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Atualizado: 58 minutos 26 segundos atrás

Jóvenes latinoamericanos aprenden caminos hacia energías limpias

sex, 26/10/2018 - 13:29

Desde el Grupo Familiar 24 de Junio, en sector más empinado de un populoso municipio de los suburbios de Lima, se observan los pequeños huertos comunitarios a cargo de las familias de la zona, que crearon esta comunidad tras migrar en su mayoría de regiones andinas de Perú. Su conocimiento tradicional de prácticas agrícolas contribuye a sostener la experiencia comunitaria. Crédito: Mariela Jara/IPS

Por Mariela Jara
LIMA-CAJAZEIRAS, Brasil , Oct 26 2018 (IPS)

Jóvenes peruanos proyectan aprovechar los saberes adquiridos en el Semiárido brasileño para llevar agua a poblaciones que carecen del recurso, tras intercambiar experiencias en aquella ecorregión sobre los múltiples usos de las energías renovables en comunidades afectadas por fenómenos climáticos.

Freyre Pedraza y Yeffel Pedreros, ambos de 24 años e ingenieros ambientales, fueron parte de los 10 peruanos que junto con activistas de Bolivia y Brasil participaron en el Primer Curso Internacional de Energías Renovables, realizado este mes de octubre en Cajazeiras, en el estado de Paraíba, en la agreste región del Nordeste brasileño.

“Hemos conocido experiencias concretas de cómo la energía solar puede mejorar la vida de las familias en comunidades rurales”, dijo a IPS la joven Pedreros, quien en Lima es activista ambiental del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc), una plataforma nacional de instituciones, colectivos y activistas.

Ella opera en la parte alta del distrito de San Juan de Lurigancho, el municipio más poblado de los que conforman la capital peruana, con más de un millón de habitantes provenientes en distintas olas migratorias de las diferentes regiones del país. Ubicado al noreste de Lima, sus familias más pobres carecen de agua y energía eléctrica.

“Colocando paneles solares se podría generar energía para bombear agua hasta las casas de las zonas más altas y reemplazar las bombas de petróleo que se usan actualmente”, proyecta Pedreros, mientras asciende por las laderas de los cerros, donde se asienta el Grupo Familiar 24 de Junio, compuesto por 62 hogares.

En esta zona de la periferia limeña, a unos 40 minutos en automóvil de la Plaza Mayor de Lima, sede de los gobiernos nacional y provincial, no existen sistemas de tuberías de agua, ni de desagües, y tampoco redes de energía eléctrica, lo que endurece las condiciones de vida de hombres, mujeres y niños.

En ese contexto, las experiencias adquiridas en los municipios de Cajazeiras, el vecino de Sousa y otros de Paraíba, significan para estos jóvenes ingenieros y activistas ambientales, integrantes además del no gubernamental Instituto de Desarrollo Urbano Cenca, les dan posibilidad de enriquecer su trabajo.

“Nos llevaron a conocer huertos familiares orgánicos que se riegan con sistemas impulsados por energía solar y es algo que nos gustaría replicar aquí donde también promovemos la agroecología” señaló  a IPS el joven Pedraza, mientras mostraba las áreas comunes donde las familias del 24 de Junio cultivan hortalizas y hierbas aromáticas, que incluyen en su alimentación diaria.

Las 19 mujeres que operan juntas la Panadería Comunitaria de Varzea Comprida dos Oliveiras, un asentamiento del municipio de Pombal, en la región del Nordeste de Brasil, cantan en la recepción a periodistas y jóvenes de Brasil, Perú, Bolivia y Chile, en la parroquia de la localidad. La panadería funciona con energía solar, recicla el agua gris y usa biogás producido por un biodigestor. Crédito: Orlando Milesi/IPS

La idea sería, explicó, la de instalar un colector de aguas servidas que tenga un proceso de tratamiento, almacenarla en un reservorio que estaría en una escuela pública en la parte baja, y luego a través de la energía generada por paneles solares distribuirla para el riego en la parte alta. Así esas aguas grises mantendrían los huertos familiares.

Cada familia de cuatro miembros en promedio se abastece quincenalmente de 1.100 metros cúbicos de agua mediante mangueras que conectan a unos cuantos pilone, instalados por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, o mediante camiones cisternas, en el caso de las viviendas de las zonas más altas de las laderas.

Durante el curso internacional desarrollado entre el 10 y el 17 de octubre,  en el Instituto Federal de Paraíba, uno de los estados del Nordeste brasileño, el grupo de participantes aprendió sobre cómo generar energía solar fotovoltaica “desde los puntos más básicos”, como recordó Pedreros.

Los participantes también se trasladaron hasta la comunidad rural de Varzea Comprida dos Oliveiras, en el municipio de Pombal.

Ese asentamiento nordestino es un ejemplo de cómo el uso de energías renovables encadenó efectos positivos, como una renovada autoestima en la población, el incremento de actividades productivas y la conciencia colectiva de que la energía es un bien común y no una mercancía.

La Asociación Comunitaria de Varzea Comprida dos Oliveiras integra a 84 familias que se dedican principalmente a la agricultura familiar orgánica.

Yeffel Pedreros y Freyre Pedraza ingenieros ambientales y activistas de San Juan de Lurigancho, el más poblado de la capital peruana y al que siguen llegando familias del interior de Perú en busca de oportunidades. En la imagen, ambos se dirigen a la parte alta de la Agrupación Familiar 24 de Junio, un asentamiento con hogares en zona de riesgo y sin acceso a agua por tubería y saneamiento. Crédito: Mariela Jara/IPS

Su presidenta, Solange de Oliveira, detalló los cambios en su comunidad, cuando acogió en el salón parroquial a los participantes del curso internacional, a sus organizadores y periodistas, entre estos de IPS.

“Soy agricultora y trabajo como productora ecológica. Aquí somos mujeres empoderadas y con la comunidad hacemos mucha discusión social acerca de que necesitamos políticas públicas que le den dignidad a la persona”, expresó con orgullo.

En esa pequeña localidad del Semiárido, la parroquia, la panadería comunal, donde laboran 19 de mujeres, y los huertos se abastecen de energía generada con paneles solares. Además, cuentan con un proyecto piloto de un biodigestor para la producción y envasado de biogás que beneficiará a las familias.

“Aquí funcionamos con energía solar, hacemos uso sostenible del agua, reusamos para aprovecharla sin desperdiciar, buscamos hacer desarrollo sostenible cuidando el medio ambiente. No podemos cambiar la naturaleza, pero sí el barco que nos lleva al destino de nuestras vidas”, exclamó Oliveira al repleto auditorio.

En un recorrido posterior, los visitantes observaron el funcionamiento de la panadería, del biodigestor, del sistema de reúso de agua y del riego de los huertos orgánicos.

Como los demás activistas brasileños, bolivianos y peruanos, Pedreros y Pedraza no pararon de preguntar a sus anfitrionas y anfitriones, para analizar como replicar los procesos Varzea en sus propias comunidades.

Participantes de Bolivia, Brasil y Perú en una mesa redonda sobre la energía solar en el Centro Diocesano Don Matías de Macedo, en Cajazeiras, en el noreste brasileño, sede de un Curso Internacional de Energías Renovables para jóvenes de los tres países, en que también participaron periodistas de esas mismas naciones, congregados para un taller paralelo en la vecina ciudad de Sousa. Crédito: Mariela Jara/IPS

Los amplios campos verdes de hortalizas llamaron su atención, así como el sistema de riego. Una explanada de cemento con caída a un tanque permite acopiar el agua de lluvia para luego bombearla hacia los campos, en un método que convive con la reutilización del recurso.

Su trabajo en las laderas de los cerros de las afueras de Lima está destinado a proporcionar a las familias en condición de pobreza medios para mejorar el entorno que habitan, para mejorar la seguridad habitacional, hídrica y alimentaria. “Nos vinimos con muchas ideas”, dijeron.

El ardiente sol de Pombal se dejó sentir sobre cabezas y cuerpos, la temperatura superior a los 35 grados centígrados es inusual para el clima de la capital peruana. Pero como decía Solange de Oliveira, “el sol es amigo”.

El Semiárido, donde viven 27,2 millones de los 208 millones de brasileños, amenazado permanentemente por la sequía, en un fenómeno intensificado con el cambio climático, ha revertido la percepción de “no lugar” por otra de territorio donde es bueno vivir, al aprender a convivir con su agreste entorno.

Mariana Moreira, docente de la Universidad Federal de Campo Grande, está involucrada en el movimiento para promover esa convivencia con el Semiárido, en vez de luchar contra su naturaleza.

“Esta perspectiva surge en la década del 90 frente al imaginario del “no lugar” y de combate a la sequía. Buscamos deconstruir ese discurso y tomar el de convivencia, dando importancia a los saberes populares y al rol de las mujeres”, explicó.

Esa mirada requiere de un largo trabajo con las propias comunidades locales, y en el caso de Varzea, ha llevado a que las personas asuman de manera colectiva la demanda de la energía como un bien común y no como una mercancía.

Este es un desafío para las organizaciones de Perú y Bolivia, que junto con otras de Brasil y la participación de una más de Alemania conforman el Grupo 3+1, organizador del curso internacional de energías renovables.

Como lo señala la Carta de Cajazairas, divulgada por los participantes al finalizar el curso, el acceso a formas de energías limpias y sostenibles es un derecho humano fundamental de todos los pueblos.

Para Pedraza y Pedreros toda propuesta requiere ser dialogada con las propias familias para que sea eficaz, un reto que están dispuestos a asumir.

Edición: Estrella Gutiérrez

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La pesca en Cachemira entre la esperanza y la desesperación

sex, 26/10/2018 - 13:16

Rahti Begum vende pescado al borde del camino en Srinagar, la capital del estado indio de Cachemira. Ella cree que será la última mujer de su clan en vender pescado por la contaminación del lago Dal. Crédito: Umar Manzoor Shah/IPS.

Por Umar Manzoor Shah
SRINAGAR, India, Oct 26 2018 (IPS)

Rahti Begum vive en una casa flotante en el lago Dal, uno de los más conocidos de Cachemira. Allí la pesca ha sido la principal fuente de ingresos de su familia desde hace generaciones. Pero si no se toman medidas pronto para mejorar el sector, no quedará nada él.

La pescadora de poco menos de 60 años, comenzó a deambular por las calles con un balde de pescado en su cabeza de pequeña, y a los 17 años, su padre la metió en el negocio de la pesca, que se convirtió en su principal fuente de ingresos desde entonces.

Su familia pertenece a la tribu hanjis, cuyos integrantes viven en casas flotantes. Algunos se ganan la vida gracias al turismo, paseando extranjeros en embarcaciones llamadas shikaras, en las que exploran las bellezas de ríos y lagos.

Otros, pescan y venden directo al público. Los hombres salen en la madrugada en sus barcos y luego le entregan la captura a las mujeres, que recorren diferentes zonas vendiendo el pescado.

Pero Rahti, quien sufre varios achaques, está convencida de que será la última mujer de su tribu en vender pescado.

“Cuando me muera se terminará el legado para siempre. Nadie quiere hacer esto porque el lago se convirtió en un monstruo para nosotros; una fosa séptica en los peces desaparecen día a día”, explicó.

La producción pesquera y las actividades agrícolas en esta región del Himalaya representan 23 por ciento del producto interno bruto y son la base de la economía.

Según un estudio realizado por los investigadores Neha W Qureshi y M Krishnan, la producción pesquera en el lago Dal registró un crecimiento compuesto negativo de – 0,34 por ciento entre 1980 y 1990.

Pero entre 2000 y 2010, la producción empeoró a – 2,89 por ciento. Y en el lago Wullar, el crecimiento compuesto fue de – 8.78 por ciento en ese período.

El estudio atribuye la disminución a las externalidades negativas del turismo, a la excesiva fertilización de los cultivos en jardines flotantes que propician el aumento de algas y a una mayor contaminación por el vertido de desperdicios en ambos lagos.

Esos factores llevaron a la disminución consistente y a la destrucción de los sitios de reproducción de la especie schizothorax. Además, el consumo superó a la producción en esta región.

En la actualidad, el consumo es de 25.000 toneladas al año, pero la producción solo llega a 20.000 toneladas por año en ambos lagos, de los cuales no más de 5.000 corresponden a Dal.

Rahti apenas si gana lo suficiente para tener una comida al día, pero recuerda claramente su infancia, cuando la transparencia del lago permitía ver los bancos de peces bajo el agua y los patos cuello de esmeralda en la superficie.

“En esa época, lográbamos tener una vida decente y solo este lago producía no menos de 15.000 toneladas de peces al año.”

Rahti contó que sus hijos no se dedican a la pesca por la drástica disminución de la captura en el lago.

Sus dos hijas trabajan en sus casas y su hijo, en una tienda local de comestibles. Los ingresos de Rahti disminuyeron de unos 500 dólares al mes a apenas 100, en la actualidad.

Lo mismo le pasa a Jana Begum, de unos 50 años, quien dice que su única preocupación es cómo podrá sobrevivir su familia si la situación permanece igual.

“Nuestro único ingreso es el pescado. Hacemos esto desde hace 30 años, pero parece que se vienen tiempos difíciles para los pobres como nosotros”, comentó Jana a IPS.

Casi todos los días, su esposo sale en barco y vuelve con las redes vacías y el rostro sombrío, no hay peces en el lago Wullar, otro famoso en el norte de Cachemira.

Según un estudio realizado por Imtiaz Ahmed, Zubair Ahmad y Ishtiyaq Ahmad, del Departamento de Zoología, de la Universidad de Cachemira, la principal razón del agotamiento de peces en los lagos es la sobrepesca y la intrusión.

El vertido de aguas domésticas, desperdicios sólidos y de la agricultura debe controlarse y gestionarse de manera adecuada, observa.

“La maleza acuática presente en esos ecosistemas debe cultivarse y utilizarse de manera adecuada debido a su alto valor nutricional y económico. Es necesario crear una autoridad separada para monitorear las características fisicoquímicas y biológicas del lago Dal”, propone.

Por su parte, el director del Departamento de Pesca, Ram Nath Pandita, dijo que la basura vertida en los lagos impide el desarrollo del alevín, lo que disminuye la población de peces.

“El gobierno sigue de cerca todo el proceso de aumentar la producción pesquera en los lagos de Cachemira; y además de aumentar el suministro de larvas, también se asegura de que no haya pesca ilegal”, precisó Pandita.

También debido a las grandes inundaciones que hubo en la zona en 2014, se acumularon aguas servidas en los lagos, lo que perjudicó la producción pesquera, añadió.

Además, se realizan campañas de concienciación sobre la importancia de mantener los lagos limpios y de no verter desperdicios sólidos y líquidos en ellos.

En febrero, el gobierno prohibió la pesca ilegal y asegura que el marco legal contribuirá a frenar la disminución de la pesca y a garantizar el sustento de los trabajadores del sector.

La ley estipula que solo podrán pescar los que tienen permiso, y quien viole la norma podrá ser condenado a tres meses de cárcel y a una multa de 500 rupias (unos 90 dólares).

El Departamento de Lagos y Cursos de Agua indicó que existen varios planes para recuperar el lago Dal y las especies que viven en él.

Además, se sacan los nenúfares del lago mediante métodos naturales y las algas, con la última maquinaria disponible a fin de liberar la superficie e incentivar la producción pesquera.

Según otro estudio de Humaira Qadri y A. R. Yousuf, del Departamento de Ciencias Ambientales, de la Universidad de Cachemira, el gobierno ya destinó unos 170 millones de dólares a la conservación del lago y, sin embargo, no hay una mejora visible en su estado.

“La falta de una gestión adecuada y de un plan de recuperación, así como de prácticas ecológicas sólidas llevaron al fracaso de los esfuerzos de conservación”, señala el informe.

El lago se dirige hacia su fin definitivo. La apatía oficial y la falta de seriedad de las autoridades incidieron en el deterioro general del lago, concluyó.

En cambio, Pandita es optimista con respecto a las posibilidades de recuperación.

Las comunidades que viven en los alrededores del lago no comprenden bien las medidas tomadas por el gobierno, y lo único que comentaron a IPS es que la pesca disminuye y que no tenían idea de si los esfuerzos de las autoridades lograrían cambiar la situación del lago.

El pescador Jum Dar dijo a IPS que vio a muchos funcionarios de distintas agencias gubernamentales tomar muestras de agua del lago para estudiarlas, pero no ha visto cambios.

La fuente de ingresos sigue comprometida, acotó.

IPS estuvo un día con él y solo consiguió dos peces de no más de medio kilogramo.

