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Atualizado: 2 horas 15 minutos atrás

La resistencia a los antimicrobianos no conoce límites

qua, 05/12/2018 - 13:15

La trabajadora de la salud Urmila Kasdekar revisa a un recién nacido en la aldea de Berdaballa, en el oeste de India. Crédito: Stella Paul/IPS.

Por Ed Holt
BRUSELAS, Dec 5 2018 (IPS)

Funcionarios de la Unión Europea (UE) y de organismos internacionales reclaman ayuda para que los países más pobres puedan hacer frente a la creciente resistencia a los antibióticos, que amenaza con convertirse en una “tragedia de salud mundial” y en un riesgo para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en algunas partes del mundo.

La resistencia a los antibióticos aumentó dos terceras partes en las últimas dos décadas, indican algunos estudios, y es responsable de la muerte de unas 700.000 personas al año en todo el mundo.

Pero se estima que aumentará a 10 millones de personas al año para 2050, lo que tendrá un costo de unos 100 billones (millón de millones) de dólares, a menos que los gobiernos redoblen esfuerzos para evitarlo.

Los antibióticos se usan cada vez más y de forma más frecuente, tanto en humanos como en animales, lo que hace que las bacterias generen resistencia y los antimicrobianos dejen de cumplir su función en algunos casos.

Los médicos alertan que la situación podría hacer que operaciones quirúrgicas de rutina se vuelvan más peligrosas y que ciertos tratamientos médicos, como el cáncer, desaparezcan del todo.

Además, cuando aparece una resistencia en un lugar, puede propagarse rápidamente a otro, lo que obliga a hacer frente al problema de forma global.

Los países miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se integraron a un Plan de Acción Global sobre la Resistencia a los Antimicrobianos multisectorial, en 2015, pero los avances han resultado irregulares.

Algunos países, en especial de Europa, lograron avances, pero en otras partes del mundo, estos son lentos, si es que hay, lo que hace temer que en las naciones más pobres, el problema empeore y no se logren los ODS.

El comisario de la UE para Seguridad Alimentaria y Salud, Vytenis Andriukalitis, dijo a IPS: “Necesitamos un marco global para hacer frente a la resistencia en todas las regiones, no solo en Europa. Es necesario hacerle frente porque, de lo contrario, algunos países no lograrán los ODS”.

En la Semana Mundial de Concienciación sobre los Antibióticos, en noviembre, se subrayó la dimensión que alcanza este problema en los países en desarrollo.

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) concluyó que la resistencia promedió 17 por ciento en los países de la OCDE en 2015, mientras que ascendió a 42 por ciento en India, China y Rusia y llegó a 90 por ciento para algunas combinaciones de antibióticos y bacterias.

La resistencia podría llegar a multiplicarse entre cuatro y siete por ciento en algunos países de bajos y medianos ingresos, con respecto a los estados de la OCDE, y en aquellos países con sistemas de salud frágiles, podría llegar a causar “un enorme” número de muertes, principalmente entre recién nacidos, menores de cinco años y adultos mayores.

Otro estudio de principios de año de ETH Zurich, la Universidad de Antwerp y la Universidad de Princeton, señala que el uso de antibióticos en humanos aumentó 65 por ciento entre 2000 y 2015, pero en los países de bajos y medianos ingresos fue 114 por ciento.

El desarrollo de nuevos antibióticos es complejo, pues ya pasaron décadas desde las últimas clases creadas, y el mayor esfuerzo en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos se concentra en la prevención.

El Plan de Acción Global se basa en un enfoque multisectorial y encarga a los gobiernos adoptar planes nacionales, que incluyen medidas de mayor concienciación, comprensión, vigilancia, administración, prevención y control.

Pero en muchos países en desarrollo, la falta de fondos en la industria de la salud y animal, así como la debilidad de las leyes y en el cumplimiento de las mismas son grandes barreras para una correcta implementación de medidas efectivas.

En India, por ejemplo, donde se estima que mueren unos 120.000 bebés al año por sepsis causadas por infecciones de bacterias resistentes, los médicos sostienen que los factores clave responsables de la resistencia son la venta libre de antibióticos sin receta y la falta de control de las infecciones en centros de salud sobrecargados.

Pero los defensores de la venta libre de antibióticos en farmacias sostienen que es fundamental que continúe así por la grave falta de médicos en muchas zonas.

