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Atualizado: 3 semanas 23 horas atrás

No llegan fondos climáticos a países con bosques salvadores

qui, 14/02/2019 - 13:17

El vicepresidente de Suriname, Michael Ashwin Adhin, inaugura la conferencia internacional sobre fondos para el clima para países con alta cobertura forestal y baja deforestación, países HFLD. Crédito: Cortesía: Desmond Brown.Por Desmond BrownPARAMARIBO, Feb 14 2019 (IPS) Suriname, el país más forestado del mundo, organizó esta semana una gran conferencia internacional sobre recursos económicos para ayudar a los países con gran cobertura vegetal y baja deforestación a hacer frente a los desafíos climáticos. La conferencia, realizada entre el 12 y el 14 de este mes, buscó crear conciencia en la comunidad internacional sobre la gran importancia de los países con extensa cobertura vegetal y baja deforestación (HFLD, en inglés) y su papel en la lucha contra el cambio climático. Otros países en esa categoría incluyen a Panamá, Colombia, República Democrática del Congo, Perú, Belice, Gabón, Guyana, Bután, Zambia y Guayana Francesa. La reunión de alto nivel también buscó fortalecer la estructura de pago para los servicios de los ecosistemas para luego promover un desarrollo sostenible, a la vez que mitigar el riesgo de destrucción forestal y de pérdida de biodiversidad. “Los bosques dan placer a nuestras vidas. Cerca de la cultura y el ocio, nos proveen de, entre otras cosas, alimento, madera, aire puro y oxígeno. Pero también tienen beneficios importantes, como la mitigación y la adaptación al cambio climático”, destacó el vicepresidente de Suriname, Michael Ashwin Adhin, en su discurso inaugural. “Quisiera subrayar el hecho de que Suriname hace tiempo que mantiene la cobertura vegetal en 93 por ciento de su territorio, la que provee de múltiples beneficios a la comunidad global, en particular, en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, para las generaciones actuales y las futuras”, destacó. Adhin también recordó que el cambio climático y el aumento del nivel del mar son una gran amenaza para este país caribeño, con una costa baja y donde se ubica más de 75 por ciento de su población y donde está la mayor parte de la infraestructura económica y social. “Tenemos que encontrar remedios a esos problemas que no causamos. Somos conscientes de la situación similar en la que se encuentran muchos otros países”, acotó. Por último, reiteró la intención de Suriname de seguir siendo un país HFLD. Según sus antecedentes, se sienten obligados a promover esa causa en la agenda internacional, así como en otros ámbitos. “Tomamos la iniciativa de esta conferencia porque reconocemos que juntos como países HFLD, somos más fuertes y constituimos una masa crítica, encabezando un movimiento para el reconocimiento de nuestro aporte a la comunidad global y para la cooperación que apunta a aumentar la contribución de la deuda, mientras que gozamos de un crecimiento económico sostenible y equitativo”, explicó. “Los desafíos son enormes”, admitió, en especial para movilizar recursos económicos, entre otros. “Desde hace tiempo, Suriname mantiene la cobertura vegetal en 93 por ciento de su territorio, la que provee de múltiples beneficios a la comunidad global, en particular, en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, para las generaciones actuales y las futuras”: vicepresidente de Suriname, Michael Ashwin Adhin. Crédito: Desmond Brown/IPS. El representante para cuestiones ambientales de Suriname, Winston Lackin, dijo que hace dos años, el gobierno tomó la decisión de comprometerse a mantener su posición de estar entre los países más forestados del mundo y los que tienen una huella de carbono neutral. “Cuando nos comprometimos en noviembre de 2017 en la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Bonn, también dijimos que no estaríamos en posición de hacerlo solos, necesitaríamos cooperación técnica, experiencia, apoyo económico, alianzas durables y voluntad política a escala nacional, pero también internacional”, recordó Lackin en diálogo con IPS. “Sabemos que 30 por ciento de las tierras emergidas del mundo son bosques”, puntualizó. “De ese 30 por ciento, casi una cuarta parte está en los países HFLD en desarrollo. Cuando conocemos el valor y el papel que desempeñan los bosques en la mitigación y la adaptación y los efectos añadidos del cambio climático, sentimos que es hora de otro tipo de debate en lo que respecta al acceso a fondos”, observó. Al señalar que solo ocho por ciento de los recursos económicos internacionales se destinaron a los países HFLD en desarrollo en la pasada década, Lackin dijo que uno no puede esperar que esos países en desarrollo cumplan con sus compromisos enmarcados en el Acuerdo de París sobre cambio climático, cuyos objetivos incluyen impulsar la adaptación y limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de los dos grados centígrados. Vale destacar, según él, que los países HFLD hace tiempo que contribuyen a la mitigación de los efectos negativos del recalentamiento global, de hecho mucho antes de la existencia de conferencias sobre cambio climático. Esos países estaban tienen grandes dificultades para resolver problemas de desarrollo económico y social, mientras que al mismo tiempo padecen los efectos negativos de un fenómeno del que no son responsables, recordó. “Tenemos la obligación de dejar un mundo para los jóvenes, para la próxima generación. Es nuestra responsabilidad común, una responsabilidad conjunta de todos nosotros”, apuntó. Esta conferencia es el fruto de la estrecha colaboración entre el gobierno de Suriname y múltiples entidades de las Naciones Unidas, destacó Shantanu Mukherjee, jefe del sector Análisis de Políticas, de la División para Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. La reunión de Suriname es muy oportuna porque las últimas investigaciones claramente demuestran que los países HFLD contribuyen de forma significativa a la salud del planeta, pero por desgracia también sufren una gran falta de fondos, observó. Es algo que se pasó por alto durante muchos años, acotó. “Está en juego el papel que desempeñan los bosques de los países HFLD en el almacenamiento de carbono, así como en la provisión de alimentos, agua, refugio y fuentes de ingreso para decenas de millones de personas”, añadió Mukherjee. “Si no se atiende la brecha económica, pronto los países HFLD quedarán en la desafortunada situación de tener que elegir entre su papel global en la lucha contra el cambio climático, por un lado, y sus aspiraciones legítimas en materia de desarrollo de sus pueblos, por otro. Muchos ya se encuentran en la acuciante situación de necesitar apoyo económico para allanar el camino hacia un futuro verde más sostenible en el que nadie quede rezagado”, añadió. Mukherjee recordó que la conferencia se realizó a continuación de importantes descubrimientos científicos sobre la importancia de los bosques de los países HFLD en la lucha contra el cambio climático y al principio de un año repleto de hitos y de debates internacionales sobre el recalentamiento global. “Haremos lo máximo para llevar los mensajes (de los países HFLD) a otros eventos climáticos y a próximas reuniones de desarrollo”, se comprometió Mukherjee, al expresar el total apoyo del foro mundial a ese grupo de naciones. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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El potencial económico de la espesura de los bosques en Cuba

qua, 13/02/2019 - 14:45

Algunos trabajadores sierran troncos con maquinaria obsoleta en El Aserrío, la pequeña y centenaria planta procesadora de la estatal Empresa Agroforestal Guamá, en el municipio montañoso de Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba, en el este del país insular caribeño. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS https://c2.staticflickr.com/8/7927/33208291618_9294326580_o.jpg Por Ivet GonzálezLA HABANA, Feb 13 2019 (IPS) Un ruido ensordecedor y nubes de polvo rodean a los trabajadores que con viejas máquinas cortan tablones de un ancho tronco transportado hasta el aserradero de Guamá, un municipio montañoso y costero en el este de Cuba. Con movimientos ágiles y esforzados, los operarios faenan bajo la larga nave de altos techos y sin paredes de esta pequeña planta, situada en un extenso descampado bordeado de casas, elevaciones y árboles, que muestran las grandes reservas de esta localidad, con 52 por ciento de su territorio cubierto por bosques. “Si se lograra extraer 10.000 metros cúbicos anuales, tendríamos madera para 20 años sin afectar el bosque”, reveló Ramón Velázquez, el director de la estatal Empresa Agroforestal Guamá, a cargo de la producción agrícola del municipio de 35.442 habitantes, que obtiene madera, carbón vegetal, café, leche, miel, frutas y hortalizas. “Ahora estamos produciendo con apenas dos camiones y un aserrío (aserradero) de más de 100 años”, dijo sobre la causa por la que extraen cada año apenas 2.500 metros cúbicos de maderas, fundamentalmente de pino. “Estamos entre las cinco empresas forestales del país que tienen mayor nivel de bosques que se pueden talar”, detalló a IPS. Como resultado de un programa conservacionista, Cuba ostenta hoy en día un territorio cubierto por árboles en 31,2 por ciento. Las mayores extensiones se registran en la provincia de Santiago de Cuba, adonde pertenece Guamá, seguida de Pinar del Río, en el extremo occidental del país y el tradicional polo forestal. En contraste,  en provincias como La Habana, Cienfuegos y Las Tunas, los índices de cobertura boscosa resultan bajos. Partiendo de una vasta deforestación, propia de un país de tradición azucarera, las autoridades cubanas lograron repoblar de árboles gran parte del territorio nacional en un escenario de depresión de la industria forestal, que el sector aspira a revertir para lograr los planes de desarrollo.   Exterior de la nave donde funciona el aserradero de la estatal Empresa Agroforestal Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba, en el este del país, al lado de una de las boscosas montañas que caracterizan al municipio de Guamá. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS El balance entre conservación y economía adquiere nuevos retos a medida que avanza la reforma económica iniciada en 2008, que persigue elevar las producciones locales para reducir importaciones, dispara la demanda de materiales de la construcción y busca que 24 por ciento de la generación de electricidad en 2030 provenga de fuentes renovables. Voces especializadas estiman que se requiere llevar a los anaqueles cubanos al menos 500.000 metros cúbicos anuales de madera y derivados para restituir el abastecimiento previo a la crisis económica que comenzó en 1991 y perdura hasta hoy, aunque entonces se lograba con importaciones del extinto bloque soviético. La industria forestal de Cuba,  que arrastra una crónica obsolescencia tecnológica, apenas logra 131.000 metros cúbicos anuales con problemas de eficiencia y aprovechamiento. Al parecer el país importa un discreto volumen anual situado en torno a 15.000 metros cúbicos de madera, aunque no existen cifras públicas actualizadas al respecto. “Nuestras plantaciones se desfasan, se demoran más años de lo establecido en ser taladas”, lamentó Velázquez. “Tenemos pinos que cuatro hombres no los abracan y eso nos dificulta luego aserrarlos”, continuó el director, que espera por financiamiento para construir un nuevo aserradero y adquirir buldóceres, camiones y equipamiento extractivo. Un operario corta tablones en el aserradero de la estatal Empresa Agroforestal Guamá, en ese municipio de la región de Oriente, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS Conocido como el municipio más largo de este país insular caribeño, Guamá dispone de “un alto potencial maderero”, consideró Omardín Samardín, el director de El Aserrío, que pertenece a la empresa agroforestal y emplea a 211 trabajadores, de los cuales 36 son mujeres y varias participan en la silvicultura. A su juicio, no hay que temerle al crecimiento de la actividad maderera: “hacemos buen manejo del bosque, por cada árbol que cortamos, sembramos 40 nuevos”. El patrimonio forestal cubano está compuesto en 23 por ciento por bosques de conservación, que no pueden ser tocados. El resto se divide en 46,3 por ciento de bosques protectores de aguas y suelos y 30,6 por ciento de bosques productores, de los que se extrae madera aserrada, resina de pino y carbón vegetal. “El Aserrío tiene una capacidad de ocho metros cúbicos, pero produce de nueve a 11 metros cúbicos diarios”, explicó Samardín a IPS, sobre la planta que obtiene cada año 2.500 metros cúbicos de madera aserrada, 1.800 metros cúbicos de madera rolliza y 30.000 envases. Además, siembra 450 hectáreas de nuevos árboles. Este sobresfuerzo se realiza para cumplir con los planes establecidos y en busca de mejorar los ingresos de los trabajadores, que ganan más si producen más. Cubierto de polvillo,  Diolvis Céspedes lija tablones en el aserradero, adonde regresó luego de probar suerte en otro sector. “Estoy en el mismo puesto de trabajo, me queda cerca de la casa y gano en dependencia de la producción”, dijo el joven, que es natural de Guamá, donde resultan limitadas las opciones laborales. En una carreta tirda por un caballo, dos hombres transitan por una carretera en una zona rural del municipio montañoso de Guamá, en el este de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS Cuando se logre la modernización tecnológica de la industria, la directora de capital humano de la empresa agroforestal, Lourdes Perdomo dijo que reduciría la plantilla vinculada a la producción de madera para fortalecer “la actividad netamente productiva de los bosques y dar continuidad a ese proceso industrial”. Gracias a su excelente adaptación al clima de Guamá, los pinares engrosan los bosques productivos del municipio, aunque el sector forestal local incursiona en la siembra del muy codiciado cedro y la baría (Cordia gerascanthus), además de otras variedades más duras con destino a la elaboración de carbón vegetal. Otra perspectiva de manejo, que equilibre economía y ecología, parece cernirse sobre los bosques cubanos, casi abocados en los últimos tiempos a los servicios ambientales. “El mayor impacto del sector forestal en la economía es la protección ambiental”, explicó Bernardino Prieto, responsable de Economía del gobierno provincial de Santiago de Cuba. “Aquí nunca se ha visto como un negocio lucrativo, aunque hay una producción importante de madera por nuestro escenario natural”, detalló a IPS. Tras décadas sin exportar casi productos forestales, el ramo vende en el exterior 30.000 toneladas de carbón vegetal por un valor de 9,6 millones de dólares y 650 toneladas de resina de pino. Además, abastece con producciones madereras locales al mercado interno, lo que ahorra en importaciones el equivalente a 20,3 millones de dólares, según datos oficiales. Y en busca de más participación de las fuentes renovables de energía, las autoridades trabajan en la creación de bosques energéticos, que deben producir 3.277.000 toneladas de madera para abastecer a 25 bioeléctricas por construir en el país. El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, entre otras funciones, paga a los productores que creen o conserven pequeños bosques como servicio ambiental para la protección del agua y los suelos. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Reforma previsional decidirá la suerte de nuevo gobierno en Brasil

