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Atualizado: 3 semanas 23 horas atrás

La represión aleja, por ahora, solución política de la crisis en Venezuela

ter, 26/02/2019 - 16:49

Un joven herido por una bala durante las protestas en Santa Elena de Uairén, es transportado en una motocicleta por otros jóvenes, durante las protestas después que se impidió el sábado 23 el ingreso de ayuda de alimentos y medicinas desde la cercana frontera de Brasil, a más de 1.260 kilómetros al sureste de Caracas. Crédito: Cortesía de pobladores de Santa Elena de UairénPor Humberto MárquezCARACAS, Feb 26 2019 (IPS) La violenta represión que impidió traspasar las fronteras de Venezuela con ayuda en alimentos y medicinas, con un saldo preliminar de cuatro muertos y 58 heridos de bala, aleja soluciones a la mayor crisis política que se vive en América Latina, aunque en su búsqueda 10 países del hemisferio aumentan la presión y a la vez descartan el uso de la fuerza. Pero para Estados Unidos “todas las opciones están sobre la mesa”, incluida el uso de la fuerza militar, según dijo el presidente Donald Trump y recordó su vicepresidente, Mike Pence, a los 10 gobiernos del Grupo de Lima reunidos el lunes 25  en Bogotá para tratar el tema de Venezuela. Los vecinos de Venezuela “no quieren guerra pero siguen batallando por una solución política que implique la salida (del poder) del presidente Nicolás Maduro. Al reprimirse el ingreso de camiones con ayuda humanitaria se tiene una excusa para incrementar la presión política, económica y diplomática sobre el régimen”, dijo Carlos Romero, profesor de postgrado en ciencias políticas en dos universidades públicas de Caracas. La ayuda internacional acantonada en zonas limítrofes de Colombia, Brasil y la vecina isla holandesa de Curazao consistió en unos cientos de toneladas de insumos médicos, algunos medicamentos para emergencias y suplementos alimenticios que el líder opositor Juan Guaidó ordenó pasar a través de la frontera el  día 23. Venezuela, de 32 millones de habitantes, de los que más de tres millones han emigrado en los últimos cinco años según fuentes de las Naciones Unidas, padece una crisis económica y social marcada por una hiperinflación que se mide en millones por ciento anual,  así como el colapso de su sistema público de salud y el desplome de otros servicios públicos esenciales. Cifras de un estudio de las tres principales universidades de Caracas indican –a falta de cifras oficiales desde hace al menos tres años- que la pobreza afecta a 80 por ciento de la población, en lo que marca una caída de 56 por ciento del producto interno bruto en los últimos cinco años. El gobierno de Maduro militarizó y cerró las fronteras al considerar la operación de ingreso un pretexto para una intervención militar extranjera, la cual impulsaría la oposición reunida en torno a Guaidó, presidente del parlamento que asumió la titularidad interina del Ejecutivo el 23 de enero. Dos camiones que avanzaron unos pocos metros en uno de los puentes de la frontera con Colombia, a unos 860 kilómetros de Caracas, se incendiaron al repeler guardias venezolanos a jóvenes que avanzaban junto a los vehículos, mientras en las vecinas ciudades de Ureña y San Antonio uniformados y civiles armados dispersaban a tiros conatos de marchas opositoras para tratar de recibir la ayuda. En el extremo sudoriental del país, asiento del pueblo pemón, cientos de indígenas trataron desde el día 22 de bloquear el acceso de militares destinados a impedir el ingreso de vehículos con ayuda procedente de Brasil. Los militares se abrieron paso a tiro limpio, según denunciaron dirigentes indígenas, con el resultado comprobado de cuatro muertos y otros 25 heridos de bala, informó Alfredo Romero, director de la organización humanitaria Foro Penal. Grupos indígenas lograron retener durante más de 24 horas a varios oficiales que comandaban a los militares, pero luego “unos 70 vehículos, entre ellos autobuses llenos de uniformados, los liberaron a su paso hacia Santa Elena de Uairén”, relataron a IPS vecinos de esa ciudad próxima al límite con Brasil, a 1.260 kilómetros de Caracas. Responsables indígenas se ocultan en el campo y en Santa Elena opera un toque de queda de facto, según los mismos vecinos, que brindaron a IPS muy duros testimonios en videos y fotografías sobre lo ocurrido allí, mientras la dirección opositora y los medios estaban concentrados en los sucesos de la frontera con Colombia. Dirigentes opositores han denunciado el asesinato de al menos 15 personas en la zona y el Foro Penal registró nueve casos de desaparecidos desde el sabado 23. En Ureña y San Antonio, suroeste fronterizo con Colombia, más de 20 personas resultaron heridas de bala, disparadas por uniformados o civiles armados que cubrían sus rostros con pasamontañas, según reportes de periodistas en la zona. También fueron reprimidas en el interior del país varias demostraciones opositoras en respaldo al ingreso de la ayuda internacional.Dos presidentes para una crisis La crisis venezolana se aceleró después que el 10 de enero Nicolás Maduro asumió un segundo mandato de seis años, reivindicando su victoria en una elección del 20 de mayo de 2018. Pero esos comicios fueron convocados a destiempo, por una Asamblea Nacional Constituyente integrada solo por oficialistas, con la mayoría de partidos de oposición ilegalizados, varios de sus principales líderes presos o inhabilitados, y un árbitro electoral controlado por el gobernante Partido Socialista Unidos de Venezuela. La oposición desconoció la elección y el resultado, y lo mismo hicieron Estados Unidos, Canadá, una docena de gobiernos de América Latina y el Caribe, la Unión Europea y algunos otros países. De allí nace la exigencia de una nueva elección presidencial “libre, transparente y creíble”. La Asamblea Nacional, parlamento de mayoría opositora elegido en 2015 y único poder fuera del control de Maduro, aplicó por analogía una norma constitucional según la cual está vacante la presidencia al no haber una elección válida, Maduro es “usurpador” y debe ocupar el cargo provisionalmente el presidente del parlamento. Juan Guaidó, a quien le había tocado por turno ostentar ese ese cargo desde el 5 de enero, asumió esa responsabilidad ante una marcha multitudinaria en Caracas el 23 de enero, y desde entonces le han reconocido más de 50 gobiernos, principalmente de América y Europa, además de otros como Japón. Mientras tanto, al menos 326 militares y policías venezolanos, entre ellos varios oficiales de rango medio, han desertado desde el día 23 y huido principalmente a Colombia. Los militares fueron objeto de un nuevo llamado desde el Grupo de Lima (ad-hoc, esta vez integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y la Venezuela-Guaidó), y de Estados Unidos, para que dejen de respaldar a Maduro y reconozcan y obedezcan como su comandante a Guaidó. El Grupo asentó que “la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza”. Esa renuncia por ahora al empleo de la fuerza “contraría a gente radical de la oposición venezolana que está desesperada al no encontrar una rápida salida”, observó Romero en su diálogo con IPS. La apelación a la fuerza “ha ganado terreno, por el atrincheramiento del gobierno, cerrado a toda vía alternativa que implique ceder poder,  en una especie de lucha existencial”, dijo a IPS Luis Salamanca, también docente de posgrado en ciencias políticas en la Universidad Central. Destacó una frase de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, horas después de los violento sucesos en las fronteras, en el sentido de que la determinación del gobierno “es una pequeña parte de lo que estamos dispuestos a hacer”. Washington incrementó el bloqueo financiero y de activos sobre el Estado venezolano, así como medidas sobre visas y bienes de sus autoridades, en tanto el Grupo de Lima decidió aumentar las denuncias internacionales y el cerco diplomático y político sobre Maduro. Romero advirtió sin embargo que en la aceleración de la crisis en lo que va de 2019 “no ha funcionado ningún elemento de moderación: murieron al nacer la iniciativa de equilibrio entre México y Uruguay, el grupo de contacto de la Unión Europea y algunos países americanos, así como la insinuación del papa Francisco para mediar si lo solicitaban las partes”. Mientras el gobierno se atrinchera, la oposición venezolana “está obligada a imaginar y desarrollar acciones que mantengan viva la esperanza de la gente, para que no cunda el desánimo después de que no se logró el objetivo de que ingresaran camiones con la ayuda”, señaló a IPS el experto en opinión pública  Félix Seijas,  director de la firma encuestadora Delphos. Los especialistas consultados coincidieron en que la oposición dirigida por Guaidó erró al plantear el ingreso “sí o sí” de la ayuda el día 23 como una suerte de batalla decisiva, cuando lo que puede darle frutos es insistir en que su llamado a “restablecer la democracia” es un proceso con muchos pasos. Salamanca subrayó que “el gobierno parece firme, pero con cada hora que pasa se mueven nuevas piezas, y existe una corriente subterránea que va desmoronando la bases en las que se sustenta. La deserción de militares es una señal muy llamativa a ese respecto”. Por ahora,  la cúpula que dirige la Fuerza Armada Bolivariana se exhibe completamente leal a Maduro. Mientras, en el escenario internacional, Estados Unidos, el país con la mayor capacidad de presión en el hemisferio, solicitó una nueva reunión sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esta vez con respaldo del Grupo de Lima, que calificó la crisis en el país petrolero como “una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región”. Edición: Estrella Gutiérrez El artículo La represión aleja, por ahora, solución política de la crisis en Venezuela fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Esclavitud moderna, el crimen organizado en su máxima expresión

ter, 26/02/2019 - 13:14

La Red Safe Haven calificó la trata y el tráfico de personas como “la mayor actividad criminal internacional, superior al narcotráfico y a la venta ilegal de armas”. Crédito: Cortesía ONU. Por Thalif DeenNACIONES UNIDAS, Feb 26 2019 (IPS) Más de 40 millones de personas viven en condiciones de esclavitud en el mundo, entre ellas 25 millones realizando trabajos forzosos y 15 millones en matrimonios forzados, 71 por ciento de las cuales son mujeres y niñas, concluyó un exhaustivo estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y la situación podría haber empeorado desde que se publicó “Estimaciones Mundiales sobre la Esclavitud Moderna”, en 2017, realizado en colaboración con la Fundación Walk Free. La Red Safe Haven, con sede en Chicago, calificó la trata de personas como “la mayor actividad criminal internacional, superior al narcotráfico y a la venta ilegal de armas”. En la actualidad, la esclavitud y la discriminación racial son dos lados de la misma moneda en Estados Unidos, donde el racismo se hizo más visible bajo la bandera nacionalista de la “supremacía blanca”, resurgida con el demagógico gobierno de Donald Trump. A pesar de estar prohibida en todas partes del mundo, la esclavitud adoptó nuevas formas como la trata y el tráfico de personas, el reclutamiento de niños soldados, el matrimonio precoz, la servidumbre doméstica, tanto en el Sur como en el Norte global. Los trabajadores migrantes, ya sea en plantaciones de naranja en Italia o en la construcción, en Qatar, están en riesgo, puntualizó Karolin Seitz, oficial de programa para responsabilidad corporativa y derechos humanos de Global Policy Forum, con sede en Bonn, en diálogo con IPS. La experiencia muestra que los compromisos voluntarios de las compañías trasnacionales no son suficientes, puntualizó. No alcanza porque países como Gran Bretaña, con su Ley contra la Esclavitud, Australia, con su Ley sobre la Esclavitud Moderna, o Francia con su Ley de Vigilancia, llegaron a la conclusión de que solo funcionan las normas vinculantes. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud de los refugiados y migrantes en Europa concluyó que los trabajadores migrantes tienen más probabilidades de trabajar una cantidad excesiva de horas en empleos riesgosos y sin las medidas de seguridad adecuadas y sin quejarse. Las víctimas de trata o tráfico quedan fuera del radar de las autoridades y no tienen acceso a la justicia, observó Seitz. Según ella, para eliminar las ventajas competitivas que ofrece la esclavitud moderna, la trata de personas y la contaminación ambiental, los mecanismos de derechos humanos necesarios deben ir más allá de los límites fronterizos, opinó Seitz. Por su parte, la secretaria general de la Confederación Internacional de Sindicatos (ITUC, en inglés), Sharan Burrow, dijo a IPS que la desigualdad y la esclavitud moderna van de la mano para millones de personas. Pero es posible terminar con esta última. “La esclavitud moderna está en todas partes, desde el kafala (sistema en que trabajadores migrantes tienen un patrocinador local, responsable de su visa y su estado legal) en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, pasando por las haciendas de Paraguay y la pesca en Tailandia y Filipinas, hasta la agricultura en Italia”, observó. “Es una cuestión de voluntad política generar los cambios legales y garantizar la libertad de asociación, que derivará de exponer el escándalo y de las campañas de trabajadores, consumidores y sindicatos. Los gobiernos deben ejercer presión sobre las corporaciones, la gente lo reclama”, añadió. La directora de la oficina en Medio Oriente y África del norte de Igualdad Ya, Dima Dabbous, dijo a IPS que la OIT estima que hay 1,6 millones de mujeres migrantes en la región viviendo bajo el kafala. En los países del Golfo, las trabajadoras migrantes se encuentran en una situación vulnerable pues trabajan en el ámbito doméstico, sujetas a un empleador sin poder renunciar ni cambiar de empleo ni irse del país sin el consentimiento de su patrocinador, el que las puede amenazar con deportarlas en caso de que protesten por las condiciones laborales, precisó. En esas condiciones, abusos como restricción de movimiento, retención del pago y agresión física y sexual son moneda corriente. Y en casos extremos, causaron la muerte de alguna mujer, indicó Dabbous, exdirectora del Instituto de Estudios de Mujeres en el Mundo Árabe. En Líbano se lograron ciertas mejoras en el tipo de contratos que regulan el trabajo de mujeres migrantes que realizan tareas domésticas, como descanso semanal, el pago en fecha del salario y que las que sufren abusos recurran a las autoridades. Pero no se logró un gran cambio porque los contratos no están escritos en una lengua que hablen las empleadas migrantes ni las autoridades velan por su cumplimiento. “Los empleadores les siguieron confiscando los pasaportes, todavía no tienen un día de descanso semanal y tienen muy pocas posibilidades de quejarse ante las autoridades o de denunciar un abuso”, se lamentó Dabbous. La OIT y otras organizaciones no gubernamentales internacionales deben seguir denunciando el sistema de kafala que hace que las mujeres migrantes queden sujetas a sus empleadores como si fueran esclavas, subrayó. Además, la comunidad internacional debe ayudar a las organizaciones locales a abolir o reemplazar ese sistema. Las leyes, si bien tienen falencias y presentan dificultades en su implementación, obligan a las grandes compañías a realizar declaraciones precisando el riesgo de esclavitud en su cadena de suministro, así como las acciones que toman para evitarlo, destacó Seitz, de Global Policy Forum. Otros países, en cambio, todavía creen en medidas voluntarias. El Plan de Acción Nacional de Alemania para la implementación de los Principios Guía de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos carece de responsabilidad, en parte también por la gran presión de las empresas. A fin de fijar estándares comunes y sólidos a escala mundial, los Estados deben apoyar el proceso actual en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para crear un tratado vinculante que regule a las empresas transnacionales en cuestiones de derechos humanos, instó. El documento debería requerir que los Estados establezcan la obligatoriedad de la diligencia debida en materia de derechos humanos, que las compañías se hagan responsables por romperla en casos de violación y que eliminen los impedimentos que tienen las víctimas para acceder a la justicia, precisó Seitz. El trabajo es más inseguro en el mundo, con el predominio de contratos a corto plazo, y aumentan el trabajo informal y la esclavitud moderna, puntualizó Burrow, de ITUC. La desigualdad de ingresos hace que la gente acepte empleos en condiciones de explotación, lo que impide a los trabajadores ejercer sus derechos. “Cuando hay salarios bajos y no hay un empleo decente, cuando no hay sindicatos que representen y defiendan los derechos de los trabajadores, se crean las condiciones que llevan a la esclavitud moderna”, apuntó. La debida diligencia y la transparencia son clave para poner fin a la esclavitud moderna en la cadena de suministro, subrayó. Cuando las corporaciones asumen su responsabilidad con la debida diligencia y, por consiguiente, le dan transparencia a su cadena de suministro, es posible crear procedimientos de reclamo que pueden facilitar una solución a violaciones laborales, desde el trabajo forzado a un sueldo por debajo del salario mínimo. Una ley sobre debida diligencia con nuevo mandato se está por adoptar en Francia, y otros países como Alemania y Holanda se preparan para seguir el mismo camino, apuntó. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Cuba emprende etapa clave para cristalizar la aprobada Constitución

