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Atualizado: 58 minutos 37 segundos atrás

Reiniciar el capitalismo en Brasil, la meta del nuevo gobierno

sex, 09/11/2018 - 11:35

El presidente electo Jair Bolsonaro y el juez Sergio Moro, designado como el próximo ministro de Justicia y Seguridad Pública, durante una visita en Brasilia al Superior Tribunal de Justicia, una de las cortes centrales de Brasil. Ese nombramiento ha intensificado la polémica sobre las actuaciones del juez contra la corrupción. Crédito: José Cruz/Agência Brasil-Fotos Públicas

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Nov 9 2018 (IPS)

Abolir el Ministerio del Trabajo, una de las decisiones anunciadas por el presidente electo, el ultraderechista Jair Bolsonaro, explicita los rumbos de su gobierno en el intento de ajustar Brasil a las tendencias actuales del capitalismo, aun con propuestas regresivas.

Refleja la devaluación del trabajo por tecnologías que eliminan trabajadores o los atomizan, tanto en la industria como en la agricultura en todo el mundo, y que se acentuó con la llamada cuarta revolución industrial, además de la globalización comercial.

En la formación del nuevo gobierno brasileño, que se pretende tenga entre 15 y 17 ministros, contra los 29 actuales, lo más fácil es sacrificar el del Trabajo.

Bolsonaro ya tuvo que retroceder en la anunciada extinción del Ministerio de Medio Ambiente, cuyas funciones serian incorporadas a la cartera de Agricultura.La extrema derecha victoriosa en Brasil se distingue de otras que se extienden por el mundo por su repentino ascenso y la falta de organicidad, además de carecer de un partido fuerte, y por eso depende del éxito de su gobierno para consolidarse.

Se rindió a las presiones de ambientalistas y principalmente de las grandes empresas agrícolas, temerosas de perder exportaciones, ante la reacción de mercados que rechazan productos vinculados, por ejemplo, a la deforestación.

La fuerza creciente que tienen temas ambientales, en contraste con los laborales y sindicales, forzó también otra marcha atrás. Brasil no dejará el Acuerdo de París sobre cambio climático suscrito en 2015, prometió Bolsonaro, días después de amenazar con la salida, como ya hizo el presidente estadounidense Donald Trump.

La composición del gobierno que tomará posesión el 1 de enero avanza por un camino de anuncios encontrados, desnudando la acción improvisada de protagonistas que no tienen experiencia anterior en la gestión pública, como el mismo Bolsonaro y el designado como superministro de Economía, Paulo Guedes.

Se trata también de aclarar orientaciones y políticas que no fueron debatidas durante la campaña electoral, en que predominaron ataques personales, en busca de la llamada “desconstrucción” del adversario.

Bolsonaro, cuya historia de agresividad alimentó brotes de violencia por parte de sus adeptos y el miedo a que la democracia esté amenazada, moderó su discurso tras su triunfo en los comicios del 28 de octubre, prometiendo cumplir la Constitución como “único norte” y “gobernar para todos”.

Ese proceso de idas y venidas matizó la euforia del mercado financiero, ante el ascenso de la extrema derecha y permite vislumbrar que corrientes asumen de hecho el poder en la coalición informal, diversa y a veces contradictoria que sustenta a Bolsonaro.

Se trata de una amalgama de grupos militares, religiosos, empresarios, el llamado agronegocio y las clases medias.

Privatizar todo lo que sea posible, reducir el tamaño del Estado, liberar las empresas de trabas tributarias, ambientales y del derecho laboral son las políticas anunciadas por Guedes, economista posgraduado en la Universidad Chicago donde adhirió a la corriente “monetarista” de Milton Friedman (1912-2006), inspirador del llamado neoliberalismo.

Jair Bolsonaro, por primera vez en Brasilia como presidente electo, en un encuentro con el mandatario saliente Michel Temer, el 7 de noviembre, con el objetivo de concertar el proceso de transición hasta que asuma el nuevo gobernante, el 1 de enero. Crédito: Rogério Melo/PR-Fotos Públicas

El rechazo a esa política económica, parcialmente adoptada en los años 90, había sido decisivo en las elecciones presidenciales de 2002 a 2014, cuando triunfaron candidatos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), estatistas y duros críticos del neoliberalismo.

La popularidad del PT, basada en programas sociales y desarrollistas, se derrumbó ante los escándalos de corrupción que llevaron a la cárcel varios de sus dirigentes, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), y la recesión económica atribuida a su sucesora Dilma Rousseff, destituida por el legislativo Congreso bicameral en agosto de 2016.

Ahora, por alternancia, le toca el turno a los neoliberales en este país de 208 millones de habitantes, con una expresión mucho más radical que la de los gobernantes moderados de los años 90.

Atacar al PT, como responsable de “la peor crisis económica” y de la corrupción que pudrió todo el sistema político brasileño, fue un arma decisiva de Bolsonaro, un gris diputado desde hace 27 años, cuya repentina popularidad arrastró al poder decenas de diputados y varios gobernadores de estado, hasta ahora desconocidos para los brasileños.

Su base electoral incluye sectores que discrepan del liberalismo económico, como militares nacionalistas y personas en situación de pobreza, dependientes de programas estatales. El mismo Bolsonaro, en su pasado de diputado nacionalista, votó contra las privatizaciones y la apertura comercial.

Su acercamiento al protestantismo, especialmente las iglesias pentecostales, en una de las cuales se hizo bautizar espectacularmente en el río Jordán, en Israel, en 2016, le permitió articular con cierta coherencia el apoyo de distintos sectores y corrientes en una idea de impulsar el reinicio del capitalismo brasileño.

Es curioso oír a sus adeptos que su lucha es contra el comunismo, identificándolo en los gobiernos del PT e incluso el anterior, encabezado por el centrista Partido de la Socialdemocracia Brasileña, acusado de neoliberal por los petistas.

Los pentecostales, más conocidos como evangélicos en Brasil, aglutinan confesiones a las que adhieren más de 30 por ciento de los brasileños y aumentan rápidamente en desmedro de los católicos, según encuestas especializadas.

Especialmente los llamados neopentecostales practican una agresiva formación de nuevos emprendedores, en una prédica por un esfuerzo individual de enriquecimiento. Es la “teología de la prosperidad”, según la periodista francomarroquí Lamia Oualalou en su libro “Jesús te ama”, un reportaje sobre la expansión religiosa y política de esas iglesias.

No se puede olvidar el papel de la religión en países más desarrollados, constatado por el sociólogo Max Weber en su obra “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, hace poco más de un siglo.

Los evangélicos representaron así una catapulta para la candidatura que Bolsonaro construyó desde 2014, no solo por su apoyo masivo en las calles, redes sociales de comunicación y templos, sino porque canalizaron hacia él 70 por ciento de sus votos.

Además sirvieron para promover la convergencia de distintos sectores, divididos por intereses dispares, en el respaldo activo al excapitán del Ejército.

Es lo que permitió neutralizar resistencias, generadas principalmente por las violentas declaraciones de Bolsonaro como diputado y candidato presidencial contra principios democráticos, las mujeres, negros, indígenas o la comunidad homosexual.

Otro superministro ya designado parece confirmar el discurso con que Bolsonaro trató de afirmarse como el más decidido combatiente de la corrupción y de la criminalidad, prometiendo su dura represión y la entrega de armas a la población.

El ministro de Justicia, que incorporará la seguridad pública a sus tareas, será el juez Sergio Moro, famoso por coordinar desde 2014 los procesos que enjuiciaron centenares de políticos, encarcelando decenas, incluyendo al expresidente Lula,  por corrupción, lavado de dinero y organización criminal.

Es una apuesta que fortalece el nuevo gobierno, por lo menos en su inicio, aunque amplió las dudas sobre la imparcialidad del juez, en los procesos contra Lula, ya que apuró las investigaciones y el juicio que condenó el exmandatario y lo confinó en la cárcel desde abril, impidiendo su candidatura presidencial, hasta entonces la favorita según las encuestas.

La extrema derecha victoriosa en Brasil se distingue de otras que se extienden por el mundo por su repentino ascenso y la falta de organicidad, además de carecer de un partido fuerte, y por eso depende del éxito de su gobierno para consolidarse. Bolsonaro solo se afilió al Partido Social Liberal en mayo de 2018 para poder postularse, el octavo por el que ha transitado durante su carrera.

Su “populismo de derecha” es usual en países de sociedades más homogéneas, no en un país de tanta desigualdad como Brasil, más propicio a populismos de izquierda, destacó Anna Grzymala-Busse, profesora de política en la estadounidense Universidad de Stanford, en una entrevista al diario Folha de São Paulo el 29 de octubre.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Solo actuando juntos podemos frenar el alza de la malnutrición

qui, 08/11/2018 - 16:33

Una mujer elabora tortillas en una cocina a leña, en su precaria vivienda en San Lorenzo, el sureño estado mexicano de Chiapas. En América Latina 8,4 por ciento de las mujeres viven en inseguridad alimentaria severa frente a 6,9 por ciento de los hombres. Crédito: FAO

Por Julio Berdegué, Carissa F. Etienne, Marita Perceval, y Miguel Barreto
SANTIAGO, Nov 8 2018 (IPS)

El número de personas con hambre aumentó por tercer año consecutivo en América Latina y el Caribe. Ha superado los 39 millones de personas. Además, casi uno de cada cuatro adultos es obeso, mientras que el sobrepeso afecta a 250 millones. Más que la población completa de Brasil.

Por esto, por primera vez cuatro agencias del sistema de Naciones Unidas –FAO, OPS/OMS, Unicef y PMA (WFP, en inglés)– nos hemos unido para publicar el Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe 2018.

La edición de este año se centra en la desigualdad, un tema fundamental para la región. La desigualdad contribuye al hambre y a las distintas formas de malnutrición.

En América Latina 8,4 por ciento de las mujeres se encuentran en situación de inseguridad alimentaria severa, en comparación con 6,9 por ciento de los hombres.

En 10 países, el 20 por ciento de los niños y niñas más pobres sufren tres veces más desnutrición crónica que el 20 por ciento más rico.

Las poblaciones indígenas sufren mayor inseguridad alimentaria que las no indígenas, y las poblaciones rurales tienen mayores índices de pobreza que las urbanas.

Sin encarar la desigualdad en la seguridad alimentaria y en la nutrición, no podremos cumplir el compromiso que hemos adoptado de no dejar a nadie atrás, establecido en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Es necesario entender por qué la desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad afectan más a las personas de menores ingresos, a las mujeres, a los indígenas, a los afrodescendientes y a las familias rurales.

Sobre todo, debemos actuar de manera diferenciada para asegurar que estos grupos sociales y las poblaciones de los territorios rezagados también puedan cumplir su derecho a la alimentación.

Las cuatro agencias y programas que hemos producido juntas el Panorama de este año estamos convencidas que es perfectamente posible transformar los sistemas alimentarios para garantizar una mejor alimentación para todas las personas, de forma más sostenible y adaptada al cambio climático.

Hoy entendemos que necesitamos acciones en la producción, el comercio internacional, el procesamiento y la comercialización de productos para disponer de alimentos saludables.

Podemos trabajar para mejorar los entornos, de manera tal que faciliten el acceso a alimentos sanos, y fomentar prácticas que ayuden a las personas a tomar decisiones de consumo más informadas y responsables.

Es posible cambiar el rumbo actual de la región para volver a acelerar el progreso hacia la meta de erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2. Para ello, lo que más necesitamos es recuperar un mayor compromiso político con la erradicación del hambre y todas las formas de malnutrición.

Algunos gobiernos ya están poniendo en práctica una nueva generación de políticas para atender las especificidades de los grupos más rezagados. También se están aplicando, por primera vez, políticas públicas innovadoras para reducir el sobrepeso y la obesidad.

Para que están políticas sean exitosas, necesitamos la participación de todos los actores sociales.

Juntos debemos pensar en formas de actuar más responsables con la sociedad y con el ambiente, desde los productores hasta los consumidores. Juntos podemos construir sistemas alimentarios que aseguren la alimentación adecuada en el presente y en el futuro. Juntos podemos garanticen una vida saludable para todas las personas y convertirnos en la generación hambre cero.

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El cólera podría regresar en todo el mundo

qui, 08/11/2018 - 13:11

Las tiendas de campaña instaladas en el hospital de Alsabeen, en Saná, Yemen, con el fin de detectar el cólera. Crédito: Cortesía.

Por Anna Kucirkova
TEXAS, Nov 8 2018 (IPS)

Los brotes de cólera a lo largo de la historia han dejado a cientos de miles de personas muertas o más. En la actualidad, no se sabe mucho al respecto porque básicamente es una enfermedad que se había erradicado en Occidente. Pero eso podría cambiar debido a varios factores que favorecen su propagación a escala mundial.

El último brote de cólera en Estados Unidos fue en el siglo XIX, luego se logró erradicar gracias al tratamiento del agua para consumo y de las aguas residuales, gracias a lo cual se evitó la propagación a través del líquido vital.

Pero ahora el cólera resurge en distintas partes del mundo y puede causar muchas más muertes debido a varios factores.

El cólera se contagia por alimentos o bebidas contaminadas con la bacteria causante de la enfermedad. Y debido a que se transmite a través del agua, en algunos lugares de Occidente, la gente se contagia por productos marinos contaminados.

En los países en desarrollo, la gente toma agua de los ríos, donde otras personas se bañan y defecan, favoreciendo así su propagación. Por eso la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró unos 150.000 casos al año.

El cólera sigue siendo común en lugares con malos sistemas de saneamiento o donde, directamente, no hay. Eso hace que en muchos países de África, América Latina y Asia meridional sea una enfermedad endémica.

En los países tropicales donde no hay suficiente frío como para matar a la bacteria, sumado al agua subterránea insalubre que se mezcla con la potable también favorecen la propagación de la enfermedad de un paciente a toda la comunidad.

El entorno impide la erradicación total de la bacteria, por lo que se suele encontrar en ambientes hacinados. Las tormentas y las inundaciones pueden interferir con los sistemas de suministros de agua, al mezclar el agua contaminada con la potable.

La enfermedad también resurge en zonas de guerra y campamentos de refugiados hacinados, en los que no se puede mantener la pureza del agua. La falta de higiene allí contribuye a su propagación.

Ese es el caso de Yemen y Siria, golpeados por guerras civiles, los peores ejemplos de esta situación.

Y el brote de cólera en Haití muestra que el cólera puede volver con todo después de desastre naturales, que interfieren con la distribución de agua.

Pero también la globalización, favorece el contagio.

En Haití, la epidemia se disparó por la presencia de soldados de las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas, quienes llevaron la bacteria desde Nepal, tras lo cual, la falta de higiene hizo que se propagara con gran rapidez. Ese brote dejó 10.000 personas muertas o cientos de miles más infectadas.

Un país que ya tiene dificultades debido a su infraestructura muy deteriorada tiene, además, que hacerse cargo de un brote de cólera. Es un golpe duro, pues ese país se esforzó durante años para erradicar la enfermedad.

Las infecciones y las muertes fueron peores debido a la fragilidad del sistema médico, que se vio superado por el desastre. En los países que están en esa misma situación, es muy difícil hacer frente al peso que significa una epidemia de cólera, que se propaga rápido y mata a muchas más personas que en un lugar mejor preparado y con más más recursos.

Bangladesh también tiene cólera endémica, y la solución que encontró fue vacunar contra la enfermedad. Por su parte, Vietnam también creó un programa de indemnización para evitar que los humanos fueran vectores de la enfermedad.

La globalización puede llevar el cólera a países que la habían erradicado hace tanto tiempo que los médicos no saben cómo tratarla bien, lo que puede agravar la situación al punto que sea difícil de contener.

A las pocas horas de aparecidos los síntomas, los pacientes pueden perder tanto líquido que terminan postrados, y eso aumenta de forma drástica el riesgo de transmisión.

Esas primeras horas son fundamentales para suministrar a la persona una mezcla de fluidos y antibióticos y evitar una deshidratación grave. Sin un buen diagnóstico desde el comienzo, el paciente puede morir en dos o tres días.

En los países tropicales la falta de infraestructura de agua y saneamiento de calidad, el suelo y las aguas subterráneas no tratadas contienen bacterias de cólera que pueden contaminar las fuentes de agua de las que se extrae el recurso para distribuir a la población.

El brote empeora si las personas enfermas propagan la bacteria a través de fluidos corporales a quienes sí tienen acceso al agua potable. Y debido a los viajes, los pacientes se trasladan y aumenta la velocidad de propagación a través de nuevos vectores.

El brote de ébola en la ciudad estadounidenses de Dallas, en Texas, se originó en un hombre que a sabiendas de que estaba infectado, se tomó un vuelo a ese estado para visitar a su familia, que hacía 10 años que no veía, y con la esperanza de atenderse en algún hospital de Estados Unidos, con muchos más recursos.

Y así, periódicamente, el cólera se propaga a nuevos lugares, por lo que en algunas ciudades se hacen controles en los puestos de ingreso.

Además, las ciudades hacinadas siempre son un entorno favorable para la rápida propagación de la enfermedad, lo que deja muchas víctimas. Una epidemia de cólera en Londres hace dos siglos dejaba decenas de miles de personas muertas en una ciudad de quizá un millón de habitantes.