qua, 13/02/2019 - 11:06

El ministro de Economía, Paulo Guedes (D) y el nuevo presidente del Senado, Davi Alcolumbre, tras un encuentro en Brasilia. El papel de Alcolumbre es determinante en el proceso para aprobar la reforma del sistema previsional de Brasil, que necesita el voto de tres quintas partes de las dos cámaras del parlamento, al requerir una enmienda constitucional. Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência BrasilPor Mario OsavaRÍO DE JANEIRO, Feb 13 2019 (IPS) Reformar el sistema de previsión social será la primera y decisiva batalla del nuevo gobierno de Brasil, cuyo desenlace se espera para para mediados de este año y debe dictar el futuro de la extrema derecha en el poder. Con esa reforma se asegura un crecimiento sostenible de la economía por una década, prometió Paulo Guedes, al tomar posesión el 2 de enero como ministro de Economía, un cargo creado para concentrar los poderes que antes se distribuían entre varias carteras, con una amplitud sin precedentes. Una recuperación económica y una neta reducción del desempleo le daría al gobierno fuerza y cohesión para impulsar la agenda ultraconservadora en otras áreas, como la educativa, ambiental, de costumbres y seguridad pública, es decir el alma de los grupos que triunfaron en las elecciones de octubre.“La reforma previsional es impopular, trata de revisar derechos adquiridos a que las personas no aceptan renunciar, al creer que el déficit se debe a la corrupción y a privilegios de otros. Por eso articular apoyo político es indispensable”: Luis Eduardo de Assis. “Si no se aprueba la reforma previsional en el (legislativo) Congreso Nacional, se agrava la crisis económica y no avanza la pauta moral”, sostuvo Luis Eduardo de Assis, profesor de economía de la Universidad Católica de São Paulo y exdirector de política monetaria del Banco Central. Esa premisa condujo los coordinadores políticos del gobierno a postergar los trámites de las demás iniciativas para después de la esperada aprobación parlamentaria de cambios en la previsión social, que en este país de 209 millones de personas engloba las jubilaciones y pensiones. Aún no se conoce los términos de la propuesta que presentará el gobierno. Como se trata de una enmienda constitucional, el proyecto tendrá que obtener mayoría de tres quintos de los diputados y de los senadores, en dos votaciones en cada una de las cámaras legislativas. Trascendieron algunas versiones discutidas entre autoridades económicas y políticas, pero el proyecto que se presentará ante el parlamento solo se formalizará con el visto bueno del presidente Jair Bolsonaro, precisó Guedes. El mandatario deberá dar su última palabra sobre el tema tras salir del hospital en São Paulo, donde estuvo estuvo internado desde el 27 de enero hasta este miércoles 13, recuperándose de una cirugía de recomposición de los intestinos, sometidos a una colostomía desde septiembre, cuando sufrió una ataque a cuchillo durante la campaña electoral. Una neumonía prolongó su hospitalización más de lo esperado, lo que provocó altibajos en el mercado cambiario y de acciones, un reflejo de la ansiedad entre los agentes económicos. Guedes adelantó que, si se aprueba la reforma, el sistema previsional ahorrará cerca de un billón de reales (270.000 millones de dólares, al cambio actual) en los próximos 10 años. No se espera que salga la decisión definitiva del parlamento antes de julio. En Brasil hay en la actualidad un mayoritario consenso sobre la necesidad de cambios en la previsión social, tras la dura recesión económica de 2015 y 2016, cuando el producto interno bruto cayó 3,5 y 3,3 por ciento respectivamente. Desde entonces la economía brasileña se recupera pero a un ritmo muy débil, con crecimiento de uno por ciento en 2017. La tasa de desempleo, que alcanzó 12,7 por ciento como promedio en ese año, bajó solo a 12,3 por ciento en 2018. El déficit fiscal es señalado como el gran obstáculo a una recuperación más fuerte y se debe principalmente al creciente desequilibrio en el sistema de previsión social. Brasil, con 209 millones de habitantes, tiene un sistema considerado demasiado generoso, especialmente para los funcionarios públicos. Hay trabajadores, como las maestras y profesoras de la educación pública, que se jubilan con su salario integro con menos de 50 años, porque ganan ese derecho al cumplir 25 años de trabajo y pueden empezar a laborar a los 16 años. Un punto central en las actuales propuestas fija una edad mínima para la jubilación, aún ausente en las reglas brasileñas. Se habla de 65 años para todos o solo para los varones, bajando el límite a 62 años para las mujeres. Bolsonaro planteó como hipótesis 62 y 57 años, respectivamente, con un aumento gradual de esa edad mínima en el futuro próximo. Sin embargo, hay muchos rubros en discusión, como los regímenes distintos para el sector privado y el público, las pensiones de viudedad, de otros dependientes y de discapacitados, además de la jubilación de los trabajadores rurales. Los militares, por su parte, pretenden un trato especial, porque no consideran que dentro de las fuerzas armadas se produce una jubilación, sino un tránsito a la reserva que supone la posibilidad de movilización en cualquier momento. Por eso, al igual que otros funcionarios público, ganan el mismo sueldo de los activos, a veces incluso bastante más. A tales privilegios, criticados como una “transferencia de ingresos” hacia los mejor remunerados que amplia desigualdades, se les pondrá fin, según el ministro de Economía. Los militares, con siete oficiales entre los 22 ministros del actual gobierno y otras decenas de representantes en el segundo rango, aceptaron al parecer participar en los “sacrificios”, al aumentar de 30 a 35 años su tiempo de actividad y sus contribuciones al sistema. El déficit previsional en el sector militar es el que más crece, alcanzando el equivalente a cerca de 11.000 millones de dólares anuales, una suma similar a la de los funcionarios públicos civiles y cerca de un quinta parte del déficit total registrado en el régimen general, del sector privado, en 2018. La diferencia es que los militares “inactivos” ganan 17 veces más, como promedio, que los jubilados civiles del sector privado. Mientras el régimen general tiene 29 millones de beneficiarios, el de los militares solo 380.000. El gobierno tiene “una oportunidad de oro, fantástica” para promover una profunda reforma previsional, en contraste con intentos anteriores que se frustraron, por rechazo parlamentario o por metas demasiado limitadas, destacó Assis a IPS. Además de la legitimidad con que cuenta el gobierno por su reciente triunfo electoral, ha habido un largo debate sobre el tema en los últimos años y la oposición está debilitada para resistir. “Pero falta articulación política, no se sabe quien coordina la acción parlamentaria, cual es la propuesta oficial”, entre las varias que trascendieron, observó el economista. “La reforma previsional es impopular, trata de revisar derechos adquiridos a que las personas no aceptan renunciar, al creer que el déficit se debe a la corrupción y a privilegios de otros. Por eso articular apoyo político es indispensable”, arguyó. Además Assis no comparte la creencia de que la contención del principal agujero de recursos públicos produzca crecimiento económico automáticamente. “Es condición necesaria, pero no suficiente para una recuperación económica, que exige otras medidas para promover inversiones. Es un proceso largo”, concluyó el académico. El ministro de Economía también pretende en el futuro introducir en el sistema brasileño el modelo de capitalización, adoptado en Chile en 1981 y en revisión hoy, en que cada persona en edad activa hace sus ahorros que son administrados por empresas privadas y compondrán su jubilación futura. Guedes, con postgrados en la Escuela de Chicago,  trabajó en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando los llamados “Chicago boys” pusieron en marcha sus políticas económicas neoliberales, incluyendo ese controversial  sistema. Es un sistema individual, al contrario del vigente en Brasil y en la mayor parte de los países, un sistema de repartición solidaria en que todos contribuyen a un fondo colectivo. El aporte de los trabajadores actuales permite remunerar los jubilados, pero su déficit tiende a crecer con el envejecimiento de la población y reducción de la mano de obra activa. Edición: Estrella Gutiérrez El artículo Reforma previsional decidirá la suerte de nuevo gobierno en Brasil fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Drones al rescate de pequeños agricultores en África

qua, 13/02/2019 - 10:18

La empresaria tanzana del sector de tecnologías de la información y la comunicación, Rose Funja, muestra uno de los drones que usa como herramienta en su empresa de mapeo de datos. Crédito: Busani Bafana/IPS.Por Busani BafanaBULAWAYO, Zimbabwe, Feb 13 2019 (IPS) Hace seis años, cuando la empresaria tanzana Rose Funja pensaba en cómo utilizar su formación de ingeniera decidió participar en una competencia con una idea que, años después, se convertiría en un negocio viable que beneficia a pequeños agricultores de Tanzania a conseguir un crédito. En este país de África oriental, es difícil para los agricultores conseguir préstamos porque muchos no tienen activos ni antecedentes de desempeño para ofrecer de garantía. Pero Funja, especializada en tecnologías de la información y la comunicación, tuvo una idea para ayudarlos, y en particular a las mujeres, a obtener pruebas de que son propietarios de su terreno para usar como garantía y acceder a un crédito. Fue una solución ingeniosa, que ideó sirviéndose del sistema de información geográfica (SIG) para generar datos útiles para los agricultores. “Un agricultor puede tener un gran terreno, pero si no es propietario legalmente, no lo puede usar de forma productiva”, explicó Funja a IPS. En 2013 ingresó en el Programa de Talentos AgriHack para África Oriental, una competencia organizada por el Centro Técnico para la Cooperación Rural y la Agricultura (CTA), con sede en Holanda. La idea de Funja quedó en segundo lugar y recibió un premio en efectivo y mentoría del Centro de Innovación de Buni, en Tanzania. En 2015, con un socio y estudiantes de la Universidad de Bagamoyo, la ingeniera desarrolló AgrInfo y, un año después, comenzó a trabajar a tiempo completo. AgroInfo tiene información de los agricultores, de la superficie de sus terrenos y de la ubicación, así como del tipo de cultivos que plantan. Los datos se cargan en una plataforma en línea que las instituciones financieras pueden consultar para evaluar su solvencia y si reúnen las condiciones para otorgarles un préstamo. “Información procesable en tiempo real es clave para tomar decisiones, en especial en la agricultura”, señaló Funja, quien estudió ingeniería de sistemas e hizo una maestría en ingeniería en sistemas de información y comunicación. El Banco de Desarrollo Africano señala que más de 12 millones de jóvenes ingresan al mercado laboral cada año y solo se crean tres millones de puestos de trabajo. Pero la agroindustria ofrece enfoques innovadores para que desarrollen los jóvenes y aporten soluciones TIC ingeniosas para pequeños agricultores. “Las TICs son un punto de inflexión en el desarrollo de la agricultura. La tecnología ofrece a los jóvenes beneficios económicos gracias a la venta de bienes y servicios mediante plataformas en línea”, observó Funja. AgrInfo pudo ayudar, por un precio módico, a más de 300 pequeños agricultores de Dodoma a acceder a instituciones financieras gracias al mapeo de sus terrenos. “Ayudamos a los agricultores a conocer lo que tienen y (así) utilizar sus terrenos para conseguir créditos y comprar insumos”, precisó. El éxito es el resultado del ensayo y el error, de la pasión y de la creación de valor, destacó Funja. La idea es aumentar el número de suscriptores del servicio a un millón, y ampliar el servicio a otros actores de la cadena de valor de la agricultura, como los servicios estatales de extensión. Buen comienzo Al comienzo, Funja utilizó SIG y dispositivos manuales con GPS para reunir datos. En 2017, entró en contacto a través del CTA con sistemas aéreos no tripulados y se capacitó en la gestión empresarial del manejo de drones, los que proveen información de forma más rápida y más precisa. Incluso, Funja fue una de las pilotas pioneras en Tanzania. El CTA colaboró con Parrot, fabricante francés de drones, para ayudar a las nuevas empresas a desarrollar la precisión necesaria para la agricultura africana. El proyecto del CTA de dos años, que comenzó en 2017, procura ayudar a crear unas 30 empresas dirigidas principalmente por jóvenes empresarios en los países africanos con una legislación favorable. Los drones, una tecnología relativamente nueva en este continente, ofrece nuevas oportunidades para los jóvenes empresarios del sector TICs y que pueden ayudar a los agricultores a aumentar la productividad, atender sus cultivos, así como vigilar pestes y enfermedades, según la investigación del CTA. “Teniendo en cuenta que en 2017, los drones eran una nueva tecnología en África, nuestro proyecto desempeñó un papel importante en la creación de un ambiente favorable”, coincidió Giacomo Rambaldi, coordinador de programa del CTA, en diálogo con IPS. “Ayudó al Grupo Africano de Alto Nivel sobre Tecnologías Emergentes, de la Unión Africana (UA) a elegir ‘drones para una agricultura de precisión’ como una de las tecnologías más prometedoras que impulsará el desarrollo de África”, destacó. En enero de 2018, el Consejo Ejecutivo de la UA recomendó que todos los miembros aprovechen la oportunidad que ofrecen los drones al sector agrícola. África debe priorizar la adopción, el despliegue y la ampliación del uso de drones para una agricultura de precisión a través de la construcción de capacidades, apoyando la infraestructura, fortaleciendo el marco normativo y promoviendo la participación de investigadores y de otros actores, señala el estudio “Drones en el horizonte: Transformando la Agricultura de África”, de 2018. La investigación concluye que se logró optimizar el beneficio en la agricultura pues permitió aumentar la productividad y mejorar el rendimiento gracias a la aplicación de varias innovaciones a lo largo de los años, como es el uso de drones. “Esas intervenciones y la revolución verde, en particular, beneficiaron a muchos países en desarrollo, pero no fue el caso de África. La situación exige revisar las políticas y prácticas agrícolas, y la comprensión explícita de que deben formularse políticas que faciliten la promoción de esa tecnología”, recomienda el estudio. Drones para el desarrollo de la agricultura Las empresas digitales son atractivas, pero necesitan de una gestión inteligente, fondos y un compromiso total, puntualizó Funja. “Una aplicación digital es solo una herramienta, pero el valor vende. Si no hay valor, no hay negocio”, explicó. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que los drones ofrecen varias posibilidades para atender varios de los problemas más acuciantes que tiene la agricultura para acceder a datos procesables, de calidad y en tiempo real. En los próximos cinco años, el sector será el segundo en hacer un mayor uso de drones, según investigaciones de Goldman Sachs. La inversión en TICs podrá catalizar y acelerar la transformación de la agricultura y podrá aumentar tanto la productividad como los ingresos de los pequeños agricultores, según la consultora Dalberg Global Development Advisors. “África tiene la mayor cantidad de tierras cultivables del mundo, pero liberar ese enorme potencial agrícola requerirá de un despliegue estratégico de capacidades en el sector TICs”, observó Johannes Enghild, consultor de la oficina de Nueva York. “Si se aprovechan bien las nuevas soluciones de las TICs, estas pueden, por ejemplo, mejorar los vínculos de los agricultores con el mercado y atraer inversores internacionales”, apuntó. A pesar del enorme potencial agrícola de África, sigue siendo el continente con más personas con mala nutrición y que viven con inseguridad alimentaria. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Rapa Nui afronta amenazas climáticas para sus recursos y sus moai

