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Atualizado: 3 semanas 23 horas atrás

Balas contra cacerolas: protesta popular es reprimida en Venezuela

sex, 01/02/2019 - 15:25

Manifestantes en el barrio de Cotiza, en el norte de Caracas, donde se dio inicio a las protestas de sectores populares de la capital de Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro, el 21 de enero, que luego se extendieron por otras partes del país cuya represión ocasionó 40 muertes el primer mes del año. Crédito: Cortesía de EfectoCocuyo.comPor Humberto MárquezCARACAS, Feb 1 2019 (IPS) Las protestas contra la permanencia de Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela, los 10 últimos días de enero y bajo el ruido de cacerolas vacías en barriadas populares, se saldaron con un alto costo humano: más de 40 muertos, decenas de heridos y unos mil detenidos, entre ellos 100 mujeres y 90 menores de 18 años. En Catia, populoso sector obrero del oeste de Caracas, varios jóvenes murieron abaleados en las noches del 21 al 25 del mes pasado, mientras comandos de la Policía Nacional y la militar Guardia Nacional derruían barricadas improvisadas con basuras y con su presencia acallaban la protesta. “Lo lograron. Los vecinos dicen que en las calles donde cayeron varios de esos muchachos ya impera el silencio y la soledad desde las seis de la tarde. Los cacerolazos no han regresado”, relató a IPS el sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización  Provea, que lleva décadas registrando las violaciones a los derechos humanos en el país. Estas protestas tienen dos elementos especiales: se producen en barrios y sectores que hasta hace poco engrosaban la base social del gobierno y reflejan una ira en pobladores de los sectores más vulnerables ante el desplome socioeconómico venezolano, que convierte sus movilizaciones en “minicaracazos”, por recordar las violentas protestas de febrero de 1989, que se saldaron con centenares de muertos. Además, han quedado sumergidas dentro de la crisis institucional que vive el país desde enero y que han puesto a Venezuela como protagonista en la geopolítica mundial, con un pugilato  que se dirime también entre los gobiernos de Estados Unidos y otros países americanos y europeos, por un lado, y China, Rusia o Turquía, por otro. Maduro (56), quien gobernó el sexenio 2013-2019, juró el 10 de enero para un segundo período, tras ganar una elección en mayo de 2018, desconocida por el parlamento y la mayor parte de la oposición y de los gobiernos de América y Europa. La elección fue convocada fuera de lapsos legales por una Asamblea Nacional Constituyente integrada solo por adeptos al gobierno, el árbitro electoral proscribió a los principales partidos y dirigentes opositores, y una nube de irregularidades envolvió la campaña y el acto mismo del sufragio, según denuncias de organizaciones locales e internacionales. Por ello, la legislativa Aamblea Nacional, de mayoría opositora, desconoció la investidura de Maduro y el diputado que dirige el parlamento, Juan Guaidó (35), asumió el 23 de enero la condición de presidente encargado, ante una multitud en Caracas y mientras masivas concentraciones y marchas opositoras recorrían otras 50 ciudades. Desde el día 21, cuando 27 guardias nacionales se amotinaron en un cuartel en el barrio de Cotiza, el norte de Caracas, desconociendo a Maduro, estallaron cacerolazos, y grupos de vecinos en barriadas populares de la capital y el interior improvisaron barricadas contra las que actuaron fuerzas de uniformados y grupos civiles irregulares de simpatizantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En varias ciudades del interior hubo saqueos o conatos de saqueo contra algunos comercios. Organizaciones de Derechos Humanos cuestionan el empleo de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional en Venezuela para reprimir protestas populares, pues se trata de comandos preparados para el uso de fuerza letal. Crédito: PNB La represión entre los días 21 y 25 de enero dejó 35 personas muertas, decenas de heridos, por balas o perdigones (balines plásticos), y 850 detenidos. “Solo el día 23 hubo 696 detenidos, la mayor cantidad en una sola jornada de protestas en 20 años”, dijo a IPS el abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal, una organización que sigue especialmente el tema de los detenidos por razones políticas o sociales. El Foro contabilizó 12.480 detenciones arbitrarias desde Febrero de 2014 –año de las primeras protestas multitudinarias contra Maduro- hasta octubre de 2018, calificando a 1.551 personas como presos políticos, de los que aún quedaban 236 cuando produjo su informe. Pocos fueron liberados y la lista se engrosa con los detenidos este año. Desde que Maduro llegó  al poder en 2013, Provea y otras organizaciones humanitarias han contabilizado que murieron en el marco de protestas callejeras al menos 250 personas, incluyendo enero de este año. Periodismo acechado A finales de enero fueron detenidos en Caracas, mientras intentaban reportear, periodistas de la televisión chilena TVN, de la francesa TMC, del grupo brasileño RBS, de la agencia española EFE y de medios venezolanos que les acompañaban. Cinco de los 12 afectados fueron deportados. El gobierno argumentó que ingresaron al país sin permiso para realizar actividades periodísticas. Los gremios de periodistas denunciaron el incremento desde el 23 de enero del ya constante hostigamiento de que son objeto muchos de sus afiliados al cubrir protestas en las calles, y la organización no gubernamental Espacio Público contabilizó el año pasado 608 casos de violación a la libertad de expresión. Conductores de programas informativos de radio y televisión han denunciado, además, la imposición de autocensura por parte de emisoras y canales, sobre las actividades y posiciones de Juan Guaidó, tras autoproclamarse como presidente encargado, bajo la supuesta amenaza de cancelar sus licencias para operar. Romero destaca que el Estado aplica una “puerta giratoria”: cuando salen de la cárcel detenidos por razones políticas, generalmente bajo libertad condicionada, entonces entra otro grupo arrestado por razones similares. Este enero “la orden que recibieron las fuerzas de seguridad fue detener a quienes protestaban. Es claro que el gobierno decidió asumir el costo de parar la protesta en los sectores populares, que en el pasado respondían al chavismo y se han volteado en su contra”, aseguró. El chavismo es la fuerza política desarrollada por Hugo Chávez, quien presidió el país entre 1999 y su fallecimiento en 2013. Durante dos décadas fue dominante en los sectores populares urbanos que ahora se han volteado en forma creciente contra Maduro, exasperados por la carestía de los alimentos, el desplome de servicios como agua, electricidad, salud y transporte, y la escasez cada vez más aguda de medicinas o gas para cocinar. Rupert Colville, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijo en Ginebra el 29 de enero que “algo más de 40 personas han resultado muertas” y de ellas “al menos 26 murieron supuestamente por disparos de las fuerzas de seguridad o de los grupos armados progobierno durante las manifestaciones”. Provea sostiene que al menos ocho personas murieron en ejecuciones extrajudiciales en Caracas y dos ciudades de provincia cuando entraron a sus casas efectivos del grupo élite FAES (Fuerza de Acciones Especiales) de la Policía Nacional. “El FAES es un cuerpo con entrenamiento para acción letal, contra extorsión o secuestros, y no para manejar situaciones de orden público. Sus códigos y armamento, de alta letalidad, no guardan proporción con los cánones de uso proporcional y escalonado de la fuerza aplicables en situaciones de protesta popular”, advirtió Uzcátegui. Las detenciones, que incluyeron a 100 mujeres y al menos 90 niños, niñas y adolescentes, “se han hecho a modo de razias indiscriminadas, abonando  el propósito de sembrar el miedo para desalentar la protesta”, opinó Romero. Uno de esos casos es el de Jickson Rodríguez, de 14 años, paciente epiléptico tras un viejo trauma craneoencefálico. Tocaba cacerolas con amiguitos cerca de la barbería que opera su familia, la noche del 22 al 23 de enero en Villa Bahía, en Puerto Ordaz, urbe industrial a orillas del Orinoco, 500 kilómetros al sureste de Caracas, cuando unidades de la Guardia Nacional lo capturaron junto a otras seis personas y lo llevaron a un cuartelillo que cuida una planta siderúrgica. “Como yo no lloraba, a mí era al que daban más golpes. Le dije a los guardias ‘¿por qué nos dan golpes si ya estamos presos?’ y me dieron una cachetada (bofetada). Me daban cocotazos (golpes en la cabeza). Les decía ‘no, yo no puedo recibir cocotazos, sufro epilepsia, y me dijeron: ‘¡cállate, que tú eres un detenido!”, narró días después a familiares y periodistas. “Lo encontré, esposado, después de buscarlo por varios sitios de reclusión la tarde del día siguiente. Fue golpeado en la planta de los pies, para que no le quedaran marcas. Convulsionó mientras estuvo detenido y por eso me lo entregaron dos días después”, dijo a IPS su madre Rosmelys Guilarte (39), una peluquera que tiene además tres niñas. Al chico “lo acusaron en la policía judicial de participar en un saqueo que hubo a kilómetros de donde estábamos sonando cacerolas esa noche. Algo imposible. Tiene orden de presentarse a la autoridad cada 30 días. Trato de que descanse bastante, está muy afectado”, agregó desde su localidad. Para Uzcátegui “la estrategia del gobierno tiene tres componentes: la represión ante el descontento mayoritario de la población, apostar a que el actual conflicto político se desgaste y tratar de invisibilizar la crisis actuando sobre medios de comunicación y periodistas”. Edición: Estrella Gutiérrez El artículo Balas contra cacerolas: protesta popular es reprimida en Venezuela fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Degradación de tierras empeora brecha de género

sex, 01/02/2019 - 11:00

Dos defensoras de la igualdad de género en el Caribe: la activista guyanesa Hazel Halley-Burnett y Ruth Spencer, del GEF -Antigua y Barbuda, reunidas en ocasión de la CRIC17. Crédito: Desmond Brown/IPSPor Desmond BrownGEORGETOWN, Feb 1 2019 (IPS) La degradación de los suelos amplía aún más la brecha de género donde sea que ésta exista,  por lo que abordar la inclusión femenina en las políticas públicas redundará también en el combate a la desertificación, concluyeron varios expertos reunidos esta semana en Guyana. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD, o UNCCD  en inglés), que entre sus principales puntos se propone la Neutralidad en la Degradación de las Tierras (NDT), subraya que, en los países en desarrollo, este fenómeno afecta a hombres y mujeres de modo diferente. Esto se debe en especial al desigual acceso a la tierra, al agua, al crédito, a los servicios de extensión y a la tecnología. También afirma que la desigualdad de género juega un rol significativo en la pobreza relacionada con la degradación de suelos, de ahí la necesidad de abordar en las iniciativas NDT las persistentes inequidades que atizan la pobreza femenina. En este contexto, Douglas Slater, secretario general adjunto para el Desarrollo Humano y Social en la Secretaría de la Comunidad del Caribe (Caricom),dijo que incluir asuntos de género en las políticas públicas es muy importante para su región en todos los aspectos del desarrollo sostenible. “Nos consta que, en varias ocasiones, nuestras mujeres tienen una gran participación en el trabajo agrícola, y tenemos que garantizar que continúen teniéndola, pero hay que poner a su disposición los recursos necesarios para que ellas realmente se comprometan a pleno” con la actividad, dijo Slater a IPS. Al tratarse de países pequeños, es necesario utilizar tecnología agrícola más eficiente, y también dar participación a todos los géneros, agregó. Slater señaló que, particularmente en lo relativo a la capacitación y el uso de maquinaria agrícola, hay un sesgo demasiado notorio hacia el género masculino. Añadió que hay que hacer más para convencer a los jóvenes de que la agricultura puede brindarles un buen sustento, y de que las mujeres son capaces y deben participar también. Slater dialogó con IPS en el marco de la 17 sesión del Comité para la Evaluación de la Implementación de la Convención (CRIC17, por sus siglas en inglés), que se realizó entre el lunes 28 y el miércoles 30 en Georgetown, Guyana. Al realizar cursos de capacitación, las instituciones agrícolas deberían tener en cuenta que las mujeres pueden operar tractores o gerenciar invernaderos, sostuvo Slater. “Ellas han demostrado que lo pueden hacer, y nosotros tenemos que alentarlas a hacerlo más”, destacó. Las mujeres representan 43 por ciento de la mano de obra agrícola mundial, y esta proporción se eleva a 70 por ciento en algunos países, por lo que la CNULD ha señalado la importancia de tener en cuenta los roles de género al elaborar políticas y leyes que promueven la Neutralidad en la Degradación de las Tierras. En África, por ejemplo, 80 por ciento de la producción agrícola procede de establecimientos pequeños, trabajados principalmente por mujeres rurales. Sin embargo, pese a ser mayoría en el sector de la pequeña agricultura, las mujeres no suelen tener garantizado el control sobre la tierra que cultivan ni sobre las ganancias derivadas de la comercialización de lo que producen. Esta falta de control se vincula a los derechos a la propiedad de la tierra en las áreas rurales, que habitualmente favorecen a los hombres. Mientras, el acceso de las mujeres a la tierra está determinado por su relación con el propietario de la misma. El cambio climático es un factor estrechamente relacionado con la degradación de suelos, lo que aumenta la incertidumbre en cuanto a la producción de las mujeres, su acceso a los alimentos y la estabilidad de los sistemas alimentarios. El año pasado, la CNULD organizó en Santa Lucía un taller técnico sobre un proyecto de Neutralidad en la Degradación de las Tierras a fin de aprender a implementar en el Caribe un manejo inteligente de la tierra, tanto en materia de cambio climático como de inclusión de género. También allí se analizó cómo mejorar y finalizar una propuesta conceptual de proyecto con la participación de todos los actores clave antes de buscar apoyo financiero del Fondo Verde para el Clima. La secretaria ejecutiva de la CNULD, Monique Barbut, dijo que las mujeres son las primeras en ser afectadas por las principales causas indirectas de la degradación de suelos. A saber: presión demográfica, tenencia de la tierra, pobreza y falta de educación. Por lo general, las mujeres son las primeras víctimas de todos estos problemas, dijo Barbut a IPS. “Eso es absolutamente anormal. En muchos países, las mujeres no tienen ningún derecho de propiedad” sobre la tierra, agregó. “Así que, ¿cómo se le puede pedir a una mujer que maneja tierra que lo haga bien, o que piense en el futuro, cuando la tierra nunca será suya?”, planteó. Las mujeres suelen tener menos educación que los hombres, dijo Barbut, y es esencial tener en cuenta este aspecto. Según ella, la CNULD pone de relieve todos estos temas en su plan de género. Barbut señaló también que las intervenciones en materia de Neutralidad en la Degradación de las Tierras pueden acarrear cambios positivos en las vidas de mujeres y niñas. Citó como ejemplo un proyecto que planea transformar 3.000 de las 5.000 aldeas de Burkina Faso en ecoaldeas, aportando hornos solares y agua potable. “Solamente con hacer eso estamos retirando seis horas de trabajo de los hombros de las mujeres, porque les lleva unas tres horas por día salir a conseguir alimentos que cocinar y otras tres ir a buscar agua”, explicó Barbut a IPS. “Queremos que esas mujeres salgan de (esa situación) para que puedan insertarse en programas de agroforestación que, por sobre todas las cosas, les aportarán ganancias económicas. Nos aseguraremos de que esas ganancias se destinen principalmente a la educación de los hijos y a centros de salud para los pequeños y para las mujeres en particular”, agregó. La degradación de suelos y las sequías afectan actualmente a más de 169 países. Las comunidades rurales más pobres son las que sufren los peores impactos. Estimaciones previas señalaron que, para 2025, aproximadamente 1.800 millones de personas (más de la mitad de ellas mujeres, niños y niñas) se verían perjudicadas por la degradación de las tierras y la desertificación. Pero estas proyecciones ya se han visto sobrepasadas de modo significativo, llegando a 2.600 millones los afectados en la actualidad. Artículos relacionados

