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Se busca nuevo acuerdo para la naturaleza

IPS español - seg, 17/12/2018 - 19:27

Rinocerontes blancos de Sudáfrica, recuperados de su casi extinción gracias a intensos esfuerzos de conservación. Crédito: Kanya D’Almeida/IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Dec 17 2018 (IPS)

Los animales silvestres están siendo aniquilados a un ritmo sin precedentes, y es culpa de los seres humanos. Pero un nuevo acuerdo que vincule todos los factores responsables de su desaparición podría ayudarnos a protegerlos mejor.

Preocupado por la rapidez de la pérdida de biodiversidad, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) llama a un nuevo acuerdo para la naturaleza y las personas con el fin de acelerar e integrar las acciones entre tres áreas centrales: diversidad biológica, degradación del suelo y cambio climático.

“Las tendencias son sorprendentes. Hacemos frente a un declive sin precedentes, que se acelera”, subrayó el director general de WWF, Marco Lambertini, en diálogo con IPS.

“Es un tema global. Casi ningún país queda exento” del problema, añadió.

Y no son solo las especies más icónicas como pandas, elefantes y tigres, apuntó.

Según el informe de WWF “Planeta Vivo”, las poblaciones de especies vertebradas disminuyeron casi 60 por ciento en el mundo en solo 40 años.

Solo las especies de agua dulce sufrieron una reducción de 80 por ciento.

La disminución de esas poblaciones fue especialmente notoria en América Central y América del Sur, donde hay 89 por ciento menos de especies silvestres que en 1970.

Entre los factores que más inciden en la pérdida de diversidad biológica se destacan actividades humanas como la reconversión en el uso de la tierra y la sobreexplotación.

Más de 40 por ciento de las tierras del mundo se convirtieron o se dejaron de lado solo para la agricultura.

La Amazonia, donde viven más de 10 por ciento de las especies del planeta, sufre una importante deforestación y reconversión de hábitats para dar a lugar a actividades agrícolas, como la cría de ganado y el cultivo de soja.

Se realizaron algunos esfuerzos para frenar y revertir prácticas dañinas, pero no alcanzaron a evitar que desapareciera 20 por ciento de la Amazonia en solo 50 años.

En Indonesia, los primates sufren un alto riesgo de extinción a medida que se destruyen las selvas para dar lugar a la producción de aceite de palma.

“La producción de alimentos es la mayor responsable de la pérdida de hábitats, y muy poca gente se da cuenta de la relación entre la comida que comen y el impacto (que su producción) tiene en la vida silvestre y en los hábitats del mundo”, se lamentó Lambertini.

Pero eso no es todo.

Según el Convenio de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD), la gestión no sostenible de las tierras, que acompaña a muchos cultivos modernos y prácticas ganaderas, causa la degradación del suelo, y contribuye tanto a la desertificación como a la mayor pérdida de biodiversidad.

“Con las tendencias actuales en la producción, la urbanización y la degradación ambiental, vemos cómo se pierden y se desperdician muchas tierras”, remarcó la secretaria ejecutiva de la UNCCD, Monique Barbut, en el informe Perspectiva Global de la Tierra.

“Perdemos nuestra conexión con la tierra. Perdemos con demasiada rapidez el agua, el suelo y la biodiversidad que son el sostén de todos los seres vivos”, subrayó.

“No habrá un futuro próspero, saludable ni feliz, solo un futuro con un planeta degradado”, coincidió Lambertini.

Buscando una base común

El UNCCD es uno de los tres convenios surgidos de la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, en 1992. Los otros son el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Cada uno es significativo por sí solo, pero Lambertini subrayó la necesidad de mayor integración entre los tres convenios, pues los tres tienen puntos de contacto.

“Pedimos un nuevo acuerdo para la naturaleza que realmente reconozca las interdependencias y que integre; degradación del suelo, cambio climático y conservación de la naturaleza”, indicó.

Las secretarías ejecutivas de los tres convenios también reconocieron la interseccionalidad de los tres temas durante la conferencia de cambio climático de 2017, y pidieron la creación de infraestructura para preparar un proyecto.

La oficina común ayudará a promover una acción coordinada entre las cuestiones que tienen en común las convenciones y tendrá fondos para proyectos multidisciplinarios de gran escala.

Pero se ha mencionado muy poco sobre eso desde entonces.

Al igual que el Acuerdo de París sobre cambio climático, el “nuevo acuerdo sobre la naturaleza y las personas” mejorará los esfuerzos de la comunidad internacional mediante metas y objetivos ambiciosos para frenar la pérdida de biodiversidad y proteger y recuperar la naturaleza.

A diferencia de la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vencen en 2030, las metas sobre biodiversidad de los ODS, vencen en 2020, y se espera que muchos países no estén cerca de lograrlas, dadas las tendencias actuales.

El nuevo acuerdo para la naturaleza sería un marco para después de 2020, y ayudaría a los gobiernos a ponerse al día, pero también a redoblar esfuerzos.

La última Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad accedió a comenzar un proceso de preparación, un primer paso hacia la creación de un nuevo marco. Pero no hubo una gran ambición, se lamentó WWF.

“El mundo necesita despertar a los riesgos de la pérdida de biodiversidad. Todos los actores, las empresas, los gobiernos y las personas necesitan actuar ya, si queremos tener algún tipo de esperanza de crear un futuro sostenible para todos y un nuevo acuerdo para la naturaleza y las personas en 2020”, subrayó Lambertini.

“Para que suceda, necesitamos una visión cohesionada y una fuerte voluntad política, algo que la (14 Conferencia de las Partes) no tiene”, apuntó.

El valor de la naturaleza

El Índice del Planeta Vivo calculó que los servicios que ofrece la naturaleza ascienden a 126 billones (millón de millones) de dólares al año, mientras también ofrece aire puro, agua limpia, alimentos y medicamentos.

La vida silvestre juega un papel esencial, e incluso puede ayudar a restablecer y reconvertir el suelo.

“Solemos olvidar que esas criaturas son fundamentales para mantener ecosistemas, como bosques, océanos, humedales, praderas y ofrecer los servicios que son fundamentales para nosotros”, recordó Lambertini.

“Hay un fuerte vínculo entre la biodiversidad y los ecosistemas y nuestra lucha contra el cambio climático”, añadió.

Por ejemplo, aproximadamente 87 por ciento de las especies de plantas con flor dependen de animales para su polinización, y los cultivos que dependen de ellos de forma parcial para su polinización representan 35 por ciento de la producción mundial de alimentos.

Los primates también ayudan a dispersar semillas y polen y a mantener las selvas tropicales, que desempeñan un papel fundamental en los patrones de lluvias y en la reducción de emisiones de carbono.

En la 24 Conferencia de las Partes de la CMNUCC, realizada en Polonia este mes, muchos participantes abogaron por soluciones naturales, como las selvas, para ayudar a reducir 30 por ciento de las emisiones contaminantes.

WWF urge a todos los actores a aunar esfuerzos para crear un marco integral que ayude a proteger el ambiente para la próxima conferencia sobre biodiversidad, que se realizará en China en 2020.

“Es hora de dejar de dar por sentada a la naturaleza, dependemos de ella más de lo que ella depende de nosotros”, advirtió Lambertini.

“No dejen a la naturaleza, la conservación del ambiente y el cambio climático como ideas tardías, deben de encabezar el pensamiento y la planificación tanto en el ámbito político como en el económico”, concluyó.

Traducción: Verónica Firme

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El Nacional apaga su rotativa, otra herida para el periodismo en Venezuela

IPS español - seg, 17/12/2018 - 16:22

Con su última edición impresa, del viernes 14 de diciembre de 2018, el diario El Nacional se propone "un descanso en el camino" hasta poder reaparecer con un titular como "Venezuela regresa a la democracia". Crédito: Humberto Márquez/IPS

Por Humberto Márquez
CARACAS, Dec 17 2018 (IPS)

“Hola Nicolás, nos vemos en la web”, editorializó en forma de “mancheta” el diario El Nacional al publicar, por falta de papel y al cabo de 75 años de presencia en las calles de Venezuela,  su última edición impresa.

Resumió así el desafío opositor mantenido contra la presidencia que Nicolás Maduro ejerce desde 2013 –como también sobre su predecesor Hugo Chávez (1999-2013)-  y el reto que significa cesar su aparición en papel para, como muchos otros diarios en el mundo, mudarse a Internet.

Al apagar su rotativa, desde el 14 de diciembre, El Nacional se suma a los 41 medios impresos, 65 radioemisoras y ocho televisoras forzadas a cerrar durante el sexenio presidido por Maduro, según cifras del Sindicato de Trabajadores de la Prensa y el no gubernamental Instituto Prensa y Sociedad, con su sede central en Lima.

Durante los períodos de Chávez y Maduro “se han aplicado mecanismos para cerrar medios críticos, como una nueva ley sobre radio y TV, retiro de concesiones a radios y televisoras, demandas en tribunales, agresión física a periodistas, campañas de desprestigio y monopolio del papel para imprimir”, dijo a IPS el presidente-editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, desde España, donde reside exiliado.

Otero y otros responsables de medios en Venezuela son objeto de diferentes demandas ante la Justicia, controlada por el gobierno, según lo que subrayan organismos locales e internacionales de derechos humanos.

Una de ellas, incoada por el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela,  Diosdado Cabello, puede dar origen a una multa multimillonaria que lleve a ocupar la sede y otros bienes del diario El Nacional, considerado uno de los más prestigiosos de América Latina buena parte de su historia.

El uruguayo Edison Lanza, relator sobre la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo a IPS que el cierre de la edición impresa de El Nacional por no disponer de papel “es un ejemplo muy lamentable del uso del poder del Estado contra la prensa”.

Lanza recordó desde Washington, sede de la CIDH, que el Articulo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 “expresamente prohíbe restringir el derecho de expresión por medios indirectos como el abuso de controles oficiales sobre el papel para periódicos”.

Grandes medios pueden migrar a formatos digitales pero mantienen sus ediciones impresas en las calles no solo porque es su emblema sino porque atienden a todos sus públicos y de esta forma pueden captar más anunciantes, destacó Lanza.

En Venezuela, bajo un régimen de control de cambios desde 2003, el Estado asignó durante años cupos de divisas a los periódicos para importar papel, pero desde 2013 monopolizó la importación. “Desde entonces la corporación estatal entregó papel a los medios que consideraban afines o amigos. A nosotros nunca nos lo vendieron”, según Otero.

“¿Cómo sobrevivimos? Primero, antes de 2013 adquirimos todo el inventario de papel que pudimos. Luego, periódicos de América nos donaron papel, durante algún tiempo, no podía ser para siempre. Y bajamos la circulación y la paginación, hasta llegar la semana pasada a solo 10.000 ejemplares con 16 páginas”, narró Otero.

El Nacional imprimió hasta la primera década de este siglo más de 50.000 ejemplares diarios, sobre 100.000 los domingos, con cuatro o más cuerpos que incluyeron siempre grandes espacios para la cultura y los asuntos sociales, junto con la opinión de aquilatadas plumas de América Latina.

Periodistas de El Nacional congregados en la sede del diario el 14 de diciembre mientras circulaba por última vez. Tras 75 años de presencia en las calles, ese diario referente de la información en Venezuela y en América Latina, apagó su rotativa, aunque mantendrá su página digital. Crédito: Cortesía de Efecto Cocuyo

Políticamente el diario, que tuvo entre sus fundadores al abuelo y al padre del actual  editor, este último el novelista (Casas Muertas, La piedra que era Cristo) Miguel Otero Silva (1928-1985), se caracterizó desde su nacimiento por una orientación de centroizquierda.

A lo largo de su historia destacó por su combate a las dictaduras de Francisco Franco en España y Augusto Pinochet en Chile, al igual que a otros regímenes militares que proliferaron en la región desde su nacimiento. Además,  paradójicamente, en 1998 apoyó la campaña con la que Chávez, fue elegido presidente, para después transformarse en su opositor.

Asaeteado por años de hostilidad oficial, escasísima publicidad “y tras consumir los ahorros”, según Otero “no podíamos seguir reduciendo y hacer un diario de una página y 1.000 ejemplares. Eso mataría la marca, y por eso decidimos apagar temporalmente la rotativa”.

“Con esa misma rotativa esperamos publicar más temprano que tarde un titular que diga “Venezuela regresa a la democracia””, añadió Otero.

Los periodistas y otros trabajadores migran a la edición digital, dijo Patricia Spadaro, jefa de redacción del periódico. El gerente de la empresa, Jorge Makriniotis, agregó a IPS que se crea una opción de crowfunding (micromecenazgo) bautizada Papel de Libertad, para recoger fondos que ayuden a sostener y desarrollar a El Nacional en la web.

“Seguiremos haciendo nuestro trabajo, que es mostrar los problemas que le queman la piel a la gente en las calles de este país”, dijo Spadaro a IPS.

El Nacional, lamentó Marco Ruiz, secretario general del Sindicato de la Prensa, “llegó a tener hace dos décadas 1.500 trabajadores, y hoy solo tiene 280, de ellos casi 100 en talleres. Son puestos de trabajo perdidos o de estabilidad amenazada producto del cerco económico y la persecución de los poderes que no soportan la disidencia”.

El historiador Elías Pino, directivo del periódico,  consideró que “la historia de Venezuela de las últimas décadas no se puede entender sin la lectura de El Nacional, porque el periódico guiado por Otero Silva le dio un entendimiento propio a la realidad venezolana, y el cierre de su impreso muestra también el cierre de toda una etapa en la vida del país”.

El Nacional permanecía como el único diario con alcance a todo el país que mantenía una línea crítica, pues en los últimos años otros medios impresos independientes fueron adquiridos, en negociaciones bajo términos confidenciales, por grupos que se han mostrado afines al gobierno.

La televisión todavía es, según estudios de firmas encuestadoras, el principal recurso de los venezolanos para informarse, pero han cerrado o cambiado de manos las estaciones que lo hacían en términos críticos y se han multiplicado las frecuencias de TV en manos del sector gobernante o afines a este.

Para la nueva apuesta del periódico quizá sea útil la mancheta de su primera edición, el 3 de agosto de 1943, esa frase corta editorial destacada en su página de opinión que caracterizó cotidianamente a la publicación. Se trata de un verso del poeta español Antonio Machado que repitió en cada edición aniversaria: “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Na mira do Congresso, ocupações são motor da reforma agrária no Brasil

Pública - seg, 17/12/2018 - 11:00

As ocupações de terra estão na mira do Congresso Nacional e podem ser tipificadas como atos terroristas nos próximos meses. Dez projetos apresentados na Câmara e no Senado pretendem alterar a Lei Antiterrorismo (13.260/2016), sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Entre os projetos com a tramitação mais avançada está o PLS 272/2016, de autoria do senador Lasier Martins (PDT-RS) e relatada por Magno Malta (PR-ES). Tramitando atualmente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, o projeto redefine o crime de terrorismo e reincorpora a ele a motivação política e ideológica, ausente do texto sancionado em 2016, praticado para “provocar terror social” ou para “coagir governo, autoridade, concessionário ou permissionário do poder público a fazer ou deixar de fazer alguma coisa”. Também define novos crimes passíveis de tipificação como terrorismo: “incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado” e “interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou bancos de dados”.

Caso o texto em discussão na CCJ seja aprovado em plenário, qualquer depredação ao patrimônio público ou privado que decorra de uma manifestação política torna-se passível de ser enquadrada como ato terrorista e sujeita a penas de 12 a 30 anos de prisão. Se aprovado na CCJ do Senado, segue direto para a votação na Câmara dos Deputados, antes da sanção presidencial. O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou em campanha a intenção de criminalizar movimentos de luta pela terra e por moradia urbana. “Nós temos que tipificar como terroristas as ações desses marginais [do MST e do MTST]”, afirmou, em maio deste ano, em palestra na Associação Comercial do Rio de Janeiro.

IEA/USP“Sem a pressão dos movimentos, a reforma agrária não aconteceria”, diz pesquisador Bernardo Mançano Fernandes (Unesp)

“Eu estudo reforma agrária no Brasil há 35 anos. Todas as minhas pesquisas corroboram que sem a luta pela terra não há reforma agrária. Sem a pressão dos movimentos, a reforma agrária não aconteceria. Se nós fôssemos depender do governo, nós teríamos 10% do número de famílias assentadas”, afirma o professor livre-docente Bernardo Mançano Fernandes, do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária (Nera), da Unesp, que coordena o Dataluta – um grande banco de dados relativo à luta social pela terra no Brasil. Mançano estima que cerca de 90% dos assentamentos foram criados a partir da luta pela terra, seja em ocupações, negociações com os órgãos públicos ou acampamentos de beira de cerca. Para o geógrafo, o projeto de lei busca inviabilizar a reivindicação dos movimentos sociais pela terra ao, por exemplo, tipificar como terrorista qualquer depredação ao patrimônio num contexto de manifestação política. “A primeira coisa numa ocupação é cortar a cerca para entrar. Isso pode ser enquadrado como um ato terrorista. Quando eles criminalizam os movimentos dessa maneira, eles buscam inviabilizar as ocupações completamente. Mas isso não vai resolver o problema, vai aumentar o problema”, avalia. “A concentração fundiária não se resolve do dia para a noite. Todos os dias ocorre concentração e todos os dias está havendo luta pela terra. Portanto, qualquer lei que você crie para frear o processo é como tentar invalidar a lei da gravidade”, opina.

“A ocupação é uma ação de um grupo que vê que o Estado está se omitindo e vai e toma os primeiros passos indicando uma área ociosa, que muitas vezes não tem proprietário legal, é fruto de grilagem, e provoca o Incra para fazer reforma agrária”, afirma Jeanne Bellini, da coordenação da Comissão Pastoral da Terra (CPT), órgão vinculado à Igreja Católica que acompanha conflitos fundiários no Brasil. Em 2016, a CPT fez um levantamento na área da Prelazia de São Félix do Araguaia, que engloba 12 municípios no nordeste do Mato Grosso, e concluiu que apenas um dos 12 assentamentos criados na região não foi originado por ocupações de terra e reivindicações dos movimentos sociais. Os 12 assentamentos concentravam, à época do levantamento, cerca de 150 mil pessoas. “Cinquenta e um por cento da população que estava naquela região [da Prelazia de São Félix do Araguaia quando foi feito o levantamento] estava em cima de terras que foram desapropriadas”, afirma Jeanne.

CPTEm levantamento na área da Prelazia do Araguaia, Jeanne Bellini (foto), da Comissão Pastoral da Terra (CPT), constatou que apenas um dos assentamentos da região não derivou de ocupações de terra

Quadro histórico da CPT, ela relembra sua experiência na região nos anos 1980. “Nos primeiros anos da década, os camponeses não contavam com o Incra, o Estado estava praticamente ausente naquela região [nordeste do Mato Grosso]. Muita gente imigrou do Nordeste e tomou posse de algumas áreas ali, vivendo em pequenas famílias espalhadas, mais ou menos de forma harmônica com a natureza. Quando o Incra passou a regularizar algumas famílias de posse antiga, a notícia se espalhou para parentes e conhecidos desses sertanejos, que viviam em outros estados e foram chegando e se estabelecendo em áreas próximas às que o Incra estava regularizando. Foi assim que começaram as ocupações ali”, relata. “A escolha de áreas a ocupar foi feita em diálogo com gente que já morava na região e que conhecia áreas griladas. Essas áreas eram de gente que veio de fora, convidada pela Sudam [Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia], e, em vez de fazer picadas e as marcações de acordo com os documentos, eles demarcavam áreas maiores. Muita gente que participou dessas demarcações participou das ocupações depois: eles sabiam o que estava documentado mesmo e o que foi um acréscimo. Era gente sem terra ainda não organizada em movimento, mas que tinha compreensão da função social da terra”, relata.

Função social da terra

A função social da terra é um princípio definido no artigo 186 da Constituição Federal. Ele estabelece que a propriedade rural cumpre a função social quando são atendidos simultaneamente quatro critérios: aproveitamento racional e adequado da área rural, utilização adequada dos recursos naturais, observância da legislação trabalhista e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. No artigo 184, a Constituição estabelece como uma obrigação da União a desapropriação para fins de reforma agrária de imóveis rurais que não cumpram sua função social. Também estão sujeitas a desapropriação áreas que não tenham comprovação dominial adequada, por exemplo as que são fruto de grilagem.

