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Atualizado: 22 minutos 50 segundos atrás

Municipio mexicano después de la tragedia de la explosión

seg, 21/01/2019 - 14:37

Familiares buscan datos sobre sus desaparecidos en el estallido del ducto de gasolina en el municipio mexicano de Tlahuelipan, . Crédito: Ximena Natera/Pie de Página

Por Arturo Contreras
TLAHUELIPAN, México, Jan 21 2019 (IPS)

La explosión de un gasoducto en el municipio de Tlahuelilpan, en el estado mexicano de Hidalgo, parece haber volteado al pueblo de cabeza. Desesperada, la gente no deja de recorrer las calles en busca de una pista para encontrar a sus familiares. Un pueblo cuyo conocimiento en el mundo se desbordó con el estallido de gasolina el 18 de enero.

“Yo fui a alcanzar a mi papá”, cuenta Liliana Reyes, en este municipio del centro de México. “Cuando empezó a bajar la gasolina, él se fue para allá, con mi hermano y mi esposo, a traer… Entonces vi a los trabajadores de Pemex y fui a avisarles, a decirles que se regresaran, pero ya no alcancé a llegar, porque fue cuando explotó…”.

La familia de Liliana Reyes tiene vacas y pollos, dice su tía, Carmen. Todos los días suelen ir al cerro en su camioneta, para alimentarlos. Sin embargo, la última semana han hecho el trayecto a pie, porque la gasolina había estado escaseando en este municipio.

Pensaron que si recogían unos cuando bidones del combustible en el ducto que explotó se podrían ahorrar una semana de largas filas.

La comunidad, un pueblo de 30.000 habitantes en el central estado de Hidalgo, es hogar de gente que se dedica al campo, al comercio o a trabajar en la refinería petrolera de Tula, que se encuentra a solo 15 kilómetros.

Carmen Reyes Orozco, la tía de Liliana, asegura que en la comunidad de San Primitivo, perteneciente a la demarcación, son tan pobres que ni para los vicios alcanza. Según las estadísticas más recientes, 55 por ciento de los habitantes del municipio son oficialmente pobres.

Por esta comunidad cruza el gasoducto de Tuxpan, Veracruz, hacia la refinería de Tula. El mismo que este viernes se rompió y empampó los campos de Tlahuelilpan.

Carmen Reyes Orozco, quién perdió a su hermano mayor en la explosión del gasoducto, pasa la mañana del sábado en el centro cultural que el municipio de Tlahuelilpan acondicionó para atender a los familiares de las víctimas. Busca a dos de sus sobrinos, vistos por última vez cerca de la toma clandestina en el momento del incendio. Crédito: Ximena Natera/Pie de Página

El “lugar donde se riega la tierra” -según su significado en lengua hñähñu-, quedó inundado de gasolina.

Desde las tres de la tarde, cientos de pobladores salieron de sus viviendas con bidones para hacerse del combustible. A las 6:50, el ducto explotó. Dejó, según las cifras oficiales, 73 muertos, 74 heridos y una cantidad aún imprecisa de personas no localizadas.

El papá de Liliana, Lorenzo Reyes, logró escapar de la explosión, pero murió unas horas después debido a las quemaduras. De su esposo, Isaac Guzmán, y su hermano, Alejandro Reyes, aún no tiene noticias.

¡Dónde está mi familiar!

Es el día siguiente de la explosión. Cientos de familiares de las víctimas salen al campo donde estalló el ducto, para vigilar cómo los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo levantan restos de personas calcinadas.

Una tras otra, del lugar del accidente parten carrozas fúnebres llenas de cuerpos. Todas, de funerarias diferentes. Las autoridades del lugar aseguran que se dirigen a la funeraria Los Ángeles, en la ciudad de Tula, a 15 kilómetros al este. Algunos familiares, extrañados, reclaman.

“¡No queremos que las funerarias se los lleven!”. “¿Qué no tienen camionetas de Semefo -Servicio Médico Forense- suficientes?”. “¡Las funerarias sólo quieren vender cajitas!”. “¡Si fueran diputados, cada cuerpo tendría su propia camionetota!”…

La multitud grita en desorden.

Una perito forense recoge restos óseos (dentadura) en el lugar de la explosión. Los cuerpos recuperados fueron enviados a una morgue privada en el municipio de Tula, a 15 km del Tlahuelilpan, lo que causó descontento entre los familiares. Crédito: Ximena Natera/Pie de Página

“Sabemos cómo está el pedo del país, ya vieron lo que pasó con los de Ayotzinapa. Queremos saber a qué funeraria los van a llevar y no queremos que nos traigan de aquí para allá”, reclama alguien más.

Los gritos son para Juan Luis Lomelí, subsecretario de Gobierno del estado de Hidalgo, quien coordina los trabajos de levantamiento de los cuerpos. Entre gritos y reclamos, el funcionario intenta dar una explicación.

Asegura que no son varias funerarias, sino que es una sola. Y que se llevan los cuerpos ahí porque no caben en el Semefo local. Dice que allá limpiarán los cuerpos, serán analizados y preparados para tomarles muestras genéticas que ayuden con su identificación.

No importa, los reclamos de la gente no se detienen en ese detalle, la desesperación los hace pensar mal de quien sea, sobre todo si es el gobierno.

Para abonar al ánimo encrespado, la gente recuerda algo que pasó la noche anterior: el Ejército enterró el ducto para sofocar el fuego. Pero los familiares de las víctimas tienen miedo de que no lo desentierren y que no puedan encontrar nunca los restos de sus familiares.

Sus nervios son entendibles; la mayoría de los que están ahí han pasado toda la noche en el descampado. Vigilando.

Bidones, cubetas, botellas y jícaras abandonadas cerca del lugar de la explosión de la toma clandestina de gasolina. Crédito: Ximena Natera/Pie de Página

Lo que han visto no hace las cosas fáciles: decenas de cuerpos calcinados, esparcidos por el campo, apenas iluminados por los focos de los trabajos periciales y por una pálida luna. Muchos, petrificados en su último momento de vida, con las manos cubriendo la cara.

Un pueblo que ayuda

Desde las primeras horas de la explosión, pobladores de todas las colonias (barrios) del pueblo salieron a ofrecer su ayuda. Unos con jarras de café en la madrugada, otros, con galletas y pan; los más hacendosos, con tortas y otros platillos.

Uno de los que más llaman la atención es Pedro Servar, quien acaba de empezar su negocio: una fábrica de ataúdes. Va a donar uno de los primeros que armó, para quien lo necesite.

Además, está Gustavo, un trabajador de servicios del municipio, quien dice que su apellido es Cerati, con ánimo de no ser identificado. Asegura que desde que vio la explosión corrió a ayudar a apagar el fuego.

“Yo tengo valor, y no le tengo miedo a nada, pero ves eso y sí dices ¡no mames!, ver los bultitos así quemados… vi dos que parecían niños, abrazándose…”.

Su testimonio ayuda a tener una idea del tamaño de la tragedia.

Muchos, petrificados en su último momento de vida, con las manos cubriendo la cara.

Pedro Servar, vecino de Tlahuelilpan y fabricante de ataúdes, se presenta en el lugar de la explosión para donar uno de sus féretros. Crédito: Ximena Natera/Pie de Página

 

Era un tubo de unos 24 centímetros de diámetro, con una llave de paso”, explica. “Luego, por tanta presión que traen los tubos, esas llaves se botan, y hacen que empiecen este tipo de fugas. Por eso empieza a salir tanta gasolina de los ductos”.

Del resto, se encargaron los rumores boca a boca ayudados por las redes sociales. Así, cientos de pobladores fueron saliendo hacia el lugar de la fuga, a llenar bidones con combustible, aún a sabiendas de la posible tragedia que los amenazaba.

Rosario Adriana Serrano Vázquez es otra de las pobladoras del municipio que puso todo su esfuerzo en ayudar a sus vecinos. Ella es cocinera del albergue del DIF en el pueblo, y a pesar de que hoy no le hubiera tocado trabajar, vino a cocinar ollas inmensas de chicharrón en salsa verde para darle de comer a los familiares que atiborran la presidencia municipal.

Rosario, una mujer de unos 40 años, vive en la colonia (barrio) El Depósito; que se encuentra junto a la colonia San Primitivo. Justo en medio de las dos, está el campo donde sucedió el accidente.

“No es de una persona, allá donde yo vivo, de mi cuadra, no le miento, hay al menos unos 20 muertos”, comenta sin dejar de remover el enorme cazo con salsa verde. “Afectó a todo el pueblo”, dice cabizbaja.

El huachicol  en el pueblo

“Cuando yo tomo las riendas del municipio en 2016, me encuentro con que este tema ya está muy arraigado”, asegura Juan Pedro Cruz Díaz, presidente municipal de Tlahuelilpan.

Asegura que el alza en el precio de los combustibles en los últimos años ayudó a que la práctica del huachicol (toma ilegal de gasolina) fuera cotidiana para la gente.

Hipólito Román, poblador de Tlahuelilpan, presenta la denuncia por desaparición de su hijo Jesús Román de 25 años en el ministerio público de Mixquihualpan a media hora del lugar del accidente. Crédito: Ximena Natera/Pie de Página

“Muchos vecinos de la colonia Cerro de la Cruz se dedicaban a este ilícito, donde acumulaban el combustible en sus casas y de allí era vendido al menudeo, a los vecinos que se acercaba a comprarles.

“Afortunadamente no se trata de ninguna organización grande y pues, por fortuna, en el pueblo solo hemos tenido una ejecución, y no sabemos si se trata de este tema completamente”…

Lo que cuenta el presidente del municipio no parece cuadrar con el diagnóstico del Ejército, que patrulla las colonias de la zona desde hace más de cuatro meses, ni con el número de tomas clandestinas que se han encontrado durante este tiempo en los alrededores.

Un hombre esconde su dolor en medio de la búsqueda de un familiar desaparecido. Crédito: Ximena Natera/Pie de Página

“Nosotros hemos hecho muchas puestas a disposición por este delito, a la PGR, pero bueno…lamentablemente tenemos una cuadrilla de 40 elementos que, dividida en dos turnos, son 20 para cuidar a 30 mil habitantes. No nos alcanza para apoyar a Pemex en la vigilancia de sus ductos…”, argumenta el alcalde.

La eterna espera

A un lado de la Presidencia Municipal del poblado está el Centro de Artes. Este fin de semana fue adaptado como centro de atención e inteligencia para los familiares de las víctimas.

Aquí es a donde las autoridades mandan a la gente desesperada por encontrar a sus seres queridos.

Gente con vasos de café en las manos, y los ojos rojos por el cansancio y las lágrimas, espera alguna información, que fluye a cuentagotas.

En las ventanas hay hojas de papel con listas de personas hospitalizadas, fallecidas y no localizadas. Adentro, oficinistas del gobierno capturan datos en sus computadoras. Afuera, una pantalla tamaño concierto proyecta la misma listas.

Aun así, la gente dice que nadie les da información.

Cerca del mediodía las trabajadoras del DIF local atinan a poner una cartulina en la entrada, donde se explica el protocolo para levantar un acta ante el Ministerio Público, y que después, a partir de ésta, se pueda hacer una confronta de información genética.

El detalle: el Ministerio Público más cercano está en el pueblo de Mixquiahuala, 11 kilómetros al norte. Y los cuerpos están en Tula, una ciudad 13 kilómetros al oeste, en una funeraria privada.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó apresurar los procesos de identificación genética, el avance es lento. Hasta el momento, no han arrojado ningún resultado.

“Aquí me tienes”.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

El artículo Municipio mexicano después de la tragedia de la explosión fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Ghana busca recuperar manglares y reservas de peces agotadas

seg, 21/01/2019 - 10:59

Llegó la pesca del día. Desde que la comunidad del pueblo de Sanwoma, en Ghana, comenzó a recuperar los manglares, la laguna registró un aumento de la reserva de peces. Crédito: Albert Oppong-Ansah/IPS.

Por Albert Oppong-Ansah
ACRA, Jan 21 2019 (IPS)

Fue hace tan solo tres años que el pueblo de pescadores Sanwoma, ubicado entre el mar y la desembocadura del río Ankobra, en la costa occidental de Ghana, sufría inundaciones continuas con grandes pérdidas materiales y humanas.

El terreno se anegaba porque el bosque de manglares, que desempeñaba un papel fundamental en la lucha contra la erosión costera y el aumento del nivel del mar, fue talado deliberada e indiscriminadamente.

“De las 118 hectáreas de manglares, arrasamos 115”, indicó el pescador Paul Nato Codjoe.

Los pobladores dependen de los manglares de Ankobra para obtener combustible barato para procesar el pescado. La madera también se usaba para la construcción y para venderla y así generar ingresos.

Pero comportamiento de los pobladores cambió gracias a un vídeo que les mostraron activistas de la organización Hen Mpoano (HM), gracias al cual comprendieron el impacto directo de sus acciones.

Encabezada por el jefe de Sanwoma, Odikro Nkrumah, la comunidad creó un plan de recuperación de los manglares, plantando 45.000 plántulas en los últimos tres años.

Una de las lideresas de la comunidad Rosemary Ackah, de 38 años, dijo a IPS que la vulnerabilidad del pueblo frente a las mareas más altas y sus consiguientes consecuencias estuvieron entre las razones para participar de forma activa en la iniciativa.

HM, con apoyo del Proyecto de Gestión de Pesca Sostenible en Ghana, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ofreció educación sobre los beneficios directos e indirectos de los manglares.

En Ghana, hay unas 90 lagunas y 10 estuarios con sus marismas y pantanos a lo largo de sus 550 kilómetros de costa.

Isaac Okyere, del Departamento de Pesca y Ciencias Acuáticas, de la Universidad de Costa del Cabo, capital de la región de Ghana Central, explicó a IPS que la conservación de los manglares es fundamental para países como Ghana, donde la pesca está al borde del colapso, al obtener 14 por ciento de las especies importantes de peces de las 140.000 toneladas que se conseguían hace 20 años.

Unas 2,2 millones de personas viven de la pesca en Ghana, alrededor de 10 por ciento de sus más de 24 millones de habitantes.

Por su parte, Carl Fiate, director de Recursos Naturales de la Agencia de Protección Ambiental, explicó a IPS: “Ghana está en una situación precaria porque muchas de sus reservas están al borde del colapso, y especies como las sardinas y los jureles no se volverán a ver a menos que tomemos medidas para conservarlas, recuperarlas y protegerlas”.

“Una visita al mercado muestra que, por ejemplo, ya no hay sardinas”, acotó Fiate.

Según Okyere, las lagunas de Butuah y Essei, en Sekondi-Takoradi, capital de la Región Oeste, la de Fosu, en Costa del Cabo, las de Korle y Sakumo, en Acra, y la de Chemu, en Tema, en Gran Acra, son típicos ejemplos de la degradación de esos cuerpos de agua en este país africano.

Rosemary Ackah forma parte del grupo de mujeres encargado de recoger las plántulas para crear un vivero de árboles del bosque de manglares. Crédito: Albert Oppong-Ansah/IPS

“La mayoría de las lagunas, en especial las de áreas urbanas, quedaron muy contaminadas en las dos últimas décadas”, acotó, debido al vertido de efluentes domésticos e industriales, del saneamiento, plásticos y otros desperdicios sólidos y metales pesados (plomo, mercurio, arsénico, etc.).

Según Ackah, muchas de las mujeres de la comunidad también se involucraron en la recuperación de los manglares por su impacto positivo en la pureza del aire, lo que redujo ciertas enfermedades derivadas del aire contaminado.

“Las mujeres nos ocupamos de nuestros maridos y de nuestros hijos cuando están enfermos, y pensamos en aprovechar la oportunidad para participar en esto como seguro de salud para nuestras familias”, añadió.

El grupo de mujeres se encargó de recoger las plántulas utilizadas para el criadero, y también de regarlas, indicó Ackah.

“También desempeñamos un papel importante en el trasplante”, contó a IPS.

“Cuando nuestros esposos hacían un pozo, poníamos las plántulas y rellenábamos de arena. Fue un placer participar de ese gran proyecto, que nos permitirá tener más madera”, destacó.

El pescador Codjoe destacó que gracias a la asistencia técnica del proyecto, la comunidad desarrolló un plan de acción para recuperar el bosque e implementar leyes para evitar la tala excesiva.

La comunidad se hizo cargo de su futuro, y en particular de sus recursos naturales, y creó el Comité de Recuperación de Manglares para guiar y supervisar su uso y su mantenimiento.

Para garantizar la sostenibilidad de la reforestación, Codjoe explicó que la comunidad tiene una ordenanza que impide talar árboles a 50 metros del río, y quien infrinja la norma tendrá que reponerlos reforestando.

“Hemos visto señales positivas gracias a la regeneración, como que las inundaciones se redujeron de forma drástica”, observó Ackah.

Ella también ha sido testigo de otra mejora: el mayor volumen y tamaño de los camarones, una de las delicias de Ghana, pescada por su comunidad. “Eso realmente impulsó nuestros comercios locales y mejoró nuestra dieta”, señaló.

