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La represión aleja, por ahora, solución política de la crisis en Venezuela

IPS español - ter, 26/02/2019 - 16:49

Un joven herido por una bala durante las protestas en Santa Elena de Uairén, es transportado en una motocicleta por otros jóvenes, durante las protestas después que se impidió el sábado 23 el ingreso de ayuda de alimentos y medicinas desde la cercana frontera de Brasil, a más de 1.260 kilómetros al sureste de Caracas. Crédito: Cortesía de pobladores de Santa Elena de UairénPor Humberto MárquezCARACAS, Feb 26 2019 (IPS) La violenta represión que impidió traspasar las fronteras de Venezuela con ayuda en alimentos y medicinas, con un saldo preliminar de cuatro muertos y 58 heridos de bala, aleja soluciones a la mayor crisis política que se vive en América Latina, aunque en su búsqueda 10 países del hemisferio aumentan la presión y a la vez descartan el uso de la fuerza. Pero para Estados Unidos “todas las opciones están sobre la mesa”, incluida el uso de la fuerza militar, según dijo el presidente Donald Trump y recordó su vicepresidente, Mike Pence, a los 10 gobiernos del Grupo de Lima reunidos el lunes 25  en Bogotá para tratar el tema de Venezuela. Los vecinos de Venezuela “no quieren guerra pero siguen batallando por una solución política que implique la salida (del poder) del presidente Nicolás Maduro. Al reprimirse el ingreso de camiones con ayuda humanitaria se tiene una excusa para incrementar la presión política, económica y diplomática sobre el régimen”, dijo Carlos Romero, profesor de postgrado en ciencias políticas en dos universidades públicas de Caracas. La ayuda internacional acantonada en zonas limítrofes de Colombia, Brasil y la vecina isla holandesa de Curazao consistió en unos cientos de toneladas de insumos médicos, algunos medicamentos para emergencias y suplementos alimenticios que el líder opositor Juan Guaidó ordenó pasar a través de la frontera el  día 23. Venezuela, de 32 millones de habitantes, de los que más de tres millones han emigrado en los últimos cinco años según fuentes de las Naciones Unidas, padece una crisis económica y social marcada por una hiperinflación que se mide en millones por ciento anual,  así como el colapso de su sistema público de salud y el desplome de otros servicios públicos esenciales. Cifras de un estudio de las tres principales universidades de Caracas indican –a falta de cifras oficiales desde hace al menos tres años- que la pobreza afecta a 80 por ciento de la población, en lo que marca una caída de 56 por ciento del producto interno bruto en los últimos cinco años. El gobierno de Maduro militarizó y cerró las fronteras al considerar la operación de ingreso un pretexto para una intervención militar extranjera, la cual impulsaría la oposición reunida en torno a Guaidó, presidente del parlamento que asumió la titularidad interina del Ejecutivo el 23 de enero. Dos camiones que avanzaron unos pocos metros en uno de los puentes de la frontera con Colombia, a unos 860 kilómetros de Caracas, se incendiaron al repeler guardias venezolanos a jóvenes que avanzaban junto a los vehículos, mientras en las vecinas ciudades de Ureña y San Antonio uniformados y civiles armados dispersaban a tiros conatos de marchas opositoras para tratar de recibir la ayuda. En el extremo sudoriental del país, asiento del pueblo pemón, cientos de indígenas trataron desde el día 22 de bloquear el acceso de militares destinados a impedir el ingreso de vehículos con ayuda procedente de Brasil. Los militares se abrieron paso a tiro limpio, según denunciaron dirigentes indígenas, con el resultado comprobado de cuatro muertos y otros 25 heridos de bala, informó Alfredo Romero, director de la organización humanitaria Foro Penal. Grupos indígenas lograron retener durante más de 24 horas a varios oficiales que comandaban a los militares, pero luego “unos 70 vehículos, entre ellos autobuses llenos de uniformados, los liberaron a su paso hacia Santa Elena de Uairén”, relataron a IPS vecinos de esa ciudad próxima al límite con Brasil, a 1.260 kilómetros de Caracas. Responsables indígenas se ocultan en el campo y en Santa Elena opera un toque de queda de facto, según los mismos vecinos, que brindaron a IPS muy duros testimonios en videos y fotografías sobre lo ocurrido allí, mientras la dirección opositora y los medios estaban concentrados en los sucesos de la frontera con Colombia. Dirigentes opositores han denunciado el asesinato de al menos 15 personas en la zona y el Foro Penal registró nueve casos de desaparecidos desde el sabado 23. En Ureña y San Antonio, suroeste fronterizo con Colombia, más de 20 personas resultaron heridas de bala, disparadas por uniformados o civiles armados que cubrían sus rostros con pasamontañas, según reportes de periodistas en la zona. También fueron reprimidas en el interior del país varias demostraciones opositoras en respaldo al ingreso de la ayuda internacional.Dos presidentes para una crisis La crisis venezolana se aceleró después que el 10 de enero Nicolás Maduro asumió un segundo mandato de seis años, reivindicando su victoria en una elección del 20 de mayo de 2018. Pero esos comicios fueron convocados a destiempo, por una Asamblea Nacional Constituyente integrada solo por oficialistas, con la mayoría de partidos de oposición ilegalizados, varios de sus principales líderes presos o inhabilitados, y un árbitro electoral controlado por el gobernante Partido Socialista Unidos de Venezuela. La oposición desconoció la elección y el resultado, y lo mismo hicieron Estados Unidos, Canadá, una docena de gobiernos de América Latina y el Caribe, la Unión Europea y algunos otros países. De allí nace la exigencia de una nueva elección presidencial “libre, transparente y creíble”. La Asamblea Nacional, parlamento de mayoría opositora elegido en 2015 y único poder fuera del control de Maduro, aplicó por analogía una norma constitucional según la cual está vacante la presidencia al no haber una elección válida, Maduro es “usurpador” y debe ocupar el cargo provisionalmente el presidente del parlamento. Juan Guaidó, a quien le había tocado por turno ostentar ese ese cargo desde el 5 de enero, asumió esa responsabilidad ante una marcha multitudinaria en Caracas el 23 de enero, y desde entonces le han reconocido más de 50 gobiernos, principalmente de América y Europa, además de otros como Japón. Mientras tanto, al menos 326 militares y policías venezolanos, entre ellos varios oficiales de rango medio, han desertado desde el día 23 y huido principalmente a Colombia. Los militares fueron objeto de un nuevo llamado desde el Grupo de Lima (ad-hoc, esta vez integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y la Venezuela-Guaidó), y de Estados Unidos, para que dejen de respaldar a Maduro y reconozcan y obedezcan como su comandante a Guaidó. El Grupo asentó que “la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza”. Esa renuncia por ahora al empleo de la fuerza “contraría a gente radical de la oposición venezolana que está desesperada al no encontrar una rápida salida”, observó Romero en su diálogo con IPS. La apelación a la fuerza “ha ganado terreno, por el atrincheramiento del gobierno, cerrado a toda vía alternativa que implique ceder poder,  en una especie de lucha existencial”, dijo a IPS Luis Salamanca, también docente de posgrado en ciencias políticas en la Universidad Central. Destacó una frase de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, horas después de los violento sucesos en las fronteras, en el sentido de que la determinación del gobierno “es una pequeña parte de lo que estamos dispuestos a hacer”. Washington incrementó el bloqueo financiero y de activos sobre el Estado venezolano, así como medidas sobre visas y bienes de sus autoridades, en tanto el Grupo de Lima decidió aumentar las denuncias internacionales y el cerco diplomático y político sobre Maduro. Romero advirtió sin embargo que en la aceleración de la crisis en lo que va de 2019 “no ha funcionado ningún elemento de moderación: murieron al nacer la iniciativa de equilibrio entre México y Uruguay, el grupo de contacto de la Unión Europea y algunos países americanos, así como la insinuación del papa Francisco para mediar si lo solicitaban las partes”. Mientras el gobierno se atrinchera, la oposición venezolana “está obligada a imaginar y desarrollar acciones que mantengan viva la esperanza de la gente, para que no cunda el desánimo después de que no se logró el objetivo de que ingresaran camiones con la ayuda”, señaló a IPS el experto en opinión pública  Félix Seijas,  director de la firma encuestadora Delphos. Los especialistas consultados coincidieron en que la oposición dirigida por Guaidó erró al plantear el ingreso “sí o sí” de la ayuda el día 23 como una suerte de batalla decisiva, cuando lo que puede darle frutos es insistir en que su llamado a “restablecer la democracia” es un proceso con muchos pasos. Salamanca subrayó que “el gobierno parece firme, pero con cada hora que pasa se mueven nuevas piezas, y existe una corriente subterránea que va desmoronando la bases en las que se sustenta. La deserción de militares es una señal muy llamativa a ese respecto”. Por ahora,  la cúpula que dirige la Fuerza Armada Bolivariana se exhibe completamente leal a Maduro. Mientras, en el escenario internacional, Estados Unidos, el país con la mayor capacidad de presión en el hemisferio, solicitó una nueva reunión sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esta vez con respaldo del Grupo de Lima, que calificó la crisis en el país petrolero como “una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región”. Edición: Estrella Gutiérrez El artículo La represión aleja, por ahora, solución política de la crisis en Venezuela fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Esclavitud moderna, el crimen organizado en su máxima expresión

IPS español - ter, 26/02/2019 - 13:14

La Red Safe Haven calificó la trata y el tráfico de personas como “la mayor actividad criminal internacional, superior al narcotráfico y a la venta ilegal de armas”. Crédito: Cortesía ONU. Por Thalif DeenNACIONES UNIDAS, Feb 26 2019 (IPS) Más de 40 millones de personas viven en condiciones de esclavitud en el mundo, entre ellas 25 millones realizando trabajos forzosos y 15 millones en matrimonios forzados, 71 por ciento de las cuales son mujeres y niñas, concluyó un exhaustivo estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y la situación podría haber empeorado desde que se publicó “Estimaciones Mundiales sobre la Esclavitud Moderna”, en 2017, realizado en colaboración con la Fundación Walk Free. La Red Safe Haven, con sede en Chicago, calificó la trata de personas como “la mayor actividad criminal internacional, superior al narcotráfico y a la venta ilegal de armas”. En la actualidad, la esclavitud y la discriminación racial son dos lados de la misma moneda en Estados Unidos, donde el racismo se hizo más visible bajo la bandera nacionalista de la “supremacía blanca”, resurgida con el demagógico gobierno de Donald Trump. A pesar de estar prohibida en todas partes del mundo, la esclavitud adoptó nuevas formas como la trata y el tráfico de personas, el reclutamiento de niños soldados, el matrimonio precoz, la servidumbre doméstica, tanto en el Sur como en el Norte global. Los trabajadores migrantes, ya sea en plantaciones de naranja en Italia o en la construcción, en Qatar, están en riesgo, puntualizó Karolin Seitz, oficial de programa para responsabilidad corporativa y derechos humanos de Global Policy Forum, con sede en Bonn, en diálogo con IPS. La experiencia muestra que los compromisos voluntarios de las compañías trasnacionales no son suficientes, puntualizó. No alcanza porque países como Gran Bretaña, con su Ley contra la Esclavitud, Australia, con su Ley sobre la Esclavitud Moderna, o Francia con su Ley de Vigilancia, llegaron a la conclusión de que solo funcionan las normas vinculantes. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud de los refugiados y migrantes en Europa concluyó que los trabajadores migrantes tienen más probabilidades de trabajar una cantidad excesiva de horas en empleos riesgosos y sin las medidas de seguridad adecuadas y sin quejarse. Las víctimas de trata o tráfico quedan fuera del radar de las autoridades y no tienen acceso a la justicia, observó Seitz. Según ella, para eliminar las ventajas competitivas que ofrece la esclavitud moderna, la trata de personas y la contaminación ambiental, los mecanismos de derechos humanos necesarios deben ir más allá de los límites fronterizos, opinó Seitz. Por su parte, la secretaria general de la Confederación Internacional de Sindicatos (ITUC, en inglés), Sharan Burrow, dijo a IPS que la desigualdad y la esclavitud moderna van de la mano para millones de personas. Pero es posible terminar con esta última. “La esclavitud moderna está en todas partes, desde el kafala (sistema en que trabajadores migrantes tienen un patrocinador local, responsable de su visa y su estado legal) en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, pasando por las haciendas de Paraguay y la pesca en Tailandia y Filipinas, hasta la agricultura en Italia”, observó. “Es una cuestión de voluntad política generar los cambios legales y garantizar la libertad de asociación, que derivará de exponer el escándalo y de las campañas de trabajadores, consumidores y sindicatos. Los gobiernos deben ejercer presión sobre las corporaciones, la gente lo reclama”, añadió. La directora de la oficina en Medio Oriente y África del norte de Igualdad Ya, Dima Dabbous, dijo a IPS que la OIT estima que hay 1,6 millones de mujeres migrantes en la región viviendo bajo el kafala. En los países del Golfo, las trabajadoras migrantes se encuentran en una situación vulnerable pues trabajan en el ámbito doméstico, sujetas a un empleador sin poder renunciar ni cambiar de empleo ni irse del país sin el consentimiento de su patrocinador, el que las puede amenazar con deportarlas en caso de que protesten por las condiciones laborales, precisó. En esas condiciones, abusos como restricción de movimiento, retención del pago y agresión física y sexual son moneda corriente. Y en casos extremos, causaron la muerte de alguna mujer, indicó Dabbous, exdirectora del Instituto de Estudios de Mujeres en el Mundo Árabe. En Líbano se lograron ciertas mejoras en el tipo de contratos que regulan el trabajo de mujeres migrantes que realizan tareas domésticas, como descanso semanal, el pago en fecha del salario y que las que sufren abusos recurran a las autoridades. Pero no se logró un gran cambio porque los contratos no están escritos en una lengua que hablen las empleadas migrantes ni las autoridades velan por su cumplimiento. “Los empleadores les siguieron confiscando los pasaportes, todavía no tienen un día de descanso semanal y tienen muy pocas posibilidades de quejarse ante las autoridades o de denunciar un abuso”, se lamentó Dabbous. La OIT y otras organizaciones no gubernamentales internacionales deben seguir denunciando el sistema de kafala que hace que las mujeres migrantes queden sujetas a sus empleadores como si fueran esclavas, subrayó. Además, la comunidad internacional debe ayudar a las organizaciones locales a abolir o reemplazar ese sistema. Las leyes, si bien tienen falencias y presentan dificultades en su implementación, obligan a las grandes compañías a realizar declaraciones precisando el riesgo de esclavitud en su cadena de suministro, así como las acciones que toman para evitarlo, destacó Seitz, de Global Policy Forum. Otros países, en cambio, todavía creen en medidas voluntarias. El Plan de Acción Nacional de Alemania para la implementación de los Principios Guía de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos carece de responsabilidad, en parte también por la gran presión de las empresas. A fin de fijar estándares comunes y sólidos a escala mundial, los Estados deben apoyar el proceso actual en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para crear un tratado vinculante que regule a las empresas transnacionales en cuestiones de derechos humanos, instó. El documento debería requerir que los Estados establezcan la obligatoriedad de la diligencia debida en materia de derechos humanos, que las compañías se hagan responsables por romperla en casos de violación y que eliminen los impedimentos que tienen las víctimas para acceder a la justicia, precisó Seitz. El trabajo es más inseguro en el mundo, con el predominio de contratos a corto plazo, y aumentan el trabajo informal y la esclavitud moderna, puntualizó Burrow, de ITUC. La desigualdad de ingresos hace que la gente acepte empleos en condiciones de explotación, lo que impide a los trabajadores ejercer sus derechos. “Cuando hay salarios bajos y no hay un empleo decente, cuando no hay sindicatos que representen y defiendan los derechos de los trabajadores, se crean las condiciones que llevan a la esclavitud moderna”, apuntó. La debida diligencia y la transparencia son clave para poner fin a la esclavitud moderna en la cadena de suministro, subrayó. Cuando las corporaciones asumen su responsabilidad con la debida diligencia y, por consiguiente, le dan transparencia a su cadena de suministro, es posible crear procedimientos de reclamo que pueden facilitar una solución a violaciones laborales, desde el trabajo forzado a un sueldo por debajo del salario mínimo. Una ley sobre debida diligencia con nuevo mandato se está por adoptar en Francia, y otros países como Alemania y Holanda se preparan para seguir el mismo camino, apuntó. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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O media training do general Mourão

Pública - ter, 26/02/2019 - 12:08

Ao chegar eufórico ao gabinete de seu superior para revelar uma ideia que repentinamente lhe viera à cabeça, o tenente-coronel Alexandre Lara de Oliveira foi recebido com uma ducha de água fria. “Para que sua ideia serve?”, perguntou o superior, que, não vendo nada de útil para solução de problemas da caserna no brilhante lampejo, emendou: “Se sua ideia não serve para nada, então abandone”.

Oliveira aprendeu a lição. Nos últimos 12 anos, depois de ter deixado São Luiz Gonzaga, na fronteira com a Argentina, com a patente de capitão de cavalaria do Exército, o atual secretário de Imprensa do presidente Jair Bolsonaro mergulhou nos estudos para agregar à experiência militar graduações em jornalismo, publicidade, propaganda e marketing, com pós em gestão de crise. Como se vê, ferramentas imprescindíveis num governo que mal começou e já sofre baixas com potencial de estrago.

“Todo governo passa ou passará por crises”, diz ele, com a tranquilidade de quem, antes de aceitar o convite do general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para assumir a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, foi um dos responsáveis pela mudança de imagem, postura e de conteúdo do surpreendente general Antônio Hamilton Mourão que emergiu em 2019.