O Incra afirmou à Pública que não contabiliza o número de assentamentos criados a partir de ocupações ou manifestações de movimentos sociais. Mas é praticamente consenso entre os funcionários do órgão ouvidos pela reportagem que a grande maioria dos assentamentos criados pelo órgão derivou das pressões e negociações com os movimentos do campo.

Julio Carignano/Brasil de FatoEx-superintendente do Incra no Paraná, Nilton Guedes defende diálogo com movimentos sociais do campo

“A reforma agrária é naturalmente um campo de disputa. As forças contrárias se articulam contra ela quer seja no meio político, no meio legal e até o controle das estruturas públicas relacionadas, como o Incra”, avalia o ex-superintendente do Incra no Paraná Nilton Guedes. “O trabalhador também se organiza e se estrutura para poder reivindicar. Nesse sentido, a gente entende que tem que se ouvir as partes. Ignorar o movimento social é um erro tremendo. Muitas conquistas na área da reforma agrária surgem desse diálogo. Se você pegar a área agrária da Diretoria de Obtenção de Terras e a área orçamentária, que avalia a questão dos custos, eles avaliam muito a atuação em função da quantidade de acampamentos, mobilizações, para poder dar uma resposta mínima do Estado”, avalia. Para Guedes, a demanda por áreas para a reforma agrária pelos movimentos auxilia o trabalho técnico do órgão para ver se estão cumpridas as condições legais para realizar a política determinada em lei. Ele ressalta que os movimentos também tiveram papel importante na política de desenvolvimento dos assentamentos de reforma agrária. “Você tem um tripé no desenvolvimento de assentamentos: assistência técnica, educação no campo e a agroindústria, além da parte de crédito, de melhoria de habitação. Não adianta você distribuir terra se você não estruturar o desenvolvimento dos assentamentos. Tudo isso veio da pauta dos movimentos sociais, que sempre trouxeram e abriram caminhos, se articularam, buscaram orçamento. Acredito que ignorar isso é ignorar a própria reforma agrária”, analisa.

CIDH condenou Chile por lei antiterrorismo contra indígenas mapuches

Em 7 agosto de 2011, o Chile foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por violações a direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. A denúncia surgiu após a condenação de sete lideranças indígenas da etnia mapuche, que historicamente reivindicam áreas na região de Araucania, ao sul do território chileno, pela lei antiterrorista do país (18.314/1984). Em uma série de protestos nos anos de 2001 e 2002, os mapuches ocuparam e incendiaram propriedades do governo e de empresas de exploração florestal como forma de reivindicação de territórios ancestrais. Muitas lideranças foram presas preventivamente após os protestos. A Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), organização mapuche fundada em 1998 com o objetivo de reivindicar território, foi enquadrada (inclusive pela Suprema Corte chilena) como uma “associação ilícita terrorista”.

Em maio de 2014, a CIDH condenou o Estado chileno. A corte invocou os parâmetros definidos pelo relator especial sobre a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos e as Liberdades Fundamentais na Luta contra o Terrorismo, Martín Scheinin, autor das “Dez esferas de melhores práticas na luta contra o terrorismo”. Scheinin vincula o ato terrorista necessariamente à “manutenção intencional de reféns” ou à intenção de “causar morte ou lesões corporais graves a uma ou mais pessoas ou parcelas da população” e o uso da violência contra pessoas para gerar “efeito moral” em parcelas da população. O ato terrorista, nessa definição, destina-se a “provocar um estado de terror na população ou em partes dela” feito com a intenção de “obrigar o governo ou alguma organização internacional a fazer algo ou deixar de fazê-lo”.

A corte entendeu que os protestos dos mapuches não eram passíveis de ser enquadrados como terroristas pois não atentaram contra a integridade física de ninguém, um parâmetro essencial da definição de Scheinin. “Em nenhum dos fatos pelos quais [os líderes mapuches] foram julgados [relativos a incêndio de prédio florestal, ameaça de incêndio e queima de um caminhão de uma empresa privada] resultou afetada a integridade física ou a vida de nenhuma pessoa”, diz a decisão da corte. A CIDH determinou ao Estado chileno que as sentenças proferidas fossem anuladas e as lideranças mapuches, indenizadas. Determinou também que o Chile revisasse sua legislação antiterrorista.

Segundo a advogada Camila Marques, coordenadora do Centro de Referência Legal em Liberdade de Expressão e Acesso à Informação da ONG Artigo 19, o caso chileno não foi isolado. “É importante ter em mente que a gente vem passando por um marco histórico em que vários países do mundo desenvolveram e aprovaram leis que tipificaram o crime de terrorismo”, afirma Camila. “Não foi só o Chile que teve esse questionamento internacional. Vários outros países como a Austrália, o Canadá, enfim, muitos outros países foram questionados no âmbito internacional. Foram leis aprovadas de maneira célere, pouco participativa e muitas delas iam no sentido contrário de leis e convenções de direitos humanos”, diz. Ela avalia que o mesmo pode ocorrer com o Brasil caso os projetos que tramitam no Congresso sejam aprovados, já que a própria Lei Antiterrorismo sancionada em 2016 já foi alvo de questionamentos em âmbito internacional.

Em novembro, a ONG Artigo 19 lançou uma nota técnica com críticas ao PLS 272/2016. Os principais pontos questionados são a inclusão da motivação política e ideológica, a tipificação da apologia ao terrorismo e abrigo aos terroristas – o PLS prevê punição para quem “louvar” atos terroristas ou quem “der abrigo” a pessoas classificadas como terroristas –, bem como o financiamento e a coação de tomadores de decisão. “Ações terroristas são aquelas que visam atingir serviços essenciais da sociedade – serviços de saúde, de eletricidade, por exemplo. Esse projeto amplia isso na medida em que o terrorismo pode ser qualquer ação contra qualquer bem, público ou privado, essencial ou não. A depredação de um orelhão pode ser julgada na mesma perspectiva de um ataque massivo a um hospital, por exemplo. A gente tem uma desproporcionalidade muito grande nesse projeto de lei. A gente tem a criminalização de movimentos sociais e condutas que são naturais em um protesto. Há a possibilidade de uma barricada na avenida Paulista ser considerada um ato de terrorismo”, pondera Camila Marques. “Nesse projeto, a gente não sabe quando vai ser usado um crime de dano ou depredação ou quando será usado o de terrorismo. São condutas absolutamente diferentes. Se uma ocupação de moradia, por exemplo, vai ser tipificada em determinada lei ou na lei de terrorismo se torna uma escolha política”, diz. Para ela, apesar de problemática do ponto de vista de direitos humanos, a atual Lei Antiterrorismo já dá conta de combater a questão no Brasil.

Câmara dos Deputados“A depredação de um orelhão pode ser julgada na mesma perspectiva de um ataque massivo a um hospital”, diz advogada Camila Marques, da ONG Artigo 19

Titular da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, Deborah Duprat avalia que o PLS 272/2016 é inconstitucional. “Toda a parte que fala de crime na Constituição está no artigo quinto. Ali você tem até onde você pode criminalizar. Você só pode criminalizar para assegurar direitos fundamentais e não pode criminalizar para impedir direito de reunião, associação, manifestação”, opina. “O projeto possui imprecisões terminológicas que não são próprias do direito penal e acabam punindo manifestações legítimas. Por isso houve os vetos da presidente Dilma. Temos um direito penal cuja matriz é a da anterioridade da lei. A ideia é que nós vamos saber muito bem como nos comportar porque o que é crime nós vamos saber com muita certeza. Além de punir manifestações legítimas, esse projeto deixa numa zona de incerteza o que é legítimo e o que é ilegítimo”, diz, referindo-se à tipificação estabelecida no projeto de “louvar” o crime de terrorismo. Ela afirma que, caso aprovado com o texto atual, pretende questioná-lo juridicamente.

ANPRTitular da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), Deborah Duprat (foto) diz que pretende questionar alterações na Lei Antiterrorismo que constam no PLS 272/2016 MST

“Nós gostaríamos de não ter que ocupar terra. Por ser constitucional, a reforma agrária deveria ser política de Estado. Lamentavelmente, isso historicamente é letra morta”, afirma Kelli Mafort, também membro da coordenação nacional do MST. “Se fosse realmente uma política de Estado, nós gostaríamos de não ficar ali. Um acampamento é duro, é difícil. Você vive em situação de risco, as soluções demoram muito. Nós temos 150 mil famílias acampadas no Brasil, mas os acampamentos estão levando em média sete a dez anos até terem alguma solução. A reforma agrária vem sendo paralisada no Brasil: no ano passado, nenhuma família foi assentada. Ocupar é algo muito duro, que não precisaria existir. Mas nós estimamos que 90% dos assentamentos no Brasil surgiram de ocupações”, argumenta.

Leandro Taques/Brasil de FatoKelli Mafort (foto) denunciou perseguição do Congresso com alterações na Lei Antiterrorismo em encontro com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em novembro deste ano

No último dia 9 de novembro, Kelli representou o movimento no encontro com a delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão ligado à Organização dos Estados Americanos (OEA). A comissão visitou o Brasil entre os dias 5 e 12 de novembro para apurar denúncias de violações de direitos humanos. “Nós apresentamos três pontos na nossa denúncia à comissão. Um deles foi essa questão dos PLs que pretendem retirar a exceção feita na Lei Antiterrorismo aos movimentos sociais e manifestamos nossa preocupação com o discurso de Bolsonaro de exterminar, eliminar o MST e o MTST e tratar como terrorista – pedimos a manutenção do artigo 2º da Lei Antiterrorismo”, diz Kelli. Em seu relatório final, lançado no último dia 12, a comissão afirmou que o Brasil vive um retrocesso na área de direitos humanos e criticou a criminalização dos movimentos sociais com os projetos que visam alterar a Lei Antiterrorismo.

José Cícero da Silva/Agência Pública Famílias do acampamento Dom Tomás Balduíno, em Quedas do Iguaçu (PR), mostram a produção à reportagem José Cícero da Silva/Agência Pública A produção divide-se em roças individuais e coletivas e destina-se à geração de renda e autossuficiência José Cícero da Silva/Agência Pública Agricultores do MST priorizam produção orgânica: as 1.500 famílias do Dom Tomás Balduíno alimentam-se de sua própria produção José Cícero da Silva/Agência Pública Ocupação começou em julho de 2014. O acampamento está sobre áreas detidas pela madeireira Araupel que são tidas como públicas pelo Incra José Cícero da Silva/Agência Pública Dois trabalhadores rurais já morreram em decorrência das ocupações praticadas pelo MST na região Anterior Próximo “Vou manter meu texto como está”, diz Magno Malta

Em entrevista à Folha de S.Paulo, o senador Magno Malta, relator do PLS 272/2016, afirmou que pretende manter o texto do projeto da forma que foi apresentado à CCJ. “Ninguém queima patrimônio público, põe fogo em ônibus, propriedade com famílias, sem aterrorizar a sociedade. Vou manter meu texto como está. Não podemos entender esses atos como luta ideológica, e sim como ato terrorista”, afirmou.

Agência SenadoEm entrevista à Folha, Magno Malta prometeu manter texto apresentado por ele na CCJ

A Pública solicitou uma entrevista ao senador Lasier Martins a respeito do projeto de lei, mas não teve resposta de sua assessoria de imprensa.

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Most ‘precious’ and ‘scarce’ resource of our time is dialogue, UN chief tells Doha policy forum

UN SGDs - dom, 16/12/2018 - 19:35
Following a productive two weeks of global dialogue for the United Nations and its Member States, alongside governments and advocates, Secretary-General António  Guterres, speaking in the Qatar capital, Doha, underscored the importance of international cooperation in the “enormous challenges” of our time, drawing the curtain on a job finished at Sunday’s Doha Forum.
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Todavía hay vida en vapuleado Órgano de Apelación de la OMC

IPS español - sex, 14/12/2018 - 16:51

El embajador japonés Junichi Ijara, presidente del Consejo General, cuerpo supremo de la OMC durante los recesos de la conferencia ministerial, anunció el lanzamiento inmediato de discusiones informales para tratar de resolver la crisis del tribunal sobre diferencias del organismo. Crédito: OMC

Por Gustavo Capdevila
GINEBRA, Dec 14 2018 (IPS)

El máximo tribunal de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Órgano de Apelación, amenazado con desaparecer ante los embates de Estados Unidos, dio muestras de su imparcialidad este viernes 14, al fallar a favor de Washington en una causa interpuesta por México.

La sentencia reconoció que Estados Unidos introdujo modificaciones en su política de etiquetado de los productos de atún mexicano. El diferendo se originó en descripciones impresas en los envases de atún que aludían a métodos de captura perjudiciales para los delfines.

El dictamen se conoció al concluir una semana de tensiones internas como probablemente nunca había atravesado la OMC en sus casi 24 años de vida.

La animadversión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump hacia la OMC y en particular a su Órgano de Apelación tuvieron eco en las sesiones de su Comité de Negociaciones Comerciales, el lunes 10, y del Consejo General, el miércoles 12.

El jefe de la misión negociadora de Estados Unidos, el embajador Dennis Shea, dejó en claro que su país mantiene el bloqueo al funcionamiento del esa instancia, al vetar el nombramiento de nuevos jueces para integrarla.

De un total de siete miembros, el tribunal solo cuenta en la actualidad con tres, el mínimo legal para asegurar su funcionamiento. El 10 de diciembre de 2019 quedará con solamente uno, al concluir el mandato de los otros dos, y de esa manera caerá en la parálisis total.

Tres de los principales actores de la escena comercial internacional, la Unión Europea, China e India, con el apoyo de otros países industrializados y en desarrollo, presentaron en esta segunda semana de diciembre un plan para asegurar la designación de nuevos jueces del máximo tribunal de la OMC.

Pero Washington rechazó la iniciativa e insistió en sus critica a los miembros del Órgano de Apelación por “no guiarse por las normas acordadas en 1995”, cuando se creó la OMC y reemplazó a un anterior organismo que atendía algunos de sus mandatos.

Sucesivos gobiernos estadounidenses mostraron disconformidad con los fallos del Órgano de Apelación y sugirieron que inclinaba la balanza en contra de la primera economía mundial.

Pero con el republicano Trump, aún antes de que asumiera la presidencia en enero de 2017, las amenazas se acentuaron y se extendieron a la misma OMC y la totalidad del sistema multilateral de comercio, recordó a IPS un negociador comercial latinoamericano que pidió reservar su identidad.

“La paralización y la posible desaparición del Órgano de Apelación serán un golpe fatal para la credibilidad de la OMC”, advirtió el embajador de India, J.S. Deepak, durante la sesión del Consejo General.

El jefe de la misión china, el embajador Zhang Xiangchen, recrimino a Estados Unidos por “airear sus críticas al proceso de apelación, pero sin aportar sugerencia concretas ni solución alguna”, dijo.

A la crisis del Órgano de Apelación se suma la mora de la OMC en el proceso de negociaciones comerciales. Desde 2001 arrastra sin lograr acuerdos los compromisos asumidos en la conferencia ministerial de la capital de Qatar, conocida como la Ronda de Doha.

Pero en este momento, “el nudo gordiano de la OMC es la situación de su tribunal de apelaciones”, dijo un representante mexicano.

Fuentes comerciales observaron que los países miembros de la OMC han asumido con suma seriedad la crisis que atraviesan la institución y su máximo tribunal.

El negociador japonés Junichi Ijara, presidente del Consejo General, cuerpo supremo de la OMC durante los recesos de la conferencia ministerial, anunció que lanzará de inmediato un proceso informal de discusiones para resolver la crisis del Órgano de Apelación.

El embajador Ijara evaluó que la opinión dominante entre los miembros de la OMC se inclina por un debate urgente del diferendo y con enfoques más concentrados en la esencia del problema.

A pesar del clima de incertidumbre inocultable en la OMC, los tres jueces del Órgano de Apelación siguen dictando justicia. Y en este viernes 14 fue a favor de Estados Unidos.

Edición: Estrella Gutiérrez

 

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El Tren Maya agita a comunidades locales en México

IPS español - sex, 14/12/2018 - 14:20

El megaproyecto del Tren Maya, en el sur de México, afectará ecosistemas fundamentales de la Península de Yucatán, que alberga 25 áreas naturales protegidas, como podría suceder con esta laguna en la reserva comunitaria de Síijil Noh Há, contigua al área preservada de Sian Ka'an. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
FELIPE CARRILLO PUERTO, México, Dec 14 2018 (IPS)

“Si miles de personas llegan a este municipio, ¿cuál es su capacidad para atenderlos? Me da miedo ese crecimiento”, se sinceró Zendy Euán, vocera de una organización comunitaria respecto al proyecto del Tren Maya (TM), una red ferroviaria que recorrerá cinco estados del sur de México.

Euán, una indígena maya que reside en el municipio de Felipe Carrillo Puerto (FCP), aseguró a IPS que carecen de información detallada sobre el megaproyecto, una de las iniciativas estrella del flamante gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente por sus siglas AMLO, quien lo prometió durante su campaña.

“No lo tenemos claro. Desconocemos el proyecto”, dijo Euán, quien cuestionó también los beneficios prometidos por el presidente, quien inició su sexenio el 1 de diciembre,  para la población local, así como los mecanismos de participación en la obra y sus amenazas ambientales.“Violan nuestros derechos indígenas. No estamos de acuerdo con cómo se consulta ni vemos los beneficios para las comunidades (del Tren Maya). Está dirigido a los puntos turísticos. Los que se beneficiarán son los grandes empresarios”: Miguel Ku.

“¿Cuál será el beneficio para los ejidatarios, para las artesanas? Como comunidades ecoturísticas, ¿tendremos un espacio para la promoción?”, planteó la portavoz de la Red de Turismo Comunitario de la Zona Maya de Quintana Roo, uno de los estados del sureste mexicano que comparten la Península de Yucatán, en la costa atlántica,  con 1,5 millones de habitantes.

La red, surgida en 2014, agrupa a 11 organizaciones comunitarias de tres municipios de Quintana Roo y ofrece recorridos ecoturísticos y culturales en la zona, su principal actividad económica.

En el municipio de FCP, habitado por más de 81.000 personas, existen 84 ejidos, sistemas tradicionales mexicanos de tierras de explotación colectiva que pueden venderse.

Uno de ellos, del mismo nombre que el municipio, con 47.000 hectáreas y 250 ejidatarios,  administra las reservas ejidales Síijil Noh Há (donde brota el agua, en lengua maya) y Much’Kanan K’aax (juntos cuidemos el bosque).

Las dudas de Euán son compartidas por miles de habitantes de la península, que recibe cada año casi siete millones de turistas.

IPS recorrió un tramo del trazado preliminar del TM por Quintana Roo y el vecino estado de Campeche y constató la falta generalizada de información precisa sobre proyecto y sus posibles consecuencias ecológicas, sociales y culturales, en una región con alta marginación social.

El gubernamental Fondo Nacional del Turismo (Fonatur) promueve la obra, a un costo de entre 6.200 y 7.800 millones de dólares. El plan es que empiece a operar en 2022, con 15 estaciones a lo largo de 1.525 kilómetros por 41 municipios de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Sus locomotoras funcionarán con biodiesel –posiblemente elaborado con aceite de palma- y se proyecta que trasladen anualmente a unos tres millones de pasajeros, además de carga.

Zendy Euán, portavoz de una red de turismo comunitario, explica en el Museo Maya del municipio Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, el trazado del Tren Maya por áreas ambientalmente claves del sur de México. Organizaciones sociales e indígenas cuestionan los beneficios de esa megaobra, uno los proyectos estrella del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Crédito: Emilio Godoy/IPS

El nuevo gobierno argumenta que el proyecto impulsará el desarrollo socioeconómico de la región, fomentará la inclusión social y la creación de empleo, resguardará las culturas indígenas, protegerá las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en la península y fortalecerá la industria turística.

Milenarios ecosistemas

El tendido ferroviario morderá el corazón de la jungla maya y sus rieles atravesarán ese ecosistema milenario, escenario del imperio maya que dominó esa zona y toda la región mesoamericana desde el siglo VIII hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI.

Se trata del macizo selvático más importante de América Latina después de la región de la Amazonia y un área clave en la conservación de la riqueza natural en México, que ocupa el puesto 12 entre los países más megadiversos del planeta.

La región pertenece al Corredor Biológico Mesoamericano, un puente de hábitats que conecta el sur mexicano con Panamá, el país más al sur de los siete centroamericanos, y alberga cerca de 10 por ciento de las especies conocidas del mundo.

En la Península de Yucatán, que conforman Campeche, Quintana Roo y Yucatán, hay 25 ANP, con una extensión total de 8,5 millones de hectáreas.