“Mira con tus propios ojos las dificultades que atravesamos todos los días. ¿Cómo vamos a sobrevivir con esta catástrofe que se instaló en nuestras vidas?”, comentó.

Traducción: Verónica Firme

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Las elecciones definen a qué pasado vuelven los brasileños

qui, 25/10/2018 - 17:40

Jair Bolsonaro, el favorito en las elecciones presidenciales de Brasil, durante uno de sus raros encuentros con la prensa, en la recta final de la campaña. Evitó debates con sus adversarios, incluso después de recuperarse de un atentado con arma blanca, el 6 de septiembre. Estudió en escuelas militares en los años 70 y dejó el Ejército en 1988, como capitán. Anunció que su gobierno tendrá cuatro o cinco militares y el candidato a la vicepresidencia es un general retirado. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil-Fotos Públicas

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Oct 25 2018 (IPS)

Los dos candidatos en las elecciones presidenciales del domingo 28 en Brasil prometen la utopía de volver al pasado. Uno a 15 años atrás, cuando gobernó el país Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), el otro hasta medio siglo atrás, a tiempos de la dictadura, y es quien tiene prácticamente asegurado el triunfo.

“Queremos un Brasil similar al que teníamos hace 40, 50 años”, dijo de manera explícita el ultraderechista Jair Bolsonaro, de 63 años, excapitán del Ejército y gran favorito según todas las encuestas, en una entrevista a una emisora de radio de una zona ganadera del sureño estado de São Paulo.

Se refería a aspectos morales, de costumbres y de seguridad pública, pero su frase resume muchas de sus ideas consolidadas en su formación militar exactamente en la época de mayor letalidad de la dictadura que impusieron las Fuerzas Armadas en Brasil (1964-1985) y a la que defiende.

En opinión de Bolsonaro, diputado de variados partidos desde hace 27 años y antes concejal por Río de Janeiro, los prejuicios contra negros, mujeres, discapacitados, homosexuales y poblaciones vulnerables, como los indígenas, solo se agravan con las políticas de protección o promoción, como cuotas para afrobrasileños en las universidades.

Son tesis cimentadas por la derecha brasileña, de que el racismo persiste y crece porque se destaca la distinción de los pueblos y colores de piel y porque se adoptan medidas de discriminación positiva, en un país donde la discriminación, afirman, no sería gran problema.

Eso pese a que las estadísticas evidencian que la población negra congrega la gran mayoría de los pobres y asesinados, en este país de 208 millones de habitantes, 54,4 por ciento de ellos, afrodescendientes.

El sorprendente ascenso de la extrema derecha, del que Bolsonaro es su gran ariete y ha impulsado también a nuevos legisladores y gobernadores de estados, constituye una “tormenta perfecta producida por un conjunto de factores” ignorados por analistas políticos, según Sonia Corrêa, investigadora de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria de Sida.

“Políticas antigénero son un factor que permite aglutinar, ‘pegar’ a distintos actores aparentemente desconectados”, acotó, ejemplificando con lo que pasa en Brasil y antes ocurrió en Colombia, en el plebiscito que rechazó los acuerdos de paz en 2016, y en las elecciones de Costa Rica (febrero-abril 2018),que casi alzaron a la presidencia al pastor evangélico Fabricio Alvarado.

Bolsonaro logró personificar en su candidatura tanto el conservadurismo religioso, que busca “restaurar la familia” de cinco décadas atrás, como el combate a la corrupción, el deseo de redención de los militares y una supuesta superación de la crisis económica por una “profundización del neoliberalismo”.

Otro componente decisivo del vuelco político que protagoniza el mayor país de América Latina es el radical rechazo al izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó Brasil entre 2003 y 2016, primero con Lula y luego con Dilma Rousseff, acusados de provocar la más grave recesión económica del país en 2015-2016.

El apoyo de los cantautores Chico Buarque y Caetano Veloso (a la izquierda y a la derecha) es parte del respaldo casi unánime de los artistas e intelectuales a Fernando Haddad, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, en rechazo al peligro que representa Jair Bolsonaro, para la democracia. Pero no fue suficiente para revertir el favoritismo del candidato de la extrema derecha en las elecciones del domingo 28. Crédito: Ricardo Stuckert/Noticias Públicas

“La gente decidió arriesgar, votando por Bolsonaro, aun reconociendo sus ideas antidemocráticas y a sabiendas de que no está adecuadamente preparado para gobernar el país”, constató André Marcondes, basado en sus extensos contactos como gerente comercial de una industria química en la metrópoli de São Paulo.

Para la mayoría de los electores, la incertidumbre total que representa un gobierno de Bolsonaro sería “menos malo” que la alternativa, Fernando Haddad, de 55 años y del PT, el segundo candidato más votado en la primera vuelta electoral del 7 de octubre, con 29,28 por ciento de los votos, contra 46,03 por ciento del antiguo militar, según aducen muchos de los que votaron por candidatos moderados, “de centro” en esa ocasión.

La primera ola de adhesión a Bolsonaro se generó por el sentimiento de inseguridad ante la expansión de la delincuencia, identificó Marcondes en sus contactos personales y por un grupo de discusión por Internet.

“La izquierda es más blanda con los delincuentes y se demanda un combate más duro a la criminalidad, estimulada por la impunidad”, acotó.

Además hay “mucha insatisfacción” entre empresarios por los impuestos que pagan sin un retorno en servicios públicos y entre los pobres de la periferia de São Paulo, la mayoría descendiente de migrantes del Nordeste, la región más pobre de Brasil.

“No tenemos los beneficios (de programas sociales) que el gobierno del PT distribuyó en el Nordeste”, se quejan, según Marcondes. Los peligrosos riesgos para la democracia cuentan menos.

Retornar a comienzos de siglo, atrae menos

En esos sectores es escaso el efecto positivo del discurso de Haddad, de “construir el Brasil feliz de nuevo”, prometiendo reanudar los años de oro de Lula, en que creció la economía y se promovió masivos programas de redistribución del ingreso, con la Beca Familia para 13 millones de hogares pobres, aumento del salario mínimo y millones de nuevos empleos.

Pero la oleada de la extrema derecha, que cunde en muchas partes del mundo y que en Brasil se nutre de muchos factores, solo se explica por “el lugar estructural de género y sexualidad como anclas de propuestas autoritarias”, sostuvo Correa, también una de las coordinadoras del Observatorio de Sexualidad y Política, una red internacional de investigadores.

Se trata “una estrategia transnacional articulada de restauración conservadora” de la familia, de las costumbres y de la misma iglesia, que busca “reconstituir un orden político jerárquico, autoritario y asimétrico” en el mundo, definió.

La crítica a la “ideología de género”, un concepto formulado por sectores conservadores de la Iglesia Católica, a partir de 1998, orienta el movimiento internacional y movilizaciones en defensa de la familia y la moral del pasado, al que se han unido con entusiasmo las confesiones evangélicas, muy poderosas en Brasil y otros países.

Es una reacción a las políticas impulsadas por el feminismo y las conferencias de Naciones Unidas sobre Población (Cairo 1994) y de las Mujeres (Beijing 1995).

Un incidente preanunció la avalancha electoral en Brasil, según Correa, cuando el 7 de noviembre de 2017, centenares de personas protestaron contra la presencia de Judith Butler, profesora de la estadounidense Universidad de California y autora de estudios de género, en un seminario sobre “Fines de la Democracia” en São Paulo.

La ofensiva derechista que busca restringir el aborto, incluso en los limitados casos permitidos legalmente en la actualidad, como la violación o riesgo de muerte materna, tiene como un blanco prioritario la educación.

Logró excluir, por ejemplo, “la promoción de igualdad racial, regional, de género y de orientación sexual” del Plan Nacional de Educación aprobado en 2014.

Una de las acusaciones más repetidas de la campaña de Bolsonaro contra Haddad es que este distribuyó en 2011 en las escuelas públicas el “kit gay”, un libro de combate a la homofobia, cuando fue ministro de Educación (2005-2012), algo que nunca de hecho, precisamente por movilizaciones en contra.

La educación sexual es tarea de la familia, sentenció Bolsonaro, que rechaza unidades familiares que no sean las tradicionales, de hombre y mujer.

Hace 50 años, la época de su utopía, no había políticas en beneficio de los negros, las mujeres, los homosexuales y los pobres del Nordeste, todos “indefensos” o “vulnerables”. El excapitán asegura tajante que hay que abolir ese “vulnerabilismo”, o protección a los vulnerables.

Tampoco había en ese pasado anhelado los organismos públicos y las organizaciones ambientales, que “estorban” el desarrollo, con sus multas y castigos contra la deforestación y la contaminación, advirtió un general retirado, Oswaldo Ferreira, al que se sitúa como como posible ministro de Transportes en un gobierno de Bolsonaro.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Barbados se vuelca hacia la economía verde y azul

qui, 25/10/2018 - 13:16

Con la elevada demanda de pescado del sector turístico, Barbados importa la mayoría de lo que consume aquí. Crédito: Desmond Brown/IPS

Por Desmond Brown
BAHÍA CONSETT, Barbados, Oct 25 2018 (IPS)

Allan Bradshaw creció cerca de la playa en Barbados y siempre supo que quería ser pescador. Ahora, con 43 años, hace 25 que vive su sueño de infancia. Pero en los últimos tiempos, observó una notoria disminución del número de peces voladores cerca de su pueblo en la bahía de Consett.

“Como en la mayoría de los lugares, las reservas de peces disminuyen desde hace unos años, en especial los peces voladores”, aseguró Bradshaw en diálogo con IPS.

Como en muchas islas caribeñas, en Barbados, la pesca y las actividades asociadas forman parte del tejido económico desde hace años. Y los peces voladores, comunes en la mayoría de las áreas tropicales, se encuentran en aguas cálidas, en los alrededores de Barbados.

En un año típico, los peces voladores representan alrededor de 65 por ciento de la pesca total, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

No todos los peces desaparecieron, acotó Bradshaw, pero definitivamente hay un cambio y eso perjudica al sector.

“Los mahi-mahi o delfines, de alguna manera aumentaron en número, pero no en tamaño, es decir que tenemos muchos más, pero son más pequeños. Hay muchos más peces juveniles”, observó

El gobierno debe tomar medidas para salvar a la industria del colapso, reclamó Bradshaw.

El pescador Allan Bradshaw nota una gran disminución del número de peces voladores en la bahía de Consett, en Barbados. Crédito: Cortesía de Desmond Brown.

Hace cuatro años, solo había poco más de 1.000 barcos registrados, 2.200 pescadores saliendo y unas 6.600 personas en actividades vinculadas a la pesca, como vendedores, procesadores y comerciantes, según datos de la oficina de la FAO en Barbados.

También informó que se pescaron alrededor de 2.500 toneladas entre 2013 y 2014, pero la captura parece disminuir en los últimos años.

La captura de peces voladores disminuye por el flujo de sargazo, las macroalgas pardas o verdes muy oscuras que contaminan las costas..

Este país caribeño exporta atún con un alto valor agregado, unas 160 toneladas, aunque las exportaciones han sido ínfimas en comparación con la captura.

Pero con la elevada demanda de pescado del sector turístico, Barbados importa la mayoría del pescado consumido.

Desde que asumió en mayo de este año, el nuevo gobierno de la primera ministra Mia Mottley recibe reclamos para que Barbados mire más allá de sus 166 millas cuadradas de tierra en busca de riqueza.

La sugerencia apunta a que este país debe  mirar más allá de la industria del azúcar y la banana, hacia el mar, para desarrollar su economía.

Mottley creó un Ministerio de Asuntos Marítimos y Economía Azul en su gobierno, en una decisión muy aplaudida por la población. Incluso, algunos analistas opinaron que la decisión debía replicarse en la región.

“La FAO apoya el desarrollo de la economía azul en Barbados, y en los próximos años asistirá tanto a la pesca como a la acuacultura”, indicó la coordinadora de proyecto Iris Monnereau, en diálogo con IPS.

“Se logrará mediante la actualización de los marcos legales, una evaluación de la viabilidad de utilizar el resto de la materia prima de la pesca, procesada directamente para el consumo humano, animal o para fertilizantes, la capacitación de 70 pequeños agricultores en acuaponia, además de pescadores y organizaciones de pescadores y ofreciendo asistencia para la implementación de actividades sostenibles con valor agregado en la cadena de valor de la pesca”, añadió.

Monnereau dijo que el desarrollo de la economía azul se considera clave para la sostenibilidad a largo plazo de la costa y de los océanos, y está inextricablemente vinculada a la gestión a largo plazo, al desarrollo social inclusivo y a un mejor bienestar de las poblaciones costeras e insulares.

En ese enfoque, océanos y costas pueden verse como “espacios de desarrollo”, en los que los usos tradicionales, como pesca y acuicultura, transporte, construcción de barcos, turismo costero y uso de gas y petróleo en el mar, se combinan con sectores emergentes, como la bioprospección, la energía renovable marina y la minería marítima, a la vez que se hace frente a los desafíos que afrontan los océanos y las costas.

“Por ejemplo, la sobreexplotación pesquera, la contaminación de aguas costeras, la pesca ilegal y no reglamentada, especies invasivas, la destrucción del hábitat, la erosión costera y el impacto del cambio climático”, añadió Monnereau.

El nuevo ministerio se creó después de las elecciones del 24 de mayo, y Monnereau comentó que es demasiado pronto para medir su impacto.

Pero es una acción, apuntó, que muestra claramente que el gobierno busca desarrollar la economía azul en Barbados.

En los últimos meses, también busca alianzas con la FAO y otras organizaciones internacionales y privadas para desarrollar actividades con ese fin.

La iniciativa coincide con la próxima Conferencia sobre Economía Azul Sostenible que organizará Kenia, junto con Canadá y Japón, del 26 al 28 de noviembre, cuando se reunirán unas 4.000 personas con el fin de apoyar la agenda para construir la economía azul.

El ministro de la nueva cartera, Kirk Humphrey, dijo a IPS que aspira a construir una economía más verde y azul en Barbados, lo que implicará que la isla se convierta en un centro marítimo del Caribe, y que pondrá fin a la sobrepesca e implementará mayores mecanismos de protección para preservar los arrecifes de coral.

También se mostró preocupado de que Barbados importe en la actualidad 80 por ciento del pescado que consume, y que el sector sufra las consecuencias de la sobrepesca.

El ministerio trabaja para construir una estrategia en ese sentido y pretende capitalizar el espacio marino, que es 400 veces mayor que su territorio.

En términos de la economía azul, Humphrey también subrayó la necesidad de realizar un estudio para que Barbados pueda asegurar qué hay en los océanos y luego asignarles un valor para poder medir su aporte al producto bruto interno.

Traducción: Verónica Firme

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El éxodo migratorio refleja el fracaso de las élites en Honduras

qui, 25/10/2018 - 09:58

En la aduana de Agua Caliente, en la frontera con Guatemala, en el occidente de Honduras, mujeres, niñas, niños y jóvenes, hacían fila el jueves 18 de octubre, pese a la lluvia, para cruzar la frontera y alcanzar a sus compatriotas que iniciaron un éxodo migratorio hacia Estados Unidos, y con ello, una crisis humanitaria en búsqueda del sueño americano. Crédito Thelma Mejía/IPS

Por Thelma Mejía
TEGUCIGALPA, Oct 25 2018 (IPS)

El éxodo iniciado el 13 de octubre por miles de migrantes hondureños en búsqueda del sueño americano, es un reflejo del fracaso de las elites hondureñas, sostienen analistas consultados por IPS al afirmar que lejos de apostar a oportunidades de cambio, “más bien cierran los espacios para que estos no se produzcan”.

“En Honduras, las elites han logrado cerrar muchas posibilidades de cambio, los grupos de poder no quieren permitir que Honduras avance y las condiciones para este éxodo sin precedentes, estaban dadas”, sentenció a IPS el sociólogo Eugenio Sosa, analista político experto en movimientos sociales.

A su juicio, “hoy estamos en una situación de emergencia y nadie se atreve a proponer al presidente Juan Orlando Hernández que debe sentarse para buscar salidas políticas a esta crisis”.“Si antes se iban 200 personas diarias del país, la modalidad de las caravanas te ha puesto una nueva perspectiva, estamos frente a un éxodo, ante una crisis humanitaria que ha tenido entre sus detonantes el desencanto y la falta de oportunidades”: Ricardo Puerta.

Las elites de poder—políticas y económicas—“tienen talento para blindarse frente a la corrupción, pero no para enfrentar los problemas del país”, acotó Sosa, al citar entre las condiciones expulsoras de la actual ola migratoria factores estructurales como la pobreza, la falta de empleo, la corrupción, inseguridad y la violencia, entre otros.