El gobierno trató de limitar la venta libre, aunque sea de los antibióticos llamados de último recurso, usados cuando fallan los otros. Pero la medida, que incluye una línea roja en las cajas de medicamentos para alertar a la gente, no ha resultado efectiva.

En lo que se refiere al uso de antibióticos en la industria animal, la Comisión Europea señala que en Europa, 70 por ciento de los antimicrobianos se destinan a la producción animal. Una cifra similar se da en Estados Unidos, mientras que supera 50 por ciento en China.

Supervisar el uso de antibióticos en la industria animal en los países más pobres suele ser más difícil.

“Es extremadamente difícil hacer cumplir las leyes a menos que sean muy buenas y haya un sistema de control”, dijo a IPS la directora de programa de la OMS en Europa, Nedret Emiroglu.

El gobierno indio aprobó un plan de acción nacional para la resistencia de los antimicrobianos hace un año y medio, sin embargo, los críticos sostienen que las leyes y redes para controlar el uso de antibióticos para el crecimiento animal y rastrear la venta y el uso de los mismos en la producción de alimentos, en realidad, no existe o no es efectiva.

La OMS señaló que muchos países de bajos y medianos ingresos pueden llegar a necesitar una asistencia al desarrollo de largo plazo para implementar sus planes de forma efectiva y sostenible.

“Necesitamos apoyo económico para los países de bajos y medianos ingresos”, confirmó Emiroglu. Eso es fundamental para asegurarse de que el progreso en una región del mundo no se perjudique por la falta de avances en otra, acotó.

“Las medidas tienen que ser diferentes para los distintos países, en especial cuando hablamos de estados pobres. No se puede comparar India con Liberia”, ejemplificó Andriukalitis en diálogo con IPS.

“En algunos países tienen problemas para conseguir antibióticos simples, pero en otros hay problemas porque la gente se automedica sin un control adecuado”, explicó.

“En algunos lugares hay una falta de comprensión básica de cuestiones de higiene y salubridad. Necesitamos estrategias locales a largo plazo para los diferentes países”, añadió.

Las prolongadas estancias en hospitales por la lentitud con que se recuperan los pacientes y el mayor riesgo de complicaciones significaría un gran peso para sistemas de salud ya exigidos, mayor mortalidad y calidad de vida.

Las economías sufrirán el impacto por no haber hecho frente a los pronósticos de que la resistencia a los antimicrobianos implicaría un caída de 3,8 por ciento del producto interno bruto mundial para 2050.

Además, la resistencia encarece la atención de enfermedades y, como la cobertura de salud universal es limitada en muchos países pobres y la gente tiene que pagar de su bolsillo el tratamiento, el mayor costo, así como la pérdida de ingresos por morbilidad y mortalidad, podría agravar la pobreza de muchas personas y familias.

Por su parte, la directora del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, Andrea Ammon, dijo a IPS: “Para lograr (el tercero de los) ODS, la resistencia a los antimicrobianos no es el único asunto a atender, pero es un factor fundamental”.

“El alto grado de resistencia a los antimicrobianos indica que no funcionan de forma satisfactoria varios elementos de un sistema de salud debido a varios factores”, explicó.

“Los factores responsables podrían ser valores culturales, comportamientos de pacientes y proveedores de salud, cuestiones normativas, como la disponibilidad de medicamentos de venta libre en farmacias o el control de infecciones. Estos elementos también podrían impedir que se logren otras metas del tercer ODS”, alertó.

Traducción: Verónica Firme

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El bono que facilita la educación de las niñas en India

ter, 04/12/2018 - 13:13

Niñas en edad escolar en la zona rural de Bihar, en India. En la mayoría de los pueblos indios una de cada 10 niñas de entre 10 y 14 años no van a la escuela para ayudar en las tareas del hogar. Crédito: Manipadma Jena/IPS

Por Neeta Lal
NUEVA DELHI, Dec 4 2018 (IPS)

A los cinco meses del comienzo del año lectivo, los padres de Sneha, de 15 años, la sacaron de la escuela en Bhilwara, una ciudad del desértico estado de Rajasthan, en India, porque necesitaban que cuidara de sus cuatro hermanos menores, cocinara y limpiara mientras ellos trabajaban en la granja.

Esos padres no son diferentes al resto de los campesinos de ese estado, la mayoría de los cuales consideran que no tiene sentido educar a sus hijas, ya que se casarán y dejarán el hogar paterno para formar el suyo propio y criar sus hijos.