ter, 26/02/2019 - 11:47

Un elector ejerce su derecho de voto durante el referendo sobre la nueva Constitución, en una mesa en la capital de Cuba, el domingo 24 de febrero. El texto de 229 artículos fue aprobado por 86, 85 por ciento de los votos válidos. Crédito: Jorge Luis Baños/IPSPor Ivet GonzálezLA HABANA, Feb 26 2019 (IPS) La aprobación en forma aplastante del texto de la nueva Constitución, en un referendo realizado este domingo 24 en Cuba, permite al gobierno Miguel Díaz-Canel tomar el pulso al consenso con que cuenta la gestión del primer civil presidente en seis décadas. La Comisión Electoral Nacional (CEN) informó de forma preliminar este lunes 25 que acudieron a las urnas 7.848.343 electores, en Cuba y misiones oficiales en el exterior, lo que se traduce en 84 por ciento de participación según cifras provisionales. Los votos a favor del “sí” sumaron 6.816.169, equivalentes a 86,85 por ciento de los electores, frente a 706.400 que optaron por el “no”, de un total de 7.522.569 boletas válidas, lo que equivale a nueve por ciento, según el CEN. Los sufragios en blanco fueron 198.674 y los anulados 127.100, según los sufragios realizados en 25.245 colegios electorales de 12.635 circunscripciones. “La etapa que viene ahora es clave y decisiva, y puede matizar la orientación de lo planteado en la Constitución”, dijo a IPS el profesor universitario Enrique López Oliva. “Las leyes complementarias son las que van a regular las actividades porque la Constitución establece solo los principios”, explicó. La Constitución de 229 artículos aprobada proclama en su artículo 4 que el sistema socialista que refrenda la ley fundamental es “irrevocable” y en el 5 confiere al Partido Comunista de Cuba (PCC) el papel de fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. “Ahora viene un período muy intenso de actividad legislativa en la cual se demostrará si la Constitución escrita coincide con la Constitución real”, dijo a IPS el analista político independiente Carlos Alzugaray, para quien el referendo fue “un éxito para el gobierno en dos sentidos”: ganó el “sí” y hubo alta participación a las urnas. Por otro lado, consideró que, “como contrapartida, el gobierno no podrá ignorar los 706.400 cubanos que votaron por el “no” que, sumados a los 325.774 que votaron en blanco o echaron a perder sus boletas, hacen una suma total de 1.032.174 ciudadanos que no ratificaron la reforma constitucional”. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ejerce su derecho al voto durante el referendo constitucional en La Habana, el domingo 24 de febrero. Crédito: Ramón Espinosa-AP/POOL-IPS Según el cronograma fijado por la nueva Constitución, la tarea más urgente luego de su entrada en vigor, es la aprobación antes de seis meses, de la Ley Electoral por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral), cuyos diputados electos por voto directo y secreto en 2018 se mantienen en sus cargos hasta concluir su mandato de cinco años. El parlamento, definido como el órgano supremo del poder del Estado y único con potestad constituyente y legislativa, elige de entre sus diputados, en un plazo de tres meses luego de aprobada la Ley Electoral, a su presidente, vicepresidente y demás miembros del Consejo de Estado. Elige además al presidente y vicepresidente de la República. Posteriormente, el presidente  propone a la Asamblea legislativa la designación del primer ministro (jefe de gobierno), viceprimeros ministros, secretario y demás miembros del Consejo de Ministros. Entre otras novedades, la Constitución confiere al presidente  y jefe del Estado, entre otras muchas responsabilidades, desempeñar la jefatura suprema de las instituciones armadas y determinar su organización general, una facultad que históricamente estuvo reservada a Fidel Castro (1926-2016) y a su hermano Raúl, que gobernó el país hasta abril de 2018. Un aspecto criticado de la nueva Constitución por juristas de todos los signos políticos radica en las 111 remisiones a leyes posteriores, es decir, que traspasa la definición de asuntos como el matrimonio a normas que se modificarán o redactarán de ahora en adelante. Especialistas alertan que las remisiones pueden traer deformaciones con respecto a lo planteado en la ley fundamental, con los riesgos consiguientes en la gobernanza y claridad legal. “Hay que ver en qué medida estas leyes responderán a las necesidades de la población y cómo va a ser la participación ciudadana en este período que comienza, en especial las organizaciones no gubernamentales y las de carácter religioso”, indicó López Oliva,  especialista en sociología de las religiones. El referendo encontró al gobierno enfrascado en la recuperación del desastre causado el 27 de enero en cinco municipios habaneros por un poderoso tornado que aumenta las tensiones financieras del país y en medio de una recesión económica que no repunta. Un grupo de personas permanece en la entrada de un colegio electoral en La Habana, el 24 de febrero, durante el referendo sobre la nueva Constitución de Cuba. Crédito: Jorge Luis años/IPS A la vez, el recrudecimiento de la política hostil del gobierno estadounidense de Donald Trump y el agravamiento de la crisis en Venezuela, su determinante aliado en la región, podría añadir nuevos sinsabores a la vida cotidiana de la población cubana de 11,2 millones. “La Constitución propone cambios serios desde el punto de vista social y económico”, dijo a IPS el ingeniero Javier Córdova, luego de votar el domingo en un colegio en Luyanó, uno de los barrios habaneros afectados por el devastador tornado, que dejó siete fallecidos y 10.000 desplazados. A juicio de Córdova, la reestructuración en la institucionalidad cubana que comenzaría una vez que entre en vigor la nueva ley fundamental con su publicación en la Gaceta Oficial “va a impactar bastante en la vida cotidiana de las personas”. La demolición de edificaciones dañadas, venta de materiales a las familias damnificadas y obras de reconstrucción se mantuvieron activas el día del referendo, en una comunidad que todavía atraviesa momentos complejos y tensos a un mes del desastre inesperado y arrasador. Camiones cargados con piedras salían junto al local en la Calzada de Luyanó, donde operó la circunscripción que coordinó el colegio electoral de Córdova y otros dos. Ubicada en la sede de un punto de venta de materiales para los damnificados, esta circunscripción identificó 1.361 electores. “La evolución va a ser mucho mejor si se aplica todo lo establecido en la nueva Constitución”, valoró la jubilada Juana María Salazar, quien participó en el referendo anterior de 1976 y trabajó en la comisión electoral de esa circunscripción en Luyanó. “Tenemos cambios totales (…) y un nuevo gobierno”, concluyó. A contrapelo de esas dificultades presentes desde que asumió la presidencia en abril del pasado año, Díaz-Canel mantuvo su estilo de dirección ágil, de intercambio directo con el pueblo y constantes visitas a territorios y comunidades en compañía de algunos ministros, conminados a la vez a rendir cuentas de su gestión ante la opinión pública. Este desempeño contribuyó al parecer a sumar puntos en favor de su popularidad. En las redes sociales, a menudo se le felicita por contacto cotidiano con la población aunque también recibe críticas. El ascenso del político a la presidencia contó con el público respaldo de Raúl Castro, actual primer secretario del gobernante PCC y gobernante entre 2008 y junio 2018. Como en la etapa previa, la sociedad civil estuvo muy activa el día del referendo en las redes sociales de Internet. Se reportaron pequeñas protestas de grupos opositores al gobierno socialista, quienes divulgaron sobre acciones punitivas cometidas contra algunos líderes y observadores electorales independientes. Por vez primera y gracias al mayor acceso a Internet, muchas personas fotografiaron su voto y lo compartieron en las redes, mientras activistas de diverso signo político acudieron a la observación pública de los votos en sus respectivos colegios, aunque algunos lamentaron la negativa de algunas autoridades a fotografiar. El texto aprobado resultó de un proceso que comenzó en junio e incluyó una consulta popular, del 13 de agosto al 15 de noviembre, que según las autoridades cambió alrededor del 60 por ciento de su articulado.  El proceso de votación estuvo precedido de una vasta campaña oficial en favor del “sí” y otra alternativa por el “no” confinada a Internet. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Un Partido Mundial

seg, 25/02/2019 - 13:08

Roberto SavioPor Roberto SavioROMA, Feb 25 2019 (IPS) He sido miembro del primer partido internacional del mundo: el Partido Radical Transnacional, fundado en 1956 por los italianos Marco Pannella y Emma Bonino. Luego, en 1988, fui testigo de la gran protesta en Berlín Occidental contra las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que fue precursora de la “Batalla de Seattle”, donde 40.000 manifestantes interrumpieron las reuniones anuales de las dos instituciones financieras mundiales en 1999. Además, la policía me detuvo por un día pese a que solo había sido un testigo, pero el hecho de ser extranjero me hizo automáticamente sospechoso. Fui también testigo del discurso pronunciado por el economista laureado con el Premio Nobel, Joseph Stigliz, dirigido a los manifestantes para “Ocupar Wall Street” en 2001. Ese mismo año, participé en la creación del Foro Social Mundial en Porto Alegre, y he estado siguiendo atentamente el arribo de la nueva marejada nacionalista y populista internacional desde la llegada de Viktor Orban a Hungría en 2010, Jaroslaw Kaczynski a Polonia en 2015, el “brexit” y Donald Trump en 2016 y una serie de movimientos totalmente diferentes, como los “chalecos amarillos” en Francia. Como resultado, he decidido que puedo ser más útil como profesional que como teórico en el debate tan culto e interesante que Paul Raskin ha iniciado sobre un partido político mundial. Pero aún recuerdo que hablé como profesional (fui el fundador de IPS-Inter Press Service, la cuarta agencia de noticias internacional del mundo) en una conferencia de académicos muy importante realizada en Berlín durante el debate sobre el Nuevo Orden Internacional de Información en la década de 1970. Cuando terminé, el presidente alemán de la conferencia observó: “lo que ha dicho Roberto funciona en la práctica. Pero la pregunta es: ¿funcionaría en teoría?” El Partido Radical Transnacional eligió un programa de derechos humanos, como lo había hecho Pannella en Italia con el Partido Radical Italiano: la abolición de la pena de muerte, la despenalización de drogas ligeras, la libertad de elección médica, incluida la eutanasia, el fin de la mutilación genital femenina en África y los países árabes, la importancia de la investigación científica libre de dogmas religiosos, como parte de la bioética, y la creación de los Estados Unidos de Europa; una Europa multicultural, inclusiva y ambientalmente preocupada. Además, solicitó la inclusión de Israel en la Comunidad Europea y montó campañas públicas sobre el Tíbet, los uigures (una etnia turca que vive en Asia oriental y central), los “montagnard” o montañeses (una minoría cristiana vietnamita) y los chechenos. Esta agenda de derechos humanos logró vincular a intelectuales y activistas de muchos países (especialmente de Europa y América Latina), pero nunca se convirtió en un movimiento de masas y se disolvió en 1989. Había quedado muy influenciado por los acontecimientos de “Mayo 68” que se centraron en la lucha contra las estructuras centralizadas, y que indicaron que la lucha debería volverse individual y libre de cualquier comando. El Foro Social Mundial (FSM) fue lo más cercano a un movimiento mundial. Se basaba en un programa mucho más amplio, que consistía en la construcción de una alternativa al Foro Económico Mundial en Davos. Las finanzas globales, el capitalismo descontrolado, una agenda económica sobre la agenda social, la alianza de las corporaciones para controlar la política y la gobernanza: un Foro donde las personas no electas pudieran reunirse para tomar decisiones sobre el acontecer mundial. Este fue el resultado de una visita a París en 1999 de dos activistas brasileños: Oded Grajew, que trabajaba en el campo de la responsabilidad social corporativa, y Chico Whitaker, que estaba en la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, una iniciativa de la Iglesia católica brasileña. Ellos se sentían indignados por la cobertura televisiva de Davos y se reunieron con Bernard Cassen, director general de Le Monde Diplomatique, quien los alentó a organizar un anti-Davos, no en Europa sino en el sur del planeta. Regresaron a Brasil, organizaron un comité de ocho organizaciones brasileñas, obtuvieron el apoyo del gobierno de Rio Grande do Sul en febrero de 2000 y, en 2001, lograron que el primer Foro de Porto Alegre se celebrara al mismo tiempo que Davos. Anticipamos la asistencia de 3.000 personas (al igual que Davos), pero en lugar de eso hubo 20.000 participantes. El impacto fue tan grande, que el comité brasileño organizó una reunión consultiva el año siguiente en São Paulo para discutir la continuación del FSM. Invitaron a varias organizaciones internacionales y el segundo día nos designaron a todos como el Consejo Internacional. Por lo tanto, el Consejo no nació de una planificación para organizar una estructura realmente representativa. Los esfuerzos para equilibrar su composición nunca fueron muy lejos, puesto que muchas organizaciones querían convertirse en miembros del Consejo sin ningún criterio de representación y fortaleza. El Consejo rápidamente llegó a tener una larga lista de nombres, pero con pocos participantes. Además, siguieron los cambios en cada reunión del Consejo, lo que dejó a los brasileños (a Chico Whitaker en particular), con capacidad de facto para ejercer un gran peso en el proceso. El FSM celebró un gran número de reuniones. La reunión anual del FSM siempre contó con cerca de 100.000 participantes (la reunión en 2005 tuvo 150.000). Además, el FSM se mudó de América Latina, primero a Mumbai, con la participación de 20.000 dalits (intocables), luego al África y así sucesivamente. Mientras tanto, la marcha contra la invasión estadounidense de Iraq constó de 15 millones de personas marchando por todo el mundo. George Bush lo descartó como grupos de enfoque, y la guerra continuó. Además del FSM anual, se organizaron otros dos eventos principales: los FSM regionales y los FSM temáticos, los cuales son una especie de paraguas para que las personas se reúnan fuera del FSM central. Asimismo, los FSM locales podrían celebrarse en cualquier país, como parte del proceso general del FSM. El cálculo más probable estima que desde 2001 el FSM ha reunido a más de un millón de personas, que han pagado sus propios gastos de viaje y alojamiento para compartir experiencias y soñar juntos por un mundo mejor. Algunos puntos de este enorme proceso (que no veo ahora replicable como la idea de un Partido), deben ser considerados para nuestro debate. La sociedad civil se compone de muchos hilos. No hay tiempo para profundizar en esto, pero Boaventura de Sousa Santos, el sociólogo y antropólogo portugués que más ha estudiado el FSM (y también está en desacuerdo con la incapacidad de actualización de Chico Whitaker y otros) ha escrito un interesante estudio sobre la “traducción” que fue necesaria para juntar esos hilos. Las organizaciones de mujeres, por ejemplo, están preocupadas por la sociedad patriarcal; las organizaciones indígenas se preocupan por la explotación de los colonos blancos; y las organizaciones de derechos humanos tienen un programa diferente de aquél de quienes se ocupan del medio ambiente. Para entendernos mutuamente, compartir y trabajar juntos, se llevó a cabo un proceso de interpretación de esas prioridades para poder pensar de manera holística. Se trata de lo que ahora llamamos identidad. Cualquier partido mundial debe enfrentar este problema porque no hay organizaciones indígenas en Europa ni hay activistas sobre el impacto de las infraestructuras en Asia o África. En otras palabras, aunque sea más fácil crear una participación masiva contra un enemigo común, se requiere mucho diálogo para construir un movimiento. Ciertamente, el FSM fue fundamental para crear conciencia de que es necesario un enfoque holístico para combatir la injusticia, el cambio climático, las finanzas no controladas, la injusticia social creciente, etc. Y ese es un punto importante en la creación de un partido mundial. En los 63 años transcurridos desde la creación del Partido Radical Transnacional, se ha repetido un hecho común en todos los movimientos que se han creado, el cual se puede observar ahora en los “chalecos amarillos”. Para la inmensa mayoría de los participantes, la noción de partido está vinculada al poder, la corrupción y la falta de legitimidad. El FSM “decretó” la irrelevancia de asumir el concepto de “partido”: se opone a cualquier declaración política del FSM (porque podría dividir el movimiento), a la creación de un portavoz en nombre del FSM y a favor de la horizontalidad como la base principal para la gobernanza del FSM, es decir, el FSM como un espacio para reuniones y no para organizar acciones. Los participantes que forman las alianzas podrían tomar medidas, pero el FSM no puede hacer declaraciones o planes de acción. El Consejo Internacional no era un órgano rector sino una estructura facilitadora. Los medios dejaron de asistir al FSM porque no tenían interlocutores, dado que no había voceros. Incluso estaba prohibida cualquier declaración sobre algo que potencialmente podría crear escisión, como la condena de guerras o los llamados a la acción climática. El resultado es que el FSM se ha convertido en algo parecido a un ejercicio espiritual: útil para aquellos que participan, porque emergen con más fuerza individual, pero sin impacto alguno en el mundo. Esta es una desventaja extremadamente importante para un partido mundial. La mayoría de sus afiliados rechazan en principio la noción de partido, porque crea automáticamente estructuras de poder, se abre a la corrupción de los ideales y deja a los individuos sin participación ni representación. Los “chalecos amarillos” son un ejemplo aleccionador de esto. El mundo político ha perdido legitimidad, participación y juventud. Está totalmente separado de la cultura, la investigación y el intelectualismo. Para ser real, un partido mundial no puede basarse en unas pocas personas. Debe abordar y resolver esos problemas. He aquí tres consideraciones que son importantes: La primera es que la Internet ha cambiado la participación en la política. El espacio y el tiempo ya no son lo mismo. El tiempo se ha vuelto fluido y corto. Los tuits, Facebook, etc. son mucho más importantes que los medios de comunicación. Jair Bolsonaro fue elegido en Brasil a través de las redes sociales. Presenciamos un fenómeno general, desde Matteo Salvini en Italia hasta la Primavera Árabe y el brexit. Los medios estadounidenses en conjunto producen 62 millones de copias al día. De estos, los documentos de calidad (como WSJ, NYT y WP) cuentan con solo 10 millones de copias. Los tuits de Trump tienen 49 millones de seguidores. Sabemos que solo el cuatro por ciento de ellos compra periódicos y solo miran Fox News, que es una extensión de los tuits de Trump. Entonces, cuando Trump hace afirmaciones absurdas, como cuando visitó a la reina Isabel y dijo que no pudo ir al centro de Londres porque había tantas personas que lo esperaban que la policía le aconsejó no ir, cuando en realidad había 200.000 personas en las calles protestando por su visita, esos 49 millones lo creyeron ciegamente. Los medios de calidad publican una comprobación de los hechos, con cifras dramáticas sobre sus mentiras y verdades tergiversadas. Sus seguidores nunca las leerán, y si las ven no las creerán. Necesitamos poder entrar en este tipo de movilización. Yo, por mi parte, no puedo usar Twitter de manera eficiente. Y Aldo Moro, el primer ministro italiano asesinado en 1978 por las Brigadas Rojas (que fueron utilizadas por una fuerza más poderosa), tampoco podría. La política salta en poco tiempo de un elemento a otro. Se acabó la capacidad de seguir procesos, solo seguimos eventos. Y lo mismo está pasando con los medios. La segunda consideración, como consecuencia de lo anterior, es que la Internet ha ido por el camino equivocado en lo que se refiere a la política. En lugar de convertirse en un elemento de participación, se ha convertido en un elemento de atomización. Un increíble 73 por ciento de sus usuarios declaran que tallan su propio mundo, un mundo virtual, que pueden construir de acuerdo con sus deseos. Como resultado, el debate entre las personas (especialmente los jóvenes) ha disminuido. Los usuarios ingresan a Internet, dialogan con personas de ideas afines e insultan a los demás. La consecuencia es que los jóvenes votan cada vez menos, con consecuencias como como la del brexit, cuando 88 por ciento de los adultos votaron en comparación con 23 por ciento de los jóvenes, quienes se manifestaron en contra del resultado del referendo al día siguiente, pero los espectadores les gritaron: ‘¿No votaste y ahora protestas?’. La tercera es que ahora existe una división entre la ciudad y el campo, que es solo la punta del iceberg de una división mucho más significativa: entre aquellos que se sienten excluidos por la globalización y piensan que va a favor de quienes viven en las ciudades y de las elites (que se considera que incluyen a los intelectuales), y aquellos que no han sido sus víctimas. Basta con ver de dónde obtuvo sus votos Trump en 2016, sin un apoyo significativo en las ciudades. Perdió el voto popular por dos millones, pero el peculiar sistema de votación estadounidense, herencia del proceso de unificación de los estados norteamericanos, hoy en día otorga una representación desproporcionada a los estados  más pequeños y menos desarrollados. El mismo fenómeno estuvo detrás del brexit y está sucediendo en todo el mundo. Esto ha llevado a una situación sin precedentes. Aquellos que se sienten abandonados ahora están legitimados para desconfiar de las élites. Durante mucho tiempo, la ignorancia ha sido una realidad en todos los países pero ahora existe la arrogancia de la ignorancia. La revuelta de los “chalecos amarillos” contra las élites que tienen a Emmanuel Macron como símbolo, es compartida por los seguidores de Trump, Salvini, Le Pen, Bolsonero, etc. Y es irónico que el sistema político, considerado en todas partes como el principal enemigo, sea de hecho el más ignorante en los tiempos modernos. Si alguna vez se hubieran reunido personalidades como Nelson Mandela, Adlai Stevenson, Olaf Palme, Salvador Allende y Aldo Moro, habrían tenido algunos libros en los que basar sus discusiones. Hoy, esto sería altamente improbable incluso entre los parlamentarios, por no hablar de Trump, Theresa May y Angela Merkel… Esto nos lleva a otra consideración y a la conclusión. La consideración consiste en reflexionar sobre lo que ha sucedido para que se degraden la política y los programas políticos. Mi propia lectura es que hubo una suma de factores, todos al mismo tiempo. La caída del Muro de Berlín provocó la “NHA” (no hay alternativa) de Margaret Thatcher. Fue el fin de las ideologías (el fin de la historia); fueron esos controles los que nos llevaron a la guerra. El grito era ser pragmático. Pero cuando la política se convierte en la solución de un solo problema, sin una visión orgánica a largo plazo del paso que estás dando, estás siendo utilitario, lo cual es una perspectiva diferente. Al mismo tiempo, tuvimos el Consenso de Washington entre el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre cómo dirigir el mundo. Los beneficios de la globalización harían flotar a todos los barcos. Todo lo que no fuera productivo debía ser frenado: los costos sociales, la educación (Reagan incluso quería abolir el Departamento de Educación) y la salud, que habían sido inamovibles, debían ser privatizados. El sistema público, el Estado, todo lo que era movible (comercio, finanzas, industria) debía globalizarse. Las microeconomías quedaban fuera. El FMI y el Banco Mundial tardaron 20 años en restaurar tardíamente el papel del Estado como un regulador más allá del mercado. Pero a estas alturas el genio estaba fuera de la botella. Las finanzas se han suicidado para depender de la producción económica. Y la concentración sin precedentes de riqueza en cada vez menos manos es sólo una señal que se suma a la exasperación de los perdedores. Empero, fue muy importante la teoría de la tercera vía de Tony Blair, quien decidió que como la globalización era inevitable, la izquierda podía desarrollarla y darle un rostro humano. El resultado es que la izquierda perdió a sus afiliados y los trabajadores ahora votan por los nuevos partidos populistas que están creciendo en todas partes. Ha desaparecido el debate de izquierda-derecha, que fue en gran medida un debate ideológico. ¿Por qué las personas habrían de sentirse apasionadas por una política que se ha convertido básicamente en un asunto administrativo? Y esto nos lleva a la conclusión. Para crear un partido mundial debemos encontrar una pancarta que atraiga a la gente a su alrededor. Creo que en el mundo de hoy la derecha no necesita estructurarse. El intento de Stephen Bannon de unir todos los partidos populistas y xenófobos es válido mientras tengan un enemigo común: Europa, el multilateralismo. Pero si presionas a la gente hacia el nacionalismo y la competencia, seguirá el camino de la tan proclamada unidad entre el primer ministro austriaco Sebastian Kurz y el italiano Matteo Salvini, quienes se proclamaron hermanos, unidos contra el enemigo común, la Unión Europea. Sin embargo, tan pronto como se topan con un tema concreto, como la forma de tratar a los inmigrantes, sus intereses en competencia les roban lo mejor de su hermandad. No tengo ninguna duda de que las próximas elecciones europeas en mayo verán un fortalecimiento de las fuerzas antieuropeas, pero desde ahí hasta el fin de Europa… Esta marea creciente se agotará por sí misma una vez que quede claro que el programa de los nacionalistas y los xenófobos de hacer retroceder el futuro hacia el pasado nacional durará hasta que tomen el poder, porque queda claro que no tienen respuestas: esto es lo que el gobierno italiano está enfrentando ahora. Para hacerse eco de Gramsci, un partido debería poder reunir a las masas para buscar un objetivo común. Este objetivo, para hacerse realidad, debería poder interpretar y unir a la mayoría de la gente. En la actualidad, el denominador común ha sido la globalización. Muchos historiadores piensan que los motores del cambio en la historia han sido la codicia y el miedo. Desde 1989, hemos sido educados en la codicia, que se ha convertido en una virtud: y desde la crisis de 2008 (un resultado directo de la codicia), el miedo se ha convertido en una firme realidad. Los inmigrantes son ahora los chivos expiatorios, pese a que siempre han sido un recurso. ¿Cuándo, en la historia de  Estados Unidos, podría un muro que los separe de México justificar el cierre gubernamental más prolongado? Los vínculos que unieron al pueblo hasta 1989 fueron sus valores. Basta con leer la Constitución de cualquier país para encontrar esos valores: justicia, solidaridad, ética, igualdad, derecho como la base de la sociedad, etc. Hoy vivimos en un mundo donde nadie habla de valores (a menos que tome el mercado como un valor), y menos aún del mundo político. Sería un duro desafío, pero un partido mundial debiera basarse en los valores, en la defensa de la cooperación internacional como garantía de paz y en el hecho de que la competencia y la codicia crean pocos ganadores y muchos perdedores. Debemos reconocer que en el mundo hay millones de personas comprometidas desde las bases, cientos de veces más que el FSM. Nuestro desafío es conectar con ellos, con aquellos que están esforzándose por cambiar la tendencia actual. Esto, me temo, es un largo proceso. Al iniciarlo, debemos dejar claro que no somos las élites, que también nos consideramos víctimas del mismo enemigo. Que compartimos los mismos valores, pero ¿podemos encontrar el idioma común para lograr esa conexión? La comunicación es la base de la participación… Periodista italo-argentino, Roberto Savio  fue cofundador y director general de Inter Press Service (IPS), de la que ahora es presidente emérito. En los últimos años también fundó Other News, un servicio que proporciona “información que los mercados eliminan”.  RV:EG Artículos relacionados

