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Atualizado: 54 minutos 21 segundos atrás

Especialistas llaman a impulsar la equidad de género

seg, 24/09/2018 - 13:30

Mary Wanja, campesina de Ngangarithi, en Kenia, riega sus cultivos con agua de los humedales. Según la FAO, el rostro de la agricultura es esencialmente femenino, al representar 45 por ciento de la fuerza laboral del sector en los países en desarrollo. Crédito: Miriam Gathigah/IPS

Por Miriam Gathigah
NAIROBI, Sep 24 2018 (IPS)

En el marco del 73 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, de las reuniones más importantes del mundo, especialistas subrayan que vale la pena remarcar el papel que las mujeres desempeñan en asuntos de paz, seguridad y desarrollo sostenible.

Las reuniones en la sede de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) de Nueva York, donde se encuentran gobernantes de todo el mundo, comenzaron el 18 de este mes y se extenderán hasta el mes de octubre.

“De los seis órganos de la ONU, solo en la Asamblea General, los estados miembros tienen una representación equitativa, es decir que cada país tiene un voto, y por ello los asuntos debatidos en ese ámbito tienden a ser fundamentales e importantes para el desarrollo global”, explicó Grace Gakii, consultora en temas de género en África oriental.

“Se espera que estas reuniones de alto nivel sean una plataforma para atender cuestiones de género y de empoderamiento femenino”, confirmó Gakii.

La reunión coincide con los grandes esfuerzos que realiza la ONU para lograr la paridad de género dentro de su personal y en toda su estructura así como en el trabajo que realiza con sus beneficiarios.

Ya hay varias agencias del foro mundial que mostraron avances significativos entre 2007 y 2017, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“No tenemos dudas de que la equidad de género puede tener un efecto transformador y multiplicador en el desarrollo sostenible, la resiliencia climática y la paz, además de impulsar el crecimiento económico”, comentó María Helena Semedo, directora general de Recursos Naturales y Clima, de la FAO, en entrevista con IPS.

Desde que el actual el director general, José Graziano da Silva, asumió el cargo en 2011 no ha sido lo mismo en cuestiones de género.

La “FAO trabaja apoyando a las mujeres para que sean agentes de cambio y sacar partido de las posibilidades no aprovechadas. Nos esforzamos para reclutar los mejores talentos posibles y colaborar con el cumplimiento de nuestros objetivos de igualdad de género”, indicó Semedo.

Un plan de acción de todo el sistema de la ONU indica: “Al final de 2017, 41 por ciento de los cargos internacionales los ocupan mujeres, la mayor representación registrada en 10 años”. Y en lo que se refiere a otros cargos de la escala laboral, la FAO ya logró la paridad de género.

“Esa tendencia señala una organización dispuesta a promover la igualdad de género, la equidad y esencialmente el empoderamiento en sus estructuras. Esos grandes esfuerzos sin duda tendrán un gran impacto en el trabajo de la FAO en las comunidades rurales”, explicó Gakii.

En ese contexto, el sistema de la ONU no está tan rezagado, según ONU Mujeres.

Un año después de lanzada la estrategia del secretario general, António Guterres, para mejorar la paridad de género, por primera vez en la historia de la ONU, hay equidad en los cargos altos.

“Seguiremos trabajando para traducir nuestro éxito en que más mujeres ocupen cargos altos. También debemos esforzarnos para tener un entorno amigable tanto para hombres como para mujeres, con tolerancia cero al acoso sexual y al abuso de poder en línea con la dirección dada por el secretario general”, subrayó Semedo.

El especialista Wilfred Subbo, profesor adjunto del Instituto de Antropología, Género y Estudios Africanos, de la Universidad de Nairobi, señaló que al lograr la igualdad de género y la equidad dentro del propio foro mundial, la ONU también es capaz de fijar los estándares para las “economías y comunidades rurales, cuyas vidas sufren a diario las políticas y las estrategias fijadas por la organización”

Sin embargo, preocupa que los avances hacia la paridad de género dentro de la FAO hayan sido bastante lentos. En la década pasada, la representación femenina aumentó solo 12 puntos porcentuales.

No obstante, los especialista son optimistas de que mientras la FAO mantenga su trabajo hacia una sociedad más igualitaria, tendrá un impacto más significativo en la seguridad alimentaria, la agricultura y el desarrollo, en particular mientras el cambio climático siga perjudicando la capacidad del mundo de alimentar a todos sus habitantes.

El informe Estado de los mercados de productos básicos agrícolas, elaborado por la FAO en 2018, señala que las políticas nacionales en materia de agricultura y comercio deberán reajustarse para que el mercado global se vuelva “pilar de seguridad alimentaria y una herramienta para la adaptación al cambio climático”.

El documento también señala el grado en que el cambio climático impactará en la capacidad de muchas regiones para producir alimentos, así como incidir en tendencias del comercio internacional de productos agrícolas.

“En la actualidad, la agricultura y los sistemas alimentarios deben hacer frente a una variedad de dificultades sin precedentes y nuestros últimos números muestran que el hambre aumenta y las niñas y campesinas son las más vulnerables”, indicó Semedo.

Subbo subraya que sin reajustes en las estructuras del mercado laboral para que haya una mejor representación femenina, será imposible hacer frente a las necesidades más acuciantes del mundo.

Las estructuras del mercado laboral están esencialmente inclinadas a favor de los hombres, lo que hace que sea difícil para las mujeres incidir en los procesos políticos y de toma de decisión, indicó.

“Es necesario un impulso a escala global para hablar de cuestiones de género y en especial, el papel, el lugar y la representación de las mujeres en el mercado laboral porque ellas son pilares importantes para la economía”, dijo Subbo a IPS.

El hecho de que en la actualidad haya más mujeres trabajando en muchos sectores de la economía ha servido para develar una verdad incómoda, precisó. “Encontrará a esas mujeres en lo más bajo de la escala profesional, trabajan en el campo, pero están ausentes de la sala de juntas”, explicó.

Por ejemplo, la FAO señala que el rostro de la agricultura es esencialmente femenino, al representar 45 por ciento de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo.

En partes de África y Asia, la representación femenina es mucho más elevada al ascender a por lo menos 60 por ciento de la fuerza laboral.

Y los números son más elevados en países como India, donde 79 por ciento de las mujeres rurales que trabajan lo hacen en la agricultura.

“Y aunque la mayoría de la fuerza laboral de la agricultura son mujeres, solo concentran 14 por ciento de los cargos de dirección”, precisó Gakii.

Y cuando el mundo sufre por la inseguridad alimentaria, es preocupante que las mujeres se encuentren solo en la periferia de los servicios que son fundamentales para lograr la productividad y la sostenibilidad de las economías rurales. Según la FAO, se estima que cinco por ciento de las mujeres tienen acceso a servicios de extensión agrícola, puntualizó.

Eso sucede a pesar del papel significativo que los funcionarios de extensión agrícola desempeñan promoviendo los avances tecnológicos y mejorando las prácticas agrícolas más conocidas por los campesinos.

Con menos mujeres que hombres en cargos de gestión, ellas reciben menos préstamos, y más pequeños.

Según la FAO, las mujeres en la silvicultura, la pesca y la agricultura reciben un insignificante siete por ciento de todo lo invertido en el sector.

“Promover un liderazgo que comprende cuestiones de género, sus complejidades y las del desarrollo mejora la participación femenina en toda la escala laboral”, observó Alice Wahome, legisladora del distrito de Kandara, en el condado de Murang’a, en Kenia.

Wahome, la primera mujer elegida al parlamento en ese condado, subrayó: “La participación de las mujeres acelera el desarrollo en todos los niveles”.

Traducción: Verónica Firme

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ONU decide sobre reconocimiento de los derechos de los campesinos

sab, 22/09/2018 - 20:51

Los olvidados derechos de los campesinos y campesinas, que son más de 1.000 personas en el mundo, podrían ser reconocidos por la comunidad inernacional si prospera el proyecto de la Declaración para los Derechos de los Campesinos y Otras Personas Trabajando en las Zonas Rurales. Crédito: Gobierno Colombia

Por Gustavo Capdevila
GINEBRA, Sep 22 2018 (IPS)

La suerte de una histórica declaración que reconoce los derechos de más de 1.000 millones de campesinos en el mundo se define en la última semana de septiembre, en una votación del Consejo de Derechos Humanos, el máximo órgano en la materia de las Naciones Unidas.

La elaboración del texto definitivo demandó un largo debate de un grupo de trabajo especializado que durante siete años evidenció profundas diferencias entre naciones del Sur en desarrollo, favorables a la iniciativa, y las del Norte industrial, en este caso con la singular excepción de Suiza.

El documento amalgama reivindicaciones seculares de los campesinos, como el derecho sobre la tierra, con reclamos más actuales como el derecho a las semillas y, en particular, la eliminación de la discriminación contra las campesinas y otras mujeres que trabajan en las áreas rurales.

El sujeto de la Declaración para los Derechos de los Campesinos y Otras Personas Trabajando en las Zonas Rurales es toda persona que se ocupa o trata de hacerlo, sola o en comunidad, de la producción de agricultura para subsistencia o para el mercado y emplea trabajo familiar.

La descripción abarca a agricultores artesanales o en pequeña escala, a criadores de ganado, pastores, pescadores, guardias forestales, cazadores, recolectores y artesanos vinculados a la agricultura o a otras actividades rurales.

Esa masa de trabajadores, que sumada a sus familiares puede abarcar hasta un tercio de la población mundial, figura en todas las estadísticas como el sector más desprotegido del planeta.

En abril, el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (OEIWG, en inglés), creado en 2012 para redactar el texto en el marco de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pactó el texto del proyecto de la Declaración.

En esa ocasión, la alta comisionada adjunta de Derechos Humanos, la australiana Kate Gilmore, observó que “aunque los pequeños agricultores suministran una elevada proporción de los alimentos consumidos a nivel local, hasta 80 por ciento en Asia y en África Subsahariana, 80 por ciento de la población mundial que padece hambre vive en zonas rurales”.

“Proteger los derechos de las personas que viven y trabajan en las zonas rurales es proteger la principal fuente de alimentación en todo el mundo”, justificó el encargado de negocios de Bolivia ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas)  en Ginebra, Ruddy Flores, al proponer formalmente el viernes 21 la aprobación del texto en las actuales sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

También significa “ proteger la biodiversidad de la que dependen los sistemas alimentarios, los empleos y medios de vida de millones de familias, promover la sostenibilidad ambiental, la resiliencia y adaptación al cambio climático y sobre todo proclamar la igualdad de derechos”, precisó Flores.

La representación de Bolivia ante la ONU en Ginebra ha liderado los trabajos del OEIWG para consensuar el proyecto, como su presidente-relator y por ello correspondió a Flores presentar el texto al Consejo de Derechos Humanos, cuyo 39 periodo de sesiones comenzó el día 10 y culmina el viernes 28.

Si este máximo órgano para los Derechos Humanos aprueba el texto, el proyecto de Declaración para los derechos campesinos sería sometido a la decisión final de la Asamblea General de la ONU, cuyas sesiones anuales comenzaron el día 18 y cuyo debate general concluirá el 1 de octubre.

El proyecto de Declaración garantiza a todos los trabajadores rurales el disfrute pleno, individual y colectivo, de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales reconocidas por todas las declaraciones, documentos y tratados adoptados por el sistema de las Naciones Unidas.

Exime igualmente a los campesinos de “toda clase de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en los terrenos de raza, color, descendencia, sexo, idioma, cultura, estado marital, propiedad, discapacidad, nacionalidad, edad, opiniones incluidas las políticas, religión, nacimiento o situación económica, social o de otra clase”.

A las mujeres campesinas les reconoce “garantías particulares en los campos de la planificación para el desarrollo, de acceso a la salud, la seguridad social, la educación y a vivir libres de la violencia”.

La Declaración establece asimismo que los Estados deben reconocer a las mujeres campesinas el acceso equitativo al uso y control de la tierra y de los recursos naturales, con independencia de su estado civil y marital.

Una investigación de la organización no gubernamental Fian International comprobó que pese a su contribución en la producción de alimentos, las mujeres son propietarias de menos del dos por ciento de la tierra a nivel mundial.

El texto proclama que todos los campesinos y trabajadores rurales gozarán del derecho a las semillas.

La Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos consignó en un estudio que, durante 10.000 años, los campesinos han protegido, seleccionado, intercambiado y vendido semillas, como también las han usado y reusado para producir alimentos.

Ese derecho consuetudinario ha sido reconocido por la ley internacional desde 2001 en respuesta a los desafíos que planteaba la protección de los derechos de propiedad intelectual establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC)  y por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

La abrumadora mayoría de trabajadores rurales de los países en desarrollo se guía por los sistemas tradicionales de producción y transferencia de alimentos y semillas, observa la Academia de Ginebra.

Por ello, el reconocimiento de esa atribución por parte de proyecto de Declaración  “es crucial para la realización de los derechos humanos de los campesinos”, opinó la institución especializada.

Las organizaciones no gubernamentales vinculadas con los sectores campesinos desempeñaron un papel clave durante el largo debate que se cerrará durante las actuales sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

El campesino senegales Ndiakhate Fall, representante de la coordinación africana de la organización internacional La Vía Campesina, dijo a IPS que la Declaración “constituye una base sólida para responder a los desafíos que afronta actualmente el campesinado de África”.

La Declaración “puede prevenir numerosas discriminaciones y violaciones de sus derechos humanos y a la vez garantizar la soberanía alimentaria, el mantenimiento de la biodiversidad y a poner un freno a las alteraciones climáticas”, explicó.

Melik Ozden, director del Centro Europa Tercer Mundo, con sede en Ginebra, observó que “la globalización neoliberal de las últimas décadas ha favorecido el monopolio de compañías transnacionales en la cadena alimentaria”.

En consecuencia, “los campesinos han sido despojados de sus recursos, tierras, semillas, agua, vivienda y otros”, afirmó a IPS.

Los trabajadores rurales “ya no controlan los procesos, los instrumentos ni tampoco la comercialización de sus productos”, subrayó Ozden.

Por esa razón, los campesinos “recalan en los asentamientos marginales urbanos o se transforman en migrantes ‘ilegales’ en terceros países, forzados a vender su fuerza de trabajo en condiciones degradantes”, concluyó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Emiratos enfría edificios altos pese calor abrasador del exterior

sex, 21/09/2018 - 13:14

Emiratos Árabes Unidos también paga el precio del rápido desarrollo económico en lo que se refiere al recalentamiento planetario. La refrigeración resultó ser un gran desafío para la mitigación del cambio climático, y debido al aumento de las temperaturas, los edificios más nuevos de Dubai tienen aire acondicionado. Crédito: Busani Bafana/IPS.

Por Amna Khaishgi
DUBAI , Sep 21 2018 (IPS)

“Mira estos edificios altos y lindos. Trabajé como albañil y fui uno de los que puso ladrillo tras ladrillo”, relató Mohammad Ajtar, un pakistaní de 45 años que vive en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, desde hace más de una década.

Ajtar ha sido testigo de la evolución del paisaje urbano, y opinó: “Ha sido un camino abrumador”. Y al ser consultado sobre qué cambió en los últimos 10 años, sonrié, y responde: el clima.

“La temperatura exterior aumenta tan rápido que agota enseguida la energía. No podemos luchar contra la naturaleza”, aseguró en diálogo con IPS.

“Pero al menos tenemos un papel que desempeñar en la protección del ambiente”, apuntó. Para él, sentarse a la sombra de un árbol durante el descanso es la mejor forma de relajación.

El aumento de la temperatura es preocupante, pero este país del Golfo tiene un alto grado de conciencia y un gobierno con una estrategia en materia de mitigación del cambio climático.

El Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI) se refirió a Emiratos como el país más responsable del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en lo que respecta al crecimiento verde, y uno de los que mejor anda en el mundo.

“El tipo de iniciativas que toma Emiratos son muy alentadoras y esperamos que las cosas mejoren con el tiempo”, dijo a IPS el director del GGGI, Frank Rijsberman.

El Instituto tiene el mandato de respaldar a países emergentes y en desarrollo a crear estrategias de desarrollo económico de crecimiento verde, y trabaja tanto con el sector privado como con el público.

Rijsberman le da un voto de confianza a los gobernantes, que adoptan la sostenibilidad y el crecimiento verde mucho antes y más rápido de lo que lo hacen muchos países del mundo.

Emiratos se apresuró a tomar conciencia de desafíos como la escasez de agua e instaló plantas de desalinización cuando otros países recién planeaban las suyas.

Un informe del CCG muestra que Kuwait fue el primero de la región en construir una planta de desalinización en 1957, junto con Emiratos que construyó la suya dos décadas después.

Pero Rijsberman señaló que queda mucho por hacer.

“En este momento, el desafío es cómo gestionar una planta con un uso eficiente de la energía”, observó.

“Es hora de que funcionen con opciones de energía verde, pues son una gran fuente de agua para el país”, precisó Rijsberman.

