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Energía solar, esperanza para barrios pobres de Buenos Aires

IPS español - qui, 07/02/2019 - 11:27

Valeria Barrientos, en el área recreativa de La Containera, el moderno complejo de 120 viviendas sociales que fue inaugurado en 2017 dentro de Villa 31, el asentamiento precario incrustado en un área céntrica de Buenos Aires. Los edificios tienen sus techos cubiertos por paneles solares, que garantizan la electricidad a sus residentes. Crédito: Daniel Gutman/IPSPor Daniel GutmanBUENOS AIRES, Feb 7 2019 (IPS) Los paneles solares brillan sobre las terrazas de 10 edificios de líneas perfectamente rectas y altura uniforme. Es una imagen de modernidad que contrasta con otra a pocos metros: viviendas con distintos ambientes agregados desordenadamente, sin revestimiento exterior y con una multitud de cables eléctricos a la vista. La Villa 31, el asentamiento precario más famoso de la capital de Argentina, por su ubicación en un área céntrica de Buenos Aires, está pasando por un proceso de transformación, no exento de controversia, en el cual las energías limpias juegan un importante papel. El Estado está construyendo cientos de nuevas viviendas con sus techos cubiertos por paneles solares, que sirven para dar energía a un barrio donde el acceso a los servicios básicos siempre ha dependido de conexiones informales e inseguras.“El cambio es enorme, porque las nuevas viviendas tienen asegurado el suministro y no tienen que pagar por la energía. Además, la electricidad que sobra puede inyectarse a la red”: Rodrigo Alonso. Durante décadas, las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prometían periódicamente erradicar la Villa 31, que nació hace cerca de 90 años, y hoy es una postal de pobreza, que al mismo tiempo muestra la vitalidad de miles de personas que llevan adelante actividades comerciales y productivas a pesar de la informalidad y el desamparo. Las amenazas se transformaron en esperanza en 2009, cuando se sancionó una ley local que ordenó urbanizar la Villa, abrir calles, dar títulos de propiedad a los vecinos y –en resumen- convertirla en un barrio más de una ciudad que históricamente la vio como un cuerpo extraño aunque imposible de esconder. En Argentina, se denominan villas a los asentamientos pobres, hacinados e informales de sus ciudades. Un relevamiento difundido por el gobierno en 2018, indica que en el país hay 4.228 de estas villas, en las que viven alrededor de 3,5 millones de personas, de una población total de 44 millones. En particular, en Buenos Aires hay 233.000 personas -o 7,6 por ciento de la población, sin contar los populosos suburbios- que viven en esos asentamientos precarios. La urbanización de Villa 31 es una tarea monumental que recién comenzó a ejecutarse en 2016 y hoy va cambiando pausadamente la fisonomía de una verdadera ciudad dentro de la ciudad, que tuvo un crecimiento fenomenal en los últimos años. De acuerdo a los últimos datos oficiales, residen en ella 43.190 habitantes, distribuidos en 10.076 viviendas, contra solo 12.204 personas que vivían en 2001, el año de un cataclismo económico en este país sudamericano. Desde entonces, a pesar de que Argentina experimentó varios años de crecimiento económico, la Villa 31 fue la opción que encontraron cada vez más familias marginadas del circuito formal de compra o alquiler de viviendas. Algunos de los paneles solares instalados en los techos del complejo residencial de La Containera, en la Villa 31, y de fondo las torres del área de lujosas oficinas de la capital argentina. El asentamiento precario tiene una ubicación privilegiada dentro de Buenos Aires, al lado de La Recoleta, uno de sus barrios más cotizados. Crédito: Daniel Gutman/IPS Se trata de un terreno de 44 hectáreas ubicado entre Retiro, una de las principales estaciones ferroviarias de la capital, y La Recoleta, uno de los barrios más cotizados y tradicionales de Buenos Aires. “Vinimos a la Villa 31 hace cuatro años, después de que se incendió el edificio en el que vivíamos en el barrio de La Boca y nos quedamos en la calle”, cuenta a IPS Valeria Barrientos, casada y con cuatro hijos de entre 13 y 2 años. Barrientos, cuyo marido es camionero, dice que es “un regalo del cielo” contar con agua caliente e iluminación, aseguradas gracias a la energía solar, aun cuando se corte el suministro eléctrico, circunstancia especialmente frecuente en la Villa 31, donde hay una red inestable, de la cual las viviendas se nutren con conexiones irregulares y precarias. Su familia vive desde septiembre de 2017 en el sector de La Containera, porque hasta hace tres años era un depósito de contenedores en desuso. A ellos les ofrecieron un departamento allí, a pagar en 30 años, porque vivían en un terreno de la Villa donde hoy se está construyendo una autopista. La Containera tiene edificios de tres pisos, con paneles solares para alimentar los termotanques que calientan agua para baños y cocinas, mover las bombas que suben el agua hasta los tanques y dotar de energía eléctrica a las viviendas. “En las terrazas de La Containera instalamos 174 paneles solares. No pusimos más porque ya no quedaba lugar en los techos”, contó a IPS Rodrigo Alonso, gerente general de Sustentator, una empresa argentina con 10 años de experiencia en energías renovables. Alonso recuerda que “la primera vez que entré a la Villa me quedé asombrado cuando vi unos enormes manojos de cables que se conectan a los postes de electricidad y llevan la energía a las casas. La cuenta la paga el Estado, pero las viviendas tienen conexiones muy inseguras”. Una calle de la Villa 31, con viviendas informales de hasta cinco pisos de altura y cables aéreos de tomas irregulares de electricidad. En el asentamiento viven más de 43.190 personas, según el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en 2016 estableció un ambicioso plan para formalizarla. Crédito: Daniel Gutman/IPS “Hoy el cambio es enorme, porque las nuevas viviendas tienen asegurado el suministro y no tienen que pagar por la energía. Además, la electricidad que sobra puede inyectarse a la red”, agregó. La operación de sumar a la red eléctrica la energía generada por los paneles solares y hacerse acreedor de un crédito contra la compañía distribuidora se espera que pueda formalizarse en Argentina este año, cuando entre en vigencia la Ley de Generación Distribuida de Energías Renovables, aprobada en 2017 y cuyo reglamento se completó en noviembre pasado. Los paneles solares forman parte del edificio y no son individuales. Por ello, si en el futuro existe energía excedente para sumar a la red convencional, se compensará con un crédito a favor del consorcio administrador del conjunto que se restará al cargo por el consumo de energía en las zonas comunes de los edificios. También se están instalando paneles solares para garantizar la energía en la obra más ambiciosa que se está desarrollando en la Villa 31: la construcción de 26 edificios con más de 1.000 viviendas, sobre un terreno que pertenecía a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Allí se prevé que se muden los vecinos cuyas casas serán demolidas para avanzar en la construcción de la autopista y la apertura de calles, aunque muchos vecinos tienen prevenciones sobre el futuro. En los techos del nuevo conjunto de viviendas sociales en la Villa 31, en la capital argentina, se instalaron 174 paneles solares y 55 termotanques alimentados con energía solar. Cada termotanque tiene una capacidad de 300 litros y abastece a dos viviendas, bajo el criterio de que en cada departamento viven en promedio tres personas, que requieren 50 litros diarios de agua caliente. Crédito: Daniel Gutman/IPS “Nos preocupa que no se cumplan las promesas y muchas familias queden en la calle. Vamos a defender el lugar de cada uno”, dijo a IPS Héctor Guanco, quien vive con su familia hace cerca de 20 años en la Villa 31. La posibilidad de contar con energía solar es una diferencia decisiva en un país donde las tarifas de electricidad han aumentado más de 500 por ciento en los últimos tres años “Pasar de la informalidad a la formalidad puede significar una presión económica muy difícil de soportar, porque hay que pagar un crédito hipotecario por la vivienda, más los impuestos y los servicios”, advirtió IPS Facundo Di Filippo, un exlegislador de la Ciudad Autónoma. Di Filippo fue autor de la ley de urbanización de la Villa 31 y ahora es presidente del no gubernamental Centro de Estudios  y Acción por la Igualdad. Él es crítico de la forma que el gobierno de la Ciudad encaró la urbanización de la Villa 31 y consideró que “se pone el eje en mejorar el entorno en una zona de Buenos Aires que tiene un valor inmobiliario alto, de manera de beneficiar negocios privados”. Los nuevos edificios fueron construidos con criterios de sostenibilidad inéditos en Buenos Aires, por exigencia del Banco Mundial, que aportó un crédito de 170 millones de dólares para financiar la urbanización. “Las paredes tienen una capacidad de aislación tanto térmica como sonora, que reduce el consumo de energía. Además, en los techos se colocó un sistema de recolección de agua de lluvia para destinarla al riego de las áreas verdes del lugar”, explicó a IPS Juan Ignacio Salari, subsecretario de Infraestructura Urbana del gobierno de Buenos Aires. “Estamos también intentando avanzar con el Banco Mundial para que financie un programa de recambio de electrodomésticos, porque muchos habitantes de la Villa 31 tienen heladeras (frigoríficos) o aires acondicionados muy antiguos, que son muy ineficientes energéticamente”, agregó. “La gente de la Villa quiere formalizarse y pagar los servicios que consume. El Estado debe acompañarlos para que puedan hacerlo”, dijo el funcionario, quien precisó que el plan es poner paneles solares es los edificios nuevos e integrar las demás viviendas a la red convencional de energía eléctrica. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Guterres underlines climate action urgency, as UN weather agency confirms record global warming

UN SGDs - qua, 06/02/2019 - 18:20
In the wake of data released by the United Nations World Meteorological Organization (WMO), showing the past four years were officially the ‘four warmest on record,’ UN Secretary-General António Guterres called for urgent climate action and increased ambition, ahead of his climate summit in September.  
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Food choices today, impact health of both ‘people and planet’ tomorrow

UN SGDs - qua, 06/02/2019 - 18:19
The food we eat has huge potential to improve both human health and environmental sustainability, but too often today it is posing a threat to both people and planet, according to a new report by the EAT-Lancet Commission, launched on Tuesday at United Nations Headquarters in New York.
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O Zero 3 do presidente Bolsonaro

Pública - qua, 06/02/2019 - 16:11

As eleições de 2018 deram à Polícia Federal a oportunidade de conquistar uma bancada na Câmara. São três delegados e três agentes que, somados aos demais candidatos que entraram na disputa, mas não se elegeram – um deles se tornou suplente de senador pelo Pará – alcançaram um total de quatro milhões de votos, pouco mais de 3% do eleitorado, mas o suficiente para marcar presença na “nova era” da política.

