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EAU reforça presença de mídia digital

IPS português - qui, 01/11/2018 - 11:22

ABU DHABI, 1 de novembro de 2018 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos (EAU) reforçaram sua presença no mundo da mídia digital, por meio de estratégias inovadoras que ajudaram a transmitir sua mensagem local e internacionalmente.

A mídia digital dos EAU está sendo apoiada por muitos altos funcionários. Vice-Presidente, Primeiro-Ministro e Governante do Dubai O xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum declarou em março de 2013 uma nova formação ministerial através do Twitter, já que ele pretende notificar cidadãos e residentes regularmente sobre os resultados das reuniões ministeriais que ele preside e destacar a importância de suas decisões e seu impacto em suas vidas.

Um estudo do National Media Council (NMC) intitulado “Confiança pública nos meios de comunicação dos EAU” revelou que o Facebook é a principal fonte de notícias para 22% do público dos Emirados, enquanto os jornais representam 12%, e o Twitter e os sites de notícias por cento de cada número de audiência.

Os Emirados Árabes Unidos são o principal país do mundo em termos de uso da Internet em relação à população total, com 99% de seus residentes usando a Internet, de acordo com um relatório recente publicado pelo site Husting Facts.

O mercado de publicidade dos Emirados Árabes Unidos destaca a presença considerável da mídia digital e seu impacto na opinião pública nacional, e uma nova pesquisa mostrou que 43% dos anunciantes dos Emirados gastaram até US $ 10.000 por campanha nas mídias sociais.

Uma pesquisa conduzida pela YouGov Omnibus para a BPG Cohn & Wolfe revelou que 94% dos profissionais de marketing locais nos Emirados Árabes Unidos acreditam que o marketing de influenciadores de mídia social é muito significativo para o sucesso de suas marcas.

As contas ativas nas redes sociais nos Emirados Árabes Unidos somam 19,3 milhões, de acordo com um relatório sobre o estado da comunicação social em 2018 que foi realizado pela Crowd Analysis, em parceria com a Hotspot.

O relatório também mostrou que as contas ativas de mídia social nos EAU estão distribuídas entre 8,5 milhões de usuários do Facebook, 3,5 milhões de usuários do LinkedIn, 3,3 milhões de usuários do Instagram, 2 milhões de usuários do Twitter e 2 milhões de usuários do Snapchat. Ele mostrou que o Facebook representa 44% das contas ativas nas mídias sociais, que são distribuídas entre 6,3 milhões de homens e 2,2 milhões de mulheres, enquanto o LinkedIn responde por 18,1% dos usuários de mídias sociais.

O relatório também revelou que o Instagram é responsável por 17% das contas de mídia social ativa, com 2,1 milhões de usuários do sexo masculino e 1,3 milhão de usuários do sexo feminino, o Twitter representa 10,3% das contas de mídia social ativa, com 1,3 milhão de homens e 700 mil mulheres para 10,3 por cento das contas ativas, com 825.000 homens e cerca de um milhão de mulheres. (#Envolverde)

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En las ciudades hay desafíos, pero también grandes oportunidades

IPS español - qui, 01/11/2018 - 10:18

Los alcaldes participantes en el encuentro Urban20, tras entregar sus conclusiones al presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien este año encabeza el G20, que a finales de noviembre realiza en Buenos Aires la cumbre anual de jefes de Estado y de gobierno de países industriales y emergentes. Crédito: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Nov 1 2018 (IPS)

Las ciudades tienden a concentrar cada vez más población, en desmedro de las áreas rurales, y enfrentan no solo desafíos sino también oportunidades múltiples. Su nueva agenda incluye desde cuestiones ambientales, la inclusión laboral, la igualdad de género, hasta la inclusión de las minorías y los migrantes.

El futuro de las ciudades fue debatido durante dos encuentros internacionales realizados en Buenos Aires entre el lunes 29 y el jueves 1 que reunieron, de manera separada, a alcaldes de 34 grandes urbes del mundo, en las que viven 1.500 millones de personas, y a más de 600 jóvenes urbanos de América Latina.

“La crisis del cambio climático es una oportunidad para transformar las ciudades en muchos aspectos”, dijo Mark Watts, director ejecutivo del C40, una red de 96 de las mayores ciudades del planeta, que pretenden asumir una posición de liderazgo en cuestiones ambientales y que lidera la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.“Ante los desafíos del cambio climático, se requiere de gobiernos locales que cambien el modelo de desarrollo y defiendan los intereses públicos por sobre los del sector inmobiliario”: Michael Pollmann.

“Un punto fundamental es la transición del auto privado al transporte público basado en vehículos eléctricos o a bicicletas. Pero también se debe repensar la planificación de los espacios en la ciudades”, afirmó Watts a IPS.

“Los bosques deben volver a las ciudades, porque necesitamos más plantas. Los edificios tienen que ser neutrales en emisiones de carbono. Y por supuesto, debemos transformar la forma en que consumimos y descartamos. Todo eso debemos hacerlo no en cincuenta años, sino en diez”, agregó.

Watts participó en el encuentro Urban20, una iniciativa lanzada en el marco del Grupo de los 20 (G20), de naciones industrializadas y emergentes, que durante 2018 preside Argentina y que a finales de noviembre tendrá su Cumbre de jefes de Estado en Buenos Aires.

El resultado concreto de Urban20 fue un comunicado entregado al presidente argentino, Mauricio Macri, en el que se llama a las naciones del G20 a abordar con perspectiva urbana los problemas globales, porque 68 por ciento de la población mundial vivirá en ciudades para 2050, según datos de este año de las Naciones Unidas.

También demandan desarrollar una serie de políticas públicas sobre el clima, trabajo, integración social, empoderamiento de las mujeres y acceso al financiamiento.

Lo firmaron los alcaldes de Amman, Beijing, Ciudad de México, Chicago, Hamburgo, Johannesburgo, Madrid, Montevideo, Quito, Río de Janeiro, Seúl y Yakarta, entre otras ciudades.

El primer punto del comunicado pide la implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático, suscrito por la comunidad internacional en 2015, “de manera completa y rápida”.

Solo así, indica, se cumplirá el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones contaminantes para 2050, para así cumplir la meta de limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales.

Durante el encuentro, muchos expositores coincidieron en que las ciudades son tal vez el primer frente de batalla contra el cambio climático, por la cantidad de personas afectadas.

Una de las deliberaciones del encuentro promovido por la organización Techo, que reunió en Buenos Aires a más de 600 jóvenes de América Latina, para discutir el futuro de las ciudades en la región, donde se trataron temas como cooperativismo, diversidad, género y ambiente. Crédito: Daniel Gutman/IPS

 

“En Hamburgo teníamos la costumbre de manejar nuestras lluvias a través de nuestro sistema de alcantarillado, pero ahora, con lluvias cada vez más fuertes, ya no podemos hacerlo”, explicó Michael Pollmann, secretario de Ambiente y Energía de esa importante ciudad alemana.

En diálogo con IPS, Pollman explicó cómo se tradujo el cambio: “Nuestra idea era siempre sacar las agua de lluvia lo más pronto posible de las zonas urbanizadas. Hoy tenemos que manejarnos a través espacios verdes aptos para que las aguas puedan almacenarse durante cierto tiempo”.

“Esto es difícil, porque en ciudades cada vez más densamente pobladas, los valores de los terrenos suben y entonces la presión para urbanizar áreas que deben mantenerse libres es cada vez más grande”, dijo.

A su juicio, “ante los desafíos del cambio climático, se requiere de gobiernos locales que cambien el modelo de desarrollo y defiendan los intereses públicos por sobre los del sector inmobiliario”.

La otra mirada sobre los desafíos de las ciudades lo puso el encuentro de “Jóvenes por el futuro de las ciudades de América Latina”, organizado por Techo, la organización presente en 19 países de la región y que trabaja a favor de quienes viven en asentamientos precarios.

Allí, bajo el lema de “Ciudades para todos”, se presentaron experiencias relacionadas con la migración, el género, la diversidad sexual, los medios de comunicación y, también las cuestiones ambientales.

Una de las participantes fue Mariana Matija, una colombiana que vive en Medellín y es la responsable del blog “Cualquier cosita es cariño”, a través del cual ha reunido una comunidad de más de 7.500 jóvenes que están en la búsqueda de un estilo de vida más respetuoso con el planeta.

“Hay cierta dosis de frustración en los jóvenes porque vemos que las generaciones mayores son las que toman decisiones y sus puntos de vistas son diferentes a los nuestros”, dijo Matija a IPS.

“Siento que los mayores han estado muy preocupados por los beneficios económicos de las cosas. Y los jóvenes creemos en cuestiones más profundas que el dinero”, agregó.

Con ella compartió un panel la argentina Melina Scioli, creadora del Club de Reparadores, que organiza talleres en distintas ciudades del país en los que se promueve no sólo alargar la vida útil de las cosas, para reducir la generación de los residuos, sino también reforzar los lazos de colaboración entre las personas.

“Me moviliza la transformación. De los objetos, de las personas o de las ciudades. Los jóvenes de hoy tienen una mirada muy crítica de la realidad y están muy comprometidos con la construcción de una ambiente más sano”, afirmó Scioli a IPS.

Durante el encuentro se presentó una encuesta realizada en seis naciones latinoamericanas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) y entre la comunidad latina de Estados Unidos, sobre los principales problemas que los aquejan en sus países.

Cuatro de cada 10 consultados pusieron el foco en “el ambiente y el cambio climático”, pero esa proporción se vio superada por la inquietud que generan “las políticas sociales, la inclusión y la pobreza”, que fue señalada por seis de cada 10.

En ese sentido, el viceministro de Vivienda de Costa Rica, Patricio Morera, de solo 33 años, dijo a IPS que uno de los temas críticos en América Latina es justamente el de la vivienda.

“Hay un enorme déficit de vivienda en nuestra región, que hoy tiene más que con lo cualitativo que con lo cuantitativo”, dijo Morera, quien no se mostró sorprendido por los datos que hizo público en octubre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante un foro realizado en Washington.

Según esos datos,  94 por ciento de los habitantes de América Latina y el Caribe no tienen buena calidad de vivienda, en la segunda región más urbana del planeta, donde más de 75 por ciento de la población vive en ciudades, que en 60 por ciento son jóvenes.

“Cuando se habla de calidad de vivienda, se habla de las paredes, del techo o del piso y de la conectividad urbana con servicios públicos. O sea: la infraestructura más las posibilidades que da una vivienda a una familia de integrarse a la ciudad”, precisó Morera a IPS.

“Es un tema crítico, porque podemos celebrar que no hay un gran déficit cuantitativo en nuestra región, pero el cualitativo priva a las personas de una buena calidad de vida, que es el propósito de la vivienda. La vivienda no es un fin en sí mismo, sino un medio que genera posibilidades de desarrollo”, agregó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Exército é acusado de matar inocentes em operações de segurança pública

Pública - qua, 31/10/2018 - 17:12

Controversa entre os próprios militares, a atuação das Forças Armadas em operações de segurança pública tem deixado um rastro ainda pouco perceptível, mas que tem aumentado à medida que ela se torna mais frequente: dezenas de brasileiros foram mortos por membros do Exército e da Marinha desde 2010.

Ao longo de seis meses a reportagem da Pública registrou casos através de entrevistas com familiares e advogados das vítimas, reportagens de imprensa e pedidos de Lei de Acesso à Informação aos Comandos do Exército e da Marinha – que responderam prontamente às demandas de informação.

O levantamento contabilizou pelo menos 32 mortes em que há fortes indícios de envolvimento de militares. Entre elas, 29 envolvem membros do Exército e três, membros da Marinha. Muitas mortes foram causadas em confronto com criminosos. Mas há alguns casos em que inocentes foram confundidos com criminosos ou atingidos em meio a tiroteios; e também há casos de mortes após uso excessivo da força pelos soldados.

A investigação procurou entender como as vítimas e familiares são tratados pelas Forças Armadas e pela Justiça – seja ela comum ou militar – após o ocorrido. Todos os que foram localizados relatam terem sido abandonados à própria sorte. Muitas das vítimas são cidadãos comuns, moradores de favela e trabalhadores.

Os sobreviventes e as famílias ficaram sem socorro, sem auxílio legal, financeiro ou psicológico. Até por isso, os casos não são de conhecimento público. O Ministério da Defesa e o Comando do Exército não fazem um acompanhamento sistemático das mortes causadas em operações de GLO. E os dados enviados pelo Comando do Exército à Pública são contraditórios ou incompletos. (veja aqui a tabela 1 e a tabela 2 enviados via LAI)

No levantamento foram descartados todos os casos em que os soldados participavam de operações conjuntas com a PM, mas em que há evidências que os tiros foram disparados pela força estadual. O próprio Comando Militar do Leste (CML) foi consultado, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), e apontou alguns desses casos.

Todas as mortes de civis, com exceção de uma, ocorreram na região metropolitana do Rio de Janeiro.

No mesmo período, houve cinco mortes de membros das Forças Armadas em GLOs – duas delas em acidentes.

Apontado como mentor intelectual da intervenção federal no Rio de Janeiro, cujo comando é militar, o general Sérgio Etchegoyen, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), demonstrou em 2017 ter clareza das consequências do empenho militar em tarefas de segurança. “Existem dois fatores críticos para o sucesso disso: a adesão da sociedade no Rio de Janeiro e a compreensão que a mídia terá do que será feito. Isso é fundamental porque vamos ter insucesso, vamos ter incidentes. Estamos numa guerra. Vai acontecer, é previsível que aconteçam coisas indesejáveis, inclusive injustiças. Mas ou a sociedade quer ou não quer”, afirmou durante uma palestra no Encontro Brasil de Ideias, em 1o agosto do ano passado.