ter, 12/02/2019 - 13:23

El Ahu Tongariki, de 200 metros de longitud, es la plataforma funeraria más grande de Rapa Nui o la Isla de Pascua. Tiene 15 estatuas de piedra volcánica o moai, ubicadas en la costa suroriental pascuence, frente al volcán Rano Raraku, y sobre ellas pende la amenaza del impacto del cambio climático en el vulnerable territorio insular chileno. Crédito: Orlando Milesi/IPSPor Orlando MilesiHANGA ROA, Chile, Feb 12 2019 (IPS) Activistas sociales y autoridades de Rapa Nui o la Isla de Pascua urgen a adoptar medidas para enfrentar el aumento de la temperatura del mar, la disminución de lluvias y una crecida de las marejadas que amenazan sus recursos pesqueros y sus moai, las misteriosas estatuas humanas de piedra volcánica. En esta isla enclavada en el océano Pacífico, en la región de la Polinesia, a 3.800 kilómetros de las costas de Chile, el país del que es parte, ya son evidentes los efectos provocados por el cambio climático. Ludovic Burws Tuki, profesor de la Aldea Educativa de Hanga Roa, donde los niños de la isla estudian educación básica y media, cuenta que con “el aumento de las temperaturas del agua algunos corales están empezando a blanquear” en las costas de Rapa Nui (rapa grande, en lengua rapanui). “Miras la isla y ahora (febrero) debería estar amarilla, pero está verde. Hay un desfase de temporadas. Está lloviendo más en un momento en que no debería. Lluvia más fuerte, más corta y muy intensa que provoca erosión que llega al mar y cubre los corales”, relató a IPS. “Ha subido la temperatura, pero mezclado con la basura, se ha generado una nueva alga en la profundidad de 80 metros (todavía en estudio), que empieza a crecer y a comerse el coral”, indicó Burws, quien también es asesor técnico de la organización Te Mau  o te Vaikava o Rapa Nui (Mesa del Mar de Rapa Nui). Esa Mesa es un colectivo de 22 representantes de diversas organizaciones, que actúa desde 2014, con el objetivo de supervisar los problemas vinculados con el entorno marino de la isla de 163,6 kilómetros cuadrados, poblada por 8.000 habitantes permanentes, la mayoría del pueblo originario rapanui. Otros daños provocados por el aumento de la temperatura es la casi desaparición del auke, una alga endémica “que antes era muy abundante”, explicó Burws. Un problema que se une, dijo, a otro que también viene del mar y afecta a la población: “toda la basura que recibimos desde afuera se transforma en micro plástico que se comen los peces y luego comemos nosotros”. El humedal Rano Kau, en el cráter del volcán del mismo nombre, aún no se ha secado como el situado en el cráter del Ranu Raraku. En este lugar se efectuaron ceremonias ancestrales, pero ahora el acceso está restringido pues su nivel de agua también descendió fuertemente. Crédito: Orlando Milesi/IPS Pedro Edmunds Paoa, alcalde del municipio de Isla de Pascua, del que Hanga Roa es su capital, dijo a IPS que “desde que en 1984 se identificó la corriente de El Niño, la isla ha ido sufriendo mermas en su fauna y flora marina”. “Hoy día se están pescando atunes chiquitos. Nosotros tenemos nombres para cada especie y cada tamaño. El que se está pescando se llama auhopu, que es un atún de 40 centímetros, un bebé atún. Porque en nuestras aguas el atún ova, nace, se cría y después migra”, contó. “Yo quiero repoblar mi mar”, subrayó la autoridad municipal. “El mar nuestro sufrió y sufre el calentamiento global, se  calentó en cinco a seis grados sobre lo que normalmente debe tener”, describió con alarma. Añadió que una medición, efectuada hace un tiempo por un barco científico de la estadounidense Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA), “detectó a 800 metros mar afuera de Hanga Roa y a 40 metros de profundidad, temperaturas de 29 grados (centígrados)”. Tradicionalmente, la temperatura superficial en la zona no pasaba de 24 grados y a esa profundidad era muy inferior. Para repoblar el mar, Edmunds impulsa un acuerdo con la chilena Universidad del Norte que tiene una estación de estudio, desarrollo y reproducción de especies, desde algas hasta peces azules como el atún, la vidriola, el pez espada y otros. El embarcadero en la plaza Hotu Matua es el centro de reunión de los rapanuis en Hanga Roa, la capital y único centro poblado de Isla de Pascua o Rapa Nui. Allí se realizó en este mes de febrero la competencia triatlón de la fiesta anual Tapati que incluye natación sobre balsas de totora y carrera con racimos de banano al cuello, y es una de las actividades tradicionales del territorio chileno en la Polinesia. Crédito: Orlando Milesi/IPS Al alcalde le preocupa también la merma de corales, que “están acostumbrados a una cierta temperatura”. “Al matar corales se mata especies que nacen de ellos, porque los corales son vida que acoge otras vidas y a partir de ahí se va creando la  cadena de lo menor a lo mayor”, explicó. Edmunds denuncia que el cambio climático no es el único responsable de la merma de atunes y otras especies marinas propias de la isla. La disminución, dijo, es favorecida también “por la pesca excesiva de naves extranjeras que entran a nuestras aguas, a pesar de que ellos insistan en que no pescan en nuestras aguas”.El “ombligo del mundo” quiere ser modelo Rapanuis de la generación de 40 años, formados en el extranjero, han regresado a la isla para contribuir a enfrentar sus problemas e impulsar un desarrollo sostenible, que convierta a esta isla especialmente vulnerable en un modelo que irradie a toda la Polinesia, desde “el ombligo del mundo”, como se define al territorio por su enclavamiento en medio del Pacífico. Ellos encabezan iniciativas para recuperar cultivos ancestrales, antiguos métodos de siembra, controlar la erosión, transformar la pesca en sostenible, aumentar la producción agrícola e incentivar la cultura ancestral y la lengua rapanui que ahora muchos jóvenes y niños ignoran. Otros 500 rapanui están formándose fuera actualmente, con la intención de reforzar esta estrategia de rescate de un desarrollo de la isla centrado en la cosmovisión de este pueblo polinesio. “Vamos a tener una gran escasez del recurso hídrico  y también el patrimonio se va a ver muy afectado tanto por el aumento del mar como por el de las marejadas”, pronosticó a IPS la abogada Tiare Aguilera Hey, quien trabaja en la planificación urbana y territorial. Ese patrimonio al que hace referencia está constituido por los moai, las míticas y gigantescas estatuas volcánicas que son exclusivas de Rapa Nui, y que junto con los ahus o altares ceremoniales, también pétreos, fueron declarados patrimonio de la humanidad en 1995 por la Unesco. Es un patrimonio que “se concentra principalmente en zonas costeras”, destacó la especialista. Además, “van a disminuir las precipitaciones y, por lo mismo,  la erosión, la acidificación y una serie de consecuencias que irán en desmedro de la agricultura y de la pesca, principalmente”, indicó. Aguilera es originaria de la isla, a la que retornó en 2013 después de realizar estudios en España y China. Desde entonces, asesora a la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua, un órgano de decisión indígena rapanui. Un parque, un consejo y una zona para defender al mar A mejorar la situación del entorno marino va a contribuir la entrada en operación del parque marino Motu Motiro Hiva, una iniciativa que quedó definitivamente plasmada en febrero de 2018,  con el decreto que lo instituyó, junto con Consejo del Mar, responsable de su manejo y cuyo plan debe estar listo en agosto. Con 150.000 kilómetros cuadrados, el parque forma parte del Área Marina Costera Protegida de Usos Múltiples de Isla de Pascua, que se estableció en junio siguiente, que abarca 720.000 kilómetros cuadrados y es la más grande en su tipo de América Latina. Hay más de 1.000 moai (estatuas humanas) en la Isla de Pascua (Rapa Nui en lengua indígena), construidos con roca volcánica. En el entorno del volcán Rano Raraku hay varios semienterrados que parecen salir de la profundidad de la tierra. Unos 120.000 turistas llegan cada año a la isla chilena de la Polinesia, atraídos por este mítico arte. Crédito: Orlando Milesi/IPS También el 29 de junio de 2018 se eligió a los 11 integrantes del Consejo del Mar, que preside la gobernadora pascuence, Laura Terita Alarcón Rapu. Seis de sus miembros, como se determinó en su creación, son rapanuis y fueron electos en forma especial por su comunidad. “Pero para un manejo que no sea de papel  se necesitan unos 8.000 millones de pesos (12,3 millones de dólares) y en el presupuesto 2019 del país no se destinan más allá  de 300 millones”, advirtió Burws, con base en estimaciones de organizaciones no gubernamentales. El nuevo parque marino se suma al parque Rapa Nui, creado en 1996 y cuya administración el gobierno entregó en 2016 a la Comunidad Indígena Ma’u Henua. Abarca 40 por ciento del territorio pascuense y en él se ubican las estatuas humanas moai, de uno a 10 metros, talladas en toba,  y los altares ceremoniales ahus, el mayor atractivo para los 120.000 turistas que llegan anualmente a la isla. Aguilera destacó que la nueva administración indígena  va a contar con un departamento de cambio climático para estudiar los humedales, que disminuyeron considerablemente el nivel de agua dulce, entre otros instrumentos, dejados por el organismo gubernamental que era responsable del parque anteriormente. “A nivel local se están adoptando muchas iniciativas desde instituciones diversas que han tomado la batuta con respecto al cambio climático”, elogió la especialista. Aguilera citó también entre las medidas ambientales positivas surgidas en Rapa Nui, algunas promovidas por la Municipalidad (alcaldía), como una gran campaña de reciclaje o la transformación en sostenible de la fiesta anual cultural y deportiva denominada Tapati, así como acciones para reducir el uso de bolsas y bombillas plásticas y la creación de un sistema de transporte público. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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La ONU busca beneficiarse de la inteligencia artificial

ter, 12/02/2019 - 13:11

La inteligencia artificial y otras innovaciones tecnológicas pueden aportar soluciones que ayudan a mejorar el alcance y la eficiencia de programas de agencias de desarrollo, así como optimizar la asignación de recursos escasos. Crédito: Manuel Elias/UN Photo.Por Thalif DeenNACIONES UNIDAS, Feb 12 2019 (IPS) Las innovaciones tecnológicas que lleva adelante la ONU incluyen inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático, traducciones automáticas y robótica, entre otras. Pero estas pueden llegar a reducir puestos de trabajo y es necesario preparar a los jóvenes para el futuro mercado laboral. La ONU (Organización de las Naciones Unidas) también ha experimentado con vehículos aéreos no tripulados (drones) ni armados en operaciones de paz porque “ayuda a mejorar el conocimiento de la situación y a fortalecer la capacidad de proteger civiles”. En una reunión del Consejo Económico y Social y su Comité Económico y Social en 2018, un robot llamado Sophia participó en una sesión interactiva con la secretaria general adjunta Amina J. Mohammed. Entre las innovaciones tecnológicas introducidas en el foro mundial y, en especial, en los servicios de conferencias electrónicas, se destaca el uso de eLUNa, una herramienta de traducción asistida por computadora diseñada específicamente para traducir documentos de la ONU. El secretario general, António Guterres, señaló que el avance tecnológico se produce gracias a la combinación de la potencia informática, la robótica, los macrodatos y la IA, que generan revoluciones en la salud, el transporte y la manufactura en todo el mundo. “Estoy convencido de que estas nuevas capacidades pueden ayudar a sacar de la pobreza a millones de personas, lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y facilitar el salto de los países en desarrollo hacia un futuro mejor”, expresó Guterres. Frente a directivos de unas 31 agencias de la ONU, en noviembre de 2018, Guterres identificó algunos de los desafíos de los avances tecnológicos, que separó en cuatro áreas distintas: IA, ciberespacio, biotecnología y el impacto de las aplicaciones tecnológicas en la paz y la seguridad “con el fin de identificar puntos de entrada específicos para la participación de la ONU y determinar áreas prioritarias en las que el sistema de la ONU puede agregar valor”. Para conocer más de este asunto, IPS conversó con Christopher Fabian, asesor principal de la Oficina de Innovación Global del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), una de las agencias a la vanguardia en materia de IA sobre cómo utilizar este tipo de innovación con fines programáticos y operativos. Siguiendo los “Principios de Desarrollo Digital”, la organización promueve aplicaciones y el desarrollo de aprendizaje automático e IA centradas en la equidad, ya sea a través de conjuntos de datos para capacitación justos y abiertos o mediantes discusiones sobre equidad algorítmica y pobreza de información, explicó. Por ejemplo, Unicef desarrolla Magic Box (Caja mágica), una plataforma colaborativa que fue posible gracias a la participación de privados como Telefonica, Google, IBM, Amadeus y Red Hat, que compartieron sus datos y su experiencia por el bien común. Al aprovechar los datos en tiempo real generados por el sector privado, Unicef puede lograr una comprensión fundamental de las necesidades de las poblaciones más vulnerables y tomar decisiones más informadas sobre cómo invertir sus recursos para responder a desastres, epidemias y otros problemas, precisó Fabian. Además, a través de su Fondo de Innovación, el primer vehículo financiero de la ONU, colabora con innovadores de países donde está presente Unicef para construir y probar soluciones al ritmo necesario para acompañar la rápida evolución de los problemas que afectan a niñas y niños beneficiarios de la agencia. El fondo, lanzado en 2016 con 17,9 millones de dólares, ofrece una financiación flexible para los innovadores que comienzan y permite que Unicef evalúa, financie y genere soluciones tecnológicas de código abierto con rapidez, las que podrían tener un impacto positivo en la vida de niños vulnerables, explicó Fabian. IPS: ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la automatización? Y en particular en Unicef, ¿la eficiencia es el criterio clave? CHRISTOPHER FABIAN: La IA puede ayudar a Unicef de varias maneras, desde algoritmos de aprendizaje profundo, que pueden aprender patrones subyacentes de imágenes satelitales para mapear cada escuela del mundo, a modelos de predicción que nos pueden ayudar a prevenir la propagación de enfermedades. Ese tipo de soluciones pueden contribuir a mejorar el alcance y la eficiencia de los programas en el terreno, así como optimizar la asignación de recursos escasos. Pero los desafíos son muchos. Primero está la falta de capacitación de calidad. Los datos sobre las poblaciones más vulnerables suelen ser escasos y poco confiables. Como colectivo, tenemos que comenzar a destinar más recursos hacia la recolección de datos del terreno para validar los registros existentes y eliminar el sesgo de las bases de datos. ¿Qué pasa cuando tenemos una diversidad de datos de buena calidad? Tenemos que seguir trabajando juntos para asegurarnos de que estos se usan para crear algoritmos justos e inclusivos. En Unicef tenemos que asegurar nuestra participación en la conversación que se da a escala global para poder poner la voz de los niños, en particular la de los más vulnerables, sobre la mesa. En un esfuerzo por mitigar los riesgos, Unicef es uno de los socios fundadores de la Asociación sobre IA para beneficio de las Personas y la Sociedad e integra varios grupos de trabajo como “IA justa, transparente y responsable” e “IA, Trabajo y Economía”. La asociación se creó para investigar y establecer mejores prácticas para las tecnologías de IA a fin de promover la comprensión del público y su incidencia en las personas y las sociedades. IPS: ¿Unicef es la única, o una de las pocas, agencias de la ONU que se encamina a contar con operaciones digitalizadas o muy automatizadas? CF:  Hay iniciativas piloto para el uso de macrodatos, IA, cadena de bloques y otras innovaciones digitales en varias agencias y programas de la ONU, y a veces a través de la colaboración. Con el fin de compartir experiencias y aprender de los mutuos logros y fracasos, Unicef fundó junto con el Programa Mundial de Alimentos, la Red de Innovación de las Naciones Unidas, una comunidad colaborativa informal de innovadores del foro mundial interesados en compartir y promover esta innovación en el sistema de la ONU. Asimismo, las tecnologías de vanguardia y la digitalización están entre las prioridades del secretario general. Para fortalecer la cooperación digital y presentar propuestas a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, la academia, la comunidad tecnológica y otros actores relevantes del mundo digital, se creó el Grupo de Alto Nivel para la Cooperación Digital. Se espera que pueda crear conciencia sobre el impacto transformador de las tecnologías digitales en la sociedad y la economía, así como que contribuya a ampliar el debate público sobre cómo asegurar un futuro digital seguro e inclusivo, teniendo en cuenta normas relevantes en materia de derechos humanos. IPS: Kai-fu Lee, autor de “Superpoderes de la IA: China, IA y el Nuevo Orden Mundial”, citado en un artículo de The New York Times, señala que la IA eliminará 40 por ciento de los puestos de trabajo en 15 años. Y un informe del Foro Económico Mundial (FEM), presentado en Davos en enero, estimó que 1,37 millones de trabajadores perderán su empleo por la automatización laboral en la próxima década. ¿Cuál es su pronóstico para Unicef? CF: Según los últimos estudios, entre 75 millones y 375 millones de trabajadores (de tres a 14 por ciento de la fuerza laboral global) necesitarán cambiar de categoría ocupacional para 2030 si la automatización se da con un ritmo de medio a rápido. Asimismo, según el FEM, 65 por ciento de niñas y niños que ingresan a la escuela, tendrán empleos que todavía no existen. Eso significa que a pesar de que desaparecerán muchos trabajos, se crearán muchos nuevos. Pero hay una gran evidencia de desajustes de capacidades entre los jóvenes y los empleadores; los jóvenes no están adquiriendo las capacidades que necesitan para conseguir un trabajo. Si logramos comprender las capacidades necesarias para el futuro del trabajo y podemos ajustar los sistemas educativos en consecuencia, niños y jóvenes tendrán mayor resiliencia para afrontar la automatización y estarán mejor preparados para el futuro. Uno de los esfuerzos de Unicef apunta a la pobreza de información, una iniciativa que procura que cada niña o niño goce del derecho a la información, de oportunidad y de elección. Se puede encontrar más información al respecto aquí. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Canadá estrena pautas alimentarias tapada por el desperdicio