A estrela cintilante do bloco é o deputado Eduardo Bolsonaro, o mais votado da história das eleições para o Legislativo (foram mais de 1,8 milhão de votos por São Paulo), o 03 do presidente Jair Bolsonaro, nome de maior influência na confusa bancada do PSL no Congresso e ligado à corporação policial que tem como atribuição o combate ao crime organizado e à corrupção, bandeiras da candidatura do pai. Policial federal, o 03 é, também, a grande esperança dos agentes, que brigam para tirar um naco do poder dos delegados, numa luta interna de quase 30 anos. Escrivão licenciado, Eduardo é amplamente favorável às propostas que a Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) encampou: uma reforma da segurança pública que comece pela reestruturação nas polícias, com carreira única nas corporações, ciclo completo de investigação (qualquer órgão de repressão começa e termina um caso), desmilitarização das PMs e o fim do inquérito policial, fonte do poder absoluto dos delegados federais e civis. Para emplacar a reforma, a entidade pretende pressionar governo e Congresso. Mas, ainda que encampada por Eduardo, não é fácil levar a reforma adiante; o projeto esbarra nos planos do superministro da Justiça e da Segurança, Sérgio Moro, que levou para a Esplanada dos Ministérios todos os delegados que integravam a “República de Curitiba”, espinha dorsal da Operação Lava Jato. O ex-juiz é mais suscetível ao lobby dos delegados, que comandam as investigações e nunca aceitaram abrir mão do poder. Na segunda passada (04), Moro lançou um pacote anticrime, propondo mudanças na legislação – da prisão após segunda instância e crime para caixa 2 ao endurecimento de penas. Criticado por juristas e advogados, o pacote também prevê o excludente de ilicitude – anistiando ou reduzindo a pena de crimes cometidos por policiais em serviço. O foco, segundo Moro, é o enfrentamento a organizações violentas, como PCC, Comando Vermelho e milícias – calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro. Nenhuma das medidas, porém, toca na reestruturação dos órgãos policiais ou no sistema de segurança atual. Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência BrasilNo dia 4 de fevereiro, Sérgio Moro lançou o pacote anticrime que propõe mudanças na legislação “O ministro Moro está cercado de um grupo de delegados conservadores. O crime cresceu e se organiza, enquanto patinamos num modelo de segurança retrógrado e corporativo, que não consegue solucionar mais de 8% dos crimes violentos”, cutuca o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Luiz Antônio Boudens. Ele defende um plano de segurança perene, para além de governos, que começaria por um pacto entre órgãos policiais federais e estaduais para colocar na pauta política uma reforma estrutural do sistema de segurança. A liderança de Eduardo é vista como um trunfo para levar esse projeto adiante. Já os delegados torcem o nariz. “O Eduardo Bolsonaro foi um bom escrivão, mas não é conhecido dentro da Polícia Federal por participar de alguma grande operação”, disse à Pública, o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), Edvanir Félix de Paiva. Articulador de bastidores Neste início de legislatura, Eduardo Bolsonaro tem se desviado dos holofotes. Com o foco das atenções nas suspeitas que pairam sobre o irmão, o senador Flávio Bolsonaro, ele prefere atuar nos bastidores. Crítico do atual modelo de segurança, ele articula uma proposta que comece no legislativo e receba o apoio do governo. Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência BrasilBrasília – Eduardo Bolsonaro, e o pai, Jair Bolsonaro Em palestras fechadas antes das eleições do ano passado, Eduardo disse várias vezes que vê “com bons olhos” a carreira única na polícia, desde que haja uma transição até que a figura do delegado deixe de ser a única autoridade. “Falam pra mim: pô, você não gosta de delegado. Critico os gestores, não o delegado. Sei que há um desgaste muito grande dentro da PF entre delegados e agentes, mas é como na PM, entre praças e oficiais”, afirma. Eduardo também bate forte no inquérito policial, peça que para ele tornou-se desnecessária, uma vez que tudo o que se apura na fase policial se repete quando o caso chega ao judiciário. “O inquérito que a gente tem no Brasil é um modelo arcaico, que só se encontra no Zimbábue, Zaire e um ou outro país perdido na Ásia”, critica. No modelo proposto pela Fenapef, a investigação teria um rito mais curto e seria vinculada ao Ministério Público ou ao Judiciário, eliminando a necessidade de formalizar tudo num inquérito que não tem importância jurídica sem a denúncia. O deputado do PSL acha que é necessário fazer mudanças, mas sabe que isso significa comprar briga com a cúpula da polícia. “Se meter o dedo vai desagradar”, disse, em palestra a uma das turmas que se prepara para concursos a vagas na PF. Breve experiência policial na fronteira A carreira como policial federal do caçula dos filhos adultos de Jair Bolsonaro foi breve. Em 2009 ele se inscreveu em dois concursos, um para agente e outro para escrivão. Optou pelo segundo porque as chances eram maiores, já que eram 400 vagas contra 200. Na prova deixou em branco 12 questões relacionadas a arquivologia e informática, mas acertou 80 das 88 que respondeu e alcançou a 132º posição. Seu batismo de fogo foi em Guajará Mirim, em Rondônia, na fronteira com a Bolívia, onde, além de escrivão, exerceu praticamente todas as atividades de polícia, do grampo às prisões. A principal clientela da polícia ali era traficante de cocaína. A vida na fronteira durou apenas seis meses. Aprovado num concurso interno de remoção, Eduardo foi transferido em meados de 2010 para São Paulo e passou a atuar apenas como escrivão no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, mais tarde na sede da Superintendência da PF, na Lapa e, de lá, para Angra dos Reis, no Rio, já no final de 2014. O policial federal Eduardo Bolsonaro foi, a rigor, como ele mesmo se autodefine, um “papeleiro”, o escrivão que encaminha mandados de prisão, buscas, intimação e põe no papel depoimentos e tudo mais que se movimenta num inquérito policial. “É um trabalho chato, que ninguém quer”, explicou aos concurseiros em uma palestra. Seu período de atividade mais intensa foi no Aeroporto de Cumbica, recordista mundial em apreensão da cocaína transportada pelas “mulas” que vagam pelo planeta a serviço do tráfico internacional. Se enfrentou alongados e estafantes plantões para dar conta das prisões em flagrante, também tinha ali, a ponte aérea a seu alcance para descansar e fazer política ao lado do pai e dos irmãos no Rio. A experiência policial seria um trampolim. Mal completara quatro anos na PF, optou pela carreira política. Por decisão da família, como tinha domicílio na capital, saiu candidato a deputado federal por São Paulo, um jeito de consolidar o poder político da família no eixo Rio-São Paulo e, ao mesmo tempo, não disputar com o pai uma vaga para a Câmara em 2014 nas bases que erigiram o clã no Rio. Pose de “cana pé na porta” Formado em direito pela UFRJ, Eduardo optou pela polícia depois de uma temporada de três meses como advogado estagiário na Vara de Execuções Penais da Defensoria Pública do Rio, em 2008. Diz que se decepcionou com o trabalho ao assistir uma defensora entrar na repartição comemorando o livramento condicional de um criminoso que, segundo ele, “tinha uma ficha criminal do tamanho do velho testamento”. Descobriu, então, que sua vocação era trabalhar para prender e não para soltar criminosos. Eduardo herdou os trejeitos bélicos do pai. Ainda que tenha sido um “papeleiro” na PF, tem pose do policial operacional, tipo “cana pé na porta”. Diz que o “tesão de qualquer policial é pegar peixe grande, tipo Zé Dirceu” e participar de grandes operações. Mas avisa aos candidatos que “só meio por cento” dos policiais consegue participar de forças-tarefas como a Lava-Jato. Eduardo carrega sempre uma pistola (ele diz isso), atira bem e nunca deixa de praticar. Não há registro de que tenha prendido ou matado algum criminoso. Ele conta que numa noite, quando voltava a pé para casa, na Lapa, em São Paulo, deparou com uma cena em que três ladrões assaltavam um estudante. Assim que a vítima passou por ele, sacou a arma e fez vários disparos para cima. Em vez de levarem as mãos à cabeça, como esperava, os ladrões fugiram, levando a mochila do estudante. Na sequência do mesmo relato, diz que num conflito, “para não fazer mamãe chorar”, jamais colocaria a preservação do delinquente em primeiro lugar: “Esquece (a opção) de dar um tiro no joelho do cara. É um na cabeça, direto. Depois você desenrola”, disse, ao aconselhar os candidatos a uma vaga na PF, numa palestra em Cascavel, em julho do ano passado, a mesma em que afirmou que para fechar o Supremo Tribunal Federal era necessário apenas um cabo e um soldado, sem jipe. Em todas as palestras em que falou sobre a carreira policial a candidatos que se preparavam para concursos, Eduardo repete detalhes sobre a vida difícil na fronteira, destino certo para quem está assumindo o cargo e onde viu muitos casamentos terminarem, critica procuradores e promotores que denunciam policiais pelo uso excessivo da força e invariavelmente ataca os defensores dos direitos humanos. Bem antes do resultado da eleição, Eduardo Bolsonaro já garantia que uma das primeiras medidas do pai seria a edição do decreto que liberou a posse de armas, substituindo a comprovação de efetiva necessidade por uma simples declaração. “No porte dá para fazer a mesma coisa. Mas não seria para todo mundo, e sim por categoria”, afirmou à época, antecipando a próxima etapa da estratégia para derrubar o Estatuto do Desarmamento. Os estudos para o concurso forçaram Eduardo, um carioca típico, a trocar o Rio por Brasília e São Paulo, e o afastaram do lazer predileto: as praias, as festas e os amigos. Mas o aproximaram cada vez mais do pai, de quem herdou o estilo verbal agressivo em contendas, mesmo que o oponente seja uma mulher. “Otária”, “puta”, “vagabunda”, teria despejado contra a jornalista Patrícia Lélis, segundo consta na denúncia da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, quando esta, em julho de 2017, teria rompido um namoro de três anos. Dodge formalizou o pedido de abertura de processo com base no conteúdo de supostos prints guardados por Lélis, já que Eduardo, que usou o aplicativo Telegram, teria apagado as mensagens cinco segundos depois. O “tom ameaçador” das “frases trocadas entre o congressista e a vítima”, segundo Dodge, é ilustrado na denúncia com prints das mensagens: “Eu acabo com sua vida”, “Tinha que ter apanhado mesmo (…) pra aprender a ficar calada”, “Mais uma palavra e acabo com vc”, “Somos fortes”, “Vai para o inferno, puta”, “Você vai se arrepender de ter nascido”, “Mais uma palavra (…) e eu vou pessoalmente atrás de você”, de autoria “demonstrada nas mensagens originadas de número vinculado ao Deputado Federal Eduardo Nantes Bolsonaro”, sempre segundo a denúncia. Carlos Moura/SCO/STFA procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu abertura de processo contra Eduardo Bolsonaro Dodge levou a denúncia ao STF em abril de 2018 por ameaça por palavra ou gesto. No lugar da pena prevista, prisão de um a seis meses, a PGR fez uma proposta de transação penal (um tipo de acordo) com multa por danos morais a ser paga para a jornalista e pagamento mensal de 25% do salário de deputado, por um ano, ao Núcleo de Atendimento às famílias e aos autores de violência doméstica; além de prestação de serviços à comunidade por 120 horas, em um ano, na instituição Recomeçar – Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília. O STF notificou a defesa em novembro passado para que ela dissesse se aceita ou não o acordo, mas só na terça-feira passada (05), a defesa do deputado se manifestou desqualificando a versão de Patrícia à polícia, que consta da denúncia da PGR. À Pública, Eduardo Bolsonaro disse que nunca namorou nem teve relação com a jornalista e que Lélis, segundo ele “uma mitômana diagnosticada” por perícia policial, tem uma longa carreira de denúncias mentirosas e delirantes (Veja a entrevista exclusiva do deputado à Pública). Ele agora é um diplomata informal do governo, com a missão de articular parcerias internacionais. Beleza americana Pupilo do controverso filósofo Olavo de Carvalho, Eduardo Bolsonaro usou os caminhos sugeridos pelo guru do bolsonarismo para se aproximar do estrategista americano Steve Bannon, ex-conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em um jantar em sua casa, Bannon anunciou a parceria com Eduardo Bolsonaro dentro da ideia de unir a direita internacional e organizar uma agenda de segurança inspirada nos métodos do FBI. Buscará também o apoio de Israel e de outros países. Wikimedia CommonsEduardo Bolsonaro usou os caminhos sugeridos por Olavo de Carvalho para se aproximar do estrategista americano Steve Bannon Eduardo Bolsonaro ouviu de Olavo de Carvalho que se o novo governo conseguir avançar no controle da violência já terá atendido a expectativa da população. Passou então a investir numa aproximação mais intensa com os Estados Unidos. “O Eduardo Bolsonaro é o protagonista da segurança e interlocutor importante para as mudanças. Seu gabinete sempre funcionou como extensão de nossas ‘casas’”, afirma o vice-presidente da Fenapef, Luiz Carlos Cavalcante, que defende parceria inspirada no modelo americano. Cavalcante diz que até o choque de modernização em meados do século passado, os americanos enfrentaram as mesmas mazelas que ainda afetam a polícia brasileira: alta corrupção, assassinatos, ineficiência e desvios de toda ordem. Mas, segundo ele, investiram pesado na construção de uma doutrina de segurança que tornou o FBI e demais agências referências internacionais. “É só pegar a polícia que dá certo no mundo”, diz Eduardo Bolsonaro, para quem nem seria necessário buscar inspiração no modelo americano. Ele diz que serve o exemplo do Chile, onde os carabineiros resolvem 98% dos crimes. O vice-presidente da Fenapef, afirma que uma polícia autônoma, auxiliada por órgãos de controle a serviço das investigações, como o COAF, longe das influências políticas e com independência financeira seria essencial. “Da mesma forma que atingiu o PT, o chicote do COAF agora é no filho do presidente (o senador Flávio Bolsonaro). É assim que se age com independência e liberdade”, diz Cavalcante. Nesse quesito, agentes e delegados concordam. “Não podemos ficar na dependência de governantes para trabalhar. Precisamos uma nova lei que junte orçamento, o fim das indicações políticas e mandato definido para o cargo de diretor. A cadeira deve ir até ele, e não o contrário”, diz Paiva. “A gente fez na marra uma PF de Estado”. Com um quadro atual de 10.800 homens e sem concursos que reponham profissionais no ritmo das aposentadorias ou baixas por mortes, desde 2010 a PF perdeu 4.500 vagas. “Espero que ao ir para o STF daqui a dois anos, o ministro Sérgio Moro deixe como legado a reestruturação da PF”, afirma Paiva. O pio da Jiripoca O deputado Eduardo Bolsonaro tem dito aos policiais que se empenhará para que seu pai faça mudanças profundas na PF e no sistema de segurança. Sua meta, cumprindo um dos principais compromissos de campanha, é reduzir os índices de violência e intensificar o combate a corrupção, com o fortalecimento de operações fundamentadas em forças-tarefas, como foi a Lava-Jato. A mudança, segundo o 03, começaria pelo estilo de a família governar. “Quando meu pai decidiu sair candidato, fizemos um pacto: a gente não vai para a cadeia! Não vamos comprar o Congresso, não vai ter mensalão, petrolão. Morro de medo de ser preso”, disse Eduardo seis meses antes do irmão, o senador Flávio Bolsonaro, o 01, se ver envolvido nas suspeitas que pairam sobre as condutas de seu motorista, Fabrício Queiroz. Antes das suspeitas de prática de “rachadinha” nos salários de funcionários do gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, e de movimentações financeiras acima de rendimentos de seu assessor, enredado na teia das milícias cariocas, Eduardo, numa palestra a concurseiros da PF pronunciou uma frase emblemática: “Se a jiripoca cantar para o nosso lado, vai ser rápido”, disse ele, sugerindo que, no caso de frustração, a perda de apoio popular e político teria o efeito de uma avalanche sobre o governo de seu pai. A voz do “baixo clero” da PF no Congresso “Os agentes querem transformar os delegados em cargos comissionados. Mas eles precisam ter consciência de que suas bandeiras não serão implementadas”, provoca o delegado Paiva, dizendo que a categoria sabe que os agentes assediam o filho para se aproximar do pai. Segundo ele, a estratégia é fomentada pelo Ministério Público Federal que também estaria interessada em acabar com o inquérito para tirar poder dos delegados e, assim, assumir definitivamente o protagonismo das investigações contra a corrupção. Novato na política, o agente Ubiratan Antunes Sanderson, ex-presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul, eleito deputado pelo PSL, diz que a reforma do sistema de segurança será colocada na pauta da Câmara assim que governo e Congresso decidirem o que fazer com a Previdência. Sanderson considera que o lobby exercido até aqui pelos delegados é forte, mas acredita que a reforma desejada pelos agentes ganhará força pela ineficiência do atual modelo de investigação, num país com quase 64 mil assassinatos por ano, está por trás dos baixos índices de solução de crimes. “Mais à frente, a questão será o que fazer com os delegados. O Jair me disse que investirá em todos os quadros e que a PF terá toda a independência que precisa”, afirma o deputado. É esse também o argumento de Boudens, presidente da Fenapef: “A dificuldade em solucionar casos como Marielle Franco (morta junto com seu motorista, Anderson Gomes) se deve mais ao nosso modelo ineficaz de investigação, que é de 1840, do que por outros fatores”. Na avaliação dos dirigentes de entidades classistas, a PF tornou-se um ativo institucional tão importante que forçará naturalmente uma a queda de braço entre Moro e o filho do presidente, replicando no núcleo duro do governo, o conflito entre agentes e delegados.

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Não é certeza que Moro seja indicado para o STF, diz Eduardo Bolsonaro

Pública - qua, 06/02/2019 - 16:10

O deputado Eduardo Bolsonaro, o 03 do presidente Jair Bolsonaro, é um dos homens fortes do novo governo. Escrivão da PF com estilo de policial operacional, aos 34 anos, Eduardo chega ao segundo mandato estufado de votos: conseguiu em São Paulo, mais de 1,8 milhão de votos, multiplicando em 22 vezes a votação de 2014. Herdeiro do estilo verbal agressivo do pai, começa a nova legislatura como alvo de uma denúncia que tramita no Supremo Tribunal Federal oferecida pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge sobre supostas ofensas e ameaças que o deputado teria feito à sua ex-namorada, a jornalista Patrícia Lélis.

“Não tem pé nem cabeça”, disse, em entrevista à Pública, chamando a jornalista de um “show de horrores”, “uma mitômana diagnosticada por perícia policial”. Também afirma que nunca foi seu namorado e que ela forjou as conversas que serviram de base à acusação de Dodge.

Eduardo Bolsonaro também fala de sua experiência policial e diz que será o interlocutor de um projeto de reforma ampla na segurança, que mexa na estrutura das corporações. “Será que não é hora de copiar um modelo internacional de sucesso?”, pergunta, citando como referência de inspiração os Carabineiros, no Chile, que resolvem quase 100% dos crimes, enquanto o Brasil, com 64 mil homicídios por ano, não passa de 8% de resolução.

Alex Ferreira/Câmara dos DeputadosEduardo Bolsonaro diz que será o interlocutor de um projeto de reforma ampla na segurança

Na guerra interna instalada na Polícia Federal desde que as categorias se organizaram em sindicatos, Eduardo tem posições a favor dos agentes e provavelmente fará um contraponto ao ministro Sérgio Moro, mais ligado aos delegados. Perguntado sobre a possibilidade de Moro ser indicado para o STF daqui a dois anos, fez uma revelação que contraria a suposta promessa de seu pai quando o então juiz foi convidado para seu governo. “Não é uma certeza (que Moro seja indicado para o STF). É uma possibilidade. Ninguém afirmou isso ainda”, diz.

Leia os principais trechos da entrevista:

Em denúncia que tramita no STF, a PGR cita ameaças que teriam sido feitas pelo senhor à jornalista Patrícia Lélis. Como o senhor responde?

Nunca namorei, nunca tive qualquer relação, nunca saí com ela e nem sequer pedi ela em namoro. Ela já é diagnosticada como mitomaníaca num inquérito da Polícia Civil por perícia técnica e tem uma carreira de fazer denúncias. Como viu que não dava em nada, ficou confortável para ela mandar denúncia contra quem quer que seja. Já havia mandado contra o Marco Feliciano (deputado do PSC-SP), num processo que foi arquivado. Se olhar o vídeo da entrevista à Luciana Gimenez (Rede TV) vai ver que é ridículo o quanto mente. Agora, não satisfeita, forjou uma conversa no Whatsapp como se eu estivesse a ameaçando.

Vamos parar para pensar: ela disse que namorou comigo três anos e oito meses, mas nenhum amigo meu a conhece e ela não tem foto comigo que não seja de meu gabinete, onde tiro foto com todo mundo. Tinha que ter alguma foto, pelo menos, com minha mãe, meu pai ou minha vó. Não tem. Quando fez a gravação, a pessoa que se passou por mim está lá gravando, não tem meu número de telefone gravado na agenda dela. Parece até que estava tudo montado. A câmera grava num tripé. Ela nem se mexe. As imagens ali são perfeitas: parece estar esperando o momento em eu ia ameaçá-la.

A procuradora Raquel Dodge fez ofício e enviou para Claro perguntando se o número era de Eduardo Bolsonaro. A Claro respondeu que sim, assim como sabiam as quatro mil pessoas que fazem parte de meu grupo no Whatsapp, que é de domínio público. Dodge perguntou se eu tinha alguma coisa a falar sobre isso, preliminarmente. Achei tão infundado que preferi não responder. E a própria procuradora falou que me daria oportunidade de defesa e depois faria outras diligências, que aprofundariam a investigação. Não falei nada porque achei sem pé, nem cabeça. Falei: não vou me meter nisso aí. Para minha surpresa, ela não fez qualquer diligência nova e já ofereceu a denúncia, no mesmo dia em que o STF estava acolhendo denúncia contra o então candidato Jair Bolsonaro. As chamadas no Jornal Nacional: ‘Jair e Eduardo Bolsonaro denunciados no STF’, com estardalhaço.

Não estou acusando a procuradora de nada, mas acho que faltou um pouquinho de zelo para fazer uma investigação mais profunda antes de expor figuras públicas, como nós. É por isso que nosso foro é o STF, para que a investigação tenha probidade. Ela poderia ter feito alguma diligência. Preparei a defesa. Vamos ver se inicia ou não o processo. Acredito que vai arquivar.

Patrícia Lélis é um show de horror. O Jornal Nacional não falou o nome dela, só falou que o Eduardo Bolsonaro ameaçou uma jornalista. Se falasse, qualquer um que desse um ‘Google’ ia ver o repertório de mentiras e de delírios. É uma pessoa que deveria ser interditada. Mas já que diz que é sã, uma vez arquivado o processo, estudo entrar com ação por denunciação caluniosa e danos morais.

Que papel o senhor pretende exercer numa reforma no sistema de segurança?

Quero conhecer melhor o novo diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e ver o que ele acha da (proposta) Lei Orgânica da PF (que propõe carreira única). Aqui (na Câmara) têm várias sugestões, mas nunca foi pra frente. É mais fácil frear um projeto do que colocar adiante. Há um conflito grande entre delegados e outras categorias da PF, o que acaba sendo difícil para se chegar a um consenso. Os delegados são contra a carreira única ou o modelo chileno (ciclo completo de investigação) porque acham que seriam extintos.

Mas será que não é o momento de copiar um exemplo internacional de sucesso? No Chile, por exemplo, os carabineiros resolvem quase 100% dos casos. Uma reforma na segurança é muito importante para o país.