Por outro lado, o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, demonstrou ser crítico do emprego das Forças Armadas na segurança pública. “Eu quero deixar bem claro que nós não gostamos de participar desse tipo de operação”, afirmou ele à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados em 5 de julho de 2017. “Então, reconheço como positivo o governo estar repensando esse tipo de emprego das Forças Armadas, porque ele é inócuo e, para nós, é constrangedor.”

O general ilustrou seu descontentamento com uma cena que presenciou em 2015, durante a ocupação do complexo de favelas da Maré. Era um dia de semana, ele acompanhava as tropas que passeavam numa rua cheia de mulheres e crianças. Segundo ele, cada soldado estava “muito atento, muito preocupado, muito crispado e armado”. “Falei: somos uma sociedade doente. O Exército está apontando armas para brasileiros. Isso é terrível.”

A Pública pediu uma entrevista ao comandante do Exército, mas a assessoria afirmou que ele não está dando entrevistas no momento.

Militares fazem operação na Rocinha durante a intervenção federal (Foto: : Noah Friedman-Rudovsky/ Agência Pública) Mortes

Após a fala contundente do general Villas Bôas na Câmara, o número de operações de GLO apenas aumentou. O governo Temer usou essas operações como nenhum governo anterior.

Excluindo-se eleições e visitas de mandatários estrangeiros, em 2010 houve uma operação de GLO; em 2011, 4; em 2012, 3, incluindo a segurança da Rio+20; em 2013, 1, para a Copa das Confederações; em 2014, 6, entre elas a segurança da Copa do Mundo em 12 cidades-sede; em 2015, 3; em 2016, 2, incluindo as Olimpíadas do Rio. Em 2017, foram 18. Três operações e mais 15 etapas da Operação Furação em diversos pontos do Rio de Janeiro, que seguem o Decreto de Garantia da Lei e da Ordem assinado por Michel Temer em 28 julho de 2017, ainda em vigor. Em 2018, com a intervenção federal, o número explodiu. Foram 43 operações até o final de setembro, segundo o Comando do Exército, ainda sob a permissão legal da GLO do ano passado.

A intervenção permitiu que o governo federal indicasse um interventor no Rio de Janeiro para comandar a Segurança Pública. Foi escolhido um militar, o general Walter Souza Braga Netto, que por sua vez escolheu como secretário de Segurança Pública outro militar, o general Richard Nunes. Porém, mesmo com a intervenção, o emprego das Forças Armadas em operações só é permitido através do decreto de GLOs, que tem vigência até dezembro deste ano.

Após o decreto de julho do ano passado, o general Villas Bôas voltou a alertar sobre o custo de usar os soldados como policiais. “A própria possibilidade de ocorrência de danos colaterais envolvendo civis inocentes deve ser avaliada atentamente pela sociedade. Vale ressaltar que o Exército é vocacionado para uma situação de conflito armado. A Força é equipada com armas e munições com alto grau de letalidade, alcance e capacidade de transfixação, e vem sendo empregada em áreas civis urbanas, densamente povoadas”, afirmou em entrevista ao Uol em outubro de 2017.

Entre as 32 mortes computadas pela reportagem, 12 ocorreram em um dos mais longos e catastróficos empregos de GLO, a ocupação da Maré, que durou de abril de 2014 a junho de 2015. Inicialmente, o plano era estabelecer uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na favela, cujo controle é dividido entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando. A ideia foi abandonada. A operação terminou com um soldado morto, o cabo Michel Augusto Mikami, de 21 anos, uma redução temporária no índice de homicídios e dezenas de trocas de tiros entre criminosos e as Forças Armadas.

“Gastamos R$ 400 milhões, e devo dizer que foi um dinheiro absolutamente desperdiçado”, disse o general Villas Bôas na mesma seção da Câmara dos Deputados. À época ministro da Defesa Celso Amorim partilha da mesma visão: “Militar não é policial, e, quando acaba, volta tudo de qualquer maneira. Para essa finalidade, acho que hoje eu não faria [a ocupação] na Maré”, disse em entrevista à Pública este ano.

A extensão do fiasco da chamada Operação São Francisco, no entanto, ainda não é plenamente conhecida pelas Forças Armadas. A contagem do Exército trata como “APOPS”, ou agentes perturbadores da ordem, aqueles que são mortos por membros da força durante operações de GLO. Questionado através de LAI, o Comando do Exército enviou um documento em que afirma terem havido oito APOPs na Maré.

Em meses de apuração, a Pública localizou pelo menos seis mortes com envolvimento do Exército naquela época que não têm registros no CML, segundo resposta enviada via LAI. Veja a lista completa.

OPERAÇÃO MORTOS
FORÇA DATA Operação Arcanjo 1 Exército  (26/12/2011) Operação São Francisco 12 Exército e Marinha (4/2014-6/2015) Operação Capixaba 1 Exército (11/2/2017) Operação Carioca 1 Marinha (15/2/2017) Operação de Reforço ao Arsenal de Guerra 2 Exército (28/11/2017) Chacina do Salgueiro 8 Exército (11/11/2017) Primeira morte da intervenção 1 Exército (12/5/2018) Operação Cidade de Deus e mais diversas favelas 1 Exército (7/6/2018) Mortos no Complexo do Alemão, Penha e Maré 5 Exército (20/8/2018)

 

É o caso de Raimunda Cláudia Rocha Silva, de 47 anos, que morreu dentro da sua casa no dia 4 de abril de 2015. Ao ouvir uma troca de tiros entre o Exército e criminosos, ela foi à janela alertar uma funcionária que trabalhava na sua loja de roupas, do outro lado da rua. “Eram 4h30, 5h da tarde, do nada começou um tiroteio, e a minha mãe foi falar com a menina da loja: ‘Camila, vai se esconder. Abaixa a porta’. E foi nesse exato instante, com receio da menina se machucar, que a minha mãe acabou tomando um tiro”, diz Fabíola Rocha Brito Reis.

“Minha mãe estava sem nada na mão, pra não falarem que estava com algo que parecia uma arma, não, minha mãe estava só a minha mãe, a cabecinha da minha mãe.” O tiro, vindo de uma rua lateral onde estavam os soldados do Exército, pegou na esquadria de alumínio. Um estilhaço acertou-a na cabeça. “Aí teve que esperar o tiro [acabar]. Todo mundo viu que houve um acidente, aí o Exército se recolheu e foi embora. Não prestaram socorro, não foram oferecer ajuda, simplesmente deram as costas e foram embora, e eles sabiam, sim, que um morador tinha sido baleado”, conta Fabíola. A morte foi noticiada pelos principais jornais, entre eles a Agência Brasil, do governo federal.

Porém, o CML afirmou que só ficou sabendo do caso três anos depois. “Não consta registro do envolvimento de tropas federais no caso em tela. Este Comando somente teve conhecimento do suposto fato, por intermédio de uma ação cível proposta pelas filhas da Sra. Raimunda, quase 03 (três) anos após o óbito, objetivando indenização da União”, escreveu para a reportagem.

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Há outros casos que não constam dos documentos enviados à Pública pelo Exército. Entre eles está a morte do adolescente Abraão da Silva Maximiano, de 15 anos, durante a Operação Arcanjo, em 26 de dezembro de 2011, que gerou revolta no Complexo do Alemão durante a ocupação que precedeu a instalação da UPP. Na época, a família disse que o menino estava em uma praça quando foi atingido e que foi ameaçada por protestar.

O Comando do Exército não registra também nos seus relatórios a morte do jovem Matheus Martins da Silva, de 17 anos, morto com um tiro na cabeça no município de Cariacica, no Espírito Santo, durante a Operação Capixaba, em 11 de fevereiro de 2017, embora o caso seja notório e tenha sido investigado pela Polícia Civil e pelo próprio Exército.

Procurado pela reportagem, o Exército afirmou que “o acompanhamento sistemático é feito por meio de IP (Inquérito Policial) ou por IPM (Inquérito Policial Militar), conforme o caso, e os dados são consolidados pelo Ministério Público Militar (MPM)”. Mas o MPM registra apenas os casos que foram efetivamente investigados. Foram 9 mortes, segundo o MPM, e um total de 8 procedimentos abertos. Cinco foram arquivados por “reconhecimento de legítima defesa”. Três casos continuam sob investigação.

Em resposta aos pedidos de informação pela reportagem, o Comando do Exército lembrou que “no caso de emprego de tropa federal em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, o uso da força é progressivo e regulado por Regras de Engajamento definidas, entre outros princípios, pelo da proporcionalidade”.

As regras de engajamento para operações de GLO estabelecem que o uso da força seja “escalonado”, “gradual” ou “gradiente”. Ou seja, o soldado, assim como o policial, deve sempre usar a menor força possível para alcançar o objetivo pretendido. O primeiro passo é a ordem verbal, depois o uso da força física sem emprego de armas, disparos de advertência com balas de borracha e, em último caso, o uso de arma de fogo.

Quando há uma morte, conforme informou o CML à Pública, os casos deveriam sempre ser investigados através de um Inquérito Policial Militar (IPM). “Haverá instauração de IPM se na Operação de GLO que o Exército participar a conduta de um de seus integrantes der causa a eventual óbito, tendo em vista que atualmente a Força Terrestre atua com agentes da Polícia Civil e militares da Polícia Militar, em apoio aos órgãos de Segurança Pública na Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro”. Os IPMs são sigilosos, inquisitórios e preparatórios e sempre presididos por uma autoridade militar.

“O inquérito consiste em uma peça preparatória, informativa, constituído de um conjunto de diligências investigatórias com intuito de apurar ocorrência, cujo aspecto criminal seja de competência da Justiça Militar da União, com o objetivo de fornecer elementos de informação para que o Ministério Público Militar, titular da ação, possa requerer o arquivamento, novas demandas ou formular a denúncia”, completou o CML.

Mas não é sempre o caso. Fabíola passou mais de três anos sem saber a quem recorrer, após ter sido ouvida pela Polícia Civil no caso da sua mãe e não ter nenhuma informação desde então. Há alguns meses, foi encaminhada para um advogado especialista em ações cíveis. Por isso, apenas agora o Exército diz tomar conhecimento do caso, embora ele tenha sido registrado na imprensa à época.

Se era difícil aos familiares obter justiça contra militares, especialistas temem que ficará ainda mais difícil com a Lei 13.491/2017, aprovada em outubro passado, que transferiu para a Justiça Militar o julgamento de casos em que militares cometem crimes contra civis nas operações de GLO – antes, os poucos casos que iam adiante eram tratados pela Justiça Federal. A lei procura dar respaldo aos militares em meio à explosão de operações durante o governo Temer.

Membro do Exército durante intervenção no Rio de Janeiro. (Foto: : Noah Friedman-Rudovsky/ Agência Pública) Mudança de tática para a intervenção

Alguns dos membros-chave do Exército durante a ocupação da Maré foram escalados para a intervenção. Richard Fernandez Nunes, que comandou a Força de Pacificação na Maré entre dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, é hoje secretário do Rio de Janeiro, indicado diretamente pelo interventor, o general Walter Souza Braga Netto. Seu braço-direito até junho deste ano era o general Mauro Sinott Lopes, que foi o segundo comandante da Força de Pacificação na Maré, entre maio e agosto de 2014. Sinott coordenou o Grupo de Trabalho para elaborar o plano da intervenção federal.

No entanto, a estratégia de emprego dos militares na intervenção não é uma repetição da operação na Maré. Os membros do Exército fazem majoritariamente tarefas de cerco afastado, bloqueio e revista, enquanto policiais militares e civis entram nas comunidades.

“A ordem é não entrar em favela”, diz a especialista em segurança pública e coordenadora do Observatório da Intervenção, Sílvia Ramos. “Aqui ainda não está acontecendo o que aconteceu no México ou o que aconteceu na Colômbia, aquela ideia de que entram as Forçadas Armadas [no combate ao crime] e piora a violência.” No entanto, ela lembra que, ao mesmo tempo, o número de mortes por policiais aumentou este ano e deve bater o recorde da série histórica. Entre fevereiro e setembro, o aumento foi de 42% em relação ao ano passado. Mais de mil pessoas foram mortas pela polícia fluminense. “A presença das tropas no Rio deveria estar contribuindo – não contribuíram, pelos números –, mas deveria estar contribuindo para conter a matança.”

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Há dois casos recentes que fogem da regra de não emprego do Exército dentro do terreno. Uma operação até agora nebulosa no morro do Salgueiro, em São Gonçalo, em novembro do ano passado, que acabou em uma chacina com oito mortos, hoje sob investigação do Ministério Público Militar e do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro; e uma megaoperação nos complexos da Penha, do Alemão e da Maré, no dia 20 de agosto, que acabou com cinco civis – apontados como membros do crime organizado – e três militares mortos. Participaram 4,2 mil militares e 70 policiais civis, 20 blindados e três aeronaves.

Má reputação

O uso prolongado das Forças Armadas, sem a resolução dos índices de criminalidade, pode atingir a reputação das próprias Forças Armadas, dizem especialistas. Pesquisa do Datafolha em julho deste ano indicou as Forças Armadas como a instituição em que os brasileiros mais confiam: 37% dizem confiar muito, e 41%, pouco. Porém, para quem conviveu de perto com os militares em um período prolongado, a percepção é outra.