Como muchos países, Emiratos también paga un alto precio por su rápido desarrollo económico en términos del cambio climático.

“El rápido desarrollo económico y el crecimiento poblacional de Emiratos generó desafíos como las emisiones de gases invernadero, condiciones climáticas extremas, escasez de agua y destrucción de hábitats. Todos fenómenos interrelacionados”, dijo Rijsberman a IPS.

Según el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, las consecuencias directas de eventos climáticos extremos, así como  losfenómenos de desarrollo lento como la elevación del nivel del mar, pueden perturbar el funcionamiento diario del transporte y de la infraestructura, impactar en el valor del sector inmobiliario, de los bienes ambientales, además de dañar la industria turística.

“Las consecuencias del cambio climático probablemente se sientan más en zonas costeras, donde los hábitats marinos sufrirán por el aumento de la temperatura del mar y la salinidad, mientras que la infraestructura se verá puesta a prueba por marejadas y el aumento del nivel del mar”, señala el informe.

“Otros riesgos incluyen la fragilidad de la seguridad alimentaria y los perjuicios para la salud que generan eventos climáticos extremos”, añade.

El Plan Nacional de Cambio Climático de Emiratos 2017-2050, divulgado a principios de este año, señala que las consecuencias del cambio climático elevan la vulnerabilidad nacional y afectarán el posible crecimiento del país.

“Las posibles consecuencias del cambio climático en Emiratos incluyen calor extremo, marejadas, aumento del nivel del mar, estrés hídrico, tormentas de arena y polvo y desertificación”, precisa el informe.

“Aun las pequeñas variaciones en los patrones climáticos podrían afectar de forma significativa el bienestar económico, ambiental y social”, añade.

Los sectores más vulnerables al cambio climático en este país, según el informe del CCG, son los ecosistemas costeros, marinos y desérticos y el agua, la infraestructura y los edificios, la agricultura y la seguridad alimentaria y la salud pública.

“Basado en análisis de causas antropogénicas pasadas y presentes, las proyecciones que utilizan modelos climáticos sugieren un aumento en la temperatura promedio anual de Emiratos en el entorno de un grado centígrado para 2020, y de entre 1,5 y dos grados para 2040”, detalla el documento.

Además, el cambio climático podría tener consecuencias en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Emiratos.

Pero ya hay planes en marcha. “Han visto venir la tormenta y se preparan para hacerle frente”, aseguró Rijsberman.

Traducción: Verónica Firme

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Periodismo por la democracia, entre balas y censura en América Latina

sex, 21/09/2018 - 11:17

Los periodistas de América Latina se ven forzados a salir a las calles para reclamar respeto para la libertad de expresión, como estos que demandan en Caracas: ¡Basta de abusos contra la prensa! Crédito: Humberto Márquez/IPS

Por Humberto Márquez
CARACAS, Sep 21 2018 (IPS)

El asesinato de periodistas y cambiantes formas de censura muestran que aún se mantienen bajo asedio las libertades de expresión y de información en América Latina, en particular en los países de mayor efervescencia social y polarización política.

El periodismo “mantiene un papel central en el trabajo por la democracia en la región, aunque sufre prácticas de persecución contra medios, periodistas y activistas políticos y sociales, las cuales contradicen los acuerdos hemisféricos por los derechos humanos”, dijo a IPS el uruguayo Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ese asedio “es muy preocupante en países con crisis políticas que llevan a amenazas contra el periodismo, con actividades de los Estados o de diversos grupos para reprimir, restringir o silenciar a la prensa libre”,  señaló Natalie Southwick, coordinadora del programa latinoamericano en el no gubernamental Comité para Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.“(El asedio) es muy preocupante en países con crisis políticas que llevan a amenazas contra el periodismo, con actividades de los Estados o de diversos grupos para reprimir, restringir o silenciar a la prensa libre”: Natalie Southwick.

Al CPJ “le preocupan casos como la persecución de medios y periodistas en Guatemala y Nicaragua, la lucha electoral que se polariza en Brasil, la crisis humanitaria, represión y censura en Venezuela, la violencia mortal e impunidad en México, y los peligros para periodistas en la Colombia post-acuerdo de paz”, dijo Southwick a IPS desde la ciudad estadounidense.

México, que hasta julio vivió una campaña electoral manchada por la violencia, ha visto morir asesinados a ocho periodistas en lo que va de 2018 (12 en 2017). El más reciente fue Javier Rodríguez Valladares, de 28 años, muerto a tiros en plena calle en Cancún, en el sureste del país, mientras entrevistaba con su cámara a un artesano del lugar, quien también fue asesinado.

Sandra Patargo, activista de la mexicana Red Rompe el Miedo, informó que documentaron 146 agresiones a periodistas durante la campaña. “Solo el día de la elección (1 de julio) hubo 32. Y el índice que impunidad en la violencia contra periodistas es de 99 por ciento”, señaló.

Por su parte, la red contra la violencia NVALabs registra “un aumento generalizado de la violencia en México, pero en el caso de las mujeres periodistas este crecimiento es alarmante, está en el entorno de 20 por ciento anual e involucra una doble agresión: por periodista y por mujer”, según dijo la fundadora de la organización Luisa Pérez Ortiz.

Hay periodistas y medios acosados o intimidados por su cobertura de la crisis institucional en Guatemala y la social en Honduras, dijo Lanza, aunque el caso más serio en América Central este año ha sido la peligrosa cobertura de la rebelión social en Nicaragua.

El 21 de abril, al despuntar la ola de protestas y represión que en cinco meses ha cobrado centenares de vidas nicaragüenses, fue muerto de un disparo en la cabeza el periodista Miguel Ángel Gahona, mientras filmaba un enfrentamiento entre manifestantes y policías en la localidad de Bluefields, en la costa atlántica de su país.

Un mes antes, en la frontera entre Colombia y Ecuador fueron secuestrados y asesinados -por un grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-  tres integrantes de un equipo periodístico del diario El Comercio de Quito.En Venezuela, la prensa agoniza

De los 134 periódicos impresos que circulaban en Venezuela hace cinco años, en Septiembre de 2018 solo quedan 60, apenas la mitad son diarios, reducidas sus páginas, sus días de circulación y los ejemplares vendidos, según un estudio de Espacio Público, organización no gubernamental dedicada a la defensa de la libertad de expresión.
“Esa reducción no se debe a la cruzada de cambios en la industria periodística que recorre el mundo, sino al monopolio del Complejo Editorial gubernamental para la importación y cupos de asignación de papel periódico”, advirtió a IPS el director de la organización, Carlos Correa.
La medida ha traído como consecuencia el cierre y pérdida de empleos, al quedar solo en formato digital, de diarios emblemáticos de algunas regiones, como el centenario El Impulso de Barquisimeto, y que algunos estados no cuenten con periódico impreso alguno.
Correa sostiene que la agonía de los impresos es una de las tres carencias del periodismo actual para poder reflejar lo que acontece ante los venezolanos. Otra es el ataque, bloqueo y restricciones sobre el espacio digital, “de una manera cada vez más amplia y sofisticada, y que va desde la degradación de la calidad de internet hasta la responsabilidad estatal directa en la denegación del servicio y falta de protección para los nombres y dominios en la web”.
Una tercera traba estaría en la persecución sobre las fuentes informativas, como médicos que declaran y muestran imágenes sobre el mal estado de los hospitales, manifestantes, activistas o investigadores que denuncian corrupción o mala calidad en los servicios públicos, e incluso de usuarios de redes sociales que pueden ir a la cárcel en aplicación de una controvertida Ley contra el Odio elaborada por la exclusivamente progubrnamental Asamblea Nacional Constituyente.

También este año murieron a manos de pistoleros cuatro periodistas de radio, en distintos estados de Brasil. Un rasgo común es que en sus programas ventilaban casos de corrupción que implicaban a políticos de sus regiones.

Southwick saludó que, aún con estos casos, el asesinato de periodistas ha disminuido en países que en años anteriores fueron muy violentos, como Colombia, Honduras y Brasil.

“Sin embargo, las cifras pueden analizarse con más profundidad, si pensamos que en algunas regiones no hay más violencia porque por la inseguridad han disminuido las coberturas”, reflexionó.

Los ciberataques

Ese clima de persecución y asedio en que se desenvuelven muchos medios tradicionales ha comenzado a alcanzar a los digitales, que según señala Lanza “se han mantenido algo más fuera del alcance de las estrategias de control o interferencia de algunos estados”.

El crecimiento de herramientas digitales “ha sido una gran oportunidad para periodistas y medios que buscan expandir sus formas de contar historias, pero también para gobiernos y otros actores para tratar de limitar, controlar y censurar a la prensa”, observó Southwick.

Esos controles desde el poder se realizan “a través de tácticas como el hackeo de cuentas, ataques contra páginas web y, en casos como México, el monitoreo de periodistas con herramientas como ‘spyware’(programa espía) ”, detalló.

Esos programas recopilan información de una computadora y la transmite a una entidad externa sin el conocimiento o el consentimiento del propietario del computador.

“Operan también estrategias para criminalizar el uso de las redes sociales, como la Ley contra el Odio en Venezuela o Contra el Terrorismo en Nicaragua, utilizadas para vigilar las redes sociales y detener a personas que envían mensajes satíricos o críticos”, agregó por su parte Lanza desde Washington, sede de la CIDH.

Un ejemplo de estas actuaciones es la del caso de El Pitazo, un medio digital de investigación y noticias de Venezuela, que ha sido víctima de “hackeo” y denegación de servicio (DOS, por sus siglas en inglés) desde hace más de un año, denunció a IPS su director, César Batiz.

“Y todo parece indicar que se trata de gente ligada al gobierno con la complicidad del sector privado proveedor de servicios de internet”, agregó.

Con los ciberataques, El Pitazo ha visto disminuir sus usuarios cotidianos, de 70.000 hace un año a 12.000 en la actualidad.

“Los picos culminantes de esos ataques se registraron en septiembre de 2017 y abril de 2018, cuando publicamos informes sobre la detención en Estados Unidos, como testaferros para corruptelas multimillonarias, de familiares de altos cargos” en la estructura de poder en Venezuela, subrayó Batiz.

Viento a favor

Southwick consideró que “hay señales positivas en el mundo de los derechos del periodismo en América Latina. Sentencias y  juicios por el asesinato de periodistas como Jaime Garzón (1999) y Flor Alba Núñez (2015) en Colombia, y Pablo Medina (2014) en Paraguay y Brasil, apuntan contra el ciclo de impunidad, aunque quede mucho por hacer”.

“En Ecuador bajo el presidente Lenín Moreno hemos visto cambios enormes en la relación entre el gobierno y los medios, y esperamos cambios en la Ley orgánica de Comunicación”, sostuvo la activista del CPJ.

Según Lanza “el Cono Sur, sin perjuicio de la polarización política que allí se vive, está en una línea bastante consistente en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Además “hay una buena evolución en casos como Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú, y son muy positivos los cambios que hace Ecuador, pues el presidente Moreno ha abandonado la organización del aparato estatal para controlar la información”, como sucedía con su predecesor, Rafael Correa (2007-2017).

“Cuando uno pone la lupa, encuentra problemas”, pero “en general la región se inclina hacia los estándares internacionales de democracia con libertad de expresión”, concluyó Lanza.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Batalla contra glifosato amenaza la explosión de la soja en Brasil

qui, 20/09/2018 - 17:57

Una plantación de soja en el estado de Tocantins, una nueva frontera del cultivo en Brasil, en la orilla del río Tocantins, que puede ser contaminado por el uso de glifosato y otros agroquímicos. Brasil es ya el principal exportador de la oleaginosa y se disputa con Estados Unidos el de mayor productor mundial. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Sep 20 2018 (IPS)

En cifras, no hay dudas del éxito. La soja, casi desconocida hace cinco décadas en Brasil, se convirtió en su principal producto de exportación. Pero su cultivo enfrenta un desafío crucial, su dependencia de agroquímicos bajo sospecha de provocar cáncer.

Sin el glifosato, un herbicida de Monsanto, el gigante estadounidense de la biotecnología y líder mundial en semillas transgénicas, no habrá siembra de soja, admitió el ministro brasileño de Agricultura, Blairo Maggi, cuya familia está entre los mayores productores de la oleaginosa del mundo.

La amenaza se debió a una decisión judicial del 3 de agosto que suspendió permisos para el uso de agroquímicos con glifosato, ante la demora de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria en realizar evaluaciones toxicológicas en esos insumos agrícolas.“Es una batalla similar a la del tabaco, que duró décadas reduciendo el consumo. Las empresas usan su poder económico para comprar científicos, presionar el gobierno, órganos reguladores y los medios de comunicación”: Fernando Carneiro.

La incertidumbre se despejó un mes después, cuando el tribunal de apelación de Brasilia revocó la suspensión. El glifosato es el herbicida más usado, se aplica en más de 95 por ciento de las siembras de soja, maíz y algodón en Brasil, según el ministro.

Pero los riesgos son mundiales. La Monsanto fue condenada el 10 de agosto por un tribunal de California, en Estados Unidos, a pagar una indemnización de 289 millones de dólares a Dewaine Johnson, un jardinero escolar de San Francisco, que tiene cáncer atribuido al uso de herbicida con glifosato.

“Es una batalla similar a la del tabaco, que duró décadas reduciendo el consumo. Las empresas usan su poder económico para comprar científicos, presionar el gobierno, órganos reguladores y los medios de comunicación”, resumió a IPS el biólogo Fernando Carneiro, coautor del dossier sobre agroquímicos de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco).

Fue importante que la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, en inglés), de la Organización Mundial de Salud, considerar el glifosato como “probablemente carcinogénico para seres humanos” y con “suficiente evidencia” de ese daño en animales, en evaluación de 2015 sobre cinco agroquímicos, acotó.

El fallo judicial en Estados Unidos “abre nuevas perspectivas” en el avance de la lucha contra los agroquímicos en defensa de la salud pública, reconoció Carneiro.

“El glifosato es seguro, se usa en todo el mundo, hay muchos estudios y ninguno  comprobó que provoca cáncer”, sostuvo Mauricio Buffon, presidente de la Asociación de Productores de Soja (Aprosoja) en el estado central de Tocantins, una de las áreas de actual expansión del cultivo en el país.

“Además las alternativas son mucho peores, exigen cantidades mayores y son menos eficientes. No se vislumbran sustitutos más seguros en los próximos diez años”, arguyó, sospechando del “sesgo ideológico” de las denuncias y juicios contra el herbicida de Monsanto.

Dos litros de glifosato por hectárea son suficientes para proteger las siembras, mientras otros herbicidas exigen cuatro o cinco litros en cada hectárea, precisó.

En el caso estadounidense, ganó el juicio “un jardinero, no agricultor”, su área de cuidados se mide en metros cuadrados, no en hectáreas, y “posiblemente fue víctima de alta sobredosis”, matizó.

El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, un gran productor de soja, cuenta con fuerte apoyo parlamentario de la “bancada ruralista”, con más de 200 diputados en un total de 513, para aprobar una nueva ley que flexibilice aún más los controles en el uso de los agroquímicos en el cultivo, pese a las alertas sobre sus efectos cancerígenos. Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil-Fotos Públicas

De todos modos, la polémica no se limita a Johnson, hay miles de procesos judiciales contra Monsanto en Estados Unidos.

Además los posibles efectos de los productos agroquímicos no se limitan a la salud, comprenden también “daños a ecosistemas, al suelo y la biodiversidad, promueven la concentración de la propiedad de la tierra, acaparan investigaciones científicas”, amplió Carneiro.

Están vinculados a un modelo de agricultura que enfrenta variadas resistencias, por cuestiones de salud, ambiente, seguridad alimentaria, desigualdades sociales e incluso de política, al concentrar poder en manos de los grandes agricultores, representados en el legislativo Congreso brasileño por la “bancada ruralista”, con más de 200 diputados de un total de 513.

Ese poder amenaza la legislación “que es insuficiente pero tiene puntos positivos para contener abusos” en el uso de venenos agrícolas. Eso “puede empeorar” si se aprueba una propuesta del ministro Maggi de una nueva ley ablandando normas, advirtió a IPS la agrónoma Flavia Londres, dirigente de la Articulación Nacional de Agroecología (ANA).

El “paquete del veneno”, como lo llaman los activistas contrarios a su uso, avanza en la Cámara de Diputados con apoyo de los ruralistas y rechazo de órganos de control sanitario y ambiental, del Ministerio Público (fiscalía), organizaciones sociales y de salud pública.

Para contraponerse a esa ofensiva, ambientalistas, Abrasco, el movimiento campesino e investigadores se movilizaron y propusieron una Política Nacional de Reducción de Agroquímicos (PNaRA), un proyecto de iniciativa popular respaldado por más de 1,6 millones de firmas.

Se trata de fortalecer los órganos de control y las normas, eliminar los actuales subsidios al uso de productos fitosanitarios y gravarlos más duramente cuanto más tóxicos sean, reorientar el crédito y las investigaciones tecnológicas, fomentando la agroecología y la producción orgánica, explicó Londres.