Muchos prefieren iniciarlas en los cuidados del hogar y en la crianza de niños desde jóvenes, mientras contribuyen de forma gratuita al trabajo doméstico desde muy temprana edad.

Pero la historia de Sneha tiene otro final gracias a la intervención del director de su escuela y de la organización Educate Girls (EG), que facilita la permanencia de las niñas de hogares rurales en la escuela, los que intercedieron por ella con sus padres.

“Después de la conversación, nos dimos cuenta de que nos equivocamos en impedir la educación de nuestra hija”, reconoció Kishan Ram, de 48 años, en diálogo con IPS.

“Y que con educación podrá tomar decisiones informadas, que no solo le permitirán ganarse la vida, sino también mejorar el futuro de toda una generación”, acotó el padre de la adolescente.

Sneha no es la única joven en India que pudo regresar a la escuela gracias a la intervención de EG.

Desde 2007, la multipremiada organización trabaja para empoderar y garantizar la educación en las comunidades más desfavorecidas con el fin de que las mujeres puedan ingresar al mercado laboral y contribuir a sacar a sus familias de la pobreza.

EG pasó de un proyecto piloto con 500 escuelas a una red de más de 25.000, en 16 distritos de Rajasthan, así como en el central estado indio de Madhya Pradesh, y buscar aprovechar los recursos locales para mejorar el acceso y la calidad de la educación de 2,5 millones de niñas en 27.500 escuelas a fines de este año.

En 2015, EG participó en un experimento único, cuando implementó los Bonos de Impacto Social (BIS) o Bonos de Impacto en el Desarrollo (BID), un mecanismo que aprovecha el capital de riesgo privado para que una tercera parte, un donante o una fundación, puedan financiar el logro de unos resultados acordados.

“Ese tipo de financiación basada en el resultado puede ser un gran catalizador para impulsar la calidad y mejorar los resultados de los aprendizajes en la educación”, dijo a IPS el educador Suresh Pant, ex profesor adjunto de la Universidad de Delhi.

Según UBS Optimus Foundation, uno de los participantes del proyecto, los BID apunta a más a los resultados que otras formas de financiación, pues transfiere el riesgo a los inversores, que ponen el capital circulante en la organización que ejecutará el proyecto en el terreno.

Los objetivos predefinidos se miden de forma regular, lo que permite que la organización ejecutora se adapte con rapidez a cualquier corrección de rumbo necesaria, y así la entidad tiene una mayor motivación para lograr los resultados.

“El patriarcado y la discriminación de género excluyen de forma sistemática a las niñas de la escuela, coartándoles las ventajas de la autonomía, la movilidad y la independencia económica que gozan los varones”, explicó la fundadora de EG, Safeena Husain, de la Escuela de Economía de Londres.

“La educación abre la puerta a las niñas dándoles la posibilidad de alcanzar la igualdad de oportunidades. Nuestra organización alivia la vida y el futuro de las niñas integrándolas al sistema de educación formal”, añadió.

Escolares de Harohalli Taluq, una localidad 60 kilómetros al sur de Bangalore, India. Crédito: Malini Shankar/IPS

India logró universalizar la educación primaria, con 99 por ciento de inscriptos, pero la calidad sigue siendo mala. Un alumno indio está por lo menos dos años rezagado con respecto al grado que debería estar acorde a su edad, según estudios. Y Rajasthan tiene de los peores indicadores del país en materia de educación.

En sinergia con el gobierno, EG cuenta con una red de 12.000 voluntarios, llamados Equipo Balika, para garantizar una mayor matriculación y participación de las niñas, así como mejores los resultados de niños y niñas.

Ese enfoque representa un gran logro para pueblos indios donde una de cada 10 niñas de entre 10 y 14 años no va a la escuela para contribuir a los ingresos de la familia o ayudar a cuidar a sus hermanos menores, destacan especialistas.

“El sector privado realiza la inversión inicial ofreciendo el capital circulante a los proveedores de servicios para ejecutar los programas en el terreno”, explicó Ravi, quien destacó las enormes consecuencias del modelo de los BID para la educación

“Los bonos de impacto son una fuente nueva y complementaria a financiar intervenciones de desarrollo”, destacó Shamika Ravi, director de investigación de Brookings India.

Los contribuyentes, gobierno y agencias de desarrollo, están obligados a reembolsar la inversión, además de un rendimiento fijo, si y solo si, se cumple el rendimiento predeterminado.