En este país centroamericano de 9,1 millones de habitantes,  65 por ciento de la población  vive en condiciones de pobreza, lo que supone poco más de cinco millones de personas, y de estas, más de tres millones sobreviven con apenas dos dólares diarios, según el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), el principal centro de pensamiento económico no estatal del país.

La Secretaría (ministerio) de Trabajo y Seguridad Social estima en 4,1 millones de personas la población económicamente activa de Honduras. El salario mínimo promedio es el equivalente de 355 dólares. Pero de acuerdo al Fosdeh, en el sector privado ocho de cada 10 empleados, gana por debajo del salario mínimo y en el sector público, cuatro de cada 10.

“La desesperanza es grande, las opciones de mejora de empleo no están. La caravana migratoria ha sido un parte aguas en este país, ha desbordado al gobierno, ellos sabían del problema, pero nunca actuaron, solo reaccionan frente a las crisis cuando están instaladas”, dijo a IPS el experto en temas migratorios Ricardo Puerta.

“Si antes se iban 200 personas diarias del país, la modalidad de las caravanas te ha puesto una nueva perspectiva, estamos frente a un éxodo, ante una crisis humanitaria que ha tenido entre sus detonantes el desencanto y la falta de oportunidades”, agregó.

En la caravana que arrancó el día 13 en la ciudad de San Pedro Sula, diferentes organizaciones fronterizas y humanitarias calculan que se incorporaron 7.000 personas, de ellas 2.400 menores de edad. Otra caravana  partió el martes 23 de Zacapa, en Guatemala, con unos 1.500 hondureños, con la intención de sumarse a la primera.

Un sondeo elaborado por la orden católica de la Compañía de Jesús, presentado en abril,  reveló que 44,3 por ciento de los hondureños pensaba en emigrar del país.

“Es que en los hospitales públicos no hay medicinas, no hay trabajo, el sector privado no está generando el empleo deseado, los costos de producción y de vida se disparan. Estamos ante una crisis múltiple a nivel económico, social y político”, acotó a IPS el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en Honduras (Cohep), Armando Urtecho.

Sin importar el riesgo o las amenazas, padres e hijos huyen de su país, Honduras, donde la “fantasía” no existe, como este grupo en la aduana de Agua Caliente, en la frontera con Guatemala, donde el gobierno clausuró el paso entre el 19 y el 24 de octubre, en un afán fallido por contener el éxodo. Pero el boquete humano abierto en el país es difícil de cerrar, según expertos. Crédito: Thelma Mejía/IPS

Urtecho dice que los empresarios están preocupados porque el panorama es incierto y “ya empiezan a generarse, a lo interno, caravanas de protesta y solidaridad con los migrantes que pueden calentar o radicalizar el panorama”.

Se refiere a una Caravana de la Dignidad, que han iniciado diversas organizaciones sociales, encabezada por el sacerdote jesuita Ismael Moreno, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de los jesuitas.

La caravana arrancó el martes 23 desde la pequeña localidad de La Barca, en el norte del país, y espera llegar a Tegucigalpa, la capital, el viernes 26. Entre sus propósitos, además de la solidaridad con la caravana de migrantes hacia Estados Unidos, está pedir la salida del poder del presidente Hernández.

Víctor Meza, analista político, cree que estas acciones son parte del desencanto pues todos los elementos para un cambio se “han visto frustrados”. “El país necesita un cambio inclusivo, democrático y participativo. El gobierno ha sido golpeado y no hay espacio para los acuerdos políticos pactados bajo la mesa. El país no da para más”, dijo a IPS.

Meza al igual que Eugenio Sosa, son del criterio que en este fracaso de las elites, el tema de la corrupción y la crisis político electoral de noviembre de 2017 que culminó con una cuestionada reelección de Hernández, fue otro de los factores que detonó en el éxodo migratorio.

En el poder desde 2014, Hernández es hoy el presidente con mayor rechazo social en el país. Seis de cada 10 hondureños cree que ganó la reelección mediante un fraude, según la encuesta de los jesuitas.

En este país, la reelección estaba prohibida por la Constitución hasta que Hernández y su Partido Nacional, una fuerza tradicional de derecha, impusieron una polémica reforma en la ley fundamental para permitirle ser candidato en los comicios de noviembre de 2017, con resultados que organizaciones locales e internacionales consideraron dudosos.

La crisis desatada por los cuestionamientos a su reelección llevaron a instalar unas mesas técnicas de diálogo político, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, para abordar cuatro detonantes de la crisis postelectoral: violencia y fraude, derechos humanos, reformas constitucionales y reformas político electorales.

Pero el diálogo se estancó por la renuencia de los representantes del gobierno y el Partido Nacional a temas como la amnistía y la investigación de 22 muertes postelectorales a manos de las fuerzas del orden, según un informe de la ONU.

El tema de la corrupción es otro de los detonantes, estiman los expertos.

Miembros del partido en el poder, funcionarios de la cúpula del gobierno y diputados oficialistas y opositores han sido salpicados en un millonario desvío de 12 millones de dólares destinados para los pobres que fueron a dar a cuentas particulares y financiamiento de campaña política.

Una ex primera dama está acusada y en prisión preventiva por otros delitos y más diputados son señalados de presuntos hechos corruptos. Ante ello, las elites políticas en el congreso nacional impulsan reformas orientadas a blindar la corrupción.

Los esfuerzos anticorrupción no logran pasar, el desencanto crece y “cuando se cierra esa posibilidad, el éxodo se vuelve una opción de salida. Se huye del país de la fantasía”, acota Meza.

Hernández anunció 615 millones de lempiras, unos 25,6 millones de dólares, para atender el tema migratorio y los afectados por la sequía y las lluvias. Los sectores sociales le piden que convoque a un Pacto Social incluyente, pero sus funcionarios prefieren diálogos paralelos y reuniones privadas empresariales.

“El presidente no ve la crisis, no ve la dimensión del problema”, confió a IPS un alto funcionario del gobierno, que pidió el anonimato, al término de una reunión del gobernante con sectores gremiales privados. Hernández, apuntó, no tiene idea de cuánta miseria puede aguantar una democracia.

Según el informe de 2017 del Latinobarómetro de las Américas, la democracia en Honduras está en coma, apenas 36 por ciento de los hondureños la apoyan, en un  respaldo que cayó siete puntos en relación al 2016.

El éxodo migratorio, sostienen los expertos, abrió un agujero y los escenarios vaticinan que el país entró en una transición conflictiva que podría llevar a una mayor descomposición social.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El embargo estadounidense contra Cuba golpea donde más duele

qua, 24/10/2018 - 14:18

El profesor Alberto Céspedes Castillo saluda a pacientes de la sala de pediatría del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de El Vedado, ubicado en el municipio Plaza de La Revolución, de La Habana, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Oct 24 2018 (IPS)

Con apenas tres años, la cubana Suelen Suárez, tiene un tumor que compromete la pelvis, parte de la nalga y una de sus piernas. “La están tratando desde enero y pronto será operada”, cuenta su abuela Milagros Miranda.

Menuda y parlanchina, la niña enfrenta la cámara fotográfica sin timidez alguna. Miranda, en tanto, se sorprende ante la pregunta de cuánto le costará la atención y la cirugía de la nieta. “Nooo, nada”, dice y añade que el servicio estatal de bienestar social en Bauta le ayuda en los traslados al hospital y otras necesidades.

La mujer ha recorrido este año en incontables ocasiones los 24 kilómetros que separan a ese municipio y La Habana, para acompañar a la pequeña en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, centro rector de la especialidad en el país.“Nos persiguen. Somos el único país obligado a decir el destino final de las compras de medicamentos. Eso es criminal, genocida, saber que se están muriendo los pacientes y prohibir la venta a Cuba. Esto no tiene nada que ver con la política, se trata de la salud de un pueblo. Es un genocidio”: Juan Oliva.

Ante la segunda pregunta de IPS no hay sorpresa: ¿Ha notado si el bloqueo de Estados Unidos afecta de algún modo la atención de Suelen u otros niños?

“Sí, a veces hay complicación con medicamentos que son los mejores y no se pueden comprar en Estados Unidos. Pero vemos cómo se lucha por los pacientes y el tratamiento no se interrumpe”, señala.

La sala de pediatría a la que tuvo acceso IPS tiene en este momento 20 pacientes, entre niños y niñas provenientes de todo el país. “Atendemos infantes con tumores del sistema nervioso central, linfomas, tumores sólidos como los óseos, entre otras patologías”, señaló la médica Mariuska Forteza, especialista de oncopediatría.

La profesional comentó que es una situación “bien difícil” cuando un paciente necesita un fármaco determinado y no está disponible por el embargo. Mencionó la imposibilidad de comprar en Estados Unidos el fármaco Temozolamida, que constituye la primera línea de tratamiento quimioterapéutico para tumores cerebrales malignos.

“Eso  nos frustra mucho, pero  no nos quedamos con las manos cruzadas,  buscamos alternativas”, señaló. ”Felizmente ahora tenemos el Nimotuzumab, producto cubano que está dando muy buenos resultados y nos ha ayudado a aumentar la sobrevivencia y mejorar la calidad de vida de estos pacientes”, añadió Forteza.

La salud es uno de los sectores más sensibles entre los afectados en Cuba por el embargo estadounidense, cuyo impacto acumulado en esta área por esa política de casi seis décadas se estima en más de 2.700 millones de dólares, debido a los  mayores gastos que implica la compra de productos y tecnologías en mercados geográficamente distantes.

Sea un fármaco, un equipo de alta tecnología, reactivos, piezas de repuesto para medios de diagnóstico y tratamiento, instrumental médico u otros insumos necesarios para el funcionamiento del sector, aumentan su costo por fletes, trasbordo, manipulación, almacenaje y el uso de intermediarios en las operaciones comerciales.

Suelen Suárez, de tres años, y su abuela Milagros Miranda, residentes en un municipio cercano a La Habana, mientras dialogan con IPS en un corredor del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de El Vedado, en la capital cubana, donde la niña es tratada de un tumor. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Según el informe sobre el impacto del bloqueo, como se denomina en Cuba al embargo, entre abril de 2016 y junio de 2017, Cuba debió enviar a un grupo de pacientes y sus acompañantes para ser atendidos en el extranjero, pues sus hospitales carecen de algunas tecnologías o equipamientos producidos en Estados Unidos para tratar ciertas patologías.

“Estas tecnologías pudieron importarse desde los Estados Unidos de no existir el bloqueo, y los pacientes habrían sido atendidos en su país”, detalló el documento presentado ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 1 de noviembre de 2017.

El costo de ese esfuerzo asumido por el estado cubano que garantiza la gratuidad de los servicios de salud a su población de 11,2 millones fue de casi 1,7 millones de dólares. En su demanda de cese del bloqueo de 2018, La Habana estima que las prohibiciones le han costado en total 4.321.200 millones de dólares entre abril de 2017 hasta marzo de este año.

En este último período, Cuba no pudo adquirir en el mercado estadounidense, entre otros productos, el óxido nítrico,  usado para la prevención o el tratamiento eficaz de las crisis de hipertensión pulmonar aguda, las cuales pueden ser graves e incluso mortales.

Entre el ocho y el 10 por ciento de las operaciones anuales del Cardiocentro Pediátrico William Soler, son realizadas a niños que padecen esta enfermedad. Debido a su contenido potencialmente explosivo, el óxido nítrico solo puede ser transportado en barco y por tiempos cortos, lo que impide su traslado desde lugares lejanos.

“Nos persiguen. Somos el único país obligado a decir el destino final de las compras de medicamentos. Eso es criminal, genocida, saber que se están muriendo los pacientes y prohibir la venta a Cuba.  Esto no tiene nada que ver con la política, se trata de la salud de un pueblo. Es un genocidio”, advirtió ante IPS el médico Juan Oliva.

Graduado en 1965, este especialista en medicina nuclear y oncología ha vivido y desarrollado su carrera profesional bajo las presiones del embargo, al igual que el médico Alberto Céspedes, exdirector del Instituto de Oncología y miembro de su consejo de dirección.

Los especialistas Elías Gracia Medina, Alberto Céspedes Castillo y Juan Perfecto Oliva (de izda a dcha) ofrecen declaraciones a IPS, en el salón de reuniones del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de El Vedado, un centro de referencia en Cuba, situado en La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

 

Céspedes, de 82 años, insistió a IPS en que el bloqueo es una agresión contra todo el pueblo de su país. Ante quienes sostienen la tesis de que es una justificación oficial para justificar errores o deficiencias, dijo desafiante: “Que lo quiten y vamos a ver qué sucede”.

En opinión del médico Elías Gracia, jefe del servicio de oncología médica, unas relaciones comerciales normales con Estados Unidos permitirían a las farmacéuticas estadunidenses vender libremente sus “fármacos innovadores” a Cuba, con beneficio inmediato para los servicios de salud de la isla caribeña.

El acceso al mercado estadounidense redundaría en una “mejor calidad de los tratamientos para los pacientes, mayor supervivencia, les estaríamos brindando el mejor tratamiento de los que se recomiendan como estándares en el mundo para distintas patologías”, señaló.

El gobierno cubano  presentará nuevamente este 31 de octubre ante la ONU su demanda de cese del bloqueo.

En 2017, la resolución cubana contra el embargo obtuvo 191 votos a favor y dos en contra, correspondientes a Estados Unidos e Israel, su más fiel aliado. En 2016, Washington, siempre acompañado por Tel Aviv, optó por la abstención.

El anteproyecto de resolución, titulado ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, señala que desde su aplicación en 1962 hasta la fecha el bloqueo comercial y financiero ha causado daños por más de 134.499.800  millones de dólares.

Debido a su codificación en leyes como las conocidas como  Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996), la política de embargo solo puede ser desmontada por el legislativo Congreso estadounidense, en tanto las sucesivas condenas y llamados al cese del embargo en  la ONU no son vinculantes y no comprometen a Washington.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Más de 200 millones de mujeres siguen sin anticonceptivos

qua, 24/10/2018 - 13:14

En 2019, se cumplirán 50 años del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que aboga por terminar con el matrimonio infantil y promueve los derechos en salud sexual y reproductiva. Crédito: UNFPA

Por Thalif Deen
OTTAWA, Oct 24 2018 (IPS)

La comunidad internacional conmemorará dos hitos en materia de población y desarrollo el año próximo, cuando se cumplirán 50 años del Fondo de Población de las Naciones Unidas y 25 del Programa de Acción, adoptado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), realizada en El Cairo en 1994.

“Usemos esos importantes logros para iniciar una acción acelerada, juntos, aquí en Ottawa”, arengó la directora ejecutiva del UNFPA, Natalia Kanem, frente a 150 parlamentarios de más de 50 países reunidos en la capital canadiense.

Los legisladores se reunieron para revisar los avances logrados en varios de los indicadores socioeconómicos de la Agenda de la Organización de las Naciones Unidas en materia de salud reproductiva, mortalidad materna e infantil, planificación familiar, mutilación genital femenina, matrimonio precoz, empoderamiento de mujeres y equidad de género.

Es un momento de reflexión sobre algunas cuestiones fundamentales, observó Kanem.

“¿Hicimos justicia a la visión que los gobernantes articularon hace casi 25 años en El Cairo? ¿Qué logramos? ¿En qué estamos rezagados? ¿Para quiénes? ¿Por qué las intervenciones en materia de derechos y salud sexual y reproductiva se siguen cuestionando una y otra vez?”, se preguntó.

El mundo ha logrado grandes avances en las últimas décadas, como lo refleja el gran retroceso de la mortalidad materna y de los matrimonios infantiles, observó.

Cada vez mueren menos mujeres por causas vinculadas al embarazo y al parto, y cada vez son más las que utilizan métodos anticonceptivos modernos. Además, más niñas están escolarizadas.

“Sin embargo, más de 200 millones de mujeres y niñas todavía esperan acceder a anticonceptivos modernos. Y todos los años, hay casi 100 millones de embarazos no buscados”, observó Kanem.

Y más de 300.000 mujeres mueren durante el embarazo o el parto todos los años mientras decenas de miles de niñas siguen contrayendo matrimonio todos los días. Y persiste la epidemia de violencia contra mujeres y niñas, entre las que se cuenta la mutilación genital femenina, puntualizó.

La ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Marie-Claude Bibeau, señaló que su país está decidido a encabezar el debate en materia de equidad de género y dio la bienvenida a la conferencia, que concluyó el 23 de este mes, destacando que es un primer paso hacia la Conferencia Women Deliver, en 2019.

