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Atualizado: 6 horas 57 minutos atrás

No hay figuras influyentes que pongan fin a la crisis de los rohinyás

sex, 20/07/2018 - 13:12

Más de un millón de refugiados rohinyás están hacinados en las colinas de Ukhiya, en el sudeste de Cox’s Bazar, en la frontera con Birmania. Crédito: ASM Suza Uddin/IPS.

Por Naimul Haq
DACA, Jul 20 2018 (IPS)

Ni siquiera las visitas del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, y del presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim, a Bangladesh pudieron resolver la mayor crisis de refugiados del mundo.

Desde la llegada de 700.000 rohinyás a Bangladesh, procedentes de Myanmar (Birmania), en agosto de 2017, muchos gobernantes han visitado el distrito costero bangladesí de Cox’s Bazar, donde están los campamentos de refugiados.

En su visita a principios de este mes, Guterres comentó que escuchó relatos “desoladores” del sufrimiento de los refugiados, y se mostró preocupado por las condiciones de vida en los campamentos, en especial por la temporada de los monzones.

El Banco Mundial anunció casi 500 millones de dólares para la salud, la educación, el saneamiento y la preparación de desastres de Bangladesh, entre otros servicios para los refugiados hasta que puedan regresar a su país de forma segura, voluntaria y con dignidad. Pero quizá ya sea tarde.

En Bangladesh, unas 63 millones de personas, de los 160 millones de habitantes, viven en la pobreza; y la llegada de un millón de refugiados tuvo un impacto no solo económico, sino tambień ambiental.

Con la presencia de rohinyás, hacinados en terrenos ondulados en Ukhiya, en el sudeste de Cox’s Bazar, en la frontera con Birmania, se talan más de ocho hectáreas a diario para conseguir leña para cocinar.

Y algunos lugareños también se han quejado de que desde la llegada de los refugiados, hay más delitos en Ukhiya, y los acusan de agresión, asesinatos, trata de personas y narcotráfico.

“La solución a la crisis de rohinyás es posible si se ejerce una doble presión sobre Myanmar”, opinó Mohammad Zamir, exembajador y analista de relaciones internacionales, consultado por IPS.

“La forma en que Estados Unidos impuso sanciones a Corea del Norte, como evitar remesas e imponer sanciones económicas, tuvo el impacto deseado”, opinó.

“Si el mundo impone una prohibición similar sobre Myanmar, no habrá más inversión extranjera, y creo que estaría bajo una tremenda presión y podría ceder a las demandas de repatriar a los rohinyás” refugiados en Bangladesh.

IPS visitó Cox’s Bazar a principios de este mes y pudo hablar con numerosos rohinyás en los 21 campamentos, incluso los grandes de Kutupalong y Balukhali.

Mohammad Mohibullah, portavoz de la Sociedad Arakan Rohinyá para la Paz y los Derechos Humanos, dijo a IPS que celebra la visita de las autoridades de la ONU y del Banco Mundial, pero “el dinero es para nuestra supervivencia y no para resolver nuestra crisis”.

Se estima que más de un millón de refugiados rohinyás de Birmania se asentaron en el distrito bangladesí de Cox’s Bazar. Crédito: Mojibur Rahaman Rana/IPS.

“No notamos que los líderes desempeñara un papel efectivo presionando a Myanmar (Birmania) a repatriar a los rohinyás”, observó Abdul Gaffar, también portavoz de esa organización.

“Vienen y se van, pero no nos dejan ninguna esperanza de solución permanente. Queremos regresar a nuestro territorio ancestral y no vivir en ruinas como ahora”, añadió.

En enero, el gobierno birmano se comprometió con Bangladesh a recibir refugiados. Pero semanas después, solo dejaron regresar a 50 familias, la mayoría con integrantes hindúes.

Luego el proceso se detuvo después de que Birmania reclamara que, primero, un equipo bangladesí y birmano tenía que identificar a los rohinyás como realmente ciudadanos.

Al principio, la ONU y otras agencias internacionales no podían ingresar al estado birmano de Rakhine para evaluar la situación de los retornados. Finalmente, el alto comisionado de la ONU para Refugiados, Filippo Grandi, logró entrar en mayo.

Un mes después, el gobierno birmano suscribió un acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como primer paso para crear un marco para el retorno de los rohinyás. Pero es un proceso lento.

Y esta semana, la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, urgió a la enviada especial de la ONU a Birmania, Christine Schraner Burgener, que convenciera a ese país de aceptar el retorno de los refugiados rohinyás.

Pero según algunos especialistas, “la mala interpretación de la diplomacia” de Bangladesh es lo que generó la situación actual.

“En vez de recurrir a potencias como China y Rusia, Bangladesh optó por negociaciones bilaterales, lo que estancó la situación. (Birmania) claramente se mostró otra vez desafiante”, añadió.

“Por ejemplo, cada pedido que presentamos, como fijar una fecha para empezar la repatriación, Myanmar, en vez de cumplir con el acuerdo bilateral, insiste en verificar su ciudadanía, una táctica usada para demorar el proceso y dejarlo en punto muerto”, analizó el profesor Delware Hossain, del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Daca, consultado por IPS.

“Lo que tenemos que hacer es hacer lobby con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad que tienen el poder de imponer sanciones económicas, militares y políticas”, opinó.

“Es triste que no hayamos visto a nuestros cancilleres visitar Moscú, Beijing, Londres y París para comprometerlos a favor de Bangladesh”, apuntó. Rehman agregó que en anteriores casos de genocidio, se identificaron líderes militares, se procesaron y condenaron gracias al fuerte compromiso y a la participación de esos países.

Por su parte, la organización de derechos humanos Fortify Rights, señaló en un informe divulgado el 19 de este mes que la pasividad de la comunidad internacional frente a los ataques contra los rohinyás en el estado de Rakhine en 2016, hizo que Birmania avanzara con el genocidio.

El informe se realizó a partir de 250 entrevistas realizadas durante dos años a testigos y sobrevivientes de los ataques, además de policías y militares birmanos, entre otros.

Pero Amena Mohsin, profesora de relaciones internacional en la Universidad de Daca, cree que la visita de Guterres y Kim es significativa.

“No nos olvidemos que el 73 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU comenzará en septiembre y su visita supone una presión”, explicó.

“Esperemos que el asunto rohinyá se discuta en la asamblea y que Myanmar sienta una mayor presión”, acotó, al ser consultada por IPS.

El portavoz del Banco Mundial, David Theis, dijo a IPS que el organismo trabaja con la ONU y otros socios para que Birmania ponga en práctica las condiciones para “un retorno seguro, voluntario, digno y sostenible de los refugiados y para mejorar el bienestar de las comunidades en el estado de Rakhine”.

También dijo que incentivarán más avances con un proyecto concentrado en generar oportunidades económicas y de empleo  para todas las comunidades de Rakhine.

“Es parte de nuestra estrategia para mantenernos comprometidos con la transición económica de Myanmar, con un mayor foco en la inclusión en zonas con conflictos”, explicó.

El periodista Afsan Chowdhury dijo a IPS que la ONU no ha sido muy efectiva desde que los rohinyás llegaron a Bangladesh.

“Una de las razones es que la ONU es efectiva solo cuando las grandes potencias están interesadas. El impacto del Banco Mundial en este asunto es ínfimo, según veo”, añadió.

Con aportes de A S M Suza Uddin, de Cox’s Bazaar.

Traducción: Verónica Firme

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¿Pueden las ciudades llegar al objetivo de basura cero?

sex, 20/07/2018 - 12:53

El químico británico Paul Connet durante su exposición en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que cuestionó la incineración de basura y se pronunció a favor de una economía circular, a través de la cual se logre el objetivo de "basura cero". Crédito: Greenpeace Argentina

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jul 20 2018 (IPS)

¿Cómo deben abordar las ciudades el problema de la basura? Lo primordial es ponerse un objetivo tajante: que llegue un día en el que nada sea enviado a disposición final o a incineración, plantea el especialista mundial en el tema, el británico Paul Connet.

Autor del libro “Solución: Basura Cero”, Connet estuvo en Buenos Aires para difundir sus tesis al respecto, mientas en la capital argentina se libra un áspero debate sobre esta cuestión.

“La meta de basura cero puede lograrse con una combinación de factores que permitirían el paso de la economía lineal a la circular: debe involucrarse la comunidad y existir responsabilidad industrial”, dijo Connet a IPS.“La sociedad debe separar sus residuos, que deben ser retirados puerta a puerta. Y debe decir a la industria: si lo que ustedes fabrican no podemos reciclarlo, ni volver a utilizarlo ni destinarlo al compostaje, deben dejar de fabricarlo. Necesitamos un mejor diseño industrial para el Siglo XXI”: Paul Connet.

Antes, el miércoles 18, este químico y doctor en Toxicología, expuso en una salón de la Legislatura (parlamento) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una estrategia de 10 pasos que entusiasmó a la audiencia convocada para su conferencia sobre “Incineración; un retroceso ambiental”.

“La sociedad debe separar sus residuos, que deben ser retirados puerta a puerta. Y debe decir a la industria: si lo que ustedes fabrican no podemos reciclarlo, ni volver a utilizarlo ni destinarlo al compostaje, deben dejar de fabricarlo. Necesitamos un mejor diseño industrial para el Siglo XXI”, agregó a IPS.

Connet, quien creció en Inglaterra y vive en Estados Unidos, es un graduado de la británica Universidad de Cambridge que hace más de 20 años se especializó en gestión de residuos y ha realizó presentaciones en más de 60 países.

Fue invitado a la Argentina por Greenpeace, una de las organizaciones de la sociedad civil que en los últimos meses han cuestionado la decisión tomada este año por las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires de volver a habilitar la incineración de basura, que estaba prohibida.

La capital argentina cierra así de manera curiosa un círculo que comenzó a trazar en noviembre de 2005, cuando la Legislatura local votó la Ley de Gestión Integral de Desechos Sólidos Urbanos, considerada entonces de avanzada y que se conoce  justamente como de “Basura Cero”.

Esa norma fijaba objetivos graduales de reducción de los montos de basura que se envían a los rellenos sanitarios que están en las afueras de la metrópoli, hasta que no se enviara nada en 2020.

Sin embargo, en los años que siguieron los planes para implementar la separación y el reciclaje de residuos fracasaron estrepitosamente, al punto que la basura no solo no disminuyó, sino que creció: de 1.492.867 toneladas enviadas por Buenos Aires a los rellenos sanitarios durante 2004 se pasó a 2.086.740 en 2012, según cifras oficiales.

Un cartonero durante un momento de descanso en su actividad nocturna en la avenida Corrientes, en pleno centro de Buenos Aires. Cartoneros es como se conoce en Argentina a las personas excluidas del mercado laboral que buscan cartones y otras cosas con valor económico en la basura. Crédito: Daniel Gutman/IPS

A partir de entonces sí empezó a reducirse la basura generada por la Ciudad, aunque lejos de los objetivos fijados por la ley: en 2017 se enterraron 1.101.203 toneladas, cuando la norma había fijado un objetivo de 373.217.

En la capital argentina viven tres millones de personas, que se elevan a 15 millones al sumar su área metropolitana, conocida como el Gran Buenos Aires, lo que representa 34 por ciento de este país sudamericano de 44 millones de habitantes.

“Las autoridades de la Ciudad no han hecho prácticamente nada para reducir la cantidad de basura que se envía a disposición final. Si en los últimos años hubo una reducción fue gracias al trabajo de los cartoneros”, dijo a IPS Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace Argentina.

Como cartoneros se conoce en Argentina a las personas excluidas del circuito laboral que cada noche caminan empujando sus carros por las ciudades, en busca de cartón u otros objetos con valor económico que puedan encontrar en la basura.

El gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires formalizó a más de 5.000 de ellos, bajo la denominación de “recuperadores urbanos”, que están agrupados en 12 cooperativas. Hoy llevan uniformes y tienen cobertura de salud. Algunos separan sus residuos en los cuatro centros verdes que dependen del Estado.

El centro verde El Alamo, una de las instalaciones donde se separan residuos en Buenos Aires. El reciclaje era la herramienta con la que en 2005 se fijó por ley un ambicioso y fracasado plan de reducción de la basura que se envía a disposición final. Crédito: Greenpeace Argentina

Sin embargo se estima que los cartoneros son más del doble, ya que muchos no lograron ingresar en los cupos oficiales y trabajan en la informalidad.

Son justamente los cartoneros quienes están en la primera fila de la lucha contra la incineración, porque temen quedarse sin el material que les da sustento.

“Somos un actor importante y vamos a defender nuestros derechos. Somos 12.000 cartoneros y tenemos la capacidad de garantizar un circuito de reciclado suficiente para que se cumpla la ley de Basura Cero. No vamos a permitir la incineración”, dijo a IPS una de estas trabajadoras, Jacqueline Flores.

Flores, de la Cooperativa El Amanecer, contó que “tomé la carreta durante la última crisis de 2001 y durante años me gané así la vida. Hoy formo parte de un equipo de 100 compañeras que somos promotoras ambientales y tocamos el timbre a los vecinos de Buenos Aires, para pedirles que les entreguen sus residuos separados a los cartoneros”.

En mayo, la Legislatura de la Ciudad aprobó la modificación de la ley de Basura Cero, relajando las metas de reducción de residuos y habilitando la incineración.

El alcalde Horacio Rodríguez Larreta –de la alianza Cambiemos, que lidera el presidente Mauricio Macri- fue quien promovió esa ley y dijo que se instalarán plantas de termovalorización, que convertirán la basura en energía.

Sin embargo, el plan ahora está envuelto en la incertidumbre, ya que en junio una jueza suspendió la aplicación de la ley, al aceptar un planteo conjunto de cooperativas de cartoneros y organizaciones ambientales, que señalaron que la incineración contaminará el aire de Buenos Aires.

La decisión judicial fue apelada por el alcalde y se espera una definición.

Jacqueline Flores comenzó a trabajar como cartonera en 2001, recogiendo productos reciclables de la basura con una carreta, en medio de una brutal crisis económica y social en Argentina. Ahora es promotora ambiental e instruye a los vecinos de Buenos Aires sobre la manera en que deben separarse los residuos. Crédito: Daniel Gutman/IPS

“Igual que Buenos Aires, muchas grandes ciudades latinoamericanas tienen problemas con la basura, que los políticos no saben cómo resolver. Tienes que ser un estúpido o un corrupto para construir un incinerador”, dijo Connet.

El especialista señaló a IPS que distintos países latinoamericanos, debido a sus grandes superficies, tienen un gran potencial para reducir la basura.

“El trabajo de una gran ciudad debería ser exportar los desperdicios orgánicos a las zonas rurales, donde deben convertirse en compost y ser utilizados en la agricultura”, señalo.

“A su vez desde el campo deben enviarse los residuos reciclables a la ciudad, donde pueden ocuparse de ellos porque hay muchas personas que pueden beneficiarse con ese trabajo”, añadió Connet.

El visitante citó ejemplos exitosos de Estados Unidos y Europa.

Uno de ellos es el de la ciudad estadounidense de San Francisco logró reducir en un 80 por ciento los residuos que se envían a disposición final.

Uno de los factores clave para ello fue la instalación a 70 kilómetros de la ciudad de una planta de compostaje que recibe los residuos orgánicos y los convierte en fertilizantes que son utilizados por más de 200 viñedos en la zona.

“Yo soy la economía circular caminante”, dijo Connet durante su conferencia en la Legislatura,  mientras aseguraba que había pagado seis dólares por la chaqueta que llevaba puesta, fabricada con materiales de reciclaje.

La economía circular se basa, justamente, en sustituir el modelo basado en producir-consumir-desechar por el de producir-consumir-reciclar.

El especialista se pronunció también a favor de castigar económicamente a quienes generen residuos que no puedan reutilizarse o reciclarse.

“La basura es un invento humano, que tenemos que ‘desinventar’ a partir de una conducta distinta y cambios en el diseño industrial”, consideró. Y cerró su exposición con una apelación a los ciudadanos: “Nunca dejen que los expertos les quiten las conclusiones a las que ustedes llegan con sentido común”.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Mitad de jóvenes de barrios pobres centroamericanos desean migrar

qui, 19/07/2018 - 16:16

Una pareja joven al fondo de una empinada escalera de La Carpio, un barrio degradado de la periferia de San José de Costa Rica. Alrededor de la mitad de los jóvenes que viven en comunidades como esta de América Central dicen que migrarían si pudieran. Crédito: Josué Sequeira/IPS

Por Daniel Salazar
SAN JOSÉ, Jul 19 2018 (IPS)

La Carpio es una isla urbana empobrecida de la periferia de la capital de Costa Rica, donde a un lado fluyen las aguas más contaminadas del país, las de río Torres, mientras al otro hay un enorme depósito de basura.

Una planta de tratamiento de aguas negras provenientes de 11 ciudades también circunda el asentamiento, mientras en medio, entre casas sin pintar, bazares, más de setenta tabernas y un centenar de iglesias de diferentes confesiones, viven casi 25.000 personas, a unos 10 kilómetros del centro de San José.