Pero en los países en desarrollo, donde las ciudades pueden tener entre cinco y 15 millones de habitantes, muchas de las cuales residen en asentamientos irregulares, el cólera podría llegar a dejar un millón de personas muertas o más. Y la migración del campo a la ciudad, también supone un riesgo en casos de epidemias.

Gracias a nuestra comprensión de la transmisión de la enfermedad, el tratamiento funciona y el impacto del cólera no es tan catastrófico como antes. Pero en algunos sitios, donde la medicina occidental choca con prácticas tradicionales, pueden haber dificultades para frenar una epidemia.

Traducción: Verónica Firme

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¡Alarma! Por tercer año suben hambre y obesidad en América Latina

qua, 07/11/2018 - 17:25

Julio Berdegué, representante de la FAO para América Latina y el Caribe, durante la presentación en Santiago de Chile del Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018 de la región, con malas noticias por el incremento del hambre, la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad por tercer año consecutivo. Crédito: Orlando Milesi/IPS

Por Orlando Milesi
SANTIAGO, Nov 7 2018 (IPS)

“Por tercer año consecutivo hay malas noticias” para América Latina y el Caribe, donde aumentaron las cifras del hambre y “esta afecta a 39,3 millones de personas”, 6,1 por ciento de su población, resumió con pesadumbre este miércoles 7 Julio Berdegué,  representante regional de la FAO.

Berdegué presentó en la sede regional del organismo en Santiago las conclusiones del Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018, que trae más malas noticias: también crecieron la desnutrición y la obesidad, en una situación vinculada íntimamente con la persistencia de la desigualdad en los países de la región.

El documento fue elaborado conjuntamente por la división regional de cuatro agencias de la ONU: la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).“No hay ninguna razón material o científica que justifique el hambre. Completamos cinco años sin progreso y tres en retroceso.  Hacemos un llamado de alerta a los gobiernos y a las sociedades”: Julio Berdegué.

Las cuatro organizaciones llamaron a los gobiernos de la región a aplicar políticas públicas que combatan la desigualdad y promuevan sistemas alimentarios saludables y sostenibles.

“No hay ninguna razón material o científica que justifique el hambre. Completamos cinco años sin progreso y tres en retroceso.  Hacemos un llamado de alerta a los gobiernos y a las sociedades”, subrayó Berdegué durante la presentación.

El representante regional destacó el caso de Colombia donde  “la paz empieza a dar dividendos en la erradicación del hambre”, al referir los efectos positivos de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la guerrilla en 2016.

En otro extremo aparece Venezuela que paso a ser uno de los países con mayor número de personas que padecen hambre: 3,7 millones de personas que son el 11,7 por ciento de su población.

Desde 2014, Argentina, Bolivia y Venezuela incrementaron el número de personas subalimentadas. La mayor súbida ocurrió en Venezuela con un aumento de 600.000 personas, tan solo entre los trienios 2014-2016 y 2015-2017, revela el Panorama.

Otros países muy afectados por el hambre son Haití, con cinco millones de personas, equivalentes a 45,7 por ciento de su población, y México con 4,8 millones, que representan 3,8 por ciento de su población.

Sin embargo, tanto en Haití como en México el hambre se redujo en los últimos tres años. Igual en Colombia y en República Dominicana. Estos son los únicos cuatro países de la región que lograron una reducción desde el 2014.

“Si Haití lo puede hacer (reducir el hambre), todos los demás países pueden“, dijo enfático Berdegué.

Según el Panorama, la velocidad del hambre en la región aumentó porque entre 2015 y 2016 el número de subalimentados creció en 200.000, pero entre 2016 y 2017, se incrementó en el doble: 400.000 personas.

Para Berdegué, los números son dramáticos porque “no se trata de estar más cerca de la meta de hambre cero (para 2030). El objetivo no es unas pocas personas menos con hambre”, quien destacó que esta es una región productora y exportadora de alimentos, donde “no falta comida, lo que falta es dinero para comprarla”.

Agregó que la inseguridad alimentaria grave afecta a 47,1 millones de latinoamericanos y caribeños y “lo peor es que  la mayor parte de ellos viven en Sudamérica, la zona más rica de la región. ¿Cómo es posible que 62 por ciento del problema del hambre esté en Sudamérica?, se preguntó.

El documento establece un estrecho vínculo entre desigualdad económica y social y los mayores niveles de hambre, obesidad y malnutrición de las poblaciones.

Cinco millones de niños padecen hambre “y el problema grave es que  ellos corresponden a los quintiles más pobres y viven una condena a una vida muy limitada”, dijo Berdegué.

Precisó que las cuatro agencias de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) establecieron una correlación del hambre con la pertenencia a algunas etnias.

“En Perú,  25 por ciento de los niños quechuas y 23 por ciento de los aymaras sufren desnutrición crónica, mientras que esta a nivel nacional es de 16 por ciento”, ejemplificó.

Simultáneamente, cada año aumentan en 3,6 millones las personas obesas y hoy uno de cada cuatro adultos de la región es obeso. Unos 250 millones viven con sobrepeso, 60 por ciento de la población regional.

El sobrepeso afecta a 3,9 millones de niños y niñas menores de cinco años, cifra que supera el promedio mundial de 5,6 por ciento, indica el informe.

“Es una epidemia desbocada y fuera de control. Nunca hemos comido tan mal. Hay que cambiar el eje hacia una alimentación saludable y nutritiva”, subrayó Berdegué.

Agregó que 18 países de la región producen frutas y verduras, pero las exportan.

“Es indispensable regular las grasas y sales de los alimentos. Hay mucha gente a la cual no le alcanza el dinero para comer saludable. Los currículos escolares deben incluir la alimentación sana y saludable”, enumeró Berdegué al plantear las soluciones posibles para afrontar la epidemía.

Carissa F. Etienne, directora de la OPS, aseveró que “aunque la desnutrición persiste en la región, en particular en poblaciones vulnerables, también se suman la obesidad y el sobrepeso que afectan de manera particular a esos grupos”.

“Es necesario un enfoque multisectorial, que va desde asegurar el acceso a alimentos balanceados y saludables hasta abordar otros factores sociales que también impactan sobre estas formas de malnutrición, como el acceso a la educación, el agua y saneamiento y los servicios de salud”, indicó en una conexión desde su sede en Washington.

A su juicio, “debemos avanzar en el acceso a la salud universal para que todas las personas puedan recibir la atención y medidas de prevención que necesitan por temas de malnutrición y sus consecuencias a largo plazo”.

El Panorama resume que el hambre, la desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad afectan más a las personas de menores ingresos, a las mujeres, a los indígenas, a los afrodescendientes y a las familias rurales de la región.

En América Latina  8,4 por ciento de las mujeres viven en inseguridad alimentaria severa, en comparación con el 6,9 por ciento de los hombres y las poblaciones indígenas sufren mayor inseguridad alimentaria que las no indígenas.

En 10 de sus países,  20 por ciento de los niños y niñas más pobres sufren tres veces más la desnutrición crónica que el 20 por ciento más rico.

Según el Panorama, una de las principales causas del alza de la malnutrición en los grupos de población especialmente vulnerables son los cambios que han sufrido los sistemas alimentarios de la región y el ciclo de los alimentos desde su producción hasta su consumo.

Los mayores efectos se producen en los sectores más excluidos que, si bien han aumentado su consumo de alimentos saludables como leche y carne, muchas veces deben optar por productos con alto contenido en grasa, azúcar y sal, porque tienen menor costo.

En cuanto a la división por género, el Panorama indica que 19 millones de mujeres sufren inseguridad alimentaria severa, en comparación con 15 millones de hombres.

En todos los países, la tasa de obesidad de las mujeres adultas es mayor a la de los hombres; en 19 de ellos, la tasa de obesidad femenina es al menos 10 puntos porcentuales superior a la de los hombres.

“La equidad de género es un valioso instrumento de política para reducir desigualdades. Necesitamos fortalecerla en la práctica, lo cual involucra promover la igualdad en el acceso y control de los recursos del hogar, así como en las decisiones para empoderar a las mujeres en desigualdad”, dijo Miguel Barreto, director regional del PMA, desde Ciudad de Panamá.

Edición: Estrella Gutiérrez

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La erosión podría partir en dos la isla caribeña de Mayreau

qua, 07/11/2018 - 13:18

Del otro lado de la bahía de Windward Carenage Bay está la bahía de Salt Whistle, sobre el Caribe. La famosa playa atrae visitantes a Mayreau, que depende del turismo, fundamental para su economía. Crédito: Kenton X. Chance/IPS

Por Kenton X. Chance
KINGSTON, Nov 7 2018 (IPS)

De niño, Filius “Philman” Ollivierre recuerda que en la isla de Mayreau, hace 40 años, había una franja de tierra de unos 21 metros de ancho, con el mar a ambos lados, que hacía que el resto de esa isla de San Vicente y las Granadinas, de poco menos de 40 kilómetros cuadrados, fuera una sola con la montaña Carbuit.

Pero tras años de erosión marina, él y otras 300 personas se encuentran frente a la posibilidad de que el mar divida la isla en dos y destruya la famosa bahía de Salt Whistle .

En la parte más ancha, la porción de tierra que separa a las plácidas aguas del Caribe, en la bahía de Salt Whistle, del agitado océano Atlántico, en la bahía de Carenage, actualmente tiene unos seis metros.

“El nivel del mar sube debido al cambio climático. Está a la vista, y no es solo en esta área”, comentó Ollivierre en diálogo con IPS.

El pedazo de tierra cerca de la bahía de Salt Whistle supo tener un huerto de exuberantes árboles de uva de playa.

“La erosión del mar se llevó las raíces y con ellas, la planta ya no pudo sobrevivir y se secó”, explicó Ollivierre.

“En el lecho marino en la zona, no hay corales, solo musgo. No hay nada más”, acotó.

Si desaparece la tierra que queda entre las bahías, el número de islas, islotes y cayos de San Vicente y las Granadinas pasará de 32 a 33.

Pero podría ser devastador para la bahía de Salt Whistle, que la agencia de viajes canadiense Flight Network ubicó en el lugar 16, entre las 1.800 mejores playas del mundo, en noviembre de 2017.

Gran parte de la economía de Mayreau gira entorno a la venta de camisetas y ropa de playa a los turistas. Si la playa está en peligro, ya no resultarán tan atractivas, lo que impactará en su economía.

“Mi temor es que si se rompe el lado por el barlovento hacia el otro lado, podría erosionar toda el área. Todo es arena y no hay tanta separando ambos lados, por lo que tenemos que ser cuidadosos y tomar las medidas necesarias para evitar que eso ocurra”, indicó Ollivierre.

El operador de viajes Captain Wayne Halbich, que organiza paseos en las islas de San Vicente y las Granadinas desde hace casi tres décadas, comparte la misma preocupación.

“Es un problema grave, eso es lo que siempre le digo a la gente”, comentó.

“Vemos señales concretas del recalentamiento global. También del hecho de que los corales se mueren, porque no pueden producir arena, y la que se pierde, no vuelve. Esa es la otra historia”, comentó.

Y a menos que se haga algo rápido, la llegada de un ciclón, ahora más intensos y frecuentes en el Caribe, podría ser lo peor que le pase a Mayreau.

“Si este año tenemos una tormenta, se separarán”, aseguró Halbick a IPS, al expresar su miedo a que Mayreau se separe y pierda su famosa bahía de Salt Whistle.

La situación de Mayreau fue objeto de debate en la asamblea nacional en la capital de San Vicente y las Granadinas, donde el legislador Terrance Ollivierre, preguntó al primer ministro Ralph Gonsalves qué se puede hacer con rapidez para remediar la situación.

Gonsalves comentó que numerosos expertos realizaron sugerencias técnicas como poner rápidamente piedras en la playa de Windward Carenage, como medida de mitigación.

“Pero se necesita mucho más que eso y será un proyecto mayor”, precisó, refiriéndose al trabajo que realiza con una empresa que podría tomar algunas medidas paliativas.

“Cuando hablamos de cambio climático y alguna gente lo niega, y muchos de nuestros propios habitantes se burlan, y cuando nuestro pueblo no está lo suficientemente alerta y no han respetado las uvas de playa ni el árbol de la muerte ni manglares ni cocoteros y ni siquiera la arena, pagamos por ello”, indicó.

El primer ministro dijo a los legisladores que algunas personas sugirieron no hacer nada en Mayreau y que el mar volverá a llevar la tierra siguiendo el curso natural de las cosas.

“No es un enfoque científico. Tenemos una dificultad y tratamos de ayudar”, acotó.

Uno de los legisladores que denunció la situación, comentó que alguna gente sugirió lo mismo para la playa Big Sand, en la isla Union, parte de las Granadinas. Y la población todavía espera que el mar devuelva la arena de la otrora famosa playa, que se redujo de unos 15 metros a menos de tres.

Entre las personas que se movilizan por esa causa, se destaca Orisha Joseph y su organización Granadinas Sostenibles, desde hace un año dedicada a recuperar el mayor bosque de manglares y una laguna, en Ashton, en la isla Unión.

El trabajo creará brechas en áreas estratégicas de puertos deportivos para que el agua circule en el área, casi estancada en los últimos 20 años. En el marco del proyecto, la organización plantó 500 manglares en la isla Unión.

“Donde sea que tenga esos manglares, no habrá erosión porque las raíces ayudan filtrar el sedimento y romper la energía de las olas, como en 70 por ciento”, explicó Joseph.

“Entonces, hay una primera línea de defensa, las praderas submarinas, luego vienen los arrecifes de coral y, por último, los manglares. Para cuando se siente el impacto fuerte, hay muchas zonas de contención para  frenarlo”, añadió.

“A medida que avanzamos hacia la economía azul, necesitamos ver cómo las oenegés pueden trabajar con el gobierno y que todo el mundo sepa que no debemos estar en lados enfrentados”, indicó, al explicar que las autoridades deben insistir en que no se construya a menos de 40 metros de la costa.

“En el ambiente, todo está ahí por una razón particular y tenemos que tener cuidado”, añadió.

Por ejemplo, comentó que hay un viñedo que crece en la arena de algunas playas y la gente saca las plantas para tener más playa.

“Pero cuando sacan lo que permite que la arena se quede, entonces se genera un gran problema”, explicó Joseph.

“Tenemos el problema de que la gente corta los manglares solo porque quieren estar contra la playa, sin comprender que la vegetación está ahí por una razón”, insistió.

Traducción: Verónica Firme

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Captura de agua de lluvia apacigua lucha diaria en Chaco argentino

ter, 06/11/2018 - 15:22

El wichí Mariano Barraza (I) y Enzo Romero, técnico de la organización Fundapaz, junto a la cisterna construida para almacenar agua de lluvia en la comunidad indígena de Lote 6, para enfrentar los seis meses de sequía que soporta cada año esta zona de la provincia de Salta, en el Chaco, en el norte de Argentina. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Por Daniel Gutman
LOS BLANCOS, Argentina, Nov 6 2018 (IPS)

“Desde que tengo 8 años me acostumbré a acarrear agua. Hoy, que tengo 63, lo sigo haciendo”, dice Antolín Soraire. Es un campesino alto y de rostro castigado por el sol, que vive en Los Blancos, un pueblo de unas pocas decenas de casas y anchas calles de tierra en la provincia de Salta, en el norte de Argentina.

En esta zona del Chaco, la llanura tropical de más de un millón de kilómetros cuadrados compartida con Bolivia, Brasil y Paraguay, las condiciones de vida no son fáciles.

Durante unos seis meses al año, entre mayo y octubre, no llueve. En el verano austral las temperaturas pueden tornarse crueles: llegan hasta 50 grados centígrados.“Ojalá todo el Chaco se sembrara con cisternas y no tengamos que llorar más la falta de agua. No queremos pozos de 500 metros de profundidad u otros grandes proyectos. Confiamos en las soluciones locales”: Enzo Romero.

Gran parte de los hogares del municipio donde se asienta Los Blancos, Rivadavia Banda Norte, y de otros cercanos está dispersa en parajes rurales, que quedan aislados cuando llueve. La mitad tiene sus necesidades básicas insatisfechas, según datos oficiales, y el acceso al agua es todavía un privilegio, más cuando no hay ríos en el área.

Las perforaciones rara vez se han revelado como una solución. “El agua de las napas es salada y tiene arsénico naturalmente. Hay que ir a más de 450 metros de profundidad para sacar agua buena”, explica Soraire a IPS en esta localidad de unos 1.100 habitantes.

Fue un novedoso sistema autogestionado el que en los últimos tres años trajo esperanza a muchas familias de esta zona, una de las más pobres de la Argentina: la construcción de techos de latón recolectores de agua de lluvia, que es conducida por cañerías a cisternas de cemento enterradas en el suelo.

En cada una de esas cisternas, herméticamente cerradas, se almacenan 16.000 litros de agua de lluvia, lo que se calcula que necesita una familia de cinco personas para beber y cocinar durante los seis meses que suele durar la sequía.

“Cuando yo era chico pasaba el tren una vez por semana y nos dejaba agua. Después el tren dejó de pasar y la cosa se complicó”, recuerda Soraire, que es lo que aquí se conoce como un criollo: es descendiente de los hombres y mujeres blancos que llegaron al Chaco argentino desde fines del Siglo XIX en busca de tierras para criar sus animales, detrás de las expediciones militares que sometían a los indígenas de la región.