Ackah también contó que el proyecto les ayudó a reducir su dependencia de los manglares y a crear un mecanismo de ahorro y crédito del pueblo.

La iniciativa permitió a la población local hacer frente a ciertos desafíos económicos, y así reducir su dependencia de la pesca y de los manglares como medios para generar ingresos.

En África occidental, se estima que el valor de lo que la naturaleza le da a las comunidades es de 4.500 dólares por kilómetro cuadrado y por año por el servicio de protección costera, 40.000 dólares por el de purificación de agua y 2.800 dólares por el de secuestro del carbono costero, según el Informe de Evaluación del Estado de la Biodiversidad en África y de la Degradación y Recuperación del Suelo, elaborado por la Plataforma Intergubernamental para los Servicios Ecosistémicos y de Biodiversidad.

Fiati comentó que el borrador de la nueva política de Regulación de Hábitats Costeros y Marino, que engloba la protección, la gestión y el uso sostenible de los manglares, estará lista y se enviará a la Fiscalía General este mes para su promulgación.

Por su parte, la comunidad de Sanwoma se asegura de enseñar a las nuevas generaciones la importancia de la conservación del bosque de manglares.

“Debido a la falta de conocimientos sobre la importancia de ese recurso tan rico, lo estábamos destruyendo; y de forma acelerada”, comentó Nkrumah a IPS.

“Ahora sé que tenemos un tesoro. Como líder, lo usaré de forma sostenible y lo protegeré para la próxima generación. También me aseguraré de educar a los niños sobre su importancia para que lo mantengan a salvo”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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Un nuevo fantasma atormenta a Europa

sex, 18/01/2019 - 14:23

Roberto Savio

Por Roberto Savio
ROMA, Jan 18 2019 (IPS)

A partir de la derrota de Theresa May en el parlamento británico ha quedado claro que un nuevo fantasma está atormentando Europa. Ya no se trata del fantasma del comunismo que destapó el Manifiesto de Marx en 1848, sino del fantasma del fracaso de la globalización neoliberal, que ha regido sin oposición desde la caída del muro de Berlín hasta la crisis financiera de 2009.

Los gobiernos gastaron en 2008 la asombrosa cifra de 62 billones (millones de millones) de dólares para salvar el sistema financiero y casi la misma cantidad en 2009 (ver 2017 Britannica book of the year). Según el estudio publicado por el Banco de Reserva Federal, esto sucedió a un costo de 70.000 dólares por cada estadounidense.

Las instituciones económicas abandonaron con retraso la macroeconomía que estaban utilizando hasta entonces para evaluar el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y comenzaron a interesarse en la forma en que se redistribuía el crecimiento.

Por ende, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (también debido a la insistencia de los estudios de la sociedad civil, sobre todo los elaborados por la organización humanitaria Oxfam), llegaron a la conclusión que se estaba gestando un enorme problema de desigualdad.

Por supuesto, si los 117 billones de dólares se hubieran distribuido a la gente, ese dinero habría provocado una notable expansión del consumo, aumentando las manufacturas, los servicios y los fondos para las escuelas, los hospitales, la investigación, etc. Pero los pueblos quedaron totalmente marginados de las prioridades del sistema.

Bajo el gobierno de Matteo  Renzi en Italia, 20.000 millones de dólares fueron destinados a salvar cuatro bancos, mientras que los subsidios para la juventud italiana podían calcularse ese mismo año en mil millones de dólares en el mejor de los casos.

Por tanto, después de la crisis de 2008-2009 todo se desintegró. En todos los países de Europa (con excepción de Portugal y España, que ahora se ha puesto al día) surgieron partidos populistas de derecha y el sistema político tradicional comenzó a desmoronarse.

Los nuevos partidos resultaban atractivos para los perdedores de la globalización: los obreros cuyas fábricas habían sido trasladadas a donde los costos fueran más bajos para maximizar las utilidades; los pequeños tenderos desplazados por la llegada de los supermercados; los que quedaron redundantes ante las nuevas tecnologías, como la Internet, en el caso de las secretarias; los jubilados cuyas pensiones quedaron congeladas para reducir el déficit nacional (en los últimos 20 años la deuda pública se había duplicado a nivel mundial).

Se había abierto una nueva brecha entre quienes disfrutaban de la globalización y los que fueron sus víctimas.

Es evidente que el sistema político estimó que debía rendir cuentas a los ganadores y los presupuestos se inclinaron a su favor.  Los centros de población tuvieron prioridad porque ahora vivían en ellos 63 por ciento de los ciudadanos.

Los perdedores se concentraban mayormente en el ámbito rural, donde se hicieron muy pocas inversiones de infraestructura. Por el contrario, con el pretexto de la eficiencia, se cortaron muchos servicios: líneas de ferrocarril suspendidas y hospitales, escuelas y bancos cerrados.

La gente se vio obligada a trasladarse con frecuencia varios kilómetros para ir al trabajo y a utilizar un auto para ello. Un aumento modesto de los precios del combustible provocó la rebelión de los chalecos amarillos. No ayudó que de los 40.000 millones que obtiene el gobierno francés de los impuestos a los recursos energéticos, menos de la cuarta parte regresó a favor de la infraestructura del transporte o de los servicios.

Las universidades, los hospitales y otros servicios en los centros de población sufrieron mucho menos, fueron focos de excelencia donde no faltó el transporte público, y una nueva brecha se abrió entre esas poblaciones y las del ámbito rural, entre los que habían cursado estudios y recibido instrucción y los que quedaban alejados y atomizados en el interior.

Surgió una nueva brecha y el pueblo votó en contra del sistema de los partidos tradicionales que los había ignorado. Este mecanismo fue el que elevó a Donald Trump al poder y provocó la victoria del Brexit en Gran Bretaña.

Esta brecha está provocando la eliminación de los partidos tradicionales y auspiciando el regreso del nacionalismo, la xenofobia y el populismo. No está trayendo de vuelta a la derecha ideológica sino a las derechas e izquierdas viscerales, con escasa ideología.

Todo esto debiera ser obvio …

El sistema está dirigiendo su atención a los perdedores por primera vez, pero ya es demasiado tarde.

La izquierda está pagando la drástica ilusión del británico Tony Blair, quien, considerando que la globalización es inevitable, decidió que sería posible dejarse llevar en la cresta de la ola. Entonces, la izquierda perdió contacto con las víctimas y mantuvo la lucha por los derechos humanos como su principal identidad que la distinguía de la derecha.

Eso fue bueno para las ciudades, donde los gays y el resto de los LGBT, las minorías (y las mayorías, como las mujeres) podían congregarse, pero distaba de ser una prioridad para los del interior.

Mientras tanto, las finanzas continuaron creciendo, convirtiéndose en sí mismas en un mundo que ya no estaba vinculado a la industria y los servicios, sino a la especulación financiera.

La política pasó a ser subordinada. Los gobiernos rebajaron los impuestos a quienes escondieron la increíble cantidad de 62 billones de dólares en paraísos fiscales, según lo señala Tax Justice Network. Se estima un flujo anual de 600.000 millones de dólares, el doble del costo de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas.

Además, los Papeles de Panamá, aunque solo revelaron un pequeño número de propietarios de cuentas, identificaron al menos a 140 políticos importantes de 64 países: el primer ministro de Islandia (que se vio obligado a renunciar), Mauricio Macri de Argentina, el presidente Petro Poroshenko de Ucrania, un grupo de socios cercanos al ruso Vladimir Putin, el padre del británico David Cameron, el primer ministro de Georgia, y así sucesivamente.

No es de extrañar que los políticos hayan perdido su brillo y que ahora se los considere corruptos, inútiles o ambas cosas.

En el actual orden económico, el francés Emmanuel Macron actuó racionalmente rebajando el impuesto a los ricos para atraer inversiones. Pero ignoró por completo que para aquellos franceses que tienen dificultades para llegar al fin del mes, ésta era una prueba de que estaban siendo totalmente ignorados. Y los sociólogos coinciden en que la verdadera “primavera” de los chalecos amarillos fue su búsqueda de la dignidad.

Es irónico que los partidos británicos, especialmente el  Conservador y el Laborista, debieran estar agradecidos por el debate sobre el Brexit. Es obvio que el Reino Unido está cometiendo un suicidio, tanto en términos económicos como estratégicos. Con un Brexit ‘duro’, sin acuerdo alguno con la Unión Europea, podría perder al menos el siete por ciento de su PIB.

Empero, la brecha que permite la victoria del Brexit en todos los pueblos, las ciudades, los sectores económicos y financieros, los académicos, los intelectuales y todas las instituciones, ha confirmado el temor de los habitantes del interior. Pertenecer a la Unión Europea era rentable para las élites, pero no para ellos. Escocia votó en contra porque ahora tiene un programa distinto al de Inglaterra. Y esta brecha no va a cambiar con un nuevo referendo.

El hecho de que Westminster, la cuna de la democracia parlamentaria, no sea capaz de alcanzar un compromiso es una prueba fehaciente de que el debate no es político sino un choque de mitologías, como la idea de retornar al antiguo Imperio Británico. Es semejante a la idea de Trump de reabrir minas de carbón.

Contemplamos un pasado mítico como si fuera nuestro futuro. Esto es lo que propició la explosión del populismo extremista de Vox en España, por parte de quienes creen que la vida en la época del dictador Francisco Franco (1939-1975) era más fácil y barata, que no había corrupción, que las mujeres se quedaban en su lugar y que España era un país unido, sin los separatistas de Cataluña y el País Vasco.

Corresponde a lo que Jair Bolsonaro está explotando en Brasil, presentando a la dictadura militar como una etapa en que la violencia era limitada. Nuestro futuro es el pasado…

En consecuencia, esta brecha –una vez que Gran Bretaña resuelva de una manera u otra su dilema del Brexit– pasará a ser parte integral de la política normal y provocará, como en otras partes, un declive dramático de los dos principales partidos tradicionales.

A menos que, mientras tanto, los partidos populistas, xenófobos y nacionalistas se hagan cargo del gobierno y demuestren que no tienen la respuesta a los problemas que han identificado tan acertadamente.

Periodista italo-argentino, Roberto Savio  fue cofundador y director general de Inter Press Service (IPS), de la que ahora es presidente emérito. En los últimos años también fundó Other News, un servicio que proporciona “información que los mercados eliminan”. 

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Agricultura familiar libra una batalla difícil en Argentina

sex, 18/01/2019 - 13:18

Uno de los mercados callejero de frutas y verduras de Buenos Aires. El predominio de un modelo agrícola destinado a la exportación, basado en cultivos transgénicos y con uso masivo de agroquímicos, les pone las cosas difíciles a quienes producen alimentos en forma sostenible, destinados a la población de Argentina. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jan 18 2019 (IPS)

“Nuestra filosofía se basa en dos principios: cero tolerancia a los venenos y a los patrones”, dice Leandro Ladrú, mientras pone tomates y zanahorias en la bolsa ecológica que le acerca una clienta, en un amplio salón de ventas de la capital argentina, ubicado entre depósitos y vagones de tren en desuso.

Leandro y su pareja, Malena Vecellio, son dos jóvenes que cada sábado llegan hasta el Galpón de la Mutual Sentimiento, un espacio de economía social construido en madera con techo de latón, situado en el barrio de Chacarita, sobre el terreno de una de las principales estaciones ferroviarias de Buenos Aires.

Allí, agricultores familiares ofrecen personalmente, cuatro veces por semana, alimentos producidos de manera natural y cobran sus ventas mediante una caja común, de cuya recaudación se descuenta una parte para pagar el alquiler del espacio.“Todo lo cosechamos a mano. Es mucho trabajo y requiere paciencia. Una planta de brócoli que con agroquímicos está lista en un mes, a nosotros nos demora varios meses. Pero sabemos que vale la pena”: Enrique García.

En un país que en los últimos 20 años se entregó prácticamente por entero a un modelo de producción agrícola basado en cultivos transgénicos destinados a la exportación, con masivo uso de agroquímicos, el proyecto de esta pareja de agricultores –con el nombre de Semillero de Estrellas- es un acto de resistencia.

Los productos transgénicos, que comenzaron a sembrarse en esta potencia agrícola en 1996, cubren unas 25 millones de hectáreas en el país,  tres cuartes de la superficie dedicada a la agricultura.

Hoy son genéticamente modificadas casi 100 por ciento de las semillas sembradas de los cultivos que ocupan más territorio: soja y maíz. También es transgénico casi todo el algodón.

El modelo avanza y de hecho, al finalizar 2018, el gobierno aprobó la comercialización de un nuevo producto alimenticio genéticamente modificado: una papa resistente al virus, que fue promocionado como el primero desarrollado íntegramente en el país.

La agricultura transgénica está asociada en Argentina a un alto uso de agroquímicos. De hecho, el consumo de herbicidas, insecticidas y fertilizantes creció 850 por ciento entre 2003 y 2012, el último año en que se publicaron estadísticas.

“En la zona en la que estamos nosotros, la mayoría de los pequeños productores anda con una mochila en la que cargan los agroquímicos que pulverizan sobre los  vegetales. Nosotros hacemos otra cosa: dejamos que las plantas crezcan a su ritmo”, contó Vecellio a IPS.

La escasa sustentabilidad de la agricultura argentina está reflejada en el Índice de Sostenibilidad Alimentaria, elaborado por la fundación italiana Centro Barilla para la Alimentación y la Nutrición y la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist.

Se trata de un ranking que clasifica a 67 países de acuerdo al promedio obtenido en tres categorías: desperdicios de alimentos y agua, agricultura sostenible y desafíos nutricionales.

Malena Vecellio y Leandro Ladrú, en su puesto de venta de vegetales ecológicos en la estación ferroviaria de Chacarita, en Buenos Aires, a donde llegan cada sábado desde Florencio Varela, en una de las zonas más pobres de la periferia de la capital argentina, con su producción y la de otros agricultores de parcelas vecinas. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Argentina figura en el 13 lugar de la clasificación, (por delante de las otras tres naciones latinoamericanas incluidas: Brasil, Colombia y México), pero su puntaje es muy bajo tanto en agricultura sostenible como en desafíos nutricionales. El pobre desempeño en esos dos rubros es compensando por una buena calificación en desperdicios de alimentos y agua.

Iniciativas como la de Semillero de Estrellas van en la dirección de equilibrar esos dos déficits. Produce en un terreno de media hectárea en Florencio Varela, un municipio que está a solo 30 kilómetros al sur de la capital y es uno de los más pobres del llamado Gran Buenos Aires, que es el principal concentrador de pobreza del país.

Ladrú y Veceillo comenzaron hace unos cuatro años a vender sus productos ecológicos en el Galpón de la Mutual Sentimiento.

Primero viajaban en tren con sus mochilas cargadas de verduras y frutas y ahora ya lo hacen en su propio vehículo, en el que traen también los vegetales producidos por otros vecinos que también cultivan sin agroquímicos.

Los agroquímicos se asocian generalmente a los transgénicos –la gran mayoría de los cuales fueron diseñados para tolerar el glifosato y otros herbicidas- pero estos también se utilizan en la producción de frutas y hortalizas que agricultores familiares realizan en el Gran Buenos Aires.

En este país sudamericano de 44 millones de personas, con una brutal expansión de la agricultura industrial en las últimas décadas, el sector aporte  20 por ciento del producto interno bruto, al englobar las contribuciones directas e indirectas.

Además, durante el primer semestre de 2018, solo las exportaciones de soja y maíz aportaron 9.762 Lmillones de dólares, 32 por ciento del total, según datos oficiales.

Los desafíos de la agricultura familiar

Pero los agricultores familiares resisten, son determinantes en la alimentación de los argentinos y son el ariete a favor de una agricultura más sostenible y un consumo alimentario más responsable.

De acuerdo a datos del Censo Agropecuario 2002, se realiza en 250.000 establecimientos, produce 40 por ciento de los vegetales que se consumen en el país y da empleo a cinco millones de personas, que es cerca de dos por ciento de la población del país.

Enrique García cultiva de manera ecológica vegetales en un terreno de cuatro hectáreas, cerca de Buenos Aires, y vende él mismo sus productos en un mercado de economía social que es compartido por distintas cooperativas sociales en la capital de Argentina. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Uno de los puntos álgidos es el de la comercialización de los productos. Ladrú explica que en las pequeñas unidades productivas está expandida la figura del mediero.

“El mediero es el peón rural que trabaja en tierra que no es suya. Luego, le entrega lo que cosecha al dueño, que lo lleva al Mercado Central y le da la mitad de lo que recauda”, dijo a IPS.

“El problema es que cuando el dueño no puede vender los vegetales, los termina usando para alimentos de los chanchos (cerdos) y el mediero no recibe dinero”, agregó.

El acceso a la tierra y a créditos es un enorme obstáculo para los pequeños productores, a pesar de que en diciembre de 2014 se sancionó la Ley 27.118,  de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en Argentina, que declaró de interés público al sector.

Esa norma creó un banco de tierras integrado por propiedades fiscales que debían ser adjudicados a familias campesinas e indígenas, que nunca se implementó.