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Jóvenes lideran la lucha contra el cambio climático

seg, 25/02/2019 - 13:00

Monique Taffe, diseñadora de moda de 22 años, residente en Londres, fabrica prendas con objetos y telas recicladas. Crédito: A.D. McKenzie/IPS.Por A. D. McKenziePARÍS, Feb 25 2019 (IPS) De su abuela jamaiquina que emigró a Gran Bretaña, Monique Taffe heredó la tradición de reciclar, y aprendió a no formar parte de la “cultura descartable”, como los ambientalistas llaman a la sociedad de consumo. “Veía a mi abuela reutilizar cosas, se lo heredó a mi madre, quien me inspiró a hacer lo mismo”, relató Taffe, quien busca utilizar materiales de desperdicios y telas recicladas en el diseño de moda. La diseñadora de 22 años, graduada hace poco en Londres, participó en la 3 Conferencia de Mujeres por el Clima (Women4Climate), que tuvo lugar el 21 de este mes en París. La joven se unió a otras mujeres del mundo, entre las que había varias latinoamericanas, que habían creado proyectos sostenibles y recibían mentoría de C40, una red de 94 megaciudades comprometidas a luchar contra el cambio climático, organizadora de la conferencia llamada “Toma la delantera”. Taffe comenzó un proyecto para crear ropa deportiva para embarazadas, como forma de incentivarlas a hacer ejercicio en esa etapa de la vida. Toda las prendas se fabrican con telas y objetos reciclados en su compañía Taffe Jones, explicó a IPS. La joven también es una de las 10 finalistas, entre 450 participantes del londinense Programa Alcaldes Empresarios 2018, en el que ciudades se vincularon con el Programa de Mentorías de Mujeres por el Clima. “Las lideresas desempeñan un papel de pivote en las negociaciones del Acuerdo de París sobre cambio climático de 2015 y son fundamentales para su éxito”, aboga Mujeres por el Clima, creada en 2016. “Ahora más que nunca será fundamental mejorar la participación y el liderazgo de las mujeres para garantizar un futuro saludable, próspero y sostenible para todos”, subraya. Taffe contó en una entrevista que le gustaría que los jóvenes británicos, caribeños y de todo el mundo se unieran en las redes sociales para compartir las mejores prácticas para reciclar telas. El contenido podría ser desde información sobre dejar ropa en depósitos centrales o en lugares designados, de donde diseñadores, y otras personas, pudieran extraer material reutilizable. El reciclado en la industria de la moda podría tener un impacto ambiental positivo, ya que es uno de los sectores de la economía más contaminantes, indican numerosos estudios. ONU Medio Ambiente señala que la industria de la moda “es responsable de producir 20 por ciento de las aguas residuales y 10 por ciento de las emisiones de carbono, más que todos los barcos y los vuelos internacionales”. El proceso de “teñido es el segundo mayor contaminante de agua a escala global y consume alrededor de 7.500 litros de agua para fabricar un típico pantalón vaquero”, precisa la agencia. En la Asamblea de ONU Medio Ambiente de marzo, la agencia “lanzará formalmente la Alianza de las Naciones Unidas sobre Moda Sostenible para alentar al sector privado, gobiernos y organizaciones no gubernamentales a crear un llamado a la acción en todo el sector y así reducir el impacto social, económico y ambiental negativo”, señala. Con fábricas textiles en toda América Latina y el Caribe, esta es un área a la que los ambientalistas también le prestan atención, y sostienen que es necesario concentrarse en la gestión de desperdicios, como textiles y plásticos que contaminan las playas de la región. La organización Jamaica Environmental Trust, con sede en Kingston, subraya la necesidad de reciclar, realiza jornadas limpieza de playas con voluntarios y trabajar para proteger la calidad del aire y del agua, explicó una portavoz a IPS. La conducción está a cargo de mujeres jóvenes, como Taffe, quienes trabajan para sensibilizar al público sobre cuestiones ambientales y climáticas. “Crear conciencia ayudará a otros jóvenes a ver qué se hace y facilitarnos la tarea de construir alianzas para la acción climática”, destacó Taffe. Por ejemplo, conociendo la medida que adoptaron en el Caribe de prohibir las bolsas y los sorbetes de plástico y ampliar el uso de la energía solar. El gobierno jamaiquino, por ejemplo, anunció en 2017 que quiere que el país llegue a generar 50 por ciento de su energía a partir de fuentes renovables para 2030, por encima del 30 por ciento fijado previamente. Ninguna ciudad caribeña forma parte del C40, pero participar en conferencias internacionales como Mujeres por el Clima es una forma de reunir empresarios con perfil ecológico para compartir experiencias. De hecho, la creación de alianzas internacionales fue uno de los temas centrales del encuentro de París, destacó la alcaldesa francesa Anne Hidalgo, quien lanzó la idea de Mujeres por el Clima. Hubo representantes de Quito, México y Santiago que, como Taffe, compartieron experiencias sostenibles y que procuran reducir las emisiones contaminantes. Jóvenes innovadoras también presentaron soluciones tecnológicas en un Desafío Tecnológico de Mujeres por el Cambio. “El cambio climático suele impactar primero en las mujeres”, recordó Hidalgo en la conferencia, “pues son las que tradicionalmente se ocupan de la familia, por lo que hay que reconocer sus capacidades”. “No significa que las mujeres sean mejores que los hombres, sino que ellas tienen distintas capacidades y competencias que son fundamentales en la lucha contra el cambio climático”, precisó. También recordó que autoridades y activistas deben “pensar a escala local y actuar a escala global”. Entre los participantes en la conferencia había alcaldesas de varias ciudades como Freetown, Sierra Leona; Charlotte en el estado estadounidense de Carolina del Norte; Dakar, Senegal, y Sydney, Australia, además de varios colegas alcaldes que trabajan en esta temática. “No podemos luchar contra el cambio climático de forma efectiva sin empoderar a las mujeres”, subrayó el ecuatoriano Rodacio Rodas, alcalde de Quito. También describió proyectos de seguridad alimentaria y urbanos que emplean mujeres, y añadió que a escala “comunitaria”, es posible empoderarlas y que ellas se empoderen para pasar a la acción. Pero muchas delegadas subrayaron la falta de apoyo nacional para la acción climática de algunos líderes. “Estamos devastados en todo el mundo por (Donald) Trump como lo están ustedes en Estados Unidos”, observó Clover Moore, alcalde de Sydney, refiriéndose a la falta de apoyo del mandatario estadounidense al Acuerdo de París. Pero el primer ministro de Australia no fue “mucho mejor”, apuntó. En el marco del movimiento “Youth Strike 4 Climate” (jóvenes con impacto por el clima), encabezado por la adolescente sueca Greta Thunberg, estudiantes de varios países permanecen fuera de su escuela algunos días y protestan por la falta de medidas de sus gobiernos contra el recalentamiento global. “Los jóvenes ven lo que pasa, conocen la ciencia”, subrayó Moore. Entre los estudiantes que participaron en la conferencia de Mujeres por el Clima, estaba Youna Marette, la belga de 17 años, quien, además, fue una de las oradoras. “Seguiremos luchando, impactadno por nuestra cultura”, prometió, y urgió a los gobiernos a crear sociedades más inclusivas y a redoblar la acción para proteger el planeta. Para Taffe, pensar en el futuro y en un mundo habitable es una gran motivación. “Mi abuela me heredó estrategias para llevar una vida sostenible y quiero continuar con eso”, explicó a IPS. “Tenemos que reutilizar y reciclar, y hacer lo que podamos donde sea que vivamos”, añadió. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Sistema penal de Estados Unidos plagado de injusticias

sex, 22/02/2019 - 13:14

David Antonio Pérez, de 42 años, pasó recluido cinco años en varios centros de detención para indocumentados en Estados Unidos, lo que duraron sus recursos ante la justicia para evitar la deportación. De regreso a El Salvador, donde ya fue deportado otras dos veces, su futuro está marcado por la derrota y la incertidumbre. Crédito: Edgardo Ayala/IPSPor Rose DelaneyMIAMI, Feb 22 2019 (IPS) Las dificultades de acceso a la asistencia legal y la desigualdad socioeconómica ocupan un lugar central en el sistema de justicia penal de Estados Unidos, donde hay un exorbitante número de presos sin condena. Miles de personas se ven privadas de los derechos humanos más básicos y reciben un trato que las equipara a una “subclase” criminal en lo que parece ser un sistema perfectamente “legal” y “justo”. Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria del mundo con la pasmosa cifra de 2,3 millones de personas tras las rejas. En otras palabras, uno de cada 99 adultos están confinados en una celda. Y Florida se ubica en tercer lugar entre los estados con la mayor población privada de libertad. Se gastan unos 2.700 millones de dólares al año para alojar delincuentes presos por delitos menores. Los presos estadounidenses no tienen derechos políticos ni voz sobre el trato que reciben, y casi que tampoco tienen organizaciones que los representen. Una vez que recuperan la libertad, tampoco pueden solicitar asistencia para vivienda ni ayuda económica. Además, deben declarar que estuvieron presos cada vez que presentan solicitud de trabajo. Según la Oficina de Estudios Judiciales, la falta de políticas de rehabilitación y de acceso a servicios públicos hace que 76 por ciento de los presos tengan probabilidades de reincidir en los cinco años siguentes a su liberación. IPS conversó con Jean-Claude sobre el terrible periplo que tuvo en el sistema de justicia de Florida. Su familia, que quedó en Haití, desciende de educadores y personalidades influyentes de ese país. Cuesta creer que con su forma correcta y bien articulada de expresarse pudiera estar casi 10 años preso. A Jean-Claude lo condenaron por conspiración en base a “evidencia de oídas” en un caso de extorsión, sin “pruebas materiales” para comprobarlo. Él  sostiene que es un error desde el punto de vista legal y es un recurso que no debería usarse para condenar a una persona. Jean-Claude, condenado por conspiración en base a “evidencia de oídas” en un caso de extorsión, sin “pruebas materiales” para comprobarlo. En 1998, inició una batalla legal contra el estado de Florida que duró 10 años. Crédito: Cortesía En 1998, inició una batalla legal con el estado de Florida que duró 10 años. Todavía está en pleno debate para revisar la legislación sobre el estatuto 777.04 sobre “Tentativa, Incitación y Conspiración”. A medida que avanzó la acusación, se hizo evidente que se había cometido una enorme injusticia. Después de tres años y medio tras las rejas, comenzó el juicio. Le ofrecieron un bono de más de un millón de dólares. La solicitud de reducción de pena cayó en oídos sordos, y le fue negada por el tribunal. Su abogado cobró la considerable suma de 15.000 dólares y no hizo mucho para resolver el caso. Su caso deja en evidencia que pretender contar la historia desde la perspectiva del imputado es excesivamente costoso en el sistema de justicia penal de Estados Unidos. No es un derecho garantizado para sectores con poder adquisitivo bajo y medio. El caso de Jean-Claude se distingue del de 85 por ciento de los presos de este país que nunca van a juicio. Con abogados con honorarios excesivamente altos y bonos desorbitados, se recomienda y se alienta a muchos imputados a declararse culpables de delitos que pueden no haber cometidos. “El Estado y los abogados no aconsejan ir a juicio porque es demasiado costoso y lleva mucho tiempo”, explicó Jean-Claude. Como inmigrante haitiano, las condiciones del sistema penitenciario de Estados Unidos son excepcionalmente injustas. Para peor, dos días antes de su liberación, lo trasladaron a un centro de detención para deportarlo. Una vez allí, lo mantuvieron incomunicado durante 23 horas, lo que es una forma de tortura, como precisa Amnistía Internacional. Por poco y no logra evitar su deportación; por suerte pudo presentar su caso ante un juez y alegar que su esposa e hijos, residentes estadounidenses, lo estaban esperando con ansias tras nueve años en la cárcel. En sintonía con lo que dice Michelle Alexander en “The New Jim Crow”, Jean-Claude coincide que en Estados Unidos tratan a los presos como si fueran una casta inferior. Dentro y fuera de las penitenciarias, los convictos o exconvictos se ven privados de sus derechos básicos a reformarse y rehabilitarse. “La mayoría deja la prisión peor que cuando entró”, sentenció Jean-Claude. Para sobreponerse a una recaída, él decidió echar mano a su experiencia de negocios. El nivel de educación de la mayoría de los hombres presos en Florida no supera el grado 6, que suelen cursar los niños a los 11 o 12 años. Por ello, tuvo un gran impacto la iniciativa de Jean-Claude de implementar un programa de “Empresa e Innovación” en la cárcel. Más de 150 estudiantes pasaron por su programa, concentrado en innovación y alfabetización tecnológica. Y aun después de recuperar la libertad, siguió ofreciendo servicios de educación y de búsqueda de trabajo a presos y exconvictos. Jean-Claude fundó la organización Riemerge, que apuesta a la rehabilitación de hombres atrapados en el sistema penal estadounidense mediante capacitación en innovación tecnológica para conseguir empleo en grandes corporaciones. Como los hijos de presos tienen seis veces más probabilidades de terminar en la cárcel, Jean-Claude hace hincapié en el vínculo entre padres e hijos. Así, los padres comparten sus logros y otras cosas que aprenden con sus hijos, además de alentarlos a innovar en cuestiones de tecnología y negocios. ¿Qué futuro le espera a los jóvenes varones condenados de forma injusta? Jean-Claude mencionó la importancia de la inteligencia artificial en el sistema de justicia penal. “Tengo esperanzas en la reforma porque gracias a la tecnología, el sistema de justicia penal adopta nuevas tecnologías con rapidez. Creo que así se eliminarán los prejuicios en los tribunales y en las políticas”, opinó. Pero las nuevas tecnologías introducen sus propios problemas. Por ejemplo, Brian Brackeen, un empresario afroamericano y fundador de Kairos, creó una exitosa tecnología de “reconocimiento facial”, que se niega a vender a la policía porque las computadoras pueden adoptar esos prejuicios. “He sido muy claro sobre los posibles peligros asociados a los actuales prejuicios raciales del reconocimiento facial, y muy abierto sobre mi oposición a que la policía use esa tecnología”, declaró. Con una mayor conciencia y dedicación, exconvictos como Jean-Claude son optimistas con respecto a su capacidad de erradicar las graves injusticias del sistema penal estadounidense. Pero Jean-Claude, uno de los muchos presos víctimas de la justicia estadounidense, está decidido a hacer todo lo posible por promover el acceso a la justicia y promover un cambio que beneficie a los presos silenciados de forma injusta. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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El comercio mundial se debilita por el proteccionismo de Washington