Como resolver os conflitos internos na PF?

Sou favorável à criação de uma cota de 50% dos cargos de delegado em concursos, preenchida por profissionais de outras categorias da PF que tenham pelo menos três anos de atividade. Isso já vai dar uma oxigenada na carreira e quebra o corporativismo. Gosto do exemplo da PRF (Polícia Rodoviária Federal): lá o chefe de hoje pode ser o subordinado de amanhã. Por isso é muito mais sensível no trato com os subordinados. É praticamente um modelo de carreira única. Os delegados também têm conflito com os promotores/procuradores. Mas também não se pode transformar as atribuições de um delegado da água para o vinho, mudando a regra do jogo no meio do jogo. O ideal é chamar todas as categorias para buscar um consenso.

Mas vocês também pregam a extinção do inquérito, que é presidido pelos delegados…

É preciso reformular o inquérito policial para que se investigue o que tem significância. Pode chamar de inquérito, persecução, tanto faz. O que não tem sentido é a cada 30 dias ter de mandar o inquérito para o MP (Ministério Público) com pedido de prazo. Se for direto com o MP daria celeridade e efetividade. O lobby e o corporativismo prejudica a população. Casos como furtos de celulares, por exemplo, nem chegam às delegacias porque a população não registra a ocorrência. O ciclo completo (na investigação) dá passos a favor da punição do marginal.

Um policial federal chega ao topo da carreira com 13 anos de trabalho, sendo bom ou ruim no serviço. Defendo um estímulo à carreira, que (o de baixo) consiga chegar a postos de chefia ou na direção-geral pelo mérito. Hoje o policial é desestimulado porque é direcionado a se acomodar. Deveria ser o contrário. Agentes, escrivães e demais categorias deveriam ocupar cargos de chefia. A antiguidade deveria ser valorizada.

O conflito interno na PF dura quase 30 anos. Por que o entendimento é difícil?

Vamos falar a verdade aqui, porque gente boa ou ruim tem em qualquer lugar. O que mais me deixa indignado, o que irrita, é (ver) que, às vezes, o (policial) ‘antigão’, que está há anos no front, se depara com um delegado novo, aprovado em concurso, que chega à delegacia sem experiência e começa a dar ordens. Se for arrogante não vai funcionar. Cheguei a uma delegacia que estava há dois anos sem fazer escuta porque havia um conflito entre o delegado chefe e o agente do grampo. A briga entre eles permite que o bandido escape.

Os agentes apostam no seu cacife político para mudar a correlação de forças…

Quero ser um interlocutor para as reformas necessárias à segurança. O problema é chegar a um consenso mínimo para isso. Por isso estou procurando o diretor da PF, Maurício Valeixo. O ideal é que, quando a proposta estiver pronta, o Congresso possa votar à vontade. É necessário dar fôlego às investigações e melhores condições à polícia.
O policial federal é a categoria que apresenta o maior índice de suicídios. Uma das razões é a frustração profissional. O cara entra pensando que vai ser o cara da Lava Jato, da DEA (a agência americana de combate às drogas), da Interpol e cai numa área burocrática ou na fronteira, que é a primeira lotação, e se frustra.

Que lição o senhor tirou da experiência na polícia?

A grande lição que aprendi na PF é que não existe curso para ser policial. O melhor vai ser o que for sagaz, proativo e o que tenha peito para ‘cair pra dentro’ do problema. É o que não vai ficar pensando: ‘se fizer isso ou aquilo, o promotor e o juiz vão acusar’. Se pensar nisso, não faz nada. Ficará sentado, no ar condicionado. Os que combatem o crime sabendo que estão correndo o risco de ir para cadeia têm o meu respeito. O grande charme da PF é a multidisciplinaridade: têm o químico, o dentista, o técnico nuclear, etc…

O senhor tem conversado com autoridades de outros países. Em que isso pode ajudar?

Sempre gostei da área internacional, de observar os exemplos de outros países, como Estados Unidos, França… Não precisa inventar a roda. É só copiar o que deu certo no exterior, com alguma adaptação e coragem. O corporativismo, que existe dos dois lados, é o fator mais complicado. Precisa ver quem tem coragem de propor o melhor para sociedade. Ninguém ficaria alijado. Quero me colocar à disposição de todas as categorias, inclusive a dos delegados. Não sou xiita. Os (servidores) administrativos também podem ajudar e participar. Quero saber quem é bom de tiro, se é sagaz, que não seja só um carimbador.

José Cruz/Agência Brasil“Não é uma certeza (que Moro seja indicado para o STF). É uma possibilidade. Ninguém afirmou isso ainda”, diz Eduardo Bolsonaro

Como Moro tem mais relação com os delegados e o senhor com os agentes, não há um risco de conflito no coração do governo?

É natural que o ministro Sérgio Moro tenha tido mais contato com os delegados. Eles estavam mais próximos a ele na Lava Jato. Mas cabe a nós falar com o Moro. Sei que ele não se acha dono da verdade e nem acho que seja corporativista por ter mais proximidade com os delegados. Vamos levar ao ministro uma proposta de consenso.

A Fenapef acordou e está participando do legislativo. Somos dois escrivães, um agente e três delegados. Cabe a nós fazer aqui dentro um trabalho formiguinha para, quando o projeto chegar, os parlamentares saibam que as deficiências (estruturais e operacionais) impactam no resultado das investigações.

O Moro pode ir para o STF daqui a dois anos. Não seria esta a hora de ele ter apresentado um pacote mais amplo sobre segurança pública, incluindo a reforma das corporações?

Não é uma certeza (que Moro seja indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no STF). É uma possibilidade. Ninguém afirmou isso ainda. Moro pode fazer bem à polícia porque não é da polícia. É um juiz, isento, e pode tocar um projeto sem corporativismo.

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Cinco razones por las cuales la paridad es clave para democracias de América Latina

IPS español - qua, 06/02/2019 - 13:18

Mujeres participan en una actividad política en Santo Domingo. Crédito: PNUD República DominicanaPor Richard BarathePANAMÁ, Feb 6 2019 (IPS) En el 2019, América Latina y el Caribe será el escenario de 12 procesos electorales. Momentos como este llaman a pensar en los sistemas democráticos nuevamente y el impacto que tienen estos en la presencia de las mujeres en la política como una oportunidad para renovar nuestro compromiso por una inclusión de las mujeres en la política y así, la transformación hacia un nuevo sistema democrático paritario. Desde el año 2000 el porcentaje de parlamentarias elegidas a nivel local en América Latina se ha incrementado de 13,23 por ciento a 30,7 por ciento en el 2018; sin embargo, en la región persisten importantes deficiencias en el empoderamiento político de las mujeres. La baja participación de las mujeres en espacios de decisión y los obstáculos que deben sobrellevar para formar parte de los sistemas democráticos muestran una situación crítica, pero también una oportunidad para generar un cambio positivo en la región. La paridad política es necesaria para que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas y se beneficien del proceso de la democracia.  La democracia paritaria propone un nuevo modelo de un estado inclusivo, tal como lo propone la Agenda 2030, y un nuevo pacto social donde la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sea una realidad.

  1. Calidad y legitimidad democrática: Cuando la diversificación en la toma de decisiones no existe es probable que los intereses que se traducen en políticas representen sólo a un grupo determinado en desmedro de otros.  La democracia paritaria es una oportunidad para que las necesidades del 50 por ciento de la población sean atendidas a través de decisiones y políticas más inclusivas desde todos los poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno. La experiencia ha mostrado que la participación de mujeres en espacios donde se decide la agenda política contribuye a que se incorporen temas que repercuten en beneficio de toda la sociedad, como la custodia parental, legislación contra la violencia de género, la salud sexual y reproductiva, el empleo y autonomía económica de las mujeres, seguridad en espacios públicos, educación, gestión del agua, etc. Richard Barathe
  2. Igualdad real en el acceso al poder: Además de que haya más mujeres en los diversos espacios y órganos de decisión política, es igualmente necesario promover las mismas condiciones y oportunidades para hombres y mujeres, en todos los niveles jerárquicos de las estructuras políticas. La paridad, como medida legal en lo político electoral ha demostrado ser la política más efectiva para lograr esa diversidad en el acceso al espacio público: en las democracias latinoamericanas que la han aplicado en nominaciones electorales, se ha logrado el mayor número de mujeres electas como parlamentarias en la historia de dichos países alcanzado rangos cercanos al 40-50 por ciento en Bolivia, México, Costa Rica y Ecuador (CIM e IDEA Internacional, 2016). A su vez, Bolivia, Costa Rica y México son los países de la región con la proporción más equitativa de mujeres y hombres en sus parlamentos.
  3. Igualdad real a través de nuevas leyes y políticas: La paridad permite que más mujeres lleguen y cuando eso sucede, tal como señalan diversos estudios como el del Banco Mundial (2014), se produce un impacto positivo en el tipo de políticas, temas y soluciones consideradas (incluyendo presupuestarias). Tomando como ejemplo el parlamento, las mujeres electas han impulsado nuevas leyes desde su llegada, relacionadas por ejemplo, a propiciar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el hogar, a la igualdad salarial y la mitigación de la violencia de género en una región en la que -según datos de CEPAL- solo en 2017, 2795 mujeres fueron víctimas de feminicidio. 
  4. Aprovechar el capital humano y mejorar el desarrollo: La desigualdad tiene costos para el desarrollo de los países. Recientes estudios del plano económico señalan que las brechas que afectan a las mujeres en el mundo empresarial y salarial suponen una pérdida del 14 por ciento del producto interno bruto en América Latina y el Caribe (Cuberes y Teignier, 2014). En el plano educativo, las mujeres superan a los hombres en el número máximo de años de instrucción:  23 por ciento de mujeres frente a 20,2 por ciento de hombres con más de trece años (CEPAL, 2017). La democracia paritaria plantea la incorporación plena e igualitaria de las mujeres en los aspectos económicos, sociales y políticos, aprovechando así un valioso capital humano.
  5. Trasformación en las relaciones de poder: Que haya mujeres líderes políticas contribuye a generar nuevos roles y prototipos de mujeres, distintos de las tradicionales. El redistribuir el poder de forma equilibrada entre hombres y mujeres como plantea la democracia paritaria (tanto en el mundo público como en la vida privada) ayuda a construir relaciones horizontales de igualdad y liderazgos libres de estereotipos y prejuicios. Además, las mujeres líderes refuerzan el concepto de la mujer ciudadana frente a la mujer víctima, vulnerable y económicamente dependiente.  Dicho esto, la paridad también supone la liberación para los hombres de un tipo de masculinidad muchas veces anclada en relaciones de subordinación.
Por ello desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)ONU Mujeres e IDEA Internacional, hemos lanzado recientemente la Red de Democracia Paritaria compuesta de más de 200 líderes en la región, con el objetivo de formar un diálogo regional que busque impulsar la participación política de las mujeres en América Latina, y promover reformas legislativas que les permitan ocupar cargos de liderazgo político para representar e influir en el desarrollo de sus sociedades. RV: EG El artículo Cinco razones por las cuales la paridad es clave para democracias de América Latina fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.
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El Caribe lucha por alzar su voz en las negociaciones climáticas

IPS español - qua, 06/02/2019 - 13:15

En la fotografía, un pescador de Barbados. Las reservas de peces en el Caribe sufren las consecuencias del cambio climático. Crédito: Desmond Brown/IPSPor Desmond BrownGEORGETOWN, Feb 6 2019 (IPS) En los últimos años, los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) sufren cada vez más las consecuencias de huracanes, tormentas tropicales y otros eventos climáticos debido al aumento de un grado centígrado en la temperatura global, con respecto a la era preindustrial, y tienen un mayor impacto en las comunidades más vulnerables. La Caricom y otros pequeños estados insulares en desarrollo (PEID) reclaman desde hace tiempo que el aumento de la temperatura global no supere 1,5 grados para fines de este siglo y así evitar lo peor. El Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1,5 grados, elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), señala que los riesgos para los sistemas naturales y humanos, que afectan a la salud, los medios de vida, la seguridad alimentaria, el suministro hídrico, la seguridad humana y el crecimiento económico, son significativamente mayores cuanto más aumenta la temperatura global, lo que preocupa aún más a los países bajos. En especial, a los PEID les preocupa la posibilidad de perder entre 70 y 90 por ciento de los arrecifes de coral si la temperatura global aumenta 1,5 grados y hasta 99 por ciento, si aumenta dos grados. IPS entrevistó al secretario general adjunto de la Caricom, Douglas Slater, quien dijo que la organización trabaja con la Alianza de Pequeños Estados Insulares, y que los PEID de la Caricom son verdaderos líderes en el movimiento que los nuclea. También comentó que en la 24 Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la región pudo, en cierta forma, garantizar que los procedimientos para implementar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, acordado en 2015, se definieran con claridad. Douglas Slater, secretario general adjunto de la Comunidad del Caribe (Caricom), dijo que la región necesita reconocer la importancia de implementar algunas de las medidas recomendadas por las instituciones técnicas, que ayudarán a construir la resiliencia climática. Crédito: Desmond Brown/IPS. IPS: ¿Cómo le va a la Caricom en la lucha contra el cambio climático? DOUGLAS SLATER: Desde la COP21, en Francia, se tomaron ciertas decisiones. La región pensó que en la COP24 debíamos asegurar los procedimientos para implementar el Acuerdo de París y que las modalidades estuvieran claramente detalladas y definidas. En cierta medida, diría que se logró. Otro asunto que llevamos a la COP24 y por el que abogamos es la respuesta al estudio del IPCC sobre el aumento de 1,5 grados. El mundo ya apuesta a limitar el recalentamiento global a menos de dos grados. Insistimos en que no tiene que ser más de 1,5. Ahora puede parecer que están cerrados, pero las diferencias son tan significativas, en especial en lo que nos atañe. Debo decir que nos costó convencerlos de aceptar la redacción de las conclusiones del IPCC. De hecho, la mayoría de las partes apoyaron las conclusiones y las acciones para responder a ellas. Pero hubo algunos grandes actores que no lo hicieron y como trabajamos por consenso, no pudo figurar en el documento final de forma contundente como para respaldar lo que queríamos. Hubo cuatro países, algunos pesos pesados como Estados Unidos, Rusia, Kuwait y Arabia Saudita, que se resistieron. Insistiremos y habrán otras oportunidades. De hecho, hay una reunión en mayo de este año, en la que seguiremos presionando. IPS: ¿Hubo otros resultados tangibles? DS: Sí, incluimos ciertos términos que impulsarán a las partes a trabajar hacia lo que queremos. También está el tema del Diálogo de Talanoa, que se decidió en la anterior Presidencia de la COP, a cargo de Fiyi. El texto sugiere trabajar juntos de forma inclusiva para asegurar que muchos temas, como las contribuciones determinadas a escala nacional, se ajusten para cumplir con los plazos. También implicó un desafío para que fuera aceptado por todos, pero creo que se puede decir que las partes reconocieron lo que está pasando y aceptaron aumentar su ambición de reducir los gases invernadero. Pero es una lucha constante y tenemos que seguir alzando nuestra pequeña pero poderosa voz porque el cambio climático es un asunto existencial para nosotros. Saliendo de la temporada de huracanes de 2017, tuvimos, de primera mano, la experiencia de lo que nos puede pasar, y no queremos que se vuelva a repetir. IPS: Debido a que en el Caribe los gobiernos cambian cada cinco años o menos, ¿cree que con cada cambio, el nuevo gobierno cambia el nivel de atención al cambio climático? DS: Me parece, por lo que he observado en los últimos años, que los partidos políticos de la región comprenden el impacto que puede tener en nosotros el cambio climático y, en general, suelen estar a favor. No es un problema. Puede variar el grado de énfasis, pero no creo que sea un problema. Creo que está claro para todos nuestros líderes que el cambio climático es una realidad y que puede destruir nuestra sostenibilidad, en especial la económica. En mi opinión, no importa quién esté en el gobierno, la política debe apuntar a atender la resiliencia al cambio climático y creo que, en general, ocurre eso. IPS: ¿Cuáles son los mayores desafíos para los países de la región de forma individual o grupal? DS: Creo que tenemos que reconocer la importancia de implementar algunas medidas, como recomiendan nuestras instituciones técnicas, que ayudarán a construir resiliencia. En el caso de los huracanes, por ejemplo. Una de las razones de los daños devastadores es que las normas de construcción deben actualizarse. Creo que con eso construiremos una región más resiliente. Creo que ese es el mensaje, pero la implementación lleva cierto tiempo por la falta de recursos. Trabajamos en eso. Sé que Dominica, en especial después del huracán María, trabaja de forma asidua en la construcción del primer país resiliente al cambio climático, probablemente del mundo; un buen augurio para la región. Esperamos que lo queaobtengamos de esa experiencia se puede difundir en toda la región. Me preocupan particularmente algunos estados de la Caricom, como Haití. Lo menciono por la degradación del suelo y sus consecuencias, con las que tenemos que lidiar ahora. Esperemos que pueda ajustarse y comprender la necesidad de reforestar porque es una medida de resiliencia. Creo que si nuestros Estados miembro pueden trabajar con varios ministerios e instituciones regionales podemos movilizar recursos; ese es el gran desafío. En general, sabemos lo que tenemos que hacer. Hay cierta disposición a hacerlo, la dificultad es contar con los recursos para hacerlo. Tenemos algunas instituciones excelentes, como la CDEMA (Agencia de Gestión de Emergencia de Desastres del Caribe), que se puso manos a la obra, pero necesitan recursos a veces para responder a algunos desafíos. Trabajamos con algunas organizaciones internacionales y otros socios del desarrollo para ver cómo podemos aunar esfuerzos. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

