pelo juiz, o que gerou nova manifestação do Ministério Público, em 8 de agosto, requerendo que seus procuradores se justificassem sobre o não cumprimento da ordem judicial. A administração municipal chegou a pedir a extensão do prazo, mas, no dia 30 do mesmo mês, comunicou ao juiz que não seria possível executar a cirurgia compulsória porque Janaina estava grávida novamente.

O capítulo seguinte dessa história começa em 5 de outubro, quando o juiz da 2ª Vara de Mococa sentencia que o procedimento de esterilização deveria ser feito “assim que ocorresse o parto”. Pouco mais de um mês depois, em 7 de novembro, a prefeitura entrou com recurso para tentar reverter a decisão em segunda instância, alegando que, nesse caso, a laqueadura estava sendo empregada como forma de controle demográfico e que o pedido feria o princípio da dignidade humana. “O argumento de que a representada não tem como cuidar da prole não pode servir como fundamento da esterilização involuntária, pois se assim o fosse estaríamos a admitir que a pobreza justificaria o controle demográfico, o que não é o caso”, acrescenta a procuradora Rosângela de Assis em sua fundamentação.

Três dias depois, em 10 de novembro, Janaina foi presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas com mais quatro pessoas – uma delas, seu marido – na casa em que moravam. Segundo o processo, policiais civis encontraram 45 pinos de cocaína no bolso de uma calça masculina dentro do banheiro da residência. Com aproximadamente seis meses de gestação, ela foi encaminhada à Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu, onde ficou até que lhe fosse concedido habeas corpus pelo TJ-SP, em 20 de junho deste ano. O promotor Barrufini e o juiz Gomes Júnior também integram esse processo, e o último condenou Janaina à pena de 12 anos e oito meses de reclusão – o recurso aguarda julgamento em segunda instância.

No dia 23 de novembro, o promotor Barrufini reforçou o pedido pela esterilização, requerendo ao juiz que a cirurgia fosse feita no momento do parto. Em menos de uma semana, o magistrado deu validade à solicitação do promotor.

Carolina Teixeira (Itzá)/Agência PúblicaEm 10 de novembro, Janaina foi presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas

Somente depois da virada do ano, em 5 de fevereiro de 2018, o processo chegou ao TJ-SP e foi distribuído ao relator, desembargador Paulo Dimas Mascaretti, da 8ª Câmara de Direito Público. Em 23 de maio, Mascaretti e outros dois desembargadores, Leonel Carlos da Costa e Carlos Otavio Bandeira Lins, reverteram a decisão dada em primeira instância por Djalma Moreira Gomes Júnior  – Costa qualificou o caso como “aberração teratológica inusitada” – e remeteram as peças processuais à Corregedoria-Geral de Justiça e à Corregedoria- Geral do Ministério Público. Havia apenas um problema: Janaina havia sido submetida à cirurgia de esterilização mais de três meses antes, em 14 de fevereiro, na Maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu, dois dias após o parto de sua filha caçula, que, também por decisão judicial, nem sequer pode conhecer.

Direitos violados

A Constituição Federal, no parágrafo 7º do artigo 226, explicita que o planejamento familiar é de livre decisão do casal e veda que sua prática seja influenciada de maneira coercitiva “por parte de instituições oficiais ou privadas”. A Lei de Planejamento Familiar (nº 9.263/96), vinda posteriormente para regulamentar essa disposição constitucional, reforça a determinação: seu artigo 12 proíbe a “indução ou instigamento individual ou coletivo à prática da esterilização cirúrgica”. A esterilização compulsória é desaprovada ainda pela Recomendação Geral nº 24 do Comitê sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, inspirada por Convenção da qual o Brasil é signatário.

“A Lei do Planejamento Familiar a todo momento vai trazer a questão da vontade da mulher: tem que haver uma vontade livre, orientada e prévia a qualquer tipo de procedimento, seja ele contraceptivo ou conceptivo. Não pode ser induzida por terceiros e nunca ser pautada numa questão de natalidade ou de controle demográfico”, explica Paula Sant’Anna Machado de Souza, do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem) da Defensoria Pública de São Paulo, que acompanha o caso de Janaina. “Essa é a principal violação que a gente destaca, porque partimos de uma decisão judicial que diz qual método contraceptivo deve ser usado e quando, e a vontade da Janaina acaba então não sendo levada em consideração.”