Hoy, aunque han pasado los años y la pobreza en la mayor parte de los casos los iguala, todavía se percibe una tensión latente entre criollos e indígenas, quienes viven en comunidades rurales aisladas, en localidades como Los Blancos o en periferias de cascos urbanos.

El ferrocarril que menciona Soraire unió desde principios del siglo XX los 700 kilómetros que separan las ciudades de Formosa y Embarcación, y era prácticamente la única vía de comunicación de esta zona del Chaco, que hasta hace apenas 10 años no tenía ninguna ruta pavimentada.

La indígena Dorita, delante de una “represa” cavada cerca de su vivienda, en el Lote 6, una comunidad wichí a unos kilómetros del pueblo de Los Blancos, en el Chaco argentino. Son pozos que acumulan agua de lluvia se utilizan para abrevar los animales y beber las familias, con gravísimos riesgos sanitarios. Crédito: Daniel Gutman/IPS

El tren se detuvo definitivamente en la década de los 90, durante la ola de privatizaciones y recortes de gastos que impuso el presidente neoliberal Carlos Menem (1989-1999).

Aunque se prometió varias veces recuperarlo, en los pueblos del Chaco salteño hoy quedan apenas unos ruinosos recuerdos del ferrocarril: las vías, cubiertas de vegetación, y los viejos edificios de ladrillo a la vista construidos como estaciones ferroviarias, que desde hace años albergan familias sin hogar.

Soraire, quien cría vacas, cerdos y cabras, es parte de uno de los seis equipos –tres de criollos y tres de indígenas- que la Fundación para el Desarrollo en Paz y Justicia (Fundapaz) capacitó para construir cisternas recolectoras de agua de lluvia en la zona cercana a Los Blancos.

“Aquí todos quieren su cisterna. Entonces hacemos relevamientos para ver cuáles son las familias que tienen mayores necesidades”, cuenta a IPS en Los Blancos, Enzo Romero, técnico de Fundapaz, una organización no gubernamental que trabaja hace más de 40 años en el desarrollo rural de los asentamientos indígenas y criollos del Chaco argentino.

El director de Fundapaz, Gabriel Seghezzo, explica que “la familia beneficiada debe hacer un pozo de cinco metros de diametro por 1,20 de profundidad, en el que se entierra la cisterna. Además, tiene que darle alojamiento y comidas a los constructores durante la semana que lleva la construcción”.

“Que le cueste esfuerzo a la familia es muy importante. Para que esto salga bien es imprescindible que los beneficiarios se involucren”, agrega Seghezzo a IPS en Salta, la capital de la provincia.

Fundapaz “importó” el sistema de las cisternas de Brasil, gracias a sus muchos contactos con organizaciones sociales de ese país, en espacial con aquellas que también promueven soluciones para los embates de la sequía crónica en la región del Nordeste.

Antolín Soraire, campesino criollo del Chaco salteño, delante de una de las cisternas construidas por él en Los Blancos, para recolectar agua de lluvia, que permiten a las familias contar con agua potable para sus necesidades, durante los seis meses de sequía que enfrenta esta zona del norte argentino. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Romero precisa que hasta ahora se ha construido unos 40 techos recolectores y cisternas –a un costo de unos 1.000 dólares cada sistema- en el municipio de Rivadavia Banda Norte, de unos 12.000 kilómetros cuadrados y unos 10.000 habitantes. Es, por supuesto, una muy pequeña parte de lo que se necesita.

“Ojalá todo el Chaco se sembrara con cisternas y no tengamos que llorar más la falta de agua. No queremos pozos de 500 metros de profundidad u otros grandes proyectos. Confiamos en las soluciones locales”, dice Romero, quien estudió Ingeniería Ambiental  en la Universidad Nacional de Salta y hace varios años se mudó a Morillo, la cabecera del municipio, unos 1.600 kilómetros al norte de Buenos Aires.

En la ruta nacional 81, la única carretera asfaltada en la zona, conviene transitar despacio: como en la zona no hay alambrados, cerdos, cabras, gallinas y otros animales que crían indígenas y criollos se cruzan permanentemente.

En los alrededores de la vía, metidas dentro del monte, viven comunidades indígenas, como las conocidas como Lote 6 y Lote 8, que ocupan antiguos terrenos fiscales cuya propiedad fue reconocida a integrantes de la etnia wichí (persona o gente en su lengua), una de las más numerosas de la Argentina, con unas 51.000 personas, según cifras oficiales que se consideran un subregistro.

En el Lote 6, Dorita, madre de siete hijos, vive con su esposo Mariano Barraza, en una casa de ladrillos y techo de latón, en cuyo alrededor pasean cabras y gallinas. Los hijos y sus familias vuelven por temporadas desde Los Blancos, donde los nietos van a la escuela, que no hay en la comunidad, ni tampoco transporte.

Tres niños juegan bajo una techumbre al lado de unas cabras en Lote 6, una comunidad indígena en la provincia de Salta, en el norte de Argentina. Se trata de una de las zonas más pobres del país, con la mitad de su población con sus necesidades básicas insatisfechas y donde la escasez de agua potable es el problema más grave. Crédito: Daniel Gutman/IPS

A unos cien metros de la vivienda, Dorita, que prefirió no dar su apellido, muestra a IPS una pequeña laguna con aguas verdosas. Es lo que en el Chaco salteño llaman “represa”: un pozo cavado por la familia, para almacenar agua de lluvia.

Las familias del Lote 6 hoy tienen un techo recolector y una cisterna almacenadora, pero antes tomaban el agua de las represas, la misma que los animales utilizaban también para abrevarse o incluso para sus deposiciones.

“Los chicos se enferman. Pero las familias muchas veces consumen esa agua contaminada de las represas porque no tienen más alternativa”, explica a IPS la religiosa católica Silvia Reynoso, quien trabaja para Fundapaz en la zona.

En el vecino Lote 8, el wichí Anacleto Montes, quien tiene un techo recolector de 80 metros cuadrados, explica: “Esto fue una solución. Porque nosotros le pedimos al municipio que nos traiga agua, pero hay veces que el camión no está disponible y el agua no llega”.

Lo que Montes no dice es que el agua en el Chaco salteño ha sido también utilizada como una mercancía del clientelismo político.

Lalo Bertea, quien encabeza la Fundación Tepeyac, una organización vinculada a la Iglesia Católica que hace 20 años trabaja en la zona, explicó a IPS: “Habitualmente en épocas de sequía, la municipalidad reparte agua. Y elige adónde llevar por razones políticas. La gente de la zona ya está tan acostumbrada que lo considera normal”.

“La escasez de agua es el problema social más grave en esta zona del Chaco”, dice Bertea, que sostiene que la recolección de agua de lluvia también tiene sus límites y está experimentando con la compra de bombas mexicanas, para extraer de napas donde existe agua potable a una profundidad razonable.

“Lo increíble de este drama es que el Chaco no es el desierto del Sahara. Hay agua, pero la gran cuestión es cómo recolectarla”, subraya.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El Caribe busca proteger sus recursos marinos del mercurio

ter, 06/11/2018 - 13:14

El sector pesquero en la Comunidad del Caribe es una importante fuente de ingresos. Cuatro países de la región realizaron un inventario de las principales fuentes de contaminación con mercurio en sus territorios. Crédito: Desmond Brown/IPS.

Por Jewel Fraser
PUERTO ESPAÑA, Nov 6 2018 (IPS)

Cuatro países del Caribe realizaron un inventario de las principales fuentes de contaminación con mercurio en sus territorios, aunque todavía es necesario trabajar duro para determinar dónde y qué impacto tiene ese metal en la cadena alimentaria marina en la región.

Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Jamaica y Santa Lucía concluyeron un proyecto de Evaluación Inicial de Minamata (MIA, en inglés), financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FNAM), que les permitió identificar los principales contaminadores de mercurio.

La evaluación representa un gran paso para esos países que están preocupados por la contaminación de la cadena alimentaria marina con mercurio y que llevó a la ratificación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, en agosto de 2017.

“Cuando se libera el mercurio termina penetrando en el suelo o en los cursos de agua. Se convierte en un problema cuando termina en los cursos de agua y trepa en la cadena alimentaria. El mercurio se bioacumula en la cadena alimentaria”, explicó Tahlia Ali Shah, oficial de proyecto de la evaluación.

“Entonces si la gente sigue comiendo grandes peces predadores durante un tiempo”, los niveles de mercurio en su cuerpo pueden aumentar. El envenenamiento puede generar discapacidad física y mental”, explicó.

Ali Shah trabaja para la agencia implementadora regional, el Centro Regional del Convenio de Basilea para el Caribe, que organizó un seminario en Trinidad a principios de octubre para informar a la población sobre los peligros del mercurio.

En el seminario también se compartió con los participantes algunos de los resultados de la evaluación inicial y lo que pueden hacer los ciudadanos para ayudar a reducir el mercurio en el ambiente. Los cuatro países planean lanzar campañas de concienciación pública al respecto, observó Ali Shah.

Mientras, al director del centro, Jewel Batchasingh, le preocupa que la reacción del público sea exagerada debido al peligro que supone la contaminación. La pesca y el turismo son industrias importantes para la región, “y la gente suele entrar en pánico cuando escuchan hablar de pescado con mercurio”, explicó.

Por ahora, ninguna de las especies que suelen comerse en el Caribe fue considerada como peligrosa, precisó Ali Shah a IPS.

“Solo después de varios años de análisis y de limitar las especies podremos informar mejor a los consumidores del Caribe sobre qué peces son más seguros para comer, y dar pautas al respecto”, explicó.

También señaló que la matriz de pesca, elaborada por el Instituto de Investigación en Biodiversidad para ofrecer asesoramiento sobre el grado de seguridad para el consumo de varias especies, no se aplica realmente al Caribe. Una matriz similar, creada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para informar a los consumidores estadounidenses.
La principal fuente de contaminación con mercurio para Trinidad y Tobago es su industria de gas y petróleo, responsable de más de 70 por ciento del mercurio liberado al ambiente de ese país. Para Jamaica, la importante industria de bauxita es la principal fuente de contaminación por mercurio, mientras que para San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía, la principal fuente de contaminación son los productos consumidos.

San Cristóbal y Nieves y Jamaica forman parte del Convenio de Minamata, mientras Trinidad y Tobago y Santa Lucía exploran los pasos necesarios seguir para poder suscribir el documento.

Santa Lucía quería forma parte como un primer paso para hacer frente a la situación.

Reconoce “que el problema de la contaminación con mercurio es un problema global al que no se puede hacer frente sin la cooperación de todos los países y que nuestra población y nuestro ambiente no son inmunes a los impactos negativos del mercurio, y queríamos formar parte de la solución al ratificar el Convenio”, explicó Yasmin Jude, funcionaria de desarrollo sostenible y ambiente y coordinadora del proyecto nacional para la evaluación de Santa Lucía.

“Pero es importante para nosotros que la decisión de hacerlo venga de una posición informada sobre nuestra situación nacional y, en particular, sobre la capacidad de implementar nuestras obligaciones articuladas en el Convenio”, precisó.

El documento ayudó a Santa Lucía a “obtener información sobre las principales fuentes de mercurio liberadas y sobre las emisiones en el país, así como apreciar los vacíos en los marcos normativos y regulatorios existentes a medida que se familiariza con la implementación de las obligaciones legales en el marco del Convenio de Minamata sobre Mercurio”, justo cuando se prepara para ser un país signatario, explicó Jude a IPS.

En esta etapa “es prematuro” para Santa Lucía fijar sus objetivos con respecto a la contaminación de mercurio o elaborar un cronograma para reducir la presencia del metal en el ambiente, pero la principal preocupación del gobierno es garantizar un “ambiente seguro y saludable para nuestra población”, acotó.

Por otro lado, San Cristóbal y Nieves, en tanto que signatario del convenio “adherirá al cronograma de ciertas acciones como figuran (en el texto)”, precisó Marcus Natta, responsable de investigación y coordinador de proyecto para San Cristóbal y Nieves, en diálogo con IPS.

“Nos esforzaremos en cumplir con las obligaciones del convenio a través de medios legislativos, actividades de concienciación y educación, y otras acciones innovadoras y viables”, añadió.

Keima Gardiner, coordinadora de proyecto y especialista en gestión de desperdicios para el proyecto de Trinidad y Tobago, dijo que uno de los grandes desafíos para su país cuando sea signatario será “reducir paulatinamente la lista de productos con mercurio añadido”, que los signatarios deben eliminar para 2020.

“Nos toca de cerca. Somos grandes importadores de lámparas fluorescentes compactas y están en la lista de productos a eliminar”, precisó.

En lo que se refiere al sector de energía, que según la última evaluación es el principal contaminador con mercurio, “es tratar y reunirse con ellos directamente para alentarlos a cambiar sus prácticas y usar más técnicas seguras para el ambiente y monitorear sus emisiones”, explicó Gardiner.

La primera Conferencia de Economía Azul sostenible se realizará en Nairobi del 26 al 28 de este mes, organizada con la colaboración de Canadá y Japón. Más de 4.000 participantes de todas partes del mundo se reunirán en Kenia para ver cómo crear una economía azul.

Traducción: Verónica Firme

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La criptoenergía, ¿herramienta para impulsar las fuentes limpias?

seg, 05/11/2018 - 18:29

Parte del “pueblito escolar”, una exposición sobre las bondades de la generación distribuida o ciudadana en Ciudad de México. La cadena de bloques (“blockchain”) o contabilidad distribuida, la base de las criptomonedas, pueden contribuir a la expansión de las energías limpias. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
MÉXICO, Nov 5 2018 (IPS)

Hace una década, apareció la primera versión para forjar una moneda digital llamada bitcoin. Su registro se asienta en una bitácora electrónica llamada cadena de bloques en  el argot tecnológico, que captura la generación y movimiento de cada criptomoneda.

Ahora, esa cadena de bloques (blockchain, en inglés), también conocida como contabilidad distribuida, empieza a salir del ámbito del dinero digital para extenderse a actividades tan variadas como la distribución de energía, el combate a la corrupción, el rastreo de diamantes o de tráfico de especies amenazadas y el consumo de agua.

Una de las ideas basadas en la cadena de bloques que ha despegado es SolarCoin (SC), creada en 2014 por un grupo de voluntarios que dieron vida a la fundación homónima, para fomentar la energía solar y que ya cuenta con 4.500 usuarios a nivel mundial.“El nivel de conocimiento aún es bajo, hasta ahora se ha centrado en el sector financiero. Pero hay mucha innovación. En energía, hay varios proyectos de pequeña escala. En 10 ó 15 años, veremos más aplicaciones transversales”: Sheila Warren.

“Pensamos que sería un proyecto interesante el de monitorear la energía solar. Lanzarlo no costaría mucho y los beneficios serían enormes. La idea original era tener un programa de energía solar”, indicó a IPS el estadounidense Nick Gogerty, uno de los fundadores del proyecto, desde la ciudad estadounidense de Greenwich.

El emprendedor, autor del libro “La naturaleza del valor (2014)”, reconoció que el “avance es lento”, pues ha tomado más tiempo de lo que pensamos, pero ha funcionado bien”.

El generador solar registra sus datos de producción con la Fundación SolarCoin, la institución aprueba esa solicitud y los usuarios reciben una SC por megavatio hora causado, que pueden utilizar en el mercado  digital o cambiar por divisas como dólares o euros.

Las transacciones son recolectadas, verificadas, y resumidas en bloques, que crean la cadena distribuida SolarCoin.

La contabilidad distribuida deriva en un registro descentralizado, incorruptible y auditable de la energía solar producida. La organización conserva un libro contable público que registra cada criptomoneda entregada a los generadores.

El proyecto, que representa seis por ciento de la generación solar mundial, ha promovido energía fotovoltaica por 2.100 gigavatios hora en 68 naciones.

Dentro de América Latina, en Chile se han generado 59.965 SC; en Brasil, 12.848, y en México, 1.068. En el mundo circulan 47.75 millones de SolarCoin, cuya unidad se cotiza a 0,05 centavos de dólar.

El proyecto ya cuenta con empresas afiliadas en Brasil, Colombia y Costa Rica.

En el informe “Construyendo cadenas de bloques para un mejor planeta” se identificaron más de 60 aplicaciones del blockchain. El reporte, publicado en septiembre, lo elaboraron el Centro para la Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial (FEM), la consultoría transnacional PwC y el Instituto Woods para el Ambiente, de la  estadounidense Universidad de Stanford.

Varias de esas aplicaciones se usan a pequeña escala para la generación, distribución y venta de energía renovable entre consumidores y los que son a la vez usuarios y  generadores, los llamados prosumidores.

“El nivel de conocimiento aún es bajo, hasta ahora se ha centrado en el sector financiero. Pero hay mucha innovación. En energía, hay varios proyectos de pequeña escala. En 10 ó 15 años, veremos más aplicaciones transversales”, dijo a IPS ldesde la ciudad estadounidense de San Francisco, Sheila Warren, directora del proyecto de Blockchain y Tecnología de Contabilidad Distribuida del Centro para la Cuarta Revolución Industrial del FEM.