Ahí se tejen las historias de miles de costarricenses y nicaragüenses, en la que se considera la mayor comunidad de migrantes de ese país vecino en América Central. La mayoría son jóvenes que debieron migrar debido a la desigualdad y el miedo a la violencia de diferente signo.“En promedio, la diferencia entre los países de origen y de destino a nivel mundial en cuanto a ingreso es de uno a 70, y se estima que en unos 25 años hablaremos de 100 a uno. Es muy difícil que en ese mundo será sencillo convencer a los migrantes de no migrar a donde está el ingreso y el bienestar”: Salvador Gutiérrez.

En promedio, casi la mitad de los residentes de entre 14 y 24 años dice que se irían de sus países… si pudieran, en barrios centroamericanos degradados similares a La Carpio, como Jorge Dimitrov (Managua), El Limón (Ciudad de Guatemala), Nueva Capital (Tegucigalpa) o Popotlán (Área Metropolitana de San Salvador).

El dato se recoge en una investigación del el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), que entrevistó a 1.501 jóvenes de esos cinco barrios pobres de las periferias de las capitales centroamericanas, divulgada en parte en junio con el título de “Centroamérica desgarrada. Demandas y Expectativas de jóvenes residentes en comunidades empobrecidas”.

El estudio se basó en entrevistas realizadas de forma domiciliaria durante el último trimestre de 2017, y consultó a 300 jóvenes en cada comunidad con la ayuda de casi un centenar de encuestadores reclutados en cada una de ellas.

En esas localidades, en promedio casi dos tercios de los jóvenes perciben la distribución de la riqueza como “muy injusta”, o “injusta”,  alrededor de la mitad  dice haber sentido miedo recientemente por la violencia de su entorno e igual porcentaje cree que tienen “un destino que no depende de ellos”.

El caso salvadoreño

En Popotlán, en  el municipio metropolitano salvadoreño de Apopa, 76 por ciento de los menores de 24 años afirmaron que desean emigrar, mientras en el barrio de Tegucigalpa lo dijeron 60 por ciento, en La Carpio 50 por ciento, en el de Ciudad de Guatemala 49 por ciento y en el de Managua 47 por ciento.

Los jóvenes de Popotlán viven sumergidos en la violencia, bajo la estigmatización de habitar en una zona con límites territoriales de pandillas, problemas de salubridad y acceso a la alimentación.

Lo sabe bien  Maria,  por vivir en ese barrio y coordinar una organización comunitaria que apoya a jóvenes con alimentación y estudios y que días después de la entrevista pidió identificarla con ese nombre supuesto y no indicar como se llama su colectivo, tras producirse varias muertes en el área.

“Ser joven aquí pareciera  un delito. Tú dices contento ‘ya voy a ser mayor de edad’, pero aquí eso no pasa. Aquí es el temor de que la policía te agarre porque eres joven, no tanto porque estés en la pandilla, sino porque vives en la colonia. Para buscar trabajo es muy fuerte decir que eres de Popotlán”, se lamentó a IPS en diálogo por teléfono.

La juventud, rasgo dominante de migración

Para Salvador Gutiérrez, oficial de Políticas y Enlace de la Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, el rasgo “casi identitario” de la migración en esta región  es la juventud.

Los techos de latón predominan en el populoso barrio de La Carpio, en la periferia de San José de Costa Rica, donde se estima que la mitad de sus viviendas están construidas con materiales inadecuados. Crédito: Daniel Salazar/IPS

“En general el grupo que más migra es el que se comprende entre los 14 y los 24 años, en el caso de Centroamérica.  Lo que se ve claramente como un elemento diferenciador en el caso de la migración de jóvenes es el hecho de que estas personas están construyendo un proyecto de vida”, dijo a IPS en la oficina regional en San José.

Los jóvenes centroamericanos se diferencian también de otros migrantes porque huyen de la violencia y el crimen, muchas veces sufrida en primera persona, quieren reunificarse con sus familias que viven ya en otros países, o buscan trabajar como “relevo” agrícola de productores rurales que migraron a su vez.

El estigma de ser joven en Popotlán lleva a muchos a migrar, pero otros como la activista comunitaria deciden quedarse y luchar por los jóvenes del barrio, “en una zona donde el Estado apenas llega”. Cinco de esos jóvenes están por ingresar a la universidad.

“Vivir es un milagro, e intentamos animarles a descubrir los valores que pueden ofrecer a los demás. (…) Un joven me decía que quería entrar a la universidad, y que quería que sus papás se sintieran orgullosos. A veces duele mucho cuando la misma familia no cree en ti”, afirmó Maria. 

Un entorno desgarrado

Carlos Sandoval, coordinador del estudio de la UCR, analizó para IPS que 31 años después del Acuerdo de Esquipulas II, que en su preámbulo dijo que se destinaba a  las juventudes del istmo y que fijo medidas para una “paz duradera” en la región, “América Central sigue desgarrada”.

“Incluso el principal logro de la democracia electoral como un mecanismo de legitimación política se nos está cayendo. Tal vez lo que aporta este estudio es que hay un gran vacío propositivo de cómo pensar Centroamérica”, comentó.

“No nos extrañemos si lo que ocurre en Nicaragua  abre un nuevo ciclo de movilización social”, reflexionó, en referencia a la rebelión social estallada en ese país en abril, y que no decae pese a que su brutal represión ha provocado ya más de 370 muertos, mayormente jóvenes, y está generando una explosión de emigración.

En los cinco barrios del estudio,  la realidad es aún más compleja para las mujeres. Casi 32 por ciento de las jóvenes encuestadas dijeron ser madres, mientras que solo 13 por ciento de ellos afirmaron ser padres.

Esa situación la ha vivido Mario de León, quien nació en Nicaragua y creció en La Carpio, gracias al cuido de una madre que crió sola a sus cuatro hijos.

“Mi mamá  trabajaba de seis de la mañana a nueve de la noche de lunes a domingo en un supermercado. Nosotros pudimos comer, estudiar y vestirnos por ella”, dijo. Ahora, De León, con 30 años recién estrenados, es profesor de matemáticas en la UCR.

Él llegó a La Carpio a los 6 años, contó mientras acompañaba a IPS por el barrio. Su familia había perdido todo en Nicaragua durante la guerra, había vivido algún tiempo en Guatemala y llegó a Costa Rica a mediados de los años 90.

“Era horrible estudiar. La escuela era de cuatro latas, techo y un piso de tierra. Llovía, la luz se iba y se acababan las clases. Yo me quedaba estudiando, mientras el agua se metía en las paredes. Uno mismo trataba de motivarse”, recordó.

Solo este año La Capio estrenó una moderna escuela para unos 2.100 estudiantes. Aunque el acceso a la educación ya existía, garantizar servicios de calidad para comunidades como esta suele ser una tarea a la que el Estado llega tarde, si llega.

En los barrios consultados,  la gran mayoría de los jóvenes (entre 64 por ciento en Costa Rica y 79 por ciento en El Salvador) afirmó que no le importaba “sea o no democrático”, si no que “resuelva problemas”.

Para Gutiérrez, de la OIM, con el contexto que evidencia el estudio, es crucial la cooperación para el desarrollo entre estos países, si desea abordarse la migración.

“Hay que trabajar en las causas estructurales de la migración: la pobreza, la desigualdad, la seguridad y oportunidades de desarrollo entendidas desde un punto de vista amplio”, dijo.

Para él, eso implica crear oportunidades de regularización de migrantes, cooperar para atender la seguridad pública y disminuir la desigualdad entre ciudadanos y, sobre todo, entre países.

“En promedio, la diferencia entre los países de origen y de destino a nivel mundial en cuanto a ingreso es de uno a 70, y se estima que en unos 25 años hablaremos de 100 a uno. Es muy difícil que en ese mundo será sencillo convencer a los migrantes de no migrar a donde está el ingreso y el bienestar”, señaló.

Esa es la razón, establece el estudio de la UCR, por la que en las comunidades pobres de América Central la mitad de los jóvenes piensan que de emigrar depende tener un futuro.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Redes sociales ponen a prueba nuevas libertades de Sri Lanka

qui, 19/07/2018 - 13:16

Los medios de Sri Lanka estuvieron bajo presión durante la pasada década y recién lograron respirar un poco tras las elecciones presidenciales de 2015. Crédito: Amantha Perera/IPS.

Por Amantha Perera
COLOMBO, Jul 19 2018 (IPS)

Periodistas y defensores de la libertad de los medios advirtieron sobre la situación real de la libertad de prensa, conseguida hace poco en Sri Lanka, en la cuenta regresiva para las elecciones de 2020.

Distintos incidentes a los que no les faltaron discursos de odio contra la minoría musulmana, y la consiguiente clausura de plataformas de redes sociales, además del acoso de reporteros críticos, hizo que muchos analistas se cuestionaran si la independencia de los medios lograda en los últimos años puede llegar a revertirse.

En las últimas clasificaciones de países según el estado de la libertad de prensa, elaboradas por Reporteros Sin Fronteras, Sri Lanka quedó en el lugar 131 entre 180, una muy pequeña mejoría respecto a su ubicación de 2014, en el sitio 165.

El inesperado triunfo electoral en 2015 del actual presidente Maithripala Sirisena, quien durante su campaña abogó por una mayor libertad de prensa, es responsable de esa mejoría.

Pero Shan Wijethunge, director del Instituto de Prensa de Sri Lanka, el principal centro de capacitación de medios, se mostró preocupado al hacer el balance de lo ocurrido en los últimos seis meses.

El gobierno perdió en febrero las elecciones locales frente a una oposición emergente encabezada por el expresidente Mahinda Rajapaksa, quien alentó a la oposición a redoblar esfuerzos para impulsar la campaña contra el gobierno actual.

Hubo muchas críticas contra el diario The New York Times (NYT) y sus periodistas locales, quienes informaron que Rajakapsa habría recibido fondos de compañías chinas.

En un contexto político nacional delicado, los periodistas que escribieron el artículo fueron acusados de tener una agenda favorable al gobierno, poniendo en duda su independencia.

“Los periodistas recibieron críticas personales y burlas, en vez de cuestionamientos al contenido del artículo porque lo que importa ahora estar en los titulares”, dijo Wijethunge a IPS.

Familiares y amigos de los periodistas de NYT en Sri Lanka dijeron que quedaron impactados por los ataques personales y observaron que no hubo pedidos de retractación.

“Se sintieron muy vulnerables, como si las cosas regresaron de repente a lo que eran hace tres años, y muestra la rapidez con que las cosas pueden deteriorarse”, comentó un colega de los periodistas acosados, quien pidió mantener su anonimato.

Fue hace menos de una década cuando asesinaron al jefe de edición del Sunday Leader, Lasantha Wickrematunge, unos meses antes de que terminara en 2009 la guerra civil de 26 años. Y un año después, desapareció el caricaturista Prageeth Eknaligoda.

En los últimos tiempos, se vieron señales de mejoría en lo que respecta a la libertad de prensa en este país insular.

En 2016, cuando la respetada revista regional Himal Southasian sufrió una creciente presión burocrática en Nepal, donde operaba desde 1996, Colombo se convirtió en su evidente nueva sede, y en marzo, abrió sus puertas en un barrio de la capital srilankesa.

Y Amnistía Internacional también tiene ahora una oficina en Colombo.

Pero a muchos analistas les preocupa que si en las próximas elecciones de 2020 hay poco margen entre los presidenciables, aumente la presión sobre los periodistas.

Y no solo eso, la clausura de plataformas de redes sociales en el país también hizo temer por la libertad de expresión.

En marzo, zonas de la Provincia Central registraron una serie de disturbios contra la comunidad musulmana que motivó la desconexión de plataformas como Facebook, Whatsapp, Instagram y Viber durante una semana.

El gobierno atribuyó la propagación de comentarios de odio contra esa minoría en las redes sociales a los perturbadores. Tras una reunión con representantes de Facebook, dueño de Whatsapp y de Instagram, las autoridades desbloquearon las plataformas.

“Fue una respuesta precipitada, pero es una reacción que podría volver a ocurrir en el futuro, en especial cuando nos acercamos a los comicios”, alertó Wijethunge.

Según él, arremetieron contra las redes sociales porque es donde la población tiende a expresar sus opiniones con mayor libertad y difundir noticias.

Los datos de Facebook señalan que hay entre cinco y seis millones de cuentas de origen srilankés, lo que genera 1.000 millones de publicaciones en Facebook, Whatsapp e Instagram al mes.

Incluso dirigentes políticos como el presidente Sirisena, el expresidente Rajapaksa y su hijo, Namal Rajapaksa, usan Facebook y Twitter como instrumentos para su campaña y para llegar a su electorado.

Sanjana Hattotuwa, investigador del Centro para Alternativas Políticas, estudió de forma exhaustiva el impacto de las redes sociales en los votantes.

Su investigación concluyó que para una cuarta parte de los votantes, los que tienen entre 18 y 34 años, las redes sociales son la principal plataforma de interacción política.

“La información errónea y la falta de información se conciben claramente para aumentar su ansiedad y malestar”, explicó Hattotuwa, refiriéndose a las noticias falsas.

El estudio también concluyó que el discurso de odio, las burlas y las noticias falsas estaban bastante a la vista en cuentas y en organizaciones de Sri Lanka mucho antes de los disturbios de marzo.

El asunto debió atenderse de forma mucho más organizada y profesional recurriendo al trabajo humano y a la tecnología. Hattotuwa también señaló que teme que ciertos viejos juegos políticos encuentren un lugar en esos nuevos foros.

“El crecimiento de las redes sociales y el mayor acceso a Internet en Sri Lanka no puede equipararse con la solidez de la democracia ni con el fortalecimiento de un gobierno liberal. El uso de las redes sociales como arma debe considerarse una de las últimas estrategias de un antiguo juego político”, explicó.

Con su creciente popularidad, Wijethunge cree que las redes sociales son ahora el principal vector de sentimientos y noticias políticas.

Como no hay forma de combatir los contenidos falsos ni la difusión de información errónea más que mediante el bloqueo, las plataformas “serán el terreno de prueba en el que veremos si todas las libertades conseguidas en los últimos tres años y medio se sostienen realmente o son solo una ilusión”, apuntó.

En especial, cuando aumentan las críticas contra el gobierno.

Traducción: Verónica Firme

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¿La guerra comercial hará grande a Estados Unidos?

qua, 18/07/2018 - 13:14

A medida que Estados Unidos se retira del escenario diplomático, el uso de otras divisas de reserva, incluso el renminbi chino, aumenta, en especial en Europa y África.

Por Anis Chowdhury y Jomo Kwame Sundaram
SYDNEY/KUALA LUMPUR, Jul 18 2018 (IPS)

Estados Unidos ha tenido el déficit comercial más grande del mundo por casi medio siglo. En 2017 ascendió a 566.000 millones de dólares para bienes y servicios, y sin estos últimos, a 810.000 millones de dólares.

Además, el mayor déficit comercial con China llegó a 375.000 millones de dólares, lo que supuso un aumento pronunciado con respecto a los 34.000 millones de dólares que tenía en la década de los años 80.Mientras Trump lanza guerras comerciales contra amigos y enemigos, China probablemente gane, tanto desde el punto de vista geopolítico como económico.

En 2017, el déficit comercial con Japón fue de 69.000 millones de dólares, y con Alemania de 65.000 millones de dólares. Y lo mismo le ocurre a Estados Unidos con sus socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por ejemplo tiene un déficit de 71.000 millones de dólares con México.

El presidente estadounidense Donald Trump quiere reducir el desequilibrio con medidas proteccionistas. En marzo de 2018, impuso un arancel de 25 por ciento a la importación de acero y de 10 por ciento a la de aluminio, un mes después de hacer lo mismo, además de imponer cuotas, a la importación de paneles solares y de lavarropas.

Y el 10 de este mes, Estados Unidos publicó una lista de importaciones chinas, por un valor de 200.000 millones de dólares al año, a las que impondrá un arancel de 10 por ciento, probablemente a partir de septiembre, tras imponer un arancel de 25 por ciento a algunas de esas importaciones por 34.000 millones de dólares a partir del 7 de julio.

¿Los déficits comerciales de Estados Unidos reflejan una debilidad?

La explicación habitual para los déficits comerciales bilaterales es la diferencia de precios.

Anis Chowdhury

Pero Estados Unidos acusa a esos países de prácticas comerciales “injustas”, como manipulación monetaria, supresión salarial y subsidios estatales con el fin de impulsar las exportaciones, además de bloquear las importaciones estadounidenses.

Trump considera injustos acuerdos comerciales como el TLCAN. De hecho, su equipo de asesores insiste en reducir sus déficits mediante la renegociación de los acuerdos comerciales, la “compra estadounidense”, un dólar más fuerte y enfrentándose a China.

Pero el déficit comercial general que tiene, compensado por el flujo de capitales, tiene que ver con la brecha entre ahorros e inversiones.