La propuesta comprende “medidas integradas” para transformar un sistema que estimula el creciente consumo de agroquímicos, no solo glifosato, acotó. Pero traba una batalla parlamentaria desfavorable, contra la “bancada ruralista” que debe mantener su fuerza en las elecciones de octubre, presidenciales y parlamentarias.

“Las plantas transgénicas fueron el gran factor del reciente auge”, sostuvo. Brasil ya era gran productor de soja, antes de la introducción de sus semillas genéticamente modificadas, que tuvieron sus primeras siembras ilegales detectadas en 1998 en el sur del país.

Eran las semillas denominadas Roundup Ready, de Monsanto. Como resisten al glifosato, la aspersión de ese herbicida elimina matorrales, preservando la soja y abaratando la limpieza de la tierra.

La diseminación de los transgénicos legales e ilegales fue rápida, alcanzando casi toda la producción de soja, maíz y algodón. Los monocultivos quedaron dependientes tanto de las semillas como de los fitosanitarios vendidos por la Monsanto y otras transnacionales del sector.

De esa forma, la exitosa expansión del llamado agronegocio, de las grandes haciendas de monocultivo, puede convertirse en una trampa si estalla un escándalo, como la multiplicación de condenas al glifosato como causa de cáncer.

Las acciones judiciales contra la Monsanto pasaron de 5.200 a más de 8.000 en Estados Unidos, tras la sentencia favorable a Johnson, admitió la corporación transnacional Bayer, grupo químico alemán que adquirió la empresa estadounidense en 2016.

Brasil tiene especial interés en ese proceso, que amenaza su fulminante carrera de productor de soja que se apresta a ocupar el primer lugar mundial.

Su cosecha anual, marginal hasta 50 años atrás, decuplicó en la década de los 70, dobló en las siguientes y triplicó desde 2001, para alcanzar 116,8 millones de toneladas en este año, emparejándose con la producción de Estados Unidos.

Los 68 millones de toneladas exportadas en 2017 le rindieron 31.700 millones de dólares, según datos oficiales. China es su principal comprador.

Localmente,  la soja se usa principalmente como insumo de alimentación animal y en pequeña parte al consumo humano. De su procesamiento se produce el salvado, básicamente para ganadería y avicultura, y el aceite que se convierte en biodiesel, representando 80 por ciento de su materia prima en Brasil.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos pronosticó en julio que la producción brasileña de soja sería este año superior a la interna, de 116,4 millones de toneladas, aunque un mes después la elevó a 124,8 millones de toneladas, con lo que volvería a aventajar ligeramente a la de Brasil.

Para Londres el problema es con la soja “no se producen alimentos, sino principalmente materia prima para producir alimentación de ganadería”, no contribuye a la seguridad alimentaria de los brasileños.

Es un modelo de producción que se opone la agroecología y cuyo intenso uso de agroquímicos “afecta toda la población, particularmente a las mujeres en por el impacto de alimentos envenenados en la reproducción”, añadió.

Abortos espontáneos, mala formación fetal y la presencia de esos venenos en la leche materna en las regiones productoras fueron algunos problemas identificados.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Posible agitación en la ONU por descontrol político de Trump

qui, 20/09/2018 - 13:13

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la Asamblea General de la ONU. Crédito: Cia Pak/UN Photo.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Sep 20 2018 (IPS)

El imprevisible presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildado de demoledora humana, con su política exterior poco ortodoxa e irresponsable, ya se hizo sentir en la ONU y se espera más de los mismo cuando visite la sede del foro mundial en la última semana de este mes.

Un ejemplo de ello es el retiro de 300 millones de dólares de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos de Oriente Próximo (UNRWA) y de 69 millones, desde al año pasado, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que promueve la salud reproductiva.

Y también se especula que Washington promoverá una resolución en la Asamblea General este año para reducir sus aportes al foro mundial, que representan 22 por ciento del presupuesto anual.

Pero esa resolución solo contará con la aprobación de los 193 miembros de la Asamblea General si Washington recurre a medidas de fuerza.

La representante estadounidense en la ONU, Nikki Haley, ya amenazó con “registrar los nombres” y recortar la asistencia a los países que votaron la resolución de condena a Estados Unidos por reconocer a Jerusalén como capital de Israel, este año.

Cuando vaya a la sede de Nueva York, el 25 de este mes, será la segunda visita de Trump a la ONU, donde participará en el 73 período de sesiones de la Asamblea General, para luego presidir una reunión del Consejo de Seguridad.

Trump está en desacato desde que pidió la renegociación del Acuerdo de París, aprobado en 2015, suscrito por 196 países y ratificado por 180.

En mayo, el presidente estadounidense se retiró del acuerdo nuclear con Irán, el Plan de Acción Conjunto y Completo (JCPOA, en inglés), pero los otros signatarios, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia (cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad), además de Alemania y de la Unión Europea, se negaron a seguir por ese camino destructivo.

Trump también calificó a la ONU de “club social”, un comentario que desveló una gran ignorancia, más que una declaración diplomática bien pensada.

Norman Solomon, director ejecutivo del Instituto de Precisión Pública, dijo a IPS: “El mundo es demasiado grande, demasiado diverso y demasiado maravilloso para que el principal foro mundial sea rehén del gobierno de Estados Unidos”.

“La arrogancia jingoísta de Trump arrastró a poderosos discursos políticos hacia nuevas niveles sumergidos en la ONU”, apuntó.

“Ya es hora, desde hace tiempo, de que la ONU distinga claramente sus misiones operativas de las agendas destructivas del gobierno de Estados Unidos”, indicó Solomon, fundador y coordinador de la organización en línea RootsAction.org, con 1,4 millones de miembro activos.

En el marco de su desprecio por el sistema de comercio internacional, Trump amenazó con retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio, con sede en Ginebra, mientras sigue rompiendo acuerdos e imponiendo aranceles de forma unilateral.

Sin embargo, tiene defensores como Stephen Moore, de la Fundación Heritage, quien propuso que Trump recibiera el Premio Nobel de Economía este año.

En la publicación Investor’s Business Daily, Moore sostuvo que los logros económicos de Trump quedaron solapados por comentarios sobre su comportamiento imprevisible y “peligroso”.

En el marco de su divagante política exterior, Trump también rompió filas con el resto del mundo cuando decidió reconocer, de forma unilateral, a Jerusalén como capital de Israel, en flagrante violación de una resolución del Consejo de Seguridad que llama a las partes en conflicto a decidir sobre el futuro de la disputada ciudad.

También fue blanco de duras críticas en 2017, cuando tildó a Haití y a las naciones africanas de “países de mierda”, lo que motivó protestas de la Unión Africana, de 55 miembros.

Además, fue muy cuestionado por sus comentarios insultantes sobre que “todos los haitianos tienen sida” (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y que los nigerianos que visitaron Estados Unidos “nunca volverían a sus chozas”.

Mouin Rabbani, del Instituto de Estudios Palestinos en Washington, dijo a IPS que es difícil especular sobre qué dirá el presidente Trump y cómo se conducirá en la ONU.

“Lo único seguro es que hará un despliegue de vulgaridad impresionante, diseminará falsedades como loco (en muchos casos, hay que decirlo, sin la más mínima idea de lo que está haciendo), por lo que sus seguidores estadounidenses e israelíes lo celebrarán como actos de heroísmo sin precedentes”, añadió.

Si Trump se ciñe al libreto que le dan, puede que sí o puede que no, es de esperar que Estados Unidos se concentre en sus intentos de aislar a Irán, observó.

“Es una opción interesante, dado que el JCPOA es un tratado internacional, ratificado por el Consejo de Seguridad, que a Irán se lo juzgó en reiteradas oportunidades por el cumplimiento de sus obligaciones en ese contexto y que Estados Unidos, al renunciar de forma unilateral a las suyas, viola de forma abierta y deliberada el derecho internacional y sus obligaciones frente al foro mundial”, explicó.

En la segunda semana de este mes, el asesor de seguridad, John Bolton, dijo a la Sociedad Federalista en Washington, que el gobierno de Estados Unidos resistirá las investigaciones de la Corte Penal Internacional contra ciudadanos estadounidenses (como soldados acusados de crímenes de guerra) o aliados (como Israel acusado de crímenes de guerra contra los palestinos) por ser “procesos injustos de un tribunal ilegítimo.

El desprecio de la Casa Blanca hacia el derecho internacional, las prioridades humanitarias y la ONU como institución alcanzó un nuevo nivel durante la Presidencia de Trump, observó Solomon.

“Hay que condenar y oponerse a la arrogancia destructiva de las actuales políticas de Washington, representadas por la embajadora Nikki Haley en la ONU”, sostuvo.

Los países deben hacer más que rechazar de forma directa el peligroso militarismo y racismo implícito del actual gobierno de Estados Unidos.

También deben evaluar, y fundamentalmente cambiar, la trayectoria de servilismo del foro mundial con respecto al gobierno estadounidense y sus consecuencias de largo plazo, apuntó.

En las pasadas décadas, en que hubo varios presidentes, el gobierno de Estados Unidos ha sido culpable de sobornar, extorsionar y de utilizar otros métodos turbios para manipular a los estados miembro.

A veces, incluso, recurriendo a tácticas de mano dura para hacer que los miembros del Consejo de Seguridad aprobaran, o al menos no se opusieran, a las acciones bélicas y a las guerras en curso, recordó Solomon.

Pero los esfuerzos indebidos por seguir las políticas de Washington durante varias décadas ha desdibujado las nobles ideas de la ONU, a menudo acomodándolas como racionalizaciones para que Estados Unidos reclamara la connivencia de la ONU, subrayó.

“Quizá más interesante que los divagues de Trump en la Asamblea General sea cuando presida una sesión del Consejo de Seguridad, pues Estados Unidos detenta la Presidencia este mes”, observó Rabbani, en diálogo con IPS.

Ver a Trump presidir una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, que implica la obligación de respetar procedimientos y protocolos, será una escena memorable.

Es muy posible que arranque la sesión con la propuesta de remodelar el edificio aprovechando uno de sus descuentos especiales, y pida que los otros miembros del Consejo de Seguridad adopten una resolución para despedir al asesor especial Robert Mueller, especuló Rabbani.

Si se atiene al libreto e insiste con la agenda iraní, uno podría pensar en numerosos miembros del Consejo de Seguridad que ofrecerán respuestas punzantes contra la posición estadounidense, entre los que también pueden estar los aliados de Washington.

Parecería que hay una toma de conciencia sobre que la agenda de Estados Unidos no se limita a destruir el JCPOA o a asegurar la permanente supremacía de Israel sobre el pueblo palestino, sino que se propone desmantelar las instituciones internacionales, en particular las que velan por el derecho internacional, para reemplazarlas por poderes autoritarios, principalmente de Estados Unidos e Israel, como árbitros de los asuntos internacionales.

Esa agenda ayuda a explicar las últimas decisiones en materia de aportes económicos a las agencias de la ONU, como la UNRWA, aunque ahí también hay claros factores ideológicos en juego.

“Si Trump es objeto de críticas en la ONU, y en particular en el Consejo de Seguridad, es de esperar que Washington tome más medidas para marginar, desfinanciar y hacer que el foro mundial y sus agencias se vuelvan impotentes”, aventuró.

“Lo que vimos hace poco con respecto a la UNRWA y a la CPI puede ser solo la previa de lo que se viene”, alertó Rabbani.

Traducción: Verónica Firme

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Centros laborales cubanos abren la puerta a la igualdad de género

qua, 19/09/2018 - 17:41

Una pareja de promotores de salud reparten preservativos a un grupo de adolescentes en la entrada de un concierto en el barrio del Vedado, en La Habana, la capital cubana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Sep 19 2018 (IPS)

Una antigua mansión de amplios salones, columnas ornamentales y pisos lustrosos, acoge al centro estatal Prosalud, que avanza hacia una meta todavía inusual en Cuba: cambiar su organización laboral para incorporar la igualdad de género puertas adentro.

“No fue algo que introdujimos ahora que estamos implantando un modelo de igualdad… Muchas buenas prácticas ya eran habituales porque trabajamos en función del género en la promoción desde hace años”, explicó a IPS en una entrevista Miriam Valdés, la directora de Prosalud (Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades).

Con sede en el barrio habanero de Vedado y una red nacional de promotores voluntarios, Prosalud lidera el establecimiento del programa Igualdad de Género es Salud (IGES) en instituciones  del sector, tras alcanzar en marzo el primero de cuatro niveles para recibir la certificación dada por la paraestatal Federación de Mujeres Cubanas.“El factor humano es uno de los principales requisitos que deben cuidar todas las instituciones del país, sea una empresa en la industria alimenticia o una entidad de salud. Los colectivos deben ser parejos porque las desigualdades entre hombres y mujeres traen serias consecuencia”: Caridad Soler.

Todo comenzó en 2014, cuando la Unidad comenzó a aplicar un modelo que acompaña con éxito desde 2009 en América Latina el Programa para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (PNUD), destinado a promover ambientes laborales inclusivos y con equidad entre hombres y mujeres.

Cuba se suma así a experiencias transformadoras en instituciones públicas y privadas de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

Bajo diferentes nombres, los proyectos implementados en espacios laborales de América Latina integran la Comunidad de Práctica del Sello de Igualdad de Género, que defiende la idea de crear un sello de calidad con ese objetivo, a alcanzar por los centros laborales de cualquier índole.

En este país insular caribeño, este movimiento ha llegado por ahora solo a los sectores de salud y agricultura, en centros de propiedad estatal o cooperativa, que revolucionan así el mundo del trabajo en un escenario cambiante por la descentralización de la economía iniciada en 2008.

Ya 13 entidades agrícolas, entre ellas cooperativas y empresas, alcanzaron algún nivel del sello Igualdad de Género para la Gestión con Calidad de la Seguridad Alimentaria.

En el campo sanitario, que es enteramente público en Cuba, además de Prosalud, se comprometieron la Escuela Nacional de Salud Pública y la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología de la provincia oriental de Granma.

“Se trata de un proceso de mejora continua, que comienza con un diagnóstico y capacitaciones en la institución”, detalló Valdés, sobre el impacto en el colectivo de 74 trabajadores, de los cuales 41 son mujeres. “Lo más importante es que las personas sepan a qué se están comprometiendo a cambiar en la organización”, indicó.

La directora de la cubana Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud), en el centro, rodeada de Caridad Soler, jefa Departamento de Capital Humano, y el psicólogo Yandis Alberto Betancourt, en uno de los espacios del centro estatal, en La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Las reformas económicas y sociales durante la presidencia de Raúl Castro (2008-abril 2018) y que se ha propuesto continuar el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, transformaron el panorama laboral con restructuraciones del sector estatal, la apertura al trabajo privado, más posibilidades para cooperativas y la inversión extranjera.

Este país de 11,2 millones de habitantes, los hombres y mujeres tienen iguales salarios por ley desde los inicios de la Revolución de 1959, que se declaró socialista en 1961.

Ellas ostentan en la actualidad una gran incorporación laboral, pues son 67,2 por ciento de los técnicos y profesionales y 49 por ciento de la fuerza laboral en el sector estatal civil.

También cubren más de 64,2 por ciento del personal que presta servicios de colaboración en otros países, que son en su mayoría servicios de salud y representan el primer rubro de ingresos de la isla caribeña.

Pero especialistas observan brechas de género en el empleo en general como persistencia de estereotipos, acceso a puestos de decisión y mejor remunerados, uso de lenguaje sexista y falta de estrategias para la conciliación entre la vida privada y laboral, mientras en el sector privado se hicieron más evidentes las discriminaciones.

“Con IGES ocurren cambios a nivel personal porque se capacitan hasta los trabajadores de servicios, y se fortalece la cultura de no estigma y no discriminación en el colectivo laboral. Mejora el ambiente y la organización del trabajo”, enumeró Valdés.

IGES establece seis aspectos a mejorar dentro de la organización laboral que son la selección y contratación del personal, el desarrollo técnico-profesional, la conciliación vida laboral-familiar y corresponsabilidad, ambiente laboral y salud, comunicación inclusiva e imagen no sexista, y prevención y atención de la violencia de género.

Exterior del “Carrito por la vida”,  un vehículo empleado para campañas sanitarias, en las inmediaciones de la cubana Unidad de Promoción de salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud), en La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por esa razón, Valdés y otros trabajadores de Prosalud consideraron a IPS que, en esencia, el modelo puede ser replicado por colectivos de todas las ramas de la economía cubana.

“Este tema es primordial… ojalá que todas las instancias, decisores, las administraciones… todas las personas relacionadas con cualquier tipo de gestión, ya sea estatal, privada o cooperativa, pudieran tener elementos básicos de lo que se necesita para que haya igualdad de género”, conminó la directora.

El psicólogo Yandis Betancourt consideró que “el modelo pauta indicadores que, para cumplirlos, el centro laboral necesita tener un plan de actividades”.