De hecho, dos estaciones del TM serán contiguas a las reservas de la biosfera de Calakmul, de 725.000 hectáreas, y de Sian Ka’an, de 650.000 hectáreas.

“¿Qué va a pasar? No conocemos el trazo, no tenemos información. Tenemos que analizarlo bien”, declaró a IPS el maya Luís Tamay, presidente del Comisariado de Bienes Comunales del ejido Nuevo Becal, en el municipio de Calakmul (ciudad de s montículos contiguos), en Campeche.

Al igual que Euán, el dirigente teme el arribo multitudinario de turistas, para lo cual Calakmul “no está preparado, pues es un proyecto de alto impacto” para un municipio de solo algo más de 28.000 habitantes.

Nuevo Becal cuenta con 84 titulares de tierras, abarca 52.800 hectáreas y ejecuta seis proyectos de explotación maderera, agrosilvicultura, semillas y conservación ambiental.

Aunque el TM no pasará en sus inmediaciones, dejaría secuelas en la zona. En Calakmul, el gobierno realizará en 2019 estudios técnicos y de impacto ambiental, con la idea de iniciar la construcción al año siguiente en la localidad.

Para construir la red ferroviaria, el gobierno  debe negociar con los ejidatarios, propietarios de la mayoría de tierras en los cinco estados del tendido previsto, pues existen 385 en Campeche, 279 en Quintana Roo y 737 en Yucatán.

De hecho, el gobierno ya pidió en el ejido Felipe Carrillo Puerto 30 hectáreas para construir una estación,  como un aporte a la obra, un proyecto de viejo cuño, pues la entonces gobernadora de Yucatán, Yvonne Ortega, propuso el Tren Rápido Transpeninsular en 2007.

Poco después de asumir el poder, en diciembre de 2012, el antecesor de AMLO, el conservador Enrique Peña Nieto, lo adoptó como plan nacional para conectar la región.

Pero el recorte al gasto público de 2015 aparcó el proyecto, al que se sumarán más de 300 kilómetros de vías remanentes de la red ferroviaria que funcionó entre 1905 y 1957, primero como transporte militar y luego también de pasajeros.

El 24 y el 25 de noviembre, antes de tomar posesión, el equipo de AMLO obtuvo el apoyo  para la red ferroviaria, junto con una nueva refinería en el estado de Tabasco y la ejecución de otros proyectos, durante una llamada Consulta Nacional sobre 10 Programas Sociales Prioritarios.

Pero ese respaldo, en una consulta que solo se hizo en ciertas localidades mediante un proceso poco representativo, no apaciguó las críticas en la península al Tren Maya.

El 15 de noviembre, un grupo de académicos  pidió a López Obrador detener las obras por sus impactos ecológicos, sociales, culturales y arqueológicos.

Tres días después, un colectivo de organizaciones indígenas rechazó el proyecto, pidió respeto a sus bosques y selvas y demandó una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada.

“Violan nuestros derechos indígenas. No estamos de acuerdo con cómo se consulta ni vemos los beneficios para las comunidades. Está dirigido a los puntos turísticos. Los que se beneficiarán son los grandes empresarios” del sector, denunció a IPS ya en diciembre Miguel Ku, representante de la Red de Productores de Servicios Ambientales.

Esa organización aglutina a 3.756 ejidatarios de 33 núcleos agrarios en el municipio de José María Morelos, tres más en el municipio de FCP, todos en Quintana Roo. En conjunto, poseen 257.000 hectáreas que destinan al aprovechamiento forestal, agricultura, apicultura y ganadería.

Las organizaciones locales buscan otro modelo socioeconómico. “Hemos demostrado que la conservación permite un buen desarrollo. Tenemos recursos naturales, déjennos aprovecharlos, de ahí nos mantenemos”, planteó Tamay.

El maya Ku rechazó la repetición del esquema aplicado en otros proyectos. “Estamos hartos de ser los dueños de las tierras y sean otros los que se lleven los beneficios. El gobierno podría hacer otra cosa. Queremos que los ejidos desarrollen sus propios proyectos”, pidió.

Pero López Obrador parece tener prisa en avanzar con el Tren Maya, y este domingo 16 va a colocar su primera piedra en la ciudad de Palenque, en Chiapas, sin esperar a que Fonatur presente la evaluación sobre su impacto ambiental ante la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Comunidades tradicionais de Paraty são submetidas a “safári econômico”, diz procurador do MPF

Pública - sex, 14/12/2018 - 14:03

O Ministério Público Federal (MPF) moveu ação civil pública, na segunda-feira (10), para evitar que o luxuoso Condomínio Laranjeiras no município de Paraty, litoral do Rio de Janeiro, continue impedindo o acesso de populações tradicionais a três praias da região. Em novembro 2017, a Pública revelou e documentou o histórico de segregação, ameaça e processos contra moradores feitas pelo condomínio no Especial Coleção Particular. Localizado na área de proteção ambiental federal APA de Cairuçu, o condomínio isola duas comunidades tradicionais caiçaras, do Sono e Ponta Negra, com aproximadamente 600 habitantes. A propriedade é a única passagem acessível para as comunidades. Para irem a Paraty, os moradores precisam passar por dentro do condomínio, mas a circulação a pé é proibida e cercada por correntes e seguranças, só é possível sair com a kombi oferecida pelo Laranjeiras que transporta também os turistas.

“A utilização de kombi por condomínio de elevado padrão econômico para transporte dos caiçaras traduz significativa expressão de violação de direitos fundamentais. A população caiçara disputa espaço com turistas em pequena kombi para poder levar suas compras mensais para casa”, diz o documento do MPF. “Há uma constante, insistente e impositiva restrição do direito constitucional de ir e vir”, concluiu a Ação Civil.

Júlio César Guimarães/Agência PúblicaCondomínios têm forte vigilância e área limitada por correntes

Inaugurado na década de 70, o condomínio, que tem mais de 150 mansões, é uma área usada por políticos e grandes empresários. Acionistas do banco Itaú, como Alfredo e Rose Setubal, e sobrenomes que remetem ao poderoso grupo Votorantim, como Fábio Ermírio de Moraes e Ana Helena Moraes Vicintin, ou mesmo Alberto Sicupira, um dos todo-poderosos da Ambev, têm casas ali. Luiz Nascimento, da holding Camargo Corrêa, envolvido em escândalos da Operação Lava Jato, é outro frequentador do condomínio.

O procurador da República Ígor Miranda da Silva pede na Ação Civil que a Justiça obrigue o Condomínio Laranjeiras a respeitar o direito de ir e vir dos moradores. Caso o condomínio continue impedindo o livre acesso à praia, terá que efetuar o pagamento de uma multa diária de R$ 5.000 até o limite de R$ 5 milhões. O MPF também requer a Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro medidas administrativas para concessão do Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS) e Cessão de Direito Real de Uso (CDRU) das populações caiçaras.

Em entrevista para a Pública, o procurador explica as propostas do MPF e conta o história de violação do condomínio. “A situação no condomínio laranjeiras ultrapassa limites e beira o surreal. Os moradores são sujeitados a uma espécie de safari econômico”, diz ele.

Qual é o histórico do Condomínio Laranjeiras e da região?

Eu estou há dois anos lotado em Paraty e desde o início fui procurado pela população, especialmente a população de Caiçara da Praia do Sono e Ponta Negra, que reclamava da dificuldade de acesso a sua residência e da resistência por parte do Condomínio Laranjeiras. A população caiçara tem um histórico de luta para estabelecer e permanecer em sua terra, desde a década de 70, quando foi estabelecida naquela região o condomínio. Mas, recentemente, houve uma Ação Civil Pública onde se debateu exclusivamente o acesso à praia, para que fosse exercido o direito constitucional. Essa ação de 2009 dizia respeito ao acesso à praia, ela não tratava da população caiçara, ela tratava do uso da praia, para qualquer cidadão, para turistas. No bojo dessa ação, foi feito um acordo, mas a população caiçara não foi plenamente consultada, como determina a Convenção 169 [da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre sobre povos indígenas e tribais]. Nós chegamos a tentar realizar algumas conversas com o próprio condomínio, mas não avançaram muito. Verifiquei também que o próprio acordo em si não é integralmente comprido. Em virtude disso, nós avisamos essa Ação Civil, que entre alguns pedidos tem a questão do livre acesso e a acessibilidade da população caiçara.

Júlio César Guimarães/Agência PúblicaSeguindo o trajeto pela estrada que leva ao condomínio, começam a aparecer placas na mata com os dizeres “Propriedade particular: Condomínio Laranjeiras”

Quais são as dificuldades dos moradores?

A saída viável acessível dos moradores de suas casas é pelo cais, onde o serviço de kombi que o condomínio coloca ali dificulta bastante a locomoção. Há um quadro de criminalização da população tradicional. Já houve o caso de uma mãe que tinha que sair pra buscar o filho, uma questão pessoal sensível, e foi detida, recebeu uma representação por crime de invasão de domicílio e outras medidas judiciais.

Leia também: Condomínio Laranjeiras: segregação ameaças e processos em Paraty

Os processos contra moradores por ‘invasão’ ainda tramitam?

Sim, tramitam na Justiça comum de Paraty, mas o Ministério Público Federal vai requerer o declínio de competência para a Justiça Federal.

Como enxerga a resistência do condomínio em relação ao acesso do caiçaras?

Eu enxergo com naturalidade, mas com naturalidade no sentido que nós vivemos em um país onde diversos direitos fundamentais são historicamente violados há séculos. É usual essa resistência. Não é exclusiva no caso do Condomínio Laranjeiras e da população Caiçara, que está travada sua saída em razão desse condomínio. Compete ao poder judiciário fazer o seu papel e efetivar esses direitos. E de todo modo, a situação no condomínio laranjeiras ultrapassa limites e beira o surreal. Os moradores são sujeitados a uma espécie de ‘safári econômico’, onde de forma constrangedora, menos favorecidos são transportados em Kombi antiga enquanto visualizam a realidade imponente dos condôminos. Ao passo que um direito básico, a liberdade de locomoção, é sensivelmente cerceado.

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Conflictos en África vuelven inservible el pacto sobre migraciones

IPS español - sex, 14/12/2018 - 13:13

Soldados del Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte limpian las armas que aseguran haber tomado a las fuerzas gubernamentales. Crédito: Jared Ferrie/IPS

Por Danielle Engolo
MARRAKECH, Dec 14 2018 (IPS)

El ya aprobado Pacto Mundial para una Migración, Segura, Ordenada y Regular sigue generando controversia. Evans Tekenge Manuika, jefe de Todos por la Integración de Migrantes en Marruecos, conversó con IPS y alertó sobre que el documento será letra muerta si no se logra la paz en África.

Tekenge Manuika conversó con IPS en el marco de la Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración, que comenzó el lunes 10 en Marruecos.

La reunión de alto nivel se vio marcada desde el inicio por un hecho sin precedentes: la ausencia de por lo menos siete Estados miembro que cancelaron su participación casi a último minuto.

La comunidad internacional se esfuerza por resolver el agravamiento de las crisis humanitarias y por mejorar la aceptación de refugiados y migrantes, lo que redobla la importancia del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el que se volvió políticamente sensible.

Las ausencias llamaron la atención porque la implementación del pacto es voluntaria, a diferencia de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, suscrita y ratificada por los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, pero no necesariamente implementada.

El pacto, adoptado el lunes 10, es el primer acuerdo intergubernamental negociado, que busca cubrir todas las dimensiones de las migraciones internacionales. Se trata de un documento proactivo que busca orientar a los Estados en todos los asuntos relacionados con las migraciones.

Cabe recordar que Estados Unidos fue el detractor más notable de la conferencia al condenar el pacto y tildarlo de violación a la soberanía nacional. Pero también hubo otros países que frenaron el pacto o se negaron a firmarlo como Hungría, Australia, Israel, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Austria, Suiza, Bulgaria, Letonia, Italia, Suiza y Chile.

El documento adoptado establece 23 objetivos que pretenden cubrir todos los aspectos relativos a las migraciones, y cada uno tiene un objetivo general y un abanico de posibles acciones para que implementen los Estados miembro del foro mundial.

El significado de la conferencia fue lo que atrajo, además de diplomáticos y funcionarios, a unas 400 organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, el sector privado y la academia, así como a más de 700 periodistas registrados. Y en ese contexto, IPS entrevistó a Tekenge Manuika.

IPS: Usted que trabaja para un organización que se preocupa por las migraciones, ¿qué opinión le merece el pacto?

EVANS TEKENGE MANUIKA (ETM): El Pacto Mundial será inútil mientras sigan habiendo zonas en conflicto en África. Vinimos aquí como parte de la sociedad civil para tomar medidas concretas, y no solo hablar. Hablamos mucho.

Ya es tiempo de que las migraciones sean seguras, ordenadas y regulares. Trajimos ideas para que las grandes potencias hagan campaña por la paz en zonas en conflicto de África. También tenemos que darle esperanza a la gente y estar a la altura de los países que expulsan gente.

IPS: ¿Cómo debe implementarse el pacto?

ETM: Le pedimos a la ONU que tomara medidas concretas, en vez de solo denunciar. Debemos hacer campaña por la paz en las áreas donde hay conflictos de interés entre las grandes potencias.

Debemos de promover el desarrollo y también pensar en el futuro de los jóvenes de África. También pedimos como solución a la cuestión migratoria, actuar a escala nacional en los países de origen y partida, y no solo en los países a los que llegan los migrantes.

Si atendemos la cuestión migratoria en los países de llegada, será una pérdida de tiempo. Debe atenderse en la fuente. Si en el país de partida todavía hay guerras, siempre habrán personas emigrando. Se sacrifican los jóvenes de África, su futuro no está claro, y por eso la gente sigue migrando.

IPS: ¿Cree que los Estados africanos, a los que se suele criticar por no respetar las leyes nacionales, puedan respetar las disposiciones del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular?

ETM: Es cierto que se suele criticar a los jefes de Estado africanos por ese asunto, pero tratemos esta vez de darles una oportunidad con el pacto y sentarnos a la misma mesa de negociaciones para encontrar soluciones adecuadas a la migración.

Démosle la oportunidad de realizar esfuerzos para implementar las disposiciones del pacto, y gestionar mejor las migraciones en nuestro continente. Esperemos a ver antes de juzgar.

* Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación de las Naciones Unidas IPS organizó talleres para medios sobre la temática en  en Marrakech.

Traducción: Verónica Firme

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“Foi um ano que tiraram da gente”, diz mãe de jovem inocentado

Pública - sex, 14/12/2018 - 10:27

O cheiro de cloro misturado a outros produtos de limpeza exalava pelo chão da cozinha e da sala. Sob a supervisão da avó, Wlaedson Domingos dos Santos, 19 anos, fazia a limpeza. Minucioso e perfeccionista, conferiu se fez um bom trabalho antes de voltar para a posição original os eletrodomésticos arrastados durante a faxina. Há um ano, Wlaedson seguia a mesma rotina, quando foi acusado de participar de um assalto a carga na região de Embu das Artes, em São Paulo.

Era dia 27 de novembro de 2017, quando por volta de 10h30, Wlaedson foi até a casa do amigo Diego. Enquanto conversavam, escutaram tiros. Diego ficou apreensivo com o irmão de 10 anos que brincava na rua. Ao sair, ambos foram surpreendidos por um rapaz que entrou correndo na residência. Em seguida, um policial militar também entrou e rendeu os três jovens, sob a acusação de roubo. Eles foram conduzidos para o 47º DP do Capão Redondo, onde uma vítima fez o reconhecimento de Wlaedson como um dos assaltantes.

Enquanto a faxina seguia no último dia 3 de dezembro, uma mulher gritou da ponta da viela: “Ô, filho, me ajuda aqui”. Era Laudinete Domingos, a mãe de Wlaedson, que chegava do mercado. Após ter acomodado os mantimentos, Laudinete se serviu de um café e acendeu um cigarro. Encostada na porta, ela relembrou ao repórter a última audiência que tratou do caso do filho, inocentado definitivamente da acusação de roubo de carga. O drama da mãe e de toda a comunidade, que se mobilizou para provar a inocência do acusado, que ficou preso provisoriamente durante cinco meses, foi registrado pela Pública na videorreportagem abaixo.

Durante esse período sem o filho e buscando respostas para as suas angústias, Laudinete iniciou acompanhamento psicológico, indicada por um dos ativistas de direitos humanos que conheceu no decorrer da luta para provar a inocência do filho. Frequentava as sessões semanalmente e se esforçava para cumprir a agenda de encontros. Mas somente ser escutada não amenizava a sua aflição. Por que ela estava ali?, indagou a psicóloga. A resposta estava pronta, ela só não tivera a oportunidade de falar: “Ah, tem um ‘todo’ que me faz vir: a consideração da doutora em me atender; as pessoas que me ajudam, mas não é bem o que quero. Preciso que alguém me diga que eu não estou errada. Que não é justo o que fizeram com a minha família”. Sem resposta, a psicóloga deixou que ela a visitasse quando se sentisse à vontade. Laudinete não voltou: “Ela só me escutava, aquilo me deixava mais nervosa”.

No dia 26 de abril, após cinco meses preso, Wlaedson teve a liberdade provisória concedida, depois de o juiz entender que ele não deveria continuar privado da liberdade, uma vez que tanto os policiais quanto a vítima não compareceram à audiência marcada naquela data. Laudinete levou oito testemunhas a favor do filho. No outro dia à noite, ele foi recebido com faixas, cartazes, presentes; choro, risos, abraços, em uma grande festa organizada pela comunidade, sempre convicta da sua inocência.

Mas, após a euforia comunitária, a preocupação de Laudinete voltou. Não só pelas imposições que a liberdade provisória prevê, mas também pelo sentimento de medo. Laudinete sabia que ele permanecia “preso” a um processo ainda sem desfecho. “Durante este período, a minha família ficou desestruturada. De certa forma, eu queria que ele continuasse preso aqui, dentro de casa, mas ele é jovem e tem o direito de ir para rua, mas tinha medo que algum policial o reconhecesse e o forjasse. Passou muita coisa pela minha cabeça.”

Laudinete não se conforma com os cinco meses do filho no cárcere. “Ele pagou uma cadeia sem dever nada. As pessoas que causaram isso nas nossas vidas estão impunes. Eles simplesmente não apareceram [nas audiências] ou dizem que não lembram mais do que aconteceu, vão embora e está tudo certo? Minha indignação é essa. É algo que eu não aceito. Acho que quem faz isso com uma pessoa tem que pagar. Pra mim, a única coisa que mudou é que eu não estava vendo meu filho atrás das grades. Mas dizer que isso amenizou o sofrimento, não! Foi um ano que tiraram da gente. E esse ano eu não vou esquecer nunca. Não me conformo.” Em casos assim, a família pode, por exemplo, ingressar com ação civil requerendo danos morais.

Outra preocupação da mãe é referente à situação do filho na Justiça. Ambos estão preocupados: quando ele for em busca de trabalho, ou se for abordado pela polícia na rua, vai constar a passagem em seu nome? “Pra mim, a justiça só será feita quando não constar passagem ao puxar o antecedente dele. Não quero que quando puxar fique nem como inocentado. Se constar alguma coisa, mesmo inocentado, nenhum dono de empresa vai dar oportunidade para ele. Ele passou na cadeia, ficou marcado, é um carimbo e acabou! Tem que devolver o nome do meu filho sem passagem nenhuma porque ele não fez nada para ter essa mancha no nome.” Segundo o advogado de defesa, José Roberto Telo Faria, o “processo será retirado do sistema” e não constará nenhuma informação sobre o que aconteceu, o que significa que Wlaedson, pela lei, tem direito a ter a ficha limpa. O prazo para que isso aconteça é de em média 50 dias após a sentença definitiva.

Outra perspectiva que preocupou a família foi a financeira. Laudinete não sabe ao certo quanto gastou no período de um ano. Só com advogados, foram aproximadamente R$ 10 mil. Todo cidadão tem por direito um defensor público, mas Laudinete só ficou sabendo dessa informação depois que já havia contratado os serviços particulares. Além disso, houve gastos com os deslocamentos e alimentação para as visitas semanais. “Eu tinha vergonha na fila, porque eu demorava para levar o jumbo [itens como cigarro, produtos de higiene pessoal, mantimentos, roupas etc., que são levados no dia de visita por familiares e/ou amigos para os detentos] e era pouco. Sorte que tinha uns vizinhos que me ajudaram – doavam alimentos e dinheiro para condução. Foi bem difícil”, relembra.