Estados Unidos gasta más de lo que produce, lo que hace que importe bienes y servicios. Los créditos baratos impulsan el consumo mediante el endeudamiento, lo que aumenta el déficit comercial.

La deuda total de los hogares estadounidenses ascendió a 13,2 billones (millón de millones) en el primer trimestre de 2018, el 15 trimestre consecutivo de aumento en los rubros de hipotecas, préstamos y créditos estudiantiles y automotrices y de tarjetas de crédito. La deuda de los consumidores fue más del doble del producto interno bruto (PIB) en 2017.

También aumentan los déficits presupuestales del gobierno. De 67,7 por ciento del PIB en 2008, la deuda se incrementó a 105,4 por ciento en 2017. El déficit del presupuesto federal fue de 665.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2017, trepando 14 por ciento respecto de los 585.000 millones de dólares registrados en el de 2016.

El déficit presupuestal de Estados Unidos fue de 3,5 por ciento del PIB en 2017.

Y según la Oficina de Presupuesto del Congreso legislativo, superará el billón de dólares en 2020, dos años antes de lo proyectado por los recortes impositivos de Trump y el aumento del gasto.

El crecimiento de la economía estadounidense también puede elevar el déficit comercial, porque los consumidores gastan más en bienes y servicios importados. El dólar más fuerte hace que los productos extranjeros sean más baratos para ellos, pero encarece sus exportaciones en el extranjero.

Esas fuerzas económicas subyacentes se volvieron más importantes que sus políticas en el incremento del déficit comercial, mientras los desequilibrios bilaterales reflejan relaciones comerciales específicas con países concretos. Entonces trastocar las relaciones comerciales bilaterales no hará más que traspasar el déficit comercial a otros.

¿Tener la torta y comérsela?

Jomo Kwame Sundaram

¿Entonces por qué Estados Unidos tiene un déficit comercial estructural? En tanto que “divisa de reserva” internacional de hecho tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), ese país ha dado liquidez al resto del mundo.

Su percibida solidez militar significa que lo consideran un lugar seguro para preservar los activos financieros. Alrededor de las tres quintas partes de los 10 billones de dólares de reservas mundiales de 2016, por ejemplo, estaban en dólares estadounidenses.

El suministro de liquidez internacional de Estados Unidos por emitir la divisa de reserva mundial ofrece varias ventajas económicas. También le genera señoreaje precisamente por emitir la principal divisa del mundo, gracias a la diferencia entre el valor nominal de billetes y el costo de emisión.

Con la creciente demanda extranjera de dólares, Estados Unidos puede tener que gestionar déficits casi de forma indefinida creando más deuda o vendiendo activos. La demanda de activos denominados en dólares, es decir, bonos del tesoro estadounidense, eleva su precio y reduce las tasas de interés para financiar tanto el consumo como las inversiones.

Si bien los inversores extranjeros compran activos estadounidenses de corto plazo y baja rentabilidad, los estadounidenses pueden invertir en el exterior en activos de mayor rendimiento y largo plazo. Estados Unidos suele obtener mayores beneficios de esas inversiones que lo que paga por la deuda, considerado un “privilegio exorbitante” de Estados Unidos.

Entonces para que Estados Unidos se beneficie del “privilegio exorbitante” del dólar papel en tanto que moneda de reserva, tiene que tener un déficit comercial crónico.

Por lo que renunciar al estatus de divisa de reserva mundial tendrá grandes consecuencias para el estándar de vida, las finanzas y la economía estadounidenses.

¿Estados Unidos podrá ganar la guerra comercial?

Barry Eichengreen señaló que los países en alianzas militares con estados que emiten divisas tienen 30 por ciento más de divisas de sus aliados en reservas extranjeras que los que no pertenecen a esas alianzas.

En cambio, Trump prioriza la reducción del déficit comercial para fortalecer el dólar estadounidense y su dominio, mientras perjudica algunas de sus viejas alianzas políticas.

A medida que Estados Unidos se retira del escenario diplomático, el uso de otras divisas de reserva, incluso el renminbi chino, aumenta, en especial en Europa y África.

Es irónico entonces que mientras Trump lanza guerras comerciales contra amigos y enemigos, sea China la que probablemente gane, tanto desde el punto de vista geopolítico como económico.

El consiguiente cambio económico global no solo perjudicará al dólar de Estados Unidos y a su economía a través de la tasa de cambio y los costos de préstamos, sino que también impactará en su predominancia geopolítica.

Anis Chowdhury, profesor adjunto de la australiana Western Sydney University, ocupó altos cargos en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y Bangkok.

Jomo Kwame Sundaram, exprofesor de economía, fue secretario general adjunto para Desarrollo Económico de la Organización de las Naciones Unidas y recibió el Premio Wassily Leontief por ampliar las fronteras del pensamiento económico in 2007.

Traducción: Verónica Firme

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Movimiento favorable a la economía azul cobra impulso en África

ter, 17/07/2018 - 13:16

Freetown, la capital de Sierra Leona es una ciudad costera donde la gente ha dependido de los océanos para conseguir alimentos y empleo. Cada vez más países africanos se vuelvan a la economía azul por las soluciones que puede ofrecer para hacer frente a sus necesidades más acuciantes en materia de desarrollo. Crédito: Travis Lupick/IPS.

Por Miriam Gathigah
NAIROBI, Jul 17 2018 (IPS)

Cada vez más países africanos se vuelcan a la economía azul, que ofrece soluciones a las necesidades más acuciantes que presenta el desarrollo, en particular la extrema pobreza y el hambre.

Países como Kenia, Tanzania, Sudáfrica, Mauricio, Comoras, Madagascar e islas Seychelles, que ya crearon un Ministerio de Comercio, Finanzas y Economía Azul, reconocen la imperiosa necesidad de diversificar sus economías.

“La Unión Africana también adoptó la economía azul, que busca explotar recursos como océanos, lagos y ríos, en su agenda de desarrollo para la transformación socioeconómica para 2063”, explicó Danson Mwangangi, analista e investigador.

Para una economía agraria como la de Kenia, “no basta solo con la agricultura para impulsar la economía por las dificultades que afronta el sector, como la reducción de las tierras cultivables, la plagas y la imprevisible variabilidad climática”, añadió.

En Kenia, por ejemplo, datos del Banco Mundial muestran que en 2017 la producción de maíz cayó entre 20 y 30 por ciento por la falta de lluvias y la infestación de gusanos.

Ese país tiene un déficit de maíz de ocho millones de sacos al año.

En ese contexto, numerosos especialistas urgen a los países africanos a diversificar su economía y a ver más allá de los recursos terrestres explorando la economía azul, que tiene un enorme potencial sin aprovechar.

De hecho, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) incluyeron en su resumen político una defensa de la economía azul.

Mwangangi sostuvo que los recursos acuáticos pueden ayudar de forma considerable a que África mejore su volumen comercial, logre la seguridad alimentaria y cubra la demanda energética.

La energía renovable que ofrece el océano puede llegar a cubrir alrededor de 400 por ciento de la demanda energética actual, según la Agencia Internacional de las Energías Renovables.

“Setenta por ciento de los países africanos son costeros o insulares, y necesitamos aprovechar esas costas valiosas”, coincidió Caesar Bita, director de arqueología subacuática del Museo Nacional de Kenia.

El mundo azul tiene la capacidad transformar de forma significativa la vida de las comunidades que viven cerca de los cuerpos de agua y que tienen una vida muy precaria, aseguró en diálogo con IPS.

Según John Omingo, director de navegación comercial de la Autoridad Marítima de Kenia, se ha hecho muy poco para aprovechar ese vasto recurso y obtener réditos económicos.

“La costa de África tiene alrededor de 31.000 kilómetros de largo y, sin embargo, los países africanos representan 11 por ciento del volumen comercial total, la menor proporción si se compara con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Europa y América”, expuso.

Bita dijo a IPS que África es la mayor isla de la Tierra, porque tiene el océano Atlántico al oeste, el Índico al este, el Antártico, al sur y el mar Rojo y el Mediterráneo al norte, sin embargo “hay muy poca navegación. Los barcos africanos representan menos de 1,2 por ciento de los que navegan por el mundo”.

Uno de los mayores puertos pesqueros de Freetown es Goderich Beach, a menos de 30 minutos en automóvil del centro de la capital de Sierra Leona. Allí un solo barco a motor puede traer una captura por un valor de unos 300 dólares en un solo día. Crédito: Travis Lupick/IPS.

Con vistas a la próxima Conferencia sobre Economía Azul Sostenible, que se realizará en noviembre en Nairobi, los especialistas se muestran optimistas sobre el impulso que cobra la economía azul.

Se espera que en el encuentro, organizado por Kenia y Canadá, se puedan lograr avances en la agenda mundial sobre explotación sostenible de océanos, mares, ríos y lagos.

“Realizar la conferencia en África con Canadá en la organización también es una movida estratégica y muestra que el continente aparece como un socio clave para impulsar la agenda. Algunas de las vías de acceso al comercio internacional están, de hecho, en África”, explicó Bita.

Mwangangi sostuvo que los países africanos deberán analizar sus propias capacidades individuales e interpretar la economía azul de forma que tenga más sentido económico para ellos.

“El concepto no es un modelo para todos. Cada país deberá evaluar qué recursos naturales acuáticos tiene a disposición”, indicó.

“En la parte del continente que está sobre el océano Índico, donde tenemos a Sudáfrica y Mauricio, los países tienden a adoptar un enfoque industrial”, acotó.

Los investigadores señalaron que la sudafricana Operación Phakisa, un plan de desarrollo nacional, también apunta a la economía azul pues se espera que cree un millón de nuevos puestos de trabajo para 2030 y agregue aproximadamente 13.000 millones de dólares a la economía nacional.

También señalaron el caso de Mauricio, que es uno de los países más pequeños del mundo, pero con aguas territoriales del tamaño de Sudáfrica, lo que lo convierte en una de las economías azules más sólidas de África. Además, se ubicó entre las naciones africanas más ricas por los ingresos por habitante registrados en 2015.

Por su parte, Mozambique, sobre el océano Índico, se caracteriza por tener la mayor cantidad de especies y por la abundancia de recursos naturales, añadió Bita.

Kenia está entre los países africanos que desarrollan estrategias para impulsar la economía azul en su modelo económico natural.

Según Bita, la economía azul de ese país de África oriental incluye servicios logísticos y de transporte marítimo, pesca y acuicultura y turismo, además de la industria extractiva, que abarca la explotación marítima de gas, petróleo, titanio y niobio.

A pesar de todos los beneficios, a los especialistas, incluso Bita, les preocupa que las conversaciones sobre la economía azul giran en torno a su explotación para que los países puedan acelerar su desarrollo en los próximos 10 años, y muy poco sobre la sostenibilidad de la actividad.

“Es un problema porque la evidencia muestra que los recursos oceánicos son limitados”, observó.

“Por ejemplo, los exploradores presentaron evidencia que revela que por lo menos 90 por ciento de los grandes peces predadores desaparecieron de los océanos”, apuntó.

El mundo azul resultará beneficioso para África solo si diseñan estrategias para explotarlo y protegerlo, agregó.

Traducción: Verónica Firme

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Dudas y esperanzas ante cambios en el sector privado de Cuba

ter, 17/07/2018 - 11:46

La cofundadora del Proyecto Bambú Centro, Gisela Vilaboy, en su taller en el barrio chino de La Habana. Esta productora de muebles artesanales y otros objetos de bambú es una de las emprendedoras por cuenta propia que los cambios legales no hagan más difícil la actividad privada en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jul 17 2018 (IPS)

Las nuevas leyes destinadas a regular y controlar el trabajo autónomo aumentaron las expectativas y temores de cubanos interesados en cambios sobre la propiedad privada en la reforma constitucional, que debatirá el parlamento entre el miércoles 18 y el sábado 21.

Más controles y restricciones, elevación de impuestos y aumento de los trámites a realizar, junto a la relegación de viejas demandas de trabajadores no estatales, son los signos negativos que especialistas y emprendedores observan en 20 normas publicadas el 10 de julio y que entrarán en vigor el 7 de diciembre.

“Son las primeras leyes luego de la toma de posesión de (presidente Miguel) Díaz-Canel (en abril) e indican que el nuevo gobierno apuesta al sector privado pero con reticencias”, valoró a IPS el coordinador docente del proyecto InCuba Empresas, Ángel Marcelo Rodríguez.“Los requisitos más difíciles de cumplir (para los emprendedores privados) serán las nuevas medidas tributarias, la creación de las cuentas fiscales en bancos sin desarrollo tecnológico y la obtención de materias primas sin un mercado mayorista que cumpla con la demanda”: Oniel Santana.

Esa iniciativa, que desde 2011 se dedica a capacitar a emprendedores, corresponde a la Red de Centros Loyola, que rige la orden católica de la Compañía de Jesús, con sedes en La Habana y las ciudades de  Camagüey, en el centro, y Santiago de Cuba, en el este.

Sin embargo, a pesar de las restricciones e incremento de los impuestos que implican las nuevas leyes, el contador cree que las  medidas “reafirman que la reforma constitucional incluirá el reconocimiento de la propiedad privada”, y en especial de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Rodríguez se refiere a un cambio que pudiera incluir el proyecto de reforma constitucional que elabora una comisión dirigida por el expresidente Raúl Castro (2008-2018), el primer secretario del gobernante  Partido Comunista de Cuba (PCC), el único legal en este país insular del Caribe con gobierno socialista.

El borrador va a ser también objeto de análisis en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) de esta tercera semana de julio.

“Se visualiza el paso trascendental en la Constitución de reconocer con personalidad jurídica al trabajo por cuenta propia, lo que traería un cambio de escenario y la legalización de las pymes”, estimó Rodríguez, también profesor sobre este tipo de empresas,  que ya están admitidas en documentos programáticos aprobados en 2017 por el PCC y el parlamento.

Tras su aprobación parlamentaria, en las sesiones del 18 al 21 de julio, el texto debe ser sometido a referendo popular en fecha aún por definir.

Un resumen anticipado del anteproyecto dado a conocer por los medios de comunicación cubanos, el 14 de julio, insiste en que “el sistema económico que refleja mantiene como principios esenciales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y la planificación como componente principal de dirección”.

Una mesa dispuesta a la espera de clientes, en el restaurante privado Le Chansonnier, en el barrio del Vedado, en La Habana. El sector del ocio y la restauración fue pionero en Cuba en la apertura a la actividad privada. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

También se señala “el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada”, en correspondencia con la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo y los Lineamientos, como se llama el programa de transformaciones iniciadas por Raúl Castro y que Díaz-Canel ha prometido continuar.

La Constitución vigente desde 1976 no menciona el mercado y señala que en Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción.

Su texto reconoce “la propiedad de los agricultores pequeños sobre las tierras”, “la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros”, la vivienda, “bienes y objetos que sirven para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales” y “sobre medios e instrumentos de trabajo personal o familiar” sin uso en “la explotación del trabajo ajeno”.

Su única mención de “propiedad privada” está en el artículo 53,  y es para rechazarla expresamente en el caso de “la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva”, que son de “propiedad estatal o social”.

“Ahora veremos que va a pasar… tenemos una nueva legislación que regula el sector privado y una modificación a la Constitución”, compartió Gisela Vilaboy, que junto a su esposo, Carlos Martínez, realiza a mano muebles y otros objetos de bambú.

Martínez planteó a IPS que, “lejos de esclarecer y estimular, (las nuevas regulaciones) enredan y complejizan socialmente una actividad, que su primer concepto es contribuir el desarrollo económico próspero y sustentable, y disminuir importaciones”.

Esperadas desde hace casi un año, la larga lista de normas para la actividad privada acapara la atención de 591.456 personas, entre propietarios y empleados, que deben reordenar su actividad. También de quienes aguardan para iniciar negocios a que se restablezcan licencias en áreas congeladas desde agosto de 2017.

“Las disposiciones, en el entendido de que deberían regular algunas distorsiones existentes en el trabajo privado, van por distintos caminos”, dijo a IPS el psicólogo Ovidio D’Angelo, especialista en sociedad civil cubana, donde las y los emprendedores constituyen un grupo creciente y movilizador.

D’Angelo destaca como positivo que ahora “se regulan excesos posibles tanto en funciones como en ilegalidades, con una clara lista de sanciones” y “se intenta organizar un sistema de transacciones bancarias que vigile la corrupción en este sector”.

El contador Oniel Santana y la vendedora María Karla Valdés, de la privada empresa DEUS Expertos Contables, que ofrece servicios de consultoría de contabilidad, en una oficina ubicada en el barrio de Miramar, en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

La legislación actualiza las disposiciones generales para el ejercicio del trabajo por cuenta propia y adecua su sistema de organización y control, además de precisar las responsabilidades de organismos del gobierno y entidades relacionadas con esta actividad.

“Parecería que se establecen muchas limitaciones administrativas y no hay pronunciamientos sobre el ejercicio existente en algunos de acciones positivas de responsabilidad social y solidaria”, lamentó el investigador social, que defiende el potencial del sector privado en el desarrollo comunitario y ciudadano.