seg, 11/02/2019 - 13:19

Aun con un metro de nieve en Ottawa, es posible encontrar una amplia variedad de frutas importadas en los supermercados de Canadá. Crédito: Stephen Leahy/IPS.Por Stephen LeahyONTARIO, Canadá, Feb 11 2019 (IPS) Canadá presentó una guía de alimentación saludable que, por primera vez, no cuenta con la participación de la industria cárnica, láctea, así como tampoco de la de alimentos procesados ni de bebidas envasadas. Siguiendo recomendaciones de especialistas, la propuesta hace hincapié en el consumo de verduras, agua y en la cocina casera. Hace tiempo que especialistas alertan de que los canadienses no comen suficientes verduras ni frutas ni granos integrales. La nueva guía apunta a cambiar la dieta para que incluya más legumbres, fríjoles y tofu, y menos lácteos, huevos, carne y pescado. También alerta a los padres de que limiten a sus hijos el consumo de jugos de frutas con azúcar añadida o productos lácteos azucarados. “La comida saludable es una parte importante a la hora de tener una vida saludable, y ayuda a prevenir enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres”, explica una declaración de Theresa Tam, jefa de la oficina de Salud Pública de Canadá. La nueva guía de Canadá está entre las mejores del mundo, opinó Wayne Roberts, analista de cuestiones alimentarias. “Es comparable con la excelente guía de Brasil, que hace énfasis en alimentos frescos y no procesados”, dijo a IPS. También se concentra en cómo alimentarse, por ejemplo, recomienda la cocina casera y comer todos juntos, además de evitar la comida rápida, destacó Jennifer Reynolds, de Food Secure Canada, una alianza que aboga por la seguridad alimentaria. Imagen de la nueva guía de alimentación saludable de Canadá, presentada en enero de 2019. Crédito: Cortesía del gobierno de Canadá. Los canadienses gastaron 19.000 millones de dólares en comida rápida en 2017, unos 2.200 dólares al año por familia de cuatro integrantes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ubicó a este país en el lugar 37, de 41 Estados clasificados por los alimentos saludables que dan a los niños. Y a pesar del poder de la industria alimentaria, este año se aprobarán nuevas normas para limitar la venta a los niños de alimentos y bebidas poco nutritivas, apuntó Reynolds. No solo es bueno para la salud y el planeta cambiar a una dieta con más verduras, sino que es una oportunidad valiosa para reencaminar la agricultura de Canadá, concentrada en la exportación, hacia un sistema sostenible, así como para apoyar a la economía rural y al mismo tiempo atender la inseguridad alimentaria, subrayó Reynolds. A pesar de ser un país rico, más de uno de cada 10 canadienses no puede pagar, o no tiene acceso, a alimentos nutritivos suficientes como para tener un buen estado de salud, según una investigación de la Universidad de Toronto. Los investigadores recomiendan diseñar una política alimentaria que reúna a todos los sectores estatales para hacer frente a un problema de larga data. Esta no solo servirá para hacer frente al hambre y a la mala nutrición, sino también a los problemas relacionados con el cambio climático y la caída de la economía rural, apuntó Reynolds. Además, permitirá hacer frente al enorme volumen de desperdicios que genera el sistema alimentario de Canadá, donde se tira casi 60 por ciento de la producción, según el estudio “La crisis evitable del desperdicio de alimentos”. Es el primer análisis del sistema de producción de alimentos de Canadá, observó Martin Gooch, director general de Value Chain Management International (VCMI), que ayuda a las empresas a reducir los costos y a mejorar la eficiencia de su cadena alimentaria. “Quedé sorprendido por la cantidad de desperdicio de esta industria”, dijo Gooch a IPS. La investigación es única en el mundo porque mide el peso mediante un “sistema estandarizado en toda la cadena alimentaria” e incluye todo tipo de alimentos, de la tierra y del agua. Además, incluye datos primarios y se realizó con el aporte de más de 700 especialistas. La comida que se pierde o se tira en Canadá asciende a la friolera de 49.000 millones de dólares, indicó Lori Nikkel, de Second Harvest, una organización que recoge el exceso de alimentos y los distribuye entre personas necesitadas. El estudio de VCMI concluyó que la tercera parte de los alimentos tirados se podrían “rescatar” para distribuir en comunidades necesitadas. El desperdicio ocurre en las distintas etapas de la producción por distintos motivos como la pérdida de la cosecha en el campo, la escasez de mano de obra, la caída de precios o las órdenes canceladas. Otro gran problema es la insistencia de la industria alimentaria en producir grandes volúmenes de alimentos con el menor costo posible en perjuicio de la calidad, indicó Gooch. Cuando una granja pasa a interesarse en la calidad, logra costos menores y duplica el beneficio con la misma o menor producción. La mayor pérdida se da durante la producción y el procesado de alimentos, concluyó el estudio. Solo 14 por ciento ocurre en el ámbito doméstico. Otra de las grandes causas del desperdicio es la etiqueta de “consumir antes de”, tanto por parte de los consumidores como de los vendedores. El fechado no tiene nada que ver con la seguridad para el consumo. Las empresas pueden poner la fecha que tengan ganas, pues no hay normas ni regulaciones al respecto; es una práctica que no existía hace 10 años, puntualizó Gooch. Por su extenso conocimiento del sistema alimentario de Canadá, Gooch quedó muy sorprendido al encontrar que el Índice de Sostenibilidad Alimentaria ubicó a este país entre los mejores del mundo por evitar el desperdicio de alimentos, con una calificación de 97,8 en 100. “Es incorrecto, encontramos un volumen sorprendente de alimentos desperdiciados”, subrayó. El índice fue elaborado por el Fundación Centro Barilla para la Alimentación y la Nutrición y la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist. En él se clasifican 67 países según tres categorías: pérdida y desperdicio de agua y alimentos, desafíos nutricionales y agricultura sostenible. Canadá quedó en tercer lugar, para gran sorpresa de todos los consultados por IPS para este artículo. Cuando IPS consultó al Centro Barilla supo que en realidad este país quedó en un lugar pésimo, en el 65, con 80 kilogramos de alimentos desperdiciados por persona y por año, según sus estimaciones. Pero como tiene una amplia variedad de políticas para atender este problema, recibió una calificación mucho mayor. Además, el estudio del VCMI concluyó que el actual desperdicio estaba más cerca de los 1.000 kilogramos al año, por persona, muy por encima de los 80 kilogramos señalados por el Centro Barilla. “Canadá sí tiene varias políticas para realizar los cambios, en especial en comparación con Estados Unidos”, arguyó Valentina Gasbarri, del Centro Barilla, en respuesta por mail a la consulta de IPS. “Estamos abiertos a discutir las mejoras que se le puedan hacer al índice”, acotó. Quizá el índice esté muy enfocado en políticas e intenciones, especuló Roberts. En todo caso “no representa para nada la realidad de Canadá”, subrayó. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Erradicar la violencia contra las mujeres es vital en América Central

seg, 11/02/2019 - 09:35

Erradicar la violencia contra las mujeres centroamericanas, es vital para el desarrollo de la zona. Crédito: PNUD Guatemala Por Richard BarathePANAMÁ, Feb 11 2019 (IPS) María es salvadoreña, tiene 35 años y tres hijos jóvenes. Creció con su madre, nunca conoció a su padre. Empezó a trabajar a los seis años vendiendo en el Mercado Central de San Salvador. A los 12 años fue violada y tuvo su primer embarazo. Fue expulsada de su hogar cuando su madre se casó por segunda vez, “mi padrastro no quiso hacerse cargo de mí, mucho menos con un hijo”, le dijo a la investigadora para el estudio “Juventudes resilientes, la oportunidad para Centroamérica”, que realiza el Proyecto Regional Infosegura, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés). María vivió en diferentes lugares hasta que conoció al padre de su segunda hija, quien años después murió asesinado. Tuvo un tercer hijo, con su tercera pareja, de quien se separó por violencia intrafamiliar. Actualmente, su hijo adolescente vive con su padre, tío y abuela porque ella no podía cuidarlo por su trabajo remunerado que le ocupa todo su tiempo. Como todas las mujeres salvadoreñas, María tiene una expectativa de vida de 75 años, podemos decir entonces que la mitad de la vida de María ha sido profundamente marcada por las violencias que viven las mujeres en el norte de Centroamérica, una región azotada desde hace dos décadas por la violencia letal sin ser una región en guerra. Cuando se habla de violencia en la zona norte de América Central, se asume como un problema de hombres jóvenes pues “solamente” 11 por ciento de las víctimas de muertes violentas son mujeres. Richard Barathe Pero la historia de María revela que las mujeres de esta región viven cotidianamente otras violencias que las afectan de manera diferenciada por el hecho de ser mujeres, violencias que no son letales, las víctimas sobreviven, pero siguen sometidas a esas violencias de forma reincidente, múltiple y simultánea en el contiuum de sus vidas, con impactos en las familias y comunidades, en su economía y sostenibilidad, en sus capacidades para el desarrollo. Los datos revelan que, en el país de María, 93 por ciento de las víctimas de delitos sexuales son mujeres. El 43,55 por ciento de las víctimas son menores de edad. También sabemos que la violencia intrafamiliar está presente durante toda la adultez de una mujer, también que una mujer entre los 12 y los 50 años corre alto riesgo de ser desaparecida. Un total de 3.591 mujeres han sido asesinadas en el periodo 2010-2017; y entre 2010 y 2016, otras 2,669 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, de estas, 43,6 por ciento era menor de edad. Esto lo sabemos porque el Estado salvadoreño ha avanzado en la gestión de información sobre seguridad ciudadana con enfoque de género y ha orientado políticas públicas para garantizar el análisis basado en evidencia. La migración es un fenómeno que también caracteriza a esta región del mundo, y los datos indican que la violencia contra las mujeres es un factor importante a ser considerado. Al analizar los datos de retornados –migrantes detenidos en tránsito que fueron enviados de regreso a su lugar de origen– sabemos que 26 por ciento son mujeres, y que tres de cada 10 manifiestan haber migrado por la violencia, frente a 18 por ciento de los hombres que alegan ese motivo. Es crucial reconocer la violencia contra las mujeres como un elemento esencial de la seguridad ciudadana: abordarla es un paso clave para construir sociedades más cohesionadas y pacíficas. Abordar la violencia social con un enfoque especial en la violencia contra las mujeres debe estar en los fundamentos de las políticas públicas de seguridad ciudadana que tengan como objetivo erradicar todo tipo de violencia. Hay que entender que la violencia cotidiana que viven las mujeres en sus hogares, en las plazas, en las calles es un problema de seguridad para las comunidades y las naciones. Ninguna nación estará segura a menos que las mujeres puedan vivir de manera segura y desarrollar todo su potencial En esta línea, la Agenda 2030 ofrece en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera transversal, un modelo de abordaje para procurar a las mujeres una vida libre de todo tipo de violencia. Toda la sociedad en su conjunto avanzará con pasos más firmes hacia el desarrollo cuando nadie se quede atrás. En el PNUD estamos sistematizando las buenas prácticas y las historias de éxito de nuestro trabajo en Centroamérica en el marco del Proyecto Regional Infosegura, en alianza con USAID, que está dedicado al desarrollo de las capacidades estatales para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia y con enfoque de género. Es por ello que, estamos estableciendo estándares, metodologías y procesos escalables. Una parte esencial del proceso ha sido generar confianza y coordinar nuestro trabajo con las instituciones nacionales que producen y analizan datos, aprovechando las nuevas tecnologías, los expertos nacionales y la innovación. Esta coordinación ha producido hitos regionales en gestión de información con enfoque de género, como las encuestas especializadas e informes estandarizados sobre hechos de violencia contra las mujeres. En El Salvador, Guatemala o Honduras, entender el contexto de la historia de María con la mayor precisión posible nos permitirá erradicar eficazmente la violencia contra las mujeres, así como todos los demás tipos de violencia. Si los países quieren alcanzar la Agenda 2030, impulsando los beneficios en los ámbitos económico, social y ambiental, solo puede lograrse si nos aseguramos que otras “Marías” no queden excluidas. RV: EG Artículos relacionados

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Sin títulos de propiedad es difícil luchar contra la degradación de la tierra

sex, 08/02/2019 - 12:30

Erin Myers Madeira, directora del Programa Mundial sobre Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de Nature Conservancy, señaló que “las comunidades obtienen mejores resultados que las autoridades y que otros actores a la hora de frenar la deforestación y la degradación. La comunidad akaratshie, del distrito de Garu yTempane, en Ghana, lograron restaurar tierras degradadas. Crédito: Albert Oppong-Ansah/IPS.Por Tharanga YakupitiyageNACIONES UNIDAS, Feb 8 2019 (IPS) Cada vez es más importante realizar una gestión sostenible del suelo a medida que aumentan las emisiones contaminantes, la deforestación y la escasez de agua. Pero es muy difícil en las regiones donde existen pueblos y comunidades sin derechos de propiedad, pues la relación de ese problema con la degradación ambiental sigue siendo un asunto mal comprendido y desatendido. Los estudios coinciden en que la inseguridad en la tenencia de la tierra se traduce en una mala gestión del suelo, pues las comunidades no tienen incentivos para invertir en medidas de protección a largo plazo, lo que favorece la degradación ambiental. “Asegurar el derecho a la seguridad y a la tenencia de la tierra y a los recursos para los pueblos indígenas y las comunidades locales es uno de los asuntos más importantes que se pueden atender para obtener buenos resultados en materia de conservación”, subrayó Erin Myers Madeira, directora del Programa Mundial sobre Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de Nature Conservancy. “Las comunidades obtienen mejores resultados que las autoridades y que otros actores a la hora de frenar la deforestación y la degradación”, destacó, en diálogo con IPS. A pesar de los derechos consuetudinarios en más de la mitad de los territorios, los indígenas y las comunidades locales solo tienen la tenencia legal de 10 por ciento del total de tierras. La organización Resources and Rights también concluyó que el reconocimiento legal de los derechos de propiedad de las comunidades locales es inadecuada, pues en 2017 ascendía a 14 por ciento de las superficie forestal. Es, en parte, resultado de la falta de políticas estatales, pero el acaparamiento de tierras que emprenden las compañías, que no reconocen los derechos de las comunidades locales a sus territorios ancestrales, son cada vez más comunes en el mundo. En 2006, 200 familias perdieron derechos sobre su territorio en el distrito de Sre Ambel, en Camboya, en beneficio de una plantación de azúcar. En Liberia, el gobierno expulsó a un grupo de agricultores de sus tierras cuando otorgó 350.000 hectáreas a la multinacional malasia Sime Darby, lo que provocó el surgimiento de un resentimiento generalizado y generó un conflicto en la zona. Según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), 35 por ciento de las restantes tierras cultivables disponibles de África están en manos de grandes entidades, con más de 70 millones de hectáreas dedicadas a los biocombustibles. Muchas comunidades se organizaron para luchar contra la expansión, pero con resultados fatales. Según Global Witness, 201 activistas ambientales fueron asesinados en 2017 tratando de proteger sus tierras de la minería y de la agroindustria, entre otras. Imagen aérea de la región Alta Oriental, en Ghana, antes de la recuperación que tuvo lugar en 2015. Crédito: Albert Oppong-Ansah /IPS. Mejor cuando los pueblos se hacen cargo Karina Kloos Yeatman, directora de la Campaña de Derecho a la Tierra, de Landesa, subrayó la importancia de la gestión sostenible y de la conservación en manos de comunidades locales, pero el primer paso es el derecho a la tierra. “Si no pensamos en el uso de la tierra y en la seguridad de la tenencia, y en encontrar más soluciones para ayudar a la gente a realizar inversiones a largo plazo para lograr un uso sostenible del suelo, vamos a seguir viendo un flujo de migrantes climáticos y a tener personas desplazadas”, alertó, en diálogo con IPS. Yeatman, en particular, mencionó cómo cuando se logran asegurar los derechos de propiedad, aumentan las inversiones a largo plazo en la gestión sostenible del suelo y de los bosques. Por ejemplo, pequeños agricultores con derecho a la tierra en Etiopía tienen 60 por ciento más de probabilidades de invertir en medidas que eviten la erosión del suelo. En los bosques donde los indígenas tienen derecho a la tierra, se observa una reducción notoria de la deforestación. En Bolivia, la deforestación es 2,8 veces menor en los territorios donde los indígenas tienen títulos de propiedad, lo que no solo ayuda a frenar la degradación, sino que las medidas adoptadas también mitigan las emisiones forestales y contribuyen a contener el recalentamiento global. Yeatman y Madeira coinciden en que el derecho a la tierra no basta para promover una gestión sostenible del suelo, sino que es uno de los cuatro pilares necesarios. Los pilares son asegurar el derecho a la tierra y a recursos, apoyar el fuerte liderazgo comunitario y la gobernanza local, promover la colaboración entre múltiples actores, permitir que las comunidades participan en la toma de decisiones e identificar oportunidades de desarrollo económico ambientalmente sostenibles en conexión con la gestión sostenible y los valores culturales de las comunidades locales. “Es cuando se tienen esos cuatro ingredientes que se logra una conservación duradera, tener comunidades con poder para proteger a sus pobladores y que se benefician económicamente de administrar esos lugares”, destacó Madeira. En un esfuerzo por frenar la tala y la deforestación, la comunidad amazónica shipibo-conibo, en Perú, incluyó 6.000 hectáreas, 80 por ciento de su territorio, en un programa de conservación nacional que le ayudó a administrar sus tierras de forma de contar con fuentes de ingresos sostenibles. Como parte del Programa Nacional de Conservación de Bosques, las comunidades reciben tres dólares al año por hectárea que dedican a la conservación, lo que les puede llegar a significar por lo menos 18.000 dólares. Para recibir el pago, deben comprometerse a proteger la selva. Una proporción significativa del dinero se reinvierte en la selva y en sus comunidades que se dedican al ecoturismo y a la extracción sostenible de recursos forestales. Agricultores realizan una poda periódica en Susudi, en la región Alta Oriental, en Ghana. Crédito: Albert Oppong-Ansah/IPS. Un paso adelante, pero quedan muchos más La tenencia de la tierra puede tener distintas formas en varios contextos, pero Madeiro subrayó la importancia de que los gobiernos y las empresas respeten los derechos de propiedad, así como la inclusión de los indígenas y de las comunidades locales en la planificación de la gestión sostenible. Yeatman urgió a las corporaciones a informarse sobre las complejidad que rodean a la tenencia de la tierra y que apoyen a las comunidades locales a garantizar un futuro sostenible. “(Las compañías) suelen tener contratos de 50 a 100 años y si quieren tierras sostenibles, deben ayudar a los agricultores a garantizar sus derechos y el acceso a la información, así como a insumos para diversificarse y que el suelo no se degrade”, puntualizó. Los consumidores también deben desempeñar su papel, observó Yeatman, involucrándose en el origen de los productos y de las compañías a las que les compran. La campaña de Oxfam “Detrás de las Marcas” ofrece un puntaje para medir cómo se ubican las 10 mayores compañías de alimentos y bebidas con respecto a ciertos indicadores, como el apoyo a las mujeres en la agricultura, la reducción de emisiones contaminantes y el respecto a los derechos de propiedad y de un uso sostenible del suelo. Por ejemplo, la multinacional francesa Danone y la estadounidense General Mills están en los lugares más bajos en el indicador sobre tierras porque no se comprometieron con la tolerancia cero al acaparamiento de tierras y no exigen a sus proveedores que evalúen cómo esas adquisiciones afectan a las fuentes de ingresos de las poblaciones locales. Hace poco, hubo algunos avances al respecto. El gobierno de Malasia demandó al gobierno local de Kelantan por no proteger el derecho a la tierras de los indígenas orang asli, muchos de los cuales no tienen títulos de propiedad, al seguir otorgando licencias a empresas madereras y agrícolas. Asimismo, Birmania (Myanmar), que tiene uno de los mayores índices de deforestación de Asia, tiene previsto dejar unas 918.000 hectaŕeas en manos de comunidades locales para 2030 a fin de evitar la tala ilegal y permitir que los pobladores de la zona practiquen una silvicultura sostenible. Queda mucho por hacer, y es necesario actuar para evitar la reducción de tierras y de los recursos naturales esenciales para la supervivencia de los seres humanos. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Más leyes y más balas en intento de abatir la criminalidad en Brasil