“Es importante y válido extenderlo, sobre todo hoy día, cuando existe resistencia a entender que son necesarias las proporciones por género, color de la piel y cualquier grupo vulnerable”, opinó.

Con una larga trayectoria en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida, Betancourt coordinó el diagnóstico realizado internamente para implementar el IGES.

El especialista señaló que en el estudio, realizado entre 2014 y 2015, se encontró que en el colectivo persistían estereotipos sexistas, tanto en hombres como en mujeres; prejuicios sobre la diversidad sexual, desbalances en la composición de algunos departamentos y en el acceso de las mujeres a puestos de decisión, entre otros.

Muchos de estos rezagos sorprendieron al equipo pues Prosalud fue el resultado de la fusión en 2014 del Centro de Promoción de Salud y el Centro Nacional de Prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual y el VIH/sida, que desde hace 30 años incluye el enfoque de derechos humanos y género en la respuesta a la enfermedad.

“El factor humano es uno de los principales requisitos que deben cuidar todas las instituciones del país, sea una empresa en la industria alimenticia o una entidad de salud. Los colectivos deben ser parejos porque las desigualdades entre hombres y mujeres traen serias consecuencia”, valoró Caridad Soler, la jefa del Departamento de  Capital Humano de la institución.

Soler detalló que, gracias al modelo, cambió el estilo de las convocatorias de plazas vacantes, se propició la participación de hombres y mujeres en puestos no tradicionales como hombres recepcionistas, y el ascenso de mujeres a cargos de dirección, sin obviar las capacidades requeridas para desempeñar cada puesto.

Además la perspectiva de género se fortalece en la red de promotores voluntarios de Prosalud, que reúne a 12.591 personas en el país.

“A la red de voluntarios, IGES llegó primero con unos talleres y después con algunas transformaciones favorables. Se abrió el Sitio Amigable, donde podemos atender a las personas con más privacidad, y se reajustó el Carrito por la Vida, donde salimos a la calle para hacer prevención”, dijo Ramón Luis Alaya, promotor desde hace 10 años.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Otra crisis acecha a los países del Sur en desarrollo

qua, 19/09/2018 - 13:15

María Antonia Figueroa, frente al centro preescolar y guardería comunitaria que dirige en la Villa Itatí, uno de los asentamientos precarios más grandes de Argentina, en el sur del Gran Buenos Aires. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Por Anis Chowdhury y Jomo Kwame Sundaram
SYDNEY, KUALA LUMPUR, Sep 19 2018 (IPS)

George Soros, Bill Gates y otros entendidos prevén otra crisis financiera, que esta vez podría explotar desde los países emergentes del Sur en desarrollo, y algunos hechos registrados en los últimos tiempos justifican los temibles pronósticos.

En su último libro “Revolution Required: The Ticking Bombs of the G7 Model (“Revolución necesaria: Las bombas de tiempo del modelo del G7”), Peter Dittus y Herve Hamoun, exfuncionarios del Banco de Pagos Internacionales, alertaron sobre “bombas de tiempo” en el sistema financiero mundial que están listas para explotar, principalmente debido a las políticas de los grandes países ricos.

Muchas divisas de mercados emergentes están bajo una enorme presión, con la rupia indonesia e india y el rand sudafricano, todas en dificultades desde principios de este año.

El real de Brasil cayó en junio, y Argentina no logra estabilizar el peso, a pesar de la asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras a Turquía le cuesta estabilizar su lira, la exposición de muchos bancos europeos eleva el miedo a la ocurrencia de otra crisis financiera.

Anis Chowdhury

¿Por qué hay vulnerabilidad?

Algunas deficiencias fundamentales están en el corazón de la vulnerabilidad. Entre ellas, se destaca el “no sistema” financiero internacional desde el colapso del que había desde la época de Bretton Woods, de 1971, y el continuo uso del dólar estadounidense como la principal moneda de reserva.

Eso genera una carga para los países deficitarios con respecto a los excedentarios, y garantiza una vulnerabilidad casi universal frente a las políticas monetarias de Estados Unidos.

Por ello, muchos países acumulan dólares como precaución, por ejemplo como forma de “protección”, y desechan otras opciones, como invertir en proyectos socialmente deseables.

Las autoridades no solo no pudieron hacer frente a las debilidades tras la crisis financiera y económica de 2008-2009, sino que también se agravaron otros problemas.

Al haber desechado intervenciones más sólidas y políticas fiscales más sostenidas, la política monetaria se volvió virtualmente el único instrumento para superar los problemas.

Los grandes bancos centrales, encabezados por la Reserva Federal de Estados Unidos, se embarcaron en “políticas monetarias no convencionales”, presionando a la baja las tasas de interés reales, incluso en territorio negativo.

Las economías emergentes y en desarrollo que ofrecen retornos más altos, experimentaron grandes flujos de capital de corto plazo.

La deuda externa de las economías emergentes creció más de 40 billones (millón de millones) desde la crisis pasada.

La deuda combinada de los 26 mercados emergentes más grandes aumentó de 148 por ciento del producto interno bruto (PIB) a fines de 2008, a 211 por ciento, en septiembre de 2017, según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, en inglés).

El dinero fácil elevó la deuda de los hogares y de las empresas, aumentando la pobreza y las burbujas de precio de los activos financieros.

Según el “Monitor Fiscal” de abril de 2018, que realiza el FMI, la deuda global se disparó a 164 billones de dólares, 225 por ciento del PIB mundial, muy por encima del 125 por ciento del PIB registrado antes de la crisis de 2008.

El IIF, señala que la deuda se elevó a más de 247 billones de dólares a principios de 2018, es decir el equivalente a 318 por ciento del PIB.

Elevar los niveles de deuda implica grandes riesgos de pérdidas para la economía global. Al terminarse la llegada de dinero fácil, debido a que el Sistema de Reserva Federal sigue “normalizando” la política monetaria elevando la tasa de interés, el flujo de capital hacia Estados Unidos socava las divisas de los mercados emergentes.

Cuando la falta de pago de la deuda aumenta con las tasas de interés, mientras el crecimiento de los ingresos sigue moderado, el mundo se vuelve más vulnerable a una crisis financiera.

Jomo Kwame Sundaram. Crédito: FAO/Alessia Pierdomenico.

Capacidades disminuidas

Tanto los países ricos como en desarrollo tienen menos espacio político que durante la crisis de 2008. La mayoría de los gobiernos están limitados por deudas mayores tras los rescates generalizados debido a la falta de esfuerzos para sostener una recuperación sólida.

Según el informe de FMI de este año, el promedio de la deuda pública de las economías avanzadas era de 105 por ciento del PIB en 2017, lo que limita la capacidad fiscal para responder a la crisis.

Mientras, las políticas monetarias están exhaustas luego de una década de acciones “no convencionales”.

Los ratios generales entre deuda y PIB de los gobiernos en los mercados emergentes y las economías de medianos ingresos casi llegaron a 50 por ciento en 2017, un nivel solo visto durante la crisis de deuda de la década de los años 80.

La proporción registrada en 2017 superó 40 por ciento en los países en desarrollo de bajos ingresos, trepando más de 10 puntos porcentuales desde 2012.

“Jugando con fuego”, de Yilmaz Akyüz, exdirector del Centro Sur, subraya las vulnerabilidades autoinfligidas de los países en desarrollo.

La ratio entre deuda pública y PIB en las economías emergentes y en desarrollo podría aumentar debido a la caída del precio de las materias primas y el estancamiento del mercado global, cuando casi no tienen independencia en materia de política monetaria debido a la profunda integración financiera mundial.

Crecimiento mundial débil

Cuando distintos sectores empresariales han estado ocupados con fusiones, adquisiciones y recompra de acciones con créditos baratos, en vez de invertir en la economía real, el sector financiero logró describir a la deuda pública como el “enemigo público número uno”.

Rehén del capital financiero, los gobiernos desperdiciaron la oportunidad de mejorar las capacidades productivas invirtiendo en infraestructura y bienes sociales cuando las tasas de interés reales estaban en niveles bajos históricos.

Ubicándose en torno a 24 por ciento del PIB mundial, la tasa de inversión global sigue estando por debajo del nivel anterior a la crisis, de 27 por ciento, con tasas de interés en los países emergentes y en desarrollo en caída o estancadas desde 2010.

Al no hacer frente a la caída del componente salarial en el PIB, al aumento de los salarios de los ejecutivos y a las burbujas en los precios de los activos debido a las políticas monetarias “fáciles”, estos siguieron empeorando la creciente desigualdad de ingresos y la concentración de la riqueza.

Mientras, los recortes drásticos en el gasto del Estado y en los servicios públicos, a la vez que se reducen las tasas máximas de impuestos, generan malestar y resentimiento, a menudo atribuidos al “otro”, lo que contribuye a la propagación del “etnopopulismo”.

A su vez, las crecientes desigualdades limitan la demanda agregada, mantenida por el aumento no sostenible de la deuda de los hogares, es decir la “inclusión financiera” perversa.

¿Tormenta perfecta?

La turbulencia de los mercados de divisas se debe al limitado espacio para políticas económicas de los países en desarrollo. Una década después de la crisis de 2008, esos estados todavía experimentan tasas de crecimiento e inversión bajas.

Los sectores financieros de las economías de mercados emergentes tienen ahora más, y más profundos, vínculos con los mercados internacionales, lo que también se refleja en la gran participación extranjera en las acciones y los bonos del gobierno, con una gran salida repentina de capitales, que causan crisis financieras.

Mientras, la última caída del precio de las materias primas aceleró el aumento del endeudamiento de los países de bajos ingresos.

Según el informe del FMI, 24 de 60 países (alrededor de 40 por ciento) ya sufren una crisis de deuda o tienen una gran vulnerabilidad, el doble que hace cinco años, con algunos, incluso, ya buscando fondos para emprender rescates financieros.

El problema se agrava por la disminución de la ayuda sin concesiones de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Además, más acreedores dejaron de formar parte del Club de París, obligados a lidiar con la deuda soberana en términos menos onerosos. Mientras, el comercio creciente y los conflictos de divisas empeoran las dificultades de los que ya están en peores condiciones.

Traducción: Verónica Firme

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Pueblos indígenas conectan su desarrollo a las energías limpias

ter, 18/09/2018 - 15:44

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz (3ra izda), mientras abogaba por la participación plena de las comunidades originarias en proyectos de energía limpia, durante el foro de Nuestro Pueblo, en la ciudad estadounidense de San Francisco. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
SAN FRANCISCO, Estados Unidos, Sep 18 2018 (IPS)

Comunidades del pueblo achuar en Ecuador comienzan a acudir al sol para electrificar sus casas y transportarse en canoas con paneles fotovoltaicos por los ríos de su hábitat en la Amazonia, en una de las formas con las que los pueblos indígenas buscan en las energías limpias un socio para un desarrollo sostenible.

“Queremos generar una economía comunitaria basada en la sostenibilidad”, aseguró a IPS el dirigente de ese pueblo originario, Domingo Peas, quien también ejerce de  asesor de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, que aglutina a 28 organizaciones y 11 nacionalidades nativas del país suramericano.

El primer proyecto se remonta a la década pasada, cuando los achuar iniciaron la instalación de paneles solares en la comunidad de Sharamentsa, con 120 personas y asentada en la ribera del río Pastaza. Actualmente operan 40, a un costo de 300 dólares por unidad, aportados por donaciones privadas y fundaciones.“las comunidades (indígenas) tienen que estar en el centro para decidir y diseñar los proyectos, que ayudan a combatir la pobreza, pues permiten la electrificación, no dependen de la red eléctrica, fortalecen la defensa del territorio y dan beneficios a la gente... De lo que se trata es de garantizar derechos y definir procesos de desarrollo”: Victoria Tauli-Corpuz.

Los pobladores usan la electricidad para iluminar sus viviendas y bombear agua a un depósito de 6.000 litros de capacidad, gracias al cual la comunidad goza del servicio.

“Hay una mejor calidad de servicios para las familias. Nuestro objetivo es crear otro modelo energético, que sea respetuoso con nuestro pueblo y con nuestros territorios”, dijo Peas.

Los achuar dieron el siguiente paso en 2012, cuando comenzaron a poner en marcha el proyecto de canoas con motores eléctricos Kara Solar. Kara significa “sueño” en su lengua.

La primera embarcación dotada de paneles solares en el techo, con capacidad para transportar 20 personas y un coso de 50.000 dólares, comenzó a cursar el río en 2017 y tiene su base en la comunidad achuar de Kapawi.

La segunda canoa, con un costo de 35.000 dólares y su base en Sharamentsa (lugar de guacamayas escarlatas, en achuar), inició el transporte de pobladores en julio.

La inversión provino en parte de donaciones privadas y el resto de fondos del premio IDEAS de Innovación Energética, establecido por el Banco Interamericano de Desarrollo, que esa comunidad recibió en 2015 y que estuvo dotado con 127.000 dólares.

La red de transporte con energía solar de los achuar conecta a nueve de sus comunidades a lo largo de 67 kilómetros de los ríos Pastaza, frontera natural entre Ecuador y Perú, y Capahuari, en cuyos márgenes viven los aproximadamente 21.000 miembros actuales de ese pueblo.

“Fue una idea indígena adaptada a la fabricación de canoas. Las usan para transportar personas y productos, como maní, canela, yuca y plátano (banano para cocinar)”, refirió Peas, en un área donde los ríos son las vías que interconectan sus asentamientos.

La demanda de energía limpia en comunidades indígenas y locales y los casos de éxito como los de los achuar estuvieron presentes durante la Cumbre Global de Acción Climática, convocada por el gobierno del estado de California, en el este de Estados Unidos.


Una exhibición de paneles fotovoltaicos, en la ciudad estadounidense de San Francisco, durante la celebración de la Cumbre Global de Acción Climática, donde se valoró positivamente el creciente peso de energías como la solar, la eólica o la microhidrelectricidad, para proveer de electricidad a pequeñas comunidades. Crédito: Emilio Godoy/IPS

El encuentro, celebrado el 13 y 14 de septiembre en esta ciudad de San Francisco, fue una celebración anticipada del tercer aniversario del histórico Acuerdo de París, alcanzado en la capital francesa en diciembre de 2015.

Los delegados nativos también participaron en el foro alternativo “Nuestro pueblo. Acción climática por la gente”, entre el 11 y el 14 de septiembre, promovida por las organizaciones no gubernamentales estadounidenses If Not US Then Who (si no nosotros, entonces quién) y Hip Hop Caucus.Alianza para una energía adecuada

El Grupo Mayor de Pueblos Indígenas para el Desarrollo Sostenible (IPMG en inglés), conformado con 50 afiliados de 33 países, lanzó en julio la Alianza para la Energía Adecuada. Por América Latina suscriben organizaciones de Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y cinco redes regionales y globales.
El consorcio busca garantizar que los proyectos alternativos se alineen con el respeto y protección de los derechos humanos y proveer de acceso a al menos 50 millones de indígenas a energía renovable para 2030 que sea desarrollada y administrada de manera consistente con sus necesidades de autodeterminación y aspiraciones de desarrollo.
Esto se lograría mediante asegurar la protección de derechos para impedir impactos adversos de iniciativas renovables en territorios ancestrales, fortalecer comunidades con su propio desarrollo sostenible y fortificar el intercambio de conocimiento y colaboración entre pueblos originarios y otros actores.
La Alianza decidió realizar una fase piloto entre 2018 y 2020 con 10 países. Los primeros incluidos fueron Brasil, Colombia, México y Nicaragua, y podrían sumarse adicionalmente a Australia, Estados Unidos y Nueva Zelandia, por contar con grupos indígenas que ya operan emprendimientos renovables y poseen historias exitosas.

Además de en Ecuador, en países como Australia, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Malasia y Nicaragua también han surgido experiencias novedosas de manos de comunidades originarias, según este foro.

Por ejemplo, en Bolivia hay una alianza entre el gobierno local de Yocalla, en el sureño departamento de Potosí,  y la no gubernamental Luces Nuevas que quiere dotar de electricidad renovable a familias pobres.

En Yocalla, un municipio habitado por 10.000 personas, en su mayoría indígenas pukinas, “755 familias viven en zonas rurales con electricidad limitada, la interconexión nacional aún no llega a esos lugares”, explicó a IPS la consultora del proyecto, Yara Montenegro.

Gracias al programa, iniciado en marzo, 30 familias pobres recibieron paneles solares conectados a baterías de litio, producidas en la planta piloto de La Palca, en Potosí, y que almacenan el fluido.

Cada sistema cuesta 400 dólares, de los cuales las familias aportan la mitad y la organización y el gobierno, la otra parte. La electricidad permite conectar dos lámparas, cargar un celular y escuchar la radio y con ella sustituyen el uso de leña, candelas y pilas convencionales.

El desarrollo de fuentes limpias tiene un papel determinante en lograr uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sustentan la Agenda 2030 para el Desarrollo (ODS).