Um relatório produzido pela ONG Redes da Maré em parceria com a Universidade Queen Mary, publicado este ano, demonstrou que os moradores da Maré não veem a ocupação com bons olhos. Para 69,2%, a presença dos militares não aumentou a sensação de segurança. O grau de aprovação da atuação do Exército também foi baixo: 4% avaliaram como ótima e menos de 20% como boa. Do outro lado, 13,9% avaliaram como péssima e 11,9% como ruim. O restante – a resposta mais frequente – avaliou como regular. Indagados se consideraram a ocupação positiva, menos da metade – 47,2% – concordou total ou parcialmente com a afirmação.

“Uma vez que o Exército vai para o território e não soluciona o problema da violência, a população começa a vê-lo como mais do mesmo. Isso foi constatado por muita gente que mora na Maré. As pessoas viam o Exército como uma esperança. E é uma das impressões que a gente tá tendo com relação à intervenção no Rio de Janeiro”.”, diz Thales Arcoverde Treiger, defensor público da União no Rio de Janeiro que acompanha casos de violação de direitos humanos.

Órfã de mãe, Fabíola Rocha Reis se diz profundamente decepcionada com os militares. “Eu achava o Exército muito mais sério, porque você vê ‘as Forças Armadas que saem para proteger o Brasil contra as guerras’, você imagina, né?, uma força, ponderada, uns rapazes com uma postura, uma seriedade, um trabalho bem-feito. Não é nada disso”, diz a jovem, que garante que não espera vingança, apenas uma atitude do Exército.

“Por mim eu não cobraria assim: “Quem matou Raimunda Cláudia?”. Eu queria, sim, “o que faremos pra que não morra mais uma Raimunda Claudia?”.

Ao longo dos próximos dias a Pública vai trazer essas histórias, elucidando como funcionam hoje os Inquéritos Policiais Militares, como os casos são tratados na Justiça Militar e como os familiares das vítimas lutam por justiça.

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O Exército matou minha mãe e sumiu

Pública - qua, 31/10/2018 - 17:10

Dona Raimunda Cláudia ouviu a barulheira e correu para a janela da sua casa. Teve tempo de chamar a Camila, que deveria estar atendendo na loja de roupas, do outro lado da rua.

– Camila, você está onde?

– Sai daí!

Só deu tempo disso. Camila, ao escutar o tiroteio, já estava agachada dentro do banheiro da loja Cláudia Modas, mas pela porta entreaberta viu o rosto da patroa que a chamava, no segundo andar da casa em frente. Viu quando ela caiu com o tiro. Acertou do lado direito, na têmpora. Eram cerca de 17 horas do dia 14 de abril de 2015. Ocorreu no número 147 da rua 2, Vila do João. Raimunda Cláudia morreu dentro de casa.

A notícia saiu em todos os jornais: moradora do Complexo da Maré morre em tiroteio em local onde tropas do Exército faziam patrulha.

Entre abril de 2014 e junho de 2015, as Forças Armadas ocuparam o Complexo da Maré, um conjunto de favelas onde moram cerca de 150 mil pessoas, em ação da política de “pacificação” do governo do Rio de Janeiro. A ideia era instalar uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na Maré – o que não se concretizou.

Testemunhas

No depoimento que prestou à Polícia Civil, a vendedora Camila Santos Sales relata que, após dona Raimunda Cláudia ter sido atingida, o tiroteio cessou. Tanto o Exército quando os traficantes foram embora. E declara que, pelo posicionamento entre os soldados do Exército e os traficantes, “o disparo partiu da direção do Exército”. “A declarante acredita nisso porque o Exército se encontrava passando pela rua principal da Vila do João, chamada de Rua 14, quando se depararam com traficantes de drogas na esquina da Rua 2, paralela com a rua principal”, registra o documento da Polícia Civil ao qual a Pública teve acesso.

“O tiro veio e matou minha mãe de imediato, que foi na têmpora que acertou”, lembra Fabíola Rocha Reis, de 27 anos, filha da Raimunda. Ela estava no trabalho quando recebeu uma ligação: sua mãe sofrera um acidente. “Não quiseram me dar a notícia de primeira, e quem estava em casa era minha irmã, que na época tinha 11 anos. Minha irmã viu minha mãe caída, com aquele sangue todo, e pediu socorro. Aí subiram e viram que a minha mãe já estava morta. Não teve nem como ter um primeiro socorro.”

Fabíola chegou na casa, lotada de vizinhos, para tomar as providências. Ouviu de todos a mesma coisa: o tiro deve ter vindo do Exército. Chamou a Polícia Civil, entregou a irmã menor ao pai, acompanhou a perícia no local, que só foi feita às dez da noite. Demorou a desabar. Jamais foi procurada pelo Exército. “Ninguém me procurou. E na época eu tinha 25 anos. Ninguém sabe se a gente tinha renda, se a gente tinha casa, se quem sustentava a casa era minha mãe. Ninguém procurou a gente pra saber de nada. Se a minha irmã precisava de um psicólogo. Se a minha irmã precisava de alguma ajuda de comida, de casa.”

Segundo notícias da época, a Polícia Civil estava investigando o caso e iria ouvir os militares. No mesmo dia, o comando da ocupação emitiu uma nota em que admitia que houve confronto nessa data, mas negava envolvimento na morte. O texto da assessoria da Força de Pacificação citado por diversos jornais afirmava que os militares estavam em patrulhamento, próximo à travessa 13, quando foram atacados por suspeitos com disparos de fuzil e pistola e revidaram. Depois do confronto, os soldados foram alertados por moradores de que Cláudia teria sido baleada. A vítima estaria “numa posição afastada e à retaguarda da tropa, quando foi atingida”. “A Força de Pacificação tem priorizado, em todas as situações, a segurança da população”, dizia a nota.

Acontece que, segundo a perícia da Polícia Civil, o tiro partiu justamente da rua 14, próximo à esquina com a rua 2 e paralela à travessa 13. A bala percorreu 96 metros e subiu mais de 7 até chegar à janela da dona Raimunda. O que a atingiu era já um estilhaço.

“A bala não pegou no vidro, ela pegou numa haste de alumínio e ficou a marca da entrada da bala, então você vê nitidamente que foi do lado em que estava o Exército. Porque o Exército estava dum lado da rua e o bandido estava na outra ponta”, lembra Fabíola.

laudo foi concluído apenas em 10 de outubro de 2016, quase um ano e meio depois do fato. Quanto ao Exército, não registrou sequer o ocorrido. Procurado pela reportagem, o Comando Militar do Leste, responsável pelas operações de Garantia da Lei e da Ordem no Rio de Janeiro, afirmou: “Não consta registro do envolvimento de tropas federais no caso em tela. Este Comando somente teve conhecimento do suposto fato, por intermédio de uma ação cível proposta pelas filhas da Sra. Raimunda, quase 03 (três) anos após o óbito, objetivando indenização da União”.

O

Nesse meio-tempo, Fabíola teve que assumir a guarda da irmã e largar o trabalho para cuidar dela. “É como se eu tivesse ganhado um filho da noite pro dia. Eu assumi a responsabilidade. Crio minha irmã desde o ocorrido, pago casa, colégio. Eu que trabalho.” Não teve nenhum apoio do Estado. E continua sem ter informações sobre a investigação, que corre na Delegacia de Homicídios da capital fluminense. “Eu já fui atrás, já liguei, só que eles falam que não tem resposta, que ainda está na investigação. Já tem três anos e meio que minha mãe faleceu”, diz.

Como em outros casos envolvendo homicídios praticados por militares apurados pela Pública, o inquérito estancou. Procurada pela reportagem, a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil informou apenas que “as investigações estão em andamento”.

“Você fica meio desacreditada”, diz Fabíola.

Descrente do processo penal, ela recebeu a indicação de um conhecido advogado da área cível, João Tancredo, que atua em casos de flagrantes violações de direitos humanos no Rio de Janeiro, incluindo os casos de Amarildo e Marielle Franco. E apenas no começo deste ano a família viu alguns avanços em busca de esclarecer o caso – e buscar reparação.

Nem João Tancredo nem Camila buscam a punição do soldado que atirou em Raimunda Cláudia. “O que nos interessa na justiça criminal é a documentação que gerou o caso: o que aconteceu”, diz João Tancredo, que representa as filhas de dona Raimunda num processo cível contra a União.

Ele explica que, quando a justiça criminal não anda, um processo na Justiça civil funciona até mesmo para trazer à tona mais detalhes do ocorrido, já que se podem arrolar testemunhas e pedir a produção de outras provas. “De porte da documentação mostrando o que aparentemente aconteceu, a gente faz a ação indenizatória.”

Além da reparação por dano moral e material, o advogado defende que a punição cível deve ser “exemplar” para desencorajar novas mortes como essa, cometidas por agentes do Estado. No caso de dona Raimunda, o escritório pede uma indenização de mais de R$ 900 mil para as filhas.

De sua parte, a União é defendida pela Advocacia-Geral da União (AGU), cuja principal tese é que o tiroteio que vitimou dona Raimunda não teve participação dos militares. “Restou constatado que naquele dia ocorreram vários confrontos contra integrantes das facções criminosas em vários pontos do Complexo da Maré, sendo impossível afirmar que o disparo que atingiu o autor se deu no suposto confronto relatado pelo Requerente, ou de um caso isolado, sem a atuação da Força de Pacificação”, diz a AGU na contestação da ação.

Em resposta, a defesa defende a tese de que, mesmo que não se comprove que o tiro saiu da arma do Exército, o tiroteio com a participação das Forças Armadas no local colocou em risco a vida da população. A AGU contesta. Uma primeira audiência foi marcada para 22 de novembro. Será a primeira vez que três testemunhas, além das filhas, serão ouvidas pela Justiça brasileira.

Fabíola tem o que dizer. Antes da ocupação da Maré, ela, que se tornou chefe de família por conta de uma ação do Exército, tinha respeito pelas Forças Armadas. Agora, considera-as “despreparadas”. “São garotos de 18 a 24 anos, então são pessoas que se alistaram agora, que não tiveram um curso de tiro. São pessoas que não tiveram um preparo, não tiveram um conhecimento.” “Se você pegar o nosso Exército aqui e mandar lá para uma guerra da Síria, do Afeganistão, morre todo mundo. Acho que no primeiro dia.”

No começo do ano, quando veio o Decreto da Intervenção Federal, conta, sua primeira reação foi mudar-se da Maré. Desde pequena, e até hoje, ela tem muito medo de levar um tiro. “Deve doer muito”, diz.

Hoje longe da Maré, ela diz que quer evitar que morram outras Raimundas Cláudias.

“A desfeita foi enorme contra a gente. Foi como se fosse um ratinho de laboratório que morreu. ‘Ah, morreu um rato, vamos pegar outro rato ali e vamos ver o que acontece…’ Eles não viram que foi um erro, no que poderia ter sido feito pra mudar, quais as melhorias, nada. Simplesmente foi só mais um”, diz.

Foto de Raimunda Cláudia com a família, constante no processo indenizatório.

A história de Raimunda Cláudia faz parte de 32 mortes causadas por militares em operações de segurança púbica desde 2010. Saiba mais aqui.

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Os soldados não têm o direito de atirar no meu neto

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Os soldados não têm o direito de atirar no meu neto

Pública - qua, 31/10/2018 - 17:10

Diego Augusto Roger Ferreira ia fazer um favor para o irmão de criação naquela noite de sábado, 12 de maio. Chegou a ir até o posto de gasolina numa moto emprestada para comprar óleo de motor para o carro do irmão. A manhã seguinte era Dia das Mães e algumas vizinhas iam usar o carro para entregar cestas de presente. Ele já voltara do trabalho na Uruguaiana, onde era camelô, cortara o cabelo e dera o presentinho adiantado para sua vó, dona Vera, que o criou desde bebê. Diego tinha 25 anos.

O posto fica na esquina da rua Salustiano Silva com a avenida Duque de Caxias, na entrada da Vila Militar, em Deodoro, Rio de Janeiro, onde fica a 1ª Divisão do Exército. Todos os dias, a qualquer hora, há pelo menos dois jipes do Exército guardados por soldados portando armas pesadas, como fuzis, para proteger a entrada da área militar. Em muitas noites, fazem bloqueio e abordagens de carros e motos. Fora isso, Magalhães Bastos é um lugar que tem casas simples e respira tranquilidade.

Diego estava acostumado com os soldados; morava ali, a exatos 700 metros do bloqueio, desde que a avó o adotara, com 9 meses de idade. Estava tão à vontade que saiu de casa sem capacete e de chinelo para dar uma volta no quarteirão. E não voltou.

Na patrulha daquela noite, às 20h20, estava o soldado Vinícius de Almeida Castro, do 15o Regimento de Cavalaria Mecanizado, cuja residência fica longe dali, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Aos 21, contava dois anos de Exército. Exceto por uma suspensão por dirigir em alta velocidade no começo do ano, nunca teve nenhum problema disciplinar dentro da força. Recebeu sempre o registro de “bom comportamento” na sua ficha militar. Em 2017 e 2018, participou de duas operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), no Espírito Santo e no Rio de Janeiro.

Mas, naquela noite, Vinícius matou Diego. O homicídio foi chamado por todos os jornais de “primeira morte provocada por militar durante a intervenção”. Revoltados, em protesto, alguns moradores de Magalhães Bastos atearam fogo a um ônibus.

Não há controvérsia, segundo o Inquérito Policial Militar (IPM) ao qual a Pública teve acesso, de que Diego passava pela rua Salustiano Silva, uma subida, e foi alvejado por Vinícius com uma pistola, caindo, já quase sem vida, em frente à paróquia São José, abaixo da via expressa Transolímpica. O tiro entrou na parte superior do tórax esquerdo e se alojou na região lombar. Morreu antes de ser atendido pelo Samu, que demorou cerca de dez minutos para chegar.