qui, 07/02/2019 - 14:40

El ministro brasileño de Justicia y Seguridad Púbica, Sergio Moro (a la derecha, en el podio) atiende las preguntas de miembros del Frente Parlamentario de Seguridad Pública, durante la presentación de su plan contra la criminalidad y la corrupción en la Cámara de Diputados, el 6 de febrero, en Brasilia. Crédito: Wilson Dias/Agência BrasilPor Mario OsavaRÍO DE JANEIRO, Feb 7 2019 (IPS) Más de lo mismo, endurecer las leyes y las normas penales, es la receta con que el nuevo gobierno de extrema derecha de Brasil comenzó una de sus batallas vitales para su futuro, la reducción de la criminalidad a niveles soportables. Brasil ostenta el récord mundial en la cifra absoluta de homicidios, 63.885 durante el año de 2017, un índice de 30,8 homicidios por 100.000 habitantes, según datos oficiales recopilados por el no gubernamental Foro Brasileño de Seguridad Pública. Más de un millón de víctimas mortales de la delincuencia se acumulan desde los años 80. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, anunció el 4 de febrero sus  propuestas para modificar 14 leyes, con las que espera abatir la violencia criminal y consolidar el exitoso combate a la corrupción que él lideró como juez, de 2014 a 2018.“El gobierno central no sabe qué porcentaje hay de homicidios resueltos (por la policía) en Brasil. En Río de Janeiro se sabe que alcanzan 11 por ciento los casos que resultan en acusaciones judiciales. Es un cuello de botella, si no se logra enjuiciar casi 90 por ciento de los asesinos, poco importa si la pena es de 10 o de 30 años de cárcel”: Bruno Langeani. “Es decepcionante que su primera iniciativa sea repetir el endurecimiento de leyes, en lugar de un plan de gestión. Brasil ya tiene demasiadas leyes, se las aprueban siempre que hay problemas de seguridad, así fue con la Ley de los Crímenes Hediondos, la del feminicidio y otras”, reaccionó Bruno Langeani, gerente de Sistemas del independiente Instituto Soy de Paz, de São Paulo. El nuevo plan incluye varias leyes nuevas y reformas de otras ya vigentes, que amplían las penas, agravan  condiciones de encarcelamiento o reducen beneficios como el régimen de prisión semiabierta. El endurecimiento en la legislación y en las penas carcelarias durante las últimas décadas no logró reducir la criminalidad en Brasil, sino que se acompañó de un permanente aumento de los homicidios, acelerada en años recientes, observó Langeani. “Hay cuestiones estructurales en la seguridad pública que, si fuesen atendidas, tendrían un resultado mejor que cambios en la legislación”, sostuvo. El Ministerio de Justicia dispone de un abultado presupuesto y cerca de 25.000 agentes de la Policía Federal, la Policía Vial Federal y la Fuerza Nacional de Seguridad, que podrían ser más eficientes en una estrategia más adecuada, arguyó. “El gobierno central no sabe qué porcentaje hay de homicidios resueltos (policialmente) en Brasil. En Río de Janeiro se sabe que alcanzan 11 por ciento los casos que resultan en acusaciones judiciales. Es un cuello de botella, si no se logra enjuiciar casi 90 por ciento de los asesinos, poco importa si la pena es de 10 o de 30 años de cárcel”, razonó el activista, graduado en derecho y en relaciones internacionales. Además, entre las propuestas legislativas de Moro hay una muy polémica, la que amplía el concepto de legítima defensa, para incrementar la protección a los policías que provoquen muertes al intervenir en “un conflicto armado o en riesgo inminente de conflicto armado” o al “prevenir injusta e inminente agresión” a él mismo u otros, incluyendo rehenes. En esos casos, el juez podrá reducir la pena a la mitad o incluso dejar de aplicarla, según la propuesta de una de las reformas legales. “No es licencia para matar”, trató de defender Moro, al presentar su paquete de medidas, que serán sometidas al bicameral Congreso Nacional legislativo tras un período de debate público. Sergio Moro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, en una reunión con gobernadores y secretarios de seguridad de los 27 estados del país, para presentarles el nuevo plan anticrimen del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, que endurece las leyes y aumenta la discrecionalidad de las policías. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil Pero los especialistas temen un incremento adicional en la muy elevada y creciente cantidad de muertos por acciones policiales. Entre 2013 y 2017 esas muertes más que duplicaron en Brasil, al pasar de 2.212 a 5.159, según el foro de seguridad. Para Langeani, la medida no tiene justificación, porque “una policía que mata tanto no puede decir que muere por no reaccionar, o que es castigada por trabajar”. Además, acotó, hay muchos casos comprobados en que “la policía llega disparando”, con el resultado de numerosos “muertos por balas perdidas” en las confrontaciones entre los efectivos y bandas armadas, especialmente en Río de Janeiro. Al especialista también le preocupa otra propuesta que incluye a cualquier ciudadano, y no a solo policías, en que se amplia también la tolerancia para quienes matan cuando son sometidos a “excusable miedo, sorpresa o violenta emoción”. Son términos subjetivos que permiten la impunidad a cualquiera, lo que puede estimular las ejecuciones extrajudiciales por policías y las llamadas milicias, teme el dirigente del Instituto Sou da Paz. Las milicias son grupos ilegales armados, en general compuestos por expolicías y antiguos militares, que controlan decenas de barrios de la región metropolitana de Río de Janeiro, especialmente en la Zona Oeste, con barrios de nueva población. Imponen su orden y explotan negocios como transporte colectivo, venta de gas de cocina, acceso a la televisión por cable e Internet, seguridad privada y otros servicios. Esos grupos, que en algunos momentos fueron tolerados como fuerzas parapoliciales en algunas ciudades por confrontar al narcotráfico, deben se considerar organizaciones criminales sujetas a las más duras penas y condiciones carcelarias, propone Moro. Esa nueva propuesta choca con viejas posiciones del ahora presidente Jair Bolsonaro, que en el pasado defendió la acción miliciana, y de su hijo senador, Flavio Bolsonaro, que tuvo estrechas relaciones con conocidos jefes de milicias, cuando era diputado del estado de Río de Janeiro, incluso homenajeándolos y empleando a sus familiares. La polémica ampliación de la llamada legítima defensa se sumaría al decreto firmado por Bolsonaro 15 días después de asumir el poder el 1 de enero, que facilitan la posesión de armas de fuego a los civiles. Eso tiende a aumentar aún más los homicidios en Brasil, lamentó Langeani. La epidemia de delincuencia ciudadana en los últimos años fue uno de los factores decisivos para el triunfo electoral de Bolsonaro en octubre. En su campaña, se presentó como el candidato capaz de abatir la criminalidad organizada, al prometer una represión brutal, incluso violando los límites legales y de derechos humanos. También se benefició de la confianza que los brasileños aún depositan en los militares para asuntos de seguridad. Bolsonaro es un capitán retirado del Ejército, dejó la carrera militar en 1988 y ese año fue electo como concejal de Río de Janeiro y luego, por siete veces, diputado nacional. Moro, que cimentó su popularidad como el juez que puso en la cárcel centenares de políticos conocidos, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2007-2013), y grandes empresarios, todos acusados de corrupción, es el elegido para frenar la delincuencia organizada. Para sumarse al equipo de Bolsonaro, dejó la carrera judicial y asumió el Ministerio de Justicia al que se le sumó la Seguridad Pública, que antes dependía de otra cartera. Pero su estreno refleja su sesgo judicial, porque la prioridad de su plan fue ajustar las leyes a lo que cree necesario para combatir las organizaciones criminales y la corrupción. Sus propuestas sufrirán resistencias, rechazos o enmiendas en el Congreso y algunas ya se anticipa que tendrán que ser dirimidas por el Supremo Tribunal Federal. Sus mayores dificultades, sin embargo, están en la compleja gestión del sistema carcelario, con una población de más de 700.000 reclusos. Dentro de las penitenciarías están quienes comandan las bandas del narcotráfico, en establecimientos que han pasado a estar en alta mayoría dominados por organizaciones criminales. Además la lucha contra la delincuencia depende de las policías de los 27 estados brasileños, responsables directos de la seguridad pública y cuya precariedad crónica se agravó en los últimos años por la recesión económica del país y la crisis financiera en la mayoría de las entidades federales. No todo es negativo en la propuesta del ministro. Hay elementos positivos, como el Banco Nacional de Perfiles Balísticos, que permitirá identificar armas de fuego usadas en crímenes, y penas más severas para policías, empresas de seguridad y clubes de tiro en caso de abuso de armas de fuego. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Energía solar, esperanza para barrios pobres de Buenos Aires

qui, 07/02/2019 - 11:27

Valeria Barrientos, en el área recreativa de La Containera, el moderno complejo de 120 viviendas sociales que fue inaugurado en 2017 dentro de Villa 31, el asentamiento precario incrustado en un área céntrica de Buenos Aires. Los edificios tienen sus techos cubiertos por paneles solares, que garantizan la electricidad a sus residentes. Crédito: Daniel Gutman/IPSPor Daniel GutmanBUENOS AIRES, Feb 7 2019 (IPS) Los paneles solares brillan sobre las terrazas de 10 edificios de líneas perfectamente rectas y altura uniforme. Es una imagen de modernidad que contrasta con otra a pocos metros: viviendas con distintos ambientes agregados desordenadamente, sin revestimiento exterior y con una multitud de cables eléctricos a la vista. La Villa 31, el asentamiento precario más famoso de la capital de Argentina, por su ubicación en un área céntrica de Buenos Aires, está pasando por un proceso de transformación, no exento de controversia, en el cual las energías limpias juegan un importante papel. El Estado está construyendo cientos de nuevas viviendas con sus techos cubiertos por paneles solares, que sirven para dar energía a un barrio donde el acceso a los servicios básicos siempre ha dependido de conexiones informales e inseguras.“El cambio es enorme, porque las nuevas viviendas tienen asegurado el suministro y no tienen que pagar por la energía. Además, la electricidad que sobra puede inyectarse a la red”: Rodrigo Alonso. Durante décadas, las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prometían periódicamente erradicar la Villa 31, que nació hace cerca de 90 años, y hoy es una postal de pobreza, que al mismo tiempo muestra la vitalidad de miles de personas que llevan adelante actividades comerciales y productivas a pesar de la informalidad y el desamparo. Las amenazas se transformaron en esperanza en 2009, cuando se sancionó una ley local que ordenó urbanizar la Villa, abrir calles, dar títulos de propiedad a los vecinos y –en resumen- convertirla en un barrio más de una ciudad que históricamente la vio como un cuerpo extraño aunque imposible de esconder. En Argentina, se denominan villas a los asentamientos pobres, hacinados e informales de sus ciudades. Un relevamiento difundido por el gobierno en 2018, indica que en el país hay 4.228 de estas villas, en las que viven alrededor de 3,5 millones de personas, de una población total de 44 millones. En particular, en Buenos Aires hay 233.000 personas -o 7,6 por ciento de la población, sin contar los populosos suburbios- que viven en esos asentamientos precarios. La urbanización de Villa 31 es una tarea monumental que recién comenzó a ejecutarse en 2016 y hoy va cambiando pausadamente la fisonomía de una verdadera ciudad dentro de la ciudad, que tuvo un crecimiento fenomenal en los últimos años. De acuerdo a los últimos datos oficiales, residen en ella 43.190 habitantes, distribuidos en 10.076 viviendas, contra solo 12.204 personas que vivían en 2001, el año de un cataclismo económico en este país sudamericano. Desde entonces, a pesar de que Argentina experimentó varios años de crecimiento económico, la Villa 31 fue la opción que encontraron cada vez más familias marginadas del circuito formal de compra o alquiler de viviendas. Algunos de los paneles solares instalados en los techos del complejo residencial de La Containera, en la Villa 31, y de fondo las torres del área de lujosas oficinas de la capital argentina. El asentamiento precario tiene una ubicación privilegiada dentro de Buenos Aires, al lado de La Recoleta, uno de sus barrios más cotizados. Crédito: Daniel Gutman/IPS Se trata de un terreno de 44 hectáreas ubicado entre Retiro, una de las principales estaciones ferroviarias de la capital, y La Recoleta, uno de los barrios más cotizados y tradicionales de Buenos Aires. “Vinimos a la Villa 31 hace cuatro años, después de que se incendió el edificio en el que vivíamos en el barrio de La Boca y nos quedamos en la calle”, cuenta a IPS Valeria Barrientos, casada y con cuatro hijos de entre 13 y 2 años. Barrientos, cuyo marido es camionero, dice que es “un regalo del cielo” contar con agua caliente e iluminación, aseguradas gracias a la energía solar, aun cuando se corte el suministro eléctrico, circunstancia especialmente frecuente en la Villa 31, donde hay una red inestable, de la cual las viviendas se nutren con conexiones irregulares y precarias. Su familia vive desde septiembre de 2017 en el sector de La Containera, porque hasta hace tres años era un depósito de contenedores en desuso. A ellos les ofrecieron un departamento allí, a pagar en 30 años, porque vivían en un terreno de la Villa donde hoy se está construyendo una autopista. La Containera tiene edificios de tres pisos, con paneles solares para alimentar los termotanques que calientan agua para baños y cocinas, mover las bombas que suben el agua hasta los tanques y dotar de energía eléctrica a las viviendas. “En las terrazas de La Containera instalamos 174 paneles solares. No pusimos más porque ya no quedaba lugar en los techos”, contó a IPS Rodrigo Alonso, gerente general de Sustentator, una empresa argentina con 10 años de experiencia en energías renovables. Alonso recuerda que “la primera vez que entré a la Villa me quedé asombrado cuando vi unos enormes manojos de cables que se conectan a los postes de electricidad y llevan la energía a las casas. La cuenta la paga el Estado, pero las viviendas tienen conexiones muy inseguras”. Una calle de la Villa 31, con viviendas informales de hasta cinco pisos de altura y cables aéreos de tomas irregulares de electricidad. En el asentamiento viven más de 43.190 personas, según el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en 2016 estableció un ambicioso plan para formalizarla. Crédito: Daniel Gutman/IPS “Hoy el cambio es enorme, porque las nuevas viviendas tienen asegurado el suministro y no tienen que pagar por la energía. Además, la electricidad que sobra puede inyectarse a la red”, agregó. La operación de sumar a la red eléctrica la energía generada por los paneles solares y hacerse acreedor de un crédito contra la compañía distribuidora se espera que pueda formalizarse en Argentina este año, cuando entre en vigencia la Ley de Generación Distribuida de Energías Renovables, aprobada en 2017 y cuyo reglamento se completó en noviembre pasado. Los paneles solares forman parte del edificio y no son individuales. Por ello, si en el futuro existe energía excedente para sumar a la red convencional, se compensará con un crédito a favor del consorcio administrador del conjunto que se restará al cargo por el consumo de energía en las zonas comunes de los edificios. También se están instalando paneles solares para garantizar la energía en la obra más ambiciosa que se está desarrollando en la Villa 31: la construcción de 26 edificios con más de 1.000 viviendas, sobre un terreno que pertenecía a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Allí se prevé que se muden los vecinos cuyas casas serán demolidas para avanzar en la construcción de la autopista y la apertura de calles, aunque muchos vecinos tienen prevenciones sobre el futuro. En los techos del nuevo conjunto de viviendas sociales en la Villa 31, en la capital argentina, se instalaron 174 paneles solares y 55 termotanques alimentados con energía solar. Cada termotanque tiene una capacidad de 300 litros y abastece a dos viviendas, bajo el criterio de que en cada departamento viven en promedio tres personas, que requieren 50 litros diarios de agua caliente. Crédito: Daniel Gutman/IPS “Nos preocupa que no se cumplan las promesas y muchas familias queden en la calle. Vamos a defender el lugar de cada uno”, dijo a IPS Héctor Guanco, quien vive con su familia hace cerca de 20 años en la Villa 31. La posibilidad de contar con energía solar es una diferencia decisiva en un país donde las tarifas de electricidad han aumentado más de 500 por ciento en los últimos tres años “Pasar de la informalidad a la formalidad puede significar una presión económica muy difícil de soportar, porque hay que pagar un crédito hipotecario por la vivienda, más los impuestos y los servicios”, advirtió IPS Facundo Di Filippo, un exlegislador de la Ciudad Autónoma. Di Filippo fue autor de la ley de urbanización de la Villa 31 y ahora es presidente del no gubernamental Centro de Estudios  y Acción por la Igualdad. Él es crítico de la forma que el gobierno de la Ciudad encaró la urbanización de la Villa 31 y consideró que “se pone el eje en mejorar el entorno en una zona de Buenos Aires que tiene un valor inmobiliario alto, de manera de beneficiar negocios privados”. Los nuevos edificios fueron construidos con criterios de sostenibilidad inéditos en Buenos Aires, por exigencia del Banco Mundial, que aportó un crédito de 170 millones de dólares para financiar la urbanización. “Las paredes tienen una capacidad de aislación tanto térmica como sonora, que reduce el consumo de energía. Además, en los techos se colocó un sistema de recolección de agua de lluvia para destinarla al riego de las áreas verdes del lugar”, explicó a IPS Juan Ignacio Salari, subsecretario de Infraestructura Urbana del gobierno de Buenos Aires. “Estamos también intentando avanzar con el Banco Mundial para que financie un programa de recambio de electrodomésticos, porque muchos habitantes de la Villa 31 tienen heladeras (frigoríficos) o aires acondicionados muy antiguos, que son muy ineficientes energéticamente”, agregó. “La gente de la Villa quiere formalizarse y pagar los servicios que consume. El Estado debe acompañarlos para que puedan hacerlo”, dijo el funcionario, quien precisó que el plan es poner paneles solares es los edificios nuevos e integrar las demás viviendas a la red convencional de energía eléctrica. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Cinco razones por las cuales la paridad es clave para democracias de América Latina