El artículo El Caribe lucha por alzar su voz en las negociaciones climáticas fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.
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Nearly two-thirds of children lack access to welfare safety net, risking ‘vicious cycle of poverty’

UN SGDs - qua, 06/02/2019 - 12:12
More than six in 10 children globally lack access to social protection, leaving them particularly vulnerable to falling into chronic poverty, the UN said on Wednesday, warning also that some governments are cutting State cash entitlements, amid continuing economic uncertainty.
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Europeos y estadounidenses disputan por aceitunas negras

IPS español - ter, 05/02/2019 - 17:37

La Unión Europea ha demandado la apertura de consultas en la Organización Mundial de Comercio por la decisión de Estados Unidos de penalizar con un incremento de aranceles a las aceitunas negras españolas. Crédito: Ginebracomercio.comPor Gustavo CapdevilaGINEBRA, Feb 5 2019 (IPS) El fantasma del proteccionismo agrícola internacional volvió a la palestra en la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 31 de enero con la solicitud de consultas de la Unión Europea a Estados Unidos para discutir una decisión de Washington que impone aumentos de 35 por ciento a los derechos de importación sobre las aceitunas negras españolas. Una vez entabladas las discusiones y transcurridos 60 días sin un acuerdo, la Unión Europea (UE) puede demandar la formación de un grupo especial (panel) que examinará el caso y emitirá una opinión. El 1 de agosto de 2018 Washington dictó las órdenes de imposición de derechos compensatorios y antidumping por entender que “una industria de Estados Unidos es perjudicada materialmente a causa de la importación subvencionada de aceitunas negras de España”, según determinaron el Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos. La Protección de Fronteras y Aduanas de ese país fue encargada de exigir el depósito en efectivo de los derechos compensatorios y antidumping a las importaciones de aceitunas negras de Aceitunas Guadalquivir S.L.U., Agro Sevilla Aceitunas S. Coop., Ángel Camacho Alimentación S. L, y otras empresas. Los derechos compensatorios se activan cuando existe la certidumbre de una contribución financiera (subvención o subsidio) por parte de un gobierno o de cualquier organismo público en el territorio de un estado miembro de la OMC. El derecho antidumping contrarresta la maniobra del dumping, cuando se coloca en el mercado una mercancía a valor inferior al de su producción en origen. En este caso, la investigación previa efectuada por las autoridades estadounidenses alude a los beneficios de la Política Agraria Común (PAC) de la UE, que habrían alcanzado a los productores españoles con el incremento del derecho de importación a Estados Unidos por un total de 35 por ciento, de los cuales 15 por ciento corresponden a derechos contra la subvención y 20 por ciento a los derechos antidumping. La comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, opinó que los abultados  aranceles impuestos por Estados Unidos a las aceitunas españolas son “injustificados”. “Hemos planteado este caso a nuestros socios estadounidenses en muchas ocasiones y, junto a las autoridades españolas, continuaremos defendiendo vigorosamente los intereses de los productores de la UE”, dijo en declaraciones citadas por un informe del Consejo Oleícola Internacional y distribuido por el portal scoop.it. La misma fuente recoge reacciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, que manifestó satisfacción por la acción legal emprendida por la UE ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. Planas también consideró “injustos” los aumentos arancelarios de Estados Unidos. “Tenemos que tener muy claro que la Unión Europea está defendiendo las ayudas desacopladas a sus agricultores y ganaderos, que son compatibles con las normas de la OMC”, afirmó el ministro español. Las políticas de sostén a las actividades rurales en los países de Europa se remontan a épocas no muy lejanas cuando eran frecuentes los períodos de escasez alimentaria y de hambrunas causados por plagas y pestes que asolaban cultivos y ganados y también por métodos primitivos de producción, entre otras razones. En esas condiciones, el sostén público premiaba los volúmenes de producción para cubrir las necesidades apremiantes. El panorama cambió con el auge económico posterior a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y el nacimiento y expansión de la UE con sus 28 Estados miembros actuales. Lo que no varió fue el sistema de ayudas indirectas que siguió favoreciendo la producción y engrosando también las arcas de los grandes latifundistas. Ese mecanismo creó recelos internacionales por el perjuicio que las ayudas europeas causaban, y todavía causan, a agricultores y campesinos eficientes de países pobres en desarrollo, sin siquiera recursos para subvencionar. Esas diferencias se hicieron notorias durante las negociaciones de la Ronda Uruguay (1986-1994) que dieron nacimiento a la OMC, a partir de 1995, y también al Acuerdo sobre la Agricultura, que recogió aspiraciones de los países en desarrollo sin todavía darles plena satisfacción. La UE, convertida en una comunidad exitosa y opulenta, mantuvo las antiguas orientaciones de apoyo al sector rural, aunque dirigió buena parte de esos recursos a la asistencia de regiones más desfavorecidas, en especial de los nuevos miembros que se iban incorporando, como ocurrió con Andalucía y Extremadura, dos de las regiones de España que concentran las plantaciones de olivares. Al tiempo, bajo la presión de países agrícolas eficientes, la UE ha cedido en el terreno de la competencia de las exportaciones, casi en su totalidad eliminadas, y ha reformado desde 2003 en la PAC el sistema de ayudas indirectas. En esa fecha introdujo un régimen de ayuda directa que desacopla (desvincula) las ayudas a la producción y las concentra en el productor, que a su vez se orientará por el comportamiento del mercado, según las convicciones predominantes en esta nueva época. De esa manera, las subvenciones privilegian cultivos herbáceos y explotaciones de ganado vacuno para carne y leche, igual que con ovinos y caprinos. En 2004, se extendió a los productos mediterráneos como el aceite de oliva, y cuatro años más tarde llegó al banano, azúcar, frutas, hortalizas y vino. Estas son las subvenciones que incomodan a Estados Unidos y que han provocado la discusión en la OMC que puede terminar en un pleito. Pero la historia del proteccionismo agrícola no termina aquí. La Unión Europea redujo sus subvenciones, la ayuda indirecta, pero aun mantiene otra forma de proteccionismo, en el rubro de acceso a los mercados. La UE aplica aranceles aduaneros muy elevados para productos agrícolas, en especial la carne, y en esta materia se ha mantenido inflexible, en particular Francia e Irlanda, ante los reclamos de países productores eficientes. Tampoco Estados Unidos está exento de culpa en el proteccionismo agrícola pues dedican hasta 12.000 millones de dólares anuales en ayuda interna, destinada a agricultores ineficientes de la región del Medio Oeste, que constituyen un núcleo de peso político determinante en las elecciones presidenciales cuatrienales. Para leer más artículos de Gustavo Capdevila sobre los movimientos del comercio internacional, visite la página especial del autor sobre el tema: https://ginebracomercio.com/ RV: EG El artículo Europeos y estadounidenses disputan por aceitunas negras fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Ultimo desastre natural deja rastro de solidaridad ciudadana en Cuba

IPS español - ter, 05/02/2019 - 16:51

A comienzos de febrero, un grupo de voluntarios que se organizaron para atender a los damnificados del tornado que azotó La Habana el 27 de enero, camina cargado de bolsas con diversos bienes donados para brindar asistencia a las personas necesitadas, en uno el municipio de Regla, uno de los que conforman la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPSPor Patricia GroggLA HABANA, Feb 5 2019 (IPS) El desastre causado por un poderoso tornado que azotó cinco municipios densamente poblados de La Habana agrava las penurias económicas de Cuba, al mismo tiempo que desató un movimiento ciudadano de solidaridad que no esperó la convocatoria oficial para manifestarse. Seis fallecidos, casi 200 heridos y cuantiosos daños materiales, especialmente en viviendas, bienes personales y edificaciones públicas, fue el saldo del fenómeno atmosférico que la noche del 27 de enero dejó su estela de destrucción a lo largo de su trayectoria de unos 20 kilómetros con sus vientos máximos de entre 267 y 322 kilómetros por hora. Cuba terminó 2018 con un crecimiento de apenas 1,2 por ciento y comenzó el nuevo año  con fuertes tensiones financieras por la reducción de los ingresos previstos debido a la caída en las exportaciones, el turismo y la producción azucarera.“Ha sido una experiencia dolorosa ver la destrucción, pero a su vez resulta reconfortante ver tanta solidaridad, tanta ayuda y, en mi caso personal, me entusiasma ver tantas personas jóvenes en los lugares que más lo necesitan”: Jesús Muñoz. Esa situación obligó a cortar al mínimo las importaciones, por lo que podría incrementarse el desabastecimiento de alimentos, a lo que se suma ahora la necesidad de atender las consecuencias del nuevo evento climático. Pero a medida que la ciudad comenzaba a restañar sus heridas, se vio nacer también un masivo movimiento solidario en favor de los damnificados casi tan sorpresivo como el tornado, que a diferencia de un huracán no se puede pronosticar por ser un sistema pequeño en tamaño, de corta vida y trayectoria. Las personas comenzaron a llegar a la zona de desastre apenas despuntó el alba el lunes 28, algunas a título individual, otras como activistas de organizaciones no gubernamentales, estudiantiles, agrupaciones religiosas, artísticas o deportivas.  Todas unidas por el deseo de remediar las carencias de quienes lo perdieron todo. Este fenómeno social está muy vinculado al creciente acceso a Internet, a la que en diciembre pasado se incorporó la conexión por datos móviles, mucho más resistente al tornado que los servicios tradicionales de telefonía fija y móvil. Fue así que las redes sociales devinieron distribuidoras de las primeras noticias e iniciativas de apoyo. Las imágenes y relatos publicados en las redes sirvieron de base para los reportes de algunos medios internacionales de prensa e inclusive no pocos fueron recogidos por el estatal diario cubano Juventud Rebelde. La primera cifra de pérdidas fue publicada al amanecer del 28 de enero por el presidente  Miguel Díaz Canel en su cuenta oficial en Twitter. En los primeros días hubo incomprensión de algunas autoridades que obstaculizaron en vez de facilitar el ingreso a las áreas impactadas a grupos interesados en entregar su ayuda directamente, pero pronto las tensiones dieron paso a la mutua colaboración. A su vez, las redes contribuyen a orientar y coordinar mejor la cooperación ciudadana. “Esta movilización masiva que hemos visto por estos días demuestra que el pueblo cubano tiene una fuerte capacidad para organizarse si así se quiere y que la vocación solidaria está bien arraigada en el día a día de la sociedad”, comentó Taylor Torres, activista por un mayor acceso y uso de Internet en Cuba. Integrantes de una brigada de construcción trabajan en la reparación de una vivienda entre los escombros dejados por un tornado que azotó La Habana, en el municipio de Regla, en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS En su opinión, no se puede negar en este fenómeno social el “papel fundamental de la internet y el alto poder de convocatoria que logran tener las redes sociales”.  “Nuestra lista de damnificados ha dado la vuelta al mundo y la hemos compartido muchas veces a solicitud de varias personas”, señaló a IPS. Jesús Muñoz, activista de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, resaltó a IPS la rapidez y organización de las personas para detectar como actuar: primero apoyar en la recogida de escombros y limpieza, luego proveer de agua y alimentos, hasta llegar a la recaudación de fondos para apoyar futuros procesos.Secuelas de un desastre “El impacto ambiental de este tornado puede reflejarse en la destrucción, en el estado de las personas que perdieron casas y pertenencias, probablemente en el estado síquico por el impacto que cambió la vida de muchas personas en un segundo”, dijo a IPS el prestigioso meteorólogo cubano José Rubiera. “En este sentido, ha sido un impacto elevado, pero momentáneo. Tan pronto se reconstruya, pase el momento, y se tienda a la normalidad, ese impacto habrá desaparecido casi totalmente”, añadió. “Ha sido una experiencia dolorosa ver la destrucción, pero a su vez resulta reconfortante ver tanta solidaridad, tanta ayuda y, en mi caso personal, me entusiasma ver tantas personas jóvenes en los lugares que más lo necesitan”, agregó Muñoz, quien no duda del humanismo que mueve a la mayoría de quienes acudieron a las áreas devastadas. Rafael Hernández, director de la revista teórica Temas, posteó en Facebock que esta experiencia ciudadana dejó entre otras lecciones la capacidad subutilizada de la sociedad civil para actuar en línea con los problemas del país, movilizando y aportando sus recursos, sin esperar orientaciones, con eficacia y prontitud, en coordinación con instituciones locales. El tornado tomó por sorpresa no solo a los residentes en las zonas impactadas por el tornado, sino también al gobierno, que dispone de un articulado Sistema de Defensa Civil ante riesgos de desastres, que se activa ante la proximidad de un ciclón tropical como los que con frecuencia azotan Cuba entre junio y noviembre. Probado fundamentalmente en ocasión de huracanes intensos, el sistema incluye una fase de alerta temprana, la evacuación de todas las personas en riesgo, la protección de recursos económicos con énfasis en los alimentos y el inicio inmediato de la fase recuperativa tras el desastre. A esta etapa de sumaron jóvenes de la Asociación Hermanos Saiz, que agrupa a artistas menores de 30 años, entre otras personas, en las labores de limpieza de miles de toneladas de escombros asumido por brigadas estatales. Trabajadores de ocho provincias de la empresa estatal de electricidad se unieron a los capitalinos para restablecer el servicio.   Jóvenes soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba realizan tareas de limpieza en uno de los barrios de La Habana, que fueron azotados la noche del 27 de enero por un tornado de especial intensidad. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS Unos 1.200 empleados de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba de diferentes provincias se afanaban aún varios días después en el restablecimiento de las comunicaciones telefónicas en tres de los cinco municipios más afectados: Diez de Octubre, Regla y Guanabacoa. Entre los 15 municipios que engloban la capital cubana, también sufrieron el impacto San Miguel del Padrón y Habana del Este. El tornado se formó en un punto cercano a Diez de Octubre, en el oeste de la urbe habanera, y se desplazó a una velocidad de 46 kilómetros por hora por los demás municipios hasta salir al mar, ya debilitado, por Celimar, en Habana del Este. La recuperación se prevé más compleja en el sector habitacional, que ya arrastra un déficit de algo más de 200.000 viviendas, según datos de 2017, en esta capital de 2,2 millones de habitantes. Los estragos causados por el tornado incluyen 3.780 unidades residenciales dañadas, de ellas 372 por derrumbes totales y 518 parciales. Unas 500 edificaciones perdieron sus techos y 1.080 sufrieron daños de diverso tipo. Este fin de semana comenzó la construcción de nuevas viviendas en distintos puntos de la zona de desastre. Para la reconstrucción, el gobierno dispuso la venta de materiales a precios rebajados, mediantes créditos o subsidios, según el caso. Este país insular caribeño dispone de un fondo habitacional de algo más de 3,8 millones de viviendas, el 39 por ciento de las cuales se encuentra en condiciones malas y regulares. Informes oficiales divulgados en noviembre del pasado año agregan que existe un déficit de 929. 695 viviendas. De ese faltante hay que construir, nuevas, unas 527.000 y rehabilitar 402.000. Las autoridades esperan remediar esa situación mediante una estrategia de construcción basada en el fortalecimiento de las capacidades locales de producción de materiales y el estímulo a la construcción “por esfuerzo propio” de los usuarios. Los economistas consideran de difícil cumplimiento la aspiración de revertir el crónico déficit habitacional en un plazo de 10 años. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Nacionalismos de derecha ponen en riesgo a las democracias