La proliferación de estas tecnologías puede auxiliar a la ampliación de la energía renovable y, de paso, aportar para alcanzar el siete de los 17 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que componen la Agenda 2030 para el Desarrollo.

Ese ODS proclama el establecimiento de “energía asequible y no contaminante”, a ser alcanzado mediante cinco metas específicas.

De esa progresión depende también el éxito de la Iniciativa de Energía Sostenible para Todos, el programa a desarrollarse durante el Decenio de la Energía Sostenible para Todos 2014-2024, que procura garantizar el acceso universal a los servicios de energía, duplicar la tasa mundial de mejoras en eficiencia energética y la porción de renovables en la matriz global.

Para el experto mexicano independiente Iván Razo, la cadena de bloques puede contribuir con cuatro formas al desarrollo de las energías limpias, según explicó a IPS.

Las dos primeras, dijo, son: “certificados de origen de la energía, el seguimiento de cómo, dónde y cuándo se produce, y financiamiento mediante criptomonedas que facilitan el apoyo colectivo a proyectos”.

A ellas se suman, detalló,  “las transacciones entre pares, consumidores y pequeños productores sin necesidad de un intermediario y para mercados en la red eléctrica, transacciones entre compañías que participan” en los mercados de transporte y distribución.

Razo está involucrado en NRGcoin, emanada del proyecto Scanergy , financiado por la Unión Europea y que se desarrolla en fase piloto en la ciudad holandesa de Utrecht. La iniciativa está a cargo de la Universidad Libre de Bruselas y el proveedor tecnológico Enervalis.

Por cada kilovatio hora de energía verde utilizado, los consumidores pagan un NRGcoin directamente al contrato inteligente registrado en la cadena de bloques de Ethereum, una red de contabilidad distribuida.

Un contrato inteligente es un programa computacional que se cumple según la confección para su ejecución.

A través de diferentes métodos, el contrato valida la inyección de energía de los prosumidores. Si los reportes concuerdan, el contrato emite nuevas NRGcoin, que empezaría a escala comercial en enero próximo, y recompensa a los generadores por su venta de energía.

Las criptomonedas de la red se pueden traspasar en el mercado cambiario o usarlas para adquirir energía verde.

Pero hasta ahora el mucho ruido que despierta el blockchain no se traduce en dinero que lubrique la maquinaria energética.

En el primer trimestre de este año, 412 proyectos de contabilidad distribuida atrajeron unos 3.300 millones de dólares. Pero solo unos 100 millones de dólares, en torno a tres por ciento del total,  se destinan a costear emprendimientos de energía.

Hasta ahora, existe un peso mayor de algunas economías desarrolladas y emergentes, como Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, China y Rusia, en la concentración de iniciativas de cadena de bloques en energía, mientras muy pocas levantan la cabeza en América Latina, Asia y África.

Ese desbalance no es casual, dados los desarrollos tecnológicos y energéticos de las regiones del Sur Global.

En América Latina, la estatal Comisión Nacional de Energía de Chile registra desde abril datos del sector energético mediante la red de Ethereum en la plataforma Energía Abierta.

Gogerty prevé “un crecimiento significativo” en Alemania, Australia y Estados Unidos, y “mayor crecimiento” en México y Brasil.

“Queremos que más países se sumen. La región latinoamericana tiene un gran potencial. Esperamos que SolarCoin y otros proyectos similares impulsen a las renovables”, afirmó.

SolarCoin aspira a abarcar 10 por ciento de la generación solar en 2019 y añadir unos 200.000 miembros más. Analiza también el lanzamiento de una tarjeta de débito que operaría con SC y divisas y con la cual el usuario podría pagar por bienes y servicios.

Para Razo, la dificultad para acceder al conocimiento y a recursos económicos y la falta de incentivos limitan el desarrollo de esos emprendimientos en las naciones del Sur en desarrollo.

“El esquema genera incentivos, especialmente económicos, a todos los actores del sistema: productores, compradores y encargados de la red. Las ganancias son las mismas si continuaran con los incentivos tradicionales y el consumidor paga precios bajos”, subrayó.

En los próximos años, la atención se centrará en la resolución de las limitaciones técnicas y los retos regulatorios y legales de esas tecnologías.

El informe del FEM, el PwC y el Instituto Woods señala desafíos de adopción tecnológica, barreras informáticas, riesgos de seguridad, retos legales, regulatorios y de consumo de energía.

Ante ellos, plantea que hay que abordar el excesivo consumo de energía de esos sistemas, la fuga de datos, los efectos no esperados y su posible alcance global.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Periodistas perseguidos por los servicios de seguridad en Sudán

seg, 05/11/2018 - 13:17

Periodistas sudaneses en conferencia de prensa en Jartum en 2012. Crédito: Albert González Farran, Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur.

Por Zeinab Mohammed Salih
JARTUM, Nov 5 2018 (IPS)

El día antes de que Amnistía Internacional instara al gobierno de Sudán a terminar con el acoso, la intimidación y la censura de periodistas tras la detención de unos 15 profesionales este año, el jefe de los Servicios Nacionales de Seguridad e Inteligencia (NISS), Salah Goush, acusó de espionaje a varios periodistas sudaneses por reunirse con diplomáticos occidentales.

Goush realizó esas acusaciones en el parlamento, donde firmó el Código de Conducta para Periodistas.

“Se los convocó e interrogó para hacerles saber que (la reunión con diplomáticos occidentales) es un proyecto de espionaje”, dijo a los legisladores el jueves 1 de este mes. Luego anunció que NISS retiraba los cargos en contra de los periodistas.

Pero el comunicado de Amnistía, divulgado el viernes 2, señala: “el gobierno sudanés ha sido implacable este año en su afán por silenciar a los medios independientes mediante detenciones y acoso de periodistas y censurando tanto a los medios escritos como audiovisuales”.

“Solo muestra que los funcionarios sudaneses no han cambiados sus modos, todavía acusan a periodistas y activistas de espías y realizan otra serie de acusaciones inventadas”, arguyó Jehanne Henry, investigadora para Sudán y Sudán del Sur de Human Rights Watch (HRW), en diálogo con IPS, refiriéndose a las declaraciones de Goush en el parlamento.

El martes 30, un periodista independiente de Reuters en Jartum y otros dos reporteros locales tuvieron que declarar ante el fiscal de seguridad del Estado sobre las reuniones mantenidas con diplomáticos de la Unión Europea (UE) y el embajador de Estados Unidos en Sudán.

Incluso les dijeron que podrían ser imputados cuando concluyera la investigación. Antes de eso, otros cinco profesionales fueron interrogados por la misma reunión, y NISS informó que otros dos periodistas serían interrogados por el mismo asunto.

“Lo que nos hace NISS es una forma de extorsión y un acto terroristas para coartar la libertad de prensa”, denunció Bahram Abdolmonim, uno de los tres profesionales interrogados el martes 30, en diálogo con IPS.

“Los periodistas tienen derecho a reunirse con diplomáticos, funcionarios gubernamentales y opositores, así como con cualquiera, y pueden hablar sobre libertad de expresión o sobre cualquier otra cosa”, recordó.

“El periodismo es un mensaje”, añadió Abdolmonim.

Antes de su interrogatorio, tres mujeres y dos hombres periodistas fueron convocados a la fiscalía para declarar por la misma reunión con diplomáticos occidentales y hablar sobre libertad de expresión.

Pero esos no son los únicos episodios de restricciones contra periodistas. El 16 de octubre, cinco profesionales fueron detenidos frente al parlamento sudanés por protestar contra la prohibición de ingreso a la sede legislativa impuesta a un colega.

“Desde el comienzo de 2018, el gobierno de Sudán, a través de su aparato de seguridad, ha sido implacable en las restricciones impuestas a la libertad de prensa mediante ataques contra periodistas y organizaciones de medios”, recordó Sarah Jackson, subdirectora de Amnistía para África oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

La organización con sede en Londres también señaló que aumentó la censura de la prensa y que los editores reciben llamadas diarias de agentes de seguridad para interrogarlos sobre el contenido editorial.

Los editores se ven obligados a justificar sus coberturas. Los agentes de NISS también se aparecen en las redacciones para ordenar a los editores que no publiquen algunos artículos o confiscar tiradas enteras.

“Entre mayo y octubre, el diario Al Jareeda fue confiscado por lo menos 13 veces, Al Tayar, cinco veces y Al Sayha, cuatro veces. Otros diarios, como Masadir, Al Ray Al Aam, Akhirlahza, Akhbar Al Watan, Al Midan, Al Garar y Al Mustuglia, fueron confiscados una o dos veces”, reza el comunicado.

Los medios audiovisuales también sufrieron la censura. A principios de octubre, NISS suspendió un programa de entrevistas en Sudania25 TV tras recibir a Mohamed Hamdan, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, las milicias Yanyauid acusadas de cometer atrocidades en la occidental provincia de Darfur

La restricciones contra los periodistas son grandes en todo el país. Y las zonas en conflicto como Darfur, Nilo Azul y Kordofán Sur, son especialmente difíciles para los profesionales de la prensa.

“Las autoridades sudanesas deben poner fin a esta vergonzosa agresión contra la libertad de expresión, y dejar que los periodistas hagan su trabajo en paz. El periodismo no es un delito”, subrayó Jackson.

Reporteros Sin Fronteras ubicó a Sudán en el lugar 174, entre 180 países, en su Índice Mundial de Libertad de Expresión 2018, arguyendo que NISS “acosa a los periodistas y censura a la prensa”.

Las y los periodistas de Sudán suelen ser detenidos y conducidos a la justicia, donde los acusan de mentir y hasta de difamación.

Amnistía instó al gobierno de Sudán a revisar la ley de Prensa y Materiales Impresos, de 2009.

“Trabajamos con miedo, cuando escribo algo no sé si terminaré en la cárcel o interrogado por agentes de NISS”, dijo a IPS un periodista que prefirió permanecer anónimo, preocupado por su seguridad.

Traducción: Verónica Firme

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Defensores de derechos humanos llegaron al “punto de crisis”

sex, 02/11/2018 - 13:18

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, subrayó el papel de los defensores de derechos humanos en las sociedades. Los gobiernos no cumplen con su deber cuando los activistas son blanco de ataques en todo el mundo con total impunidad. Crédito: ONU Mujeres.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Nov 2 2018 (IPS)

Las personas que luchan en defensa de los derechos humanos sufren cada vez más ataques, al punto de llegar a una situación “de crisis” en todo el mundo.

Más de 150 activistas se reunieron en París esta semana para concordar una estrategia de lucha durante la segunda Cumbre Mundial de Defensores/as de Derechos Humanos, realizada el 29, 30 y 31 de octubre en París.

Entre los participantes se destaca la participación de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, quien subrayó el papel clave que estos juegan en las sociedades.

“Cuando ves a alguien con cadenas, a quien se le están negando los derechos, no te das la vuelta. Le haces frente a la injusticia y defiendes los derechos de los otros”, arengó.

“Cada avance en materia de equidad, dignidad y derechos logrados se alcanzó gracias a la lucha y al trabajo de defensores de derechos humanos”, destacó Bachelet.

La reunión marca el 20 aniversario de la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, adoptada en 1998 por la comunidad internacional durante la primera cumbre para garantizar que “seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten la libertad de palabra y de creencias”.

Pero los gobiernos no han cumplido con sus compromisos, pues los defensores de derechos humanos siguen perdiendo la vida en distintas partes del mundo con total impunidad.

El relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, se mostró alarmado por la tendencia actual, señalando: “La declaración se convirtió en un hito en el proyecto de derechos humanos; sin embargo, estoy más preocupado que nunca”.

“Estamos frente a un panorama alarmante para los defensores de derechos humanos. Su situación se deteriora en todo el mundo a pesar de las obligaciones de los Estados de garantizar su protección”, añadió.

El secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, dijo que el nivel de peligro que afrontan los defensores de derechos humanos en el mundo alcanzó un “punto de crisis”. Crédito: Amantha Perera/IPS

El secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, coincidió: “el grado de peligro que afrontan los activistas alcanzó un ‘punto de crisis’. Todos los días, se amenaza, tortura, encarcela y asesina a la gente de a pie por su lucha o simplemente por quiénes son. Es hora de actuar y de hacer frente al aumento de la represión de los defensores de derechos humanos”.

En su último informe, Forst concluyó que por lo menos 3.500 activistas fueron asesinados desde la adopción de la declaración en 1998.

En 2017, más de 300 activistas de 27 países fueron asesinados, el doble de 2015, concluyó la irlandesa Fundación Internacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.

Casi 85 por ciento de los asesinatos registrados se concentraron en cinco países de América Latina: Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México.

Colombia, uno de los países más peligrosos para los activistas, registró un aumento del número de asesinatos tras el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En 2017, más de 120 líderes sociales y ambientales fueron asesinados por paramilitares o grupos armados no identificados en áreas que abandonaron las FARC, lo que favoreció las luchas de poder y por tierras.

En mayo, Luis Alberto Torres Montoya y Duvian Andres Correa Sánchez fueron asesinados, ambos formaban parte del movimiento Ríos Vivos, que se oponía a la construcción de la central hidroeléctrica de Hidroituango por su impacto ambiental y en los derechos humanos, incluido el desplazamiento de comunidades locales.

De hecho, la fundación concluyó que 67 por ciento de las personas asesinadas en 2017 defendían derechos indígenas a la tierra, el ambiente, y casi siempre frente a megaproyectos, a la industria extractiva y a grandes corporaciones.

La Fuerza de Mujeres Wayúu, una organización ambiental de indígenas, recibe amenazas por oponerse a una mina de carbón que opera en su territorio ancestral. El grupo paramilitar Águilas Negras, repartió folletos jurando “limpiar” la región de indígenas.

“Cada caso de ataque contra un defensor de derechos humanos constituye un ataque a los derechos humanos, que son derechos de todos”, subrayó Bachelet.

Pero la impunidad sigue reinando en mucho países, como en Colombia, donde organizaciones de derechos humanos dijeron que el gobierno no investiga los delitos ni procesa a los responsables, y urgieron a la Corte Penal Internacional a abrir una investigación formal

Pero aun en los casos en que los responsables son llevados ante la justicia, esta sigue omisa.

En Guatemala, el responsable de seguridad de una mina, entonces propiedad de la canadiense Hudbay Minerals, resultó absuelto del asesinato en 2009 del indígena Adolfo Ich Chaman y del tiroteo contra el Club Alemán, a pesar de la existencia de testigos y de evidencia física.

El juicio de 2013 incluyó los casos de 11 mujeres violadas a punta de pistola por agentes de seguridad de la minera durante la expulsión forzada de 2007.

Tras el dictamen, el juez solicitó que los cargos se imputaran a los participantes del proceso, incluida la esposa de Chaman por “obstruir la justicia y falsificar información”.

“La impunidad generalizada y sistemática es una muy mala señal para las familias de las víctimas y para cualquiera que defienda los derechos humanos; más allá de esos ataques y asesinatos, son nuestros derechos y nuestras democracias las que están en grave peligro”, dijo Forst frente a la Asamblea General de la ONU.

Sí se lograron avances en el reconocimiento de la importancia y de los logros alcanzados por los defensores de derechos humanos en el mundo. De hecho, el último Premio Nobel de la Paz se otorgó a la activista yazidí Nadia Murray y al ginecólogo congoleño Denis Mukwege por su papel en la lucha contra la violencia sexual como arma de guerra.

Forst y Bachelet subrayaron la necesidad de tomar medidas y de que todos los actores aprovecharan esta oportunidad para avanzar, en particular tras el 20 aniversario de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos humanos y el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en el Palais de Chaillot, donde la cumbre realizó la ceremonia de clausura.

“La cumbre fue una oportunidad clave para los defensores y defensoras de derechos humanos en todo el mundo, quienes deben hacer frente al vilipendio y a los crecientes ataques, para reunirse y debatir los próximos pasos en sus propios términos”, destacó Forst.

“Lo que los defensores de derechos humanos nos enseñan es que todos podemos defender nuestros derechos y los de los otros, en nuestros barrios, en nuestros países y en todo el mundo. Podemos cambiar el mundo”, alentó Bachelet.

Este año, se realizaron muchos encuentros concentrados en los defensores de derechos humanos, incluidos los tres días de la cumbre y la próxima reunión de alto nivel que se realizará a mediados de diciembre en Nueva York para analizar buenas prácticas y nuevas oportunidades en la implementación de la declaración.

Traducción: Verónica Firme

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Vientos de inclusión soplan en sistema cubano contra desastres

sex, 02/11/2018 - 11:39

Doralis Sánchez (izda) y Sol María Rustán, en su trabajo en un taller de pequeñas producciones artesanales en la ciudad de Guantánamo. Ellas son parte de las personas con discapacidad auditiva que han sido capacitadas sobre gestión inclusiva de riesgos de desastres, en el extremo oriental de Cuba. Crédito: Ivet González/IPS

Por Ivet González
GUANTÁNAMO, Cuba, Nov 2 2018 (IPS)

Con la ayuda de un traductor del lenguaje de signos, Doralis Sánchez comparte cómo hace para estar lista junto a su familia ante los eventos naturales que afectan a la especialmente vulnerable provincia del extremo oriental de Cuba.