qua, 06/02/2019 - 13:18

Mujeres participan en una actividad política en Santo Domingo. Crédito: PNUD República DominicanaPor Richard BarathePANAMÁ, Feb 6 2019 (IPS) En el 2019, América Latina y el Caribe será el escenario de 12 procesos electorales. Momentos como este llaman a pensar en los sistemas democráticos nuevamente y el impacto que tienen estos en la presencia de las mujeres en la política como una oportunidad para renovar nuestro compromiso por una inclusión de las mujeres en la política y así, la transformación hacia un nuevo sistema democrático paritario. Desde el año 2000 el porcentaje de parlamentarias elegidas a nivel local en América Latina se ha incrementado de 13,23 por ciento a 30,7 por ciento en el 2018; sin embargo, en la región persisten importantes deficiencias en el empoderamiento político de las mujeres. La baja participación de las mujeres en espacios de decisión y los obstáculos que deben sobrellevar para formar parte de los sistemas democráticos muestran una situación crítica, pero también una oportunidad para generar un cambio positivo en la región. La paridad política es necesaria para que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas y se beneficien del proceso de la democracia.  La democracia paritaria propone un nuevo modelo de un estado inclusivo, tal como lo propone la Agenda 2030, y un nuevo pacto social donde la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sea una realidad.

  1. Calidad y legitimidad democrática: Cuando la diversificación en la toma de decisiones no existe es probable que los intereses que se traducen en políticas representen sólo a un grupo determinado en desmedro de otros.  La democracia paritaria es una oportunidad para que las necesidades del 50 por ciento de la población sean atendidas a través de decisiones y políticas más inclusivas desde todos los poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno. La experiencia ha mostrado que la participación de mujeres en espacios donde se decide la agenda política contribuye a que se incorporen temas que repercuten en beneficio de toda la sociedad, como la custodia parental, legislación contra la violencia de género, la salud sexual y reproductiva, el empleo y autonomía económica de las mujeres, seguridad en espacios públicos, educación, gestión del agua, etc. Richard Barathe
  2. Igualdad real en el acceso al poder: Además de que haya más mujeres en los diversos espacios y órganos de decisión política, es igualmente necesario promover las mismas condiciones y oportunidades para hombres y mujeres, en todos los niveles jerárquicos de las estructuras políticas. La paridad, como medida legal en lo político electoral ha demostrado ser la política más efectiva para lograr esa diversidad en el acceso al espacio público: en las democracias latinoamericanas que la han aplicado en nominaciones electorales, se ha logrado el mayor número de mujeres electas como parlamentarias en la historia de dichos países alcanzado rangos cercanos al 40-50 por ciento en Bolivia, México, Costa Rica y Ecuador (CIM e IDEA Internacional, 2016). A su vez, Bolivia, Costa Rica y México son los países de la región con la proporción más equitativa de mujeres y hombres en sus parlamentos.
  3. Igualdad real a través de nuevas leyes y políticas: La paridad permite que más mujeres lleguen y cuando eso sucede, tal como señalan diversos estudios como el del Banco Mundial (2014), se produce un impacto positivo en el tipo de políticas, temas y soluciones consideradas (incluyendo presupuestarias). Tomando como ejemplo el parlamento, las mujeres electas han impulsado nuevas leyes desde su llegada, relacionadas por ejemplo, a propiciar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el hogar, a la igualdad salarial y la mitigación de la violencia de género en una región en la que -según datos de CEPAL- solo en 2017, 2795 mujeres fueron víctimas de feminicidio. 
  4. Aprovechar el capital humano y mejorar el desarrollo: La desigualdad tiene costos para el desarrollo de los países. Recientes estudios del plano económico señalan que las brechas que afectan a las mujeres en el mundo empresarial y salarial suponen una pérdida del 14 por ciento del producto interno bruto en América Latina y el Caribe (Cuberes y Teignier, 2014). En el plano educativo, las mujeres superan a los hombres en el número máximo de años de instrucción:  23 por ciento de mujeres frente a 20,2 por ciento de hombres con más de trece años (CEPAL, 2017). La democracia paritaria plantea la incorporación plena e igualitaria de las mujeres en los aspectos económicos, sociales y políticos, aprovechando así un valioso capital humano.
  5. Trasformación en las relaciones de poder: Que haya mujeres líderes políticas contribuye a generar nuevos roles y prototipos de mujeres, distintos de las tradicionales. El redistribuir el poder de forma equilibrada entre hombres y mujeres como plantea la democracia paritaria (tanto en el mundo público como en la vida privada) ayuda a construir relaciones horizontales de igualdad y liderazgos libres de estereotipos y prejuicios. Además, las mujeres líderes refuerzan el concepto de la mujer ciudadana frente a la mujer víctima, vulnerable y económicamente dependiente.  Dicho esto, la paridad también supone la liberación para los hombres de un tipo de masculinidad muchas veces anclada en relaciones de subordinación.
Por ello desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)ONU Mujeres e IDEA Internacional, hemos lanzado recientemente la Red de Democracia Paritaria compuesta de más de 200 líderes en la región, con el objetivo de formar un diálogo regional que busque impulsar la participación política de las mujeres en América Latina, y promover reformas legislativas que les permitan ocupar cargos de liderazgo político para representar e influir en el desarrollo de sus sociedades. RV: EG El artículo Cinco razones por las cuales la paridad es clave para democracias de América Latina fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.
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El Caribe lucha por alzar su voz en las negociaciones climáticas

qua, 06/02/2019 - 13:15

En la fotografía, un pescador de Barbados. Las reservas de peces en el Caribe sufren las consecuencias del cambio climático. Crédito: Desmond Brown/IPSPor Desmond BrownGEORGETOWN, Feb 6 2019 (IPS) En los últimos años, los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) sufren cada vez más las consecuencias de huracanes, tormentas tropicales y otros eventos climáticos debido al aumento de un grado centígrado en la temperatura global, con respecto a la era preindustrial, y tienen un mayor impacto en las comunidades más vulnerables. La Caricom y otros pequeños estados insulares en desarrollo (PEID) reclaman desde hace tiempo que el aumento de la temperatura global no supere 1,5 grados para fines de este siglo y así evitar lo peor. El Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1,5 grados, elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), señala que los riesgos para los sistemas naturales y humanos, que afectan a la salud, los medios de vida, la seguridad alimentaria, el suministro hídrico, la seguridad humana y el crecimiento económico, son significativamente mayores cuanto más aumenta la temperatura global, lo que preocupa aún más a los países bajos. En especial, a los PEID les preocupa la posibilidad de perder entre 70 y 90 por ciento de los arrecifes de coral si la temperatura global aumenta 1,5 grados y hasta 99 por ciento, si aumenta dos grados. IPS entrevistó al secretario general adjunto de la Caricom, Douglas Slater, quien dijo que la organización trabaja con la Alianza de Pequeños Estados Insulares, y que los PEID de la Caricom son verdaderos líderes en el movimiento que los nuclea. También comentó que en la 24 Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la región pudo, en cierta forma, garantizar que los procedimientos para implementar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, acordado en 2015, se definieran con claridad. Douglas Slater, secretario general adjunto de la Comunidad del Caribe (Caricom), dijo que la región necesita reconocer la importancia de implementar algunas de las medidas recomendadas por las instituciones técnicas, que ayudarán a construir la resiliencia climática. Crédito: Desmond Brown/IPS. IPS: ¿Cómo le va a la Caricom en la lucha contra el cambio climático? DOUGLAS SLATER: Desde la COP21, en Francia, se tomaron ciertas decisiones. La región pensó que en la COP24 debíamos asegurar los procedimientos para implementar el Acuerdo de París y que las modalidades estuvieran claramente detalladas y definidas. En cierta medida, diría que se logró. Otro asunto que llevamos a la COP24 y por el que abogamos es la respuesta al estudio del IPCC sobre el aumento de 1,5 grados. El mundo ya apuesta a limitar el recalentamiento global a menos de dos grados. Insistimos en que no tiene que ser más de 1,5. Ahora puede parecer que están cerrados, pero las diferencias son tan significativas, en especial en lo que nos atañe. Debo decir que nos costó convencerlos de aceptar la redacción de las conclusiones del IPCC. De hecho, la mayoría de las partes apoyaron las conclusiones y las acciones para responder a ellas. Pero hubo algunos grandes actores que no lo hicieron y como trabajamos por consenso, no pudo figurar en el documento final de forma contundente como para respaldar lo que queríamos. Hubo cuatro países, algunos pesos pesados como Estados Unidos, Rusia, Kuwait y Arabia Saudita, que se resistieron. Insistiremos y habrán otras oportunidades. De hecho, hay una reunión en mayo de este año, en la que seguiremos presionando. IPS: ¿Hubo otros resultados tangibles? DS: Sí, incluimos ciertos términos que impulsarán a las partes a trabajar hacia lo que queremos. También está el tema del Diálogo de Talanoa, que se decidió en la anterior Presidencia de la COP, a cargo de Fiyi. El texto sugiere trabajar juntos de forma inclusiva para asegurar que muchos temas, como las contribuciones determinadas a escala nacional, se ajusten para cumplir con los plazos. También implicó un desafío para que fuera aceptado por todos, pero creo que se puede decir que las partes reconocieron lo que está pasando y aceptaron aumentar su ambición de reducir los gases invernadero. Pero es una lucha constante y tenemos que seguir alzando nuestra pequeña pero poderosa voz porque el cambio climático es un asunto existencial para nosotros. Saliendo de la temporada de huracanes de 2017, tuvimos, de primera mano, la experiencia de lo que nos puede pasar, y no queremos que se vuelva a repetir. IPS: Debido a que en el Caribe los gobiernos cambian cada cinco años o menos, ¿cree que con cada cambio, el nuevo gobierno cambia el nivel de atención al cambio climático? DS: Me parece, por lo que he observado en los últimos años, que los partidos políticos de la región comprenden el impacto que puede tener en nosotros el cambio climático y, en general, suelen estar a favor. No es un problema. Puede variar el grado de énfasis, pero no creo que sea un problema. Creo que está claro para todos nuestros líderes que el cambio climático es una realidad y que puede destruir nuestra sostenibilidad, en especial la económica. En mi opinión, no importa quién esté en el gobierno, la política debe apuntar a atender la resiliencia al cambio climático y creo que, en general, ocurre eso. IPS: ¿Cuáles son los mayores desafíos para los países de la región de forma individual o grupal? DS: Creo que tenemos que reconocer la importancia de implementar algunas medidas, como recomiendan nuestras instituciones técnicas, que ayudarán a construir resiliencia. En el caso de los huracanes, por ejemplo. Una de las razones de los daños devastadores es que las normas de construcción deben actualizarse. Creo que con eso construiremos una región más resiliente. Creo que ese es el mensaje, pero la implementación lleva cierto tiempo por la falta de recursos. Trabajamos en eso. Sé que Dominica, en especial después del huracán María, trabaja de forma asidua en la construcción del primer país resiliente al cambio climático, probablemente del mundo; un buen augurio para la región. Esperamos que lo queaobtengamos de esa experiencia se puede difundir en toda la región. Me preocupan particularmente algunos estados de la Caricom, como Haití. Lo menciono por la degradación del suelo y sus consecuencias, con las que tenemos que lidiar ahora. Esperemos que pueda ajustarse y comprender la necesidad de reforestar porque es una medida de resiliencia. Creo que si nuestros Estados miembro pueden trabajar con varios ministerios e instituciones regionales podemos movilizar recursos; ese es el gran desafío. En general, sabemos lo que tenemos que hacer. Hay cierta disposición a hacerlo, la dificultad es contar con los recursos para hacerlo. Tenemos algunas instituciones excelentes, como la CDEMA (Agencia de Gestión de Emergencia de Desastres del Caribe), que se puso manos a la obra, pero necesitan recursos a veces para responder a algunos desafíos. Trabajamos con algunas organizaciones internacionales y otros socios del desarrollo para ver cómo podemos aunar esfuerzos. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Europeos y estadounidenses disputan por aceitunas negras

ter, 05/02/2019 - 17:37

La Unión Europea ha demandado la apertura de consultas en la Organización Mundial de Comercio por la decisión de Estados Unidos de penalizar con un incremento de aranceles a las aceitunas negras españolas. Crédito: Ginebracomercio.comPor Gustavo CapdevilaGINEBRA, Feb 5 2019 (IPS) El fantasma del proteccionismo agrícola internacional volvió a la palestra en la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 31 de enero con la solicitud de consultas de la Unión Europea a Estados Unidos para discutir una decisión de Washington que impone aumentos de 35 por ciento a los derechos de importación sobre las aceitunas negras españolas. Una vez entabladas las discusiones y transcurridos 60 días sin un acuerdo, la Unión Europea (UE) puede demandar la formación de un grupo especial (panel) que examinará el caso y emitirá una opinión. El 1 de agosto de 2018 Washington dictó las órdenes de imposición de derechos compensatorios y antidumping por entender que “una industria de Estados Unidos es perjudicada materialmente a causa de la importación subvencionada de aceitunas negras de España”, según determinaron el Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos. La Protección de Fronteras y Aduanas de ese país fue encargada de exigir el depósito en efectivo de los derechos compensatorios y antidumping a las importaciones de aceitunas negras de Aceitunas Guadalquivir S.L.U., Agro Sevilla Aceitunas S. Coop., Ángel Camacho Alimentación S. L, y otras empresas. Los derechos compensatorios se activan cuando existe la certidumbre de una contribución financiera (subvención o subsidio) por parte de un gobierno o de cualquier organismo público en el territorio de un estado miembro de la OMC. El derecho antidumping contrarresta la maniobra del dumping, cuando se coloca en el mercado una mercancía a valor inferior al de su producción en origen. En este caso, la investigación previa efectuada por las autoridades estadounidenses alude a los beneficios de la Política Agraria Común (PAC) de la UE, que habrían alcanzado a los productores españoles con el incremento del derecho de importación a Estados Unidos por un total de 35 por ciento, de los cuales 15 por ciento corresponden a derechos contra la subvención y 20 por ciento a los derechos antidumping. La comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, opinó que los abultados  aranceles impuestos por Estados Unidos a las aceitunas españolas son “injustificados”. “Hemos planteado este caso a nuestros socios estadounidenses en muchas ocasiones y, junto a las autoridades españolas, continuaremos defendiendo vigorosamente los intereses de los productores de la UE”, dijo en declaraciones citadas por un informe del Consejo Oleícola Internacional y distribuido por el portal scoop.it. La misma fuente recoge reacciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, que manifestó satisfacción por la acción legal emprendida por la UE ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. Planas también consideró “injustos” los aumentos arancelarios de Estados Unidos. “Tenemos que tener muy claro que la Unión Europea está defendiendo las ayudas desacopladas a sus agricultores y ganaderos, que son compatibles con las normas de la OMC”, afirmó el ministro español. Las políticas de sostén a las actividades rurales en los países de Europa se remontan a épocas no muy lejanas cuando eran frecuentes los períodos de escasez alimentaria y de hambrunas causados por plagas y pestes que asolaban cultivos y ganados y también por métodos primitivos de producción, entre otras razones. En esas condiciones, el sostén público premiaba los volúmenes de producción para cubrir las necesidades apremiantes. El panorama cambió con el auge económico posterior a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y el nacimiento y expansión de la UE con sus 28 Estados miembros actuales. Lo que no varió fue el sistema de ayudas indirectas que siguió favoreciendo la producción y engrosando también las arcas de los grandes latifundistas. Ese mecanismo creó recelos internacionales por el perjuicio que las ayudas europeas causaban, y todavía causan, a agricultores y campesinos eficientes de países pobres en desarrollo, sin siquiera recursos para subvencionar. Esas diferencias se hicieron notorias durante las negociaciones de la Ronda Uruguay (1986-1994) que dieron nacimiento a la OMC, a partir de 1995, y también al Acuerdo sobre la Agricultura, que recogió aspiraciones de los países en desarrollo sin todavía darles plena satisfacción. La UE, convertida en una comunidad exitosa y opulenta, mantuvo las antiguas orientaciones de apoyo al sector rural, aunque dirigió buena parte de esos recursos a la asistencia de regiones más desfavorecidas, en especial de los nuevos miembros que se iban incorporando, como ocurrió con Andalucía y Extremadura, dos de las regiones de España que concentran las plantaciones de olivares. Al tiempo, bajo la presión de países agrícolas eficientes, la UE ha cedido en el terreno de la competencia de las exportaciones, casi en su totalidad eliminadas, y ha reformado desde 2003 en la PAC el sistema de ayudas indirectas. En esa fecha introdujo un régimen de ayuda directa que desacopla (desvincula) las ayudas a la producción y las concentra en el productor, que a su vez se orientará por el comportamiento del mercado, según las convicciones predominantes en esta nueva época. De esa manera, las subvenciones privilegian cultivos herbáceos y explotaciones de ganado vacuno para carne y leche, igual que con ovinos y caprinos. En 2004, se extendió a los productos mediterráneos como el aceite de oliva, y cuatro años más tarde llegó al banano, azúcar, frutas, hortalizas y vino. Estas son las subvenciones que incomodan a Estados Unidos y que han provocado la discusión en la OMC que puede terminar en un pleito. Pero la historia del proteccionismo agrícola no termina aquí. La Unión Europea redujo sus subvenciones, la ayuda indirecta, pero aun mantiene otra forma de proteccionismo, en el rubro de acceso a los mercados. La UE aplica aranceles aduaneros muy elevados para productos agrícolas, en especial la carne, y en esta materia se ha mantenido inflexible, en particular Francia e Irlanda, ante los reclamos de países productores eficientes. Tampoco Estados Unidos está exento de culpa en el proteccionismo agrícola pues dedican hasta 12.000 millones de dólares anuales en ayuda interna, destinada a agricultores ineficientes de la región del Medio Oeste, que constituyen un núcleo de peso político determinante en las elecciones presidenciales cuatrienales. Para leer más artículos de Gustavo Capdevila sobre los movimientos del comercio internacional, visite la página especial del autor sobre el tema: https://ginebracomercio.com/ RV: EG El artículo Europeos y estadounidenses disputan por aceitunas negras fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Ultimo desastre natural deja rastro de solidaridad ciudadana en Cuba