AUGE, un equipo de desarrollo de negocios que asesora al sector privado, elaboró un resumen de 25 cuartillas en un intento por esclarecer los nuevos cambios en el trabajo privado, que se amplió y flexibilizó en 2010 en un grupo de actividades productivas y de servicios como restaurantes y renta de habitaciones.

El condensado, distribuido a solicitud vía correo electrónico, apunta que existen transformaciones en casi todas las esferas.

Implican al sistema gubernamental que organiza y controla el trabajo privado, impuestos, contratación de fuerza de trabajo, cuentas bancarias fiscales, contravenciones y sanciones, alcance de las actividades autorizadas, procedimientos para solicitar las licencias, carteles exteriores y anuncios, servicios artísticos y requisitos sanitarios.

Ahora se fusionaron varias licencias y desaparecieron otras, de manera que disminuyó de 201 a 123 el número de actividades permitidas, que además se reducen a una sola por persona.

“Estas nuevas normas no pretenden desplegar el gran potencial que tiene el sector privado en Cuba. Están dirigidas más al control y al trazado de los límites de su desarrollo. Esperábamos otro enfoque y más beneficios”, dijo  a IPS el especialista Oniel Santana, de la consultoría de contabilidad Deus Expertos Contables.

A su juicio, “los requisitos más difíciles de cumplir serán las nuevas medidas tributarias, la creación de las cuentas fiscales en bancos sin desarrollo tecnológico y la obtención de materias primas sin un mercado mayorista que cumpla con la demanda”.

Las normas trajeron “muy pocas cosas positivas o casi nada: lo único positivo que veo es que vuelven abrir las licencias y aquellos que tenían sus inversiones congeladas van a tener la oportunidad de ejercerlas”, apuntó Santana.

Con aportes de Patricia Grogg desde La Habana

Edición: Estrella Gutiérrez

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La propuesta de parlamento de la ONU gana cada vez más adeptos

seg, 16/07/2018 - 13:11

El Parlamento Europeo apoya la propuesta de crear una Asamblea Parlamentaria de la ONU, pues será una oportunidad para que la gente interactúe de forma directa con la toma de decisiones a escala internacional.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jul 16 2018 (IPS)

Una propuesta para crear una Asamblea Parlamentaria  de la ONU, que hace tiempo está en el tapete, cobra impulso otra vez, aunque lentamente.

El Parlamento Europeo, de 751 miembros, con sede en Estrasburgo, pidió a la Unión Europea (UE) extender su apoyo a la creación de un nuevo órgano, en especial con una resolución antes del próximo 73 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que comenzará a mediados de septiembre.

El Parlamento Europeo también pidió una ambiciosa cumbre para reformar la ONU para 2020 con el fin de impulsar otra iniciativa de larga data como es la reestructura del foro mundial, que incluiría cambios significativos a la integración y el funcionamiento del Consejo de Seguridad, de 15 miembros.

La posible reforma del máximo órgano de seguridad de la ONU se negocia desde hace más de 20 años, aunque sin logros tangibles.

La resolución adoptada en la segunda semana de julio en Estrasburgo señala que una “Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas dentro del sistema de la ONU” debería servir a “aumentar el carácter democrático, la responsabilidad democrática y la transparencia de la gobernanza mundial y permitir una mejor participación ciudadana en las actividades de la ONU”.

Andreas Bummel, director ejecutivo de la no gubernamental Democracia Sin Fronteras, aplaudió la resolución que consideró una “importante iniciativa”.

“El multilateralismo y la democracia sufren ataques en el mundo. La democratización y el fortalecimiento de la ONU deben formar parte de las medidas correctivas”, declaró.

Según Bummel, el parlamento propuesto no chocará con la Asamblea General.

“La Asamblea Parlamentaria está concebida como un órgano complementario y adicional. De hecho, propusimos que debía crearlo la Asamblea General como parte de su revitalización, según el artículo 22 de la Carta de la ONU”, explicó.

Bummel también dijo que la campaña internacional para una Asamblea Parlamentaria de la ONU, coordinada por su organización, cuenta con el apoyo de más de 1.500 parlamentarios de más de 100 países, así como numerosos científicos, exfuncionarios y personalidades.

“Cabe señalar que el apoyo del Parlamento Europeo no es el mismo que el de la UE (que incluye 28 estados, que representan a 510 millones de habitantes de Europa)”, precisó.

El Parlamento Europeo pidió el apoyo de los gobiernos de la UE. En los años anteriores, indicó, Malta e Italia habían demostrado interés, y en los últimos tiempos también lo hizo Irlanda.

Fuera de Europa, el Parlamento Panafricano y el Parlamento Latinoamericano también apoyaron la propuesta, acotó Bummel, además del visto bueno de varias organizaciones no gubernamentales internacionales.

“Apoyamos el llamado a crear una Asamblea Parlamentaria de la ONU”, señaló Mandeep Tiwana, oficial de programa de Civicus, la alianza de organizaciones de la sociedad civil con sede en Johannesburgo.

“Sostuvimos en el Informe del Estado de la Sociedad Civil sobre ‘reimaginar la gobernanza global’ que hay un doble déficit democrático que se manifiesta a escala internacional”, apuntó.

En muchas partes del mundo, alertó Tiwana. “la democracia inclusiva queda subviertida a escala nacional por regímenes autoritarios y dirigentes divisorios”.

Esas mismas entidades luego tienen que tomar decisiones en nombre de sus pueblos en la ONU, donde el acceso de la gente y su capacidad de incidir en la toma de decisiones ya es limitada, apuntó.

En cualquier caso, la Asamblea Parlamentaria de la ONU será una oportunidad para que la gente interactúa de forma directa con la toma de decisiones internacional, que impacta cada vez más en sus vidas a escala local, añadió.

Jens Martens, director ejecutivo del Global Policy Forum, con sede en Bonn y Nueva York, dijo a IPS que en tiempos de mayores nacionalismos y autoritarismos, todos los esfuerzos para fortalecer el multilateralismo democrático y a la propia ONU son muy bienvenidos.

La Asamblea Parlamentaria propuesta podría ser un elemento importante dentro del paquete de reforma de la ONU si complementa el necesario fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en el foro mundial.

Pero ese tipo de reformas de la gobernanza siguen siendo ventanas simbólicas, mientras la ONU no reciba los recursos económicos necesarios para cumplir su mandato ni se la fortalezca en áreas clave de la política mundial, como cooperación impositiva y la regulación de corporaciones trasnacionales.

Martens dijo que el Global Policy Forum apoya la llamada cumbre para la reforma de la ONU en 2020. El 75 aniversario del foro mundial presentó una nueva oportunidad para fortalecer y renovar el marco institucional para el desarrollo sostenible.

Mientras, el libro de los legisladores Jo Leinen y Bummel, “Un parlamento mundial: gobernanza y democracia en el siglo XXI”, contiene la historia, la relevancia y la implementación de la propuesta de parlamento mundial, y sostiene que la Asamblea Parlamentaria de la ONU sería un primer paso.

El Parlamento Europeo y sus miembros se han expresado a favor de la propuesta.

“A la ONU le urge una mayor apertura y cimientos democráticos más fuertes. El Parlamento Europeo llama a crear una Asamblea Parlamentaria dentro del sistema de la ONU”, señaló el europarlamentario alemán Jo Leinen.

“La UE y los estados miembro ahora deben desempeñar un papel activo en la creación de esa innovación”, apuntó.

El europarlamentario, Eugen Freund, de Austria, recordó: “la reforma de la ONU me ha acompañado durante la mayor parte de mi vida. Primero me la encontré cuando estuve en la ONU en Nueva York, en 1978, hace 40 años; lamentable no ha cambiado mucho desde entonces”.

“La Asamblea General tiene más miembros ahora, pero sigue siendo un órgano de diplomáticos no elegidos”, explicó Freund.

Por ello, arguyó, la idea de lograr complementarlos con parlamentarios elegidos resulta muy atractiva.

“Estarán más cerca de la gente y así tendrán que responder de forma regular a su electorado. Resta por ver si eso optimizará los procesos de toma de decisión.”, añadió Freund.

Por su parte, el legislador suizo Daniel Jositsch opinó: “La creciente crisis en la cooperación internacional muestra que es necesario encontrar nuevas formas para luchar contra los problemas mundiales”.

“Es muy positivo que el Parlamento Europeo llame a los estados europeos a expresar su apoyo a la creación de un parlamento de la ONU”, observó.

“Es importante que no sean palabras vacías, sino que se tomen medidas concretas” añadió Jositsch.

La iniciativa también recibió apoyo de fuera de Europa.

La parlamentaria de Mozambique, Ivone Soares, también integrante del Parlamento Panafricano, señaló: “Con las resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo, el Parlamento Panafricano y el Parlamento Latinoamericano, es hora de que los gobiernos progresistas de esas grandes regiones consideren la creación de la Asamblea Parlamentaria de la ONU”.

Y según el parlamentario Fernando Iglesias, de Argentina, “de las muchas iniciativas a favor de un mundo más pacífico, justo y democrático, la creación de una Asamblea Parlamentaria de la ONU es la decisiva”.

“El apoyo dado por el Parlamento Europeo a la propuesta muestra que los integrantes de ese órgano legislativo y supranacional están listos para trabajar en su creación”, destacó Iglesias.

Traducción: Verónica Firme

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¿Sobrepasó el fútbol y la Copa Mundial su apogeo en Brasil?

seg, 16/07/2018 - 12:13

Los jugadores de Francia festejan su triunfo en la Copa Mundial de fútbol de Rusia, el domingo 15 de julio. De sus 23 jugadores, 19 descienden de migrantes, la mayoría de África, o extranjeros naturalizados, en una evidencia de equipos mestizos y multiétnicos del fútbol europeo, donde la vicecampeona Croacia es una excepción. Crédito: RFSRU/Fotos Públicas

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jul 16 2018 (IPS)

Las cifras son grandilocuentes, la Copa Mundial de Fútbol en Rusia alcanzó cifras récord en audiencia y turistas. Pero en Brasil la merma del entusiasmo apunta a una tendencia de menor afición por ese torneo y quizás por el deporte en sí.

La ausencia de hinchas y sus gritos en las calles, de banderas nacionales en los vehículos y ventanas, los escasos puntos en que se concentraron pequeñas multitudes revelaron un desinterés sorprendente en el llamado “país del fútbol”.

La movilización se amplió, pero aún tímidamente, cuando Brasil alcanzó los cuartos de finales, cuando fue eliminado por Bélgica.

Esta vez no se podría atribuir el desaliento a la falta de confianza de los brasileños en su selección, que la había recuperado en 2017 al clasificarse en primer lugar en los juegos clasificatorios para esta Copa Mundial de la FIFA (Federación Internacional del Fútbol Asociado).“La aldea global debilitó los lazos. El nacionalismo en el fútbol sigue existiendo, se cantan los himnos nacionales, se anhela el triunfo de la selección, pero no como antes sino en grado menor”: Ronaldo Helal.

La derrota para Alemania por 7 a 1 en el desastroso partido semifinal de la Copa de 2014 disputada justamente en Brasil es un recuerdo amargo, que no le impidió ser apuntada como una de las favoritas en Rusia.

Esa pérdida de interés de los brasileños por las disputas internacionales “no es de ahora, viene de unos 30 años atrás y se mostró incluso en la Copa de Brasil”, señaló a IPS el sociólogo Ronaldo Helal, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro donde coordina el Laboratorio de Estudios  sobre Medios de Comunicación y Deportes.

“Disminuyó la identificación de los hinchas con la selección nacional, ante la globalización del futbol. Hoy ellos se identifican más con sus clubes que con el equipo nacional”, observó.

Para eso contribuyó mucho la “desterritorialización de los ídolos”, con los mejores jugadores emigrando a mercados futbolísticos más ricos, especialmente los europeos.

La selección era “la Patria de los botines”, como definió Nelson Rodrigues, importante dramaturgo brasileño de mediados del siglo XX, “cuando Brasil se consolidaba como Estado-nación”, entre las décadas de los 50 y los 70, en que ganar tres copas mundiales fue encarado con “un triunfo del proyecto de nación”, recordó Helal.

Pero las derrotas en los partidos de las finales de 1998, en que ganó Francia por 0-3, y de 2014 para Alemania ya fueron “derrotas de la selección, no de la nación, distinción positiva para el país”, afirmó.

En 1982, el brillante equipo nacional encantó el mundo en la Copa disputada en España, aunque eliminada antes de los partidos semifinales, “solo tenía un jugador actuando en el exterior, Falcão, en Italia. Ahora solo dos lo hacen en equipos nacionales”, ejemplificó.

Ahora, de los 23 convocados por el director técnico Adenor Leonardo Bachi, alias Tite, 21 juegan en el exterior, la mayoría en Europa, destacó.

Además hubo cinco brasileños en las selecciones de España, Rusia y Polonia en esta Copa, tras naturalizarse en esos países.

Esa globalización “fragmentó la identificación con los clubes, uno es hincha del Flamengo (Río de Janeiro, Brasil) y del Barcelona (España), otro de Palmeiras (São Paulo, Brasil) y Real Madrid”, acotó el sociólogo.

“La aldea global debilitó los lazos. El nacionalismo en el fútbol sigue existiendo, se cantan los himnos nacionales, se anhela el triunfo de la selección, pero no como antes sino en grado menor”, matizó.

También en Argentina el investigador observó “un vínculo creciente de los hinchas con los clubes en desmedro de la selección nacional”. En ese país la dicotomía se acentúa por un drama individual.

El jugador Leonel Messi es “un ídolo mundial, pero no un héroe nacional, para eso le falta conquistar un título mundial, probar que tiene sangre argentina”, sostuvo.

Las migraciones, no solo de futbolistas, sino de la población pobre, juegan un papel clave en la hegemonía europea, reflejada en las últimas copas mundiales con sus equipos interraciales como expresión de sus sociedades cada día más mestizas.

En Rusia, la campeona Francia tenía 19 hijos de inmigrantes o naturalizados entre sus 23 jugadores y otros dos semifinalistas, Bélgica e Inglaterra, casi mitad. La excepción fue Croacia, no por casualidad un país en busca de afirmar su identidad y su Estado nacional, 27 años de su traumática independencia.

La FIFA trata de limitar futbolistas la presencia de naturalizados en las selecciones, porque “depende del nacionalismo para el éxito de sus copas”, concluyó Helal.

Para Simoni Guedes, profesora de antropología de la Universidad Federal Fluminense y pionera en estudios académicos sobre el fútbol, “la disminución del interés por la Copa Mundial es coyuntural, ya hubo anteriormente y no es continuo”.

Una de las razones actuales es “el país dividido políticamente, en que un grupo secuestró los símbolos nacionales, como la bandera verde y amarilla”, apuntó a IPS, en referencia a la masiva movilización conservadora que derrocó a la ex presidenta Dilma Rousseff, destituida por el parlamento en 2016.

Es así que muchos salieron a apoyar a la selección nacional vestidos con camisetas de sus clubes, como la “rubro-negra (roja-negra)” del Flamengo en su caso personal, reveló.

Otro motivo, este permanente, es “un desinterés natural” por el alejamiento entre población y “jugadores cada día más ricos, aunque de origen social pobre”, opinó.

Los medios de comunicación tratan de rescatar “la empatía” con la hinchada, difundiendo biografías de algunos jugadores seleccionados nacidos en la pobreza, pero ellos “ganan un dinero inimaginable, nada comparable con sus remuneraciones hasta los años 70”, realzó.

Por último “ya somos pentacampeones” y la población trata de enfrentar otros problemas que se agravaron últimamente, como las incertidumbres políticas y el desempleo, según la investigadora.

Pero un creciente desinterés brasileño, si se confirma, puede ser el síntoma de una tendencia más amplia que apuntaría al fin de la expansión de las copas mundiales, si no del mismo fútbol.

Se trata del país más populoso entre las potencias de ese deporte, con sus 208 millones de habitantes. Famosos jugadores brasileños contribuyeron a popularizar el fútbol en Estados Unidos y Japón, donde Edson Arantes do Nascimento, Pelé, y Arthur Antunes Coimbra, Zico, terminaron sus carreras difundiendo ese deporte.

El total dominio europeo, al acaparar los triunfos en las últimas cuatro copas mundiales y atraer los mejores jugadores de todos los continentes por su poder económico, también resta interés en los torneos internacionales, al convertir todos los demás en simples coadyuvantes, incluso América del Sur, protagonista del pasado.

El fútbol como espectáculo en general enfrenta otro desafío, la comunicación digital que seduce la juventud por juegos electrónicos y un sinnúmero de posibilidades de entretenimiento.

Las nuevas generaciones no ven el televisor, acompañan el fútbol por dispositivos móviles, como el teléfono celular.