El objetivo siete se plantea establecer una “energía asequible y no contaminante”, pero además se trata de una meta que influye en el logro de al menos otros 11 ODS, que la comunidad internacional se trazó en 2015 para los siguientes 15 años, en el marco de las Naciones Unidas.

Además, de ese avance depende el éxito de la Iniciativa de Energía Sostenible para Todos, el programa a ser ejecutado durante el Decenio de la Energía Sostenible para Todos 2014-2024, que pretende garantizar el acceso universal a los servicios modernos de energía, duplicar la tasa mundial de mejoras en eficiencia energética y la cuota de renovables en la matriz global.

Pero la mayoría de agrupaciones para impulsar una transición energética no incluyen a los pueblos nativos, como lo señala el reporte, publicado en mayo, “Energía renovable y pueblos indígenas. Antecedentes para la Alianza”, elaborado por el Grupo Mayor de Pueblos Indígenas para el Desarrollo Sostenible (IPMG, en inglés).

Ese grupo lanzó en julio una Alianza para la Energía Adecuada, que busca llenar ese vacío.

Para la filipina Victoria Tauli-Corpuz, del pueblo kankanaey igorot y relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la energía representa “un problema y una solución” para la población originaria, según dijo a IPS en el foro alternativo de San Francisco.

“Los líderes han luchado contra hidroeléctricas y también he visto proyectos en manos indígenas”, subrayó.

Por ello, “las comunidades tienen que estar en el centro para decidir y diseñar los proyectos, que ayudan a combatir la pobreza, pues permiten la electrificación, no dependen de la red eléctrica, fortalecen la defensa del territorio y dan beneficios a la gente”, recomendó.

“De lo que se trata es de garantizar derechos y definir procesos de desarrollo”, resumió.

Un ejemplo de proyectos con ese valor multiplicador que pide la relatora, lo brindan comunidades como la ecuatoria Sharamentsa y la boliviana Yocalla.

En Sharamentsa opera un banco de baterías de 12 kilovatios que puede concebir una microrred. “Se planea un centro de abastecimiento de energía que permita la generación de productos de valor agregado, como procesamiento de plantas”, detalló Peas.

En Yocalla, el plan dotará a otras 169 familias de sistemas en diciembre y luego tratará de extenderlo a todo Potosí. Pero, advirtió Montenegro, se necesitan alianzas para que los beneficiarios paguen menos. “En 2019 analizaremos el impacto, si a las familias les gusta, si están cómodos”, previó.

Este artículo se elaboró con apoyo de la Alianza del Clima y Uso de la Tierra.

Edición: Estrella Gutiérrez

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África necesita políticas para transformar la agricultura

ter, 18/09/2018 - 13:19

Ndomi Magareth cultiva frijoles en su pequeña parcela de Njombe, en la región costera Litoral de Camerún. Crédito: Monde Kingsley Nfor/IPS.

Por Busani Bafana
BULAWAYO, Sep 18 2018 (IPS)

Los países africanos necesitan políticas para impulsar la producción y mejorar los ingresos de millones de familias campesinas que producen la mayor cantidad de alimentos, señala el Informe sobre el estatus de la agricultura en África, 2018, de la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA).

Este continente destina unos 35.000 millones de dólares al año a la importación de alimentos, una suma que marcará una gran diferencia si, en cambio, se invierte en desarrollar la agricultura.

Y África podría necesitar unos 400.000 millones de dólares en los próximos 10 años de inversiones públicas y privadas para producir, procesar, comercializar y transportar alimentos, indicó AGRA.

El gobierno es el responsable de transformar la agricultura creando un ambiente propicio y asumiendo desafíos inherentes en materia de gobernanza, explicó Daudi Sumba, uno de los autores del informe de AGRA, “Catalizando la capacidad del Estado para impulsar la transformación de la agricultura”, consultado por IPS.

“Eso requiere visión y liderazgo para crear voluntad política entre autoridades de alto nivel político para implementar políticas efectivas para la transformación agrícola”, precisó Sumba, también director de Evaluación y Monitoreo de AGRA.

Mencionando el ejemplo del fallecido primer ministro de Etiopía, Meles Zenawi, Sumba observó que él comprendía a los campesinos y la importancia del progreso, lo que contribuyó a su deseo de implementar políticas eficaces.

Por ello, Etiopía es el único país de África que logró el mayor crecimiento del sector agrícola. La mayoría de los estados del continente no lo logran por falta de liderazgo político, concluyó el informe.

Jundi Hajji, quien cultiva trigo en Etiopía, muestra su plantación. En Etiopía, 25 años de crecimiento sostenido en la agricultura redujo la pobreza rural a la mitad. Crédito:Omer Redi/IPS

Sin embargo, el documento identifica algunas excepciones, cuyo desarrollo agrícola es un ejemplo para otros.

Además de Etiopía, Ruanda dirigió el apoyo político hacia la agricultura e integró planes de acción detallados en sus estrategias de desarrollo económico más amplio.

A la mejora del sector agrícola se atribuye haber sacado a un millón de personas de la extrema pobreza en un lapso relativamente breve, señala el estudio.

Además, el informe señala que crecimiento económico del sector, impulsado, en parte, por el programa estatal “Plantando por Alimentos y Empleo”, fue de 8,4 por ciento en 2017, tras registrar solo tres por ciento el año anterior.

Asimismo, especialistas de AGRA señalan que países como Kenia, Burkina Faso, Malí y Zambia como lugares donde mejoran el contexto político y las capacidades de los gobiernos.

La creciente disposición de los gobiernos africanos para discutir abiertamente en qué mejoran en la agricultura y qué les cuesta es un motivo para ser optimistas, reconoce el informe.

Por ejemplo, 47 países suscribieron el Programa Integral de Desarrollo de la Agricultura de África (CAADP), de la Unión Africana (UA), un plan maestro para lograr un crecimiento económico de seis por ciento anual gracias a este sector.

En los últimos 25 años, Etiopía superó de forma consistente el objetivo del CAADP de seis por ciento. Asimismo, el gobierno puso al CAADP en el centro de su plan de agricultura.

La evidencia disponible sugiere que la voluntad política para transformar la agricultura es limitada en la mayoría de los países africanos. Eso implica que hay que impulsarla para que impulse el desarrollo económico, observó Sumba.

“Los datos existentes sugieren que la voluntad política para apoyar la transformación agrícola es menor en África que en otras regiones del mundo en desarrollo”, señala el informe. “No aumentó de forma sustancial en la década pasada”, añade.

El informe, divulgado en el Foro para una Revolución Verde, de Kigali, señala que países como China, Etiopía, Ruanda y Marruecos lograron los beneficios económicos de intensificar la producción comercial en pequeñas granjas.

Por ejemplo, en Chihna, se atribuye a la transformación agrícola la rápida disminución de la pobreza rural, de 53 por ciento, en 1981, a ocho por ciento, en 2001.

En Etiopía, 25 años de crecimiento sostenido redujeron la pobreza rural a la mitad, y en Ruanda, en 25 por ciento, en el mismo lapso, observa el informe.

La presidenta de AGRA, Agnes Kalibata, dijo que los gobiernos son centrales para impulsar la transformación agrícola inclusiva.

El informe subraya el valor de fortalecer la planificación, la coordinación y la capacidad de implementación de un país a la vez que apoyan el desarrollo del sector privado eficiente y un entorno normativo propicio para impulsar la productividad agrícola.

“Nuestra experiencia y lecciones aprendidas nos muestran que es posible tener un impacto más rápido si se apoya a los países para que puedan llevar adelante su propia transformación”, apuntó Kalibata, y haciéndolo “a escala a través de un enfoque coordinado y bien planificado de los recursos en el ámbito público para construir sistemas e instituciones”, añadió.

“Los gobiernos son definitivamente centrales para impulsar la agenda de una transformación agrícola inclusiva”, remarcó.

África necesita una transformación urgente, pero debe hacer frente a desafíos como la rápida urbanización, el clima, el empleo significativo (uno de cada tres africanos de entre 15 y 35 están sin empleo) y una malnutrición crónica, que dejó a 58 millones de niñas y niños con retraso en el crecimiento.

Con más de 800 millones de personas en el mundo que pasan hambre, y más de 2.000 millones que sufren malnutrición, la inseguridad alimentaria sigue siendo una amenaza real para el desarrollo en todo el mundo, y en especial en África.

El Banco de Desarrollo Africano estima que otros 38 millones de africanos pasarán hambre en 2050, a pesar de que es un continente con tierras cultivables, agua y mano de obra suficiente como para producir más alimentos de los que importa.

El banco proyectó un aumento de las importaciones de alimentos de 110.000 millones de dólares al año para 2025, si se mantiene la tendencia actual de que la inversión en producción agrícola y valor agregado no sea prioritaria.

“La falta de democratización prevalece cuando se trata de explicar la falta de voluntad política para perseguir la transformación agrícola (y, por ende, de diagnosticar las necesidades de implementación)”, señala el informe.

“La competencia política aumenta la atención que se presta al crecimiento agrícola, y por ende, el grado de discriminación de la agricultura en cuestiones como impuestos”, señala el Informe sobre el Estatus de la Agricultura en África.

Traducción: Verónica Firme

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Desigualdades ensanchan brecha digital de género en África

seg, 17/09/2018 - 13:19

Marcia Julio Vilanculos lleva a su hija pequeña a la capacitación en alfabetización digital, en el centro de innovación Ideario, en Maputo, Mozambique. Los programas de formación deben tener en cuenta las tareas del cuidado que recaen sobre las mujeres. Crédito: Mercedes Sayagues/IPS.

Por Mercedes Sayagues
MAPUTO, Sep 17 2018 (IPS)

“Piensa en grande”, invita un colorido afiche en las paredes de Ideario, un centro de innovación en Chamanculo, un modesto barrio de la capital de Mozambique.

El mensaje está dirigido a las nuevas pasantes, deseosas de tener los ojos pegados a la pantalla de una computadora mientras aprenden informática y a navegar en Internet.

Tres veces al año, Ideario ofrece un curso gratuito de tres meses sobre alfabetización digital destinado a 60 jóvenes de bajos recursos, elegidas entre 500 candidatas de Chamanculo.

La gerente de operaciones de Ideario, Jessica Manhiça, dijo a IPS que muchas de ellas temen usar la computadora. Y nueve de cada 10 no tienen dispositivos en su hogar.

“Tenía miedo de borrar los documentos de otras personas”, confesó Marcia Julio Vilanculos, de 25 años, en diálogo con IPS. Cuando estaba en la enseñanza secundaria, le pagó a una compañera para que le pasara sus tareas escritas a mano a la computadora.

“Superar el miedo abre la puerta a pensar en grande”, destacó Manhiça. “Las niñas se crían temiéndole a la tecnología, a cometer errores, a que las juzguen por ser poco convencionales o masculinas”, explicó.

El curso comienza por reforzar la autoestima y desarmar el mito de que la tecnología es cosa de hombres.

“Muchos padres desaniman a sus hijas para que no hagan el curso, preocupados de que se vuelvan independientes, quieran casarse tarde o canjeen sexo por empleo”, apuntó Manhiça. “Las jóvenes internalizan la negatividad de sus familias”, añadió.

No sorprende que las mujeres ocupen menos de tres por ciento de los empleos del sector tecnológico, actualmente en auge, según una encuesta de mercado realizada por MUVA Tech, socia de Ideario.

MUVA Tech es un programa que busca el empoderamiento económico de las jóvenes en las ciudades.

De los 28 millones de habitantes que tiene Mozambique, menos de 10 por ciento usan Internet y solo dos de cada 10 son mujeres, concluyó el estudio After Access, de ICT Research Africa.

De los siete países africanos sondeados, solo Ruanda tienen una menor penetración de Internet y mayor disparidad de género.

“Nuestro estudio subraya las barreras de género para el acceso a Internet y el uso, en general, en contextos particulares, urbanos, periurbanos y rurales, con bajos ingresos”, explicó la asesora de evaluaciones de ICT Research Africa, Chenai Chair.

“Las conclusiones reflejan las dinámicas influenciadas por el género que la gente vive a diario”, añadió.

La brecha digital se ensancha en África, alertó la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Incluso Kenia, celebrada por su innovación digital y por tener una brecha de género digital relativamente baja de 10 por ciento, muestra una vasta disparidad entre las personas de menos recursos.

Una auditoría de género digital en los asentamientos precarios de Nairobi, realizada por la Fundación de la World Wide Web (WWWF), en 2015, concluyó que 57 por ciento de los hombres se conectan a Internet, muy por encima de 20 por ciento de mujeres.

En las áreas más pobres de la capital de Uganda, 61 por ciento de hombres y 21 por ciento de mujeres usan Internet; y con respecto al uso de computadoras, la proporción es de 44 por ciento de hombres y 18 por ciento de mujeres.

Cuando las mujeres se conectan a Internet, pueden sufrir acoso.

En Uganda, 54 por ciento de las usuarias de Internet denunciaron amenazas, mientras en Kenia lo hizo una de cada cinco. Los estereotipos de género y el comportamiento abusivo que se observa en la vida cotidiana se refleja en Internet.

“En algunas culturas de Uganda todavía se cree que las mujeres no deben hablar en la misma mesa que los hombres, y eso incluye los debates en las redes sociales”, explicó Susan Atim, de la Red de Mujeres de Uganda, consultada por IPS.

La investigación de la WWWF identifica las causas de raíz de la brecha digital de género: alto costo, falta de experiencia, escasez de contenido relevante para ellas y que las empodere y las barreras que encuentran para expresarse con libertad y privacidad en Internet.

Las sistemáticas desigualdades arraigadas en cuestiones de género, raza, ingresos y ubicación geográfica se replican en el ámbito digital y dejan a muchas mujeres, en especial a las más pobres y de zonas rurales, que quedan rezagadas en la transformación tecnológica de África.

Sin alfabetización digital, las mujeres pueden participar en los dividendos digitales, el acceso a empleo, información y servicios esenciales para asegurar un buen sustento.

Medidas simples como reducir el costo de la conexión, enseñar informática en las escuelas, y ampliar el acceso público a instalaciones son algunas de las iniciativas que podrían impulsar un avance rápido, indicó WWWF.

Tarisai Nyamweda, gerente de medios de Gender Links, observó la falta de modelos femeninos en el área tecnológica para las escolares. La proporción de profesoras en la enseñanza secundaria va de menos de dos cada 10 profesionales en Mozambique y Malawi a poco más de la mitad en Sudáfrica.

“Necesitamos cambiar la narrativa para que las niñas puedan identificar nuevas formas de hacer  cosas”, indicó Nyamweda.

La capacitación digital debe considerar las responsabilidades domésticas de las mujeres.

Para estar en Ideario a las ocho de la mañana, Vilanculos tiene que despertarse a las cinco pues tiene que hacer el fuego para calentar agua y prepara el desayuno para su esposo, pintor de autos, y sus dos hijos.

Luego deja a su hijo mayor en la escuela a las siete, y lleva al bebé con ella a la capacitación. A la hora del almuerzo, levanta al mayor y deja a los dos en la casa de una tía, y regresa a Ideario.

“Estaba cansada, me dolían los pies”, recuerda. Pero el esfuerzo valió la pena. Actualmente, trabaja en Tells, una plataforma de trabajo en línea.

El uso de tecnologías de la información y la comunicación es un requisito en todos los trabajos, salvo dos, lavaplatos y cocinero, en el mercado estadounidense, señala un documento sobre la evolución del mercado laboral de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Si se tiene en cuenta que 90 por ciento de la Cuarta Revolución Industrial requerirá habilidades digitales, según un estudio del Foro Económico Mundial, no hay tiempo que perder en cerrar la brecha digital en África.

Traducción: Verónica Firme

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Kofi Annan, el último secretario general que pagó cara su independencia

seg, 17/09/2018 - 13:19

Por Roberto Savio
ROMA, Sep 17 2018 (IPS)

Este testimonio acerca de Kofi Annan, llega un mes después de su muerte. Mucho se ha escrito, y recordar sus esfuerzos por la paz y la cooperación internacional es ahora superfluo. Mejor poner  su figura en un contexto fundamental: cómo las grandes potencias han reducido gradualmente la figura del secretario general de la ONU, cobrando un alto precio a los que han tratado de mantener la independencia del sistema.

En primer lugar, hay que recordar que la ONU (Organización de las Naciones Unidas) nació, en gran parte, por el fuerte empuje impulsado desde Estados Unidos. Este país, el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial (con 416.800 soldados y 1.700 civiles muertos, frente a ocho millones de soldados y 24 millones de civiles rusos), quería evitar una repetición de un nuevo conflicto mundial.

Por lo tanto, quería construir un sistema multilateral en el marco del cual su hegemonía económica y militar, en un mundo en ruinas, se mantuviese en tiempos de paz. Se comprometió a contribuir con 25 por ciento del presupuesto de la organización, a albergar  su sede, y ceder su soberanía nacional a un nivel sin precedentes.