Mourão em nada lembra o general afastado do Comando Militar do Sul em 2015 por incitar a tropa para um “despertar patriótico” contra o governo e por defender o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff como alternativa de “descarte da incompetência, da má gestão e da corrupção”. Nem o general que, transferido à mesma época para uma função burocrática na Secretaria de Finanças do Exército, pregou um novo golpe militar para derrubar Michel Temer e acabou sendo obrigado, como punição derradeira na ativa, a vestir o pijama. Pouca gente percebeu, mas nas últimas três semanas de 2018 um transformado Mourão frequentou discretamente o serviço de comunicação do Exército. Ao alvorecer e ao pôr do sol, Alexandre Lara de Oliveira, misto de jornalista, marqueteiro e militar, comandou sessões de media training com duração de 30 minutos, nas quais o general foi submetido a rigorosas sabatinas, nas quais nenhum tema era tabu. Das questões administrativas dos negócios de governo à política, o general foi provocado sobre tudo: Lula, PT, aborto, evangélicos, direita, esquerda, corrupção no governo, crises e, enfim, o que se tornará pauta jornalística obrigatória nos próximos quatro anos. O general se deixou levar e não resmungou nem diante de temas e perguntas picantes, aquelas em que o assessor faz as vezes de advogado do diabo, colocando o assessorado contra a parede. “Fomos até o limite da autoridade”, conta Oliveira. O treinamento aplicado a Mourão é baseado no entendimento de que, independentemente de ideologia, política e imprensa andam na mesma trilha. O político, segundo essa compreensão, precisa focar nas questões de Estado, entender a lógica da notícia, falar ou responder sempre com o que é mais importante, ou, no jargão profissional, o que dará um bom lide. “O general Mourão é um homem preparado. Absorveu rapidamente o que interessava e passou a se expressar de forma mais produtiva no contato com a imprensa”, elogia Oliveira. Disciplinado e aplicado, o general seguiu à risca um programa de treinamento em que a análise de temas e de cenários era baseada em três fases simples: introdução, desenvolvimento e conclusão, aplicáveis tanto em entrevistas quanto em palestras. “Ele aprendeu a entender o que os jornalistas buscam, que é o lide”, afirma Oliveira. Professor de comunicação institucional em entidades estatais como o Ministério Público e Academia Nacional da Polícia Federal, sem se descuidar, naturalmente, do aperfeiçoamento nas artes militares, o tenente-coronel diz que Mourão absorveu com facilidade os objetivos do media training. Uma dose de paciência aqui, outra ali, e logo nos primeiros dias de governo, no comando interino, Mourão se sentiu à vontade para falar com jornalistas, sem repetir tiradas como o conselho sobre as regras básicas que um homem deve seguir depois dos 60 anos: “Jamais despreze o banheiro; nunca desperdice uma ereção; em hipótese alguma confie num peido”, disse, numa conversa informal, em tom de brincadeira, mas devidamente registrada pelo repórter que traçou seu perfil na revista Piauí de dezembro do ano passado. O Mourão de 2019 já dispensa o vocabulário golpista, o linguajar chulo e não envereda mais por declarações ofensivas, como quando afirmou num evento que “o brasileiro herdou a cultura de privilégio dos ibéricos, a indolência dos indígenas e a malandragem dos africanos”. O general adaptou-se com incrível rapidez às orientações dos marqueteiros verde-oliva. Os políticos em geral se surpreenderam com a metamorfose. Em vez do brucutu autoritário, o Mourão desse início de governo tem se revelado um democrata versátil, um político atencioso até com antigos adversários, ao ponto de parecer próximo às correntes progressistas achincalhadas sem trégua pelos seguidores do capitão. Ao contrário do que disseram os integrantes do clã Bolsonaro, por exemplo, Mourão disse considerar graves as ameaças contra o ex-deputado Jean Wyllys, afirmou que é a mulher que deve tomar a decisão em caso de aborto, defendeu investigação sobre as suspeitas que pairam sobe o senador Flávio Bolsonaro e – “traição” suprema a quem costurava acordos com Israel e Estados Unidos – recebeu uma delegação palestina e se opôs ao alinhamento automático com qualquer país. Fogo amigo O “fogo amigo” não demorou e partiu de todos os lados: dos evangélicos, dos filhos do presidente e dos principais pensadores de direita que fazem a cabeça dos Bolsonaro. A artilharia mais pesada partiu do guru do presidente, o filósofo Olavo de Carvalho. “Mourão, você não tem vergonha de puxar o saco desse Jean Wyllys e nada fazer em minha defesa?”, afirmou o filósofo num dos vídeos que costuma divulgar pela internet. Carvalho disse ainda que, enquanto os israelenses socorriam vítimas da tragédia de Brumadinho, “o Mourão estava trocando beijinhos com a delegação palestina” e prometendo que a embaixada brasileira não será transferida para Jerusalém, como prometera Bolsonaro. Wilson Dias/Agência BrasilO vice-presidente, general Hamilton Mourão, participou de sessões de media training organizadas pelo secretário de imprensa do governo, Alexandre Lara de Oliveira O general deu de ombros e, com desdém que está se tornando comum no novo layout, perguntou aos jornalistas que o abordaram quem se importava com as opiniões de Olavo de Carvalho, lembrando que o guru não poupara nem o general Augusto Heleno. Indagado como o general reage nos bastidores às críticas de Carvalho, o conselheiro informal tão empoderado que indicou dois ministros, o da Educação e de Relações Exteriores, o tenente-coronel Oliveira foi buscar uma expressão na terra natal. “Não se gasta pólvora com chimango”, disse, apressando-se a explicar que a frase era dele, e não do general. É um jeito de dizer que o adversário não vale uma briga. Na história dos conflitos rio-grandenses entres os velhos caudilhos, os chimangos sempre estiveram ao lado das forças militares governistas contra os maragatos, que eram oposição. Em vez de tiro de espingarda ou garrucha contra inimigos, que exigia pólvora, os maragatos usavam a arma branca, com frequência também na degola de adversários aprisionados. O general Mourão tem sido uma espécie de maragato. Fruto de sua personalidade, e também do marketing verde-oliva, assumiu um papel de contraponto ao governo. Ainda no primeiro semestre deste ano, em data ainda não definida, visitará China, onde participará da reunião de cúpula dos países do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Maior parceiro comercial, a China ainda não esqueceu as ofensas de Bolsonaro, que mesmo depois de eleito tratou o gigante asiático como um predador que, em vez de comprar no Brasil, “quer comprar o Brasil”. A maior tarefa de Mourão no encontro será apaziguar as relações com a China. De Etchegoyen a Mourão Oliveira vem debelando crises desde o governo Michel Temer, onde trabalhou como assessor do general Sérgio Etchegoyen no GSI. Encerrada a eleição, passou a assessorar diretamente o general Mourão, até ser chamado para a Secom em meados de janeiro, onde faz a interface entre o gabinete presidencial e jornalistas. Sua tarefa agora é, entre outras demandas do dia a dia, ajudar o governo a aprovar a DRU (Desvinculação das Receitas da União), cujo engessamento restringe os investimentos a 6% do orçamento, as reformas da Previdência e tributária, e tentar mostrar à sociedade que o estamento militar que chegou ao poder com Bolsonaro, em analogia à metamorfose de Mourão, desvencilhou-se dos vínculos que marcaram as gerações ligadas à ditadura. O coronel diz que os segmentos civis que ainda enxergam os militares com um pé nos anos de chumbo raciocinam “pelo retrovisor” e estão “45 anos atrasados no tempo”. Os que, às vésperas das eleições, pediam soluções radicais, como intervenção militar, segundo ele, fazem parte das mentes colonizadas, gente desencantada com a democracia e em busca de soluções radicais que não encontram mais espaço num mundo civilizado. “O século 21 é o século do diálogo. Nas Forças Armadas não há mais intervencionista. Há, sim, legalistas e constitucionalistas”, garante Oliveira. Mesmo sem que tenha tido a intenção, é um recado a aliados do governo que, ávidos por “um corte radical e mais dramático”, pressionam ou criticam os militares por soluções mais radicais: “Não dá mais suíte”, alerta, usando linguagem jornalística. Nesse sentido, afirma o oficial, Mourão atuará como um facilitador, exercendo funções de Estado sem ofuscar o papel do presidente da República, que, segundo afirma, será o formulador das políticas públicas. “O vice exercerá funções de Estado, mas é e será o segundo. Deve fidalguia ao presidente e atuará como facilitador”, garante. Na mesa de Oliveira, no segundo andar do Palácio do Planalto, repousa o livro As 48 leis do poder, do americano Robert Greene, um manual sobre as estratégias de dissimulação e exercícios sobre a arte da política. Ele faz questão de citar a lei número 1 para exemplificar o que entende ser o papel do vice: “Não ofusque o brilho do mestre”, ou, numa interpretação livre, não tente brilhar mais que o sol. Mais militares na política O novo Mourão, desconhecido do público até o início deste ano, não surpreendeu os colegas de farda que já o conheciam. “É o Mourão que conheço”, diz o general Girão, eleito deputado pelo PSL do Rio Grande do Norte no ano passado. Girão afirma que o vice está apenas expressando posições que já eram conhecidas na tropa. E garante que os militares aproveitarão o momento para aumentar a participação na política, desta vez pelo voto. Najara Araujo/Câmara dos Deputados“É o Mourão que conheço”, comenta o general Girão sobre as posições do vice-presidente “Vocês perguntam, ele responde. O general Mourão vai colocando seu estilo. Tenho certeza que o presidente Bolsonaro não se incomoda com as divergências. Ele sabia que não estava se aliando a um personagem decorativo”, diz o senador Major Olímpio (PSL-SP), para quem os incomodados terão de se acostumar com vice que é ao mesmo tempo leal ao governo e livre para dizer o que pensa. “Ele é um homem capacitado e tem a legitimidade do voto. Não é uma indicação política”, afirma. A crise que detonou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República Gustavo Bebianno aumentou ainda mais o poder dos militares no governo Bolsonaro. Saiu deles a indicação do oitavo ministro militar a ocupar o primeiro escalão do governo, o general Floriano Peixoto Vieira Neto, que era o número 2 da pasta e agora assume definitivamente o lugar de Bebianno. General de três estrelas, Floriano Peixoto terá sob seu comando um militar de patente superior, Maynard Santa Rosa, que passa a ser o número 2 na Secretaria-Geral. Ao exonerar Bebianno, o presidente sinaliza que o núcleo central do governo será formado pelo estamento militar e pelo clã familiar, com seus “três mosqueteiros” (o vereador Carlos, o deputado Eduardo e o senador Flávio), que, na verdade, com Jair, são quatro. Cercado por militares, Bolsonaro ficou com um único civil no primeiro escalão, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, espremido por generais e coronéis em todos os andares do Palácio do Planalto, e fora dele, acossado pela Lava Jato. Grupo filosófico Mourão, Heleno, Carlos Alberto Santos Cruz, da Secretaria de Governo, Eduardo Villas Bôas, comandante do Exército até o final do governo Michel Temer, hoje o segundo no GSI, e Fernando de Azevedo e Silva, ministro da Defesa, fazem parte do “grupo filosófico” do governo. São liderados pelo vice, autodenominado “escudo e espada” do presidente, e dão as cartas em todas as áreas da administração federal. Para completar o time, Bolsonaro nomeou como seu porta-voz um general da ativa, Otávio Santana do Rêgo Barros, que faz no briefing aos jornalistas com as formalidades e o semblante sisudo da caserna, quase o mesmo estilo grave com que Bolsonaro aparece nos vídeos que dispara pela internet. Marcelo Camargo/Agência BrasilPresidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão na cerimônia de posse O militarismo tornou-se uma força capilar de forte influência pelo país, ocupando todos os cargos de confiança de segundo e terceiro escalões nos estados, algo em torno de 7 mil postos no total. Seu domínio vai bem além de ministérios de peso, como Minas e Energia, Infraestrutura e Ciência e Tecnologia, comandados, respectivamente, pelo almirante de esquadra Bento Albuquerque, o tenente do Exército Tarcísio de Freitas e o tenente-coronel Marcos Pontes. A estratégia, conforme orientação de Mourão, é fechar as portas para a política tradicional e, de Brasília até a “ponta da linha”, colocar militares de confiança em todas as funções. Na Educação, o ministro Ricardo Vélez Rodríguez levou o coronel Ayrton Pereira Rippel para ser chefe de gabinete, e outros órgãos estratégicos, como Secretaria Executiva, Inep, FNDE e Capes, foram preenchidos por influência de militares próximos a Vélez, que antes de aceitar o cargo oferecido pelo presidente para atender seu guru, o filósofo Olavo de Carvalho, foi professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. No Incra, por indicação de Santos Cruz, o presidente nomeou o general Jesus Corrêa, que definiu como meta o gerenciamento da reforma agrária e dos assentamentos rurais em todo o país com o objetivo explícito de alijar o MST das negociações. Segundo a missão repassada pelo Palácio do Planalto, o Incra cuidará também da demarcação de terras indígenas, atribuição que historicamente pertenceu à Funai e nunca esteve sob o guarda-chuva da autarquia. A mudança esvaziará as funções do general Franklimberg de Freitas, indicado pela ministra Damares Alves para voltar ao comando da Funai. No colo dos militares O jornalista e cientista político Gaudêncio Torquato acha que as eleições de 2018 empurraram o poder para o colo dos militares. “Foi um ‘achado’ fantástico. Não caíram de paraquedas. O Mourão recebeu até a CUT e está se saindo muito bem, melhor até que Bolsonaro, que prefere a companhia dos filhos”, alfineta Torquato, especialista em militarismo. “Mourão e Heleno farão o contraponto e vão enfrentar os bolsões radicais do próprio governo, como o ministro Ernesto Araújo [Relações Exteriores]. Eles se consolidam como poder moderador e escudo protetor do governo em caso de crise. A simples presença deles inibirá sugestões de alternativas fora da Constituição”, acredita Torquato. O perfil do novo ministro da Secretaria-Geral, Floriano Peixoto (cujo nome é só um homônimo do “Marechal de Ferro”, que foi o primeiro vice e o segundo presidente da República), não deixa dúvidas de que, além dos tanques, coturnos e artilharia, há algo de novo no estamento. Formado na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), Floriano tem mestrado em ciências militares, doutorado em política, estratégia e alta administração nos Estados Unidos pela Command and General Staff College (CGSC). É também especialista em relações com agências governamentais e ONGs em contextos nacionais e globais e instrutor em escolas militares de nível superior e foi chefe de operações do primeiro contingente brasileiro no Haiti. Entre 2009 e 2010, assumiu o comando da Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti, a Minustah, por onde passaram também os principais ministros militares de Bolsonaro. O secretário de imprensa da Presidência, coronel Alexandre Lara de Oliveira, não acha apropriado se falar em militarização do governo federal. Segundo ele, Bolsonaro e Mourão sabem que há uma deficiência de quadros capacitados para a gestão pública no país e, fiéis às suas origens, foram buscar profissionais nas Forças Armadas, que é uma das poucas referências em educação formal. “Infelizmente a educação do país não se desenvolveu de forma capilar. Hoje 45,9% da população não tem sequer o segundo grau. Fora as escolas como FGV e Instituto Rio Branco, apenas as Forças Armadas investiram continuamente na formação de quadros técnicos e intelectuais”, afirma. Oliveira lembra que, enquanto as faculdades investem em formação básica em áreas como informática e computação, as Forças Armadas foram além e se tornaram pioneiros na defesa cibernética. Os militares se tornaram, sinal dos tempos, uma espécie de bússola que indicará o rumo do bolsonarismo. Hoje eles estão tanto no centro do governo quanto na reserva estratégica de uso restrito caso o projeto bolsonarista, por alguma razão, faça água. E, por mais que falem em democracia, ainda cultivam um gosto pelo secreto, como mostrou o decreto de Mourão – em seus dias de presidente interino – alterando a Lei de Acesso à Informação.

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Cuba emprende etapa clave para cristalizar la aprobada Constitución

IPS español - ter, 26/02/2019 - 11:47

Un elector ejerce su derecho de voto durante el referendo sobre la nueva Constitución, en una mesa en la capital de Cuba, el domingo 24 de febrero. El texto de 229 artículos fue aprobado por 86, 85 por ciento de los votos válidos. Crédito: Jorge Luis Baños/IPSPor Ivet GonzálezLA HABANA, Feb 26 2019 (IPS) La aprobación en forma aplastante del texto de la nueva Constitución, en un referendo realizado este domingo 24 en Cuba, permite al gobierno Miguel Díaz-Canel tomar el pulso al consenso con que cuenta la gestión del primer civil presidente en seis décadas. La Comisión Electoral Nacional (CEN) informó de forma preliminar este lunes 25 que acudieron a las urnas 7.848.343 electores, en Cuba y misiones oficiales en el exterior, lo que se traduce en 84 por ciento de participación según cifras provisionales. Los votos a favor del “sí” sumaron 6.816.169, equivalentes a 86,85 por ciento de los electores, frente a 706.400 que optaron por el “no”, de un total de 7.522.569 boletas válidas, lo que equivale a nueve por ciento, según el CEN. Los sufragios en blanco fueron 198.674 y los anulados 127.100, según los sufragios realizados en 25.245 colegios electorales de 12.635 circunscripciones. “La etapa que viene ahora es clave y decisiva, y puede matizar la orientación de lo planteado en la Constitución”, dijo a IPS el profesor universitario Enrique López Oliva. “Las leyes complementarias son las que van a regular las actividades porque la Constitución establece solo los principios”, explicó. La Constitución de 229 artículos aprobada proclama en su artículo 4 que el sistema socialista que refrenda la ley fundamental es “irrevocable” y en el 5 confiere al Partido Comunista de Cuba (PCC) el papel de fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. “Ahora viene un período muy intenso de actividad legislativa en la cual se demostrará si la Constitución escrita coincide con la Constitución real”, dijo a IPS el analista político independiente Carlos Alzugaray, para quien el referendo fue “un éxito para el gobierno en dos sentidos”: ganó el “sí” y hubo alta participación a las urnas. Por otro lado, consideró que, “como contrapartida, el gobierno no podrá ignorar los 706.400 cubanos que votaron por el “no” que, sumados a los 325.774 que votaron en blanco o echaron a perder sus boletas, hacen una suma total de 1.032.174 ciudadanos que no ratificaron la reforma constitucional”. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ejerce su derecho al voto durante el referendo constitucional en La Habana, el domingo 24 de febrero. Crédito: Ramón Espinosa-AP/POOL-IPS Según el cronograma fijado por la nueva Constitución, la tarea más urgente luego de su entrada en vigor, es la aprobación antes de seis meses, de la Ley Electoral por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral), cuyos diputados electos por voto directo y secreto en 2018 se mantienen en sus cargos hasta concluir su mandato de cinco años. El parlamento, definido como el órgano supremo del poder del Estado y único con potestad constituyente y legislativa, elige de entre sus diputados, en un plazo de tres meses luego de aprobada la Ley Electoral, a su presidente, vicepresidente y demás miembros del Consejo de Estado. Elige además al presidente y vicepresidente de la República. Posteriormente, el presidente  propone a la Asamblea legislativa la designación del primer ministro (jefe de gobierno), viceprimeros ministros, secretario y demás miembros del Consejo de Ministros. Entre otras novedades, la Constitución confiere al presidente  y jefe del Estado, entre otras muchas responsabilidades, desempeñar la jefatura suprema de las instituciones armadas y determinar su organización general, una facultad que históricamente estuvo reservada a Fidel Castro (1926-2016) y a su hermano Raúl, que gobernó el país hasta abril de 2018. Un aspecto criticado de la nueva Constitución por juristas de todos los signos políticos radica en las 111 remisiones a leyes posteriores, es decir, que traspasa la definición de asuntos como el matrimonio a normas que se modificarán o redactarán de ahora en adelante. Especialistas alertan que las remisiones pueden traer deformaciones con respecto a lo planteado en la ley fundamental, con los riesgos consiguientes en la gobernanza y claridad legal. “Hay que ver en qué medida estas leyes responderán a las necesidades de la población y cómo va a ser la participación ciudadana en este período que comienza, en especial las organizaciones no gubernamentales y las de carácter religioso”, indicó López Oliva,  especialista en sociología de las religiones. El referendo encontró al gobierno enfrascado en la recuperación del desastre causado el 27 de enero en cinco municipios habaneros por un poderoso tornado que aumenta las tensiones financieras del país y en medio de una recesión económica que no repunta. Un grupo de personas permanece en la entrada de un colegio electoral en La Habana, el 24 de febrero, durante el referendo sobre la nueva Constitución de Cuba. Crédito: Jorge Luis años/IPS A la vez, el recrudecimiento de la política hostil del gobierno estadounidense de Donald Trump y el agravamiento de la crisis en Venezuela, su determinante aliado en la región, podría añadir nuevos sinsabores a la vida cotidiana de la población cubana de 11,2 millones. “La Constitución propone cambios serios desde el punto de vista social y económico”, dijo a IPS el ingeniero Javier Córdova, luego de votar el domingo en un colegio en Luyanó, uno de los barrios habaneros afectados por el devastador tornado, que dejó siete fallecidos y 10.000 desplazados. A juicio de Córdova, la reestructuración en la institucionalidad cubana que comenzaría una vez que entre en vigor la nueva ley fundamental con su publicación en la Gaceta Oficial “va a impactar bastante en la vida cotidiana de las personas”. La demolición de edificaciones dañadas, venta de materiales a las familias damnificadas y obras de reconstrucción se mantuvieron activas el día del referendo, en una comunidad que todavía atraviesa momentos complejos y tensos a un mes del desastre inesperado y arrasador. Camiones cargados con piedras salían junto al local en la Calzada de Luyanó, donde operó la circunscripción que coordinó el colegio electoral de Córdova y otros dos. Ubicada en la sede de un punto de venta de materiales para los damnificados, esta circunscripción identificó 1.361 electores. “La evolución va a ser mucho mejor si se aplica todo lo establecido en la nueva Constitución”, valoró la jubilada Juana María Salazar, quien participó en el referendo anterior de 1976 y trabajó en la comisión electoral de esa circunscripción en Luyanó. “Tenemos cambios totales (…) y un nuevo gobierno”, concluyó. A contrapelo de esas dificultades presentes desde que asumió la presidencia en abril del pasado año, Díaz-Canel mantuvo su estilo de dirección ágil, de intercambio directo con el pueblo y constantes visitas a territorios y comunidades en compañía de algunos ministros, conminados a la vez a rendir cuentas de su gestión ante la opinión pública. Este desempeño contribuyó al parecer a sumar puntos en favor de su popularidad. En las redes sociales, a menudo se le felicita por contacto cotidiano con la población aunque también recibe críticas. El ascenso del político a la presidencia contó con el público respaldo de Raúl Castro, actual primer secretario del gobernante PCC y gobernante entre 2008 y junio 2018. Como en la etapa previa, la sociedad civil estuvo muy activa el día del referendo en las redes sociales de Internet. Se reportaron pequeñas protestas de grupos opositores al gobierno socialista, quienes divulgaron sobre acciones punitivas cometidas contra algunos líderes y observadores electorales independientes. Por vez primera y gracias al mayor acceso a Internet, muchas personas fotografiaron su voto y lo compartieron en las redes, mientras activistas de diverso signo político acudieron a la observación pública de los votos en sus respectivos colegios, aunque algunos lamentaron la negativa de algunas autoridades a fotografiar. El texto aprobado resultó de un proceso que comenzó en junio e incluyó una consulta popular, del 13 de agosto al 15 de noviembre, que según las autoridades cambió alrededor del 60 por ciento de su articulado.  El proceso de votación estuvo precedido de una vasta campaña oficial en favor del “sí” y otra alternativa por el “no” confinada a Internet. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Como vota Rio das Pedras, reduto da mais antiga milícia carioca

Pública - seg, 25/02/2019 - 15:09

Desde que vieram à luz novas informações sobre as organizações criminosas chamadas de milícias, como o fato de que Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) empregou parentes e homenageou um miliciano do Complexo Rio das Pedras, essa favela da zona oeste do Rio de Janeiro tornou-se epicentro de um dos mais recentes escândalos políticos do país. Para desvendar o jogo político local, a Pública fez um levantamento inédito sobre os candidatos mais votados naquelas seções eleitorais, com foco especial nos cargos de vereador e deputado estadual.