El descuido estatal tiene que ver con la ideología que prevalece en el gobierno del centroderechista Mauricio Macri, según notó en septiembre la turca Hilal Ever, relatora especial sobre el Derecho a a la Alimentación de las Naciones, Unidas, durante una visita a la Argentina.

“Durante las entrevistas con funcionarios/as de la Secretaria de Agroindustria observé una tendencia a apoyar el modelo agroindustrial y a realizar serios recortes en el apoyo, el personal y el presupuesto del sector de la Agricultura Familiar, incluido el despido de casi 500 trabajadores/as y expertos/as”, escribió en su informe.

Ever reclamó al gobierno que favorezca un equilibrio entre la agricultura industrial y la familiar. “El logro de dicho equilibrio sería la única manera de lograr una solución sostenible y justa para el pueblo argentino”, señaló.

Los agricultores familias, en ese contexto, buscan caminos para subsistir. En el barrio de Palermo, en un antiguo mercado municipal con techo de hierro y vidrios, funciona el Mercado Solidario Bonpland, donde comercializan sus productores distintas cooperativas que nacieron con la brutal crisis económica de 2001.

“Nuestro principio fundamental es que somos consumidores de nuestros propios productos. No hay trabajo esclavo, no hay reventa y todo es agroecológico”, explicó a IPS el productor Mario Brizuela, de la Cooperativa la Asamblearia, que reúne a unas 150 familias que producen desde vegetales hasta miel y conservas.

Otro de los que vende en ese mercado es Enrique García, quien llega al barrio de Palermo con su camioneta cargada de vegetales desde el Parque Pereyra Iraola, un área de gran biodiversidad de más de 10.000 hectáreas, a unos 40 kilómetros al sur de Buenos Aires.

“Tenemos unas cuatro hectáreas que compartimos con mi hermano y todos los que trabajamos en el campo somos familiares”, dijo a IPS mientras enseñaba un tallo de cebolla de verdeo con una cabeza varias veces más grande a la que suele conseguirse en las verdulerías de Buenos Aires.

García agregó: “Todo lo cosechamos a mano. Es mucho trabajo y requiere paciencia. Una planta de brócoli que con agroquímicos está lista en un mes, a nosotros nos demora varios meses. Pero sabemos que vale la pena”.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Encuesta sobre abuso sexual en la ONU vira hacia los fugitivos

sex, 18/01/2019 - 13:10

El Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales del Sistema de las Naciones Unidas, divulgó un estudio en diciembre de 2018 sobre acoso laboral, sexual discriminación y abuso de autoridad, que difiere de una encuesta de la ONU, que solo se concentra en el acoso sexual.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jan 18 2019 (IPS)

Un estudio sobre acoso sexual en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) generó incomodidad al cambiar su objetivo y concentrarse en las y los altos funcionarios que escaparon a la censura o al castigo, a pesar de una serie de acusaciones en su contra, que incluyen distintos tipos de abuso y de conductas inapropiadas.

La defensora de los derechos de las mujeres Paula Donovan, una de las directoras de AIDS-Free World, y de la Campaña Código Azul, dijo a IPS que es interesante que agencias como Reuters y AFP, cuando se refieren a la renuncia de Michel Sidibé, director ejecutivo de Onusida, parecen implicar que la ONU o el secretario general, António Guterres, le atribuyeron responsabilidades por sus acciones.

Pero la verdad es que Guterres nunca dijo una palabra sobre Sidibé, incluso después de que un grupo de expertos concluyera en diciembre, tras una investigación de seis meses, que el funcionario “creó una cultura patriarcal de tolerancia al acoso y al abuso de autoridad” en Onusida y recomendara su destitución.

“Radio silencio por parte del secretario general, quien permitió que Sidibé decidiera cuándo y si se iba, y luego lo dejó regresar al trabajo, sin censura a seguir con su comportamiento ya documentado”, indicó Donovan, ex enviada especial para VIH/sida en África.

La consultora Deloitte Touche Tomhatsu, contratada por la ONU, reveló que 10.032 funcionarios de la ONU denunciaron haber sido víctimas de acoso, las que están entre los 30.364, de los 105.000 funcionarios de la ONU, consultados para el estudio, divulgado el 15 de este mes.

La encuesta también reveló que 12 por ciento de los acosadores eran altos funcionarios del foro mundial.

Según Donovan, en abril de 2018, Guterres anunció que lanzaba una nueva investigación, a través de la Oficina de la ONU de Servicios de Supervisión Interna, sobre las denuncias de acoso y agresión sexual presentadas contra el ex director ejecutivo adjunto de Onusida, Luiz Loures. Pero no se supo más nada sobre esa “nueva investigación”.

El secretario general tampoco comentó nada sobre las últimas denuncias de conductas sexuales inapropiadas en otras varias agencias como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

La Fuerza de Tareas, creada por Guterres, está encabezada por Jan Beagle, quien pasó a ser secretaria general adjunta, a pesar de ser investigada por acoso laboral en Onusida.

Mientras, la política de “tolerancia cero” al abuso sexual terminó siendo una farsa con la repentina renuncia, a mediados de diciembre, del director de la Comisión Internacional de Servicio Civil por denuncias de acoso sexual, por lo cual fue objeto de una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna.

La renuncia del presidente de la comisión, secretario general adjunto Kingston Rhodes, fue posterior a la investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna sobre la Comisión Internacional de Servicio Civil. Pero el contenido del informe todavía es una incógnita y no se sabe cuándo se hará una presentación pública de los resultados, tras varios meses de investigación.

La posición oficial era que ni la ONU ni el secretario general no podían intervenir porque la comisión y su personal dependen directamente de la Asamblea General.

Según Peter A. Gallo, exinvestigador de la División de Investigaciones de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, todo este asunto es un ejemplo de la típica hipocresía de la ONU.

Gallo dijo a IPS que no hay nada malo con las normas (ST/SGB/2008/5), sino con su aplicación, pues la mayoría de los funcionarios (comprensiblemente) no están dispuestos a denunciar el acoso sexual, y las “investigaciones” están en manos de sordos, tontos, ciegos y estúpidos y no quieren encontrar comportamientos inapropiados por el impacto negativo que tendría para la organización, añadió.

En los casos de “abuso y explotación sexual”, la ONU está obligada a reportar los datos a la Asamblea General todos los años.

En lo que respecta a los casos de acoso sexual, según el artículo 6 de (ST/SGB/2008/5), la o el funcionario debe mandar una copia de la denuncia al secretario general adjunto de recursos humanos como forma de llevar un control, pero Gallo, abogado y director de la organización ”Hear Their Cries” (escucha sus gritos) no cree que eleven públicamente esa información a la Asamblea General.

Antonia Kirkland, responsable de igualdad global de la organización Igualdad Ya, dijo a IPS que la encuesta presenta medidas para evitar el acoso sexual, las que, junto a la respuesta de la ONU frente a las denuncias de las y los funcionarios, son buenos indicadores de que la política de tolerancia cero funciona.

Pero señaló que “deben tomarse medidas proactivas para evitar y responder al acoso sexual de parte de todos los funcionarios, independientemente de su cargo, incluso personas designadas por la Asamblea General”.

Cuando se anunció la encuesta, Donovan escribió al secretario general expresándole su preocupación por la validez de los datos de la encuesta Espacio Seguro.

En la misiva mencionaba la posibilidad de que cualquiera completara la encuesta y de que lo hiciera cuantas veces quisiera, siempre y cuando cada vez usara un dispositivo diferente. De hecho, algunos funcionarios preocupados por el tema, lo hicieron.

“Nos quedamos con el hecho indiscutible de que el diseño de la encuesta Espacio Seguro no impide que respondan personas ajenas a la institución ni evita múltiples respuestas de las mismas personas con fines perjudiciales”, subraya Donovan en la carta.

“No hay certeza de si la encuesta se vio comprometida varias veces por numerosas personas con el fin de que pierda validez estadística. El riesgo de que los datos hayan sido manipulados parece lo suficientemente alto como para invalidar el estudio”, añade.

Ian Richards, presidente del Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales del Sistema de las Naciones Unidas, con 60.000 miembros, dijo a IPS que una encuesta realizada en diciembre sobre acoso laboral, sexual discriminación y abuso de autoridad, difiere de la encuesta de la ONU, pues cubre todas las formas de conductas inapropiadas.

Las conclusiones clave del ese estudio del Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales fueron:

  • el acoso sexual, que es aborrecible, constituye 16 por ciento de todas las formas de acoso y abuso de autoridad;
  • los resultados muestran una tendencia preocupante en términos de denuncias no investigadas. Cuando hubo una investigación, una proporción significativa de funcionarios tuvo que esperar más de seis meses para conocer los resultados. La mayoría de los denunciantes no recibieron información sobre los avances de la investigación.
  • Y 20 por ciento de los consultados siente que sufrieron represalias por  denunciar conductas inapropiadas.

“Las acciones de la ONU se concentran en el acoso sexual, lo que es importante, pero no debe desviar energías del mayor problema de la organización, que es el abuso de autoridad”, observó Richards.

“La encuesta de Deloitte se perdió una oportunidad importante. Al acotarse al acoso sexual, que es en sí mismo aborrecible, casi evitó temas como discriminación, hostigamiento y abuso de poder, que hubieran planteado serias cuestiones sobre cómo se gestiona nuestra organización”, acotó.

Eso hubiera llevado a las mayores conclusiones, que el personal sigue temiendo represalias por denunciar ciertos comportamientos y que está lejos de sentirse satisfecho con el tratamiento de las denuncias.

“Es la base de los problemas de las organizaciones internacionales, que operan en cierto vacío legal”, apuntó.

Traducción: Verónica Firme

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Militares, fuerza moderadora y riesgo para gobierno en Brasil

qui, 17/01/2019 - 14:49

Reunión del gabinete del nuevo gobierno de extrema derecha de Brasil, donde siete de los 22 ministros son militares retirados, además de su vicepresidente. A la izquierda (en la foto) del presidente Jair Bolsonaro, el general Augusto Heleno Pereira, ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, que cuida la protección del mandatario y al que se apunta como su brazo derecho. Crédito: Marcos Corrêa/PR-Fotos Públicas

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jan 17 2019 (IPS)

Los militares, contrariando su reputación, están moderando el nuevo gobierno de extrema derecha de Brasil, poblado de generales, contradicciones, declaraciones enfrentadas y medidas tan amenazadoras como legalmente cuestionables.

Son dolores del estreno de casi todos en la gestión pública, en la mejor hipótesis. El presidente Jair Bolsonaro tomó posesión el 1 de enero y un día después la mayoría de sus 22 ministros, siete de los cuales son oficiales retirados del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea.

Una semana después dos generales, los ministros de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, y de Seguridad Institucional, Augusto Heleno Pereira, negaron cualquier iniciativa sobre la instalación de una base militar estadounidense en Brasil, desmintiendo así al presidente, quien había dicho que sería una posibilidad a discutir entre los dos gobiernos.“Los fusiles apuntan a todos lados, en todas las áreas, sea de relaciones exteriores, derechos humanos, educación, medio ambiente. Sin seguridad de buenos resultados en la economía a mediano plazo, se mantiene la retórica electoral, de ataques generalizados para satisfacer el electorado”: Sonia Correa.

La propensión al alineamiento automático con Estados Unidos es pregonada por Bolsonaro y su ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, y ha incluido el anuncio del futuro traslado de la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.

Pero esa línea es frenada en el gabinete por los militares, adictos a la soberanía nacional, y los empresarios exportadores, que temen perder mercados.

Los países árabes son grandes importadores de carnes de Brasil y dejaron claro que reaccionarían a una decisión brasileña de seguir el ejemplo del presidente estadounidense, Donald Trump, con esa delegación diplomática.

Mudar la embajada en Israel es algo remoto, que demandaría mucha cautela y evaluación, matizaron los generales.

Peor aún sería pelear con China. Bolsonaro amenazó con imitar a Trump en su tensión económica con la potencia asiática, con ásperas críticas a sus inversiones durante la campaña electoral, pero un general próximo al ahora mandatario trató de contener beligerancia al agravio con la visita a la embajada de Beijng.

“La garantía de alguna racionalidad en este gobierno son los militares”, dedujo para IPS en una entrevista Sonia Correa, co-coordinadora del internacional Observatorio de Sexualidad y Política, que hace años estudia la expansión de la derecha en el mundo, relacionada con el ultraconservadurismo religioso.

Son muchos los retrocesos, los desmentidos y correcciones acumulados en la primera quincena del nuevo gobierno brasileño y los generales se destacaron en la contención de daños, a menos hasta ahora.

Además,  los militares retirados, incluso algunos en el gabinete, se posicionaron en una trinchera opuesta al gobierno en un tema crucial de la economía: la reforma previsional que el gobierno pretende aprobar en los próximos meses.

Fijaron su posición en contra de incluirlos en las medidas que retardarán la jubilación, exigirán mayores aportes y reducirán las desigualdades entre beneficiados, según lo que pretende el ministro de Economía, Paulo Guedes.

Jair Bolsonaro, recibe antes de tomar posesión el 1 de enero al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, uno de los pocos gobernantes presentes en su juramentación. El acercamiento con Israel forma parte del alineamiento del gobierno de extrema derecha de Brasil con la política de la administración del estadounidense Donald Trump, pero es contenido por los intereses comerciales con los países árabes. Crédito: Fernando Frazão/Agencia Brasil-Fotos Públicas

En Brasil, un país con 209 millones de personas y un sistema previsional muy generoso y deficitario, una dificultad para su reforma es la de abolir privilegios, como los de los funcionarios públicos, que se jubilan ganando lo mismo o incluso más que sus colegas activos.

Los representantes del estamento castrense arguyen que constituyen un caso especial, una carrera de Estado, de disponibilidad total, movilización a cualquier momento, sin recibir horas extraordinarias ni otros derechos laborales. Además, aducen, ganan menos que jueces y legisladores, los grandes privilegiados señalados por Guedes.

Pero el sistema previsional militar es el que presenta mayor aumento del déficit últimamente. Flexibilizar su ajuste podría limitar la reforma y estimular a otros sectores, como la policía, los jueces y los fiscales del Ministerio Público, a rechazar el asumir sacrificios.

La resistencia castrense desafía el ministro Guedes, un economista de la corriente radical, o para algunos anacrónica, del neoliberalismo formado en la Universidad de Chicago encargado de promover un fuerte ajuste fiscal, considerado indispensable para restablecer el crecimiento económico.

La reforma previsional requerirá, en todo caso, una enmienda constitucional, cuya aprobación requiere mayoría de tres quintos de los diputados y senadores, muy lejos del peso del bolsonarismo en las muy fragmentadas cámaras legislativas,

Mientras se espera la gran batalla económica, decisiva para el éxito o el fracaso del gobierno de extrema derecha, proliferan agresivas decisiones que afectan otras dimensiones de la vida nacional.

“Los fusiles apuntan a todos lados, en todas las áreas, sea de relaciones exteriores, derechos humanos, educación, medio ambiente. Sin seguridad de buenos resultados en la economía a mediano plazo, se mantiene la retórica electoral, de ataques generalizados para satisfacer el electorado”, según Correa.

“Se trata de sostener la agenda, no la gestión”, destacó a IPS. Con el “voluntarismo” y la “incapacidad” que sobresalieron en ese inicio, este gobierno apunta a “un fuerte potencial de desastre”, acotó.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG), especialmente las ambientalistas, están entre los primeros blancos del fuego a discreción.

“Al parecer no se dan cuenta de que gobiernan para todos, no solo para sus adeptos, con leyes por cumplir”, reaccionó Mauri Cruz, uno de los cinco directores ejecutivos de la Asociación Brasileña de Organizaciones No Gubernamentales (Abong), a una decisión del Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

El nuevo ministro, Ricardo Salles, decidió el día 14 suspender por 90 días todos los acuerdos y contratos firmados por órganos de su cartera con ONG, para la evaluación y corrección de posibles irregularidades, una medida que ratificó este jueves 17 tras versiones, una vez más confusas, sobre su congelamiento.

“Es ilegal, el ministro no puede imponer la medida a los fondos vinculados a su ministerio. Los fondos ambientales y de la Amazonia cuentan con autonomía establecida en una ley que solo prevé la suspensión del financiamiento en caso de irregularidades”, explicó Cruz a IPS.

El llamado tercer sector ya se había alzado contra un decreto presidencial que somete a las ONG a la “supervisión, coordinación y monitoreo” de la Secretaria de Gobierno de la Presidencia, que encabeza el general Carlos Alberto dos Santos Cruz.

Eso viola la Constitución, que asegura el derecho de libre organización a la sociedad civil, regulada por una legislación propia, protestó la Abong.

Al gobierno solo le toca evaluar las cuentas de organizaciones que financia, se puntualiza. “En Brasil hay 800.000 organizaciones de la sociedad civil y solo dos por ciento reciben fondos del gobierno central y cerca de un tercio cuenta con recursos públicos, principalmente de municipalidades”, resumió Cruz, un abogado activo en el tercer sector hace 38 años.