IPS español - ter, 05/02/2019 - 13:15

Lysa John, secretaria general de Civicus. Crédito: Cortesía.Por Thalif DeenNACIONES UNIDAS, Feb 5 2019 (IPS) El constante deterioro del multilateralismo, sumado al crecimiento del unilateralismo, pone en riesgo a las democracias, y en especial a la libertad de prensa, a la gobernanza global, a la participación cívica y a los derechos humanos en Asia, África, América del Sur y Medio Oriente. Las amenazas, directas o indirectas, son producto del surgimiento del nacionalismo de derecha en Estados Unidos, que se refleja en exaltados discursos patrióticos procedentes de distintos países como Brasil, Filipinas, Hungría, Polonia, Austria, Turquía, Birmania (Myanmar) y Egipto. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, declaró a la prensa en diciembre que el multilateralismo sufre ataques de diferentes sectores, precisamente “cuando más lo necesitamos”. “En diferentes áreas y por distintos motivos, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, la confianza de los Estados entre sí y la confianza de la gente en las organizaciones internacionales se desgastó y el multilateralismo está bajo fuego”, se quejó. ¿Cómo hará para sobrevivir la sociedad civil en este duro ambiente político en 2019? IPS conversó con Lysa John, la nueva secretaria general de Civicus, la alianza global de organizaciones de la sociedad civil, con sede en Johannesburgo, sobre las perspectivas para el sector este año. “Por desgracia, en el actual contexto político, los gobiernos socavan décadas del trabajo realizado por ciudadanos y líderes de todo el mundo con el fin de construir un marco efectivo para la cooperación global”, se lamentó. En especial, mencionó a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático, de 2015, así como del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como “claro recordatorio de que vivimos en un mundo en el que los gobiernos operan en un estado de negación activo”. En el mundo, hay indignación con los gobernantes, incluso de grandes países como Brasil e India, porque defienden los intereses de las élites mientras reducen la de ciudadanos de a pie, así como de los movimientos comunitarios que trabajan para garantizar la participación cívica y una gobernanza responsable, observó John, quien trabaja también en temas de justicia social desde 1988. Hace poco trabajó con la organización Save the Children Internacional, donde fue directora de campaña y estrategias de promoción, y antes había encabezado el sector de divulgación del Grupo de Alto Nivel de la ONU sobre la Agenda de Desarrollo posterior a 2015. Al ser consultada sobre cómo las organizaciones de la sociedad civil harán frente a la creciente tendencia contra el multilateralismo, opinó que “las soluciones a los nuevos y complejos desafíos, como conflictos, cambio climático y desigualdad, están muy interconectados”. “Necesitamos gobiernos que adopten un enfoque de ‘un mundo’ que les permita combinar recursos de forma activa, compartir lecciones y redoblar las innovaciones para hacer frente a los cambios sociales, ambientales y económicos que se desarrollan con rapidez”, explicó. En ese contexto, el multilateralismo no es solo “una opción que es bueno tener”, sino una necesidad urgente, que determinará la supervivencia y el bienestar de las futuras generaciones. IPS: ¿Cuáles serán los temas políticos y socioeconómicos clave en la agenda de Civicus para este año? LYSA JOHN: 2019 comenzó con algunas señales alarmantes para el surgimiento del espacio global que reclamamos desde hace un año. En Brasil, el nuevo gobierno de (Jair) Bolsonaro amenazó con clausurar las organizaciones de derechos humanos, mientras que en Zimbabwe, activistas y organizaciones están sometidos a un grado de represión e intimidación sorprendentes. En general, aumentan el bloqueo de Internet y el uso de la violencia como formas de silenciar el disenso. En ese contexto, seguirá siendo una prioridad asegurarse de que los gobiernos tomen medidas para proteger y ampliar el derecho de la ciudadanía global a organizarse y a expresar el disenso. En el mundo, periodistas y activistas son los que más denuncian de forma visible las fallas y las violaciones de los gobiernos, lo que los convierte en blancos fáciles de los intereses que buscan mantenerlos callados. También seguiremos trabajando para conectar, ampliar y fortalecer el gran trabajo que hace la sociedad civil en todo el mundo. En un mundo hiperconectado, es ridículo que los gobiernos sigan usando leyes y políticas arcaicas para reprimir el flujo de conocimiento, la tecnología y los recursos que pueden ayudar a millones de personas que viven en la pobreza y sufren discriminación a aprovechar los beneficios del desarrollo moderno. Además, será una parte importante de nuestro trabajo de este año garantizar que los donantes y los Estados inviertan en crear un ambiente propicio para el trabajo de la sociedad civil, donde esta pueda ser lo más innovadora posible, diversa y responsable. IPS: ¿Cómo impactará el deterioro del multilateralismo en las organizaciones de la sociedad civil, y en Civicus en particular? JOHN: Allí donde los gobiernos no actúan defendiendo los intereses de las personas de a pie, la sociedad civil tiene que intervenir y redoblar esfuerzos. Las organizaciones voluntarias se convierten en la primera línea de refugio para las comunidades más marginadas. Eso incluye ampliar la asistencia vital para que puedan huir de conflictos violentos, luchar para cambiar prácticas y leyes que perpetúan la discriminación contra comunidades tradicionalmente excluidas o actuar como primera línea de defensa. Resulta perturbador que en ese contexto, muchos gobiernos opten por aumentar la vigilancia y criminalizar a la sociedad civil, en vez de reconocer y apoyar sus esfuerzos tan necesarios. Nuestra investigación sobre el espacio cívico a través del Monitor de Civicus muestra que los ataques contra la sociedad civil en el mundo son comunes, como es de esperar y, muchas veces, graves. En la actualidad, solo cuatro por ciento de la población mundial vive en países donde las libertades de expresión, de asociación y de reunión pacífica están bien protegidas. Seis de cada 10 personas viven en países donde hay graves restricciones al espacio cívico. Sin los mecanismos nacionales y globales para proteger y ampliar las libertades cívicas, la sociedad civil y las ciudadanías de distintas partes del mundo quedarán más vulnerables. Por eso es importante seguir luchando para proteger el multilateralismo actual, pero también para que nuestras instituciones sean más democráticas e inclusivas. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Mulheres vítimas de agressões anteriores têm 151 vezes mais chance de morrer por homicídio ou suicídio

Pública - ter, 05/02/2019 - 12:19

As mulheres brasileiras adultas que registraram episódios de violência nos serviços de saúde públicos têm chance 151,5 vezes maior de morrer por homicídio ou suicídio em comparação com a população feminina geral. Os homicídios e suicídios correspondem a 83% das mortes por causas externas em mulheres vítimas de agressões anteriores.

No caso de idosas e crianças que sofreram violência prévia, a mortalidade por causas violentas aumenta ainda mais: mulheres com mais de 60 anos têm chances 311,4 vezes maiores enquanto meninas com menos de 9 anos têm 256,1 vezes a mortalidade média de outras meninas na mesma faixa etária. Os dados foram compilados pelo Ministério da Saúde e serão publicados em março no livro Saúde Brasil 2018.

Considerando apenas as mulheres adultas, a taxa média anual de mortalidade por causas externas foi de 1.170 por 100 mil. Isso significa que, em média, uma em cada 100 mulheres adultas que deu entrada em hospitais ou postos de saúde públicos por conta de agressões morreu por ano no período. A coordenadora do estudo, Maria de Fátima Marinho, diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde (DANTPS), acredita que uma análise de dados mais recentes deve revelar uma situação ainda mais grave. “Desde 2018 estamos identificando um aumento significativo da violência contra mulher, incluindo meninas menores de 10 anos e adolescentes”, explica. “A situação está preocupante, parece que a violência de gênero e agressão sexual contra mulheres e crianças estão liberadas.” O ministério ainda não possui uma comparação entre notificações de violência e óbitos de mulheres para os anos de 2017 e 2018. No entanto, dados preliminares de 2017 mostram que, naquele ano, as notificações aumentaram 30% em relação a 2016. O aumento foi maior entre crianças de até 9 anos e adolescentes entre 10 e 19 anos. Entre crianças as notificações cresceram 32% e entre adolescentes, 37%, na comparação de 2017 com o ano anterior. Já os atos praticados contra mulheres adultas e idosas subiram 28% e 29%, respectivamente. Em média foram registradas 630 notificações de violência contra mulheres por dia no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2017. As notificações englobam apenas violências intencionais praticadas por terceiros ou pela própria vítima, o que inclui tentativas de suicídio ou automutilação. Como o Ministério da Saúde obteve os dados Agressão contra mulher registrada no SUS nem sempre vira denúncia O objetivo da análise do Ministério da Saúde era comparar a taxa média anual de óbito por causas externas entre mulheres com e sem notificação de violência nos serviços de saúde brasileiros. Para isso, foram usados dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), onde são registradas todas as declarações de óbito, e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), utilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para notificar a condição de pacientes vítimas de violência de diversos tipos. O grupo de analistas fez um cruzamento desses dois sistemas para identificar as mulheres, em todas as faixas etárias, que tiveram notificação de violência prévia e foram a óbito por causas externas no período de 2011 a 2016. Vale destacar que as notificações registradas no Sinan não pressupõem que a vítima fez denúncia da agressão às autoridades policiais. A notificação de violência é um registro feito por um médico ou funcionário da unidade de saúde no sistema e não corresponde a uma denúncia. Trata-se de um instrumento que também permite a apuração de dados confiáveis sobre as doenças e agravos registrados pelos serviços públicos. A notificação no Sinan é obrigatória em todos os casos em que há suspeita ou confirmação de violência doméstica ou intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas praticadas contra mulheres e homens em todas as faixas etárias. No caso de violência extrafamiliar e comunitária, ou seja, aquela que ocorre fora do ambiente doméstico, apenas as praticadas contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT são de notificação compulsória. De acordo com as diretrizes do ministério, as unidades de atendimento de saúde não são obrigadas a encaminhar os pacientes alvo de notificações aos serviços de atenção psicossocial ou orientação para a vítima procurar a Delegacia de Mulheres de sua região. O encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar ou Ministério Público é obrigatório quando a violência é praticada contra crianças e adolescentes; no caso de agressões contra pessoas idosas, o encaminhamento ao Conselho Municipal do Idoso ou Ministério Público também é compulsório. Em agressões contra pessoas com deficiência, a lei determina que sejam comunicados o Conselho dos Direitos das Pessoas Deficientes e o Ministério Público e que a autoridade policial local seja acionada. Já no caso de mulheres adultas que estejam vivenciando situações de violência e que não sejam nem idosas nem deficientes, as equipes de saúde são orientadas a informar sobre a existência de serviços da rede de proteção social e sobre a importância da denúncia, mas não devem encaminhar o caso sem autorização explícita. Óbitos poderiam ser evitados com medidas contra a violência de gênero Como o número de mulheres que segue as orientações e formaliza a denúncia é muito inferior à quantidade de ocorrências, os dados das polícias resultam subnotificados. Assim, os números das notificações nos serviços de saúde são mais utilizados por pesquisadores para analisar o cenário de violência contra a mulher no Brasil. O número real de mulheres vítimas de agressão que depois morreram por causas violentas pode ser ainda maior já que as estatísticas do Sinan excluem as vítimas que não se dirigem aos serviços de saúde e também as que procuram atendimento médico na rede particular. O Ministério da Saúde utiliza dados identificados, ou seja, que permitem ao pesquisador verificar o nome e outras informações pessoais das vítimas. Isso possibilita que sejam feitos cruzamentos de informações inéditas. Para preservar a privacidade das pacientes, esses dados não são fornecidos a outras entidades de pesquisa. Assim, somente o próprio ministério pode fazer comparações como essa – cruzando os dados de mulheres vítimas de agressões com os de mulheres que foram a óbito. Os resultados obtidos nessa análise mostram que a notificação no setor de saúde deve ser entendida como um sinal de alerta para a ocorrência de óbitos que podem ser evitados. Uma das conclusões da análise é que são necessárias medidas e políticas públicas mais eficazes. “O enfrentamento da violência contra as mulheres impõe o fortalecimento de estratégias de vigilância, acolhimento e atenção pelos serviços de saúde, articuladas intersetorialmente dentro da rede de proteção e responsabilização”, atesta o documento do Ministério da Saúde. Para Maria Fernanda Terra, professora de saúde coletiva na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, o relatório demonstra que é necessário repensar o que é feito a partir das notificações de violência. “Trata-se de um dado importante porque ele ajuda as instituições a elaborar políticas públicas e identificar os problemas. Mas o que está sendo feito com esse dado? Como ele está sendo usado? Qual o processo de cuidado que está sendo oferecido a essas mulheres nas unidades de saúde?”, questiona Maria Fernanda. “As mulheres muitas vezes ainda não sabem que a unidade de saúde também é um local em que elas podem pedir ajuda.” Segundo a professora da Santa Casa, os dados do Ministério da Saúde comprovam que a violência de gênero precisa ser combatida com ações multissetoriais. A raiz do problema está na desigualdade entre homens e mulheres, que, para a pesquisadora, precisa ser questionada não apenas com políticas de saúde pública, mas também no âmbito educacional e pelas autoridades policiais. “A gente vive em uma sociedade que culpa as mulheres por viver uma situação de violência. As mulheres, de todas as faixas etárias, são mais desacreditadas”, explica. Violência parte de pessoas conhecidas e acontece no ambiente doméstico O estudo do Ministério da Saúde traz ainda detalhes sobre as agressões sofridas pelas mulheres que depois faleceram por causas externas. As informações são extraídas das fichas de notificação do Sinan, preenchidas pelos médicos que atenderam essas pacientes após o episódio de violência. A agressão física prevaleceu em todas as faixas etárias, com 62% do total. Já a negligência foi mais comum entre crianças (32% dos casos) e idosas (16% dos casos). A residência das vítimas foi o principal local de ocorrência da violência para todas as idades e corresponde a 71% dos registros. Dentre os meios de agressão mais utilizados destacou-se a força corporal, presente em 19% das ocorrências, seguida pelo uso da arma de fogo, relatado em 16% dos casos. A arma de fogo foi mais utilizada contra mulheres mais novas, usada contra 21% das jovens (de 20 a 29 anos) e 25% das adolescentes (de 10 a 19 anos). O enforcamento (sufocação), terceiro meio de agressão mais comum, prevaleceu entre as mulheres idosas: 20% das mulheres com mais de 60 anos foram vítimas desse tipo de ataque. As características dos prováveis agressores mostram ainda que 45% de todas as violências foram praticadas por pessoas conhecidas, entre familiares, parceiros íntimos ou amigos. Apenas 11% das agressões contra mulheres que depois morreram por causas violentas foram perpetradas por desconhecidos. Idosas, crianças e habitantes de cidades pequenas são grupos vulneráveis Em 39% dos casos a agressão partiu da própria vítima, ou seja, foi autoprovocada. A proporção é ainda maior entre mulheres adultas e idosas: corresponde a 47% dos casos na faixa entre 30 e 59 anos e 49% no grupo com mais de 60 anos. Para os pesquisadores, essa característica revela maior vulnerabilidade das mulheres desse grupo. Esse registro, no entanto, pode esconder agressões feitas por terceiros que são relatadas aos médicos como autoprovocadas. “É muito difícil para o profissional de saúde determinar exatamente a origem da violência. Muitas mulheres podem falar em lesão autoprovocada quando ela foi feita por uma pessoa próxima e querida”, explica Maria Fernanda Terra. “Nesses casos, por conta da vergonha, é mais difícil para a vítima falar quem foi o responsável, então ela se culpabiliza pela própria violência por conta do medo e da proximidade.” Segundo os autores do estudo, automutilações ou ferimentos decorrentes de tentativa de suicídio também podem ser consequência de exposição anterior à situações de violência, especialmente a sexual. “Cabe destacar que a violência crônica tem sido considerada um fator de risco para lesão autoprovocada, que por sua vez é considerada fator de risco para suicídio. Esses eventos também podem ser consequência da exposição a situações de violências, especialmente a sexual”, atesta o relatório. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), pesquisas recentes feitas na América Latina e Caribe constataram que um grande percentual de mulheres vítimas do parceiro íntimo foi diagnosticado com ansiedade ou depressão e teve maior probabilidade de cogitar ou tentar suicídio. No caso das crianças, 73% dos agressores eram pessoas que pertencem ao círculo familiar. O dado preocupa porque em muitos casos os próprios agressores são as pessoas responsáveis pelo cuidado e proteção das crianças. Entre 2011 e 2016, 295 crianças morreram por causas violentas depois de já terem passado por unidades de saúde por conta de episódios de agressão ou negligência. Essa situação dificulta a visibilidade do problema, o acesso aos serviços de saúde e, principalmente, o fim das agressões. “Crianças são sempre o grupo mais vulnerável porque elas muitas vezes não têm a percepção clara do que é certo e errado”, explica Maria Fernanda. “Vivemos em uma sociedade que desacredita a criança, então a tendência é ela esconder e sofrer com aquilo.” A raça e a escolaridade das vítimas também são características que apontam para a existência de outros grupos de maior vulnerabilidade. Mais de 50% das adolescentes e jovens com notificação prévia de violência e óbito por causas externas eram mulheres negras ou pardas. O relatório destaca que nesse grupo pode haver um acúmulo de desigualdades relacionadas à estrutura socioeconômica, que limita o acesso a condições de proteção social adequadas. Com relação à escolaridade, 38% de todas as mulheres vítimas de violência e que morreram por causas externas possuem apenas o ensino fundamental completo. Outro indicador de vulnerabilidade verificado na pesquisa foi o tamanho do município da vítima. Mais de um terço dos municípios de residência das mulheres adolescentes, jovens, adultas e idosas que sofreram violência possuía até 50 mil habitantes. “Nos municípios menores é provável que o medo, a vergonha e a falta de serviços de atendimento adequados façam com que o risco da mulher seja muito maior”, avalia Maria Fernanda. Segundo ela, em municípios maiores, a mulher pode optar por procurar ajuda longe de sua residência e escapar dos olhares de conhecidos ou familiares, o que a faz sentir-se menos fragilizada. “Esses marcadores, somados a uma rede fragilizada de apoio à mulher, aumentam a vulnerabilidade das habitantes dessas cidades”, explica a pesquisadora. Porcentagem de mortes de mulheres por população dos municípios Registros cresceram proporcionalmente mais entre crianças e adolescentes em 2017 Além dos dados que cruzam os registros de violência e os óbitos de mulheres, o Ministério da Saúde compila todas as notificações de violência contra a mulher registradas pelo Sinan. Os dados preliminares de 2017 mostram que a quantidade de registros cresceu 30% em relação a 2016, com incremento maior entre crianças e adolescentes. Foram mais de 230 mil notificações no Sinan apenas em 2017, o que equivale a mais de 630 casos por dia. Crescimento de notificações de violência contra mulheres “A tendência da curva muda em 2017, quando o aumento em relação ao ano anterior fica mais acentuado”, destaca Maria de Fátima Marinho, responsável pelo DANTPS no Ministério da Saúde. “O dado de 2018 deve confirmar essa mudança de patamar.” O perfil das agressões registradas em 2017 é muito similar ao das agressões perpetradas entre 2011 e 2016 contra mulheres que depois morreram por causas violentas. A maior parte (63%) também ocorreu no ambiente doméstico e o principal meio utilizado também foi a força corporal, registrada em 47% dos casos.