Mas a conclusão do IPM, essa sim, é questionada pela família do garoto e, agora, pela Defensoria Pública da União (DPU). A narrativa é que Diego tentou atropelar dois soldados, e um deles atirou em autodefesa, o que constitui uma situação em que existe o “excludente de ilicitude”. O autor do disparo, portanto, não teria cometido nenhum crime. O IPM foi enviado para o Ministério Público Militar, que arquivou a ação por não ver crime a ser investigado.

“Eu acredito que o IPM não reflete o que aconteceu de fato”, diz o defensor público Thales Arcoverde Treiger, autor da ação cível que busca responsabilizar a União pela morte de Diego. “Eu acredito que houve excesso. Não houve motivo pra dar o tiro, e, se houve o motivo, houve um excesso que é flagrante. Por que não um tiro no pneu, por que não um tiro na perna?”

Aos 68 anos, Vera Lúcia Roger Marcelino, a avó de Diego, não se conforma. “Aqui é tranquilo, mas os militares não têm essa ordem de estar atirando em ninguém, não”, diz. “Meu neto não era vagabundo, não. Eles podiam mandar ele parar. Vai que de repente ele não escutou, não sei como foi a situação. Mas mesmo assim eles não têm esse direito de balear ninguém, não. Têm não. Não têm. Não tem”, repete. O avô, seu José, emenda um lamento: “O garoto ajudava a gente, mesmo ele camelô era um garoto trabalhador, tanto que quando foi o velório lá foi milhares de gentes, todo mundo aqui da área ficou sentido. Eu não entendo como pode”.

Vera Lúcia Roger Marcelino (foto Noah Friedman-Rudovsky – Agência Pública) Uma missão, uma versão

O IPM foi instaurado no dia 16 de maio de 2018, sob o comando de um  capitão do mesmo 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Vinícius foi ouvido no dia 29 de maio. Contou que estava realizando abordagens a motoqueiros sem capacete e veículos suspeitos “devido a constantes xingamentos dirigidos aos militares da patrulha”.

“De repente veio um motoqueiro suspeito, foi dada a ordem de parada, ele acelerou a moto em  direção ao soldado Mariotini, em seguida o soldado Mariotini conseguiu desviar, e veio em minha direção, dei ordem para ele parar, ele recusou e acelerou a moto em minha direção, em seguida saquei a pistola efetuei o carregamento, apontei para ele e disse mais uma vez para ele parar, eu olhei no rosto dele, ele estava rindo, percebi que ele não ia parar, então apontei a arma e realizei o disparo, pensei que ele iria me atropelar porque a moto estava em minha direção, quando olhei para trás ele continuou na moto e depois caiu”, diz o depoimento. O soldado afirma que “tirou a perna” e por isso não foi atropelado. E diz que Diego era suspeito porque “ele estava sem capacete e mau estado da moto, e a velocidade”.

Além do depoimento dele, o IPM traz os de mais cinco militares que faziam o bloqueio e quatro civis que trabalham em estabelecimentos naquela rua. Todos os militares replicam a versão da tentativa de atropelamento dos dois soldados. Nenhum civil ouvido diz ter presenciado o momento do tiro. Os familiares de Diego não foram ouvidos.

Imagem de Diego no Posto de Gasolina constante no IPM

O comandante do destacamento, tenente Jeferson Cavalheiro Saenger, que afirma não ter visto o que ocorreu, detalha o estado de nervosismo do soldado, cuja função naquele dia era servir de seu motorista. “Fui em direção ao soldado Vinícius Castro e o interpelei sobre ele ter efetuado o disparo contra o motociclista, e este respondeu que sim, então pude perceber que o soldado Vinícius Castro estava muito nervoso, trêmulo, então decidi retirar a pistola do militar, ordenar que o mesmo retirasse o colete até a chegada da perícia”, diz. Ele encerra o seu depoimento reiterando que o local é perigoso: “Declaro que após o disparo e queda do motociclista, os populares ameaçaram os militares presentes dizendo estar gravando nossos rostos, evidenciando mais uma vez que o local é perigoso”.

O IPM traz ainda a ficha criminal de Diego, mostrando que no passado ele foi acusado de furto.

Para a DPU, o inquérito não busca elucidar, de fato, o que aconteceu naquela noite. “A perícia deve ser feita por organismos independentes. E a perícia nesse caso é feita por militares”, diz Thales Treiger. “O inquérito é completamente estéril nesse aspecto. Ninguém viu, os civis não viram. É a versão dos militares.”

Ele enumera alguns problemas na apuração. Além das poucas testemunhas ouvidas, não existe um estudo da angulação da bala que avalie se onde ela entrou é compatível com o local em que Diego caiu.

“Não tem um militar ferido. Isso que eu estranho. E é muito pouco verossímil que o Diego, que estava de chinelo, sem capacete, fosse projetar a moto em cima de três militares fortemente armados”, avalia.

“Possivelmente houve até um pânico desse soldado”, diz Thales. “O soldado se vê como um alvo também. Então ele reage desproporcionalmente a qualquer possibilidade de ameaça. O agente de segurança acha que está agindo em legítima defesa e aí age desproporcionalmente.”

A família

“Eu sinto tanta falta dele”, diz, sentada na varanda de sua casa, nos fundos de um corredor, a avó Vera Lúcia, de 68 anos. Vera foi casada com um militar e não guarda ódio da força. Mas tem certeza de que as coisas poderiam ser diferentes. “O menino já tava vindo embora, em direção a casa. Aí o soldado atirou. Acho que de repente pediu pra ele parar, e lá é muito barulho. E ele nem entrou [na vila], porque eles não podem fazer isso. A vila é pra lá, ele tava vindo pra cá, direção pra casa, e o soldado veio atrás e baleou ele. Eu passei muito mal, minha filha, não cheguei nem a ir lá em cima”, diz ela, que sofre de hipertensão.

Seu marido, José, de 71 anos, acredita que houve despreparo dos militares. “A gente, conversando com o advogado, ele falou que a pessoa tem que abordar, conduzir ao distrito e de lá tomar as providências cabíveis”, diz. “Não pode chegar e fazer um papel desse. Tirou um pedaço da gente, minha jovem.”

Dona Vera não foi procurada nem ouvida pelos militares – uma violação à determinação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2017, de que vítimas ou seus familiares devem participar de maneira efetiva e formal de investigações criminais.

Seu único contato com as autoridades foi quando procurada pela DPU. A ação, que será impetrada pela DPU na próxima semana, exige reparação da União para a família, no valor de R$ 300 mil para cada familiar, uma vez que Diego ajudava em casa com sua renda.

Seu José não quer a condenação criminal do soldado. Mas quer justiça.

“Que sirva de exemplo para os militares. Perdeu uma vida que a gente não pode ter de volta. A única coisa agora é a gente se conformar com dores no coração”, diz seu José.

Procurado pela reportagem, o Comando Militar do Leste reafirmou que a morte “não ocorreu em operação de GLO” e reitera que a culpa é do próprio Diego.

“Diferentemente do indagado, o agente perturbador da ordem pública não foi morto por furar o bloqueio do Exército, mas por ter lançado a motocicleta que o conduzia, ameaçadoramente em direção dos militares que estavam em um posto de bloqueio e controle de vias urbanas”.

A história de Diego faz parte de 32 mortes causadas por militares em operações de segurança pública desde 2010. Saiba mais aqui.

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O Exército matou minha mãe e sumiu

Atualização em 1/11 às 17:35: Em vez de 15º Regimento de Cavalaria Motorizada, o correto é 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado. O nome foi corrigido. 

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Instituto de formação profissional financiado pelos EAU abre na Guiné

IPS português - qua, 31/10/2018 - 16:50

CONAKRY, 31 de outubro de 2018 (WAM) – Ahmed Nasser Abdul Rahim Al-Khaja, Embaixador dos Emirados Árabes Unidos (EAU) na República da Guiné, participou da abertura de um instituto de formação profissional na região de Boke, na Guiné.

O projeto é financiado pelos Emirados Árabes Unidos através do Fundo de Abu Dhabi para o Desenvolvimento. A abertura contou também com a presença de Ibrahim Kasuri Fofana, primeiro-ministro da República da Guiné, e de vários ministros.

Em seu discurso, Fofana agradeceu aos Emirados Árabes Unidos pelo financiamento de projetos de desenvolvimento em seu país. “O instituto é especializado em eletricidade, carpintaria, soldagem e mecânica e contribuirá para o desenvolvimento de habilidades da juventude guineense, que é prioridade do governo”, disse ele.

Ele também agradeceu ao Embaixador dos Emirados Árabes Unidos por participar do evento e à cooperação contínua com o governo guineense, além de melhorar os laços entre os dois países em todos os campos. (#Envolverde)

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FANR discute progresso na usina nuclear de Barakah

IPS português - qua, 31/10/2018 - 16:45

ABU DHABI, 31 de outubro de 2018 (WAM) – O Conselho de Administração da Autoridade Federal para Regulamentação Nuclear (FANR) dos Emirados Árabes Unidos (EAU) convocou sua quinta reunião no local da Usina Nuclear de Barakah, onde revisou o progresso da suas atividades operacionais e discutiu uma série de iniciativas planejadas durante este ano.

Durante a reunião, a Diretoria ficou sabendo das últimas atualizações da revisão permanente da FANR do Pedido de Licença de Operação para as Unidades 1 e 2 na Usina Nuclear de Barakah em Al Dhafra, bem como todas as atividades de inspeção relevantes para garantir a implementação da segurança e proteção da FANR, requisitos de salvaguardas. Rever a Solicitação de Licença de Operação da Usina Nuclear de Barakah é uma das principais prioridades da Diretoria da FANR para garantir que ela atenda a todos os requisitos regulatórios.

O Conselho Administrativo analisou o resultado da missão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) Fase 3 Revisão Integrada de Infraestrutura Nuclear (INIR), onde visitaram os EAU entre junho e julho de 2018. O objetivo da missão era ajudar os EAU fornecendo uma revisão da infraestrutura global de energia nuclear da nação. A equipe concentrou-se nas condições exigidas para atingir o Milestone 3, avaliando 19 questões de infraestrutura, conforme delineado na abordagem “Milestones” da AIEA, uma metodologia abrangente que orienta países e organizações a trabalhar de forma sistemática para a introdução de energia nuclear pacífica.

Aspectos específicos da infraestrutura de energia nuclear dos Emirados Árabes Unidos avaliados pela missão da AIEA incluem: planejamento de emergência e preparação; desenvolvimento de Recursos Humanos; marcos regulatórios e legais; segurança nuclear e proteção contra radiações; segurança física e cibernética; ciclo do combustível nuclear e gestão de resíduos; proteção ambiental; práticas de financiamento e aquisição; e salvaguardas implementadas como parte do programa nuclear dos EAU. Os Emirados Árabes Unidos são o primeiro país a implementar e atingir o Marco 3 da abordagem “Marcos Principais” da AIEA para o desenvolvimento de infraestrutura de energia nuclear.

Além disso, a Diretoria discutiu a Estratégia de Inovação da FANR, na qual a autoridade visa desenvolver e descobrir soluções inovadoras para contribuir com sua visão para ser reconhecida mundialmente como um importante regulador nuclear. A estratégia da FANR está alinhada com a Visão do Governo dos EAU 2021 sobre Inovação, onde se concentra em Emirados inovadores construindo uma economia competitiva. A estratégia consiste em três áreas de foco estratégicas: segurança, proteção e salvaguardas. (#Envolverde)

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El bosque mexicano, víctima y solución ante cambio climático

IPS español - qua, 31/10/2018 - 14:36

El bosque de la Sierra Juárez, en el estado de Oaxaca, en el sur de México, es vulnerable a las consecuencias del cambio climático, pero al mismo tiempo puede contribuir a su combate. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
IXTLÁN DE JUÁREZ, México, Oct 31 2018 (IPS)

“Sueño con un bosque sano, sustentable, bien aprovechado”, cuenta Rogelio Ruíz, un silvicultor del sur de México, quien insiste en que “tenemos que limpiarlo bien, aprovechar la madera y reforestar”.

Esas actividades son fundamentales para el ecosistema, especialmente para adaptarse a los impactos notorios del cambio climático, consideró a IPS este presidente del Comisariado de Bienes Comunales de La Trinidad, en el municipio de Ixtlán de Juárez, en el estado de Oaxaca, a unos 840 kilómetros al sur de Ciudad de México.

Los hábitats forestales son, precisamente, uno de los mejores mecanismos naturales para mitigar las alteraciones climáticas, pero al mismo tiempo enfrentan sus secuelas, como aumento de la temperatura, variaciones en los regímenes pluviales y la aparición de plagas.

Sabe bien de ello la ecorregión donde se yergue La Trinidad, conocida como la Sierra Juárez, que enfrenta desde 2017 un brote de mosca sierra o defoliadora, que carcome las hojas del pino, la especie más común en esta zona del centro de Oaxaca. Organizaciones locales estiman que unas 10.000 hectáreas están expuestas al insecto.

Ruíz detalló que han sido perjudicadas 106 de las 805 hectáreas de su comunidad, un sistema mexicano tradicional de gobierno para las tierras colectivas e instransferibles, de explotación compartida por los llamados comuneros, que se diferencia del ejido porque en este los terrenos pueden venderse.

En septiembre “aplicamos fumigación aérea” de un bioplaguicida y ahora “utilizaremos bombas manuales”, detalló el dirigente comunero, uno de los asistentes a la celebración en Ixtlán este mes de los 35 años de lucha contra las concesiones forestales privadas que dominaban entonces y que sembró la silvicultura comunal.

La Trinidad, integrado por 291 comuneros, tiene permiso para extraer anualmente 5.000 metros cúbicos de madera a partir de un plan de manejo de ocho años, vigente desde 2014.