O relator Paulo Dimas Mascaretti, do TJ-SP, reforçou em seu voto que a esterilização deve ser motivada por desejo espontâneo de quem a ela será submetida: “No nosso ordenamento jurídico não se pode admitir a chamada esterilização compulsória, ou seja, nenhuma pessoa poderá ser obrigada a se submeter a esterilização, uma vez que se trata de procedimento médico invasivo, que lesa a integridade física de forma irreversível”.

Já o desembargador Leonel Carlos da Costa contesta, em sua fundamentação, o argumento empregado pelo promotor Frederico Barrufini de que a laqueadura tinha como finalidade proteger os direitos e a saúde de Janaina. “Poder-se-ia admitir, em tese, que o pedido seria juridicamente lícito (ou possível, na sistemática do CPC/1973) se a esterilização compulsória da mulher fosse para atender a algum caso de necessidade para salvaguardar sua vida e preservar sua saúde. Mas não é o caso. A petição inicial não trouxe qualquer alegação a esse respeito nem veio instruída com alguma prova médica indicativa da urgência e imprescindibilidade da mutilação e esterilização”, escreveu.

Além de proibir que procedimentos de esterilização sejam realizados forçadamente, sem a manifestação expressa de consentimento da mulher, a Lei de Planejamento Familiar não permite que estes sejam feitos durante períodos de parto (artigo 10, inciso II, parágrafo 2º), como foi pedido pelo Ministério Público e determinado pelo juiz. Esse é outro ponto de evidente desrespeito à lei no caso de Janaina. “A ideia desse parágrafo é que a cesárea já é uma cirurgia, e a laqueadura, então, se torna uma segunda cirurgia nesse momento. Os riscos são muito maiores para a mulher. Isso busca também não incentivar a cesárea como um meio para a realização da laqueadura. Apenas se houver uma fundamentação médica dizendo ‘olha, pensando na mulher, pela saúde dela, a gente compreende que é preciso realizar conjuntamente’, mas regra é que não pode acontecer”, destaca a defensora pública.

Embora, durante o processo, a capacidade de decisão de Janaina seja questionada pelo promotor e pelo juiz não lhe foi assegurado o direito de ser defendida por um curador especial. O Código de Processo Civil define que todo indivíduo que se encontra “no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo”, arcando com a busca por defesa, se assim julgar necessário. Já no caso de pessoas incapazes, o juiz deve nomear um curador especial.

O desembargador Leonel Carlos da Costa questionou se essa situação não se aplicaria ao caso de Janaina. “Se o MM. Juízo a quo entendeu que Janaina não tinha capacidade para cuidar de seus próprios filhos e não tinha capacidade de decidir a respeito da necessidade de cirurgia de esterilização, tanto que a determinou em caráter compulsório, também é verdade que a ré deveria ter sido representada por curador especial”, alegou. “É no mínimo contraditório entender que a ré não dispõe de plena capacidade mental para bem dispor de seus atos, mas, ao mesmo tempo, entender que a ré possui plena capacidade de se defender em ação judicial.”

A Prefeitura de Mococa chegou a pedir ao juiz Djalma Moreira Gomes Júnior que designasse curador especial a Janaina. O promotor Frederico Barrufini contestou a solicitação, afirmando que as avaliações dos serviços de saúde e assistência social do município e o estudo produzido pela psicóloga forense denotam que Janaina não é incapaz, “muito embora não possua quaisquer condições de fornecer os cuidados necessários à futura prole”. O magistrado aceitou a argumentação da promotoria e Janaina não teve acesso à defesa. “Ela nunca foi ouvida durante o processo perante o juiz e o Ministério Público, só foi ouvida pela equipe técnica do Judiciário”, ressalta  Paula Sant’Anna Machado de Souza que, apenas depois de a história ter ganhado repercussão, passou a participar da defesa dela. “Estamos diante de um processo extremamente grave do ponto de vista do que ele trata, do seu conteúdo – já que é uma cirurgia, uma esterilização –, então entendemos que a defesa deveria ter sido trazida ao processo para dar essa orientação jurídica para a Janaina.”

Na base da pirâmide

“Como você se sente depois de ter passado pela laqueadura forçada?” Ao ouvir a pergunta, Janaina só consegue dizer com a voz embargada que se sente “horrível”. Quando começa a falar da separação da filha recém-nascida, as lágrimas escorrem pelo rosto. “Me sinto muito mal por ter acontecido isso e pela minha filha ter sido levada embora dos meus braços sem eu ver, eu não conheço. Se me der uma pretinha, qualquer uma, eu pego, porque não sei se é minha filha.”