“En casa tengo una mochila con las cosas necesarias para un sismo o cualquier otro tipo de situación por la que tengamos que salir urgente”, describió a IPS la trabajadora de un taller de artesanías operado por el acápite de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (Ansoc) en la ciudad de Guantánamo, a 929 kilómetros al este de La Habana.“Incluir a las personas con discapacidad en la gestión del riesgo desde el nivel comunitario posibilita que participen de forma proactiva en los análisis para identificar los peligros, vulnerabilidades, riesgos y capacidades; que se tomen en cuenta sus opiniones y sus necesidades; y se formen como líderes”: Ibia Vega.

Colocar un vaso con agua sobre la cabecera de la cama como alerta de sismo y conocer qué lugares son seguros para refugiarse, constituyen otros saberes adquiridos por esta mujer gracias al eje de inclusión y género del proyecto Ponte Alerta Caribe, que se desarrolla en este país y República Dominicana.

El proyecto “Ponte Alerta Caribe: Armonizando estrategias y herramientas de gestión de riesgos con enfoque inclusivo en el Caribe” es ejecutado por las organizaciones internacionales Oxfam, con sede en Gran Bretaña,  y Humanidad e Inclusión,  basada en Canadá.

El financiamiento del programa, que se realiza este año y  parte del próximo, lo aporta la Dirección General de Protección Civil Europea y Operaciones de Ayuda Humanitaria.

En esta provincia, la parte dirigida a la inclusión continuó y sistematizó experiencias locales anteriores y adecuó herramientas internacionales, en la provincia de Guantánamo, sobre todo en los municipios costeros de Baracoa y San Antonio del Sur, que tiene además un área semidesértica.

Pero Ponte Alerta Caribe aspira a dar un paso inédito este mes de noviembre, cuando lleve las herramientas con enfoque inclusivo y las buenas prácticas sistematizadas a representantes del sistema de gestión de riesgos y las organizaciones no gubernamentales de personas con capacidades especiales de todo el país.

Entonces se reunirán las mismas organizaciones sociales articuladas por el proyecto en Guantánamo: la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (Aclifim), la Asociación Nacional del Ciego de Cuba (Anci) y la Ansoc. Además, participarán la Cruz Roja cubana, los estatales Centros de Gestión para la Reducción del Riesgo, la Defensa Civil y gobiernos locales.

Y se aspira en una posible prolongación del proyecto a intercambiar la experiencia con República Dominicana y también con Haití, ya que ambos comparten la isla de Hispaniola.

Simón Despaigne, presidente de la Asociación Cubana de Limitados Físico Motores en la provincia de Guantánamo, para quien el conocimiento fue el principal aporte del proyecto Ponte Alerta Caribe, en la sede de la asociación en la ciudad de Guantánamo, en el este de Cuba. Crédito: Ivet González/IPS

Frente a los desastres, “la situación no es igual… nosotras somos un poco más preocupadas que los hombres… me preocupo más por la familia… porque todos estén a salvo y con las condiciones necesarias”, valoró Sánchez, luego de detener su labor en la máquina de coser.

Codo con codo, Sol María Rustán realiza la misma labor que Sánchez en el taller de pequeñas producciones. “Para la mujer sorda es más difícil: necesitamos de alguien que informe sobre las situaciones porque tenemos dificultades para asimilar las informaciones de la televisión”, consideró.

Junto al resto de las islas caribeñas, Cuba está cada vez bajo mayor presión y debe afinar su respuesta en un contexto de incremento de los eventos climáticos severos como la sequía, huracanes, tsunamis, intensas lluvias y los sismos, que afectan a la porción oriental del país por lo general con baja intensidad.

El sistema cubano de gestión de riesgos de desastres es reconocido internacionalmente por su efectividad en la preservación de las vidas humanas, sobre todo durante los furiosos huracanes que azotan el Caribe

Pero especialistas identifican algunas brechas de exclusión.

Restos de embarcaciones y arbustos destruidos por el paso del huracán Matthew esparcidos por una playa de Baracoa, en el que fue el mayor desastre natural ocurrido en la provincia de Guantánamo, que reforzó la necesidad de que la población del extremo oriental de Cuba esté preparada ante los crecientes eventos climáticos, por la vulnerabilidad especial de esta parte de la isla. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Las personas con capacidades especiales requieren un tratamiento diferente en el área de la gestión de riesgos, que deje atrás el asistencialismo y apueste a la participación.

“El proyecto Ponte Alerta Caribe ha trabajado la gestión inclusiva del riesgo de desastres, a través de acciones donde se involucran directamente las personas con discapacidad, las mujeres, la niñez y personas adultas”, dijo a IPS desde la ciudad de Santiago de Cuba, Ibia Vega.

Vega es responsable de formación en ese tipo de gestión, que es un enfoque inclusivo y de derechos que focaliza a grupos sociales como mujeres y discapacitados en los sistemas de gestión de riesgos, en el acápite de la Aclifim en la también oriental provincia de Santiago de Cuba.

La especialista explicó que “perfeccionar y modificar herramientas comunitarias aplicadas en proyectos similares ejecutados con anterioridad, añadiéndoles un enfoque inclusivo, constituye uno de los principales aportes de Ponte Alerta Caribe”.

A su juicio, el principal resultado obtenido radica en lograr mayores vínculos entre las tres asociaciones con las entidades vinculadas a la gestión de desastres, lo que contribuye “a tener comunidades más resilientes e inclusivas ante las situaciones de desastres”.

“Incluir a las personas con discapacidad en la gestión del riesgo desde el nivel comunitario posibilita que participen de forma proactiva en los análisis para identificar los peligros, vulnerabilidades, riesgos y capacidades; que se tomen en cuenta sus opiniones y sus necesidades; y se formen como líderes”, evaluó.

De izquierda a derecha, Isora Pileta, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (Ansoc) en la provincia de Guantánamo, Yoelvis Ferrer, su presidente en el municipio de Guantánamo, y Yanicet Ramos, su presidenta en la provincia de Guantánamo, en la sede de la organización social en la urbe cubana. Crédito: Ivet González/IPS

Yanicet Ramos, la presidenta de la Ansoc en la provincia de Guantánamo, que reúne a 1.574 integrantes, indicó que el principal obstáculo para las personas sordas está en “en la comunicación durante los desastres, porque la radio y la TV informan pero es algo inaccesible para nosotros”.

Este segmento pidió que se incluyeran siempre traductores al lenguaje de signos en los partes meteorológicos televisivos, mejorar en el servicio de subtítulos y habilitar carteles con las informaciones en los vehículos con altoparlantes que las autoridades locales hacen circular por los barrios durante las alertas de desastres.

“Cuando me invitaron por primera vez a estos talleres, me percaté de la magnitud e importancia, no solo para las personas con discapacidad, sino también para los familiares y el entorno”, indicó a IPS el presidente de Aclifim en la provincia, Simón Despaigne.

Para el coordinador, el mayor obstáculo que afrontaba la comunidad con limitaciones físicas, que en esta provincia es de 6.105 personas, era “el desconocimiento… no teníamos ni la más remota idea de que existían estas posibilidades y qué podíamos hacer en estas situaciones de desastres”.

Y, en el caso del género, Despaigne reconoció la situación desventajosa de las mujeres. “Había una discriminación bastante amplia en ese sentido (…) y como tenían discapacidad, siempre se apartaban a las mujeres… se les veía con pocas posibilidades frente a las situaciones de desastres”, describió.

El responsable de Aclifim reveló que estas iniciativas destapan otros grupos vulnerables a tener en cuenta. “Hay un sector que no pertenece a ninguna de las tres asociaciones, que son las personas con discapacidad intelectual, como los síndrome de Down; y las personas mayores que carecen por la edad de movilidad”, se lamentó.

Para la comunidad invidente, “las dificultades son las barreras arquitectónicas”, indicó Ulises Enrique Contreras, el secretario de cultura de la Anci provincial, que se compone de 2.089 integrantes.

“Aunque se tiene consideración a este tipo de personas a la hora de la evacuación o de una recogida total ante un desastre”, apuntó.

A nivel nacional, la Aclifim agrupa más de 74.000 personas, la Anci, 31.000 y la Ansoc, 24.000, en este país de 11,2 millones de habitantes.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Seychelles emite bonos azules para financiar proyectos pesqueros

qui, 01/11/2018 - 13:17

Las rayas se encuentran en el océano Índico, donde están las islas Seychelles, que se convirtieron en el primer país en contar con bonos azules para financiar proyectos que usen recursos marinos de forma sostenible. Crédito: Nalisha Adams/IPS.

Por Kanis Dursin
YAKARTA, Nov 1 2018 (IPS)

Seychelles anunció esta semana la emisión de bonos azules a 10 años para financiar proyectos de pesca, convirtiéndose así en el primer país en utilizar el mercado de capitales para financiar el uso sostenible de los recursos marinos.

El vicepresidente de Seychelles, Vincent Meriton, dijo el lunes 29 que el bono se lanzó oficialmente el 9 de octubre y que las ventas ya llegaron a los 15 millones de dólares de tres inversores: Calvert Impact Capital, Nuveen y Prudential.

“Por lo menos 12 millones de dólares se destinarán a préstamos de bajo interés y subvenciones para las comunidades pesqueras, mientras el resto se destinará a la investigación de proyectos de pesca sostenible”, indicó Meriton en entrevista con IPS.

La noticia se conoce poco antes de la primera conferencia mundial sobre economía azul, que se realizará en noviembre en Kenia, que reunirá a participantes de todo el mundo para debatir sobre cómo construir una economía azul que permita aprovechar el potencial de los océanos, lagos y ríos y mejorar la vida de todos.

En la conferencia también se presentarán las últimas innovaciones, avances científicos y las mejores prácticas para desarrollar la economía a la vez que se conservan los cuerpos de agua.

Los bonos azules de Seychelles probablemente sean un mecanismo de gran interés para los participantes.

“Nos honra ser el primer país en innovar con un instrumento financiero novedoso”, expresó Meriton, en el primer día de la Conferencia Nuestros Océanos, en Nusa Dua, Bali, a una hora de avión de Yakarta.

“El bono azul, que forma parte de una iniciativa que combina inversión pública y privada para movilizar recursos destinados a empoderar a las empresas y comunidades locales, será una gran ayuda para que Seychelles haga la transición hacia una pesca sostenible y preserve nuestros océanos, a la vez que desarrolla de forma sostenible nuestra economía azul”, destacó.

Subvenciones y préstamos a las comunidades pesqueras de Seychelles se ofrecerán a través del Fondo de Subvenciones Azules y Fondo Azul de Inversiones, a cargo del Fideicomiso de Adaptación al Clima y la Conservación de Seychelles (SeyCCAT) y el Banco de Desarrollo de Seychelles (DBS), respectivamente.

Ese archipiélago del océano Índico cuenta con 115 islas de coral y granito dispersas en una zona económica exclusiva de unos 1,4 millones de kilómetros cuadrados.

Después del turismo, la pesca es el sector más importante del país, con un peso significativo en el producto interno bruto, 17 por ciento de la población económicamente activa y con productos pesqueros que representan 95 por ciento del valor de las exportaciones.

De derecha a izquierda: Nico Barito, consulado general de Seychelles en Indonesia), Vincent Meriton, vicepresidente de Seychelles, Laura Tuck, vicepresidenta del Banco Mundial, James Michel, expresidente de Seychelles, y Justin Mundy, del Instituto de Recursos Mundiales y exdirector de la Unidad de Sostenibilidad Internacional del príncipe de Gales. Crédito: Cortesía de Nico Barito.

Según Meriton, la idea de bonos azules se mencionó por primera vez durante el gobierno del expresidente James Michel, en 2011, pero el concepto de utilizarlo para realizar la transición a una pesca sostenible se concibió en 2014, con ayuda de la Unidad de Sostenibilidad Internacional del príncipe de Gales.

Desde entonces, el equipo del Banco Mundial, estructuró el bono azul y asistió al gobierno de Seychelles en la creación de una plataforma para canalizar las ganancias.

El instrumento financiero cuenta con una garantía de cinco millones de dólares del Banco Mundial y otros cinco millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), precisó un comunicado conjunto del gobierno y del GEF. También pagará un cupón anual de 6,5 por ciento a los inversores, pero el préstamo en condiciones preferenciales del GEF reducirá el costo para Seychelles a 2,8 por ciento.

Los ingresos de los bonos se utilizarán para financiar la expansión de las áreas marinas protegidas, mejorar la gobernanza de la pesca prioritaria y el desarrollo de la economía azul de Seychelles, así como contribuir al Programa de Crecimiento Compartido y Gobernanza Pesquera en el oeste del Océano Índico, del Banco Mundial, que apoya a los países de la región a gestionar de forma sostenible la pesca y mejorar los beneficios que ofrece el sector, señala la declaración.

La tesorera y vicepresidenta del Banco Mundial, Arunma Oteh, calificó el bono azul de un hito que complementa otras actividades destinadas a apoyar el uso sostenible de los recursos marinos, y en particular el sector pesquero.

“Esperemos que el bono allane el camino a otros. El bono azul es otro ejemplo del poder de los mercados de capitales para conectar a los inversores con proyectos que favorecen el mejor manejo del planeta”, reza un comunicado de Oteh.

Por su parte, la vicepresidenta de Desarrollo Sostenible, Laura Tuck, dijo que el bono azul podría ser un modelo para que otros países movilicen fondos y financiar proyectos pesqueros sostenibles.

“Es una poderosa señal de que los inversores están cada vez más interesados en apoyar la gestión sostenible y el desarrollo de nuestros océanos en las próximas generaciones”, remarcó.

“Es un privilegio trabajar con tantos socios en esta transacción única, y nos entusiasma la posibilidad de apoyar proyectos de desarrollo previo y en la etapa de crecimiento en respaldo a la economía azul de Seychelles”, indicó Martin Callow, director ejecutivo del SeyCCAT.

Por su parte, Daniel Gappy, director general de Banco de Desarrollo de Seychelles, señaló que participará en la gestión de los ingresos de los bonos a través de la creación del Fondo Azul de Inversiones.

“La creación del Fondo Azul de Inversiones dará mayor visibilidad al banco, tanto a escala local como internacional, y ofrecerá oportunidades para mejorar nuestra capacidad de gestión de fondos para lograr resultados ambientales sociales y de gobernanza positivos”, indicó.

Mientras Pietra Widiadi, líder estratégico de economía verde y azul del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de Indonesia, dijo que el bono azul tiene gran potencial como fuente alternativa de fondos, pero es necesario hacer muchas cosas para asegurarse de que los proyectos cumplan sus objetivos.

“La conciencia sobre la importancia de la economía todavía es relativamente baja en las naciones insulares, en especial del sur. Por esa razón, creo que cualquier proyecto de bonos azules debe comenzar por crear las capacidades de las personas involucradas”, observó Widiadi en diálogo con IPS.

Edo Rakhman, activista del Foro para el Ambiente de Indonesia, aplaudió la creación de los bonos azules, pero subrayó que todo proyecto pesquero o marítimo debe comenzar por proteger los derechos de las comunidades pesqueras y los manglares de las áreas costeras.

“Las naciones insulares deben designar zonas o bancos pesqueros, donde todas las formas de actividades de extracción estén prohibidas y los manglares protegidos para garantizar la sostenibilidad de las reservas de peces para las comunidades pesqueras locales”, subrayó Edo.

Traducción: Verónica Firme

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En las ciudades hay desafíos, pero también grandes oportunidades

qui, 01/11/2018 - 10:18

Los alcaldes participantes en el encuentro Urban20, tras entregar sus conclusiones al presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien este año encabeza el G20, que a finales de noviembre realiza en Buenos Aires la cumbre anual de jefes de Estado y de gobierno de países industriales y emergentes. Crédito: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Nov 1 2018 (IPS)

Las ciudades tienden a concentrar cada vez más población, en desmedro de las áreas rurales, y enfrentan no solo desafíos sino también oportunidades múltiples. Su nueva agenda incluye desde cuestiones ambientales, la inclusión laboral, la igualdad de género, hasta la inclusión de las minorías y los migrantes.

El futuro de las ciudades fue debatido durante dos encuentros internacionales realizados en Buenos Aires entre el lunes 29 y el jueves 1 que reunieron, de manera separada, a alcaldes de 34 grandes urbes del mundo, en las que viven 1.500 millones de personas, y a más de 600 jóvenes urbanos de América Latina.

“La crisis del cambio climático es una oportunidad para transformar las ciudades en muchos aspectos”, dijo Mark Watts, director ejecutivo del C40, una red de 96 de las mayores ciudades del planeta, que pretenden asumir una posición de liderazgo en cuestiones ambientales y que lidera la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.“Ante los desafíos del cambio climático, se requiere de gobiernos locales que cambien el modelo de desarrollo y defiendan los intereses públicos por sobre los del sector inmobiliario”: Michael Pollmann.

“Un punto fundamental es la transición del auto privado al transporte público basado en vehículos eléctricos o a bicicletas. Pero también se debe repensar la planificación de los espacios en la ciudades”, afirmó Watts a IPS.

“Los bosques deben volver a las ciudades, porque necesitamos más plantas. Los edificios tienen que ser neutrales en emisiones de carbono. Y por supuesto, debemos transformar la forma en que consumimos y descartamos. Todo eso debemos hacerlo no en cincuenta años, sino en diez”, agregó.