A Pública constatou que, em 2018, Flávio Bolsonaro foi o senador mais votado em Rio das Pedras, com 8.729 votos, o equivalente a 17% do total. Historicamente, porém, a performance eleitoral da família do presidente não foi expressiva naquela região. Na disputa para cargos do Parlamento, a melhor votação foi em 2016, quando seu irmão Carlos Bolsonaro (PSL) foi o sétimo vereador mais bem colocado por aquelas urnas, com 399 votos (1,5%). O patriarca, Jair Bolsonaro (PSL), teve sua melhor performance na disputa pelo cargo de deputado federal na eleição de 2014. Na ocasião, foi o quarto mais votado em Rio das Pedras. O atual presidente obteve então 623 votos (2%). Tanto em 2010 como em 2014 o ex-deputado Eduardo Cunha (MDB) liderou essa disputa. Desde 2010, o jogo eleitoral foi liderado principalmente pela família Brazão, tradicional grupo político da zona oeste. Conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão foi alvo de uma operação da Polícia Federal na última quinta-feira, que apura tentativas de atrapalhar a elucidação do homicídio de Marielle Franco (PSOL) e Anderson Gomes. O levantamento revela também candidatos ligados à milícia e outras práticas criminosas, como assassinatos. Em janeiro, por meio da Operação Intocáveis, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) prenderam milicianos de Rio das Pedras, acusados de extorsão, homicídios e fraudes imobiliárias utilizando a Associação de Moradores do local. Um dos principais líderes identificados é o ex-policial Adriano Magalhães da Nóbrega, cuja mãe e cuja esposa trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa Estadual do Rio de Janeiro (Alerj). Arquivo ALERJ/LG SoaresEm 2018, Flávio Bolsonaro (PSL) foi o senador mais votado em Rio das Pedras Coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), órgão do MPRJ que liderou a Operação Intocáveis, Simone Sibilio diz que as prisões de janeiro não significaram o fim das investigações. Pelo contrário. “A investigação prossegue com farto material, inclusive para aprofundar a possível relação com agentes públicos, por conta do material apreendido e das novas denúncias recebidas desde então. Demos um duro golpe naquela organização, mas temos preocupação que novas lideranças possam surgir ou que o tráfico da Cidade de Deus vá para lá”, comenta a promotora. Flávio também concedeu a Medalha Tiradentes – mais alta honraria da casa – a Adriano e a outro miliciano denunciado pelo MPRJ. Hoje, Adriano está foragido da Justiça e é suspeito de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco (Psol). Miliciano chegou a obter 75% dos votos da região Em levantamento municipal, a partir do Censo de 2010, Rio das Pedras já aparecia como a terceira maior favela da cidade, com mais de 63 mil de habitantes. Já a Associação de Moradores sustenta que o número está em torno de 140 mil. Em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou 35.006 eleitores nas seções eleitorais atribuídas a Rio das Pedras. Entretanto, os números podem ser ainda maiores, considerando a expansão imobiliária na região e a ausência de delimitações oficiais do local enquanto bairro. Oficialmente, a favela horizontal de Rio das Pedras se espalha entre Itanhangá, Jacarepaguá e Anil. Rio das Pedras é tido como berço de uma das mais antigas milícias do Rio de Janeiro, que atua desde os anos 1970. Há mais de 26 anos, o sociólogo José Cláudio Souza estuda as milícias. Ele explica que o domínio mais direto sobre os votos da região onde atuam é uma das inovações dessas organizações em relação a outros grupos criminosos. “Eles fazem um controle dos títulos eleitorais das áreas, quantidade de votos de cada região e passam a vender estes votos”, comenta. No ano passado, autoridades fizeram um mapeamento oficial que identificou 300 currais eleitorais – entre eles Rio das Pedras – controlados pelo tráfico ou pelas milícias na cidade. O problema é antigo. Dez anos antes, nos idos de 2008, a Alerj criou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as milícias, após jornalistas que cobriam o tema terem sido sequestrados e torturados. As conclusões já apontavam para a influência das milícias no poder público, inclusive por meio de candidaturas próprias. Segundo o relatório final da CPI, a concentração de votos por local em eleições proporcionais, como a de deputados estaduais e vereadores, chega normalmente a cerca de 10% quando não há currais eleitorais. Assim, foi adotado o índice de 15% como “marco definidor de um padrão muito elevado” de concentração de votos, o que poderia ser um indício de currais eleitorais ou, no caso, de controle pelas milícias. Sob esse aspecto, a concentração de votos em Rio das Pedras impressiona. Impulsionado por sua atuação na comunidade via Associação de Moradores e pela transferência dos títulos de eleitor dos moradores imigrantes nordestinos, Josinaldo Francisco da Cruz – o Nadinho de Rio das Pedras – se lançou candidato a vereador em 2004. Na ocasião, Nadinho conseguiu 75% dos votos de Rio das Pedras e foi eleito, mas sua ascensão política teve um final trágico.   Em uma investigação em 2006 sobre outros criminosos, o MPRJ apontou que Nadinho e outros moradores passaram a integrar um “grupo paramilitar armado”, uma milícia, em Rio das Pedras ainda no final dos anos 1990. À CPI das Milícias, em 2008, Nadinho confirmou a existência de milícia na sua comunidade, mas à época negou fazer parte dela. Dois candidatos com maior votação em Rio das Pedras O xadrez das milícias de Rio das Pedras Em fevereiro de 2007, outro líder local e antigo parceiro de Nadinho foi assassinado. O inspetor policial Félix Tostes foi executado dentro de seu carro, alvejado com mais de 40 disparos. No final do ano, Nadinho foi indiciado como mandante do crime – e, posteriormente, a CPI o apontou como ex-líder da milícia de Rio das Pedras. Antes disso, porém, em maio de 2007, como vereador, Nadinho recebeu a Medalha Tiradentes na Alerj. O autor da homenagem foi o deputado Natalino, ex-policial preso no ano seguinte sob acusação de liderar a milícia Liga da Justiça, que também atua na zona oeste. Por sua vez, Nadinho também homenageou Natalino com a Medalha Pedro Ernesto, a comenda dos vereadores da cidade. Em 2008, um delegado da Polícia Civil afirmou à CPI que ambos, Nadinho e Natalino, fizeram uma parceria para eliminar Félix Tostes e ampliar domínio sobre Rio das Pedras. Porém, de acordo com o delegado, outros criminosos fiéis a Félix assumiram o comando e isolaram Nadinho. Entre eles, estaria Beto Bomba, que mais recentemente comandava a Associação de Moradores de Rio das Pedras e foi um dos milicianos denunciados na Operação Intocáveis. No relatório da CPI, Nadinho aparece como “ex-líder” da milícia de Rio das Pedras, enquanto Beto Bomba e outros figuram como mandantes à época. Além de seis nomes de “prováveis lideranças da milícia” em Rio das Pedras, a CPI incluiu oito nomes de “laranjas”, em especial familiares dos envolvidos. Nadinho apoiou Rodrigo Maia À CPI na Alerj, Nadinho confirmou a existência de milícia em Rio das Pedras, mas negou fazer parte dela. Tanto Nadinho como Natalino eram filiados ao PFL, posteriormente renomeado DEM. Era o partido de Cesar Maia, que durante seu terceiro mandato como prefeito do Rio, entre 2005 e 2008, chegou a dizer que preferia as milícias ao tráfico. Durante o segundo mandato de Cesar Maia, foi assinado – sem licitação – um contrato de R$ 225 mil com a Associação de Moradores e Amigos de Rio das Pedras (Amarp) cobrindo a prestação de serviços de assistência educacional e nutricional para a manutenção de creches no local entre 2003 e 2004. Na época, de acordo com apuração da Pública, Nadinho presidia a associação. O DEM é o partido de seu filho, Rodrigo Maia, que comanda hoje a Câmara dos Deputados em Brasília. À CPI, Nadinho declarou ter apoiado a candidatura de Rodrigo Maia a deputado federal. Em 2006, ele foi o segundo deputado federal mais votado em Rio das Pedras, com 5% dos votos. Luis Macedo/Câmara dos DeputadosNadinho declarou ter apoiado a candidatura de Rodrigo Maia (DEM) a deputado federal O domínio da família Brazão Durante o depoimento à CPI, Nadinho citou nomes de policiais envolvidos com a milícia na sua comunidade e disse que, a partir de então, sua vida estava em risco. Dito e feito: em 2009, cerca de seis meses depois, ele foi executado, na zona oeste do Rio de Janeiro, com mais de dez tiros. Após a morte de Nadinho, o sobrenome Brazão passa a se destacar entre os campeões de votos em Rio das Pedras. Antes disso, entre 2004 e 2010, os resultados das urnas mostram uma performance tímida da família. O melhor resultado havia sido em 2006, quando Domingos Brazão (MDB) conseguiu 2% dos votos e foi eleito deputado estadual. Depois, porém, o jogo mudou. Nas disputas para deputado estadual, em 2010 e 2014, Domingos foi de longe o candidato com melhor performance eleitoral por aquelas urnas, recebendo quase 30% do total de votos da região para o cargo. Já em 2012 e 2016, seu irmão Chiquinho Brazão (MDB) venceu ali todos os vereadores concorrentes, mas concentrou menos votos que Domingos, angariando aproximadamente 15% do total. Na última eleição, Pedro Brazão (PR) se candidatou pela primeira vez e se elegeu deputado estadual, com a segunda melhor votação em Rio das Pedras. Dessa vez, foram 1.547 eleitores, ou 6% do total. Pedro é cunhado de Domingos Brazão e, em 2018, perdeu a liderança para a candidata Cleusa Preta Loira (PR), do mesmo partido, moradora do local que obteve 7% dos votos. A atuação eleitoral da família Brazão em Rio das Pedras foi citada por Nadinho e aparece brevemente no relatório da CPI, quando ele trata das relações políticas nos redutos controlados por milicianos. Além de Domingos Brazão, ele nomeou outros candidatos, como Álvaro Lins (PMDB), ex-deputado estadual e ex-chefe da Polícia Civil. Em entrevista à Pública, Cleusa Preta Loira, que apoiou Nadinho e acompanhou as campanhas políticas em Rio das Pedras desde os anos 2000, afirmou que nunca houve uma relação efetiva entre Brazão e Nadinho. “Pelo contrário, ele [Brazão] nem entrava lá”, afirma. Confirmando os dados levantados, segundo ela, foi a partir de 2010, já após a morte de Nadinho, que a família Brazão passou a ter maior protagonismo eleitoral na comunidade. Segundo o documento final da CPI, a milícia do bairro de Oswaldo Cruz, na zona norte, também teria influência política sobre a família Brazão. À época deputado, Domingos Brazão não prestou depoimento, mas solicitou a gravação de todas audiências feitas pela comissão. Domingos Brazão é filho de portugueses, mas nasceu em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele mantinha um centro social com seu nome na região, que foi fechado em 2010 pelo Tribunal Regional Eleitoral por ser usado para fins eleitorais. Entre outras coisas, os fiscais encontraram ali cadeiras de rodas com a marca do Sistema Único de Saúde (SUS) e registros de dados eleitorais de moradores. Por causa desse evento, ele chegou a ter seu mandato cassado em 2011, mas a decisão foi revertida no TSE. Domingos não só permaneceu no cargo como foi reeleito. Em 2015, foi escolhido pelos deputados da Alerj como um dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, tendo seu nome ratificado pelo ex-governador Pezão. Enquanto ocupava o cargo, em abril de 2017, Domingos Brazão foi preso com outros conselheiros em um dos desdobramentos da Lava Jato, sob acusação de receber propina de empresas. Arquivo ALERJDomingos Brazão foi preso em um dos desdobramentos da Lava Jato Não foi a sua primeira vez atrás das grades. Com 22 anos, Domingos Brazão foi preso por assassinato, mas foi solto após a Justiça ter decidido que ele agiu em legítima defesa. Em 2017, ele ficou pouco mais de uma semana preso. Atualmente, Brazão aguarda em liberdade julgamento dos processos por corrupção. Procurados pela Pública, os membros da família Brazão não responderam às tentativas de contato. Mesmo com Domingos afastado da vida pública, a família Brazão continua se expandindo politicamente. E, em 2018, garantiu uma cadeira na Alerj e outra na Câmara dos Deputados, em Brasília. Na última eleição, Chiquinho Brazão foi eleito deputado federal pelo partido Avante. Em apenas dois anos, desde sua eleição anterior, em 2016, quando se tornou vereador pelo Rio de Janeiro, sua declaração de bens aumentou de R$ 2,3 milhões para R$ 3,4 milhões, mais de R$ 1 milhão. Já o cunhado Pedro Brazão declarou R$ 1,9 milhão em bens durante a candidatura que o tornou deputado estadual em 2018. Apesar da migração recente de Chiquinho para o Avante, a família Brazão é tradicionalmente ligada ao MDB, partido que, ao lado do PFL/DEM, concentrou quase metade dos votos de Rio das Pedras para vereador e deputado estadual na última década. O MDB também esteve à frente da prefeitura e do governo do estado do Rio de Janeiro, além de comandar a Alerj. Outro candidato do MDB bem colocado em Rio das Pedras foi o vereador eleito Thiago K. Ribeiro, sexto mais votado em 2016, com 1,6% dos votos totais. Ele é filho e sócio do economista Jorge Luiz Ribeiro, preso em 2018 e acusado de ser o operador financeiro do esquema de propina de Jorge Picciani, ex-presidente da Assembleia Estadual e conhecido cacique do MDB no Rio. Da CPI das Milícias ao caso Marielle Franco A CPI das Milícias reuniu também informações sobre grupos milicianos de regiões próximas a Rio das Pedras, como a favela Gardênia Azul. Ex-presidente da Associação de Moradores do local, o sargento bombeiro Cristiano Girão foi apontado como suposto líder da milícia ali. Segundo o relatório da CPI, documentos oficiais mostrariam que Girão chegou a assassinar um morador da comunidade em 2004. O motivo seria o fato de ele ter se recusado a colocar em sua casa propaganda política do então candidato a vereador. Em 2008, pouco depois de eleito vereador – o segundo mais votado em Rio das Pedras, com 5% dos votos –, Girão foi indiciado pela Polícia Federal por extorsão e lavagem de dinheiro. Na denúncia feita pelo MPRJ, ligações interceptadas na Operação Intocáveis mostram animosidade entre a milícia de Rio das Pedras e a de Gardênia Azul. Depois de preso em 2009 por acusação de envolvimento com a milícia, só há notícias de Girão ter retornado à sede do Legislativo carioca em março do ano passado, uma semana antes do assassinato de Marielle Franco, conforme revelou o site The Intercept. Segundo o site, o miliciano passou pelo sétimo andar do prédio, onde fica o gabinete de Chiquinho Brazão (MDB). No ano passado, seu irmão Domingos Brazão foi convocado a prestar explicações nas investigações do caso Marielle. Isso porque uma das testemunhas do caso teria relações com Gilberto Ribeiro da Costa, ex-assessor parlamentar de Domingos na Alerj. De acordo com ela, o vereador Marcello Siciliano (PHS) seria o possível mandante da execução que resultou na morte de Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes. Contudo, os investigadores já suspeitavam da testemunha por possíveis disputas políticas dos grupos da região. Em fevereiro de 2019, novas investigações da Polícia Federal enfraqueceram as suspeitas sobre Siciliano. Na zona oeste, Siciliano e a família Brazão são tidos como adversários políticos, por disputarem votos. Na eleição passada, por exemplo, enquanto Chiquinho Brazão pedia para si os votos para deputado federal, Marcelo Siciliano apoiou outro candidato, Tio Carlos, que acabou não conquistando o cargo. Agência BrasilO vereador Marcello Siciliano (PHS) seria o possível mandante da execução que resultou na morte de Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes Depois da morte de Nadinho, o único político a acompanhar seu enterro foi o então vereador Carlos Alberto Lavrado Cupello, o Tio Carlos, que mantinha com ele um projeto social para crianças, conforme relatou a imprensa à época. Ele se elegeu vereador em 2008 pelo DEM. Em 2012, Tio Carlos foi reconduzido à Câmara dos Vereadores. No cargo, votou a favor da cassação de Deco (PR), vereador acusado de comandar a milícia da Praça Seca, também na zona oeste da cidade. Dois anos depois, na eleição seguinte, Tio Carlos subiu um degrau e conquistou uma vaga na Alerj pelo Solidariedade (SD), o mesmo partido do ex-policial Geiso Pereira Turques, que em 2016 foi citado em depoimentos à CPI das Milícias como “participante regular do encontro semanal da cúpula da milícia de Rio das Pedras”. Geiso foi um dos políticos indiciados por extorsão e lavagem de dinheiro pela Polícia Federal em 2008, junto com Girão. Entre 2012 e 2016, Tio Carlos e Geiso tiveram boa performance em Rio das Pedras, ficando atrás apenas da família Brazão nas disputas eleitorais. Na corrida para a Alerj, Tio Carlos conseguiu 6% dos votos de Rio das Pedras em 2012 e 5% em 2014. Já Geiso levou 9% dos votos dali em 2016, mas teve a candidatura indeferida com base na Lei da Ficha Limpa. Quando concorreu, Geiso declarou ter mais de R$ 1 milhão em bens, sendo R$ 425 mil em dinheiro vivo. Ele era proprietário do Castelo das Pedras, uma tradicional casa de shows da região e já fora eleito vereador em São Gonçalo pelo PDT. Mais conhecido como Geiso do Castelo, ele foi um dos indiciados pela CPI das Milícias e, em 2015, foi expulso da Polícia Militar. A Pública solicitou à PMERJ esclarecimentos sobre o desligamento do ex-policial, mas não obteve resposta. Milicianos interferem nas campanhas eleitorais, segundo pesquisadores O impacto eleitoral das milícias foi analisado em um artigo de 2015 dos cientistas políticos Daniel Hidalgo e Benjamin Lessing. Eles estudaram a influência política das milícias entre 2002 e 2006, em especial nas candidaturas de membros das forças policiais, e concluíram que os milicianos usaram o controle territorial para se elegerem ou puxarem votos para aliados. Hidalgo é professor de ciência política no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e Lessing leciona a mesma disciplina na Universidade de Chicago, ambos nos Estados Unidos. No estudo, disponível online, eles mostram um aumento de quase 50% dos votos em candidatos de forças de segurança nas comunidades dominadas por milícias. Nas eleições analisadas pela Pública em Rio das Pedras, 2018 foi a única em que a concentração de votos do candidato mais popular ficou significativamente abaixo da margem de 15%, apontada como possível indício de “curral eleitoral” pela CPI das Milícias. Pela primeira vez, em Rio das Pedras os votos nulos ou em branco superaram as candidaturas para o Parlamento estadual ou municipal. Na eleição de 2018, 25% dos eleitores dali optaram por anular ou votar em branco. No levantamento histórico dos mais votados, aparecem também partidos identificados à esquerda, mas com menos força. O PT teve as candidaturas de Robson Leite, que ficou entre os cinco melhores em 2008, 2010 e 2018. Relator da CPI das Milícias, que investigou os grupos criminosos da região, Marcelo Freixo (Psol) foi o terceiro deputado mais votado em Rio das Pedras em 2014. Naquela eleição para a Alerj, ele conseguiu 847 votos nominais na região – ou 3% do total. Luis Macedo/Câmara dos DeputadosMarcelo Freixo (PSOL), foi relator da CPI das Milícias Já a votação de Marielle Franco não se destacou em Rio das Pedras. Dos mais de 46 mil votos que tornaram Marielle vereadora, apenas 101 foram registrados nas urnas de Rio das Pedras. O equivalente a apenas 0,4% do total daquela área.   Linha do tempo da ascensão dos Brazão em Rio das Pedras

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Un Partido Mundial

IPS español - seg, 25/02/2019 - 13:08

Roberto SavioPor Roberto SavioROMA, Feb 25 2019 (IPS) He sido miembro del primer partido internacional del mundo: el Partido Radical Transnacional, fundado en 1956 por los italianos Marco Pannella y Emma Bonino. Luego, en 1988, fui testigo de la gran protesta en Berlín Occidental contra las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que fue precursora de la “Batalla de Seattle”, donde 40.000 manifestantes interrumpieron las reuniones anuales de las dos instituciones financieras mundiales en 1999. Además, la policía me detuvo por un día pese a que solo había sido un testigo, pero el hecho de ser extranjero me hizo automáticamente sospechoso. Fui también testigo del discurso pronunciado por el economista laureado con el Premio Nobel, Joseph Stigliz, dirigido a los manifestantes para “Ocupar Wall Street” en 2001. Ese mismo año, participé en la creación del Foro Social Mundial en Porto Alegre, y he estado siguiendo atentamente el arribo de la nueva marejada nacionalista y populista internacional desde la llegada de Viktor Orban a Hungría en 2010, Jaroslaw Kaczynski a Polonia en 2015, el “brexit” y Donald Trump en 2016 y una serie de movimientos totalmente diferentes, como los “chalecos amarillos” en Francia. Como resultado, he decidido que puedo ser más útil como profesional que como teórico en el debate tan culto e interesante que Paul Raskin ha iniciado sobre un partido político mundial. Pero aún recuerdo que hablé como profesional (fui el fundador de IPS-Inter Press Service, la cuarta agencia de noticias internacional del mundo) en una conferencia de académicos muy importante realizada en Berlín durante el debate sobre el Nuevo Orden Internacional de Información en la década de 1970. Cuando terminé, el presidente alemán de la conferencia observó: “lo que ha dicho Roberto funciona en la práctica. Pero la pregunta es: ¿funcionaría en teoría?” El Partido Radical Transnacional eligió un programa de derechos humanos, como lo había hecho Pannella en Italia con el Partido Radical Italiano: la abolición de la pena de muerte, la despenalización de drogas ligeras, la libertad de elección médica, incluida la eutanasia, el fin de la mutilación genital femenina en África y los países árabes, la importancia de la investigación científica libre de dogmas religiosos, como parte de la bioética, y la creación de los Estados Unidos de Europa; una Europa multicultural, inclusiva y ambientalmente preocupada. Además, solicitó la inclusión de Israel en la Comunidad Europea y montó campañas públicas sobre el Tíbet, los uigures (una etnia turca que vive en Asia oriental y central), los “montagnard” o montañeses (una minoría cristiana vietnamita) y los chechenos. Esta agenda de derechos humanos logró vincular a intelectuales y activistas de muchos países (especialmente de Europa y América Latina), pero nunca se convirtió en un movimiento de masas y se disolvió en 1989. Había quedado muy influenciado por los acontecimientos de “Mayo 68” que se centraron en la lucha contra las estructuras centralizadas, y que indicaron que la lucha debería volverse individual y libre de cualquier comando. El Foro Social Mundial (FSM) fue lo más cercano a un movimiento mundial. Se basaba en un programa mucho más amplio, que consistía en la construcción de una alternativa al Foro Económico Mundial en Davos. Las finanzas globales, el capitalismo descontrolado, una agenda económica sobre la agenda social, la alianza de las corporaciones para controlar la política y la gobernanza: un Foro donde las personas no electas pudieran reunirse para tomar decisiones sobre el acontecer mundial. Este fue el resultado de una visita a París en 1999 de dos activistas brasileños: Oded Grajew, que trabajaba en el campo de la responsabilidad social corporativa, y Chico Whitaker, que estaba en la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, una iniciativa de la Iglesia católica brasileña. Ellos se sentían indignados por la cobertura televisiva de Davos y se reunieron con Bernard Cassen, director general de Le Monde Diplomatique, quien los alentó a organizar un anti-Davos, no en Europa sino en el sur del planeta. Regresaron a Brasil, organizaron un comité de ocho organizaciones brasileñas, obtuvieron el apoyo del gobierno de Rio Grande do Sul en febrero de 2000 y, en 2001, lograron que el primer Foro de Porto Alegre se celebrara al mismo tiempo que Davos. Anticipamos la asistencia de 3.000 personas (al igual que Davos), pero en lugar de eso hubo 20.000 participantes. El impacto fue tan grande, que el comité brasileño organizó una reunión consultiva el año siguiente en São Paulo para discutir la continuación del FSM. Invitaron a varias organizaciones internacionales y el segundo día nos designaron a todos como el Consejo Internacional. Por lo tanto, el Consejo no nació de una planificación para organizar una estructura realmente representativa. Los esfuerzos para equilibrar su composición nunca fueron muy lejos, puesto que muchas organizaciones querían convertirse en miembros del Consejo sin ningún criterio de representación y fortaleza. El Consejo rápidamente llegó a tener una larga lista de nombres, pero con pocos participantes. Además, siguieron los cambios en cada reunión del Consejo, lo que dejó a los brasileños (a Chico Whitaker en particular), con capacidad de facto para ejercer un gran peso en el proceso. El FSM celebró un gran número de reuniones. La reunión anual del FSM siempre contó con cerca de 100.000 participantes (la reunión en 2005 tuvo 150.000). Además, el FSM se mudó de América Latina, primero a Mumbai, con la participación de 20.000 dalits (intocables), luego al África y así sucesivamente. Mientras tanto, la marcha contra la invasión estadounidense de Iraq constó de 15 millones de personas marchando por todo el mundo. George Bush lo descartó como grupos de enfoque, y la guerra continuó. Además del FSM anual, se organizaron otros dos eventos principales: los FSM regionales y los FSM temáticos, los cuales son una especie de paraguas para que las personas se reúnan fuera del FSM central. Asimismo, los FSM locales podrían celebrarse en cualquier país, como parte del proceso general del FSM. El cálculo más probable estima que desde 2001 el FSM ha reunido a más de un millón de personas, que han pagado sus propios gastos de viaje y alojamiento para compartir experiencias y soñar juntos por un mundo mejor. Algunos puntos de este enorme proceso (que no veo ahora replicable como la idea de un Partido), deben ser considerados para nuestro debate. La sociedad civil se compone de muchos hilos. No hay tiempo para profundizar en esto, pero Boaventura de Sousa Santos, el sociólogo y antropólogo portugués que más ha estudiado el FSM (y también está en desacuerdo con la incapacidad de actualización de Chico Whitaker y otros) ha escrito un interesante estudio sobre la “traducción” que fue necesaria para juntar esos hilos. Las organizaciones de mujeres, por ejemplo, están preocupadas por la sociedad patriarcal; las organizaciones indígenas se preocupan por la explotación de los colonos blancos; y las organizaciones de derechos humanos tienen un programa diferente de aquél de quienes se ocupan del medio ambiente. Para entendernos mutuamente, compartir y trabajar juntos, se llevó a cabo un proceso de interpretación de esas prioridades para poder pensar de manera holística. Se trata de lo que ahora llamamos identidad. Cualquier partido mundial debe enfrentar este problema porque no hay organizaciones indígenas en Europa ni hay activistas sobre el impacto de las infraestructuras en Asia o África. En otras palabras, aunque sea más fácil crear una participación masiva contra un enemigo común, se requiere mucho diálogo para construir un movimiento. Ciertamente, el FSM fue fundamental para crear conciencia de que es necesario un enfoque holístico para combatir la injusticia, el cambio climático, las finanzas no controladas, la injusticia social creciente, etc. Y ese es un punto importante en la creación de un partido mundial. En los 63 años transcurridos desde la creación del Partido Radical Transnacional, se ha repetido un hecho común en todos los movimientos que se han creado, el cual se puede observar ahora en los “chalecos amarillos”. Para la inmensa mayoría de los participantes, la noción de partido está vinculada al poder, la corrupción y la falta de legitimidad. El FSM “decretó” la irrelevancia de asumir el concepto de “partido”: se opone a cualquier declaración política del FSM (porque podría dividir el movimiento), a la creación de un portavoz en nombre del FSM y a favor de la horizontalidad como la base principal para la gobernanza del FSM, es decir, el FSM como un espacio para reuniones y no para organizar acciones. Los participantes que forman las alianzas podrían tomar medidas, pero el FSM no puede hacer declaraciones o planes de acción. El Consejo Internacional no era un órgano rector sino una estructura facilitadora. Los medios dejaron de asistir al FSM porque no tenían interlocutores, dado que no había voceros. Incluso estaba prohibida cualquier declaración sobre algo que potencialmente podría crear escisión, como la condena de guerras o los llamados a la acción climática. El resultado es que el FSM se ha convertido en algo parecido a un ejercicio espiritual: útil para aquellos que participan, porque emergen con más fuerza individual, pero sin impacto alguno en el mundo. Esta es una desventaja extremadamente importante para un partido mundial. La mayoría de sus afiliados rechazan en principio la noción de partido, porque crea automáticamente estructuras de poder, se abre a la corrupción de los ideales y deja a los individuos sin participación ni representación. Los “chalecos amarillos” son un ejemplo aleccionador de esto. El mundo político ha perdido legitimidad, participación y juventud. Está totalmente separado de la cultura, la investigación y el intelectualismo. Para ser real, un partido mundial no puede basarse en unas pocas personas. Debe abordar y resolver esos problemas. He aquí tres consideraciones que son importantes: La primera es que la Internet ha cambiado la participación en la política. El espacio y el tiempo ya no son lo mismo. El tiempo se ha vuelto fluido y corto. Los tuits, Facebook, etc. son mucho más importantes que los medios de comunicación. Jair Bolsonaro fue elegido en Brasil a través de las redes sociales. Presenciamos un fenómeno general, desde Matteo Salvini en Italia hasta la Primavera Árabe y el brexit. Los medios estadounidenses en conjunto producen 62 millones de copias al día. De estos, los documentos de calidad (como WSJ, NYT y WP) cuentan con solo 10 millones de copias. Los tuits de Trump tienen 49 millones de seguidores. Sabemos que solo el cuatro por ciento de ellos compra periódicos y solo miran Fox News, que es una extensión de los tuits de Trump. Entonces, cuando Trump hace afirmaciones absurdas, como cuando visitó a la reina Isabel y dijo que no pudo ir al centro de Londres porque había tantas personas que lo esperaban que la policía le aconsejó no ir, cuando en realidad había 200.000 personas en las calles protestando por su visita, esos 49 millones lo creyeron ciegamente. Los medios de calidad publican una comprobación de los hechos, con cifras dramáticas sobre sus mentiras y verdades tergiversadas. Sus seguidores nunca las leerán, y si las ven no las creerán. Necesitamos poder entrar en este tipo de movilización. Yo, por mi parte, no puedo usar Twitter de manera eficiente. Y Aldo Moro, el primer ministro italiano asesinado en 1978 por las Brigadas Rojas (que fueron utilizadas por una fuerza más poderosa), tampoco podría. La política salta en poco tiempo de un elemento a otro. Se acabó la capacidad de seguir procesos, solo seguimos eventos. Y lo mismo está pasando con los medios. La segunda consideración, como consecuencia de lo anterior, es que la Internet ha ido por el camino equivocado en lo que se refiere a la política. En lugar de convertirse en un elemento de participación, se ha convertido en un elemento de atomización. Un increíble 73 por ciento de sus usuarios declaran que tallan su propio mundo, un mundo virtual, que pueden construir de acuerdo con sus deseos. Como resultado, el debate entre las personas (especialmente los jóvenes) ha disminuido. Los usuarios ingresan a Internet, dialogan con personas de ideas afines e insultan a los demás. La consecuencia es que los jóvenes votan cada vez menos, con consecuencias como como la del brexit, cuando 88 por ciento de los adultos votaron en comparación con 23 por ciento de los jóvenes, quienes se manifestaron en contra del resultado del referendo al día siguiente, pero los espectadores les gritaron: ‘¿No votaste y ahora protestas?’. La tercera es que ahora existe una división entre la ciudad y el campo, que es solo la punta del iceberg de una división mucho más significativa: entre aquellos que se sienten excluidos por la globalización y piensan que va a favor de quienes viven en las ciudades y de las elites (que se considera que incluyen a los intelectuales), y aquellos que no han sido sus víctimas. Basta con ver de dónde obtuvo sus votos Trump en 2016, sin un apoyo significativo en las ciudades. Perdió el voto popular por dos millones, pero el peculiar sistema de votación estadounidense, herencia del proceso de unificación de los estados norteamericanos, hoy en día otorga una representación desproporcionada a los estados  más pequeños y menos desarrollados. El mismo fenómeno estuvo detrás del brexit y está sucediendo en todo el mundo. Esto ha llevado a una situación sin precedentes. Aquellos que se sienten abandonados ahora están legitimados para desconfiar de las élites. Durante mucho tiempo, la ignorancia ha sido una realidad en todos los países pero ahora existe la arrogancia de la ignorancia. La revuelta de los “chalecos amarillos” contra las élites que tienen a Emmanuel Macron como símbolo, es compartida por los seguidores de Trump, Salvini, Le Pen, Bolsonero, etc. Y es irónico que el sistema político, considerado en todas partes como el principal enemigo, sea de hecho el más ignorante en los tiempos modernos. Si alguna vez se hubieran reunido personalidades como Nelson Mandela, Adlai Stevenson, Olaf Palme, Salvador Allende y Aldo Moro, habrían tenido algunos libros en los que basar sus discusiones. Hoy, esto sería altamente improbable incluso entre los parlamentarios, por no hablar de Trump, Theresa May y Angela Merkel… Esto nos lleva a otra consideración y a la conclusión. La consideración consiste en reflexionar sobre lo que ha sucedido para que se degraden la política y los programas políticos. Mi propia lectura es que hubo una suma de factores, todos al mismo tiempo. La caída del Muro de Berlín provocó la “NHA” (no hay alternativa) de Margaret Thatcher. Fue el fin de las ideologías (el fin de la historia); fueron esos controles los que nos llevaron a la guerra. El grito era ser pragmático. Pero cuando la política se convierte en la solución de un solo problema, sin una visión orgánica a largo plazo del paso que estás dando, estás siendo utilitario, lo cual es una perspectiva diferente. Al mismo tiempo, tuvimos el Consenso de Washington entre el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre cómo dirigir el mundo. Los beneficios de la globalización harían flotar a todos los barcos. Todo lo que no fuera productivo debía ser frenado: los costos sociales, la educación (Reagan incluso quería abolir el Departamento de Educación) y la salud, que habían sido inamovibles, debían ser privatizados. El sistema público, el Estado, todo lo que era movible (comercio, finanzas, industria) debía globalizarse. Las microeconomías quedaban fuera. El FMI y el Banco Mundial tardaron 20 años en restaurar tardíamente el papel del Estado como un regulador más allá del mercado. Pero a estas alturas el genio estaba fuera de la botella. Las finanzas se han suicidado para depender de la producción económica. Y la concentración sin precedentes de riqueza en cada vez menos manos es sólo una señal que se suma a la exasperación de los perdedores. Empero, fue muy importante la teoría de la tercera vía de Tony Blair, quien decidió que como la globalización era inevitable, la izquierda podía desarrollarla y darle un rostro humano. El resultado es que la izquierda perdió a sus afiliados y los trabajadores ahora votan por los nuevos partidos populistas que están creciendo en todas partes. Ha desaparecido el debate de izquierda-derecha, que fue en gran medida un debate ideológico. ¿Por qué las personas habrían de sentirse apasionadas por una política que se ha convertido básicamente en un asunto administrativo? Y esto nos lleva a la conclusión. Para crear un partido mundial debemos encontrar una pancarta que atraiga a la gente a su alrededor. Creo que en el mundo de hoy la derecha no necesita estructurarse. El intento de Stephen Bannon de unir todos los partidos populistas y xenófobos es válido mientras tengan un enemigo común: Europa, el multilateralismo. Pero si presionas a la gente hacia el nacionalismo y la competencia, seguirá el camino de la tan proclamada unidad entre el primer ministro austriaco Sebastian Kurz y el italiano Matteo Salvini, quienes se proclamaron hermanos, unidos contra el enemigo común, la Unión Europea. Sin embargo, tan pronto como se topan con un tema concreto, como la forma de tratar a los inmigrantes, sus intereses en competencia les roban lo mejor de su hermandad. No tengo ninguna duda de que las próximas elecciones europeas en mayo verán un fortalecimiento de las fuerzas antieuropeas, pero desde ahí hasta el fin de Europa… Esta marea creciente se agotará por sí misma una vez que quede claro que el programa de los nacionalistas y los xenófobos de hacer retroceder el futuro hacia el pasado nacional durará hasta que tomen el poder, porque queda claro que no tienen respuestas: esto es lo que el gobierno italiano está enfrentando ahora. Para hacerse eco de Gramsci, un partido debería poder reunir a las masas para buscar un objetivo común. Este objetivo, para hacerse realidad, debería poder interpretar y unir a la mayoría de la gente. En la actualidad, el denominador común ha sido la globalización. Muchos historiadores piensan que los motores del cambio en la historia han sido la codicia y el miedo. Desde 1989, hemos sido educados en la codicia, que se ha convertido en una virtud: y desde la crisis de 2008 (un resultado directo de la codicia), el miedo se ha convertido en una firme realidad. Los inmigrantes son ahora los chivos expiatorios, pese a que siempre han sido un recurso. ¿Cuándo, en la historia de  Estados Unidos, podría un muro que los separe de México justificar el cierre gubernamental más prolongado? Los vínculos que unieron al pueblo hasta 1989 fueron sus valores. Basta con leer la Constitución de cualquier país para encontrar esos valores: justicia, solidaridad, ética, igualdad, derecho como la base de la sociedad, etc. Hoy vivimos en un mundo donde nadie habla de valores (a menos que tome el mercado como un valor), y menos aún del mundo político. Sería un duro desafío, pero un partido mundial debiera basarse en los valores, en la defensa de la cooperación internacional como garantía de paz y en el hecho de que la competencia y la codicia crean pocos ganadores y muchos perdedores. Debemos reconocer que en el mundo hay millones de personas comprometidas desde las bases, cientos de veces más que el FSM. Nuestro desafío es conectar con ellos, con aquellos que están esforzándose por cambiar la tendencia actual. Esto, me temo, es un largo proceso. Al iniciarlo, debemos dejar claro que no somos las élites, que también nos consideramos víctimas del mismo enemigo. Que compartimos los mismos valores, pero ¿podemos encontrar el idioma común para lograr esa conexión? La comunicación es la base de la participación… Periodista italo-argentino, Roberto Savio  fue cofundador y director general de Inter Press Service (IPS), de la que ahora es presidente emérito. En los últimos años también fundó Other News, un servicio que proporciona “información que los mercados eliminan”.  RV:EG Artículos relacionados