Vulgo inocente

Quando começa a falar sobre o que aconteceu, Wlaedson fixa o olhar no chão, fazendo expressões como de quem ainda tenta entender o que houve. Relembra que durante o primeiro mês detido se isolou, conversava pouco, somente o necessário. A cadeia tem as suas regras e, quando um detento entra na cela, deve “passar a ciência”, ou seja, explicar o motivo que o fez parar ali. No entanto, ele não precisou. O rapaz que, de fato, havia cometido o assalto caiu na mesma cela e relatou o que aconteceu. “Ele disse que não me conhecia, que eu não havia participado do assalto, que eu estava lá de inocente.” Os companheiros de cela souberam, então, que Wlaedson fora forjado. As palavras de consolo vieram dos próprios presos: “Pra gente que tá no erro já é difícil, imagina pra você que é inocente”. E este foi o apelido dado a ele durante o encarceramento: “Inocente”.

Nos dias de visita, o jovem evitava que os familiares percebessem quanto estava sofrendo. Evitava chorar na frente da “sua coroa”, pois sentia que ela estava “perdendo a fé”. Durante um período, pediu para a irmã não ir mais visitá-lo, pois ficou difícil suportar vê-la chorando todas as vezes que ia até o presídio CDP II em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. “Eu não ficava bem de ver eles [os familiares] assim. Fazia de tudo para mostrar que estava forte, que conseguia suportar; não queria que vissem que eu estava triste. Ao mesmo tempo, não acreditava no que estava acontecendo comigo. Às vezes, achava que era um pesadelo e falava com Deus: ‘Quero acordar, não pode estar acontecendo isso comigo, não fiz nada’. Mas depois de um tempo eu vi que estava acontecendo mesmo”, desabafa.

Daqui para a frente

Durante a última audiência, no dia 29 de novembro, o júri ouviu um dos policiais que participaram da prisão, as testemunhas de defesa e, ao final, os réus. As provas produzidas pela defesa convenceram o juiz e o Ministério Público da inocência de Wlaedson. O fato de as testemunhas afirmarem que Wlaedson já estava na casa de seu amigo horas antes do roubo provou que ele não estava no local e hora do crime.

Apesar de inocentado, ele aguarda o resultado da sentença, que não foi emitida por causa de “problema no sistema”, alega o advogado. Mas “podemos afirmar que [o resultado] será favorável, já que todas as provas produzidas apontam para sua absolvição, aliás, o próprio juiz do caso e a promotora já acenaram nesse sentido”, ressalta o advogado.

Quando questionado sobre o que pretende fazer daqui em diante, Wlaedson responde rápido: “Recuperar o tempo perdido”. Mas poucos segundos depois reflete sobre a resposta e mais uma vez dá espaço ao medo. “Eu falo assim, mas eu não tenho vontade pra nada. Sair, tenho medo. Meus amigos me chamaram para sair, fiquei em casa. E se acontecer algo pior comigo? Todo lugar tem polícia. Prefiro ficar em casa. Hoje, na verdade, eu vivo com medo. Ontem mesmo passaram quatro viaturas na rua, só senti medo! Vou ficar em casa, pelo menos aqui me sinto mais seguro. Apesar que, no dia do acontecido, eu estava praticamente na casa de um familiar, né? Na verdade, hoje em dia, nem em casa você tem sossego. E a gente vive assim, tudo com medo.”

Cerca de 40% dos presos no país são provisórios

No início de agosto deste ano, a então presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, apresentou para os conselheiros do CNJ a nova versão do Banco Nacional de Monitoramento de Presos (BNMP 2.0).

De acordo com os dados parciais apresentados pela ministra, existem no Brasil cerca de 600 mil presos, dos quais 95% são homens e 5%, mulheres. Cerca de 40% são presos provisórios e 27% respondem por roubo.

Para o advogado de defesa, a resposta para isso pode estar na forma como o Judiciário atua: “Infelizmente, nosso sistema judicial é seletivo. Quem é pobre fica preso provisoriamente até que seja julgado, ou seja, se ao final for absolvido o juiz que manteve a prisão nada sofre. Ainda vivemos num estado burguês, não são levadas em conta as garantias constitucionais. No caso do pobre, existe uma cultura do aprisionamento. Felizmente no caso do Wlaedson, conseguimos sua liberdade antes do final do processo, mas é uma exceção quando se trata de acusação por crime de roubo.”

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La resistencia de las mujeres dejó su marca en este 2018

IPS español - qui, 13/12/2018 - 13:19

ONU Mujeres organizó con sus socios en Colombia un concierto en noviembre de 2018 e iluminó un edificio público de anaranjado para reclamar una vida libre de violencia para las mujeres. A pesar del crecimiento de la resistencia, los derechos de las mujeres siguen marginados y vulnerados, denunció Amnistía Internacional. Crédito: Cortesía: ONU Mujeres.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Dec 13 2018 (IPS)

Crece la resistencia de las mujeres y, sin embargo, sus derechos siguen marginados y vulnerados, blanco de flagrantes ataques, denunció Amnistía Internacional, con sede en Londres.

Para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional lanzó su informe anual, que revisa el estado de los derechos humanos en el mundo, y no es nada bueno.

“En 2018, hemos sido testigos de líderes autoproclamados ‘duros’ que tratan de socavar el principio mismo de igualdad, los cimientos de los derechos humanos”, escribió Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional, en el prólogo del informe.

“Piensan que sus políticas los vuelven duros, pero no son más que tácticas de hostigación que tratan de demonizar y perseguir a comunidades ya marginadas y vulnerables”, añadió.

La directora de Amnistía para género, sexualidad e identidad, Yamini Mishra, coincidió: “Esos líderes duros” llegaron al poder utilizando plataformas misóginas, xenófobas y homofóbicas. “Es muy inquietante”, subrayó, en diálogo con IPS.

Pero las esperanza está en los movimientos de mujeres, añadió Mishra.

El movimiento #MeToo (yo también), que nació en Estados Unidos y se expandió a otros países, concentró la atención internacional en los derechos de las mujeres a un grado nunca antes visto.

En Argentina, un millón de mujeres salieron a la calle a reclamar la legalización del aborto, mientras que en Nigeria, miles de mujeres desplazadas se movilizaron reclamando justicia por los abusos sufridos a manos de Boko Haram y de las fuerzas de seguridad nigerianas.

“La movilización viene de la gente”, dijo Mishra a IPS.

Algunos de esos movimientos surgieron como respuesta a nuevas formas de opresión, mientras otros lo hicieron como respuesta a viejas formas de discriminaciónm que no tienen lugar en la sociedad actual.

Mishra mencionó a India, donde a principios de este año, un grupo de activistas reclamaron su derecho a participar en un peregrinaje histórico al templo de Sabarimala, uno de los sitios sagrados del hinduismo, que ha prohibido la entrada a mujeres en edad fértil, cuando podrían estar menstruando.

El movimiento Derecho a Rezar logró que la Corte Suprema levantara la prohibición, un dictamen que derivó en protestas violentas en el sureño estado de Kerala, donde devotos prohibieron el ingreso de las mujeres al templo.

Es difícil celebrar el crecimiento del activismo de las mujeres cuando la cruda realidad es que muchos gobiernos y sociedades siguen apoyando políticas y leyes que las oprimen, concluyó el informe “Derechos Hoy”, de este año.

Eso se ve especialmente en lo que respecta a los derechos de salud sexual y reproductiva.

El Salvador tiene algunas de las políticas más estrictas en materia de aborto del mundo, pues las mujeres pueden terminar en la cárcel por haber interrumpido el embarazo de forma voluntaria.

Casi 30 mujeres podrían estar presas por esa causa y como resultado de esa política.

En febrero, Teodora del Carmen Vásquez salió de prisión después de una década tras las rejas por complicaciones relacionadas con su embarazo, que derivaron en la muerte fetal.

A pesar de las protestas contra la draconiana ley, El Salvador no logró aprobar en abril una reforma para despenalizar el aborto, lo que dejó a mujeres y niñas sin control sobre su salud sexual y reproductiva.

Mishra, en particular, se mostró preocupada por el incremento de ataques contra defensoras de derechos humanos.

Según la Fundación Internacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, unas 44 activistas fueron asesinadas en 2017, un incremento con respecto a las 40 que perdieron la vida de 2016 y a las 30 de 2015.

Entre las personas asesinadas en 2018 estaba Marielle Franco, una dirigente política y defensora de los derechos humanos, que en marzo recibió un disparo desde un automóvil.

También muchas defensoras de derechos humanos cayeron presas en distintas partes del mundo como Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan y Aziza al-Yousef, activistas saudíes que encabezan el movimiento de lucha por los derechos de las mujeres.

Amnistía Internacional señaló también que varios activistas saudíes, entre ellos muchas mujeres, sufrieron acoso sexual y torturas en la cárcel.

Los ataques contra defensores de los derechos humanos no ocurren de la nada, sino se dan en un contexto en que el espacio de la sociedad civil se redujo, observó Mishra.

Pero “s importante reconocer que aun el menguante espacio de la sociedad civil no es neutral en lo que respecta al género; las defensoras de derechos humanos, a diferencia de los hombres, sufren vulnerabilidades específicas y mayores”, explicó.

Mishra subrayó la necesidad de acción en todos los niveles para lograr los derechos humanos para todos, pero la sociedad civil, en particular, debe dar un paso al frente.

“Todos estos años, las organizaciones de derechos humanos no han hecho lo suficiente con respecto a los derechos de mujeres. Siempre los tratamos como secundarios; ahora que ya pasaron 70 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es hora de que pensemos cómo ponemos a las mujeres en el centro de nuestro trabajo”, subrayó.

El informe urgió a la sociedad civil y a los gobiernos a elevar sus compromisos para proteger los derechos de las mujeres e implementar cambios a las leyes nacionales que son perjudiciales.

Naidoo se concentró en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que pronto celebrará su 40 aniversario y será “un logro importante que el mundo no puede permitirse pasar por alto”.

La Cedaw es el segundo tratado de derechos humanos más ratificado, con 189 Estados parte, aunque el documento no vinculante habilita a los Estados a rechazar sus disposiciones.

Por ejemplo, Kuwait se reservó el derecho de no implementar el artículo 9, que otorga los mismos derechos a hombres y mujeres en lo que respecta a la nacionalidad de sus hijos.

Níger expresó sus reservas por el artículo 2, que se refiere a la necesidad de abstenerse de participar en cualquier acto de discriminación contra mujeres y a modificar y derogar leyes y prácticas existentes, que constituyan ese tipo de discriminación.

“Los gobiernos deben dejar de hablar de la boca para afuera en lo que se refiere a los derechos de las mujeres. Si el innegable crecimiento del activismo de mujeres este año prueba algo, es que la gente no lo aceptará. Y tampoco debemos hacerlo nosotros”, escribió Naidoo.

Traducción: Verónica Firme

El artículo La resistencia de las mujeres dejó su marca en este 2018 fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Impotente contra inflación, gobierno argentino se cobija en la mano dura

IPS español - qui, 13/12/2018 - 12:55

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, durante un acto con fuerzas policiales. Bullrich es una de las funcionarias mejor consideradas por el presidente Mauricio Macri y responsable de una polémica norma que permite a los agentes disparar a presuntos delincuentes, sin necesidad de dar la orden de alto. Crédito: Ministerio de Seguridad

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Dec 13 2018 (IPS)

En el cierre de un año de grave deterioro de la economía argentina, el gobierno del presidente Mauricio Macri optó por un endurecimiento de sus políticas de seguridad que parece satisfacer a buena parte de la sociedad, pero ha sido objetada por especialistas en Derecho y organizaciones de la sociedad civil.

Las fuerzas federales de seguridad fueron habilitadas a disparar con armas de fuego para detener a personas que representen un “peligro inminente”, incluso cuando estén huyendo.

Eso faculta la Resolución 956/18 del Ministerio de Seguridad, publicada el 3 de este mes, que exime a los agentes de la obligación de identificarse y dar la voz de alto antes de disparar, “cuando ello resultara evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”.“Una resolución emanada de un ministerio solo podría aplicarse si el Código Penal hubiera dejado un vacío legal, pero ese no es el caso. Por el contrario el artículo 34 del Código Penal establece muy claramente que los límites de un delito cometido en ejercicio de la legítima defensa, que no pueden ser modificados por una resolución”: Federico Carniel.

“Los policías pueden confundirse con esta norma, pero tienen que saber que si matan a una persona por la espalda, cuando está escapando, estarán cometiendo un homicidio agravado por su condición de miembros de una fuerza de seguridad”, dijo a IPS el abogado penalista Federico Paruolo.

“Así lo establece el Código Penal, que tiene mayor jerarquía que esta reglamentación”, explicó Paruolo.

El penalista es miembro del Grupo de Litigio Estratégico, un colectivo de unos 25 abogados que brinda defensa gratuita a víctimas en el Gran Buenos Aires, en casos de importancia institucional. Últimamente el grupo ha intervenido en varios casos de violencia injustificada de las fuerzas de seguridad, que localmente se llaman “gatillo fácil”.

“Ha habido en los últimos años un claro mensaje político de protección del gobierno a los agentes de fuerzas de seguridad que mataron sin justificación. Esto  pone esa política en una norma”, agregó Paruolo.

La noticia sacudió también a Cambiemos, la coalición de centroderecha del gobierno. Es que una de las críticas más filosas la hizo la diputada Elisa Carrió, quien en 2017 le dio a esa alianza un triunfo arrasador en las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, principal vidriera política del país.

Carrió consideró que la reglamentación “viola los derechos humanos fundamentales” y exhortó a su espacio político: “Nosotros no vamos a ir al fascismo”.

Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le respondió que la norma fue avalada por Macri. “Lo hemos hablado con el presidente durante más de un año y lo respalda”, aseguró.

La funcionaria, quien aseguró que la reglamentación “saca de la indefensión a las fuerzas de seguridad”, se ha convertido en una de las estrellas del gobierno.

De hecho, últimamente se hizo trascender que Bullrich podría ser la compañera de fórmula del presidente cuando este busque su reelección, en octubre de 2019.

En ese sentido, la cuestión de la mano dura contra la delincuencia podría ser uno de los ejes de la campaña electoral de Macri, y la repercusión de esta reglamentación parece confirmarlo.

De acuerdo a una encuesta de Management & Fit, una de las consultoras de opinión pública más reconocidas en el país, 60 por ciento de los argentinos está de acuerdo con la resolución ministerial.

El presidente argentino Mauricio Macri, en febrero, cuando tuvo un gesto de apoyo a Luis Chocobar, un policía procesado por matar a balazos a un joven que huía luego de presuntamente asaltar y apuñalar a un turista. Chocobar está procesado y será sometido a juicio oral por homicidio, pero el mandaaio reconoció su “valentía”. Crédito: Presidencia Argentina

La paradoja es que estas medidas se anuncian en un contexto de disminución de los delitos violentos, de acuerdo a los números oficiales. Pero pese a ese logro, el gobierno maneja el discurso de que es necesario endurecerse en el combate a la delincuencia.

El Ministerio de Justicia presentó en junio estadísticas según las cuales la tasa de homicidios intencionales cayó de seis cada 100.000 habitantes en 2016 (2.605 en números absolutos) a 5,2 (2.293) en 2017.

También hubo una bajada en los delitos contra la propiedad denunciados: 1.828 el año pasado contra 1.942 en 2016.

En cambio, en el área económica, nadie se anima a asegurar que 2019 traerá mejores noticias para el gobierno, luego de un 2018 que cerrará con una inflación cercana a 50 por ciento, que hizo más pobres a la enorme mayoría de los argentinos, y un derrumbe de la actividad.

Según una organización de derechos humanos que lleva un registro, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde que asumió Macri, en diciembre de 2015, hubo un fuerte aumento de los casos de gatillo fácil.

Esos excesos, precisa,  ya eran comunes durante las gestiones precedentes de los centroizquierdistas Néstor Kirchner (2003-2007) y su viuda, Cristina Fernández (2007-2015).

“Durante los 12 años de kirchnerismo contamos 3.100 muertes por gatillo fácil. Ahora estamos haciendo el registro y a comienzos de 2019 vamos a presentar el balance de los primeros tres años de Macri. Van a ser más de 1.000 casos. Es un crecimiento enorme”, dijo a IPS la abogada María del Carmen Verdú, responsable de Correpi.

“Estamos en un verdadero estado de suspensión de derechos y garantías, que esta resolución lleva a una fase superior. Viola las normas internacionales, que establece que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad es el último recurso y prohíbe disparar a quien está en fuga”, agregó Verdú.

En el último tiempo, fueron varios los casos en los que el gobierno reivindicó a miembros de fuerzas de seguridad imputados por la Justicia debido a supuestos delitos cometidos en el combate, precisamente, del delito.

El más emblemático ha sido el caso de Luis Chocobar, un policía que en diciembre de 2017 mató por la espalda, con dos tiros, a un joven que presuntamente acababa de asaltar y apuñalar a un turista estadounidense en el barrio de La Boca de esta capital.

Luego de que un tribunal lo procesara por homicidio, al considerar que había suficientes pruebas para someterle a juicio, Chocobar fue recibido en la Casa Rosada, la sede del gobierno, por Macri, quien manifestó que “confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”.

Sin embargo, otras instancias superiores, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirmaron el procesamiento de Chocobar, quien será sometido a juicio oral en 2019.

Efectivamente, el endurecimiento de las políticas de seguridad del gobierno tendrá que superar el control judicial, cosa que no parece fácil.

Pocos días después del dictada la nueva resolución, otros dos miembros de seguridad que están a la espera de ser juzgados pidieron que el archivo de la causa, con el argumento de que debe aplicarse retroactivamente la norma, ya que resulta más benigna para ellos como imputados.

Se trata de un caso ocurrido en agosto de 2016 en la provincia de Chaco, en el norte del país: dos agentes confundieron con un narcotraficante a un hombre que regresaba de una tarde pesca en su automóvil, junto a su hija, y lo mataron a balazos.

El fiscal, Federico Carniel, se opuso a que los dos agentes sean exculpados.

“Una resolución emanada de un ministerio solo podría aplicarse si el Código Penal hubiera dejado un vacío legal, pero ese no es el caso”, explicó Carniel a IPS.

“Por el contrario el artículo 34 del Código Penal establece muy claramente que los límites de un delito cometido en ejercicio de la legítima defensa, que no pueden ser modificados por una resolución”, puntualizó.

El criterio de Carniel anticipa que el próximo campo de batalla en el que se dirimirá si es válido el endurecimiento de las políticas de seguridad del gobierno de Macri serán los tribunales.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Multinacional é condenada por morte de trabalhador por agrotóxicos

Pública - qui, 13/12/2018 - 11:00

Gerlene Silva dos Santos escolhe as menores frutas quando vai ao mercado em Limoeiro do Norte, Ceará. Quanto mais imperfeita, melhor. Os abacaxis agigantados, desses que chamam a atenção dos outros clientes, lhe trazem a memória do “olhar amarelado” do marido. Foi o primeiro de uma série de sintomas que tiraram a vida dele um mês depois ser internado no hospital universitário de Fortaleza, em novembro de 2008.

Lunaé Parracho/ Repórter BrasilGerlene perdeu o marido há dez anos e ainda não recebeu indenização. Ele trabalhava com agrotóxicos dentro da multinacional Del Monte

Segundo laudo médico, a causa da morte de Vanderlei Matos da Silva foi “hepatopatia grave de provável etiologia induzida por substâncias tóxicas”. “Traduzindo: “doença do fígado gerada por substâncias químicas”, explica Ada Pontes Aguiar, médica da Universidade Federal do Ceará que participou das investigações sobre a morte.

Vanderlei trabalhava com os agrotóxicos da multinacional norte-americana Del Monte Fresh Produce. A maior vendedora de abacaxis do mundo. Por mais de três anos, foi o responsável por estocar, pesar e transportar esses produtos dentro da fazenda da empresa, na região rural de Limoeiro do Norte, no Ceará.

Dez anos depois, Gerlene ainda se abala ao narrar os sintomas de falência do corpo do marido. Sua respiração fica curta, as mãos tremem. Seu filho, hoje com 11 anos, não esconde a ansiedade. Faz mímicas para a mãe encerrar a entrevista, reclama de dor de cabeça.

Mas detalhar o quadro clínico de Vanderlei foi o que fez a história dele virar um marco. “O caso é icônico, foi a primeira vez que se conseguiu mostrar evidência científica, dentro de um processo judicial, ligando o agrotóxico ao desenvolvimento da doença que levou a morte de trabalhador”, afirma Ranielle Carolina de Sousa, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, onde faz pesquisa de doutorado sobre a atuação do judiciário em conflitos envolvendo agrotóxicos.