Watts participó en el encuentro Urban20, una iniciativa lanzada en el marco del Grupo de los 20 (G20), de naciones industrializadas y emergentes, que durante 2018 preside Argentina y que a finales de noviembre tendrá su Cumbre de jefes de Estado en Buenos Aires.

El resultado concreto de Urban20 fue un comunicado entregado al presidente argentino, Mauricio Macri, en el que se llama a las naciones del G20 a abordar con perspectiva urbana los problemas globales, porque 68 por ciento de la población mundial vivirá en ciudades para 2050, según datos de este año de las Naciones Unidas.

También demandan desarrollar una serie de políticas públicas sobre el clima, trabajo, integración social, empoderamiento de las mujeres y acceso al financiamiento.

Lo firmaron los alcaldes de Amman, Beijing, Ciudad de México, Chicago, Hamburgo, Johannesburgo, Madrid, Montevideo, Quito, Río de Janeiro, Seúl y Yakarta, entre otras ciudades.

El primer punto del comunicado pide la implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático, suscrito por la comunidad internacional en 2015, “de manera completa y rápida”.

Solo así, indica, se cumplirá el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones contaminantes para 2050, para así cumplir la meta de limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales.

Durante el encuentro, muchos expositores coincidieron en que las ciudades son tal vez el primer frente de batalla contra el cambio climático, por la cantidad de personas afectadas.

Una de las deliberaciones del encuentro promovido por la organización Techo, que reunió en Buenos Aires a más de 600 jóvenes de América Latina, para discutir el futuro de las ciudades en la región, donde se trataron temas como cooperativismo, diversidad, género y ambiente. Crédito: Daniel Gutman/IPS

 

“En Hamburgo teníamos la costumbre de manejar nuestras lluvias a través de nuestro sistema de alcantarillado, pero ahora, con lluvias cada vez más fuertes, ya no podemos hacerlo”, explicó Michael Pollmann, secretario de Ambiente y Energía de esa importante ciudad alemana.

En diálogo con IPS, Pollman explicó cómo se tradujo el cambio: “Nuestra idea era siempre sacar las agua de lluvia lo más pronto posible de las zonas urbanizadas. Hoy tenemos que manejarnos a través espacios verdes aptos para que las aguas puedan almacenarse durante cierto tiempo”.

“Esto es difícil, porque en ciudades cada vez más densamente pobladas, los valores de los terrenos suben y entonces la presión para urbanizar áreas que deben mantenerse libres es cada vez más grande”, dijo.

A su juicio, “ante los desafíos del cambio climático, se requiere de gobiernos locales que cambien el modelo de desarrollo y defiendan los intereses públicos por sobre los del sector inmobiliario”.

La otra mirada sobre los desafíos de las ciudades lo puso el encuentro de “Jóvenes por el futuro de las ciudades de América Latina”, organizado por Techo, la organización presente en 19 países de la región y que trabaja a favor de quienes viven en asentamientos precarios.

Allí, bajo el lema de “Ciudades para todos”, se presentaron experiencias relacionadas con la migración, el género, la diversidad sexual, los medios de comunicación y, también las cuestiones ambientales.

Una de las participantes fue Mariana Matija, una colombiana que vive en Medellín y es la responsable del blog “Cualquier cosita es cariño”, a través del cual ha reunido una comunidad de más de 7.500 jóvenes que están en la búsqueda de un estilo de vida más respetuoso con el planeta.

“Hay cierta dosis de frustración en los jóvenes porque vemos que las generaciones mayores son las que toman decisiones y sus puntos de vistas son diferentes a los nuestros”, dijo Matija a IPS.

“Siento que los mayores han estado muy preocupados por los beneficios económicos de las cosas. Y los jóvenes creemos en cuestiones más profundas que el dinero”, agregó.

Con ella compartió un panel la argentina Melina Scioli, creadora del Club de Reparadores, que organiza talleres en distintas ciudades del país en los que se promueve no sólo alargar la vida útil de las cosas, para reducir la generación de los residuos, sino también reforzar los lazos de colaboración entre las personas.

“Me moviliza la transformación. De los objetos, de las personas o de las ciudades. Los jóvenes de hoy tienen una mirada muy crítica de la realidad y están muy comprometidos con la construcción de una ambiente más sano”, afirmó Scioli a IPS.

Durante el encuentro se presentó una encuesta realizada en seis naciones latinoamericanas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) y entre la comunidad latina de Estados Unidos, sobre los principales problemas que los aquejan en sus países.

Cuatro de cada 10 consultados pusieron el foco en “el ambiente y el cambio climático”, pero esa proporción se vio superada por la inquietud que generan “las políticas sociales, la inclusión y la pobreza”, que fue señalada por seis de cada 10.

En ese sentido, el viceministro de Vivienda de Costa Rica, Patricio Morera, de solo 33 años, dijo a IPS que uno de los temas críticos en América Latina es justamente el de la vivienda.

“Hay un enorme déficit de vivienda en nuestra región, que hoy tiene más que con lo cualitativo que con lo cuantitativo”, dijo Morera, quien no se mostró sorprendido por los datos que hizo público en octubre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante un foro realizado en Washington.

Según esos datos,  94 por ciento de los habitantes de América Latina y el Caribe no tienen buena calidad de vivienda, en la segunda región más urbana del planeta, donde más de 75 por ciento de la población vive en ciudades, que en 60 por ciento son jóvenes.

“Cuando se habla de calidad de vivienda, se habla de las paredes, del techo o del piso y de la conectividad urbana con servicios públicos. O sea: la infraestructura más las posibilidades que da una vivienda a una familia de integrarse a la ciudad”, precisó Morera a IPS.

“Es un tema crítico, porque podemos celebrar que no hay un gran déficit cuantitativo en nuestra región, pero el cualitativo priva a las personas de una buena calidad de vida, que es el propósito de la vivienda. La vivienda no es un fin en sí mismo, sino un medio que genera posibilidades de desarrollo”, agregó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El bosque mexicano, víctima y solución ante cambio climático

qua, 31/10/2018 - 14:36

El bosque de la Sierra Juárez, en el estado de Oaxaca, en el sur de México, es vulnerable a las consecuencias del cambio climático, pero al mismo tiempo puede contribuir a su combate. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
IXTLÁN DE JUÁREZ, México, Oct 31 2018 (IPS)

“Sueño con un bosque sano, sustentable, bien aprovechado”, cuenta Rogelio Ruíz, un silvicultor del sur de México, quien insiste en que “tenemos que limpiarlo bien, aprovechar la madera y reforestar”.

Esas actividades son fundamentales para el ecosistema, especialmente para adaptarse a los impactos notorios del cambio climático, consideró a IPS este presidente del Comisariado de Bienes Comunales de La Trinidad, en el municipio de Ixtlán de Juárez, en el estado de Oaxaca, a unos 840 kilómetros al sur de Ciudad de México.

Los hábitats forestales son, precisamente, uno de los mejores mecanismos naturales para mitigar las alteraciones climáticas, pero al mismo tiempo enfrentan sus secuelas, como aumento de la temperatura, variaciones en los regímenes pluviales y la aparición de plagas.

Sabe bien de ello la ecorregión donde se yergue La Trinidad, conocida como la Sierra Juárez, que enfrenta desde 2017 un brote de mosca sierra o defoliadora, que carcome las hojas del pino, la especie más común en esta zona del centro de Oaxaca. Organizaciones locales estiman que unas 10.000 hectáreas están expuestas al insecto.

Ruíz detalló que han sido perjudicadas 106 de las 805 hectáreas de su comunidad, un sistema mexicano tradicional de gobierno para las tierras colectivas e instransferibles, de explotación compartida por los llamados comuneros, que se diferencia del ejido porque en este los terrenos pueden venderse.

En septiembre “aplicamos fumigación aérea” de un bioplaguicida y ahora “utilizaremos bombas manuales”, detalló el dirigente comunero, uno de los asistentes a la celebración en Ixtlán este mes de los 35 años de lucha contra las concesiones forestales privadas que dominaban entonces y que sembró la silvicultura comunal.

La Trinidad, integrado por 291 comuneros, tiene permiso para extraer anualmente 5.000 metros cúbicos de madera a partir de un plan de manejo de ocho años, vigente desde 2014.

Esos emprendimientos ejemplifican el desarrollo de la silvicultura comunitaria mexicana, considerada un modelo global, por su éxito para generar beneficios sociales, económicos y ambientales.

En 2016, México, el segundo país más extenso de América Latina, con 1,96 millones de kilómetros cuadrados (196 millones de hectáreas), poseía 20,3 millones de hectáreas de bosque templado, 850.000 de bosque mesófilo de montaña, 50,2 millones de matorrales, 7,9 millones de pastizales, 11,5 millones de selvas y 1,4 millones de vegetación, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Un camión descarga troncos de pino en el aserradero de la comunidad forestal de Ixtlán de Juárez, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, que como otros grupos locales en la Sierra Juárez, tiene un manejo sostenible de sus bienes comunales, incluidos los maderables. Crédito: Emilio Godoy/IPS

El no gubernamental Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible enlista unas 4.886 comunidades y ejidos forestales, de los cuales unos 2.100 explotan comercialmente el recurso.

Pero solo siete millones de hectáreas, en manos de unas 600 comunidades, operan con un plan de manejo y conservación, un requisito para obtener el aval para los programas de aprovechamiento promovidos por la estatal Comisión Nacional Forestal.

La producción maderable mexicana totaliza siete millones de metros cúbicos anuales, de los que Oaxaca aporta casi siete por ciento.

Estos ecosistemas proveen de agua a zonas urbanas, regulan el ciclo hídrico, aportan alimentos y capturan dióxido de carbono (CO2), el gas responsable del calentamiento planetario, entre otros servicios ecológicos, según indican estudios científicos.

Por ello, y ante la amenaza del cambio climático, los bosques requieren de políticas públicas que generen mejores incentivos económicos, ofrezcan certidumbre legal sobre la tenencia de la tierra, ensanchen los mercados y aumenten la productividad, aseguran organizaciones y especialistas sobre silvicultura.

En Ixtlán, que significa “lugar de hilos o fibras” en idioma zapoteco y donde hay 600 hectáreas dañadas, han emprendido la lucha contra las plagas mediante la experimentación con cinco especies de pino en el vivero comunitario.

“En noviembre y diciembre, hacemos selección de semillas. Queremos especies de más rápido crecimiento y resistente a las plagas. Confiamos en que las nuevas especies sean más resistentes”, explicó Sergio Ruíz, asesor forestal de la empresa comunitaria Unión Forestal Santo Tomás Ixtlán.

La comunidad de Ixtlán, también en el municipio homónimo, posee 19.125 hectáreas, de las cuales 30 por ciento se destina a aprovechamiento forestal.

Sus actividades incluyen también ecoturismo, una gasolinera, una tienda, una fábrica de muebles y una embotelladora de agua. En 2018, su vivero aporta 360.000 plántulas, 100.000 de las cuales consignan a reforestación y donan las otras 260.000 a comunidades cercanas. La aspiración es crear un huerto de semillas.

Un estudio bajo elaboración de la estatal Universidad Técnica de la Sierra Juárez  analiza factores climáticos como la temperatura, humedad y estado del suelo en Ixtlán.

Personal de la comunidad forestal de Ixtlán de Juárez inspecciona plantas que serán sembradas en el bosque que manejan dentro del municipio de mismo nombre, en el estado sureño de Oaxaca, en México. Su plan es construir un huerto de semillas para generar especies de pino más resistentes al cambio climático. Crédito: Emilio Godoy/IPS

En 2015, México emitió 683 millones de toneladas de CO2, el segundo mayor contaminador en la región detrás de Brasil, y de las cuales 20 millones provinieron de la pérdida de tierras forestales.

Ante ello, este país latinoamericano adoptó como objetivo propio la deforestación cero a 2030, todo un desafío cuando la tala promedio anual representa 200.867 hectáreas perdidas entre 2011 y 2016, según estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, la contraloría gubernamental mexicana.

Otros sitios de la Sierra Juárez también están expuestos al cambio climático, aunque su altura sobre el nivel del mar los proteja temporalmente de los insectos. Tal es el caso del municipio de San Juan Evangelista, donde los silvicultores se preparan para adaptar sus bosques al fenómeno.

“Es importante limpiar el bosque, porque le quita poder de combustión y riesgo de plagas. Además, el manejo forestal permite más captura de carbono, más que los bosques no manejados. Pueden contribuir a evitar que el cambio climático sea más acelerado”, señaló a IPS el asesor técnico de la comunidad forestal en ese municipio, Filemón Manzano.

Analco, que significa “al otro lado del río” en náhuatl, consta de 150 comuneros, propietarios de 1.600 hectáreas y de las cuales 1.000 albergan bosque y destinan 430 a aprovechamiento forestal. La comunidad opera un vivero para 3.000 plántulas.

Manzano y académicos del estatal Colegio de Posgraduadoos en Ciencias Agrícolas preparan una investigación sobre la absorción de CO2 por bosques bajo manejo, que se estima en cinco toneladas anuales por hectárea gestionada.

Dentro del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, México se comprometió a reducir para 2030 hasta 14 millones de toneladas de CO2 las emisiones contaminantes anuales de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, mediante el fomento al manejo forestal sostenible, y el incremento de la productividad en bosques y selvas y la promoción de plantaciones forestales.

Pero las erogaciones necesarias para instrumentar las medidas de mitigación totalizarían 11.789 millones de dólares hasta ese año, con un costo de 53 dólares por tonelada de CO2. La deforestación cero requeriría 7.923 millones y el manejo forestal sostenible, 3.861 millones.

En julio, el sector forestal mexicano propuso una política de largo plazo, mayor inversión, marco legal adecuado, fortalecimiento del manejo forestal comunitario, participación comunitaria en el diseño de las medidas y un vínculo con el cambio climático, dentro de la campaña “Bosques con gente, bosques para siempre”.

El silvicultor Rogelio Ruíz pidió más apoyos para cuidar mejor el ecosistema y así cosechar más beneficios.

El estudio “Una referencia global de almacenamiento de carbono en territorios colectivos”, publicado en septiembre y elaborado por la Iniciativa para los Derechos y Recursos, una coalición global de 15 socios, con sede en Washington, estimó que los bosques comunitarios mexicanos atrapan 2.837 millones de toneladas de CO2.

Para Manzano, lo deseable sería más manejo forestal. “Queremos demostrar cómo los bosques manejados contribuyen a la conservación del planeta. Va a ser importante tener especies más resistentes y crear una buena mezcla de especies”, apuntó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Canadá se echa al hombro el empoderamiento de las mujeres

qua, 31/10/2018 - 13:15

Ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Marie-Claire Bribeau, gran defensora de elevar los fondos para el desarrollo. Crédito: Cortesía Ryan Brown/ONU Mujeres.

Por Thalif Deen
OTTAWA, Oct 31 2018 (IPS)

Canadá, muchas veces descrito como uno de los países más progresistas del mundo, legalizó los derechos de la comunidad LGBTI, aboga por el empoderamiento de las mujeres, apoya al derecho al aborto y, en los últimos tiempos, pasó a ser una de las economías más grandes en legalizar el consumo de marihuana con fines recreativos.

En la actualidad, este país está en quinto lugar como donante de organizaciones de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está al frente de la Presidencia del Grupo de los siete (G7) países más ricos y busca ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad para el período 2021-2022.

Además de organizar la 7 Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre población y desarrollo, que tuvo lugar en Ottawa la tercera semana de octubre, tras haber organizado la primera en 2002, Canadá también lanzó la Política de Asistencia Internacional Feminista (FIAP).

Sandeep Prasad, director ejecutivo de Acción Canadá por los Derechos y Salud Sexual, señaló que Canadá se reubica como líder en materia de equidad de género, derechos en salud sexual y reproductiva de las mujeres, con la organización de la próxima conferencia Women Deliver, que se realizará en Vancouver en 2019.

“Para que el compromiso de Canadá sea realmente duradero, las defensoras de los derechos humanos y feministas que trabajan con las autoridades en todos los niveles del gobierno necesitan apoyo para crear y proteger las leyes, las políticas y los programas que salvaguardan esos derechos”, indicó Prasad.

Al frente de la lucha por los derechos de las mujeres, el empoderamiento de género y los derechos en salud sexual y reproductiva, se encuentra la ministra de Desarrollo Internacional, Marie-Claude Bibeau, quien también es una gran defensora de elevar los fondos para el desarrollo.

Los encuentros internacionales, como la conferencia de parlamentarios, pueden ser grandes catalizadores para movilizar personas, ideas y recursos, comentó Bibeau en entrevista con IPS.

“Por eso la conferencia es tan importante y es una oportunidad única para que los parlamentarios del mundo se reúnan a discutir el papel que ocupan en la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD)”, destacó

Canadá seguirá siendo un fuerte defensor de los objetivos fijados en la CIPD de 1994, incluidos los derechos de salud sexual y reproductiva.

“Estoy orgullosa de decir que, desde el lanzamiento de la Política de Asistencia Internacional Feminista, en junio de 2017, 93 por ciento de la asistencia humanitaria incluye un componente de empoderamiento de mujeres y de derechos de salud sexual y reproductiva”, destacó Bibeau.