Segundo informações da TV Globo, a criança foi levada logo depois do parto e entregue a outro casal. “Espero que ele [juiz Djalma Moreira Gomes Júnior] não dê ela para adoção, porque não assinei nenhum papel. Vou até o fim”, promete Janaina, que nunca mais teve notícias da menina.

Contando com a criança nascida há quatro meses, Janaina tem oito filhos, três do primeiro casamento e cinco do atual. Dos três mais velhos, dois vivem com o pai – a primogênita já completou 18 anos – e um está internado em uma clínica de reabilitação. Dos outros cinco, três foram adotados, uma foi encaminhada a um abrigo da cidade, e a mais nova foi separada da mãe. O Núcleo Especializado da Infância e Juventude da Defensoria Pública de São Paulo acompanha a situação das últimas duas crianças. A Pública tentou sem sucesso obter os processos, que correm em segredo de justiça.

Janaina questiona a maneira com que foi descrita no processo pelo promotor Barrufini e pelo juiz Gomes Júnior. Sente-se incomodada particularmente com as afirmações de que é moradora de rua e de que é incapaz de exercer adequadamente seu papel de mãe. “Meus filhos nunca passaram fome, pedir não é vergonha”, diz. “Nunca morei na rua com meus filhos. Sempre tinha alguém que me acolhia.”

Depois de ter sido solta por habeas corpus, Janaina foi abrigada por sua tia. Na casa vivem também suas primas com os filhos. “Vejo os outros brincarem com as crianças, não consigo. Não consigo pegar um bebezinho porque não é meu. Ele tirou tudo que é meu. Minha dignidade de ser mãe, dar educação para os meus filhos”, lamenta. “Eu não sou parideira pra pôr filho no mundo e um juiz vir tirar.”

O defensor público Peter Gabriel Molinari Schweikert, responsável por acompanhar o caso de Janaina, frisa que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no artigo 23, impede que a falta ou carência de recursos materiais motive a suspensão ou destituição do poder familiar – o vínculo formado entre pais e criança. O mesmo não pode ocorrer, ainda segundo o artigo 23, em caso de condenação criminal da mãe ou do pai. “Essas são duas garantias legais reiteradamente descumpridas, como no caso da Janaina”, explica.

Schweikert lembra que o ECA prevê que a mãe possa entregar uma criança para adoção, mas enxerga falhas no processo de separação entre Janaina e a filha recém-nascida. “Mesmo nessas hipóteses, existe todo um procedimento legal que avalia se a mulher deseja isso mesmo ou não, quais as circunstâncias e fatores que motivam esse desejo de entrega. Não foi esse o caso da Janaina. Em nenhum momento ela disse que gostaria de entregar a criança para adoção e, mesmo que tivesse dito, tem a prerrogativa legal de se arrepender e desistir dessa entrega. Ainda que tivesse manifestado a vontade de entregar, teria que ser ouvida pelo juiz da Infância, pelo promotor de justiça, assistida por uma defesa técnica, e nada disso aconteceu porque ela jamais manifestou esse desejo”, aponta.

Além disso, para o defensor, se não fosse possível manter a menina com Janaina, havia outras possibilidades que não a entrega a outra família. “A garantia da criança é sempre permanecer com a mãe nessa primeira fase, mas, excepcionalmente, ela deve ser cuidada por outra pessoa da família extensa – tios, avós, padrinhos e madrinhas, pessoas de referência que possam assumir esse cuidado temporário. Desde que fossem esgotados pormenorizadamente todos os recursos e realmente não existisse nenhuma possibilidade de manutenção da criança com nenhum parente, aí sim poderia se cogitar o acolhimento institucional, mas isso nunca poderia acontecer antes de se provar por A mais B que todos os recursos foram esgotados, muito menos enquanto a Janaina estivesse gestante”, afirma.

Raquel Marques, presidente da Associação Artemis, ONG que atua no combate à violência contra as mulheres, classifica como “severo” o ato de separação entre Janaina e a criança. “Ela não pode nem ver a filha recém-nascida, isso é muito bruto”, pontua. “Há um entendimento corrente de que os interesses da mãe e da criança são antagônicos. Se a mãe é dependente química ou muito pobre, temos que afastar a criança dessa mãe porque ela lhe representa um problema e um risco. Quando, na verdade, o que falta é Estado, é sociedade, para que a mulher tenha subsídio para sair dessa situação”, defende.