Ao contrário de quando o trabalhador passa mal depois de uma contaminação intensa, são raros os casos em que a medicina demonstra o efeito do contato prolongado. A falta de produção científica é um dos grandes gargalos nessa área no Brasil, deixando milhares de trabalhadores rurais expostos a um impacto desconhecido.

Sousa explica que as pesquisas são produzidas a pedido da empresa interessada em usar a substância: um estudo que avalia os riscos da intoxicação. Mas esse estudo é feito em ambiente controlado, com apenas um ingrediente, cenário bem diferente da rotina nas fazendas.

Como funcionário do almoxarifado, Vanderlei tinha contato diário com diversos químicos. Eram 13 os agrotóxicos usados nessa fazenda em 2006, um ano antes da sua morte, quando a Del Monte entregou a lista à secretaria estadual do meio ambiente. “Ou seja, ele estava em contato com uma composição múltipla de agrotóxicos, não há estudo que preveja isso”, afirma Sousa. “Vanderlei é prova que essas pesquisas não dão conta da realidade”.

Foi justamente esse o ponto explorado pela Del Monte, que entrou com dois recursos na Justiça do Trabalho para negar a sua responsabilidade sobre a morte do trabalhador. O principal ponto da defesa era o argumento de que não havia evidência científica provando a relação de causa e efeito entre a doença de Vanderlei e sua atividade na empresa. Procurada diversas vezes pela reportagem, por email e telefone, a empresa optou por não responder as perguntas enviadas.

Investigação inédita

Para chegar ao laudo que levou à condenação da Del Monte, a equipe médica teve de descartar todas as outras possíveis causas para a falência do seu fígado. Foi um diagnóstico por exclusão. “Vanderlei era jovem, saudável e não bebia. Não havia outra explicação”, afirma a médica Aguiar. “Todos os outros diagnósticos foram descartados, só sobrou o agrotóxico”.

Para chegar à inédita sentença, que reconheceu a “existência do nexo causal entre a atividade exercida pelo obreiro e a patologia que causou sua morte”, foi preciso produzir uma ampla investigação médica. A equipe levantou o histórico de Vanderlei, seus hábitos pessoais e práticas no trabalho. Além de recuperar os exames e os diagnósticos que ele recebeu durante a internação.

Lunaé Parracho/ Repórter BrasilMoradores das comunidades rurais esperam caminhão pipa com água de poços profundos das empresas, água que sai da torneira não é segura

Dificilmente a família de um trabalhador rural consegue mobilizar tantos esforços. O levantamento só foi possível porque, além de ser internado em um hospital universitário, Vanderlei passou a ser monitorado pelo núcleo Tramas, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará que se dedica a estudar os impactos dos agrotóxicos na região. O núcleo foi criado um ano antes da morte de Vanderlei, em 2006.

Quando ele adoeceu, havia uma equipe pesquisando justamente a contaminação dos trabalhadores no cultivo do abacaxi na região. A pesquisa colheu exames de funcionários das grandes empresas e visitou as instalações da Del Monte. Do total de pesquisados, 48% apresentaram alterações hepáticas. Ou seja, quase a metade dos exames de sangue dos trabalhadores indicaram alguma anormalidade para as funções do fígado.

Desde então, foram vários os estudos que apontaram para a contaminação dos trabalhadores do local, assim como do ar e das águas que abastecem a região. Em 2009, o órgão estadual de gestão de recursos hídricos encontrou agrotóxicos em 60% das amostras. No ano seguinte, pesquisa da universidade federal encontrou químicos em 100% das amostras colhidas, cada uma delas com de 3 a 10 ingredientes ativos diferentes.

Hoje, quem pode, compra água mineral. Não só nas comunidades rurais que rodeiam as plantações, mas também na cidade de Limoeiro do Norte. “Não tome água na casa das pessoas”, foi uma das tristes recomendações que ouvimos ao visitar o local.

Como muitos, Gerlene conhece os riscos de beber da torneira – ela tem apenas um filtro em casa, mas que não dá conta dos agrotóxicos. A viúva não pode comprar água mineral todos os dias. “É colocar na mão de Deus e beber a água que tem, que a gente não vai morrer de sede. Nem de fome”, ela diz, lembrando que gostaria de poder comprar alimentos sem agrotóxicos para o seu filho.

Devido aos anos em que conviveu com o marido, Gerlene desenvolveu uma rara consciência crítica sobre os riscos dos alimentos “mais perfeitos”. Como todos os funcionários da empresa, as vezes Vanderlei ganhava as frutas cultivadas ali. Levava para casa, mas não deixava a esposa comer, muito menos o filho de um ano. Preferia que a fruta fosse jogada fora. “Só eu sei o que tem aí dentro”, lembra a viúva sobre a resposta do marido quando ela questionava porque desperdiçar um abacaxi tão bonito. “Era grande, bem grande mesmo”, ela ressalta, braços estendidos para desenhar o tamanho da fruta.

Por isso, hoje a viúva prefere escolher as menores frutas no mercado – sob protestos do filho. Ela não pode investir na compra de produtos orgânicos. Embora tenha ganhado o caso na justiça, Gerlene ainda não recebeu a indenização da Del Monte.

Do sertão para o mundo

Cravada no sertão do Ceará, a Chapada do Apodi tem solo generoso em nutrientes. A riqueza local, somada a um farto programa de isenções fiscais e à construção de um canal de irrigação, foram os fatores que atraíram grandes exportadoras ao local, entre elas a norte-americana Del Monte.

É muito provável que as frutas plantadas no local já tenham passado pela sua mesa, pois são enviadas para mercados de diversas cidades do país. As maiores e mais perfeitas vão para a Europa e Estados Unidos.

Lunaé Parracho/ Repórter BrasilFruta do conde seca no pé, região sofre com a falta de chuvas há sete anos

Em seu site, a multinacional apresenta o portfólio: são 15 fazendas e sete mil trabalhadores produzindo frutas e legumes para consumo em mais de 100 países. Mas a logística não funcionou para amparar a família do funcionário doente, que teve de ser internado na capital. Com o marido a 5 horas de distância, Gerlene tinha que se adaptar às caronas da empresa. “Eles levavam na hora que tinha alguém indo fazer serviço em Fortaleza”, ela diz.

Ainda amamentando o filho, e sem saber que perderia Vanderlei tão rápido, foram poucas as vezes que ela conseguiu se encaixar no esquema. Um detalhe na logística da multinacional, um arrependimento para a vida da viúva.

O número de empregos criados na região também foi explorado pela defesa da Del Monte no processo movido por Gerlene. “É um argumento que não tem nada a ver com a questão”, afirma Francisco Cláudio Silva, advogado do caso. “Na minha visão, é quase uma chantagem com a sociedade. Como se uma coisa justificasse a outra”.

O argumento parece “tosco”, nas palavras do advogado, mas pode surtir efeito. Embora veneno seja o nome popular para agrotóxicos na região, o assunto é tabu. Tanto na cidade de Limoeiro do Norte quanto nas comunidades rurais, as portas se fecham quando se introduz o tema. A reportagem conversou com diversos trabalhadores e familiares, que abrem a porta e falam sobre diversos temas, mas fecham o semblante quando o assunto é agrotóxicos.

Vivendo um período de seca há sete anos, as empresas de fruticultura estão cortando postos. Quem já foi demitido teme nunca mais conseguir uma vaga. Quem está empregado não quer estar no lugar do demitido. Não é um bom momento para reivindicações.

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‘Fire-fighting approach’ to humanitarian aid ‘not sustainable’: Deputy UN chief

UN SGDs - qua, 12/12/2018 - 19:46
With around one in every 60 people across the world caught up in a crisis that requires urgent humanitarian assistance, the UN Deputy Secretary-General Amina Mohammed told a top panel on the issue on Wednesday that maintaining a “fire-fighting approach is not sustainable” in the long term.
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En Venezuela “el hambre te seca, te para el corazón y te quita la vida”

IPS español - qua, 12/12/2018 - 14:39

La especialista en nutrición Susana Raffalli, durante su diálogo con periodistas en la sede del portal digital El Estímulo en Caracas sobre las consecuencias de la desnutrición en Venezuela. Crédito: Valeria Pedicini/Clímax

Por Manuel Tovar
CARACAS, Dec 12 2018 (IPS)

Susana Raffalli llora. Se permite llorar. Admite que la realidad venezolana la vence muy frecuentemente. Ver casos terribles de desnutrición, niños en los huesos, que ven su futuro comprometido o mueren porque simplemente no tienen fuerza para respirar, le cala en el alma. Ver a un niño de siete años con la talla de un niño de cinco y saber que estará afectado de por vida, la destroza.

Raffalli, junto a otras 14 personas en el planeta, fue galardonada con el premio Franco Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho, que recibió en Caracas el lunes 10 de diciembre. Es la tercera edición de un ejercicio de reconciliación de los dos países que hace 100 años eran enemigos irreconciliables. Las guerras así lo atestiguan.

“El premio es un símbolo entre gobiernos que estuvieron en guerra y hoy trabajan mancomunadamente. Yo creo en la coexistencia en hacer cosas, diciéndonos lo que debemos decir y denunciando los males”, dice la nutricionista y especialista en seguridad alimentaria.

A pesar de la distinción, la experta en gestión de riesgo afirma tajantemente que no quiere ser ensalzada como heroína. “La sociedad venezolana está ávida de tener héroes o de buscar alguien que la represente y al primero que desempeña bien su trabajo lo quieren proyectar como figura, cuando uno simplemente hace lo mismo a lo que se ha dedicado de por vida”.

La venezolana, que ha trabajado en territorios en crisis como Guatemala o Birmania, ahora dedica su labor a Venezuela, donde nunca pensó que le tocaría hacerlo. Y además con la particularidad de que es un país en tiempo de paz, sin que haya de por medio un conflicto o una emergencia natural a gran escala.“Así como puede tomar 20 o 30 años que el retardo del crecimiento se te exprese en un bajonazo de siete por ciento del PIB, con la anemia cobras inmediatamente. Si dejas de consumir hierro en los alimentos en dos o tres meses, se está con la hemoglobina en el piso y durmiéndose en todas partes. Los hombres y las mujeres que hacen trabajo físico bajan enormemente su productividad”: Susana Raffalli.

Por eso no duda en calificar el entorno como reversible mientras deja claro que las causas no son fortuitas. Se trata de la consecuencia de la equivocada administración de recursos que hace el gobierno para profundizar la dependencia de la población a sus designios y lograr la sumisión de la sociedad anclada a una caja de alimentos que llega de acuerdo al antojo de la cúpula.

Venezuela descendió a unos infiernos que solo eran comparables a los sufridos por las naciones africanas, devastadas por las guerras, arrasadas por la sequía y hambrunas. El país vive una “somalización”, de Estado fallido, fragmentado, dice.

“Tienen la gobernabilidad en cero y no se puede seguir dirigiendo el país con la población en contra, con la falta de confianza, con un estado de derecho que se perdió, aquí no hay una institucionalidad clara, aquí no se sabe quién gobierna, si son los ‘pranes’ (delincuentes que controlan las cárceles y desde ellas actividades delictivas) o el (colombiano) Ejército de Liberación Nacional, hay territorios enteros del país donde se perdió el control de la soberanía”, argumenta.

A Raffalli le cuesta creer que se trata de una crisis planificada, de hambre por diseño. Al contrario, sostiene que el Estado ha comenzado a aceptar la magnitud de la crisis, fuera de las cámaras y sin declaraciones sino con acciones.

“Hay ONG que reciben toneladas de medicinas mes a mes. Eso entra por aduana y sin ir más lejos las aprobaciones de los dos últimos fondos –el de Unicef y de la Unión Europea– lo dejan claro. Aunque el gobierno nacional se mantenga diciendo que no hay una emergencia humanitaria en el país, para poder recibir esos fondos deben admitir que tienen necesidades humanitarias en la población y que necesita esos recursos”, dice.

Los tres puntos de corte de la Organización Mundial de la Salud establecen que la existencia de cinco por ciento de casos de desnutrición infantil aguda en un país es el nivel de alerta. A partir de 10 por ciento, la situación pasa a ser de crisis y de 15 por ciento en adelante se considera una emergencia. En Venezuela la crisis ya alcanzó 12 por ciento de este tipo de desnutrición, con momentos en que se ha superado la barrera de emergencia. Y puede volver a ocurrir, pues el sistema es muy inestable.

Asegura que el gobierno de Nicolás Maduro podría tomar medidas adecuadas y, “de hecho, cuando las ha tomado los resultados han sido buenos”. Recuerda por ejemplo que, “en febrero 2017 entramos en crisis, nunca bajó de 10 por ciento. Así fue hasta las presidenciales de mayo de 2018, cuando bajó a 7,8 por ciento”.

“La razón, fue la cobertura de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) que se multiplicó y a que se dieron cuatro bonos que equivalían a seis salarios mínimos para la fecha”, señala. Por tanto, aduce, el Poder Ejecutivo sí puede bajar los niveles de malnutrición en el país. Ya lo ha hecho. Todo se reduce a voluntad política.

La desnutrición, explica, se divide en dos tipos. La aguda, “que te hace perder peso, te seca, te quita la vida, te para el corazón, no te deja seguir respirando. No te desgasta sino que simplemente si dejas de comer, una diarrea te puede matar”.

El otro tipo se define por privación alimentaria. “Puede no ser tan intensa, pero sí suficientemente grande y constante. En el caso de un niño, deja de crecer, de desarrollarse. Esa desnutrición se mide no por delgadez, sino por estatura. Si un niño en la etapa que tenía para crecer se quedó chiquito, puedes estar seguro que no sólo es un tema de estatura, y esto lleva tiempo en reflejarse”, detalla.

En Venezuela, el futuro no luce promisorio. “Es tan endeble la nutrición de un niño, es tan delicada, que un presidente puede cambiar y salvarlo o no. Imagina lo que se pudo haber hecho con dos medidas de protección social. ¿Cuántas vidas de niños nos habríamos ahorrado?”.

Explica la nutricionista que en Venezuela hay sectores de la población que comienzan a amortiguar la crisis nutricional gracias a las remesas que reciben desde el extranjero. “Según nuestros datos, 56 por ciento de la población de parroquias pobres tiene a alguien afuera. Sin embargo, este contrapeso de las remesas va a durar muy poco porque la economía se está dolarizando”.

Considera que desde el punto de vista humanitario y de protección social hay muchas tareas pendientes en el país. “Venezuela no puede seguir con una política de protección social dependiente y basada en misiones y bonos. Es una cosa tan perversa que ya se ha normalizado que se diga “me cayó el bono”. ¿Cómo que te cayó? Si tú aplicas el criterio de extrema pobreza en la población, ese grupo debe tener derecho a eso”.

Sigue criticando que la respuesta estatal sea repartir cajas de comida, sin tomar en cuenta el derecho a elegir qué comer, cuánto consumir o dónde adquirir los artículos, amén de los peligros de ingerir productos que no cumplen con estándares nutricionales, como ha sido denunciado. Aún con una distribución eficiente, se trata de una violación a los derechos humanos. “Es una aberración que decidan lo que vas a comer y en qué cantidad”.

Considera que la situación actual es producto del control físico del sistema alimentario. “Los CLAP no funcionaban si no confiscaban todo el sistema alimentario nacional, y para ello debían ser barridos y confiscados todos los alimentos. Afuera no se hacen esos análisis, lo reducen a que las cosas están caras y estamos empobrecidos pero no llegan a entender que es el secuestro alimentario de una nación”.

Los peor alimentados

Las noticias de personas que mueren por inanición se han hecho patentes a lo largo de 2018.

“La inseguridad alimentaria en Venezuela prospera en la medida que avanza el modelo de elaborar productos para los CLAP. Me angustia que ellos mismos saben que el CLAP no tiene 100 por ciento de eficiencia, Maduro lo dice a cada rato, que hay que aumentar la frecuencia, el número de cajas y la calidad”, explica sobre los alimentos básicos y subsidiados que entregan esos comités en cajas o bolsas.

Según los registros de Cáritas Venezuela a los que tiene acceso Raffalli, los estados más afectados por el hambre en Venezuela son Vargas, Zulia y Sucre. Los dos primeros suelen mantenerse al tope de la lista, y el tercero además sucumbe a la malaria. “Hay mucha desnutrición que tiene que ver con el hambre y las enfermedades”.

El estado Vargas, por si fuera, “nunca se terminó de recuperar por la falta de saneamiento ambiental”, tras el deslave de 1999. Allí aún se pagan las consecuencias, en especial por el agua contaminada que afecta mucho el tema de la alimentación. En Zulia, la zona más afectada es la de Machiques.

Cerca de la capital, en el estado Miranda, los registros han mejorado notablemente, excepto en la zona de Yare. “Allí hay mucha desnutrición, en parte porque hay cuatro cárceles. Hay mucha población que está allí porque tiene un preso y no tiene de qué vivir”.

Revela que en los estados fronterizos, a pesar de no haber podido constatar las tendencias, sabe que el gobierno desplegó, a través del Instituto Nacional de Nutrición, el programa PAN, muy parecido al de Cáritas, en el que van casa por casa e identifican a niños y adultos desnutridos. A esa familia, se le asigna una bolsa CLAP adicional o y alimentos terapéuticos que entrega Unicef.

“Esto es un claro reconocimiento del problema y de la vulnerabilidad alimentaria y nutricional por parte del gobierno, pues existe el plan general de abordaje desde hace dos años”, afirma.

Un famélico PIB

La desnutrición no discrimina nada. La sociedad pierde en todos los aspectos cuando ve a sus ciudadanos enflaquecer por la falta de la ingesta de nutrientes. Los economistas han determinado por proyecciones que, por cada punto porcentual que aumenta la prevalencia de retardo de crecimiento de los ciudadanos de una nación se afecta al Producto Interno Bruto (PIB).

Cada punto porcentual que aumenta el retardo en talla de una población equivale a 11 por ciento de disminución del PIB.

“El niño que creció desnutrido va a tener problemas cognitivos, escolares y productivos que te van a llevar a la pobreza, y pasa a una o dos generaciones. Por lo menos una generación –aproximadamente 30 años– por no decir dos, está comprometida y tiene una anemia en potencia”, sentencia.

Recuerda Rafalli que en 2002, cuando la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) hizo este estudio, se señaló que la desnutrición crónica podía estar representando una disminución de 2,5 por ciento del PIB de Venezuela, y aunque no hay una cifra clara se calcula que hoy debe estar en siete por ciento aproximadamente, mientras que en África es de 11 por ciento.

A falta de hierro, anemia

“Me angustia el tema cárnico. Es gravísimo lo que sucede con los mataderos, hay la posibilidad de un problema de anemia generalizada por la falta de hierro. No estamos en situación de inventar o intentar sustituir la carne, por la parasitosis que tenemos y la pobre ingesta de alimentos. No podemos inventar ser vegetarianos. No estamos comiendo la combinación de nutrientes necesarios para obtener el hierro que necesitamos que no provenga de la carne roja”, apunta Raffalli.

Alerta que las cadenas de frío, el control de beneficio de los mataderos donde hay una buena disposición de la carcasa, de la sangre, el control de moscas y vacunas del animal antes de matarlo es vital para impedir una alerta sanitaria.

“Así como puede tomar 20 o 30 años que el retardo del crecimiento se te exprese en un bajonazo de siete por ciento del PIB, con la anemia cobras inmediatamente. Si dejas de consumir hierro en los alimentos en dos o tres meses, se está con la hemoglobina en el piso y durmiéndose en todas partes. Los hombres y las mujeres que hacen trabajo físico bajan enormemente su productividad”, puntualiza.

Raffalli habla con cifras en mano. En las parroquias pobres donde trabaja Cáritas, siete de cada 10 mujeres embarazadas tiene la hemoglobina baja.

Sin retorno ni respuesta

La experta considera que Venezuela ya tocó un primer punto de no retorno en la crisis humanitaria exactamente un año atrás, en diciembre de 2017. “Las remesas detuvieron, temporalmente, la caída”.

De igual forma considera que los dos fondos aprobados para Venezuela en la última semana por parte de Unicef y la Unión Europea es lo mejor que el país podrá estar como nación asistida con ayuda humanitaria.

“Esto es lo máximo que podíamos aspirar y que vamos a tener. Nos aprobaron los dos fondos, por encima de eso no vamos a tener nada. Cuando digo ‘empezó el principio del fin’ digo que o se acaba esta emergencia humanitaria y esto nos ayuda a mitigar la última fase de la crisis, o se acaba el dinero del socorro, que empezó a gestionarse hace casi tres años”, asegura la nutricionista.