“Canadá está convencido de que si queremos maximizar el impacto de nuestras acciones y ayudar a erradicar la pobreza, debemos defender con fervor la equidad de género y los derechos de mujeres y niñas para que puedan tener una participación total en la sociedad”, añadió.

Con ese fin, Canadá se comprometió a movilizar apoyo internacional para los derechos en salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas, ambos compromisos clave de la Política de Asistencia Internacional Feminista de Canadá.

La legisladora mexicana Martha Lucía Micher también se refirió a que “los cuerpos de las mujeres se están politizando”.

Por su parte, la senadora Catherine Noone, de Irlanda, dijo que las personas que están contra la legalización del aborto en su país dieron una teoría enrevesada sobre que los hombres buscarían tener más relaciones sexuales si se legalizaba la interrupción voluntaria del embarazo.

Es un escándalo que tantas mujeres y niñas tengan tan pocas opciones, subrayó Kanem.

“Convirtamos el escándalo en acción. Tener opciones puede cambiar el mundo. Ampliemos los derechos y las opciones para todos. Es clave para la igualdad de género y la única forma de promover la CIPD y las agendas para 2030”, alentó.

Mientras, el UNFPA tiene sus propios objetivos ambicioso para 2030, cuando vence el plazo para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible:

• Cero necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar;

• Cero muertes maternas evitables;

• Cero violencia de género y prácticas perjudiciales para mujeres y niñas (incluido el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina).

“Y nuestras acciones para lograr esos ceros se basarán en evidencia y en datos sobre población de calidad”, observó.

“El censo de 2020 es una importante pieza del rompecabezas, y estamos mejorando nuestra preparación. Cuando todo el mundo esté contado, podremos identificar y alcanzar a quienes quedaron rezagados. Eso incluye a millones de mujeres y niñas”, añadió Kanem.

“Vuestro compromiso hacia los principios y objetivos del Programa de Acción de la CIPD allana el camino para conseguir más logros. Vuestra defensa de los derechos humanos, entre ellos los derechos reproductivos, la equidad de género, la participación pública y los principios democráticos son vitales”, arengó a los legisladores.

“En tanto que parlamentarios, tienen el poder de transformar las voces de nuestros pueblos en acciones concretas”, observó.

“Tienen el poder de marcar una verdadera diferencia. Los convoco a ustedes para proteger el preciado mandato que compartimos con el UNFPA. Nuestras mujeres, niñas y jóvenes no merecen menos”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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Emiratos busca concienciar sobre el impacto del cambio climático

ter, 23/10/2018 - 13:17

Para producir un kilogramo de carne se necesitan cerca de 14.000 litros de agua y entre siete y 10 kilogramos de forraje. En cambio, para producir un kilogramo de pollo, se necesitan solo 1.000 litros de agua y dos kilogramos de forraje, según Daniel F. Kenneth, profesor de salud pública y nutrición, en Abu Dhabi. Crédito: Sociedad Vegana de Emiratos Árabes Unidos.

Por Rabiya Jaffery
ABU DHABI, Oct 23 2018 (IPS)

Por su particular ubicación geográfica, Medio Oriente es muy propenso a sufrir las devastadoras consecuencias del cambio climático, y Emiratos Árabes Unidos, si bien hace años que toma medidas paliativas, no escapa a los riesgos que supone el recalentamiento global.

Las estimaciones indican que las sequías serán más prolongadas, que habrá olas de calor más intensas y que las temperaturas altas se volverán cada vez más comunes en la región, de Saná a Yeda y de Dubai a Teherán.

Sin embargo, la falta de conciencia de la población sobre los riesgos es preocupante.

Emiratos Árabes Unidos trabaja para incorporar a su agenda nacional medidas de mitigación y adaptación, y también forma parte de la visión del país generar una mayor conciencia ambiental entre la población.

En 2016, este país le cambió el nombre al Ministerio de Ambiente y Agua por Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, lo que implicó, además, “campañas de concienciación para promover un comportamiento ambiental de las personas” en relación con la agenda de desarrollo sostenible.

Un estudio realizado por la Universidad de Emiratos Árabes Unidos en 2017, reveló que más de 40 por ciento de la población no maneja información sobre el cambio climático, el recalentamiento global y sobre cómo el comportamiento humano contribuye a dañar el ambiente”.

La activista Fátima al Ghami creó una organización que busca promover en Medio Oriente una dieta basada en verduras mediante un trabajo comunitario.

En 2017, Al Ghami lanzó una campaña para promover comidas con más verduras en Emiratos, y tiene previsto ampliar la red al resto de la región el año próximo.

“Se habla poco acá de cómo hacer frente al consumo de carne y de lácteos, a pesar de que es extremadamente importante para frenar el cambio climático”, explicó.

“Se está haciendo mucho sobre concienciación y decisiones políticas, sobre deforestación y transporte, pero falta mucho en materia de ganadería, no solo en Emiratos y en Medio Oriente, sino en todo el mundo”,observó.

Su campaña se concentra en crear conciencia en escuelas y universidades sobre los beneficios de reducir la importancia de la carne en la dieta, sobre el impacto de la industria cárnica en el clima y sobre qué pueden hacer las personas para alimentarse de forma más sostenible.

“Creo que hay cierta renuencia de las autoridades y de los activistas a meterse en la vida de la gente al punto de decirles qué y cuánto  comer”, observó.

“Pero pueden haber políticas inclusivas y enfoques empresariales que posibiliten los cambios de dieta para que contengan más verduras y sean más atractivas para más personas, lo que esencial si queremos realmente reducir las emisiones contaminantes”, añadió.

Es fundamental reducir el enorme y creciente consumo de carne para evitar los devastadores efectos del cambio climático, según uno de los estudios más amplios publicado este mes de octubre en la revista Nature.

Además, la industria ganadera es responsable de una quinta parte de las emisiones de carbono, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), más que la suma de las emisiones de los automóviles, los aviones, los trenes y los barcos.

“Si las 20 mayores compañías de carne y lácteos fueran un país, estaría en séptimo lugar por la gran cantidad de emisiones de gases invernadero”, ejemplificó Daniel F. Kenneth, profesor de salud pública y nutrición, quien residente en Abu Dhabi.

La industria cárnica y ganadera es la que tiene mayor impacto en el ambiente, pues más de una tercera parte del metano liberado a la atmósfera, considerado 20 veces más nocivo que el dióxido de carbono para el recalentamiento global, procede de las vacas, incluidas las lecheras, añadió.

Muchos ambientalistas consideran a la industria agroganadera como una triple amenaza para la atmósfera porque los animales producen grandes cantidades de metano, a lo que se suma la pérdida de bosques capaces de absorber carbono, con el fin de extender las pasturas, y los inmensos volúmenes de agua necesarios para mantener al ganado.

“La ganadería y la producción de soja para alimentar al ganado suelen realizarse en tierras deforestadas, y esa deforestación es considerada una de las formas más significativas en que la producción de carne contribuye al recalentamiento global”, explicó Kenneth.

“Y la enorme cantidad de forraje y de soja está lejos de ser una forma sostenible de utilizar los escasos granos de cereales”, añadió.

Según Kenneth, para producir un kilogramo de carne se necesitan cerca de 14.000 litros de agua, y entre siete y 10 kilogramos de forraje. En cambio, se necesitan solo 1.000 litros de agua y solo dos kilogramos de forraje para producir un kilogramo de pollo.

Emiratos, considerado un país con seguridad alimentaria, depende, sin embargo, principalmente de la importación de alimentos, hasta 80 por ciento de los que consumen proceden de otros países.

“No tenemos nuestra propia industria ganadera, pero eso no nos evita un problema”, observó Al Ghamdi.

“Y grandes cantidades de dióxido de carbono se generan a partir del transporte asociado a la producción de carne; tiene más sentido económico y ambiental cambiar a una cultura en la que dependamos más de alimentos de más fácil acceso”, apuntó.

El informe publicado por la revista Nature reclama un “cambio global” hacia dietas más basadas en plantas, reduciendo el desperdicio de alimentos, mejorando las prácticas agrícolas con la ayuda de la tecnología, mejorando la educación, además de una reforma industrial y de mejorar la eficiencia, como medidas para hacer frente al problema.

“En Medio Oriente, solíamos tener dietas basadas en arroz, lentejas y garbanzos. De esa forma nos alimentamos durante años, comíamos poca carne”, apuntó Al Ghamdi.

“Esta tendencia a tener comidas basadas en la carne es nuevo y es un concepto occidental, pero no hay nada en la carne que la haga fundamental; hay otros alimentos, como las legumbres y los granos, que ofrecen las mismas proteínas y hierro”, precisó.

El artículo de Nature subraya que con el gran aumento de población y de  ingresos globales previsto (que permitirán a la gente consumir más carne), para mediados de siglo, el impacto de la industria cárnica, que ya es significativo, podría aumentar 90 por ciento, si no se hacen esfuerzos para reducirla.

Traducción: Verónica Firme

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La muerte asoma entre la cárcel y el exilio para opositores venezolanos

sex, 19/10/2018 - 22:03

El edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política, en la plaza Venezuela de Caracas, de cuyo piso 10 cayó el político opositor Fernando Albán, en lo que el gobierno de Nicolás Maduro ha calificado como un suicidio. Crédito: Cortesía de El Pitazo

Por Humberto Márquez
CARACAS, Oct 20 2018 (IPS)

La muerte de un dirigente opositor en las instalaciones de la policía política colocó de nuevo el foco internacional sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, incluida la situación de activistas presos o forzados al exilio.

Fernando Albán, concejal de Caracas y dirigente del partido opositor Primero Justicia (centrista), murió el 8 de este octubre mientras estaba detenido en la sede de la policía política, tres días después de su arresto en el aeropuerto capitalino, a donde llegó tras participar en denuncias de su organización en Nueva York contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El activista “murió cuando pidió permiso para ir a un baño y estando allí se lanzó al vacío”, desde el décimo piso de la céntrica sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), informó inicialmente el fiscal general, Tarek Saab.

El ministro del Interior y Justicia, el general Néstor Reverol, dio cuenta después de que el suicidio ocurrió a precipitarse Albán “desde una sala de espera” del mismo piso del edificio, y desde entonces esa ha sido la tesis oficial.

Albán fue arrestado en investigaciones sobre un fallido atentado con drones contra el presidente el 4 de agosto, por el que están detenidas una veintena de personas y que según el gobierno tiene como cerebro a Julio Borges, coordinador de Primero Justicia autoexiliado en Bogotá, y como colaboradores a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

Portavoces de la oposición rechazaron la tesis del suicidio, difundieron versiones de que el concejal murió víctima de torturas y su cuerpo fue arrojado al vacío, mientras organizaciones de derechos humanos y la jerarquía de la Iglesia Católica han demandado una investigación imparcial e internacional.

Otro tanto hicieron Estados Unidos, los 12 gobiernos americanos reunidos en el Grupo de Lima y la Unión Europea. Francia y España incluso convocaron a los embajadores de Venezuela para comunicar su preocupación por la muerte del concejal bajo la custodia del Estado.

En Venezuela “se practica una represión selectiva, como muestra el caso Albán, con violación del debido proceso, se encarcela a opositores y se desconoce durante días su paradero y hay altas posibilidades de que se les someta a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dijo a IPS el coordinador de la organización de derechos humanos Provea, Rafael Uzcátegui.

Cuatro días después de la muerte de Albán, el gobierno sacó de una sede del Sebin al joven activista Lorent Saleh y de manera expedita lo envió a España. Saleh llevaba cuatro años preso, acusado de preparar atentados terroristas desde Colombia, sin que los cargos llegasen a un tribunal porque 53 veces se aplazó la inicial audiencia de presentación del reo ante un juez.

“Por primera vez en cuatro años podré ver la luna y el amanecer”, dijo Saleh al llegar a Madrid, tras estar detenido en celdas de sótanos con solo luz artificial, según sus defensores.

Saleh, galardonado con el europeo Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia de 2017, también afirmó que había sido víctima de torturas que le hicieron pensar en suicidarse.

La liberación de Saleh “probablemente se realizó para obtener algún beneficio político, como que España plantease un nuevo diálogo o negociación con el gobierno venezolano. Es un patrón que se sigue pero se acompaña de nuevas detenciones, de otros opositores políticos”, observó Alfredo Romero, del Foro Penal, que defiende a detenidos por causas políticas.

Romero sostiene que en Venezuela se practica desde hace años una “puerta giratoria”, con la que cada vez que se libera algún detenido por razones políticas se lleva a otros a la cárcel.

“Mientras se producen algunas excarcelaciones, solamente este año se ha detenido a más de 500 personas por razones políticas, y 12.400 desde 2014”, dijo Romero a IPS. Durante 2014 y 2017 hubo varios meses de protestas callejeras.

Actualmente, según el Foro Penal, con varios premios internacionales por su actividad, hay 237 presos políticos, pero desde 2014 se han registrado 7.343 procesos penales contra personas por causas políticas o vinculadas a ella

El brazo judicial y policíaco ha alcanzado a líderes con largas trayectorias, como Leopoldo López, jefe del partido Voluntad Popular, Borges (expresidente del parlamento) o Antonio Ledezma, ex alcalde mayor de Caracas, quien escapó de su arresto domiciliario y huyó al extranjero.

Pero también a humildes trabajadores, como dos bomberos de una minúscula localidad de los Andes, en el suroeste del país, quienes hicieron una broma en vídeo comparando a Maduro con un burro que entró a su área de trabajo.

Fueron procesados bajo una “ley contra el odio” dictada fuera del parlamento y encaran una condena de hasta 18 años de cárcel.

En medio están policías sentenciados por sucesos enmarcados en un golpe de Estado en 2002, dirigentes políticos locales, estudiantes y pobladores que participaron en las confrontaciones callejeras de 2014 y 2017, militares acusados de participar en conatos de insurrección y los señalados por actividades terroristas como el frustrado atentado de agosto contra Maduro.

Dirigentes medios, como alcaldes y algunos diputados, han optado por cruzar subrepticiamente la frontera para autoexiliarse, o se han refugiado en embajadas.

Hay situaciones en las cuales los tribunales ordenan la excarcelación y los custodios militares o policiales ignoran la medida, como en el caso de 59 colombianos detenidos por presuntamente participar en preparativos de insurgencia en 2016.

Un tribunal les otorgó la libertad en 2017, pero aún permanecen encarcelados, algunos seriamente enfermos, según Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Desde agosto permanece encarcelado Juan Requesens, joven diputado sindicado de cooperar con el atentado de los drones, detenido sin respetar la inmunidad que la Constitución ampara a los parlamentarios. De él se divulgaron vídeos, tomados en los primeros días bajo arresto, con expresión ausente y apenas vistiendo una ropa interior manchada de heces fecales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó el 12 de octubre medidas de protección para Requesens y de nuevo solicitó al gobierno venezolano que permita el ingreso de una comisión internacional que verifique las condiciones de su detención.

“La sede del Sebin ha sido denunciada como centro de torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes contra las personas privadas de libertad por razones políticas”, señaló una declaración de 65 organizaciones sociales y humanitarias venezolanas este mismo mes.

En ella, solicitaron presionar al gobierno para que permita que una comisión de la Cruz Roja Internacional examine las condiciones de reclusión de los presos políticos en Venezuela.

En el país “no hay condiciones para investigaciones independientes sobre estos temas, y por eso los reclamos para una participación internacional que las dote de transparencia”, dijo Uzcátegui, cuya organización es una de las más respetadas y antiguas en materia humanitaria del país.

Otro aspecto es la militarización de las barreras que se erigen ante la acción de civiles, y no solo al actuar la fuerza pública en manifestaciones callejeras, sino que “hay un creciente empleo de tribunales militares: 811 civiles han sido llevados ante la justicia militar desde comienzos de 2017 hasta octubre de 2018”, dijo Romero.

Para Romero “la actuación sobre los dirigentes y activistas políticos y aún simples ciudadanos tiene el propósito de mantener un clima de intimidación sobre la población”.

“Se apela a la disuasión porque en medio de la crisis económica se dispone cada vez de menos mecanismos clientelares para procurar apoyo popular al gobierno”, acotó Uzcategui.

En ausencia de instituciones democráticas fuertes, planteó,  “y con un presidente Maduro que ve fortalecido su poder y sin compartir liderazgo al completar su primer período de gobierno (2013-2019), pueden reeditarse las doctrinas de seguridad nacional y del enemigo interno”.

Eso, a su juicio, es un mal presagio para quienes hagan política desde la oposición, con Maduro ya reelegido para un nuevo sexenio en mayo, en unos comicios en que la mayoría de la oposición no participó.