El experto prevé “tiempos difíciles para las ONG” ante la hostilidad del gobierno y la reducción de la financiación, debido también a la crisis económica iniciada en 2014. Pero la mayoría ya se ajustó en los últimos años con escasos aportes públicos, recurriendo a aquellos voluntarios y de las mismas comunidades donde actúan, sostuvo.

La extinción del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, una asesoría de la presidencia que orientaba a políticas públicas de combate al hambre y la desnutrición, fue otro golpe contra la sociedad civil, que tenía una mayoría de dos tercios dentro de la institución.

También se abolió el órgano que conducía el cambio climático en la cancillería y en el MMA. El tema es “una conspiración marxista” para el canciller Araujo y “no prioritario” para el ministro Salles.

Mayor conmoción provocó el decreto presidencial del 15 de enero, facilitando la posesión de hasta cuatro armas de fuego por cada brasileño mayor de 25 años, con autorización policial válida por 10 años, el doble que en la legislación anterior.

Flexibilizar esta reforma, una promesa electoral de Bolsonaro, busca combatir la criminalidad, se aduce. Defensores de la medida la consideraron insuficiente, porque demandan el derecho de andar armados e importar armas.

Pero en una encuesta del Instituto Datafolha, realizada en diciembre, 61 por ciento de los entrevistados se pronunció por la prohibición incluso de la posesión de armas.

Una “catástrofe perfecta” es como Correa, también investigadora de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria del Sida, califica el resultado de los comicios brasileños de octubre de 2018, en un artículo sobre los resultados electorales, a la luz de sus estudios sobre avances derechistas en el mundo.

Edición: Estrella Gutiérrez

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La desalinización, una solución y un problema

qui, 17/01/2019 - 13:15

En la fotografía, una planta de desalinización. En 177 países, hay 16.000 de esas, muchas de las cuales están en Medio Oriente y el norte de África, donde la falta del líquido vital ya es una realidad acuciante. A medida que aparecen nuevas plantas de desalinización, también aparecen subproductos como químicos hipersalinos conocidos como salmuera de rechazo. Crédito: RoPlant

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jan 17 2019 (IPS)

Con el agravamiento de la escasez de agua, muchos países recurren a los océanos para aliviar la situación, lo que crea nuevos riesgos para la población y el ambiente: la salmuera de rechazo.

Un nuevo estudio del Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas analizó el estado de la desalinización en el mundo pues cada vez son más los países que optan por esa técnica para conseguir agua dulce.

“Hay una creciente escasez de agua en el mundo, pero hay lugares donde la situación es peor como en Medio Oriente y algunas partes de África”, observó uno de los autores, Manzur Qadir, en entrevista con IPS.

“Realmente necesitan un suministro adicional de agua para cubrir la demanda de la población”, apuntó.

En 177 países, hay 16.000 plantas de desalinización, muchas de las cuales están en Medio Oriente y el norte de África, donde la falta del líquido vital ya es una realidad acuciante.

A medida que aparecen nuevas plantas de desalinización, también aparecen subproductos como químicos hipersalinos conocidos como salmuera de rechazo.

De hecho, por cada litro de agua dulce, una planta de desalinización produce 1,5 litros de salmuera, una proporción que es 50 por ciento superior a las estimaciones previas.

Las plantas de desalinización producen suficiente salmuera en un año como para cubrir todo el estado estadounidense de Florida con un pie (alrededor de 0,30 metros) de altura de ese desperdicio.

Cada vez más países recurren a los océanos como solución para paliar la escasez de agua. En la fotografía se ve la costa sur de de Sri Lanka, cerca de la ciudad de Hikkaduwa. Crédito: Amantha Perera/IPS.

“Históricamente, solíamos ver los mismos volúmenes de salmuera que de agua desalinizada, pero no es verdad; se produce más salmuera que agua desalinizada. Se necesita realmente una gestión eficiente”, subrayó Qadir.

El estudio, el primero en cuantificar la producción de salmuera en todo el mundo, concluyó que solo cuatro países eran responsables de 55 por ciento de la salmuera producida en todo el mundo: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

Casi 80 por ciento de la salmuera se produce en plantas de desalinización que están cerca de los océanos, donde descargan los productos de rechazo, lo que supone grandes riesgos para la vida y los ecosistemas marinos.

Según el estudio, la salmuera no tratada aumenta tanto la temperatura como la concentración de sales en el agua de mar. Juntos, esos factores disminuyen las concentraciones de oxígeno e impactan en los organismos marinos y en la cadena alimentaria.

El proceso de desalinización también usa químicos tóxicos como cobre y cloro, que contaminan los océanos.

La tendencia indica que cada vez habrán más plantas de desalinización, por lo que el estudio subraya la necesidad de mejorar las estrategias de gestión de la salmuera para evitar mayores daños al ambiente.

Los autores del informe observaron que la salmuera presenta varias oportunidades económicas, como la irrigación de cultivos tolerantes a las sales, la generación de electricidad e, incluso, la acuicultura.

“La utilización de aguas salinas de drenaje ofrecen posibles beneficios comerciales, sociales y ambientales. La salmuera de rechazo se ha utilizado para la acuicultura, logrando un aumento de la biomasa de los peces de 300 por ciento”, indicó Qadir.

“Es necesario traducir esas investigaciones y convertir un problema ambiental en una oportunidad económica”, añadió.

Pero antes que nada, los países deben minimizar el volumen de salmuera que producen, lo que incluye la adopción de tecnologías modernas y más eficientes, apuntó Qadir.

Los países de Medio Oriente “en especial, deben tomar medidas concretas para garantizar una gestión de la salmuera que sea factible con el ambiente”, dijo a IPS, al reconocer la importancia de la desalinización en la región.

El estudio concluyó que ocho países, Maldivas, Singapur, Antigua y Barbuda y Qatar pueden cubrir sus necesidades de agua potable mediante la desalinización de agua de mar. Y la tendencia indica que cada vez más países dependerán de esa estrategia.

“Debemos subrayar la gravedad de la escasez de agua y el aporte fundamental que supone el agua desalinizada, pero al mismo tiempo no debemos ignorar la otra parte de la tecnología de desalinización, que es la producción de salmuera”, sintetizó Qadir.

Traducción: Verónica Firme

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Santiago de Cuba vive el problema racial de otra manera

qua, 16/01/2019 - 16:59

La filóloga Mercedes Lina Cathcart junto a sus dos nietos, Javier Alejandro y José Ernesto Bonne, en su vivienda en la ciudad de Santiago de Cuba, en el este del país caribeño. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
SANTIAGO DE CUBA, Cuba, Jan 16 2019 (IPS)

Sonriente y apacible, la jubilada Mercedes Lina Cathcart deletrea su raro apellido antes de compartir su percepción sobre la discriminación racial, en su casa de un barrio residencial en Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país.

“En Santiago no ha habido una discriminación racial abierta”, valoró esta filóloga de padre jamaicano, que a sus 81 años todavía realiza alguna que otra asesoría a estudiantes. “Una siempre la siente en carne propia aunque no ha sido una limitación para el proceso de mi vida”, continuó la antigua profesora universitaria.

Cathcart añadió que “sí, siempre hubo un prurito (discriminatorio) hacia los hijos de jamaicanos y haitianos. Eso siempre lo percibimos”, aunque desconoce si eso se mantiene en la actualidad hacia los numerosos descendientes, mayoritariamente negros y mestizos, de migrantes de islas vecinas.

Con una gran ciudad patrimonial como capital, la provincia de Santiago de Cuba es la segunda de Cuba con más proporción de población negra y también la segunda con mayor índice de mestizaje, algo visible en sus 1.051.069 habitantes esparcidos por sus urbes y zonas rurales, donde abundan paisajes montañosos que lamen las costas.

En este país caribeño de 11,2 millones de habitantes, la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) reporta una composición racial de 64,1 por ciento blanca, 9,3 por ciento negra y 26,6 por ciento mestiza.

Pero en la oriental provincia santiaguera hay 25,6 por ciento de población blanca, 14,2 por ciento negra y 60,2 por ciento mestiza.

“Como en toda Cuba, acá en oriente tenemos prejuicios raciales, pero tiene una manera diferente de manifestarse”, dijo a IPS la lingüista Marta E. Cordiés, que dirige el estatal Centro Cultural Africano Fernando Ortiz, cuya sede en esta ciudad acoge un museo, cuenta con un equipo de investigación y despliega un trabajo comunitario.

La investigadora defiende que “el problema socioracial hay que estudiarlo casuísticamente porque no funcionó de la misma forma en el oriente cubano”, que componen las provincias de Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma son, en ese orden, las provincias del país con más población no blanca, según la Onei, que ha señalado la tendencia nacional al mestizaje. En contraste, en Holguín y Las Tunas 80 por ciento y 74,6 por ciento de sus habitantes se identificaron como blancos en el último censo, realizado en 2012.

Marta E. Cordiés, directora del estatal Centro Cultural Africano Fernando Ortiz, frente a uno de los murales que decoran el patio de la institución, en la ciudad de Santiago de Cuba, en la provincia del mismo nombre, en el este de la isla caribeña. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Cordiés y otros especialistas y activistas antirracistas suman coinciden en indicar que la discriminación por el color de la piel es el problema menos reconocido, a nivel social y de las autoridades gubernamentales, en comparación con otros como los que atañen a las mujeres, los homosexuales o los transexuales.

A juicio de la experta, “hay una serie de focos discriminatorios en la sociedad contra los cuales tenemos que luchar”, incluso en Santiago de Cuba donde precisó que históricamente el racismo no ha sido tan marcado como en La Habana o Camagüey.

“Santiago y el oriente cubano en general tuvo una gran población afrodescendiente, que marcó los hitos culturales. La herencia africana aquí se percibe un poco más porque ese porcentaje de la población conservó y transmitió de una generación a otra, usos, costumbres, tradiciones, cuentos, maneras de decir”, detalló.

Y a ese legado africano, que tiene ejemplos únicos en el este de Cuba, se aboca el trabajo poco conocido a nivel nacional del centro dirigido por Cordiés.

Además, su relevancia ha crecido desde que comenzó el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, que estableció las Naciones Unidas para el periodo 2015-2024 y que ha ayudado al reconocimiento de este grupo poblacional.

“África es una raíz que ha dado verdaderos frutos en el oriente cubano”, defendió la directora del centro que investiga “cómo pervive y se mantiene esa cultura” a través de aspectos tan desconocidos como las lenguas de origen africano que aún se usan o la situación más vulnerable de las mujeres negras y mestizas.

También estudia las migraciones de otras islas caribeñas que entraron por el puerto de Santiago, sobre todo entre 1940 y 1950, para asentarse en oriente por lo general. Entre otras, el centro identificó comunidades de angloparlantes de islas de la Mancomunidad británica en Guantánamo y Las Tunas, y algunas netamente haitianas en Guantánamo.

Una pareja realiza una danza ceremonia danza durante la 29 edición del Festival del Caribe, una celebración popular más conocida como Fiesta del Fuego, en el asentamiento de El Cobre, en la oriental provincia de Santiago de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Escasamente reconocida, esa migración caribeña contribuyó a bordar con otros colores el legado africano en la región oriental, que llegó primero de la mano de las mujeres y hombres traídos como esclavos por los colonizadores españoles, entre los que predominaron del grupo sociolingüístico de más de 400 etnias llamado bantú.

Ataviados con trajes blancos y coronados con coloridos pañuelos, los bantú encarnan la transculturación caribeña a través de artistas que mantienen en las sociedades de Santiago de Cuba y Guantánamo expresiones como la llamada Tumba Francesa, una danza y baile que llegó desde finales del siglo XVIII de Haití y combina música africana y bailes franceses de salón.

“Nuestras acciones van dirigidas fundamentalmente a la masa juvenil e infantil, porque los diferentes niveles de enseñanza no tratan el tema de África de manera fuerte, apenas pinceladas y siempre es recurrente la presencia del esclavo, los barracones y cimarrones y no tanto la herencia cultural”, detalló María Liduvina Verges.

Coordinadora del grupo editorial del centro y del proyecto infantil Mi Abuelo Negro, Verges indicó a IPS que trabajan para hacer llegar estos temas “de manera agradable y asequible para nuestros niños y jóvenes, de modo que los motive a saber más de este continente y su presencia en nuestras raíces”.

“Si bien todo el mundo asimila que la presencia africana es constante en la cultura, no todos asimilan que los negros estén en la sociedad. Ahí entra el prejuicio racial”, lamentó Cordiés, sobre ese contraste provocado por la persistencia de la discriminación “que hace muchísimo daño”.

Esta especialista,  quien también integra la Comisión José Antonio Aponte, de la no gubernamental Unión de Escritores y Artistas de Cuba y único espacio legal para analizar la discriminación racial en el país, aportó su visión sobre el uso del término afrodescendiente.

“Es un término acuñado desde el punto de vista científico e investigativo para poder englobar los problemas”, explicó. “Casi nunca lo uso en el caso cubano porque prefiero hablar de una comunidad cubana que tiene usos y costumbres, una raíz africana, europea y aborigen”, amplió la filóloga.

Como en otros países, en Cuba la denominación de afrodescendientes o afrocubanos recibe rechazo en amplios círculos oficiales e intelectuales, aunque en otras áreas del activismo antirracista y la academia suele ser usada y defendida, porque tiene connotaciones de reconocimiento de grupos históricamente vulnerables.

El estudiante universitario Javier Alejandro Bonne, nieto de Cathcart, tampoco se identifica como afrodescendiente.

“Pienso que es un término racista, con una intención oculta… Nosotros tenemos antepasados caucásicos también, pero como somos fenotípica y orgullosamente negros, se cae en la separación”, analizó el joven, para quien esa distinción no es necesaria en Cuba, donde “somos iguales aunque hay racismo como en todo”.

Edición: Estrella Gutiérrez

 

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Desarrollo de Bangladesh continuará con renovada confianza

qua, 16/01/2019 - 13:13

Mujeres hacen fila para votar en una escuela convertida en centro de votación en Tejgaon, en Daca, Bangladesh. Crédito: Sheikh Hasan Ali/IPS

Por Naimul Haq
DACA, Jan 16 2019 (IPS)

El crecimiento económico de Bangladesh superó a la mayoría de las naciones en desarrollo, por lo que sumado al empoderamiento de las mujeres y a la recepción de refugiados promovidas por el gobierno, no sorprende que la Liga Awami (LA) haya logrado otra gran victoria electoral.

Por primera vez en la historia de este país de Asia meridional, un partido gana con un margen tan grande, al quedarse con 96 por ciento de los asientos parlamentarios en las 11 elecciones legislativas, realizadas el 30 de diciembre.

Crecimiento económico favoreció el triunfo de la Liga Awami

“El crecimiento alcanzó el histórico de 7,86 por ciento, con un ingreso por habitante de 1.751 dólares por mes, las exportaciones llegaron a 42.000 millones de dólares al año y los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible muestran que estamos en el camino correcto”, observó el profesor Abu Ahsan  Mohammad Shamsul Arefin Siddique, ex vicerrector de la Universidad de Daca.

Según el Banco Mundial, este país registrará un aumento continuo del producto interno bruto (PIB) de entre 6,5 y siete por ciento este año gracias a exportaciones como las de la industria textil, el sector manufacturero y a los servicios.

“La gente votó por la LA para continuar con el enorme desarrollo económico y social. Y también es cierto que quienes votaron por la liga obviamente querían que el espíritu de las fuerzas de liberación continuara en el poder”, explicó el analista Munira Jan, consultado por IPS.

Liderado por Sheij Hasina, el triunfo del partido gobernante la confirmó como primera ministra por tercer mandato consecutivo.

Los últimos resultados muestran que la LA y sus aliados se quedaron con 288 asientos parlamentarios, mientras el opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), que integra la coalición Jatiya Oikya Front (Frente de Unidad Nacional), solo mantuvo cinco.

La coalición también está integrada por Gono Forum, Jatiya Samajtantrik Dal y Nagorik Oikya.

Otros dos asientos serán ocupados por la Alianza Frente Jatiya Oikya.

El impulso al empoderamiento de las mujeres, que promueve Hasina, y que se concentra en promover la educación de las niñas y dar a las mujeres más espacios contribuyó a los cambio sociales y a la transformación económica del país.

Según el Banco Mundial, Bangladesh pasará a ser considerado un país de medianos ingresos en 2021 tras reducir de forma considerable la pobreza entre 2010 y 2016.

El gobierno también se comprometió a generar 40.000 megavatios de electricidad para alimentar el desarrollo económico.

La primera ministra también adquirió notoriedad en la comunidad internacional por dar refugio a un millón de rohinyás, perseguidos por Birmania (Myanmar).

Irregularidades electorales

Los comicios no sucedieron sin problemas, pues el BNP y sus aliados denunciaron irregularidades después de los estallidos de violencia en 23 de los más de 40.000 centros electorales, en los que murieron 16 personas.

Muchos analista, incluso, se preguntaron cómo hizo la LA para reunir tantos votos cuando su principal rival, el BNP, muy popular en anteriores elecciones, registró una derrota tan contundente.