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Triunfo de Bukele pone signo de interrogación a futuro de El Salvador

IPS español - seg, 04/02/2019 - 20:18

El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, de 37 años, saluda durante la jornada electoral, en que obtuvo un arrasador triunfo. Crédito: Nuevas IdeasPor Edgardo AyalaSAN SALVADOR, Feb 4 2019 (IPS) El contundente triunfo de Nayib Bukele en las elecciones presidenciales celebradas el domingo 3 en El Salvador confirmó la tesis de que la población se hartó de los dos partidos tradicionales mayoritarios, y buscó una opción diferente. Pero además abrió un enorme signo de interrogación sobre el tipo de gobierno que impulsará, y el impacto de las políticas que adoptará a partir del 1 de junio, cuando asuma las riendas de este país centroamericano de 7,3 millones de habitantes. Bukele, de 37 años, logró capitalizar el descontento de la población con las promesas incumplidas tanto de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que dirigió el país por 20 años, de 1989 a 2009, en cuatro gobiernos sucesivos, como del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El ya mandatario electo aún no perfila una idea clara de lo que hará ahora que ha ganado la presidencia, dado que su plataforma se parece a una coctelera donde van mezcladas ideas de libre mercado con algunas banderas sociales de la izquierda, asumidas mientras fue alcalde de San Salvador (2015-2018) de la mano del FMLN. El Salvador pone fin a una década en el poder de la exguerrilla del FMLN, con dos mandatos sucesivos desde 2009,  y se une a la larga lista de países latinoamericanos donde se ha producido un movimiento pendular que ha derribado a gobiernos de izquierda en los últimos años. El último de ellos el de Brasil, con el triunfo de Jair Bolsonaro, de extrema derecha, en octubre. También suma a El Salvador al grupo de países donde las urnas han sancionado una ruptura con las fuerzas tradicionales, como sucedió en México, donde desde diciembre gobierna el presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador, de quien Bukele se declara admirador. El triunfo de Bukele había sido ya previsto por todos los sondeos electorales, aunque había duda de si su estrategia de conectar con la población más joven del país, por medio de las redes sociales, se traduciría en votos efectivos de quien durante la campaña se presentó como un candidato antisistema. Pero Bukele, de ascendencia palestina, sí logró un sonoro triunfo en primera vuelta, que abre para El Salvador una nueva etapa politica de la mano de una figura que adquirió fama de buen gestor por su manejo como alcalde. El Tribunal Supremo Electoral anunció la noche de los comicios que Bukele logró un contundente 53,8 por ciento de los votos válidos, superando a Carlos Calleja, de ARENA, que obtuvo 31,6 por ciento y no pudo retomar el poder como esperaba. Calleja, hijo de un influyente empresario en el rubro de supermercados, amarró una alianza con otros tres partidos minoritarios, que esperaba la sumaran votos a la causa para derrotar a Bukele. Pero no lo logró. También derrotó al candidato Hugo Martínez, del FMLN, que con su exiguo 14 por ciento confirmó que atraviesa la peor de sus crisis, al ser relegado, por primera vez en su historia de partido político, a un humillante tercer lugar. Un cuarto contendiente, Josué Alvarado, del partido Vamos, de reciente fundación (noviembre de 2017), surgido para captar el voto evangélico, pero apenas obtuvo un 0,8 por ciento. “Hemos hecho historia, hemos sacado más votos que el FMLN y ARENA juntos”, dijo un efusivo Bukele, tras declararse ganador, a eso de las 10 pm del domingo, en un hotel de la ciudad, vitoreado por sus seguidores. Ese triunfo marca el fin de un ciclo en el que la política salvadoreña de la posguerra fue dominada por esos dos partidos. El Salvador vivió una cruenta guerra civil de 1980 a 1992, que dejó un saldo de unos 70.000 muertos, según cálculos de organismos de derechos humanos. Durante la campaña electoral, sus opositores políticos advirtieron del riesgo de que Bukele termine convirtiéndose en un populista “antisistema”, un fenómeno que ha llevado al colapso de los partidos tradicionales en países vecinos como Guatemala, aprovechando el hartazgo de la gente que no ve mejoras en sus vidas. Como su propio partido, Nuevas Ideas, aún se encuentra en formación, Bukele se inscribió al partido de derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), formado en 2010 como una escisión ARENA, lo cual le generó críticas debido a la reputación de oportunistas que tienen sus dirigentes. Pero antes fue durante un tiempo miembro del “Frente”, como se le conoce localmente al antiguo partido guerrillero. Primero ganó, en mayo de 2012, la alcaldía en el pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán (2012-2015), y luego, en mayo de 2015, la de la capital del país. No obstante, una serie de disputas y pleitos internos, le valieron la expulsión del FMLN en octubre de 2017. Su alianza con GANA no deja de restarle credibilidad a una de sus banderas de campaña: la lucha contra la corrupción, dado que algunos dirigentes de ese partido se han visto envueltos en negocios poco claros. La corrupción en El Salvador es uno de los factores que jugaron en contra de ARENA, y que el electorado sigue resintiendo, porque durante los gobiernos de esa fuerza política se cometieron sonados desfalcos. El más sonado, el del gobierno de Francisco Flores (1999-2004), que admitió haber desviado 10 millones de dólares a cuentas de su partido, dinero que había sido donado por Taiwán para reconstruir casas, tras los terremotos que devastaron el país en 2001. Flores murió en enero de 2016, en medio del juicio que se le seguía. Esa misma corrupción también pesó contra el FMLN, cuyo primer presidente, Mauricio Funes (2009-2014), se encuentra asilado en Nicaragua evadiendo la justicia salvadoreña, que lo acusa de estar detrás de un millonario desfalco. Pero también pesó el distanciamiento de la cúpula con la base del partido, especialmente con los veteranos de guerra, así como la sensación de que la dirección de la antigua guerrilla se aferraba al poder para mantener los privilegios de funcionarios bien pagados. En las pasadas elecciones municipales y legislativas, de marzo de 2018, el partido sufrió su primer golpe, al perder más de 400.000 votos, una reducción de casi 50 por ciento de su caudal. La población, y en especial los veteranos del conflicto, “le negaron los votos debido al abandono en el que se ha visto sometido este sector de la población que ofrendó su vida en la guerra y que no ha contado con un acompañamiento mínimo para hacerte frente a su vida”, dijo a IPS la activista Margarita Posada, de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia. Posada señaló que la presidencia de Bukele no augura buenas señales para los movimientos sociales ni para la población salvadoreña, especialmente las capas bajas y medias. “El triunfo de Bukele significa un probable retroceso en materia social, sobre todo en lo referente a la reforma de salud y los espacios de participación y contraloría social que esta genera, dada su personalidad poco tolerante a la crítica y autoritaria en materia de toma de decisiones”, acotó. Mientras, con una visión opuesta, el analista político de izquierda, Dagoberto Gutiérrez, aliado de Bukele, auguró el inicio de una nueva era para el país, con marcados cambios sociales que beneficiarán a la población. “La gente necesita comida, salarios dignos y no salarios de hambre, necesita trabajo, necesita vivienda, salud y educación”, opinó Gutiérrez, un excomandante guerrillero, al Canal 19 de televisión, antes de considerar que el contundente ganador de los comicios del domingo trabajará con esos objetivos. Según las últimas cifras oficiales,  32,1 por ciento de hogares salvadoreños se encuentran en pobreza en el campo y 27,4 por ciento en las ciudades, lo que junto con la violencia delictiva y otros problemas sociales ha llevado a un alto contingente de la población a emigrar. Estados Unidos, el mayor destino de la migración, viven 2,8 millones de salvadoreños. Edición: Estrella Gutiérrez El artículo Triunfo de Bukele pone signo de interrogación a futuro de El Salvador fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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As inequality grows, the UN fights for a fairer world

UN SGDs - seg, 04/02/2019 - 18:54
The 2030 Agenda for Sustainable Development – the UN’s blueprint for a better and more sustainable future for all – calls for a reduction in inequality between and within countries. Nevertheless, global inequality is increasing. So what can be done?
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Emigración irregular desinformada es casi suicidio en Nigeria

IPS español - seg, 04/02/2019 - 13:00

Oficiales de campo voluntarios llevan a cabo una campaña contra la emigración irregular en lugares públicos del estado nigeriano de Edo. Crédito: Sam Olukoya/IPSPor Sam OlukoyaCIUDAD DE BENÍN, Nigeria, Feb 4 2019 (IPS) “No crea que si intenta realizar el viaje su suerte cambiará para mejor”, advierte una mujer en el concurrido mercado de Uselu, en Ciudad de Benín, capital del sureño estado nigeriano de Edo. “Muchos se embarcaron en el viaje y nunca lo lograron. Muchos están muriendo en el desierto del Sahara”, agrega. La mujer se refiere a un viaje que muchos en esta nación del occidente africano buscan realizar con la esperanza de conseguir una vida mejor para ellos y sus familias. Y es que el trayecto implica aventurarse en una ruta de migración irregular plagada de peligros. Sin embargo, en un irónico giro del destino, muchos nigerianos jóvenes que han intentado llegar a Europa de esta manera, cruzando el Sahara y el mar Mediterráneo, vuelven a casa y se dedican a hacer campaña en contra de esta práctica. Testimonios personales contra la emigración irregular Un grupo de 15 personas que intentaron emigrar y volvieron trabajan para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el marco de su programa Migrantes como Mensajeros en Nigeria. Se los conoce como “oficiales de campo voluntarios” y figuran entre los emigrantes nigerianos que, bajo la Iniciativa Conjunta para la Protección y Reintegración de Migrantes, la OIM y la Unión Europea (UE) trajeron de nuevo a su país desde Libia y otros países de tránsito. Desde el inicio del proyecto, en abril de 2017, más de 11.500 emigrantes volvieron a Nigeria luego de su fallido intento de llegar a Europa. Marshall Patsanza, de la OIM, lo describe como un programa en el que las campañas son entre pares y bajo el cual “los emigrantes que se embarcaron en el viaje a Europa a través de Libia comparten sus experiencias, informando a otros sobre los peligros” que supone el intento. La iniciativa incluye una serie de mensajes y videos publicados en las redes sociales de Internet, entrevistas en radios comunitarias y proyecciones comunitarias de una película sobre este tipo de migraciones. La campaña también tiene lugar en los medios de comunicación dominantes, así como en escuelas y en lugares públicos, como concurridas autopistas y mercados. Un viaje peligroso La campaña en el mercado de Uselu comienza con una oficial de campo voluntaria hablándoles a comerciantes y clientes a través de un megáfono. La mujer explica a su audiencia que las migraciones indocumentadas a través del desierto y hasta Libia, y luego cruzando el Mediterráneo hasta Europa, son muy peligrosas y nadie debería aventurarse en ellas, independientemente de las penurias que esté enfrentando en su país. Pero el mercado se alborota cuando ella critica esta práctica generalizada en el estado de Edo, donde las madres pobres alientan a sus hijos a embarcarse en ese riesgoso viaje con la esperanza de que en el exterior ganen mucho dinero que les permita sacar a sus familias de la pobreza. Edo es el estado nigeriano con mayor prevalencia de migraciones irregulares. Datos recabados por la OIM en el marco de su Iniciativa Conjunta con la UE muestran que alrededor de 50 por ciento de los emigrantes regresados de Libia desde abril de 2017 son oriundos de Edo. Es aquí que los voluntarios son más activos, esforzándose para garantizar una campaña exitosa. Y eso es lo que hacen ahora en el mercado de Uselu. Recesión económica impulsa emigración irregular De repente, cunde el enojo entre las mujeres presentes en el mercado. Al escuchar a la voluntaria advertir contra las madres que incitan a sus hijos a seguir la ruta libia, estalla una guerra de palabras. Las mujeres insisten en que este tipo de emigración se volvió inevitable por culpa de la mala situación económica en Nigeria, que ha dejado a muchas familias sumidas en la pobreza extrema. En 2017 el país empezó a recuperarse de su peor recesión en un cuarto de siglo. Pero el aumento de la inflación y un enlentecimiento en el sector petrolero, entre otros factores, deprimen el crecimiento económico. “Muchas de las buenas casas que hay en (Ciudad de) Benín se construyeron con dinero que enviaron los que se fueron al exterior a través de Libia”, dijo una mujer. Otra argumentó que es injusto pedirle a la gente que no viaje a Europa cruzando el desierto y el mar cuando no se le permite viajar por aire. El hecho de que madres y padres apoyen con tanta vehemencia la emigración irregular es uno de los principales motivos de que esta práctica esté tan generalizada en el estado de Edo. Esto, sumado a que la práctica tiene una larga historia de arraigo entre los lugareños -empezó en los años 80, tras una crisis en la economía nigeriana-, muchas veces dificulta el trabajo de los voluntarios. Historias traumáticas para cambiar puntos de vista Más allá de las dificultades, los relatos personales de los voluntarios son una herramienta efectiva en la concreción de sus campañas. También van munidos de afiches y folletos que ilustran las experiencias cercanas a la muerte que vivieron al intentar el viaje hacia Europa. El voluntario Jude Ikuenobe señala que, cuando se ve enfrentado a una situación similar a la ocurrida en el mercado de Uselu, siempre les habla a las personas sobre su encarcelamiento en Libia. Les muestra fotos, tomadas poco después de su regreso a Nigeria, donde se ve cuán escuálido quedó luego de su temporada en prisión. También les habla de cómo sus amigos murieron al cruzar el desierto del Sahara y el mar Mediterráneo. Como tradicionalmente los habitantes del estado de Edo son enterrados cerca de sus seres queridos, Ikuenobe a menudo destaca lo triste que es fallecer en un lugar como Libia, o cuán trágico resulta que dejen sus cadáveres tirados en el desierto, en vez de que sus familiares los entierren en su lugar de origen. Ikuenobe dice que cuando el público oye sus experiencias y ve sus fotografías a menudo se siente desalentado de intentar emigrar de esta manera. Un ámbito para compartir Algunos de los presentes en el mercado se sienten suficientemente en confianza para  compartir sus propias historias. Una mujer recuerda a su joven amiga que se ahogó en el mar mientras intentaba cruzar de Libia a Europa. Un hombre, Chinedu Adimon, cuenta que dos de sus amigos se ahogaron en iguales circunstancias. “Uno de ellos tenía dos hijas pequeñas”, dice. Muchas personas que no tienen noticias de sus familiares desde que estos se embarcaron en el viaje, se ven impactadas por la realidad de los peligros. Y se preguntan, entonces, qué les habrá pasado a sus seres queridos. Pius Igede rompe en llanto. Relata que hace poco su hija se fue a Europa siguiendo esta vía informal y que no sabe nada de su paradero. “Apenas me llamó por teléfono para decir que había salido del país. Ni siquiera sé dónde está ahora, si en Libia o en otro lugar que no conozco”, explica. Igede sospecha que algunos de sus otros hijos también planean irse a Europa. Y para él, los afiches y folletos que reparten los voluntarios pueden ser la manera de convencerlos de desistir. Cerrando una vital brecha de información Osita Osemene, de Iniciativas Ciudadanas Patrióticas, una organización no gubernamental que lucha contra las migraciones irregulares, dijo que los voluntarios lograron convencer a personas que circulaban por el mercado sobre los peligros de esta práctica porque tienen experiencia personal en el tema. “Habría sido muy difícil convencer a alguien en el mercado si los voluntarios hubieran sido personas comunes, sin experiencia en viajes irregulares”, dice Osemene, él mismo un emigrante retornado. Osemene explica que la falta de información sobre el verdadero impacto de las migraciones indocumentadas es un problema serio, porque muchas personas creen que quienes se embarcan en el peligroso trayecto a Europa realmente llegan a destino y tienen vidas exitosas. “Se sorprenden cuando se les muestra algunas de las cosas que viven (quienes se embarcan en esos intentos), cómo cruzan el mar en botes que pueden hundirse fácilmente”, señala. Según Ikuenobe, los voluntarios trabajan para cerrar una vital brecha de información. “Hay muchas madres que no poseen educación, muchas madres desesperadas por ver que a sus hijos les va bien, pero tenemos que hacerles entender que las migraciones irregulares no harán que les vaya bien”, dijo. Para Patsanza, el desempeño de los voluntarios en el mercado de Uselu muestra cuán efectivos pueden ser en el combate a las migraciones de este tipo. Ikuenobe dijo que la campaña se realiza de modo continuo, a fin de educar a la mayor cantidad posible de personas. “El mensaje es que, aunque las cosas estén mal en casa, no se justifica que la gente vaya y se suicide. Intentar viajar a Europa a través del desierto y el mar es como matarse”, aseguró. Artículos relacionados

El artículo Emigración irregular desinformada es casi suicidio en Nigeria fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.
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Exclusivo: documento revela descaso da Vale com o risco de morte em ferrovia

Pública - seg, 04/02/2019 - 11:00

Entre 2011 e 2017, a Vale S.A. registrou ao menos 1.228 pedidos de reclamação, denúncia, sugestão e solicitação de pessoas e comunidades atingidas pela Estrada de Ferro Carajás (EFC), segundo documento obtido com exclusividade pela Pública. A ferrovia, que escoa o minério de ferro das minas da companhia no Pará ao terminal de exportação no Maranhão passa por 27 cidades e atravessa mais de cem comunidades – muitas sem nenhum tipo de proteção ou meios de travessia seguros para a população.