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Jóvenes lideran la lucha contra el cambio climático

IPS español - seg, 25/02/2019 - 13:00

Monique Taffe, diseñadora de moda de 22 años, residente en Londres, fabrica prendas con objetos y telas recicladas. Crédito: A.D. McKenzie/IPS.Por A. D. McKenziePARÍS, Feb 25 2019 (IPS) De su abuela jamaiquina que emigró a Gran Bretaña, Monique Taffe heredó la tradición de reciclar, y aprendió a no formar parte de la “cultura descartable”, como los ambientalistas llaman a la sociedad de consumo. “Veía a mi abuela reutilizar cosas, se lo heredó a mi madre, quien me inspiró a hacer lo mismo”, relató Taffe, quien busca utilizar materiales de desperdicios y telas recicladas en el diseño de moda. La diseñadora de 22 años, graduada hace poco en Londres, participó en la 3 Conferencia de Mujeres por el Clima (Women4Climate), que tuvo lugar el 21 de este mes en París. La joven se unió a otras mujeres del mundo, entre las que había varias latinoamericanas, que habían creado proyectos sostenibles y recibían mentoría de C40, una red de 94 megaciudades comprometidas a luchar contra el cambio climático, organizadora de la conferencia llamada “Toma la delantera”. Taffe comenzó un proyecto para crear ropa deportiva para embarazadas, como forma de incentivarlas a hacer ejercicio en esa etapa de la vida. Toda las prendas se fabrican con telas y objetos reciclados en su compañía Taffe Jones, explicó a IPS. La joven también es una de las 10 finalistas, entre 450 participantes del londinense Programa Alcaldes Empresarios 2018, en el que ciudades se vincularon con el Programa de Mentorías de Mujeres por el Clima. “Las lideresas desempeñan un papel de pivote en las negociaciones del Acuerdo de París sobre cambio climático de 2015 y son fundamentales para su éxito”, aboga Mujeres por el Clima, creada en 2016. “Ahora más que nunca será fundamental mejorar la participación y el liderazgo de las mujeres para garantizar un futuro saludable, próspero y sostenible para todos”, subraya. Taffe contó en una entrevista que le gustaría que los jóvenes británicos, caribeños y de todo el mundo se unieran en las redes sociales para compartir las mejores prácticas para reciclar telas. El contenido podría ser desde información sobre dejar ropa en depósitos centrales o en lugares designados, de donde diseñadores, y otras personas, pudieran extraer material reutilizable. El reciclado en la industria de la moda podría tener un impacto ambiental positivo, ya que es uno de los sectores de la economía más contaminantes, indican numerosos estudios. ONU Medio Ambiente señala que la industria de la moda “es responsable de producir 20 por ciento de las aguas residuales y 10 por ciento de las emisiones de carbono, más que todos los barcos y los vuelos internacionales”. El proceso de “teñido es el segundo mayor contaminante de agua a escala global y consume alrededor de 7.500 litros de agua para fabricar un típico pantalón vaquero”, precisa la agencia. En la Asamblea de ONU Medio Ambiente de marzo, la agencia “lanzará formalmente la Alianza de las Naciones Unidas sobre Moda Sostenible para alentar al sector privado, gobiernos y organizaciones no gubernamentales a crear un llamado a la acción en todo el sector y así reducir el impacto social, económico y ambiental negativo”, señala. Con fábricas textiles en toda América Latina y el Caribe, esta es un área a la que los ambientalistas también le prestan atención, y sostienen que es necesario concentrarse en la gestión de desperdicios, como textiles y plásticos que contaminan las playas de la región. La organización Jamaica Environmental Trust, con sede en Kingston, subraya la necesidad de reciclar, realiza jornadas limpieza de playas con voluntarios y trabajar para proteger la calidad del aire y del agua, explicó una portavoz a IPS. La conducción está a cargo de mujeres jóvenes, como Taffe, quienes trabajan para sensibilizar al público sobre cuestiones ambientales y climáticas. “Crear conciencia ayudará a otros jóvenes a ver qué se hace y facilitarnos la tarea de construir alianzas para la acción climática”, destacó Taffe. Por ejemplo, conociendo la medida que adoptaron en el Caribe de prohibir las bolsas y los sorbetes de plástico y ampliar el uso de la energía solar. El gobierno jamaiquino, por ejemplo, anunció en 2017 que quiere que el país llegue a generar 50 por ciento de su energía a partir de fuentes renovables para 2030, por encima del 30 por ciento fijado previamente. Ninguna ciudad caribeña forma parte del C40, pero participar en conferencias internacionales como Mujeres por el Clima es una forma de reunir empresarios con perfil ecológico para compartir experiencias. De hecho, la creación de alianzas internacionales fue uno de los temas centrales del encuentro de París, destacó la alcaldesa francesa Anne Hidalgo, quien lanzó la idea de Mujeres por el Clima. Hubo representantes de Quito, México y Santiago que, como Taffe, compartieron experiencias sostenibles y que procuran reducir las emisiones contaminantes. Jóvenes innovadoras también presentaron soluciones tecnológicas en un Desafío Tecnológico de Mujeres por el Cambio. “El cambio climático suele impactar primero en las mujeres”, recordó Hidalgo en la conferencia, “pues son las que tradicionalmente se ocupan de la familia, por lo que hay que reconocer sus capacidades”. “No significa que las mujeres sean mejores que los hombres, sino que ellas tienen distintas capacidades y competencias que son fundamentales en la lucha contra el cambio climático”, precisó. También recordó que autoridades y activistas deben “pensar a escala local y actuar a escala global”. Entre los participantes en la conferencia había alcaldesas de varias ciudades como Freetown, Sierra Leona; Charlotte en el estado estadounidense de Carolina del Norte; Dakar, Senegal, y Sydney, Australia, además de varios colegas alcaldes que trabajan en esta temática. “No podemos luchar contra el cambio climático de forma efectiva sin empoderar a las mujeres”, subrayó el ecuatoriano Rodacio Rodas, alcalde de Quito. También describió proyectos de seguridad alimentaria y urbanos que emplean mujeres, y añadió que a escala “comunitaria”, es posible empoderarlas y que ellas se empoderen para pasar a la acción. Pero muchas delegadas subrayaron la falta de apoyo nacional para la acción climática de algunos líderes. “Estamos devastados en todo el mundo por (Donald) Trump como lo están ustedes en Estados Unidos”, observó Clover Moore, alcalde de Sydney, refiriéndose a la falta de apoyo del mandatario estadounidense al Acuerdo de París. Pero el primer ministro de Australia no fue “mucho mejor”, apuntó. En el marco del movimiento “Youth Strike 4 Climate” (jóvenes con impacto por el clima), encabezado por la adolescente sueca Greta Thunberg, estudiantes de varios países permanecen fuera de su escuela algunos días y protestan por la falta de medidas de sus gobiernos contra el recalentamiento global. “Los jóvenes ven lo que pasa, conocen la ciencia”, subrayó Moore. Entre los estudiantes que participaron en la conferencia de Mujeres por el Clima, estaba Youna Marette, la belga de 17 años, quien, además, fue una de las oradoras. “Seguiremos luchando, impactadno por nuestra cultura”, prometió, y urgió a los gobiernos a crear sociedades más inclusivas y a redoblar la acción para proteger el planeta. Para Taffe, pensar en el futuro y en un mundo habitable es una gran motivación. “Mi abuela me heredó estrategias para llevar una vida sostenible y quiero continuar con eso”, explicó a IPS. “Tenemos que reutilizar y reciclar, y hacer lo que podamos donde sea que vivamos”, añadió. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Sistema penal de Estados Unidos plagado de injusticias

IPS español - sex, 22/02/2019 - 13:14

David Antonio Pérez, de 42 años, pasó recluido cinco años en varios centros de detención para indocumentados en Estados Unidos, lo que duraron sus recursos ante la justicia para evitar la deportación. De regreso a El Salvador, donde ya fue deportado otras dos veces, su futuro está marcado por la derrota y la incertidumbre. Crédito: Edgardo Ayala/IPSPor Rose DelaneyMIAMI, Feb 22 2019 (IPS) Las dificultades de acceso a la asistencia legal y la desigualdad socioeconómica ocupan un lugar central en el sistema de justicia penal de Estados Unidos, donde hay un exorbitante número de presos sin condena. Miles de personas se ven privadas de los derechos humanos más básicos y reciben un trato que las equipara a una “subclase” criminal en lo que parece ser un sistema perfectamente “legal” y “justo”. Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria del mundo con la pasmosa cifra de 2,3 millones de personas tras las rejas. En otras palabras, uno de cada 99 adultos están confinados en una celda. Y Florida se ubica en tercer lugar entre los estados con la mayor población privada de libertad. Se gastan unos 2.700 millones de dólares al año para alojar delincuentes presos por delitos menores. Los presos estadounidenses no tienen derechos políticos ni voz sobre el trato que reciben, y casi que tampoco tienen organizaciones que los representen. Una vez que recuperan la libertad, tampoco pueden solicitar asistencia para vivienda ni ayuda económica. Además, deben declarar que estuvieron presos cada vez que presentan solicitud de trabajo. Según la Oficina de Estudios Judiciales, la falta de políticas de rehabilitación y de acceso a servicios públicos hace que 76 por ciento de los presos tengan probabilidades de reincidir en los cinco años siguentes a su liberación. IPS conversó con Jean-Claude sobre el terrible periplo que tuvo en el sistema de justicia de Florida. Su familia, que quedó en Haití, desciende de educadores y personalidades influyentes de ese país. Cuesta creer que con su forma correcta y bien articulada de expresarse pudiera estar casi 10 años preso. A Jean-Claude lo condenaron por conspiración en base a “evidencia de oídas” en un caso de extorsión, sin “pruebas materiales” para comprobarlo. Él  sostiene que es un error desde el punto de vista legal y es un recurso que no debería usarse para condenar a una persona. Jean-Claude, condenado por conspiración en base a “evidencia de oídas” en un caso de extorsión, sin “pruebas materiales” para comprobarlo. En 1998, inició una batalla legal contra el estado de Florida que duró 10 años. Crédito: Cortesía En 1998, inició una batalla legal con el estado de Florida que duró 10 años. Todavía está en pleno debate para revisar la legislación sobre el estatuto 777.04 sobre “Tentativa, Incitación y Conspiración”. A medida que avanzó la acusación, se hizo evidente que se había cometido una enorme injusticia. Después de tres años y medio tras las rejas, comenzó el juicio. Le ofrecieron un bono de más de un millón de dólares. La solicitud de reducción de pena cayó en oídos sordos, y le fue negada por el tribunal. Su abogado cobró la considerable suma de 15.000 dólares y no hizo mucho para resolver el caso. Su caso deja en evidencia que pretender contar la historia desde la perspectiva del imputado es excesivamente costoso en el sistema de justicia penal de Estados Unidos. No es un derecho garantizado para sectores con poder adquisitivo bajo y medio. El caso de Jean-Claude se distingue del de 85 por ciento de los presos de este país que nunca van a juicio. Con abogados con honorarios excesivamente altos y bonos desorbitados, se recomienda y se alienta a muchos imputados a declararse culpables de delitos que pueden no haber cometidos. “El Estado y los abogados no aconsejan ir a juicio porque es demasiado costoso y lleva mucho tiempo”, explicó Jean-Claude. Como inmigrante haitiano, las condiciones del sistema penitenciario de Estados Unidos son excepcionalmente injustas. Para peor, dos días antes de su liberación, lo trasladaron a un centro de detención para deportarlo. Una vez allí, lo mantuvieron incomunicado durante 23 horas, lo que es una forma de tortura, como precisa Amnistía Internacional. Por poco y no logra evitar su deportación; por suerte pudo presentar su caso ante un juez y alegar que su esposa e hijos, residentes estadounidenses, lo estaban esperando con ansias tras nueve años en la cárcel. En sintonía con lo que dice Michelle Alexander en “The New Jim Crow”, Jean-Claude coincide que en Estados Unidos tratan a los presos como si fueran una casta inferior. Dentro y fuera de las penitenciarias, los convictos o exconvictos se ven privados de sus derechos básicos a reformarse y rehabilitarse. “La mayoría deja la prisión peor que cuando entró”, sentenció Jean-Claude. Para sobreponerse a una recaída, él decidió echar mano a su experiencia de negocios. El nivel de educación de la mayoría de los hombres presos en Florida no supera el grado 6, que suelen cursar los niños a los 11 o 12 años. Por ello, tuvo un gran impacto la iniciativa de Jean-Claude de implementar un programa de “Empresa e Innovación” en la cárcel. Más de 150 estudiantes pasaron por su programa, concentrado en innovación y alfabetización tecnológica. Y aun después de recuperar la libertad, siguió ofreciendo servicios de educación y de búsqueda de trabajo a presos y exconvictos. Jean-Claude fundó la organización Riemerge, que apuesta a la rehabilitación de hombres atrapados en el sistema penal estadounidense mediante capacitación en innovación tecnológica para conseguir empleo en grandes corporaciones. Como los hijos de presos tienen seis veces más probabilidades de terminar en la cárcel, Jean-Claude hace hincapié en el vínculo entre padres e hijos. Así, los padres comparten sus logros y otras cosas que aprenden con sus hijos, además de alentarlos a innovar en cuestiones de tecnología y negocios. ¿Qué futuro le espera a los jóvenes varones condenados de forma injusta? Jean-Claude mencionó la importancia de la inteligencia artificial en el sistema de justicia penal. “Tengo esperanzas en la reforma porque gracias a la tecnología, el sistema de justicia penal adopta nuevas tecnologías con rapidez. Creo que así se eliminarán los prejuicios en los tribunales y en las políticas”, opinó. Pero las nuevas tecnologías introducen sus propios problemas. Por ejemplo, Brian Brackeen, un empresario afroamericano y fundador de Kairos, creó una exitosa tecnología de “reconocimiento facial”, que se niega a vender a la policía porque las computadoras pueden adoptar esos prejuicios. “He sido muy claro sobre los posibles peligros asociados a los actuales prejuicios raciales del reconocimiento facial, y muy abierto sobre mi oposición a que la policía use esa tecnología”, declaró. Con una mayor conciencia y dedicación, exconvictos como Jean-Claude son optimistas con respecto a su capacidad de erradicar las graves injusticias del sistema penal estadounidense. Pero Jean-Claude, uno de los muchos presos víctimas de la justicia estadounidense, está decidido a hacer todo lo posible por promover el acceso a la justicia y promover un cambio que beneficie a los presos silenciados de forma injusta. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Jean Wyllys: “Minha vida não valia nada”