qui, 21/02/2019 - 16:25

La venta de vehículos es uno de los que ha sufrido una caída según el indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial, que anticipa la persistencia de malos tiempos para el intercambio de mercancías, debilitado por el proteccionismo de Estados Unidos. Crédito: Ginebracomercio.comPor Gustavo CapdevilaGINEBRA, Feb 21 2019 (IPS) La tirantez de las relaciones comerciales internacionales repercute en los indicadores del intercambio y “es probable que la debilidad del comercio persista” durante el primer trimestre de 2019, reconoció la Organización Mundial del Comercio (OMC). El “descenso simultáneo de varios indicadores relacionados con el comercio debería poner a los responsables de la formulación de políticas en guardia contra una desaceleración más acusada si las tensiones comerciales actuales no se resuelven”, previno la organización con sede en Ginebra. El último Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial (WTOI, en inglés) de la OMC, divulgado el 19 de febrero, muestra abruptas caídas en los índices que componen el WTOI y que “aparecen bajo presión de las crecientes tensiones comerciales”. De un punto de referencia de valor 100 para cada índice del WTOI, el último registro de las órdenes de exportaciones  alcanzó el nivel 95,3; el transporte aéreo de mercancías, 96,8; la producción y venta de automóviles, 92,5; la de componentes electrónicos, 88,7, y la de productos básicos primarios de la agricultura, 94,3. Todos esos casos han presentado las desviaciones más marcadas que se asemejan, aproximan o superan a los descensos registrados durante la crisis financiera internacional estallada en 2008. Solo el índice de movimiento en los puertos de contenedores mostró signos positivos, de 100,3, con mínima tendencia creciente, dijo la OMC. El informe estimó que “factores temporales” han influido en algunos de los índices. Mencionó que la “carga adelantada de importaciones en anticipación de (la guerra de) aranceles entre Estados Unidos y China puede haber alentado en alguna medida los embarques de contenedores”. También citó que “problemas del sector automovilístico en Alemania pueden haber contribuido al debilitamiento de la producción y venta de autos”. Los componentes del Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial muestran un descenso simultáneo que pronostica la persistencia de la ralentización del intercambio. Crédito: OMC “La constante pérdida de impulso resalta la urgencia por reducir las tensiones en el comercio que, junto a los persistentes riesgos políticos y a la inestabilidad financiera podrían presagiar un deterioro económico más extenso”, previno la OMC. Cuando la OMC alude a “las tensiones comerciales” o a “factores temporales” se refiere al ambiente espeso en que se desenvuelven las actividades de la institución desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, aplica su política comercial proteccionista bajo el lema “Estados Unidos primero”. La ofensiva de Washington alcanzó a socios estrechos, como la Unión Europea y Canadá, aunque el blanco preferido es China, la potencia emergente. Y las últimas andanadas apuntaron a destinos inesperados como India, Sudáfrica y hasta Argentina y Chile. Washington y Beijing sostienen en estas semanas negociaciones apresuradas pues el 2 de marzo vence una tregua que ha interrumpido la escalada de medidas proteccionistas programada contra la economía china. En mayo de 2018, con la excusa de promover un equilibrio en la balanza comercial mutua, Estados Unidos estableció una serie de condiciones que sugieren, según el académico estadounidense Michael T. Klare, que “la intención primordial de Washington no ha sido rectificar el desequilibrio comercial sino impedir el crecimiento económico de China”. En un artículo publicado por el blog TomDispatch, creado por el escritor y editor Tom Engelhardt, Klare resume las principales exigencias de Estados Unidos a China:

  • detener todas las subvenciones gubernamentales a las industrias del programa Hecho en China 2025, un plan que abarca 10 sectores económicos clave, como la industria aeronáutica, la de autos eléctricos, la robótica, la de microchips y la de inteligencia artificial, entre otros.
  • aceptar las restricciones que impone Estados Unidos sobre inversiones en tecnologías sensibles, sin tomar represalias.
  • abrir los sectores de servicios y de agricultura (áreas donde las empresas chinas tienen una ventaja intrínseca) a la competencia estadounidense.
Klare apunta que el académico Eswar Prasad, profesor de Economía de la Universidad de Cornell, describió “acertadamente” la demanda estadounidense al afirmar que “la lista se parece más a los términos de una rendición que a las bases de una negociación”. Pero la conclusión central del ensayo de Klare es de que “Estados Unidos y China ya están en guerra uno contra el otro. Aunque su actual conflicto de efecto retardado pueda no producir la devastación inmediata de una guerra candente, a largo plazo sus consecuencias podrían resultar más funestas”. La última avanzada del gobierno de Trump en la OMC va dirigida a un amplio número de naciones, los países en desarrollo, a quienes pretende despojar de un antiguo derecho que les reconoce el sistema comercial, el Trato Especial y Diferenciado, que los coloca en situación ligeramente más favorable en caso de una negociación con los países ricos. Ese derecho se remonta a la década del 60, en pleno periodo de descolonización, cuando las jóvenes naciones independizadas daban sus primeros pasos. Era la época del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), que la OMC reemplazó en 1995. Ahora Estados Unidos reclama que el trato especial y diferenciado sea otorgado solamente a los países menos adelantados, un total de 48 naciones de África, Asia y Caribe. De prosperar, la iniciativa de Washington excluiría de ese beneficio, entre otros, a países como China, India, México, Israel, Chile, Argentina, Corea del Sur, Turquía, Indonesia, Singapur, Sudáfrica, Croacia y Arabia Saudita. Para leer más artículos de Gustavo Capdevila sobre los movimientos del comercio mundial, visite la página especial del autor sobre el tema: https://ginebracomercio.com/ RV: EG El artículo El comercio mundial se debilita por el proteccionismo de Washington fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.
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“En esta lucha voy a dar la vida”: asesinado activista mexicano

qui, 21/02/2019 - 14:47

El asesinado líder comunitario mexicano Samir Flores. Crédito: Ana Cristina Marcano/Pie de PáginaPor Daliri Oropeza y Al-Dabi OlveraMÉXICO, Feb 21 2019 (IPS) Cuatro días antes de la consulta sobre la entrada en operación de una planta termoeléctrica en la localidad de Huexca, en el centro de México, fue asesinado Samir Flores, uno de los dirigentes más visibles de la articulación de las resistencias y la defensa del territorio contra los megaproyectos en la región. El campesino, locutor, líder comunitario y defensor de derechos humanos  fue asesinado con dos balazos en la cabeza a las cinco de la mañana del miércoles 20 de febrero, en la puerta de su vivienda, ubicada en el pueblo de Amilcingo, en el estado surcentral de Morelos. Flores murió en vísperas de que el 23 y el 24 de febrero el gobierno del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador realice una consulta pública para decidir si opera o no la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), y un día después de que se manifestara en un foro conducido en Jonacatepec por Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal en la entidad. De acuerdo con diversos compañeros suyos, Flores era uno de los precursores y puntos nodales de resistencia en contra del PIM, una red construida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-diieembre 2018), compuesto por un gasoducto que cruza los campos de diversos pueblos (incluido Amilcingo), un acueducto en Cuautla y Villa de Ayala y una termoeléctrica en la comunidad de Huexca. “Todo el tiempo se distinguió por ser una persona honesta, ética, que ama a su tierra y a la gente. Siempre buscó compartir, enseñar; siempre fue muy solidario: trabajaba con todos, la comunidad, los niños, los campesinos. Cuando había un problema la gente lo buscaba y apoyaba. Se distinguió por tener un gran corazón, una gran mente. Estamos enojados e indignados”, cuenta Samanta César, compañera de Flores en Radio Comunitaria Amiltzinko 100.7 FM. “Las últimas semanas Samir fue muy activo por esto de la consulta, y esta consulta, si se hace, se va a hacer con sangre”, agrega. Samantha César cuenta que su compañero de 36 años tenía varias amenazas, incluso en la radio. Samir tenía cuatro hijos. “Lo buscaron en la madrugada. Salió porque de por sí lo iba a buscar la gente. Y fueron cuatro balazos, dos lo mataron”. Durante su última intervención pública, en un foro organizado por el gobierno federal en Jonacatepec, Samir Flores encaró al delegado en Morelos, Hugo Éric Flores Cervantes, también presidente nacional del partido Encuentro Social, quien fue una voz clave en la defensa de los paramilitares inculpados en la masacre de Acteal. Frente al podio donde se encontraba sentado Hugo Eric, Samir responsabilizó a las empresas europeas Abengoa, Enagas y Bonati por ser beneficiarias del gasoducto que pasa por su comunidad. También dijo que el PIM es inconstitucional y advirtió que podría tener efectos en la salud y traer varios peligros, ya que las obras se encuentran al pie del volcán Popocatépetl. Con el micrófono, denunció las irregularidades de la termoeléctrica y cómo afecta al pueblo. Al final del evento, se acercaron dos asistentes de Hugo Eric Flores que también estaban en el podio y tomaron los datos de Samir, de ningún otro de sus compañeros. Samantha César opina que la intención de este asesinato es “desvanecer y meter miedo”, pero también “un llamado o aviso a quienes estamos luchando contra este proyecto”. El presidente  López Obrador lamentó el asesinato en su conferencia de prensa, “es un crimen vil, cobarde, ésa es la información que tengo hasta ahora. Vamos, desde luego, a tener más información y a investigar y a proceder para que se esclarezca este crimen, reprobable, lamentable (…) La consulta la tenemos que continuar, porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea. Ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla”. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, en una entrevista radiofónica, explicó que la línea de investigación que siguen es que se trata de “la delincuencia organizada”. Sin embargo, la asamblea de Amilcingo responsabiliza a los gobiernos municipal, estatal y federal. El 10 de febrero, durante la presentación de la consulta para la termoeléctrica, el presidente López Obrador descalificó a varios defensores llamándolos “radicales de izquierda: para mí no son más que conservadores”. Samir fue quien logró improvisar una tarima para que el mandatario pudiera verlos y escucharlos. En diferentes fotos se le ve con un sombrero café, gritando y sosteniendo una manta. Como respuesta a los calificativos del presidente, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala señaló en un comunicado que la actitud del presidente contra los defensores de la región podrían generar un ambiente de violencia. A cambio, lanzaron la campaña #YoPrefieroLaVida. También agregaron que muchas personas en Morelos votaron por López Obrador debido a sus promesas de cancelar la termoeléctrica en 2014 y 2018, y ahora se sienten traicionados. Samir y un grupo de personas en Amilcingo fueron los primeros en viajar a Huexca en 2012 para avisar y advertir sobre el megaproyecto que se les venía. Teresa Castellanos, habitante del lugar donde fue impuesta la termoeléctrica, lo recuerda: “era un hombre muy sabio, traía sus ideales bien puestos, no era ningún cobarde. Siempre fue un guerrero muy valiente. Y hasta las últimas consecuencias. Él nos dijo que iba a dar su vida pero nunca iba a traicionar a su pueblo, y ahí está, ya dio su vida”. “Entonces hay que prepararnos los que estamos aquí enfrente, porque los próximos vamos a ser nosotros, pero no vamos a rajarnos, vamos a seguir en la lucha así tengamos que caer”, sostiene con voz agitada Castellanos, otra de las caras más visibles de la lucha en la región. López Obrador ha explicado que su cambio de postura sobre la continuidad del PIM obedece a que administraciones anteriores firmaron contratos con vigencia de hasta 25 años, con empresas extranjeras, que obligan al gobierno mexicano a pagar por Indemnización y mantenimiento por estas obras inacabadas, entre las que se encuentran. Samir Flores era indígena náhuatl y delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI). El abogado del CNI, Carlos González, lo recuerda como dirigente de su pueblo: era quien organizaba todas las luchas de la comunidad, no sólo contra el gasoducto sino contra la imposición del ayudante municipal por parte de la Central Campesina Cardenista, en defensa de la escuela comunitaria que hicieron, era de la sociedad de padres de familia. “Él era quien articulaba”, dijo. El caso de Samir Flores no es aislado, la violencia contra activistas ambientales y defensores del territorio en México es permanente. De acuerdo con una investigación de la periodista Laura Castellanos, en la última década han sido asesinados 125 luchadores ecologistas, de los cuales 82 eran indígenas. Amilcingo se ha distinguido por llevar una lucha autonómica indígena para gobernarse sin partidos políticos desde hace seis años, recuerda Samantha César. Esta autonomía se desarrolló a partir de la defensa del territorio generada cuando se enteraron que un gasoducto pasaría por su campo. Esto le ha valido incursiones policiacas, además la creación de grupos de choque internos. Sin embargo, la asamblea de pobladores, la radio y una escuela autónoma llamada Emiliano Zapata continúan activos. “Somos una comunidad súper organizada que ha defendido sus derechos y ésta es una forma de amedrentar a nuestra comunidad. No lo vamos a permitir. Si algo dejó Samir es la enseñanza y la lucha, por eso vamos a continuar”, agrega Samantha César. “Fue hijo de zapatistas, nacido en tierra zapatista, a cien años de su muerte, acaban de matar a otro luchador social”, concluye. El asesinato del activista se da también en el contexto del centenario del asesinato de Emiliano Zapata, jefe de la resistencia campesina en la región durante la Revolución mexicana. En entrevista con Pie de Página el pasado 10 de enero, Flores hizo una serie de reflexiones al respecto: “Es lamentable lo que hoy menciona Andrés Manuel, me recuerda en aquellos años cuando Madero toma el poder y le da la espalda al general Zapata. Me recuerda a esas páginas de la historia. Hoy está haciendo a un lado, de manera ‘denostativa’, a quienes nos sentimos agraviados desde el 2012”. El defensor habló también del megaproyecto impuesto en Morelos y de la consulta: “El proyecto no fue consultado. Quizás hoy la consulta está de más porque ya el proyecto ya está hecho, pero (López Obrador) debería enfocarse más en las cuestiones técnicas de la Cupreder, la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), otros científicos que han emitido un punto de vista técnicamente y que pareciera que no lo está tomando tan en cuenta. Es lamentable para una Cuarta Transformación apuntarle hacia el mismo objetivo neoliberal. Esperemos que las cosas no se compliquen, de lo contrario lo que va a pasar es que se va a topar con la resistencia de los pueblos”. Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales. El artículo “En esta lucha voy a dar la vida”: asesinado activista mexicano fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Sectores marginados de Kenia buscan ser escuchados