Los interesados en los bonos pueden lograr un impacto colectivo en los servicios sociales y en cómo las intervenciones a pequeña escala pueden crear parámetros y marcos comunes para escalar y lograr un impacto en todo el sector, explicó Ravi en una columna del diario The Hindu.

El aprendizaje de los estudiantes de EG se mide utilizando el Estatus Anual del Informe de Educación, un estudio anual que presenta datos confiables de la matrícula escolar y de los aprendizajes básicos para cada distrito y estado de India.

La prueba mide tres competencias: hindi, inglés y matemáticas. La matrícula se mide por el porcentaje de niñas no escolarizadas de entre siete y 14 años reinscritas a fin de año.

Según el informe anual de EG, divulgado en agosto, en su tercer año, los BID superó sus objetivos al lograr 160 por ciento de sus metas de aprendizaje y 116 por ciento de las de inscripción.

“El progreso se midió con respecto a objetivos acordados para el número de niñas no escolarizadas que participan en primaria y en los últimos años de primaria, así como el progreso de las niñas y los niños en inglés, hindi y matemáticas”, detalla el documento.

“El modelo de financiación según resultados, con su constante retroalimentación y análisis de datos de los equipos en el terreno, permitió a la organización identificar los desafíos y diseñar soluciones personalizadas”, añade.

El mayor logro de la organización fue la matriculación, que llegó a 92 por ciento, y representó 20 por ciento del pago por resultados. El programa también superó el objetivo de inscripciones con 768 niñas más, un aumento de 116 por ciento.

Los resultados de los aprendizajes, que representaron 80 por ciento del pago por resultados, registraron un espiral ascendente de 8.940 más niveles de aprendizaje que el grupo testigo, con una medida predefinida de 5.592, equivalente a un logro de 160 por ciento, añade el informe.

La participación en los BID, explicó Husain, la fundadora de EG, hizo que la organización se focalizara en las metas y en el desarrollo de competencias, procesos y marcos precisos para medir y monitorear los resultados logrados.

“El éxito del modelo de los BID demuestra que estamos en el camino correcto”, concluyó.

Traducción: Verónica Firme

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Vivienda obstruye atención a mujeres víctimas de violencia en Cuba

seg, 03/12/2018 - 15:39

Integrantes del Taller de Transformación Integral del Barrio de Alamar Este, un barrio de La Habana, durante una sesión de trabajo en el marco de la Jornada por la No Violencia hacia Mujeres y las Niñas 2018, dentro de los 16 Días de activismo contra la violencia de género que se celebran en el mundo entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Dec 3 2018 (IPS)

Delgada y nerviosa, la trabajadora Belkis Rondón, de 57 años, siente que su problema nunca tendrá solución. “He hecho muchas denuncias, pero nadie me da respuestas… ni la policía ni (las autoridades de) vivienda”, dice esta vecina de barrio de Alamar Este, en la periferia de la capital cubana.

Rondón, secretaria en un centro estatal que atiende a niños y niñas con problemas de aprendizaje, es una de las víctimas de la violencia de género identificadas en la zona por un proyecto de atención comunitaria a mujeres en situaciones de maltrato, realizado entre 2017 y 2018.

“Mi exesposo no ha aceptado permutar para tener casas separadas porque quiere quedarse con el apartamento y dejarme en la calle”, contó a IPS esta mujer, que es coarrendataria de una vivienda de propiedad estatal junto al que fue su pareja por 14 años, hasta que en 2013 se divorciaron.

“Todas las opciones que le presento las rechaza”, fundamentó la trabajadora, con lágrimas en los ojos y gestos de desesperación, quien accedió a contar su difícil caso prolongado por cinco años debido a vacíos legales, desconocimiento y burocratismo.

“Tengo todos los papeles… puse abogados. Esta situación afecta mi salud física y mental”, continuó la mujer, que se ve impedida de vivir en su propia casa pero se mantiene yendo de vez en cuando para no perder los derechos del arrendamiento, que se retiran si el usufructuario permanece fuera más de seis meses.

Los casos como el de Rondón, que implican la separación de agresores y víctimas de la vivienda, quedan en un callejón sin salida, según especialistas vinculados al proyecto, en un país con un elevado déficit habitacional, burocratismo en el sector y sin una ley específica contra la violencia de género.