Pública - sex, 22/02/2019 - 11:35

Em entrevista exclusiva ao jornal alemão neues deutschland em parceria com a Pública, o ex-deputado federal do Psol Jean Wyllys afirma que não deixou o país por causa da eleição de Bolsonaro, mas porque seu governo tem tratado a oposição como inimigos: “Se ele tivesse sido eleito e fosse um homem que respeitasse a democracia e tratasse os derrotados como oposição política, eu permaneceria”. Diz ainda que as instituições democráticas como o Ministério Público, a Polícia Federal e o próprio Judiciário tinham instrumentos legais para conter as ameaças e difamações que recebia – e continua recebendo – mas foram omissas. “Moro teve o cinismo de dizer que uma única pessoa que me ameaçava e que foi presa, o Estado prendeu a partir de investigações sobre as ameaças de morte contra mim. É mentira. Se você tiver acesso à documentação da prisão desse sujeito, você vai ver que meu caso não é citado em nenhum momento. Ele não foi preso por esse motivo.” Lea Fauth/neues deutschland Wyllys afirma que não deixou o país por causa da eleição de Bolsonaro, mas porque seu governo tem tratado a oposição como inimigos Você falou que recebe ameaças há muito tempo. Mas foi logo depois da posse do Bolsonaro que você decidiu sair do país… Eu não saí necessariamente porque Bolsonaro venceu as eleições. Tanto é que o pedido de medida cautelar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos foi anterior à eleição dele. A minha saída foi por causa de ameaças de morte que se intensificaram após o impeachment da Dilma e, de maneira muito grave, durante o processo eleitoral que deu a vitória a Bolsonaro. Bolsonaro me envolvia. Ele inventou a história de que eu havia criado um kit gay como deputado federal e que eu seria ministro da Educação do governo Haddad. E esse kit gay seria distribuído nas escolas do país ensinando as crianças a serem lésbicas e gays. Também seria distribuída nas creches uma mamadeira com pênis na ponta. E essa foi a plataforma de governo que esse sujeito apresentou. Se a maioria da população vota nesse sujeito por causa dessa mentira é porque a maioria da população acredita nessa mentira ou quer acreditar nessa mentira. Pode achar que é mentira, supor que é mentira, mas decidiu dizer que é verdade porque odeia ver um homossexual numa posição de poder. Então, já que o candidato à Presidência dizia isso publicamente, as pessoas se sentiram autorizadas a dizer também. Mais do que isso, as pessoas se sentiram autorizadas a usar a violência física contra outras. Eu não pude fazer campanha durante o processo eleitoral porque estava ameaçado, porque em todos os lugares onde eu ia fazer campanha eu era insultado e ameaçado e eu estava com uma escolta com três homens da Polícia Legislativa, que garantia a minha segurança física, e ainda assim as pessoas se sentiam livres para me insultar e me chamar de pedófilo, dizer que eu era um maldito, que Bolsonaro iria vencer as eleições e que eu iria morrer. Então, a minha saída não tem necessariamente a ver com a eleição dele porque, se ele tivesse sido eleito e fosse um homem que respeitasse a democracia e tratasse os derrotados como oposição política, eu permaneceria. A questão é que ele e o seu governo não têm tratado a oposição como oposição, mas como inimigos. Têm criado meios para criminalizar os movimentos sociais que vão fazer oposição ao seu governo e criado meios de fazer com que a polícia elimine a oposição. Enfim, não foi necessariamente por causa da eleição do Bolsonaro, mas a eleição do Bolsonaro e o processo eleitoral em que ele estava, do qual ele saiu vitorioso, aumentaram o nível de violência política no país. E as informações que a imprensa divulgou de que a família Bolsonaro tinha ligações estreitas com as milícias que executaram Marielle Franco. Tudo isso fez com que eu decidisse não voltar para o Congresso. As primeiras ameaças de morte já surgiram no meu primeiro mandato [em 2010] e durante um tempo eu pensei que elas tinham somente a intenção de me intimidar e de me calar. Eu tratava dessa maneira até que em 14 de março do ano passado minha companheira de partido Marielle Franco foi executada de maneira bárbara. E isso deu a mim e aos meus companheiros a noção de que as ameaças não eram uma brincadeira, ou seja, só uma forma de intimidação. As ameaças vinham pelo telefone do escritório onde trabalhava, chegavam pelos e-mails institucionais e pessoais e pelas redes sociais. E, além das ameaças, também desde o primeiro ano de mandato, eu sou alvo de uma campanha orquestrada de difamação. Qual era o objetivo dessa campanha? Quando você mente reiteradamente, quando você calunia reiteradamente de maneira orquestrada por diferentes perfis falsos e perfis verdadeiros de figuras públicas, quando você diz que um deputado homossexual assumido é pedófilo ou defende a pedofilia, você o converte no “Inimigo Público”, em alguém a ser abatido, em alguém a ser morto. Meu mandato se ocupava em propor projetos de lei para defender direitos, sobretudo direitos de minorias oprimidas. Mas também se ocupava de se defender o tempo inteiro desses ataques e de defender a comunidade LGBT. Porque o ataque a mim como representante dessa comunidade era também um ataque à comunidade LGBT. Quem ameaçou você? Esses ataques não vinham só de perfis falsos robôs. Eram perfis de pessoas públicas como pastores evangélicos e fundamentalistas religiosos. Eu vou dizer um nome de um deles: Silas Malafaia. Um dos principais inimigos da comunidade LGBT e um dos maiores difamadores da comunidade LGBT. E os perfis da família Bolsonaro. Bolsonaro era deputado federal há muitos anos quando me tornei deputado federal. E seu discurso de ódio conseguiu colocar seus três filhos no Parlamento. Então, numa única família tinha três pessoas na institucionalidade, utilizando a institucionalidade para difamar alguém. Que era eu. Era todo um movimento que me convertia em um inimigo público através de mentiras, com a complacência e a negligência das instituições democráticas que deveriam coibir de alguma maneira esse discurso de ódio e essas fake news. Há uma distinção muito clara entre liberdade de expressão e você utilizar a liberdade de expressão para mentir, caluniar e difamar. O Código Penal brasileiro institui os crimes de injúria, calúnia e difamação. Então, havia um instrumento legal para as instituições democráticas como o Ministério Público, a Polícia Federal e o próprio Judiciário conterem essa avalanche de mentiras e as ameaças. Mas as instituições não fizeram nada. Porque há uma homofobia social e uma homofobia institucional que fazem com que a vida de uma pessoa LGBT, mesmo que eleita popularmente com muitos votos, não valha nada. Minha vida não valia nada. Eu enfrentei tudo isso durante muitos anos criando minhas próprias estratégias de defesa, que não surtiram efeito, que não conseguiram conter a avalanche de perfis que me atacavam. Quando aconteceu o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que foi deposta do seu cargo também por uma mentira – acusaram a Dilma de ter praticado um crime que não existe, o crime de responsabilidade [fiscal] –, eu assumi muito a defesa do governo Dilma como a defesa da democracia, do jogo democrático. A Dilma venceu as eleições e quem deveria tirá-la do governo eram novas eleições, e não um impeachment baseado em mentira. Ademais os ataques a Dilma eram todos ataques misóginos e machistas. Eu assumi muito claramente a defesa do mandato dela mesmo não sendo do mesmo partido. E isso fez com que a avalanche de ataques só aumentasse. Então havia dois motivos agora: o fato de eu ser gay e apresentar uma agenda em favor da comunidade LGBT e de outras minorias e propor, por exemplo, o casamento civil igualitário, que foi uma conquista do nosso mandato, e um ódio por defender o governo Dilma. Acha que sua saída é uma vitória da direita? Porque conseguiram te calar? Eles acham que conseguiram me calar. Mas a minha saída foi para continuar vivo, porque as causas não precisam de um mártir. Eu pouco poderia fazer se estivesse morto. Aí, sim, teria acabado. Eu pouco poderia fazer se ele inventasse uma história para me prender como eles fizeram com o Lula. Aqui fora eu posso continuar sendo uma voz. Então não foi necessariamente uma vitória deles nesse sentido. Fui eu que dei um xeque-mate neles no momento em que eles achavam que estavam com o jogo ganho. Me retirei e ao me retirar dei um recado político ao mundo. O Ministério da Justiça publicou uma nota dizendo que não é verdade que foi omisso nas investigações, como o documento da Comissão Internacional de Direitos Humanos falou. O que você acha disso? É uma mentira. Eles foram omissos. Porque no relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi pedida a medida cautelar e o governo não fez nada. Ignorou completamente a medida cautelar, e Moro teve o cinismo de dizer que uma única pessoa que me ameaçava e que foi presa, o Estado prendeu a partir de investigações sobre as ameaças de morte contra mim. É mentira. Se você tiver acesso à documentação da prisão desse sujeito, você vai ver que meu caso não é citado em nenhum momento. Ele não foi preso por esse motivo. Havia novas ameaças? Desde que eu anunciei minha saída, novas ameaças foram colocadas em circulação contra minha família. Nós já acionamos a Polícia Federal dizendo que eu posso estar protegido aqui, mas minha família não está. Ameaçaram que vão matar os meus irmãos e minha mãe, que vão cortar suas cabeças. Por telefone e por e-mail. O partido já tomou providências de comunicar ao Ministro da Justiça e dizer que qualquer coisa que aconteça à minha família eles serão responsabilizados por isso. Além das novas ameaças, novas fake news foram publicadas, dizendo que eu tenho ligação com um sujeito que atentou contra Bolsonaro durante a campanha, que ele seria meu namorado e que por isso saí do país. Que eu teria dado uma fraude financeira e que por isso eu saí do país. Ou seja, calúnias, mentiras, nada que se prove. Mas parte dos brasileiros está numa espécie de histeria coletiva, num surto de estupidez que acredita em qualquer coisa que aparece em seus aparelhos celulares no WhatsApp. No dia em que você publicou a nota de saída, o Jair Bolsonaro escreveu “grande dia” no Twitter, enquanto o vice, Hamilton Mourão, lamentou sua saída e escreveu que era um “crime contra a democracia”. O que você acha dessas duas posições tão diferentes? Nós chegamos num ponto, no Brasil, em que estamos considerando um general como Mourão, com histórico de extrema direita, como moderado. A que ponto chegamos? Porque Mourão é um militar da extrema direita. Mas ele ainda consegue ser minimamente moderado e lúcido diante do sujeito que hoje é presidente da República. Ele comemorou a saída de um deputado por conta de ameaças de morte. Um presidente deve cuidar da população do seu país. Depois de eleito, ele é responsável pela população de todo o país. Mas esse sujeito não age como presidente da República, ele continua como se tivesse na campanha tratando os 40 milhões de pessoas que não votaram nele, como eu, como inimigos. Com esse tweet ele confirmou minha decisão, só me deu razão de que de fato o Brasil não era mais seguro pra mim. Na Europa há uma extrema direita forte também. Você vê uma associação da direita brasileira e da europeia? Não sei se é uma associação clara. De alguma maneira, há um diálogo entre a extrema direita no mundo todo. Mas há uma diferença em viver no Brasil, em que a extrema direita triunfou e as instituições democráticas não estão como tal e onde há uma homofobia social, e viver em uma cidade como Berlim, em que a diversidade é aceita e a comunidade LGBT pode existir sem ameaças – pelo menos sem ameaça evidente. Não sei de nenhuma pessoa LGBT que foi assassinada aqui. Mas aqui há ameaças e ataques também. Mas qual é a resposta do Estado para esses ataques? Geralmente criminalização. Isso, criminalização é uma resposta eficaz de identificação e uma proclamação que as pessoas LGBT são cidadãs alemãs e que têm que ser respeitadas. Isso não passa no Brasil. Aí é a diferença. Há possibilidade de ser atacado, mas muito menor do que no meu país. Você já teve algum retorno de novos andamentos das investigações das ameaças que você recebeu? Não, nenhum. Depois que saí, vieram novas ameaças e dessa vez a gente comunicou diretamente ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que havia dito que não teve negligência do Estado. Então mostramos para ele que bastou eu sair para que uma nova ameaça fosse feita – ignorando inclusive a fala dele –, dizendo que eu estava protegido, mas minha família não estava, e que matariam minha mãe e meus irmãos. A gente não sabe qual é o andamento que o governo tem dado em relação a isso. Mas a Comissão Interamericana pediu novo relatório, e no Brasil é produzido um relatório para que a gente possa entregar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Você falou muito sobre ameaças sendo feitas na internet. Há pessoas dizendo que existe uma diferença entre ameaças na internet e violência real. O que você acha disso? O que posso dizer sobre isso é sobre o assassinato de 12 meninas na Escola Tasso da Silveira, em Realengo, em 2011. O sujeito fazia ameaças na internet, pertencia a um site que estimulava o assassinato de mulheres, estupro corretivo de lésbicas, a violência contra negros e o meu assassinato. O sujeito que frequentava esse site comprou uma arma, fez cursos de tiro e matou 12 meninas. É isso que tenho que falar às pessoas que acham que ameaça na internet não se concretiza. O cara que jogou carro contra pedestres em Barcelona, também fazia ameaças pela internet. E o cara que fez o atentado no Canadá teve relações com um brasileiro que me ameaçou de morte. Só alguém que não preza pela vida pode dizer que ameaça na internet é diferente de ameaça real. Como é para você estar aqui enquanto seus companheiros estão no Brasil lutando? Tem uma tristeza de estar longe forçadamente do meu país, de não estar produzindo o que deveria produzir como deputado. Não por vontade própria, mas porque fui impedido de fazer isso. A notícia sobre Brumadinho me abateu profundamente. Eu chorei uma noite inteira vendo aqueles corpos cobertos de lama por pura negligência de uma empresa que foi privatizada com discurso que funcionaria bem. Outra notícia que me entristeceu foi a chacina no Rio de Janeiro. O nosso país está vivendo o pior momento.

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Parliamentarians directly called to take action on global issues by UN chief

UN SGDs - sex, 22/02/2019 - 00:03
Addressing parliament elected officials from around the world gathered at United Nations Headquarters in New York on Thursday for an annual hearing, UN chief António Guterres called for their support on legislation and financing of global solutions to global problems, such as climate change, uncoordinated migration and the dangers of some new technologies.
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“Vale não ofereceu lista identificando terceirizados de Brumadinho até hoje”, diz sindicalista

Pública - qui, 21/02/2019 - 17:42
Eduardo Armond, do SITICOP-MG

O diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Pesada de Minas Gerais (SITICOP-MG), Eduardo Armond, falou em entrevista à Pública que os nove sindicatos unificados que representam parcela dos trabalhadores da Vale estabeleceu novas pautas unificadas junto à Comissão de Representação dos Familiares dos Mortos e Desaparecidos de Brumadinho. As demandas serão apresentadas nesta sexta-feira, 22, em nova audiência com o Ministério Público do Trabalho e à mineradora Vale. “Queremos que qualquer acordo que saia dessa mesa seja feito na justiça do trabalho. Não queremos esse assédio que está sendo feito com as famílias. Amanhã, se a empresa quiser negociar, ficamos sentados até meia noite para resolver, se não quiser, ficamos cinco minutos” afirma. O assédio a que se refere Armond se relaciona às abordagens que a empresa faz individualmente as famílias das vítimas de Brumadinho para acertar indenizações sem mediação sindical. Segundo ele, a Vale tem prometido valores que representem ⅔ dos salários dos trabalhadores, de acordo com a função. Armond representa uma das categorias mais atingidas tanto pela tragédia de Brumadinho quanto pela de Mariana, uma vez que os trabalhadores que atuam diretamente nas barragens geralmente são os da construção pesada. Os outros sindicatos representam categorias diversas que vão desde trabalhadores dos correios até os mineiros empregados diretamente pela companhia. O diretor afirma que até agora, quase um mês após o rompimento da barragem, a Vale ainda não ofereceu uma lista identificando os trabalhadores terceirizados e para qual empresa eles atuavam. “Nós fizemos um levantamento e identificamos que, dos trabalhadores que estavam na planta industrial na hora do rompimento, 700 eram próprios da Vale e pelo menos 500 eram terceirizados. Existem mais de 130 trabalhadores desaparecidos que não estão identificados, podem ser terceirizados, MEI, menor aprendiz, estagiários ou pessoas jurídicas. A Vale alega que os servidores com esses dados foram perdidos, mas sabemos que uma empresa desse tamanho tem esses dados armazenados dados na nuvem”, denunciou. A pedido do movimento unificado dos sindicatos atingidos pela Vale a justiça estabeleceu que a empresa tem até esta sexta-feira para apresentar o registro geral dos trabalhadores presentes na mina no dia do rompimento. “Queremos que as famílias recebam o mesmo valor, independentemente do funcionário vítima ter sido um faxineiro ou um gerente”, diz Armond Quais as demandas unificadas que serão apresentadas na segunda audiência com a Vale no MPT? Nós unificamos as pautas do pedido de indenização por danos morais e materiais. No dia 15 de fevereiro realizamos a primeira audiência junto ao MPT, na qual recusamos a proposta da Vale. No entanto, a empresa continua apresentando a mesma proposta como se ela não tivesse sido recusada. Os pontos vão desde o atendimento aos companheiros ainda desaparecidos, um problema sério que a Vale tem tratado apenas a caráter de discussão da indenização sobre os mortos, mas não comenta a questão prévia da localização dessas pessoas, para que as famílias tenham direito a um enterro decente. Colocamos que um ponto fundamental é que os bombeiros e a Vale não interrompam as buscas enquanto não identificarem todos, pois ainda há 130 trabalhadores enterrados, com base nos desaparecidos declarados pelas famílias. Em relação aos mortos, nós tiramos uma posição em conjunto para o valor da indenização por danos morais e materiais, essa reivindicação é baseada em um documento interno da Vale que estipulou um valor, uma indenização, um provisionamento em caso de rompimento da barragem, há alguns anos. Estamos levando esse documento e apresentaremos amanhã para o juiz. Combinamos de apresentar esse valor apenas amanhã, mas é um valor muito maior do que o que a empresa está oferecendo, em torno de R$ 900 mil e R$ 1 milhão por família. Nas últimas semanas, a empresa tem procurado as famílias individualmente para indenizá-las, de acordo com o cargo e o salário recebido por cada trabalhador. Nós queremos unificar as indenizações, de forma que as famílias recebam o mesmo valor, independentemente do funcionário vítima ter sido um faxineiro ou um gerente. Outro ponto importante é a estabilidade para todos os trabalhadores que tinham em Brumadinho, seu posto de trabalho, tanto os da Vale, quanto os terceirizados. Eles foram vitimados por um acidente de trabalho criminoso que deve ter consequências para o resto de suas vidas, e o posto de trabalho deles foi atingido. Estamos pedindo três anos de estabilidade para esses trabalhadores, e a Vale estabelece uma estabilidade de oito meses. Em relação às outras barragens de risco, que serão encerradas após decisão das empresas com a Agência Nacional de Mineração (ANM), estamos movendo um pedido de inquérito e mediação com o Ministério Público para que essas empresas sejam chamadas para discutir a questão do descomissionamento. Esse processo envolve um tratamento especial a esses trabalhadores, com procedimentos muito importantes de segurança. Então, além de Brumadinho, pedimos essa ação global no MP para evitar acidentes. Em relação aos sobreviventes, estamos pedindo uma posição diferenciada de acordo com o dano sofrido. Para os trabalhadores que estavam no local de trabalho e foram resgatados e os que viveram o rompimento, pediremos uma indenização também por danos morais. A Vale não oferece nada a essas pessoas. Também pediremos indenização para os trabalhadores que não estavam em campo no dia do crime, que estavam fora do ambiente, em casa, mas perderam colegas e conhecidos, além do posto de trabalho. Também questões específicas em termos de assistência médica, plano de saúde, seguro serão tratadas. Vamos insistir para que todo esse processo seja resolvido em um acordo na justiça do trabalho no sentido de que não se permita que a Vale fique negociando individualmente com cada família e rebaixe o valor da indenização, que é o que ela está querendo. Já existe um número oficial de trabalhadores desaparecidos? Você representa o sindicato dos trabalhadores nas indústrias da construção pesada, imagino que muitos deles eram terceirizados. Existe esse dado dos trabalhadores terceirizados atingidos? Os números não estão fechados porque, por incrível que pareça, a Vale ainda não ofereceu uma lista identificando cada trabalhador de cada empresa. Existem mais de 130 trabalhadores considerados desaparecidos que não estão identificados, não são da Vale mas não se sabe as empresas, podem ser autônomos, menor aprendiz, terceirizados, MEI, estagiários, ou pessoas jurídicas, como os engenheiros. Há até companheiros dos correios entre os desaparecidos, porque lá existia um posto dos correios. A Vale até hoje, quase um mês após o rompimento, não apresentou um conjunto referente a cada trabalhador e a qual empresa ele estaria vinculado. Nós fizemos um levantamento e identificamos que dos trabalhadores que estavam na planta industrial na hora do rompimento, 700 eram próprios da Vale, entre o administrativo e o operacional, e pelo menos 500 eram terceirizados. Mas a Vale não assume esses números, e não coloca identificação com CPF, identificação da empresa. Estamos garimpando essas informações com os bombeiros. Por isso essa questão dos desaparecidos é tão importante, porque a identificação clara define inclusive o nível de negociação que deve ser feito, além do trauma da família que continua, porque as famílias estão sofrendo até mais do que as dos trabalhadores encontrados. Se não sabemos a empresa que contratava cada pessoa, não há como entender a convenção coletiva do sindicato daqueles trabalhadores, qual negociação deve ser feita. A Vale fica se eximindo de assumir as responsabilidades, então pedimos essa informação juridicamente e o juiz determinou que a Vale entregue essa relação até amanhã [sexta-feira, 22 de fevereiro]. A justificativa da Vale é que todos os servidores, computadores, que estavam no complexo industrial, foram perdidos com o rompimento, mas sabemos que uma empresa desse tamanho não trabalha com servidor local, todos os dados estão na nuvem. A identificação é fundamental, porque se não identificarem as pessoas que trabalhavam lá, uma família pode passar o resto da vida tentando responsabilizar a Vale sem conseguir. A Vale reconhece o movimento unificado dos trabalhadores da Vale como legítimo? Não. Dos 19 mortos de Mariana, 15 eram nossos, e a empresa fez isso o tempo todo, jogando um sindicato contra o outro, tentando rebaixar a indenização. Mas agora nós conseguimos unificar as sindicais com o MP, agindo em conjunto, e agora o dinheiro está bloqueado na justiça, o que não aconteceu em Mariana. Existe uma diferença entre o tamanho dos sindicatos, mas isso não importa para nós, o que importa é que os trabalhadores sejam reconhecidos. A Vale não pode passar por cima da nossa organização e abordar as famílias individualmente. Nós fizemos uma discussão com o juiz porque acreditamos que isso é um desrespeito contra a própria justiça, já que nosso processo coletivo está ajuizado e a Vale permanece assediando as famílias, tentando fechar acordos judiciais, ignorando o trauma das famílias e a própria situação de insegurança que ela mesma criou. As famílias ficam desesperadas por respostas, para conseguir algum dinheiro, muitas não têm outra fonte de renda além do salário do familiar morto. Nós consideramos isso como um assédio moral. Como tem sido esse processo de unificação das pautas dos sindicatos? Nós tentamos há muito tempo essa junção. Os sindicatos são divididos por grupos e centrais sindicais diferentes. Normalmente, as entidades sindicais se pautam por uma ação de cúpula das centrais. Aqui em Minas Gerais estamos insistindo nessa questão de barragens, não que sejamos melhores, mas tentamos que todos os trabalhadores de todas as áreas da mineração se unifiquem, inclusive com os terceirizados. Em Mariana conseguimos durante muitos momentos unificar com os mineiros da Metabase de Mariana, mas isso não é comum, é um processo difícil de entendimento. Os trabalhadores da própria Vale acabam se sentindo privilegiados porque ganham até três vezes mais que os terceirizados, então tem estamentos sociais que dificultam o processo. Defendemos que a comissão de prevenção de acidentes seja conjunta, que a ação de fiscalização de cumprimento de segurança e condições de trabalho seja conjunta, que a gente negocie em conjunto. Agora a Vale está distribuindo uma Participação nos Lucros e Resultados (PLR) para seus trabalhadores. Mas os terceirizados, que são metade do corpo da empresa, nunca receberão isso. É difícil, mas se começamos pelo caminho da segurança, conseguimos unificar e já conseguimos algumas vitórias. Não estamos fazendo nada sozinhos, os mineiros da Metabase, o sindicato dos rodoviários, também têm insistido nisso. Não há saída para as pautas judiciais dos trabalhadores industriais sem a unificação sindical, e a Vale quer dividir para reinar. Porque os sindicato dos trabalhadores da construção pesada está por trás dessa organização? Havia mais trabalhadores dessa área no local do rompimento? Os trabalhadores que trabalham em barragens, na parte efetiva da construção, manutenção e supervisão são os da construção pesada. Muitas empresas não tem nem registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Pedimos ao CREA o registro das empresas que estavam trabalhando lá na hora do rompimento, para justamente conseguir fechar o número, nome e empresa dos terceirizados, e até hoje não conseguimos. Existe um desvirtuamento de preferência por parte da Vale. Ela não contrata pela expertise da empresa, mas pelo menor preço, quem anuncia o valor mais baixo de serviço nos leilões ganha o direito de trabalhar no local, e isso é uma receita para o desastre. Caso a Vale não aceite as demandas dos sindicatos, como vocês irão proceder? Há perspectiva de mobilizações? Mobilização nós faremos com ou sem acordo, agora o caminho é no sentido de insistir que a Vale estabeleça uma mesa de negociação sobre essas questões, garantir que essa mesa não seja separada, e, sim, observada e acompanhada pelo MPT, para que não haja nenhum desvirtuamento. Queremos que qualquer acordo que saia dessa mesa seja feito na justiça do trabalho. Não queremos esse assédio que está sendo feito com as famílias. Amanhã, se a empresa quiser negociar, ficamos sentados até meia noite para resolver, se não quiser, ficamos cinco minutos.