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Salvadoreñas deportadas cifran esperanzas en producción avícola

qui, 31/01/2019 - 15:37

La producción avícola está dando esperanzas para migrantes deportadas a quienes conforman la Asociación de Mujeres Activas Trabajando Unidas por un Futuro Mejor, en el caserío Los Talpetates, del municipio de Berlín, en el oriental departamento de Usulután, en El Salvador. Crédito: Edgardo Ayala/IPSPor Edgardo AyalaBERLÍN, El Salvador, Jan 31 2019 (IPS) La agricultora salvadoreña Lorena Mejía abre una incubadora y monitorea la temperatura de los huevos que muy pronto, al eclosionar y desarrollarse los pollos, le proveerán de más aves y huevos. Mejía es una de las beneficiarias de un proyecto que busca ofrecer emprendimientos productivos a mujeres que, como ella, han sido deportadas de México o de Estados Unidos, en su intento por alcanzar “el sueño americano”. “Me fui porque trabajaba en una fábrica en San Salvador, pero el dinero no alcanzaba”, contó a IPS esta mujer de 43 años, en el patio de su casa, en el caserío Talpetate, del municipio de Berlín, en el oriental departamento salvadoreño de Usulután. En 1998, y tras un peligroso periplo de varias semanas, Mejía logró establecerse en la ciudad estadounidense de Dallas, en Texas.“Las mujeres rurales son motores de la economía, y como FAO apoyamos a las personas retornadas mediante procesos inclusivos y equitativos que incidan en la disminución de las poblaciones migrantes”: Emilia González. Ahí trabajó en servicios de limpieza en una escuela y en un hotel, pero luego ella decidió regresar al país en 2001, con muchos sueños rotos. “Ahora estoy enfocada, junto a mis compañeras, en hacer crecer este proyecto”, narró. Mejía y otras agricultoras de la localidad fundaron en 2010 la Asociación de Mujeres Activas Trabajando Unidas por un Futuro Mejor, y concibieron una iniciativa que ofreciera oportunidades productivas a otras migrantes retornadas. Actualmente unas 40 mujeres conforman esa organización, 15 de las cuales están inmersas en la producción avícola, quienes han recibido el apoyo técnico del estatal Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (Centa), así como de la oficina en El Salvador de la Organización de las Naciones unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El resto le está apostado a las actividades agrícolas típicas de la zona rural salvadoreña y del caserío Talpetate: la producción de maíz y frijoles. Pese a la importancia que para la organización de mujeres tiene el apoyo de Centa y FAO en este plan, el Estado salvadoreño como tal aún no desarrolla una estrategia como tal para lograr la reinserción económica de la población retornada, y en particular de las mujeres. “A veces lo que una necesita es un empujoncito”, acotó Mejía. En esa pequeña comunidad rural de Tapelte, compuesta por unas 70 familias, el empleo es escaso y la pobreza campa a sus anchas. Según cifras oficiales, publicadas en mayo del 2018, 32,1 por ciento de hogares salvadoreños se encuentran en pobreza en el campo, comparado con 27,4 por ciento en las ciudades. El proyecto, que arrancó en noviembre del 2018, proveyó a cada familia participante de 25 gallinas para que produjeran huevos y estos, a su vez, con el tiempo, más gallinas y pollos. Dennis Alejo, otro salvadoreño deportado cuando intentaba cruzar al territorio estadounidense, ha encontrado en la producción de tomates la mejor forma de abrirse un camino y generar un puñado de empleos en su natal Berlín, en el departamento de Usulután, en el este de El Salvador. Crédito: Edgardo Ayala/IPS Según los cálculos de las participantes, los ingresos por la venta de huevos son todavía modestos. Pero cuando la producción haya aumentado, con el correr de los meses, obtendrían alrededor de 200 dólares mensuales, como colectivo. Ese dinero se reinvierte en la pequeña granja colectiva, a fin de mejorar y aumentar la producción, con más incubadoras e infraestructura. “Las mujeres rurales son motores de la economía, y como FAO apoyamos a las personas retornadas mediante procesos inclusivos y equitativos que incidan en la disminución de las poblaciones migrantes”, indicó a IPS la representante asistente de Programas del organismo en El Salvador, Emilia González. Un componente importante del proyecto es que sirva también de apoyo a la sostenibilidad alimentaria, pues un porcentaje de la producción de huevos y carne de ave se destina al consumo familiar. “Nos ahorramos el dinerito que utilizaríamos para comprar unas libras de pollo”, explicó a IPS otra de las beneficiarias, Marlene Mejía, de 46 años. Ella también intentó llegar a Estados Unidos, en 2003, de forma irregular. Pero apenas logró cruzar México, en un poblado cuyo nombre nunca conoció. Ahí pasó mucha hambre, narró. Y tras varios días de encierro, en una casa regentada por traficantes de migrantes, decidió regresar al país. La migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos es uno de los fenómenos que ha marcado a este pequeño país centroamericano, de 7,3 millones de habitantes. Se calcula que al menos unos 2,8 millones de salvadoreños viven en los Estados Unidos, en un éxodo que se intensificó en la década de los 80, cuando El Salvador vivió una cruenta guerra civil (1989-1992). Tres aviones llegan semanalmente al país desde los Estados Unidos con personas deportadas, además de tres buses procedentes de México. De acuerdo a estadísticas oficiales, más de 26.000 salvadoreños fueron repatriados en 2018, principalmente de México y Estados Unidos. Una cifra muy alta pero 1,2 por ciento inferior respecto al 2017, cuando la cifra alcanzó las 26.837 personas. Marlene Mejía se dedica además, desde hace cuatro años, a la elaboración de pupusas, el plato más popular en El Salvador: una tortilla de maíz rellena de frijoles, queso y chicharrón, entre otros ingredientes. “Si una tiene trabajo aquí, ¿para qué va a ir a sufrir allá?”, se preguntó. El gobierno salvadoreño ofrece algunos apoyos para la reinserción económica de la población retornada, por medio del proyecto llamado “El Salvador es tu casa”, lanzado en octubre de 2017. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, unas 147 personas recibieron capital semilla para iniciar emprendimientos, dentro de un proyecto de reinserción económica y psicosocial, mientras en otro proyecto piloto de inserción productiva de Usulután está destinado a 208 personas. Pero son cifras irrisorias en cuanto al número de beneficiarios, dada la magnitud de las deportaciones y los problemas económicos del país, por lo que la mayoría de repatriados no encuentra ninguna estabilidad económica, y los aportes gubernamentales se quedan cortos. “Evidentemente eso es insuficiente, hace falta un esfuerzo territorial más fuerte para poder brindar opciones a la gente cuando llega a sus lugares de origen”, señaló a IPS el investigador en temas de migración, Jaime Rivas, de la Universidad Don Bosco. Algunos retornados, por su propia cuenta, logran montar su propio proyecto, con escaso o nulo apoyo gubernamental o internacional. Dennis Alejo, de 30 años, intentó cruzar la frontera estadounidense cinco veces, en diferentes momentos, desde 2010. La última ocasión, en 2015, logró llegar a las cercanías de San Antonio, en Texas, pero el grupo de migrantes con el que llevaba atravesando por siete días el desierto fue interceptado por la “migra”, como popularmente llaman los migrantes a los agentes del estadounidense Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Pero él logró huir y se internó en el monte. “Toda la noche pasé abrazando el charral (matorral) para esconderme de un helicóptero con un reflector, que me buscaba”, narró a IPS. Ahora, con su propio esfuerzo, y venciendo toda clase de obstáculos, Alejo cultiva tomates de buena calidad en un terrenito que alquila, en Berlín,  gracias a las 1.800 plantas que sembró tres años atrás. Ofrece además empleo como recolectores a una docena de jóvenes, y de ese modo, él siente que está evitando que más muchachos arriesguen su vida atravesando desiertos para llegar a Estados Unidos. “No es mucho lo que les pago, son cinco dólares diarios, pero si tuviera más apoyo, podría dar empleo a más gente”, acotó. Porque, de nuevo, Alejo también se enfrenta a la falta de apoyo financiero para montar un sistema de riego que mejore y aumente la producción. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Venezuela, matriz de sueños y tragedias en América Latina

qui, 31/01/2019 - 14:02

El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y detrás, a la derecha, Nicolás Maduro, en uno de sus frecuentes encuentros en Caracas. Chávez y Lula, actualmente preso por una condena de corrupción, representaron dos modelos de la izquierda que triunfó en América Latina la primera década del siglo, y que ahora está en neto reflujo en la región. Crédito: AVNPor Mario OsavaRÍO DE JANEIRO, Jan 31 2019 (IPS) Las dos primeras décadas del siglo XXI en América Latina quedarán marcadas por la Venezuela chavista, con el auge de sus propuestas “bolivarianas” que sedujeron la izquierda de varios países en la primera década y su ruina en los últimos años. Ahora su crisis tiende a agravarse y prolongarse, y según algunos analistas pudiera  degenerar en una guerra civil, en que por primera vez América Latina sería el epicentro de un conflicto global, oponiendo Estados Unidos a Rusia y China. Ese es el temor de Elimar Nascimento, sociólogo y profesor de la Universidad de Brasilia, con experiencia en política internacional. Una confrontación armada en Venezuela supone la intervención de fuerzas extranjeras, ya que la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro no dispone de bases militares, hasta ahora y que se sepa. “Es una alternativa que le interesa al presidente Nicolás Maduro porque le permitiría mantener la cohesión de las Fuerzas Armadas y el apoyo de la población en un movimiento patriótico”, especuló Nascimento a IPS. La Fuerza Armada Bolivariana declaró su lealtad a Maduro, después que el presidente de la legislativa Asamblea Nacional, Juan Guaidó, juró como “presidente encargado” de Venezuela el 23 de enero ante una multitud de seguidores, con el reconocimiento inmediato de Estados Unidos y otros 15 países americanos. Salvo Canadá, casi todos hacen parte del Grupo de Lima, de concertación política, que había decidido en diciembre considerar ilegítimas las elecciones venezolanas de mayo de 2018 que mantuvieron a Maduro en el poder, pese a denuncias de fraudes, compras de votos y la imposición de reglas excluyendo opositores, algunos presos, otros exiliados. El heredero de Hugo Chávez, presidente venezolano de 1999 hasta su muerte en 2013 y creador del movimiento bolivariano, trata de sobrevivir en medio de la brutal depresión económica, la hiperinflación y la fuga de millones de ciudadanos al exterior. Las protestas masivas se repiten y crece el aislamiento internacional del régimen chavista por sus acciones antidemocráticas y represivas, aun apoyadas por sectores de la izquierda latinoamericana que identifican complicidad “imperialista” en cualquier crítica a los bolivarianos. La insólita situación venezolana comporta no solo dos presidentes, sino también dos parlamentos y dos tribunales supremos, producto de una sucesión de maniobras oficialistas para frenar la oposición. Esas duplicaciones empezaron en 2017, cuando Maduro llamó a elecciones para una Asamblea Constituyente, que quitó poderes a la Asamblea Nacional, donde la oposición conquistó mayoría de 112 escaños, contra 55 del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por Chávez en 2006. Fue la gota que desató el rechazo de la comunidad internacional a las manipulaciones chavistas e impulsa la nueva táctica opositora, de constituir una presidencia alternativa para promover elecciones legítimas, una vez que el 10 de enero comenzó el mandato  emanado de los polémicos comicios de 2018. Las reacciones son también disparatadas. Se violan normas tradicionales de la diplomacia, como la no injerencia externa, y se reconoce un presidente sin poder, “un gobierno no instalado que nada controla en el territorio nacional”, destacó a IPS Thiago Gehre, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Brasilia. El deterioro del régimen que construiría el “socialismo del siglo XXI” se agrava por una oleada de gobiernos de derecha en las Américas, incluso extremistas como en Brasil, y contribuye al derrumbe de la izquierda. “La crisis venezolana fue un hecho esencial, sino determinante”, para el triunfo electoral del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro en Brasil y, reconoció Marcelo Suano, analista político y fundador del Centro de Estrategia, Inteligencia y Relaciones Internacionales (CEIRI), que preside el Consejo Editorial de su portal asociado, CEIRI News. “Los electores brasileños rechazaron un modelo político de poder concentrado, que ignora la sociedad y representa el fracaso económico, encarado como similar al modelo pretendido por el PT (Partido de los Trabajadores)”, explicó a IPS. El arribo de decenas de miles de venezolanos por la frontera del estado brasileño de Roraima, con amplia difusión por televisión y prensa sobre el colapso del abastecimiento y de servicios que motivaron sus fugas, operó como un espantajo perfecto del “socialismo” que representaría Fernando Haddad, el candidato presidencial derrotado del PT en las elecciones de octubre. Brasil se convertiría en otra Venezuela, si el PT volviese al poder, arguyó reiteradamente Bolsonaro durante la campaña electoral. No era así en la década pasada. Fundada por Cuba y Venezuela en 2004, la Asociación Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), ganó la adhesión de Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y varios países caribeños en los años siguientes. Luego perdió miembros que cayeron en manos de la derecha, como Honduras, o por distanciamiento con el bolivarianismo, como Ecuador. Un elemento común de algunos de estos gobiernos fue la búsqueda de perpetuarse en el poder, mediante cambios en sus constituciones y leyes, con los exitosos casos de Bolivia, Nicaragua y la misma Venezuela. Además tenían como aliados gobiernos cercanos, aunque no bolivarianos, como el Brasil presidido por Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016), ambos del PT, y el de Argentina bajo la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa Cristina Fernández (2007-2015). “El ascenso del chavismo se debió al alza de los precios del petróleo, que rindió gigantescos ingresos al gobierno. Con eso Chávez pudo impulsar políticas de inclusión social, con sus ‘misiones bolivarianas’, y por otro lado usó los recursos para diversificar la producción venezolana, muy limitada al petróleo”, recordó Suano. “Invirtió mucho dinero en la región para consolidar aliados e insertar Venezuela en cadenas de producción, pero eso no resultó en la industrialización ni la integración económica”, acotó. Es de esa época, por ejemplo, la idea de construir el Gasoducto del Sur, un megaproyecto que cruzaría Venezuela, Brasil y Argentina con el gas venezolano, acordado por Chávez, Lula y Kirchner en enero de 2006, que podría alcanzar hasta 15.000 kilómetros de largo e inversiones de más de 20.000 millones de dólares. Se abortó un año y medio después. “Fue relevante y estuvo en marcha un tiempo el Petrocaribe, que suministró petróleo a precios preferenciales y pago a largo plazo, no solo por una cuestión energética, sino de desarrollo, industrialización e integración”, recordó Beatriz Bissio, periodista uruguaya de temas internacionales, ahora profesora de Política en la Universidad Federal de Río de Janeiro. En su opinión, “Estados Unidos buscó debilitar ese liderazgo venezolano en el Caribe y Centroamérica, recuperar influencia y trabar el proceso de integración latinoamericano en general”. El derrumbe de gobiernos progresistas y del chavismo, representará “una década de retroceso”, lamentó en su visión antiimperialista. “Con el fin del chavismo, la izquierda tiene que reinventarse en América Latina”, sostuvo Gehre, con una mirada más histórica. La región sufre cierta “ciclotimia”, determinadas tendencias políticas coinciden en varios países por un período. “Después del ciclo de regímenes militares en los años 1970 y 1980, predominaron los progresistas en procesos de redemocratización que, con sus beneficios, ampliaron la clase media que ahora vota por la derecha”, dijo. “Un maniqueísmo infantil se hace presente en política internacional también”, señaló, para opinar que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) debe permanecer y a la larga recuperar su importancia, aunque haya sido creada por gobiernos dichos de izquierda, porque está estructurada con sede y grupos de trabajo, De la misma forma países como Colombia, Ecuador y Venezuela, tenderán a acercarse también con gobiernos conservadores, “tienen raíces históricas comunes desde el siglo XIX, fueron todos marcados por Simón Bolívar en su lucha por la independencia”, acotó. “Venezuela es un laboratorio interesante, ya vivió muchos conflictos y las peleas callejeras hacen parte de DNA de los venezolanos”, concluyó. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Hay millones de dólares para financiar proyectos contra degradación de tierras