O documento revela casos classificados pela companhia como de baixa, média ou alta criticidade, conforme o risco que representam. Também mostram de que maneira a Vale pretende atender às questões trazidas pelos afetados. Em alguns casos, a companhia chega a calcular o risco de não tomar providências, delineando qual seria o “pior cenário” para a companhia, se a reclamação apresentada não for atendida. Entre eles está uma demanda registrada como negada pela Vale em 2011 em que é solicitada à companhia a recuperação de uma drenagem numa passagem de veículos e pedestres no acesso à comunidade de Pedrinhas, em São Luís do Maranhão. Segundo o documento, no período de chuvas a região fica alagada, obrigando os moradores a assumir o risco de cruzar a linha férrea sem nenhuma proteção. O relatório também descreve qual seria o “pior cenário” em consequência da negação desse pedido de Pedrinhas, classificado como “de alta criticidade”: “Atropelamento com uma vítima fatal, motivando interdição da ferrovia pela comunidade para cobrar construção de viaduto, com repercussão negativa na mídia e redes sociais”. Outro pedido foi feito pela mesma comunidade, dessa vez se referindo a um acesso no km 7. Diz a companhia: “atualmente, o acesso à comunidade se dá por uma Passagem de Veículos (PV) que possui altura de 3,5 m, restringindo o trânsito de caminhões e ônibus. A Vale havia assumido compromisso de construir viaduto em 2010”, diz o registro de 2011. O “pior cenário”, se não cumprir a promessa, seria segundo a companhia: “Interdição da ferrovia motivada pela demora na construção do viaduto, com repercussão negativa na mídia”. Já em outro caso, moradores da Vila Maranhão, em São Luís, solicitaram melhoria na passagem de pedestres sob os dois viadutos ferroviários na estrada de acesso à comunidade. A companhia classificou o pedido como “de média criticidade” e avaliou qual seria o “pior cenário” se não tomasse providências: “acidente fatal com uma pessoa (podendo ser criança) durante a passagem sob o viaduto ferroviário, motivação de ação judicial, repercussão negativa na mídia e redes sociais”. Documento obtido com exclusividade pela Pública revela avaliação de “pior cenário” diante de possíveis negativas Em Marabá, no mesmo ano, há um registro de “risco de ocorrência ferroviária” na travessia de pedestres da comunidade Araguaia, no km 730. “Os relatórios indicam como um dos locais com maiores índices de quase atropelamento de pessoas”, diz o documento. O “pior cenário”, nesse caso, é descrito como “atropelamento com múltiplas vítimas fatais, com repercussão negativa na mídia”. Mais recentemente, em 2017, o relatório registra como negado um pedido de indenização à mineradora por causa de um atropelamento de uma criança numa passagem de nível no km 158, no município de Vitória do Mearim. “A Vale não irá indenizar a família da criança já que não tem culpa alguma da fatalidade”, relata o documento. Acidentes na Estrada de Ferro Carajás (EFC) já vitimaram 47 pessoas desde 2004, deixando mais de cem feridos, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). As comunicações de acidentes são feitas pela própria concessionária da ferrovia à ANTT. Entre os casos fatais em que a Vale foi processada, dois foram relatados pela Pública na reportagem Quando o trem passa – Vítimas e réus. Há pouco mais de dez dias a passarela desabou Reprodução/Blog Julio DinizKm 135: segundo a Vale, obra foi paralisada e queda está sendo investigada No último dia 22 de janeiro uma passarela desabou sobre a EFC na zona rural de Arari, na comunidade de Capim-Açu. O acidente, sem vítimas, aconteceu no km 135. Segundo o documento obtido pela Pública, o local tem histórico de pedidos de passagens seguras à Vale desde 2012. O pedido mais recente referente à região onde houve o desabamento é de 2017. “Solicitação dos vereadores e líderes comunitários presentes que citaram a situação das comunidades de Capim-Açu e Capo do Carmo I e II, que são comunidades que não possuem travessia segura […]”, relata o documento. Uma ação civil pública tramita desde 2016, fruto de uma investigação que o Ministério Público Federal (MPF) realiza com base em representação da ONG Justiça nos Trilhos, entidade que atua na defesa das populações afetadas pela EFC. A ação do MPF foca as condições de insegurança de travessia da EFC que provocam mortes por atropelamento e as paradas dos trens por longos períodos nos pontos utilizados para travessia, impedindo o trânsito de veículos e pessoas em suas atividades cotidianas. Uma vistoria foi apresentada pela ANTT em audiência na Justiça maranhense em dezembro do ano passado, após determinação judicial fruto da ação do MPF. A passagem em nível do km 135, de Capim-Açu, por exemplo, foi avaliada como “em estado crítico”. No relatório da ANTT, a solução apresentada informa que foi acertada entre a Vale e a comunidade a construção de passarela no local. Foi essa passarela que desabou recentemente. Pedidos por travessia segura são os mais numerosos Andressa Zumpano/Agência PúblicaEm Alto Alegre do Pindaré, moradores paralisaram a ferrovia após uma mãe se acidentar com o filho de colo Os pedidos relacionados a “acesso e travessia irregular” lideram as demandas registradas no documento, com 530 casos. Atropelamento e abalroamento são 26 registros. A interdição da ferrovia Carajás por protestos de moradores para exigir melhoria nas travessias são frequentes. Ironicamente, muitos deles acabam sendo processados pela Vale por interromper a passagem dos trens de minério como mostrou a reportagem Processados pela Vale, publicada pela Pública em 2017. Em um dos casos abordados na matéria moradores da Vila Fufuca, no município de Alto Alegre do Pindaré, Maranhão, paralisaram a ferrovia após uma mãe se acidentar com o filho de colo durante a travessia da linha férrea. Há anos eles pediam uma passarela segura, mas ela só foi construída meses após o acidente, que fez a mãe perder dois dedos e a criança, um dos braços. Como a mãe vitimada explicou à reportagem, é comum o trem parar no meio da comunidade, formando uma barreira que impede a circulação. A falta de passarela nas proximidades fazia com que as pessoas fossem obrigadas a passar por baixo do trem – mais exatamente, no vão entre a composição e os trilhos. O documento registra uma demanda de construção de passarela em 2011, ou seja, cinco anos antes, no mesmo local em que ocorreu o acidente com a mãe e a criança. “Travessia clandestina de alunos e moradores sobre a ferrovia na vila Fufuca, em Alto Alegre, no km 265. Passagem de pedestres e ciclistas dos bairros Vila Fufuca e Alto da Torre (lado esquerdo da EFC) sobre a ferrovia, para ter acesso a escola, hospital, mercado, centro comercial etc. (lado direito da EFC). O vetor de crescimento urbano é no sentido destes bairros”, descreve o documento. O pedido classificado como “de média criticidade” consta como negado no documento. Em 2017, a mineradora negou outra demanda classificada como “de alta criticidade”: a construção de uma passagem de nível no acesso do km 18, em Parauapebas, Pará. Segundo o documento, “existe um grande fluxo de crianças que utilizam dois acessos clandestinos. Foi informado que não há planejamento na empresa para a construção de PN [passagem de nível] no local”, diz o documento. Entre os 1.228 casos, 1.078 foram classificados como “concluídos” – a Vale não informou se as demandas foram atendidas; 92 casos foram “negados”, 42 estão “em andamento” e 16 “em análise”. Além disso, 459 foram classificadas como “de baixa criticidade”, 416 “de média criticidade” e 353 “de alta criticidade”. A planilha obtida pela Pública não será divulgada na íntegra para preservar as identidades de funcionários e membros das comunidades citados. Os empreendimentos envolvidos nas demandas são em sua maioria relacionados à EFC e sua expansão e à S11D logística, referente à mina no Pará, que entrou em operação em 2016 – “o maior projeto de minério de ferro da história da empresa e da indústria da mineração”, segundo a companhia. Posicionamento da Vale Procurada, a Vale mandou o seguinte posicionamento. “A Vale esclarece que desconhece o documento citado, assim como as informações e números nele apresentados. Informa, por oportuno, que, como parte integrante do processo de relacionamento com as comunidades localizadas ao longo da Estrada de Ferro Carajás (EFC), registra os contatos com estas comunidades e as solicitações encaminhadas à empresa de forma a garantir a gestão para o apropriado e respeitoso tratamento de cada questão. Em relação a Estrada de Ferro Carajás, a Vale informa ainda que conta com diversos pontos regulares de travessia que garantem a transposição segura da ferrovia. Conforme estudos da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Estrada de Ferro Carajás encerrou o ano de 2018 como a mais segura do país. A implantação destas e de novas estruturas para cruzamento da linha férrea envolve o diálogo com as populações ao longo da EFC, sendo cada solicitação avaliada considerando a legislação vigente, as normas da Agência reguladora, a viabilidade técnica e as especificidades de cada localidade. A causa da queda de parte da passarela, ainda em construção no km135, em Arari, está sendo investigada. A obra está paralisada.”

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Balas contra cacerolas: protesta popular es reprimida en Venezuela

IPS español - sex, 01/02/2019 - 15:25

Manifestantes en el barrio de Cotiza, en el norte de Caracas, donde se dio inicio a las protestas de sectores populares de la capital de Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro, el 21 de enero, que luego se extendieron por otras partes del país cuya represión ocasionó 40 muertes el primer mes del año. Crédito: Cortesía de EfectoCocuyo.comPor Humberto MárquezCARACAS, Feb 1 2019 (IPS) Las protestas contra la permanencia de Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela, los 10 últimos días de enero y bajo el ruido de cacerolas vacías en barriadas populares, se saldaron con un alto costo humano: más de 40 muertos, decenas de heridos y unos mil detenidos, entre ellos 100 mujeres y 90 menores de 18 años. En Catia, populoso sector obrero del oeste de Caracas, varios jóvenes murieron abaleados en las noches del 21 al 25 del mes pasado, mientras comandos de la Policía Nacional y la militar Guardia Nacional derruían barricadas improvisadas con basuras y con su presencia acallaban la protesta. “Lo lograron. Los vecinos dicen que en las calles donde cayeron varios de esos muchachos ya impera el silencio y la soledad desde las seis de la tarde. Los cacerolazos no han regresado”, relató a IPS el sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización  Provea, que lleva décadas registrando las violaciones a los derechos humanos en el país. Estas protestas tienen dos elementos especiales: se producen en barrios y sectores que hasta hace poco engrosaban la base social del gobierno y reflejan una ira en pobladores de los sectores más vulnerables ante el desplome socioeconómico venezolano, que convierte sus movilizaciones en “minicaracazos”, por recordar las violentas protestas de febrero de 1989, que se saldaron con centenares de muertos. Además, han quedado sumergidas dentro de la crisis institucional que vive el país desde enero y que han puesto a Venezuela como protagonista en la geopolítica mundial, con un pugilato  que se dirime también entre los gobiernos de Estados Unidos y otros países americanos y europeos, por un lado, y China, Rusia o Turquía, por otro. Maduro (56), quien gobernó el sexenio 2013-2019, juró el 10 de enero para un segundo período, tras ganar una elección en mayo de 2018, desconocida por el parlamento y la mayor parte de la oposición y de los gobiernos de América y Europa. La elección fue convocada fuera de lapsos legales por una Asamblea Nacional Constituyente integrada solo por adeptos al gobierno, el árbitro electoral proscribió a los principales partidos y dirigentes opositores, y una nube de irregularidades envolvió la campaña y el acto mismo del sufragio, según denuncias de organizaciones locales e internacionales. Por ello, la legislativa Aamblea Nacional, de mayoría opositora, desconoció la investidura de Maduro y el diputado que dirige el parlamento, Juan Guaidó (35), asumió el 23 de enero la condición de presidente encargado, ante una multitud en Caracas y mientras masivas concentraciones y marchas opositoras recorrían otras 50 ciudades. Desde el día 21, cuando 27 guardias nacionales se amotinaron en un cuartel en el barrio de Cotiza, el norte de Caracas, desconociendo a Maduro, estallaron cacerolazos, y grupos de vecinos en barriadas populares de la capital y el interior improvisaron barricadas contra las que actuaron fuerzas de uniformados y grupos civiles irregulares de simpatizantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En varias ciudades del interior hubo saqueos o conatos de saqueo contra algunos comercios. Organizaciones de Derechos Humanos cuestionan el empleo de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional en Venezuela para reprimir protestas populares, pues se trata de comandos preparados para el uso de fuerza letal. Crédito: PNB La represión entre los días 21 y 25 de enero dejó 35 personas muertas, decenas de heridos, por balas o perdigones (balines plásticos), y 850 detenidos. “Solo el día 23 hubo 696 detenidos, la mayor cantidad en una sola jornada de protestas en 20 años”, dijo a IPS el abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal, una organización que sigue especialmente el tema de los detenidos por razones políticas o sociales. El Foro contabilizó 12.480 detenciones arbitrarias desde Febrero de 2014 –año de las primeras protestas multitudinarias contra Maduro- hasta octubre de 2018, calificando a 1.551 personas como presos políticos, de los que aún quedaban 236 cuando produjo su informe. Pocos fueron liberados y la lista se engrosa con los detenidos este año. Desde que Maduro llegó  al poder en 2013, Provea y otras organizaciones humanitarias han contabilizado que murieron en el marco de protestas callejeras al menos 250 personas, incluyendo enero de este año. Periodismo acechado A finales de enero fueron detenidos en Caracas, mientras intentaban reportear, periodistas de la televisión chilena TVN, de la francesa TMC, del grupo brasileño RBS, de la agencia española EFE y de medios venezolanos que les acompañaban. Cinco de los 12 afectados fueron deportados. El gobierno argumentó que ingresaron al país sin permiso para realizar actividades periodísticas. Los gremios de periodistas denunciaron el incremento desde el 23 de enero del ya constante hostigamiento de que son objeto muchos de sus afiliados al cubrir protestas en las calles, y la organización no gubernamental Espacio Público contabilizó el año pasado 608 casos de violación a la libertad de expresión. Conductores de programas informativos de radio y televisión han denunciado, además, la imposición de autocensura por parte de emisoras y canales, sobre las actividades y posiciones de Juan Guaidó, tras autoproclamarse como presidente encargado, bajo la supuesta amenaza de cancelar sus licencias para operar. Romero destaca que el Estado aplica una “puerta giratoria”: cuando salen de la cárcel detenidos por razones políticas, generalmente bajo libertad condicionada, entonces entra otro grupo arrestado por razones similares. Este enero “la orden que recibieron las fuerzas de seguridad fue detener a quienes protestaban. Es claro que el gobierno decidió asumir el costo de parar la protesta en los sectores populares, que en el pasado respondían al chavismo y se han volteado en su contra”, aseguró. El chavismo es la fuerza política desarrollada por Hugo Chávez, quien presidió el país entre 1999 y su fallecimiento en 2013. Durante dos décadas fue dominante en los sectores populares urbanos que ahora se han volteado en forma creciente contra Maduro, exasperados por la carestía de los alimentos, el desplome de servicios como agua, electricidad, salud y transporte, y la escasez cada vez más aguda de medicinas o gas para cocinar. Rupert Colville, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijo en Ginebra el 29 de enero que “algo más de 40 personas han resultado muertas” y de ellas “al menos 26 murieron supuestamente por disparos de las fuerzas de seguridad o de los grupos armados progobierno durante las manifestaciones”. Provea sostiene que al menos ocho personas murieron en ejecuciones extrajudiciales en Caracas y dos ciudades de provincia cuando entraron a sus casas efectivos del grupo élite FAES (Fuerza de Acciones Especiales) de la Policía Nacional. “El FAES es un cuerpo con entrenamiento para acción letal, contra extorsión o secuestros, y no para manejar situaciones de orden público. Sus códigos y armamento, de alta letalidad, no guardan proporción con los cánones de uso proporcional y escalonado de la fuerza aplicables en situaciones de protesta popular”, advirtió Uzcátegui. Las detenciones, que incluyeron a 100 mujeres y al menos 90 niños, niñas y adolescentes, “se han hecho a modo de razias indiscriminadas, abonando  el propósito de sembrar el miedo para desalentar la protesta”, opinó Romero. Uno de esos casos es el de Jickson Rodríguez, de 14 años, paciente epiléptico tras un viejo trauma craneoencefálico. Tocaba cacerolas con amiguitos cerca de la barbería que opera su familia, la noche del 22 al 23 de enero en Villa Bahía, en Puerto Ordaz, urbe industrial a orillas del Orinoco, 500 kilómetros al sureste de Caracas, cuando unidades de la Guardia Nacional lo capturaron junto a otras seis personas y lo llevaron a un cuartelillo que cuida una planta siderúrgica. “Como yo no lloraba, a mí era al que daban más golpes. Le dije a los guardias ‘¿por qué nos dan golpes si ya estamos presos?’ y me dieron una cachetada (bofetada). Me daban cocotazos (golpes en la cabeza). Les decía ‘no, yo no puedo recibir cocotazos, sufro epilepsia, y me dijeron: ‘¡cállate, que tú eres un detenido!”, narró días después a familiares y periodistas. “Lo encontré, esposado, después de buscarlo por varios sitios de reclusión la tarde del día siguiente. Fue golpeado en la planta de los pies, para que no le quedaran marcas. Convulsionó mientras estuvo detenido y por eso me lo entregaron dos días después”, dijo a IPS su madre Rosmelys Guilarte (39), una peluquera que tiene además tres niñas. Al chico “lo acusaron en la policía judicial de participar en un saqueo que hubo a kilómetros de donde estábamos sonando cacerolas esa noche. Algo imposible. Tiene orden de presentarse a la autoridad cada 30 días. Trato de que descanse bastante, está muy afectado”, agregó desde su localidad. Para Uzcátegui “la estrategia del gobierno tiene tres componentes: la represión ante el descontento mayoritario de la población, apostar a que el actual conflicto político se desgaste y tratar de invisibilizar la crisis actuando sobre medios de comunicación y periodistas”. Edición: Estrella Gutiérrez El artículo Balas contra cacerolas: protesta popular es reprimida en Venezuela fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Degradación de tierras empeora brecha de género