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El comercio mundial se debilita por el proteccionismo de Washington

IPS español - qui, 21/02/2019 - 16:25

La venta de vehículos es uno de los que ha sufrido una caída según el indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial, que anticipa la persistencia de malos tiempos para el intercambio de mercancías, debilitado por el proteccionismo de Estados Unidos. Crédito: Ginebracomercio.comPor Gustavo CapdevilaGINEBRA, Feb 21 2019 (IPS) La tirantez de las relaciones comerciales internacionales repercute en los indicadores del intercambio y “es probable que la debilidad del comercio persista” durante el primer trimestre de 2019, reconoció la Organización Mundial del Comercio (OMC). El “descenso simultáneo de varios indicadores relacionados con el comercio debería poner a los responsables de la formulación de políticas en guardia contra una desaceleración más acusada si las tensiones comerciales actuales no se resuelven”, previno la organización con sede en Ginebra. El último Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial (WTOI, en inglés) de la OMC, divulgado el 19 de febrero, muestra abruptas caídas en los índices que componen el WTOI y que “aparecen bajo presión de las crecientes tensiones comerciales”. De un punto de referencia de valor 100 para cada índice del WTOI, el último registro de las órdenes de exportaciones  alcanzó el nivel 95,3; el transporte aéreo de mercancías, 96,8; la producción y venta de automóviles, 92,5; la de componentes electrónicos, 88,7, y la de productos básicos primarios de la agricultura, 94,3. Todos esos casos han presentado las desviaciones más marcadas que se asemejan, aproximan o superan a los descensos registrados durante la crisis financiera internacional estallada en 2008. Solo el índice de movimiento en los puertos de contenedores mostró signos positivos, de 100,3, con mínima tendencia creciente, dijo la OMC. El informe estimó que “factores temporales” han influido en algunos de los índices. Mencionó que la “carga adelantada de importaciones en anticipación de (la guerra de) aranceles entre Estados Unidos y China puede haber alentado en alguna medida los embarques de contenedores”. También citó que “problemas del sector automovilístico en Alemania pueden haber contribuido al debilitamiento de la producción y venta de autos”. Los componentes del Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial muestran un descenso simultáneo que pronostica la persistencia de la ralentización del intercambio. Crédito: OMC “La constante pérdida de impulso resalta la urgencia por reducir las tensiones en el comercio que, junto a los persistentes riesgos políticos y a la inestabilidad financiera podrían presagiar un deterioro económico más extenso”, previno la OMC. Cuando la OMC alude a “las tensiones comerciales” o a “factores temporales” se refiere al ambiente espeso en que se desenvuelven las actividades de la institución desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, aplica su política comercial proteccionista bajo el lema “Estados Unidos primero”. La ofensiva de Washington alcanzó a socios estrechos, como la Unión Europea y Canadá, aunque el blanco preferido es China, la potencia emergente. Y las últimas andanadas apuntaron a destinos inesperados como India, Sudáfrica y hasta Argentina y Chile. Washington y Beijing sostienen en estas semanas negociaciones apresuradas pues el 2 de marzo vence una tregua que ha interrumpido la escalada de medidas proteccionistas programada contra la economía china. En mayo de 2018, con la excusa de promover un equilibrio en la balanza comercial mutua, Estados Unidos estableció una serie de condiciones que sugieren, según el académico estadounidense Michael T. Klare, que “la intención primordial de Washington no ha sido rectificar el desequilibrio comercial sino impedir el crecimiento económico de China”. En un artículo publicado por el blog TomDispatch, creado por el escritor y editor Tom Engelhardt, Klare resume las principales exigencias de Estados Unidos a China:

  • detener todas las subvenciones gubernamentales a las industrias del programa Hecho en China 2025, un plan que abarca 10 sectores económicos clave, como la industria aeronáutica, la de autos eléctricos, la robótica, la de microchips y la de inteligencia artificial, entre otros.
  • aceptar las restricciones que impone Estados Unidos sobre inversiones en tecnologías sensibles, sin tomar represalias.
  • abrir los sectores de servicios y de agricultura (áreas donde las empresas chinas tienen una ventaja intrínseca) a la competencia estadounidense.
Klare apunta que el académico Eswar Prasad, profesor de Economía de la Universidad de Cornell, describió “acertadamente” la demanda estadounidense al afirmar que “la lista se parece más a los términos de una rendición que a las bases de una negociación”. Pero la conclusión central del ensayo de Klare es de que “Estados Unidos y China ya están en guerra uno contra el otro. Aunque su actual conflicto de efecto retardado pueda no producir la devastación inmediata de una guerra candente, a largo plazo sus consecuencias podrían resultar más funestas”. La última avanzada del gobierno de Trump en la OMC va dirigida a un amplio número de naciones, los países en desarrollo, a quienes pretende despojar de un antiguo derecho que les reconoce el sistema comercial, el Trato Especial y Diferenciado, que los coloca en situación ligeramente más favorable en caso de una negociación con los países ricos. Ese derecho se remonta a la década del 60, en pleno periodo de descolonización, cuando las jóvenes naciones independizadas daban sus primeros pasos. Era la época del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), que la OMC reemplazó en 1995. Ahora Estados Unidos reclama que el trato especial y diferenciado sea otorgado solamente a los países menos adelantados, un total de 48 naciones de África, Asia y Caribe. De prosperar, la iniciativa de Washington excluiría de ese beneficio, entre otros, a países como China, India, México, Israel, Chile, Argentina, Corea del Sur, Turquía, Indonesia, Singapur, Sudáfrica, Croacia y Arabia Saudita. Para leer más artículos de Gustavo Capdevila sobre los movimientos del comercio mundial, visite la página especial del autor sobre el tema: https://ginebracomercio.com/ RV: EG El artículo El comercio mundial se debilita por el proteccionismo de Washington fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.
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“En esta lucha voy a dar la vida”: asesinado activista mexicano

IPS español - qui, 21/02/2019 - 14:47

El asesinado líder comunitario mexicano Samir Flores. Crédito: Ana Cristina Marcano/Pie de PáginaPor Daliri Oropeza y Al-Dabi OlveraMÉXICO, Feb 21 2019 (IPS) Cuatro días antes de la consulta sobre la entrada en operación de una planta termoeléctrica en la localidad de Huexca, en el centro de México, fue asesinado Samir Flores, uno de los dirigentes más visibles de la articulación de las resistencias y la defensa del territorio contra los megaproyectos en la región. El campesino, locutor, líder comunitario y defensor de derechos humanos  fue asesinado con dos balazos en la cabeza a las cinco de la mañana del miércoles 20 de febrero, en la puerta de su vivienda, ubicada en el pueblo de Amilcingo, en el estado surcentral de Morelos. Flores murió en vísperas de que el 23 y el 24 de febrero el gobierno del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador realice una consulta pública para decidir si opera o no la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), y un día después de que se manifestara en un foro conducido en Jonacatepec por Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal en la entidad. De acuerdo con diversos compañeros suyos, Flores era uno de los precursores y puntos nodales de resistencia en contra del PIM, una red construida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-diieembre 2018), compuesto por un gasoducto que cruza los campos de diversos pueblos (incluido Amilcingo), un acueducto en Cuautla y Villa de Ayala y una termoeléctrica en la comunidad de Huexca. “Todo el tiempo se distinguió por ser una persona honesta, ética, que ama a su tierra y a la gente. Siempre buscó compartir, enseñar; siempre fue muy solidario: trabajaba con todos, la comunidad, los niños, los campesinos. Cuando había un problema la gente lo buscaba y apoyaba. Se distinguió por tener un gran corazón, una gran mente. Estamos enojados e indignados”, cuenta Samanta César, compañera de Flores en Radio Comunitaria Amiltzinko 100.7 FM. “Las últimas semanas Samir fue muy activo por esto de la consulta, y esta consulta, si se hace, se va a hacer con sangre”, agrega. Samantha César cuenta que su compañero de 36 años tenía varias amenazas, incluso en la radio. Samir tenía cuatro hijos. “Lo buscaron en la madrugada. Salió porque de por sí lo iba a buscar la gente. Y fueron cuatro balazos, dos lo mataron”. Durante su última intervención pública, en un foro organizado por el gobierno federal en Jonacatepec, Samir Flores encaró al delegado en Morelos, Hugo Éric Flores Cervantes, también presidente nacional del partido Encuentro Social, quien fue una voz clave en la defensa de los paramilitares inculpados en la masacre de Acteal. Frente al podio donde se encontraba sentado Hugo Eric, Samir responsabilizó a las empresas europeas Abengoa, Enagas y Bonati por ser beneficiarias del gasoducto que pasa por su comunidad. También dijo que el PIM es inconstitucional y advirtió que podría tener efectos en la salud y traer varios peligros, ya que las obras se encuentran al pie del volcán Popocatépetl. Con el micrófono, denunció las irregularidades de la termoeléctrica y cómo afecta al pueblo. Al final del evento, se acercaron dos asistentes de Hugo Eric Flores que también estaban en el podio y tomaron los datos de Samir, de ningún otro de sus compañeros. Samantha César opina que la intención de este asesinato es “desvanecer y meter miedo”, pero también “un llamado o aviso a quienes estamos luchando contra este proyecto”. El presidente  López Obrador lamentó el asesinato en su conferencia de prensa, “es un crimen vil, cobarde, ésa es la información que tengo hasta ahora. Vamos, desde luego, a tener más información y a investigar y a proceder para que se esclarezca este crimen, reprobable, lamentable (…) La consulta la tenemos que continuar, porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea. Ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla”. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, en una entrevista radiofónica, explicó que la línea de investigación que siguen es que se trata de “la delincuencia organizada”. Sin embargo, la asamblea de Amilcingo responsabiliza a los gobiernos municipal, estatal y federal. El 10 de febrero, durante la presentación de la consulta para la termoeléctrica, el presidente López Obrador descalificó a varios defensores llamándolos “radicales de izquierda: para mí no son más que conservadores”. Samir fue quien logró improvisar una tarima para que el mandatario pudiera verlos y escucharlos. En diferentes fotos se le ve con un sombrero café, gritando y sosteniendo una manta. Como respuesta a los calificativos del presidente, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala señaló en un comunicado que la actitud del presidente contra los defensores de la región podrían generar un ambiente de violencia. A cambio, lanzaron la campaña #YoPrefieroLaVida. También agregaron que muchas personas en Morelos votaron por López Obrador debido a sus promesas de cancelar la termoeléctrica en 2014 y 2018, y ahora se sienten traicionados. Samir y un grupo de personas en Amilcingo fueron los primeros en viajar a Huexca en 2012 para avisar y advertir sobre el megaproyecto que se les venía. Teresa Castellanos, habitante del lugar donde fue impuesta la termoeléctrica, lo recuerda: “era un hombre muy sabio, traía sus ideales bien puestos, no era ningún cobarde. Siempre fue un guerrero muy valiente. Y hasta las últimas consecuencias. Él nos dijo que iba a dar su vida pero nunca iba a traicionar a su pueblo, y ahí está, ya dio su vida”. “Entonces hay que prepararnos los que estamos aquí enfrente, porque los próximos vamos a ser nosotros, pero no vamos a rajarnos, vamos a seguir en la lucha así tengamos que caer”, sostiene con voz agitada Castellanos, otra de las caras más visibles de la lucha en la región. López Obrador ha explicado que su cambio de postura sobre la continuidad del PIM obedece a que administraciones anteriores firmaron contratos con vigencia de hasta 25 años, con empresas extranjeras, que obligan al gobierno mexicano a pagar por Indemnización y mantenimiento por estas obras inacabadas, entre las que se encuentran. Samir Flores era indígena náhuatl y delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI). El abogado del CNI, Carlos González, lo recuerda como dirigente de su pueblo: era quien organizaba todas las luchas de la comunidad, no sólo contra el gasoducto sino contra la imposición del ayudante municipal por parte de la Central Campesina Cardenista, en defensa de la escuela comunitaria que hicieron, era de la sociedad de padres de familia. “Él era quien articulaba”, dijo. El caso de Samir Flores no es aislado, la violencia contra activistas ambientales y defensores del territorio en México es permanente. De acuerdo con una investigación de la periodista Laura Castellanos, en la última década han sido asesinados 125 luchadores ecologistas, de los cuales 82 eran indígenas. Amilcingo se ha distinguido por llevar una lucha autonómica indígena para gobernarse sin partidos políticos desde hace seis años, recuerda Samantha César. Esta autonomía se desarrolló a partir de la defensa del territorio generada cuando se enteraron que un gasoducto pasaría por su campo. Esto le ha valido incursiones policiacas, además la creación de grupos de choque internos. Sin embargo, la asamblea de pobladores, la radio y una escuela autónoma llamada Emiliano Zapata continúan activos. “Somos una comunidad súper organizada que ha defendido sus derechos y ésta es una forma de amedrentar a nuestra comunidad. No lo vamos a permitir. Si algo dejó Samir es la enseñanza y la lucha, por eso vamos a continuar”, agrega Samantha César. “Fue hijo de zapatistas, nacido en tierra zapatista, a cien años de su muerte, acaban de matar a otro luchador social”, concluye. El asesinato del activista se da también en el contexto del centenario del asesinato de Emiliano Zapata, jefe de la resistencia campesina en la región durante la Revolución mexicana. En entrevista con Pie de Página el pasado 10 de enero, Flores hizo una serie de reflexiones al respecto: “Es lamentable lo que hoy menciona Andrés Manuel, me recuerda en aquellos años cuando Madero toma el poder y le da la espalda al general Zapata. Me recuerda a esas páginas de la historia. Hoy está haciendo a un lado, de manera ‘denostativa’, a quienes nos sentimos agraviados desde el 2012”. El defensor habló también del megaproyecto impuesto en Morelos y de la consulta: “El proyecto no fue consultado. Quizás hoy la consulta está de más porque ya el proyecto ya está hecho, pero (López Obrador) debería enfocarse más en las cuestiones técnicas de la Cupreder, la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), otros científicos que han emitido un punto de vista técnicamente y que pareciera que no lo está tomando tan en cuenta. Es lamentable para una Cuarta Transformación apuntarle hacia el mismo objetivo neoliberal. Esperemos que las cosas no se compliquen, de lo contrario lo que va a pasar es que se va a topar con la resistencia de los pueblos”. Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales. El artículo “En esta lucha voy a dar la vida”: asesinado activista mexicano fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Sectores marginados de Kenia buscan ser escuchados

IPS español - qui, 21/02/2019 - 13:15

Hombres y mujeres de la localidad de Kalawa, en el condado de Makueni, en Kenia, participaron de un foro de diálogo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchos participantes se quejaron de que los proyectos no incluyen su visión de la realidad ni sus aportes. Crédito: Justus Wanzala/IPSPor Justus WanzalaMAKUENI, Kenia, Feb 21 2019 (IPS) Unas 100 personas participaron en un foro de diálogo en Kenia que busca ayudar a los sectores marginados de la sociedad a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en este país africano.  “Las mujeres tienen un papel cada vez más importante levantando sus hogares, a diferencia de antes, pero necesitan acceso a préstamos asequibles de instituciones financieras y capacidades para gestionar sus propias empresas”, explicó Julia Mutua, de la semiárida localidad de Kalawa, en condado de Makueni, en diálogo con IPS. Cuando mira a su alrededor ve pobreza, así como las dificultades que muchos habitantes de este país afrontan para acceder a servicios como agua corriente y atención médica. La pobreza también impide el acceso a la educación, pues muchos padres no pueden pagar los costos escolares. A Mutua, quien pertenece a una organización de campesinas que lleva adelante un proyecto avícola, también le preocupa la situación de las personas con discapacidades, pues “hace tiempo que han quedado marginadas, junto con las mujeres y las niñas pobres. Para que todo el mundo participe en los esfuerzos para lograr los ODS, necesitas intervenciones específicas para atender sus problemas concretos”, subrayó. Pero entiende la necesidad de asociarse y de colaborar para lograr las metas de desarrollo. Mutua pertenece a un grupo de 100 hombres y mujeres de la localidad de Kalawa que a fines de enero participó en un foro de un día sobre los ODS, llamado “Sin dejar a nadie atrás”. El diálogo se concentró en la participación efectiva de la población local en la implementación de los ODS. Además de los residentes de la zona, también había representantes de la Unidad de Planificación de los ODS del Tesoro Nacional, del Servicio de Voluntarios en el Extranjero (VSO, en inglés) y de las organizaciones Islamic Relief y Caritas Internacional. La iniciativa forma parte del programa del Centro Internacional de la Sociedad Civil, que trabaja con gobiernos, ciudadanos de a pie y organizaciones para reunir datos sobre comunidades marginadas, pero aportados por ellas mismas. El proyecto, que todavía está en la etapa piloto, se lleva adelante en Bangladesh, India, Kenia, Nepal y Vietnam. Mientas, en el condado keniata de Makueni, el foro de diálogo realizado es uno de cinco que se tendrán lugar en todo el país, y que comenzaron en diciembre. El primero se organizó en el asentamiento irregular de Kibera, en Nairobi. Y a fines de este mes, habrá un foro nacional. Pero en Makueni, los temas tratados fueron comprensión de las condiciones que promueven la exclusión y la marginación de varios grupos de la sociedad, las categorías de los grupos marginados y las formas de asegurar su participación en la toma de decisiones en lo que respecta a los ODS. Las deliberaciones también incluyeron el impacto de las políticas en resultados vinculados al desarrollo de los grupos marginados. Los 100 participantes, la mayoría de los cuales pertenecen a organizaciones comunitarias que tienen que lidiar con problemas de desarrollo, coincidieron en que el diálogo ofreció una gran oportunidad para debatir cuestiones que afectan a los grupos marginados. “La escasez de agua afecta más a las mujeres y a los niños”, precisó Patricia Mutuku, funcionaria de la Asociación de Usuarios de Agua (WRUA, en inglés), llamada Thwake Kalawa, que lleva adelante proyectos para represas de arena, gestión de manantiales, plantación de árboles y reclamos de tierras degradadas. “Tenemos previsto plantar árboles específicamente para recargar el agua subterránea. Uno de nuestros compañeros visitó Etiopía y aprendió cómo se pueden usar los árboles para mejorar la recarga, una iniciativa que estamos deseosos de replicar”, explicó. Fred Odinga, de VSO, dijo que el diálogo ofreció a su organización la oportunidad de comprender cómo los diferentes grupos y comunidades perciben los ODS. “Observamos en estos foros en todo el país, que los sectores más marginados de la sociedad, como las mujeres, que nunca participaban en los procesos de desarrollo, tuvieron la oportunidad de ser escuchadas por funcionarios estatales”, destacó Odinga, en diálogo con IPS. Pero la participación pública en proyectos vinculados a los ODS, si bien es muy apreciada, presenta problemas que requieren atención. Los participantes se mostraron frustrados porque las opiniones recabadas para los proyectos locales rara vez se usaban en los planes finales. También se lamentaron de que a la hora de tomar decisiones, rara vez su visión quedaba reflejada porque el proceso implicaba muchos niveles de aportes. Además, varias personas no realizaron sus aportes porque en muchos casos solo se reunían las contribuciones procedentes de las ciudades, las que para muchos son de difícil acceso. “Eso quiere decir que sus ideas nunca se consideran en el proceso de desarrollo”, precisó Odinga. Como organizadores, pudimos desmitificar los ODS, acotó. “Cuando comenzamos (de mañana), no muchas personas parecían comprender los ODS. Unos cuantos había escuchado hablar de ellos, pero no lo relacionaban con sus problemas”, precisó. “Por desgracia, solo es un debate con 100 personas en una localidad con un millón de habitantes. Necesitamos muchos foros similares para aprehender los desafíos que encuentran en el cumplimiento de los ODS”, remarcó. Todo el mundo tiene que formar parte del desafío y nadie debe quedar atrás, subrayó Odinga. Charles Nyakundi, de VSO y quien presidió una sesión de participación ciudadana para la implementación de los ODS, observó que las principales dificultades son el monitoreo, la evaluación y la rendición de cuentas. “Para garantizar un cambio positivo necesitamos dejar que las comunidades se hagan cargo económicamente de los proyectos de sostenibilidad, en vez de iniciarlo, implementarlo y luego retirarse”, explicó. En los primeros foros de diálogo sobre los ODS, en otras localidades, notaron que los sectores más marginados abarcaban a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, observó Nyakundi. “En algunas culturas, los hombres toman las decisiones y las mujeres no aportan ideas”, recordó. Un enfoque de la base hacia arriba, en lo que se refiere a identificar y ejecutar proyectos comunitarios, es la estrategia preferida por la población local. Por ejemplo, Musau es un líder de opinión en la localidad de Kalawa, un exprofesor que participó en la mayoría de los comités locales que trataron sobre desarrollo. A pesar de ser una región propensa a las sequías, el condado de Makueni logró un avance enorme y mejoró la vida de su población, después de que Kenia adoptara el sistema de devolución hace seis años. La devolución es un acuerdo constitucional donde la toma de decisiones se concede a las unidades administrativas locales o condados, liderados por gobernadores, a los que el gobierno nacional asigna recursos. Stephen Odhiambo, de la Unidad ODS del Tesoro Nacional, instó a mejorar la colaboración y la asociación en todos los niveles del gobierno y con actores no estatales. Se creó un grupo técnico intergubernamental para supervisar la implementación de los ODS en los servicios nacionales y en los de los condados, explicó. Al señalar que el foro de diálogo fue un éxito, Odhiambo apuntó: “los ciudadanos no deben achicarse a la hora de reclamar servicios”. “Trabajamos para recolectar datos comunitarios”, destacó. “El Tesoro Nacional, la Oficina Nacional de Estadística, organizaciones de la sociedad civil en colaboración con la agencia alemana GIZ, entre otras entidades, apoyan la iniciativa”, acotó. “Se recogen muchos datos generados por la ciudadanía en los condados, pero rara vez se aprovechan”, se lamentó Odhiambo. Se necesita un enfoque multisectorial para mapear y llegar a los sectores marginados para involucrarlos en las iniciativas de desarrollo. Pero a Crispus Mwanzoya, administrador de una localidad dentro de otro condado, le preocupa la sostenibilidad de los proyectos ODS. Aunque según él, contribuir con esos objetivos podría ser tan sencillo como mejorar y redirigir la canaleta de una casa para recoger el agua de lluvia. “Necesitamos cambiar nuestra mentalidad para lograr los ODS porque no nos faltan recursos sino ideas. El gobierno no puede hacer todo, tenemos un papel central”, subrayó. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Sociedad civil cubana expectante ante referendo constitucional