El acompañamiento especializado que recibe Rondón señala que la única solución según la ley vigente es una permuta forzosa, un mecanismo que las autoridades interponen cuando existen conflictos entre copropietarios o coarrendatarios para obligarlos a cambiar su vivienda por otras dos disponibles en el sector estatal.

Pero en la práctica resulta poco probable acceder a ese recurso por la baja disponibilidad habitacional, pues se registra un déficit de 929.695 unidades en un país de 11,2 millones de habitantes, y a ello se suma la lentitud de las autoridades para decretar la medida.

La cubana Belkis Rondón, víctima de violencia machista y quien no puede disfrutar de una vivienda, porque su exmarido se niega a permutar la que compartían por dos separadas para cada uno, sin que las autoridades brinden solución para su caso. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“El problema de la vivienda es lo que más afecta, porque es ahí donde se da principalmente la violencia de género”, dijo a IPS la abogada Daysi Aguilera, quien trabaja en la división del municipio de La Habana del Este de la Federación de Mujeres Cubanas, la única organización femenina con registro legal en el país.

“Y cuando una persona se decide a contar su problema es para que se le dé apoyo”, remarcó una de las participantes en Alamar Este del proyecto “Experiencia piloto de atención integral a la Violencia contra las Mujeres en el ámbito comunitario”, que coordinó Universidad de la Habana y apoyó la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.

La iniciativa dio formación especializada y articuló entidades comunitarias para la prevención y atención a la violencia de género desde los Talleres de Transformación Integral del Barrio (TTIB), las instituciones municipales creadas en 1988 para el trabajo social en los barrios desfavorecidos de los 15 municipios que conforman La Habana, con una población total de 2,3 millones de personas.

Tuvo lugar en los TTIB de los barrios de Alamar Este (municipio de La Habana del Este), El Canal (Cerro), Párraga (Arroyo Naranjo), Buena Vista (Playa) y Ciudad Libertad (Marianao), donde la violencia de género resulta un problema social con muy alta incidencia.

El Comité que ejecuta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, en inglés) resalta que Cuba mantiene carencias en la atención a las mujeres maltratadas,  en temas como “aprobar una ley integral sobre la violencia contra la mujer”, “asegurar un acceso efectivo a la justicia” y “establecer centros de acogida”.

Jóvenes artistas animan una de las actividades celebradas en el marco de La Jornada por la No violencia hacia las Mujeres y las Niñas 2018, que lanzó la nueva campaña Evoluciona, enfocada al problema del acoso machista, en el Pabellón Cuba de La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Hay casos que no tienen solución, pero otros se traban en las autoridades, con terrenos (estatales para construir) que no se dan”, puso como ejemplo Aguilera, sobre una alternativa que tienen ahora los gobiernos locales y pudiera ser usada para atender a las mujeres víctimas.

“Tienen que haber cambios legales y más sensibilización de los decisores”, remarcó.

El TTIB de Alamar Este ya había atendido por iniciativa propia a 38 mujeres víctimas entre 2015 y 2017. Y durante el proyecto identificó otros 19 casos el año pasado y este, además de que recibió capacitación especializada y se fortaleció con la creación de un grupo gestor.

“Hemos logrado que más de 22 casos salieran del ciclo de la violencia”, dijo la especialista principal del taller, Inés Laza, durante la participación exclusiva de IPS en una jornada especial del taller sobre el problema.

“A veces tenemos que (la víctima) demora en salir del ciclo por no resolver la permuta forzosa, incluso teniendo una orden de alejamiento”, lamentó Laza, quien señala a los casos que requieren cuestiones habitacionales como los más difíciles de resolver.

Con el diagnóstico realizado al inicio del proyecto, el equipo de Alamar Este encontró que el tipo de violencia contra las mujeres que predomina es la psicológica, seguida por la física, económica y, por último, la sexual, en correspondencia con investigaciones nacionales.

Mensajes de apoyo a la nueva campaña Evoluciona, que desde este año y hasta 2022 llevará por todo el territorio cubano planteamientos contra la violencia de género, comenzando por abordar el problema del acoso, durante un acto en La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

La representante del gobierno por el barrio y diputada, Margarita Basilia Araujo, sostuvo que hoy las comunidades, en especial los municipios, tienen algunas ayudas sociales generales que se pueden usar para atender a las mujeres víctimas.

Por su parte, la trabajadora social Ana Esther Suárez opinó que, “cuando hay violencia intrafamiliar muy grande, se puede dar la opción a la persona perjudicada de pedir terrenos ociosos estatales para construir por esfuerzo propio su vivienda, y luego puede solicitar el subsidio para construirla”.