Esos emprendimientos ejemplifican el desarrollo de la silvicultura comunitaria mexicana, considerada un modelo global, por su éxito para generar beneficios sociales, económicos y ambientales.

En 2016, México, el segundo país más extenso de América Latina, con 1,96 millones de kilómetros cuadrados (196 millones de hectáreas), poseía 20,3 millones de hectáreas de bosque templado, 850.000 de bosque mesófilo de montaña, 50,2 millones de matorrales, 7,9 millones de pastizales, 11,5 millones de selvas y 1,4 millones de vegetación, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Un camión descarga troncos de pino en el aserradero de la comunidad forestal de Ixtlán de Juárez, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, que como otros grupos locales en la Sierra Juárez, tiene un manejo sostenible de sus bienes comunales, incluidos los maderables. Crédito: Emilio Godoy/IPS

El no gubernamental Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible enlista unas 4.886 comunidades y ejidos forestales, de los cuales unos 2.100 explotan comercialmente el recurso.

Pero solo siete millones de hectáreas, en manos de unas 600 comunidades, operan con un plan de manejo y conservación, un requisito para obtener el aval para los programas de aprovechamiento promovidos por la estatal Comisión Nacional Forestal.

La producción maderable mexicana totaliza siete millones de metros cúbicos anuales, de los que Oaxaca aporta casi siete por ciento.

Estos ecosistemas proveen de agua a zonas urbanas, regulan el ciclo hídrico, aportan alimentos y capturan dióxido de carbono (CO2), el gas responsable del calentamiento planetario, entre otros servicios ecológicos, según indican estudios científicos.

Por ello, y ante la amenaza del cambio climático, los bosques requieren de políticas públicas que generen mejores incentivos económicos, ofrezcan certidumbre legal sobre la tenencia de la tierra, ensanchen los mercados y aumenten la productividad, aseguran organizaciones y especialistas sobre silvicultura.

En Ixtlán, que significa “lugar de hilos o fibras” en idioma zapoteco y donde hay 600 hectáreas dañadas, han emprendido la lucha contra las plagas mediante la experimentación con cinco especies de pino en el vivero comunitario.

“En noviembre y diciembre, hacemos selección de semillas. Queremos especies de más rápido crecimiento y resistente a las plagas. Confiamos en que las nuevas especies sean más resistentes”, explicó Sergio Ruíz, asesor forestal de la empresa comunitaria Unión Forestal Santo Tomás Ixtlán.

La comunidad de Ixtlán, también en el municipio homónimo, posee 19.125 hectáreas, de las cuales 30 por ciento se destina a aprovechamiento forestal.

Sus actividades incluyen también ecoturismo, una gasolinera, una tienda, una fábrica de muebles y una embotelladora de agua. En 2018, su vivero aporta 360.000 plántulas, 100.000 de las cuales consignan a reforestación y donan las otras 260.000 a comunidades cercanas. La aspiración es crear un huerto de semillas.

Un estudio bajo elaboración de la estatal Universidad Técnica de la Sierra Juárez  analiza factores climáticos como la temperatura, humedad y estado del suelo en Ixtlán.

Personal de la comunidad forestal de Ixtlán de Juárez inspecciona plantas que serán sembradas en el bosque que manejan dentro del municipio de mismo nombre, en el estado sureño de Oaxaca, en México. Su plan es construir un huerto de semillas para generar especies de pino más resistentes al cambio climático. Crédito: Emilio Godoy/IPS

En 2015, México emitió 683 millones de toneladas de CO2, el segundo mayor contaminador en la región detrás de Brasil, y de las cuales 20 millones provinieron de la pérdida de tierras forestales.

Ante ello, este país latinoamericano adoptó como objetivo propio la deforestación cero a 2030, todo un desafío cuando la tala promedio anual representa 200.867 hectáreas perdidas entre 2011 y 2016, según estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, la contraloría gubernamental mexicana.

Otros sitios de la Sierra Juárez también están expuestos al cambio climático, aunque su altura sobre el nivel del mar los proteja temporalmente de los insectos. Tal es el caso del municipio de San Juan Evangelista, donde los silvicultores se preparan para adaptar sus bosques al fenómeno.

“Es importante limpiar el bosque, porque le quita poder de combustión y riesgo de plagas. Además, el manejo forestal permite más captura de carbono, más que los bosques no manejados. Pueden contribuir a evitar que el cambio climático sea más acelerado”, señaló a IPS el asesor técnico de la comunidad forestal en ese municipio, Filemón Manzano.

Analco, que significa “al otro lado del río” en náhuatl, consta de 150 comuneros, propietarios de 1.600 hectáreas y de las cuales 1.000 albergan bosque y destinan 430 a aprovechamiento forestal. La comunidad opera un vivero para 3.000 plántulas.

Manzano y académicos del estatal Colegio de Posgraduadoos en Ciencias Agrícolas preparan una investigación sobre la absorción de CO2 por bosques bajo manejo, que se estima en cinco toneladas anuales por hectárea gestionada.

Dentro del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, México se comprometió a reducir para 2030 hasta 14 millones de toneladas de CO2 las emisiones contaminantes anuales de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, mediante el fomento al manejo forestal sostenible, y el incremento de la productividad en bosques y selvas y la promoción de plantaciones forestales.

Pero las erogaciones necesarias para instrumentar las medidas de mitigación totalizarían 11.789 millones de dólares hasta ese año, con un costo de 53 dólares por tonelada de CO2. La deforestación cero requeriría 7.923 millones y el manejo forestal sostenible, 3.861 millones.

En julio, el sector forestal mexicano propuso una política de largo plazo, mayor inversión, marco legal adecuado, fortalecimiento del manejo forestal comunitario, participación comunitaria en el diseño de las medidas y un vínculo con el cambio climático, dentro de la campaña “Bosques con gente, bosques para siempre”.

El silvicultor Rogelio Ruíz pidió más apoyos para cuidar mejor el ecosistema y así cosechar más beneficios.

El estudio “Una referencia global de almacenamiento de carbono en territorios colectivos”, publicado en septiembre y elaborado por la Iniciativa para los Derechos y Recursos, una coalición global de 15 socios, con sede en Washington, estimó que los bosques comunitarios mexicanos atrapan 2.837 millones de toneladas de CO2.

Para Manzano, lo deseable sería más manejo forestal. “Queremos demostrar cómo los bosques manejados contribuyen a la conservación del planeta. Va a ser importante tener especies más resistentes y crear una buena mezcla de especies”, apuntó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El artículo El bosque mexicano, víctima y solución ante cambio climático fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Canadá se echa al hombro el empoderamiento de las mujeres

IPS español - qua, 31/10/2018 - 13:15

Ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Marie-Claire Bribeau, gran defensora de elevar los fondos para el desarrollo. Crédito: Cortesía Ryan Brown/ONU Mujeres.

Por Thalif Deen
OTTAWA, Oct 31 2018 (IPS)

Canadá, muchas veces descrito como uno de los países más progresistas del mundo, legalizó los derechos de la comunidad LGBTI, aboga por el empoderamiento de las mujeres, apoya al derecho al aborto y, en los últimos tiempos, pasó a ser una de las economías más grandes en legalizar el consumo de marihuana con fines recreativos.

En la actualidad, este país está en quinto lugar como donante de organizaciones de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está al frente de la Presidencia del Grupo de los siete (G7) países más ricos y busca ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad para el período 2021-2022.

Además de organizar la 7 Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre población y desarrollo, que tuvo lugar en Ottawa la tercera semana de octubre, tras haber organizado la primera en 2002, Canadá también lanzó la Política de Asistencia Internacional Feminista (FIAP).

Sandeep Prasad, director ejecutivo de Acción Canadá por los Derechos y Salud Sexual, señaló que Canadá se reubica como líder en materia de equidad de género, derechos en salud sexual y reproductiva de las mujeres, con la organización de la próxima conferencia Women Deliver, que se realizará en Vancouver en 2019.

“Para que el compromiso de Canadá sea realmente duradero, las defensoras de los derechos humanos y feministas que trabajan con las autoridades en todos los niveles del gobierno necesitan apoyo para crear y proteger las leyes, las políticas y los programas que salvaguardan esos derechos”, indicó Prasad.

Al frente de la lucha por los derechos de las mujeres, el empoderamiento de género y los derechos en salud sexual y reproductiva, se encuentra la ministra de Desarrollo Internacional, Marie-Claude Bibeau, quien también es una gran defensora de elevar los fondos para el desarrollo.

Los encuentros internacionales, como la conferencia de parlamentarios, pueden ser grandes catalizadores para movilizar personas, ideas y recursos, comentó Bibeau en entrevista con IPS.

“Por eso la conferencia es tan importante y es una oportunidad única para que los parlamentarios del mundo se reúnan a discutir el papel que ocupan en la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD)”, destacó

Canadá seguirá siendo un fuerte defensor de los objetivos fijados en la CIPD de 1994, incluidos los derechos de salud sexual y reproductiva.

“Estoy orgullosa de decir que, desde el lanzamiento de la Política de Asistencia Internacional Feminista, en junio de 2017, 93 por ciento de la asistencia humanitaria incluye un componente de empoderamiento de mujeres y de derechos de salud sexual y reproductiva”, destacó Bibeau.

“También estamos encantados de organizar la conferencia Women Deliver, en 2019, que es un movimiento para empoderar a mujeres y niñas y construir un mundo mejor”, añadió.

IPS: Estados Unidos recorta varias de sus contribuciones, como los 300 millones de dólares a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo y 69 millones de dólares al Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿existe alguna posibilidad de que Canadá, junto a otros países occidentales, llene el vacío?

MARIE-CLAUDE BIBEAU: Canadá se comprometió a proveer asistencia humanitaria y a responder a las necesidades de las personas más pobres y más vulnerables.

Por eso estaba orgullosa de anunciar el 12 de octubre que el apoyo de Canadá aumentó a 50 millones de dólares en dos años para los refugiados palestinos a través de la UNRWA.

Los nuevos fondos para la UNRWA, que eran urgentes, ayudarán a mejorar la vida y a proteger la dignidad humana de millones de refugiados palestinos.

Canadá también es socio desde hace tiempo del UNFPA, y está entre sus principales 10 donantes bilaterales. Entre 2017 y 2018, colaboró con 142 millones de dólares, con el fin de contribuir a cubrir la faltante de fondos que sufre la agencia.

IPS: Los países en desarrollo, y en especial los 134 del Grupo de los 77, protestaron en la declaración ministerial de septiembre por la disminución de la asistencia oficial al desarrollo. ¿Eso también implica a Canadá, cuya contribución de 0,26 por ciento está por debajo del compromiso de 0,7 por ciento, el que solo alcanzaron seis países: Noruega, Luxemburgo, Suecia, Dinamarca, Alemania y Gran Bretaña? ¿Cuándo tiene pensado Canadá alcanzar esa meta?

MCB: Nuestros socios le pidieron al gobierno de Canadá tres cosas: fondos, buenas políticas y liderazgo, y eso es lo que ofrece Canadá.

El presupuesto de 2018 incluye 2.000 millones de dólares en nuevos fondos para cinco años para ayudar a implementar la Política de Asistencia Internacional al Feminismo y apoyar la Agenda de Desarrollo Sostenible, así como 1.500 millones de dólares para cinco años, a partir de 2018-2019 para ampliar el impacto de la asistencia internacional de Canadá.

Canadá también promueve buenas políticas, lo que no se mide por el volumen de su asistencia oficial al desarrollo, sino por la calidad y la efectividad de su asistencia y de sus contribuciones a la innovación de políticas que permiten obtener mejores resultados para las personas más pobres y vulnerables.

Además, como lo demuestra la inversión histórica en educación para mujeres y niñas en crisis y en conflictos en la cumbre de líderes del G7 en Quebec, Canadá impulsa varias iniciativas y alienta a otros países y socios a realizar inversiones significativas, en especial en materia de educación de niñas y mujeres en contextos frágiles, de conflictos y crisis.

IPS: El actual presidente del G7, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, encabezó la cumbre del grupo en junio de este año, cuando se comprometieron 3.800 millones de dólares canadienses (unos 2.900 millones de dólares estadounidenses) para promover la educación de niñas y mujeres en zonas de guerra, ¿en qué plazo se entregarán esos fondos? ¿Ya comenzó la movilización?

MCB: Canadá se sintió muy orgulloso de liderar el anunció de la histórica contribución de 3.800 millones de dólares para la educación de las niñas en la cumbre del G7 en Quebec y de comprometer una inversión de 400 millones de dólares para tres años.

El anuncio significó un cambio fundamental hacia la mejora y la reducción de las barreras a una educación de calidad en el mundo.

En la actualidad, trabajamos con otros países y organizaciones que colaboran con los 3.800 millones de dólares (la Unión Europea, Alemania, Japón, Gran Bretaña y el Banco Mundial) para desarrollar un marco de responsabilidad y registrar e informar sobre los detalles, que incluirán parámetros como el plazo, los resultados y los indicadores.

Juntos, nos aseguraremos que las voces de mujeres y niñas estén incluidas en la toma de decisiones sobre educación y empleo.