IPS español - qui, 21/02/2019 - 11:39

Algunos viandantes pasan junto a un gran cartel donde destaca el lema “Reforma constitucional, mi voluntad, mi Constitución”, en que se promueve la participación en el referendo sobre el texto de la nueva Constitución, que se realizará en Cuba el domingo 24 de febrero. Crédito: Jorge Luis Baños/IPSPor Ivet GonzálezLA HABANA, Feb 21 2019 (IPS) Bajo una fuerte campaña a favor del “sí” en los medios estatales y espacios públicos, el electorado cubano se apresta a pronunciarse en el referendo constitucional del 24 de febrero, sobre un proyecto con avances y temas pendientes para la sociedad civil, un término ausente en su texto final de 229 artículos. De los 11,2 millones de habitantes, suman más de ocho millones las personas con derecho al sufragio, que tienen ante sí la decisión de aprobar una nueva ley fundamental o permanecer con la vigente desde 1976, las que parecen ser las dos únicas opciones en este país de gobierno socialista y sistema unipartidista. “No me cabe duda sobre la aprobación”, dijo a IPS la reverenda Rita María García, quien dirige el no gubernamental y ecuménico Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba, desde la ciudad de Cárdenas, a 150 kilómetros al este de La Habana, y valoró desde el activismo el proyecto constitucional a referendo en 25.345 colegios comiciales. “Ningún grupo, proyecto, denominación religiosa, instituciones de la que llamamos sociedad civil independiente, porque otras no lo son tanto pues de alguna manera pertenecen a estructuras del Estado, hará mayoría para un no”, evaluó la activista, sobre el  resultado de la votación, que dirimirá al menos la mitad de los sufragios válidos. Si como se espera, los electores refrendan el texto, la nueva Constitución entrará en vigor en cuanto sea publicada en en la Gaceta Oficial. A partir de entonces el parlamento iniciaría la reforma y elaboración de leyes priorizadas por la reforma: Electoral, Código de Familia, Código Civil, de Tribunales Populares, Defensa Nacional, Código Penal, Procedimiento penal, Control Constitucional, Educación, Salud, Municipios, Empresa, Cooperativa y Ciudadanía. Sin acceso a los espacios públicos, una campaña a favor del “no” circula en las redes sociales de Internet, liderada por voces de la oposición tradicional al gobierno socialista y otras críticas pero no disidentes, que despliegan su activismo virtualmente en un país donde pese a las dificultades hay cada vez más acceso a Internet. Incluso algunas entidades como la Iglesia Católica o el sitio web independiente El Toque contribuyeron con el voto informado de la población, a través de declaraciones, paneles de especialistas y aplicaciones móviles que analizaron las luces y sombras del proyecto, pero sin condicionar el voto del electorado. Coordinadores de un colegio electoral en el municipio de Playa, en La Habana, participan en un simulacro, el 17 de febrero, del referendo para aprobar el texto de la nueva Constitución de 229 artículos. Destacan los carteles que llaman a votar por el Sí dentro del local de sufragio. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS Un tercer grupo apoya la abstención en las urnas, donde aparecen rostros de los diversos signos políticos existentes en el país, que resultaron más evidentes en la reforma constitucional, que comenzó en junio de 2018 y tuvo un momento cumbre durante la consulta popular del 13 de agosto al 15 de noviembre pasados. “Ya sabíamos que esto sucedería, que el término (sociedad civil) no aparecería”, opinó García, para quien esta omisión no causará afectaciones. “Los tiempos ya no son los mismos: hoy hay un activismo que se une, discute, discrepa y apoya cuando decide que es pertinente”, valoró. Especialistas locales y extranjeros discrepan al definir la sociedad civil cubana. Los conceptos más amplios incluyen las asociaciones fraternales, culturales y deportivas; sociales de masas; iglesias y congregaciones religiosas; organizaciones no gubernamentales de desarrollo; centros de investigación y publicaciones académicas; movimientos comunitarios; cooperativas, nuevos actores económicos y grupos disidentes, que operan en la ilegalidad. “A veces inquieta la ausencia de un concepto”, reconoció el sociólogo y activista por la no discriminación racial Fernando Romeu, sobre el impacto que podría tener este hecho en caso de que se cumplan los pronósticos de aprobación de una nueva Constitución cubana. Luego de analizar la propuesta, Romeu consideró a IPS “que la no mención del término no constituye una amenaza de desconocimiento o no legalización por parte del Estado, quien por medio de la propia ley reconoce el conjunto de asociaciones de diferentes tipos y clases (científicas, filosóficas, fraternales, mercantiles y otras)”. Un cártel con la consigna #YoVotoSí, desplegado en una céntrica zona de La Habana, parte de la masiva campaña del gobierno a favor del voto afirmativo en el referendo sobre una nueva Constitución, que se celebrará en Cuba el domingo 24. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS Pero los grupos fuera de la órbita legal ven la situación de otra manera. “Las libertades civiles y políticas no aparecen plasmadas de manera suficientemente explícitas, por lo que es de augurar que no habrá protección para quienes nos organizamos de manera independiente al Estado”, valoró el ecologista Isbel Díaz y coordinador del proyecto El Guardabosques. Para Díaz, la propuesta de ley fundamental “amplía el espectro de grupos protegidos, destacando a las personas con orientación sexual y/o identidad de género diversas”, pero esos derechos están limitados a cuestiones tan abarcadoras como “la seguridad colectiva, el bienestar general y el respeto al orden público”. Justo en el reconocimiento explícito de grupos vulnerables, realizado en el artículo 42 y en general en el título V sobre “Derechos, deberes y garantías”, activistas y especialistas consultados por IPS observan la restitución de antiguas demandas del activismo social. “El artículo 42 es uno de los mejores: reconoce desde diferencias tradicionales hasta por discapacidad, territorio, raza, género, origen étnico, entre otras”, evaluó la socióloga y experta en género Reina Fleitas. “Muestra que hay un mayor nivel de conciencia sobre la igualdad que ahora queremos, que es superior a la del igualitarismo”, completó. “Ojalá se convierta en un referente para después mejorar los enfoques de las políticas sociales”, plantea la investigadora sobre el desarrollo local. Imagen en una pantalla de un teléfono celular de una convocatoria de la campaña #YovotoNo, que pide rechazar el texto de la nueva Constitución en el referendo del domingo 24 en Cuba. Los opositores a la reforma se han visto restringidos a las redes sociales y otras iniciativas de corto alcance para dar a conocer su posición. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS El referendo tuvo una antesala el 16 y 17 de febrero con el funcionamiento de 122 circunscripciones electorales especiales con 1.051 colegios en 130 países, pero solo para el personal diplomático y en misiones oficiales, que en Venezuela sumaron más de 22.000 votantes. La comunidad emigrada cubana, que según cifras oficiales es de 1,4 millones en 120 países, con un grueso importante en Estados Unidos, no pudo acceder a las urnas establecidas fuera de Cuba y para ejercer el derecho al sufragio deberá estar este domingo en el territorio cubano. Contexto internacional La votación sucederá en un panorama nacional complejo, luego del paso el 27 de enero por cinco municipios habaneros de un tornado, que dejó 10.000 desplazados; y un escenario hostil regional, por la confrontación entre el gobierno estadounidense de Donald Trump y el venezolano de Nicolás Maduro, un estrecho aliado de Cuba. Washington respalda al presidente de la Asamblea Legislativa, el opositor Juan Guaidó, como mandatario legítimo de Venezuela, al igual que un grupo de países latinoamericanos y europeos, mientras desconoce a Maduro. La Habana hace lo contrario, cuando la atención internacional se focaliza en la peligrosa configuración de fuerzas en América Latina. Trump aseguró el lunes 18 en Miami, que desea una transición pacífica del poder en Venezuela, pero a la vez reiteró que “todas las opciones están abiertas”. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, advirtió al día siguiente en conferencia de prensa que Estados Unidos prepara “una acción militar con pretexto humanitario”, y calificó de “infame” el aserto de Trump de que La Habana tiene en Caracas “un ejército privado de cubanos” para respaldar a Maduro. Guaidó marcó para la entrada a su país de la ayuda humanitaria el 23 de febrero, cuando se cumple un mes de que se proclamó presidente encargado del país, y un día antes del referendo constitucional en Cuba. Maduro rechaza el ingreso de esa asistencia que considera como la antesala para una intervención militar estadounidense. Con aportes de Patricia Grogg desde La Habana. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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De bombom envenenado a bilhetes ameaçadores, as histórias de juízes jurados de morte

Pública - qui, 21/02/2019 - 11:03

Bilhetes, mensagens de áudio, e-mails, ligações telefônicas interceptadas, conversas de bar e até uma inofensiva caixa de bombons. As ameaças a juízes país afora assumem variadas formas, umas mais inusitadas que outras.

Sobre seus alvos, é possível afirmar que a maioria (88%) trabalha na Justiça Estadual e quase metade (47%) está lotada em varas de competência criminal. Essa era a realidade dos 110 magistrados vítimas de tentativas de intimidação em 2017, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Desse total, 34 não contavam com proteção fornecida pelas autoridades, e os outros 76 receberam segurança em forma de escolta, veículos blindados ou coletes à prova de balas, por exemplo.

Os números são parte do Diagnóstico da Segurança Institucional do Poder Judiciário, lançado em setembro do ano passado. Esse é o segundo estudo do gênero realizado pelo CNJ: o primeiro, de junho de 2016, contabilizou 131 juízes em situação de risco à época – no entanto, o órgão não descreve no relatório os tipos mais comuns de ameaças. Como será explicado adiante, foi a partir de 2011, quando a juíza Patrícia Acioli foi morta com 21 tiros em frente à sua casa, em Niterói (RJ), por policiais militares ligados às milícias, que a segurança de magistrados passou a ser padronizada nos tribunais e as ameaças, monitoradas pelo CNJ. A reportagem da Pública ouviu depoimentos de quatro juízes de diferentes regiões do país. De Rio de Janeiro, Roraima, Alagoas e Piauí, Paraná, os magistrados contam como as ameaças impactaram suas vidas a ponto de a casa de um deles ser “transformada em um bunker”, ou como viver com escolta reduziu a vida social e interferiu bruscamente na privacidade, uma realidade comum a todos os entrevistados. 10 estados com maior proporção de juízes ameaçados em 2017 (número de ameaças a cada mil magistrados)   Rio de Janeiro – “Para Dr. Felipe, um fraternal abraço”, dizia o recado na caixa aberta pelo Esquadrão Antibombas No fim de janeiro, quando a reportagem esteve em Magé, na Baixada Fluminense, o juiz Felipe Carvalho Gonçalves da Silva cumpria seus últimos dias de trabalho na Vara da Infância e Juventude da cidade. Ele havia acabado de ser promovido e estava de mudança para Belford Roxo, na mesma região, onde agora ocupa a Vara Criminal. As audiências daquela quarta-feira estavam prestes a começar quando uma promotora estadual exclamou: “Esse aí é ameaçado desde que entrei no Ministério Público!”. Na magistratura há 12 anos, Gonçalves iniciou a carreira em Macaé e depois foi transferido para Maricá, ambas cidades no litoral do Rio. Nesta última, também atuava na Vara Criminal quando usou escolta pela primeira vez, em janeiro de 2015, mas de maneira preventiva. Ele determinou a prisão de integrantes de uma quadrilha de tráfico de drogas que planejava matar um delegado e outro juiz do município, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, diante da gravidade do caso, decidiu lhe conceder a medida protetiva: um policial militar que o acompanhava à paisana 24 horas por dia, além de um carro blindado para que se deslocasse diariamente de sua casa, em Niterói, até o Fórum. Essas medidas, de acordo com o CNJ, eram utilizadas por 35% e 31% dos juízes ameaçados em 2017, respectivamente. Isso não impediu que ocorressem ações para intimidá-lo. “Logo depois, comecei a receber ameaças por carta, por e-mail. Os e-mails e as cartas foram disparados para vários órgãos – CNJ, Ministério Público, Corregedoria do TJ-RJ – noticiando que uma outra quadrilha tinha um plano para me matar. Essa quadrilha foi praticar um homicídio em Maricá e matou a pessoa errada. Na fuga, a placa do carro que estavam dirigindo caiu e o veículo foi interceptado na estrada. Os indivíduos foram presos, e então comecei a receber cartas dizendo que essas pessoas iam me matar. Foi logo depois do início da escolta – no mês seguinte, ou dois meses depois”, relembra. Gonçalves garante que até encarou a situação com naturalidade – “sempre achei que fosse possível isso acontecer um dia” –, mas o sinal de alerta soou mesmo assim. “Tenho muitos familiares em Maricá e fiquei preocupado com eles. Meu padrinho, que vive lá, ficou quase um mês sem dormir. Todo mundo fica com medo, não só de acontecer alguma coisa comigo, mas de ser atingido de alguma forma.” As ameaças influenciaram também seu pai, que tinha um imóvel de veraneio na cidade e “colocou câmeras na casa toda”. “Todo mundo sabia que o juiz da cidade era parente das pessoas que residiam ali. Vira uma bola de neve, a sensação de insegurança foi se propagando.” Em maio de 2015, o magistrado conseguiu uma transferência para Magé – a mudança o deixou sem escolta –, mas continuou à frente da Vara Criminal de Maricá enquanto um juiz substituto não chegava. Dividir-se entre as duas funções não durou muito tempo. No mesmo mês, uma nova e ousada ameaça aconteceu. “Chegou uma caixa pelos Correios e eu achei suspeito. Não conhecia o remetente e a caixa vinha da Baixada Fluminense. Como essa quadrilha que havia praticado a execução em Maricá era da Baixada Fluminense também, desconfiei. Comuniquei à divisão de segurança do Tribunal [de Justiça do Rio], que mandou policiais. Os policiais também acharam por bem não abrir a caixa, chamaram o Esquadrão Antibombas e, dentro, havia bombons e um cartão com a mensagem ‘para Dr. Felipe, um fraternal abraço'”, descreve. Os bombons foram enviados para perícia e se constatou que continham substância compatível a veneno de rato. Segundo Gonçalves, a suspeita da polícia, que investiga o caso, é que uma pessoa prejudicada pelo grupo criminoso tenha disparado os e-mails e enviado os bombons justamente para incriminá-lo. Diante do acontecido, o Tribunal de Justiça entendeu que o juiz estava em situação de risco, por isso, além de retomada da escolta, determinou que ele passasse a atuar somente em Magé. A medida protetiva cessou novamente alguns meses depois, em agosto daquele ano, mas por pouco tempo: na cidade, Gonçalves julgou casos envolvendo crimes de políticos locais e, logo no início de 2016, mandou prender dois ex-prefeitos por desvio de dinheiro público. Foi quando, pela terceira vez, o tribunal decidiu lhe designar proteção, e o magistrado voltou a utilizar o veículo blindado da instituição e a ser acompanhado por um policial militar todos os dias. Posteriormente, a medida foi reforçada, e até hoje ele é seguido diariamente por dois agentes, que se revezam em turnos com uma segunda dupla. Em seu caso, os seguranças são policiais militares lotados no próprio Tribunal de Justiça fluminense, que tiveram que passar por um processo de seleção para prestar esse tipo de serviço a autoridades. Como ele se sente depois de quase dois anos e meio tendo seus passos meticulosamente observados? “A gente acostuma a andar escoltado, é natural, o ser humano acaba se adaptando. Mas sua privacidade e sua rotina são afetadas por isso. Vou sair para trabalhar, tenho que marcar para a escolta ir me pegar. Se for para algum lugar mais complicado, tenho que marcar para a escolta ir me pegar”, responde. “Não tenho a rotina de sair para comprar um pão. Assim como não tenho uma rotina de sair para almoçar, almoço no gabinete todos os dias, muito eventualmente saio para almoçar. Não quero ter uma rotina, não quero que as pessoas saibam que almoço em determinado lugar.” No dia em que recebeu a reportagem, o juiz abriu uma exceção e almoçou em um restaurante localizado a dois minutos de caminhada do Fórum. Mesmo assim, foi seguido pelos seguranças, que o aguardaram na porta do estabelecimento. De fato, para onde ele vai, a escolta vai atrás, sempre à paisana e com postura discreta. Bacharel e mestre em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Gonçalves é doutorando em processo penal na mesma instituição. Frequentemente viaja à capital para assistir às aulas, mas nunca sozinho. “Vou para a universidade e a escolta fica lá fora me esperando”, diz. A Pública também acompanhou a ida do magistrado ao Rio para participar de sua cerimônia de promoção na sede do Tribunal de Justiça, no centro da cidade. De carro blindado, os policiais o levaram de Magé ao local e o esperaram do lado externo, até que o evento acabasse. Questionada se gostaria de dar seu depoimento sobre o trabalho que desempenha, a dupla preferiu não se manifestar. “Minha esposa não fala para ninguém que é casada com juiz” Não é só sobre a vida do magistrado que se fazem sentir os efeitos da rígida rotina de cuidados com a segurança: a família também sofre com a situação. A esposa e os filhos de Gonçalves vivem com ele em Niterói, em um condomínio fechado, e utilizam um veículo particular também blindado. “Meus familiares não têm escolta, então eles evitam sair de casa. Nunca vieram a Magé. Minha esposa não fala para ninguém que é casada com juiz, meu filho não sabe – ele tem 6 anos. Acha que os policiais são meus amigos”, revela. “Quando ele tiver um pouquinho mais de maturidade, a gente vai explicar qual o trabalho do pai.” Para além das medidas formais de proteção, Gonçalves enumera outras que ele mesmo incorporou ao dia a dia para se sentir mais resguardado. “Qual a primeira coisa que marca a sua identidade? O documento, a carteira funcional. Eu não ando com a minha carteira funcional tem anos, apesar de ter orgulho do que faço. Tenho que esconder que sou juiz”, declara. “Todo caminho que vou percorrer eu estudo; faço questão de colocar meu filho para estudar em uma escola por onde eu não tenha que passar por nenhum local de risco. Enfim, todos os passos são pensados. Com o tempo fica automático, mas no início você fica meio paranoico.” Com a proximidade do carnaval, ele confidencia que adorava ir a blocos de rua, mas deixou de fazê-lo depois que vieram as ameaças. Para encontrar os amigos, só se for no condomínio onde vive. E novas relações passam por um crivo rigoroso. “Agora está todo mundo envolvido com alguma coisa, não se sabe mais quem é quem, então você não se permite uma aproximação das pessoas. Sou muito seletivo nas amizades. Até as pessoas você tem que estudar. Mas foi o que escolhi para mim, fiz concurso para isso, não posso reclamar.” Questionado se o preço não é muito alto, não hesita. “Gosto do que faço, acho que faço bem, e acho que é uma função necessária. Além disso, o Estado está me provendo segurança. Se não estivesse, aí repensaria.” Perfil dos magistrados ameaçados em 2017 Bruno Fonseca/Agência PúblicaDos 110 juízes sob ameaça em 2017 identificados por pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)   Roraima – “Meu filho tem 3 anos e não sabe o que é brincar numa praça” Em 2014, em investigações do Ministério Público e da Polícia Federal, foram interceptadas ligações telefônicas de integrantes do PCC com ameaças à juíza Graciete Sotto Mayor Ribeiro, à época na Vara de Execução Penal, em Boa Vista, Roraima, o segundo estado com mais juízes ameaçados, segundo o relatório do CNJ. “Não vá com essa mulher não, que eu estou a fim de matar ela”, disse por telefone o integrante do PCC à sua companheira, que pretendia procurar a juíza para pedir que não impusesse ao marido o regime disciplinar diferenciado (RDD), mais restrito, fato que motivou a tentativa de retaliação. Ela se lembra bem de como se sentiu quando foi comunicada sobre o acontecido: “Cai um pouquinho o seu chão. Não envolve só a sua vida, você pensa na sua família, nos seus amigos mais chegados, que estão no seu entorno, porque, numa situação dessa, a gente fica preocupado não só da gente ser atingido, mas de isso atingir também a terceiros”. A juíza, que na época já era acompanhada por um policial, teve a escolta reforçada por mais um agente e recebeu um carro blindado para se locomover. “Muda tudo: você não pode mais sair de casa, não pode visitar os amigos. É de casa para o trabalho. Você perde a sua privacidade porque está acompanhada por alguém o tempo todo. Eles são discretos, ficam distantes para você poder conversar com as pessoas, mas você não pode ficar sozinho, ir ao supermercado, fazer nada”, descreve. “Num primeiro momento, demora um pouco para cair a ficha. Acho que senti mais depois dos dois primeiros meses, que é quando você verifica que sua vida mudou totalmente para uma rotina de casa-trabalho, trabalho-casa, e você se dá conta de que perdeu alguns prazeres, como ir para um restaurante, ir para um barzinho.” Medidas de segurança pessoais, além das formais, precisaram ser tomadas. “Moro numa casa, tenho vários cachorros, cerca elétrica, pago uma empresa para fazer o monitoramento eletrônico, monitoramento das motos o tempo todo. Já tinha esse investimento anterior, mas reforcei ainda mais depois das ameaças – aumentei o número de câmeras, por exemplo”, enumera. Isso tudo teve consequências não apenas práticas, mas também psicológicas. “Lembro de ocasiões em que eu chorava desesperada não por causa da ameaça, mas porque eu queria respirar, queria minha vida de volta.” Enquanto era juíza de execução penal, seu nome continuou aparecendo em bilhetes encontrados em presídios como parte de listas de pessoas juradas de morte. Por isso, apesar de ter conseguido uma transferência – desde 2016 é titular da Vara de Crimes contra Vulneráveis –, o acompanhamento continua até hoje. Em 2015, engravidou e deu à luz um menino. Embora tenha ocorrido em meio ao estresse gerado pelas restrições de liberdade, ela conta que a gestação foi justamente o que lhe “deu o suporte que estava precisando naquele momento para seguir”. “Fiquei muito tranquila, apesar de ser uma gravidez de risco devido à minha idade – engravidei quando já ia fazer 45 anos.” A criança, porém, não escapa aos procedimentos de segurança. “Meu filho tem 3 anos e não sabe o que é brincar numa praça, embora aqui em Boa Vista tenhamos praças maravilhosas e um espaço urbano bonito. Mas, por conta de segurança, a gente não pode ir. Mesmo quando me disserem ‘não há mais nenhuma ameaça contra a sua pessoa’, não vou levá-lo.” Mesmo com todos os sacrifícios e mudanças, Graciete afirma que nunca cogitou arrefecer sua atuação enquanto magistrada. “A gente não pode mostrar para eles, em um primeiro momento, que estamos sabendo das ameaças, e, em um segundo momento, que vamos mudar a atitude profissional por conta das ameaças. As ameaças não vão nos pressionar para que não façamos nosso trabalho.” Mas não se esquece do que precisou abrir mão para seguir na profissão. “Hoje vou a poucos eventos – apenas os da magistratura – e sempre verifico o local primeiro: se for fechado, vou, se for aberto, não. Tudo isso é retirado. São pequenas coisas. Por exemplo, a ida ao cinema é um escarcéu, porque cinema tem um horário, então a pessoa pode te ver entrando e sabe seu horário de saída. São pequenas coisas que no dia a dia a gente não pensa, mas, quando vamos para a restrição, percebemos que éramos felizes e não sabíamos.” Um prazer específico do qual sente falta? “Ir à barraquinha tomar um tacacá. Isso tudo você retira, não tem mais como fazer.” Um mesmo juiz ameaçado em Alagoas e no Paraná. “Esse juiz pensa o quê, vou colocar dinamite e vou explodir a casa dele” Foi por meio de uma conversa de bar que o juiz Ferdinando Scremin Neto ficou sabendo de um plano para matá-lo em 2013. Ele atuava na Vara Criminal de Palmeira dos Índios, cidade alagoana onde viveu o escritor Graciliano Ramos. Segundo o CNJ, o estado de Alagoas está no topo quando o assunto são juízes ameaçados: lá, a cada mil, 47 estavam nessa condição em 2017. Alguém ouviu um homem dizendo que dez indivíduos já estavam na cidade prontos para cometer o crime e avisou a imprensa local, que repassou a notícia ao juiz. O assassinato era tramado pelo familiar de um traficante preso por determinação de Scremin Neto. A gravidade da situação fez com que ele solicitasse a proteção de uma escolta, que o acompanhou por um ano e meio até que deixasse Alagoas para voltar ao Paraná. A decisão, diz, foi motivada pela vontade de retornar ao seu estado natal, mas também teve um incômodo com o contexto de risco em que vivia. Seguido por dois policiais militares 24 horas por dia, ele passava a semana em um apartamento em Palmeira dos Índios, mas sua esposa e a filha recém-nascida viviam na região metropolitana de Maceió. “Houve um evento em que um carro ligado a um possível suspeito estava rondando a casa da minha família”, relembra. “Então, transformei minha casa num bunker: coloquei cerca concertina, aquela cerca militar, nos muros; comprei dois cachorros rottweiler; coloquei câmeras à distância; avisei o comando da Polícia Militar na área para ficar de prontidão; e acompanhava minha família à distância pelas câmeras e alarmes através do celular. Tudo o que você pensar de segurança, eu tinha.” Como os outros juízes ouvidos pela Pública, Scremin Neto conta que uma das piores consequências das ameaças era ver sua família sentindo na pele os efeitos da insegurança. “Minha esposa sempre reclamava de muita solidão. Algumas vezes me ligava dizendo que tinha alguém tocando a campainha e eu estava longe, aí ligava para a polícia ir lá. É um estresse que a família toda sofre junto ao magistrado.” De lá para cá, a vida social do casal também se transformou. “A gente gostava de caminhar com os cachorros na rua, isso era bem comum. E nós cortamos. Ir em shows ou eventos na comarca, também só se tiver acompanhamento, sozinhos não vamos.” De volta ao Paraná, depois de ter prestado um novo concurso para a magistratura, sofreu novas ameaças, dessa vez na pequena cidade Ubiratã, no noroeste do estado, entre 2015 e 2016. Lá, ele também era juiz da Vara Criminal. “Eram basicamente presos que mandavam bilhetes e recados pelos policiais que faziam a escolta, eram mais intimidações. Começaram a perguntar se o juiz andava armado. Teve uma ocasião em que o preso disse que ia colocar uma bomba na casa do juiz – ‘esse juiz pensa o quê, vou colocar dinamite e vou explodir a casa dele’. Isso tudo vindo de pessoas que dominavam o tráfico de drogas na cidade”, relata. Pela segunda vez, Scremin Neto se viu andando escoltado e, agora, utilizando ainda um veículo blindado cedido pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A medida protetiva durou aproximadamente um ano. Hoje, o magistrado atua na Vara Criminal, da Família, Infância e Juventude de São Miguel do Iguaçu, município próximo à fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina. “A gente acaba mudando totalmente a nossa rotina. Evita lugares públicos e aglomerações, evita a vida social na comarca – a vida social fica muito restrita. E, no fundo, a gente acaba aprendendo a conviver com as ameaças, porque, se você ficar muito encanado também, enlouquece. Não fica normal, mas você incorpora essa nova realidade na sua vida.” Piauí – No combate à grilagem de terras, escolta 24 horas. “Era trabalho-casa, casa-trabalho” O juiz Heliomar Rios Ferreira também viu sua rotina ser reduzida basicamente ao trabalho após ter sofrido ameaças enquanto estava à frente da Vara Agrária de Bom Jesus, no sul do Piauí. As primeiras tentativas de intimidação ocorreram em 2012, por meio de áudios e bilhetes anônimos com promessas de morte ao juiz, que por mais de seis anos atuou no combate à grilagem de terras na região pertencente ao Matopiba, na divisa entre seu estado, Maranhão, Tocantins e Bahia. Matopiba, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), é a última fronteira agrícola do país e compreende uma área tomada pelo cerrado (leia mais aqui). “Nessa época, minha família morava comigo em Bom Jesus, éramos eu, minha filha e minha esposa. Tive que mandá-los para Teresina, financiar casa de última hora. Fiquei em Bom Jesus, andando escoltado 24 horas, e minha família num condomínio fechado lá em Teresina também com escolta, que rondava o condomínio”, narra Ferreira. “Andavam comigo, num primeiro momento, dois policiais militares, e depois apenas um. Isso 24 horas por dia: todo dia dormia comigo, ia para o Fórum comigo, almoçava, jantava, merendava. Era muito ruim, privacidade zero.” A escolta, diz o magistrado, não deixava espaço para lazeres ou outras atividades que não a profissional. “Minha vida lá [em Bom Jesus] era do Fórum para o apartamento, do apartamento para o Fórum. Praticamente não saía. Tendo em vista o modelo de segurança, a gente não podia se expor muito. Hobby? Praticamente nenhum. Não tinha como fazer isso, principalmente numa cidade do interior. A cidade é pequena, todo mundo se conhece, conhece seu carro, sabe para onde você vai. Era trabalho-casa, casa-trabalho.” Embora os autores das ameaças sejam desconhecidos, Ribeiro as atribui ao seu trabalho pela regularização fundiária da região de Bom Jesus, que pressupôs o bloqueio e cancelamento de milhões de hectares em matrículas de imóveis. “Recebi uns quatro bilhetes dizendo para eu não subir ao cerrado, senão iriam me matar, que eu não fosse em determinado lugar porque tinha um pessoal me esperando para me matar. Eram as inspeções que eu fazia nas áreas para ver quem é que estava produzindo, quem é que não estava, quem eram os reais ocupantes. O pessoal não gostava disso porque eu ia ver realmente a realidade, não era só aquilo que chegava para mim no papel no gabinete”, relata. O juiz viveu escoltado por aproximadamente dois anos e meio e utilizou veículo blindado do Tribunal de Justiça do Piauí até 2018. Após as primeiras tentativas de intimidação, conta que recebeu da presidência do tribunal um convite para assumir uma vara em Teresina e ficar perto da família, mas negou. “Eu disse [à presidente do tribunal]: se a senhora fizer isso, estará dizendo que o Poder Judiciário perdeu. Esse vai ser o recado. E quem vai perder é toda a população, a democracia. Me deixe lá e me dê a segurança devida, as condições para trabalhar, que eu topo. Aí permaneci lá.” Em novembro do ano passado, Ribeiro foi promovido e assumiu a 1ª Vara da Comarca de Piripiri, no centro-norte piauiense. “Agora moro com minha família no litoral do Piauí. Estão estudando na cidade, e eu pretendo ficar aqui até a minha aposentadoria. Daqui não sair mais.” Da execução de Patrícia Acioli aos mecanismos de proteção “O fatídico assassinato da juíza Patrícia Acioli mostrou que a política institucional de segurança de juízes precisava – e ainda precisa – ser constantemente aperfeiçoada”, destacou à Pública o conselheiro Márcio Schiefler Fontes, coordenador do Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário, vinculado ao CNJ. Por isso, desde então, aumentou a preocupação das autoridades em aprimorar as medidas de proteção prestadas a magistrados que sofrem alguma forma de constrangimento pela realização de seu trabalho. Atualmente, são do CNJ as principais medidas para garantir a segurança dos magistrados brasileiros. A Resolução nº 104, de 2010, foi a primeira das medidas, antes da morte de Patrícia Acioli, “no contexto em que a realidade da criminalidade, em especial a organizada, passou a refletir no aumento de registros de ameaças e mesmo atentados a juízes”, explica o conselheiro Márcio Schiefler Fontes, do CNJ. A resolução estabeleceu que os Tribunais Regionais Federais e de Justiça deveriam, em um ano, tomar providências para reforçar a segurança das varas criminais – como a instalação de câmeras e detectores de metais nos fóruns –; instituir comissões de segurança para avaliar os casos e prestar assistência a juízes em situação de risco e criar o Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados, regido por leis em cada estado. Em julho 2012, uma novidade vinda do Congresso: foi sancionada a “Lei do Juiz Sem Rosto” (nº 12.694), resultado de um projeto de lei sugerido à Câmara dos Deputados pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). A lei estabelece que, em processos envolvendo organizações criminosas, o magistrado poderá pedir a formação de um colegiado para tomar decisões delicadas, como decretação de prisão, transferência de presos para instituições de segurança máxima, entre outras. Ficou determinada também a adoção de medidas para reforçar a segurança dos prédios da Justiça, além de normatizado o uso de armas por servidores dos tribunais. Já o CNJ editou, em 2013, a Resolução nº 176, que criou o Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário (SINASPJ) e, três anos depois, em 2016, publicou a Resolução nº 239, que instituiu a Política Nacional de Segurança do Poder Judiciário, na qual há a preocupação de resguardar não apenas os magistrados em situação de risco, mas também servidores e cidadãos que utilizam os órgãos de justiça. Ela trata ainda da segurança da informação e de instalações do Poder Judiciário como um todo. A política previa também a criação do Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário (DISPJ), formalmente instalado em 2017, que desde então busca reunir e organizar as notificações sobre juízes ameaçados que chegam ao CNJ de maneiras diversas, por meio não só dos tribunais, mas das associações de magistrados, CNJ, organizações não governamentais, entre outras. O DISPJ lançou, em 2017, um guia de segurança pessoal para magistrados. Sobre as comissões internas de segurança, cada Tribunal de Justiça tem a prerrogativa de criar as suas – segundo o CNJ, até 2017, 82% dos tribunais as haviam implantado. A Pública conversou com o juiz Ygor Figueirêdo, membro da Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça de Alagoas, o estado campeão em número de magistrados ameaçados – atualmente, oito deles são protegidos. A comissão alagoana, instituída em 2016, é composta pelo presidente e vice-presidente do tribunal, três juízes e o chefe da assessoria militar, e não se reúne com periodicidade constante – depende da demanda, indica Figueirêdo. Sempre que um juiz afirma estar em situação de risco e solicita medida protetiva, o grupo delibera de maneira colegiada, o quê, de acordo com o CNJ, 71,6% das comissões de segurança realizavam em 2017. Mas não só: “Aqui em Alagoas a gente também usa a comissão para aspectos de segurança de uma forma geral, das unidades jurisdicionais e do próprio jurisdicionado que as frequenta”, explica. Quando chega um caso para avaliação, a comissão precisa agir rapidamente. “Se a ameaça a um juiz chega a se concretizar, o Estado fica muito fragilizado. A gente não pode deixar que isso aconteça, não por corporativismo, mas pela representação que aquela figura tem no sistema de combate à criminalidade. Então, quando há o pedido, a não ser que seja uma coisa realmente esdrúxula, num primeiro momento a gente defere”, expõe o juiz. Depois da análise do tribunal, o requerimento segue para o setor de inteligência da Polícia Militar, que averigua as ameaças. É o Conselho de Segurança Pública do estado que define os termos da medida protetiva: quantos agentes farão a escolta, se será integral ou apenas em determinado período do dia. Em caso de emergência, qualquer um dos membros da comissão pode decidir pela medida e, em um segundo momento, ela é examinada conjuntamente. Figueirêdo afirma ainda que normalmente um prazo de três a quatro meses é estabelecido quando a proteção é concedida. “Quando passa o prazo, a gente intima o magistrado para que ele diga se persiste a situação de ameaça ou não. Se persistir e for comprovada, permanece a escolta, senão a gente tira.” Para o juiz, o maior trunfo da comissão é prestar o serviço com agilidade. “É muito mais fácil para o presidente do tribunal entrar em contato com o secretário de Segurança do que um juiz do interior do estado. O juiz às vezes não tem o contato dele, ou tem uma dificuldade de acesso maior. É isso que a gente consegue fazer com maior celeridade”, analisa. “O juiz representa uma peça-chave no sistema de segurança criminal. O ataque ao magistrado não é o ataque àquela pessoa física, e sim ao sistema de segurança pública. É o que ele representa para o sistema de segurança que é o objeto da proteção. As organizações criminosas se fortalecem muito quando o ataque é a uma pessoa de valor simbólico.” A juíza Laura Benda, presidente da Associação Juízes para a Democracia (AJD), avalia como correto o caminho que está sendo construído para aperfeiçoar a segurança dos magistrados, mas é necessário “um incremento não só de orçamento, como de planejamento dessas ações”. Um ponto a ser reforçado é a inclusão da família do profissional ameaçado nas medidas de proteção. “Possivelmente, há razões práticas, de orçamento e estrutura, para que isso não aconteça. Mas o CNJ e os tribunais precisam estudar a questão da proteção também sob esse aspecto, senão será uma proteção sempre insuficiente”, pontua. Laura reforça também a importância da produção de dados sobre a questão, algo que começou a ser feito muito recentemente pelo CNJ. “É muito importante para que todos conheçamos a radiografia do cenário envolvendo a proteção aos juízes e a segurança institucional, mas também precisamos de informações mais constantes para que o próprio CNJ possa acompanhar com rapidez os casos individuais daqueles que estão sob ameaça.”