Essa também é a opinião da advogada Laura Davis Mattar, doutora em saúde pública pela USP e coautora de artigo sobre hierarquias reprodutivas (leia aqui entrevista na íntegra). De acordo com ela, existe um padrão de cuidado com os filhos pautado sobretudo por raça, classe, idade e parceria sexual que valoriza algumas maternidades em detrimento de outras. Para Laura, o papel do Estado é garantir que as mulheres mais próximas da base da pirâmide, como Janaina, tenham condições de exercer a maternidade com maior segurança e estabilidade. “Quando esse suporte não é dado, a maternidade vulnerabiliza [a mulher] ainda mais, porque aí ela tem uma criança no colo, uma criança na barriga”, frisa. “Por outro lado, se há suporte, existem bons indícios de que a maternidade pode ser uma alavanca para tirar a mulher da espiral negativa de pobreza e violência.”

A outra laqueadura de Mococa

Dias depois que a história de Janaina Aparecida Quirino ficou conhecida, descobriu-se outro pedido de laqueadura de autoria do promotor Frederico Liserre Barrufini e aceito pelo juiz Djalma Moreira Gomes Júnior. O alvo da ação civil pública era Tatiane Monique Dias, à época da proposição – 22 de fevereiro de 2017 – com 23 anos.

O caso, no entanto, é diferente (Veja aqui o processo). Em entrevista à Pública, a mãe de Tatiane, Inez Mateus Dias, afirmou ter procurado o Ministério Público para pedir a esterilização. Em 2012, Tatiane foi diagnosticada como portadora de retardo mental moderado e considerada “total e permanentemente” incapaz de gerir seus bens e atos da vida civil. Em 2013, por ordem de Gomes Júnior, foi interditada e Inez passou a ser sua curadora, o que lhe dá poder de decidir por ela.

Inez conta que a filha foi diagnosticada também com asma grave, doença cujas crises a afligiam durante as gestações. “Sofri muito na gravidez por causa da asma, não aguentava fazer nada. Parava mais no hospital do que em casa”, relembra Tatiane. Suas condições de saúde foram o motivo para que a curadora recorresse ao Ministério Público na busca pela cirurgia.

Dois dias antes de ser submetida ao procedimento, em 23 de fevereiro de 2017, Tatiane havia dado à luz seu segundo filho – a primeira, uma menina, estava então com 1 ano e nove meses. “Com os problemas de saúde que eu tinha, achei melhor ter só os dois”, diz. “Fiz porque eu quis mesmo, porque achei que era melhor.”

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“Ortega perdeu a batalha política na Nicarágua”, diz escritor

Pública - ter, 31/07/2018 - 12:00

A conturbada situação política da Nicarágua chegou às manchetes depois da morte da estudante brasileira Raynéia Gabrielle Lima. Porém, o conflito vem desde 18 de abril, quando manifestantes começaram a tomar as ruas em protesto contra o presidente Daniel Ortega e sofreram uma repressão que tem sido tachada como a mais grave desde o fim da guerra civil. Para o escritor nicaraguense Sérgio Ramirez, após a eclosão popular, não há mais volta; o consenso em torno do governo de Ortega se rompeu.

Escritor, jornalista e político, Sérgio Ramirez fez oposição à ditadura de Anastasio Somosa e liderou nos anos 70 o Grupo dos Doze, formado por intelectuais e religiosos que apoiavam a Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), grupo guerrilheiro que conseguiu derrubar afinal o regime de Somosa. Depois do triunfo da Revolução Sandinista, fez parte da Junta de Governo de Reconstrução.

Wikimedia CommonsSérgio Ramirez fez oposição à ditadura de Anastasio Somosa e liderou nos anos 70 o Grupo dos Doze

Foi um dos vice-presidentes do primeiro governo Daniel Ortega, entre 1986 e 1990. Desde meados da década de 90, tem sido crítico de Ortega e do partido sandinista, o FSLN. Desde 1996, não participa de política, atuando como intelectual crítico a Ortega . “Como escritor, o que eu posso usar é a minha voz”, diz o autor de livros como Adiós, Muchachos e Margarita, está linda la mar e vencedor do último Prêmio Cervantes, o mais importante em língua espanhola.