Suárez explicó que en Alamar Este se apoya a las mujeres maltratadas con plazas para sus hijos en las guarderías públicas, que no cubren la demanda y son subvencionadas, además de sumarlas a actividades que las saquen de sus hogares y las vinculen a la sociedad en busca de elevar su autoestima y empoderamiento.

“Tenemos que enfrentar una serie de tareas y misiones para las que nunca tendremos respaldo económico”, sostuvo Olga Lidia Valdés, investigadora del TTIB. Mientras Lidia María Moré detalló que gracias al proyecto disponen de una red de contactos para derivar casos que llegan de otros municipios.

La socióloga Magela Romero, una de las coordinadoras por la Universidad de La Habana del proyecto, dijo que “se han incorporado más de 120 personas, que destacan por el protagonismo alcanzado en los municipios como los especialistas de los TTIB, trabajadores sociales, gobiernos, cultura, educación, salud pública, deporte y la policía”.

La iniciativa, que fortaleció las redes de apoyo con los recursos y servicios disponibles en las comunidades, contribuyó a dar una respuesta local a un problema sin una política pública específica nacional.

Según la Encuesta Nacional de Igualdad entre los Géneros, 27, 9 por ciento de las 10.698 mujeres entrevistadas declararon haber recibido algún tipo de maltrato en los 12 meses previos al sondeo, realizado en 2016.

De ellas, solamente 3,1 por ciento buscó ayuda para sí y 0,9 por ciento lo hizo para otra.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Países africanos muestran cierta transparencia en el gasto militar

seg, 03/12/2018 - 13:18

Un panel de debate sobre políticas para la paz. Crédito: Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Dec 3 2018 (IPS)

Cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó a publicar informes anuales sobre el gasto militar, en 1981, no logró la participación de los 193 miembros de forma voluntaria en ese ejercicio de transparencia, principalmente porque el presupuesto de defensa y el gasto militar es un asunto secreto en la mayoría de los estados.

El objetivo original de los informes, según la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU, era facilitar la reducción del gasto militar, en particular dado que se destinan billones de dólares a defensa, llegando a 1,7 billones (millón de millones) en 2017.

La ONU ha reclamado de forma enérgica, pero sin éxito, que se desvíen sumas significativas del gasto militar hacia la asistencia al desarrollo, incluidos los necesarios 100.000 millones de dólares que se necesitan para reducir las emisiones de gases invernadero para 2020 y contener el impacto del cambio climático.

Según Unoda, unos 126 estados miembro envían sus reportes al secretario general de forma regular o lo hicieron al menos una vez.

Pero muy pocos países mandan sus informes cada año, a no ser por unos cuantos que lo hacen de forma regular, a pesar de las diferencias significativas en la forma de presentar los datos.

La transparencia en materia de armamento, según la ONU, contribuye a la seguridad internacional al fomentar la confianza entre los países.

Pero en un ejercicio de transparencia, numerosos países de África subsahariana han enviado reportes sobre su gasto militar, como refleja el último informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), publicado en la tercera semana de noviembre.

Según los análisis del instituto, entre los países con una transparencia relativamente alta se destacan: Burkina Faso, Chad, República Democrática del Congo (DRC), Costa de Marfil, Ghana, Namibia, Sudáfrica y Tanzania, dijo a IPS el investigador del Programa sobre Gasto Militar y Armamento de Sipri, Nan Tian.

Y entre los menos transparentes están Eritrea, Etiopía, Malawi, Lesotho, Gambia, Guinea Ecuatorial y Yibuti, apuntó.

La Unoda insiste en que la información militar es importante, y en particular el gasto militar, porque ayuda a construir la confianza entre los países.

Al mismo tiempo, también sirve para ayudar a los gobiernos a determinar si ocurren acumulaciones excesivas o desestabilizadoras de armas.

El Sipri también destacó que la transparencia en el gasto militar en África subsahariana es mayor que el esperado.

Entre 2012 y 2017, 45 de los 47 estados de la región estudiados hicieron público por lo menos un documento con el presupuesto oficial en Internet.

“Al contrario de lo que podría creerse, los países de África subsahariana muestran una gran transparencia respecto de su gasto militar”, observó Tian.

La ciudadanía de todo el mundo debería saber cómo y a dónde se destinan los fondos públicos.