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“Vinda do Mecanismo é de extrema urgência”, diz presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Ceará

Pública - qua, 20/02/2019 - 18:45
Reprodução / Universidade Federal do Ceará“Nosso papel é apontar o que está e o que não está em conformidade com os normativos de Direitos Humanos”, diz presidente do CEDDH do Ceará, Beatriz Xavier

Após uma queda de braço pública entre o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ficou acertada, em reunião entre as partes na última terça-feira, a ida dos peritos do Mecanismo às unidades prisionais do Ceará. Os profissionais devem desembarcar nas próximas semanas em Fortaleza. O foco de visita é a apuração de denúncias de violações de direitos humanos nas cadeias cearenses, situação que se agravou em função da crise de segurança pública vivida no estado após os ataques coordenados de facções criminosas. Beatriz Rego Xavier, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Ceará (CEDDH), comemora a visita dos peritos de Brasília. “É importante para não legitimar as condutas que a gente entende como contrárias à lei, para não ficar uma sensação de que vale qualquer coisa em nome da segurança”, argumenta. Segundo ela, desde a primeira reunião ordinária do Conselho, não param de chegar denúncias de violações. Os relatos vão de castigos físicos até mortes não confirmadas nas unidades prisionais, passando por transferências não comunicadas, restrição de entradas de alimentos e medicamentos, além de prisões arbitrárias. Em entrevista à Pública, Beatriz Xavier criticou também a falta de diálogo com a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos e defendeu a posição dos órgãos de fiscalização com relação às denúncias de violações nas prisões cearenses que, segundo ela, não tem tido acesso às unidades. “O nosso papel é de controle, monitoramento, sugestão de políticas. Nosso papel não é tocar fogo em tudo, não é derrubar pessoas de cargos, é apontar o que está e o que não está em conformidade com os normativos de Direitos Humanos para que possa ser corrigido”, afirma. Além do CEDDH, outras oito entidades de defesa de Direitos Humanos – entre elas a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Ceará, a Defensoria Pública do estado e o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura – publicam nesta quinta-feira um dossiê compilando as denúncias de violações nas prisões cearenses recebidas desde o início da crise de segurança pública no estado. Quando vocês avaliaram que era necessário comunicar o Mecanismo a respeito das violações de direitos humanos nas unidades prisionais do Ceará? No começo deste ano, quando começaram os ataques no estado, nas periferias das cidades, contra os equipamentos públicos, meios de transporte, se iniciou também um recrudescimento das condutas dos agentes penitenciários nas unidades prisionais aqui da região metropolitana de Fortaleza. Nós passamos a receber denúncias vindas das famílias dos custodiados. Começaram a chegar para nós sinais de que os chamados procedimentos estavam sendo aplicados com rigor excessivo e muito da rotina das unidades tinha sido alterada no sentido de restringir direitos. Já em meados de janeiro estávamos recebendo essas denúncias: relatos de familiares, fotografias, denúncias que vieram por meio de entidades da sociedade civil que fazem um trabalho aproximado com a população carcerária. São uma série de condutas que nós classificamos como violadoras de direitos humanos. Mas é importante também deixar claro que, além disso, aquilo que veio anunciado pela própria Secretaria de Administração Penitenciária com a chancela do governo do estado, até as condutas declaradas pelo governo para nós constituem condutas violadoras de direitos. Por exemplo, saiu uma portaria, no dia 22 de janeiro, dizendo a respeito da mudança do procedimento para a entrada dos “malotes” [kits de mantimentos enviados aos presos por familiares] que restringe, por exemplo, a entrada de medicamentos, e a Secretaria de Administração Penitenciária entende isso como devido. A gente entende isso como uma conduta violadora de direitos humanos. Nesse mesmo dia a gente fez uma reunião ordinária do Conselho junto com o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e a partir daí nós entramos em contato direto com o Mecanismo, a partir daí foi iniciado esse diálogo mais oficialmente. Quais foram as principais denúncias que vocês receberam? Há a restrição do direito de visita, um direito garantido pela Lei de Execuções Penais. As visitas estão sendo restringidas na forma de sanção coletiva: tem muito preso que não tem absolutamente nada a ver com os ataques que aconteceram, que não têm vínculo com facções e também tiveram o direito de visita vedado. Temos fotografias e relatos de castigos físicos praticados contra os presos. Temos fotografias dos presos com as mãos machucadas: é uma prática comum à história pregressa do secretário de Administração Penitenciária, algo que foi relatado pelo próprio Mecanismo quando da visita [do órgão] ao sistema prisional do Rio Grande do Norte, que ele [o secretário] tem esse método de quebrar os dedos dos presos para que eles não possam jogar pedras, por exemplo [Quando atuava como secretário de Justiça no governo do Rio Grande do Norte, o atual secretário de Administração Penitenciária cearense, Luís Mauro Albuquerque, disse que os agentes penitenciários deveriam lesionar dolosamente os dedos de detentos para se prevenir de futuras agressões. “Quando se bate nos dedos – falo isso que não é porque não deixa marca nos dedos não… porque deixa marca – é para ele não ter mais força para pegar uma faca e empurrar num agente, é para não ter mais força para parar de jogar pedra…”, afirmou em audiência pública na Câmara Municipal de Natal no dia 12 de setembro de 2017. A fala foi reproduzida em um relatório do Mecanismo, que visitou o Rio Grande do Norte em 2017 para acompanhar a crise penitenciária]. Foi tirada a ventilação da maior parte das celas das unidades prisionais: isso, aqui pro Ceará, é muito grave porque faz muito calor, as celas não tem conforto térmico e tirar os ventiladores deixa as pessoas numa situação muito desconfortável e prejudicial à saúde. Além de ter tirado a ventilação, algumas unidades da região metropolitana de Fortaleza tiveram algumas alas fechadas com a justificativa de que futuramente será feita uma reforma nelas. Isso aumentou o quantitativo de pessoas por cela: na maior parte das unidades há entre 35 e 40 pessoas por cela, uma situação completamente fora do parâmetro normal. Outros relatos que têm chegado são com relação aos chamados procedimentos: são as posturas que os presos devem ficar enquanto os funcionários estão fazendo inspeções nas celas. As pessoas ficam sentadas enfileiradas, com as mãos na nuca e as pernas dobradas. São muitos relatos que os presos tiveram que ficar por até dez horas nessa postura em muitas unidades sem poder se mexer. Quando os presos se mexem, recebem pancadas de cassetete. Esses procedimentos não tem hora pra acontecer, é dia e noite, os procedimentos são feitos debaixo de sol e chuva. A própria restrição ao malote, os pacotes de mantimento entregue aos presos semanalmente pelas famílias. Os presos só tem três refeições: um café preto, meio dia e no fim da tarde vem uma quentinha, que muitas vezes chega azeda para eles. E agora as famílias não podem mais mandar alimentos e nem mesmo medicamentos, material de higiene, como mandavam antes. Outro aspecto é a transferência dos presos do interior para a capital: a gente tem um número que se aproxima a 4 mil presos que vieram do interior para o complexo da Região Metropolitana de Fortaleza, aumentando imensamente a lotação das celas. Além disso, as violações relacionadas às pessoas que foram transferidas são muito importantes porque elas vieram sem saber para onde estavam indo, as famílias não souberam, essas pessoas se afastaram de suas famílias, advogados e defensores, os malotes não vão vir de jeito nenhum. Até hoje a gente tem relatos de famílias que estão procurando os seus presos porque não sabem para quais unidades foram. Isso é lamentável, é uma afronta ao básico que a gente tem na Lei de Execuções Penais. Temos relatos ainda não confirmados de mortes dentro das unidades prisionais [Desde o estouro da crise de segurança pública no Ceará, houve duas mortes confirmadas de detentos em unidades prisionais no estado]. A gente precisa do apoio do Mecanismo para conseguir fazer uma fiscalização. A gente não tem tido acesso às unidades. Tanto o Conselho Estadual quanto o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura estão tendo uma dificuldade imensa de diálogo com o poder público. Houve uma reestruturação do governo e até hoje a gente tem muitos cargos na secretaria de Proteção Social e Direitos Humanos que sequer foram preenchidos. Isso inviabiliza o nosso trabalho de controle social. A vinda do Mecanismo é de extrema importância e urgência para que possamos fazer esse controle nas unidades prisionais, com o objetivo de ajustar as situações para que fiquem em conformidade com a lei. O nosso papel é de controle, monitoramento, sugestão de políticas. Nosso papel não é tocar fogo em tudo, não é derrubar pessoas de cargos, é apontar o que está e o que não está em conformidade com os normativos de Direitos Humanos para que possa ser corrigido. Se eu fizesse parte do governo e tivesse tanta segurança de que as práticas estão em conformidade com a lei, conforme o próprio secretário Mauro Albuquerque afirmou em entrevista, eu não veria problema em permitir o acesso às unidades. Se tudo está em conformidade com a lei, não se tem que temer nada. Vocês também falam que há relatos de prisões arbitrárias. Houve mais de 400 prisões desde o início da crise no Ceará… Um número muito elevado. E a gente não tem transparência também em relação a isso, no que essas prisões resultaram. Cadê essas pessoas que foram presas? Houve audiência de custódia, foram abertos inquéritos? De que delitos essas pessoas foram acusadas? Elas arrefeceram um pouco nos últimos dias. Os relatos são de que pessoas eram abordadas nas periferias e presas arbitrariamente. Uma queixa recorrente que nós recebemos é de pessoas que estavam na rua, em espaço público, eram abordadas e pelo simples fato da pessoa já ter tido alguma condenação pregressa ou estar respondendo algum processo em liberdade, algum tipo de passagem na polícia, as pessoas já iam presas. Isso nos preocupa bastante. É aquela história de primeiro prender para depois averiguar a situação – prisões carregadas de violência para saber se havia algum envolvimento nos ataques das facções, as prisões eram em função dos ataques. Alguém tocava fogo num terminal de ônibus X, na sequência um monte de gente era presa naquela localidade e depois iria se verificar se a pessoa tinha ou não envolvimento com aquele determinado ataque. Isso se estendeu muito também aos adolescentes apreendidos. Houve a notícia de que as facções estariam pagando os adolescentes para participarem dos atos criminosos e, em decorrência disso, muitos adolescentes foram apreendidos. A gente ainda não tem números exatos dessas apreensões dos adolescentes. Qual a importância da visita do Mecanismo? É importante para não legitimar as condutas que a gente entende como contrárias à lei, para não ficar uma sensação de que vale qualquer coisa em nome da segurança. A gente sabe que existe um problema de segurança pública, entendemos que o Estado precisa atuar e reagir, mas isso não é salvaguarda para a violação de direitos humanos. Nossas questões dizem respeito ao tipo de política de segurança pública e de política prisional que vem sendo aplicado aqui. Nosso problema é esse. Nós não estamos defendendo o afrouxamento nas normas penais, a flexibilização no regramento da conduta de quem está preso. A pessoa que praticou crime precisa pagar por isso, sem sombra de dúvida. Mas o que a gente não pode é aceitar que os normativos de direitos humanos sejam descumpridos para violar direitos porque isso supostamente resolveria o problema de segurança pública. A gente sabe que não é um problema que vá se resolver exclusivamente com endurecimento nas cadeias: o problema da segurança pública é muito mais sistêmico. Se isso não for resolvido em âmbito nacional, nós estamos com a mobilização inclusive para levar isso para órgãos internacionais porque é uma situação de completo desrespeito às políticas de direitos humanos.

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Pública - qua, 20/02/2019 - 16:20

Reportagens da Agência Pública republicadas em veículos internacionais.

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