qui, 31/01/2019 - 11:00

En los últimos años, el cambio climático y la deforestación causaron severas inundaciones y deslizamientos de tierras en San Vicente. Crédito: Desmond Brown/IPSPor Desmond BrownGEORGETOWN, Jan 31 2019 (IPS) Aunque prevalece la creencia de que no hay disponibles fondos para proyectos contra la desertificación, una conferencia internacional de la ONU celebrada esta semana en Guyana reveló exactamente lo contrario. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD, o UNCCD por sus siglas en inglés) echa por tierra la noción de que no hay fondos disponibles para que los países prevengan, reduzcan o reviertan la degradación de suelos. La secretaria ejecutiva de la Convención, Monique Barbut, dijo que hay millones de dólares disponibles para proyectos de Neutralidad en la Degradación de las Tierras (NDT) basados en sólidas pautas científicas y principios de respeto a los derechos humanos, tal como se establece en el tratado. El concepto de neutralidad representa un cambio de paradigma en las políticas y prácticas de manejo de suelos, brindando un marco para contrarrestar la prevista pérdida de tierras productivas con la recuperación de áreas degradadas. Hasta la fecha, más de 100 países se han embarcado en procesos nacionales para determinar e implementar objetivos voluntarios de NDT como parte de su contribución con el punto 15.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Tenemos unos 25 países que han decidido fijar lo que llamamos sus objetivos NDT. Pero la nuestra es diferente de muchas otras convenciones. Nosotros también hemos decidido realizar un seguimiento de la implementación”, explicó Barbut a IPS. Barbut dialogó con IPS en el marco de la 17 sesión del Comité para la Evaluación de la Implementación de la Convención (CRIC17, por sus siglas en inglés), que se realizó entre el lunes 28 y el miércoles 30 en Georgetown, Guyana. “Hemos dicho que no alcanza con fijar objetivos. Ahora quisiéramos que los países vayan tras lo que llamamos proyectos transformadores. Aquí es donde aparece el debate sobre el financiamiento, porque esos proyectos transformadores suelen ser de gran escala”, señaló. Los países pueden estar seguros de que, si quieren embarcarse en proyectos de envergadura, la CNULD financiará la etapa de prefactibilidad, expresó Barbut. También explicó que los proyectos a los que se refiere cuestan un mínimo de cinco millones de dólares que pueden convertirse en millones. Puso a China e India como ejemplos de países donde se implementaron estas iniciativas transformadoras a gran escala. “Nadie puede decir que el financiamiento no está disponible. Ninguno de esos proyectos transformadores está todavía en una etapa en la que vayamos a buscar financiamiento afuera”, afirmó Barbut. “Antes de ocupar este puesto, fui presidenta del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (más conocido como GEF, por sus siglas en inglés), que es el mayor mecanismo de financiamiento del mundo. Y le diré algo que le sorprenderá: la falta de financiamiento nunca es un problema. El problema es conseguir el proyecto correcto. Si usted tiene un buen proyecto, siempre hay financiamiento disponible”, aseguró. Monique Barbut, secretaria ejecutiva de la CNULD, dijo que hay millones de dólares disponibles para proyectos de Neutralidad en la Degradación de las Tierras (NDT). Crédito: Desmond Brown/IPS Barbut dijo que la CNULD quiere ayudar a los países a identificar y construir proyectos, así como a buscar financiamiento en una etapa posterior “ante todas esas grandes instituciones multilaterales y bilaterales internacionales”. “Por ejemplo, estamos trabajando con Burkina Faso en África. (Allí) decidieron transformar 3.000 de las 5.000 aldeas que tienen en lo que llamamos ecoaldeas. Al hacerlo, recuperarán dos millones de hectáreas de suelos degradados y darán empleo a casi un millón de personas”, señaló. “Este proyecto insumirá entre 150 millones y 300 millones de dólares y no tengo dudas de que recabaremos fondos, porque se hará de modo tal que los donantes aceptarán”, agregó. “Muchos países en desarrollo dicen que no hay financiamiento, y yo digo que no es así. O el proyecto que presentan no es correcto o no está presentado correctamente para atraer a los donantes. Nuestro trabajo es ayudarlos a volverlos suficientemente atractivos”, destacó Barbut. También citó a Gambia como otro ejemplo donde la necesaria voluntad política quedó de manifiesto cuando todo el gobierno, incluido el presidente, decidió embarcarse en un proyecto a muy gran escala y destinarle todo el dinero que le concedía el GEF. “Esto significa que ya tenemos unos 12 millones de dólares asegurados. Solo con hacer esto, mostrando al mundo que estábamos dispuestos a colocar en esto todo el dinero asignado, ya conseguimos al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (…), que dijo estar listo para agregar 45 millones de dólares”, señaló Barbut. En tanto, el guyanés Richard Byron-Cox, encargado de alineación de programas de acción y desarrollo de capacidad en la CNULD, dijo también que el financiamiento existe, pero que los países caribeños tienen varios problemas. El primero de estos, planteó, es que en el Caribe la mayor parte de la población no está formada para afrontar los efectos colaterales de postularse a estos fondos. “Lamento decir esto, pero algunos de estos fondos tienen tal procedimiento burocrático que nuestra población no está entrenada en áreas como cómo preparar proyectos y cómo vencer a esa burocracia”, señaló a IPS. “El segundo problema es que no estamos interesados. Realmente no salimos a buscarlo. En otras palabras, (el dinero) está allí para ser tomado, pero nosotros no nos acercamos a él de modo agresivo”, añadió. Byron-Cox dijo también que hasta hace poco los países caribeños habían creído que su problema era solamente el cambio climático, así que estaban concentrados en ese tema y en cómo conseguir dinero para combatirlo. Sin embargo, estaban enfrentando otro problema. “Buena parte de quienes nos dan dinero nunca quieren realmente dárnoslo para tierras. Prefieren dar dinero para construir un hospital, porque en ese caso todo procede de donantes del exterior: las ventanas, las puertas, los retretes y los ingenieros que lo construyen. Entonces dan 10 millones de dólares que después vuelven a ellos”, explicó. “Fuera de eso, cuando algo se rompe en el hospital o si se necesita nueva maquinaria hay que volver a ellos. Así que, en definitiva, ellos le habían dado 10 millones de dólares, pero le terminan dando 20 millones”, agregó. Entonces, según Byron-Cox, como los países caribeños saben que los donantes no suelen estar dispuestos a dar dinero para tierras, ni siquiera se molestan en pedirlo. Es tiempo de que los gobiernos del Caribe designan un supervisor que abarque todo lo relativo al ambiente en cada país, dijo, y uno de sus roles sería hallar los recursos necesarios. “Si tuviéramos un enfoque regional donde se compartiera la pericia, sería más fácil abordar este asunto”, expresó. “No tengo ninguna duda de que se puede hallar financiamiento. Está allí, y nosotros tenemos que salir a buscarlo agresivamente”, sostuvo. Artículos relacionados

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Comunidad mexicana exige alternativa sostenible a energía sucia

qua, 30/01/2019 - 19:54

La Central de Ciclo Combinado Centro, situada en la comunidad de campesinos nahuas de Huexca, en el centro de México, está prácticamente lista para operar, pero los pobladores de la zona lograron paralizar su apertura por la contaminación que puede ocasionar y proponen usar la instalación para una fábrica de paneles solares. Crédito: Emilio Godoy/IPSPor Emilio GodoyYECAPIXTLA, México, Jan 30 2019 (IPS) Organizaciones sociales del municipio de Yecapixtla, en el centro de México, lograron detener la construcción de una gran planta termoeléctrica en la localidad y ahora diseñan un proyecto para convertir la instalación en una fábrica de paneles solares, que daría dividendos socioeconómicos y ambientales a la zona. Antonio Sarmiento, del Instituto de Matemáticas de la pública Universidad Nacional Autónoma de México, delineó la idea cuando la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en marcha la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM), que consta de la planta generadora a gas y vapor, un gasoducto que atraviesa los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y un acueducto. “Se puede reconvertir la planta. Existen alternativas de uso. Se puede generar un importante desarrollo económico en la región y posibilitar el cambio energético”, aseguró a IPS el especialista, quien calcula una inversión de unos 260 millones de dólares.“No queremos que opere la termoeléctrica, porque va a dejar daños irreparables. Si es viable la planta solar, adelante. O que la conviertan en una universidad, así nuestros hijos no tienen que recorrer distancias largas para estudiar y exponerse a la inseguridad. Que se instale algo que valga la pena”: Teresa Castellanos. Sarmiento calcula que el uso de la mitad del área de la Central de Ciclo Combinado Centro,  que ocupa 49 hectáreas en la comunidad de Huexca y con capacidad de 620 megavatios (MW), permitiría la instalación de celdas fotovoltaicas, la siembra de cultivos debajo de esos dispositivos y la fábrica de paneles. La actividad agrícola, basada en la llamada tecnología agrofotovoltaica,  aprovecharía el agua retenida por los paneles y que caería sobre las plantas, sin llegar a evaporarse, como se practica en naciones como Alemania. Además, las celdas podrían alimentar también las bombas hídricas con las cuales los agricultores extraen el líquido de pozos en la zona. Para esa superficie de celdas, con una vida útil de 25 años, la generación sumaría 359 MW-hora por día, que satisfaría el consumo de 34.278 viviendas. El fluido generado abastecería al municipio y reemplazaría energía proveniente de plantas a base de carburantes fósiles, explicó el académico. Huexca, sede de la paralizada Central, a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México, está poblada por unos 1.000 habitantes, la mayoría indígenas nahua, parte del total de 52.000 personas que viven en Yecapixtla. La transformación evitaría el consumo de gas, la fuga de metano, el uso masivo de agua, la generación de residuos líquidos y el lanzamiento a la atmósfera de óxido nitroso, causante de la lluvia ácida que contamina el suelo y destruye los cultivos. La lucha de pobladores afectados Mediante varios amparos judiciales, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala y su aliada, la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM), han parado la terminación de la central y el acueducto, de 12 kilómetros de extensión, así como la entrada en operación del gasoducto, de 171 kilómetros de largo. Huexca y otras comunidades campesinas nahuas, en acciones iniciadas casi en paralelo al comienzo en 2012 de la construcción de la Central, lograron frenar el gasoducto desde 2017 por quebrantar sus derechos originarios. Además, grupos de ejidatarios (tenedores y productores colectivos de la tierra) detuvieron la extracción de agua del cercano río Cuautla para enfriar las turbinas de la planta desde 2015 y el Frente de Pueblos logró, al comenzar este año, la suspensión de la descarga de aguas tratadas a ese afluente. Un grupo de manifestantes bloquea el 28 de enero la entrada a la central termoeléctrica Centro, en la comunidad Huexca, en el municipio de Yecapixtla, en el estado de Morelos, en el centro de México. En sus carteles, le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que no traicione a su pueblo y paralice la planta. Crédito: Emilio Godoy/IPS Los opositores a la central recurrieron también a las protestas y bloqueos para paralizar un proyecto que afecta a más de 900.000 personas, entre ellas 50.000 indígenas de 37 pueblos originarios, según contabilizó en 2018 la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, buscan que el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo el 1 de diciembre, cancele el PIM y consensue con la población local el destino de la planta. “No queremos que opere la termoeléctrica, porque va a dejar daños irreparables. Si es viable la planta solar, adelante. O que la conviertan en una universidad, así nuestros hijos no tienen que recorrer distancias largas para estudiar y exponerse a la inseguridad. Que se instale algo que valga la pena”, planteó a IPS la activista Teresa Castellanos. Esa integrante de la APPM participa en la batalla contra la obra desde sus comienzos, lo que le ha valido persecución y amenazas. Por su activismo ella se hizo ganadora del Premio a la Creatividad de la Mujer en el Medio Rural 2018, otorgado por la no gubernamental Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres, con sede en Ginebra. La oposición a la central  de las comunidades afectadas, que viven de la siembra de maíz, frijol, calabaza, tomate y la cría de ganado vacuno y de cerdos, se centra en la falta de consulta, la amenaza a su actividad campesina, por la extracción del agua de los ríos, y las descargas de residuos líquidos. Contexto energético En el primer semestre de 2018, México contó con una capacidad instalada total de 75.918 MW, de los cuales 23.874 provienen de tecnologías limpias. La capacidad de las fuentes limpias creció casi 12 por ciento respecto al primer semestre del año previo. México asumió una meta de generación limpia de energía eléctrica de 25 por ciento para 2018, incluyendo quema de gas y grandes hidroeléctricas; 30 por ciento para 2021 y 35 por ciento para 2024. Pero la realidad es que la matriz renovable ronda solo siete por ciento, aunque podría alcanzar 21 por ciento en 2030 con políticas de fomento, según los datos de la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena). En 2021 entrarían en funcionamiento más de 200 generadores de energía limpia por 19.500 MW y de las cuales 136 se nutren del sol y 44 del viento, según datos de la estatal pero autónoma Comisión Reguladora de Energía. Según reiteró López Obrador durante la campaña electoral, su plan energético consiste en la construcción de una refinería en el sudoriental estado de Tabasco, la modernización de las seis procesadoras del Sistema Nacional de Refinación y de 60 hidroeléctricas, así como inversión en energía fotovoltaica. El presidente ha insistido en su negativa a cerrar plantas de la generadora estatal CFE, ante la necesidad de atender la creciente demanda energética de esta nación latinoamericana de unos 129 millones de habitantes, la segunda economía latinoamericana. Según los gubernamentales proyectos de inversión para 2019, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) tendría a su disposición unos 24.000 millones de dólares para exploración y extracción petrolera, la reconfiguración de seis refinerías y las obras iniciales de otra más. Por su parte,  la CFE podrá gastar unos 23.000 millones en proyectos como la renovación de 60 centrales hidroeléctricas y el desarrollo de la energía solar. La fábrica de paneles fotovoltaicos que se plantea como alternativa para Huexca, podría, de hecho, cubrir un importante déficit en la tecnología e insumos del sector en México, detallan especialistas. Esperanza en un cambio El presidente López Obrador planea visitar la zona el 11 de febrero y ya solicitó la elaboración de un expediente sobre la generadora y así decidir el futuro de una obra cuyo costo ha rondado los 1.000 millones de dólares. La población local no quiere el desperdicio de siete años de lucha contra la obra. “Necesitamos alternativas. Votamos por López Obrador, no nos puede fallar. Solo reclamamos el derecho a la vida”, demandó la activista Castellanos. Para el académico Sarmiento, los perjuicios ambientales y sanitarios serían mayores si la Central entra en operación. “El mantenimiento de la planta será más costoso que la generación solar. ¿Y qué pasará cuando cumpla su vida útil? Será inservible”, cuestionó. Mientras, las chimeneas mudas de la instalación esperan por una señal para eructar el humo de sus entrañas y las torres eléctricas languidecen sin fluido para transportar. Quizás nunca lo hagan, si se cumple el designio popular. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Patrimonio sumergido de Cuba bracea contra la invisibilidad