“También estamos encantados de organizar la conferencia Women Deliver, en 2019, que es un movimiento para empoderar a mujeres y niñas y construir un mundo mejor”, añadió.

IPS: Estados Unidos recorta varias de sus contribuciones, como los 300 millones de dólares a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo y 69 millones de dólares al Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿existe alguna posibilidad de que Canadá, junto a otros países occidentales, llene el vacío?

MARIE-CLAUDE BIBEAU: Canadá se comprometió a proveer asistencia humanitaria y a responder a las necesidades de las personas más pobres y más vulnerables.

Por eso estaba orgullosa de anunciar el 12 de octubre que el apoyo de Canadá aumentó a 50 millones de dólares en dos años para los refugiados palestinos a través de la UNRWA.

Los nuevos fondos para la UNRWA, que eran urgentes, ayudarán a mejorar la vida y a proteger la dignidad humana de millones de refugiados palestinos.

Canadá también es socio desde hace tiempo del UNFPA, y está entre sus principales 10 donantes bilaterales. Entre 2017 y 2018, colaboró con 142 millones de dólares, con el fin de contribuir a cubrir la faltante de fondos que sufre la agencia.

IPS: Los países en desarrollo, y en especial los 134 del Grupo de los 77, protestaron en la declaración ministerial de septiembre por la disminución de la asistencia oficial al desarrollo. ¿Eso también implica a Canadá, cuya contribución de 0,26 por ciento está por debajo del compromiso de 0,7 por ciento, el que solo alcanzaron seis países: Noruega, Luxemburgo, Suecia, Dinamarca, Alemania y Gran Bretaña? ¿Cuándo tiene pensado Canadá alcanzar esa meta?

MCB: Nuestros socios le pidieron al gobierno de Canadá tres cosas: fondos, buenas políticas y liderazgo, y eso es lo que ofrece Canadá.

El presupuesto de 2018 incluye 2.000 millones de dólares en nuevos fondos para cinco años para ayudar a implementar la Política de Asistencia Internacional al Feminismo y apoyar la Agenda de Desarrollo Sostenible, así como 1.500 millones de dólares para cinco años, a partir de 2018-2019 para ampliar el impacto de la asistencia internacional de Canadá.

Canadá también promueve buenas políticas, lo que no se mide por el volumen de su asistencia oficial al desarrollo, sino por la calidad y la efectividad de su asistencia y de sus contribuciones a la innovación de políticas que permiten obtener mejores resultados para las personas más pobres y vulnerables.

Además, como lo demuestra la inversión histórica en educación para mujeres y niñas en crisis y en conflictos en la cumbre de líderes del G7 en Quebec, Canadá impulsa varias iniciativas y alienta a otros países y socios a realizar inversiones significativas, en especial en materia de educación de niñas y mujeres en contextos frágiles, de conflictos y crisis.

IPS: El actual presidente del G7, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, encabezó la cumbre del grupo en junio de este año, cuando se comprometieron 3.800 millones de dólares canadienses (unos 2.900 millones de dólares estadounidenses) para promover la educación de niñas y mujeres en zonas de guerra, ¿en qué plazo se entregarán esos fondos? ¿Ya comenzó la movilización?

MCB: Canadá se sintió muy orgulloso de liderar el anunció de la histórica contribución de 3.800 millones de dólares para la educación de las niñas en la cumbre del G7 en Quebec y de comprometer una inversión de 400 millones de dólares para tres años.

El anuncio significó un cambio fundamental hacia la mejora y la reducción de las barreras a una educación de calidad en el mundo.

En la actualidad, trabajamos con otros países y organizaciones que colaboran con los 3.800 millones de dólares (la Unión Europea, Alemania, Japón, Gran Bretaña y el Banco Mundial) para desarrollar un marco de responsabilidad y registrar e informar sobre los detalles, que incluirán parámetros como el plazo, los resultados y los indicadores.

Juntos, nos aseguraremos que las voces de mujeres y niñas estén incluidas en la toma de decisiones sobre educación y empleo.

Traducción: Verónica Firme

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Pesca sostenible del Pacífico depende de mejorar el saneamiento

ter, 30/10/2018 - 13:17

El asentamiento irregular de Lord Howe, en Honiara, está al borde del río Mataniko. El sistema de alcantarillas no llega a esas comunidades de la capital de Islas Salomón, donde las aguas servidas se convirtieron en una gran amenaza para los cursos de agua y para la pesca. Crédito: Catherine Wilson/IPS.

Por Catherine Wilson
CANBERRA, Oct 30 2018 (IPS)

Las aguas servidas generan problemas en todo el mundo y son responsables de 75 por ciento de la contaminación de los océanos. Un recorrido por el asentamiento irregular de Lord Howe, al borde del río Mataniko, cerca la ciudad portuaria de Honiara, capital de Islas Salomón, muestra la gravedad del problema.

Alrededor de 40 por ciento de la población de Honiara, unas 67.000 personas viven en por los menos 30 asentamientos dispersos.

El saneamiento llega a 32 por ciento de las islas Salomón, y en la capital, el sistema de alcantarillas, que no llega a los asentamientos irregulares, desemboca en los cursos de agua de la zona y en el mar.

Durante siglos, la pesca ocupó un lugar central en la nutrición, la seguridad alimentaria y el sustento de las poblaciones isleñas del océano Pacífico, y así se mantuvo hasta el siglo XX.

Con el crecimiento de la población, 70 por ciento de la cual reside en ciudades y pueblos a lo largo de la franja costera, los desperdicios, y en especial las aguas servidas no tratadas, se convirtieron en una gran amenaza para el mar y la pesca.

Un cementerio sumergido en la aldea de Togoru, en Fiyi. Los estados insulares del Pacífico sur están entre los más vulnerables al cambio climático. Crédito: Pascal Laureyn/IPS

“Áreas con gran densidad de población, como ciudades y áreas turísticas, se asocian con el vertido excesivo de aguas servidas mal tratadas en los arrecifes”, indicó Johann Poinapen, director del Instituto de Ciencias Aplicadas de la Universidad del Pacífico Sur, en Fiyi.

“Muchas comunidades costeras subsisten gracias a la pesca, y poner en peligro a las lagunas y a las zonas pesqueras es un riesgo para sus medios de ingresos”, alertó.

La pesca de subsistencia cerca de la costa, que suele incluir pez de aleta, trochus, moluscos, almejas, cangrejos y pepinos de mar, representa alrededor de 70 por ciento de la captura en las islas del Pacífico y 22 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Aguas servidas contaminan los océanos

Los estados insulares han identificado a las aguas servidas como causa de los problemas ambientales y de salud, los que pueden ser desde “zonas muertas” y la pérdida de arrecifes de coral hasta brotes de contaminación causados por los mariscos.

El vertido de esos desperdicios en áreas costeras echa a perder hábitats de especies marinas, según la profesora Monique Gagnon, especialista en ecotoxicología de la Facultad de Ciencias Moleculares y de la Vida, en la Universidad Curtin de Australia Occidental.

“Los efluentes o la contaminación por nutrientes producen eutrofización, y el crecimiento de algas puede cambiar los hábitats marinos, amenazando a las poblaciones locales de peces y alentando a otras especies invasivas”, explicó Gagnon a IPS.

La pesca de subsistencia cerca de la costa, que suele incluir pez de aleta, trochus, moluscos, almejas, cangrejos y pepinos de mar, representa alrededor de 70 por ciento de la captura en las islas del Pacífico y 22 por ciento del producto interno bruto. Crédito: Catherine Wilson/IPS

Problemas de salud y ambientales

Los efluentes humanos generan superproducción de algas y cianobacterias en los cursos de agua y en el mar. El florecimiento de algas tóxicas puede infectar todo tipo de peces y mariscos y llevar a la desaparición de los corales y su peces.

Las aguas servidas también agotan el oxígeno en los ecosistemas acuáticos, creando condiciones de hipoxia, lo que lleva a la muerte de peces por parálisis. Además, el consumo de pescado contaminado por biotoxinas puede generar graves enfermedades, como intoxicaciones paralizantes y ciguatera.

Un estudio sobre contaminación marina en Islas Marshall en 2016 concluyó que nueve de 10 sitios en océanos y lagunas estudiadas sufrían una fuerte contaminación, en particular debido a una bacteria presente en desperdicios animales y humanos.

En Samoa, el Ministerio de Salud relacionó casos de tifoidea con mariscos pescados cerca de la costa y echados a perder por efluentes vertidos por los pueblos costeros.

Problemas graves de aguas servidas no tratadas en ciudades

La falta de plantas de tratamientos de aguas servidas y de servicios de recolección de residuos en las ciudades de los estados del Pacífico, además de la falta de saneamiento en áreas rurales, generan un aumento de efluentes que van desde ríos y arroyos al mar.La primera Conferencia Sostenible de Economía Azul, donde se tratarán este y otros temas, tendrá lugar en Nairobi, del 26 al 28 de noviembre. Además de Kenia, en la oragnización participan Canadá y Japón, que esperan contar con la presencia de más de 4.000 personas procedentes de distintas partes del mundo.

El problema es grave en las ciudades, donde a los servicios carentes de recursos les cuesta atender el creciente flujo migratorios desde las áreas rurales. Las ciudades crecen con rapidez, 4,7 por ciento al año en islas Salomón, 3,5 por ciento en Vanuatu y 2,8 por ciento de Papúa Nueva Guinea.

La situación en Honiara es típico de lo que pasa en otras ciudades y pueblos melanesios.

La falta de recursos impide mejorar el saneamiento

El ayuntamiento de Honiara fabrica inodoros a un precio accesible, en especial para los residentes de los asentamientos irregulares, y ofrece una fosa séptica. Pero la falta de recursos representa un gran impedimento para la realización de sus operaciones.

“No tenemos capacidad para hacer esto en toda la ciudad, pero podemos vaciar los sistemas sépticos de todas aquellas personas que puedan pagar 400 dólares de Islas Salomón (unos 51 dólares estadounidenses)”, indicó George Titiulu, de Servicios de Salud y Ambiente del ayuntamiento.

“Hicimos estudios en el río Mataniko que revelaron una alta concentración de Escherichia coli en el agua”, reconoció Titiulu.

La proporción de personas en las islas del Pacífico que tienen mejor infraestructura de saneamiento aumentó de 29 a 31 por ciento en los últimos 25 años, entre 1990 y 2015, señala la Organización Mundial de la Salud. Eso deja a 6,9 millones de personas sin servicios básicos en la región.

En Islas Salomón, como en otros estados insulares del Pacífico en desarrollo, los obstáculos para mejorar la situación incluyen la falta de infraestructura básicas, la experiencia, la capacidad técnica y la existencia de fondos confiables.

Pérdidas económicas serán significativas si no se atiende la contaminación

Numerosos estudios concluyen que la destrucción del hábitat de distintas especies, sumado al cambio climático y a la sobreexplotación de recursos marinos, causará la disminución de la pesca en las próximas décadas.

Para la población insular, eso puede llevar a una pérdida económica significativa, a un aumento del costo de la pesca y a la disminución de los alimentos disponibles. La Comunidad del Pacífico pronosticó que dentro de 15 años, se necesitarán 115.000 toneladas más para sortear la falta de alimentos.

“Atender la contaminación de las aguas servidas en las islas del Pacífico no es fácil”, aseguró Poinapen en diálogo con IPS. Según él, todos los actores, no solo el gobierno, deben participar en la creación e implementación de soluciones apropiadas, así como enfoques educativos, políticos y legislativos.

Pero para empezar, cree que “una de las mayores brechas relacionadas con la contaminación por aguas servidas es la falta de datos básicos para informar a todos los actores sobre la gravedad del asunto”, observó.

“Sabemos que la contaminación existe en muchas masas de agua receptoras, pero desconocemos el grado que alcanza, pues no hemos realizado una cuantificación contundente y sistemática de los varios contaminantes y sus efectos”, subrayó Poinapen.

Traducción: Verónica Firme

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Campesinos centroamericanos afrontan cambio climático sin seguro

ter, 30/10/2018 - 11:47

El agricultor Alberto Flores (centro) se esmera en colectar los pocos racimos de plátano que logró rescatar de su plantación, anegada y arruinada tras las lluvias que azotaron El Salvador a mediados de octubre. Calcula sus pérdidas por este rubro en 2.000 dólares. Antes, en agosto, perdió la cosecha de maíz, esta vez por la sequía. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Por Edgardo Ayala
EL SALVADOR, Oct 30 2018 (IPS)

Desconsolado, Alberto Flores amontona a la orilla de un camino los pocos racimos de plátanos que logró salvar de una cosecha malograda por las copiosas lluvias que anegaron por completo su plantación en el centro de El Salvador.

“Todo se perdió, he andado cortando lo que se puede rescatar con el agua hasta la rodilla”, contó Flores, un campesino de 54 años, oriundo del caserío San Marcos Jiboa, del municipio de San Luis Talpa, en el departamento de La Paz, en el centro-sur del país.

Flores dijo a IPS que las lluvias, que azotaron el país y al resto de la región centroamericana a mediados de octubre, le han dejado una pérdida de unos 2.000 dólares, al anegar casi una hectárea de su cultivo de plátanos (bananos para cocinar).“Debemos considerar la protección de la agricultura y cómo eso mejora la seguridad alimentaria, para eso debemos de trabajar en medias de prevención que permita que esos sistemas productivos sean más resilientes y que eso genere desarrollo sostenible”: Mariano Peñate.

San Marcos Jiboa es una comunidad rural de 250 familias, en 90 por ciento dedicadas a la agricultura. Aquí la mayoría de productores se vieron afectados por los aguaceros, según constató IPS en un recorrido por la zona.

Los daños se dieron sobre todo en cultivos de chile (pimiento), maíz, frijoles, plátano, pipián (similar al calabacín) y loroco (Fernaldia pandurata), una enredadera cuya flor es comestible y muy presente en la gastronomía local.

Otras zonas del país y de la región centroamericana también han resultado golpeadas.

América Central ha sido calificada, por varios reportes de organismos internacionales, como una de las regiones más vulnerables del planeta ante los embates del cambio climático.

Y sin embargo, no terminan de desarrollarse en el istmo herramientas que ayuden a los agricultores a aminorar los golpes climatológicos, como los seguros agrícolas, aunque ya hay iniciativas importantes a su disposición.

“Yo he oído eso de los seguros agrícolas pero nadie viene a explicarnos cómo es eso”, aseguró Flores, sudoroso, sin dejar de amontonar racimos de plátanos verdes.

Comparado con México o países de América del Sur, los centroamericanos han avanzado poco en ese rubro, según el informe Desempeño de Seguros Agropecuarios en las Américas, publicado en 2015 por el Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola (IICA).

El documento apunta que “los esfuerzos realizados en la región no han generado los resultados esperados”, aunque destaca un crecimiento en primas comercializadas de Guatemala con una suma de 2,25 millones de dólares, seguido por Panamá con 1,8 millones y Costa Rica, con algo más de 500.000, según datos de 2013.

Expertos consultados señalaron que el elevado costo de las primas de un seguro agropecuario, que ronda 13 por ciento de un crédito agrícola contraído o de la inversión realizada, es uno de los motivos que está detrás, así como la falta de información y cultura sobre seguros.

 

Hileras de un platanar anegado por las intensas lluvias en el caserío San Marcos Jiboa, en el municipio de San Luis Talpa, en el centro de El Salvador. Las precipitaciones, que golpearon a América Central, no solo impactaron las cosechas sino que también dejaron 38 muertos y más de 200.000 personas afectadas en la región. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

“En efecto, es caro”, dijo a IPS, vía telefónica desde Guatemala, Saúl Ortiz, el Coordinador de Gestión y Análisis de Riesgo de Guate Invierte, una institución financiera que maneja un fideicomiso de más de 70 millones de dólares en apoyo agrícola en varios rubros, incluyendo el de seguros.

Precisamente por esos costos es que nació Guate Invierte en 2005, agregó Ortiz, para apoyar a los pequeños y medianos productores del país y darles la posibilidad de que pudieran contratar una póliza. El plan inicial fue extenderlo después por la región.

Además de ser fiador o garante estatal de créditos agrícolas adquiridos por productores con otras instituciones financieras, Guate Invierte ofreció seguros desligados de créditos, con un subsidio de hasta 70 por ciento del costo de la prima.

Pero ese esquema falló porque el gobierno ya no inyectó más fondos para seguir con ese modelo, y dejó de funcionar en 2015. Sin embargo, mantiene la cobertura a la clientela que sí cuenta con créditos.El impacto climático

“Definitivamente el cabio climático tiene consecuencias sobre la producción y los medios de vida de las personas, especialmente de quienes dependen de la agricultura”, dijo a IPS el consultor de la FAO en El Salvador, Mariano Peñate.
Hay un deterioro del suelo y resultados negativos en los medios de subsistencia sobre todo de los más pobres, al impactar los rendimientos de sus pequeños cultivos e indirectamente en la reducción del empleo, acotó.
Eso afecta la seguridad alimentaria, agregó, no solo de la población que se ve afectada por esos fenómenos climáticos, sino de las personas que depende de las cosechas cultivadas en esas áreas golpeadas.
“Debemos considerar la protección de la agricultura y cómo eso mejora la seguridad alimentaria, para eso debemos de trabajar en medias de prevención que permita que esos sistemas productivos sean más resilientes y que eso genere desarrollo sostenible”, sostuvo.