ter, 05/02/2019 - 16:51

A comienzos de febrero, un grupo de voluntarios que se organizaron para atender a los damnificados del tornado que azotó La Habana el 27 de enero, camina cargado de bolsas con diversos bienes donados para brindar asistencia a las personas necesitadas, en uno el municipio de Regla, uno de los que conforman la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPSPor Patricia GroggLA HABANA, Feb 5 2019 (IPS) El desastre causado por un poderoso tornado que azotó cinco municipios densamente poblados de La Habana agrava las penurias económicas de Cuba, al mismo tiempo que desató un movimiento ciudadano de solidaridad que no esperó la convocatoria oficial para manifestarse. Seis fallecidos, casi 200 heridos y cuantiosos daños materiales, especialmente en viviendas, bienes personales y edificaciones públicas, fue el saldo del fenómeno atmosférico que la noche del 27 de enero dejó su estela de destrucción a lo largo de su trayectoria de unos 20 kilómetros con sus vientos máximos de entre 267 y 322 kilómetros por hora. Cuba terminó 2018 con un crecimiento de apenas 1,2 por ciento y comenzó el nuevo año  con fuertes tensiones financieras por la reducción de los ingresos previstos debido a la caída en las exportaciones, el turismo y la producción azucarera.“Ha sido una experiencia dolorosa ver la destrucción, pero a su vez resulta reconfortante ver tanta solidaridad, tanta ayuda y, en mi caso personal, me entusiasma ver tantas personas jóvenes en los lugares que más lo necesitan”: Jesús Muñoz. Esa situación obligó a cortar al mínimo las importaciones, por lo que podría incrementarse el desabastecimiento de alimentos, a lo que se suma ahora la necesidad de atender las consecuencias del nuevo evento climático. Pero a medida que la ciudad comenzaba a restañar sus heridas, se vio nacer también un masivo movimiento solidario en favor de los damnificados casi tan sorpresivo como el tornado, que a diferencia de un huracán no se puede pronosticar por ser un sistema pequeño en tamaño, de corta vida y trayectoria. Las personas comenzaron a llegar a la zona de desastre apenas despuntó el alba el lunes 28, algunas a título individual, otras como activistas de organizaciones no gubernamentales, estudiantiles, agrupaciones religiosas, artísticas o deportivas.  Todas unidas por el deseo de remediar las carencias de quienes lo perdieron todo. Este fenómeno social está muy vinculado al creciente acceso a Internet, a la que en diciembre pasado se incorporó la conexión por datos móviles, mucho más resistente al tornado que los servicios tradicionales de telefonía fija y móvil. Fue así que las redes sociales devinieron distribuidoras de las primeras noticias e iniciativas de apoyo. Las imágenes y relatos publicados en las redes sirvieron de base para los reportes de algunos medios internacionales de prensa e inclusive no pocos fueron recogidos por el estatal diario cubano Juventud Rebelde. La primera cifra de pérdidas fue publicada al amanecer del 28 de enero por el presidente  Miguel Díaz Canel en su cuenta oficial en Twitter. En los primeros días hubo incomprensión de algunas autoridades que obstaculizaron en vez de facilitar el ingreso a las áreas impactadas a grupos interesados en entregar su ayuda directamente, pero pronto las tensiones dieron paso a la mutua colaboración. A su vez, las redes contribuyen a orientar y coordinar mejor la cooperación ciudadana. “Esta movilización masiva que hemos visto por estos días demuestra que el pueblo cubano tiene una fuerte capacidad para organizarse si así se quiere y que la vocación solidaria está bien arraigada en el día a día de la sociedad”, comentó Taylor Torres, activista por un mayor acceso y uso de Internet en Cuba. Integrantes de una brigada de construcción trabajan en la reparación de una vivienda entre los escombros dejados por un tornado que azotó La Habana, en el municipio de Regla, en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS En su opinión, no se puede negar en este fenómeno social el “papel fundamental de la internet y el alto poder de convocatoria que logran tener las redes sociales”.  “Nuestra lista de damnificados ha dado la vuelta al mundo y la hemos compartido muchas veces a solicitud de varias personas”, señaló a IPS. Jesús Muñoz, activista de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, resaltó a IPS la rapidez y organización de las personas para detectar como actuar: primero apoyar en la recogida de escombros y limpieza, luego proveer de agua y alimentos, hasta llegar a la recaudación de fondos para apoyar futuros procesos.Secuelas de un desastre “El impacto ambiental de este tornado puede reflejarse en la destrucción, en el estado de las personas que perdieron casas y pertenencias, probablemente en el estado síquico por el impacto que cambió la vida de muchas personas en un segundo”, dijo a IPS el prestigioso meteorólogo cubano José Rubiera. “En este sentido, ha sido un impacto elevado, pero momentáneo. Tan pronto se reconstruya, pase el momento, y se tienda a la normalidad, ese impacto habrá desaparecido casi totalmente”, añadió. “Ha sido una experiencia dolorosa ver la destrucción, pero a su vez resulta reconfortante ver tanta solidaridad, tanta ayuda y, en mi caso personal, me entusiasma ver tantas personas jóvenes en los lugares que más lo necesitan”, agregó Muñoz, quien no duda del humanismo que mueve a la mayoría de quienes acudieron a las áreas devastadas. Rafael Hernández, director de la revista teórica Temas, posteó en Facebock que esta experiencia ciudadana dejó entre otras lecciones la capacidad subutilizada de la sociedad civil para actuar en línea con los problemas del país, movilizando y aportando sus recursos, sin esperar orientaciones, con eficacia y prontitud, en coordinación con instituciones locales. El tornado tomó por sorpresa no solo a los residentes en las zonas impactadas por el tornado, sino también al gobierno, que dispone de un articulado Sistema de Defensa Civil ante riesgos de desastres, que se activa ante la proximidad de un ciclón tropical como los que con frecuencia azotan Cuba entre junio y noviembre. Probado fundamentalmente en ocasión de huracanes intensos, el sistema incluye una fase de alerta temprana, la evacuación de todas las personas en riesgo, la protección de recursos económicos con énfasis en los alimentos y el inicio inmediato de la fase recuperativa tras el desastre. A esta etapa de sumaron jóvenes de la Asociación Hermanos Saiz, que agrupa a artistas menores de 30 años, entre otras personas, en las labores de limpieza de miles de toneladas de escombros asumido por brigadas estatales. Trabajadores de ocho provincias de la empresa estatal de electricidad se unieron a los capitalinos para restablecer el servicio.   Jóvenes soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba realizan tareas de limpieza en uno de los barrios de La Habana, que fueron azotados la noche del 27 de enero por un tornado de especial intensidad. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS Unos 1.200 empleados de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba de diferentes provincias se afanaban aún varios días después en el restablecimiento de las comunicaciones telefónicas en tres de los cinco municipios más afectados: Diez de Octubre, Regla y Guanabacoa. Entre los 15 municipios que engloban la capital cubana, también sufrieron el impacto San Miguel del Padrón y Habana del Este. El tornado se formó en un punto cercano a Diez de Octubre, en el oeste de la urbe habanera, y se desplazó a una velocidad de 46 kilómetros por hora por los demás municipios hasta salir al mar, ya debilitado, por Celimar, en Habana del Este. La recuperación se prevé más compleja en el sector habitacional, que ya arrastra un déficit de algo más de 200.000 viviendas, según datos de 2017, en esta capital de 2,2 millones de habitantes. Los estragos causados por el tornado incluyen 3.780 unidades residenciales dañadas, de ellas 372 por derrumbes totales y 518 parciales. Unas 500 edificaciones perdieron sus techos y 1.080 sufrieron daños de diverso tipo. Este fin de semana comenzó la construcción de nuevas viviendas en distintos puntos de la zona de desastre. Para la reconstrucción, el gobierno dispuso la venta de materiales a precios rebajados, mediantes créditos o subsidios, según el caso. Este país insular caribeño dispone de un fondo habitacional de algo más de 3,8 millones de viviendas, el 39 por ciento de las cuales se encuentra en condiciones malas y regulares. Informes oficiales divulgados en noviembre del pasado año agregan que existe un déficit de 929. 695 viviendas. De ese faltante hay que construir, nuevas, unas 527.000 y rehabilitar 402.000. Las autoridades esperan remediar esa situación mediante una estrategia de construcción basada en el fortalecimiento de las capacidades locales de producción de materiales y el estímulo a la construcción “por esfuerzo propio” de los usuarios. Los economistas consideran de difícil cumplimiento la aspiración de revertir el crónico déficit habitacional en un plazo de 10 años. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Nacionalismos de derecha ponen en riesgo a las democracias

ter, 05/02/2019 - 13:15

Lysa John, secretaria general de Civicus. Crédito: Cortesía.Por Thalif DeenNACIONES UNIDAS, Feb 5 2019 (IPS) El constante deterioro del multilateralismo, sumado al crecimiento del unilateralismo, pone en riesgo a las democracias, y en especial a la libertad de prensa, a la gobernanza global, a la participación cívica y a los derechos humanos en Asia, África, América del Sur y Medio Oriente. Las amenazas, directas o indirectas, son producto del surgimiento del nacionalismo de derecha en Estados Unidos, que se refleja en exaltados discursos patrióticos procedentes de distintos países como Brasil, Filipinas, Hungría, Polonia, Austria, Turquía, Birmania (Myanmar) y Egipto. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, declaró a la prensa en diciembre que el multilateralismo sufre ataques de diferentes sectores, precisamente “cuando más lo necesitamos”. “En diferentes áreas y por distintos motivos, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, la confianza de los Estados entre sí y la confianza de la gente en las organizaciones internacionales se desgastó y el multilateralismo está bajo fuego”, se quejó. ¿Cómo hará para sobrevivir la sociedad civil en este duro ambiente político en 2019? IPS conversó con Lysa John, la nueva secretaria general de Civicus, la alianza global de organizaciones de la sociedad civil, con sede en Johannesburgo, sobre las perspectivas para el sector este año. “Por desgracia, en el actual contexto político, los gobiernos socavan décadas del trabajo realizado por ciudadanos y líderes de todo el mundo con el fin de construir un marco efectivo para la cooperación global”, se lamentó. En especial, mencionó a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático, de 2015, así como del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como “claro recordatorio de que vivimos en un mundo en el que los gobiernos operan en un estado de negación activo”. En el mundo, hay indignación con los gobernantes, incluso de grandes países como Brasil e India, porque defienden los intereses de las élites mientras reducen la de ciudadanos de a pie, así como de los movimientos comunitarios que trabajan para garantizar la participación cívica y una gobernanza responsable, observó John, quien trabaja también en temas de justicia social desde 1988. Hace poco trabajó con la organización Save the Children Internacional, donde fue directora de campaña y estrategias de promoción, y antes había encabezado el sector de divulgación del Grupo de Alto Nivel de la ONU sobre la Agenda de Desarrollo posterior a 2015. Al ser consultada sobre cómo las organizaciones de la sociedad civil harán frente a la creciente tendencia contra el multilateralismo, opinó que “las soluciones a los nuevos y complejos desafíos, como conflictos, cambio climático y desigualdad, están muy interconectados”. “Necesitamos gobiernos que adopten un enfoque de ‘un mundo’ que les permita combinar recursos de forma activa, compartir lecciones y redoblar las innovaciones para hacer frente a los cambios sociales, ambientales y económicos que se desarrollan con rapidez”, explicó. En ese contexto, el multilateralismo no es solo “una opción que es bueno tener”, sino una necesidad urgente, que determinará la supervivencia y el bienestar de las futuras generaciones. IPS: ¿Cuáles serán los temas políticos y socioeconómicos clave en la agenda de Civicus para este año? LYSA JOHN: 2019 comenzó con algunas señales alarmantes para el surgimiento del espacio global que reclamamos desde hace un año. En Brasil, el nuevo gobierno de (Jair) Bolsonaro amenazó con clausurar las organizaciones de derechos humanos, mientras que en Zimbabwe, activistas y organizaciones están sometidos a un grado de represión e intimidación sorprendentes. En general, aumentan el bloqueo de Internet y el uso de la violencia como formas de silenciar el disenso. En ese contexto, seguirá siendo una prioridad asegurarse de que los gobiernos tomen medidas para proteger y ampliar el derecho de la ciudadanía global a organizarse y a expresar el disenso. En el mundo, periodistas y activistas son los que más denuncian de forma visible las fallas y las violaciones de los gobiernos, lo que los convierte en blancos fáciles de los intereses que buscan mantenerlos callados. También seguiremos trabajando para conectar, ampliar y fortalecer el gran trabajo que hace la sociedad civil en todo el mundo. En un mundo hiperconectado, es ridículo que los gobiernos sigan usando leyes y políticas arcaicas para reprimir el flujo de conocimiento, la tecnología y los recursos que pueden ayudar a millones de personas que viven en la pobreza y sufren discriminación a aprovechar los beneficios del desarrollo moderno. Además, será una parte importante de nuestro trabajo de este año garantizar que los donantes y los Estados inviertan en crear un ambiente propicio para el trabajo de la sociedad civil, donde esta pueda ser lo más innovadora posible, diversa y responsable. IPS: ¿Cómo impactará el deterioro del multilateralismo en las organizaciones de la sociedad civil, y en Civicus en particular? JOHN: Allí donde los gobiernos no actúan defendiendo los intereses de las personas de a pie, la sociedad civil tiene que intervenir y redoblar esfuerzos. Las organizaciones voluntarias se convierten en la primera línea de refugio para las comunidades más marginadas. Eso incluye ampliar la asistencia vital para que puedan huir de conflictos violentos, luchar para cambiar prácticas y leyes que perpetúan la discriminación contra comunidades tradicionalmente excluidas o actuar como primera línea de defensa. Resulta perturbador que en ese contexto, muchos gobiernos opten por aumentar la vigilancia y criminalizar a la sociedad civil, en vez de reconocer y apoyar sus esfuerzos tan necesarios. Nuestra investigación sobre el espacio cívico a través del Monitor de Civicus muestra que los ataques contra la sociedad civil en el mundo son comunes, como es de esperar y, muchas veces, graves. En la actualidad, solo cuatro por ciento de la población mundial vive en países donde las libertades de expresión, de asociación y de reunión pacífica están bien protegidas. Seis de cada 10 personas viven en países donde hay graves restricciones al espacio cívico. Sin los mecanismos nacionales y globales para proteger y ampliar las libertades cívicas, la sociedad civil y las ciudadanías de distintas partes del mundo quedarán más vulnerables. Por eso es importante seguir luchando para proteger el multilateralismo actual, pero también para que nuestras instituciones sean más democráticas e inclusivas. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Triunfo de Bukele pone signo de interrogación a futuro de El Salvador