qui, 21/02/2019 - 13:15

Hombres y mujeres de la localidad de Kalawa, en el condado de Makueni, en Kenia, participaron de un foro de diálogo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchos participantes se quejaron de que los proyectos no incluyen su visión de la realidad ni sus aportes. Crédito: Justus Wanzala/IPSPor Justus WanzalaMAKUENI, Kenia, Feb 21 2019 (IPS) Unas 100 personas participaron en un foro de diálogo en Kenia que busca ayudar a los sectores marginados de la sociedad a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en este país africano.  “Las mujeres tienen un papel cada vez más importante levantando sus hogares, a diferencia de antes, pero necesitan acceso a préstamos asequibles de instituciones financieras y capacidades para gestionar sus propias empresas”, explicó Julia Mutua, de la semiárida localidad de Kalawa, en condado de Makueni, en diálogo con IPS. Cuando mira a su alrededor ve pobreza, así como las dificultades que muchos habitantes de este país afrontan para acceder a servicios como agua corriente y atención médica. La pobreza también impide el acceso a la educación, pues muchos padres no pueden pagar los costos escolares. A Mutua, quien pertenece a una organización de campesinas que lleva adelante un proyecto avícola, también le preocupa la situación de las personas con discapacidades, pues “hace tiempo que han quedado marginadas, junto con las mujeres y las niñas pobres. Para que todo el mundo participe en los esfuerzos para lograr los ODS, necesitas intervenciones específicas para atender sus problemas concretos”, subrayó. Pero entiende la necesidad de asociarse y de colaborar para lograr las metas de desarrollo. Mutua pertenece a un grupo de 100 hombres y mujeres de la localidad de Kalawa que a fines de enero participó en un foro de un día sobre los ODS, llamado “Sin dejar a nadie atrás”. El diálogo se concentró en la participación efectiva de la población local en la implementación de los ODS. Además de los residentes de la zona, también había representantes de la Unidad de Planificación de los ODS del Tesoro Nacional, del Servicio de Voluntarios en el Extranjero (VSO, en inglés) y de las organizaciones Islamic Relief y Caritas Internacional. La iniciativa forma parte del programa del Centro Internacional de la Sociedad Civil, que trabaja con gobiernos, ciudadanos de a pie y organizaciones para reunir datos sobre comunidades marginadas, pero aportados por ellas mismas. El proyecto, que todavía está en la etapa piloto, se lleva adelante en Bangladesh, India, Kenia, Nepal y Vietnam. Mientas, en el condado keniata de Makueni, el foro de diálogo realizado es uno de cinco que se tendrán lugar en todo el país, y que comenzaron en diciembre. El primero se organizó en el asentamiento irregular de Kibera, en Nairobi. Y a fines de este mes, habrá un foro nacional. Pero en Makueni, los temas tratados fueron comprensión de las condiciones que promueven la exclusión y la marginación de varios grupos de la sociedad, las categorías de los grupos marginados y las formas de asegurar su participación en la toma de decisiones en lo que respecta a los ODS. Las deliberaciones también incluyeron el impacto de las políticas en resultados vinculados al desarrollo de los grupos marginados. Los 100 participantes, la mayoría de los cuales pertenecen a organizaciones comunitarias que tienen que lidiar con problemas de desarrollo, coincidieron en que el diálogo ofreció una gran oportunidad para debatir cuestiones que afectan a los grupos marginados. “La escasez de agua afecta más a las mujeres y a los niños”, precisó Patricia Mutuku, funcionaria de la Asociación de Usuarios de Agua (WRUA, en inglés), llamada Thwake Kalawa, que lleva adelante proyectos para represas de arena, gestión de manantiales, plantación de árboles y reclamos de tierras degradadas. “Tenemos previsto plantar árboles específicamente para recargar el agua subterránea. Uno de nuestros compañeros visitó Etiopía y aprendió cómo se pueden usar los árboles para mejorar la recarga, una iniciativa que estamos deseosos de replicar”, explicó. Fred Odinga, de VSO, dijo que el diálogo ofreció a su organización la oportunidad de comprender cómo los diferentes grupos y comunidades perciben los ODS. “Observamos en estos foros en todo el país, que los sectores más marginados de la sociedad, como las mujeres, que nunca participaban en los procesos de desarrollo, tuvieron la oportunidad de ser escuchadas por funcionarios estatales”, destacó Odinga, en diálogo con IPS. Pero la participación pública en proyectos vinculados a los ODS, si bien es muy apreciada, presenta problemas que requieren atención. Los participantes se mostraron frustrados porque las opiniones recabadas para los proyectos locales rara vez se usaban en los planes finales. También se lamentaron de que a la hora de tomar decisiones, rara vez su visión quedaba reflejada porque el proceso implicaba muchos niveles de aportes. Además, varias personas no realizaron sus aportes porque en muchos casos solo se reunían las contribuciones procedentes de las ciudades, las que para muchos son de difícil acceso. “Eso quiere decir que sus ideas nunca se consideran en el proceso de desarrollo”, precisó Odinga. Como organizadores, pudimos desmitificar los ODS, acotó. “Cuando comenzamos (de mañana), no muchas personas parecían comprender los ODS. Unos cuantos había escuchado hablar de ellos, pero no lo relacionaban con sus problemas”, precisó. “Por desgracia, solo es un debate con 100 personas en una localidad con un millón de habitantes. Necesitamos muchos foros similares para aprehender los desafíos que encuentran en el cumplimiento de los ODS”, remarcó. Todo el mundo tiene que formar parte del desafío y nadie debe quedar atrás, subrayó Odinga. Charles Nyakundi, de VSO y quien presidió una sesión de participación ciudadana para la implementación de los ODS, observó que las principales dificultades son el monitoreo, la evaluación y la rendición de cuentas. “Para garantizar un cambio positivo necesitamos dejar que las comunidades se hagan cargo económicamente de los proyectos de sostenibilidad, en vez de iniciarlo, implementarlo y luego retirarse”, explicó. En los primeros foros de diálogo sobre los ODS, en otras localidades, notaron que los sectores más marginados abarcaban a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, observó Nyakundi. “En algunas culturas, los hombres toman las decisiones y las mujeres no aportan ideas”, recordó. Un enfoque de la base hacia arriba, en lo que se refiere a identificar y ejecutar proyectos comunitarios, es la estrategia preferida por la población local. Por ejemplo, Musau es un líder de opinión en la localidad de Kalawa, un exprofesor que participó en la mayoría de los comités locales que trataron sobre desarrollo. A pesar de ser una región propensa a las sequías, el condado de Makueni logró un avance enorme y mejoró la vida de su población, después de que Kenia adoptara el sistema de devolución hace seis años. La devolución es un acuerdo constitucional donde la toma de decisiones se concede a las unidades administrativas locales o condados, liderados por gobernadores, a los que el gobierno nacional asigna recursos. Stephen Odhiambo, de la Unidad ODS del Tesoro Nacional, instó a mejorar la colaboración y la asociación en todos los niveles del gobierno y con actores no estatales. Se creó un grupo técnico intergubernamental para supervisar la implementación de los ODS en los servicios nacionales y en los de los condados, explicó. Al señalar que el foro de diálogo fue un éxito, Odhiambo apuntó: “los ciudadanos no deben achicarse a la hora de reclamar servicios”. “Trabajamos para recolectar datos comunitarios”, destacó. “El Tesoro Nacional, la Oficina Nacional de Estadística, organizaciones de la sociedad civil en colaboración con la agencia alemana GIZ, entre otras entidades, apoyan la iniciativa”, acotó. “Se recogen muchos datos generados por la ciudadanía en los condados, pero rara vez se aprovechan”, se lamentó Odhiambo. Se necesita un enfoque multisectorial para mapear y llegar a los sectores marginados para involucrarlos en las iniciativas de desarrollo. Pero a Crispus Mwanzoya, administrador de una localidad dentro de otro condado, le preocupa la sostenibilidad de los proyectos ODS. Aunque según él, contribuir con esos objetivos podría ser tan sencillo como mejorar y redirigir la canaleta de una casa para recoger el agua de lluvia. “Necesitamos cambiar nuestra mentalidad para lograr los ODS porque no nos faltan recursos sino ideas. El gobierno no puede hacer todo, tenemos un papel central”, subrayó. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Sociedad civil cubana expectante ante referendo constitucional

qui, 21/02/2019 - 11:39

Algunos viandantes pasan junto a un gran cartel donde destaca el lema “Reforma constitucional, mi voluntad, mi Constitución”, en que se promueve la participación en el referendo sobre el texto de la nueva Constitución, que se realizará en Cuba el domingo 24 de febrero. Crédito: Jorge Luis Baños/IPSPor Ivet GonzálezLA HABANA, Feb 21 2019 (IPS) Bajo una fuerte campaña a favor del “sí” en los medios estatales y espacios públicos, el electorado cubano se apresta a pronunciarse en el referendo constitucional del 24 de febrero, sobre un proyecto con avances y temas pendientes para la sociedad civil, un término ausente en su texto final de 229 artículos. De los 11,2 millones de habitantes, suman más de ocho millones las personas con derecho al sufragio, que tienen ante sí la decisión de aprobar una nueva ley fundamental o permanecer con la vigente desde 1976, las que parecen ser las dos únicas opciones en este país de gobierno socialista y sistema unipartidista. “No me cabe duda sobre la aprobación”, dijo a IPS la reverenda Rita María García, quien dirige el no gubernamental y ecuménico Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba, desde la ciudad de Cárdenas, a 150 kilómetros al este de La Habana, y valoró desde el activismo el proyecto constitucional a referendo en 25.345 colegios comiciales. “Ningún grupo, proyecto, denominación religiosa, instituciones de la que llamamos sociedad civil independiente, porque otras no lo son tanto pues de alguna manera pertenecen a estructuras del Estado, hará mayoría para un no”, evaluó la activista, sobre el  resultado de la votación, que dirimirá al menos la mitad de los sufragios válidos. Si como se espera, los electores refrendan el texto, la nueva Constitución entrará en vigor en cuanto sea publicada en en la Gaceta Oficial. A partir de entonces el parlamento iniciaría la reforma y elaboración de leyes priorizadas por la reforma: Electoral, Código de Familia, Código Civil, de Tribunales Populares, Defensa Nacional, Código Penal, Procedimiento penal, Control Constitucional, Educación, Salud, Municipios, Empresa, Cooperativa y Ciudadanía. Sin acceso a los espacios públicos, una campaña a favor del “no” circula en las redes sociales de Internet, liderada por voces de la oposición tradicional al gobierno socialista y otras críticas pero no disidentes, que despliegan su activismo virtualmente en un país donde pese a las dificultades hay cada vez más acceso a Internet. Incluso algunas entidades como la Iglesia Católica o el sitio web independiente El Toque contribuyeron con el voto informado de la población, a través de declaraciones, paneles de especialistas y aplicaciones móviles que analizaron las luces y sombras del proyecto, pero sin condicionar el voto del electorado. Coordinadores de un colegio electoral en el municipio de Playa, en La Habana, participan en un simulacro, el 17 de febrero, del referendo para aprobar el texto de la nueva Constitución de 229 artículos. Destacan los carteles que llaman a votar por el Sí dentro del local de sufragio. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS Un tercer grupo apoya la abstención en las urnas, donde aparecen rostros de los diversos signos políticos existentes en el país, que resultaron más evidentes en la reforma constitucional, que comenzó en junio de 2018 y tuvo un momento cumbre durante la consulta popular del 13 de agosto al 15 de noviembre pasados. “Ya sabíamos que esto sucedería, que el término (sociedad civil) no aparecería”, opinó García, para quien esta omisión no causará afectaciones. “Los tiempos ya no son los mismos: hoy hay un activismo que se une, discute, discrepa y apoya cuando decide que es pertinente”, valoró. Especialistas locales y extranjeros discrepan al definir la sociedad civil cubana. Los conceptos más amplios incluyen las asociaciones fraternales, culturales y deportivas; sociales de masas; iglesias y congregaciones religiosas; organizaciones no gubernamentales de desarrollo; centros de investigación y publicaciones académicas; movimientos comunitarios; cooperativas, nuevos actores económicos y grupos disidentes, que operan en la ilegalidad. “A veces inquieta la ausencia de un concepto”, reconoció el sociólogo y activista por la no discriminación racial Fernando Romeu, sobre el impacto que podría tener este hecho en caso de que se cumplan los pronósticos de aprobación de una nueva Constitución cubana. Luego de analizar la propuesta, Romeu consideró a IPS “que la no mención del término no constituye una amenaza de desconocimiento o no legalización por parte del Estado, quien por medio de la propia ley reconoce el conjunto de asociaciones de diferentes tipos y clases (científicas, filosóficas, fraternales, mercantiles y otras)”. Un cártel con la consigna #YoVotoSí, desplegado en una céntrica zona de La Habana, parte de la masiva campaña del gobierno a favor del voto afirmativo en el referendo sobre una nueva Constitución, que se celebrará en Cuba el domingo 24. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS Pero los grupos fuera de la órbita legal ven la situación de otra manera. “Las libertades civiles y políticas no aparecen plasmadas de manera suficientemente explícitas, por lo que es de augurar que no habrá protección para quienes nos organizamos de manera independiente al Estado”, valoró el ecologista Isbel Díaz y coordinador del proyecto El Guardabosques. Para Díaz, la propuesta de ley fundamental “amplía el espectro de grupos protegidos, destacando a las personas con orientación sexual y/o identidad de género diversas”, pero esos derechos están limitados a cuestiones tan abarcadoras como “la seguridad colectiva, el bienestar general y el respeto al orden público”. Justo en el reconocimiento explícito de grupos vulnerables, realizado en el artículo 42 y en general en el título V sobre “Derechos, deberes y garantías”, activistas y especialistas consultados por IPS observan la restitución de antiguas demandas del activismo social. “El artículo 42 es uno de los mejores: reconoce desde diferencias tradicionales hasta por discapacidad, territorio, raza, género, origen étnico, entre otras”, evaluó la socióloga y experta en género Reina Fleitas. “Muestra que hay un mayor nivel de conciencia sobre la igualdad que ahora queremos, que es superior a la del igualitarismo”, completó. “Ojalá se convierta en un referente para después mejorar los enfoques de las políticas sociales”, plantea la investigadora sobre el desarrollo local. Imagen en una pantalla de un teléfono celular de una convocatoria de la campaña #YovotoNo, que pide rechazar el texto de la nueva Constitución en el referendo del domingo 24 en Cuba. Los opositores a la reforma se han visto restringidos a las redes sociales y otras iniciativas de corto alcance para dar a conocer su posición. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS El referendo tuvo una antesala el 16 y 17 de febrero con el funcionamiento de 122 circunscripciones electorales especiales con 1.051 colegios en 130 países, pero solo para el personal diplomático y en misiones oficiales, que en Venezuela sumaron más de 22.000 votantes. La comunidad emigrada cubana, que según cifras oficiales es de 1,4 millones en 120 países, con un grueso importante en Estados Unidos, no pudo acceder a las urnas establecidas fuera de Cuba y para ejercer el derecho al sufragio deberá estar este domingo en el territorio cubano. Contexto internacional La votación sucederá en un panorama nacional complejo, luego del paso el 27 de enero por cinco municipios habaneros de un tornado, que dejó 10.000 desplazados; y un escenario hostil regional, por la confrontación entre el gobierno estadounidense de Donald Trump y el venezolano de Nicolás Maduro, un estrecho aliado de Cuba. Washington respalda al presidente de la Asamblea Legislativa, el opositor Juan Guaidó, como mandatario legítimo de Venezuela, al igual que un grupo de países latinoamericanos y europeos, mientras desconoce a Maduro. La Habana hace lo contrario, cuando la atención internacional se focaliza en la peligrosa configuración de fuerzas en América Latina. Trump aseguró el lunes 18 en Miami, que desea una transición pacífica del poder en Venezuela, pero a la vez reiteró que “todas las opciones están abiertas”. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, advirtió al día siguiente en conferencia de prensa que Estados Unidos prepara “una acción militar con pretexto humanitario”, y calificó de “infame” el aserto de Trump de que La Habana tiene en Caracas “un ejército privado de cubanos” para respaldar a Maduro. Guaidó marcó para la entrada a su país de la ayuda humanitaria el 23 de febrero, cuando se cumple un mes de que se proclamó presidente encargado del país, y un día antes del referendo constitucional en Cuba. Maduro rechaza el ingreso de esa asistencia que considera como la antesala para una intervención militar estadounidense. Con aportes de Patricia Grogg desde La Habana. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Violencia sexual se dispara en Sudán de Sur

qua, 20/02/2019 - 13:09

“Hay muy poca rendición de cuentas en Sudán del Sur para un problema crónico y endémico de violencia sexual contra mujeres y niñas”: el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnur), Rupert Colville. Crédito: Jared Ferrie/IPS.Por Tharanga YakupitiyageNACIONES UNIDAS, Feb 20 2019 (IPS) Aun tras la firma del acuerdo de paz, mujeres y niñas del norte de Sudán del Sur siguen soportando el enorme impacto del persistente, brutal y elevado grado de violencia sexual reinante, concluye un nuevo informe realizado por investigadores de la ONU. El acuerdo de paz ya tiene casi cinco meses de firmado, sin embargo, investigadores de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) concluyeron que hay un crecimiento “endémico” de la violencia sexual en el norteño estado de Unidad. “Hay muy poca rendición de cuentas en Sudán del Sur para un problema crónico y endémico de violencia sexual contra mujeres y niñas”, señaló el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Rupert Colville. “Hay una impunidad prácticamente total desde hace años, por lo que no hay nada que desincentive a esos hombres a hacer lo que hacen”, añadió Colville, en la presentación del informe. La alta comisionada Acnudh, Michelle Bachelet, también se mostró preocupada por el problema. “La volatilidad de la situación en Sudán del Sur, sumada a la falta de responsabilidad por las violaciones y los abusos cometidos en todo Unidad, probablemente lleve a los actores armados a creer que pueden salirse con la suya y violar y cometer otras formas atroces de violencia sexual”, declaró. Entre septiembre y diciembre de 2018, por lo menos 175 mujeres y niñas sufrieron episodios de violencia sexual y física. De las cuales, 64 eran niñas, y algunas hasta de tan solo ocho años. Investigadores de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (Unmiss) y de Acnudh concluyeron que la mayoría de las víctimas sufrieron ataques cuando caminaban en busca de leña, alimentos o agua, entre otros bienes, que son limitados desde el comienzo del conflicto en 2013. La ONU instó al presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, en 2109, que investigara la violencia sexual en el norte del país. Crédito: Elias Asmare/IPS. “Las mujeres no tenemos opción. Si vamos por el camino principal, nos violan. Si vamos por el monte, nos violan. No íbamos por el camino porque escuchamos historias horribles, que agarran a las mujeres y a las niñas cuando pasan caminando y las violan, pero lo mismo nos pasó a nosotras. No hay escapatoria, nos violan a todas”, insistió una sobreviviente. La mujer de 30 años fue violada en tres ocasiones distintas, siempre en la misma zona, yendo o regresando de sitios de distribución de alimentos, en Bentiu, capital del estado de Unidad. Además, casi 90 por ciento de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual fueron violadas por más de un hombre, y a menudo durante varias horas, señala el informe. Los investigadores también señalaron que muchos de los ataques fueron premeditados y organizados. “La crueldad de los agresores parece ser una característica consistente de la violencia sexual documentada”, precisa el documento. En un incidente ocurrido en noviembre, una mujer con dos meses de embarazo sufrió un aborto tras ser víctima de una violación grupal. Numerosas sobrevivientes también describieron que les pegaron con culatas, palos y cables cuando intentaban resistirse o después de ser violadas. Otra sobreviviente de 50 años relató a los investigadores que la golpearon después de tratar de impedir que unos hombres armados se llevaran a su hija de 25 años. “Algunos de ellos me lanzaban puñetazos y patadas porque no les dejaba llevarse a mi hija. Esos hombres armados eran como mis hijos, pero eran tan crueles. No tenían piedad”, prosiguió. Entre los factores que contribuyeron al aumento de los ataques contra las mujeres y las niñas se destaca el gran número de combatientes “en espera”, que aguardan la desmovilización y la retirada. El acuerdo de paz se firmó en septiembre de 2018, pero el nuevo gobierno de transición no se hará efectivo sino hasta mayo, lo que deja a numerosos combatientes en una especie de limbo. “Muchos de esos jóvenes, fuertemente armados, no hacen más que esperar. Es una mezcla muy tóxica, y también hay jóvenes milicianos con los que se alían algunos grupos oficiales y no se sabe exactamente quiénes son, y también han estado muy activos”, explicó Colville. La impunidad y la falta de responsabilidad también llevaron a la normalización de la violencia contra mujeres y niñas, y tanto Unmiss como Acnudh urgieron al presidente Salva Kiir que ordene investigaciones y se haga justicia con las sobrevivientes. A raíz de varios informes con un gran número de denuncias, una comisión sursudanesa lanzó una investigación para aclarar lo sucedido, pero negó la situación y declaró que las violaciones “no eran verdaderas”. El actual acuerdo de paz parece volátil, pero es cada vez más urgente que el nuevo Sudán del Sur tome medidas para proteger a mujeres y niñas. “Lamentablemente, seguimos recibiendo denuncias de violación y de violaciones en grupo en Unidad desde el comienzo de este año”, informó Bachelet. “Insto al gobierno de Sudán del Sur a que tome las medidas adecuadas, incluidas las del acuerdo de paz, para proteger a las mujeres y niñas, y para investigar pronto y de forma exhaustiva las acusaciones de violencia sexual, y que realice juicios justos para castigar a los responsables”, añadió. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Agresión a defensores de DDHH es pan de cada día en América Latina