Por otro lado, la participación global en los reportes sobre el gasto militar enviados a la ONU alcanzó su nivel más bajo, observaron Tian y Pieter Wezeman, investigador del mismo programa que Tian en Sipri, en un comunicado de prensa conjunto.

“La última información que tenemos es que en 2018, solo 32 países remitieron sus datos relativos al gasto militar de 2017”, indicaron.

En el período 2008-2017, solo cinco países de África subsahariana enviaron sus informes por lo menos una vez, y ninguno entre 2015 y 2017.

Este año “todavía no terminó, pero hasta donde sabemos, ningún país africano mandó informes en 2018”.

Pero los datos de Sipri muestran que los gobiernos de 45 países de la región publicaron sus presupuestos de defensa o cifras del gasto militar entre 2012 y 2016, precisaron Tian y Wezeman.

Esos estados podrían haber usado esa información para enviar a la ONU sus propios formatos o un formulario simplificado.

Natalie J. Goldring, del Programa de Estudios de Seguridad en la Facultad de Servicio Exterior Edmund A. Walsh, de la Universidad de Georgetown, dijo a IPS que el último informe de Sipri tiene buenas noticias para los analistas y activistas preocupados por la transparencia en materia de defensa.

El instituto documentó la publicación de 45 de los 47 países de África subsahariana por lo menos en algún año entre 2012 y 2017.

La ONU tienen desde hace tiempo un instrumento para reunir información sobre el gasto militar de los estados miembro.

Pero lamentablemente, la participación en ese instrumento ha sido lenta en los últimos años. Y la vasta mayoría de los países que mandaron este año información relativa a sus presupuestos de 2017 están en Europa.

El resto de las regiones del mundo están muy mal representadas.

“Es irónico que tantos países de África publiquen sus informes a título individual, pero decidan no enviar los mismos datos a la ONU”, observó Goldring, quien también representa al Instituto Acrónimo para la Diplomacia del Desarme ante el foro mundial para cuestiones de armas convencionales y comercio de armas.

Los estados miembro suelen aducir cansancio por la presentación de informes debido a los numerosos, y a veces hasta superpuestos, pedidos de información, los que se tornan una carga para agencias y departamentos escasos de personal, observó.

“Una solución posible sería tratar de reducir el número de informes y crear formularios estándares para recolectar datos que, de lo contrario, se remitirían en múltiples informes”, propuso.

“La inclusión de virtualmente todos los países subsaharianos en el informe de Sipri es una buena noticia, pero conocer el valor monetario del presupuesto militar no aporta más que eso. El gasto militar no es un buen reflejo del poderío bélico de los países”, acotó.

Por ejemplo, el espantoso poder de destrucción de las armas pequeñas y ligeras usadas en los conflictos en todo el mundo está totalmente desproporcionado con respecto a su costo relativamente modesto, añadió.

En lo que respecta a la transparencia de los países de Asia, América Latina y Medio Oriente, Tian y Wezeman señalaron que no hicieron comparaciones en el informe ni un análisis extensivo de otras regiones en los últimos años.

“Pero sobre la base de los continuos monitoreos que hace el Sipri del gasto militar en el mundo, podemos esbozar la situación en otras regiones”, apuntaron.

La transparencia en América Latina es relativamente alta, pues para todos los países suele haber información útil y detallada.

En Asia, la transparencia varía mucho. Los gobiernos de India, Pakistán, Bangladesh, Filipinas, Malasia, Kazajistán e Indonesia publican datos útil acerca de su gasto militar.

Pero en Vietnam, Camboya, Laos, Corea del Norte, Uzbekistán y Turkmenistán, el gasto militar se mantiene secreto, mientras que la información disponible de China es incompleta.

En Medio Oriente, la transparencia también varía mucho.

Turquía, Israel, Irán y Jordania publican información detallada, mientras que los datos públicos de Arabia Saudita, Marruecos, Egipto e Iraq son mínimos, y “no encontramos datos útiles de Emiratos Árabes Unidos ni de Qatar”, indicaron.

Traducción: Verónica Firme

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Redefiniendo la pobreza multidimensional para no dejar a nadie atrás

seg, 03/12/2018 - 11:38

Los rostros de la pobreza. Crédito: Andrea Egan/PNUD

Por Carolina Rivera y Monica Jahangir
NACIONES UNIDAS, Dec 3 2018 (IPS)

La pobreza tiene dimensiones que van más allá de la falta de ingresos. Por ello, la necesidad de avanzar hacia una mejor comprensión de las múltiples formas en que las personas experimentan la pobreza está ganando terreno, como lo está haciendo también, la importancia de medir dichas carencias.