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo La muerte asoma entre la cárcel y el exilio para opositores venezolanos fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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ONG reclaman a ONU investigar asesinato del periodista Khashoggi

sex, 19/10/2018 - 20:26

Según el Comité para la Protección de Periodistas, 44 profesionales de la prensa murieron en lo que va de 2018, 27 de los cuales asesinados. Crédito: Cortesía ONU Ginebra.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Oct 19 2018 (IPS)

Frente al malestar internacional por la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi, organizaciones de derechos humanos reclaman a la ONU que investigue el hecho.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) se unieron para reclamar a la ONU (Organización de las Naciones) una investigación sobre la tortura y la muerte de Khashoggi para evitar su “encubrimiento”.

“Eso da una señal enormemente escalofriante a los periodistas del mundo sobre que sus vidas no importan y que los estados pueden asesinar con impunidad”, subrayó Robert Mahoney, subdirector ejecutivo del CPJ, en conferencia de prensa.

“Creemos que la única forma de garantizar que no se encubra la desaparición de Jamal Khashoggi es que la ONU lance una investigación internacional, independiente y transparente”, añadió.

Por su parte, Louis Charbonneau, de HRW, coincidió: “Necesitamos que se hagan responsables y para ello, necesitamos una información creíble y una investigación”.

Originario de Arabia Saudita, Khashoggi residía de forma permanente en Estados Unidos, donde trabajaba como columnista de The Washington Post.

La última vez que lo vieron fue cuando visitó el consulado de Arabia Saudita en Turquía, y fuentes turcas filtraron una fotografía espantosa del incidente, incluso con un cuerpo desmembrado, indicó.

Grabaciones en audio y video también sugieren que funcionarios saudíes cercanos al príncipe heredero Mohammad bin Salman son responsables del hecho.

Lamentablemente, no es un incidente aislado pues los periodistas siguen siendo asesinados por su trabajo.

Según el CPJ, 44 profesionales de la prensa murieron en lo que va de 2018, 27 de los cuales víctimas de homicidio.

“Ese incidente no ocurrió de la nada. Jamal Khashoggi no es un caso anómalo”, puntualizó Sherine Tadros, directora de la oficina de Nueva York de Amnistía, refiriéndose a los antecedentes en materia de derechos humanos de Arabia Saudita.

“Ocurrió en un contexto de creciente persecución contra la disidencia desde junio de 2017, cuando asumió el príncipe heredero Mohammad bin Salman”, precisó.

Desde su asunción, aumentó la detención de disidentes, incluso de defensores de derechos humanos como Samar Badawi, conocida activista en defensa de los derechos de las mujeres.

Ese país de Medio Oriente figura en la lista de Países con Mayor Censura, elaborada por el CPJ, después de Corea del Norte y Eritrea.

La última columna de Khashoggi para The Washington Post trató sobre la necesidad de lograr la libertad de expresión en el mundo árabe.

“El mundo árabe necesita una versión moderna de los viejos medios trasnacionales para que los ciudadanos se informen sobre cuestiones globales”, escribió.

“A través de la creación de un foro internacional independiente, separado de la influencia de gobiernos nacionalistas que propagan el odio a través de la propaganda, la gente de a pie del mundo árabe podrá hacer frente a los problemas estructurales a los que deben afrontar sus sociedades”, añadió Khashoggi.

Mahoney subrayó la necesidad de actuar contra las amenazas que sufren los profesionales de la prensa.

“Tenemos que defender esto porque si no lo hacemos, ese espacio seguirá reduciéndose. Países como Arabia Saudita, que tienen riqueza e influencia, seguirán reprimiendo el periodismo”, remarcó.

Las cuatro organizaciones de derechos humanos instaron a Turquía a pedir al secretario general de la ONU, António Guterres, que lanzara una investigación sobre el caso.

Turquía y Arabia Saudita lanzaron sus propias investigaciones sobre lo ocurrido, pero muchos analistas opinan que las conclusiones no serán creíbles.

“Para eso se creó la ONU, por eso la necesitamos. Necesitamos credibilidad”, abogó Charbonneau.

“Si es cierto que los más altos funcionarios del gobierno saudí están detrás de la ejecución y el desmembramiento de Khashoggi, no queremos que los culpables se investiguen a sí mismos. Así hacemos ahora las investigaciones criminales”, añadió.

A pesar de los antecedentes similares de Turquía en lo que respecta a la protección de los periodistas, las organizaciones de derechos humanos dijeron que es hora de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan tome cartas en el asunto.

“Queremos que el gobierno turco dé un paso al frente, que aproveche para avanzar hacia el futuro y dejar atrás el pasado; que mande un mensaje al mundo de que queremos a la prensa, que queremos información creíble y que protegeremos a los periodistas”, observó Charbonneau.

No será la primera vez que se pide a la ONU que lleve adelante una investigación de esas características.

En 2009, Pakistán le pidió al entonces secretario general Ban Ki-moon que indagara en el asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto.

La investigación concluyó que las autoridades pakistaníes encubrieron el hecho.

Funcionarios de la ONU, como la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, también reclamaron una investigación imparcial y transparente sobre la desaparición y la muerte de Khashoggi.

“Su familia y el mundo merecen conocer la verdad”, apuntó.

Las organizaciones de la sociedad civil reclamaron medidas rápidas, y la presión de otros gobiernos sobre Turquía y Arabia Saudita.

El llamado “cobra impulso y esperamos que sea tal que Turquía no pueda decir que no y tenga que actuar, y que los saudíes sientan tanta presión que tengan que cooperar”, señaló Charboneau.

El secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó ambos países y se reunió con sus jefes de Estado por este tema, y pide más tiempo para que Arabia Saudita culmine la investigación antes de actuar.

Antes de ese viaje, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la prensa por tratar a Arabia Saudita de culpable antes de probarlo.

“Si buscamos probar la inocencia de Arabia Saudita, creemos que no hay otra forma: nuestra mejor opción de investigación creíble, de investigación transparente, y que no se politice, es que la haga la ONU, y le corresponde a Turquía solicitarla”, observó Tadros.

También pidió al secretario general que actuara con contundencia.

“No podemos vivir en un mundo donde los gobiernos puedan usar armas químicas contra sus propios ciudadanos y no pasa nada”, sentenció Tadros.

Y agregó: “Donde un ejército puede realizar una limpieza étnica, torturar y violar a una comunidad entera y nadie se hace responsable; donde un periodista en una gran ciudad entra en un consulado, es torturado y asesinado y no pasa nada”, protestó.

“Cada vez que el sistema de la ONU, y en particular el secretario general, no hablan, permiten otra tragedia; otra persona es asesinada, otra población sufre limpieza étnica”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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África se mantiene decidida rumbo a la COP24

sex, 19/10/2018 - 13:14

Pastores de Etiopía deben trasladarse constantemente en busca de pasturas y pozos de agua para sus animales. Crédito: William Lloyd-George/IPS

Por Friday Phiri
NAIROBI, Oct 19 2018 (IPS)

El crecimiento de los movimientos nacionalistas de extrema derecha en Occidente amenaza el Acuerdo de París, alcanzado en diciembre de 2015, coincidieron expertos africanos, reunidos en la siete Conferencia sobre Cambio Climático y Desarrollo de África (CCDA-VII), realizada en esta capital de Kenia.

El acuerdo busca acelerar e intensificar las acciones y las inversiones para tener un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono, mediante la mitigación de gases contaminantes, la adaptación y la transferencia de tecnología y de fondos, entre otras medidas.

Mientras las partes se esfuerzan por terminar de definir las medidas necesarias para que comience a funcionar el Acuerdo de París, los expertos africanos encontraron la necesidad de presentar una voz única en lo que respecta a los cambios geopolíticos que ponen en riesgo las negociaciones climáticas.

“El crecimiento del movimiento nacionalista de extrema derecha encerrado en sí mismo y los negadores del cambio climático de Occidente es una señal del endurecimiento de las posiciones, lo que puede derivar en la falta de acciones de los mayores responsables de los problemas climáticos del mundo”, observó Mithika Mwenda, secretario general de la Alianza Panafricana de Justicia Climática (PACJA, en inglés).

Mwenda dijo que las organizaciones de la sociedad civil buscan la colaboración de gobiernos del continente y están listas a ofrecer su apoyo mientras África busca soluciones locales para mitigar el impacto del recalentamiento global.

“Nuestros gobernantes, que tienen la clave para implementar de forma eficiente el Acuerdo de París, deben permanecer sinceramente concentrados y resistir los intentos de dispersar la voz africana unificada para que África pierda su fuerte posición en el diseño del reglamento del acuerdo”, indicó Mwenda en diálogo con IPS.

La 24 Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará en Katowice, Polonia, en diciembre de este año, deberá concluir la reglamentación operativa del acuerdo.

Pero al grupo africano le preocupa que haya un intento deliberado de los estados más industrializados de descarrilar el proceso, pues la operacionalización del acuerdo implica una obligación económica de su parte para apoyar la adaptación y la mitigación en los países en desarrollo.

Desde 2015, el mundo ha sido testigo de un cambio geopolítico, como el que llevó a la Presidencia de Estados Unidos a un escéptico en cuestiones climáticas como Donald Trump, así como a muchos movimientos nacionalistas de extrema derecha al gobierno en Europa.

“Dos grupos fuerte se unieron, la industria extractiva y los nacionalistas de extrema derecha”, puntualizó Martin Hultman, profesor adjunto de Ciencia, Tecnología y Estudios Ambientales de la Universidad Chalmers de Tecnología.

“La combinación llevó el debate actual a un nivel mucho más dramático que antes, al mismo tiempo que desaparece nuestra ventana de oportunidades”, acotó Hultman, investigador responsable de proyecto “¿Por qué no nos tomamos en serio el cambio climático? Un estudio de la negación del cambio climático”.

Por otro lado, Trump cumplió una promesa de campaña cuando escribió a la Secretaría de la CMNUCC para notificar del retiro de su país del tratado, socavando así la universalidad del Acuerdo de París y perjudicando la confianza de los estados en la cooperación climática.

En ese contexto, el debate en Nairobi giró en torno a cómo puede hacer el continente para aprovechar las soluciones locales y mantenerse unidos en medio de la cambiante dinámica política.

En su discurso de apertura, en nombre del presidente, Uhuru Kenyatta, el ministro de Ambiente y Silvicultura, Keriako Tobiko, dijo que el cambio climático era una cuestión de vida o muerte para África.

“Todos experimentamos las devastadoras consecuencias sin precedentes del cambio climático sobre la vida y el sustento de nuestros pueblos, así como sobre nuestras economías”, subrayó.

“África es el continente más vulnerable a pesar de solo contribuir a cuatro por ciento de las emisiones de gases invernadero, pero cuando vamos a defender nuestro caso hablamos en lenguas y nos volvemos sin acuerdo”, añadió Kenyatta.

Los ecosistemas compartidos que caracterizan a África hacen que sea fundamental tener una voz única para salvaguardar la base del desarrollo del continente y buscar soluciones transformadoras, apuntó.

La conferencia de Nairobi se realizó pocos días después de la divulgación del informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) dedicado al Recalentamiento Global de 1,5 grados centígrados, que alerta sobre una catástrofe si no se toman medidas inmediatas para frenar las emisiones de gases invernadero.

Sobre el informe del IPCC, Tobiko reiteró las resoluciones adoptadas por la primera Plataforma de Asociación Ambiental de África, mantenida el 20 de septiembre bajo los auspicios de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, el órgano técnico de la Unión Africana, que subraya la necesidad de convertir los desafíos ambientales en soluciones económicas a través de la innovación y las inversiones verdes.

También informó que Kenia organizará la primera Conferencia de Economía Sostenible Azul, del 26 al 28 de noviembre, para promover inversiones sostenible en océanos, mares, lagos y ríos.

Al igual que la Plataforma de Asociación Ambiental de África, que reconoce “al conocimiento indígena y alos sistemas de gobernanza tradicionales como parte del rico patrimonio africano para hacer frente a las cuestiones ambientales”, la indigenización también es un tema popular en la CCDA VII.

Bajo el lema “Políticas y acciones para la efectiva implementación del Acuerdo de París para economías resistentes en África”, la conferencia atrajo a más de 700 participantes de los estados miembro, investigadores climáticos, academia, organizaciones de la sociedad civil y gobernantes locales, entre otros.

Por su parte, James Murombedzi, responsable del Centro de Política Climática de África de la Comisión de las Naciones Unidas para África, dijo que hace tiempo que las comunidades africanas que practican estrategias de adaptación y respuestas viables para la variabilidad del clima.

“Pero hay límites a cuánto pueden seguir haciendo las comunidades para seguir generando ingresos adaptados al contexto del cambio climático”, observó. Es hora de que reciban apoyo de un contexto propicio creado por los gobiernos.

“Por eso en la CCDA-VII creemos que los países deben comenzar a planificar para un clima más cálido que lo que se preveía, lo que implica que debemos revisar las diferentes acciones y propuestas climáticas para asegurarnos de que podemos no solo sobrevivir en un ambiente con tres grados centígrados más, sino también lograr nuestros objetivos de desarrollo sostenible y nuestra Agenda para 2063”, añadió Murombedzi.

Yacob Mulugetta, profesor de política de desarrollo y energía, de la Universidad London College, señaló que “esas son las implicancias del recalentamiento global para África, que ya sufre las consecuencias del clima, como en la producción agrícola, el turismo y la generación de energía hidroeléctrica”.

“La cooperación internacional es una parte fundamental para limitar el recalentamiento en 1,5 grados”, apuntó Mulugetta, pero alertó a los expertos africanos de ser conscientes de los cambios geopolíticos que impactan en las negociaciones climáticas.

James Kinyangi, del Banco de Desarrollo Africano, dijo que el Plan de Acción Climática para 2016-2020 era ambicioso.

“Explora modalidades para lograr la adaptación, la conveniencia y la efectividad de los fondos para el clima, la construcción de capacidades y la transferencia de tecnología, todo lo que apunta a construir capacidades para que las economías africanas logren todo su potencial para adaptarse en sectores de alta tecnología”.

En el marco de ese plan, el banco prácticamente triplicará sus fondos para proyectos climáticos hasta llegar a 5.000 millones de dólares al año en 2020.

Traducción: Verónica Firme

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Miedo en Brasil ante retorno de militares, esta vez por los votos

qui, 18/10/2018 - 18:12

El ultraderechista Jair Bolsonaro, el candidato presidencial de Brasil con una ventaja que parece irreversible, en un encuentro el miércoles 17 con el arzobispo católico Orani Tempesta. Entre los católicos el excapitán tiene menos adeptos que entre los evangélicos y busca en la recta final de su campaña, acercarse a sectores que ha agredido previamente, para tratar de dar una imagen más moderada. Crédito: Tania Rego/Agencia Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Oct 18 2018 (IPS)

Un clima de pánico cunde entre la izquierda y sectores sociales en Brasil ante el triunfo casi seguro de Jair Bolsonaro, excapitán del Ejército y político de extrema derecha, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 28 de octubre.

Un gobierno basado en sus ideas y propuestas derivará en autoritarismo y violencia, teme el historiador Daniel Aarão Reis, profesor de la Universidad Federal Fluminense. El riesgo más evidente proviene de sus adeptos incontrolables, cuyas agresiones ya se multiplicaron por el país al acercarse su triunfo, destacó.

“Es la vuelta al poder de los militares, ahora por vía electoral. En 1964 recurrieron a los tanques para tomar el poder a través de un golpe de Estado. En aquel entonces también tenían apoyo popular, pero la sociedad estaba dividida, las armas fueron decisivas”, comparó.

Además de un excapitán en la presidencia, el probable gobierno que asumirá el poder de la mayor democracia de América Latina el 1 de enero, contará con varios militares más, comenzando por el candidato a vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão.

Este agravó los temores de los sectores contrarios a Bolsonaro, al mencionar la posibilidad de un “autogolpe”, mediante una intervención militar, si ocurre una supuesta situación anárquica en el país.

Otros generales retirados del Ejército estarían en el primer rango su anunciado gobierno: Augusto Heleno, excomandante de las fuerzas de paz de Naciones Unidas en Haití, como ministro de Defensa; Oswaldo Ferreira, exdirector de ingeniería y construcción del Ejército, como ministro de Transportes; y Carlos dos Santos Cruz como ministro de Seguridad Pública.

Un triunfo de Bolsonaro representaría la absolución, mediante el voto, de la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985, de la que las Fuerzas Armadas nunca hicieron autocrítica.