El consumo de productos audiovisuales se hizo “más efímero y rápido”, lo que explica la baja adhesión a la Copa de Rusia, según el abogado Pedro Trengrouse, que coordina un curso de Gestión de Deportes en la Fundación Getulio Vargas, un centro de estudios superiores de Río de Janeiro, en una entrevista al diario Valor Económico, el 9 de julio.

Los jóvenes de hoy tardan más a “conectarse” con eventos como la Copa y “se desconectan” más rápidamente, explicó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Chile tiene una medicina contra desertificación, pero no la toma

sex, 13/07/2018 - 15:34

Cientos de niños, muchos provenientes de escuelas rurales de la región de Coquimbo, han visitado los atrapanieblas instalados en Cerro Grande, dentro de un programa educativo para sensibilizar a las futuras generaciones sobre la importancia del uso racional del agua en Chile. Crédito: Fundación un Alto en el Desierto

Por Orlando Milesi
OVALLE, Chile, Jul 13 2018 (IPS)

La retención del agua de lluvia que se pierde en el mar podría ser una excelente medicina contra el avance del desierto desde el norte al centro de Chile, pero no hay voluntad política para efectuar las acciones requeridas para tomarla, según expertos y representantes de comunidades afectadas. 

“Uno de los trabajos prioritarios, sobre todo en (la región de) Coquimbo, es el tema de la retención de aguas lluvias. Eso es clave porque si tenemos un suelo erosionado y degradado y tenemos eventuales lluvias en invierno, el suelo no es capaz de retener más allá de 10 por ciento del agua que cae”, afirmó Daniel Rojas, presidente de la comunidad agrícola de Peña Blanca.

“El resto se va hacia el mar”, agregó a IPS el dirigente social de esa organización productiva de 85 pequeños agricultores, ubicada a 385 kilómetros al norte de Santiago, que posee 6.587 hectáreas, un 98 por ciento de ellas de secano, regadas solo con agua de lluvia.“Si la cantidad de recursos que pone el Estado para la distribución de agua con camiones aljibes se pusiera para hacer obras para solucionar el problema, se invertiría una sola vez y no todos los años incrementando un  negocio. Porque esa distribución de agua es un negocio”: Daniel Rojas.

Rojas consideró que “si tuviéramos obras de retención podríamos usar entre 50 y 70 por ciento de esa agua y recuperar nuestras napas subterráneas”.

La región de Coquimbo, donde está Peña Blanca, dentro del municipio de Ovalle, tiene  90 por ciento de su territorio erosionado y degradado

Entre el 2000 y 2016, la superficie de frutales de Chile creció 50 por ciento, pero en Coquimbo disminuyó 22,9 por ciento,  pasando de 35.558 a 27.395 hectáreas.

El agua es vital en Chile, una potencia  agroalimentaria que el año pasado vendió al exterior 15.751 millones de dólares en alimentos y que es el primer exportador mundial de variadas frutas.

Según Rojas, hay consenso académico, social e incluso político sobre una solución que subraye la retención de aguas, “pero no se dan los recursos ni se dictan las leyes necesarias”.

Pedro Castillo, alcalde de la comuna (municipio) de Combarbalá, coincidió con Rojas.

“Por el gran centralismo que impera en nuestro país, la desertificación va a ser relevante una vez que el desierto esté tocando las puertas de Santiago”, aseveró a IPS la máxima autoridad de este municipio habitado por pequeños agricultores y  criadores de ganado caprino.

Castillo cree que todos los proyectos “serán solamente buenas intenciones si no hay  una inversión potente y decidida del Estado de Chile para frenar la desertificación”.

El alcalde afirmó que el avance del desierto se puede combatir invirtiendo en la contención de aguas, mediante “obras que no son caras”, como la construcción de zanjas de infiltración y diques de contención en las quebradas.

“Con cortinas interceptoras se puede optimizar (la captura de) el agua  lluvia, recargar los pozos y disminuir el requerimiento de agua adicional que hoy se entrega a la población con camiones aljibes”, dijo.

“El costo de las cortinas interceptoras no supera los cinco millones de pesos (7.936 dólares) porque en las obras se usan materiales que existen en el lugar y no se requiere una gran ingeniería. Un camión aljibe que reparte agua cuesta al Estado unos 40 millones de pesos (63.492 dólares) cada año”, comparó Castillo.

Un tanque con agua de lluvia captada en la escuela Elías Sánchez, en el municipio de Champa, 40 kilómetros al sur de Santiago, que los alumnos decidieron usar para regar un vivero donde cultivan verduras, que instalaron al lado. Su ahorro hídrico mejora las napas que abastecen de agua a la población local. Crédito: Orlando Milesi/IPS

Propuso también frenar la desertificación forestando con especies nativas las superficies que entregan las comunidades agrícolas a la gubernamental Corporación Nacional Forestal (Conaf).

“En las forestaciones se replantan árboles nativos que toleran las lluvias escasas en este sector semiárido y además generan forraje para los campesinos del sector”, subrayó.

La región de Coquimbo representa la frontera sur del desierto de Atacama, el más árido de la tierra y con más reflejo solar, con 105.000 kilómetros cuadrados, distribuidos en seis regiones del norte de este país alargado y estrecho, entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.

Este año en Peña Blanca, en extremo sur del desierto, han caído150 milímetros de lluvia, una cifra alta para el promedio de los últimos años.

Rojas plantea que “hay muchas cosas por hacer, no para detener totalmente el avance del desierto, pero sí para que lo hagamos más difícil”.

El dirigente social contó que en los encuentros tanto con académicos como con políticos hay acuerdo en el qué hacer, “pero eso no se ve reflejado cuando hay que crear una ley  o poner recursos  para hacer estos trabajos”.

Como un ejemplo de las situaciones que se producen, detalló el caso de un novedoso proyecto para la retención de agua de lluvia en forma subterránea, cuyo estudio y desarrollo obtuvo financiamiento, “pero no así la obra”. “

“Entonces, no sirve de nada. Las ideas hay que concretarlas con obras. Lo urgente es eso, menos estudios y más obras”, sostuvo.

Rojas criticó también que el Estado gaste “miles de millones de pesos” en la distribución de agua a los sectores rurales mediante camiones aljibes.

“Si la cantidad de recursos que pone el Estado para la distribución de agua con camiones aljibes se pusiera para hacer obras para solucionar el problema, se invertiría una sola vez y no todos los años incrementando un  negocio. Porque esa distribución de agua es un negocio”, aseveró.

El geógrafo Nicolás Schneider,  impulsor de lano gubernamental Fundación un Alto en el Desierto,  dijo a IPS que en Chile “no se está haciendo una política pública  en cuanto a herramientas, políticas concretas y disposición de recursos” para que no avance la desertificación en el país.

“Las alternativas exitosas son experiencias aisladas fruto del entusiasmo o de emprendimientos de grupos, pero no de una política estatal para detener este avance (del proceso de desertificación) acreditado a nivel científico”, afirmó.

Recordó al físico chileno Carlos Espinosa, inventor del atrapanieblas, un sistema también conocido como captanieblas cuya patente donó en los años 80 a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y que consiste en cosechar agua desde la niebla.

Esos atrapanieblas consisten en unas redes de mallas finas de un entretejido de alambres y fibras, conocidas como raschel, que se levantan en las laderas nebulosas para captar las gotas suspendidas de agua, que luego van por pequeñas canaletas hasta tanques de acopio.

Estos sistemas, cada vez más perfeccionados, aportan hace décadas agua para consumo humano y para riego en terrenos en general a partir de los 600 metros sobre el nivel del mar.

En la Reserva Ecológica Cerro Grande, de propiedad de Peña Blanca, la Fundación un Alto en el Desierto instaló 24 atrapanieblas y un centro de estudio de niebla.

“Allí el promedio diario de agua de niebla es de seis litros por metro cúbico de malla raschel y 35 por ciento de sombra. Dado que tienen una dimensión de nueve metros cuadrados, tenemos una superficie de captación de 216 metros, lo que da al día 1.296 litros de agua”, relató Schneider.

Detalló  que “esta agua es utilizada principalmente para reforestación y restauración ecológica, elaboración de cerveza, bebedero de animales y cuando hay sequía severa para el consumo humano”.

“Además es un elemento educativo porque miles de niños han visitado los atrapanieblas convirtiéndolos en un aula al aire libre en contra de la desertificación”, subrayó.

Agregó que existe un gran potencial de niebla desde Papudo, en la costa central chilena, hasta Arica, en el extremo norte de este país, el cual no ha sido aprovechado en beneficio de las comunidades costeras que tienen problemas de acceso y calidad del agua.

Eduardo Rodríguez, director regional de Conaf en Coquimbo, dijo a IPS que todos los programas de esa corporación están orientados a la lucha contra la desertificación, incluido uno contra incendios forestales que cuentan ahora con mejores indicadores.

“Sin embargo,  tenemos problemas en la forestación porque no contamos todavía con un instrumento de fomento que nos permita  aumentar la forestación, reforestación y  revegetaciones de una región degradada prácticamente hace siglo y medio”, admitió.

Edición: Estrella Gutiérrez

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La lucha contra el terrorismo necesita un enfoque de género

sex, 13/07/2018 - 13:13

Al Qaeda en el Magreb Islámico se adjudicó el bombardeo de la sede de la ONU en Argel en diciembre de 2007, cuando murieron 17 funcionarios internacionales. La comunidad internacional reconoce cada vez más la importancia de integrar una perspectiva de género a la lucha contra el terrorismo. Crédito: Evan Schneider/UN Photo.

Por Carmen Arroyo
NACIONES UNIDAS, Jul 13 2018 (IPS)

Comprender las diferentes formas en las que los terroristas apuntan contra las mujeres y cómo prevenir su reclutamiento podría ser muy significativo para los esfuerzos contra el terrorismo, un enfoque que gana cada vez más reconocimiento internacional.

“Cualquier programa de prevención tiene que ser totalmente consciente de sus implicaciones de género, y debe diseñarse para comprender el dolor de mujeres y hombres explotados por los reclutadores”, explicó Mattias Sundholm, asesor de comunicaciones del Comité Ejecutivo contra el Terrorismo, en diálogo con IPS.

Cientos de delegados de organizaciones de la sociedad civil y de representantes de los países miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunieron en su sede de Nueva York a fines de junio en la Conferencia de Alto Nivel sobre Antiterrorismo.

En los dos días del encuentro se debatió en profundidad el papel de las cuestiones de género en las estrategias de lucha contra el terrorismo.

“La comunidad internacional reconoce cada vez más la importancia de integrar la perspectiva de género a los esfuerzos globales contra el terrorismo”, coincidió un funcionario de la Unión Europea (UE) que prefirió mantenerse en el anonimato.

“La desigualdad de género y la corrupción, sumados a la falta de información, de acceso a la educación y de comprensión sobre lo que ocurre en el campo de batalla parece desempeñar un papel importante en el reclutamiento de combatientes mujeres”, explicó.

A pesar de las derrotas del Estado Islámico (EI) en algunos países de Medio Oriente, sigue siendo prioridad de la ONU contrarrestar su influencia en los medios de comunicación y en la opinión pública, así como la de Al Qaeda y la de Boko Haram.

La Asamblea General de la ONU decidió el año pasado implementar la Estrategia Global contra el Terrorismo, y creó la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo; también se debatió la creación de una Red Global de coordinadores contra el terrorismo.

El tema de la reunión de este año fue “Fortalecer la cooperación internacional para luchar contra la amenaza del terrorismo” con el objetivo de crear alianzas y encontrar soluciones prácticas.

Diferentes enfoques para reclutar hombres y mujeres

Es diferente la forma en que los reclutadores terroristas encaran a mujeres y hombres pues les prometen recompensas distintas que les resulten atractivas.

“Los grupos armados extremistas explotan con habilidad el género al igual que explotan cualquier otra posible herramienta de reclutamiento”, observó Letta Tayler, investigadora sobre terrorismo de Human Rights Watch (HRW).

“A las mujeres les presentan la promesa de aventura, viajes, romance, compromiso con una causa, y la posibilidad de formar parte de una familia extendida, aunque lejos del yugo de sus familiares inmediatos”, indicó.

“Para los hombres, los argumentos suelen ser más de macho, con la promesa de gloria y varias esposas”, apuntó

Por su parte, Megan Manion, analista política de ONU Mujeres, coincidió en que a ellos los suelen atraer con la promesa de que los combatientes obtienen esposas como recompensa. “Los extremistas también les ofrecen salarios por su servicio como combatientes”, añadió.

En cambio, a las mujeres les ofrecen diferentes cosas, explicó Manion.

“Las mujeres se  unen a grupos extremistas con o para seguir a sus esposos o novios”, observó.

“También se unen a grupos extremistas violentos para tener oportunidades que no tendrán en sus comunidades debido a las desigualdades (de género)”, apuntó.

Si las estrategias de reclutamiento incluyen narrativas con perspectiva de género, lo mismo debe ocurrir con los planes de prevención.

“Las mujeres tienen un papel particularmente influyente en las familias y pueden desempeñar un papel importante en la prevención de la radicalización”, observó el alto funcionario de la UE.

Por ello, las estrategias de prevención deben elevar el nivel que tienen las de los reclutadores extremistas en su variedad de matices.

“Cuando los grupos extremistas comprenden las desigualdades, y el impacto y el poder que tienen, y nosotros, los que prevenimos el extremismo violento, no, hay un elemento significativo en torno a identificar y responder a las violaciones de derechos humanos, así como riesgos e implicaciones graves en materia de seguridad”, explicó Manion.

Al ser consultada sobre cómo enmarcar las estrategias de prevención, Tayler respondió de forma rotunda que cualquier estrategia de prevención para ser exitosa debe ofrecer el mismo sentido de pertenencia y emoción que prometen grupos como el EI.

“Eso solo puede funcionar si los estados dejan de marginar a las comunidades y a las personas vulnerables al reclutamiento”, observó Tayler.

Una de las formas de implementar estrategias con perspectiva de género podría ser fortalecer el papel de las mujeres en las fuerzas de seguridad y la policía, tanto en número como en la jerarquía, opinó el representante de la UE.

También planteó la necesidad de llegar a todas las comunidades, en especial a las que no están radicalizadas.

“Las lideresas religiosas y el diálogo interconfesional local tienen un papel importante en la construcción de un entorno menos conducente al extremismo violento”, apuntó.

Algunas organizaciones civiles, como el Centro Internacional para la Religión y la Democracia, ya incluyen actores religiosos en sus estrategias contra el terrorismo.

Sundholm añadió que también hay que empoderar a los jóvenes, y en particular las mujeres “para liderar y participar en el diseño y la implementación de los programas de prevención”.

Tayler explicó que HRW tomó en cuenta el género cuando fue necesario. Por ejemplo, las violaciones del EI y la esclavitud sexual de mujeres yazidíes requieren un enfoque con una fuerte perspectiva de género.

Otro caso sería Nigeria, donde hay denuncias de que las “mujeres que logran escapar de Boko Haram sufren violaciones a manos de las fuerzas de seguridad nigerianas, que dicen ser sus rescatadores”.

¿Qué deberían hacer los estados miembro?

La mayoría de los expertos y dirigentes políticos sostienen que la lucha contra el terrorismo debería ser responsabilidad de los estados miembro, porque controlan las fronteras y aprueban leyes, que pueden otorgar privilegios o marginar a las organizaciones.

También debería dar ejemplo e incluir la perspectiva de género en el diseño de las políticas.

“La integración de la cuestión de género debería darse en el trabajo y los programas tanto de los estados miembro como de la ONU”, subrayó la fuente de la UE.

Manion coincide en que ellos tienen la clave de la prevención.

“Las leyes represivas y la falta de seguridad, del imperio del derecho y de buena gobernanza son poderosos motores de la radicalización de mujeres y hombres”, puntualizó.

“Tienen que asegurarse de que las leyes que aprueban para responder a las amenazas terroristas no impongan cargas insostenibles sobre las mujeres, incluidas las organizaciones civiles que a menudo trabajan en el frente para identificar y prevenir la radicalización y la reintegración de los retornados”, añadió.

Pero Tayler alertó que si bien el género debe formar parte del foco de la lucha contra el terrorismo, “ni la ONU ni los gobiernos deben asumir que es la panacea”.

“Tildar la casilla de ‘género’ no es una estrategia efectiva contra el terrorismo. Las autoridades deben atender la miríada de causas (de ese flagelo)”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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Pacto mundial debe terminar con la detención de niños migrantes

qui, 12/07/2018 - 13:14

Hubo manifestaciones en Estados Unidos contra la detención de niñas y niños, separados de sus familias en junio. Los manifestantes reclamaron su abolición a las autoridades migratorias. Estimaciones oficiales señalan que más de 10.000 niños están confinados en centros de detención en malas condiciones en Estados Unidos. Crédito: Cortesía de Fibonacci Blue.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jul 12 2018 (IPS)

Los gobernantes del mundo deben comprometerse a poner fin a la detención de niñas y niños migrantes, reclaman organizaciones de derechos humanos.