Nesta entrevista para a Agência Pública, ele explica como vê a situação atual do seu país, que viu nos últimos meses os maiores protestos de sua história, com um saldo de mais de 400 pessoas mortas.  Para ele, a rebelião popular é um sinal, que “os governos repressivos estão deixando de ser viáveis” na América Latina. “Projetos como a ALBA estão de saída”. Leia a entrevista.

Como está a atmosfera na Nicarágua hoje?

Neste momento, o governo se sente triunfante, já que conseguiu retomar as ruas. Eles sentem como se tivessem ganhado a batalha militar. Retiraram as barricadas das favelas e desde então têm se dedicado a uma caçada aos jovens que estão na lista dos envolvidos. Segundo a Comissão Permanente de Direitos Humanos [CPDH], foram detidos nos últimos dias mais de 800 jovens, que foram retirados de suas casas pelos paramilitares e levados ao 5º Centro de Detenção em Manágua [a capital].

Alguns têm sido rapidamente processados em grupos de 10, 15, 20, por terrorismo, por causa de uma lei que foi aprovada em caráter de urgência na Assembleia Nacional que tipificou o delito de terrorismo ou de ajuda a terroristas, ou seja, dar alimentos aos muchachos, coisas assim. Faz uma semana que passaram essa lei. É uma lei muito esquisita porque ela trata do financiamento do terrorismo, e aí inseriram um artigo que não tem nada a ver com financiamento, sobre levar alimentos e medicamentos a grupos terroristas. Por isso, alguns jovens devem ser condenados a dez anos de prisão por construírem coletes à prova de balas caseiros – eles fazem isso com velhas radiografias, não sei o quanto funcionam. Mas simplesmente fazer isso está listado entre os delitos previstos na lei.

Ou seja, o que o governo está fazendo agora é descabeçar o movimento e semear o terror entre os manifestantes.

Mas você concorda com a visão de que o governo conseguiu silenciar as ruas?

Eles pensam que estão vencendo, mas eu sinto que não podem reconquistar as pessoas nem intimidá-las. Há muitas marchas programadas, as pessoas sempre saem às ruas, as pessoas não têm medo de dar sua opinião. Mas vamos ver. O que eu acredito é que Ortega perdeu a batalha política, e o país não vai regressar ao que era antes de 18 de abril. Ele não vai conseguir recompor o consenso passivo que existia, no qual havia um acordo com as empresas privadas, a Igreja Católica não falava, as pessoas das favelas guardavam silêncio, Ortega controlava tudo sem nenhum percalço. Isso se rompeu por completo por causa do número de mortos, são mais de 400, além de 2 mil feridos e mil e tantos presos.

Muitos críticos chamam o governo de Ortega de uma ditadura. Você concorda?

Sem dúvida alguma é uma ditadura. Aqui não existe separação de poderes, as instituições são cadáveres de instituições, Ortega controla o Ministério Público, a polícia, os grupos paramilitares, controla a maioria das estações de televisão… E agora realiza uma repressão desmedida aos protestos. Sangrenta. E a única coisa que faltava era repressão violenta. Uma repressão seletiva, voltada para manter as pessoas silenciadas.

Ismael Francisco/CubadebatePara Sérgio Ramirez o governo de Ortega é uma ditadura

Mas o maior argumento do governo é que Ortega foi eleito há dois anos com uma grande margem, com mais de 72% dos votos?

Sim, ele foi eleito pela terceira vez. Já está no poder há 11 anos, além dos dez que passou logo depois da Revolução Sandinista.

Mas esse apoio, agora, ele perdeu. Veja, nas últimas eleições houve uma enorme abstenção, uma taxa de abstenção brutal de 70%. Depois do final de abril, o Instituto Gallup fez uma pesquisa que mostrou que 63% das pessoas queriam que Ortega se fosse do poder.

O governo alega também que há em curso uma tentativa de golpe de Estado, liderada pelos Estados Unidos…  

Bom, em primeiro lugar esse é um governo que sempre teve uma retórica muito anti-imperialista, sempre muito antioligárquica. Mas o que mantinha a estabilidade de Ortega era um pacto com os grandes capitalistas do país. Ortega sempre disse a eles: “Vão fazer seus negócios, mas não se metam com a política”. E os empresários aceitaram a falta de liberdade por uma economia liberal, sem restrições. A economia sempre foi recomendada pelo próprio FMI, o FMI sempre deu boas notas a Ortega; é um governo de uma ortodoxia liberal muito clara. E as suas relações com os EUA sempre foram muito pacíficas. Ele confrontava os EUA em seu discurso, mas a política anti-imigratória sempre foi muito dura, de deter aqui os imigrantes de outros países centro-americanos. O governo da Nicarágua fez a política de “Muro de Contenção”, inclusive, para conter a imigração para os EUA.