Teme que se llegue a lo que llaman “fatiga del donante”, como ocurrió en Birmania, Sudán o Siria, donde la emergencia no encontró solución estructural. Se estabilizó. Por lo tanto, el dinero deja de fluir pues el objetivo es atacar una emergencia y no financiar un Estado fallido.

“Llegado a ese punto solo quedan dos cosas, que la sociedad civil se haya podido fortalecer junto a la diáspora para dar algún tipo de respuesta o que haya la instalación de una nueva normalidad. Así está Birmania, la precariedad es una forma de vida”, argumenta.

La pregunta que se plantea Raffalli es si es el proyecto del gobierno la reducción de la población a un estilo de vida similar al de esos países, pues el gobierno no rectifica sino que profundiza las causas que generan la emergencia humanitaria. “Estos son fondos de socorro de dos o tres años, puede haber extensiones pero no puede haber una emergencia permanente”, advierte la nutricionista.

Este artículo fue publicado originalmente por Clímax, del portal digital venezolano El Estímulo, y es fruto de una larga conversación con Susana Raffalli de su director, Omar Lugo, el editor de la revista Clímax, Víctor Amaya, y con el redactor Manuel Tovar. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con El Estímulo.

RV: EG

El artículo En Venezuela “el hambre te seca, te para el corazón y te quita la vida” fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Indonesia se compromete con un desarrollo verde en la COP24

IPS español - qua, 12/12/2018 - 13:12

Embotellamiento en la capital de Indonesia. La contaminación del aire en Yakarta es el triple del máximo considerado "seguro" por la Organización Mundial de la Salud. Crédito: Alexandra Di Stefano Pironti/IPS.

Por Sohara Mehroze Shachi
KATOWICE, Polonia, Dec 12 2018 (IPS)

Indonesia logró un crecimiento económico de más de cinco por ciento en la última década, pero para asegurarse un crecimiento sostenible en el futuro será fundamental que explore las energías renovables, reconoció el propio gobierno.

“Si no nos concentramos en un desarrollo con pocas emisiones de carbono, no podremos continuar este crecimiento”, observó Bambang Brodjonegoro, ministro de Planificación de Desarrollo Nacional, el 10 de este mes.

El ministro habló sobre un desarrollo que tenga en cuenta el cambio climático en un panel de alto nivel en el marco de la 24 Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se realiza en la ciudad polaca de Katowice del 3 al 14 de este mes.

Las reglas para la implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático que se busca establecer en esta COP24 están en riesgo porque los países más ricos no terminan de anunciar sus compromisos económicos en estas negociaciones.

La organización del panel de alto nivel estuvo a cargo del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, en inglés), en colaboración con el ministerio de Indonesia.

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) alertó sobre las consecuencias climáticas catastróficas si no se evita que el recalentamiento global supere un aumento de 1,5 grados centígrados, lo que impactará en la producción de alimentos y en un mayor riesgo de desastres.

“Estamos totalmente comprometidos con un desarrollo con bajas emisiones de carbono”, aseguró Brodjonegoro.

“Incorporaremos un marco con bajas emisiones de carbono en nuestro plan de desarrollo a mediano plazo”, indicó. En Indonesia, esto implicará mejorar la calidad ambiental, lograr la eficiencia energética, incrementar la productividad agrícola, mejorar la reforestación y, simultáneamente, reducir la deforestación.

Indonesia tiene un gran potencial para desarrollar las energías renovables.

Según un informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables sobre las perspectivas de estas en ese país asiático, Indonesia tiene “un potencial de unos 716 gigavatios en teoría para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables”. Pero de su potencial de bioenergía de 32,7 gigavatios, solo desarrolló 1,8.

“A fin de llevar electricidad a zonas alejadas, es un buen momento para promover las energías renovables, pues aumentará la proporción de fuentes renovables en nuestra matriz”, explicó Brodjonegoro.

Según el ministro, una cuestión clave para expandir las fuentes renovables en su país depende de desarrollar la capacidad de los actores de cumplir las necesidades de diferentes tipos de inversores para acceder a recursos económicos.

Bambang Brodjonegoro, ministro de Planificación del Desarrollo Nacional de Indonesia, dijo que el cambio hacia las energías renovables es fundamental para el crecimiento sostenible, en un panel en el marco de la COP24 de Katowice, Polonia. Crédito: Sohara Mehroze Shachi/IPS.

La clave para que la energía renovable prolifere en Indonesia es incorporar al sector privado, coincidió el director general del GGGI, Frank Rijsberman.

“Tanto el gobierno como el sector privado no incorporaron del todo la idea de que el crecimiento verde no solo es lindo, sino asequible”, puntualizó. “Las empresas deberían invertir en energías renovables porque es una oportunidad de negocios”, añadió.

La combinación de recursos financieros podría ser el camino por el que cada dólar invertido por los donantes se pueda catalizar a otras inversiones de fuentes privadas.

El secretario de Estado para Clima y Ambiente de Noruega, Sveinung Rotevatn, dijo que su país se siente inspirado por Indonesia y comprometió fondos sustanciales para reducir la deforestación en el territorio de ese país.

Según el Global Forest Watch, Indonesia experimentó una caída en la pérdida de cobertura arbórea en 2017, que incluye una disminución de 60 por ciento en la pérdida del bosque primario. La organización señaló que eso puede deberse, en parte, a la moratoria impuesta por el gobierno a la conversión de la turbera.

Noruega trabaja de forma conjunta con Indonesia desde 2010.

El futuro del petróleo no es maravilloso, y Rotevatn considera que el cambio en la producción de gas a partir del carbón podría ser un puente útil hacia las energías renovables a largo plazo. Es de esperar que haya resistencia a la transición de combustibles fósiles hacia energías renovables, añadió.

“En 1991, Noruega introdujo un impuesto al carbón. En la actualidad, lo consideramos como natural, pero la implementación siempre es difícil”, recordó. Hay estimaciones que indican que desde que ese país de Europa redujo las emisiones contaminantes, en 1991, siguió por la vía de un crecimiento verde”,

Pero a Indonesia le queda mucho por delante, pues 90 por ciento de su energía todavía procede de los combustibles fósiles. Pero el gobierno es optimista con respecto a las posibilidades de desarrollar las energías renovables.

“Nos concentramos en incentivar la producción de energías renovables y en aumentar la infraestructura para que ello suceda. Tenemos muchas islas alejadas y zonas de difícil acceso, que pueden utilizarse”, indicó Rida Mulyana, director general de Nueva Conservación de Energía y Energía Renovable del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia.

Quedan muchos desafíos por delante, como la aceptación pública, pues todavía se necesita educación sistemática en sostenibilidad para minimizar la resistencia de la comunidad a los proyectos con energías renovables.

Además, la asequibilidad de la energía limpia sigue siendo un problema, y es necesario reducir su costo para que las fuentes renovables sean una opción viable. Esto se exacerba debido al subsidio que todavía tiene el gas de petróleo licuado, lo que fomenta la dependencia de Indonesia en los combustibles fósiles.

Mulayana reconoció que la cuestión de los recursos económicos es clave, pero también dijo que el gobierno no dará subsidios a las energías renovables, por lo que tendrán que competir con otras alternativas.

“Las energías renovables avanzaron mucho con respecto a la situación que tenían antes. Y cuando la gente vea que es posible y es sencillo, el sector privado podrá comenzar a apostar por esos proyectos por su cuenta”, observó David Kerins, economista especializado en energía del Banco Europeo de Inversiones.

Por su parte, Glenn Pearce-Oroz, director de Políticas, Programas, Energía Sostenible para Todos (SEforAll, en inglés), explicó: “En parte, vemos que el sector privado se interesa cada vez más en hacer negocios en el ámbito de la economía verde. Pero lo que buscan es claridad de papeles y consistencia en términos de los mercados en los que se meten”.

“El desafío para los países en desarrollo es cómo demuestran ese tipo de consistencia y claridad, y cómo establecen reglas de juego claras, buenos marcos normativos que le den confianza al sector privado para meterse en esos mercados”, señaló.

Indonesia tiene el tamaño, el dinamismo de la economía y muchos elementos favorables para atraer la inversión del sector privado, indicó.

“El crecimiento verde como concepto comienza a despegar en diferentes países”, destacó Saleemul Huq, director del Centro Internacional para Desarrollo y Cambio Climático (ICCCAD), también participante de la COP24.

“Lo más importante de una estrategia de crecimiento verde es asegurarse de que esté determinada a nivel nacional y se apropien de la misma a nivel nacional”, puntualizó. La modalidad de crecimiento verde es particular a la política y a las condiciones socioeconómicas y culturales de un país.

“El crecimiento verde es más un proceso político que técnico. Hay intereses creados y cuestiones que hay que trabajar a escala nacional”, subrayó. “La buena noticia es que el crecimiento verde empezó a ocurrir”, añadió Saleemul Huq.

Traducción: Verónica Firme

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Costa Rica, primer país en proteger pesca sostenible de grandes pelágicos

IPS español - qua, 12/12/2018 - 12:27

Dos pescadores costarricenses muestran un pez que acaban de atrapar. Crédito: PNUD Costa Rica

Por Kifah Sasa
SAN JOSÉ, Dec 12 2018 (IPS)

Hace 12 años, en un restaurante de Puntarenas, en la costa pacífica de Costa Rica, un grupo de pescadores de palangre se reunió con tres especialistas en conservación del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD).

Los conservacionistas querían entender mejor cómo evitar la pesca ilegal dentro del Área Marina Protegida de la Isla del Coco, ubicada en el litoral de Costa Rica y Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Decididos a buscar su implicación en la problemática, decidieron reunirse con los pescadores de palangre para cenar. El resultado no fue el esperado y para cuando acabaron el postre las ganas de estrechar las manos habían desaparecido.

En la mesa se habían reunido dos perspectivas muy diferentes. El personal del PNUD estaba trabajando en un proyecto que consideraba la pesca ilegal en la Isla del Coco puramente como un problema de conservación.

Por otro lado, el grupo de empresarios locales de Puntarenas luchaba por sobrevivir a pesar del contexto de agotamiento de recursos y mercados cerrados.

Kifah Sasa, oficial de Desarrollo Sostenible de PNUD Costa Rica. Crédito: PNUD Costa Rica

Si bien algunos de ellos eran responsables de pesca ilegal, ninguno podía ser considerado un empresario con grandes ambiciones, sino dueños de un par de barcos de palangre que intentaban ganarse la vida con poco acceso a crédito y pagando los precios más altos de seguridad social en la región por cada uno de los miembros de sus expediciones.

No están solos. Según los datos estimados por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), el sector pesquero del país está compuesto por alrededor de 400 embarcaciones, cada una de las cuales transporta entre cinco y ocho personas, formando una población activa de aproximadamente 2.000 a 3.200 personas vinculadas directamente al sector.

Junto con las familias que dependen de esta actividad, la población afectada alcanza entre 10.000 y 16.000 personas,  esto es sin incluir las personas vinculadas a través de los miles de trabajos indirectos que aseguran la actividad de pesca como el transporte, los suministros de pesca, alimentos o mecánica.

Doce años después, la perspectiva tanto de los conservacionistas como de los pescadores ha cambiado. El 18 de noviembre de 2018, no lejos de ese restaurante en Puntarenas, Costa Rica fue el primer país del mundo en lanzar un Plan de Acción Nacional para la pesca sostenible de grandes especies pelágicas, usando la metodología del PNUD.

A través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el país presentó oficialmente un plan con tres áreas principales de trabajo: mejorar las pesquerías de grandes especies pelágicas en Costa Rica (como el atún, el pez espada y el mahi mahi); aumentar la oferta de productos del mar de fuentes sostenibles y garantizar el bienestar social de las personas vinculadas a la actividad pesquera.

Durante la presentación del plan, uno de esos mismos pescadores del restaurante aprovechó la oportunidad para acercarse al mismo miembro del personal del PNUD con el que se reunió hace tantos años y decirle:

“Quería agradecer al PNUD la confianza que nos ha brindado y por ayudarnos a construir un plan formal con instituciones”. Una clara victoria para el firme compromiso del PNUD en su apuesta por el diálogo democrático como elemento clave para lograr un cambio sistémico en la producción sostenible de materias primas.

Litoral del océano Pacífico de Costa Rica. Crédito: PNUD Costa Rica

En 2019 se celebrarán 10 años de apoyo del PNUD en la lucha contra los desafíos de sostenibilidad de productos altamente comercializadas en todo el mundo.

A través de su Programa de Productos Verdes, el PNUD ha buscado sido generar confianza entre las partes interesadas al facilitar espacios neutrales en los que puedan colaborar a través de una visión compartida y una agenda común.

El objetivo es llegar a un acuerdo colectivo sobre la raíz de los problemas de sostenibilidad de los productos básicos y sobre cómo se va a trabajar colectivamente para resolverlos.

Mediante las Plataformas Nacionales de Produtos, el programa está trabajando actualmente en aceite de palma, cacao, café, carne de res, soja, piña y pesca en República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Filipinas, Indonesia y Papua Nueva Guinea.

El Plan de Acción Nacional para la Pesca de Grandes Pelágicos en Costa Rica tendrá una duración de diez años y contribuirá directamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país.

Presentado como un caso de éxito de colaboración entre las diferentes partes involucradas en la producción de una materia prima, el Plan es el resultado de un proceso de diálogo de doce meses de duración que involucró a más de cien representantes de gobierno, instituciones académicas, sociedad civil, cooperación internacional, pescadores, exportadores, restaurantes y supermercados.

Un grupo de personas que probablemente no hubieran estado cómodas compartiendo mesa hace unos años pero que ahora se han comprometido a trabajar juntas hacia un futuro más sostenible, inclusivo y prometedor para la pesca en Costa Rica.

RV:EG

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Planos para a educação devem enfraquecer professores e beneficiar negócios de Guedes

Pública - qua, 12/12/2018 - 11:02

Na noite de 13 de novembro, centenas de professores se reúnem numa audiência pública contra o projeto Escola sem Partido, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Cansados, apreensivos e irritados, eles parecem refletir as condições gerais da categoria. Alguns dias antes, uma pesquisa da Varkey Foundation tinha mostrado que o Brasil passara da penúltima para a última colocação no ranking de valorização dos professores.

“Vamos ver se o pessoal vai conseguir falar hoje”, diz um assessor do deputado Carlos Giannazi (Psol), responsável pelo encontro. Diante da dúzia de policiais militares que fazem a segurança do evento, a fala soa exagerada. Não é.

Pouco antes das 19 horas, uma mulher sobe ao palco e agita uma bandeira de Israel. A irritação da plateia vira raiva. Professores, alunos e seus apoiadores se levantam e berram em uníssono: “Machistas, fascistas não passarão!”. No palco, a mulher se anima. Aponta os dedos para o público com o gesto de metralhadora imaginária popularizado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Quando o coro engrossa, ela muda o gesto. Ergue os dois dedos do meio. “Eu vou lá. Vou meter a mão nela”, diz uma espectadora na penúltima fila. A frase soa como figura de linguagem. Não é.

O deputado Giannazi sobe ao palco e consegue que a manifestante pró-Escola sem Partido desça de lá. Mas não há refresco. Um deputado recém-eleito pelo PSL –partido de Bolsonaro – consegue um microfone. Douglas Garcia. Ele começa a falar, mas é encoberto por vaias da plateia. Na mesa, Giannazi esbraveja. Em um lapso, os dois futuros colegas estão atracados, um agarrado à lapela do paletó do outro. A plateia vem junto.

A mulher lá de trás como que se teletransporta para o lado do palco e cumpre o prometido: mete a mão na que tinha agitado a bandeira israelense. Professores, deputados e militantes do presidente eleito rolam no chão aos socos. Policiais tentam intervir. Um deles gesticula assustado, mandando o colega chamar reforço.

Por volta das 19h30, a polícia consegue retirar os militantes do PSL e a audiência tem início. O economista e professor da Unicamp filiado ao Psol Plínio de Arruda Sampaio Jr. é um dos primeiros a falar. “O objetivo real do Escola sem Partido é negar a educação à nossa juventude”, diz. “Eles não querem pessoas que pensem. Eles querem pessoas que sejam vítimas de fake news. É disso que eles precisam.”

Arquivado ontem pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, o Projeto Escola sem Partido não é o único fator de risco para os professores, e não apenas porque ele pode ser novamente proposto na próxima legislatura. O enfraquecimento dos 2,5 milhões de professores do país se daria principalmente por meio do aumento do ensino a distância (que substituiria docentes por aulas gravadas) e da expansão das instituições particulares em detrimento das públicas (que tenderiam a precarizar as condições de emprego e carreira).

O projeto Escola sem Partido foi arquivado ontem pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados

Na época da audiência, o temor dos professores provinha de três fontes: de falas do presidente eleito, que prometeu educação a distância desde o ensino fundamental (a partir dos 6 anos) e propôs um sistema de vouchers para alunos de baixa renda; do plano de governo do PSL, que também fala, de forma genérica, em ensino a distância e em mais parcerias entre universidades e empresas privadas; por fim, da figura do superministro da Economia, Paulo Guedes, que tem tudo para funcionar como um catalisador tanto do ensino a distância quanto do incentivo à privatização.

Guedes já se mostrou disposto a influenciar diversas áreas do governo, e com a educação não deve ser diferente. Foi dele, por exemplo, a ideia dos vouchers, segundo reportagem da revista Piauí. O sistema foi testado na Universidade do Chile, onde Guedes deu aulas, à época sob intervenção da ditadura de Augusto Pinochet.
A influência de Guedes no futuro das políticas educacionais, contudo, pode ter motivações que vão além de sua visão neoliberal da economia. O futuro ministro atuou com investimentos no setor de educação privada e de educação a distância.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), o futuro ministro captou R$ 1 bilhão de fundos de pensão, entre eles Previ (Banco do Brasil), Petros (Petrobras), Funcef (Caixa) e Postalis (Correios). Os primeiros aportes foram feitos em janeiro de 2009, com prazo previsto de seis anos de duração.

Apenas o Fundo de Investimento em Participações (FIP) BR Educacional levantou R$ 400 milhões. Em outubro, as operações de Guedes com os fundos de pensão foram alvo de uma investigação pelo MPF e levaram à abertura de inquérito pela Polícia Federal, no final de novembro.

A apuração se originou na Operação Greenfield, que mira esquemas de pagamento de propina em fundos de pensão com base em relatórios da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Ainda em estágio preliminar e agora correndo em segredo de justiça, o inquérito investiga se houve gestão fraudulenta envolvendo Guedes e os responsáveis pelos fundos.

“O aporte de recursos nesse fundo foi feito às cegas, como que num voto de confiança na equipe de Paulo Guedes”, diz o MPF em um dos documentos sobre o caso.

O primeiro aspecto que chamou atenção da promotoria foi a cobrança de uma taxa de administração de 1,75% sobre o capital subscrito, não sobre o capital de fato investido. Como o capital do fundo vai crescendo aos poucos, as despesas relativas sobem muito quando a cobrança é feita dessa forma. Só no primeiro ano, os custos de gestão somaram R$ 6,6 milhões, 19% do patrimônio líquido médio do fundo no período.

No mesmo documento, o MPF elenca uma série de outras suspeitas. Paulo Guedes era ao mesmo tempo presidente da gestora que captava investimentos e conselheiro de investimentos da nima, uma das empresas de educação que receberam aportes do fundo. Além disso, os R$ 62 milhões aplicados no primeiro ano foram injetados numa única empresa ligada a Guedes, a HSM Educacional S.A. Em seguida essa companhia comprou outra, de um grupo argentino, a HSM do Brasil. Segundo a versão da Previc, o fundo pagou pelas ações dessa empresa R$ 16,5 milhões a mais do que o valor de mercado.

A HSM, na época, era apenas uma marca, não estava realmente em operação, o que tornaria a operação mais suspeita. Ainda segundo a Previc, a ideia era que essa empresa gerasse lucro com eventos, mas ocorreu o contrário: perdas em cascata, principalmente com a remuneração de palestrantes (quase R$ 12 milhões entre 2011 e 2012). Entre eles, estava Paulo Guedes. Em 2013, o fundo remanejou seus investimentos adquirindo outra empresa, a Gaec Educação, dessa vez com um ágio de 1.118% sempre de acordo com informações da Previc.