Altos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordaron en la reunión del día 9 que los niños nunca deben quedar detenidos por el estatus migratorio de sus padres, pues constituye una clara violación de sus derechos y puede causar daños irreparables que equivaldrían a torturas.

Los jefes de Estado y de gobierno debatieron el Pacto Mundial sobre Migración, un acuerdo intergubernamental para gestionar las migraciones transfronterizas, que está en las últimas etapas de discusión.

En el marco de las noticias e historias sobre los menores de edad confinados en centros de detención de Estados Unidos, Amnistía Internacional, con sede en Londres, instó a los participantes de las últimas negociaciones a poner fin a la detención de menores.

“Las terribles escenas de Estados Unidos ilustraron la desesperada necesidad de un compromiso internacional para poner fin a la detención de menores; las negociaciones no podrían ocurrir en un momento más crucial que este”, comentó Perseo Quiroz, de Amnistía Estados Unidos.

“Muchos gobernantes han expresado su indignación con el espantoso trato dado por el gobierno de (Donald) Trump a los menores cuyos padres llegaron a Estados Unidos de manera irregular”, recordó.

“Es hora de canalizar ese espanto en acciones concretas”, añadió.

Debido a la política de separación de familias del gobierno de Trump, más de 2.000 niñas y niños quedaron separados de sus padres y están detenidos desde mayo, cuando cruzar la frontera sur de Estados Unidos.

Las estimaciones oficiales señalan que unos 10.000 niños están detenidos en malas condiciones en centros de detención estadounidense.

La última reunión fue “una oportunidad real para los países de mostrar la seriedad con que buscan poner fin de una vez por todas a la detención de menores inmigrantes impulsando medidas de protección lo más contundentes posible para todos los niños, acompañados o no”, subrayó Quiroz.

El borrador actual del pacto mundial menciona ese asunto, e incluye un artículo para “trabajar para poner fin a la práctica de detener menores en el contexto de migraciones internacionales” y “usar la detención solo como último recurso”, apuntó.

Pero Amnistía considera que la redacción no es lo suficientemente fuerte porque no hay circunstancias en las que se justifique la detención infantil.

Trump emitió un decreto para revertir la política de separación de familias, pero la reemplazó por una que encarcela a toda la familia.

Eso quiere decir que niñas y niños pueden quedar detenidos, junto con sus padres, por un tiempo indefinido y prolongado.

“No es momento de mirar para otro lado”, opinaron Brian Root y Rachel Schmidt, de Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.

“Las políticas de detención y separación de familias son síntomas de un problema mundial mucho mayor: cómo los países receptores tratan a los migrantes, quienes a menudo huyen de situaciones violentas y/o inestables”, opinaron

Oxfam reveló en junio que la guardia fronteriza de Francia es responsable de abusos físicos, de detener de jóvenes de hasta 12 años, los que devuelve a Italia, contraviniendo leyes francesas y hasta de la Unión Europea.

Más de 4.000 niñas y niños inmigrantes pasaron por la fronteriza ciudad italiana de Ventimiglia entre julio de 2017 y abril de 2018. La mayoría huyendo de persecuciones y conflictos en países como Sudán, Eritrea y Siria, y a menudo tratando de reunirse con familiares o amigos en otros países europeos.

Muchos niños denunciaron pasar la noche detenidos en celdas francesas sin alimentos, agua o mantas y sin acceso a un guardián oficial.

En Australia, más de 200 niños están en centros de detención para solicitantes de asilo en Nauru, donde suelen pasar meses, si no años.

“El Pacto Mundial sobre Migración ofrece esperanza, pero no funcionará si muchos países siguen viendo el asunto en términos de control fronterizo”, alertó HRW.

“Además, el pacto tendrá poco efecto sobre un presidente estadounidense que parece menospreciar la idea de cooperación internacional”, observó.

El año pasado, Estados Unidos se retiró del pacto mundial pocos días antes de la conferencia sobre migraciones de México, arguyendo que el documento socavaba la soberanía del país.

El pacto no es vinculante, pero Amnistía señala que crea una base para futuras discusiones sobre migraciones.

“Los últimos acontecimientos arrojaron luz sobre realidades brutales detrás de la detención de niños porque sus padres están en movimiento, esperamos que eso obligue a otros países a tomar medidas concretas para proteger a los niños de los tratos crueles”, añadió Quiroz.

Los jefes de Estado y de gobierno de los 193 estados miembro de la ONU debatieron el 9 de este mes el texto final del Pacto Mundial sobre Migración.

Traducción: Verónica Firme

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El malestar por los agroquímicos sacude al gobierno en Argentina

qui, 12/07/2018 - 10:34

Los ministros de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao; de Ambiente, Sergio Bergman; de Agroindustria, Miguel Etchevehere, y de Salud, Adolfo Rubinstein (de izda a dcha), hicieron una presentación conjunta sobre la aplicación de agroquímicos en Argentina, en una muestra de la preocupación del gobierno de Mauricio Macri ante la creciente conflictividad social por este tema. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jul 12 2018 (IPS)

La inquietud por el creciente uso de agroquímicos en la agricultura y su impacto sobre la salud y el ambiente recorre Argentina y llevó al gobierno a mostrarse activo y comprometido en un tema en el que prefirió no actuar durante años.

Cuatro ministros de la administración de Mauricio Macri -de Agroindustria, Ambiente, Salud y Ciencia y Tecnología- se mostraron juntos el miércoles 11, en una imagen absolutamente inusual, durante la presentación de una serie de principios y recomendaciones “sobre buenas prácticas en materia de aplicaciones de fitosanitarios”.

El objetivo, según explicó el ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere, es  “llevar seguridad a la población, tanto a las comunidades locales que conviven con la actividad agrícola como a todo el resto de los habitantes de la Argentina, que consumen los alimentos que se producen”.

La empresa parece difícil. La intranquilidad por la cuestión de los agroquímicos, que no es nueva, quedó de manifiesto como nunca antes desde fines del año pasado hasta hoy, período en el cual distintos municipios prohibieron el glifosato, el herbicida de mayor uso en la agricultura nacional.“Es probable que discutamos en el Congreso (legislativo) este tema, que es muy complejo y que afecta de una u otra manera a todos los argentinos. Es muy importante que despejemos miedos”: Atilio Benedetti.

Uno de ellos es el municipio de Rosario, que es el tercero más poblado del país y además tiene una gran importancia simbólica en esta cuestión, ya que concentra en sus alrededores las plantas procesadoras de soja transgénica, cultivo que en las últimas dos décadas desplazó al trigo y al maíz y ocupa más de la mitad de la superficie sembrada.

En ese período, la tierra dedicada a la agricultura en este país de casi 2,8 millones de kilómetros cuadrados pasó de unas 18 millones de hectáreas a 35 millones y, aunque no hay estadísticas oficiales ni privadas sobre el uso de agroquímicos, expertos estiman que este se triplicó.

De todas maneras, los cuatro ministros hicieron una defensa cerrada del modelo agrícola y, en particular, del glifosato, cuya licencia fue renovada en noviembre por un período de cinco años por la Unión Europea (UE) por 18 votos contra nueve, en una decisión que tuvo en vilo a los productores argentinos por sus implicancias económicas.

“No desconocemos que las sustancias químicas que se usan en la producción agrícola tienen potenciales efectos nocivos, pero nada es completamente inocuo. Uno se puede morir hasta tomando agua en cantidad”, sorprendió el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao.

“La agricultura de hoy es tan dependiente de los fitosanitarios como la salud depende de los antibióticos. Y también los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales”, agregó.

También enfático, Etchevehere rechazó los cuestionamientos, cuando dijo que los agroquímicos “bien aplicados, no causan ningún tipo de daños” y que “todo depende de la dosis y de la manera” en que se apliquen.

“Entendemos que puede haber preocupación, pero no podemos guiarnos por afirmaciones ideológicas o militantes. Convocamos a una discusión con criterios científicos”, agregó.

Desde las organizaciones sociales y ambientales que llevan adelante la denuncia pública del impacto de los agroquímicos, sin embargo, no se confía en las intenciones oficiales.

El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, dijo a IPS: “Quieren simplificar la cuestión, calificando a nuestras afirmaciones como ideológicas y a las de ellos, como científicas. Es exactamente al revés”.

Viale agregó que “ellos son unos fundamentalistas del agronegocio y no están dispuestos a atender los estudios científicos que revelan que en la Argentina se está produciendo una tragedia ambiental por el uso de agroquímicos. Ahora, sólo buscan convalidar el modelo agrícola”.

La actividad agropecuaria es central históricamente en la economía argentina y lo sigue siendo hoy. Si se suman productos primarios o industrializados, el campo es responsable de cerca de 70 por ciento de las exportaciones y de 20 por ciento del producto interno bruto de este país sudamericano.

La estructura constitucional de Argentina es la de un país federal, donde las regulaciones en materia ambiental están en manos de las provincias.

Por eso, el documento elaborado por un grupo de expertos convocados por el gobierno nacional contiene 12 principios y 23 recomendaciones para la aplicación de agroquímicos, que no son vinculantes y apenas constituyen “un marco orientador” para las autoridades subnacionales, como  lo llamó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.

En todo caso, la Constitución argentina también prevé que el legislativo Congreso Nacional dicte leyes de “presupuestos mínimos de protección ambiental”, que deben ser respetadas obligatoriamente por las provincias.

En ese sentido, el documento recomienda que se impulse una ley que declare “de interés para la Nación la adopción de buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios” y que establezca criterios para todo el país.

El presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Atilio Benedetti, integrantes de la alianza gubernamental Cambiemos, se mostró favorable a que el tema sea ordenado por una ley nacional.

“Es probable que discutamos en el Congreso este tema, que es muy complejo y que afecta de una u otra manera a todos los argentinos. Es muy importante que despejemos miedos”, dijo a IPS.

En realidad, en el Congreso existe ya desde al año pasado un proyecto de ley de agroquímicos presentado por el opositor Fernando Solanas, que es presidente de la comisión de Ambiente del Senado.

Solanas es, desde antes de incursionar en la política, un reconocido director de cine y este mismo año estrenó su última película, un documental que retrata el efecto de los agroquímicos en distintas zonas del país. Su título es “Viaje a los pueblos fumigados”.

Su proyecto de ley sostiene que 12 de los 44 millones de argentinos viven en zonas donde se aplican agroquímicos y están en riesgo.

La iniciativa propone que se prohíban de manera absoluta las fumigaciones aéreas y se restrinja la aplicación terrestre, en un área de 1.500 metros alrededor de las áreas urbanas, que quedaría constituida como zona de amortiguación.

Precisamente la de las zonas de amortiguación es tal vez la cuestión más conflictiva.

De hecho, el tema de los efectos de los agroquímicos llegó a la agenda pública en 2002, cuando un grupo de mujeres de un barrio de la ciudad de Córdoba, llamado Ituzaingó, denunciaron que las fumigaciones en las plantaciones de soja que estaban a pocos metros de sus casas habían provocado casos de cáncer y malformaciones.

El documento presentado por los ministros, sin embargo, no se pronuncia sobre la extensión que debe tener las zonas de amortiguamiento, ya que considera que debe ser “variable y funcional a las particularidades y escala de cada lugar”.

Entre 2003 y 2012 el uso de agroquímicos en Argentina creció 850 por ciento, de acuerdo a las estadísticas de la Cámara de Sanidad y Agropecuaria Fertilizantes (Casafe), que últimamente dejó de publicar sus números.

El director ejecutivo de esa cámara empresaria, Federico Landgraf, dijo a IPS que “el glifosato debe ser la sustancia más estudiada del planeta. Hay una demonización desde el punto de vista ideológico”.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Última sequía obliga a Cuba a adecuar las formas de resiliencia

qua, 11/07/2018 - 14:38

Un hombre descansa en la grupa de un caballo, mientras este bebe agua en un arroyo casi seco, próximo al caserío de Palenque, en el municipio de Yateras en la oriental provincia de Guantánamo, una de las más afectadas por la larga sequía que afectó a Cuba entre 2014 y 2017. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jul 11 2018 (IPS)

En el este de Cuba las sequías constituyen un desastre natural sufrido desde tiempos inmemoriales, pero en las regiones del oeste y el centro de la isla solían vivir casi ajenas a esta anomalía climatológica… hasta la última que padeció el país entre 2014 y 2017.

“Por primera vez se ve a la sequía como una amenaza importante, debido a la cantidad de recursos y afectaciones económicas que causó”, dijo a IPS el agrónomo Loexys Rodríguez, que en la ciudad oriental de Guantánamo investiga y promueve la resiliencia en el sector productivo ante este fenómeno natural.

Cuba enfrentó en los pasados cuatro años la sequía con efectos más extensos de los últimos 115 años, ya que llegó a afectar 80 por ciento del país.

Los racionamientos prolongados en el sector residencial, con la suspensión del suministro de agua de hasta un mes, causaron graves desajustes sociales, mientras que las pérdidas económicas ascendieron a 1.500 millones de dólares, según datos oficiales.

Con diferencia por períodos, todas las regiones, en especial la zona central, fueron asoladas por el llamado internacionalmente “desastre silencioso”, porque avanza lento y de forma desapercibida en su paso devastador.

América Latina ha sufrido las peores sequías de su historia en el presente siglo y las pérdidas de ingresos por esa causa representaron cuatro veces más que las provocadas por inundaciones, alerta el Banco Mundial, que hasta insta a pensar una nueva economía en tiempos de escasez y variabilidad del agua en el planeta.

Brasil, Chile, Guatemala, Honduras y Perú se cuentan entre las naciones de la región que han registrado los períodos secos más severos en lo que va de centuria, en lo que se consideran parte de los efectos del cambio climático.

Ese fenómeno, en términos generales, plantea el organismo financiero multilateral,  impacta con mayor fuerza a las islas caribeñas como Cuba.

“Se ha demostrado que esas sequías son recurrentes, que prácticamente estamos viviendo con ellas”, alertó Rodríguez. Sin embargo, “no todos los elementos de resiliencia están teniendo hoy el mismo nivel de prioridad ni de alcance nacional”, lamentó el especialista.

Por ser el fenómeno más frecuente y temido en el Caribe, en especial en la zona insular, los huracanes acaparan toda la atención de los sistemas nacionales de enfrentamiento a desastres. Justo asociado a los ciclones, comenzó a emplearse desde hace poco el concepto de resiliencia en el sistema cubano contra desastres.

Este término en el ámbito ambiental se refiere a la capacidad de una comunidad, actividad económica o ecosistema, entre otros, de absorber perturbaciones como embates de eventos meteorológicos sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, de modo que se facilite el regreso posterior a su estado original.

Un campesino observa el nivel de agua del pozo que tiene en el patio de su casa, en el municipio Horno de Guisa, en la provincia de Granma, en el este de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“En la zona oriental, precisamente por el impacto histórico de la sequía, hemos sido pioneros en desarrollar tecnologías y herramientas para adaptarnos a esas condiciones”, aseguró Rodríguez sobre las cinco provincias orientales: Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Rodríguez conversó con IPS luego de presentar una herramienta metodológica que permite a los productores y decisores de la agricultura el poder determinar de manera sencilla cuán resiliente es una finca a la sequía, en el X Congreso Internacional sobre Desastres, celebrado en La Habana del 2 al 6 de julio.

La herramienta es un resultado del programa “Prácticas agropecuarias sostenibles y adaptadas al cambio climático en la provincia del Guantánamo, Cuba”, que fue implementado en 2016 por entidades locales con el apoyo de la organización humanitaria internacional Oxfam y la cooperación belga.

Además de una guía de autoevaluación, el instrumento recogido en el libro “Resiliencia a la sequía sobre bases agroecológicas” incluye una encuesta de percepción del fenómeno, posibles soluciones y una red de capacidades y servicios agroecológicos locales a los que puede acudir el productor para fortalecerse ante este evento.

El estudio, cuya parte de campo abarcó los municipios guatanameros de Niceto Pérez y Manuel Tames, establece 10 funciones que deben lograr las fincas para ser resistentes, propone 64 prácticas agroecológicas para el manejo y diseño de fincas y caracterizó más de 50 entidades con innovaciones, servicios o fondos a usar.

La geóloga Yusmira Savón, que también participó en el proyecto, calificó a la  herramienta “de muy flexible para alcanzar la resiliencia a la sequía de forma colectiva, con un nivel organizativo grande, bases agroecológicas y el aprovechamiento de las capacidades locales”.

“Cada vez se alargan más los procesos de sequía y los períodos lluvioso y seco se están distorsionando en los tiempos”, remarcó la experta a IPS. “Sería muy interesante que el país trabajara con más ahínco el concepto de resiliencia, que permite eliminar las fallas de forma proactiva, es decir, antes de que sucedan los desastres”, remarcó.

Autoridades e instituciones científicas cubanas instan a realizar más investigaciones y proyectos de prevención y adaptación a la sequía.

“Vivir en una zona semiárida limita mucho el desarrollo, pero da una potencialidad a Guantánamo que otras provincias no tienen”, dijo a IPS por teléfono Ángel Almarales, director del estatal Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible (Catedes), con sede en la capital provincial, a 929 kilómetros al este de La Habana.