Traducción: Verónica Firme

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Plastic-busting fungi may help tackle pollution, climate change: UN Environment

UN SGDs - qua, 31/10/2018 - 12:58
When it comes to helping green our world, organic mushrooms from the local market may be just the tip of the iceberg. A new United Nations-backed report reveals that fungi could help ween the world off its plastic addiction, by degrading polyurethane in just a matter of weeks.
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Weekly migration of 1.4m to cities can contribute to ‘disasters’

UN SGDs - ter, 30/10/2018 - 18:11
The migration of some 1.4 million people every week to cities around the world “can strain local capacities, contributing to increased risk from natural and human made disasters’” according to the United Nations Secretary-General António Guterres.
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Conferência China-Emirados Árabes Unidos sobre Bancos e Finanças Islâmicos vai começar em novembro

IPS português - ter, 30/10/2018 - 17:25

DUBAI, 30 de outubro de 2018 (WAM) – A Universidade Inteligente Hamdan bin Mohammed (HBMSU) anunciou a conclusão dos preparativos para o lançamento da Conferência China-EAU sobre Financiamento Bancário e Finanças Islâmico, CUCIBF III, pelo terceiro ano consecutivo sob o tema “O potencial da economia participativa e do sistema financeiro: crescimento, desenvolvimento, integração e cooperação”.

A conferência, marcada para 7 e 8 de novembro de 2018, visa fortalecer o intercâmbio de conhecimentos, civilizacionais, culturais e econômicos com a China. O evento é um marco importante na consolidação dos esforços para apoiar o financiamento islâmico entre os Emirados Árabes Unidos e a China, destacando o interesse compartilhado de ambas as partes em empregar o modelo de economia islâmica para alcançar os objetivos da iniciativa One Belt, One Road em ressuscitar a economia global e direcioná-la para um desenvolvimento abrangente e sustentável.

A conferência é o resultado da cooperação entre o Ministério da Economia dos Emirados Árabes Unidos; O Centro de Dubai para Operações Bancárias e Finanças Islâmicas da HBMSU; Centro de Desenvolvimento da Economia Islâmica de Dubai; China Islamic Finance Club; ZhiShang Inter-Culture Communication; e Thomson Reuters como um parceiro de conhecimento.

O CUCIBF III será um grande passo para a realização da visão do xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, primeiro-ministro e governante de Dubai, para estabelecer Dubai como a capital global da economia islâmica.

A conferência é também um reflexo das diretivas do xeque Hamdan bin Mohammed Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, presidente do Conselho Executivo de Dubai e supervisor geral da estratégia Dubai da Capital da Economia Islâmica, que recentemente lançou a Semana Econômica Islâmica. Promover um diálogo eficaz sobre alternativas para promover o crescimento e a sustentabilidade da economia islâmica.

A posição de Dubai como um ator importante e influente no mapa da economia global complementa o sistema da economia islâmica, que deve crescer oito por cento anualmente para alcançar US $ 3 trilhões até 2023.

A agenda da conferência incluirá discussões aprofundadas sobre formas de melhorar a integração financeira e econômica; fortalecimento dos laços históricos e econômicos entre a China e os mercados do sul e leste da Ásia e do Oriente Médio; bem como as perspectivas de investimento nas finanças islâmicas, que servem os fortes laços econômicos entre os EAU e a China. (#Envolverde)

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FROM THE FIELD: Urban Mexico moves toward better livelihoods, cleaner cities

UN SGDs - ter, 30/10/2018 - 17:15
Mexico is improving the lives of the 80 percent of its inhabitants residing in cities, by pushing towards less polluted, more eco-friendly environments, thanks to support from the UN.
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Lançamento da KhalifaSat é uma conquista para aqueles que trabalharam duro e alcançaram a excelência: Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos

IPS português - ter, 30/10/2018 - 17:13

TANEGASHIMA, 30 de outubro de 2018 (WAM) – Dr. Eng. Mohammed Nasser Al Ahbabi, diretor-geral da Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos (EAU), disse que o lançamento do KhalifaSat do Centro Espacial Tanegashima no Japão representa um momento de orgulho para o povo dos Emirados e todos os que vivem nos Emirados Árabes Unidos, enfatizando que é uma conquista para aqueles que trabalharam duro para alcançar a excelência.

O lançamento reflete o desenvolvimento do ambicioso setor espacial dos Emirados Árabes Unidos, cujas fundações foram criadas pelo falecido xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, que pretendia tornar o setor espacial dos Emirados Árabes Unidos entre os mais avançados do mundo.

O Dr. Al Ahbabi acrescentou que o projeto entrará para a história como o ponto de virada e momento chave em que os EAU entraram em uma nova era de liderança internacional, em linha com seus esforços para estabelecer um setor espacial forte e sustentável nos Emirados que ajudará a diversificar e avançar sua economia.

“Os Emirados Árabes Unidos confirmaram, através deste projeto, que entrou em uma fase de fabricação de espaço, que impulsionará o crescimento e desenvolvimento de sua infraestrutura industrial, bem como seus serviços assistenciais, e atrairá diretamente mais empresas internacionais interessadas em investir neste setor e fornecendo serviços relevantes, que irão avançar o setor espacial do país”, acrescentou. O Dr. Al Ahbabi também destacou a capacidade dos Emirados Árabes Unidos de fabricar satélites para si e para outros países árabes a custos reduzidos, atendendo às especificações e padrões internacionais.

“Continuaremos nossas conquistas espaciais nos próximos anos, por meio dos recursos humanos dos Emirados, que estão desenvolvendo suas atuais capacidades para avançar o setor espacial nacional a níveis sem precedentes”, concluiu ele. (#Envolverde)

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Pesca sostenible del Pacífico depende de mejorar el saneamiento

IPS español - ter, 30/10/2018 - 13:17

El asentamiento irregular de Lord Howe, en Honiara, está al borde del río Mataniko. El sistema de alcantarillas no llega a esas comunidades de la capital de Islas Salomón, donde las aguas servidas se convirtieron en una gran amenaza para los cursos de agua y para la pesca. Crédito: Catherine Wilson/IPS.

Por Catherine Wilson
CANBERRA, Oct 30 2018 (IPS)

Las aguas servidas generan problemas en todo el mundo y son responsables de 75 por ciento de la contaminación de los océanos. Un recorrido por el asentamiento irregular de Lord Howe, al borde del río Mataniko, cerca la ciudad portuaria de Honiara, capital de Islas Salomón, muestra la gravedad del problema.

Alrededor de 40 por ciento de la población de Honiara, unas 67.000 personas viven en por los menos 30 asentamientos dispersos.

El saneamiento llega a 32 por ciento de las islas Salomón, y en la capital, el sistema de alcantarillas, que no llega a los asentamientos irregulares, desemboca en los cursos de agua de la zona y en el mar.

Durante siglos, la pesca ocupó un lugar central en la nutrición, la seguridad alimentaria y el sustento de las poblaciones isleñas del océano Pacífico, y así se mantuvo hasta el siglo XX.

Con el crecimiento de la población, 70 por ciento de la cual reside en ciudades y pueblos a lo largo de la franja costera, los desperdicios, y en especial las aguas servidas no tratadas, se convirtieron en una gran amenaza para el mar y la pesca.

Un cementerio sumergido en la aldea de Togoru, en Fiyi. Los estados insulares del Pacífico sur están entre los más vulnerables al cambio climático. Crédito: Pascal Laureyn/IPS

“Áreas con gran densidad de población, como ciudades y áreas turísticas, se asocian con el vertido excesivo de aguas servidas mal tratadas en los arrecifes”, indicó Johann Poinapen, director del Instituto de Ciencias Aplicadas de la Universidad del Pacífico Sur, en Fiyi.

“Muchas comunidades costeras subsisten gracias a la pesca, y poner en peligro a las lagunas y a las zonas pesqueras es un riesgo para sus medios de ingresos”, alertó.

La pesca de subsistencia cerca de la costa, que suele incluir pez de aleta, trochus, moluscos, almejas, cangrejos y pepinos de mar, representa alrededor de 70 por ciento de la captura en las islas del Pacífico y 22 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Aguas servidas contaminan los océanos

Los estados insulares han identificado a las aguas servidas como causa de los problemas ambientales y de salud, los que pueden ser desde “zonas muertas” y la pérdida de arrecifes de coral hasta brotes de contaminación causados por los mariscos.

El vertido de esos desperdicios en áreas costeras echa a perder hábitats de especies marinas, según la profesora Monique Gagnon, especialista en ecotoxicología de la Facultad de Ciencias Moleculares y de la Vida, en la Universidad Curtin de Australia Occidental.

“Los efluentes o la contaminación por nutrientes producen eutrofización, y el crecimiento de algas puede cambiar los hábitats marinos, amenazando a las poblaciones locales de peces y alentando a otras especies invasivas”, explicó Gagnon a IPS.

La pesca de subsistencia cerca de la costa, que suele incluir pez de aleta, trochus, moluscos, almejas, cangrejos y pepinos de mar, representa alrededor de 70 por ciento de la captura en las islas del Pacífico y 22 por ciento del producto interno bruto. Crédito: Catherine Wilson/IPS

Problemas de salud y ambientales

Los efluentes humanos generan superproducción de algas y cianobacterias en los cursos de agua y en el mar. El florecimiento de algas tóxicas puede infectar todo tipo de peces y mariscos y llevar a la desaparición de los corales y su peces.

Las aguas servidas también agotan el oxígeno en los ecosistemas acuáticos, creando condiciones de hipoxia, lo que lleva a la muerte de peces por parálisis. Además, el consumo de pescado contaminado por biotoxinas puede generar graves enfermedades, como intoxicaciones paralizantes y ciguatera.

Un estudio sobre contaminación marina en Islas Marshall en 2016 concluyó que nueve de 10 sitios en océanos y lagunas estudiadas sufrían una fuerte contaminación, en particular debido a una bacteria presente en desperdicios animales y humanos.

En Samoa, el Ministerio de Salud relacionó casos de tifoidea con mariscos pescados cerca de la costa y echados a perder por efluentes vertidos por los pueblos costeros.

Problemas graves de aguas servidas no tratadas en ciudades

La falta de plantas de tratamientos de aguas servidas y de servicios de recolección de residuos en las ciudades de los estados del Pacífico, además de la falta de saneamiento en áreas rurales, generan un aumento de efluentes que van desde ríos y arroyos al mar.La primera Conferencia Sostenible de Economía Azul, donde se tratarán este y otros temas, tendrá lugar en Nairobi, del 26 al 28 de noviembre. Además de Kenia, en la oragnización participan Canadá y Japón, que esperan contar con la presencia de más de 4.000 personas procedentes de distintas partes del mundo.

El problema es grave en las ciudades, donde a los servicios carentes de recursos les cuesta atender el creciente flujo migratorios desde las áreas rurales. Las ciudades crecen con rapidez, 4,7 por ciento al año en islas Salomón, 3,5 por ciento en Vanuatu y 2,8 por ciento de Papúa Nueva Guinea.

La situación en Honiara es típico de lo que pasa en otras ciudades y pueblos melanesios.

La falta de recursos impide mejorar el saneamiento

El ayuntamiento de Honiara fabrica inodoros a un precio accesible, en especial para los residentes de los asentamientos irregulares, y ofrece una fosa séptica. Pero la falta de recursos representa un gran impedimento para la realización de sus operaciones.

“No tenemos capacidad para hacer esto en toda la ciudad, pero podemos vaciar los sistemas sépticos de todas aquellas personas que puedan pagar 400 dólares de Islas Salomón (unos 51 dólares estadounidenses)”, indicó George Titiulu, de Servicios de Salud y Ambiente del ayuntamiento.

“Hicimos estudios en el río Mataniko que revelaron una alta concentración de Escherichia coli en el agua”, reconoció Titiulu.

La proporción de personas en las islas del Pacífico que tienen mejor infraestructura de saneamiento aumentó de 29 a 31 por ciento en los últimos 25 años, entre 1990 y 2015, señala la Organización Mundial de la Salud. Eso deja a 6,9 millones de personas sin servicios básicos en la región.

En Islas Salomón, como en otros estados insulares del Pacífico en desarrollo, los obstáculos para mejorar la situación incluyen la falta de infraestructura básicas, la experiencia, la capacidad técnica y la existencia de fondos confiables.

Pérdidas económicas serán significativas si no se atiende la contaminación

Numerosos estudios concluyen que la destrucción del hábitat de distintas especies, sumado al cambio climático y a la sobreexplotación de recursos marinos, causará la disminución de la pesca en las próximas décadas.

Para la población insular, eso puede llevar a una pérdida económica significativa, a un aumento del costo de la pesca y a la disminución de los alimentos disponibles. La Comunidad del Pacífico pronosticó que dentro de 15 años, se necesitarán 115.000 toneladas más para sortear la falta de alimentos.

“Atender la contaminación de las aguas servidas en las islas del Pacífico no es fácil”, aseguró Poinapen en diálogo con IPS. Según él, todos los actores, no solo el gobierno, deben participar en la creación e implementación de soluciones apropiadas, así como enfoques educativos, políticos y legislativos.

Pero para empezar, cree que “una de las mayores brechas relacionadas con la contaminación por aguas servidas es la falta de datos básicos para informar a todos los actores sobre la gravedad del asunto”, observó.

“Sabemos que la contaminación existe en muchas masas de agua receptoras, pero desconocemos el grado que alcanza, pues no hemos realizado una cuantificación contundente y sistemática de los varios contaminantes y sus efectos”, subrayó Poinapen.

Traducción: Verónica Firme

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Campesinos centroamericanos afrontan cambio climático sin seguro

IPS español - ter, 30/10/2018 - 11:47

El agricultor Alberto Flores (centro) se esmera en colectar los pocos racimos de plátano que logró rescatar de su plantación, anegada y arruinada tras las lluvias que azotaron El Salvador a mediados de octubre. Calcula sus pérdidas por este rubro en 2.000 dólares. Antes, en agosto, perdió la cosecha de maíz, esta vez por la sequía. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Por Edgardo Ayala
EL SALVADOR, Oct 30 2018 (IPS)

Desconsolado, Alberto Flores amontona a la orilla de un camino los pocos racimos de plátanos que logró salvar de una cosecha malograda por las copiosas lluvias que anegaron por completo su plantación en el centro de El Salvador.