El candidato presidencial, de hecho, siempre alabó el papel de las Fuerzas Armadas en ese período y en varias ocasiones homenajeó como su “héroe” al coronel Carlos Brilhante Ustra, excomandante de un destacamento de represión política y tortura durante la dictadura. “El error fue torturar y no matar”, declaró.

Militar y político polémico

Bolsonaro, nacido en 1955 y graduado en la escuela militar en 1977, cumplió una carrera marcada por indisciplinas en el Ejército. En 1986 fue detenido 15 días por protestar contra los bajos salarios de los militares en un artículo publicado en la prensa.

El año siguiente fue acusado de planificar la explosión de bombas en varios cuarteles, pero resultó absuelto por el Superior Tribunal Militar por insuficiencia de pruebas. En 1988 logró ser elegido como concejal de Río de Janeiro y dejó el Ejército.

Fernando Haddad, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, en una reunión con líderes de iglesias protestantes cuyos fieles apoyan a su contrincante, el ultraderechista Jair Bolsonario, con cerca de 70 por ciento, según las encuestas. La derrota de Haddad se da por segura, sin un hecho nuevo de enorme impacto, en los 10 días que quedan antes de las elecciones de28 de octubre. Crédito: Ricardo Stuckert/PT

En 1990 fue elegido diputado en el Congreso Nacional, un cargo que ha ocupado hasta ahora, en siete periodos cuatrienales, como miembro de ocho partidos diferentes.

Desde enero integra el Partido Social Liberal (PSL), minúsculo hasta la primera vuelta electoral del día 7, cuando gracias a su arrastre obtuvo una bancada de 52 diputados, la segunda mayor bancada, y cuatro senadores.

Sufría restricciones en los medios castrenses por su polémica biografía, pero la posibilidad de ascender a la presidencia de Brasil le rindió un amplio apoyo militar. Se trata de la redención de las Fuerzas Armadas, sometidas al silencio político en el proceso de redemocratización de las tres últimas décadas.

La participación directa en esas elecciones y en el probable futuro gobierno se hará principalmente por generales retirados, pero resulta evidente que se involucra la institución, lo que puede tener su costo en el futuro, si fracasa la prevista gestión.

El ascenso de Bolsonaro aprovecha el hecho de que las Fuerzas Armadas, pese al pecado dictatorial, siempre disfrutaron de la confianza de los brasileños. Las encuestas siempre las situaron como una de las instituciones más confiables.

Pero su participación en el poder político, casi nula, registró un vuelco el día 7 en las urnas por el “efecto Bolsonaro. Un total de 79 militares quedaron electos como  diputados y senadores nacionales, o legisladores de las asambleas de los 27 estados brasileños, lo que les brinda una participación sin precedentes.

Además, en una insólita novedad, el nuevo presidente del Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli, asumió ese cargo el 13 de septiembre con un general retirado como asesor, Fernando Azevedo e Silva, recién salido del Estado Mayor del Ejército.

Se trata de contar con “las habilidades y competencia” del general, justificó Toffoli, sin aclarar su papel en una institución donde se exige conocimientos jurídicos poco presentes en una carrera militar.

Luego el jefe del Poder Judicial sorprendió nuevamente a la opinión pública, l afirmar que ya no denomina “golpe de Estado” a la intervención militar de 1964, sino “movimiento de 1964”.

Militares en búsqueda de recuperar poder moderador

Desde la instauración de la República en 1889 en Brasil, los militares ejercieron el “poder moderador”, interviniendo frecuentemente en la vida política interna. Pero con el fin de la dictadura militar en 1985, ese poder pasó al STF, según Oscar Vilhena, director de la Facultad de Derecho de la Fundación Getulio Vargas en São Paulo.

“Es lamentable, pero pienso que esa función moderadora se está desplazando nuevamente hacia los militares”, señaló a IPS.

Al contrario de Donald Trump en Estados Unidos, que cuenta con el Partido Republicano y con su carrera empresarial, Bolsonaro nunca tuvo experiencia administrativa y fue un diputado que solo se destacó por sus diatribas.

Los analistas le apuntan similitudes con el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por la incontinencia verbal y la violencia que practica. Sus ideas, como la de sus generales reflejan los prejuicios, morales y sociales, típicos de la formación militar de los primeros años 1970, apogeo de la dictadura en Brasil.

La violencia bolsonarista ya llegó

Los riesgos de un gobierno presidido por el excapitán y político ultraderechista, con varios subordinados jerárquicamente superiores en la vida militar, empiezan por el agravamiento de la violencia que ya estalló en la campaña electoral.

Romualdo Rosario da Costa, un músico y maestro de “capoeira” (mixto de danza y arte marcial afrobrasileña), de 63 años, más conocido como Moa do Katendê, fue asesinado por un bolsonarista de 12 cuchilladas el 8 de octubre en Salvador, capital del nororiental estado de Bahia.

Una mujer golpeada por tres hombres que la grabaron una esvástica nazi en el vientre con un cuchillo, en el sur de Brasil, y otra lanzada al suelo y agredida a puntapiés por un policía en la ciudad de São Paulo son algunos casos conocidos de violencia en este mes electoral.

De 70 agresiones registradas por la agencia Pública de periodismo investigativo, entre el 30 de septiembre y 9 de octubre, 50 fueron cometidas por personas que se identificaron como adeptos del excapitán.

“Es preocupante el futuro próximo”, destacó Aarão Reis, quien no descartó un “autogolpe”, para instaurar un régimen autoritario, si el previsible nuevo gobierno enfrenta fuerte resistencia a sus medidas.

Bolsonaro y los suyos justificarían una medida de ese tipo, apoyada por sectores militares, como medio de “ejecutar políticas que reflejan la voluntad del pueblo expresada en las elecciones”, arguyó.

Pero no solo la democracia estaría amenazada, sino también el ambiente, los indígenas, pobladores tradicionales, movimientos sociales y feministas o minorías por su orientación sexual.

En general Oswaldo Ferreira, posible ministro de los Transportes, ya declaró que buscaría eliminar obstáculos a la construcción de centrales hidroeléctricas en ríos amazónicos y carreteras.

Él y Bolsonaro ya mencionaron la disposición de reducir poderes y recursos de órganos ambientales y de protección a los indígenas.

Pese a todo, el triunfo electoral del excapitán parece irreversible.

Las encuestas le apuntan una consolidación de su favoritismo, con 58 o 59 por ciento de la intención de voto en la segunda vuelta. Un cuadro inimaginable pocos días antes de la primera vuelta del día 7, cuando alcanzó la sorprendente mayoría de 46,03 por ciento de los votos válidos en una disputa con otros 12 candidatos.

Su adversario, Fernando Haddad, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó el país entre 2003 y 2016, llno logró articular el frente por la democracia que aparecía como la única alternativa para frenar el avance del candidato militar que alarma a los que lo identifican como amenaza a la democracia.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Derrota humillante de EEUU a manos de Palestina al frente del G77

qui, 18/10/2018 - 13:12

Palestina presidirá el G77 y China en la ONU. Crédito: Instituto de Estudios Palestinos. Crédito: Instituto de Estudios Palestinos.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Oct 18 2018 (IPS)

Nikky Haley, la embajadora de Estados Unidos en la ONU que no disimula su fastidio con Palestina, amenazó el año pasado a los estados miembro con “registrar nombres” de quienes votaran contra los intereses estadounidenses en el foro mundial, quizá con la perspectiva implícita de recortar la asistencia a los que se negaran a seguirle el juego al imprudente gobierno de Donald Trump.

Pero el recuento vengativo puede llegar a tornarse un ejercicio tedioso para Estados Unidos, cuando 146, de los 193 estados miembro de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), votan a favor de mantener a Palestina como nuevo presidente del Grupo de los 77 (G77), la coalición más grande de países en desarrollo en el foro mundial con 134 estados miembro.

Entre los 146 había alguno de los grandes aliados de Estados Unidos, además de cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China, Gran Bretaña, Francia y Rusia.

Los únicos dos países que permanecieron fieles a Estados Unidos fueron Israel, y su tradicional cliente, Australia, un recién llegado a las filas de partidarios de Washington.

Las 15 abstenciones correspondieron a Austria, Andorra, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Croacia, República Checa, Honduras, Hungría, Letonia, Lituania, Mónaco, Polonia, Eslovaquia y Tuvalu,

La votación en la Asamblea General, el 16 de este mes, fue, por donde se lo mire, una derrota humillante para el gobierno de Trump, que trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y recortó en 300 millones de dólares sus aportes a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (Unrwa).

Ambas medidas buscaron socavar a Palestina en la ONU. Pero los palestinos se llevaron una gran victoria a pesar de las presiones tras bambalinas, tanto de Estados Unidos como de Israel de frustrar el avance palestino.

Palestina, que no es miembro de la ONU, fue elegida para presidir el G77 a partir de enero del año próximo en una reunión ministerial realizada a fines de septiembre, lo que este mes fue ratificado por la Asamblea General.

Mouin Rabbani, del Instituto de Estudios Palestinos en Washington, dijo a IPS que la elección de Palestina como nuevo presidente del G77, en particular dada la naturaleza totalmente desigual de la votación, solo puede interpretarse como una bofetada deliberada contra Estados Unidos por parte de la comunidad internacional.

El mes pasado, el mundo se rió fuerte de Trump, quien se embarcó en otra tosca demostración de Americana en la Asamblea General, añadió.

“Hoy demostró que su respuesta a la determinación de Estados Unidos de desmantelar el sistema internacional y sus instituciones, de eliminar el concepto de responsabilidad en el marco del derecho internacional, de hacer al poder de Estados Unidos el único árbitro de los asuntos internacionales y de utilizar la cuestión palestina como vehículo para lograr sus objetivos, solo podrá adoptar formas más serias”, opinó.

Tras la votación, Haley dijo que su país votó en contra de la resolución que otorgaba a los palestinos privilegios en la ONU como presidente del G77.

“Estados Unidos no reconoce al estado palestino, no ha sido admitido como miembro de la ONU y no cree que los palestinos puedan ser elegidos como estado miembro”, añadió.

Estados Unidos se opone totalmente a que Palestina sea presidente del G77, así como a la resolución habilitante en la Asamblea General de la ONU, añadió la enviada saliente, al anunciar en la segunda semana de este mes que resignaá a su cargo a fines de este año.

“Los palestinos no pertenecen a un estado miembro de la ONU ni a ninguno otro. Estados Unidos seguirá señalándolo en sus comentarios en encuentros de la ONU encabezados por los palestinos”, observó.

“El error de la ONU socava las posibilidades de paz al alentar la ilusión de algunos palestinos de que pueden promover sus objetivos sin negociaciones de paz directa. De hecho, la votación de hoy no hace nada para ayudar al pueblo palestino”, añadió.

El embajador palestino, Riyad Mansour dijo que la votación en la Asamblea General representa al multilateralismo en su mejor expresión; muestra la mayoría de los miembros a favor de una resolución que permita que el presidente electo de un grupo desempeñe sus deberes de forma efectiva.

Fue una expresión del respeto de una decisión del G77 y China de elegir al estado de Palestina como su presidente para 2019 por consenso, tras el apoyo del grupo de Asia Pacífico a la candidatura palestina, también por consenso, precisó.

“El Estado de Palestina no escatimará esfuerzos para probar que merece esta confianza en su capacidad de representar y de defender los intereses del G77 y China, a la vez que de participar de forma constructiva e inclusiva y transparente con todos los socios a fin de promover la cooperación y los acuerdos de mutuo beneficio para el bien común de la humanidad”, añadió

La resolución de la Asamblea General no solo ratifica la decisión ministerial, sino que también da a los palestinos derechos y privilegios adicionales, como a realizar declaraciones en nombre del G77 y China, incluso entre representantes de grandes organizaciones, a realizar propuestas y enmiendas, y a presentarlas en nombre del bloque, así como el derecho a copatrocinar propuestas y enmiendas.

Además, Palestina obtuvo el derecho a explicar el voto en nombre de los estados miembro de la ONU que pertenezcan al G77 y China, a responder sobre posiciones del bloque y a plantear mociones de procedimiento, como mociones de orden y pedir para someter propuestas a votación, en nombre del grupo.

Rabbani señaló que la elección de Palestina para encabezar el G77 debe verse como una respuesta directa al reconocimiento de Washington de la exclusiva soberanía de Israel sobre Jerusalén en flagrante violación de las numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad, el fin del aporte económico de Estados Unidos a la Unrwa, en el marco de su campaña para eliminar el asunto de los refugiados palestinos, las medidas punitivas contra los civiles palestinos de los territorios ocupados para que no prosigan sus demandas contra Israel en la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, y otras medidas para legitimar el control permanente de Israel sobre el pueblo, los territorios y los recursos palestinos.

“Si fuera una elección tradicional para la presidir el G77 no es seguro que hubieran elegido a Palestina, muy poco probable que hubiera ganado, y prácticamente de ninguna manera hubiera logrado los resultados que obtuvo”, observó Rabbani.

“En otras palabras, esto obedece a cuestiones mucho más amplias que las calificaciones gerenciales del candidato exitoso y, por encima de todo, un mensaje político dirigido a Washington”, aseguró.

La vasta mayoría de los miembros del G77 hicieron fila para preguntarle a Nikki Haley, y por extensión al “genio escondido de Jared Von Metternich, de registrar sus nombres y señalar que rechazan de forma categórica la política estadounidense hacia Palestina y los objetivos más generales que persigue el gobierno de Trump”, apuntó.

“El mayor desafío es traducir esas victorias simbólicas, por más importantes que sean, en logros sustantivos”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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Cooperación suiza en Cuba apoya y comparte buenas prácticas

qua, 17/10/2018 - 19:04

Paisaje de la localidad montañosa de La Palma, en el extremo occidental de Cuba y uno de los primeros municipios en beneficiarse con el el Programa de Innovación Agrícola Local. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Oct 17 2018 (IPS)

La municipalización y descentralización territorial se va a profundizar con la nueva Constitución de Cuba, en una de las reformas más importantes que se perfilan en el texto y con la que se pretende impulsar el desarrollo socioeconómico interno.

El anteproyecto, actualmente sometido a un proceso de consulta popular, confiere mayor autonomía al municipio, incluida la elección de sus autoridades y facultad para decidir sobre el uso de sus ingresos.

Especialistas confían que el nuevo enfoque creará condiciones para el despliegue de la descentralización municipal, el desarrollo económico y la participación ciudadana.

Este proceso es de interés para instituciones cubanas que desde hace años trabajan en el desarrollo local y para sectores de la colaboración internacional que, como la  Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude),  ejecutan proyectos que benefician especialmente a municipios de esta nación caribeña.

“Trabajamos mucho en iniciativas que tienen que ver con el desarrollo local, y en el caso de Cuba con la agricultura local”, confirmó, en entrevista con IPS, Peter Tschumi, director residente de cooperación internacional de Cosude. “El enfoque siempre es en consulta con el gobierno cubano”, aclaró.

La Cosude, a cargo de la cooperación internacional en el Departamento Federal de Asuntos Exteriores del gobierno de Suiza, asume como principal compromiso contribuir a un mundo sin pobreza, en paz y con desarrollo sostenible. En ese contexto orienta sus esfuerzos en países de África, Asia, Europa y América.

“Desde los años 1960 y 1970, Suiza tiene un programa sustancial para América Latina. Queríamos expandir nuestra incidencia en esta región por las dinámicas político-económicas y la solidaridad hacia Latinoamérica. En el caso de Cuba, empezamos poco a poco”, indicó.

La Cosude llegó a Cuba en 1997 con iniciativas humanitarias y en el sector médico.

En el año 2000 estableció su oficina de cooperación en La Habana y pasadas casi dos décadas, su presencia abarca prácticamente todo el territorio insular cubano. Actualmente presta colaboración en 98 de los 168 municipios del país, con alcance en las 15 provincias cubanas,

El desarrollo local es un concepto general que incluye acceso a alimentos, avance económico y temas de participación, género y equidad. “En Cuba tenemos muchas iniciativas que han brindado resultados, aunque nos enfocamos aún más en esta estrategia en el período 2017-2021”, puntualizó Tschumi.

Peter Tschumi, director residente de cooperación internacional de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, durante su entrevista con IPS en la embajada de su país ante La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

La oficina de Cosude en La Habana maneja un presupuesto equivalente a 11,7 millones de dólares anuales para sus proyectos en la isla.

En 2013, el parlamento suizo eligió a Cuba como país prioritario para la cooperación internacional y en 2016 decidió continuar ese respaldo, que acompaña el proceso de reformas iniciado en 2008 y el fortalecimiento de proyectos con énfasis en la gestión participativa e inclusiva.