Una plantación de caña de azúcar después quedar arrasada por un incendio ocasionado por las altas temperaturas en el municipio de Palma Soriano, en la oriental provincia de Santiago de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Esta provincia de 6.167 kilómetros cuadrados acoge una geografía contrastante: en su parte norte reina un clima tropical lluvioso, al punto que el municipio de Baracoa es donde más llueve en Cuba; en el centro, domina el tropical de sabana; y en la franja costera sur se ubica el único gran territorio semiárido de esta isla caribeña.

Catedes destaca por ser una institución científica enfocada en buscar soluciones de desarrollo para el área semidesértica, de ahí que atesore un saber hacer que ahora resulta necesario para otras regiones cubanas.

Su receta, perfeccionada durante más de 10 años, incluye el uso de energías renovables en la lucha contra la desertificación y la sequía.

“Nuestro gran problema (como provincia) es que aún no sabemos gestionar el agua”, observó Almarales, sobre la meta clave a vencer en el departamento de 511.093 habitantes en busca de la resiliencia a la sequía y elevar la calidad de vida.

Caimanera, un municipio conocido por colindar con la Base Naval de Guantánamo, que estados Unidos mantiene en su bahía, pertenece a esa zona semiárida, donde las actividades económicas casi se reducen a la producción de sal, la pesca y los servicios públicos.

“La salina sigue siendo la principal fuente de empleo”, indicó Pedro Pupo, director municipal de trabajo y seguridad social, en una visita realizada en junio por medios de prensa internacionales a Caimanera, donde se ubica la mayor industria de sal, que abastece poco más de 60 por ciento del consumo nacional.

Pupo citó como ejemplo que en la localidad municipal de Hatibonico, “que es la zona más desértica, se dedica al carbón (vegetal) como fuente fundamental en la agricultura, por las condiciones climáticas”. También se crearon algunas oportunidades en la producción local de materiales de la construcción, añadió en diálogo con IPS.

No obstante, con el programa de agricultura urbana que promueve la siembra de terrenos urbanos y periurbanos con técnicas agroecológicas, y una producción adaptada a la aridez del clima y salinidad de los suelos, el gobierno local asegura que Caimanera produce 70 por ciento de los alimentos que consume.

Con una estación lluviosa que suele abarcar de mayo a noviembre, Cuba ejecuta desde 2012 la Politica Nacional del Agua, un programa que depende de las precipitaciones y se usa en 60 por ciento para la agricultura, 20 es de consumo humano, cinco por ciento de uso industrial y el resto en otras actividades económicas.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Europa debe frenar negocios criminales detrás de migraciones

qua, 11/07/2018 - 13:15

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, unas 42,000 personas llegaron a Europa hasta el 30 de junio de este año. El número de migrantes se redujo en comparación con años anteriores. Crédito: Cortesía Laura Verduci/Médicos sin Fronteras.

Por Maged Srour
ROMA, Jul 11 2018 (IPS)

Hablar de las migraciones como de una situación de emergencia es un craso error y abre la puerta a la proliferación de actividades ilegales e injustas, alertan especialistas en migraciones.

Laura Verduci, trabajadora humanitaria con más de 20 años de experiencia en Europa y África, dijo a IPS que ha visto cómo se desaprovechan o desvían fondos para hacer frente al problema migratorio.

“Una vez que se considera una emergencia implica la asignación de recursos económicos adicionales”, explicó Verduci, de Médicos sin Fronteras (MSF) en Sierra Leona.

“Me di cuenta cuando estuve en Sicilia que se subcontrata a empresas privadas que convierten todo el proceso en actividades ilegales e injustas”, abundó.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 42.000 inmigrantes habían llegado a Europa hasta el 30 de junio de este año.

Quizá sea pronto para comparar esos datos con los 172.000 inmigrantes llegados el año pasado, pero si el flujo de años anteriores sirve de referencia, parecen llegar menos desde el pico de poco más de un millón de personas, registrado en 2015, a una tercera parte al año siguiente.

En comparación con los 750.000 millones de habitantes de Europa, es más un gota en el océano que una situación de emergencia.

El número menor no explica las demoras que tienen que soportar los recién llegados.

En Italia, la mayoría de los migrantes todavía tratan de obtener asilo político o, en algunos casos, figurar en una lista oficial de solicitantes de asilo.

Un mediador cultural que trabaja en un centro para refugiados en el norte de Italia que prefirió permanecer en el anonimato, dijo a IPS que en algunos casos, se demoran a propósito los procedimientos burocráticos para obtener asilo en este país para alargar la estancia de los inmigrantes en esos centros, nada más que por la asignación de fondos.

Verduci fue testigo de primera mano del desperdicio de fondos. “Recuerdo que cuando trabajaba en Trapani, tuvimos que esperar para recibir pantuflas que se compraban a un proveedor de Messina, que está en la otra punta de Sicilia”, recordó.

“Podíamos comprar en cualquier lugar cerca de Trapani, pero la compra había sido asignada a ese vendedor específicamente”, apuntó

El año pasado, un tribunal italiano condenó a 41 personas, entre ellas varios dirigentes políticos de derecha y de izquierda, por robar dinero de contratos públicos. El sistema de tipo mafioso recurrió a la intimidación para conseguir los contratos en Roma.

Los estafadores controlaban varios servicios municipales, como la gestión y la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios públicos y los centros de refugiados.

La investigación reveló que la mayoría de los recursos económicos nunca se gastaron para lo que fueron previstos, como mejorar las condiciones de vida en los centros de refugiados, sino que fueron desviados.

“Veo un vínculo claro entre criminalidad y algunos partidos políticos en Italia”, observó Verduci.

El actual ministro del Interior, Matteo Salvini, habría financiado su campaña gracias a Giuseppe Scopelliti, un dirigente político que, según la policía, tiene vínculos estrechos con la Ndrangheta, una organización criminal que controla el comercio ilegal de cocaína en Europa.

Se dice que Scopelliti y otras figuras italianas controvertidas participaban de las concentraciones políticas de Salvini.

“A esas organizaciones criminales les interesa prolongar la incertidumbre económica y política de los migrantes, quienes, de seguir desempleados y aislados de la sociedad, podrían dedicarse a actividades ilegales”, opinó Verduci.

Y la trabajadora humanitaria de MSF no solo se refirió a los vínculos entre organizaciones criminales y dirigentes italianos, sino también al aspecto más transnacional del tráfico y la trata de personas, que ocurre entre Libia e Italia.

También aparecieron denuncias en la prensa contra el anterior gobierno italiano por forjar, supuestamente, un acuerdo con milicias libias dedicadas al tráfico de personas para frenar el flujo migratorio hacia las costas italianas, lo que fue negado por las autoridades.

Al parecer, tras el supuesto acuerdo, la llegada de inmigrantes a Europa disminuyó de forma significativa.

Analistas como Den Boer, de la Universidad de Kent, y Valerie Hudson, de la Universidad de Texas A&M, creen que sería un error considerar solo los beneficios que tienen las migraciones, que también tienen consecuencias algunas negativas si no se maneja con políticas adecuadas.

También existe el riesgo de que los migrantes queden atrapados en un limbo de deficiencias en las sociedades europeas, si los países no ofrecen políticas de integración adecuadas.

Si los inmigrantes se ven obligados a vivir en la pobreza, sin posibilidades de ganarse la vida o recibir educación, podrían ser explotados por organizaciones criminales.

Traducción: Verónica Firme

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Incluso las piedras cosechan agua en el Semiárido de Brasil

ter, 10/07/2018 - 18:43

Frijoles puestos a secar al sol en el patio de la finca de Pedrina Pereira. Al fondo, la cisterna de agua de beber y cocinar, que acopia el agua de lluvia que cae sobre el techo. Un programa de la organización Articulación del Semiárido, que pretende diseminar un millón de esas cisternas para lograr la convivencia con el clima semiárido que se extiende por 982.000 kilómetros cuadrados de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
JUAZEIRINHO/BOM JARDIM, Brasil, Jul 10 2018 (IPS)

Las rocas, que antes eran un estorbo al reducir la tierra cultivable, se convirtieron en una riqueza. En ellas Pedrina Pereira y João Leite construyeron cuatro estanques para acopiar agua de lluvia en una comunidad agrícola del noreste de Brasil.

En su propiedad de seis hectáreas, la pareja acumula agua en otros tres reservorios, los “barrizales trinchera”, el nombre que se le da localmente a unas cavidades en el suelo, excavadas con profundidad para almacenar un mayor volumen en la menor superficie posible y así reducir la evaporación.

Con tantos recursos “no padecemos falta de agua”, ni siquiera durante la sequía que se prolongó los seis últimos años, aseguró la campesina de 47 años, en su heredad típica de la ecorregión del Semiárido, en Juazeirinho, un municipio del estado de Paraiba.

Solo al comenzar este año tuvieron que recurrir al agua distribuida por el Ejército e los asentamientos locales, pero “solo para beber”, precisó Pereira con orgullo a IPS durante una visita por varias comunidades que aplican innovadoras tecnologías hídricas que están cambiando la vida en los pequeños asentamientos y la agricultura familiar de esta agreste región.

Para regar sus cultivos de maíz, frijoles, hortalizas y árboles frutales siempre contaron con sus cuatro “estanques de piedra” y los tres barrizales, suficientes también para abrevar a sus ovejas y gallinas.

“El agua de ese estanque se puede incluso beber, tiene ese color blanco debido al suelo”, pero eso no afecta el gusto ni la salud, sostuvo la agricultora, mientras apuntaba a la menor de las horedades, “que excavó en las rocas mi marido con la ayuda de vecinos”.

“No había nada acá cuando llegamos en 2007, solo un pequeño barrizal, que se secaba tras acabar la estación lluviosa”, recordó. Adquirieron la propiedad donde construyeron la casa y vivieron sin electricidad hasta que, en 2010, llegaron la energía y la cisterna de agua de lluvia, dos servicios que cambiaron sus vidas.

Estaba en marcha hacia una década el Programa Un millón de Cisternas (P1MC) con que Articulación del Semiárido (ASA), una red de 3.000 organizaciones sociales, trata de universalizar el acceso al agua potable en el medio rural de la ecorregión, que tenía ocho millones de habitantes en el censo oficial de 2010.

Dos de los cuatro estanques de piedra en la finca del matrimonio de Pedrina Pereira y João Leite, que excavó el marido con ayuda de vecinos, en una comunidad agrícola de Juazeirinho. Así conservan el agua de lluvia para los animales y sus diversificados cultivos durante las frecuentes sequías en la ecorregión del Semiárido brasileño. Crédito: Mario Osava/IPS

La red promovió la construcción de 615.597 cisternas de “primera agua”, aquella captada en los tejados, que sirve para que las familias beban y cocinen. Cada unidad almacena 16.000 litros, un volumen que se considera suficiente para una familia de cinco miembros durante los ocho meses estiaje usual.

Otras iniciativas ajenas al ASA ayudaron a diseminar esa “tecnología”, que mitigó los efectos de la sequía que azotó el Semiárido desde 2012 hasta el año pasado.

Las cisternas contribuyeron a que no se repitiera la tragedia de sequías anteriores, como la de 1979-1983, que “provocó la muerte de un millón de personas”, según Antonio Barbosa, coordinador del Programa Una Tierra y Dos Aguas (P1+2) impulsado por ASA desde 2007.

La “segunda agua”, destinada a la siembra y cría de animales, amplia el acopio de agua en sistemas como los adoptados por Pereira y su marido desde 2013. ASA ya distribuyó 97.508 de esas “tecnologías para producción”, beneficiando a 100.828 familias.

Otras de esas “tecnologías” hídricas pueden servir para el suministro de una familia, como en general ocurre con el “estanque de piedra”, hecho entre grandes formaciones rocosas y la “bomba de agua popular”, un aparato de uso comunitario que extrae agua de pozos profundos.

Ambas se destinan al consumo animal o uso agrícola.

Pedro Custodio da Silva muestra su banco de semillas criollas en su finca del municipio de Bom Jardim, en el noreste d Brasil, parte de un movimiento impulsado por Articulación del Semiárido, una red de 3.000 organizaciones sociales, para promover una agricultura familiar basada en semillas propias, adaptadas al árido clima local. Crédito: Mario Osava/IPS

Cisternas con capacidad para almacenar 52.000 litros de agua de lluvia,  recogida con el sistema de “calçadão”, una terraza o rampla de hormigón, o de “torrentada” que escurre por un suelo en declive, que puede ser incluso una carretera, son otras de las siete “tecnologías de segunda agua” que difunden las organizaciones de ASA.

En el caso del matrimonio Pereira y Leite esa infraestructura hídrica llegó por medio del Programa de Aplicación de Tecnología Apropiada a las Comunidades (Patac), una organización que trata de fortalecer la agricultura familiar en pequeñas comunidades agrícolas de Paraiba.

Las obras, hechas con material donado, exigen como contrapartida el trabajo de los beneficiados, capacitación en gestión hídrica y cuidados en la producción, enfocados en la convivencia con el clima semiárido. También se promueve la acción comunitaria y el canje de experiencias entre los agricultores.

Frijoles secando en el patio, amontonados dentro de la casa, incluso en el dormitorio, indican que la familia de los Pereira y Leite, que incluye también al hijo, Salvador, con comprobada vocación agrícola, logró una buena cosecha, tras las lluvias razonables de este año.

Maíz, batata (boniato o camote), sandía, calabaza, pimiento, tomate, berenjena, otras hortalizas y hierbas medicinales componen el huerto que manejan la madre y el hijo, dentro de una diversificación productiva que es una práctica generalizada entre los campesinos del Semiárido brasileño.

Embalse abastecido por una fuente de agua recuperada por la reforestación en la finca de 2,5 hectáreas de Pedro Custodio da Silva, que adoptó el sistema agroforestal y sigue principios agroecológicos en su producción de frutas y hortalizas, en el municipio de Bom Jardim, en la semiárida región del Nordeste de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS

También contribuyen a ella las ocho ovejas y un numeroso gallinero, que sirven para el autoconsumo y la venta. “Nuestra familia vive solo de agricultura”, dijo Pereira, quien se beneficia también del programa de Beca-familia, un subsidio gubernamental para las familias pobres, que en su caso es de 34 dólares mensuales.

“Soy una de las compradoras del ‘cuzcuz’ de Pedrina, que además de sabroso se hace sin venenos agrícolas”, confesó Gloria Araujo, coordinadora de Patac, refiriéndose a una especie de tortilla de maíz muy popular en el Nordeste brasileño, importante fuente de ingresos para la familia.

Vivir en la comunidad Sussuarana, donde viven 180 familias, e integrar el Colectivo Regional que reúne agricultores, sindicatos y asociaciones de 11 municipios del centro de Paraiba, ofrece otras oportunidades.

Pereira pudo criar gallinas gracias a una cerca alambrada que adquirió mediante el Fondo Rotatorio Solidario, un préstamo, en dinero o animales, que cuando es pagado se destina de inmediato a otra persona y así sucesivamente. Una máquina para tejer el alambre es de uso colectivo.

En Bom Jardim, a 180 kilómetros de Juazeirinho, en el vecino estado de Pernambuco, la comunidad de Feijão (frijol) se distingue por el sistema agroforestal y la producción de frutas, buena parte vendida en ferias agroecológicas de Recife, la capital del estado, a 100 kilómetros de distancia y 1,6 millones de habitantes.

“Vivo acá hace 25 años, empecé reforestando una tierra desnuda y me llamaban loco, pero luego quien así me criticaba también sembró un lindo bosque”, festejó Pedro Custodio da Silva, dueño de 2,5 hectáreas y coordinador técnico de la Asociación de Agricultores Agroecológicos de Bom Jardim (Agroflor), que presta asistencia a la comunidad.

Además de un diversificado huerto de árboles frutales y verduras, que le brindan ingresos por la venta de frutas, hortalizas y pulpa, “sin agroquímicos”,  en su propiedad renació una fuente de agua que había secado hace tres décadas y se mantuvo perenne en la fuerte sequía de los últimos años.

Eso le permitió llenar un pequeño embalse de 60.000 litros de agua que “baja en el estiaje, pero ya no se seca”, destaca.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Urgen medidas para proteger la biodiversidad de Santa Lucía

ter, 10/07/2018 - 13:18

El cambio climático y la falta de cuidado ambiental podría tener consecuencias devastadoras para la salud de los ecosistemas y la rica biodiversidad de Santa Lucía. Crédito: Desmond Brown/IPS.

Por Desmond Brown
CASTRIES, Santa Lucía, Jul 10 2018 (IPS)

El loro amazona de Santa Lucía es una de las especies más conocidas y una de las más sorprendentes, destacan los conservacionistas, con su plumaje verde chillón, la frente morada y las alas rojizas. Pero pronto podría desaparecer de este país insular del Caribe.