“Todo se perdió, he andado cortando lo que se puede rescatar con el agua hasta la rodilla”, contó Flores, un campesino de 54 años, oriundo del caserío San Marcos Jiboa, del municipio de San Luis Talpa, en el departamento de La Paz, en el centro-sur del país.

Flores dijo a IPS que las lluvias, que azotaron el país y al resto de la región centroamericana a mediados de octubre, le han dejado una pérdida de unos 2.000 dólares, al anegar casi una hectárea de su cultivo de plátanos (bananos para cocinar).“Debemos considerar la protección de la agricultura y cómo eso mejora la seguridad alimentaria, para eso debemos de trabajar en medias de prevención que permita que esos sistemas productivos sean más resilientes y que eso genere desarrollo sostenible”: Mariano Peñate.

San Marcos Jiboa es una comunidad rural de 250 familias, en 90 por ciento dedicadas a la agricultura. Aquí la mayoría de productores se vieron afectados por los aguaceros, según constató IPS en un recorrido por la zona.

Los daños se dieron sobre todo en cultivos de chile (pimiento), maíz, frijoles, plátano, pipián (similar al calabacín) y loroco (Fernaldia pandurata), una enredadera cuya flor es comestible y muy presente en la gastronomía local.

Otras zonas del país y de la región centroamericana también han resultado golpeadas.

América Central ha sido calificada, por varios reportes de organismos internacionales, como una de las regiones más vulnerables del planeta ante los embates del cambio climático.

Y sin embargo, no terminan de desarrollarse en el istmo herramientas que ayuden a los agricultores a aminorar los golpes climatológicos, como los seguros agrícolas, aunque ya hay iniciativas importantes a su disposición.

“Yo he oído eso de los seguros agrícolas pero nadie viene a explicarnos cómo es eso”, aseguró Flores, sudoroso, sin dejar de amontonar racimos de plátanos verdes.

Comparado con México o países de América del Sur, los centroamericanos han avanzado poco en ese rubro, según el informe Desempeño de Seguros Agropecuarios en las Américas, publicado en 2015 por el Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola (IICA).

El documento apunta que “los esfuerzos realizados en la región no han generado los resultados esperados”, aunque destaca un crecimiento en primas comercializadas de Guatemala con una suma de 2,25 millones de dólares, seguido por Panamá con 1,8 millones y Costa Rica, con algo más de 500.000, según datos de 2013.

Expertos consultados señalaron que el elevado costo de las primas de un seguro agropecuario, que ronda 13 por ciento de un crédito agrícola contraído o de la inversión realizada, es uno de los motivos que está detrás, así como la falta de información y cultura sobre seguros.

 

Hileras de un platanar anegado por las intensas lluvias en el caserío San Marcos Jiboa, en el municipio de San Luis Talpa, en el centro de El Salvador. Las precipitaciones, que golpearon a América Central, no solo impactaron las cosechas sino que también dejaron 38 muertos y más de 200.000 personas afectadas en la región. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

“En efecto, es caro”, dijo a IPS, vía telefónica desde Guatemala, Saúl Ortiz, el Coordinador de Gestión y Análisis de Riesgo de Guate Invierte, una institución financiera que maneja un fideicomiso de más de 70 millones de dólares en apoyo agrícola en varios rubros, incluyendo el de seguros.

Precisamente por esos costos es que nació Guate Invierte en 2005, agregó Ortiz, para apoyar a los pequeños y medianos productores del país y darles la posibilidad de que pudieran contratar una póliza. El plan inicial fue extenderlo después por la región.

Además de ser fiador o garante estatal de créditos agrícolas adquiridos por productores con otras instituciones financieras, Guate Invierte ofreció seguros desligados de créditos, con un subsidio de hasta 70 por ciento del costo de la prima.

Pero ese esquema falló porque el gobierno ya no inyectó más fondos para seguir con ese modelo, y dejó de funcionar en 2015. Sin embargo, mantiene la cobertura a la clientela que sí cuenta con créditos.El impacto climático

“Definitivamente el cabio climático tiene consecuencias sobre la producción y los medios de vida de las personas, especialmente de quienes dependen de la agricultura”, dijo a IPS el consultor de la FAO en El Salvador, Mariano Peñate.
Hay un deterioro del suelo y resultados negativos en los medios de subsistencia sobre todo de los más pobres, al impactar los rendimientos de sus pequeños cultivos e indirectamente en la reducción del empleo, acotó.
Eso afecta la seguridad alimentaria, agregó, no solo de la población que se ve afectada por esos fenómenos climáticos, sino de las personas que depende de las cosechas cultivadas en esas áreas golpeadas.
“Debemos considerar la protección de la agricultura y cómo eso mejora la seguridad alimentaria, para eso debemos de trabajar en medias de prevención que permita que esos sistemas productivos sean más resilientes y que eso genere desarrollo sostenible”, sostuvo.

En El Salvador, si bien no hay un mercado muy consolidado, ha comenzado a funcionar un tipo de póliza destinada a los pequeños productores.

Seguros Futuro, junto al estatal Banco de Fomento Agropecuario, lanzó en julio el programa Produce Seguro, con cobertura para terremotos, sequías y exceso de lluvia.

Es un microseguro destinado a la cartera de 50.000 clientes del banco, dedicados tanto a la agricultura como a cualquier otro rubro productivo.

A diferencia de los seguros tradicionales, que ante eventos catastróficos inicia la verificación sobre el terreno de los daños a las cosechas, Produce Seguro es del tipo “paramétrico”.

Es decir, se basa en una tabla de parámetros o indicadores climatológicos medidos por satélite y tecnología de punta que informan, por ejemplo, del nivel de precipitaciones en una zona.

Y a medida que los niveles de lluvia aumentan, en esa medida, automáticamente, van aplicándose las indemnizaciones.

Para el caso de lluvias, el nivel inicial es de 136 milímetros acumulados de agua durante tres días. La información proviene de la estadounidense Administración de la Aeronáutica y el Espacio, la Nasa, y del salvadoreño Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“No tenemos que ir a hacer ninguna verificación a la zona, todo es en base a los índices”, explicó a IPS la gerente general de Seguros Futuro, Daysi Rosales.

El programa, en fase piloto, tiene el soporte de Swiss Re, la reaseguradora suiza. El costo de las primas es de cinco por ciento del crédito contraído con el BFA, un porcentaje accesible para los campesinos.

De hecho, con los últimos aguaceros, “ya se dispararon esos parámetros y ya aplica algún nivel de indemnización, aún no hemos pagado porque acaba de pasar el evento y estamos en ese proceso”, acotó Rosales.

Tanto Rosales como el guatemalteco Ortiz coincidieron en que en la expansión de los seguros agrícolas en los países suramericanos o México ha sido clave la participación del Estado en el desarrollo del sector, lo que no ha pasado América Central.

“En México, 90 por ciento lo paga el Estado, él compra el seguro, no la gente”, recalcó Rosales.

Mientras tanto, en una de las parcelas inundadas de San Marcos Jiboa, el campesino Víctor Alcántara, otro productor afectado, comentó que los impactos de la naturaleza los perciben casi año con año, en un país donde las alteraciones climáticas se han profundizado este siglo.

“Esta vez el golpe fue doble, primero perdimos en agosto el maíz en la seca (sequía), y ahora con esta llovedera casi toda mi cosecha de loroco”, añadió.

Alcántara dijo que había invertido 300 dólares en la “loroquera (sembradío de estas plantas)”, pero ahora perdió casi 60 por ciento de la producción por las lluvias.

A eso se suma la pérdida en su cultivo de media hectárea de maíz, de unos 400 dólares, esta vez por la sequía que afectó la zona en agosto, en medio de la estación húmeda, que en este país subtropical va de mayo a noviembre y que es cuando se realizan las dos siembras anuales.

En agosto, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y el Programa Mundial de Alimentos advirtieron en un comunicado conjunto que la sequía impactaría en el precio de la comida, ya que el maíz y los fríjoles, básicos en la dieta centroamericana, han sido los cultivos más afectados.

Guatemala, El Salvador y Honduras reportaron pérdidas de 281.000 hectáreas de esos cultivos, de los cuales depende la seguridad alimentaria y la nutrición de 2,1 millones de personas, señaló el reporte.

Arruinada su cosecha de maíz, ahora Alcántara dijo que tendrá que ver cómo se las ingenia para que haya tortillas (masa aplanada y circular a base del grano) en la mesa de su familia.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Campanha Humanitária Sheikha Fatima Alivia o Sofrimento dos Refugiados Rohingya

IPS português - seg, 29/10/2018 - 15:12

COX’S BAZAR, 29 de outubro de 2018 (WAM) – A Campanha Humanitária Global Sheikha Fatima dos Emirados Árabes Unidos (EAU) conseguiu atrair jovens médicos, permitindo-lhes aliviar o sofrimento dos refugiados Rohingya, fornecendo melhores serviços diagnósticos, terapêuticos e preventivos para crianças e mulheres.

Comentando a iniciativa, Noura Al Suwaidi, diretor-geral da União Geral das Mulheres (GWU), disse que o programa de ajuda está de acordo com a abordagem nobre adotada pelo falecido xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, preservada pelo presidente Sheikh Khalifa bin. Zayed Al Nahyan e Xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e traduzidos em grandes feitos pelo xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e vice comandante supremo das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos.

A iniciativa beneficiou milhares de mulheres e crianças e atraiu a melhor equipe médica, permitindo-lhes oferecer melhores serviços de diagnóstico, tratamento e prevenção que contribuíram para aliviar o sofrimento de comunidades vulneráveis ​​e milhares de pacientes, acrescentou.

Um grupo de médicos dos Emirados e do Bangladesh participaram da campanha, que está sendo realizada no Bazar de Cox em Bangladesh, sob as diretrizes de Sheikha Fatima bint Mubarak, presidente da União Geral das Mulheres (GWU), presidente do Supremo Conselho para a Maternidade e Infância e Presidente Suprema da Fundação para o Desenvolvimento da Família.

A campanha, realizada sob o slogan “Seguindo os passos de Zayed”, visa promover a cultura de voluntariado e doações humanitárias entre os jovens, e segue o anúncio do presidente Xeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan declarando 2018 como o Ano de Zayed.

A iniciativa é uma iniciativa conjunta da Zayed Giving Initiative e da General Women’s Union, em parceria com a Fundação Hope para Mulheres e Crianças de Bangladesh, a Sociedade Dar Al Ber, a Sharjah Charity House, o Grupo de Hospitais Arábia Saudita, a Zayed Humanitarian Work Academy. , para aliviar o sofrimento dos pacientes, independentemente de sua cor, sexo, raça ou religião.

A campanha inclui a organização de programas de voluntariado humanitário para tratar mulheres e crianças usando clínicas móveis, hospitais de campanha e organizando fóruns de jovens visando estabelecer uma cultura de voluntariado e trabalho humanitário com a participação de jovens voluntários dos Emirados Árabes Unidos e de Bangladesh. (#Envolverde)

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Exposição Agriscape começa em Abu Dhabi

IPS português - seg, 29/10/2018 - 15:06

ABU DHABI, 29 de outubro de 2018 (WAM) – A segunda Agriscape, a exposição internacional dedicada a investimentos agrícolas no exterior, começou hoje em Rosewood Abu Dhabi sob o patrocínio de Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e ministro de Assuntos Presidenciais.

O evento, organizado pelo Centro de Segurança Alimentar de Abu Dhabi sob a supervisão de Mariam Hareb Almheiri, Ministra de Estado da Segurança Alimentar, reuniu 53 expositores associados a agro terras e outros agro ativos em mais de 50 países.

Comentando a exposição, Almheiri disse: “A liderança dos EAU está empenhada em incentivar o investimento e melhorar os sistemas de produção de alimentos para apoiar o desenvolvimento sustentável e colmatar o fosso nutricional, dadas as suas implicações de longo alcance para o bem-estar da sociedade.

“Como a segurança alimentar é um desafio premente de segurança de recursos para os Emirados Árabes Unidos, temos um grande interesse em aumentar a eficiência agrícola por meio da adoção de novos métodos e da diversificação do padrão de investimento agrícola no exterior. A Agriscape 2018 solidifica ainda mais a posição dos EAU como um líder na segurança alimentar global, facilitando o investimento na agricultura e tornando o país um centro global de agroalimentar. ”

Com a produção agrícola prevista para atender às crescentes necessidades nutricionais de uma população mundial crescente na próxima década, os Emirados Árabes Unidos, em colaboração com seus parceiros internacionais, estão liderando o caminho para incentivar o investimento agrícola criando parcerias entre tomadores de decisão e empresas. Ministro observou. “Isso garantirá a sustentabilidade dos recursos alimentares em todas as circunstâncias e em todos os momentos, através de uma coordenação eficaz das partes interessadas e iniciativas público-privadas”, acrescentou.

Por sua vez, Khalifa Al Ali, diretor executivo do Centro de Segurança Alimentar de Abu Dhabi, disse: “Com a segurança alimentar no centro do desenvolvimento sustentável, a Agriscape demonstra a prioridade de Abu Dhabi em promover maior segurança alimentar através do investimento agrícola. A Agriscape já estabeleceu uma posição como uma plataforma de classe mundial que fará muito para impulsionar a inovação e o investimento para beneficiar nossa região e além. Em linha com a nossa missão de fortalecer a resiliência de segurança alimentar do nosso país, temos o prazer de aproveitar esta ocasião para identificar prioridades de investimento com tomadores de decisão e investidores internacionais”.