qua, 30/01/2019 - 14:54

Los restos de un barco de guerra hundido hace más de 120 años, desde la orilla de la playa de Juan González, en el municipio Guamá, en el este de Cuba. Algunas de estas piezas están amenazadas por los cambios ocurridos en la dinámica costera que se relacionan con el cambio climático. Crédito: Jorge Luis Baños/IPSPor Ivet GonzálezGUAMÁ, Cuba, Jan 30 2019 (IPS) Para ninguna persona que transite por la carretera Chivirico, pasa desapercibido el cañón y la torrera de un barco hundido que coronan las aguas de la playa del pequeño asentamiento rural de Juan González, en la oriental provincia de Santiago de Cuba. Oxidadas e imponentes, las partes expuestas del crucero acorazado “Almirante Oquendo”, que encalló y se hundió en esta localidad en 1898, luego de ser acribillado durante la batalla naval de Santiago de Cuba en la guerra hispano-cubano-estadounidense, pudieran ser el testimonio más visible del patrimonio subacuático cubano.“Si no hay conciencia local y comunitaria enfocada al espacio subacuático, si no se trabaja en la formación de valores conservacionistas en la población, entonces no se ha hecho nada”: Vicente González. Compuesto por una parte natural y otra cultural, la riqueza bajo aguas de los 5.746 kilómetros de costa del archipiélago cubano recibe hoy múltiples amenazas entre las que sobresale el desconocimiento humano y el creciente impacto del cambio climático, en un tipo de patrimonio que el mundo protege desde hace poco tiempo. “La historia a fondo no la sé… Creo que eran barcos españoles hundidos por barcos americanos (estadounidenses)”, dijo Yeinys Bárbara Pacheco, quien desde su patio trasero plagado de piedras y escasa vegetación divisa el cañón del Oquendo, un símbolo de Juan González y del municipio de Guamá, al que pertenece. Pacheco y su esposo, oriundos de otra ciudad, decidieron asentarse hace dos años y edificar su vivienda en Juan González, con unos 700 habitantes,  dentro del municipio más largo de Cuba. “Vivo con mi niño y mi esposo, aquí en la orilla de la costa, disfrutando del mar y el sol”, contó a IPS esta mujer que se dedica a atender su hogar, sobre lo que le atrajo del lugar. El pecio del Oquendo, como se conoce a las naves o partes de ellas sumergidas, compone para la joven el atractivo turístico de la zona. “A veces parquean buses con turistas internacionales que vienen a explorar el barco, otros grupos pasan en bicicletas, se bañan y de paso nadan hasta él”, dijo. Descolorido por el inclemente sol costero, un enorme cartel a una senda de la carretera que bordea la playa explica el valor y la historia del Oquendo, que fue parte de flota española en la batalla naval de la bahía de la ciudad de Santiago de Cuba, el 3 de julio de 1898, lo que supuso el fin de las colonias de España en América. Vicente González, director del estatal Centro Regional de Gestión y Manejo del Patrimonio Natural y Cultural Subacuático, habla con IPS sobre la importancia de conservar y monitorear el impacto de eventos extremos como huracanes en los sitios naturales y arqueológicos bajo las aguas de Cuba, en la sede de la institución, en la ciudad de Santiago de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS “Si no hay conciencia local y comunitaria enfocada al espacio subacuático, si no se trabaja en la formación de valores conservacionistas en la población, entonces no se ha hecho nada”, valoró Vicente González, quien dirige el estatal Centro Regional de Gestión y Manejo del Patrimonio Natural y Cultural Subacuático (Cubasub). Con sede en Santiago de Cuba, a 847 kilómetros al este de La Habana, la entidad adscrita a la Oficina del Conservador de la capital se encarga de investigar y velar por el patrimonio subacuático de las provincias de Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. Para el arqueólogo, la preservación de estos tesoros naturales y culturales enfrenta un grave problema en la actualidad. “Por lo general, no están a la vista y son privativos del grupo de personas que pueden acceder a ellos… el desconocimiento de su existencia hace que deje de ser patrimonio, es decir, algo a proteger”, valoró a IPS. Con un gran potencial por descubrir, la isla caribeña está rodeada de pecios que atestiguan la historia cubana y de la región de América Latina y el Caribe, paisajes naturales marinos como barreras de corales y sitios arqueológicos de comunidades aborígenes que quedaron bajo las aguas con el paso de los siglos. Entre los lugares patrimoniales de la zona atendida por Cubasub, figuran el Parque Arqueológico Batalla Naval de Santiago de Cuba, al que pertenece el Oquendo; y el Sitio Arqueológico Los Buchillones, ubicado en la costa norte de la provincia de Ciego de Ávila y donde mejor se conserva una aldea taína (indígena) prehispánica. Vista de una playa del municipio cubano de Guamá, el más largo del país, con 151 kilómetros de costas altamente vulnerables a huracanes y fuertes vientos, que afectan los tres pecios patrimoniales en su territorio, en la oriental provincia de Santiago de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS Por la parte natural, destacan las crestas de arrecifes coralinos del tipo Acropora palmata o Cuerno de Alce en el Parque Nacional Jardines de la Reina, que es un archipiélago de 250 islas vírgenes en la plataforma de las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey, con una flora y fauna de alto grado de endemismo. Especialistas aseguran que esta es la región del mundo más comprometida con la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (2001) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que busca la protección de este acervo sumergido. No obstante, en los diferentes países del área falta una mayor voluntad política para visibilizar el patrimonio subacuático y cambiar los marcos jurídicos para su protección, de manera que se reduzcan los buscadores de tesoros, explotación turística descontrolada y la depredación local por desconocimiento. González consideró que, en ese sentido, “se ha ganado mucho, sobre todo en el trabajo de las diferentes estructuras de la ciencia” en Cuba, aunque identificó como retos contrarrestar el desconocimiento, a través de la promoción comunitaria y de mayor alcance como una exposición fotográfica itinerante que el centro circula por el país. Otra línea del trabajo del centro, fundado en 2001, se enfoca al monitoreo del impacto en el patrimonio subacuático de fenómenos como los huracanes, que son cada vez más furiosos en el Caribe. Yeinys Bárbara Pacheco vive desde hace dos años en un casa a la orilla de la playa de Juan González, una pequeña localidad del el este de Cuba, donde está hundido un barco de guerra hace más de 120 años, que es parte del patrimonio sumergido de esta isla caribeña. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS “Se supone que el cambio climático puede afectarlo todo”, balanceó el especialista. “Hay que estudiarlo muy bien para incorporarlo a los procesos de investigación y de desarrollo, además de tenerlo en cuenta. Estos fenómenos a veces son cíclicos e impredecibles”, continuó el experto, sobre un tema en el que evitó “ser conclusivo”. “Lo que ocurre en los fondos marinos cuando pasa un huracán no lo notamos en la superficie y es muy difícil cuantificar el daño”, explicó el científico, quien aseguró que el centro realiza estudios de impacto y de monitoreo de la recuperación natural en costas de Santiago de Cuba y Guantánamo, que en 2016 fue azotada por Matthew. Un artículo científico publicado por González revela que el devastador huracán Sandy dañó elementos estructurales de un pecio en la playa de Siboney, en la costa santiaguera, que se conoce como el “barco fantasma”, porque estuvo durante casi un siglo oculto por la arena y el sedimento hasta 2005. Estudios locales y mundiales alertan de las afectaciones en los litorales, donde suele estar este tipo de patrimonio, que provocan los efectos del cambio climático como el incremento de las temperaturas, la elevación del nivel del mar y la ocurrencia de eventos extremos como fuertes huracanes y sequías extremas. “Tenemos que avanzar más en algunos sitios arqueológicos que se encuentran en peligro, porque la dinámica costera ha cambiado y pone en peligro dicho patrimonio”, indicó González. Guamá, en cuyas costas de 151 kilómetros resguarda tres pecios, “es muy vulnerable a la amenaza de fenómenos naturales”, dijo a IPS la vicealcaldesa Freya Elías. Con costas a un extremo y montañas al otro, el municipio largo y estrecho de 35.442 habitantes sufre huracanes, fuertes vientos, deslaves y sequías. Cubasub y entidades como el Gabinete de Arqueología de La Habana y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, elaboran de forma progresiva la Carta Arqueológica, que aún no es pública, para localizar y registrar los sitios patrimoniales en la plataforma insular. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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El efecto Trump en el sistema de las Naciones Unidas

qua, 30/01/2019 - 13:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante las sesiones de la Asamblea General en septiembre de 2018.Por Thalif DeenNACIONES UNIDAS, Jan 30 2019 (IPS) La ONU, que encarna los principios fundamentales del multilateralismo desde su creación en 1945, es sistemáticamente objeto de los alardes imperialistas del gobierno de Donald Trump. Estados Unidos ya saboteó en 2015 el pacto nuclear multilateral con Irán, se retiró del acuerdo sobre cambio climático firmado ese año en París, se negó a participar en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018, abandonó el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, desestimó la relevancia de la Organización Mundial del Comercio (OMC), revocó el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio firmado en 1987 con Rusia, y se retiró tanto del Consejo de Derechos Humanos como de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Todo esto fue apenas el comienzo. Tal vez haya más medidas de este tipo que esperar para los próximos dos años de la impredecible presidencia de Trump. Mientras continúa socavando los tratados internacionales y las entidades que los representan, el gobierno de Trump también ha arremetido contra la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya y de la que nunca fue miembro, amenazando a sus jueces con sanciones si investigan crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán o por las israelíes en Palestina. La amenaza contra la CPI fue reafirmada en septiembre por parte del consejero de Seguridad Nacional John Bolton, exembajador de Estados Unidos ante la ONU, otrora célebre por decir que si se rebanaran 10 pisos del edificio del foro mundial (que tiene 38) no se notaría la diferencia. Lo trágico de todo esto es que varios países con gobiernos de derecha, como Brasil, Filipinas, Hungría y Polonia, siguen los pasos de Estados Unidos. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte que el multilateralismo es atacado precisamente cuando más se lo necesita. Norman Solomon, director ejecutivo del Institute for Public Accuracy, con sede en Washington, dijo a IPS que, en la situación actual, la ONU está ampliamente a merced de sus estados miembro más poderosos. Setenta años después de adoptarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sus principios suelen ser violados por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia), así como por los gobiernos de muchos otros países, sostuvo Solomon. “Es duro ver cómo la ONU puede avanzar efectivamente en la promoción de los ideales de la Declaración Universal en el mundo real sin desafiar a las naciones que dominan al foro mundial”, agregó. Los estados de la ONU cuyas manos están más limpias que las de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad a menudo parecen intimidados por los gobiernos más poderosos, señaló Solomon. Lo único que se puede esperar es que individuos, organizaciones y naciones se pronuncien honestamente sobre la cuestión del poder, así como fundar coaliciones internacionales para la defensa de los derechos humanos, la democracia, la protección ambiental y la paz, opinó. En un discurso ante delegados del foro en diciembre, Guterres lamentó el avance del unilateralismo en detrimento del multilateralismo. También urgió a los líderes mundiales a renovar su compromiso con un orden de derecho pautado por los principios de la ONU en pro del “bien común” y a fin de “reconstruir la confianza”. Stephen Zunes, profesor de Política en la Universidad de San Francisco, dijo a IPS que el ultranacionalismo del gobierno de Trump y su rechazo a los principios legales internacionales, así como a las iniciativas multilaterales, perjudican a la ONU y a la comunidad internacional en varios planos. Una de las consecuencias es que a Estados Unidos ya no lo toman tan en serio como antes. Aunque influyó positivamente en varias áreas de la ONU, en otras debilitó principios básicos del derecho internacional y esfuerzos de la diplomacia multilateral, planteó Zunes. Esto incluyó la invasión a Iraq de 2003, el frecuente abuso de su poder de veto, el rechazo a las casi unánimes decisiones de la Corte, ataques a varias agencias de la ONU que documentaron crímenes de guerra y otros delitos cometidos por Estados Unidos o sus aliados, y el apoyo a las ocupaciones por parte de Israel y de Marruecos, entre otros asuntos. “Estados Unidos ha salido impune de su ejercicio de influencia desproporcionada sobre la ONU desde que ésta se creó”, dijo Zunes. Sin embargo, el hecho de que la reputación de Estados Unidos esté en su punto más bajo puede hacer que otros países empiecen a asumir un mayor liderazgo, creando así un orden mundial más pluralista, declaró. En un discurso ante la Asamblea General que pronunció en septiembre, Trump dijo que su embajadora saliente ante la ONU, Nikki Haley, había presentado una agenda clara en materia de reformas, pero que el foro nunca las había concretado. Así es que Estados Unidos actuó de la única manera responsable, dijo, argumentando: “Nos retiramos del Consejo de Derechos Humanos y no volveremos hasta que se implemente una reforma real”. Por motivos similares, según Trump, Estados Unidos no reconocerá a la CPI, ya que considera que ese tribunal “no tiene jurisdicción, ni legitimidad, ni autoridad”. El presidente estadounidense añadió que la CPI se arroga una jurisdicción casi universal sobre los ciudadanos de todos los países, lo que viola los principios de justicia y del debido proceso. “Nunca entregaremos la soberanía de Estados Unidos a una burocracia global no elegida e irresponsable”, declaró. También dijo que su país no participará en el nuevo Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular porque “las migraciones no deberían ser gobernadas por una entidad internacional que no se hace responsable ante nuestros propios ciudadanos”. Esta retórica nacionalista, que aseguró promueve el “patriotismo” en vez del “globalismo”, fue precedida por drásticos recortes en los fondos que Estados Unidos aportaba a por lo menos dos agencias de la ONU. Se trata del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Al UNFPA le retiró por completo los 69 millones de dólares que le aportaba, mientras que a la UNRWA le redujo 300 millones. En una conferencia de prensa realizada en octubre y en la que anunció su decisión de renunciar como representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Haley dijo que durante los dos años de su gestión redujo “1.300 millones de dólares en el presupuesto de la ONU”. “La hemos vuelto más fuerte. La hemos vuelto más eficiente”, aseguró. Artículos relacionados

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¿Tornados en el Caribe?

ter, 29/01/2019 - 18:45

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Jóvenes voluntarios acompañan búsqueda de desaparecidos en México