De hecho, Reza Kibria, del Frente Jatiya Oikya, dijo a IPS: “Las llamadas elecciones fueron una farsa y un episodio vergonzoso en la historia del país. El fraude fue generalizado y dirigido de forma centralizada”.

Kibria es el hijo del asesinado Shah AMS Kibria, ministro de Finanzas del gobierno de Hasina en 1996.

“En muchos centros se supo que entre 80 y 90 por ciento de los habilitados habían votado antes del mediodía, lo que es físicamente imposible”, apuntó, pero no aportó pruebas ni detalles específicos de dichas irregularidades.

Iqbal Sobhan Chowdhury, asesor de prensa de la primera ministra y también editor del Daily Observer, dijo a IPS que los líderes del Frente Jatiya Oikya y del BNP no actuaron como fuerza política responsable ni convencieron a la población de que su alianza, si llegaba al gobierno, haría un mejor trabajo.

El triunfo no sorprendió a críticos del gobierno como Sharmin Murshid, directora general de la no gubernamental Brotee, aunque sí la sorprendió el abultado margen con el que ganó la LA.

“Cuando no hay oposición, difícilmente haya críticas saludables, y sin ellas, la política será difícil”, añadió Murshid.

Pero también señaló que con la confianza renovada del gobierno y el mandato de la población, debe investigar las irregularidades electorales para ganar mayor credibilidad.

La primera ministra declaró que la Comisión Electoral de Bangladesh investigaba las irregularidades.

Pero la comisionada Begum Kabita Janam declaró: “Como la comisión no recibió pruebas de injusticias en la votación, considera que las elecciones fueron justas”.

La Fundación de Derechos Humanos de la Asociación para la Cooperación Regional de Asia meridional y el Foro de Monitoreo Electoral, describieron los comicios como “pacíficos” y “organizados”.

El analista y general retirado Abdur Rashid dijo a IPS: “Consideramos que las elecciones fueron creíbles porque la gente votó sin miedo y de forma independiente. Durante los comicios, observamos que el ambiente estuvo en paz en la mayoría de los centros en los que la gente votó con ánimo festivo”.

Al ser consultado sobre por qué un triunfo tan abultado, Rashid explicó: “Hay que reconocer que la LA restableció la dignidad y la identidad de la nueva generación con el espíritu de la liberación (de 1971)”.

“En cambio, los líderes del BNP lanzaron una propaganda contra las fuerzas de liberación tratando de dividir al país. Esa es una de las principales razones de por qué la LA recibió ese apoyo enorme, a parte del trabajo en materia de desarrollo, por supuesto”.

Gran participación de la ciudadanía  

En un país de 160 millones de habitantes, hubo 106 millones de habilitados para votar, entre los cuales hubo 20 millones de jóvenes que votaban por primera vez.

Hubo 25.900 representantes de 81 entidades observadores, 38 extranjeras, 64 funcionarios y diplomáticos de misiones extranjeras, y 61 bangladesíes residentes en el exterior presentes, aunque fueron menos observadores que en anteriores elecciones.

También hubo un gran despliegue de seguridad con 700.000 efectivos en funciones.

“Nunca vi un número tan grande de soldados en los alrededores de los centros de votación”, observó Mohammed Zakir Hossain, de 73 años, y quien vota desde 1970.

Según el profesor Nazmul Ahsan Kalimullah, fundador del Consejo Nacional de Observación Electoral, la gran seguridad hizo que fuera: “muy difícil de hacer fraude”.

“El movimiento de la población quedó restringido, pues solo los votantes con carné de identidad válido podían acercarse a los centros de votación, y se vio que la policía controlaba los movimientos sospechosos, mientras el ejército patrullaba en posición de combate”, añadió al ser consultado por IPS.

Kalimullah consideró que fueron elecciones libres y justas.

A escala internacional, entre los primeros en saludar a Hasina se destacan el primer ministro de India, Narendra Modi, el presidente de China, Xi Jinping, y su par ruso Vladimir Putin.

Traducción: Verónica Firme

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El Sur se siente mal representado en altos cargos de la ONU

ter, 15/01/2019 - 13:14

El secretario general de la ONU, António Guterres, asume el cargo al frente de la Secretaría General por cinco años . Crédito: Mark Garten/ UN Photo.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jan 15 2019 (IPS)

Los países del Sur en desarrollo, más de las dos terceras partes de los 193 Estados miembro de la ONU, se quejan de que no están bien representados en los cargos más altos del foro mundial, a pesar de que hay candidatos capacitados, competentes, profesionales y con formación académica.

El Grupo de los 77 (G77) países en desarrollo, con 134 miembros, la mayor coalición dentro de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) considera que: “los permanentes desequilibrios en la representación geográfica en la Secretaría General son un gran motivo de preocupación”.

La ONU ha recibido elogios por garantizar una representación equitativa de mujeres en los últimos años, pero todavía descuida las candidaturas de ciudadanos de países en desarrollo de Asia, Medio Oriente, África y América Latina y el Caribe.

Los empleos de alto nivel terminan generalmente en manos de candidatos de países occidentales, grandes donantes o de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia.

“Todos los secretarios generales, sin excepción, terminan cediendo a las demandas de las grandes potencias”, observó un diplomático asiático, que prefirió mantener reserva de su identidad. “Esos países creen que los cargos altos son un derecho de nacimiento”, se lamentó.

La representación geográfica equitativa es clave para garantizar el carácter internacional de la organización y sus Estados miembro, dijo Karim Ismail, de Egipto, en la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, hablando en nombre del G77 y China, en noviembre.

También pidió mayor transparencia en cómo se mide la representación geográfica y en la base de esa evaluación, al urgir a la Secretaría a realizar mayores esfuerzos en ese sentido, incluida la representación de países que aportan soldados y policías.

“La Asamblea General necesita información más completa y fácil de comprender sobre cómo la paridad de género y la representación geográfica se reflejan en los 38.000 cargos de la Secretaría General”, añadió Ismail.

Los altos cargos incluyen los subsecretarios general, los secretarios generales adjuntos, directores (categorías D1 y D2), jefes de misiones de paz en el extranjero, la mayoría en África, y enviados especiales del secretario general, António Guterres.

De acuerdo al sistema de equidad geográfica, cuando el secretario general es de un país occidental, el subsecretario general es de una nación en desarrollo, y vice versa. En la actualidad, Amina Mohammed, de Nigeria, tiene el segundo cargo más alto de la ONU, después de Guterres, ex primer ministro de Portugal.

El presidente del Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales del Sistema de la ONU, con 60.000 miembros, Ian Richards, dijo a IPS: “La situación actual en que el personal de países en desarrollo tiene menos probabilidades de acceder a un cargo alto es inaceptable y, por desgracia, refleja la influencia política y económica” en el foro mundial.

“Guterres debe mantener un debate franco al respecto”, sostuvo. De lo contrario, las tan mentadas reformas serán un ejercicio inutil y no tendrán mucho significado.

Entre los mayores contribuyentes al presupuesto regular de la ONU, y que reclaman su derecho a los cargos altos están: Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Rusia. Entre los países asiáticos están China (asociada al G77) y Japón, que aunque es asiático, no pertenece al grupo de países en desarrollo y tiene un gran peso económico como donante, son favoritos para los altos cargos.

Pero Asia no es solo China, Japón e India, de los estados con más habitantes del mundo.

Jayantha Dhanapala, ex secretario general adjunto para Asuntos de Desarme, dijo a IPS que es sabido que la ONU busca activamente reclutar japoneses mandando un equipo especializado, como forma de reconocer el gran aporte económico de Japón.

“Es necesario hacerlo también con otros. Hay grandes vacíos en el reclutamiento de Recursos Humanos en la ONU, con Occidente que se queda con los mejores empleos, aunque hubo avances con respecto a la contratación de mujeres para enderezar los desequilibrios del pasado”, añadió.

Los responsables son principalmente los Estados miembro, aunque también el actual secretario general, observó el ex secretario general adjunto Ramesh Thakur, profesor emérito de la Facultad Crawford de Políticas Públicas, de la Universidad Nacional Australiana.

Los países asiáticos deben, primero, promover a sus conciudadanos, y segundo, promover a todo el grupo asiático.

Pueden reclamar, por ejemplo, que como la Universidad de la ONU es el único órgano del foro mundial con sede en Asia, el rector sea siempre asiático.

De hecho, un solo rector fue asiático, otro fue de América Latina, no hubo ningún africano y hubo tres de Europa occidental y otras regiones de la ONU.

Thakur señaló que se debería pedir cada dos años a los Estados miembro un informe sobre la representación regional en los altos cargos.

“El simple hecho de tener que presentar la documentación hará que el secretario general y el sistema de la ONU sean más sensibles a una representación desigual”, declaró.

Samir Sanbar, secretario general adjunto y director del Departamento de Información Pública, dijo a IPS: “la representación geográfica equitativa, como establece la Carta de la ONU, se desgastó progresivamente en las últimas dos décadas, a pesar de la disponibilidad de candidatos calificados”.

En la actualidad, precisó, dos británicos dirigen dos departamentos, de Comunicaciones Globales y de Asuntos Humanitarios, un neozelandés dirige el de gestión, y uno de Portugal está al frente de la oficina de asuntos legales.

Además, Francia sigue dirigiendo el Departamento de Operaciones de Paz, desde 1996, y China, el de Asuntos Sociales y Económicos. Estados Unidos suele estar al frente del Departamento de Asuntos Políticos, y Rusia, de la oficina de la ONU en Viena, luego de encabezar la de Ginebra.

Hubo algunos nombramientos notorios, independientemente de la nacionalidad del candidato producto de sus credenciales superlativas.

Por ejemplo, Brian Urquhart fue el director del Departamento de Operaciones de Paz más distinguido, independientemente de ser británico, al igual de Bernard Miyet, de Francia.

Otras figuras destacadas de países en desarrollo fueron Sergio Vieira de Mello (Brasil), Jayantha Dhanapala (Sri Lanka) y Nitin Desai (India), apuntó Sanbar, quien trabajó con cinco secretarios generales distintos en toda su carrera.

“Como dijo el inspirador (secretario general entre 1953 y 1961) Dag Hammarskjold: La ONU necesita de las grandes potencias para sobrevivir y de las pequeñas para tener éxito”, apuntó Sanbar.

Mientras, el grupo asiático representa 27 por ciento de los Estados miembro y más de la mitad de la población mundial, pero sigue concentrando solo 17 por ciento del personal internacional de la Secretaría General.

Por su parte, Mahesh Kumar señaló que hay menos de 10 por ciento de los 38.000 funcionarios cubiertos por el sistema de rangos deseables. Y aun para esos 3.600 cargos, 64 países están subrepresentados o sin representación alguna, y 50 son naciones en desarrollo.

Además, el número de Estados miembro en la categoría no representados o subrepresentados aumenta desde 2014.

Y casi 60 naciones en desarrollo más están en niveles tan bajos en términos de rango deseable de representación que están en riesgo de caer a la categoría de subrepresentados, apuntó.

Casi la mitad de los comandantes de las misiones de paz, seis de 14, son de Europa occidental, es decir 14 por ciento de todos los Estados miembro.

En la actualidad, cinco de los mayores contribuyentes a las fuerzas de paz, con 90.000 soldados, son Etiopía, con 7.597 efectivos, Bangladesh, con 6.624, Ruanda, con 6.528, India, con 6.445, y Nepal, con 6.098.

En cambio, de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China está en el lugar 10 con 2.515 soldados, Francia, en el 31, con 729, Gran Bretaña, en el 36, con 618, Rusia, en el 68, con 85, y Estados Unidos, en el 77, con 51 efectivos.

Traducción: Verónica Firme

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Acnur invita a ponerse en los zapatos de los refugiados

seg, 14/01/2019 - 13:14

Una pareja rohinyá, Mohammad Faisal y su esposa Hajera, posan para la foto con su hijo en el campamento de refugiados en el parque Teknaf Nature, en Bangladesh. Crédito: Farid Ahmed/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jan 14 2019 (IPS)

Frente a la situación de millones de refugiados que escapan de la persecución con la esperanza de encontrar un futuro más próspero y seguro, una nueva campaña procura generar conciencia sobre las dificultades que atraviesan en su huida en distintas partes del mundo.

La campaña “2.000 millones de kilómetros hacia la seguridad”, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), busca concienciar sobre las largas y precarias travesías que muchos refugiados realizan buscando protección y seguridad y llama a todo el mundo a redoblar su apoyo.

“Todos los días, nos inspiran los gestos de generosidad de la gente que hace todo lo posible por mejorar la vida de los refugiados, como activistas, comunidades de destino, empresas, donantes y voluntarios”, destacó Kelly T. Clements, comisionada adjunta de Acnur.

“Esta campaña motivará a la gente a ayudar a los refugiados con lo que ya están haciendo, caminando, andando en bicicleta o corriendo”, añadió.

Según Acnur, los refugiados recorren unos 2.000 millones de kilómetros cada año para llegar a un destino seguro.

En 2016, refugiados sursudaneses recorrieron unos 643 kilómetros para llegar a Kenia, mientras que los rohinyás, en Birmania (Myanmar) tuvieron que desplazarse unos 80,4 kilómetros para llegar a Bangladesh.

Con ayuda de Acnur, Alin Nisa y su familia se refugiaron en Bangladesh, luego de que un grupo armado atacara su aldea en Birmania y secuestrara a muchos integrantes de su comunidad.

Nisa cargó a sus hijos pequeños a través de montañas y ríos, mientras su marido llevaba a su madre que no podía caminar.

La familia recorrió más de 96 kilómetros a pie hasta llegar al campamento de refugiados de Kutupalong, en Bangladesh.

Asimismo, Zeenab y su familia huyeron de Siria luego de que su casa fuera destruida y recorrieron casi 145 kilómetros hasta el campamento de refugiados de Zaatari, en Jordania.

“Estamos agradecidos. El invierno aquí es difícil, pero aun así es mejor que en Siria”, relató a Acnur.

Y qué mejor forma de comprender la difícil situación que viven esas personas obligadas a abandonar sus hogares que caminar y recorrer la misma distancia que algunos deben andar para ponerse a salvo.

Clements subrayó la importancia de recordar las travesías reales y peligrosas que deben recorrer los refugiados, en especial en un momento en que se siguen difundiendo ideas equivocadas sobre ellos.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, coincidió con esa visión durante la adopción del Pacto Mundial sobre Migración, en diciembre de 2018.

“Hay muchas ideas falsas sobre los migrantes. Pero no debemos de sucumbir al miedo ni a las falsas narrativas. Debemos pasar del mito a la realidad”, declaró entonces.

Ese tipo de relatos son evidentes en Estados Unidos, que busca cerrar la puerta a los refugiados.

El gobierno de Donald Trump, primero, dispuso una prohibición de 120 días al ingreso de refugiados, seguida de otra para quienes procedían de países de “alto riesgo”, como Sudán del Sur y Siria.

En enero de 2017, el gobierno de Estados Unidos redujo a más de la mitad la cuota para el ingreso de refugiados, con lo que solo 22.000 personas en esa situación pudieron ser reasentadas en el país en 2018, el número más bajo desde 1980.

En los últimos tiempos, el gobierno desplegó tropas en la frontera sur de Estados Unidos en un intento de evitar que migrantes procedentes de América Central ingresaran el país o solicitaran asilo.

La retórica en contra de los refugiados también aumenta en Europa, como es el caso de Bélgica, donde hubo protestas violentas por la participación de ese país en el pacto sobre migración.

Muchas personas en 27 países participarán en la campaña 2.000 millones de kilómetros hacia la seguridad, con lo que Acnur espera reunir más de 15 millones de dólares para ayudar a los refugiados a registrarse y suministrarles alimentos, agua, refugio y atención médica.

Las necesidades económicas de Acnur para 2019 ascienden a 8.500 millones de dólares, y hasta ahora solo recibió la promesa de 926 millones.

El Pacto Mundial sobre Migración es un paso importante para la concienciación y la acción, pero todavía queda mucho por hacer.

“Para las millones de personas que dejaron sus tierra natal hace poco o hace mucho tiempo atrás, la mayoría respetando totalmente la ley, tenemos mucho más para ofrecer”, observó Louise Arbour, representante especial para la migración internacional, en el cierre de la conferencia para adoptar el Pacto Mundial sobre Migración.

“Ya sea mediante la oportunidad de regresar a su país después de años en el exterior, volviendo con sus capacidades y los frutos de su trabajo, o mejorando las posibilidades de ver cómo sus hijos acceden a un futuro mejor en un país que, con orgullo, consideran suyo”, precisó.

Hay 68 millones de personas en el mundo obligadas a abandonar sus hogares, de las cuales 25 millones son refugiadas, casi tres millones más en tan solo un año.

Traducción: Verónica Firme

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Santa Marta destapa el sol para favelas de Río de Janeiro

sex, 11/01/2019 - 17:02

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jan 11 2019 (IPS)

El Morro de Santa Marta llama la atención por sus casas de vivos colores, en contraste con otras favelas, uniformadas por el predominante color rojizo de los ladrillos sin revoque. Pionero en muchas iniciativas, este barrio pobre y hacinado de esta ciudad brasileña de Río de Janeiro vuelve a serlo ahora por el desarrollo de la energía solar.