ter, 19/02/2019 - 19:17

Medio centenar de defensores de derechos humanos de América Latina realizaron un encuentro en Ciudad de México, en las instalaciones del Club de Periodistas, para intercambiar estrategias y analizar los retos que enfrentan en la región más letal para los activistas. En la reunión participaron relatores especiales sobre indígenas, desplazados y libertad de expresión. Crédito: Emilio Godoy/IPSPor Emilio GodoyMÉXICO, Feb 19 2019 (IPS) “Vivimos una situación muy difícil. Hay una militarización a nivel regional, violencia de género. Estamos en riesgo, eso no lo podemos silenciar”, denunció la guatemalteca Aura Lolita Chávez en un encuentro en la capital mexicana de defensores de derechos humanos de América Latina. La activista del pueblo indígena quiché y lideresa del Consejo de Pueblos K’iche’s por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio, señaló a IPS que el gobierno de Guatemala “ha dicho que somos bochincheros, que ejercemos la violencia, pero defendemos nuestro territorio y decimos no a las mineras”. Chávez fue finalista del Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo, en 2017, y ganadora ese mismo año del Premio Ignacio Ellacuría de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, y participa en el rechazo de las comunidades originarias del oeste guatemalteco contra la presencia en la zona de empresas mineras, hidroeléctricas y de productoras de palma africana. Por esa campaña, la indígena ha recibido amenazas de muerte y agresiones que la obligaron a refugiarse en España en 2017. Pero su caso está lejos de ser una excepción, tanto en Guatemala como en el resto de América Latina, la región más letal para los defensores de derechos humanos según diferentes informes, en especial los vinculados con la tierra y el ambiente. Con ese contexto cada vez más alarmante,  Chávez y medio centenar de activistas de Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Uruguay participaron en Ciudad de México, entre el 15 y el 18 de febrero, en el Encuentro Internacional de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo el lema “Defender es no olvidar”. A la reunión asistieron como invitados la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz; la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, la también filipina Cecilia Jiménez-Damary, y el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el uruguayo Edison Lanza. Los defensores humanitarios identificaron amenazas comunes como la intromisión de empresas mineras y petroleras en territorios indígenas, campañas gubernamentales en su contra, persecución judicial, violencia de género y sociedades polarizadas que no suelen reconocer la defensa de los derechos humanos. Evelia Bahena, defensora del sureño estado mexicano de Guerrero, deploró ante IPS “el sufrimiento y la destrucción” padecidas a manos de “empresas que hacen ganancias a costa de la vida de otros”. En su territorio en el municipio de Cocula, Bahena ha enfrentado proyectos mineros, lo que ocasionó amenazas y demandas en su contra, lo que forzó su huida de su comunidad, una suerte que se repite para activistas que luchan contra megaproyectos que perjudican el tejido social de las localidades donde se construyen, sus derechos y sus recursos naturales. La galardonada indígena guatemalteca Aura Lolita Chávez, lideresa del Consejo de Pueblos K’iche’s, se ha visto forzada a refugiarse en España por las amenazas de muerte y agresiones, debido a su lucha contra las actividades de grupos empresariales que afectan el ambiente y los territorios indígenas en su país. Crédito: Cortesía ETB Varios informes dan cuenta de la situación en que se desempeñan los defensores en la región. En el informe “¿A qué precio?”, publicado en julio de 2018, la organización internacional Global Witness determinó que del total de los 201 asesinatos de defensores ocurridos en el mundo el año precedente, 60 por ciento fue en América Latina. Brasil registró la mayor cantidad de homicidios de activistas que cualquier otro país, 57. En México, la cifra fue de 15, cinco veces más que el año anterior, mientras Nicaragua registró la mayor tasa de asesinatos de activistas en relación a su población, con cuatro, según la organización basada en Gran Bretaña. El “Análisis global 2018”, elaborado por la también organización internacional Frontline Defenders, ofrece igualmente un panorama crítico, al contar 321 asesinados en 27 países, nueve activistas más que en 2017. Del total de homicidios, 77 por ciento involucró a defensores de la tierra, del ambiente e indígenas. En el continente americano la violaciones más comunes consistieron en amenazas y campañas de difamación, según la organización con sede en Irlanda. En Colombia, 126 defensores fueron asesinados, en México, 48; en Guatemala, 26; en Brasil, 23, y en Honduras, 8. Para Ana María Rodríguez, representante de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, las condiciones difíciles persisten en su país donde en lo que va de 2019 ya fueron asesinados 20 activistas humanitarios. “Seguimos sin una respuesta efectiva del Estado” para garantizar la seguridad de los defensores, resumió Rodríguez a IPS. Las víctimas más numerosas son líderes y lideresas sociales de zonas otrora controladas por la extinta guerrilla de ñas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), trastocadas en un partido político con representación en parlamento, que suscribió con el gobierno los acuerdos definitivos de paz en 2016, que pusieron fin a medio siglo de conflicto interno. Relatores especiales sobre diferentes aspectos de derechos humanos participan en la clausura, el 18 de febrero, del encuentro latinoamericano de defensores de derechos humanos y periodistas, en Ciudad de México. Crédito: Cortesía de CMDPDH   “Hay retrasos e incumplimiento de los acuerdos”, lo cual contribuye a la indefensión de los protectores de derechos humanos, a criterio de la abogada. En México, este año ya ha reclamado su cuota mortal, con al menos seis defensores y tres periodistas asesinados. A ese récord se suman las crisis persistentes en Nicaragua y Venezuela, la llegada a la presidencia en enero del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil, con abiertas amenazas en contra de la sociedad civil, y los pronunciamientos del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, mandatario de México desde diciembre, en contra de organizaciones de la sociedad civil y periodistas críticos. Los relatores presentes, en visitas no oficiales a México, escucharon los testimonios de los activistas y recordaron que los gobiernos de la región tienen obligaciones internacionales que respetar, como garantizar los derechos de los indígenas, personas desplazadas y periodistas, así como proteger a los defensores. “Uno de los derechos básicos es la consulta y la obtención del consentimiento previo, libre e informado”, especialmente en el desarrollo de megaproyectos, enfatizó para IPS la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Tauli-Corpuz, perteneciente al pueblo originario filipino de los kankanaey igorot. En el informe sobre México que presentó en octubre, la relatora especial cuestionó el incumplimiento de los derechos ancestrales, especialmente el de consulta sobre proyectos energéticos, inmobiliarios o turísticos en sus territorios. El gobierno de López Obrador proyecta construir un tren sobre cinco estados del sur y sureste del país y la interconexión terrestre de las costas pacífica y atlántica y que cruzan tierras originarias, proyectos que ya le enfrentan a  comunidades afectadas. Por su parte, Lanza, el relator especial de la CIDH, señaló que las recomendaciones del informe conjunto divulgado en junio de 2018 con David Kaye, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, deben ser el punto de partida para las medidas a adoptar por el gobierno mexicano. “Lo importante es que el Estado cumpla con las recomendaciones. Estamos en ese seguimiento”, dijo a IPS. En marzo, su relatoría presentará el anual informe regional sobre la libertad de expresión. Jiménez-Damary, por su parte, resaltó que Colombia es el caso más crítico de desplazamiento interno forzado, con unos 6,5 millones de víctimas acumuladas hasta 2017, mientras en México unas 345.000 personas han tenido que abandonar sus residencias y 296.000 habitantes en El Salvador. “Una persona desplazada ya es demasiado. El Estado tiene la principal responsabilidad” en ese tipo de casos, denunció a IPS la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los desplazados internos. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Doce años en la cocina, la vida de un inmigrante en Nueva York

ter, 19/02/2019 - 13:16

Cuando se abrió una vacante en la cocina, un compañero del restaurante le enseñó a Pedro a usar la plancha para que pudiera trabajar. Crédito: Carmen Arroyo/IPS.Por Carmen ArroyoNUEVA YORK, Feb 19 2019 (IPS) Tras una breve charla con su amigo Hilarino, el mexicano Pedro le comunicó a su esposa Camila, embarazada de su segunda hija, que dejaba Oaxaca rumbo a Estados Unidos. En noviembre de 2005, para él la felicidad estaba del otro lado de la frontera. “Estaba tan emocionado, ‘híjole’, no se imagina”, recordó. Hilarino regreso de Estados Unidos a México ese mes para llevarse a su amigo, y acordaron irse por la ruta del Golfo de California hacia Arizona. “Tienes trabajo aquí”, le espetó su esposa. “Si quieres irte, vete, pero tienes trabajo aquí. Tienes familia aquí”, imploró. Pero Pedro ya no escuchaba. Doce años después de cruzar la frontera como “mojado”, Pedro cocina en un restaurante del barrio Upper Manhattan, en Nueva York, y es uno de los 775.000 inmigrantes irregulares residentes en esta ciudad estadounidense, según datos de 2018. Al igual que muchos inmigrantes, él llegó a este país lleno de sueños y dejando a su familia en México, pero sobre todo, albergaba la esperanza de ser feliz. De lunes a sábado, Pedro pasa ocho horas en la cocina, frente a la plancha, prepara sandwiches, esparce queso en “bagels” y a veces cocina hamburguesas y bistec o agrega especias como chile, ajo o comino. Los amigos de Pedro en el restaurante también son mexicanos, con historias parecidas a la de él. Samuel llegó en 1999, a los 15 años, y ahora ya está casado y tiene tres hijos. Los conocí en 2017, cuando me mudé a Nueva York, relata. Pedro tiene miedo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues “no es bueno con los inmigrantes, solo es rico”. En cambio, le caía bien Hillary Rodham Clinton y simpatiza con el actual mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, “tiene grandes ideas, va a marcar una diferencia”, opinó. A los 23 años, Pedro había vivido toda su vida en Oaxaca. Con el sueldo de policía apenas podía mantener a su esposa y a su hija de tres años y no le alcanzaba para nada más. El joven estaba cansado y aburrido, además de que su trabajo, en el que hacía cuatro años que estaba, era peligroso. “Si me hubiera quedado, dudo que estuviera vivo”, aseguró, pues nunca se sabía cuando los “narcos” sobornarían agentes o matarían por represalia. Así que en contra de la decisión de su esposa que le rogó que no se fuera, Pedro se marchó. En la mañana del 3 de marzo de 2006, Hilarino y Pedro partieron rumbo a Estados Unidos, junto con otros 10 hombres y dos mujeres, en un autobús que los llevó de Oaxaca a la frontera de México con Arizona, todo arreglado por un “coyote”, como se conoce a los que ingresan  inmigrantes indocumentados a este país de forma irregular. Desde que Trump llegó al gobierno, los coyotes aumentaron el costo de la travesía, que actualmente cuesta entre 8.000 y 12.000 dólares. En cambio, en su momento, Pedro pagó 1.300 dólares. Tras dos días de autobús, los amigos llegaron a la frontera, a más de 2.800 kilómetros de su casa. Habían comprado más de 15 litros de agua, coca-colas y bebidas energizantes Red Bull para soportar la travesía desértica. En cuestión de horas, se convirtieron en mojados, como se conoce a los indocumentados y no deseados. La caminata en el desierto llevó cuatro días, caminaban de noche y dormían de día para evitar el calor. El primer día caminaron de seis de la tarde a cinco de la mañana. “Fue una caminada recia”, recordó, pues una vez que se está en el desierto, puede pasar cualquier cosa. El primer día fue una pesadilla, temieron por la “migra”, agentes estadounidenses de migraciones que andaban cerca de donde ellos estaban, pero el coyote los tranquilizó y solo terminaron apurando el paso. El tercer día en el desierto, se quedaron sin agua, y uno de sus 14 compañeros se desmayó, y hubo que cargarlo hasta llegar a la ciudad de Phoenix, en Arizona. Habían caminado más de 380 kilómetros en más de 80 horas, comiendo tortillas de maíz y frijoles en lata. En Phoenix, los esperaba un microbús que los llevó hasta la ciudad de Los Ángeles, en California, gracias a los arreglos del coyote. “Era un hombre bueno. Hizo todo lo que prometió, nos llevó a los 14 hasta Los Ángeles”, relató Pedro. Los narcos no son el único problema acechando a los inmigrantes latinoamericanos en 2018. En el marco de la Ley Frontera Segura, promulgada por el presidente George W. Bush, en octubre de 2006, el gobierno construyó un muro de 1.120 kilómetros desde San Diego hasta Nuevo México, que dificultó el cruce a pie. Y desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, aumentó el número de detenciones por las autoridades migratorias, a los inmigrantes los procesan como delincuentes y se elevó el presupuesto para la guardia de fronteriza. Pedro considera que tuvo suerte por haber llegado a Estados Unidos en 2006. Una vez en California, Hilarino y Pedro consiguieron documentos falsos y trabajo como recolectores de fruta por 420 dólares por semana, parte de los cuales Pedro enviaba a su esposa Camila en México. Durante los tres primeros años, apenas podía hablar por teléfono con ella. Ahora con Facebook, Facetime y Whatsapp, se comunican con más frecuencia. “La primera vez que las vi, lloré mucho, fue increíble”, recuerda con una sonrisa. Pero luego acota: “Todavía es muy duro. Muy difícil, muy difícil”. Pedro solo trabajó seis meses recogiendo fruta porque no le gustaba y decidió pagar 200 dólares para llegar a Montgomery, en el estado de Alabama, para trabajar en la construcción por 600 dólares por semana. Pero no pudo trabajar más de seis meses porque con la llegada del invierno, menguó la actividad. Entonces decidió marcharse a Nueva York y consiguió quien lo llevara por 400 dólares. Tras 17 horas de ruta, llegó a la “Gran Manzana”, toda nevada en pleno invierno y, sin embargo, se sintió más en casa que en los otros lugares. En Nueva York se alojó en casa de una pareja amiga en la calle 125, la que tenía un amigo, José, quien le consiguió el trabajo en el restaurante en el que está actualmente. Entonces, Pedro sabía mucho inglés porque los compañeros de trabajo que había tenido hablaban español. El primer mes y medio trabajó como repartidor y haciendo tareas de mantenimiento. Finalmente, se sintió feliz, aunque le costó acostumbrarse al acelerado ritmo neoyorquino. Pero siguió buscando trabajo porque no ganaba mucho. Pero cuatro meses después, se abrió una vacante de cocinero. Y como no sabía cocinar, le enseñaron a usar la plancha para que pudiera pasar a la cocina. El nuevo trabajo le gustaba mucho más, podía aprender inglés y ganaba más. Como cada vez que se trasladaba de una ciudad a otra, llamó a su esposa para darle la buena noticia. Camila lo alentó a esforzarse, y así lo hizo para seguir enviándole dinero. Dos años después, su amigo Samuel, quien lo ayudó a ascender, le avisó que le aumentaban el salario. Actualmente, Pedro comparte una habitación con un ecuatoriano en Upper Manhattan, por la que paga 300 dólares al mes. Además, manda 2.000 dólares a su familia en México a través de Western Union. “Hace un par de años, Camila me llamó y me dijo: ‘vamos a comprar unas tierras”, relató contento. “No habría sido posible si no me hubiera venido. Ahora tienen todo”, destacó. Pero su esposa sigue queriendo que se vuelva a México y él desea regresar. Todavía extraña a su familia. Sus hijas ya tienen 13 y 15 años. De pequeña, la menor le cantaba en el teléfono. “Hablo con ella y me canta. Solo canta”, contó con alegría. Después de hablar media hora con ellas cuando se levanta al mediodía, se prepara para su turno en el restaurante, que comienza a las cuatro de la tarde. Los domingos escucha rancheras, pasea y se junta a tomar cerveza con amigos mexicanos. Cada tanto, lee El Diario de Nueva York para enterarse de las noticias sobre inmigrantes y también El Diario de México, donde leyó sobre la derrota de el Partido Revolucionario Institucional y del triunfo de López Obrador. “La mayoría de mis amigos se quieren regresar. Uno se fue hace poco. Tenía una novia”, rió Pedro. Cuando regrese a México, tiene pensado montar su propio negocio, quizá un restaurante. Pero sabe que el día que pise un avión para volverse a su país, nunca más regresará. “Hace tres años que digo lo mismo. Algún día volveré, pero no ahora”, sonrió. Mira a su amigo Samuel y repite: “algún día”, antes de seguir cocinando. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Gobierno militarizado intenta reanudar megaproyectos en Brasil