O evento vai receber quatro ministros dos Emirados Árabes Unidos, Uganda, Brasil e República Democrática do Congo. (#Envolverde)

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Cambio a la derecha a cualquier costo, decidieron los brasileños

IPS español - seg, 29/10/2018 - 13:37

Partidarios del presidente electo, Jair Bolsonaro, festejan su triunfo la madrugada del 29 de octubre, delante de la residencia del excapitán, en el oeste de Río de Janeiro. El candidato de extrema derecha obtuvo 55,13 por ciento del total de votos válidos comenzará sus cuatro años de presidencia el 1 de enero de 2019. Crédito: Fernando Frazão/Agencia Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Oct 29 2018 (IPS)

Los electores de Brasil ignoraron amenazas a la democracia y optaron por cambiar radicalmente la política nacional, con un vuelco a la extrema derecha, vinculada con militares, como siempre sucede en el país.

Jair Bolsonaro, excapitán del Ejército de 63 años, fue elegido como el 42 presidente de Brasil, con 55,13 por ciento de los votos válidos en la segunda vuelta del domingo 28, encabezando a un grupo de generales retirados, como su vicepresidente, Hamilton Mourão, y otros apuntados como futuros ministros.

Su triunfo, que lo convertirá en el inquilino del Palacio de Planalto, sede de la presidencia, desde el 1 de enero, provocó un inesperado terremoto, diezmando partidos y líderes tradicionales.

El efecto Bolsonaro impulsó una amplia renovación del parlamento, con la elección de muchos militares, policías, religiosos y activistas de derecha.

Su Partido Social Liberal (PSL), antes minúsculo, ascendió a  la segunda mayor fuerza en la Cámara de Diputados, con 52 representantes. Los estados más poblados y ricos del país, São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, eligieron a aliados suyos como gobernadores, dos de los cuales sin experiencia política.

Brasil se inserta así, a su modo, en la ola mundial que fortalece la derecha y en algunos casos logró elegir gobiernos autoritarios, como en Filipinas, Turquía, Hungría y Polonia, a los cuales se podría sumar, entre otros, a Estados Unidos bajo Donald Trump.

La irrupción de Bolsonaro como protagonista de ese proceso solo se reveló en vísperas de la primera vuelta electoral, el 7 de octubre.

Poco se esperaba del candidato de un partido considerado “enano”, sin tiempo en la cadena nacional de televisión que el sistema electoral destina a los partidos y con un currículo de 27 años como oscuro diputado, solo conocido por sus diatribas y prejuicios declarados contra mujeres, negros, indígenas, minorías sexuales y pobres.

Pero desde las elecciones presidenciales anteriores, de 2014, Bolsonaro viajaba por este extenso país y usaba las comunicaciones por Internet para preparar su candidatura.

Al inicio de 2018 las encuestas le adjudicaban cerca de 10 por ciento de la intención de voto, que casi se duplicó en agosto, al comenzar oficialmente campaña electoral.

Ese crecimiento no preocupaba a sus posibles oponentes, que lo preferían como adversario más fácil de derrotar en una segunda vuelta, si ningún aspirante obtenía la mayoría absoluta de votos válidos. Se suponía que su votación estaría lastrado por el rechazo a un candidato de extrema derecha, con manifestaciones antidemocráticas.

Fernando Haddad, candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores, mientras su derrota electoral la noche del 28 de octubre, y promete a sus partidarios que como líder opositor, luchará por los derechos civiles, políticos y sociales, ante el futuro gobierno de la extrema derecha en Brasil. Crédito: Paulo Pinto/Fotos Públicas

Pero eso no se aplicó en unas elecciones insólitas. El favorito era el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) , que el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) insistió en postular, aunque estuviera encarcelado por corrupción desde abril, y solo lo sustituyó el 11 de septiembre por Fernando Haddad, exministro de Educación y ex alcalde de São Paulo.

Cinco días antes, Bolsonaro había sido acuchillado en el abdomen por un agresor  solitario, durante una manifestación electoral en Juiz de Fora, a 180 kilómetros de Río de Janeiro.

El atentado pudo ser decisivo para su triunfo, al rendirle mucha publicidad y convertirlo en víctima, se especula. Además le permitió evitar los debates con otros candidatos, que podrían desnudar sus debilidades y contradicciones.

Pero dos cirugías, 23 días en un hospital y la inmovilización en su casa, en la zona oeste de esta ciudad carioca, por una colostomía temporal, le impidieron participar en actos electorales. Por eso concentró su propaganda en Internet y redes sociales, que se revelaron su gran arma de comunicación.

El uso masivo de a aplicación de WhatsApp para atacar a Haddad despertó sospechas de que empresarios financiaron centros de difusión de noticias falsas, violando leyes electorales, como denunció el diario Folha de São Paulo el 18 de octubre. El posible delito está bajo investigación de la justicia electoral.

La campaña recién concluida en Brasil ya derivó en un debate sobre el papel de esa red telefónica de mensajería gratuita, y las llamadas noticias falsas (“fake news”, en inglés) en las distorsiones electorales.

Las redes sociales fueron decisivas para Bolsonaro que partió de cero, prácticamente sin partido, ni recursos financieros, ni el respaldo de medios de comunicación tradicionales. La movilización de adeptos fue “espontanea”, según el candidato.

Brasil, el país más extenso y poblado de América Latina, con 208 millones de habitantes, es uno de los cinco países del mundo con más usuarios en las redes sociales, con 120 millones de personas suscritas a WhatsApp y 125 millones a Facebook.

Pero esos instrumentos solo tuvieron éxito porque el militar de la reserva logró personificar las demandas de la población, pese o justamente debido a su radicalismo derechista.

Apareció como el más decidido enemigo de la corrupción y del PT, cuyos gobiernos de 2003 a 2016 son responsabilizados de la corrupción sistémica en la política y los errores que provocaron la peor recesión económica del país, entre 2014 y 2016.

Como militar y religioso, recién convertido a una iglesia evangélica, asegura un combate sin limitaciones legales a la delincuencia, que tiene asustada a la población, y el rescate de la familia convencional, que según expresa con su contundencia y discurso muchas veces intemperante, destruyeron el feminismo y otros movimientos.

Al área económica sedujo con la adhesión al neoliberalismo, representado por el economista Paulo Guedes, presentado como futuro ministro con plenos poderes.

La promesa de reducir el tamaño del Estado y los impuestos ambientales, entre otras medidas,  le garantizó el apoyo del gran sector agropecuario exportador, especialmente ganaderos y productores de soja.

La coyuntura de crisis económica y de seguridad pública, sumada a una ola conservadora en los hábitos y costumbres de esta sociedad hasta ahora plural y abierta, favoreció aglutinar el respaldo mayoritario, neutralizando incertidumbres generadas por su discurso autoritario o su inexperiencia en gestión pública.

Bolsonaro anunció que gobernará para todos, defendiendo “la Constitución, la democracia y la libertad”. “No es promesa de un partido, sino juramento de un hombre a Dios”, aseguró al celebrar su triunfo, conocido tres horas después de clausurada la votación.

Su discurso tranquiliza poco a la oposición, que encabezará el PT que, pese a la derrota, sale de esas elecciones como el mayor partido, con 56 diputados y cuatro gobernadores de estado.

Una semana antes dijo que en su gobierno “los delincuentes rojos serán barridos de nuestra patria”, refiriéndose a dirigentes del PT. A Haddad, de 55 años, amenazó con encarcerarlo.

En el pasado defendió las torturas y los torturadores de la dictadura militar  y negó carácter dictatorial al régimen impuesto por las Fuerzas Armadas en 1964 y que se prolongó hasta 1985.

Sus brutales declaraciones son relativizadas por sus adeptos como “fanfarronadas” e incluso alabadas como franqueza y sinceridad.

El problema no son las declaraciones en sí mismas sino que revelan su persistente fidelidad a la formación que recibió en la Academia Militar en los años 70, en plena dictadura.

Considera como “democrático” el período de los generales-presidentes, ya que mantuvieron el parlamento y los tribunales, aunque con restricciones y sujetos a controles y purgas.

El triunfo de Bolsonaro, con 57,8 millones de votos, tiene además el efecto simbólico de una absolución de la dictadura militar por vía electoral, en desmedro de las convicciones democráticas.

Edición: Estrella Gutiérrez

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No hay garantías en Birmania para retorno de rohinyás refugiados

IPS español - seg, 29/10/2018 - 13:14

Rohinyás esperan en la orilla de un río tras llegar a Bangladesh. Crédito: IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Oct 29 2018 (IPS)

Las políticas que permiten la impunidad, el genocidio y la segregación son “intolerables” e impiden el regreso a Birmania de rohinyás refugiados, concluyeron investigadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la presentación del informe anual a los estados miembro, la relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Birmania (Myanmar), Yanghee Lee, se mostró decepcionada con el gobierno de ese país, encabezado por la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, y dijo que esperaba “que fuera ampliamente diferente de lo que era antes, pero no es realmente tan diferente”.

“El gobierno demuestra cada vez más que no tiene ningún interés ni capacidad de crear una democracia en total funcionamiento para todo su pueblo”, declaró Lee en conferencia de prensa.

También señaló que Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la paz está en “negación total” respecto del maltrato y la violencia que soporta la comunidad musulmana rohinyá, y que obligó a unas 700.000 personas a cruzar la frontera y refugiarse en Bangladesh, y cuestionó su apoyo incondicional al Estado de derecho.

“Si se mantuviera el Estado de derecho, todas las personas en Myanmar, sin importar su posición deberían responder a las leyes justas de forma imparcial, no reinaría la impunidad y la ley no se utilizaría como arma de opresión”, señaló Lee.

El responsable de la misión de investigación de la ONU en Birmania, Marzuki Darusman, quien también presentó un informe al respecto a los estados miembro, coincidió en que “el endurecimiento de la posición (del gobierno) es por lejos el mayor obstáculo”, acotó.

“La responsabilidad no solo se refiere al pasado, sino también al futuro, y Myanmar está destinado a repetir ciclos de violencia, a menos que se ponga fin a la impunidad”, arguyó.

Una de las condiciones que contribuyeron a que se cometieran atrocidades desde que estalló la violencia contra los rohinyás, en agosto de 2017, es la reducción del espacio democrático, observó Darusman.

La detención de los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo, de la agencia de noticias Reuters, ocupó la primera plana de la prensa internacional, pero no impidió que el gobierno siguiera reprimiendo la libertad de expresión y a los defensores de derechos humanos en el país.

En los últimos tiempos, tres periodistas de Eleven Media, Nayi Min, Kyaw Zaw Linn, y Phyo Wai Win, fueron detenidos y están bajo investigación por difamación en Internet. De ser acusados y condenados, podrán pasar hasta dos años tras las rejas.

Lee y Darusman también se mostraron preocupados por las condiciones de apartheid (el régimen de segregación impuesto por la minoría blanca contra la mayoría negra en Sudáfrica en la segunda mitad del siglo XX) en Birmania y que persisten hasta ahora e incluyen limitaciones a la movilidad y el acceso a servicios, como la salud y la educación.

El gobierno construye nueva infraestructura tanto para los rohinyás que siguen en el país como para los que se fueron, pero Lee señaló que suelen estar segregados de la mayoría budistas.

Si se mantiene la política de separación en vez de integración, se cometerán más atrocidades.

“Es un genocidio en curso”, alertó Darusman.

En el informe de la misión de investigación, que analizó lo ocurrido en años anteriores, los investigadores concluyeron que se cumplían cuatro de las cinco condiciones para la ocurrencia de genocidio: asesinato de integrantes de un grupo étnico, daños físicos y psicológicos contra integrantes de una comunidad, imposición deliberada de condiciones de vida que apuntan a la destrucción física de una comunidad de forma total o parcial y la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos en una comunidad.

De esas, tres condiciones están vigentes en ese país asiático.

Por ejemplo, en 2015, el gobierno birmano impuso restricciones al espaciamiento de los nacimientos a las mujeres rohinyás, obligándolas a respetar un intervalo de 36 meses entre el nacimiento de sus hijos mediante anticonceptivos.

La Ley de Control de la Salud de la Población se aprobó tras un informe oficial de 2013 que observó: “un rápido crecimiento de la población de (rohinyás) bengalíes como una amenaza extremadamente seria”.

Antes, el gobierno decretó un máximo de dos hijos por mujer en la comunidad musulmana del estado de Rakhine.

Y es por ese tipo de medidas que los rohinyás refugiados en Bangladesh, entre otros países, no pueden regresar.

“La repatriación no es posible ahora. A menos que la situación sea propicia en Myanmar, no alentaría ninguna repatriación. No deben regresar bajo esas leyes, esas políticas y esas prácticas”, indicó Lee.

Además, urgió al gobierno a adoptar leyes para proteger y promover los derechos humanos de todos, y que Suu Kyi use “todo su poder moral y político” para actuar.

“Myanmar se encuentra en una encrucijada , puede responder como miembro responsable de la ONU y asumir su responsabilidad o puede seguir en el mismo camino de autodestrucción”, observó Darusman.

A fin de asumir la responsabilidad que le corresponde, Birmania podría perdonar a los defensores de derechos humanos y periodistas detenidos de forma arbitraria y así restablecer el espacio democrático.

Birmania también debe permitir el acceso irrestricto a los actores humanitarios y a los investigadores de la ONU, añadió Lee.

“Creo que estamos en un punto en que Myanmar y la comunidad internacional están en un punto en que según sea la opción que tomen se definirá el futuro, no solo de ese país, sino de la paz y de la seguridad en la región y el mundo”, indicó.

Traducción: Verónica Firme

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