ter, 29/01/2019 - 12:18

Karina Morales, junto a otra voluntaria, participa en la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, en el municipio de Huitzuco, en el suroeste de México. Crédito: Efraín Tzuc/Pie de PáginaPor Efraín TzucHUITZUCO, México, Jan 29 2019 (IPS) Con la consigna “Los desaparecidos de unos son los desaparecidos de todos”, jóvenes de todas las entidades de México se integraron de forma voluntaria a la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Impactados desde la niñez o adolescencia por la espiral de violencia que envuelve al país, los muchachos acompañan a otros de sus contemporáneos que buscan a sus familiares o amigos. Es poco más de la una de la tarde y el sol aprieta en el cerro de la Antena de los Timbres, en el municipio de Huitzuco, en el estado de Guerrero, en el suroeste de México. Kevin Guzmán, de 19 años, y Karina Morales, de 25, escarban con sus manos dentro de una fosa clandestina mientras un perímetro de familiares de personas desaparecidas, voluntarios –a quienes se les llama solidarios– y periodistas guían y observan las labores. Es el primer día de búsqueda en campo después de un fin de semana en el que los familiares y las personas solidarias convivieron y recibieron capacitaciones en el marco de la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda, que en esta ocasión llegó a Huitzuco, a 30 kilómetros de la ciudad de Iguala. A diferencia de las pasadas brigadas, según mencionan los organizadores, en esta ocasión el número de brigadistas es mayor. Resaltan rostros cada vez más jóvenes que contrastan con la imagen ampliamente difundida de las madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidas. Ellos y ellas son también hijos, hijas o hermanos y hermanas de un desaparecido, otros más llegaron de manera voluntaria movidos por el deseo de apoyar a la brigada como solidarios. A todos ellos los une haber crecido en la década más violenta del país. Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, la desaparición ha atravesado a todo México, sin embargo, sus víctimas son predominantemente personas jóvenes. Hasta abril de 2018, según datos del extinto Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED, la única base pública del gobierno Federal que puede ser consultada),  40,3% de las personas desaparecidas se encontraba entre los 15 y 29 años de edad. Desaparecer en una misma Viridiana Morales Rodríguez tenía 21 años cuando desapareció en San Pedro Tlanixco, en el estado de México, el 12 de agosto de 2012, “hace seis años, cinco meses”, me dice Karina, su hermana, como si ya no hiciera falta el cálculo mental y los meses solo se apilaran uno tras otro en su cabeza. Kevin Guzmán, de 25 años, participa junto con su hermana Tania, de 23, en la Brigada de Búsqueda de Desaparecidos de este año en México. Crédito: Efraín Tzuc/Pie de Página Cuenta que cuando recién desapareció Viridiana, familiares, amigos y autoridades por igual le preguntaban por su mamá y le pedían que la cuidara; ella se hizo tan responsable de que su mamá estuviera bien que se olvidó de sí misma, olvidó que Viridiana también es su hermana. Karina recuerda que tuvo que dejar sus estudios en docencia porque era muy doloroso ir a la escuela sabiendo que su hermana no estaría en la facultad de al lado, la de psicología, en donde incluso a la fecha hay un mural con su rostro. También cuenta que se aisló mucho. “Yo sentía que nadie me entendía. No quería llorar enfrente de mi mamá ni de mi hermano porque no quería que ellos se sintieran más mal; enfrente de los demás menos, porque yo decía ‘nadie me entiende’, porque muchos me abrazaban pero no sabían qué decirme”, explica. En algún punto de estos seis años y cinco meses, Karina decidió estudiar derecho e involucrarse más en la búsqueda para sentirse parte de una lucha colectiva y poner su granito de arena. También participó en la organización de la tercera caravana de búsqueda en vida que se realizó el año pasado Morelos, en donde vive. Ahora está aquí, en Huitzuco, esperando encontrar, al menos, al familiar de alguien para devolverle algo de paz. Tenía 18 años cuando su hermana desapareció, justo la edad que tiene ahora Kevin, el chico con el que desenterró el único cuerpo localizado en el cerro de la Antena de los Timbres. Saberse desaparecido A Jorge Alejandro Salas lo conocí mientras conversaba con el señor Raúl Álvarez, que tiene desaparecido a su hijo Álvaro Ramírez Rodríguez desde el 9 de mayo de 2016. Jorge escucha atento y pregunta poco, su voz es firme pero suave. No omite decirle al señor Raúl que “estamos con usted” antes de alejarnos para tener la entrevista. Tiene 23 años y es egresado de la licenciatura en sociología. Es un solidario, o sea, no tiene a ningún familiar desaparecido. Se decidió a venir a la brigada apenas la semana anterior a que esta iniciara; su novia se había registrado en la convocatoria pero por razones laborales no pudo venir, Jorge tomó su lugar y viajó de Ciudad de México a Huitzuco el 18 de enero. Jorge Salas, uno de los jóvenes voluntarios en la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Crédito: Efraín Tzuc/Pie de Página Su asistencia no es tan fortuita, investiga la desaparición forzada para su tesis de licenciatura y, por su propia formación, se considera una persona sensible. Me decía que después de conocer el terror y el dolor de las desapariciones desde una perspectiva académica, sentía la necesidad de venir y poner el cuerpo al lado de los familiares. Jorge tiene claro que viene a apoyar, desde estar en la cocina hasta dar un abrazo solidario. “Hace un rato estuve ayudando a las muchachas que son pobladoras de acá, que les pidieron ayuda en la parroquia a enrollar tacos dorados, pero mientras enrollo tacos dorados estoy platicando con ellas sobre cómo es la situación aquí, cómo están de escuelas, cómo están de trabajos, porque eso a mí me hace darme una perspectiva más amplia del horizonte en cuanto a cuáles son los factores para que haya este tipo de violencias acá”, detalla. El miedo no escapa de nuestra conversación, salir de casa a uno de los estados más violentos del país para buscar en fosas clandestinas no es una tarea que espera realizar cualquier persona que no tenga la necesidad de encontrar a un familiar. La mamá de Jorge sufrió su partida. La posibilidad de desaparecer o ser víctima de cualquier otra agresión está presente. También le sucedió a Marisol Arvizú Herrera, ella vive en Chimalhuacán, también el estado de México, tiene 23 años y egresó de la licenciatura de psicología social. Marisol no había pensado mucho en la brigada hasta dos días antes de venir a Huitzuco. “Yo no sé qué pasaría contigo si desaparecieras y siempre me preocupo porque sé que andas muy tarde en la calle y sé cómo es violento el país”, le dijo su padre. En ese momento la posibilidad surgió. “Pasó de eso un día y no podía dejar de pensar, tenía una especie de nudo en la garganta de imaginar el dolor de los otros, no sé si te ha pasado, a veces el dolor ajeno se siente tan fuerte que no sabes ni qué hacer, como que quieres llorar pero también estás enojado y ya, la respuesta era venir acá”, narra. Además de haber estudiado psicología social, Marisol es compositora y música. En un par de ocasiones la vimos sacar su ukulele, la pequeña guitarra acústica, y compartir con ella “un poco de paz y también de rabia” porque, dice, es otra forma de canalizar las emociones y de traer también emociones positivas. Marisol tiene un canción sobre la desaparición, se llama “Voz casi muda”. Nos la cantó en una fogata durante la segunda noche de la brigada. Después le pregunté por la canción y me contó que la escribió cuando fue la desaparición transitoria de Marco Antonio en la Ciudad de México el año pasado, un chico que entonces tenía 17 años: “Nació de la impotencia de saberme tan pequeña y que realmente no puedo hacer nada para enfrentar a la macroestructura, pero en ese momento se me ocurrió que esa canción sí podría dar voz a las voces que han sido silenciadas, por eso se llama ‘Voz casi muda’, porque sé que para esta canción, a menos de que se volviera súper viral, bastaba con que esta voz pequeña, esta Mari cantando, fuera escuchada y que supieran que hay personas que también vemos y vivimos ese dolor en formas diferentes y perspectivas diferentes”.   Marisol Arvizú, de 23 años, proveniente del estado de México, que apoya la búsqueda de desaparecidos. Crédito: Efraín Tzuc/Pie de Página A ella la invitó un conocido suyo que colabora en Centro de Estudios Ecuménicos, una organización que colabora de cerca con el equipo organizador. Buscar es restituir la vida A Ernesto Mello Ulloa lo vi en un grupito de chicos y chicas entre unos 17 y veintipocos años. Reían, se tomaban fotos y comían juntos. Él tiene 19 años y, como los demás jóvenes entrevistados, esta era su primera brigada de búsqueda de personas. Vino con su padre Demetrio Melo Miranda y su madre Catalina Ulloa Arredondo. Su hermano desapareció junto con los hijos de María Herrera, Mamá Mary, como le dicen de cariño. Cuando Gabriel, el hermano mayor de Ernesto, desapareció, él apenas tenía 10 años. Le pregunté qué significaba la búsqueda para él, pensando en un ejercicio colectivo que hicieron todos los brigadistas, familiares y solidarios, un día antes. Ernesto lo tiene claro, para él no se trata solo de buscar a su hermano porque buscar también es compartir su experiencia con otros chicos de primaria y secundaria aquí en Huitzuco, para que no sigan el mismo ejemplo que han seguido otros jóvenes en los años pasados y para que vean que el crimen organizado no es la única salida. Así, la búsqueda no se limita a remover la tierra, en palabras del propio Ernesto, la búsqueda tiene que ver con “tener una seguridad de que el país puede cambiar, no a través de las organizaciones de gobierno sino a través de muchas experiencias que hemos pasado cada uno de nosotros”. La misma pregunta me respondió Edwin Hernández González, estudiante de tecnologías de la información, también de 23 años. Para él, además de encontrar a las personas, la búsqueda también es por encontrar su vida, sus experiencias, el cariño que le tenían sus familiares. Lo resume así: “no estamos buscando cuerpos, estamos buscando una vida y todo lo que conlleva”. Su respuesta es bastante similar a la de Jorge Salas, para él la búsqueda es una acción restitutiva de la vida. Él me advierte que podría ser paradójico pero parece estar convencido de que buscar es dar vida a quienes ya no la tienen y se encuentran lejos de sus familias, ocultos debajo de la tierra. Insiste: “le das vida en el sentido en que lo devuelves de ese espectro de la desaparición que desde lo jurídico hasta lo simbólico tiene muchas implicaciones. Es como dicen, los huesos también hablan y los huesos también cuentan una historia”. Encontrar no es un consuelo Encontrar no es un consuelo, advierte Tania Guzmán. Tiene 25 años y vino con su hermano menor, Kevin. A su papá lo desaparecieron el 13 de agosto de 2017, cuando ella tenía 23. Pasó 6 meses en una fosa clandestina en el municipio de Jalisco, Nayarit, y otros 5 en el Servicio Médico Forense de Tepic, mientras ella lo seguía buscando. Encontrar no es consuelo, repite. Ella no quería encontrarlo así. Edwin Hernández González, de 23, y Ernesto Mello Ulloa, de 19, se acompañan en la búsqueda de personas desaparecidas por los poblados del suroccidental estado de Guerrero. Crédito: Efraín Tzuc/Pie de Página A Tania la indignación le saca un par de lágrimas. Su voz tiembla del coraje y dice: “a mí me han dicho muchas veces que a mi papá se lo llevaron por una equivocación. Eso no es consuelo. No es un examen donde si me equivoqué lo borro y pongo la respuesta correcta. A mí me dicen ‘sí, fue una equivocación pero ya no tienes a tu papá’, o ‘aquí están sus restos’. Eso no es consuelo para mí. Tuvo un fin que nadie merece, nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a una persona nomás porque sí”. Algunos familiares de personas desaparecidas que fueron localizados sin vida –asesinadas, para evitar eufemismos– siguen buscando, como Tania y Kevin. “A mi padre lo devolvió una lucha. Una búsqueda. Entonces si a mí me dicen y yo digo ‘no’, me siento mal hasta conmigo misma”, dice ella. Similar es la respuesta de Kevin: “decidí venir por lo mismo de que como encontraron a mi papá, pues me gustaría como quien dice devolver ese favor, y ayudar a la gente que lo necesita”. Heredar la búsqueda Tita Radilla es una veterana en la búsqueda de personas. Su papá, Rosenda Radilla, fue desaparecido en 1974 durante la época de terrorismo de Estado conocida como “Guerra sucia”. Como mamá Mary, Tita es respetada y querida por las y los familiares de personas desaparecidas. Karina me contaba que, hablando con Tita, ella le decía que le daba gusto que personas más jóvenes se unieran a la búsqueda porque ese trabajo ahora les tocaría a ellos. Parece una responsabilidad ineludible, pues las personas continúan siendo víctimas de desaparición en el país. Sin embargo, eso provoca sentimientos encontrados. Sobre esto, Tania Guzmán decía “es bonito pero no, al mismo tiempo no, porque qué tiene de padre que cuando tenga un hijo lo traiga acá”. A veces, la búsqueda parece ser un punto de encuentro en el que florece la esperanza, un espacio en el que la experiencia compartida permite el abrazo solidario, como un escape del mundo de la indolencia en el que la desaparición parece ser algo excepcional. Otras veces, la búsqueda es una injusta carga que se les pone a las familias, abandonadas tanto por las autoridades que deberían protegernos a todas y todos como por la misma sociedad que, a veces con miedo, rehúye a la mirada de quienes sufren por no saber el destino de sus seres queridos. La brigada nacional de búsqueda surge como un espacio para construir. Jorge Salas lo decía con una claridad que merece la pena replicar: “lo que hacemos aquí al apapacharnos entre todos, seamos o no familiares, es empezar a reconstruir. Eso es lo que yo decía cuando estaba en mi casa, es que yo quisiera ir a apoyar, a reconstruir allá a donde otras personas han destruido”. Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.   El artículo Jóvenes voluntarios acompañan búsqueda de desaparecidos en México fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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La madeja de la desertificación se desteje en Guyana

ter, 29/01/2019 - 12:00

Por culpa de la degradación de suelos, el planeta pierde 12 millones de hectáreas anuales de tierra fértil. Esta fotografía de 2013 registra los esfuerzos por reverdecer partes del desierto de Kubuqi, el séptimo más grande de China. Crédito: Manipadma Jena/IPSPor Desmond BrownGEORGETOWN, Jan 29 2019 (IPS) El nexo entre desertificación, degradación de suelos y cambio climático es uno de los principales temas que esta semana congregan a las 197 partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación. La 17 sesión del Comité para la Evaluación de la Implementación de la Convención (CRIC17, por sus siglas en inglés), que comenzó el lunes 28 y prosigue hasta el miércoles 30, tiene por escenario a Guyana, Estado miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom). Se trata de la primera reunión de una entidad subsidiaria del Convenio en llevarse a cabo en el Caribe anglófono. Troy Torrington, director de asuntos multilaterales y globales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana, dijo que se trata de una cita importante para el Caribe, ya que pone de relieve el rol de los suelos en el combate al cambio climático. “Es crucial que hagamos mayor énfasis en la tierra si queremos tener éxito en afrontar el desafío climático mundial”, señaló Torrington a IPS. “En efecto, la tierra realiza varios aportes importantes al clima. Uno de los principales tiene que ver con el secuestro de carbono. Este enriquece la tierra… y con una buena planificación, manejo y prácticas en el uso de la tierra, se puede impulsar de modo significativo las soluciones al desafío climático mundial”, agregó. Troy Torrington, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guayana, sostiene que para abordar el cambio climático hay que hacer un mayor énfasis en la tierra. Crédito: Desmond Brown/IPS En 2009, Guyana firmó un pacto con Noruega según el cual el país nórdico accedió a pagar hasta 250 millones de dólares en un plazo de cinco años para que Guyana mantuviera baja su deforestación. Fue la primera vez que un país industrializado, consciente de sus propias emisiones de dióxido de carbono, pagó a un país en desarrollo para que mantuviera sus árboles en pie. El pacto tuvo lugar en el marco de la iniciativa REDD+  (de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques), desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas. Melchiade Bukuru, director de la oficina de enlace de la Convención en Nueva York, coincidió con Torrington en materia de secuestro de carbono, observando que éste, que otrora perteneció al suelo en el que sirve como fertilizante, es un contaminador aéreo. También dijo que para lograr la neutralidad en la degradación de suelos es necesario que unos 500 millones de acres (unos dos millones de kilómetros cuadrados) de tierras degradadas vuelvan a ser fértiles. “A menos que aprovechemos la capacidad de nuestro suelo de secuestrar carbono para devolverlo a donde pertenece, no podremos lograr ni siquiera el objetivo de dos grados estipulado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, expresó Bukuru. En la 21 Conferencia de las Partes (COP21) de la convención climática se aprobó el Acuerdo de París, que se comprometió a impedir que el recalentamiento planetario no supere los dos grados, así como a realizar esfuerzos para limitar el aumento de temperaturas a 1,5 grados y a llegar a las cero emisiones netas en la segunda mitad de este siglo. Bukuru dijo que la degradación de suelos es también un importante desafío para los países, añadiendo que cada año el planeta pierde 12 millones de hectáreas de tierra fértil por culpa de este fenómeno. Melchiade Bukuru, director de la oficina de enlace de la Convención sobre Desertificación en Nueva York, saluda a Andrea Sealy, del Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología. Crédito: Desmond Brown/IPS Mientras, las tormentas de arena y polvo también forman parte del debate. Andrea Sealy, meteoróloga del Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología, con sede en Barbados, planteó que episodios severos de polvo en el Sahara afectan de manera significativa la calidad del aire, especialmente en los países del oriente del Caribe. “Si hay mucho polvo, éste también perjudica a los paneles solares. Al quedar cubiertos de polvo, disminuye la cantidad de radiación que absorben. Así que ese es otro tema que necesitamos examinar, porque en la región dependemos en buena medida de la energía solar y nos volveremos aún más dependientes”, dijo Sealy a IPS. “El polvo también afecta a los ecosistemas marinos. Es posible que afecte, además, a los ecosistemas terrestres. Se han realizado estudios sobre la Amazonia que muestran que tiene un efecto positivo sobre el suelo. Sin embargo, en los ecosistemas marinos repercute negativamente porque se producen brotes de algas”, explicó. Como en los últimos años varios países experimentaron períodos de sequías extremas, el comisionado de tierras y sondeos de Guyana, Trevor Benn, dijo que la tierra y el agua están ligadas inextricablemente. Benn señaló el caso del vecino Barbados, explicando que esa nación insular se está quedando sin agua, pero agregando que algunas personas no logran ver hasta que punto esa escasez se vincula con el uso de la tierra. En el marco de la Convención sobre Desertificación, la CRIC17 evaluará el primer estudio global de la degradación de la tierra en base a datos de observación del planeta reportados por los gobiernos. El estudio muestra las tendencias en materia de degradación de suelos entre 2000 y 2015, en base a datos aportados por 145 de los 197 países que son parte del pacto, y se prevé que sirva como punto de partida para examinar los avances en la reducción. La CRIC17 incluirá diálogos interactivos sobre tres asuntos emergentes relacionados: el plan de acción de género como herramienta para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas por la degradación de suelos, nuevas fuentes de financiamiento de iniciativas para el combate a este flagelo, y el avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 15.3. El mismo se propone, para el año 2030, “luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo”. La CRIC se reúne una vez entre las sesiones de la COP a fin de evaluar los informes de cada país presentados de acuerdo con las decisiones de la misma. Artículos relacionados