Pequeña, con 1.177 domicilios y 3.913 habitantes, según el censo de 2010, que los pobladores consideran muy inferior a la cifra real, la favela es muy visible en el tradicional barrio de Botafogo, al ubicarse en una escarpada pendiente del complejo montañoso y forestal al que rodea la urbe carioca.

 

 

Eso contribuye a atraer proyectos que luego se pretende extender a otros “aglomerados subnormales” (nombre de las favelas en las estadísticas) que, en algunos casos superan 100.000 habitantes.

Allí empezó en 2008 la implantación de Unidades de Policía Pacificadora (UPP) que por algunos años redujeron la violencia del narcotráfico en algunas favelas cariocas, pero los tiroteos volvieron a ser comunes en Santa Marta desde 2017.

El “Plan inclinado”, un tren ascensor que transporta hasta 20 personas, es otra marca local. Facilita desde 2008 la subida de 360 metros o cerca de 800 peldaños para llegar a la cumbre del morro, una palabra que forma parte de las favelas de Río de Janeiro, porque usualmente ocupan las laderas de los cerros que le imprimen carácter.

Una estatua de Michael Jackson, el cantante pop estadounidense, fallecido en 2009, es un punto turístico en una terraza en el centro de Santa Marta, la favela que él popularizó mundialmente al grabar en ella en 1996 su clip musical “They don’t care about us”.

Una mirada desde la parte alta muestra la novedad de los tres últimos años, paneles fotovoltaicos se incorporaron a algunos techos. La energía solar ya beneficia a guarderías, una clínica, una escuela de música y otras instituciones públicas, por iniciativa de Insolar, una empresa cuyo fundador, Henrique Drumond, define como un “negocio social”.

La guardería CEPAC (Centro Educativo Padre Agostinho Castejón), sostenida por la católica Compañía de Jesús, ahorra el equivalente a cerca de mil dólares mensuales en energía, gracias al mayor sistema solar de la favela.

Eso le permitió ampliar la biblioteca y ofrecer mejores materiales pedagógicos a los 150 niños atendidos, los más pobres, que son la mayoría, de forma gratuita.

La Asociación de Moradores del Morro de Santa Marta también cuenta con energía solar y trata de expandirla a las residencias, una meta dificultada por los bajos ingresos de las familias de la favela y las reglas para la generación de energía distribuida, solo permitida para el autoconsumo y no para venta.

Insolar movilizó apoyo financiero de instituciones y empresas, como la compañía angloholandesa Shell, para instalar esos sistemas y asegurar iluminación de emergencia en locales muy concurridos durante los frecuentes apagones, además de enchufes para cargar baterías de teléfonos celulares.

El próximo paso deberá favorecer parte de los 100 negocios que se estima que hay en  Santa Marta, cuyo bienestar aún es afectado por el agua servida a cielo abierto, algunas endebles viviendas en peligro de derrumbe y eventuales interrupciones en el suministro de agua, energía y en el ascensor de rieles.

Para mayor información, le invitamos a visitar el artículo Enegía solar empuja desarrollo social en barrios pobres de Brasil

Edición: Estrella Gutiérrez

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Cómo evitar una nueva carrera armamentista en Europa

sex, 11/01/2019 - 13:18

El misil ruso 9M729 fue probado mediante un sistema de lanzamiento móvil similar al utilizado para el 9K720 Iskander-M, que figura en esta fotografía, el 18 de septiembre de 2017. Crédito: Ministerio de Defensa de Rusia.

Por Daryl G. Kimball
WASHINGTON, Jan 11 2019 (IPS)

Es muy probable que el mes que viene, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dé el próximo paso para cumplir con su amenaza de poner fin a uno de los acuerdos de reducción de armas nucleares más exitoso y de mayor alcance.

El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio fue suscrito en 1987 por la entonces Unión Soviética y Estados Unidos, y permitió la eliminación de 2.692 misiles soviéticos y estadounidenses estacionados en Europa.

El acuerdo contribuyó a poner fin a la Guerra Fría y permitió llegar a otros acuerdos de reducción de arsenales nucleares estratégicos y retirar miles de armas tácticas de las áreas donde estaban desplegadas.

El 4 de diciembre, el secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que Rusia había presentado un sistema de lanzamientos de misiles desde tierra, el 9M729, que excede el límite de 500 kilómetros previsto en el tratado.

También anunció que en 60 días, el gobierno “suspendería” las obligaciones de Estados Unidos en el marco del tratado y anunció formalmente su intención de retirarse del mismo en seis meses, a menos que Rusia vuelva a respetarlo.

La suspensión permitirá a Washington tratar de acelerar el desarrollo de nuevos misiles, actualmente prohibidos por el tratado.

El no cumplimiento es inaceptable y se merece una respuesta fuerte. Pero las declaraciones públicas de Trump no harán que Rusia regrese.

Lo peor de todo, aniquilar el tratado sin otro plan podría abrir la puerta a una era peligrosa de competencia militar ilimitada con Rusia.

Sin ese tratado, varias tensiones aumentarán pues Washington considera desplegar nuevos misiles de mediano alcance en Europa, y quizá en otra parte, y Rusia considera aumentar el despliegue de 9M729 y de otros nuevos sistemas.

Esas armas nucleares, si se vuelven a desplegarse, podrían golpear objetivos dentro de Rusia y Europa occidental. Su capacidad de golpear un blanco en un lapso breve aumenta el riesgo de un mal cálculo en una crisis.

Cualquier ataque nuclear contra Rusia con misiles nucleares de alcance medio desde Europa podría derivar en un contraataque ruso en Europa y en territorio estadounidense.

El anunciar el ultimátum de Estados Unidos en relación con el tratado, Pompeo expresó su “esperanza” de que Rusia “cambie de curso” y vuelva a respetarlo. Esperar que Rusia reconozca su error de repente y elimine su sistema 9M729 no es una estrategia seria ni una con la que pueda contar la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En cambio, los miembros de la OTAN deben insistir en que Estados Unidos y Rusia redoblen sus esporádicas conversaciones sobre el tratado, accedan a reunirse en un contexto formal y hagan propuestas para resolver los asuntos de mutuo interés relacionados con el tratado.

Lamentablemente, funcionarios estadounidenses se negaron a tomar la oferta rusa de discutir “toda propuesta de mutuo beneficio que tome en cuenta intereses y preocupaciones de ambas partes”. Eso es un grave error. La falta de disposición de ambas partes a involucrarse diplomáticamente desde que se probó por primera vez el misil 9M729, hace cinco años, nos trajo hasta este punto.

Salvo que haya un logro diplomático de último momento, los días del tratado están contados. No hacer nada no es una opción. Frente a la posibilidad de que el documento desaparezca este año, no es demasiado pronto para considerar cómo alejarse de una nueva carrera armamentística peligrosa y costosa en Europa.

Una opción sería que la OTAN declare, como bloque, que ninguno de sus miembros retirará ningún misil prohibido por el tratado ni ninguna capacidad nuclear similar en Europa mientras Rusia no levante los sistemas prohibidos en el tratado con posibilidad de llegar a territorio europeo. Eso obligaría a Rusia a retirar los misiles 9M729 desplegados en el oeste de su territorio.

Como Estados Unidos y sus aliados en la OTAN ya pueden desplegar sistemas de lanzamiento desde el aire y desde el mar contra objetivos clave de Rusia, no hay necesidad de un sistema de ese tipo.

También implicaría renunciar a los planes de Trump para un nuevo sistema prohibido por el tratado.

Aliados clave, entre los que incluso está Alemania, ya declararon que están en contra de estacionar nuevos misiles de alcance medio en Europa.

Ante la falta de un tratado, otro enfoque posible sería negociar un nuevo acuerdo que prohíba, de tal forma que se pueda verificar, los misiles lanzados desde tierra de mediano alcance con ojivas nucleares.

Como explica un estudio del Instituto de Investigación sobre Desarme de las Naciones Unidas, la tecnología y los procedimientos de verificación complejos que ya existen bajo el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (nuevo START), de 2010, se pueden aplicar casi sin modificación para verificar la falta de ojivas nucleares desplegadas en misiles de corto alcance.

Ese enfoque necesitará de mayores declaraciones e inspecciones de cualquier sistema de lanzamiento desde tierra previsto en el tratado. Para que tenga un valor duradero, ese marco requerirá que Moscú y Washington se pongan de acuerdo en ampliar el nuevo START, que se termina en 2021.

La crisis por el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio es un problema de seguridad global.

Sin propuestas serias de parte de Washington y Moscú, otros países tendrán que dar un paso al frente con soluciones creativas y pragmáticas, capaces de crear las condiciones necesarias para garantizar que los dos mayores actores nucleares cumplan con sus obligaciones legales para poner fin a la carrera armamentista y así reducir la amenaza nuclear.

Traducción: Verónica Firme

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La revolución cubana es también un producto turístico

sex, 11/01/2019 - 11:08

Tres efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ante la entrada del mausoleo dedicado al héroe nacional de Cuba, José Martí, en el cementerio de Santa Ifigenia, donde también reposan las cenizas de Fide Castro, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jan 11 2019 (IPS)

Monumentos, escenas de batallas, arquitectura colonial y paisajes naturales deslumbrantes, componen el potencial turístico de Santiago de Cuba, una ciudad del este de este país insular, que basa su atractivo en la historia de la Revolución que este año cumple 60 años.

“Por lo general, se conoce a Santiago como una ciudad de la Historia, que ha tenido que ver mucho con páginas trascendentes del país”, explicó a IPS el arquitecto Omar López, quien dirige la Oficina del Conservador de la Ciudad, conocida por epítetos como “La capital del Caribe”, “Ciudad Heroica” o “La cuna de la Revolución”.

Algunas maneras de poner en valor turístico y comercial a íconos como el guerrillero Ernesto “Che” Guevara (1928-1967), otras figuras de la Revolución Cubana de 1959 y los símbolos patrios cubanos, han causado polémicas, algunas de ellas recientes, aunque esta vía de revalorización parece hoy más aceptada en el país de gobierno socialista.

En Santiago de Cuba, a 847 kilómetros al este de La Habana, intentan romper con esos prejuicios y aportan otro punto de vista al problema, cuando se conmemoran diversas efemérides del acontecimiento emblemático del siglo XX, que hoy sigue provocando las reacciones más polarizadas dentro y fuera de la isla caribeña.

“La historia de la Revolución Cubana ya es reconocida mundialmente, pues jugó y sigue jugando un papel extraordinario a nivel continental y global. Esos escenarios históricos hay que mostrarlos y cuesta mucho dinero sostenerlos”, evaluó López, que coordina un equipo de 1.200 personas.

Fundada por los conquistadores españoles alrededor de una bahía de condiciones geográficas privilegiadas, la urbe ostenta un rostro remozado desde que en 2015 cumplió 500 años. Pero aún afronta obstáculos para beneficiarse del turismo, que es el segundo renglón de la economía cubana.

“Santiago tiene muchos escenarios relevantes en los cuales hay que trabajar para ponerlos en valores. Eso intentamos hacerlo bajo el principio de la sustentabilidad para que sea algo con futuro y que en el tiempo se consolide como forma económica”, continúo el arquitecto, sobre un reto para la segunda ciudad en importancia del país.

Autoridades y especialistas locales consultados por IPS coinciden en que la provincia de Santiago de Cuba tiene un potencial elevado por explotar, pero necesita reorganizar su producto turístico, elevar la capacidad de alojamiento y diversificar las limitadas posibilidades de transportación para llegar y luego recorrerla.

“La oferta al turismo, nacional o internacional, tiene que estar encaminada hacia la explotación de los valores históricos del territorio”, opinó Odalis Jiménez, la especialista principal del Museo Histórico 26 de Julio, quien remarcó la importancia de los visitantes nacionales, un segmento que crece gracias a las reformas económicas.

Fachada de la Ciudad Escolar 26 de Julio, el antiguo Cuartel Moncada, donde una parte es ocupada por el museo, en la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda ciudad de este país caribeño. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Rodeado de cercas amarillas y con la bandera rojinegra del movimiento principal del triunfo revolucionario del primero de enero de 1959, el museo donde trabaja Jiménez está en el otrora Cuartel Moncada, que asaltó, sin éxito, un grupo de jóvenes el 26 de julio de 1953 e inició lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1959).

“Este es uno de los lugares más visitados en la ciudad”, continuó la museóloga, para quien este y otros acontecimientos relacionados con el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro (1926-2016), resultan atractivos para el turismo.

“La muerte de Fidel y su presencia en Santiago de Cuba ha provocado que se eleve la cifra de visitantes, si bien fluctúa a lo largo del año debido a las temporadas turísticas”, observó la historiadora, sobre el impacto en ese sentido de que las cenizas de Castro reposen en el cementerio patrimonial de Santa Ifigenia.

Casi a la hora de cierre del museo, en un tarde lluviosa, tres turistas extranjeros recorrían las instalaciones donde se muestran fotos de los acontecimientos y los artefactos que usaban para torturar las fuerzas de Batista. Ninguno quiso identificarse ni ser fotografiado por IPS.

“Estamos haciendo una ruta por Cuba durante tres semanas, por diferentes ciudades. Vinimos aquí más bien porque era una ciudad grande”, dijo Arnau, un joven español que viajó junto con una chica alemana llamada Verena.

“Vinimos porque no sabíamos mucho de la historia… Queríamos saber detalles, donde empezó todo”, compartió, después de preferir omitir sus apellidos.

Para el último visitante del día, “Santiago de Cuba es un buen lugar para explorar el oriente. La ciudad en sí misma es muy interesante al igual que la naturaleza”. Puntualizó que estaba más interesado en “la historia de las áreas alrededor de la Sierra Maestra”, en cuyas montañas se conformó el ejército liderado por Fidel Castro.

La polarización ideológica que rodea a la Revolución Cubana, tanto en el ámbito nacional como internacional, puede ser un obstáculo para la afluencia de turistas a esta ciudad.

 

Exterior del restaurado edificio patrimonial que alberga la sede del actual gobierno municipal, ubicado en el parque Carlos Manuel de Céspedes, en la ciudad de Santiago de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Su 60 aniversario mostró la persistencia del problema pues provocó desde grandes celebraciones de las autoridades cubanas en esta ciudad, una presunta amenaza de bomba en un acto planificado en Chile hasta polémicas en Internet.

Sin embargo, esta ciudad ha sido también el escenario y cuna de hechos y personalidades fundacionales de la nación cubana, desde el ámbito político hasta religioso.

“Aquí se respira historia”, comentó la trabajadora privada Anabel Pérez, que vive en la provincia central de Camagüey. “Todo está muy lindo y ha sido muy bueno para la educación de los niños ver monumentos como la tumba de José Martí (1853-1895)”, dijo la mujer, que recorría las calles de esta ciudad de 510.000 habitantes por primera vez.

Abrasada por el húmedo calor del oriente cubano, que a ratos espanta la brisa marina, la ciudad es una meca para el turismo nacional por sus valores patrimoniales e históricos, para admirar la restauración de la que tanto se habla en la isla y por estar en el camino al Santuario Nacional de El Cobre, donde se venera a la Virgen de la Caridad, patrona católica de Cuba y a la que siguen fieles de otras confesiones.

Autoridades locales consultadas por IPS indican que la afluencia de turistas nacionales e internacionales se comporta casi por igual, en una provincia donde el turismo no figura entre los rubros claves de la economía.

Este país insular caribeño de 11,2 millones de habitantes recibió 4,75 millones de visitantes internacionales en 2018, lo que representó 1,3 por ciento más que el año precedente.

Pero la cifra estuvo por debajo de la meta prevista de alcanzar por primera vez cinco millones de turistas, en un sector que debe diversificarse para elevar los ingresos promedio por visitante.

Ahora ralentizado, la isla caribeña vive desde 2015 un boom turístico, al que contribuyó en buena parte el histórico acercamiento con Estados Unidos.

Pero pese al enfriamiento entre La Habana y Washington, desde la llegada a la presidencia estadounidense de Donald Trump, se registraron 639.000 visitantes del país vecino en 2018.

Colindante con la ciudad de Santiago, el municipio de Guamá, que es el más largo de Cuba, presenta problemas parecidos a la histórica urbe de cara a la explotación turística.

“Existe la ruta turística, pero falta organizarla mejor y promoverla”, evaluó el alcalde Eldis Hermida Benítez. “Tenemos sitios históricos y condiciones naturales como cascadas, montañas y extracción de madera, para favorecer el turismo de senderismo”, estimó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Venezuela repite presidente con caída libre de su economía y calidad de vida

qui, 10/01/2019 - 18:43

Nicolás Maduro juró para un segundo período como presidente de Venezuela y en cadena de radio y TV criticó a los gobiernos americanos y europeos que lo consideran ilegítimo y piden una nueva elección. Crédito foto: Ministerio de Comunicación e Información

Por Humberto Márquez
CARACAS, Jan 10 2019 (IPS)

Nicolás Maduro inició este jueves su segundo mandato sexenal (2019-2025) en Venezuela, con el desconocimiento de la oposición y decenas de gobiernos de América y Europa, mientras la mayoría de sus compatriotas permanece sumida en una crisis marcada por el desplome de la economía y de los indicadores de la calidad de vida.