Atualmente parte dos fundos criados por Guedes está no portfólio da Bozano Investimentos, e uma fatia do dinheiro aplicado ali é reinvestida em oito empresas de educação. Entre elas estão a “Ser Educação”, que tem uma rede de universidades com 150 mil alunos; a “NRE”, com focos em cursos de medicina e 8 mil alunos; e a “Q Mágico”, que vende soluções para ensino digital e ensino a distância.

Além do dinheiro dos fundos de estatais, os fundos de educação da Bozano contaram também com investidores estrangeiros de peso. Em 2014, o grupo alemão de mídia Bertelsmann anunciou um aporte de € 30 milhões (cerca de R$ 100 milhões à época). Na ocasião, Thomas Mackenbrock, presidente do grupo em São Paulo, comemorou a parceria com a Bozano.

“O fundo BR educacional garante acesso antecipado a empresas brasileiras inovadoras em um campo que está repleto de oportunidades graças à digitalização progressiva e à crescente demanda por educação na América Latina. Na Bozano Investimentos, encontramos um parceiro com conhecimento profundo do mercado educacional brasileiro.” Nas palavras do executivo, aquela seria uma parceria “única e mutuamente benéfica”.

Em 2015, o grupo Bertelsmann voltou a aplicar com a Bozano, dessa vez num montante maior, de R$ 800 milhões, e com um foco mais claro: escolas de medicina. À época, a iniciativa foi vista como mais um passo importante na internacionalização do grupo que ajudaria a sedimentar o setor de educação como um pilar importante no portfólio da empresa.

Procurado pela reportagem, o conglomerado não quis comentar um possível conflito de interesses na ponta de seus investimentos. “O senhor Paulo Guedes é fundador e CEO da Bozano Investimentos. Para questões relativas a Paulo Guedes, portanto, procure a Bozano Investimentos”, foi a resposta enviada por e-mail.

A Bozano Investimentos também preferiu responder por e-mail. “Conforme já anunciado, Paulo Guedes já se afastou totalmente de suas funções na empresa para exercer atividade pública. Além disso, todas as providências já estão sendo tomadas para que ele deixe a sociedade, rigorosamente em conformidade com as leis vigentes.” Não houve na resposta nenhuma referência à investigação do MPF, mencionada pela reportagem no contato inicial.

A reportagem procurou também a defesa de Guedes na investigação, que se manifestou por e-mail: “A defesa de Paulo Guedes reafirma a lisura de todas as operações do fundo que, diga-se de passagem, deu lucro aos cotistas, incluindo os Fundos de Pensão. Espera também que a investigação – agora corretamente conduzida no âmbito da Polícia Federal – apure as incoerências do relatório irregular produzido na Previc”.

Por fim, ainda no capítulo dos possíveis conflitos de interesses, é preciso citar Elizabeth Guedes, irmã do futuro ministro, que ocupa a vice-presidência da Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup). Ela também não respondeu aos pedidos de entrevista da Pública, mas em entrevista ao jornal O Globo no início de novembro negou que sua posição gere algum constrangimento. “Minha função na Anup não tem nenhuma relação com ele”, disse referindo-se ao irmão.

O ex-sócio de Guedes

O engenheiro Rafael Martinez foi vice-secretário de Educação do Rio de Janeiro e secretário de Educação de Resende. Além disso, foi também sócio de Paulo Guedes, por quem ainda hoje nutre considerável admiração. “O Paulo é um cara extremamente democrático”, disse em entrevista à Pública. “Controlava um sistema de partnership onde todo mundo tinha voz, independentemente do quanto investia.”

Para Martinez, a investigação do MPF não se sustenta. “O fundo BR Educacional deu um retorno para os cotistas de mais de 300% em sete anos. Foi um lucro bem grande e ajudou a diminuir o prejuízo que o governo do PT causou nos fundos de pensão”, disse. Ele acredita que as ingerências de Guedes na educação serão limitadas. “É natural que a atuação dele como gestor público e como investidor seja a mesma, que ele defenda ideias liberais. Mas não acredito que isso tenha alguma ligação com a irmã dele ou com o fato de que ele tem investimentos em educação”, disse.

Fernando Frazão/Agência BrasilFundos de investimento criados por Paulo Guedes lucraram com educação privada e a distância

Como ex-gestor da área, Martinez tem críticas ao Escola sem Partido, mas não considera o projeto de todo ruim. Para ele, a forma como a proposta está sendo feita é errada, mas há casos em que professores forçam a mão. “Existe, sim, uma predominância de ideologia de esquerda nas escolas. E muitos professores tentam passar essa ideologia para os alunos e contar a história de forma enviesada”, disse.

E vê com bons olhos o crescimento de instituições privadas: “A gente pode até questionar a qualidade de alguns grupos privados, mas de fato teve muito investimento em novas escolas, em novas faculdades, e isso acabou gerando um aperfeiçoamento da qualidade geral.”

Apesar dessa visão que pode parecer simpática às ideias do novo governo, Martinez é cauteloso em relação ao que foi esboçado até o momento. Para ele, se o país investir num sistema de liberalismo puro, onde a escola que atrair aluno sobrevive e prospera enquanto as outras definham, o resultado pode ser um desastre. “Isso funciona para uma loja de roupas, não para educação”, disse. “Pode levar dez anos para uma escola ir morrendo aos poucos. E, enquanto isso, os alunos e as famílias sofrem as consequências.”

O ex-secretário apontou problemas no sistema de vouchers, se o governo distribuir um valor fixo e permitir que as famílias o complementem, algo similar ao que ocorreu no Chile. “Um sistema que era para ser mais equânime, garantindo que todas as crianças recebessem o mesmo valor, acabou favorecendo famílias de alta renda”, disse.

O exemplo chileno

O sistema de vouchers no Chile foi criado no governo do ditador Augusto Pinochet em 1980. Ele garantia um valor fixo por estudante, que podia ser usado em escolas públicas ou privadas. Paralelamente a esse processo, os gastos com educação pública caíram pela metade entre 1980 e 1990, de 5% do produto interno bruto para 2,5%. E só se recuperaram depois da democratização e de uma série de governos de centro-esquerda.

O governo fez pouco para fiscalizar as escolas que trabalhavam com o modelo e o problema da desigualdade ficou patente. Estudantes mais pobres tinham dificuldade em usar vouchers – ou porque não conseguiam completar mensalidades ou por questões geográficas. Pelo menos 63 dos 345 municípios chilenos não chegaram a ter escolas que aceitassem vouchers, e a maioria deles ficava em regiões rurais ou pobres.

FGVClaudia Costin foi ministra da Administração e Reforma do Estado e secretária municipal de Educação no Rio de Janeiro

Como mostrou uma reportagem recente do Washington Post, muitas escolas continuaram a sofrer com falta de verba após a flexibilização do sistema, principalmente as localizadas em regiões carentes, as que recebiam estudantes de alto risco e as que tinham número baixo de matrículas. O percentual de estudantes da rede pública nunca se recuperou. Caiu de 78% do total, em 1981, para 39%, em 2013.

Para a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais (Ceipe) da Fundação Getulio Vargas (FGV), Cláudia Costin, esses mesmos problemas seriam mais intensos num país com as dimensões e a diversidade do Brasil. “Temos 81,7% dos alunos em escolas públicas”, disse. “Não é possível substituir todas essas escolas por particulares. Quem é que vai querer ter escola pra população ribeirinha no meio da floresta amazônica, no alto das favelas do Rio?”

Ainda segundo Cláudia – que foi ministra da Administração e Reforma do Estado e secretária municipal de Educação no Rio de Janeiro –, há vários projetos sociais que permitem acesso de alunos carentes a escolas particulares. Mas geralmente é uma cota, voltada para os mais brilhantes. “Não se constrói equidade dessa forma”, disse.

Para ela, a solução seria buscar o caminho oposto: investir em educação pública de qualidade e aumentar a valorização do professor. De um lado, remunerando melhor, de outro tornando mais seletivos os processos de seleção. Além de se dificultar o ingresso nos concursos, seria possível, por exemplo, criar-se uma nota de corte artificialmente mais alta nos vestibulares de educação e pedagogia.

Privatização descontrolada

Se o caso do Chile faz prever graves problemas na prometida implantação do sistema de vouchers no ensino básico, já temos bons exemplos do impacto negativo que a privatização descontrolada pode causar no ensino universitário. Segundo o último censo da educação superior, mais de 75% das matrículas em graduação do país ocorrem em instituições particulares.

Esse movimento de expansão do ensino universitário privado começou em 1997, quando um decreto do então presidente Fernando Henrique Cardoso permitiu que as instituições de ensino superior tivessem oficialmente fins lucrativos. Entre 1998 e 2004 as matrículas na rede privada aumentaram 126%; foram 46% na rede pública.

Tânia Rêgo/Agência BrasilUm decreto do então presidente Fernando Henrique Cardoso permitiu que as instituições de ensino superior tivessem oficialmente fins lucrativos

Com a expansão do Fies – o sistema de financiamento governamental que permite matrícula em instituições particulares –, esse crescimento se concretizou. Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), entre 2010 e 2015, período de maior expansão do programa, grandes redes de faculdade privada viram disparar seus lucros: o da Kroton subiu 22.130%, o da nima, 820%, o da Estácio, 565% e o da Ser Educacional, 483%. Enquanto isso, de acordo com um relatório do Tesouro Nacional, o Fies custou aos cofres públicos R$ 32 bilhões em 2016, ou pouco mais do que os gastos com o Bolsa Família no mesmo ano.

Apesar do crescimento, as instituições privadas não parecem capazes de oferecer a mesma qualidade que as públicas. No último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), por exemplo, as universidades federais tiveram 43% de instituições com conceito 4 e 16% com conceito 5 – o mais alto do teste. Já nas particulares, esses percentuais foram de 19% e 3%.

Disputa de gigantes no ensino fundamental

No tabuleiro do ensino fundamental, a movimentação das peças já começou. Na esfera governamental, tramita no Senado um projeto de lei que quer permitir o pagamento de creches com o dinheiro do Fundeb. Na esfera privada, a Kroton anunciou recentemente a compra da rede de escolas do ensino básico Somos, numa operação avaliada em R$ 6 bilhões. A nima – a mesma que recebeu capital dos fundos de Paulo Guedes – estabeleceu parceria com a escola Lumiar.

Jogadores internacionais também estão se posicionando no ataque. Em 2017, a gestora de fundos americana General Atlantic elevou as participações na SAS, empresa que oferece livros didáticos e consultorias para mais de 700 escolas no Brasil.

“Estamos num momento de disputa bastante significativa sobre a natureza da nossa política educacional”, afirma Salomão Ximenes, professor da Universidade Federal do ABC e membro da ONG Ação Educativa. “No ensino superior, esse tipo de configuração, de grandes grupos privados, oligopolistas, que praticamente dominam o setor com um ensino de baixo custo e de baixa qualidade financiado pelo Estado, é uma realidade.”

Para Ximenes, o terceiro pilar esboçado pelo novo governo – a expansão da educação a distância – faz parte desse pacote de enfraquecimento da educação pública e da figura do professor.

“Educação a distância na educação básica é um retrocesso. Aumenta a desigualdade entre os estudantes de classes populares, de redes mais distantes, e os estudantes de elite, que terão professores bem formados, bem qualificados, presentes. É uma péssima forma de enfrentar o déficit de formação dos professores, que é estrutural no Brasil”, diz.

A exemplo do avanço da rede privada, a educação a distância já é uma realidade no Brasil. Atualmente, de acordo com o censo da educação, um em cada cinco alunos do ensino superior está matriculado num curso a distância. Em 2017, o setor avançou 17,6%, o maior salto desde 2008.

Em abril, o BNDES lançou uma linha de crédito de R$ 20 milhões para “incorporação de tecnologias digitais na educação pública”. Em novembro, o Conselho Nacional de Educação (CNE) liberou até 30% de conteúdo ministrado a distância para o ensino médio. Os resultados, por sua vez, não são dos melhores. Apenas 2,4% dos cursos a distância receberam nota máxima no Enade, ao passo que foram 6,1% dos cursos presenciais.

A distância e no improviso

“As universidades brasileiras têm feito cursos a distância de maneira improvisada”, diz o presidente da Associação Brasileira de Ensino a Distância (Abed), Fredric Litto. “Tentam repetir modelo presencial, e isso não é bom.” Para Litto, que também é professor emérito da USP, é preciso muito tempo, dinheiro e planejamento para criar materiais de qualidade. E mesmo assim o ensino a distância não pode ser usado indiscriminadamente. Ele é mais eficiente como complemento das aulas presenciais, como alternativa a pessoas que não têm acesso à sala de aula ou para alunos que estejam muito motivados.

Segundo Litto, a ideia de se usar o ensino a distância na educação básica não faz sentido. “Quanto mais jovem for o aluno, mais complicado é o uso de EAD [ensino a distância]. No ensino fundamental, pode-se ter atividades, usar celulares ou computadores com jogos e vídeos explicativos, mas nunca se pensar no conteúdo a distância como um curso completo.”

Para o professor, nascido e educado nos Estados Unidos, os brasileiros têm mania de achar que um mesmo sapato serve para todo mundo. “Eu não vi nenhum plano escrito do que eles pretendem fazer”, disse referindo-se ao plano genérico do novo governo. “Mas sei que não se pode substituir salas de aula presencial de jovens.”

Mais um ministro blogueiro

No final de novembro, depois de ter tido um primeiro nome vetado pela bancada evangélica, Bolsonaro anunciou, pelas redes sociais, o novo ministro da Educação. “Gostaria de comunicar a todos a indicação de Ricardo Vélez Rodríguez, filósofo autor de mais de 30 obras, atualmente professor emérito da Escola de Comando e Estado Maior do Exército, para o cargo de ministro da Educação”, escreveu o presidente eleito.

O nome, indicado pelo guru intelectual de Bolsonaro, Olavo de Carvalho, pegou a imprensa e os brasileiros de surpresa. Alguns dias antes, Vélez Rodríguez havia postado em seu blog o texto “Um roteiro para o MEC”, em que já afirmava ser cotado para o ministério. Mas ninguém prestou atenção.

Apesar do título, o texto não traz de fato um roteiro claro. Fala em um sistema focado nos municípios, em “mais Brasil, menos Brasília”, critica uma suposta burocracia “gramsciana” que elaborou as “complicadas provas do Enem” e pragueja contra a “doutrinação de índole cientificista e enquistada na ideologia marxista”.

Vélez Rodríguez critica ainda a atuação de empresas financeiras ligadas a fundos de pensão. “Ao longo das últimas décadas, produziram um efeito pernicioso, qual seja o enriquecimento de alguns donos de instituições de ensino, às custas da baixa qualidade em que foram sendo submergidas as instituições docentes, com a perspectiva sombria de esses fundos baterem asas quando o trabalho de enxugamento da máquina lucrativa tiver decaído.”

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Brasil va a probar un gobierno en conexión directa con electores

IPS español - qua, 12/12/2018 - 10:46

Jair Bolsonaro y su vicepresidente son militares retirados y el presidente electo incorporará a otros siete militares como ministros de su gobierno. Desde que es mandatario electo de Brasil, el político de extrema derecha ha mostrado su predilección por participar en ceremonias castrenses, como esta graduación de oficiales de la Marina, en Río de Janeiro. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil-Fotos Públicas

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Dec 12 2018 (IPS)

El gobierno que tomará posesión el 1 de enero en Brasil, presidido por Jair Bolsonaro, pondrá a prueba a la extrema derecha en el poder, con creencias que suenan extemporáneas y una gestión basada en la conexión directa con la población.

“El poder popular ya no necesita intermediación, las nuevas tecnologías permiten una nueva relación directa entre el elector y sus representantes”, sostuvo Bolsonaro al recibir el diploma de presidente electo por el Tribunal Superior Electoral, el 10 de diciembre en Brasilia.

Ya se conoce el papel que tuvo la comunicación por redes sociales, especialmente la del teléfono celular por la aplicación de WhatsApp, en las elecciones brasileñas de octubre, que alzaron a la presidencia a un diputado nada destacado en sus 30 años como legislador.“La democracia no está en crisis a causa del WhatsApp, sino por falta de un pacto social, porque sindicatos y partidos ya no son representativos… Él (el presidente electo Jair Bolsonaro) supo usar las redes para presentarse como la solución (y) ellas podrán favorecerlo o no en el gobierno”: Giuseppe Cocco.

Ahora se trata de gobernar. Por su discurso y experiencia reciente, Bolsonaro, de 63 años, seguirá recurriendo a las redes como presidente y discípulo exitoso del mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Pero son dos realidades muy distintas, las elecciones y el gobierno. El presidente electo ya dio muestras de que sigue en campaña permanente, pero ahora ya no se trata de promesas, hay que presentar resultados”, señaló Fernando Lattmann-Weltman, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ).

“Sin resultados satisfactorios, el riesgo mayor es que el gobierno se inviabilice, ante el deterioro de sus relaciones con otros poderes, instituciones y grupos organizados”, y la frustración de fuertes expectativas de cambio creadas en las elecciones, acotó.

Bolsonaro adoptó también el discurso usual de que gobernará para todos, como “el presidente de los 210 millones de brasileños”. Pero los especialistas coinciden en que la comunicación directa con los electores es sesgada y tiende a alimentar la beligerancia más allá de las jornadas electorales, como ocurre en el Estados Unidos de Trump.

Las redes sociales amplían las posibilidades de diálogo entre las personas, como medios  interactivos y accesibles a crecientes parcelas de la población. Pero no son públicas como la prensa, radio y televisión abierta. Se limitan a círculos familiares o de algún interés común.

Como instrumento político, suelen formar grupos de afinidades, de opiniones y creencias comunes, o sectas digitales. No sirven al debate, a la argumentación y confrontación de ideas, incluso porque en general son usadas para mensajes cortos, consignas y noticias falsas.

En ese sentido, agravan las polarizaciones y antagonismos. Un gobierno basado en esas conexiones tendería a acentuar conflictos, crisis y amenazas a la democracia, se argumenta.

“La democracia no está en crisis a causa del WhatsApp, sino por falta de un pacto social, porque sindicatos y partidos ya no son representativos”, discrepó Giuseppe Cocco, profesor de la Escuela de Comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Las redes sociales sí tienen un “efecto club”, pero son hoy “una condición de nuestras vidas” en sus varias dimensiones, sea la producción material, de comunicación, de servicios e incluso la política, argumentó a IPS.

Para el profesor, “su uso en la campaña electoral no explica el triunfo de Bolsonaro”, sino el deseo de la mayoría de los electores brasileños por un cambio contra la corrupción, el sistema político sin credibilidad, la crisis económica y la inseguridad ante la expansión de la criminalidad.

“Él supo usar las redes para presentarse como la solución”, consideró y añadió que “ellas podrán favorecerlo o no en el gobierno”, según el uso que les dé.

Jair Bolsonaro durante la recepción de su diploma como presidente electo de Brasil, con su mujer, dos de sus cinco hijos, uno diputado y otro senador, y sus esposas. Defensor acérrimo de la familia tradicional, la suya va a tener una fuerte presencia en su gobierno, lo que ya comenzó a provocar conflictos y escándalos, que involucran a alguno de sus vástagos. Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE-Fotos Públicas

 

Pero no son pocos los investigadores en el mundo que atribuyen a las redes de comunicación efectos negativos en la democracia, por su uso en la intensa difusión de noticias falsas, ahora conocidas también por la expresión inglesa “fake news”.

También se refieren a interferencias extranjeras en procesos electorales, como la que se sospecha haber sido practicada por rusos en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, y la presión ejercida por electores en conexión directa como si fuesen “la voz del pueblo”.

Por otra parte, el Whatsapp es el instrumento más usado últimamente para organizar  grandes movilizaciones sociales, como la huelga de camioneros que paralizó Brasil en mayo de 2018 y la rebelión de los “chalecos amarillos” en Francia, iniciada el 17 de noviembre contra el alza de precios de los combustibles y ampliada a otros reclamos.

Pero antes ese papel lo cumplió el teléfono fijo, hoy casi totalmente sustituido por el celular. Redes sociales como Twitter y el Facebook se volvieron decisivos en elecciones como la de Trump en 2016 y las movilizaciones de la llamada “Primavera Árabe”, en países del norte africano, recordó Cocco, un italiano residenciado en Brasil desde 1995.

Pero no es solo una evolución técnica, el WhatsApp es una “red cerrada” que no permite identificar el origen de los mensajes y, por lo tanto, tampoco el responsable cuando se diseminan mensajes que podrían tipificar delitos, en contraste con otros medios.