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Tsunamis mineros se convierten en repetidas tragedias en Brasil

seg, 28/01/2019 - 17:46

Parte de uno de los equipos de rescate el lunes 28 de enero, en la localidad brasileña de Brumadinho, donde la rotura de un dique en una balsa de residuos mineros provocó una nueva tragedia humana y ambiental en Brasil. Crédito: Ricardo Tucker/Fotos PúblicasPor Mario OsavaRÍO DE JANEIRO, Jan 28 2019 (IPS) Brasil seguirá sufriendo tsunamis mineros como el que ha ocasionado la muerte de más de 300 personas en Brumadinho el 25 de enero, que repite el colapso de otro dique de residuos que provocó 19 muertes y ahogó en fango el río Doce en 2015. Es el dramático diagnóstico de Julio Cesar Grillo, superintendente del gubernamental Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) en Minas Gerais, el estado brasileño más afectado por la maldición de la minería, grabada en su propio nombre. Desde 2002, en Minas Gerais, en el sureste del país, se ha roto cada dos años en promedio una de las balsas que almacenan los relaves, los residuos minerales mezclados con barro estéril. Es un récord que concentra 25 por ciento de estos accidentes a nivel mundial, que promedia el número de dos por año,  destacó Grillo a IPS. En ese estado se localizan 220 de las 449 presas de relave incluidas en el Programa Nacional de Seguridad de Presas de la Agencia Nacional de Minería, órgano regulador del gobierno central. En total en el país hay 839 depósitos de relaves, pero los demás no se incluyen en el programa por no representar un peligro. La rotura del embalse Fundão el 5 de noviembre de 2015 en Mariana, un municipio de 60.000 habitantes en el centro del estado, era hasta ahora la mayor catástrofe ambiental de Brasil. El fango mineral extinguió la vida a lo largo de los 500 kilómetros del río Doce, que transportó la contaminación hasta el océano Atlántico. La letalidad casi 20 veces mayor de Brumadinho, un municipio de 39.000 habitantes a 85 kilómetros  de Mariana, se debe básicamente a que el centro administrativo de la mina Feijão (frijol), explotada por la empresa Vale, estaba a 1,6 kilómetros cuesta abajo de la represa Córrego do Feijão (riachuelo del frijol). El relave de Brumadinho era de 12,7 millones de metros cúbicos, un cuarto del volumen del de Mariana. Los daños ambientales serán menores, pero la tragedia humana mucho peor, reconoció Fabio Schvartsman, el presidente de Vale, la principal compañía minera de Brasil y la mayor exportadora mundial de hierro, antes de conocer los datos de las pérdidas humanas. Al estallar el dique, poco después del mediodía del viernes 25, gran parte de los trabajadores de la mina, estimados en 427 por la empresa, estaban almorzando. En pocos minutos el barro sepultó todo el complejo administrativo, incluyendo el comedor. No sonó la alarma prevista en caso de accidentes, según sobrevivientes. En la mañana de este lunes 28, hora local,  el Cuerpo de Bomberos, que coordina la búsqueda de sobrevivientes, anunció la confirmación de 60 muertos, solo 19 identificados. Los desaparecidos eran 292, sepultados entre una masa de entre 15 y 20 metros de barro tóxico, y se logró rescatar 192 personas, entre las cuales ha decenas de heridos. El Córrego do Feijão (riachuelo del Frijol), sepultado por el desbordamiento del depósito de residuos minerales de la mina de hierro de la empresa Vale, en Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, donde centenares de represas de relaves amenazan a la población, los ríos y la naturaleza. Crédito: Isac Nóbrega/PR-Fotos Públicas ¿Cómo fue posible construir allí el centro administrativo, una trampa en la línea de destrucción del tsunami de fango? “Los empresarios mineros no admiten que pueda ocurrir lo peor, aunque sepan que no hay riesgo cero. Ignoran el principio de la precaución, eluden las normas y minimizan los daños. Es el capitalismo salvaje”, resumió Grillo en su diálogo con IPS Su convicción de que las tragedias se repetirán se debe a esa actitud de las firmas mineras y la imposibilidad de aprobar una legislación adecuada, al menos en el singular caso de Minas Gerais. Un proyecto de ley regional elaborado tras la tragedia de 2015, con participación de órganos de control como Ibama y el Ministerio Público (fiscalía), organizaciones ambientalistas y comunidades, fue rechazada en la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, pese al apoyo de más de 50.000 firmas de electores, lamentó Grillo. Las empresas mineras presionan a los legisladores, reconoció, coincidiendo en ello con el único diputado que votó por la propuesta, el socialdemócrata João Vitor Xavier. Los opositores al proyecto argumentaron que una ley tan rígida “volvería inviable la minería”. Evitar nuevas tragedias mineras solo sería posible eliminando esas balsas de relave, con “la disposición en seco de los desechos”, según Grillo, ingeniero de 66 años volcado a innovaciones tecnológicas y luchas ambientales. “Hay cinco técnicas ya comprobadas en Minas Gerais, incluso por la Vale, que le quitan agua al relave, haciéndolo casi sólido, un residuo que se puede aprovechar en la construcción, para hacer hormigón o base de pavimentación de carreteras”, explicó. Eso incluye la filtración y otras técnicas de tratamiento que se descartan porque representarían costos adicionales. “Podría reducir utilidades en 0,5 o uno por ciento, nada excepcional. Pero las empresas prefieren arriesgar, maximizar las ganancias”, señaló el superintendente de Ibama, en el cargo desde diciembre de 2017. Militares de Israel llegaron el lunes 28 de enero al estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, para ayudar al rescate de las 292 personas que aún permanecían desaparecidas tras el desbordamiento de una balsa de residuos mineros en Bramadinho. Crédito: Renato Cobucci/Agência de Brasil Y tragedias más graves están al acecho. En Paracatu, 430 kilómetros al noroeste de Brumadinho, el depósito de relave es de 475 millones de metros cúbicos, 12 veces el de Fundão en Mariana, realzó Grillo. Además, sus desechos son más letales, porque incluyen arsénico y cianuro, ya que se trata de un yacimiento de oro, no de hierro como los de Mariana y Brumadinho. Esa mina es explotada por el grupo canadiense Kinross Gold, que controla 22 por ciento de la producción de oro en Brasil, y con presencia también en Chile, América del Norte, África y Rusia. “Perderíamos el río São Francisco por más de un siglo”, si se rompe el dique en Paracatu, advirtió Grillo. Ese río es uno de los ríos más largos de Brasil, con una extensión total de 2.830 kilómetros, y la mayor fuente de energía eléctrica de la región del Nordeste del país. Las muertes serian incalculables, no solo porque el barro sepultaría las poblaciones  ribereñas, sino también porque se envenenaría el agua de millones de familias, en la cuenca de 641.000 kilómetros cuadrados. Una mortandad más inmediata es un riesgo para Congonhas, 50 kilómetros al sureste de Brumadinho, donde “en cinco minutos el relave sumergiría un barrio de más de 20.000 habitantes, ubicado a 300 metros abajo del dique”, teme el ingeniero ambientalista. La repetición de esas tragedias es previsible también para Bruno Milanez, profesor de la Universidad Federal de Juiz de Fora, la segunda mayor ciudad de Minas Gerais, por detrás de su capital, Belo Horizonte. “No discutimos si habrá otros accidentes, sino cuando ocurrirán”, dijo en entrevista al diario Folha de São Paulo del 28 de enero. Las empresas expanden sus minas cuando sube el precio del mineral y recortan costos de mantención en la baja, luego estallan sus presas de relave, explicó el especialista, quien coordina un núcleo de investigación sobre minería y ambiente. Belo Horizonte, con sus 2,5 millones de habitantes, está rodeada de minas que han ido rebajando sus cerros y amenazan sus aguas. Brumadinho, a 40 kilómetros en línea recta, integra la región metropolitana. El depósito de relave estallado ahora ya contaminó el río Paraopeba, una fuente que será reemplazada por otros manantiales, aseguraron las autoridades hídricas. El barro ahora deberá escurrir ahora hasta ser contenido en la represa hidroeléctrica de Retiro Baixo, a 220 kilómetros río abajo. “El sacrificio de esa fuente de energía evitará daños ambientales más graves”, que podrían llegar al São Francisco, comentó Grillo. Mientras, hay minas cuyos residuos amenazan el Parque Rola Moça y las sierras del Curral y de Piedade, todas en las cercanías de Belo Horizonte. Las maniobras empresariales dificultan la prevención de accidentes. Hay empresas que se declaran en quiebra luego de explotar los yacimientos durante algún tiempo, dejando detrás pesados pasivos ambientales. Vale, fundada en 1942 como estatal y privatizada en 1997, es socia de la mina accidentada en Mariana y tiene otras 140 unidades en Brasil. En el caso de Brumadinho, logró autorización para expandir la mina, presentando la propuesta junto con la desactivación del relave. “Me abstuve en la votación porque el paquete presentado juntó un proyecto positivo y otro negativo”, porque profundizar la excavación minera contaminaría la napa freática que abastece la población aledaña, concluyó Grillo. La tragedia humana y ambiental de Brumadinho sucedió apenas tres días después de que el presidente Jair Bolsonaro, de extrema derecha, se jastase en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza de que “somos el país que más preserva el medio ambiente en el mundo”. En las redes sociales, cientos de usuarios esperan quela catástrofe sirva, al menos,  para que su gobierno contenga su promesa de reducir las reglas de preservación ambiental. Edición: Estrella Gutiérrez El artículo Tsunamis mineros se convierten en repetidas tragedias en Brasil fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Acoso escolar cercena derechos, salud y educación

seg, 28/01/2019 - 13:00

Estudiantes en Quibdó, capital de la provincia colombiana de Chocó. La violencia y el acoso escolares siguen siendo un grave problema en el mundo. Crédito: Jesús Abad Colorado/IPSPor Tharanga YakupitiyageNACIONES UNIDAS, Jan 28 2019 (IPS) Aunque las cifras del acoso escolar o “bullying” parecen haberse reducido, la realidad indica que el flagelo continúa su azote sin pausa en el mundo, dejando secuelas imborrables en quienes lo padecen, según un estudio de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) dio a conocer el informe “Behind the numbers: Ending school violence and bullying” (Detrás de los números: Poniendo fin a la violencia y el bullying) en ocasión del Foro Mundial de Educación 2019, celebrado este mes en Gran Bretaña. “Todos los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a entornos educativos seguros, inclusivos y efectivos”, dijo la directora general adjunta de Unesco para la Educación, Stefania Giannini, en la presentación del reporte. El mismo concluye que casi uno de cada tres estudiantes padecieron acoso por parte de algún compañero o compañera de la escuela por lo menos una vez en el último mes, y que una proporción similar padeció violencia física. Si bien la apariencia física es el motivo más frecuente del bullying, quienes enfrentan un riesgo mayor en este sentido son los estudiantes que los demás perciben como diferentes en materia de género. En Australia, entre 60 y 70 por ciento de los jóvenes de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT) reportaron haber padecido bullying debido a su orientación sexual o identidad de género. En Tailandia, en tanto, la prevalencia del bullying entre los jóvenes LGBT fue de 55 por ciento. Además, en un total de 96 países evaluados, 23 por ciento de los niños y niñas afectados por el acoso escolar admitieron haber considerado seriamente la posibilidad de suicidarse, en comparación con 12 por ciento de los que no padecieron bullying. En 2010, el suicidio del estudiante universitario Tyler Clementi, de Nueva Jersey, colocó los focos sobre los padecimientos de los jóvenes LGBT y también sobre el fenómeno del “ciberbullying”, que se sirve de la informática y las redes sociales de Internet para acosar a las víctimas. Clementi, de 18 años, fue objeto de abusos de este tipo luego que su compañero de habitación en la universidad reveló públicamente que el joven era gay, espiándolo con una cámara web y difundiendo en las redes sociales sus encuentros sexuales con otro hombre. El muchacho se quitó la vida arrojándose al río Hudson. El año pasado, un niño de nueve años del estado estadounidense de Colorado se suicidó después de confesarles a sus compañeros de clase que era homosexual. “La violencia escolar y el bullying pueden ser devastadores para las víctimas”, dijo Giannini, agregando también generan consecuencias en los resultados educativos de los estudiantes. “Una atmósfera de ansiedad, temor e inseguridad es incompatible con el aprendizaje, y los entornos educativos inseguros pueden, por lo tanto, perjudicar la calidad de la educación para todos los estudiantes”, explicó. Según la Unesco, los niños y niñas que padecen bullying con frecuencia tienen el triple de probabilidades de sentirse como extraños en los establecimientos escolares, y casi el doble de faltar más a menudo. Aija Mayrock relató su caso en un informe de la oficina del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños (SRSG, por sus siglas en inglés). “Yo tenía ocho años la primera vez que padecí bullying. Uno de mis compañeros me dijo: ‘No le caes bien a nadie, jamás le caerás bien a nadie’. Desde ese momento soporté el acoso cada día durante ocho años. Sufrí acoso verbal, físico y a través de las redes sociales. Les creí a mis compañeros. Sus palabras empezaron a convertirse en la constitución según la cual vivía. Dejé de hablar en la escuela. Mantuve mi cabeza gacha y mis ojos clavados en el suelo todo el tiempo. En cierto sentido, comencé a entregarme”, narró. La Unesco concluyó que los niños y niñas que son acosados tienen peor desempeño en los exámenes que sus pares que no padecen este problema, y que esto incluso afecta su continuidad en el sistema educativo. Según el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, 45 por ciento de los alumnos acosados con frecuencia querían abandonar la educación formal luego de completar la escuela secundaria. “Ser protegidos del bullying es un derecho humano fundamental”, señaló Marta Santos Pais, de la SRSG, en la presentación del informe de su oficina sobre el tema en 2018. Giannini subrayó la importancia de abordar la violencia escolar y el bullying a fin de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el cuarto, que busca garantizar una educación de calidad, inclusiva e igualitaria. Por lo tanto, es esencial controlar los avances y recabar datos sobre la prevalencia y las tendencias en materia de violencia escolar, así como las respuestas a estos problemas, añadió. También se necesitan un liderazgo político fuerte y un marco legal y político robusto para abordar la violencia contra la población infantil. En Jamaica, el primer ministro Andrew Holness, quien antes fue ministro de Educación, trabajó para prohibir los castigos corporales en las escuelas y promovió el uso de una disciplina positiva, a fin de volver la vida escolar una buena experiencia para todos los educandos. En Estados Unidos, algunos estados, entre ellos Nueva York y Colorado, adoptaron leyes contra el bullying que incluyen protecciones específicas para los adolescentes LGBT. Según la  organización estadounidense GLSEN, que trabaja por los derechos educativos de la comunidad LGBT,apenas 18 de 50 estados tienen esas leyes. En otras partes, algunas organizaciones de la sociedad civil toman el asunto en sus propias manos. Por ejemplo en Chile, la Fundación Selenna creó la primera escuela de América Latina para niños y niñas transgénero como una manera de proteger a estos estudiantes del acoso y la discriminación. Muchos de los estudiantes que se inscribieron fueron aquellos que antes faltaban a clases o desertaban de las escuelas por culpa de sus malas experiencias. “La violencia relacionada con la escuela en todas sus formas es una violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes a la educación y a la salud y el bienestar. Ningún país puede lograr una educación de calida, inclusiva e igualitaria para todos si los estudiantes experimentan violencia y bullying en la escuela”, dijo Giannini. Artículos relacionados

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El mundo tiene más basura electrónica que humanos

sex, 25/01/2019 - 13:00

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jan 25 2019 (IPS)

El hecho de que las innovaciones tecnológicas sean accesibles a cada vez más personas tiene también un costado devastador: cada año se acumulan 50 millones de toneladas de desechos electrónicos en todo el planeta.

Esa cifra implica un peso superior al de la chatarra de este tipo generada por las aerolíneas  comerciales de todo el mundo, o suficientes torres Eiffel para llenar el barrio neoyorquino de Manhattan.