Eu não creio que é um governo de esquerda, como eu sempre concebi a esquerda, baseada em valores éticos e humanos. Nesse sentido, é uma vergonha a declaração do Foro de São Paulo [convenção de líderes da esquerda latino-americana, ocorrida em Cuba em meados de julho] defendendo esse governo, encobrindo crimes e identificando como se fosse uma articulação das elites com os EUA.

Isso é uma mentira. O que houve aqui foi uma manifestação multi-ideológica e sem partidos. Se não, teria que haver milhares de pessoas de ultradireita saindo às ruas. Esse argumento me parece totalmente infantil, de uma esquerda obsoleta. Por isso chamei-a de “O Parque Jurássico” em um artigo recente para o El País, porque falo dessa esquerda que se compromete com a Venezuela, com Ortega, e oculta o que fazem dizendo que se trata de manobras do imperialismo.   

Como a situação da Nicarágua se compara com a situação da Venezuela?

São parecidas em termos de autoritarismo, e de dois governos que estão dispostos a tudo para se manterem no poder indefinidamente.

Mas a diferença está no tamanho da economia. Apesar de estar quebrado, é um país rico. Já a Nicarágua é um país pobre e quebrado. Em uma situação de crise econômica, a Nicarágua não conseguiria se aguentar por tanto tempo como a Venezuela está aguentando, porque é um país sem recurso, sem petróleo.

E o que você acha que vai acontecer agora?

Virão novas ondas de protestos, mais gente nas ruas. O que não falta aqui é imaginação, vão criar novas formas de luta desarmada. A arma letal contra esse governo é a luta desarmada. Não estamos vivendo de nenhuma maneira uma guerra civil. É uma luta desarmada, de resistência civil. Neste país temos experiência em guerra civil, mas vai ser a luta desarmada que vai terminar derrotando o Ortega. Tem que haver uma saída cívica que obrigue a chamar novas eleições. Neste momento não vejo essa perspectiva ainda, porque o Ortega está firme na ideia de que não vai sair. Mas uma coisa é o que ele pode dizer, e outra é o que a realidade vai exigir.

Por que Ortega não conseguiria se manter no poder, na sua opinião?

Se eu penso em um panorama em que ficamos com Ortega até 2021, e depois ele seja reeleito… Isso é impossível. Seu pacto com os empresários rachou, são seus adversários agora, e estão contra ele de maneira radical. E não romperam com ele porque deixaram de lucrar, mas eu digo que foram de fato sensibilizados pelos assassinatos.

Ortega também tem a Igreja Católica contra ele. O governo começou a atacar igrejas católicas, como no caso do tiroteio de 15 horas na Igreja da Divina Misericórdia, em Manágua [em 13 de julho, estudantes refugiados na Igreja sofreram 15 horas de tiros da polícia]. Estão atacando padres, quebrando templos católicos. Parece-me que se meter contra a Igreja Católica em um país eminentemente católico como o nosso é uma guerra perdida.

E há locais onde estão matando filhos de militantes sandinistas históricos. Então o governo foi perdendo apoio, foi perdendo as ruas. O consenso que havia se rompeu, e imaginar que possa ser reconstruído é impossível.

O que esta crise atual na Nicarágua ensina sobre o momento político na América Latina?

Que agora as ditaduras, os governos repressivos, estão deixando de ser viáveis. E projetos como a Alba [Aliança Bolivariana dos Povos das Américas] estão de saída. Na OEA, 21 países condenaram a violência de Ortega, conclamaram a antecipar as eleições e desmantelar os paramilitares. E apenas o governo da Venezuela e de uma ilha no Caribe [São Vicente e Granadinas] votaram contra. O delegado da Bolívia se levantou na hora de votar, El Salvador se absteve. Isso é um sinal de que a força da Alba não era ideológica nem política, mas vinha das doações de petróleo presenteado pela Venezuela. Uma vez que o petróleo desaparece, essa aliança se afrouxa.

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