El cambio climático y la falta cuidados ambientales podrían tener consecuencias devastadoras en la salud de los ecosistemas de este país de gran diversidad biológica, alerta la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Sean Southey, presidente de la Comisión de Educación y Comunicación (CEC) de la UICN, dijo a IPS que urgen acciones para salvaguardar la biodiversidad de Santa Lucía, bajo una constante amenaza.

“El cambio climático hace que países como Santa Lucía experimenten eventos climáticos extremos. El aumento de los huracanes, el mal clima y los deslizamientos de terreno son consecuencias increíbles (del recalentamiento planetario)”, explicó.

Con menos de 616 kilómetros cuadrados, Santa Lucía tiene una riqueza de animales y plantas excepcional. En esta isla viven más de 2.000 especies autóctonas, de las cuales casi 200 no se encuentran en ningún otro lugar.

Otras especies cuya supervivencia también preocupa son el enebro, el coral cuerno de ciervo y la serpiente Erythrolamprus ornatus, actualmente localizada en las islas María, la que está en peor situación.

También están en riesgo los bosques de manglares y los humedales, observó Southey.

Pero no es demasiado tarde para actuar, y urgió a Santa Lucía y a sus vecinos del Caribe a aprovechar sus pequeñas dimensiones.

“Al ser islas pequeñas, es posible que la sociedad real se involucre. Lo que quiere decir que ayuda a la gente a conectar con el ambiente”, explicó.

“Quiere decir que necesitan saber y sentir y apreciar que su comportamiento individual hace la diferencia. En especial, las decisiones en materia de biodiversidad como planificar el uso de la tierra”, explicó.

“Si va a vender el terreno familiar, ¿lo vende para construir otro centro turístico, para hacer un terreno de golf o para producir bananas orgánicas?”, planteó.

“Esas son las decisiones individuales que la gente tiene tomar para proteger una isla o dañarla”, añadió.

Santa Lucía tiene una riqueza excepcional de animales y plantas. En este país insular viven 2.000 especies autóctonas, de las cuales casi 200 no están en ningún otro lugar. Crédito: Desmond Brown/IPS.

La gestión a conciencia de los manglares y de las costas, “puede crear mecanismos naturales que le permiten atenuar y proteger a la sociedad de las consecuencias del cambio climático”, añadió Southey.

El presidente del CEC señaló que los eventos climáticos extremos obligaron a la población del Caribe a entender el cambio climático más que en otros países.

“Si tiene más de 30 años en el Caribe, habrá visto la variación del clima. No es una noticia que escucha en los informativos, es una realidad que siente todos los años durante la temporada de huracanes. Creo que hay una comprensión”, observó.

En septiembre de 2017, el huracán Irma destrozó muchas islas vecinas a Santa Lucía, como Barbuda.

El huracán de categoría cinco destruyó la colonia de fregatas, desapareciendo la mayoría de las 10.000 aves, así como el bosque de manglares, donde anidaban y se reproducían.

Muchos países del Caribe trabajan en la construcción de barreras naturales y en soluciones naturales contra el cambio climático, pero Southey todavía cree que se puede fortalecer mucho más la noción de que la gente también puede hacer lo suyo para ayudar.

Reducir los desperdicios plásticos

En junio de 2016, Antigua y Barbuda marcó el camino en el Caribe al prohibir el uso comercial de bolsas plásticas.

El ministro de Salud y Ambiente de ese país, Molwyn Joseph, dijo que se tomó la decisión con el fin de reducir el volumen de bolsas que terminan en los cursos de agua y en los humedales.

“Le damos a nuestros manglares la posibilidad de luchar por ser una fuente de vida marina saludable, lo que no hará más que beneficiar a la gente”, añadió.

Antigua y Barbuda también se convirtió en el primer país de la Organización de Estados del Caribe Oriental y el segundo de la Comunidad del Caribe en ratificar el Protocolo de Nagoya del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB).

El Protocolo de Nagoya ofrece un marco legal y transparente para la efectiva implementación de uno de los tres objetivos del CDB: el intercambio justo y equitativo de beneficios a partir de la utilización de los recursos genéticos.

Una de las mayores cadenas de supermercados del Caribe lanzó el 3 de este mes una campaña contra el uso de bolsas plásticas y alentar a usar bolsas reutilizables para hacer las compras como una alternativa más amigable con el ambiente.

El gerente de Massy Sotres en Santa Lucía, Martin Dorville, explicó que la empresa se concentra en encontrar soluciones permanentes para reducir la basura plástica y su propia demanda.

La decisión de alentar a los clientes a reutilizar bolsas plásticas fue valiente y ayudará a gestionar las consecuencias negativas que conlleva su uso.

“Estoy encantado de que uno de los principales supermercados haya decidido prohibir las bolsas plásticas. Es un comportamiento puntual, pero que ayuda a todos a darse cuenta que las acciones individuales marcan la diferencia”, explicó Southey a IPS.

“Cuando uno circula por Santa Lucía, se ven las bolsas viejas desperdigadas en el paisaje, así que realmente lo aprecié”, indicó.

“Pero lo que realmente me gustó fue que cuando gasté más de 100 dólares, me dieron una bolsa reciclable como bono para invitarme a usarlas y que mi comportamiento individual marque una diferencia”, destacó.

Si los escolares pudieran comprender la importancia de los manglares, los complejos ecosistemas y la necesidad de proteger los bosques, la vida silvestre y las aves en peligro, “entonces creo que podemos hacer una gran diferencia”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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Consumo de pescado crecerá 33 por ciento en América Latina para 2030

seg, 09/07/2018 - 16:49

La pesca continental es clave para la seguridad alimentaria en América Latina. En la imagen una tilapia producida en el llamado Corredor Seco de Guatemala, preparada para ser cocinada en una zona rural de Guatemala. Crédito: Rubí López/FAO

Por Corresponsal Fao
SANTIAGO, Jul 9 2018 (IPS)

Para 2030, un nuevo informe mundial pronostica un importante impulso al bajo consumo de pescado actual de América Latina y el Caribe.

Según El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018 (SOFIA, en inglés), publicado este lunes 9, la región verá un aumento considerable en su consumo total de pescado: 33 por ciento.

Esto es particularmente importante para la región, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ya que actualmente es una exportadora neta de peces y un gran productor de acuicultura, pero tiene el menor consumo por persona del mundo: solo 9,8 kilogramos (kg) por año.

En 2015, la región solo consumió 6,2 millones de toneladas de pescado, menos que todas las demás regiones del mundo, salvo por Oceanía.

Para 2030, se espera que el consumo total de pescado aumente en todas las regiones y subregiones, con un gran crecimiento proyectado en América Latina (+33%), África (+37%), Oceanía (+28%) y Asia (+ 20%).

En términos por habitante, se prevé que el consumo mundial de pescado alcance los 21,5 kg en 2030, frente a los 20,3 kg en 2016. El consumo per cápita aumentará en todas las regiones excepto en África (-dos por ciento). Las mayores tasas de crecimiento se proyectan para América Latina (+18 por ciento) y para Asia y Oceanía (+8 por ciento cada uno).

Sin embargo, a pesar de estos aumentos, el SOFIA pronostica que en 2030 aproximadamente 71 por ciento de los peces disponibles para el consumo humano (184 millones de toneladas) se consumirá en los países asiáticos, mientras que las cantidades más bajas se consumirán en Oceanía y América Latina.

Aumento de la producción de la pesca y acuicultura

El SOFIA pronostica que para 2030, la región verá un crecimiento del 24,2% en la producción de pescado (pesca y acuicultura) de 12,9 millones de toneladas a 16 millones de toneladas.

Si bien actualmente solo  4% de la población mundial dedicada a los sectores de la pesca y la acuicultura vive en América Latina y el Caribe, en la Amazonia brasileña, por ejemplo, los hogares obtienen 30% de los ingresos familiares de la pesca.

Para 2030, se prevé que la producción acuícola continúe expandiéndose en todos los continentes, y se esperan mayores aumentos, en particular en América Latina, donde crecerá un 49%, de más de 2,7 millones de toneladas a más de 4 millones de toneladas.

En la actualidad 3,8 millones de personas trabajan en acuicultura en la región, 2% del total mundial. El empleo en los sectores de la pesca y la acuicultura está creciendo moderadamente, mientras que la producción acuícola ha experimentado un crecimiento sostenido bastante alto.

Exportadora neta de pescado

América Latina y el Caribe sigue siendo una exportadora neta de pescado. Las exportaciones latinoamericanas, que comprenden principalmente camarón, atún, salmón y harina de pescado de Ecuador, Chile y Perú, se incrementaron en 2016 y nuevamente en 2017 por una mayor producción y un repunte de los precios del atún.

Para 2030, las exportaciones de pescado proyectadas de la región aumentarán en 29%, de 3,9 millones de toneladas en 2016 a 5,1 millones de toneladas. Las importaciones experimentarán un aumento aún mayor de 53%, de 2,3 millones de toneladas en 2016 a 3,5 millones de toneladas en 2030.

Caída en la captura marinas también afectó a Chile y Perú

Las capturas marinas totales a nivel mundial fueron de 79,3 millones de toneladas en 2016, lo que representa una disminución de casi 2 millones de toneladas respecto de los 81,2 millones de toneladas en 2015.

Las capturas de anchoveta de Perú y Chile -que a menudo son considerables pero muy variables debido a la influencia de El Niño- representaron 1,1 millones de toneladas de esta disminución. Sin embargo, en los últimos dos años, Perú continuó siendo el principal productor y exportador mundial de harina de pescado y aceite de pescado.

Importancia de la pesca continental

Los ecosistemas de agua dulce son fuentes importantes de peces comestibles y proveen alrededor de 40 por ciento de todos los peces destinados al consumo humano en los últimos años.

En al menos 11 países de América Latina y el Caribe, 20% o más de las personas que trabajan en la pesca de captura trabajan en la pesca continental, aunque la pesca continental constituye solo 3% de las capturas en la región.

El impacto de la pesca de captura continental puede centrarse en áreas específicas de un país: en Brasil, por ejemplo, el consumo promedio nacional de peces de agua dulce (de la pesca de captura continental y acuicultura de agua dulce) es bastante bajo.

Solo es 3,95 kg por persona por año en 2013, pero en la cuenca del Amazonas, este mismo consumo es cercano a los 150 kg por habitante por año.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO

El artículo Consumo de pescado crecerá 33 por ciento en América Latina para 2030 fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Agricultores africanos excluidos de acciones por la seguridad alimentaria

seg, 09/07/2018 - 13:18

Ibrahim Ndegwa, en una granja en Ngangarithi, Wetlands, en el condado de Nyeri, en el centro de Kenia. A los especialistas les preocupa que los agricultores locales queden al margen de las iniciativas contra la desertificación. Crédito: Miriam Gathigah/IPS.

Por Miriam Gathigah
NAIROBI, Jul 9 2018 (IPS)

El keniata Joshua Kiragu recuerda la época en que dos hectáreas le bastaban para llenar por lo menos 40 sacos de maíz. Pero eso fue hace 10 años, ahora apenas si logra llenar 20 del pequeño terreno que le quedó de menos de una hectárea.

Kiragu, de la región del valle del Rift, en Kenia, dijo a IPS que los eventos climáticos extremos de varios años siguen golpeando a su otrora pujante emprendimiento.

Y no es el único. Las consecuencias de la degradación del suelo y de la desertificación son algunos de los grandes desafíos que los pequeños agricultores tienen que afrontar en la actualidad.

“La presión poblacional llevó a una extrema división de tierras, lo que hace que los agricultores tengan cada vez con menos superficie y complica la buena gestión. Las parcelas más pequeñas favorecen el abuso porque plantan todos los años”, explicó Allan Moshi, especialista en políticas agrarias en África subsahariana.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran que la mayoría de los agricultores de África cultivan en menos de una hectárea.

“Ese es el caso de Zambia, donde casi la mitad de los agricultores cultivan en menos de una hectárea, y por lo menos 75 por ciento de los pequeños agricultores plantan en menos de dos hectáreas”, explicó Moshi a IPS.

Los pequeños agricultores contribuyen a la degradación del suelo por la mala gestión, pero a especialistas como Moshi les preocupa que queden fuera de los esfuerzos para hacer frente al problema de la desertificación.

“Su exclusión seguirá limitando el éxito de las actuales intervenciones”, añadió.

Moshi dijo que la situación es grave porque los pequeños agricultores de África representan por lo menos 75 por ciento de la producción agrícola, según la FAO.

En Zambia, por ejemplo más de 600.000 agricultores con menos de una hectárea producen alrededor de 300.000 toneladas de maíz.

Ese volumen permite cubrir las necesidades alimentarias de los 17 millones de habitantes, pero la falta de sistemas de irrigación modernos deja a sus cultivos vulnerables frente a eventos climáticos nocivos.

A fin de afrontar la pérdida de fertilidad del suelo y mejorar el suelo, los agricultores tienen que “adoptar sistemas de semillas más resilientes, mejores prácticas agrícolas y tecnología”, puntualizó.

El experto agroforestal Reckson Matengarufu, especializado en seguridad alimentaria de Zimbabwe, explicó que en la década pasada, Zambia se unió a la lista de países con déficit de lluvias, escasez de agua, temperaturas generalmente elevadas y reducción de las tierras cultivables.

Otros países en esa situación son Burkina Faso, Chad, Gambia, Ghana, Malí, Nigeria, Ruanda, Senegal y Zimbabwe.

“También son países que suscribieron y ratificaron la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) que busca combatir la desertificación y hacer frente a las consecuencias de la sequía y, en particular, a las amenazas a la seguridad alimentaria por las inusuales altas temperaturas”, explicó Moshi.

Pero Matengarufu subraya la necesidad de que los países construyan capacidades y que los pequeños agricultores comprendan los esfuerzos transformadores.

“Es necesario introducir la agroforestería, que permite a los agricultores integrar árboles, cultivos y ganado en el mismo terreno, en las conversaciones sobre seguridad alimentaria y nutricional”, puntualizó.

Según la UNCCD, solo en Zimbabwe, más de la mitad de las tierras cultivables se ven afectadas por la degradación del suelo. Y en Burkina Faso, unas 470.000 hectáreas de las 12 millones cultivables están en riesgo de sufrir una degradación severa.

Expertos como la profesora de horticultura Mary Abukutsa-Onyangoen, de la UNiversidad Jomo Kenyatta de Agricultura y Tecnología, en Kenia, suenan la voz de alarma sobre cómo la desertificación reduce rápidamente la superficie de las tierras aptas para la agricultura.

Especialistas en agroforestería alientan a los agricultores a integrar cultivos “para beneficiarse con muchos cultivos y no solo del maíz en el mismo terreno cada año”, explicó Matengarufu.

El sistema de semillas en África impide que los agricultores atenúen el impacto de la degradación del suelo en sus terrenos, añadió Abukutsa-Onyango.

Las investigaciones muestran que para que África subsahariana mejore la producción es necesario revisar el sistema de semillas y el promedio de edad de las más comunes para que disminuyan de los actuales 15 a 20 años hasta por debajo de los 10 años.

“Los agricultores pierden rápidamente su capacidad de producir porque ahorran semillas de cosechas anteriores, piden prestado a sus vecinos o compran no certificadas en los mercados locales”, explicó.

Pero “esas semillas no pueden resistir los graves desafíos que afronta el sector agrícola”. añadió Abukutsa-Onyango.

En países como Kenia, Malawi y Zimbabwe, los agricultores reciben por lo menos 90 por ciento de sus semillas del sector informal.

Investigaciones de la Alianza para la Revolución Verde en África (AGRA) muestran que solo 20 por ciento de los agricultores utilizan variedades de semillas mejoradas.

“Para que los países africanos logren la seguridad alimentaria y nutricional, los agricultores deben tener acceso a una variedad de alto rendimiento, diseñadas como medidas de adaptación, y prosperen a pesar de las elevadas temperaturas y del clima imprevisible” que experimentamos, explicó.

En ese contexto, AGRA denunció el hecho que todavía hay muy pocas compañías productoras de semillas privadas en África.

AGRA sigue promoviendo la creación de esas compañías. También contribuyó al crecimiento de empresas locales en toda África subsahariana, con la excepción de Sudáfrica, pasando de apenas 10, en 2007, a por lo menos 10 veces más, para este año.

Los especialistas subrayan que en promedio el uso de semillas mejoradas y prácticas agrícolas propias permitirá que los agricultores produzcan más del doble de lo que producen actualmente.

Sin embargo, Moshi señaló que la lucha contra los efectos de la sequía y la desertificación está lejos de ganarse.

También denunció la exclusión de las comunidades locales y la falta general de conciencia, en particular entre los agricultores, sobre la conexión entre la mala gestión de tierras y la degradación del suelo.

“También dividimos las opiniones entre los actores y expertos sobre las estrategias efectivas para combatir la desertificación, las limitaciones financieras y, en muchos países, la falta de voluntad política”, concluyó.

Traducción: Verónica Firme

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El artículo Agricultores africanos excluidos de acciones por la seguridad alimentaria fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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