Así lo advierte el informe “A New Circular Vision for Electronics – Time for a Global Reboot“ (una nueva visión circular para la electrónica: tiempo para un reinicio global), difundido el jueves 24 en el Foro Económico Mundial de Davos. En la actualidad se recicla formalmente apenas 20 por ciento de los desechos electrónicos, lo que incluye computadoras en sus distintas versiones, teléfonos celulares, televisores, impresoras y una amplia gama de electrodomésticos. La Universidad de las Naciones Unidas (UNU), coautora del reporte, pronostica que, de no producirse ningún cambio, los residuos tecnológicos podrían casi triplicarse para el año 2050. Es difícil evaluar cuántos productos eléctricos se fabrican anualmente, según el estudio. Sin embargo, si se considera solamente a los aparatos conectados a Internet, estos totalizan una suma mucho mayor que la de humanos, cuya población mundial es de unos 7.700 millones. El informe, respaldado por siete agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destaca que la rápida innovación y la reducción de costos han aumentado drásticamente el acceso a productos electrónicos y tecnología digital, acarreando muchos beneficios. A su vez, esto ha derivado en un mayor uso de esos aparatos, y el efecto colateral pasa a ser la multiplicación de los desechos que los mismos generan cuando dejan de usarse. Los residuos electrónicos constituyen actualmente la basura de más rápido crecimiento en el mundo, señala el reporte. Existen legislaciones que vuelven obligatorio el reciclaje de desechos electrónicos, dijo a IPS Ruediger Kuehr, coautor del informe y director del Programa de Ciclos Sostenibles SCYCLE, de la UNU y el alemán Instituto para el Ambiente y la Seguridad Humana, citando el caso de la Unión Europea (UE). Así es como este año debería reciclarse 85 por ciento de todos los desechos tecnológicos generados en la UE. Sin embargo, este objetivo no se alcanzará en absoluto, observó. El principal desafío es recolectar esta clase de basura, y los últimos intentos de mejorar esta actividad obligando a comerciantes a aceptar aparatos obsoletos no resultaron fructíferos. De ahí que sea necesario unificar las legislaciones sobre reciclaje de desechos electrónicos en innovadores sistemas de recolección, planteó Kuehr, entre otras iniciativas como crear conciencia entre los consumidores para que devuelvan los equipos obsoletos apenas dejan de usarlos. Todo esto aliviará las tareas de recolección, porque el producto seguirá siendo propiedad del productor, dijo. Los puntos de reciclaje o recipientes para  juntar esa chatarra son clave, pero no suficientes, agregó. “Por lo tanto, la mera legislación sobre desechos electrónicos no cambiará las cosas, especialmente porque en muchos países no se aplica”, advirtió Kuehr. Según el estudio, la basura tecnológica supone una oportunidad valorada en unos 62.500 millones de dólares por año, más que el producto interno bruto de la mayoría de los países y el triple de la producción de las minas de plata del mundo. Hay 100 veces más oro en una tonelada de residuos electrónicos que en una tonelada de mineral de oro, señala el texto. El informe llama a crear una nueva visión basada en la economía circular y en la necesidad de colaboración con las grandes marcas, así como con pequeñas y medianas empresas, con la academia, los sindicatos, la sociedad civil y sus asociaciones, en un proceso deliberativo para cambiar el sistema. Kuehr dijo a IPS que algunos políticos e industriales consideran que el problema de los residuos electrónicos debe resolverse de manera sostenible, aunque las cifras indican lo contrario. Y agregó que aunque el asunto ha avanzado en la agenda política, también dentro de la ONU, todavía no se le confiere la importancia que amerita. Para implementar soluciones sostenibles se requieren esfuerzos internacionales en parte revolucionarios y armonizados entre sí, opinó, señalando que se debe investigar más en este sentido. El estudio cita varios ejemplos concretos de la batalla contra la basura electrónica en una economía circular. En Nigeria, que genera 500.000 toneladas anuales de estos residuos, el gobierno nacional, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (más conocido por sus siglas en inglés GEF) y ONU Medio Ambiente anunciaron una iniciativa conjunta para crear una industria formal de su reciclaje, en la que también invertirá el sector privado. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en este sector trabajan de manera informal unos 100.000 nigerianos, que con esto podrán formalizar su situación laboral. En América Latina y el Caribe, un proyecto sobre basura tecnológica de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) cofinanciado por el GEF busca promover el desarrollo sostenible en 13 países, ayudando a establecer estrategias en cada uno de ellos y potenciando la cooperación regional. El estudio presentado esta semana es resultado del trabajo de la E-waste Coalition, o coalición de desechos electrónicos, que incluye a la OIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente), Onudi, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (Unitar), la UNU y los secretariados de las convenciones de Basilea y Estocolmo. La coalición cuenta con el apoyo del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y el Foro Económico Mundial, y es coordinada por la Secretaría del Grupo de Gestión Ambiental (EMG) de la ONU. Artículos relacionados

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En Venezuela el poder se dirime ahora entre dos presidentes

qui, 24/01/2019 - 17:34

El diputado Juan Guaidó, del partido Voluntad Popular y presidente de la Asamblea Nacional desde el 5 de enero, juró el día 23 ante una multitud como presidente interino de Venezuela. Crédito: Asamblea NacionalPor Humberto MárquezCARACAS, Jan 24 2019 (IPS) Venezuela entró en un nuevo e insólito túnel de confrontación política, con dos presidentes, Nicolás Maduro y Juan Guaidó, a la cabeza de las fuerzas que contienden por el poder y con los ciudadanos que masivamente regresan a las calles para manifestar su hartazgo por una crisis que los tiene exhaustos. Ambos bandos “han subido fuertemente sus apuestas, no dan su brazo a torcer y los factores internos e internacionales que tradicionalmente operan como mediadores dan muestras de haber tomado partido”, observó a IPS Carlos Romero, exdirector de posgrados en Ciencias Políticas en las universidades Simón Bolívar y Central de Venezuela. Guaidó (35), designado el 5 de enero presidente de la unicameral Asamblea Nacional Legislativa, juró este 23 de enero  ante una multitud de seguidores en Caracas, y mientras cientos de miles marchaban en otras 50 ciudades, como “presidente encargado” de la República, para cesar “la usurpación” de Maduro, instituir un gobierno de transición y organizar nuevas elecciones. “Ya no quiero bono, no quiero Clap (bolsas de comida a precios subsidiados), lo que yo quiero es que se vaya Nicolás”, junto a gritos de “Libertad” e insultos al gobernante eran las consignas más repetidas por personas de prácticamente todos los estratos sociales, golpeados por la crisis en la que destaca una  hiperinflación anual de 1,7 millones por ciento, según sostiene la Asamblea Nacional a falta de estadísticas oficiales. Estados Unidos, Brasil, Canadá  y otra decena de países americanos reconocieron de inmediato a Guaidó, a lo que respondió Maduro denunciando que “el gobierno imperialista de Estados Unidos dirige una operación para, a través de un golpe de estado, imponer un gobierno títere” en Venezuela. Por ello, el gobernante ordenó romper relaciones diplomáticas y políticas con Washington y dio un plazo de 72 horas para que todos los diplomáticos estadounidenses abandonen el país. Estados Unidos, por boca de su secretario de Estado, Mike Pompeo,  desconoció la medida de Maduro y anunció que mantendrá a sus diplomáticos en Caracas pues así lo solicitó Guaidó, el presidente que reconocen. Corren 72 horas cruciales tras lo cual sobrevendrían medidas más firmes, también pedidas por el gobierno del presidente Donald Trump. Venezuela ha sido durante un siglo un abastecedor de petróleo de Estados Unidos y es actual destino de  47 por ciento de sus exportaciones, mientras importa no solo manufacturas de la nación norteamericana, sino insumos como componentes para poder elaborar gasolina. Pero ese comercio no ha aparecido en la ecuación del rompimiento. El “fenómeno Guaidó” logró lo que parecía impensable hace solo semanas: reactivar en las calles masivos “cabildos abiertos”, que desembocaron en las gigantescas marchas opositoras del 23 de enero. Esa es una fecha-talismán en Venezuela pues ese día de 1958 una sublevación cívico-militar liquidó la dictadura de casi 10 años del general Marcos Pérez Jiménez (1914-2001). Maduro (56), en el poder desde 2013, resultó reelegido el 20 de mayo de 2018 en unos polémicos comicios en los que no participó la mayoría de la oposición, en buena parte  inhabilitada,  y desconocieron gobiernos de América y Europa. El general Vladimir Padrino, ministro de Defensa y cabeza del alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, mientras ratificaba el jueves 24 de enero su respaldo como presidente constitucional a Nicolás Maduro. Crédito: Palacio de Miraflores El gobernante asumió este 10 de enero para un nuevo mandato de seis años, al que manifestaron desconocer el mismo día un grupo mayoritario de gobiernos americanos y la Unión Europea (UE). El heredero Hugo Chávez, quien gobernó el país entre 1999 y 2013, año de su fallecimiento, también recibió el miércoles 23 el respaldo de centenares de adeptos, llegados hasta el Palacio Presidencial de Miraflores. Igualmente, le respaldaron los mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que este jueves 24 reiteraron su lealtad a Maduro en una serie de declaraciones. La proclamación de Guaidó “es un hecho vergonzoso, aberrante”, y parte de “un plan criminal que llegó a límites de altísima peligrosidad,” pues “se está llevando a cabo un golpe de Estado contra la democracia y la Constitución”, declaró el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa y cabeza del alto mando militar. Ahora en Venezuela “se abren tres escenarios. El primero es que el presidente Maduro aguante la presión de la oposición, de la población en las calles y de parte de la comunidad internacional, y que el movimiento de masas en su contra se vaya diluyendo”, dijo Romero. El segundo es que las manifestaciones de calle y la presión internacional sostenga la dualidad de poder y eso se traduzca en la eliminación del gobierno de Maduro, por cesión suya o hecho de fuerza, y se convoquen nuevas elecciones”, añadió el académico. “Y también puede ocurrir que entre en escena un tercer actor, que puede ser internacional, de la Fuerza Armada, o de algún otro factor que intervenga para detener la confrontación si la misma se desborda en el país”, agregó el analista. “No puede haber dos presidentes al mismo tiempo en un mismo territorio. Eso coloca la pelota en la cancha de Maduro, que deberá mover sus resortes para detener y quizá apresar a Guaidó, pero para eso debe evaluar los costos de esa operación política”, dijo a IPS Luis Salamanca, también docente en Ciencias Políticas en la Universidad  Central de Venezuela. Multitudes regresaron a las calles de Caracas y decenas de otras ciudades de Venezuela, para expresar descontento por la crisis económica y reclamo de cambio en la conducción del país. Crédito: Asamblea Nacional Guaidó,  por su parte, “debe haber calculado los riesgos de tomar el toro por los cuernos en medio de la plaza. Pueden venir detenciones que lo alcancen no solo a él sino a otros miembros de la Asamblea”, dijo Salamanca. El parlamento fue declarado “en desacato” hace dos años por el Tribunal Supremo de Justicia, designado por el gobierno. Desde entonces los demás poderes, todos en manos de adeptos al gobierno, ignoran sus decisiones, mientras en 2017 se eligió, también sin presencia opositora, una Asamblea Nacional Constituyente que ha asumido parte de sus funciones. Factores internacionales  El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió este jueves 24 “una investigación transparente e independiente” sobre “los incidentes en Venezuela”, pues en el marco de las protestas del  23 de enero y las dos fechas precedentes perecieron abaleadas al menos 26 personas, según medios locales, y hubo decenas de heridos y detenidos. El día 18 Guterres ya había dicho que su organización “está dispuesta a usar sus buenos oficios” para impulsar una solución política”, ya que solo ella “puede resolver y dar respuesta a los problemas de Venezuela“. Washington, Ottawa y el Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú) reconocieron a Guaidó. Ecuador se sumó sin ser parte del grupo. Mientras, Uruguay y México tomaron distancia para insistir en la necesidad de un  nuevo diálogo “urgente y transparente” entre las partes. Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Suriname fueron los países de la región que respaldaron a Maduro. La UE, si bien no reconoce la elección y la investidura de Maduro, tampoco ha volcado su reconocimiento a Guaidó, aunque algunos de sus miembros sí lo han hecho o le han ratificado su apoyo como presidente del Poder Legislativo. Eso sí, el bloque  insiste en la necesidad de unas nuevas elecciones, con garantías y que rearmen la legalidad en Venezuela. Otros dos grandes actores globales, China y Rusia, han expresado su respaldo a Maduro. ¿Qué pasará si, por ejemplo, Estados Unidos rehúsa retirar a sus diplomáticos en Caracas y el gobierno de Maduro encarcela a Guaidó? Se multiplican las hipótesis sobre el desarrollo y el desenlace del nuevo escenario, en cuya superficie brilla la dualidad de presidentes y en el fondo vibra el hartazgo ante años de una crisis que desmoronó la calidad de vida de los venezolanos, con cuotas crecientes acostándose con hambre cada noche, y con millones forzados a emigrar. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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El turismo es más responsable en Ciudad del Cabo

qui, 24/01/2019 - 13:00

Joy Daniels, de limpiadora a gerenta de una agencia de viajes en Ciudad del Cabo. Crédito: Ida Karlsson/IPSPor Ida KarlssonCIUDAD DEL CABO, Sudáfrica, Jan 24 2019 (IPS) La vida de la sudafricana Joy Daniels dio un vuelco cuando, de ser limpiadora en una pensión, pasó a trabajar en una empresa de comercio justo en la que pronto fue ascendida a gerenta. Actualmente dirige una agencia de viajes. La certificación de comercio justo es una de varias iniciativas con las que Sudáfrica busca desarrollar el turismo de modo responsable. “La manera como administraban aquella pensión y el modo en el que manejaban a su personal era totalmente diferente de lo que experimenté después. Intenté ayudar en distintas partes, pero no lo logré. Yo era apenas una limpiadora”, relató Daniels a propósito de su empleo anterior. Cuando pasó a integrar la empresa certificada como de comercio justo tuvo la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades. Había vacante un puesto de gerenta y varias personas la alentaron a postularse. “No estudié administración (de empresas). Todo lo que sabía lo aprendí en el día a día, mirando a los demás. Y nunca había trabajado de manera independiente, sin alguien que me supervisara. Tenía mucho miedo, pero también me di cuenta de que no tenía nada que perder”, agregó. Finalmente obtuvo el puesto, y la experiencia la hizo crecer tanto en lo profesional como en lo personal. “Siempre fui muy tímida y esto mejoró mi autoestima. Al administrar una empresa, una empieza a pensar de manera diferente en otras áreas de su vida también. Aprendí muchas cosas, entre ellas cómo manejar mi vida personal y mi tiempo”, dijo Daniels. El impacto en su vida fue enorme. Esta madre soltera vivía antes en Mitchell’s Plain, otrora suburbio dominado por el régimen del apartheid -que segregaba a la población negra- y que actualmente es escenario del violento accionar de pandillas. Pero gracias a todos estos cambios pudo mudarse a Sea Point, un barrio residencial de moda sobre la costa atlántica de Ciudad del Cabo. En otro escenario de la misma ciudad, en Table Mountain (o montaña de la mesa), otro emprendimiento turístico acreditado como de comercio justo recibe a viajeros de todo el mundo. Se trata de un hostel para excursionistas que abrió sus puertas en 1990. En el hostel de Ciudad del Cabo, Lee Harris espera que el turismo responsable no sea algo inusual en el futuro. Crédit: Ida Karlsson/IPS “Mi mejor amiga Toni (Shina) y yo queríamos marcar una diferencia desde el inicio, así que imprimimos nuestros primeros folletos en papel reciclado. En aquella época eso no era para nada común, por lo que resultaba un poco difícil conseguir ese papel”, explicó a IPS la copropietaria del hostel, Lee Harris. Harris y Shina invirtieron mucho en el bienestar y el desarrollo profesional de su personal. Crearon un fondo de becas dotado de 15.000 rands (unos 1.000 dólares) anuales que promueve la educación de empleados y empleadas. Y también de sus hijos e hijas, que de este modo pueden acceder a buenas escuelas. Aunque la educación es gratuita en todas las escuelas públicas sudafricanas, todavía quedan algunas a las que otrora solo podían asistir los blancos. Ahora, por ley, las mismas están abiertas a personas de todas las razas, y son administradas por juntas escolares que cobran tarifas mínimas para cubrir su mantenimiento y disponer de materiales extra. Uno de los guardias de seguridad usó el fondo para pagarse los estudios que le permitieron convertirse en pastor. Otro empleado optó por formarse en turismo. También cuentan con un fondo  de retiros financiado por el propio personal. “Es como un ahorro forzado que será de ellos cuando se vayan o se retiren”, dijo Harris. Las directoras también se aseguran de que los miembros del personal puedan consultar a un médico cuatro veces al año, y que reciban tratamiento si se enferman. Uno de los empleados, por ejemplo, contrajo tuberculosis. “Nunca despedimos a nadie por estar enfermo”, señaló Harris, agregando que, en cambio, tratan de ayudarlo en lo que necesite. El hostel también implementa varias prácticas amigables con el ambiente: reciclaje, criaderos de gusanos, duchas eficientes y paneles solares, entre otras. “Tenemos una empresa que viene cada lunes a reciclar nuestros desechos. Colocamos aparte los restos de comida, que luego utiliza un establecimiento agrícola cercano”, relató Harris. Solamente compran verduras y frutas de estación. Lo que sobra lo empacan y lo entregan a personas de la calle. El hostel también participa de manera activa en varias iniciativas sociales. En el hostel permiten que el personal decida sobre las reglas que imperan en el ámbito laboral, lo que está detallado en el contrato de empleo. Quienes trabajan allí viajan largas distancias cada día, porque no pueden darse el lujo de vivir en la ciudad. “Llegar al trabajo cuesta 1.000 rands (unos 70 dólares) mensuales, y el salario mínimo del gobierno es de 3.200 rands (unos 200 dólares). ¿Qué puede hacer uno con eso? Nuestra sueldo base es 2,6 veces el salario mínimo: 8.500 rands (unos 590 dólares)”, destacó Harris. Comercio Justo en el Turismo de Sudáfrica (FTTSA, por sus siglas en inglés), comenzó originalmente como un proyecto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Pero luego se formó una organización sin fines de lucro que funcionaba de modo independiente. FTTSA tiene seis principios que funcionan como eje de su trabajo: comercio justo, poder de decisión, respeto, confiabilidad, transparencia y sostenibilidad. “Hay 230 criterios de certificación. Las empresas tienen que pasar por una auditoría que realiza la administración. Hacemos muchas consultas a lo largo de todo el proceso”, explicó a IPS la directora gerenta de FTTSA, Jane Edge. El estándar de turismo de comercio justo se aplica directamente en otros cuatro países (Malawi, Zambia, Uganda y Zimbabwe) y a través de acuerdos de reconocimiento mutuo en otros cinco países. Según Edge , existen planes de expandirse. “En aproximadamente un año queremos estar activos en 12 o 13 países africanos”, expresó a IPS. En tanto, Harris dijo esperar “que, en el futuro, el turismo responsable no sea algo inusual”. Artículos relacionados