“La cooperación proviene de impuestos del pueblo suizo y esa decisión es una muestra de la solidaridad con el pueblo cubano”, señaló Tschumi. Suiza reconoce a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como marco orientador de su colaboración y entre otros objetivos propicia el mejoramiento de las condiciones de vida.

Al abundar en el tema del apoyo a nivel municipal, recordó que su país es un estado federal y exhibe una descentralización casi única en el mundo. “Desde hace años, hemos enviado delegaciones cubanas para estudiar el modelo suizo; no para exportar el modelo, sino para inspirar y ayudar a buscar su propia solución”, señaló.

El acceso a los alimentos figura entre las prioridades de las iniciativas de Cosude en Cuba. Según sus datos, entre 2010 y 2016 se registró un aumento anual medio de 10,7 por ciento en la producción agrícola de 40 municipios beneficiados con la cooperación suiza.

“Hay mucho potencial, pero hay que agilizar la agricultura. Cuba tiene objetivos sociales muy altos, nutrición infantil, de personas en desventaja y para satisfacerlos necesita una agricultura sólida. En Suiza decimos: primero hay que hornear el queque antes de distribuirlo”, señaló Tschumi.

Agregó que uno de sus objetivos estratégicos en la nación caribeña es lograr proyectos que no solo sean financiados por Suiza, sino con apoyos e iniciativas locales cubanas, para que sean sostenibles y tengan un alcance mayor.

“Tenemos muchas experiencias en estos 20 años, pero también muchas lecciones aprendidas y buenas prácticas que aplicamos en algunas provincias y municipios, las cuales se puede aprovechar más para el país, aplicar a nivel nacional y cambiar políticas públicas”, comentó.

Entre los muchos ejemplos de “buenas prácticas”, mencionó Biomás, un proyecto que demuestra que es posible combinar la producción de biocombustibles y la de alimentos.

Residentes en la capital cubana y turistas extranjeros desfilan por el centro histórico de La Habana, el 6 de enero, en rescate de una tradición de esa fecha católica, el Día de los Reyes Magos, cuando se permitía a los negros, esclavos y libres, congregarse en los cabildos y salir en procesión por las calles. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Somos líderes en Cuba con los proyectos que apoyamos para producir biogás y también biodiésel a partir de la Jatropha curcas (árbol cuyas semillas se extrae aceite para biocombusibles)”, afirmó el diplomático.

Desde sus diferentes iniciativas, Cosude contribuye a la equidad de género, al fortalecimiento de capacidades municipales y la gestión participativa del centro histórico habanero y estrategias locales del hábitat entre otras áreas de importancia para la sociedad cubana.

“Siempre hay interacción con los actores locales. Trabajamos con la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión Nacional de Juristas, la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, el  Cenesex (Centro nacional de educación sexual), el Ministerio de Comercio Exterior y en temas que están en debate para la nueva Constitución”, indicó Tschumi.

En la actualidad, la Cosude trabaja con autoridades cubanas en la preparación de un vasto proyecto de formación técnico – profesional que incluye el objetivo social de capacitación y el económico de articular a los capacitados con el mercado laboral. También abarca el apoyo a la actualización de la educación técnica profesional.

En opinión del director residente, se necesita más flexibilidad y permeabilidad en el sistema para gente que sale de la educación normal, secundaria y quienes ingresan en la Universidad.

La idea también incluye intercambios internacionales, en lo cual se piensa trabajar en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

La inserción de Cosude en dinámicas y procesos nacionales relevantes para el país incluye el cambio climático, cuyo impacto es extremadamente preocupante para las naciones caribeñas. “Para nosotros es una de las orientaciones estratégicas a nivel mundial y tenemos recursos, incluido en Cuba”, dijo Tschumi.

En ese sentido, recordó que este país insular es vulnerable ante sequías y huracanes. “En la agricultura, por ejemplo, continuamente adaptamos nuestras actividades para prever y mitigar los daños”, dijo. Por medio del proyecto Hábitat, la Cosude ha apoyado la construcción de viviendas más resistentes.

Estudios científicos ratifican que el clima de Cuba es cada vez más cálido y extremo y en abril de 2017, el gobierno cubano lanzó su plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, denominado oficialmente Tarea Vida. Esta estrategia multisectorial pone especial acento en la prevención y la resiliencia.

“En mi opinión, que Cuba sea resiliente ante el cambio climático es decisivo para el país y su desarrollo”, alertó Tschumi, quien recordó los cuantiosos daños económicos de estos eventos, de los cuales “cada vez cuesta más recuperarse (….) Hay que prever, adoptar medidas fuertes para contrarrestar los perjuicios”, indicó.

Con aportes de Ivet González desde La Habana.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Migración rural, una oportunidad más que un desafío

qua, 17/10/2018 - 13:18

Mujeres y niños en medio de una tormenta de arena en un campamento de desplazados, 60 kilómetros al sur de la ciudad de Gode, a donde solo se llega por un sendero en medio de un paisaje seco. Crédito: James Jeffrey/IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Oct 17 2018 (IPS)

Las migraciones pueden plantear numerosos  desafíos, pero deben verse como una oportunidad y encararse con políticas sólidas y coherentes que no frenen ni promuevan el fenómeno, concluye un estudio de la FAO.

El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) analiza la migración rural y urge a los países a maximizar el aporte de esos migrantes al desarrollo económico y social.

“No podemos ignorar los desafíos y costos asociados a la migración”, puntualizó el director general de la FAO, José Graziano da Silva.

“El objetivo es que la migración sea una opción, no una necesidad, y maximizar las consecuencias positivas a la vez que minimizar las negativas”, añadió.

El economista Andrea Cattaneo, autor del informe, coincidió: “La migración, a pesar de todos los desafíos que puede plantear, representa el eje del desarrollo económico, social y humano”.

Las migraciones internacionales suelen ocupar los titulares de prensa, pero el informe señala que los movimientos internos de los países son un fenómeno mucho mayor.

Más de 1.000 millones de personas en los países en desarrollo se desplazan dentro de su territorio, 80 por ciento de las cuales lo hacen desde zonas rurales.

Además, la migración entre los países en desarrollo es mucho mayor que la de estos hacia los países más industrializados. Por ejemplo, alrededor de 85 por ciento de los refugiados del mundo están en los países en desarrollo, y por lo menos una tercera parte en áreas rurales.

Cattaneo también se refirió a la relación entre migrantes internos e internacionales, y observó que en los países de bajos ingresos, los desplazados internos tienen cinco veces más probabilidades de emigrar a otro país que las personas que nunca tuvieron que emigraron dentro de su propio país.

Un número significativo de migrantes internacionales proceden de áreas rurales, concluyó el estudio de la FAO. De hecho, casi 75 por ciento de las personas de hogares rurales de Malawi emigraron a otro país.

Abdul Aziz carga a su hijo en el asentamiento irregular de Malibagh, en Daca. Llegó a la capital de Bangladesh hace una década tras perder todo por la erosión del río con la esperanzas de reconstruir su vida, pero solo encontró una miseria absoluta. Crédito: Rafiqul Islam/IPS.

¿Por qué todo ese movimiento?

Los desplazamientos humanos ocurren desde tiempos inmemoriales, pero ahora responden a grandes necesidades.

Además de las crisis prolongadas que expulsan a las personas de sus hogares, la falta de ingresos y de empleo está entre las principales causas de la migración rural.

En China, la brecha de ingresos existente entre el campo y la ciudad hizo que los trabajadores rurales abandonaran la agricultura y emigraran a las ciudades.

Entre 1990 y 2015, la proporción de personas viviendo en zonas urbanas de China aumentó de 26 por ciento a 56 por ciento, y se estima que unos 200 millones de migrantes rurales trabajan actualmente en ciudades de Asia Pacífico.

Pero la rápida urbanización, que se ve en todo el mundo, plantea nuevos problemas relacionados con la disponibilidad de recursos.

Las malas condiciones ambientales y la deficiente productividad agrícola también son responsables de la expulsión de los trabajadores rurales.

Otro estudio concluyó que un aumento de un grado centígrado se asocia con un incremento de cinco por ciento en el número de migrantes, pero solo en las sociedades dependientes de la agricultura.

En otros países como Tailandia y Ghana, la migración es el resultado de la falta de infraestructura y del acceso a servicios básicos como educación y salud.

Todo eso subraya la importancia de invertir en áreas rurales para asegurarse de que la migración no resulte problemática y que la población tenga medios para llevar una vida próspera. Pero es importante considerar la inversión y el desarrollo necesarios, observó Cattaneo.

“El desarrollo por sí mismo no va a reducir la migración. Pero si se cuenta con la inversión y el desarrollo adecuados en las áreas rurales, es posible reducir las migraciones”, explicó en diálogo con IPS.

Perspectiva de futuro

La FAO propone un desarrollo territorial para reducir la migración rural, y con ella la migración internacional, lo que incluye invertir en servicios sociales y mejorar la infraestructura regional en, o cerca, de áreas rurales.

Por ejemplo, las inversiones en la infraestructura vinculada al sistema agroalimentario, como almacenes, refrigeración y mercados mayoristas, pueden generar empleo tanto en la agricultura como en otros sectores no agrícolas y ofrecer más incentivos para que las personas se queden, en vez de mudarse a las ciudades ya sobrecargadas.

Las políticas también deben ser progresistas y específicas a cada contexto, observó Cattaneo, al señalar las consecuencias del cambio climático. Eso puede implicar invertir en nuevas actividades que sean viables para una región particular, mientras otra región avanza hacia cultivos más resistentes a la sequía.

Los desplazamientos de personas podrán continuar, pero no como resultado de la falta de oportunidades económicas o de condiciones de vida dignas.

“La migración es una libre elección, pero si se implementan buenas oportunidades, muchas personas podrán decidir no emigrar. Algunas igual querrán hacerlo, y está bien; ese es el tipo de migración que funciona: cuando no es por necesidad sino por elección”, explicó Cattaneo.

De hecho, las migraciones suelen desempeñar un papel en la reducción de las desigualdades, lo que es, incluso, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el 10 busca reducir la desigualdad dentro y entre los países.

“Nos concentramos en los desafíos sin mirar las oportunidades que ofrecen las migraciones porque en definitiva, las personas son un recurso para la sociedad”, indicó Cattaneo.

“Si podemos encontrar la forma de que sean productivas, es un valor añadido para el país de destino o anfitrión”, añadió.

En los últimos años, Uganda registró un flujo de refugiados de países vecinos en conflicto como Sudán del Sur y República Democrática del Congo.

Con su política de puertas abiertas, ese país de África oriental tiene en la actualidad 1,4 millones de refugiados, lo que genera nuevas tensiones por los recursos.

Pero a pesar de las dificultades, la política para los refugiados permite que los extranjeros busquen trabajo, vayan a la escuela y reciban atención médica. El gobierno también ofrece un terreno a cada familia de refugiados para su uso personal.

Con la existencia de discursos que se refieren a los refugiados de forma negativa, la comunidad internacional todavía tiene mucho que aprender para poder convertir los desafíos en oportunidades.

“Queda mucho por hacer para eliminar la pobreza y el hambre en el mundo. Las migraciones fueron, y lo seguirán siendo, parte integrante del proceso de desarrollo más amplio”, concluyó Graziano da Silva.

Traducción: Verónica Firme

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Estudiantes adoptan modelos verdes contra la pobreza energética

ter, 16/10/2018 - 13:12

Un congoleño transporta carbón vegetal en su bicicleta fuera de Lubumbashi, en República Democrática del Congo. Crédito: Miriam Mannak/IPS.

Por Busani Bafana
BULAWAYO, Oct 16 2018 (IPS)

En África, hay 640 millones de personas, casi el doble de la población de Estados Unidos, sin electricidad, muchas de las cuales dependen de fuentes contaminantes para la cocina, la calefacción o la iluminación de sus hogares.

Brian Kakembo Galabuzi, un estudiante de economía de Uganda, no tiene una solución general, pero sí una ayuda limpia y barata.

Galabuzi fundó la Empresa Joven del Desperdicio a la Energía (WEYE, en inglés) registrada como compañía limitada, que fabrica briquetas combustibles a partir de desperdicios agrícolas y orgánicos.

La idea se le ocurrió tras los intercambios que mantuvo en la Cumbre Internacional de Estudiantes sobre Energía, realizada en Bali, con otros estudiantes preocupados por la pobreza energética.

La pobreza energética se define como la falta de fuentes modernas adecuadas para cocinar, calefaccionar, iluminar y proveer de servicios esenciales a fábricas, escuelas, centros de salud y para la generación de ingresos.

WEYE se creó con la idea de comercializar desperdicios orgánicos para implementar soluciones energéticas a fin de crear una transición hacia una forma de cocinar más limpia y a cargo de las y los jóvenes de Uganda.

La promesa de lograr ingresos u obtener beneficios resultó efectiva para que ese sector adopte la energía sostenible como fuente de ingresos. Ellos la promueven porque quieren obtener ganancias, explicó Galabuzi.

“Creemos que los beneficios de la energía sostenible, como el ahorro de tiempo, el aire limpio, la conservación ambiental y la buena salud no es lo que los jóvenes, con altos índices de desempleo, quieren escuchar”, precisó.

“La mayoría de la población mundial está conformada por jóvenes, de los cuales la mayor parte está desempleada. Por eso diseñamos una solución basada en beneficios económicos para las mujeres y los jóvenes desempleados”, indicó Galabuzi.

En África, más de 640 millones de personas no tienen electricidad, y dependen de fuentes de energía contaminantes para cocinar, calefaccionar e iluminar sus casas. Crédito: Busani Bafana/IPS.

Rica en recursos, pero pobre en energía

África tiene mucha energía, pero casi las dos terceras partes de sus más de 1.200 millones de habitantes no tienen electricidad.

Se estima que el continente africano tiene 10 teravatios potenciales de energía solar, 350 gigavatios de hidroeléctrica y 110 gigavatios de eólica, las que se pueden aprovechar, pero con las inversiones adecuadas, concluyó un estudio de 2015 de la influyente McKinsey & Company.

Pero la falta de inversión en conexiones fuera de la matriz hace que los combustibles fósiles y la biomasa sean las principales fuentes de energía. Pero las conexiones fuera de la red pueden ofrecer energía limpia y asequible para millones de personas, mientras ayudan a reducir las emisiones de carbono y evitan la contaminación de interiores.

La creciente demanda de energía en África, y en general en los países en desarrollo, hace que sea urgente la necesidad de promover y distribuir energía más asequible y limpia. La madera, el carbón, el pasto y los desperdicios sólidos, de animales y humanos, son formas de biomasa que pueden convertirse en combustible y utilizarse como fuente de energía.

El negocios de energías limpias

La compañía de Galabuzi no es la primera en hacer briquetas, pero lo que es único, según él, es que estas son de desperdicios orgánicos y se venden a instituciones que usan leña, 80 por ciento de la cual se obtiene de Uganda.

Hay estudios que estiman que ese país corre el riesgo de perder sus bosques en 40 años si no se frena la deforestación, debido, en gran parte, al crecimiento de la población y al aumento de la demanda de tierras y energía obtenida de la leña.

“Nuestra solución garantiza a nuestros clientes 35 por ciento de reducción en el costo del combustible para cocinar, 50 por ciento en el tiempo dedicado a la cocina y, lo más importante, un ambiente sin humo para el personal”, detalló Galabuzi en diálogo con IPS.

A pesar del sol, la hidroelectricidad y el gas como fuentes de energía alternativas para cocinar, las briquetas son una opción asequible y eficiente, precisó.

Un proyecto piloto realizado en la escuela secundaria de Saint Kizito, en Kampala, y la primera en adoptar la tecnología de WEYE, reveló que logró ahorrar unos 2.500 dólares, una reducción de 50 por ciento en la cocina y mejoró la satisfacción del personal por las condiciones saludables, libres de humo y de limpieza.

“Pagamos a los agricultores y recolectores de basura por los desperdicios orgánicos y les ofrecemos otra forma de generar ingresos, mejorar la gestión de la basura y de la agricultura”, explicó.

El negocio de Galabuzi puede llegar a emplear a 40 personas en la recolección de desperdicios, clasificación, producción, comercialización, distribución y finanzas. También tiene un mercado posible de más de 30.000 instituciones en Uganda.

WEYE capacita a mujeres y jóvenes en la fabricación de briquetas y en cómo iniciar sus propias fábricas, con apoyo del estatal Fondo para Jóvenes de Uganda.