Al inicio del nuevo período “tendremos tres líneas de trabajo: consolidación de la paz, recuperación de la economía y lucha contra la indolencia, la burocracia y la corrupción”, proclamó el presidente en un discurso en el que dedicó largos tramos a criticar a los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea (UE) y parte de América Latina y el Caribe.

Mientras Maduro juraba su cargo, un termómetro de la economía, la cotización del dólar en el mercado paralelo, se triplicaba con respecto a su valor el último día de diciembre, mientras los precios de los productos básicos han seguido un comportamiento similar, dislocando aún más la situación social y económica.“A partir de este 10 de enero, Venezuela pierde su GPS constitucional y entramos en un terreno de incertidumbre en el que se borran las reglas de la lucha política”: Luis Salamanca.

Fuera del país, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordó este mismo jueves, con 19 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones, “no reconocer la legitimidad” del mandato de Maduro y llamó a que se celebren nuevos comicios, con observación internacional, “en una fecha cercana”.

En tanto, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, declaró desde Bruselas que “la UE lamenta que el presidente Maduro emprenda hoy un nuevo mandato sobre la base de elecciones no democráticas” y advirtió que ese grupo de 28 naciones tomará “medidas adecuadas” si se deterioran las condiciones de la democracia y los derechos humanos.

El acto de investidura también mostró la situación política interna.

Maduro, en el poder desde 2013, juró ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que invariablemente ha respaldado su gobierno. Se trata de una previsión excepcional de la Constitución, que regularmente ordena juramentarse ante la legislativa Asamblea Nacional.

La razón es que el parlamento unicameral  ya declaró al gobernante como “usurpador” de la presidencia.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora (112 de los 165 diputados electos en 2015) y principal ariete político de los adversarios de Maduro, está en “desacato” según dictaminó el TSJ hace dos años, y las demás instituciones del Estado, incluida la Fuerza Armada, hacen oídos sordos a sus decisiones.

“A partir de este 10 de enero, Venezuela pierde su GPS constitucional y entramos en un terreno de incertidumbre en el que se borran las reglas de la lucha política”, dijo a IPS el politólogo Luis Salamanca, utilizando un símil con el conocido sistema de posicionamiento global.

La mayoría de los gobiernos de América y Europa basan su desconocimiento a Maduro en que su elección habría sido fraudulenta, y en cambio reconocen como legítima a la Asamblea Nacional, cuyo mandato comenzó hace cuatro años.

El 20 de mayo de 2018, con una abstención oficial récord de 54 por ciento que la oposición y organismos independientes elevan a cotas superiores, las urnas entregaron a Maduro 6,1 millones de votos frente a 2,8 millones reunidos por dos adversarios.

Los principales partidos y líderes de la oposición estaban ilegalizados y los gobiernos críticos junto a la UE y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideraron que no hubo limpieza ni imparcialidad, en unos comicios bajo una autoridad electoral también cercana al gobierno.

Salamanca, docente de la pública Universidad Central de Venezuela, considera que el panorama que gobernará Maduro “es inédito y precario”.

“Se sostiene por la fuerza y sus opositores se han dividido, pero su gobierno presenta varias líneas de erosión: la crisis económica, la crisis fiscal del Estado, una población con graves necesidades y una búsqueda de vencer la resistencia a ceder que tiene este régimen”, analizó.

La crisis económica es descrita con indicadores esenciales: el producto interno bruto cayó 51 por ciento entre 2015 y 2018 según el Banco Mundial, al pasar de un estimado de 300.000 millones de dólares a comienzos de la década a bordear al cierre de 2018 los 100.000 millones.

Y en 2019 la previsión es que retroceda otro 10 por ciento, adelantó el 20 de diciembre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El indicador más dramático es el de la hiperinflación, la más larga y profunda conocida en la historia de América, cifrada para 2018 en 1.698.488 por la Asamblea Nacional, a falta, desde 2015, de cifras del emisor Banco Central o del gobierno.

El Fondo Monetario Internacional ha dicho que en 2019 la inflación venezolana podría llegar a diez millones por ciento.

Ese panorama “ha dividido a los venezolanos en dos grupos: los que tienen algún ingreso en moneda extranjera y así pueden protegerse parcialmente de la hiperinflación, no más del 30 por ciento de la población, y los que solo obtienen ingresos en bolívares, que son la mayoría y su capacidad de defenderse de la crisis es muy limitada”, dijo a IPS el economista Asdrúbal Oliveros, de la firma de consultoría Ecoanalítica, una de las principales del país.

Las perspectivas son cada vez más sombrías: durante un siglo gran productor y exportador de petróleo, Venezuela extrae y vende cada vez menos crudo, algo más de un millón de barriles (de 159 litros) por día, versus tres millones de unidades hace seis años.

Los ingresos por petróleo, casi única fuente de divisas, dijo Oliveros, “fueron de unos 26.000 millones de dólares en 2018 y este año pueden caer a la mitad, resultar mínimos a partir de junio e incidir en el abastecimiento de combustible (que precisa de componentes importados) y de las CLAP”, como se conoce a las cajas con alimentos subsidiados que distribuye el gobierno.

La carestía disparada por la hiperinflación, sumada a la inseguridad (más de 20.000 homicidios por año en este país de 31,8 millones de habitantes) y el deterioro de servicios esenciales como electricidad, gas, agua potable y, sobre todo, de la salud, han impulsado un éxodo masivo de más de tres millones de habitantes, según agencias del sistema de Naciones Unidas.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, que desde 2014 realizan tres de las principales  universidades,  ha mostrado que la pobreza en Venezuela alcanzaba en 2017-2018, el período en que se intensificó la migración, a 87 por ciento de la población, medida de acuerdo a sus niveles de ingreso, y 48 por ciento al ponderar las condiciones de vida de los hogares.

Según ese estudio 16 millones de personas reciben las cajas de alimentos a precios subsidiados, generalmente una vez al mes, pero la insuficiencia de alimentos se refleja por ejemplo en la deserción escolar, que en 2018 alcanzó a 30 por ciento de la matrícula.

Para los venezolanos de a pie, dijo Salamanca, la situación política y económica está “repleta de frustración e incertidumbre, sin salida a la vista”.

Mientras, a su juicio, el gobierno de Maduro “aún bajo la presión internacional puede continuar y que no cambie nada, pero también en el nuevo cuadro político marcado por esa incertidumbre puede ocurrir cualquier cosa”.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Periodismo de Nicaragua bajo tormenta represiva

qui, 10/01/2019 - 17:08

Entrega del Premio a la Excelencia del Periodismo Pedro Joaquín Chamorro, origen de una dinastía periodística en Nicaragua, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Durante el acto, el 9 de enero en Managua, se lanzó también un informe sobre la dura represión al periodismo durante 2018. Crédito: José Adán Silva/IPS

Por José Adán Silva
MANAGUA, Jan 10 2019 (IPS)

Ocho meses de crisis social y política en Nicaragua han golpeado al periodismo crítico de país, con 712 casos de violación al libre ejercicio del periodismo, un periodista asesinado, dos presos y decenas exiliados, además de varios medios asaltados por la fuerza pública.

Un informe de la no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, denominado “2018 Año de Jornada Represiva contra la Libertad de Prensa en Nicaragua” y presentado el miércoles 9, revela que entre abril y diciembre se produjeron 712 violaciones a la libertad de prensa y el ejercicio periodístico.

Guillermo Medrano, autor del informe, dijo a IPS que el estudio refleja que el periodismo nicaragüense se ha convertido en una profesión de alto riesgo, “llegando al extremo de que se ha criminalizado oficialmente el ejercicio periodístico al acusarse penalmente por terrorismo a dos periodistas que criticaban al gobierno”.

Medrano se refiere a los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, directora de prensa y propietario del canal informativo de televisión 100% Noticias, respectivamente.

Los dos profesionales fueron detenidos el 21 de diciembre en la sede del canal y acusados posteriormente como autores de los delitos de “proposición, provocación y conspiración para cometer actos de terrorismo”.

Antes de ser apresados y permanecer desaparecidos varios días, simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega habían denunciado ante el Ministerio Público (fiscalía) a Pineda, Mora y otros periodistas del canal por supuesta “promoción del odio”, por su línea editorial crítica.

Los familiares y abogados no han podido ver a los periodistas, que serían enjuiciados este mismo mes. El edificio donde funcionaba la televisora fue clausurado, su señal sacada del aire y sus cuentas y bienes embargados por las autoridades.

Las detenciones de los dos comunicadores ha generado el reclamo de organizaciones internacionales de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés), emitió un comunicado respaldado por 300 reconocidos periodistas de todo el mundo, donde condenó las detenciones y exigió su pronta liberación.

El documento incluye también una condena enérgica contra el Estado de Nicaragua por el asalto y toma de las redacciones de la revista  Confidencial, su portal digital, el sitio Niú y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche.

Ese grupo de medios pertenece al periodista Carlos Fernando Chamorro y esta acción, ocurrida el 14 de diciembre, fue el comienzo de la última y radical ofensiva de Ortega contra el periodismo independiente.

Aparte de la criminalización de los dos periodistas, el informe detalla que un periodista fue asesinado en abril, al menos 54 se han exiliado por amenazas y persecución política, y 93 fueron heridos y golpeados.

Además, 102 medios y periodistas fueron censurados en sus espacios informativos, 21 sufren hostigamiento judicial o procesos investigativos y 171 han sido intimidados de diferentes maneras.

Un efectivo custodia la clausurada sede de la revista Confidencial y otros medios digitales y de televisión, propiedad de Carlos Fernando Chamorro, que fue tomada el 14 de diciembre por la Policía Nacional de Nicaragua y permanece confiscada desde entonces. Crédito: Jader Flores/IPS

“Es una situación que no habíamos visto desde los años de (la dictadura dinástica de los) Somoza, ni en tiempos de la guerra contra Estados Unidos. Es aterrador”, dijo a IPS la escritora Gioconda Belli, presidenta del capítulo Nicaragua de la Asociación Internacional de Periodistas y Escritores, más conocida como PEN-International.

Según la escritora, el régimen del exguerrillero sandinista “ha sobrepasado los horrores de las dictaduras del pasado que América Latina recuerda”, al enfilar sus ataques contra campesinos, estudiantes, mujeres feministas, sectores religiosos y, finalmente, contra los periodistas y medios de comunicación.

“Ha cometido la atrocidad de declarar como terrorismo al periodismo; ha secuestrado y enjuiciado como delincuentes a dos periodistas, Miguel Mora y Lucía Pineda; ha asaltado las salas de redacción y confiscado medios de comunicación privado, como el Confidencial”, denunció.

Además, “ahora quiere ahogar a La Prensa al negarle el papel”, alertó Belli.

Los periódicos de mayor circulación en Nicaragua, La Prensa y El Nuevo Diario, ambos de línea opositora, han informado que sus reservas de papel se agotarán en pocos meses y que las autoridades aduaneras les bloquean las importaciones de la materia prima.

Un periódico pequeño, Q´hubo, de la editorial ND Medios, ya cerró en diciembre su circulación por falta de papel.

El edificio donde funcionaba el grupo del Confidencial fue tomado por la Policía Nacional, luego que la Asamblea Nacional eliminara las personalidades jurídicas de varias organizaciones no gubernamentales.

El gobierno vincula a esos medios al Centro de Investigaciones de la Comunicación, una de las organizaciones no gubernamentales que fue anulada junto a otras ocho, bajo la acusación de “promover el terrorismo”.

Sin embargo, Chamorro aseguró que tanto el edificio de oficinas y los medios censurados pertenecen a la empresa Invermedia y Promedia y no tienen relación alguna con la oenegé clausurada.

Carlos Fernando Chamorro, entre un enjambre de colegas periodistas, presenta ante la Fiscalía General de la República de Nicaragua, el 19 de diciembre, la denuncia sobre el asalto y confiscación de las instalaciones y equipos del Confidencial y otros medios informativos por efectivos policiales, cinco días antes. Crédito: Jader Flores/IPS

El asalto y la confiscación de sus equipos e instalaciones son, denunció, “un ataque directo contra el periodismo y la empresa privada”.

Arlen Cerda, jefa de redacción de Confidencial y bajo medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que la publicación es víctima de una escalada represiva “sin precedentes” en el periodismo moderno nicaragüense, mientras manifestó la voluntad de sus periodistas de seguir informando, “aunque sea con las uñas”.

“Con el asalto nos llevaron los equipos, los archivos, las bases de datos, no teníamos un techo para trabajar”, explicó. “Pero también desde el principio hemos mantenido la convicción firme de que no nos van a callar, haciendo lo posible desde lo mínimo, con calidad, para responder a las audiencias que están pendiente de nuestro contenido”, dijo.  

En crisis desde abril

Ortega, de 74 años, ya gobernó el país entre 1985 y 1990, como líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que derrotó en 1979 a Anastasio Somoza. Desde el triunfo de la revolución sandinista, integró además la Junta de Gobierno de reconstrucción nacional.

La actual crisis en este país centroamericano con 6,4 millones de personas comenzó en abril del 2018, detonada por una polémica reforma de la seguridad social luego retirada, que desnudó el descontento con el gobierno de amplios sectores populares.

Las protestas, encabezadas por estudiantes universitarios, se prolongaron hasta julio y durante ellas, según la CIDH, 325 personas fueron asesinadas, la mayoría a manos de policías y fuerzas irregulares organizadas por el gobierno.

El gobierno reduce las víctimas mortales a 199, cuya responsabilidad achaca a” grupos terroristas que intentaban dar un golpe de Estado”.

Desde el exilio

Luis Galeano, director del programa Café con Voz, que se transmitía en el canal 100% Noticias, salió del país en diciembre, luego que el gobierno dictara una orden de captura en su contra por “promover el terrorismo”.

“Las acusaciones son absurdas, buscan callar las voces críticas, pero no lo van a lograr, porque nosotros como periodistas vamos a seguir informando desde donde sea, desde el exilio, desde la cárcel, desde las redes sociales, desde la clandestinidad, de donde sea”, dijo a IPS desde Miami.

De igual modo la periodista Jeniffer Ortiz, directora de la plataforma digital  Nicaragua Investiga, contó a IPS que salió del país por amenazas directas contra ella por su trabajo periodístico.

“Tengo un par de meses de estar fuera de Nicaragua. Salí a causa de las constantes amenazas y asedios en nuestra casa. Nos enviaban también mensajes por redes”, contó desde San José de Costa Rica.

Ella narró que debido al aumento de la represión, muchas de sus fuentes dejaron de hablar con su medio, lo cual sumado a la crisis económica y las amenazas, la forzaron a continuar su labor desde fuera de Nicaragua.

“Ahora estamos en el exilio conscientes que a nuestros colegas allá se le complica cada vez más hacer su trabajo por las amenazas. Las fuentes tienen miedo y nosotros desde aquí podemos continuar el trabajo y aportar al flujo de información diario que tanto demanda la gente”, dijo a IPS.

Edición: Estrella Gutiérrez

 

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El mundo registra un aumento de la trata personas

qui, 10/01/2019 - 13:15

Niñas y niños malnutridos corretean afuera de las tiendas de raciones en India. La inscripción en la pared del comercio forma parte de la publicidad de una compañía multinacional de telecomunicaciones ofreciendo teléfonos baratos en este país con el mayor número de personas pobres con hambre. Crédito: Neeta Lal/IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jan 10 2019 (IPS)

La trata de personas aumenta en el mundo y adquiere una dimensión “horrible” como nunca antes, concluye un estudio de la Organización de las Naciones Unidas.

En el nuevo documento, que analiza las distintas modalidades de trata de personas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) concluyó que aumenta la tendencia global de forma sostenida desde 2010.

“La trata de personas adquirió una dimensión espantosa, pues grupos armados y terroristas lo usan para propagar el miedo y obtener víctimas para ofrecer como incentivo para reclutar nuevos combatientes”, explicó el director ejecutivo de UNODC, Yury Fedotov.

Asia y América registró el mayor aumento en la identificación de víctimas, pero el informe señala que también puede reflejar una mayor capacidad para identificar y registrar datos sobre trata de personas.

Las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables, y representan 70 por ciento de las víctimas en todo el mundo. Son, principalmente, mujeres adultas, pero las niñas son un blanco creciente de los traficantes.

Según el Informe Global sobre la Trata de Personas, las niñas representan 23 por ciento de las víctimas, por encima del 21 por ciento registrado en 2014, y del 10 por ciento, de 2004.

UNODC también subrayó que los conflictos aumentaron la vulnerabilidad de esas personas, pues los grupos armados recurren a esas prácticas para financiar sus actividades o aumentar sus fuerzas.

La activista y embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas, Nadia Murad, fue una de las miles de mujeres yazidíes secuestrada en su pueblo natal y vendida como esclava sexual por el Estado Islámico en Iraq, una estrategia utilizada para aumentar sus reclutas y recompensar a los soldados.