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Cuba encara un complejo y preocupante frente externo

qua, 23/01/2019 - 16:11

Parte del puerto de Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, con poca actividad en su rada. Las ciudades cubanas temen el impacto de un potencial recrudecimiento del embargo de Estados Unidos contra el país, cuando los pronósticos de este año son de una caída de la economía en la isla. Crédito: Jorge Luis Baños/IPSPor Patricia GroggLA HABANA, Jan 23 2019 (IPS) El presidente cubano Miguel Díaz-Canel enfrenta en 2019 nuevos retos internacionales que podrían obstaculizar sus esfuerzos por superar las urgencias económicas del país y avanzar en el aún inconcluso programa de reformas. Con una economía marcada por tensiones financieras e índices de crecimiento muy inferiores a los requeridos para su desarrollo, la decisión de Washington de mantener por solo 45 días la suspensión de la aplicación del Título III de la ley Helms-Burton, que en 1996 codificó en una sola norma el embargo contra Cuba, encierra un riesgo adicional para el país. De otra parte, el entorno regional se enrareció para La Habana tras el atentado con explosivos del 17 de este mes en la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá, que causó la muerte de una veintena de cadetes. El gobierno colombiano dio por concluido el diálogo de paz en la Habana con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que reconoció en Bogotá la autoría del ataque, y demandó al gobierno cubano la extradición de los negociadores de esa guerrilla.“Algunos inversionistas internacionales quizás consideren sus planes para ver qué hace Washington en los próximos meses. Querrán saber si esto es meramente retórica o un cambio real en la política de los Estados Unidos”: John A. Gronbeck-Tedesco “No podemos estar seguros de los riesgos que todavía tengamos que correr, pero, sin embargo, nosotros estamos seguros de una cosa: que cualquiera que sea ese futuro, fácil o duro, la victoria será de nuestro pueblo…”, afirmó Díaz-Canel el domingo 20 en su cuenta de Twitter, sin especificar el origen ni naturaleza de esos peligros. Más claro fue el expresidente Raúl Castro (2008-abril de 2018), cuando el 1 de enero fustigó la política adversa de Estados Unidos hacia Venezuela y Nicaragua y afirmó que la “región se asemeja a una gran pradera en tiempos de sequía. Una chispa pudiera generar un incontrolable incendio que dañaría los intereses nacionales de todos”. Este lunes 21, Pablo Beltrán, uno de los principales negociadores del ELN en el diálogo con el gobierno colombiano que se desarrollaba en La Habana, desmarcó a la delegación guerrillera del ataque con autobomba, en declaraciones a la agencia cubana Prensa Latina. “La tarea nuestra en Cuba es sacar adelante la agenda de conversaciones, los hechos que ocurren en Colombia ni los conocemos ni tenemos injerencia o algo que ver con ellos”, afirmó el jefe guerrillero. Las negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano reanudaron en La Habana el 10 de mayo de 2018, luego que Ecuador desistió de albergarlas. En sus declaraciones, Beltrán insistió en que al llegar entonces a La Habana, el gobierno cubano ofreció su ayuda como garante y sede de la mesa de diálogo, pero a la vez pidió al grupo negociador del ELN limitarse exclusivamente a los diálogos de paz. “Nosotros hemos cumplido al pie de la letra eso”, afirmó. A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, reiteró nuevamente, también a través de Twiter, que Cuba jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea utilizado para la organización de acto terroristas con otros Estados y ha cumplido estrictamente con su papel como garante y sede de la mesa de diálogo entre el gobierno de Colombia y el ELN. Pablo Beltrán (I), del Ejército de Liberación Nacional, y el representante del gobierno colombiano, Gustavo Bell (D), se estrechan las manos durante el diálogo de paz entre las dos partes que se desarrolló desde el año pasado en La Habana y que ha quedado congelado. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS A la exigencia a La Habana del presidente colombiano, Iván Duque, de que los negociadores del ELN sean extraditados a su país, Rodríguez insistió en otro tuit que Cuba actuará con estricto respeto de los protocolos de paz. de esos protocolos, rubricado también por los otros dos garantes del diálogo, Chile y Noruega, establece que en caso de interrupción del diálogo, Colombia debe garantizar el regreso a su territorio de los negociadores rebeldes. Al respecto, el alto comisionado colombiano para La Paz, Miguel Ceballos, dijo en Bogotá que desde que comenzó su mandato en agosto, Duque no reactivó el diálogo con el ELN, que las políticas públicas de paz son del gobierno y no del Estado, por lo que los acuerdos previos no son vinculantes para el gobierno. Añadió que los protocolos “de ninguna manera fueron asumidos ni reconocidos” por el gobierno actual. En un comunicado hecho llegar IPS en La Habana desde su oficina, agregó que la cooperación judicial entre Cuba y Colombia incluye la extradición como una vía “para llevar a la justicia a los responsables de este crimen”. En las redes sociales, algunos foristas expresaron preocupación de que esta situación sirva al gobierno estadounidense de Donald Trump para aplicar nuevas medidas contra Cuba. La anterior administración de Barack Obama (2009-2017) retiró en mayo de 2015 a Cuba de la lista estadounidense de patrocinadores de terrorismo. “Tengamos o no razón en no entregar a estas personas (negociadores del ELN), dirán que estamos protegiendo terroristas”, comentó el usuario Leandro en el medio digital Cubadebate.  “(Esto) nos va a traer graves consecuencias en un momento político muy desfavorable en Latinoamérica para Cuba”, agregó otro. Algunos viandantes caminan ante el edificio que alberga la sede principal de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en el casco histórico de La Habana Vieja. El enfriamiento de las relaciones bilaterales de Cuba y Estados Unidos, afecta el desarrollo del sector. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS La amenaza de que Washington pueda aplicar el Título III de la ley Helms Burton podría desestimular las inversiones extranjeras que Cuba necesita para su crecimiento y desarrollo. Desde que esa norma entró en vigor, todas las administraciones estadounidenses, incluida la de Trump, en 2017 y 2018, suspendían esa cláusula que se revisa cada seis meses y autoriza a ciudadanos estadounidenses a demandar desde su país a todo extranjero que negocie con propiedades de Estados Unidos nacionalizadas en Cuba. En una declaración, el canciller Rodríguez calificó como una de las “aberraciones más significativas” la extensión de esa autorización a propietarios que no eran ciudadanos de Estados Unidos al momento de producirse las nacionalizaciones y cuyas supuestas propiedades nadie ha certificado. Durante el gobierno de Obama y luego del restablecimiento en 2015 de las relaciones diplomáticas La Habana-Washington, se realizaron tres reuniones bilaterales para buscar solución al tema de las compensaciones por las empresas nacionalizadas en la década de 1960. Unas 6.000 personas y empresas estadounidenses tienen reclamos registrados por expropiaciones en esa época. Investigadores consultados por IPS coincidieron en que la aplicación de esta cláusula podría generar tensiones en las inversiones extranjeras en Cuba. “Tratan sin duda de crear una sensación de riesgo en potenciales inversionistas”, dijo el economista Luis René Fernández. “Aunque la mayor parte de las inversiones extranjeras se han construido en lugares nuevos, o en el caso del turismo, que son en zonas nuevas de la costa norte del país”, señaló el especialista Omar Everleny Pérez Villanueva. El gobierno cubano lleva a cabo una fuerte ofensiva para promover negocios en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, inaugurada en 2014. Hasta el momento ha captado 2. 130 millones de dólares en inversión extranjera y cuenta con 17 proyectos ya en operación. “Algunos inversionistas internacionales quizás consideren sus planes para ver qué hace Washington en los próximos meses. Querrán saber si esto es meramente retórica o un cambio real en la política de los Estados Unidos”, indicó  John A. Gronbeck-Tedesco,  profesor de  Ramapo College, una institución educativa privada de ese país, desde New Jersey. En opinión de este académico, existe incertidumbre acerca de cómo se aplicaría realmente el Título III, en caso de que la administración trate de hacerlo. “Esto podría ser una apuesta que el presidente Trump no querría seguir porque podría consumir mucho tiempo y ser políticamente costosa, con poco beneficio al final”, señaló. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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La peor época para ser periodista

qua, 23/01/2019 - 13:14

En Eslovaquia, un manifestante sostiene una pancarta con la foto del periodista asesinado Jan Kuciak y su novia Martina Kusnirova. Cientos de miles de personas protestaron en las semanas que siguieron a su muerte, en febrero de 2018, lo que derivó en la renuncia del primer ministro Robert Fico. Crédito: Ed Holt/IPS.Por Ed HoltBRATISLAVA, Jan 23 2019 (IPS) “Nunca conocí una época tan mala como esta”, observó Beata Balogova, vicepresidenta del Instituto Internacional de la Prensa (IPI) y jefa de redacción del eslovaco Spectator Sme. “Con respecto a lo que pasa con los periodistas, vivimos un período único”, apuntó. La creciente animosidad hacia los periodistas en Eslovaquia y en otras partes de Europa se expresa de manera cada vez más violenta, comentó Balogova, interrumpiendo su trabajo en la sede del diario en Bratislava. “Es más intenso ahora, hay ataques verbales, amenazas, y los debates en Internet por los artículos son mucho más agresivos”, ejemplificó. Hace poco terminó de presentar una demanda contra una persona desconocida tras recibir amenazas por Internet, que incluyen un llamado a perpetrar una masacre en el diario, en especial una réplica de lo que ocurrió a la publicación francesa de humor Charlie Hebdo, en 2015, cuando dos hermanos abrieron fuego en la redacción dejando 12 personas muertas, apuntó. No pasó un año todavía desde el asesinato del periodista eslovaco Jan Kuciak, quien investigaba los vínculos entre el gobierno y la mafia italiana, pero hizo que los profesionales de la prensa se tomen las amenazas con mayor seriedad, subrayó Balogova. “Lo que cambió en este último año es que antes los periodistas no le prestaban mucha atención a las amenazas ni a las agresiones, pero como ven ahora, el odio se expresa mediante agresiones físicas”, observó Balogova. El asesinato de Kuciak y su novia Martina Kusnirova en febrero de 2018 ocupó los titulares de la prensa de distintas partes del mundo, pero, sobre todo, derivó en la renuncia del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. El hecho puso en duda la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas en este país y concentró la atención internacional en las graves falencias de la prensa en otros países de la región. Este año, se inauguró el Centro de Investigación Jan Kuciak, el primero de este tipo, en memoria del periodista asesinado. Sus fundadores esperan que se vuelva un importante centro periodístico, que facilite las investigaciones transfronterizas en materia de crimen organizado global, pero se inaugura cuando Eslovaquia padece el debilitamiento de la libertad de prensa, así como serias preocupaciones por el estado de esta en Europa oriental y por su ausencia total en algunos lugares de la Unión Europea (UE). Rumania asumió la presidencia rotativa de la UE este mes, cuando recibió fuertes críticas por la falta de libertad de prensa. En Hungría critican al primer ministro Viktor Orban y al gobernante Fidesz por haber virtualmente liquidado a los medios opositores; y el partido gobernante de Polonia hace lo mismo de forma sistemática, según las acusaciones de sus detractores. También preocupa la situación de los medios de República Checa, controlados por el primer ministro Andrej Babiš y sus socios, así como la actitud abiertamente hostil de presidente hacia los reporteros. Además, en las últimas semanas hubo protestas masivas en Serbia contra el presidente Aleksander Vucic y el gobernante Partido Progresista Serbio, en parte, por la falta de libertad de prensa. Mientras, un tribunal de Montenegro condenó en la tercera semana de este mes al periodista de investigación Jovo Martinovic a 18 meses de cárcel por asociación para delinquir y tráfico de drogas. Sus contactos con grupos delincuentes formaban parte de una investigación, y el caso en su contra obedece a motivos políticos, se defendió. Y según defensores de los derechos de los periodistas, el fallo busca ser un llamado de atención para otros profesionales de la prensa en la región. “El dictamen tendrá un efecto paralizante en los periodistas de la región, quienes pensarán que si infiltran a la mafia y trabajan con ella, tendrán que temerle no solo a la mafia, sino también al gobierno de su propio país”, explicó Pauline Ades-Mevel, de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), en diálogo con IPS. Las organizaciones de medios como RSF y órganos como la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, subrayan desde hace años el declive de la libertad de prensa en la región. Polonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Serbia cayeron en la clasificación sobre libertad de prensa de RSF en los últimos años debido al preocupante uso que hacen los gobiernos autoritarios de la legislación, los impuestos, las absorciones de medios, las clausuras y, según algunos, incluso la vigilancia que hacen los servicios de seguridad con el fin de tratar de silenciar a los medios críticos. Mientras, el menosprecio de periodistas y medios por parte de dirigentes políticos contribuyó a lo que algunos califican de “ambiente hostil” para los profesionales de la prensa, lo que favorece los ataques verbales y físicos. Uno de los últimos casos de violencia fue el intento de ingresar al apartamento del periodista de investigación Milan Jovanovic el 30 de diciembre, pocas semanas después de que un desconocido quemara su casa de Belgrado con un cóctel Molotov. Su pedido de contar con protección policial no recibió respuesta alguna. La respuesta del presidente Vuci, quien consideró que el ataque fue solo un robo, y el fallo del tribunal de Montenegro son típicos, puntualizó Ades-Mevel, de gobiernos que usan palabras vacías a la hora de cumplir sus compromisos con los órganos internacionales en materia de libertad de prensa. Los dos países mantienen negociaciones para ingresar a la UE. La situación no es nada alentadora, pero su relación con Bruselas, sede de la Comisión Europea, puede ser una forma de lograr el cambio y mejorar el ambiente para los periodistas y los medios. “Es importante que los gobiernos de Serbia y Montenegro comprendan que están siendo observados. La presión debe venir de afuera para que los gobiernos comiencen a limpiar desde adentro”, sostuvo Ades-Mevel. Si se tomaran medidas contra los miembros de la UE en donde decae la libertad de prensa, se mandaría un mensaje a los países que pretenden ingresar al bloque, añadió. A principios de este mes, el Parlamento Europeo accedió a respaldar medidas para recortar fondos a los Estados miembro donde el derecho, que abarca la libertad de prensa, es socavado. Entrarán en vigor si los países las respaldan. Pero gobiernos como los de Polonia y Hungría ya desestimaron en otras oportunidades las preocupaciones por la libertad de prensa, identificando medios críticos como prueba de la saludable pluralidad que existe. “Lo que hizo Orban y sus amigos oligarcas fue transformar los medios públicos en extensiones del gabinete”, observó. “Hay una producción de noticias coordinada, con reuniones semanales donde los jefes de los medios pro Orban fijan la agenda. Es la peor versión de la pesadilla que trataron de implementar los regímenes comunistas y fracasaron, y ahora Organ lo hizo a la perfección”, añadió Ades-Mevel. Por su parte, Jelena Kleut, profesora adjunta del Departamento de Estudios de Medios, de la Universidad de Novi Sad, en Serbia, observó: “Podemos haber pasado ya el punto de no retorno”. “Es mucho lo que se hizo en Serbia para debilitar la libertad de prensa, no solo los ataques contra periodistas, sino el control que se arrogó el partido de gobierno; no estoy segura de que la presión de la UE pueda cambiar algo”, confesó a IPS. Y Pavla Holcova, destacada periodista de investigación de República Checa, dijo a IPS: “Los dirigentes políticos se involucraron en la creación de ambientes hostiles para los periodistas, pero nosotros como periodistas, podemos hacer mucho para frenar (los ataques verbales)”. “Necesitamos que la sociedad civil se levante y lo haga por nosotros para tratar de que los políticos cambien”, añadió. “Fue una suerte que Milan Jovanovic no se encontrara en su casa cuando la incendiaron. Espero que no maten a ningún periodista, pero con la frecuencia de ataques que tenemos ahora, es algo que puede pasar”, se lamentó Kleut. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

El artículo La peor época para ser periodista fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.
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