Estas relaciones especiales sufrieron un brusco primer revés con la elección de Ronald Reagan en 1980. Poco después de alcanzar la presidencia, en la Cumbre de Jefes de Estado para el diálogo Norte-Sur, celebrada en Cancún, México, el presidente estadounidense dejó en claro que consideraba a las Naciones Unidas una camisa de fuerza para los intereses de Estados Unidos.

Según él, no era aceptable que su país tuviera solo un voto como todos los otros países en el mundo, y que fuera obligado por el voto de la mayoría, a menudo expresada por los países del Sur en desarrollo, para seguir caminos reñidos con la política estadounidense.

A partir de este momento comienza la política de Washington para reducir el peso político de las Naciones Unidas y para tratar de tener un secretario general de ONU que tomara en cuenta el peso de Estados Unidos.

En aquel momento el secretario general de ONU era Javier Pérez de Cuéllar, un diplomático peruano tranquilo, que por su naturaleza y su formación evitaba enfrentamientos.  Estados Unidos comenzó sin embargo un proceso de desvinculación que llegó a su fin con la elección de George Bush, un moderado de la vieja escuela, que vio más positivamente las Naciones Unidas como un lugar para hacer valer el poder estadounidense.

El muro de Berlín ya había caído, y los votos de la Asamblea General no podrían ser explotados por el bloque socialista.

Pérez de Cuéllar fue sucedido por un diplomático egipcio, Boutros Boutros-Ghali, con el apoyo de Washington, que consideraba a Egipto un aliado tradicional.

Pero Boutros-Ghali resultó sorprendentemente independiente. Comenzó una profunda campaña de revitalización de las Naciones Unidas, con una serie de conferencias mundiales, desde el clima a la población, desde los Derechos Humanos a la equidad de género, con una cumbre social en Copenhague, que estableció una agenda de fuerte compromiso. Elaboró un programa de paz, un programa de desarrollo, y muchas otras iniciativas que Estados Unidos no podía dejar pasar.

El resultado fue que en 1996 el veto estadounidense impidió su segunda gestión,  a pesar del voto favorable de los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad: Boutros- Ghali fue el único secretario general de la ONU que tuvo solo un mandato.

Bill Clinton era el presidente de Estados Unidos, y su mandato no fue en absoluto de signo único. Clinton era abiertamente internacionalista y durante la guerra en Ruanda emitió una declaración presidencial en la que afirmaba que  Estados Unidos impediría cualquier operación de mantenimiento de la paz que no beneficiara directamente a la política exterior de Estados Unidos.

Igualmente, fue Clinton  quien abolió una ley de 1933, la Ley Glass-Segall, que mantuvo estrictamente separados los bancos de depósito de los de la especulación.

La consecuencia de eso fue el boom de las finanzas especulativas, que utilizaron las cuentas corrientes  y de ahorros de los ciudadanos para dar la supremacía a las finanzas sobre la economía y la política.

Con el veto a Boutros-Ghali, el gobierno de Estados Unidos encarnado por Madeleine Albright -promovida de embajadora ante  Naciones Unidas a la secretaría de Estado por su batalla contra el secretario general-  quiere dar una señal clara: Estados Unidos está decidido a prohibir un secretario general que no respete la voz de Washington.

Y precisamente a propuesta de Albright, un respetado funcionario africano, el economista ghanés Kofi Annan, fue nombrado por el Consejo de Seguridad sucesor de Boutros Ghali (en el sistema de la ONU, Egipto es parte de África).

Y aquí está la magnitud de Annan. Quien había sido considerado un hombre ligado a Washington, hizo una profunda reforma administrativa de las Naciones Unidas, para que fueran más transparentes y eficientes.

Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2001, junto con la organización, “por su trabajo por un mundo mejor organizado y más pacífico”. Una confirmación más del nivel de su prestigio y  autoridad.

Pero en 2001,  George W. Bush fue elegido presidente de Estados Unidos, y presentó como una agenda prioritaria la dominación de la supremacía estadounidense en un mundo cambiante, retomando así gran parte del espíritu de Reagan.

Y quien accedía a las confidencias de Kofi Annan, sabía cómo Bush quería el apoyo incondicional de este, a pesar de su resistencia.

Bush comenzó su mandato con la decisión de derrocar al presidente de Iraq, Saddam Hussein.

En el año 2003, al no contar con el apoyo del Consejo de Seguridad que no estaba convencido de quehubiese suficiente evidencia sobre la existencia en Iraq de armas de destrucción masiva (particularmente dura fue la  negativa de Francia), Bush inventó la “Coalición de los Dispuestos”, una alianza de varios estados promovida con el apoyo del primer ministro británico Tony Blair, que sin recibir la legitimidad de las Naciones Unidas, invadió Iraq, con los resultados que todos conocemos.

Kofi Annan se opuso a la invasión y en 2004 la declaró ilegal.

La represalia estadounidense fue rápida. En 2005, se estableció un programa de asistencia, mediante el cual las Naciones Unidas venderían el petróleo del país, y el producto proporcionaría alimentos y medicinas a los civiles.

Bajo presiones del magnate de la prensa Rupert Murdoch, la derecha estadounidense inventó un escándalo que comprometió a la ONU y a Annan, a través de su hijo,  minando la credibilidad del organismo.

De nada sirvió el que una comisión de investigación dirigida por el exgobernador del estadounidense Banco Federal, Paul  Volcker, declarara que las compañías estadounidenses y británicas, y el mismo Saddam Hussein, se beneficiaron de transacciones ilegales. A esas alturas,  la imagen de las Naciones Unidas estaba irremediablemente comprometida.

Kofi Annan se comportó con extrema dignidad y terminó su mandato en 2006, iniciando una vida de acción para la paz y la cooperación internacional.

Emblemático de su personalidad fue el hecho de que en febrero de 2012, la Liga Árabe y las Naciones Unidas le confiaron la mediación para poner fin al conflicto civil en Siria. Tardó solo cinco meses en renunciar a su trabajo, denunciando que el conflicto había sido internacionalizado, y que nadie estaba interesado en la paz.

Mientras tanto, desde 2007 hasta 2016, el diplomático coreano Ban Ki Moon fue elegido secretario general. Se comenta que las instrucciones de Bush a la delegación estadounidense fueron las de elegir el más inocuo. Pese a que tras la presidencia de Bush en 2009 siguió la del presidente Barack Obama, que creía en una política estadounidense basada en la cooperación y la distensión, el mandato de Ban Ki Mon dejó un legado de iniciativas mínimas.

Las Naciones Unidas son ahora una especie de Súper Cruz Roja, dedicada a sectores que no afectan la gobernanza de la economía, las finanzas y la política. Tal es el caso de los refugiados, la educación, la salud, la agricultura y la pesca. Los dos grandes motores de la globalización, el comercio y las finanzas, les son ajenos. La ONU ya no es el lugar de debate y consenso para la humanidad. El Foro Económico de Davos atrae a más líderes que la Asamblea General.

Se puede ver que la crisis de las Naciones Unidas tiene muchos factores. Pero la retirada progresiva de Estados Unidos del multilateralismo es una causa fundamental. Hoy Estados Unidos ya no necesitan a la ONU, con Donald Trump queriendo ya no una política de “América Primero”, sino solo de Estados Unidos. Después de Reagan y Bush, es el tercer clavo en el ataúd de la ONU.

El nuevo secretario general, el portugués Antonio Guterres, tiene una carrera personal de muy alto nivel. Fue elegido, sin precedentes, por la Asamblea General e impuesto al Consejo de Seguridad. Había sido primer ministro de Portugal. Pero evitó cualquier postura, inmovilizado por la advertencia de Trump de retirar a  Estados Unidos de las Naciones Unidas.

Pero esta inmovilidad aumenta el declive de las Naciones Unidas…

Aquí también se puede observar que la crisis del multilateralismo y el retorno al nacionalismo es un fenómeno general. No solo los Estados Unidos, sino también China, India, Japón, Filipinas, Myanmar (Birmania), Tailandia, por no mencionar a numerosos países europeos, entre ellos Italia, Polonia y Hungría, que están redescubriendo las viejas trampas: en nombre de Dios, en nombre de la Nación (y ahora en nombre del dinero), usando el nacionalismo, la xenofobia y el populismo para cancelar el proyecto europeo.

¿Es razonable señalar que hacen falta los Kofi Annan, que anteponen valores e ideales a intereses personales, a la preservación al sillón del cargo, para que en esta era de sonambulismo los ciudadanos sean llamados a un debate de ideas, por aquellos que se atreven a resistir el poder que se avecina?

Periodista italo-argentino, Roberto Savio  fue cofundador y director general de Inter Press Service (IPS), de la que ahora es presidente emérito. En los últimos años también fundó Other News, un servicio que proporciona “información que los mercados eliminan”. 

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Extrema derecha busca recuperar poder en Brasil con militares

sex, 14/09/2018 - 22:46

El candidato presidencial de la extrema derecha de Brasil, el capitán retirado Jair Bolsonaro, en el hospital de São Paulo, en el hospital donde se recupera de la agresión de la que fue víctima el 6 de septiembre. Crédito: Flavio Bolsonaro

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Sep 15 2018 (IPS)

También en Brasil la extrema derecha está en ascenso, donde intenta recuperar el poder de la mano de los militares, pero es un fenómeno con grandes diferencias con respecto a lo que ocurre en otras partes del mundo, como Europa.

Jair Bolsonaro, excapitán del Ejército y candidato a la presidencia del país por el minúsculo Partido Social Liberal (PSL), siempre defendió la dictadura militar que dominó Brasil entre 1964  y 1985, incluso sus prácticas de tortura y exterminio.

Líder en las encuestas después que al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) la justicia electoral lo declaró inelegible,  el 31 de agosto, Bolsonaro resucitó el sueño de derechistas y militares de recuperar el protagonismo perdido, tras una hibernación de tres décadas.

Un atentado en su contra, el 6 de septiembre, reforzó su protagonismo en las encuestas sobre la intención del voto en los comicios presidenciales cuya primera vuelta se realizará el 7 de octubre, pero hay dudas sobre la durabilidad de ese efecto.

El decidido combate a la corrupción y a la criminalidad son las principales banderas que movilizan a sus electores, según Felipe Marques, graduado en informática que trabaja en el diseño de sitios web y a los 38 años, está de nuevo en la universidad estudiando economía, en Río de Janeiro.

“Es el único sin vínculos con la corrupción” entre los candidatos presidenciales, un caso raro después de casi 28 años como diputado, dijo a IPS para justificar su apoyo al antiguo  militar, que también se ha posicionado entre sus adeptos como “el único” que sería capaz de mejorar la seguridad pública, tratando duramente “el bandidaje”  que se diseminó por el país y provocó “el caos” en Río de Janeiro.

Un policía que “mata 10 o 20 bandidos, con 10 o 30 tiros en cada uno, debería ser condecorado y no procesado (por la justicia”, sostuvo Bolsonaro en una entrevista a la TV Globo el 28 de agosto.

Ese discurso de violencia contra el crimen, que incluye liberar la posesión de armas para que ciudadanos puedan defenderse, sedujo un electorado que alcanza 22 a 26 por ciento del total, según las encuestas, que también apuntan la inseguridad pública como una de las mayores preocupaciones de los brasileños.

“La población se siente insegura en una de las sociedades más violentas del mundo, solo comparable quizás a algunos países de África y América Latina, y cree que se puede solucionarlo con más brutalidad”, evaluó para IPS el sociólogo Elimar Nascimento, profesor de la Universidad de Brasilia.

El contexto comprende también una “población que se cansó de la política y busca alguien que sea su negación, pero encarna su deseo por el nuevo en un viejo político”, destacó.

En ese cuadro, Bolsonaro ya no necesita esforzarse en la campaña electoral, viajar por el país o aparecer en la televisión, “sus adeptos le hacen la propaganda por él”, dedujo el profesor.

Algo auspicioso para el candidato que, desde que fue atacado con un cuchillo durante un acto de campaña en Juiz de Fora, a 160 kilómetros de Río de Janeiro, está hospitalizado en São Paulo y probablemente no podrá realizar actividades de calle y mediáticas hasta que pase la primera vuelta.

El agresor, aparentemente solitario, operó por razones personales.

El hecho de ser militar y tener como candidato a vicepresidente al general retirado Hamilton Mourão, afiliado al oscuro Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB), no genera rechazo a Bolsonaro, sino adhesión de muchos seguidores.

“Las personas de menos de 50 años no guardan memoria de la dictadura, los jóvenes no tienen mínima idea de lo que sea, y para ellos los militares tienen la fuerza que amedrenta bandidos”, arguyó Nascimento.

Además Fuerzas Armadas, familia e iglesias son la “santísima trinidad” que disfrutan de la mayor confianza entre los brasileños, acotó el sociólogo.

El ascenso de la extrema derecha en Brasil se distingue del europeo en muchos aspectos, explicó. Allá hubo la traumática experiencia del nazismo y el fascismo, pero la derecha se alimenta ahora de la xenofobia contra los inmigrantes, mientras acá creció con “la indignación contra los políticos”.

“El clima de inseguridad público es otro fermento, prácticamente ausente en Europa”, subrayó.

El “bolsonarismo” es un fenómeno de las capas más ricas y escolarizadas, más concentrado entre los hombres jóvenes. Es por eso que Brasilia, la ciudad de ingresos más altos del país, registra una mayor adhesión al ex capitán, cerca de un tercio del electorado, completó Nascimento.

Esos detalles, revelados en las encuestas, si bien también le apuntan un alto grado de rechazo (los que no votarían por él en ningún caso), hacen prever que Bolsonaro pasará a la segunda vuelta, al disponer de más 20 por ciento de intenciones de voto consolidadas.

Pero por su también sólido rechazo será derrotado en la segunda vuelta el 28 de octubre, principalmente por los votos de las mujeres y de los pobres, las dos mayorías del electorado de este país de 208 millones de personas.

Aunque no triunfe, su propia campaña, con “discursos violentos”, genera efectos muy negativos para la seguridad pública, observó Silvia Ramos, psicóloga e investigadora de violencia urbana del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la carioca Universidad Candido Mendes.

Su discurso suena como “autorización para que policías disparen a matar, ignorando las leyes, lo que puede contaminar políticas de seguridad” en un país donde es muy alta la cantidad de personas muertas en supuestos enfrentamientos con fuerzas policiales, argumentó a IPS.

La creencia de que los militares son eficientes para contener la violencia criminal no se comprobó en Rio de Janeiro, cuyo sector de seguridad pública está bajo intervención de las Fuerzas Armadas desde febrero de 2018.

“Ha sido un desastre, no es una medida a ser replicada”, evaluó Ramos. Aumentaron los tiroteos en la ciudad, la cantidad de muertos, la sensación de inseguridad entre los residentes.

No es algo que desalienta los “bolsonaristas”. Los militares enfrentan limitaciones financieras y legales para actuar donde impera el “crimen se enraizó y se hizo crónico, debido a gobiernos anteriores que trataban bandidos como normales”, contrarrestó Marques.

Para Ramos, es legítimo que antiguos policías y militares sean candidatos en las elecciones, pero no se trata de postulaciones militares y no deben involucrar a las Fuerzas Armadas, subrayó.

Sin embargo, el comandante del Ejército, general Eduardo Villas-Boas, dijo que el futuro gobierno “podrá tener su legitimidad cuestionada”, a causa del atentado sufrido por Bolsonaro, en declaraciones al diario Estado de São Paulo del 9 de septiembre.

Esa y otras opiniones públicas de militares activos indican que las Fuerzas Armadas, o parte de ellas, tomaron posiciones a favor del antiguo capitán.

La fórmula encabezada por Bolsonaro cuenta con “una coligación de uniformes y togas”, sostuvo la periodista Maria Cristina Fernandes, en referencia al apoyo de militares y representantes del Poder Judicial, en su columna de 6 de septiembre en el diario Valor Económico.

Esa toma de posiciones partidistas por jerarcas castrenses puede afectar más aún la imagen de las Fuerzas Armadas, que todavía no se libraron de la imagen negativa que carga por su aventura dictatorial de 1964-1985.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Cambio climático amenaza la salud pública de Europa

sex, 14/09/2018 - 13:17

Olivos resecos en el norte de Croacia, donde el virus del Nilo Occidental ya dejó una persona muerta. Las infecciones por ese virus aumentaron de forma notoria en Europa en 2018, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), en gran parte por una temporada de transmisión más prolongada que este año registró altas temperaturas seguidas de sequía, lo que contribuyó a la reproducción y a la propagación del mosquito. Crédito: Ed Holt/IPS.

Por Ed Holt
VIENA, Sep 14 2018 (IPS)

Especialistas en cambio climático y salud alertan del peligro que representa para la salud pública de Europa el recalentamiento global, pues las temperaturas más elevadas contribuyen a la propagación de enfermedades poco comunes en la región y que pueden resultar mortales.

En el verano pasado, Europa tuvo que hacer frente a altas temperaturas, sequías y terribles tormentas, además de padecer el calor y los incendios forestales producidos por la sequedad extrema de los bosques.