Murad recibió el Premio Nobel de la Paz, en 2018, que dedicó a las sobrevivientes de violencia sexual y genocidio.

“Las sobrevivientes se merecen un camino seguro y protegido hacia su hogar y un paso seguro a otro lugar. Debemos apoyar los esfuerzos para concentrarnos en la humanidad y superar las divisiones políticas y culturales”, subrayó.

“No solo tenemos que imaginar un futuro mejor para las mujeres, niñas, niños y minorías perseguidas, sino también tenemos que trabajar de forma consistente para que se concrete, priorizando la humanidad, no la guerra”, añadió.

“El hecho sigue siendo que la única recompensa en el mundo que puede restablecer nuestra dignidad es la justicia y el procesamiento de los criminales”, añadió Murad.

La explotación sexual continúa siendo el principal motivo de la trata, y representa casi 60 por ciento de los casos identificados, seguida del trabajo forzado, 34 por ciento.

Las tres cuartas partes de las mujeres víctimas de trata terminan sufriendo explotación sexual.

El informe también concluyó por primera vez que la mayoría de las víctimas de trata se encuentran en esa situación dentro de las fronteras de su propio país.

La proporción de víctimas “domésticas” aumentó a más del doble, de 27 por ciento, en 2010, a 58 por ciento, en 2016.

Eso quizá se deba al mayor control de las fronteras, que impiden el cruce de los delincuentes, así como una mayor conciencia sobre las diferentes formas de trata, analiza el informe.

Las condenas comenzaron a aumentar hace poco y, en muchos países, siguen siendo demasiado bajas, lo que genera gran preocupación.

En Europa, la proporción de condenas cayó de 988 traficantes, en 2011, a 742, en 2016.

En ese período, el número de víctimas detectadas aumentó de 4.248 a 4.429.

Sigue faltando información y conocimiento, en particular en ciertas partes de África, Medio Oriente y Asia Pacífico, donde todavía no hay suficiente capacidad para registrar y compartir datos sobre este flagelo.

“Este informe muestra que debemos intensificar la asistencia técnica y fortalecer la cooperación para apoyar a todos los países con el fin de que puedan proteger a las víctimas y llevar a los criminales ante la justicia y, así, lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, destacó Fedotov en la presentación del estudio.

Adoptados en 2015, los históricos ODS incluyen ambiciosas metas como la 16.2 que insta a los Estados miembros a que pongan fin al abuso, a la explotación, a la trata de personas y a todas las formas de violencia y tortura contra niñas y niños.

El indicador para medir su logro exige medir el número de víctimas de trata cada 100.000 personas y desagregarlas por sexo, edad y forma de explotación, lo que refleja la importancia de mejorar el registro de datos, la recolección y la diseminación.

“La comunidad internacional necesita poner fin a la trata de personas en situaciones de conflicto y en todas nuestras sociedades donde este es un crimen terrible que sigue operando en las sombras”, señaló Fedotov.

“Insto a la comunidad internacional a prestar atención al reclamo de justicia de Nadia (Murad)”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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Cambio climático amenaza la costa atlántica mexicana

qua, 09/01/2019 - 14:22

Ecosistemas como la laguna de Síijil Noh Há (donde nace el agua, en maya), en Felipe Carrillo Puerto, en la península de Yucatán, soportan ya los impactos del cambio climático en uno de los municipios de México incluidos entre los más vulnerables a fenómeno. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
FELIPE CARRILLO PUERTO, México, Jan 9 2019 (IPS)

“No pude sembrar la milpa en mayo, porque llovió antes. Perdí todo”, lamentó el indígena maya Marcos Canté al contar los estragos que el cambio climático ocasiona en este municipio de la costa caribeña de México.

El fenómeno, causado por las actividades humanas relacionadas especialmente con la quema de combustibles fósiles, ha alterado las prácticas ancestrales indígenas que vaticinan el tiempo de sequía y de lluvia para trabajar la tierra para la milpa, el cultivo conjunto de maíz, calabaza, frijol y chile (ají o pimiento), tradicional desde el centro de México hasta el norte de Nicaragua.

Ello mismo ha variado la práctica de “roza, tumba y quema”, como se denomina localmente la remoción de vegetación en un terreno, su incineración y la preparación para la siembra.

Canté, representante de la cooperativa ecoturística Xyaat (un tipo de palma, en lengua maya), aseguró en diálogo con IPS que “el cambio climático afecta mucho, el clima va cambiando demasiado. La agricultura ya no da”. Mientras, se prepara para la nueva temporada de siembra, con la esperanza de que el cielo llore y riegue los surcos.

El productor maya vive en el ejido Señor, parte de este municipio, Felipe Carrillo Puerto (FCP), en el sudoriental estado de Quintana Roo. En Señor viven unos 450 ejidatarios, bajo este sistema tradicional azteca de tierras de explotación colectiva que pueden venderse.

Este estado y sus vecinos Campeche y Yucatán componen la península de Yucatán y son altamente vulnerables a las secuelas del cambio climático, así como los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, contiguos al Golfo de México que, con el mar Caribe, forman parte de la costa atlántica mexicana.

Entre esas consecuencias aparecen el aumento de la temperatura, huracanes y tormentas más intensas y frecuentes, la subida del nivel del mar por el derretimiento del océano Ártico, sequías y pérdida de biodiversidad.

La península de Yucatán está poblada por 4,5 millones de habitantes, en un país con una población de 129 millones, y suma 151.515 kilómetros cuadrados y una costa caribeña de1.766 kilómetros cuadrados.

Además, esta región peninsular padece la mayor tasa de deforestación en el país, sin que los subsidios gubernamentales haya revertido esa condición, según el informe “Subsidios forestales sin rumbo”, divulgado en diciembre por el no gubernamental Consejo Civil Mexicano para la Agricultura Sostenible.

La península alberga el macizo selvático más importante de América Latina, después de la Amazonia, y un área clave en la conservación de la riqueza natural en México, que ocupa el puesto 12 entre los países más megadiversos del planeta.

La indígena María Eugenia Yam, también residente en FCP, un municipio de 81.000 habitantes, coincidió con Canté en resaltar a IPS con preocupación que “las lluvias ya no son las de antes y la milpa ya no da”.

Yam, empleada de la cooperativa Síijil Noh Há (donde brota el agua, en  maya), propiedad del ejido Felipe Carrillo Puerto, en el municipio homónimo, lamentó que la producción agrícola esté decayendo, en detrimento de los campesinos de la zona que también siembran yuca y cultivan miel.

Un sendero en la reserva comunitaria de Síijil Noh Há (donde nace el agua, en maya), en Felipe Carrillo Puerto, en el sudoriental estado de Quintana Roo, parte de la península de Yucatán, en México. La conservación de la selva es una medida de adaptación al cambio climático, pues contribuye a mantener la temperatura y contiene los embates de los huracanes. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Los tres estados de la península aportan una cuota baja de emisiones, donde el mayor contaminador es Campeche, con 14,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del recalentamiento planetario. Le sigue Yucatán (10,9 millones) y Quintana Roo (3,48 millones), según las últimas mediciones realizadas por cada una de sus gobernaciones.

En 2016, México emitió a la atmósfera 446,7 millones de toneladas netas de GEI, estableció el estatal Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Dentro de la península, el estado de Yucatán cuenta con 17 alcaldías vulnerables al cambio climático, Campeche, 10, y Quintana Roo, tres, entre ellas la de FCP. En total, 480 municipios mexicanos están especialmente expuestos al fenómeno, de los 2.457 en que se divide el país, según un informe del INECC.

En Campeche, el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático 2030 presagia un incremento de entre 2,5 y cuatro grados centígrados entre 1961 y 2099, con impactos sobre las comunidades, las actividades económicas y la riqueza natural.

Asimismo, el estudio de 2012 “Impactos del incremento en el nivel medio del mar en la zona costera del Estado de Campeche, México”, elaborado por el Banco Mundial y el gobierno estadal, alerta de que la vulnerabilidad por la subida del nivel del mar afecta a 440.000 personas, más de la mitad de la población local- están bajo vulnerabilidad por la subida del nivel del mar.

“El cambio climático incrementará la inundación y erosión costera en un futuro” y se producirá una vigorización en la probabilidad de mareas por tormenta extremas sobre las costas, según el análisis, que predice una crecida de la línea de agua de 0,1 a 0,5 metros en 2030 y de 0,34 a un metro en 2100.

En Quintana Roo, la lluvia anual será cada vez más irregular. El periodo de precipitaciones se acortará entre 5 y 10 por ciento en 2020, mientras que oscilará entre un aumento de 10 por ciento y una caída de 20 por ciento en 2080. Además, la temperatura se calentará entre 0,8 y 1,2 grados centígrados en 2020 y entre 1,5 y 2,5 grados en 2080.

En el estado de Yucatán enfrenta un panorama similar, con un caldeamiento de la temperatura anual de entre 0,5 y 0,8 grados para el período 2010-2039. Las precipitaciones anuales alternarán caídas de hasta casi 15 por ciento y ascensos de uno por ciento en ese lapso.

Si bien los tres estados cuentan con instrumentos para contraponerse al fenómeno, como leyes de cambio climático –a excepción de Campeche-, programas especiales e incluso un plan regional, la perspectiva difiere en el plano local, pues muchos municipios carecen de esas medidas.

La Estrategia de Cambio Climático de la Península de Yucatán, elaborada por los tres gobiernos estadales, aspira a desarrollar una estrategia regional de adaptación, la ejecución del programa regional de reducción de emisiones provenientes de la deforestación y la degradación del bosque, así como la creación del fondo climático.

El plan busca reducir las emisiones de esta región en 20 por ciento en 2018 y en 40 por ciento en 2030, con base en los niveles de 2005.

La región lanzó en septiembre de 2017 el Fondo Climático de la Península de Yucatán, pero apenas empieza a operar.

Hasta ahora, el escrutinio de las acciones aplicadas resulta complejo.

La “Evaluación estratégica del avance subnacional de la política nacional de cambio climático”, publicada por el INECC en noviembre y que indagó en tres municipios de la península, concluyó  que las autoridades estadales y municipales reportan múltiples acciones de adaptación, pero sin acreditar cómo se abate la vulnerabilidad.

Por ello, considera “necesidad urgente” la creación y fomento de capacidades para enfrentar el cambio climático.

“Tenemos que hacer todo más sostenible, pero es un esfuerzo local. Si los que gobiernan y toman decisiones tuvieran más conciencia, lo lograríamos”, planteó Canté.

Por su parte, Yan propuso reforestar, reducir la generación de basura, conservar la biodiversidad y educar a la niñez sobre la importancia del cuidado ambiental. “Mantener la selva es una buena medida de adaptación. Pero los municipios deben tener programas climáticos y nombrar a funcionarios que sepan” del tema, sugirió.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Camboya a 40 años de la caída del Jemer Rojo

qua, 09/01/2019 - 13:15

Un turista observa las fotografías de las personas que murieron durante el régimen del Jemer Rojo. Crédito: Robert Carmichael/IPS.

Por Kris Janssens
PHNOM PENH, Jan 9 2019 (IPS)

Esta semana se conmemora el triunfo del ejército de Vietnam sobre el régimen camboyano del Jemer Rojo. Entre abril de 1975 y enero de 1979 murieron entre 1,5 y dos millones de camboyanos, una cuarta parte de la población de este país asiático.

El aniversario, cumplido el 7 de enero, no se celebra realmente, pues después de tantos años, sigue siendo un asunto delicado y controvertido, en parte porque el genocidio vino “de adentro”. Casi todas las familias tienen alguna disputa que se remonta a esa época oscura de Camboya.

¿Cómo pudo pasar?

La guerrilla marxista creció con apoyo de Vietnam del Norte. El general camboyano Lon Nol, quien llegó al poder en 1970 tras un golpe de Estado, quiso luchar contra el avance de los comunistas y recibió apoyo de Estados Unidos, que estaba saliendo de la guerra de Vietnam (1955-1975).

Los bombardeos estadounidense golpearon a muchos civiles, que comenzaron a descreer del gobierno y dieron la bienvenida a los soldados del Jemer Rojo, cuando estos marcharon hacia Phnom Penh, en 1975.

Pero la euforia se volvió temor. La vida de la gente corría peligro si la consideraban “intelectual”. Ser capaz de leer, hablar otros idiomas o incluso, usar gafas, podía ser fatal.

En el documental “Iron legs” (piernas de hierro), de la realizadora Vanna Hem, San Sovan explica cómo escapó de la muerte.

“Me pidieron que escribiera algo”, recuerda. Ella es zurda, pero usó la derecha para que la letra le quedara ilegible y así quedó libre, tildada de “analfabeta”.

Hambre y tortura

El líder guerrillero Pol Pot quería construir una sociedad agraria, sin interferencia externa. La gente tuvo que abandonar las ciudades y fue obligada a trabajar en el campo. Muchas personas murieron de hambre, de agotamiento o por enfermedades.

El régimen sospechaba de todo y todo posible enemigo sufría torturas y era asesinado. La ejecuciones ocurrían en “Tuol Sleng” o “prisión S21”, en la capital camboyana, la que refleja claramente la violencia vivida en aquellos años.

Como era una escuela, todavía se pueden ver los salones convertidos en cámaras de tortura. El edificio permanece intacto desde entonces.

Este periodista de IPS visitó el museo del genocidio el joven tailandés Toby, quien se encontraba por primera vez en la capital de Camboya. Durante la recorrida, Toby permanece muy callado. “¿Podemos irnos?”, preguntó al rato.

Cuando supo que soldados del Jemer Rojo habían matado niños, dio por terminada la visita. El régimen consideró que se vengarían cuando se enteraran de que habían sido asesinado a sus padres.

Justicia

En una rara entrevista con el periodista estadounidense Nate Thayer, Pol Pot declararía que “tiene la conciencia tranquila”.

El líder del Jemer Rojo reconoció haber matado enemigos del movimiento, pero arguyó: “teníamos que defendernos. Decir que millones murieron es demasiado”.

La entrevista tuvo lugar en Anlong Veng, cerca de la frontera con Tailandia, donde Pol Pot vivió más de 20 años tras la caída del régimen. Murió en 1998 y nunca compareció ante la justicia. Lo mismo sucedió con la mayoría de los líderes del movimiento.

Hay un tribunal del Jemer Rojo, que en noviembre de 2018 emitió un veredicto final, tras 20 años de investigaciones.

Dos altos comandantes, Nuon Chea, de 92 años, y Khieu Samphan, de 87, fueron procesados y condenados a cadena perpetua. El primero era la mano derecha de Pol Pot, y el otro, el jefe de Estado.

Antes, Kaing Guek Eav, conocido como Duch, de 76 años y quien fuera el jefe de la prisión S21, había sido condenado a cadena perpetua.

Esas son las únicas condenas emitidas por el Tribunal de Camboya, desde su creación en 1997, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas. El costo total del tribunal asciende a 300 millones de dólares.

Casi no se enseña

“Gracias al juicio, la gente por lo menos habla de ese período difícil”, comentó un joven consultado por IPS. “En mi escuela había muy poca información sobre el Jemer Rojo en clases de historia, a pesar de que el régimen se mantuvo durante casi cuatro años”, acotó.

En Europa, las escuelas enseñan sobre la llegada al poder y las consecuencias del régimen Nazi, comparable al del Jemer Rojo en materia de atrocidades cometidas y del número de víctimas. Enseguida después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los juicios de Núremberg ayudaron a procesar los traumas.

Primer ministro controvertido

¿Por qué le llevó tanto tiempo a Camboya condenar a tres personas?

“Si fueran más profundo, inevitablemente llegarían a la responsabilidad de los dirigentes políticos actuales”, opinó un entrevistado que prefirió no revelar su identidad, y enseguida susurró: “Como Hun Sen”.

Es una costumbre de los camboyanos bajar la voz cuando se refieren al primer ministro. No por respeto, sino por temor a meterse en problemas.

Hun Sen fue un comandante durante la época del Jemer Rojo. Pero siempre negó haber desempeñado un papel activo en el genocidio. En 1977 desertó y se fue a Vietnam.

Ese país vecino, que invadió Camboya dos años después, lo puso en el nuevo gobierno camboyano, y en 1985, se convirtió en primer ministro, puesto que ocupa hasta ahora.

Futuro

Hun Sen se opuso, de hecho, a la idea de seguir procesando a los responsables del genocidio “pues podría derivar en una guerra civil”, una de sus declaraciones preferidas para defender su política, una dictadura de hecho.

El primer ministro destaca la paz y la estabilidad de los últimos 15 años gracias a su gobierno, un mensaje popular entre la generación de sobrevivientes del Jemer Rojo.

Este país tiene una población muy joven; casi la tercera parte tiene menos de 30 años. Esta generación nació después de la guerra civil y no se crío con miedo.

Hay personas jóvenes y ambiciosas con sueños y esperanzas para el futuro. Muchas de ellas no necesitan que un tribunal les dé un veredicto sobre los dirigentes políticos actuales, los que, claramente, tiene raíces en el pasado oscuro del Jemer Rojo.

Traducción: Verónica Firme

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