seg, 04/02/2019 - 20:18

El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, de 37 años, saluda durante la jornada electoral, en que obtuvo un arrasador triunfo. Crédito: Nuevas IdeasPor Edgardo AyalaSAN SALVADOR, Feb 4 2019 (IPS) El contundente triunfo de Nayib Bukele en las elecciones presidenciales celebradas el domingo 3 en El Salvador confirmó la tesis de que la población se hartó de los dos partidos tradicionales mayoritarios, y buscó una opción diferente. Pero además abrió un enorme signo de interrogación sobre el tipo de gobierno que impulsará, y el impacto de las políticas que adoptará a partir del 1 de junio, cuando asuma las riendas de este país centroamericano de 7,3 millones de habitantes. Bukele, de 37 años, logró capitalizar el descontento de la población con las promesas incumplidas tanto de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que dirigió el país por 20 años, de 1989 a 2009, en cuatro gobiernos sucesivos, como del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El ya mandatario electo aún no perfila una idea clara de lo que hará ahora que ha ganado la presidencia, dado que su plataforma se parece a una coctelera donde van mezcladas ideas de libre mercado con algunas banderas sociales de la izquierda, asumidas mientras fue alcalde de San Salvador (2015-2018) de la mano del FMLN. El Salvador pone fin a una década en el poder de la exguerrilla del FMLN, con dos mandatos sucesivos desde 2009,  y se une a la larga lista de países latinoamericanos donde se ha producido un movimiento pendular que ha derribado a gobiernos de izquierda en los últimos años. El último de ellos el de Brasil, con el triunfo de Jair Bolsonaro, de extrema derecha, en octubre. También suma a El Salvador al grupo de países donde las urnas han sancionado una ruptura con las fuerzas tradicionales, como sucedió en México, donde desde diciembre gobierna el presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador, de quien Bukele se declara admirador. El triunfo de Bukele había sido ya previsto por todos los sondeos electorales, aunque había duda de si su estrategia de conectar con la población más joven del país, por medio de las redes sociales, se traduciría en votos efectivos de quien durante la campaña se presentó como un candidato antisistema. Pero Bukele, de ascendencia palestina, sí logró un sonoro triunfo en primera vuelta, que abre para El Salvador una nueva etapa politica de la mano de una figura que adquirió fama de buen gestor por su manejo como alcalde. El Tribunal Supremo Electoral anunció la noche de los comicios que Bukele logró un contundente 53,8 por ciento de los votos válidos, superando a Carlos Calleja, de ARENA, que obtuvo 31,6 por ciento y no pudo retomar el poder como esperaba. Calleja, hijo de un influyente empresario en el rubro de supermercados, amarró una alianza con otros tres partidos minoritarios, que esperaba la sumaran votos a la causa para derrotar a Bukele. Pero no lo logró. También derrotó al candidato Hugo Martínez, del FMLN, que con su exiguo 14 por ciento confirmó que atraviesa la peor de sus crisis, al ser relegado, por primera vez en su historia de partido político, a un humillante tercer lugar. Un cuarto contendiente, Josué Alvarado, del partido Vamos, de reciente fundación (noviembre de 2017), surgido para captar el voto evangélico, pero apenas obtuvo un 0,8 por ciento. “Hemos hecho historia, hemos sacado más votos que el FMLN y ARENA juntos”, dijo un efusivo Bukele, tras declararse ganador, a eso de las 10 pm del domingo, en un hotel de la ciudad, vitoreado por sus seguidores. Ese triunfo marca el fin de un ciclo en el que la política salvadoreña de la posguerra fue dominada por esos dos partidos. El Salvador vivió una cruenta guerra civil de 1980 a 1992, que dejó un saldo de unos 70.000 muertos, según cálculos de organismos de derechos humanos. Durante la campaña electoral, sus opositores políticos advirtieron del riesgo de que Bukele termine convirtiéndose en un populista “antisistema”, un fenómeno que ha llevado al colapso de los partidos tradicionales en países vecinos como Guatemala, aprovechando el hartazgo de la gente que no ve mejoras en sus vidas. Como su propio partido, Nuevas Ideas, aún se encuentra en formación, Bukele se inscribió al partido de derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), formado en 2010 como una escisión ARENA, lo cual le generó críticas debido a la reputación de oportunistas que tienen sus dirigentes. Pero antes fue durante un tiempo miembro del “Frente”, como se le conoce localmente al antiguo partido guerrillero. Primero ganó, en mayo de 2012, la alcaldía en el pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán (2012-2015), y luego, en mayo de 2015, la de la capital del país. No obstante, una serie de disputas y pleitos internos, le valieron la expulsión del FMLN en octubre de 2017. Su alianza con GANA no deja de restarle credibilidad a una de sus banderas de campaña: la lucha contra la corrupción, dado que algunos dirigentes de ese partido se han visto envueltos en negocios poco claros. La corrupción en El Salvador es uno de los factores que jugaron en contra de ARENA, y que el electorado sigue resintiendo, porque durante los gobiernos de esa fuerza política se cometieron sonados desfalcos. El más sonado, el del gobierno de Francisco Flores (1999-2004), que admitió haber desviado 10 millones de dólares a cuentas de su partido, dinero que había sido donado por Taiwán para reconstruir casas, tras los terremotos que devastaron el país en 2001. Flores murió en enero de 2016, en medio del juicio que se le seguía. Esa misma corrupción también pesó contra el FMLN, cuyo primer presidente, Mauricio Funes (2009-2014), se encuentra asilado en Nicaragua evadiendo la justicia salvadoreña, que lo acusa de estar detrás de un millonario desfalco. Pero también pesó el distanciamiento de la cúpula con la base del partido, especialmente con los veteranos de guerra, así como la sensación de que la dirección de la antigua guerrilla se aferraba al poder para mantener los privilegios de funcionarios bien pagados. En las pasadas elecciones municipales y legislativas, de marzo de 2018, el partido sufrió su primer golpe, al perder más de 400.000 votos, una reducción de casi 50 por ciento de su caudal. La población, y en especial los veteranos del conflicto, “le negaron los votos debido al abandono en el que se ha visto sometido este sector de la población que ofrendó su vida en la guerra y que no ha contado con un acompañamiento mínimo para hacerte frente a su vida”, dijo a IPS la activista Margarita Posada, de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia. Posada señaló que la presidencia de Bukele no augura buenas señales para los movimientos sociales ni para la población salvadoreña, especialmente las capas bajas y medias. “El triunfo de Bukele significa un probable retroceso en materia social, sobre todo en lo referente a la reforma de salud y los espacios de participación y contraloría social que esta genera, dada su personalidad poco tolerante a la crítica y autoritaria en materia de toma de decisiones”, acotó. Mientras, con una visión opuesta, el analista político de izquierda, Dagoberto Gutiérrez, aliado de Bukele, auguró el inicio de una nueva era para el país, con marcados cambios sociales que beneficiarán a la población. “La gente necesita comida, salarios dignos y no salarios de hambre, necesita trabajo, necesita vivienda, salud y educación”, opinó Gutiérrez, un excomandante guerrillero, al Canal 19 de televisión, antes de considerar que el contundente ganador de los comicios del domingo trabajará con esos objetivos. Según las últimas cifras oficiales,  32,1 por ciento de hogares salvadoreños se encuentran en pobreza en el campo y 27,4 por ciento en las ciudades, lo que junto con la violencia delictiva y otros problemas sociales ha llevado a un alto contingente de la población a emigrar. Estados Unidos, el mayor destino de la migración, viven 2,8 millones de salvadoreños. Edición: Estrella Gutiérrez El artículo Triunfo de Bukele pone signo de interrogación a futuro de El Salvador fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Emigración irregular desinformada es casi suicidio en Nigeria

seg, 04/02/2019 - 13:00

Oficiales de campo voluntarios llevan a cabo una campaña contra la emigración irregular en lugares públicos del estado nigeriano de Edo. Crédito: Sam Olukoya/IPSPor Sam OlukoyaCIUDAD DE BENÍN, Nigeria, Feb 4 2019 (IPS) “No crea que si intenta realizar el viaje su suerte cambiará para mejor”, advierte una mujer en el concurrido mercado de Uselu, en Ciudad de Benín, capital del sureño estado nigeriano de Edo. “Muchos se embarcaron en el viaje y nunca lo lograron. Muchos están muriendo en el desierto del Sahara”, agrega. La mujer se refiere a un viaje que muchos en esta nación del occidente africano buscan realizar con la esperanza de conseguir una vida mejor para ellos y sus familias. Y es que el trayecto implica aventurarse en una ruta de migración irregular plagada de peligros. Sin embargo, en un irónico giro del destino, muchos nigerianos jóvenes que han intentado llegar a Europa de esta manera, cruzando el Sahara y el mar Mediterráneo, vuelven a casa y se dedican a hacer campaña en contra de esta práctica. Testimonios personales contra la emigración irregular Un grupo de 15 personas que intentaron emigrar y volvieron trabajan para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el marco de su programa Migrantes como Mensajeros en Nigeria. Se los conoce como “oficiales de campo voluntarios” y figuran entre los emigrantes nigerianos que, bajo la Iniciativa Conjunta para la Protección y Reintegración de Migrantes, la OIM y la Unión Europea (UE) trajeron de nuevo a su país desde Libia y otros países de tránsito. Desde el inicio del proyecto, en abril de 2017, más de 11.500 emigrantes volvieron a Nigeria luego de su fallido intento de llegar a Europa. Marshall Patsanza, de la OIM, lo describe como un programa en el que las campañas son entre pares y bajo el cual “los emigrantes que se embarcaron en el viaje a Europa a través de Libia comparten sus experiencias, informando a otros sobre los peligros” que supone el intento. La iniciativa incluye una serie de mensajes y videos publicados en las redes sociales de Internet, entrevistas en radios comunitarias y proyecciones comunitarias de una película sobre este tipo de migraciones. La campaña también tiene lugar en los medios de comunicación dominantes, así como en escuelas y en lugares públicos, como concurridas autopistas y mercados. Un viaje peligroso La campaña en el mercado de Uselu comienza con una oficial de campo voluntaria hablándoles a comerciantes y clientes a través de un megáfono. La mujer explica a su audiencia que las migraciones indocumentadas a través del desierto y hasta Libia, y luego cruzando el Mediterráneo hasta Europa, son muy peligrosas y nadie debería aventurarse en ellas, independientemente de las penurias que esté enfrentando en su país. Pero el mercado se alborota cuando ella critica esta práctica generalizada en el estado de Edo, donde las madres pobres alientan a sus hijos a embarcarse en ese riesgoso viaje con la esperanza de que en el exterior ganen mucho dinero que les permita sacar a sus familias de la pobreza. Edo es el estado nigeriano con mayor prevalencia de migraciones irregulares. Datos recabados por la OIM en el marco de su Iniciativa Conjunta con la UE muestran que alrededor de 50 por ciento de los emigrantes regresados de Libia desde abril de 2017 son oriundos de Edo. Es aquí que los voluntarios son más activos, esforzándose para garantizar una campaña exitosa. Y eso es lo que hacen ahora en el mercado de Uselu. Recesión económica impulsa emigración irregular De repente, cunde el enojo entre las mujeres presentes en el mercado. Al escuchar a la voluntaria advertir contra las madres que incitan a sus hijos a seguir la ruta libia, estalla una guerra de palabras. Las mujeres insisten en que este tipo de emigración se volvió inevitable por culpa de la mala situación económica en Nigeria, que ha dejado a muchas familias sumidas en la pobreza extrema. En 2017 el país empezó a recuperarse de su peor recesión en un cuarto de siglo. Pero el aumento de la inflación y un enlentecimiento en el sector petrolero, entre otros factores, deprimen el crecimiento económico. “Muchas de las buenas casas que hay en (Ciudad de) Benín se construyeron con dinero que enviaron los que se fueron al exterior a través de Libia”, dijo una mujer. Otra argumentó que es injusto pedirle a la gente que no viaje a Europa cruzando el desierto y el mar cuando no se le permite viajar por aire. El hecho de que madres y padres apoyen con tanta vehemencia la emigración irregular es uno de los principales motivos de que esta práctica esté tan generalizada en el estado de Edo. Esto, sumado a que la práctica tiene una larga historia de arraigo entre los lugareños -empezó en los años 80, tras una crisis en la economía nigeriana-, muchas veces dificulta el trabajo de los voluntarios. Historias traumáticas para cambiar puntos de vista Más allá de las dificultades, los relatos personales de los voluntarios son una herramienta efectiva en la concreción de sus campañas. También van munidos de afiches y folletos que ilustran las experiencias cercanas a la muerte que vivieron al intentar el viaje hacia Europa. El voluntario Jude Ikuenobe señala que, cuando se ve enfrentado a una situación similar a la ocurrida en el mercado de Uselu, siempre les habla a las personas sobre su encarcelamiento en Libia. Les muestra fotos, tomadas poco después de su regreso a Nigeria, donde se ve cuán escuálido quedó luego de su temporada en prisión. También les habla de cómo sus amigos murieron al cruzar el desierto del Sahara y el mar Mediterráneo. Como tradicionalmente los habitantes del estado de Edo son enterrados cerca de sus seres queridos, Ikuenobe a menudo destaca lo triste que es fallecer en un lugar como Libia, o cuán trágico resulta que dejen sus cadáveres tirados en el desierto, en vez de que sus familiares los entierren en su lugar de origen. Ikuenobe dice que cuando el público oye sus experiencias y ve sus fotografías a menudo se siente desalentado de intentar emigrar de esta manera. Un ámbito para compartir Algunos de los presentes en el mercado se sienten suficientemente en confianza para  compartir sus propias historias. Una mujer recuerda a su joven amiga que se ahogó en el mar mientras intentaba cruzar de Libia a Europa. Un hombre, Chinedu Adimon, cuenta que dos de sus amigos se ahogaron en iguales circunstancias. “Uno de ellos tenía dos hijas pequeñas”, dice. Muchas personas que no tienen noticias de sus familiares desde que estos se embarcaron en el viaje, se ven impactadas por la realidad de los peligros. Y se preguntan, entonces, qué les habrá pasado a sus seres queridos. Pius Igede rompe en llanto. Relata que hace poco su hija se fue a Europa siguiendo esta vía informal y que no sabe nada de su paradero. “Apenas me llamó por teléfono para decir que había salido del país. Ni siquiera sé dónde está ahora, si en Libia o en otro lugar que no conozco”, explica. Igede sospecha que algunos de sus otros hijos también planean irse a Europa. Y para él, los afiches y folletos que reparten los voluntarios pueden ser la manera de convencerlos de desistir. Cerrando una vital brecha de información Osita Osemene, de Iniciativas Ciudadanas Patrióticas, una organización no gubernamental que lucha contra las migraciones irregulares, dijo que los voluntarios lograron convencer a personas que circulaban por el mercado sobre los peligros de esta práctica porque tienen experiencia personal en el tema. “Habría sido muy difícil convencer a alguien en el mercado si los voluntarios hubieran sido personas comunes, sin experiencia en viajes irregulares”, dice Osemene, él mismo un emigrante retornado. Osemene explica que la falta de información sobre el verdadero impacto de las migraciones indocumentadas es un problema serio, porque muchas personas creen que quienes se embarcan en el peligroso trayecto a Europa realmente llegan a destino y tienen vidas exitosas. “Se sorprenden cuando se les muestra algunas de las cosas que viven (quienes se embarcan en esos intentos), cómo cruzan el mar en botes que pueden hundirse fácilmente”, señala. Según Ikuenobe, los voluntarios trabajan para cerrar una vital brecha de información. “Hay muchas madres que no poseen educación, muchas madres desesperadas por ver que a sus hijos les va bien, pero tenemos que hacerles entender que las migraciones irregulares no harán que les vaya bien”, dijo. Para Patsanza, el desempeño de los voluntarios en el mercado de Uselu muestra cuán efectivos pueden ser en el combate a las migraciones de este tipo. Ikuenobe dijo que la campaña se realiza de modo continuo, a fin de educar a la mayor cantidad posible de personas. “El mensaje es que, aunque las cosas estén mal en casa, no se justifica que la gente vaya y se suicide. Intentar viajar a Europa a través del desierto y el mar es como matarse”, aseguró. Artículos relacionados

El artículo Emigración irregular desinformada es casi suicidio en Nigeria fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.
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