La advertencia es de Alessandra Aldé, profesora de posgrado en Comunicación de UERJ y coordinadora de un grupo de investigación sobre esa aplicación, que la ha repetido en entrevistas concedidas a medios locales tras las elecciones de octubre..

Bolsonaro empleó masivamente el WhatsApp en su campaña electoral.

Además, empresarios habrían invertido recursos propios para difundir por esa red acusaciones falsas contra el candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, en violación de la legislación electoral, denunció el diario Folha de São Paulo el 18 de octubre, 10 días antes de la segunda vuelta presidencial.

Muchos analistas señalan similitudes entre Trump y Bolsonaro por el éxito electoral impulsado por las redes sociales y sus políticas de extrema derecha.

Pero el brasileño resultó elegido con “bases más frágiles”, sin el sostén de un partido como el Republicano, de Trump, ni parlamentarios experimentados, observó Lattman-Weltman a IPS.

Bolsonaro tiene formación militar. Interrumpió su carrera cuando era capitán del Ejército, en 1988, para convertirse en concejal de Río de Janeiro. Dos años después ascendió a diputado nacional y desde entonces fue reelegido seis veces. Nunca ejerció una función ejecutiva ni de liderazgo partidista.

El partido al que adhirió tan solo en mayo, el Social Liberal (PSL), obtuvo un único diputado en 2014 y  en las elecciones de octubre conquistó 52 de los 513 escaños. En el Senado logró sus primeros cuatro miembros, cinco por ciento del total. Gran parte del resultado se debió a la súbita popularidad del excapitán.

Otro riesgo, de consecuencias quizás más graves e inmediatas, son las creencias de los núcleos centrales del próximo gobierno, uno profundamente religioso y otro militar. “Dios por encima de todos” es la consigna de la campaña electoral y del gobierno que el 1 de enero iniciará su mandato de cuatro años.

Siete oficiales de las Fuerzas Armadas integrarán el gabinete ministerial de 22 miembros. A ellos se suman el mismo presidente y su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, en el gobierno más militarizado de la historia brasileña.

Bolsonaro rechazó, por ejemplo, la realización de la conferencia mundial sobre clima en Brasil en 2019 y amenaza con abandonar el Acuerdo de París sobre cambio climático, aprobado en 2015, por considerarlo una amenaza a la soberanía brasileña sobre 136 millones de hectáreas de Amazonia que componen el llamado “Triple A” (AAA).

Ese tipo de temor es difundido entre los militares brasileños, que también sospechan que hay tierras reservadas a los indígenas que pueden pasar al dominio internacional o independizarse. Por eso se resisten a su demarcación.

Pero en realidad el AAA se refiere a un corredor ecológico, Andes-Amazonia-Atlántico, propuesto por una organización ambientalista de Colombia, Gaia Amazonas, que no se aprobó ni forma parte de las discusiones climáticas.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Perú abraza la ecoeficiencia para avanzar hacia un desarrollo verde

IPS español - ter, 11/12/2018 - 19:20

Katherina Guevara (I) y Cristina Rentería, integrantes de la Oficina de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, junto a una de las 10 estaciones para el desecho segregado de los residuos que han gestionado para el personal administrativo. Otros 32 módulos ecoeficientes se instalaron para el uso general en el campus, a las afueras de Lima, en Perú. Crédito: Mariela Jara/IPS

Por Mariela Jara
LIMA, Dec 11 2018 (IPS)

Entidades públicas de Perú han fortalecido desde 2017 sus prácticas ecoeficientes con la aplicación coordinada de diversas medidas y el desarrollo de una cultura de gestión ambiental, para avanzar así en el uso adecuado de los recursos del Estado.

Ese conjunto de prácticas permitió ahorrar más de 19 millones de dólares en dos años, declaró Roxana Díaz, asesora en Gestión de Ecoeficiencia del Ministerio del Ambiente (Minam) y encargada de un programa especial con ese fin.

Mediante la Iniciativa Instituciones Públicas Ecoeficientes (EcoIP), desde 2017 el Minam brindó ya a 41 entidades estatales apoyo en el tema, con la asesoría del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, en inglés) y con el objetivo de mejorar la sinergia entre lo ambiental y lo económico en el desarrollo de sus actividades.“Es una iniciativa muy interesante considerando que uno de cada 10 trabajadores son servidores públicos en Perú y que el Estado es de los mayores consumidores de recursos naturales. Se están visibilizando prácticas estatales a corregir y a miles de personas involucradas en este esfuerzo por mejorar su desempeño”: Aaron Drayer.

El objetivo del proyecto EcoIP es otorgar asesoría a las instituciones públicas mediante la creación de capacidades a los gestores de ecoeficiencia de cada institución, a fin de que puedan emprender prácticas orientadas a un mejor uso del agua, energía, papel, combustible y residuos sólidos, explicó Díaz a IPS.

“La Iniciativa EcoIP parte de un diagnóstico que se hizo en el 2015 y que reveló oportunidades para la aplicación óptima de la normativa peruana para la ecoeficiencia”, indicó Aaron Drayer, el representante en el país del GGGI, una institución intergubermental creada en 2012 para impulsar el crecimiento verde en el mundo.

Es entonces que el GGGI se involucró para contribuir con el cumplimiento de la meta 57 de la Agenda de Competividad 2014-2018 del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya meta es que 30 por ciento de las instituciones públicas cuenten paulatinamente con programas de ecoeficiencia y reduzcan su consumo de energía y agua.

“Es una iniciativa muy interesante considerando que uno de cada 10 trabajadores son servidores públicos en Perú y que el Estado es de los mayores consumidores de recursos naturales. Se están visibilizando prácticas estatales a corregir y a miles de personas involucradas en este esfuerzo por mejorar su desempeño”, remarcó Drayer a IPS.

Perú cuenta con un grupo de Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público, destinadas a una mejor gestión ambiental del Estado para impulsar un desarrollo sostenible en el país, que se plasman en el Decreto Supremo 009 de 2009 del Minam.

La ecoeficiencia  define desde los años 90 el buen uso de los recursos con fines ecológicos, mediante su eficaz aprovechamiento en los procesos y actividades de organizaciones tanto públicas como privadas, con miras a un desarrollo sostenible y con base en un cambio de actitud en sus miembros.

Con esa visión, el programa modelo implementado por el Minam con la colaboración del GGGI buscó fortalecer la institucionalidad existente, dotar de competencias a los servidores públicos para sostener el nuevo proceso y una cultura para el uso eficiente del agua, energía y papel, y la gestión de los residuos sólidos.

“Mi balance del proceso es positivo, hemos construido un programa replicable y formado capacidades, logrando que el 50 por ciento de las instituciones públicas involucradas consigan la meta de ser reconocidas como entidades ecoeficientes”, afirmó Díaz.

Paola Córdova (primera a la izquierda), oficial de Crecimiento Verde del GGGI en Perú, durante el cierre de la fase piloto de la Iniciativa Instituciones Públicas Ecoeficientes, en que 41 organizaciones del Estado recibieron su reconocimiento como instituciones ecoeficientes por el Ministerio del Ambiente de Perú, en noviembre 2018. Crédito: Minam

Además caracterizó a una institución pública ecoeficiente como aquella que brinda un servicio público de calidad al ciudadano usando eficientemente sus recursos, reduciendo sus impactos ambientales y manteniendo las condiciones adecuadas para el personal.

Es la entidad que logra un equilibrio entre su gestión ambiental y la rentabilidad económica de la institución, puntualiza.

Paola Córdova, oficial de Crecimiento Verde del GGGI en Perú, acompañó la implementación inicial de la Iniciativa junto con el equipo del Minam, cuando se identificaron las necesidades esenciales del proyecto, como el involucramiento de la alta dirección, la asignación de personal, presupuesto y tiempo.

En los dos años en que EcoIP funcionó como modelo o proyecto piloto, asesorado por el GGGI, se recogieron frutos, entre ellos, el desarrollo de capacidades en servidores públicos de diferentes sectores, como ministerios, universidades y entidades autónomas, explicó.

Además, este año la EcoIP se extendió al gobierno del departamento de San Martín, en el centro del país, iniciando la fase de descentralización de la Iniciativa, que continuará el próximo año hacia otras zonas del interior, ahora que será un programa  estable dentro del Minam.

“Como GGGI hemos contribuido a la sistematización de esta experiencia y a identificar las lecciones aprendidas, que son insumos para que el Minam continúe replicando el modelo de entidades públicas ecoeficientes”, manifestó Córdova a IPS.

Para Díaz, del Minam, la medición realizada confirma que la metodología aplicada es replicable y por tanto un factor que permite superar el desafío de la alta rotación en el servicio público y potenciar su alcance, gracias al modelo establecido con las primeras 41 entidades públicas incluidas, de las más de 2.000 existentes en el país.

La funcionaria detalló que se estandarizaron metodologías de cálculo del uso de recursos que ofrecen datos confiables y validados, a partir de los cuales se reporta anualmente el consumo a manera de línea de base.

Carlos Llanos, responsable de la Oficina de Gestión Ambiental de la pública Universidad Nacional Agraria La Molina, en las afueras de la capital de Perú, e integrantes de su equipo muestran creaciones navideñas realizadas con material reciclado. Crédito: Mariela Jara/IPS

El nuevo sistema permite identificar medidas para corregir prácticas inadecuadas,  y así apoyar el cumplimiento de las contribuciones nacionales determinadas por el Estado peruano dentro del Acuerdo de París sobre cambio climático. El país se comprometió a reducir en al menos 20 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

“El Estado ha ahorrado 66 millones de soles (más 19 millones de dólares) desde la implementación de la metodología, lo que podríamos transformar a cantidades de CO2 (dióxido de carbono) que se dejaron de emitir, porque es energía eléctrica que se dejó de consumir, así como agua y papel principalmente”, precisó.

Para la funcionaria de Minam, es muy importante que con esta metodología también se enseña a calcular la rentabilidad económica de las medidas.

Un ejemplo exitoso

Una de las experiencias exitosas es la protagonizada por la pública Universidad Nacional Agraria La Molina situada sobre 6.000 hectáreas a unos 18 kilómetros del centro de la capital.

Bajo el impulso de su Oficina de Gestión Ambiental (OGA) y su equipo técnico, se ha promovido la cultura ambiental, la ecoeficiencia, la fiscalización y manejo de residuos sólidos entre docentes, estudiantes y trabajadores administrativos del centro educativo.

Han instalado 32 puntos ecoeficientes, es decir, tachos de segregación para que las personas depositen los residuos en forma adecuada, además de 10 estaciones en los que personal administrativo coloca cartones, residuos generales, plástico y vidrio.

“Fue necesario sensibilizar a la comunidad educativa para su uso adecuado, al igual que sobre sustitución de papel por medios digitales y reducción del consumo de agua y energía eléctrica”, refirió a IPS el ingeniero ambiental Carlos Llanos, quien dirige la OGA.

El equipo expresa su satisfacción porque las diversas acciones emprendidas como visitas, carteles señalizadores y concursos, entre otras, han involucrado a 20 por ciento de las dependencias del campus, dentro de su objetivo de promover el desarrollo sostenible en el recinto.

Una de las ganadoras del concurso interno “Oficina Sostenible” es la Unidad de Innovación Educativa,  a cargo de la docente Elva Ríos y conformada por las psicólogas Silvia Morales y Karen Goycochea. Ellas llevan la ecoficiencia en las venas.

“Somos molineros, somos puntuales y ecoficientes” es el lema que identifica a la Unidad y que les acompaña en todas su actividades. “Capacitamos a docentes para que sean mejores profesores, pero en ese trabajo nuestra perspectiva ambiental está presente”, expresó Morales a IPS.

La asesoría de la OGA ha contribuido a que reduzcan el consumo de papel, energía, agua y al mejor anejo de los residuos.

“Aquí desenchufamos las máquinas cuando no las usamos, apagamos los focos y aprovechamos la luz natural para lo cual hemos despejado la zona de ventanas, hemos colocado botellas con arena al interior de los inodoros y apenas gotea un caño llamamos a Servicios Generales, y tenemos tachos separadores”, agregó Morales.

Karen Goycochea recuerda que hace cinco meses, cuando ingresó a la Unidad, como parte de su inducción le recalcaron las acciones ecoeficientes a mantener en la oficina y en la universidad. “Para mí fue muy alentador porque siempre he estado comprometida con la gestión ambiental”, dijo a IPS.

Edición; Estrella Gutiérrez

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¿Se escucha el reclamo popular en Cuba sobre trabajo privado?

IPS español - ter, 11/12/2018 - 14:27

Un grupo de música tradicional cubana ameniza la terraza de un establecimiento estatal que ofrece servicios de gastronomía al turismo internacional, en un una calle de La Habana Vieja, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Dec 11 2018 (IPS)

Reajustes en normas para el trabajo privado a fin de tomar en consideración opiniones de especialistas y ciudadanos e inusuales explicaciones televisivas de altos dirigentes del gobierno de Cuba, dan un giro sin precedentes a la relación entre las autoridades y sociedad civil.

Los acontecimientos sucedidos la primera semana de diciembre son interpretados de diversas maneras por activistas y especialistas consultados por IPS, aunque coinciden en que la sociedad civil se perfila finalmente como una voz a tener en cuenta en el país de gobierno socialista, donde predominan el autoritarismo y la centralización.

“Siento que al menos hay una conciencia política. El cubano está entendiendo que hay una transición y no podemos dejar que los cambios pasen sin nuestra participación verdadera”, dijo a IPS la actriz Lynn Cruz, que en las redes sociales manifiesta su oposición al Decreto Ley 349, aprobado en julio junto con otras 19 normas, destinadas a regular la actividad privada.“Como en otras ocasiones, esta vez, el malestar social dio lugar a una contra-regulación, algo más ajustada, aunque quedan muchas discusiones de fondo en el tema”: Ovidio D’Angelo.

Todo comenzó el 5 de diciembre, cuando solo dos días antes de la entrada en vigor de ese decreto y las otras 19 normas,  las autoridades echaron atrás algunas de ellas, muy criticadas por sus implicaciones para el sector privado, conocido localmente como de cuenta propia.

En especial, enlentecieron la aplicación de la regulación del 349, que es el que norma desde ahora la comercialización y circulación de arte.

Con implicaciones para actores privados y entidades estatales donde se comercialice o circule arte en todas sus manifestaciones, esa norma se dio a conocer en julio entre las medidas para el trabajo privado, aunque su alcance es mayor porque regula cómo penalizar la infracción de la política cultural en lugares públicos.

Artistas de todos los signos políticos y afiliados o no a instituciones estatales u organizaciones gremiales criticaron con fuerza el decreto, en espacios virtuales y reales, sobre todo por la falta de claridad que observan en su redacción. Incluso algunos señalan que la ley limitaría la libertad artística en la isla caribeña.

“Las decisiones se toman sin tener en cuenta a todos los sectores implicados”, lamentó Cruz, quien no se siente satisfecha con las explicaciones sobre el decreto y su aplicación paulatina dadas por autoridades culturales en la televisión estatal, el 7 de diciembre.

“Se niega una buena parte del arte cubano actual hecho desde la autogestión”, apuntó la también escritora y directora de teatro, quien trabaja en forma autónoma al Estado y ha participado en campañas en contra del decreto 349.

A su juicio, “las respuestas que dieron siguen siendo vagas, porque enfocarse en el ruido o el mal gusto como parte de las aristas principales del decreto es evadir su razón principal”.

A Cruz le preocupa que no se mencionó cuánto afecta a los artistas autónomos, en un Estado socialista que subvenciona y promueve la cultura dentro de sus prioridades, pero a través de un sistema criticado por controlar la creación artística y cultural, sobre todo cuando aborda cuestiones políticas.

Dos empleadas preparan el local para la llegada de clientes en el bar de un restaurante de administración privada en el centro histórico de La Habana Vieja, en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

El Ministerio de Cultura informó que ya emprendió un proceso de debate con afiliados de la no gubernamental Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que va a llegar a las 15 provincias del país.

La discusión pretende elaborar de forma participativa la norma complementaria del Decreto Ley 349, para que establezca cómo se implementará de manera precisa.

También anunció el Ministerio que el decreto se aplicará de forma progresiva y no en todas las entidades implicadas. Pusieron como ejemplo que deben todavía establecer cómo se hará en las galerías de arte privadas y los estudios de grabación, que hoy operan en la ilegalidad.

“No regula ni limita la creación artística”, indicó Yudith Márquez, directora jurídica del Ministerio de Cultura, sobre el decreto de julio.

Remarcó que la norma “vela por  el cumplimiento de las normativas existentes sobre la comercialización del arte y combate la difusión de productos que promuevan el lenguaje sexista, la discriminación, la vulgaridad, la pornografía o utilicen injustificadamente la violencia”.

Otras infracciones tipificadas son “aprobar, permitir, pagar o facilitar con medios o instalaciones la realización de servicios artísticos sin que hayan sido aprobados y autorizados por la institución que representa a los artistas” y “que afecte el desarrollo de la sociedad cubana y la aplicación consecuente de la política cultural de la Revolución”.

Durante una noche lluviosa, varias personas intentan detener un viejo vehículo que opera como taxi privado, en una céntrica calle de La Habana Vieja, en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Marquez también especificó que “la responsabilidad por la difusión de productos (penalizados) es de la autoridad de la entidad, estatal o privada, que los exhiba”.

Las respuestas de las autoridades en este tema sensible no parecen aliviar todavía las tensiones con el sector artístico y cultural, aunque algunas de las cuestiones a regular como el lenguaje sexista, discriminación y violencia son reclamos reiterados por activistas sociales por la equidad de género, el antirracismo y una cultura de paz.

“Como en otras ocasiones, esta vez, el malestar social dio lugar a una contra-regulación, algo más ajustada, aunque quedan muchas discusiones de fondo en el tema”, valoró el psicólogo Ovidio D’Angelo, que investiga a la sociedad civil cubana.

El especialista analizó que “podría verse como un hecho positivo la capacidad de replanteo de la situación (por parte de las autoridades) a partir del sentir popular”.

Pero alertó del efecto negativo de esas situaciones, “que quedan como huellas de desconfianza hacia las instituciones que no son capaces de propiciar a tiempo una auto-organización desde las relaciones con las bases de la sociedad”.

Aunque todas las inconformidades no fueron resueltas, los cambios introducidos el 5 de diciembre para el trabajo privado fueron bien recibidos, sobre todo el relacionado con la cantidad de comensales de los restaurantes, bares o cafeterías, que ahora pueden sobrepasar los 50, de acuerdo con el espacio disponible.

Otras modificaciones consideradas beneficiosas permiten al trabajador ejercer más de una actividad y aumentan el saldo en efectivo sin depositar en el banco a 35 por ciento del total.

En opinión de Ángel Marcelo Rodríguez, coordinador académico del proyecto Incuba Empresas del católico Centro Loyola, aún no existe en Cuba una “sociedad civil desarrollada, por lo tanto no es la causa por la que el gobierno modificó el marco regulatorio”.

“Existen múltiples factores”, dijo y mencionó como fundamentales el decrecimiento de la economía a un uno por ciento y la incertidumbre para el próximo año anunciada por el ministro de economía, Alejandro Gil, además de la presión internacional para que Cuba pague sus deudas externas.

Rodríguez consideró negativo el establecimiento de dos cuotas mensuales como saldo mínimo requerido en las cuentas bancarias fiscales que deberán operar los titulares  de licencias para servicios gastronómicos, transportistas y arrendadores de viviendas, entre otros, porque “controla y limita el crecimiento de los emprendimientos”.

“No se va a entregar la licencia de programador de equipos de cómputo hasta nuevo aviso, lo cual significa que hay temor al uso y desarrollo de las TIC” (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), consideró Rodríguez, sobre “una industria que puede relanzar la economía cubana y de la que se excluye al emprendedor nacional”.

Según las autoridades gubernamentales, las nuevas disposiciones buscan ordenar el trabajo privado, que ahora permite 123 actividades y en cuyo ejercicio se detectaron irregularidades como la subdeclaración de ingresos y el uso de materias primas de procedencia ilícita.

El empleo autónomo creció en los últimos años desde 157.000 trabajadores en 2010 hasta 588.000 en octubre, lo que representa 13 por ciento de la población en este país insular caribeño de 11,2 millones de personas. Incluso especialistas lo señalan como el área más dinámica de la sociedad civil intena.

Con aportes de Patricia Grogg, desde La Habana.

Editado por Estrella Gutiérrez

 

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El artículo ¿Se escucha el reclamo popular en Cuba sobre trabajo privado? fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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