La empresa cuenta con autorización para vender briquetas de carbón y cocinas limpias en el país. El modelo de negocio se probó durante un programa de empresarios verdes de ocho semanas, a cargo del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI), de Student Energy (SE) y de Laboratorios Climáticos para Jóvenes.

Felistas Ngoma, de 72 años, prepara nsima en la cocina de su vivienda en la aldea Nkhamenya, en el distrito Kasungu en Malawi. Crédito: Charity Chimungu Phiri/IPS.

Estudiantes encabezan transición hacia la energía sostenible

SE es una organización con sede en Alberta, Canadá, dedicada a incentivar a los jóvenes a acelerar la transición hacia una energía de subsistencia mediante capacitación, entrenamiento y mentorazgo.

Su interés en la energía la llevó a asociarse con el GGGI, con sede en Seúl, para promover programas para jóvenes empresarios verdes (greenpreneurs, en inglés).

El programa de SE, con 50.000 integrantes de 30 países diferentes, les da la oportunidad de traducir ideas innovadoras en energías sostenibles, agua y saneamiento, ambientes sostenibles y ciudades verdes.

“Nos interesaron los empresarios verdes porque muchas personas en nuestra red están interesadas en la energía, pero están en un nivel más sistémico y en cómo la energía se conecta con el género, el empoderamiento, el acceso a fuentes limpias de combustible, acceso a energía en áreas de difícil acceso y a la tecnología inteligente”, indicó Helen Watts, directora de Innovación y Asociaciones de SE, en diálogo con IPS.

SE lanzó una plataforma para promover el debate sobre la búsqueda y la implementación de soluciones innovadoras para resolver los desafíos en materia de energía y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Watts señaló que la asociación con el GGGI es una oportunidad para abrir el modelo empresarial para jóvenes del instituto, que es específico a cada país, hacia un modelo acelerador con jóvenes de economías emergentes y en desarrollo.

La otra organización con la que se asoció el SE es el Laboratorio Climático para Jóvenes, que busca construir capacidades para que los jóvenes participen en políticas climáticas, en innovación y colaboren en la mitigación y la adaptación climática.

El SE comenzó en 2009 a instancias de unos estudiantes que trabajaban en la industria de energía de Canadá, y cada dos años organiza una cumbre internacional dedicada al futuro de la energía sostenible como plataforma para hablar de la transición energética.

La primera cumbre, ese año, reunió a 250 estudiantes de 40 países. La sexta, realizada en México en 2017, concentró a 600 estudiantes de 100 países; y la próxima, que se realizará en Londres en 2019, se prevé que atraerá a 700 jóvenes.

SE también tiene filiales en África, el Caribe, Europa, América del Norte, Oceanía, América del Sur y Asia meridional, que son como clubes de estudiantes en instituciones terciarias. De hecho, los primeros se instalaron en Gran Bretaña, Nigeria y Canadá.

“Creo que de lo que estoy más orgulloso es de nuestro trabajo de generar las expectativas que se merecen los jóvenes respecto de sentarse en la mesa de todas las conversaciones sobre energía como iguales con las generaciones mayores, autoridades y representantes de la industria, entre otros”, indicó Sean Collins, uno de los fundadores de SE.

“Es nuestra generación la principal responsable de la transición práctica hacia una economía con pocas emisiones de carbono, por lo que tenemos que ser activos en esas conversaciones desde el principio”, apuntó.

Empresas como la de Galabuzi sirven de modelo para suministrar energía a más de 600 millones de personas en África, que no tienen electricidad.

Traducción: Verónica Firme

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El futuro es solo con nosotras: advertencia de mujeres rurales

seg, 15/10/2018 - 18:18

Mujeres trabajando en la producción de granos básicos. Departamento de Chiquimula, Guatemala. Crédito: SECAC

Por Claudia Brito
SANTIAGO, Oct 15 2018 (IPS)

En las últimas semanas se ha hablado mucho acerca del futuro. El año 2030 ha sido señalado por las Naciones Unidas como el decisivo, cuando los efectos del cambio climático se vuelvan catastróficos e irreversibles, si es que nuestros sistemas de producción y consumo se mantienen tal como hoy.

Ese mismo año ya había sido establecido por los países del mundo como la fecha límite para resolver todas las desigualdades y desafíos de nuestro modelo de desarrollo actual.

Es decir, nos quedan menos de 12 años para lograr que todas las personas lleven una vida digna, sin hambre ni pobreza; para que nuestros sistemas productivos sean más responsables y hagan frente al cambio climático; para que las 8.600 millones de personas que seremos para entonces, vivamos en un entorno seguro, con paz y justicia.

Pensando el futuro de esa manera, el año 2030 no parece tan distante, sino abrumadoramente cercano. Tanto que nos hace preguntarnos si nuestros gobiernos, nuestras instituciones y nuestras capacidades técnicas y humanas serán suficientes para cumplir con las 169 metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre las cuales 132 son relevantes para el medio rural.

Claudia Brito: Crédito: FAO

Son cientos de prioridades y mecanismos estratégicos. Millones de vidas en juego. Solo grandes cambios de comportamiento y transformaciones en las políticas pueden dar respuesta al desafío que hemos asumido como habitantes de este planeta.

La inminencia del año 2030 también debería hacer que nos preguntemos si de verdad estamos incluyendo a todas las personas en esta apuesta de la humanidad por el futuro.

Se habla mucho sobre la responsabilidad compartida entre los países ricos, pobres, grandes y pequeños, entre el mundo rural y el urbano, entre mujeres y hombres. Pero las desigualdades aún forman parte de la vida de más de 600 millones de personas latinoamericanas y caribeñas, entre ellas las mujeres y los pueblos indígenas.

¿Cómo podemos pedir a las agricultoras y agricultores familiares que implementen mejores prácticas agrícolas si los mercados y el sistema económico los sigue dejado atrás?

¿Cómo le decimos a una mujer rural que debe aumentar su productividad para abastecer la creciente demanda de las ciudades por alimentos, si la brecha de género ni si quiera le permite a ella producir en igualdad de condiciones que los hombres?

Y es que el soñar con un mejor futuro para el mundo, plantea la necesidad urgente de que el mundo mejore para millones de personas que permanecen marginadas tras siglos de discriminación, violencia e invisibilización.

Es por eso que este año, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en conjunto con ONU Mujeres, los mecanismos de integración de Centroamérica y Sudamérica, y las instituciones de desarrollo rural de Brasil y Uruguay, nos hemos unido para difundir un mensaje fuerte y claro:

“No lograremos el desarrollo sostenible si antes no eliminamos las desigualdades entre hombres y mujeres en los territorios rurales de América Latina y el Caribe”.

Si bien en las últimas décadas nuestra región ha tenido enormes avances en el empoderamiento de las mujeres, todavía quedan grandes desafíos para que puedan reconquistar el control sobre sus vidas, sus planes y sus sueños.

Porque cuando las mujeres se empoderan y ejercen sus derechos, también recuperan su voz para hablar del futuro. Si imagináramos qué diría esa voz sobre el 2030, nuestro año decisivo, seguramente el mensaje sería: El futuro es con nosotras y nada sobre nosotras podrá seguir siendo sin nosotras.

Sin duda, se trata de una deuda histórica que necesitamos saldar cuanto antes, si realmente creemos en que tenemos una responsabilidad compartida para que la vida continúe en el planeta y la dignidad de todas las personas prevalezca.

Por eso, ahora es el momento de equilibrar la balanza de las oportunidades en su favor, porque el momento también fue ayer. Y hace siglos.

Esta columna forma parte de la campaña #MujeresRurales, mujeres con derechos, una iniciativa conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ONU Mujeres, el Consejo Agropecuario Centroamericano del Sistema de la Integración Centro Americana (CAC/SICA), la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del Mercosur (REAF Mercosur), la Secretaría Especial de Agricultura Familiar y Desarrollo Agrario de Brasil (SEAD), y la Dirección General de Desarrollo Rural de Uruguay (DGDR/MGAP). 

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Grupos de ahorro de mujeres rurales pasan de los bancos en África

seg, 15/10/2018 - 14:07

Mary Auma alimenta a una de las vacas que compró con el crédito del grupo de ahorro comunitario. Crédito: Miriam Gathigah/IPS.

Por Miriam Gathigah
NAIROBI, Oct 15 2018 (IPS)

Hace menos de ocho meses, Mary Auma y sus tres hijos, vivían en una habitación de un asentamiento informal en Ahero, en la región keniata de Nyanza. Pero su vida cambió en febrero, cuando logró ahorrar 1.500 dólares para comprar un pequeño terreno de menos de media hectárea y dos vacas.

En Ahero, una zona agrícola por excelencia, Auma compraba grandes cantidades de leche, que revendía para sacar una ganancia de 10 por ciento. Y así de a poco no solo consiguió tener bienes propios, sino también seguridad económica y un ingreso sostenible, con lo que pudo mudarse a un barrio mejor.

Todo fue gracias a que hace dos años, Auma se integró a un grupo de ahorro comunitario, una forma en la que los integrantes crean un fondo con sus ahorros, reembolsos de préstamos y otros aportes, para luego pedir prestado en el momento.

Ese tipo de grupo de ahorro comunitario se está volviendo muy popular en África, y hay en distintos países como Uganda, Tanzania, Malawi, Zambia, Mozambique, Níger, Nigeria y Sierra Leona.

Si no cuentas con un banco, busca un grupo de ahorro comunitario

Las mujeres pueden ser propietarias de tierras en Kenia, sin embargo menos de siete por ciento de ellas tienen títulos, según datos de la organización Alianza de Tierras de Kenia

“Se necesita una garantía para conseguir un préstamo de un banco comercial, y las mujeres generalmente no tienen propiedades, por lo que no pueden acceder a créditos para comprar tierras”, explicó Francis Kiragu, de la Universidad de Nairobi, en diálogo con IPS.

Auma explicó que los préstamos del grupo comunitario son atractivos porque la única garantía que necesitan se reduce a bienes del hogar.

Acceso a préstamos es acceso a tierras

Plantar en tierras que no son propias dificulta la posibilidad de que las mujeres tomen decisiones transformadoras y contribuyan a una seguridad alimentaria sostenible.

“Las mujeres ya no juntan centavos para compartir entre ellas. Nos reunimos una vez al mes y de una vez, las 24 podemos reunir 5.000 dólares”, relató Irene Tuwei, integrante de un grupo de ahorro comunitario en Turbo, en el Valle del Rift, consultada por IPS.

Con ese sistema, “no se guarda ni una moneda, así generamos préstamos inmediatos, sin las garantías que piden los bancos”, precisó Tuwei.

Ahorro comunitario con normas

Uno de los grupos más visibles de ahorro comunitario en Kenia es el movimiento Grupo de Ahorro de Mujeres Alegres, con 200.000 integrantes en los 47 condados, que dice contar con unos 27 millones de dólares en fondos renovables.

Ese monto está en las manos y en los bolsillos de las mujeres en forma de préstamo. El grupo Chamgaa, de Tuwei, es uno de los 12.000 que tiene el movimiento.

Esos grupos son tan exitosos que ahora los bancos se nos acercan a ofrecernos cuentas especiales, con préstamos amigables”, señaló Tuwei.

Los grupos se rigen por normas pensadas y acordadas entre las integrantes de cada uno. Las mismas estipulan la periodicidad de sus reuniones, algunos se juntan todas las semanas y otros todos los meses.

También prevén las reglas que rigen a las integrantes durante las reuniones. Una falta menor, como llegar tarde, puede significar entre dos y cinco dólares de multa, por ejemplo. Además, los préstamos se dan con intereses.

Tierras e independencia

“Hace ocho años, ninguna tenía tierras propias. Ahora, las 24 pudimos comprar gracias a los préstamos con los ahorros del grupo”, explicó Tuwei, quien tuvo poliomielitis de niña, la que le afectó la piernas, y tiene problemas de movilidad, por lo que necesitaba ayuda para trabajar la tierra.

Desde que se unió al grupo, compró tres mototaxis, algunas vacas, pollos, cerdos y un buey. Y tiene intenciones de abrir una estación dispensadora de combustible cerca de una ruta transitada.

En la actualidad, cosecha alrededor de 80 sacos de mazorcas de maíz, lo que representa unos 40 sacos de granos, que le dejan unos 2.300 dólares en cada temporada y le permite colocar un poco en su grupo de ahorro comunitario para mejorar sus ahorros personales.

“A fin de año, compartimos todo el dinero que estuvo girando durante 12 meses en función de lo que aportó cada integrante, de otros fondos reunidos, de penas e intereses de préstamos y se comparte por igual”, contó Tuwei.

Mujeres en Kasungu, un distrito agrícola en la región Centro de Malawi seleccionan hojas secas de tabaco para vender en el mercado. Crédito: Mabvuto Banda/IPS.

Las mujeres necesitan tierras para combatir el hambre

Este Día Mundial de la Alimentación, celebrado este 16 de octubre, coincide con numerosos informes sobre cómo tras un período de disminución del hambre en el mundo, esta vuelve a aumentar, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Kiragu subrayó que las mujeres siguen siendo el rostro de la agricultura, sin embargo, se necesitará mucho más para que puedan acceder a préstamos, tierras e información para mejorar sus prácticas y terminar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición.

“Para empezar, el sector agrícola no recibe suficiente apoyo económico. En Kenia, solo cuatro por ciento del crédito privado va para la agricultura”, observó Allan Moshi, experto en políticas agrarias en África subsahariana, en diálogo con IPS.

Las mujeres entienden mejor la tierra

En la silvicultura, la pesca y la agricultura, las mujeres reciben apenas siete por ciento de las inversiones que recibe la agricultura, según la FAO.

Es más preocupante aún, que las mujeres africanas contribuyen a entre 60 y 80 por ciento de la alimentación, pero solo alrededor de cinco por ciento de ellas tienen acceso a servicios de extensión agrícola.

Charles Kiprop, funcionario de extensión, en Turbo, señaló que el número de mujeres que poseen tierras, así como las que arriendan en la temporada de siembra, aumenta lentamente.

“Me invitaron muchos grupos de mujeres a hablar sobre prácticas agrícolas. Ya no esperan que pasemos por sus tierras, se acercan a nosotros ya sea como propietarias o arrendatarias”, apuntó.

“Lo peor está por venir”

No hay riesgo de exagerar la participación de las mujeres en la producción de alimentos, en particular con los resultados del Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias de 2018, patrocinado por FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el Instituto Internacional de Investigación en Política Alimentaria, que dice que lo peor está por venir.

La sequía agravará la inseguridad alimentaria en numerosos países, como las áreas pastoriles del Cuerno de África en Somalia, partes de Etiopía y Kenia.

“La temporad de lluvias de marzo a mayo, en Kenia tuvo lluvias por debajo de lo normal, lo que afectó la producción de alimentos y aumentó los precios”, añadió Kiprop.

Cuando no hay conflictos ni personas desplazadas, el cambio climático fue el principal factor de la grave inseguridad alimentaria en 23 de los 65 países y territorios analizados en 2017. Los países africanos se vieron particularmente afectados, según el estudio.

El informe señala que por lo menos 10 por ciento de la población de Etiopía, 25 por ciento en Kenia, 27 por ciento en Malawi y 42 por ciento en Zimbabwe viven con inseguridad alimentaria. Otros países afectados son Madagascar, Senegal, Lesotho, Swazilandia y Yibuti.

Mujeres con ingresos y poder de compra

“La prevalencia mundial de emaciación infantil (bajo peso para la altura) ronda ocho por ciento, por encima del objetivo acordado a escala internacional de reducir y mantener la emaciación infantil por debajo de cinco por ciento para 2025”, señala el informe.

A medida que hay más mujeres propietarias de tierras, “estas no solo se volverán una fuente de alimentos, sino también de ingresos. Es importante tener ingresos, pues aumenta su poder de compra”, explicó a IPS el experto en políticas agrarias Moshi.

“Las mujeres rurales podrán comprar alimentos que no tienen, garantizando la seguridad alimentaria de su hogar”, acotó. Además de adquirir insumos agrícolas, apuntó.

“Hace cinco años, no podía arrendar un buey para arar y dependía de la buena voluntad de los vecinos, que primero araban sus tierras y luego venían a mi rescate. Muchas veces venían cuando ya era tarde para plantar”, explicó Tuwei.

Tuwei y sus compañeras ahora pueden conseguir semillas de calidad, a diferencia de antes, cuando dependían de las que guardaban de cosechas anteriores y de las que pedían a sus vecinos.

Traducción: Verónica Firme

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El artículo Grupos de ahorro de mujeres rurales pasan de los bancos en África fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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