También hubo un aumento de casos del virus del Nilo occidental, que causó la muerte de 71 personas hasta principios de este mes, y la propagación de las peligrosas bacterias vibrio en un mar Báltico excepcionalmente cálido.

El virus del Nilo Occidental es una infección causada por un mosquito que puede derivar en problemas neurológicos y hasta provocar la muerte. Varias especies de bacterias vibrio causan vibriosis, que puede generar infecciones mortales en la piel o problemas gastrointestinales.

También hubo alertas porque el recalentamiento global elevó el riesgo de enfermedades transmitidas por garrapatas y la expansión geográfica de mosquitos vectores, causantes de enfermedades como dengue, chikungunya y zika.

Los especialistas observan que el cambio climático es solo uno de los factores que inciden en la propagación de enfermedades tropicales en Europa, otros pueden ser los viajes, la urbanización no planificada, aunque sí coincide que los cambios de temperatura, lluvias y humedad facilitan la propagación y la supervivencia de mosquitos, entre otros vectores, y por consiguiente de infecciones.

Jan Semenza, director de Evaluación de la Sección Científica del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo a IPS: “El recalentamiento del mar Báltico está claramente relacionado con el cambio climático y el aumento de la temperatura en la superficie del mar se relaciona con (el aumento) de la bacteria vibrio”.

“Las proyecciones vinculadas al cambio climático en lo que respecta a la temperatura en la superficie del mar indican una marcada tendencia al alza en los meses de verano y un aumento del riesgo relativo de esas infecciones en las próximas décadas”, añadió.

Anne Stauffer, directora de Estrategia de la no gubernamental Alianza para la Salud y el Ambiente (HEAL, en inglés), dijo a IPS: “En términos de conciencia pública, la ola de calor de este verano hizo que la gente viera realmente que el cambio climático ocurre en Europa y debemos hacer frente a sus amenazas”.

“Antes, la gente solo pensaba en el impacto en África y otros lugares, no en Europa, pero ahora ve que también este continente se ve afectado”, observó.

Sin embargo, falta conciencia del impacto del cambio climático en la salud. Algunos especialistas en enfermedades tropicales coinciden en que en algunos países, la gente incluso ignora la presencia de ciertas enfermedades en Europa.

“Probablemente no se le ocurra a muchos británicos pensar en el virus del Nilo Occidental cuando van a Rumania”, observó Rachel Lowe, profesora adjunta de la Facultad de Higiene y Medicina Tropical de Londres, al ser consultada por IPS.

De hecho, muchas enfermedades tropicales están en Europa desde hace muchos años, pero confinadas en las latitudes del sur, mientras que las garrapatas, algunas de las cuales pueden causar la enfermedad de Lyme (con síntomas como los de la gripe y sarpullidos) y encefalitis (inflamación del encéfalo), están presentes en muchas partes del continente.

De hecho, este año, hubo un aumento de encefalitis en Europa central y del sur.

Los casos del virus del Nilo Occidental, que se registran desde hace años en Europa, aumentaron notoriamente y aparecieron antes de lo habitual, lo que se atribuyó a las altas temperaturas registradas más temprano en la temporada.

También se documentó la expansión de enfermedades transmitidas por garrapatas en los últimos años hacia latitudes más al norte y a mayor altitud.

“El aumento de la temperatura en Europa puede permitir la llegada de especies de vectores tropicales y semitropicales, que permiten la transmisión de enfermedades en áreas donde las bajas temperaturas lo habían impedido”, explicó un portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La oficina de la OMS en Europa concentró la atención en los últimos años en lo que llama “el surgimiento del desafío de enfermedades transmitidas por vectores”.

Incluso creó un marco regional para la vigilancia y el control de mosquitos, y recomendó una mezcla de acciones, como compromiso político acompañado de recursos económicos, así como la participación de la comunidad para la protección personal contra las picaduras de insectos y actividades para el control de los vectores.

La OMS considera que “debido a la globalización, el aumento del volumen y el ritmo de los viajes, del comercio y la variabilidad climática, las enfermedades causadas por vectores se pueden propagar a nuevas áreas, afectando a nuevas poblaciones que nunca habían estado expuestas a ellas”.

“En esas áreas, la falta de conciencia de enfermedades como el virus del Nilo Occidental, el dengue o la chikungunya entre los profesionales de la salud, tanto humana como animal, puede ser un desafío para la detección precoz”, alerta.

“La gente tiene que ser más consciente (de las enfermedades tropicales en Europa). Tienen más conciencia de enfermedades infecciosas, en general, pero probablemente no tanto del hecho de que hay ciertas enfermedades infecciosas (en el continente)”, que antes no había, observó Lowe.

Pero no todo es mayor conciencia. Las probabilidades de contener, por ejemplo, un brote causado por un mosquito, dependerá de numerosos factores, como “la vigilancia de la propagación y el control del mosquito”, precisó.

La OMS señaló la necesidad de informar a la gente para su propia protección, y si bien las autoridades deben asegurarse de eliminar los sitios de reproducción de mosquitos, los médicos deben capacitarse de forma regular para reconocer enfermedades que no eran comunes en Europa.

Pero hay otros especialistas que sostienen que en vez de tener que atender brotes de enfermedades, los gobiernos deben trabajar para frenar el cambio climático y evitar que aparezcan.

“Todavía hay mucho que no se sabe con respecto a los del cambio climático para la salud, y no saben cómo pueden evolucionar”, observó Stauffer.

“Pero la lección que nos dejó el verano (boreal) es que necesitamos redoblar esfuerzos para hacer frente al cambio climático, no solo adaptar la atención médica para lidiar con un clima más cálido, sino también actuar para reducir las emisiones (contaminantes)”, apuntó.

“Necesitamos pensar en prevenir los problemas de salud haciendo frente a las causas del propio cambio climático”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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Hombres transgénero construyen su rostro ciudadano en Cuba

qui, 13/09/2018 - 17:47

Juani Santos, de 68 años, el primer hombre transexual cubano en hablar abiertamente sobre ese colectivo, en su apartamento en la ciudad de Matanzas, a 67 kilómetros al este de La Habana. Crédito: Ivet González/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Sep 13 2018 (IPS)

En las paredes ligeras y pintadas de azul del pequeño apartamento del jubilado Juani Santos, cuelgan fotografías que resumen los contrastes de su vida como el primer hombre transexual de Cuba en hablar abiertamente sobre este segmento.

Con una amplia sonrisa y su gata sobre el regazo, Santos conversó con IPS en su humilde hogar en esta ciudad de Matanzas, a 87 kilómetros al este de La Habana, donde recibe a todas las personas interesadas en visibilizar al grupo poco conocido de los hombres trans en la comunidad de lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales (LGBTI).

“Más hombres como yo tienen que darse a conocer y decir su historia. No quiero que otra persona que nazca con mi condición pasé los mismos trabajos y sufrimientos que pasé”, dijo Santos, que luego de jubilarse se contrató en la misma fábrica estatal donde lleva 48 años trabajando.“Muchos trans masculinos han sido víctimas de abusos sexuales, lo cual repercute porque eso te convierte en una persona rota, dolida, con baja autoestima, pero casi todos tienen estudios y enfrentan más bien problemas para encontrar empleos donde respeten su masculinidad y parejas”: Anabel Díaz.

Las personas transexuales son aquellas que sienten conflicto entre su identidad de género y su sexo biológico. Se les llama hombres trans a quienes nacieron con sexo biológico femenino pero en general desde temprana edad se identifican como masculinos, y mujeres trans a los casos contrarios.

En junio, la Organización Mundial de la Salud eliminó a la transexualidad de entre las enfermedades mentales en el listado que llevará a debate de su asamblea general en 2019 que, de lograrse, satisfaría un largo reclamo de la comunidad trans.

Fuentes científicas aseguran que, por causas aún por investigar, suelen ser más frecuentes las mujeres que los hombres trans, a los que describen como menos estudiados, logran pasar mejor desapercibidos en la sociedad y vivir y trabajar con mayor éxito con la identidad masculina tradicional.

De 11,2 millones de habitantes, Cuba tampoco escapa de esa realidad global pues hasta ahora se registran 20 personas de La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Holguín y Santiago de Cuba, que se consideran trans masculinos, el término general que incluye a personas con esa identidad de género que requieren o no cirugías y terapia hormonal.

Este registro incipiente se obtuvo gracias a la Red de Hombres Transgéneros de Cuba Alma Azul, que por primera vez desde 2017 agrupa a este segmento en la isla caribeña para conocerse entre sí, crear un grupo de apoyo y empoderarse para elevar su calidad de vida y respeto a sus derechos.

Bajo de estatura y con amplios bigotes, Santos es sin dudas el rostro más conocido de los trans masculinos en Cuba, ya que desde 1988 recibe atención en el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), en La Habana, y su modesta vivienda ha sido el set de varios documentales locales y extranjeros.

Anabel Díaz y Liam Durán, de la red pro derechos de los hombres trans Alma Azul, entregan materiales educativos relacionados con temas de salud y derechos sexuales durante una actividad recreativa para jóvenes en uno de los municipios de La Habana, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Santos hizo historia cuando en 2010 accedió, junto a otro hombre que nunca ha querido salir a la luz pública, a las dos primeras cirugías de readecuación genital masculina realizadas en Cuba. “Desde los cinco años me sentí varón… siempre fui así… por eso nunca tuve miedo y me enfrenté a todo”, dijo.

Por ahora, solo ellos lograron cirugías completas mientras otro optó por la mastectomía e histerectomía (radical de mamas y útero).

Estas cifras contrastan con los registros de 4.447 mujeres trans en el país, realizados por la red TransCuba, también acompañada por el Cenesex, de las cuales 37 accedieron cirugías de adecuación genital.

En una declaración fechada el 27 de agosto y publicada en su perfil de Facebook, Alma Azul criticó: “quienes nos salimos constantemente de los esquemas impuestos, en muchas ocasiones somos vistos como fenómenos, golpeados, violados y abandonados”, para sensibilizar sobre grupos vulnerables por cuestiones sexuales y de género.

“¿Realmente estamos haciendo todo lo que podemos para visibilizarnos dentro de una sociedad que es en su mayoría ignorante sobre temas relacionados con identidad de género u orientación sexual?”, instó el comunicado, que llamó a la unidad del activismo en un momento decisivo del país.

Ahora se debate a nivel nacional el principal reclamo LGBTI, que es el matrimonio igualitario, porque el proyecto de nueva Constitución, que en 2019 se prevé que sustituya a la ley fundamental vigente desde 1976, propone entre muchos cambios redefinir a esta institución como la unión voluntaria entre dos personas.

Desde que en agosto comenzó la consulta popular del proyecto que culminará en noviembre, sobresalen los criterios a favor y en contra del matrimonio igualitario en los debates barriales y en centros de trabajo, así como en la inusual cobertura de la prensa local, casi toda a manos del Estado.

En los últimos 11 años el Cenesex mantiene una campaña nacional de sensibilización sobre las personas LGBTI, con énfasis en el caso más incomprendido de las trans, pero pese a ello persiste el desconocimiento y la incomprensión.

Cuarteto Habana, una agrupación de artistas transformistas, ameniza la gala cultural dentro de una Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, que cada año organiza el estatal Centro Nacional de Educación Sexual en el país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“No se puede hacer una campaña a favor de una comunidad y educar a una sociedad, sobre algo que las personas no saben de qué se trata”, lamentó Liam Durán, un joven trans masculino que vive en la capital, al explicar la razón por la que creó Alma Azul dentro de las redes acompañadas por el Cenesex.

El arma que Durán escogió para sensibilizar a las personas fue la fotografía artística, con un tono testimonial.

También titulada Alma Azul, la muestra realizada por el artista ha llevado su transición en dos ocasiones al público general. “Tras la primera exhibición de la expo en 2017 sobre mis cambios durante cuatro años, de ser Heydi a Liam, empezaron a acercarse a mí personas que se sentían transgénero”, recordó.

Así nació la red que se enfoca a dar acompañamiento a las personas que necesiten “pasar el proceso de readecuación”, ayudar a “que se sientan liberadas” y contribuir a saldar desventajas causadas por la discriminación, con énfasis en las dificultades de acceso al empleo.

Abordan cuestiones de género y derechos sexuales, junto a otras de interés general del grupo. Disponen de asesoramiento jurídico y psicológico. Y apoyan sobre todo a las personas que reciben terapia de readecuación hormonal y quirúrgica, un proceso que desearían fuera reajustado por las autoridades sanitarias.

“Lo que más les preocupa a un hombre trans es lograr las operaciones, no tanto de reasignación genital como las mastectomías”, explicó Anabel Díaz, la psicóloga de Alma Azul. “Este mes de septiembre esperamos operar a tres que ya están listos”, anunció, sobre el grupo que atiende y a la vez investiga para romper el silencio.

“Muchos trans masculinos han sido víctimas de abusos sexuales, lo cual repercute porque eso te convierte en una persona rota, dolida, con baja autoestima, pero casi todos tienen estudios y enfrentan más bien problemas para encontrar empleos donde respeten su masculinidad y parejas”, describió.

Por su parte, la psicóloga Ángela L. Urquiza aseguró que “el estudio científico en Cuba de las personas trans masculinas es casi nulo porque se trata de una realidad escasamente visibilizada”. A su juicio, la creación de Alma Azul resulta novedosa y de contribución para la ciencia.

Urquiza, quien desde 2013 integra la Comisión Nacional de Atención Integral a Personas Transexuales, especificó que “la demanda de servicios de salud ha sido ínfima; incluso, no todas las personas que los especialistas puedan identificar como cercanas a una identidad trans masculina, se identifican de ese modo”.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Migrar en familia y volver a empezar a los 60

qui, 13/09/2018 - 14:40

Por Humberto Márquez
CUÁ, Venezuela, Sep 13 2018 (IPS)

Fernando García tiene 60 años y migra con su familia a Perú, tras una vida dedicada al pequeño comercio, con negocios que han ido desde la venta de aparatos de telecomunicaciones, como walkie-talkies y otros similares, hasta de alimentación, como pescado o comida elaborada.

Parte de su familia ya se fue a Lima, todos por tierra, como hará él, en un trayecto de 5.600 kilómetros, en que se demora entre seis y siete días. En la capital de Perú están ya su esposa, que ha sido su colaboradora en los pequeños negocios con que han mantenido la familia, su hija (que estudió medicina integral comunitaria, una especie de carrera técnica creada por el fallecido Hugo Chávez, el líder que gobernó el país entre 1999 y 2013 y con el que la familia simpatizó en el pasado), su yerno y sus dos nietas.

 

 

Fernando espera en Cúa, una de las ciudades dormitorio cercana a Caracas, a 65 kilómetros de la capital venezolana, donde ha tenido su hogar por años, con su hijo menor a que este termine el liceo, para entonces reunirse con la familia, que ya compró un carrito para vender comida en la calle, comenzando con perritos calientes “al estilo venezolano”.

Con lo que él logre de la venta de enseres y otras pertenencias, su deseo es adquirir un segundo carrito. Su esposa también se ha dedicado a cuidar adultos mayores, mientras todos esperan que llegue Fernando y consoliden el negocio de preparar y vender comida, gracias a su experiencia.

En total, siete miembros de la familia García, de clase media-baja, buscan una nueva vida en Lima.

Fernando García contó a IPS las razones del éxodo, en su vivienda en Cuá. Se cuentan por cientos de miles los que podrían contar historias parecidas.

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Comunidades se movilizan por el clima cuando “se agota el tiempo”

qui, 13/09/2018 - 13:19

Fayaz Ahmad Khanday arranca un tallo de loto del lago Wullar, en Cachemira. Crédito: Umer Asif / IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Sep 13 2018 (IPS)

Numerosas comunidades del mundo se levantaron para reclamar compromisos para frenar el cambio climático en un contexto de creciente frustración por la falta de acción.

Líderes de la sociedad civil, gobiernos locales y representantes del sector privado están reunidos en el estado estadounidense de California, del 12 al 14 de este mes para subrayar la urgencia que implica el recalentamiento planetario y “llevar la ambición al próximo nivel”. Y no tiene sentido si no es oportuno.

No solo se organiza en el medio de la entrada en vigor del Acuerdo de París, en noviembre de 2016, y la fecha para que esté en pleno funcionamiento, en 2020, sino que la Cumbre Global de Acción Climática, se desarrolla cuando Washington sigue dando marcha atrás a normas que buscaban frenar las consecuencias del cambio climático.

En julio, la Agencia de Protección Ambiental de ese país propuso suavizar una norma sobre la contaminación de dióxido de carbono de los vehículos. Y hace poco, propuso hacer lo mismo con otras normas del gobierno de Barack Obama (2009-2017), que buscaban reducir las filtraciones de gas metano de la industria petrolera, un importante responsable del cambio climático.

“El gobierno de (Donald) Trump es una demoledora que arrasa virtualmente con todas las políticas que tenemos para hacer frente al cambio climático”, dijo a IPS el presidente de la no gubernamental Unión de Científicos Preocupados, Ken Kimmell.