IPS español - sex, 01/02/2019 - 11:00

Dos defensoras de la igualdad de género en el Caribe: la activista guyanesa Hazel Halley-Burnett y Ruth Spencer, del GEF -Antigua y Barbuda, reunidas en ocasión de la CRIC17. Crédito: Desmond Brown/IPSPor Desmond BrownGEORGETOWN, Feb 1 2019 (IPS) La degradación de los suelos amplía aún más la brecha de género donde sea que ésta exista,  por lo que abordar la inclusión femenina en las políticas públicas redundará también en el combate a la desertificación, concluyeron varios expertos reunidos esta semana en Guyana. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD, o UNCCD  en inglés), que entre sus principales puntos se propone la Neutralidad en la Degradación de las Tierras (NDT), subraya que, en los países en desarrollo, este fenómeno afecta a hombres y mujeres de modo diferente. Esto se debe en especial al desigual acceso a la tierra, al agua, al crédito, a los servicios de extensión y a la tecnología. También afirma que la desigualdad de género juega un rol significativo en la pobreza relacionada con la degradación de suelos, de ahí la necesidad de abordar en las iniciativas NDT las persistentes inequidades que atizan la pobreza femenina. En este contexto, Douglas Slater, secretario general adjunto para el Desarrollo Humano y Social en la Secretaría de la Comunidad del Caribe (Caricom),dijo que incluir asuntos de género en las políticas públicas es muy importante para su región en todos los aspectos del desarrollo sostenible. “Nos consta que, en varias ocasiones, nuestras mujeres tienen una gran participación en el trabajo agrícola, y tenemos que garantizar que continúen teniéndola, pero hay que poner a su disposición los recursos necesarios para que ellas realmente se comprometan a pleno” con la actividad, dijo Slater a IPS. Al tratarse de países pequeños, es necesario utilizar tecnología agrícola más eficiente, y también dar participación a todos los géneros, agregó. Slater señaló que, particularmente en lo relativo a la capacitación y el uso de maquinaria agrícola, hay un sesgo demasiado notorio hacia el género masculino. Añadió que hay que hacer más para convencer a los jóvenes de que la agricultura puede brindarles un buen sustento, y de que las mujeres son capaces y deben participar también. Slater dialogó con IPS en el marco de la 17 sesión del Comité para la Evaluación de la Implementación de la Convención (CRIC17, por sus siglas en inglés), que se realizó entre el lunes 28 y el miércoles 30 en Georgetown, Guyana. Al realizar cursos de capacitación, las instituciones agrícolas deberían tener en cuenta que las mujeres pueden operar tractores o gerenciar invernaderos, sostuvo Slater. “Ellas han demostrado que lo pueden hacer, y nosotros tenemos que alentarlas a hacerlo más”, destacó. Las mujeres representan 43 por ciento de la mano de obra agrícola mundial, y esta proporción se eleva a 70 por ciento en algunos países, por lo que la CNULD ha señalado la importancia de tener en cuenta los roles de género al elaborar políticas y leyes que promueven la Neutralidad en la Degradación de las Tierras. En África, por ejemplo, 80 por ciento de la producción agrícola procede de establecimientos pequeños, trabajados principalmente por mujeres rurales. Sin embargo, pese a ser mayoría en el sector de la pequeña agricultura, las mujeres no suelen tener garantizado el control sobre la tierra que cultivan ni sobre las ganancias derivadas de la comercialización de lo que producen. Esta falta de control se vincula a los derechos a la propiedad de la tierra en las áreas rurales, que habitualmente favorecen a los hombres. Mientras, el acceso de las mujeres a la tierra está determinado por su relación con el propietario de la misma. El cambio climático es un factor estrechamente relacionado con la degradación de suelos, lo que aumenta la incertidumbre en cuanto a la producción de las mujeres, su acceso a los alimentos y la estabilidad de los sistemas alimentarios. El año pasado, la CNULD organizó en Santa Lucía un taller técnico sobre un proyecto de Neutralidad en la Degradación de las Tierras a fin de aprender a implementar en el Caribe un manejo inteligente de la tierra, tanto en materia de cambio climático como de inclusión de género. También allí se analizó cómo mejorar y finalizar una propuesta conceptual de proyecto con la participación de todos los actores clave antes de buscar apoyo financiero del Fondo Verde para el Clima. La secretaria ejecutiva de la CNULD, Monique Barbut, dijo que las mujeres son las primeras en ser afectadas por las principales causas indirectas de la degradación de suelos. A saber: presión demográfica, tenencia de la tierra, pobreza y falta de educación. Por lo general, las mujeres son las primeras víctimas de todos estos problemas, dijo Barbut a IPS. “Eso es absolutamente anormal. En muchos países, las mujeres no tienen ningún derecho de propiedad” sobre la tierra, agregó. “Así que, ¿cómo se le puede pedir a una mujer que maneja tierra que lo haga bien, o que piense en el futuro, cuando la tierra nunca será suya?”, planteó. Las mujeres suelen tener menos educación que los hombres, dijo Barbut, y es esencial tener en cuenta este aspecto. Según ella, la CNULD pone de relieve todos estos temas en su plan de género. Barbut señaló también que las intervenciones en materia de Neutralidad en la Degradación de las Tierras pueden acarrear cambios positivos en las vidas de mujeres y niñas. Citó como ejemplo un proyecto que planea transformar 3.000 de las 5.000 aldeas de Burkina Faso en ecoaldeas, aportando hornos solares y agua potable. “Solamente con hacer eso estamos retirando seis horas de trabajo de los hombros de las mujeres, porque les lleva unas tres horas por día salir a conseguir alimentos que cocinar y otras tres ir a buscar agua”, explicó Barbut a IPS. “Queremos que esas mujeres salgan de (esa situación) para que puedan insertarse en programas de agroforestación que, por sobre todas las cosas, les aportarán ganancias económicas. Nos aseguraremos de que esas ganancias se destinen principalmente a la educación de los hijos y a centros de salud para los pequeños y para las mujeres en particular”, agregó. La degradación de suelos y las sequías afectan actualmente a más de 169 países. Las comunidades rurales más pobres son las que sufren los peores impactos. Estimaciones previas señalaron que, para 2025, aproximadamente 1.800 millones de personas (más de la mitad de ellas mujeres, niños y niñas) se verían perjudicadas por la degradación de las tierras y la desertificación. Pero estas proyecciones ya se han visto sobrepasadas de modo significativo, llegando a 2.600 millones los afectados en la actualidad. Artículos relacionados

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Salvadoreñas deportadas cifran esperanzas en producción avícola

IPS español - qui, 31/01/2019 - 15:37

La producción avícola está dando esperanzas para migrantes deportadas a quienes conforman la Asociación de Mujeres Activas Trabajando Unidas por un Futuro Mejor, en el caserío Los Talpetates, del municipio de Berlín, en el oriental departamento de Usulután, en El Salvador. Crédito: Edgardo Ayala/IPSPor Edgardo AyalaBERLÍN, El Salvador, Jan 31 2019 (IPS) La agricultora salvadoreña Lorena Mejía abre una incubadora y monitorea la temperatura de los huevos que muy pronto, al eclosionar y desarrollarse los pollos, le proveerán de más aves y huevos. Mejía es una de las beneficiarias de un proyecto que busca ofrecer emprendimientos productivos a mujeres que, como ella, han sido deportadas de México o de Estados Unidos, en su intento por alcanzar “el sueño americano”. “Me fui porque trabajaba en una fábrica en San Salvador, pero el dinero no alcanzaba”, contó a IPS esta mujer de 43 años, en el patio de su casa, en el caserío Talpetate, del municipio de Berlín, en el oriental departamento salvadoreño de Usulután. En 1998, y tras un peligroso periplo de varias semanas, Mejía logró establecerse en la ciudad estadounidense de Dallas, en Texas.“Las mujeres rurales son motores de la economía, y como FAO apoyamos a las personas retornadas mediante procesos inclusivos y equitativos que incidan en la disminución de las poblaciones migrantes”: Emilia González. Ahí trabajó en servicios de limpieza en una escuela y en un hotel, pero luego ella decidió regresar al país en 2001, con muchos sueños rotos. “Ahora estoy enfocada, junto a mis compañeras, en hacer crecer este proyecto”, narró. Mejía y otras agricultoras de la localidad fundaron en 2010 la Asociación de Mujeres Activas Trabajando Unidas por un Futuro Mejor, y concibieron una iniciativa que ofreciera oportunidades productivas a otras migrantes retornadas. Actualmente unas 40 mujeres conforman esa organización, 15 de las cuales están inmersas en la producción avícola, quienes han recibido el apoyo técnico del estatal Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (Centa), así como de la oficina en El Salvador de la Organización de las Naciones unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El resto le está apostado a las actividades agrícolas típicas de la zona rural salvadoreña y del caserío Talpetate: la producción de maíz y frijoles. Pese a la importancia que para la organización de mujeres tiene el apoyo de Centa y FAO en este plan, el Estado salvadoreño como tal aún no desarrolla una estrategia como tal para lograr la reinserción económica de la población retornada, y en particular de las mujeres. “A veces lo que una necesita es un empujoncito”, acotó Mejía. En esa pequeña comunidad rural de Tapelte, compuesta por unas 70 familias, el empleo es escaso y la pobreza campa a sus anchas. Según cifras oficiales, publicadas en mayo del 2018, 32,1 por ciento de hogares salvadoreños se encuentran en pobreza en el campo, comparado con 27,4 por ciento en las ciudades. El proyecto, que arrancó en noviembre del 2018, proveyó a cada familia participante de 25 gallinas para que produjeran huevos y estos, a su vez, con el tiempo, más gallinas y pollos. Dennis Alejo, otro salvadoreño deportado cuando intentaba cruzar al territorio estadounidense, ha encontrado en la producción de tomates la mejor forma de abrirse un camino y generar un puñado de empleos en su natal Berlín, en el departamento de Usulután, en el este de El Salvador. Crédito: Edgardo Ayala/IPS Según los cálculos de las participantes, los ingresos por la venta de huevos son todavía modestos. Pero cuando la producción haya aumentado, con el correr de los meses, obtendrían alrededor de 200 dólares mensuales, como colectivo. Ese dinero se reinvierte en la pequeña granja colectiva, a fin de mejorar y aumentar la producción, con más incubadoras e infraestructura. “Las mujeres rurales son motores de la economía, y como FAO apoyamos a las personas retornadas mediante procesos inclusivos y equitativos que incidan en la disminución de las poblaciones migrantes”, indicó a IPS la representante asistente de Programas del organismo en El Salvador, Emilia González. Un componente importante del proyecto es que sirva también de apoyo a la sostenibilidad alimentaria, pues un porcentaje de la producción de huevos y carne de ave se destina al consumo familiar. “Nos ahorramos el dinerito que utilizaríamos para comprar unas libras de pollo”, explicó a IPS otra de las beneficiarias, Marlene Mejía, de 46 años. Ella también intentó llegar a Estados Unidos, en 2003, de forma irregular. Pero apenas logró cruzar México, en un poblado cuyo nombre nunca conoció. Ahí pasó mucha hambre, narró. Y tras varios días de encierro, en una casa regentada por traficantes de migrantes, decidió regresar al país. La migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos es uno de los fenómenos que ha marcado a este pequeño país centroamericano, de 7,3 millones de habitantes. Se calcula que al menos unos 2,8 millones de salvadoreños viven en los Estados Unidos, en un éxodo que se intensificó en la década de los 80, cuando El Salvador vivió una cruenta guerra civil (1989-1992). Tres aviones llegan semanalmente al país desde los Estados Unidos con personas deportadas, además de tres buses procedentes de México. De acuerdo a estadísticas oficiales, más de 26.000 salvadoreños fueron repatriados en 2018, principalmente de México y Estados Unidos. Una cifra muy alta pero 1,2 por ciento inferior respecto al 2017, cuando la cifra alcanzó las 26.837 personas. Marlene Mejía se dedica además, desde hace cuatro años, a la elaboración de pupusas, el plato más popular en El Salvador: una tortilla de maíz rellena de frijoles, queso y chicharrón, entre otros ingredientes. “Si una tiene trabajo aquí, ¿para qué va a ir a sufrir allá?”, se preguntó. El gobierno salvadoreño ofrece algunos apoyos para la reinserción económica de la población retornada, por medio del proyecto llamado “El Salvador es tu casa”, lanzado en octubre de 2017. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, unas 147 personas recibieron capital semilla para iniciar emprendimientos, dentro de un proyecto de reinserción económica y psicosocial, mientras en otro proyecto piloto de inserción productiva de Usulután está destinado a 208 personas. Pero son cifras irrisorias en cuanto al número de beneficiarios, dada la magnitud de las deportaciones y los problemas económicos del país, por lo que la mayoría de repatriados no encuentra ninguna estabilidad económica, y los aportes gubernamentales se quedan cortos. “Evidentemente eso es insuficiente, hace falta un esfuerzo territorial más fuerte para poder brindar opciones a la gente cuando llega a sus lugares de origen”, señaló a IPS el investigador en temas de migración, Jaime Rivas, de la Universidad Don Bosco. Algunos retornados, por su propia cuenta, logran montar su propio proyecto, con escaso o nulo apoyo gubernamental o internacional. Dennis Alejo, de 30 años, intentó cruzar la frontera estadounidense cinco veces, en diferentes momentos, desde 2010. La última ocasión, en 2015, logró llegar a las cercanías de San Antonio, en Texas, pero el grupo de migrantes con el que llevaba atravesando por siete días el desierto fue interceptado por la “migra”, como popularmente llaman los migrantes a los agentes del estadounidense Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Pero él logró huir y se internó en el monte. “Toda la noche pasé abrazando el charral (matorral) para esconderme de un helicóptero con un reflector, que me buscaba”, narró a IPS. Ahora, con su propio esfuerzo, y venciendo toda clase de obstáculos, Alejo cultiva tomates de buena calidad en un terrenito que alquila, en Berlín,  gracias a las 1.800 plantas que sembró tres años atrás. Ofrece además empleo como recolectores a una docena de jóvenes, y de ese modo, él siente que está evitando que más muchachos arriesguen su vida atravesando desiertos para llegar a Estados Unidos. “No es mucho lo que les pago, son cinco dólares diarios, pero si tuviera más apoyo, podría dar empleo a más gente”, acotó. Porque, de nuevo, Alejo también se enfrenta a la falta de apoyo financiero para montar un sistema de riego que mejore y aumente la producción. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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