En El Salvador, si bien no hay un mercado muy consolidado, ha comenzado a funcionar un tipo de póliza destinada a los pequeños productores.

Seguros Futuro, junto al estatal Banco de Fomento Agropecuario, lanzó en julio el programa Produce Seguro, con cobertura para terremotos, sequías y exceso de lluvia.

Es un microseguro destinado a la cartera de 50.000 clientes del banco, dedicados tanto a la agricultura como a cualquier otro rubro productivo.

A diferencia de los seguros tradicionales, que ante eventos catastróficos inicia la verificación sobre el terreno de los daños a las cosechas, Produce Seguro es del tipo “paramétrico”.

Es decir, se basa en una tabla de parámetros o indicadores climatológicos medidos por satélite y tecnología de punta que informan, por ejemplo, del nivel de precipitaciones en una zona.

Y a medida que los niveles de lluvia aumentan, en esa medida, automáticamente, van aplicándose las indemnizaciones.

Para el caso de lluvias, el nivel inicial es de 136 milímetros acumulados de agua durante tres días. La información proviene de la estadounidense Administración de la Aeronáutica y el Espacio, la Nasa, y del salvadoreño Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“No tenemos que ir a hacer ninguna verificación a la zona, todo es en base a los índices”, explicó a IPS la gerente general de Seguros Futuro, Daysi Rosales.

El programa, en fase piloto, tiene el soporte de Swiss Re, la reaseguradora suiza. El costo de las primas es de cinco por ciento del crédito contraído con el BFA, un porcentaje accesible para los campesinos.

De hecho, con los últimos aguaceros, “ya se dispararon esos parámetros y ya aplica algún nivel de indemnización, aún no hemos pagado porque acaba de pasar el evento y estamos en ese proceso”, acotó Rosales.

Tanto Rosales como el guatemalteco Ortiz coincidieron en que en la expansión de los seguros agrícolas en los países suramericanos o México ha sido clave la participación del Estado en el desarrollo del sector, lo que no ha pasado América Central.

“En México, 90 por ciento lo paga el Estado, él compra el seguro, no la gente”, recalcó Rosales.

Mientras tanto, en una de las parcelas inundadas de San Marcos Jiboa, el campesino Víctor Alcántara, otro productor afectado, comentó que los impactos de la naturaleza los perciben casi año con año, en un país donde las alteraciones climáticas se han profundizado este siglo.

“Esta vez el golpe fue doble, primero perdimos en agosto el maíz en la seca (sequía), y ahora con esta llovedera casi toda mi cosecha de loroco”, añadió.

Alcántara dijo que había invertido 300 dólares en la “loroquera (sembradío de estas plantas)”, pero ahora perdió casi 60 por ciento de la producción por las lluvias.

A eso se suma la pérdida en su cultivo de media hectárea de maíz, de unos 400 dólares, esta vez por la sequía que afectó la zona en agosto, en medio de la estación húmeda, que en este país subtropical va de mayo a noviembre y que es cuando se realizan las dos siembras anuales.

En agosto, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y el Programa Mundial de Alimentos advirtieron en un comunicado conjunto que la sequía impactaría en el precio de la comida, ya que el maíz y los fríjoles, básicos en la dieta centroamericana, han sido los cultivos más afectados.

Guatemala, El Salvador y Honduras reportaron pérdidas de 281.000 hectáreas de esos cultivos, de los cuales depende la seguridad alimentaria y la nutrición de 2,1 millones de personas, señaló el reporte.

Arruinada su cosecha de maíz, ahora Alcántara dijo que tendrá que ver cómo se las ingenia para que haya tortillas (masa aplanada y circular a base del grano) en la mesa de su familia.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Cambio a la derecha a cualquier costo, decidieron los brasileños

seg, 29/10/2018 - 13:37

Partidarios del presidente electo, Jair Bolsonaro, festejan su triunfo la madrugada del 29 de octubre, delante de la residencia del excapitán, en el oeste de Río de Janeiro. El candidato de extrema derecha obtuvo 55,13 por ciento del total de votos válidos comenzará sus cuatro años de presidencia el 1 de enero de 2019. Crédito: Fernando Frazão/Agencia Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Oct 29 2018 (IPS)

Los electores de Brasil ignoraron amenazas a la democracia y optaron por cambiar radicalmente la política nacional, con un vuelco a la extrema derecha, vinculada con militares, como siempre sucede en el país.

Jair Bolsonaro, excapitán del Ejército de 63 años, fue elegido como el 42 presidente de Brasil, con 55,13 por ciento de los votos válidos en la segunda vuelta del domingo 28, encabezando a un grupo de generales retirados, como su vicepresidente, Hamilton Mourão, y otros apuntados como futuros ministros.

Su triunfo, que lo convertirá en el inquilino del Palacio de Planalto, sede de la presidencia, desde el 1 de enero, provocó un inesperado terremoto, diezmando partidos y líderes tradicionales.

El efecto Bolsonaro impulsó una amplia renovación del parlamento, con la elección de muchos militares, policías, religiosos y activistas de derecha.

Su Partido Social Liberal (PSL), antes minúsculo, ascendió a  la segunda mayor fuerza en la Cámara de Diputados, con 52 representantes. Los estados más poblados y ricos del país, São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, eligieron a aliados suyos como gobernadores, dos de los cuales sin experiencia política.

Brasil se inserta así, a su modo, en la ola mundial que fortalece la derecha y en algunos casos logró elegir gobiernos autoritarios, como en Filipinas, Turquía, Hungría y Polonia, a los cuales se podría sumar, entre otros, a Estados Unidos bajo Donald Trump.

La irrupción de Bolsonaro como protagonista de ese proceso solo se reveló en vísperas de la primera vuelta electoral, el 7 de octubre.

Poco se esperaba del candidato de un partido considerado “enano”, sin tiempo en la cadena nacional de televisión que el sistema electoral destina a los partidos y con un currículo de 27 años como oscuro diputado, solo conocido por sus diatribas y prejuicios declarados contra mujeres, negros, indígenas, minorías sexuales y pobres.

Pero desde las elecciones presidenciales anteriores, de 2014, Bolsonaro viajaba por este extenso país y usaba las comunicaciones por Internet para preparar su candidatura.

Al inicio de 2018 las encuestas le adjudicaban cerca de 10 por ciento de la intención de voto, que casi se duplicó en agosto, al comenzar oficialmente campaña electoral.

Ese crecimiento no preocupaba a sus posibles oponentes, que lo preferían como adversario más fácil de derrotar en una segunda vuelta, si ningún aspirante obtenía la mayoría absoluta de votos válidos. Se suponía que su votación estaría lastrado por el rechazo a un candidato de extrema derecha, con manifestaciones antidemocráticas.

Fernando Haddad, candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores, mientras su derrota electoral la noche del 28 de octubre, y promete a sus partidarios que como líder opositor, luchará por los derechos civiles, políticos y sociales, ante el futuro gobierno de la extrema derecha en Brasil. Crédito: Paulo Pinto/Fotos Públicas

Pero eso no se aplicó en unas elecciones insólitas. El favorito era el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) , que el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) insistió en postular, aunque estuviera encarcelado por corrupción desde abril, y solo lo sustituyó el 11 de septiembre por Fernando Haddad, exministro de Educación y ex alcalde de São Paulo.

Cinco días antes, Bolsonaro había sido acuchillado en el abdomen por un agresor  solitario, durante una manifestación electoral en Juiz de Fora, a 180 kilómetros de Río de Janeiro.

El atentado pudo ser decisivo para su triunfo, al rendirle mucha publicidad y convertirlo en víctima, se especula. Además le permitió evitar los debates con otros candidatos, que podrían desnudar sus debilidades y contradicciones.

Pero dos cirugías, 23 días en un hospital y la inmovilización en su casa, en la zona oeste de esta ciudad carioca, por una colostomía temporal, le impidieron participar en actos electorales. Por eso concentró su propaganda en Internet y redes sociales, que se revelaron su gran arma de comunicación.

El uso masivo de a aplicación de WhatsApp para atacar a Haddad despertó sospechas de que empresarios financiaron centros de difusión de noticias falsas, violando leyes electorales, como denunció el diario Folha de São Paulo el 18 de octubre. El posible delito está bajo investigación de la justicia electoral.

La campaña recién concluida en Brasil ya derivó en un debate sobre el papel de esa red telefónica de mensajería gratuita, y las llamadas noticias falsas (“fake news”, en inglés) en las distorsiones electorales.

Las redes sociales fueron decisivas para Bolsonaro que partió de cero, prácticamente sin partido, ni recursos financieros, ni el respaldo de medios de comunicación tradicionales. La movilización de adeptos fue “espontanea”, según el candidato.

Brasil, el país más extenso y poblado de América Latina, con 208 millones de habitantes, es uno de los cinco países del mundo con más usuarios en las redes sociales, con 120 millones de personas suscritas a WhatsApp y 125 millones a Facebook.

Pero esos instrumentos solo tuvieron éxito porque el militar de la reserva logró personificar las demandas de la población, pese o justamente debido a su radicalismo derechista.

Apareció como el más decidido enemigo de la corrupción y del PT, cuyos gobiernos de 2003 a 2016 son responsabilizados de la corrupción sistémica en la política y los errores que provocaron la peor recesión económica del país, entre 2014 y 2016.

Como militar y religioso, recién convertido a una iglesia evangélica, asegura un combate sin limitaciones legales a la delincuencia, que tiene asustada a la población, y el rescate de la familia convencional, que según expresa con su contundencia y discurso muchas veces intemperante, destruyeron el feminismo y otros movimientos.

Al área económica sedujo con la adhesión al neoliberalismo, representado por el economista Paulo Guedes, presentado como futuro ministro con plenos poderes.

La promesa de reducir el tamaño del Estado y los impuestos ambientales, entre otras medidas,  le garantizó el apoyo del gran sector agropecuario exportador, especialmente ganaderos y productores de soja.

La coyuntura de crisis económica y de seguridad pública, sumada a una ola conservadora en los hábitos y costumbres de esta sociedad hasta ahora plural y abierta, favoreció aglutinar el respaldo mayoritario, neutralizando incertidumbres generadas por su discurso autoritario o su inexperiencia en gestión pública.

Bolsonaro anunció que gobernará para todos, defendiendo “la Constitución, la democracia y la libertad”. “No es promesa de un partido, sino juramento de un hombre a Dios”, aseguró al celebrar su triunfo, conocido tres horas después de clausurada la votación.

Su discurso tranquiliza poco a la oposición, que encabezará el PT que, pese a la derrota, sale de esas elecciones como el mayor partido, con 56 diputados y cuatro gobernadores de estado.

Una semana antes dijo que en su gobierno “los delincuentes rojos serán barridos de nuestra patria”, refiriéndose a dirigentes del PT. A Haddad, de 55 años, amenazó con encarcerarlo.

En el pasado defendió las torturas y los torturadores de la dictadura militar  y negó carácter dictatorial al régimen impuesto por las Fuerzas Armadas en 1964 y que se prolongó hasta 1985.

Sus brutales declaraciones son relativizadas por sus adeptos como “fanfarronadas” e incluso alabadas como franqueza y sinceridad.

El problema no son las declaraciones en sí mismas sino que revelan su persistente fidelidad a la formación que recibió en la Academia Militar en los años 70, en plena dictadura.

Considera como “democrático” el período de los generales-presidentes, ya que mantuvieron el parlamento y los tribunales, aunque con restricciones y sujetos a controles y purgas.

El triunfo de Bolsonaro, con 57,8 millones de votos, tiene además el efecto simbólico de una absolución de la dictadura militar por vía electoral, en desmedro de las convicciones democráticas.

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo Cambio a la derecha a cualquier costo, decidieron los brasileños fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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No hay garantías en Birmania para retorno de rohinyás refugiados

seg, 29/10/2018 - 13:14

Rohinyás esperan en la orilla de un río tras llegar a Bangladesh. Crédito: IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Oct 29 2018 (IPS)

Las políticas que permiten la impunidad, el genocidio y la segregación son “intolerables” e impiden el regreso a Birmania de rohinyás refugiados, concluyeron investigadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la presentación del informe anual a los estados miembro, la relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Birmania (Myanmar), Yanghee Lee, se mostró decepcionada con el gobierno de ese país, encabezado por la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, y dijo que esperaba “que fuera ampliamente diferente de lo que era antes, pero no es realmente tan diferente”.

“El gobierno demuestra cada vez más que no tiene ningún interés ni capacidad de crear una democracia en total funcionamiento para todo su pueblo”, declaró Lee en conferencia de prensa.

También señaló que Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la paz está en “negación total” respecto del maltrato y la violencia que soporta la comunidad musulmana rohinyá, y que obligó a unas 700.000 personas a cruzar la frontera y refugiarse en Bangladesh, y cuestionó su apoyo incondicional al Estado de derecho.

“Si se mantuviera el Estado de derecho, todas las personas en Myanmar, sin importar su posición deberían responder a las leyes justas de forma imparcial, no reinaría la impunidad y la ley no se utilizaría como arma de opresión”, señaló Lee.

El responsable de la misión de investigación de la ONU en Birmania, Marzuki Darusman, quien también presentó un informe al respecto a los estados miembro, coincidió en que “el endurecimiento de la posición (del gobierno) es por lejos el mayor obstáculo”, acotó.

“La responsabilidad no solo se refiere al pasado, sino también al futuro, y Myanmar está destinado a repetir ciclos de violencia, a menos que se ponga fin a la impunidad”, arguyó.

Una de las condiciones que contribuyeron a que se cometieran atrocidades desde que estalló la violencia contra los rohinyás, en agosto de 2017, es la reducción del espacio democrático, observó Darusman.

La detención de los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo, de la agencia de noticias Reuters, ocupó la primera plana de la prensa internacional, pero no impidió que el gobierno siguiera reprimiendo la libertad de expresión y a los defensores de derechos humanos en el país.

En los últimos tiempos, tres periodistas de Eleven Media, Nayi Min, Kyaw Zaw Linn, y Phyo Wai Win, fueron detenidos y están bajo investigación por difamación en Internet. De ser acusados y condenados, podrán pasar hasta dos años tras las rejas.

Lee y Darusman también se mostraron preocupados por las condiciones de apartheid (el régimen de segregación impuesto por la minoría blanca contra la mayoría negra en Sudáfrica en la segunda mitad del siglo XX) en Birmania y que persisten hasta ahora e incluyen limitaciones a la movilidad y el acceso a servicios, como la salud y la educación.

El gobierno construye nueva infraestructura tanto para los rohinyás que siguen en el país como para los que se fueron, pero Lee señaló que suelen estar segregados de la mayoría budistas.

Si se mantiene la política de separación en vez de integración, se cometerán más atrocidades.

“Es un genocidio en curso”, alertó Darusman.

En el informe de la misión de investigación, que analizó lo ocurrido en años anteriores, los investigadores concluyeron que se cumplían cuatro de las cinco condiciones para la ocurrencia de genocidio: asesinato de integrantes de un grupo étnico, daños físicos y psicológicos contra integrantes de una comunidad, imposición deliberada de condiciones de vida que apuntan a la destrucción física de una comunidad de forma total o parcial y la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos en una comunidad.

De esas, tres condiciones están vigentes en ese país asiático.

Por ejemplo, en 2015, el gobierno birmano impuso restricciones al espaciamiento de los nacimientos a las mujeres rohinyás, obligándolas a respetar un intervalo de 36 meses entre el nacimiento de sus hijos mediante anticonceptivos.

La Ley de Control de la Salud de la Población se aprobó tras un informe oficial de 2013 que observó: “un rápido crecimiento de la población de (rohinyás) bengalíes como una amenaza extremadamente seria”.

Antes, el gobierno decretó un máximo de dos hijos por mujer en la comunidad musulmana del estado de Rakhine.

Y es por ese tipo de medidas que los rohinyás refugiados en Bangladesh, entre otros países, no pueden regresar.

“La repatriación no es posible ahora. A menos que la situación sea propicia en Myanmar, no alentaría ninguna repatriación. No deben regresar bajo esas leyes, esas políticas y esas prácticas”, indicó Lee.

Además, urgió al gobierno a adoptar leyes para proteger y promover los derechos humanos de todos, y que Suu Kyi use “todo su poder moral y político” para actuar.

“Myanmar se encuentra en una encrucijada , puede responder como miembro responsable de la ONU y asumir su responsabilidad o puede seguir en el mismo camino de autodestrucción”, observó Darusman.

A fin de asumir la responsabilidad que le corresponde, Birmania podría perdonar a los defensores de derechos humanos y periodistas detenidos de forma arbitraria y así restablecer el espacio democrático.

Birmania también debe permitir el acceso irrestricto a los actores humanitarios y a los investigadores de la ONU, añadió Lee.

“Creo que estamos en un punto en que Myanmar y la comunidad internacional están en un punto en que según sea la opción que tomen se definirá el futuro, no solo de ese país, sino de la paz y de la seguridad en la región y el mundo”, indicó.

Traducción: Verónica Firme

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