ter, 19/02/2019 - 11:23

Imagen aérea de la zona donde se proyecta construir la tercera planta nuclear en Angra, al lado de las plantas Angra 1 y Angra 2, sobre una zona costera cercana a la ciudad de Angra dos Reis, al sur de Río de Janeiro, en el sureste de Brasil. Crédito: Divulgación ElectronuclearPor Mario OsavaRÍO DE JANEIRO, Feb 19 2019 (IPS) Dos iniciativas de inspiración militar conducen al nuevo gobierno de Brasil, compuesto de numerosos generales, al camino de los megaproyectos de funestos resultados en las cuatro últimas décadas. Concluir la tercera central nuclear del país y encaminar la construcción de otras ocho es el plan en estudio, anunciado por el ministro de Minas y Energía, el almirante Bento Albuquerque. El gobierno de extrema derecha se arriesga a repetir el desastre del programa nuclear de la dictadura militar (1964-1985), que inició en los años 70 la construcción también de nueve unidades generadoras y logró poner solo dos en operación, con un costo de decenas de miles de millones de dólares, y dejar una tercera inacabada.Una paranoia muy difundida entre los militares brasileños es la supuesta amenaza a la soberanía nacional que representan las reservas indígenas y las organizaciones no gubernamentales (ONG), que podrían llevar a declarar la independencia o la “internacionalización” de partes de la Amazonia. Otro gran proyecto, que se ha prometido formalizar por decreto antes de abril, se destina a construir una carretera, una central hidroeléctrica y un puente fluvial sobre el mayor río del país, en una parte bien conservada de la Amazonia. Es una vieja propuesta del general retirado Maynard Santa Rosa, titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, que la defiende principalmente por razones de seguridad nacional. El objetivo es generar electricidad para el tramo medio de la cuenca amazónica, donde está Manaos, una ciudad de 2,1 millones de habitantes, y promover el desarrollo local para frenar las organizaciones ambientalistas e indigenistas internacionales, escribió el general en un artículo de 2013. Una paranoia muy difundida entre los militares brasileños es la supuesta amenaza a la soberanía nacional que representan las reservas indígenas y las organizaciones no gubernamentales (ONG), que podrían llevar a declarar la independencia o la “internacionalización” de partes de la Amazonia. El mismo presidente Jair Bolsonaro, un antiguo capitán del Ejército, identificó los peligros que acarrearía la Triple A, un corredor ecológico Andes-Amazonia-Atlántico, aunque no pasa de ser una propuesta de la ONG colombiana Gaia Amazonas, como forma de proteger la naturaleza en el extremo norte de Brasil y parte de otros siete países amazónicos. Ese fue el motivo, según el mandatario en el poder desde enero, para que Brasil desistiese de acoger la 25 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25), que finalmente se desarrollará en Chile en enero de 2020. El general retirado Augusto Heleno Pereira, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, con rango de ministro, ha reiterado el temor de pérdida de partes del territorio nacional si grupos indígenas, especialmente con tierras adjudicadas en la frontera, se juntan a ONG u organismos internacionales para independizarse. El nuevo gobierno es el más militarizado de la historia brasileña, con más oficiales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea en su composición que en cualquier otro período, incluyendo el de la última dictadura militar. Además de los ocho ministros hay más de cuatro decenas de funcionarios de origen castrense en otros cargos de dirección. Esa presencia va a ampliarse, ya que los ministros de Educación, Ricardo Vélez Rodríguez, y de Medio Ambiente, Ricardo Salles, son favorables a la militarización de las escuelas y órganos de sus carteras. Parte reconstruida pero sin pavimentar de la carretera BR-163, en el amazónico estado de Pará, en el norte de Brasil. El gobierno de Jair Bolsonaro quiere construir un tramo de la carretera que estaba en el diseño original pero que ni siquiera se marcó su trazado en medio de los bosques amazónicos. Crédito Fabiana Frayssinet/IPS El pensamiento militar, por ende, orienta variados sectores del gobierno. Es el caso de la ocupación amazónica por grandes obras de infraestructura. “Integrar para no entregar” la Amazonia era la consigna de la dictadura militar que vuelve a la orden del día. En el sector energético, la opción nuclear estaba implícita en el nombramiento del almirante Albuquerque, ya que él era antes el director general de Desarrollo Nuclear y Tecnológico de la Marina. A su cargo estaba un programa de construcción de cuatro submarinos convencionales, el primero de los cuales se lanzó al mar en diciembre, y uno de propulsión nuclear. La Marina desarrolló un programa nuclear paralelo, oculto durante varios años, que logró dominar una tecnología de enriquecimiento del uranio, aunque Brasil asumió compromisos internacionales de renuncia a su uso bélico. Multiplicar las centrales eléctricas de esa fuente forma parte de los planes tecnológicos y estratégicos de los militares que consideran vital el avance en el conocimiento de esa área. Además, Brasil tiene grandes yacimientos de uranio y desarrolló una industria de equipos y combustibles nucleares que podrían consolidarse con la demanda de nuevas centrales eléctricas y los submarinos. Pero hay gran posibilidad de repetir la frustración del programa iniciado en los años 70, por parecidas dificultades financieras. Antes de la crisis de la deuda externa de los años 80 abortó algunos megaproyectos de la dictadura militar, tildados de “faraónicos” por los críticos. Brasil adquirió su primera central nuclear de Estados Unidos, con el reactor de la empresa Westinghouse. Se denominó Angra 1 porque fue implantada a 130 kilómetros al oeste de Río de Janeiro en línea recta, al borde del mar, en el municipio de Angra dos Reis. Las obras se prolongaron de 1972 a 1982 y su operación comercial solo empezó en 1985, con una capacidad generadora de 657 megavatios. Mientras, en 1975, el gobierno militar firmó un acuerdo de cooperación nuclear con Alemania, que comprendía la construcción de otras ocho centrales, con transferencia de tecnología. Solo la primera de ellas, Angra 2, instalada en la misma pequeña bahía rodeada de montañas, se puso de pie en un turbio proceso que se prolongó hasta 2000, cuando quedó operativa, con una potencia de 1.650 megavatios. La segunda unidad de tecnología alemana, Angra 3, comenzó su construcción en 1984, interrumpida dos años después y reanudada de 2010 a 2015. Retomar el proyecto de costos astronómicos suena poco probable para un gobierno que fue electo con la promesa prioritaria de promover un ajuste fiscal, empezando por reducir el déficit del sistema de previsión social. Además sería una central de vieja tecnología, realizada con equipos almacenados durante más de tres décadas, todos proveniente de Alemania, que está desactivando sus últimas unidades nucleares. Contra la ampliación del parque nuclear conspira el costo de su energía, mucho más cara que la de fuente hídrica, abundante en Brasil, y de las alternativas solar y eólica cada día más baratas. Sobre todo los megaproyectos tienen una historia de muchos fracasos. La carretera que el general Santa Rosa pretende impulsar en la Amazonia es justamente el tramo más al norte y abandonado de uno de los megaproyectos viales diseñados por la dictadura militar y cuya construcción comenzó en los primeros años 70. La BR-163 se trazó para cruzar todo el territorio brasileño del sur al norte, con 3.470 kilómetros, pero se interrumpió en Santarém, donde el río Tapajós desemboca en el Amazonas. Fue un elefante blanco durante más de dos décadas, hasta que la expansión de la soja en el estado de Mato Grosso la volvió útil. El nuevo proyecto es completarla hasta la frontera con Suriname, pero no se justifica económicamente. El tramo que transporta la mayor producción de soja hacia los puertos de exportación sí, pero aún carece de pavimentación en 90 kilómetros, y es ahí donde las inversiones serían prioritarias. El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-201), del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), también desató una oleada de megaproyectos que fracasaron en buena parte, como ferrocarriles, puertos, astilleros, refinerías y petroquímicas, y se transformaron en escándalos de corrupción. Se concluyeron grandes centrales hidroeléctricas programadas, pero provocaron protestas de poblaciones afectadas, manchando esos proyectos. Esa reacción sería previsiblemente mayo si avanzan las obras del nuevo gobierno en la Amazonia, ya que dañarían varias tierras indígenas y de quilombolas (comunidades afrodescendientes). Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Países con bosques salvadores esperan fondos vitales

seg, 18/02/2019 - 13:17

La ministra de Relaciones Exteriores de Suriname, Yldiz Deborah Pollack-Beighle, dijo que la adopción de la Declaración Conjunta de la Krutu de Paramaribo sobre fondos climáticos para los países HFLD ya no serán los que aporten la solución al cambio climático y al recalentamiento global sin la asistencia financiera necesaria. Crédito: Desmond Brown/IPSPor Desmond BrownPARAMARIBO, Feb 18 2019 (IPS) Los países con gran cobertura vegetal y poca deforestación (HFLD) cerraron la conferencia de Suriname con la Declaración Conjunta de la Krutu de Paramaribo sobre la movilización de fondos climáticos para los HFLD. Krutu, una palabra indígena de Suriname, quiere decir reunión de importancia o de altos dignatarios, que permite algo viable. “Es con gran placer que anuncio la adopción de la Declaración Conjunta de la Krutu de Paramaribo sobre movilización de fondos climáticos para los HFLD”, informó el presidente de Suriname, Desiré Delano Bouterse, en la segunda semana de este mes. “La adopción de este documento es importante para continuar juntos nuestros esfuerzos y concentrarnos en resultados prácticos, pues nos permite aumentar nuestra cooperación en mecanismos relevantes internacionales y multilaterales”, prosiguió. En la declaración, los países HFLD realizaron varios compromisos, entre ellos: reunir reconocimiento internacional sobre la contribución significativa que realizan los países en desarrollo HFLD a la respuesta global contra el cambio climático al permitir que sus bosques sirvan como vitales sumideros de carbono y mirar a la comunidad internacional para que provea del apoyo económico adecuado para ayudar a mantener ese tesoro. Para los países en desarrollo HFLD, la naturaleza y el desarrollo están intrínsecamente conectados, subrayó Bouterse. Todos están a merced de las amenazas que suponen las actividades poco sostenibles, mientras intentan planificar un desarrollo sostenible. Bouteres explicó que el desafío para estos países es encontrar un modelo de desarrollo que equilibre sus intereses nacionales a la vez que sigue entregando servicios ecológicos al mundo. “Espero una voz unida y modelos innovadores que den forma a nuestros mutuos intereses. Suriname se siente honrado de haber recibido el mandato de llevar los esfuerzos de los países en desarrollo HFLD al foro internacional. Nos tomamos esta tarea con mucha seriedad y nos comprometemos a abocarnos a ella”, añadió. “Nosotros, en tanto países en desarrollo HFLD, nos marcamos un nuevo camino. Ofrecemos a todos nuestros amigos y colaboradores la Krutu de Paramaribo para marcar el camino”, se comprometió Bouteres. Suriname fue el primer país que reservó vastas cantidades de su territorio, 11 por ciento, como áreas protegidas cuando creó la Reserva Natural de Suriname Central, en 1988. Bouterse declaró entonces que Suriname se había ubicado en una posición difícil porque casi la mitad de su territorio se había entregado a compañías madereras a principios de la década de los años 90. Pero la creación estratégica de la reserva, con una superficie de 1,6 millones de hectáreas frenó de inmediato esas actividades, destacó. “Esta decisión se tomó específicamente por razones de protección, sin siquiera prever el valor intrínseco que la reserva tendrá en los próximos años”, acotó Bouteres. “Ahora, 20 años después, nos debemos la instancia de evaluar y cuestionar las consecuencias de esa decisión. ¿Los ecosistemas de la reserva quedaron intactos o mejoraron, como se pretendía al principio?”, planteó. “¿Los esfuerzos de conservación contribuyen a nuestro desarrollo económico? ¿Invertimos lo suficiente en nuestra propia capacidad de ser un actor del concierto ambiental mundial?”, prosiguió interrogándose. “¿Hacemos un suficiente uso de los fondos multilaterales disponibles y de los mecanismos financieros? Y en qué medida nuestros conciudadanos, mujeres y hombres surinameses se benefician de la reserva que abarca 11 por ciento de su territorio?”, agregó. Bouteres también señaló que Suriname mejorará su marco legal, ajustará las políticas a sus aspiraciones para mejorar aún más. “Es con gran satisfacción que Suriname presentó el instrumento para ratificar el Acuerdo de París, el 13 de febrero”, anunció. “Esperamos que la comunidad internacional nos asista con instrumentos financieros adecuados, con tecnología y capacitación para que juntos podamos lograr nuestros objetivos comunes”, subrayó. Al adoptarse la Declaración cuando algunos países celebran San Valentín (el día de los enamorados), la viceministra de Ambiente de Panamá, Yamil Sánchez, declaró: “Hoy, declaramos nuestro amor a nuestros bosques y a nuestros ecosistemas”. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Suriname, Yldiz Deborah Pollack-Beighle, comentó que la declaración expresa el compromiso de que los países HFLD ya no serán los que diseñan aporten la solución al cambio climático y al recalentamiento global sin la asistencia financiera necesaria. “La conversación debe cambiar y debe tratar sobre que nos tienen que pagar para mantener nuestros bosques”, dijo Pollack-Beighle a IPS. “No fue una conversación fácil, pero logramos un avance, que es que nos vamos de esta conferencia con este documento”, destacó, refiriéndose a la declaración final. En definitiva, son los pueblos de los países HFLD que se beneficiarán de estos tres días de conversaciones, comentó sobre la conferencia realizada del 12 al 14 de este mes. La Declaración de la Krutu redundará en beneficios tangibles para las comunidades que viven en las áreas selváticas, subrayó Pollack-Beighle. Y añadió que significará un beneficio para los países en su totalidad. “Para Suriname, necesitamos llegar al punto en que no tengamos que rogar más por haber ofrecido al mundo una solución, nos buscarán y nos ofrecerán las oportunidades existentes”, apuntó. “Vivimos aquí con un compromiso que necesita traducirse de tal forma que veamos cambios significativos inmediatamente después de esta conferencia”, añadió. “Suriname tiene el papel de abogar por esto para asegurar que su declaración llegue a las más altas esferas de la agenda global, de las bilaterales, pero también de la regional”, concluyó. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Comercio electrónico en la OMC, aún con brechas digital y social

seg, 18/02/2019 - 12:44

A la expansión del comercio electrónico la acompaña su concentración en un puñado de empresas y de países. Crédito: RenderingPor Gustavo CapdevilaGINEBRA, Feb 18 2019 (IPS) Un grupo de Estados parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) comenzará en esa institución multilateral una negociación plurilateral sobre los aspectos del comercio electrónico que se vinculan con las normas del intercambio internacional. La iniciativa, anunciada el 25 de enero, guarda relación con la inconmensurable expansión de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en las últimas tres décadas y con perspectivas semejantes que el avance de la investigación les depara. La explotación de esas innovaciones favoreció la irrupción en pocos años de apenas un puñado de empresas, radicadas principalmente en Estados Unidos, aunque también en China, que han aprovechado fructíferamente las nuevas posibilidades hasta alcanzar posiciones monopólicas en el escenario global. Uno de los rubros de mayor crecimiento y a la vez concentración en ese campo ha sido el de intercambio de bienes, y hasta ahora unos pocos servicios, por distintas formas de pago, todo a través de las comunicaciones electrónicas, en lo que se conoce como e-comercio. El paisaje tan promisorio de las TIC y de otras innovaciones se interrumpe ante una brecha que a veces es muy profunda, la digital. En los países en desarrollo, dos terceras partes de la población carecen de acceso a internet. Mientras que en Estados Unidos, la Unión Europea y el resto de naciones industrializadas la banda ancha es moneda corriente, la tasa de penetración de esa tecnología en África no alcanza al 20 por ciento. Los precios del servicio de banda ancha, un elemento capital para el comercio en línea, son más elevados en los países menos adelantados en relación a las naciones industrializadas y a otros países en desarrollo. En ese panorama, un grupo de 49 países, distribuyeron a través de la OMC una declaración donde manifiestan que “confirmamos nuestra intención de comenzar en la OMC negociaciones sobre los aspectos del comercio electrónico que están relacionados con el comercio internacional”. El texto de cuatro párrafos agrega que “nos esforzaremos por obtener un resultado de alto nivel que se apoye en los acuerdos y marcos existentes en la OMC con la participación del mayor número posible de miembros de la OMC”. “Reconocemos y tomaremos en cuenta las oportunidades y los desafíos únicos que confrontan los miembros, incluidos países en desarrollo y países menos avanzados, como también las micro, pequeñas y medianas empresas, en relación con el comercio electrónico”, prosigue. Y concluye diciendo que “continuamos alentando a todos los miembros de la OMC a participar con el fin de reforzar las ventajas del comercio electrónico para las empresas, los consumidores y la economía mundial”. La declaración fue discutida y aprobada en Davos, el centro de turismo invernal suizo donde se realiza la reunión de relaciones públicas y cabildeo, con asistencia de altos gobernantes y empresarios, que convoca en enero de cada año el Foro Económico Mundial (FEM), asentado a su vez en Ginebra. La lista de firmantes de la declaración, en la versión divulgada por la OMC, suma 49 miembros. Sin embargo, la OMC precisó más tarde que los firmantes llegaban a 76 y que en total acumulan un 90 por ciento del comercio mundial. La OMC cuenta con 164 miembros. India, Sudáfrica y numerosos países en desarrollo han opuesto objeciones a esa idea, alegando, entre otras razones, que la OMC inició en 1998 un programa de trabajo sobre e-comercio. Esa decisión encomendó las negociaciones a cuatro órganos del sistema: el Consejo del Comercio de Servicios, el Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Comité de Comercio y Desarrollo. Todo supervisado por el Consejo General de la OMC. La propuesta de una agenda favorable al e-comercio mereció una crítica inmediata del movimiento obrero sindicalizado internacional que advirtió de que “la OMC no es el lugar apropiado para negociar normas vinculantes sobre estos temas”. Las nuevas propuestas presentadas pondrán “restricciones severas a la capacidad de los gobiernos de regular a favor de los intereses de los trabajadores”, dijo una declaración de la Confederación Sindical Internacional (CSI) distribuida en su sede de Bruselas, apenas conocido el anuncio de Davos. En el FEM, “un número de gobiernos, predominantemente de economías avanzadas, ha anunciado sus intenciones de lanzar negociaciones comerciales sobre e-comercio, expuso la CSI. Con ese paso “pretenden consolidar el acceso a los mercados para compañías digitales. Amazon, Alphabet (Google), Facebook y otras corporaciones multinacionales en línea se posicionan como las ganadoras”, evaluó. El mensaje obrero añade que “los temas del manejo de los datos son fundamentales en la propuesta expansión negociadora de la OMC. Al garantizar un flujo desbordante de datos a través de las fronteras, imponen mayores limitaciones a la soberanía de los países sobre los datos y sobre el espacio que disponen los gobiernos para afrontar los abusos. Los cambios que se proponen podrían introducir disciplinas directas a la capacidad de regulación pública y prohibir a los gobiernos que requieran a las compañías la apertura de oficinas locales y de instalar servidores en su territorio. Sin una presencia local de las compañías, no hay una entidad a la cual perseguir y así fundamentalmente se desafía la capacidad de los tribunales nacionales para hacer cumplir las normas laborales y otros derechos”. Las cuestiones en discusión “no se limitan a detalles prácticos del comercio, son asuntos de derechos laborales, son asuntos referidos al gobierno de los datos y son asuntos de la vida privada”, advirtió la CSI. “No debemos permitir un futuro en que la capacidad de los trabajadores para enjuiciar la responsabilidad de los gigantes de la economía digital sea limitada por acuerdos comerciales”, planteó la confederación sindical. La secretaria general de la CSI, la australiana Sharan Burrow, observó que “hemos visto como los Uber y los Amazon de este mundo explotan los resquicios legales para deteriorar las condiciones de la población obrera”. “En vez de facilitar este tipo de comportamientos irresponsables, los gobiernos deberían redoblar sus esfuerzos para cerrar esos resquicios”. “La única respuesta es un nuevo contrato social con una garantía laboral universal”, proclamó Burrow. Para leer más artículos de Gustavo Capdevila sobre los movimientos del comercio mundial, visite la página especial del autor sobre el tema: https://ginebracomercio.com/ RV: EG   El artículo Comercio electrónico en la OMC, aún con brechas digital y social fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Ayuda internacional alimenta esperanza y confrontación en Venezuela