“La importancia de la cumbre, es que se va a ver más allá del gobierno federal y se va a verá lo que los estados, las ciudades y el sector privado están haciendo y que, de hecho, todavía existe un compromiso significativo de hacer frente al cambio climático”, observó.

“Nos da la posibilidad de decirle al resto del mundo que seguimos en la lucha”, acotó.

Pocos días antes de la reunión, más de 300.000 personas participaron en marchas y protestas en todo el mundo para reclamar a sus gobiernos que pasen a la acción frente a asuntos que van desde el aumento del nivel del mar en Vanuatu, pasando por la extracción de combustibles fósiles en Estados Unidos y hasta la minería de carbón en Kenia.

Por su parte, la directora ejecutiva de la campaña internacional contra el cambio climático, 350.org, May Boeve, dijo a IPS: “Parte de la razón de por qué la movilización se arraiga en lo local es porque reconocemos que hacer frente a la crisis climática requiere construir una nueva economía que funcione para todos nosotros y no deje a nadie atrás”.

La organización 350 de Filipinas convocó a una marcha virtual proyectando fotografías de más de 500 comunidades, activistas, estudiantes, artistas y muchas personas que luchan por el clima en la ciudad de Quezon, en la región metropolitana de Manila. Crédito: Cortesía: AC Dimatatac/350.org

“Es un grupo de personas que, de muchas formas, dedican sus vidas a asegurarse que se haga la transición”, apuntó.

“El hecho de que sea global, les ayuda a darse cuenta de que no están aislados, que la lucha que libran en sus comunidades podrá parecer muchas veces imposible de ganar, pero pueden inspirarse de otros lugares”, destacó Boeve.

Y la cumbre procura hacer exactamente eso, que lo local ocupe un lugar central, no solo escuchando las voces y experiencias de las comunidades locales, sino también mostrando los logros de las bases en materia de acción climática, y que es posible avanzar.

A principios de la segunda semana de septiembre, el gobernador de California, Jerry Brown suscribió un proyecto de ley para pasar 100 por ciento de la generación eléctrica a fuentes renovables para 2045, un gran paso para lograr una sociedad libre de dióxido de carbono.

En la otra punta de Estados Unidos, el estado de Massachusetts anunció su intención de crear granjas eólicas marinas para llevar electricidad a los hogares.

En China, los autobuses eléctricos reemplazan a los que son a diésel de forma acelerada.

Pronto, la compañía china BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, será proveedora del estado estadounidense de Georgia, lo que le ayudará a cumplir su objetivo de reducir los gases de efecto invernadero.

Aún así, se puede hacer mucho más, coincidieron Boeve y Kimmel.

Un cementerio sumergido en la aldea de Togoru, en Fiyi. Los estados insulares del Pacífico sur están entre los más vulnerables al cambio climático. Crédito: Pascal Laureyn/IPS

Boeve subrayó la necesidad de que el gobernador Brown deje de expandir sus excavaciones y la fractura hidráulica. La producción disminuyó, pero California sigue en el sexto lugar entre los estados productores de petróleo.

Kimmel observó que los estados y las ciudades pueden trabajar para que los edificios sean más eficientes, mientras que el sector privado puede comprar y utilizar energías renovables en sus operaciones.

“Para que sea efectiva, la lucha contra el cambio climático, tiene que ser de abajo hacia arriba, no al revés”, subrayó Kimmel.

“Es realmente importante que los estados y los gobiernos locales y las empresas piensen qué pueden hacer para reducir su huella de carbono, y la respuesta es que pueden hacer muchas cosas”, añadió.

A Boeve le preocupa que el avance de la acción climática, incluida la transición a las energías renovables y el Acuerdo de París, no avancen con la suficiente rapidez.

“Es una oportunidad enorme lograr que se dé la transición”, observó.

“Pero si ocurre dentro de 50 a 75 años, no estamos haciendo frente a lo que sabemos que reduciría el recalentamiento en el futuro, por lo que tenemos que asegurarnos que las personas que toman las decisiones al respecto sepan que el cronograma es fundamental”, explicó.

Una reunión climática de la Organización de las Naciones Unidas realizada en Bangkok hace poco recibió muchas críticas de activistas por no concluir con resultados concretos y pautas para implementar el Acuerdo de París, aprobado en 2015.

“No avanzamos mucho. No es solo una sesión adicional; es una sesión urgente”, observó el primer ministro de Fiyi Frank Bainimarama, presidente de la 23 Conferencia de las Partes (COP23) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

Entre los temas controvertidos se destaca el de los fondos para el clima para los países en desarrollo, que rehuye Estados Unidos.

“Cuando la gente comprende la crisis climática, enseguida te das cuenta que ningún país puede hacerlo solo. Ni siquiera la mitad de ellos pueden hacerlo solos, requiere de todos juntos”, puntualizó Boeve.

“Todos los científicos que comprenden el cambio climático nos dicen que se nos agota el tiempo para atender el problema”, recordó Kimmell, quien espera que los participantes de la cumbre se vayan con un renovado aprecio por la urgencia del asunto, y motivación para elevar sus ambiciones y las de los gobiernos locales y nacionales.

“Hay distintas historias diferentes de logros, y lo que impulsa el progreso es la tecnología y la innovación, junto con políticas estatales claras”, indicó.

“Es un tren de energías limpias que arrancó de la estación y no creo que Donald Trump pueda frenarlo”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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Venezuela se apellida diáspora

qui, 13/09/2018 - 12:28

El venezolano Fernando García, de 60 años, cabeza de un grupo familiar que ha migrado en bloque a Perú, desde una localidad cercana a Caracas, con la decisión de “volver a comenzar como familia”, después de una vida de trabajo. Crédito: Humberto Márquez/IPS

Por Humberto Márquez
CARACAS, Sep 13 2018 (IPS)

Venden si los tienen y lo logran, así sea a precios irrisorios, la vivienda, el auto, la motocicleta, enseres, ropas y adornos, reúnen unos pocos dólares, toman un autobús y, en muchos casos, por primera vez viajan fuera de su país: son los migrantes que por cientos de miles huyen de Venezuela.

El colapso económico en este país petrolero que fue por décadas la cuarta economía latinoamericana, traducida en una imparable escasez y carestía de alimentos y medicinas, más la inseguridad ciudadana, disparó el éxodo  de sus habitantes hacia naciones vecinas, en un movimiento que en el corto plazo aparece como indetenible.

“Lo que ganaba no me alcanzaba para mantener a mis niñas y mandarlas a la escuela, así que busqué venir a Perú, ya puedo enviar hasta 100 dólares mensuales a la familia y reúno dinero para traérmela”, dijo a IPS por teléfono Johnny Velásquez, un instructor de cocina de 39 años, casado y con dos hijas, empleado como cocinero en un restaurante de Lima.

Fernando García, 60 años, pequeño comerciante, es esposo, padre, suegro y abuelo de un grupo familiar que decidió migrar al completo a Perú: “La decisión nos costó muchísimo. La tomamos después de que se enfermaron las dos nietecitas y no conseguíamos antibióticos”,  dijo a IPS.

“No vemos una solución pronta para Venezuela, vamos a probar suerte”, confió con tristeza desde su hogar en Cúa, ciudad-dormitorio al este de Caracas, mientras escoge los bártulos que llevará en su travesía de cinco o seis días en autobús.

Adriana Lara, de 30 años, maestra de preescolar, ahora empleada en un hotel de Natal, en el noreste de Brasil, contó a IPS desde su nueva residencia que “renuncié al seguro de salud para estirar el dinero y comprar comida. Cuando ya ni así pude, dejé el colegio y decidí marcharme”.

Un argumento casi idéntico dio Mariela Acevedo, de 28 años, madre de un niño de un año que permanece en Caracas al cuidado de una tía mientras la madre trabaja en una tienda de Bucaramanga, en el noreste colombiano: “Es muy simple, el dinero en Venezuela no alcanza”.

Aumenta el flujo y el dramatismo de las historias y las imágenes de quienes se van, extenuados por la carrera por la sobrevivencia: ya son migrantes indígenas o habitantes de barriadas urbanas que viven a la intemperie en el lado brasileño de la frontera, o madres embarazadas o con hijos pequeños que forman las hileras de quienes, sin medios para pagar un transporte, caminan por carreteras de Colombia o Ecuador, rumbo al sur.

 

 

¿Cuántos son? 

Agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estiman que en los últimos tres años migraron desde Venezuela 2,3 millones de personas, 7,2 por ciento de los 31,8 millones de habitantes que oficialmente viven en el país, según dijo el 20 de agosto Stephane Dujarric, portavoz de la Secretaría General del foro mundial.

Organizaciones humanitarias internacionales elevaron a comienzos de septiembre la cifra del éxodo a entre 3,5 y cuatro millones.

El sociólogo Tomás Páez, quien dirige un estudio sobre “la diáspora venezolana” sostiene que unos tres millones han migrado en las últimas dos décadas. Sondeos de las firmas encuestadoras Datos Group y Consultores 21 dan cuenta de que crece el número de familias en las que al menos un miembro ya emigró o prevé hacerlo en los próximos 12 meses.

“Todas son cifras estimadas, debido a que mucha gente cruza la frontera solo para hacer compras, no hay registros certeros en Venezuela, y en algunos países los migrantes se instalan de manera ilegal, pero aun así se trata de alrededor de 10 por ciento de nuestros 31 millones de habitantes”, dijo a IPS el experto Oscar Hernández.Barrios fantasma

“Era muy difícil en un barrio ver a una mujer deprimida. Hombres, sí, mujeres, no. Y este año ya hemos tenido tres casos de suicidio femenino. Lo más consistente en el barrio se está resquebrajando”, dice a corresponsales el jesuita Alfredo Infante, quien como párroco de La Vega debe atender a la mitad de los 120.000 habitantes de ese sector del suroeste de Caracas.
En un barrio, término que en Venezuela designa a las barriadas populares urbanas, que crecen a partir de construcciones informales, “la mujer es la figura determinante y su imaginario es clave para comprender la degradación del entorno. Hasta ahora migraban más hombres, pero creo que vamos a ver una mayor migración femenina”, apuntó.
En el sector Las Torres de La Vega, a las puertas de la carretera Panamericana y otrora receptor de migrantes, “primero se fueron los ecuatorianos, luego los hijos de colombianos, después sus padres, luego los andinos (del oeste venezolano)… antes pasaba por allí y la gente en las tardes estaba en las aceras, hablando, interactuando. Ahora uno pasa y las calles están desoladas, parece una ciudad fantasma”, relató el sacerdote.
Según Infante es un fenómeno “indetenible”. “Con el deterioro económico y la pérdida de calidad de vida estamos entrando en una radicalización de la depresión social, y eso se va a traducir en un incremento de la migración. Y los países vecinos olvídense de que la frontera (con Colombia) se cierre, es demasiado extensa (2.219 kilómetros), porosa y cerrarla solo ayudaría a mafias que viven de quienes migran, parecido sucede con Brasil”, dijo.
El también experto en temas migratorios de su orden, aspira a que los países latinoamericanos concernidos por ola migratoria venezolana “hagan como México y pongan en práctica la Declaración de Cartagena (suscrita por los países latinoamericanos en 1984), que caracteriza como refugiados a las personas en situación de migración forzosa, en este caso por el deterioro de sus condiciones de vida”.

El también conductor del Centro de Capacitación Migratoria consideró que “es un muy, muy grave drenaje de capacidades. Vamos a pagar muy caro que se vayan tantos talentos, tantos profesionales, maestros y estudiantes, gente en lo mejor de su edad productiva”.

En la pública Universidad Central de Venezuela, el mayor centro de estudios del país, la matrícula se redujo en 10 años, de 47.000 a 32.000 estudiantes, informó su secretario, Amalio Belmonte.

“Se nos van profesores, estudiantes y personal administrativo, ante la necesidad de buscar nuevos horizontes”, destacó a IPS Patricia Rosenzweig, la vicerrectora de la Universidad de Los Andes, con sede en la occidental ciudad de Mérida.

Gremios de la salud estiman que en lo que va de década han salido del país unos 20.000 profesionales, entre médicos, personal de enfermería y terapistas.

El presidente de un importante banco privado confió a algunos corresponsales extranjeros: “Primero se fueron ejecutivos de finanzas, después técnicos en informática, ahora recibimos renuncias y más renuncias de empleados de taquilla y mensajeros motorizados”.

Según últimas cifras aportadas por sus autoridades migratorias, se han instalado en Colombia 870.000 venezolanos, 414.000 en Perú, 325.000 en Chile, 80.000 en Panamá, 70.000 en Argentina, 57.000 en Brasil y 16.000 en Uruguay, mientras que a Ecuador solo en 2018 ingresaron 340.000, de los cuales 116.000 permanecen en el país y el resto cruzó hacia otros destinos.

A República Dominicana han ido 26.000 venezolanos, más de 10.000 a otras islas de Caribe, según estimados de varios portavoces oficiales, y en México unos 9.000 han buscado la “tarjeta de visitantes por razones humanitarias”.

Fuera de la región los mayores receptores son Estados Unidos con 290.000 y España con 208.000.

Félix Seijas, director de la encuestadora venezolana Delphos, estimó que en lo que resta de año al menos 800.000 venezolanos más prevén marcharse del país, aun si no todos concretan esa aspiración.

¿Por qué se van?

“Si la gente prefiere ir a pie rumbo a Lima es porque percibe que su necesidad llegó al límite y sus condiciones para sobrevivir en Venezuela son ínfimas. La realidad les indica qué hacer”, observó a IPS la psicóloga social Colette Capriles, de la caraqueña Universidad Simón Bolívar.

Jonathan Martínez, mesero en un pequeño restaurante del este de Caracas, dijo a IPS que “tomé la decisión de irme después que Maduro fue reelegido. La situación no cambia sino que empeora. Reúno (dinero) para los pasajes a Medellín (Colombia) para mí y para mi esposa”.

El presidente Nicolás Maduro fue reelegido el 20 de mayo para el  sexenio 2019-2025 en elecciones sin participación de la mayoría de partidos opositores y que fueron consideradas “fraudulentas”  por numerosos gobiernos de América y Europa.

Tras ser reelegido, Maduro ha demostrado que mantendrá o acentuará las medidas económicas de corte estatista y la preeminencia de las organizaciones sociales que respaldan su gobierno, mientras que los partidos políticos de oposición se muestran desarticulados, sin estrategia unitaria e incluso han quedado sin registro ante el poder electoral.

Según Efraín Rincón, experto de la firma encuestadora Consultores 21, solo uno de cada cinco venezolanos que se propone emigrar aduce razones políticas. El resto alude a la crisis económica.

El parlamento, de mayoría opositora, indicó que tan solo en agosto la tasa de inflación fue de 223,1 por ciento y la acumulada del año trepó a 34.680,7 por ciento, mientras el Fondo Monetario Internacional estima que la tasa de inflación puede llegar a un millón por ciento al cierre de 2018 y economistas  en firmas de consultoría creen que puede crecer aún más.

Maduro activó desde el 20 de agosto un conjunto de medidas con las que declaró apostar por poner un candado a la hiperinflación y recuperar la economía.

Ordenó multiplicar por 35 el salario básico  -que aun así apenas llega a 30 dólares mensuales-, contener precios de productos esenciales, mientras devaluó 96 por ciento la moneda y le quitó cinco ceros,  e incrementó el IVA y otros impuestos.

Gremios empresariales, la oposición política y economistas independientes han advertido que las medidas, principalmente por carecer de financiamiento en divisas, implicarán una mayor emisión de dinero inorgánico (sin respaldo) y agravarán más todavía los indicadores de la crisis.

Todavía sin cifras sólidas, recorridos por áreas comerciales y mercados de alimentos registran cierres provisionales o definitivos de negocios, despidos de trabajadores por no poder asumir las empresas los nuevos costos laborales, y escasez de alimentos y otros bienes sometidos a regulaciones.

Otro componente de la crisis son las fallas cada vez más prolongadas, alimentando protestas de pobladores en todo el país, en el suministro de agua potable, electricidad, gas para cocinar, transporte público y en los servicios de salud y educación pública.

Se agrega la inseguridad. Caracas y zonas del interior presentan altos cuadros de criminalidad. A falta de estadísticas oficiales, el no gubernamental Observatorio Venezolano de la Violencia cifró en 26.616 los homicidios en el país al cierre de 2017, más de 80 muertes por 100.000 habitantes.

Venezuela fue tradicionalmente país receptor de migrantes. A mediados del siglo XX recibió por millares a españoles, portugueses, italianos, libaneses y sirios. Más adelante fue el turno de los suramericanos, dominicanos y haitianos.

Ahora la corriente ha girado 180 grados y son los venezolanos quienes protagonizan una dramática diáspora en América Latina, que para muchos expertos se ahondará a corto plazo y ya se ha convertido en la mayor crisis migratoria de la historia en América.

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo Venezuela se apellida diáspora fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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