sex, 15/02/2019 - 15:25

“Ayuda humanitaria ya. La necesitamos”, clamaba una pancarta durante una multitudinaria manifestación en Caracas y otras 50 ciudades de Venezuela, el 12 de febrero, en que se reclamó que se permita el ingreso de la asistencia internacional, bloqueada en la frontera de países vecinos, durante una actividad de apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado y de rechazo al mandatario Nicolás Maduro. Crédito: Humberto Márquez/IPSPor Humberto MárquezCARACAS, Feb 15 2019 (IPS) La ayuda internacional en alimentos y medicinas que aguarda por ingresar a Venezuela desde sus vecinos Colombia, Brasil y Curazao se convirtió en eje de la lucha por el poder que mantienen las fuerzas del mandatario Nicolás Maduro y su rival opositor Juan Guaidó, reconocido como “presidente legítimo” por medio centenar de gobiernos. La situación actual “le ofrece ventajas a Guaidó. Está intentando lograr un quiebre del lazo entre Maduro y la Fuerza Armada vía la presión para recibir la ayuda humanitaria”, dijo a IPS el analista argentino Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, una red académica latinoamericana. Serbin advirtió de seguidas que Guaidó debería asegurar la hasta ahora reacia participación de la Cruz Roja y las Naciones Unidas en el ingreso de los auxilios pues “por definición la ayuda humanitaria no puede tener como propósito cumplir con objetivos políticos”, omnipresentes en la cooperación ofrecida por gobiernos de América y Europa que desconocen a Maduro. “No es ninguna ayuda humanitaria sino un regalo podrido, que trae por dentro el veneno de la humillación contra nuestro pueblo y sirve como antesala para una intervención militar. Si Estados Unidos nos quiere ayudar, que cese el bloqueo, la persecución financiera y las sanciones económicas en contra de Venezuela”, ha sostenido el presidente Maduro.“Ese pleito por la ayuda hace ver a muchos vecinos aquí que hay esperanza de que esta vez la oposición consiga que las cosas cambien, se ve que ahora hay luz al final del túnel”: Nadine Cubas. El presidente estadounidense Donald Trump y varios de sus colaboradores para la política hemisférica repiten como un mantra que “Maduro debe irse”, y que Washington “no descarta ninguna opción, incluida la militar” con respecto a Venezuela. La Fuerza Armada venezolana ha reiterado su lealtad a Maduro, está desplegada en simulacros de defensa territorial desde finales de enero, bloqueó los accesos carreteros desde Colombia y se alista para impedir todo intento de que ingresen los polémicos cargamentos de ayuda. Guaidó anunció en medio de una de las multitudinarias manifestaciones callejeras que consiguió la oposición en las últimas semanas que “la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí. He dado la orden a la Fuerza Armada para que permita el ingreso”, que pautó para el próximo 23 de febrero. La inédita situación de Venezuela con dos presidentes se debe a que la oposición y muchos gobiernos consideran inválida la elección de mayo de 2018 con base en la cual Maduro (56) juró para un nuevo sexenio el 10 de enero, y por ello desconocen al mandatario. Como réplica, la Asamblea Nacional, el parlamento dominado por la oposición y considerado en rebeldía por los demás poderes públicos, decidió que su presidente Guaidó (35) se convirtiese desde el pasado 23 de enero en cabeza del Ejecutivo, como mandatario encargado. A la ciudad fronteriza de Cúcuta (noreste de Colombia) llegaron ya 500 toneladas de medicinas y suplementos nutricionales, mientras Guaidó anunciaba nuevos centros de acopio en el estado de Roraima (norte de Brasil) y en la vecina isla holandesa de Curazao, donde se esperan 90 toneladas provenientes de Francia, según dijo a corresponsales el diputado opositor Stalin González. La ayuda acumulada hasta ahora “consiste en medicamentos y suplementos necesitados de emergencia para niños menores de tres años con problemas de desnutrición severa, madres embarazadas o lactantes y personas de la tercera edad”, dijo a IPS Julio Castro, dirigente de la organización no gubernamental (ONG) Médicos por la Salud. Los aportes, según Castro “un 10 por ciento de lo que se necesita con urgencia”, para unos 300.000 pacientes, se destinarán a hospitales públicos y se distribuirán desde ONG y organizaciones religiosas, con soporte de miles de voluntarios convocados por la oposición. González dijo que ya son 250.000 en todo el país, de ellos unos 10.000 profesionales de la salud. Jóvenes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela se concentraron en el centro de Caracas el 12 de febrero para expresar respaldo al presidente Nicolás Maduro. Crédito: AVN Un efecto inmediato de la puja por el ingreso de auxilios ha sido que el gobierno incrementase en los últimos días la entrega de medicamentos e insumos, aparentemente almacenados, a varios hospitales públicos, según reportaron trabajadores de varios de esos centros en Caracas y otras ciudades.Ayudar con música Para dar más vistosidad a este capítulo de la larga crisis venezolana, el magnate británico Richard Branson, propietario de la compañía Virgin, anunció que financiará un concierto en la ciudad de Cúcuta, con artistas como los colombianos Fonseca, Juanes y Carlos Vives, el puertorriqueño Luis Fonsi, los españoles Miguel Bosé y Alejandro Sanz y los venezolanos Nacho y Ricardo Montaner, para recolectar unos 100 millones de dólares que se destinarán a asistencia humanitaria para Venezuela. El concierto se prevé para el 22 de febrero, la víspera de la fecha pautada para el ingreso de la ayuda internacional que puede aliviar a miles de familias venezolanas y quizá acelerar el desenlace de la actual lucha por el poder en Venezuela. Gente como Natalia Vargas, de 39 años, empleada bancaria y paciente de diabetes, espera que “si llega ayuda de emergencia luego puedan venir otras medicinas que están escasas porque son importadas. Y cuando se consiguen son demasiado caras”. “Espero que los políticos y los militares se pongan de acuerdo para que entren esos auxilios”, según dijo a IPS en su residencia de La Candelaria, un tradicional sector de clase media baja en el centro de Caracas. Las iniciativas de ayuda internacional responden al hundimiento social y económico ocurrido en Venezuela desde la llegada de Maduro al poder en 2013, con niveles inéditos por suceder en un país rico en petróleo y por la velocidad del desmoronamiento, sin haber sucedido una catástrofe natural o una guerra. Durante los últimos cinco años y mientras migraban unos tres millones de personas, más de 80 por ciento de sus 31 millones de habitantes quedaron en condición de pobreza e imposibilitados de adquirir suficientes alimentos y las medicinas que necesitan, a lo que se sumó desde 2017 una explosiva y persistente hiperinflación, según el Estudio sobre Condiciones de Vida hecho por tres de las principales universidades del país. En el mismo lapso la economía se redujo a la mitad, el producto bruto cayó 56 por ciento, cerraron 210.000 de las 490.000 empresas que había en el país, opera la mitad del parque industrial y a 20 por ciento de su capacidad, y el agro local apenas puede proveer 25 por ciento de los alimentos necesarios, según el informe de cierre de 2018 de la central patronal Fedecámaras. El déficit de medicinas en farmacias se mantiene desde el año pasado en 85 por ciento, declaró el miércoles 13 el presidente de la Federación de Farmacéuticos, Freddy Ceballos. Desde la población de Cúa, zona cercana al este de la capital, Nadine Cubas, de 71 años, quien sufre de hipertensión y glaucoma, dijo a IPS que “estamos lejos de la frontera, esa ayuda posiblemente no llegue hasta los valles del (río) Tuy, donde estamos, pero si abastece a la gente de occidente entonces hay más oportunidad de conseguir medicinas aquí”. Cubas agregó que “ese pleito por la ayuda hace ver a muchos vecinos aquí que hay esperanza de que esta vez la oposición consiga que las cosas cambien, se ve que ahora hay luz al final del túnel”. La apuesta de la oposición es: si el gobierno deja pasar la ayuda mostrará debilidad y fractura en el apoyo de los militares, con un impredecible efecto dominó, y si no permite el ingreso quedará como una cúpula de gente deshumanizada que solo busca retener el poder, según resumieron en diálogos con corresponsales los diputados opositores Julio Borges y Juan Miguel Matheus. Esa postura calza con las demandas de que el ingreso de la ayuda sea un primer paso para que la crisis venezolana desemboque en elecciones para un nuevo gobierno, como reclaman Estados Unidos y el Grupo de Lima (12 países del hemisferio) y la mayoría de la Unión Europea, con reticencia u oposición de otros gobiernos, como los de China, Cuba, Irán, Rusia y Turquía, y la búsqueda de algún punto intermedio ensayada por México y Uruguay. Borges y González destacaron que la ayuda humanitaria ya acumulada será seguida de mayores auxilios a medida que se desenvuelva el juego político en Venezuela. Gobiernos como los de Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Francia y Puerto Rico, más la Organización de Estados Americanos han ofrecido aportes que ya pasan de 200 millones de dólares. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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El cambio climático pone en riesgo la paz y la seguridad mundial

sex, 15/02/2019 - 13:16

Ministra de Ambiente y Cambio Climático de Canadá, Catherine McKenna. Crédito: Cortesía.Por Thalif DeenNACIONES UNIDAS, Feb 15 2019 (IPS) El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debatió sobre las nuevas amenazas a la paz y a la seguridad derivadas de los destrozos causados por el cambio climático. IPS conversó con la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Canadá, Catherine McKenna, sobre este asunto y la posición de su país. “Independientemente de que el tema sea la desertificación en partes de África, las migraciones forzadas de comunidades vulnerables en América Central, los conflictos por la escasez de agua o el aumento del nivel del mar y las tormentas tropicales en los pequeños estados insulares, la dimensión de seguridad instalada por el cambio climático es acuciante y multifacética”, alertó. Como parte de los 2.650 millones de dólares comprometidos por Canadá para ayudar a los países en desarrollo en sus esfuerzos de mitigación y adaptación, el gobierno canadiense aumentó su apoyo a la adaptación de las poblaciones más vulnerables a los impactos del cambio climático. Ese fondo incluye paquetes para los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID), como Maldivas, Tuvalu y Kiribati, que están en peligro de desaparecer del mapa por la elevación del nivel del mar. IPS: ¿Cómo caracteriza los desafíos que plantea el cambio climático para la paz y la seguridad? CATHERINE MCKENNA: El impacto del cambio climático va más allá del ambiente. Tiene un efecto significativo en las economías, el desarrollo social, la paz y la seguridad, y en particular en contextos frágiles, donde multiplica las amenazas a las dificultades de gobernanza. La mayor frecuencia, severidad y magnitud de los eventos climáticos extremos en todo el mundo, uno de los resultados inmediatos y visibles del cambio climático, probablemente continúen generando crisis humanitarias. Canadá también reconoce que mujeres y niñas sufren de forma desproporcionada los efectos adversos de la variabilidad climática, y subrayamos la importancia de hacer frente a sus necesidades mientras los países se reconstruyen. La Política Internacional de Defensa y Asistencia,de Canadá reconoce que el cambio climático supone un serio desafío a la seguridad y que debe atenderse para sostener el desarrollo y los logros en materia de paz y seguridad. El gobierno de Canadá cree que un enfoque integral para hacer frente al cambio climático es esencial para explicar las consecuencias sociales, económicas, políticas y de seguridad a escala global, y que el consenso multilateral es clave para lograr el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, además de la importancia de involucrar a mujeres y niñas en la toma de decisiones en cuestiones ambientales y de acción climática. IPS: ¿Cree que la comunidad internacional, y en especial la ONU, responden de forma adecuada a estos peligros con acciones concretas en materia de resiliencia climática y fondos para la adaptación? CM: En la COP21 (21 Conferencia de la Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), de París, la comunidad internacional se reunió para fortalecer la respuesta global al cambio climático mejorando la capacidad adaptativa y reduciendo la vulnerabilidad a ese fenómeno, así como suministrando recursos económicos para apoyar a los países en desarrollo en su transición hacia un futuro con menos emisiones de carbono y manteniendo el aumento de la temperatura global por debajo de los dos grados (centígrados), respecto de la era preindustrial, a la vez que nos esforzamos para que no suba más de 1,5 grados. Con la adopción del Acuerdo de París en 2018, todos los países, incluidas las economías fuertes, avanzan hacia esos compromisos. En el marco de los 2.650 millones de dólares que Canadá destina a los países en desarrollo para apoyar sus esfuerzos de mitigación y adaptación, también aumentó su apoyo a la adaptación de las poblaciones más pobres y más vulnerables que sufren el cambio climático, que incluye a las de los PEID. Canadá destina 60 millones de dólares para crear un Programa de Energía Renovable en los PEID, del Banco Mundial, para apoyar la planificación y la construcción de infraestructura de energía renovable, eficiencia energética y soluciones de almacenamiento de pilas. Canadá suministra 300 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima para promover proyectos que apoyen la transición de los PEID, de los países menos adelantados (PMA) y de los estados africanos hacia economías más limpias y resistentes al cambio climático. Canadá vuelca 30 millones de dólares para responder a las necesidades urgentes de adaptación de los países en desarrollo a través del Fondo para los PMA. Hasta 2016, el fondo aprobó 1.000 millones de dólares para proyectos en 40 países, entre ellos nueve PEID como Tuvalu, Maldivas y Kiribati. IPS: ¿Qué monto de los 2.650 millones de dólares, comprometidos para un plazo de cinco años por el primer ministro Justin Trudeau en 2015, se vertió y quiénes son los beneficiarios? ¿Habrá más subsidios después de 2020? CM: Hasta ahora se destinaron 1.500 millones de dólares a distintos proyectos en forma de subsidio y de préstamos en condiciones muy favorables. Ese compromiso cubre el período 2015/16 a 2020/21. Aquí encontrará los últimos anuncios al respecto. Los fondos para después de 2020/2021 requerirán de una decisión del gobierno de Canadá. IPS: La escasez de agua ha llevado a conflictos como los que enfrentan a Israel y Jordania, India y Pakistán, Egipto y Etiopía, Palestina e Israel, (sin olvidarse de Bolivia, Perú y Chile). ¿Cree que la situación puede llegar a empeorar? CM: Canadá reconoce que el agua, si no se gestiona de forma eficiente y justa y de manera inclusiva, puede ser un elemento favorable para los conflictos. La abundancia de agua puede generar inundaciones, mientras que la escasez causa sequías, las que tienen significativas consecuencias políticas, sociales, ambientales y económicas. Regiones que ya tienen problemas, como pobreza, tensiones sociales, degradación ambiental y/o instituciones políticas frágiles, son particularmente vulnerables a esos efectos. Canadá también reconoce que las mujeres son las más susceptibles a cargar con las consecuencias de esos cambios y de los posibles conflictos. La escasez de agua, la mala calidad o las inundaciones pueden llegar a exacerbar cada vez más las tensiones sociales. Eso puede socavar el desarrollo económico en varios países y puede aumentar el riesgo de inestabilidad. Pero a pesar de la complejidad de los problemas, el agua también es un recurso para la colaboración. Si bien en los últimos 50 años hubo 40 casos de conflictos muy violentos, también hubo más de 150 tratados sobre agua en el mundo. IPS: Los fenómenos climáticos extremos han creado la nueva categoría de “refugiados climáticos”, ¿cree que debería enmendarse y actualizarse la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951? CM: Las decisiones sobre las acciones que el gobierno de Canadá pueda tomar en caso de desastres naturales se deciden caso a caso. Por consultas sobre enmiendas a una convención de la ONU, por favor contactar directamente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). IPS: ¿Cómo son las políticas ambientales de Canadá en relación con las emisiones de carbono, la contaminación, la tecnología limpia, las energías renovables y la conservación marina, así como su contribución al Fondo Verde para el Clima (FVC)? CM: El Marco Pancanadiense sobre Cambio Climático y Crecimiento Verde (PCF) es el plan de Canadá para tomar medidas ambiciosas en la lucha contra el cambio climático. El PCF se basa en cuatro pilares: 1) poner un precio a la contaminación con carbono; 2) tomar acciones complementarias para reducir las emisiones en toda la economía; 3) tomar medidas de adaptación y resiliencia climática; 4) desarrollar tecnología limpia, innovación y empleo, que incluye más de 50 acciones concretas que cubren todos los sectores de la economía canadiense. El PCF se planteó reducir los gases invernadero, para cumplir con su compromiso en el marco del Acuerdo de París, en 30 por ciento para 2030, por debajo de los niveles de 2005. Las reducciones adicionales vendrán de la mano de medidas que todavía no se han modelado, e incluyen el aumento del secuestro de carbono a partir de los bosques y de tierras cultivables, inversiones en infraestructura verde, tránsito público y tecnología limpia e innovación, así como acciones futuras de los gobiernos, federal, provinciales y territoriales. En el PCF, Canadá se comprometió a convertirse en líder global en materia de innovación en tecnologías limpias. El gobierno federal anunció desde entonces 2.300 millones de dólares en inversiones en tecnologías limpias, incluidos casi 1.400 millones de dólares en fondos dedicados a apoyar empresas de tecnologías limpias y 400 millones de dólares para el desarrollo y la demostración de tecnologías limpias. Ochenta por ciento de la electricidad de Canadá ya procede de fuentes no contaminantes, como la energía hidroeléctrica, la energía solar y la energía eólica, y este país se fijó el objetivo de elevar esa proporción a 90 por ciento para 2030. Con ese fin, destinó 26.900 millones de dólares a infraestructura verde, los que se destinarán a apoyar proyectos de energía renovable. Además, Canadá trabaja para reducir las emisiones contaminantes de sus fuentes de generación eléctrica a base de combustibles fósiles, tras aprobar un marco legal en diciembre de 2018 que reducirá de forma paulatina la electricidad tradicional, generada a partir del carbón, antes de 2030 y limitará los gases invernadero emitidos por la generación de electricidad a partir del gas natural. Traducción: Verónica Firme El artículo El cambio climático pone en riesgo la paz y la seguridad mundial fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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