El entendimiento de ambas cuestiones es vital para una mejor toma de decisiones. Esta aproximación comparte además similitudes con el enfoque de desarrollo humano, ya que considera múltiples dimensiones del bienestar, desde la salud, la educación y los ingresos hasta participación política y empoderamiento.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha sido pionero en el desarrollo de mediciones multidimensionales de la pobreza que busca ampliar este debate con el Índice de Pobreza Multidimensional (IMP).

Pero, a pesar de que esta medición va más allá del simple nivel de ingresos, se enfoca generalmente en aquellos aspectos de la pobreza conocidos como “objetivos”. Es decir, estudia un conjunto de bienes y servicios tangibles, sin los cuales las personas podrían definirse como pobres.

Sin embargo, la pobreza también tiene un lado subjetivo: las personas también pueden ser consideradas pobres debido a como se sienten con respecto a aspectos importantes de sus vidas – las dimensiones que ellos valoran.

En la actualidad, cuando se evalúa el nivel de desarrollo de una sociedad, está ampliamente aceptada la importancia de considerar también aspectos subjetivos del bienestar– las conocidas como mediciones de felicidad o satisfacción con la vida.

Lo mismo es aplicable a la pobreza, que también cuenta con elementos subjetivos. La pobreza puede afectar a los seres humanos de diferentes maneras, ya sea internamente (por ejemplo, con sentimientos de vergüenza o humillación) o externamente (falta de poder político y de participación).

Dentro de este marco y en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que pide “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todas partes“, el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo y la Universidad de Oxford, a través de su proyecto “La pobreza en todas sus formas: determinando las dimensiones de la pobreza y cómo medirlas”, lideran una conversación a nivel global para redefinir la pobreza reexaminando  todas sus dimensiones clave, así como la manera en la que éstas interactúan entre sí.

Basados en la metodología de fusión de conocimientos, este proyecto es un programa de investigación internacional que aúna  académicos y profesionales, con personas que han experimentado la pobreza de manera directa, como co-investigadores, poniendo a todos los actores al mismo nivel.

La investigación comienza con una discusión de grupo, en el que personas con antecedentes similares se reúnen para discutir sus experiencias, conocimientos y percepciones de pobreza.

Los diferentes grupos se reúnen más tarde para compartir sus hallazgos y trabajar para expandir las definiciones tradicionales de pobreza. Equipos nacionales, que incluyen académicos, profesionales y personas que han vivido en la pobreza, están llevando a cabo investigaciones en Bangladesh, Bolivia, Francia, Tanzania, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Las principales conclusiones serán consolidadas en el ámbito nacional para después fusionarse internacionalmente e identificar las dimensiones de pobreza comunes entre regiones.

Utilizando la imagen de las ondas circulares que crea una piedra lanzada a un estanque, el grupo priorizó sus dimensiones de pobreza, del mayor (centro) al menor impacto en la vida de las personas. Crédito: PNUD

Reconociendo la importancia de este trabajo, la Oficina del Informe de Desarrollo Humano participó en uno de los grupos de trabajo, compartiendo su experiencia en la definición y medición de la pobreza multidimensional a través del enfoque de desarrollo humano, que se centra en las personas, así como sus oportunidades y elecciones.

El desarrollo humano aspira a que las personas posean mayor libertad para llevar vidas que valoren. Ese fue precisamente uno de los puntos de partida iniciales del proyecto: se preguntó a los participantes – ¿cuáles son los aspectos de sus vidas que valoran más?

Una investigación participativa como esta puede desafiar los conceptos tradicionales al dar voz a quienes son los verdaderos expertos en lo que realmente significa ser pobre. Los resultados pueden redefinir, por lo tanto, la manera en la que las políticas públicas en todo el mundo se enfocan para erradicar la pobreza.

En sus intervenciones, muchos de los participantes del programa se guiaron por un enfoque tradicional y posicionaron las necesidades básicas como el centro su propia jerarquía de pobreza. Sentían que únicamente al satisfacerlas, los seres humanos pueden participar en la sociedad y en la vida política, desarrollarse profesionalmente, conectarse con otros y encontrar su propósito en la vida.

Sin embargo, otros participantes tenían una opinión diferente. Sentían que la dimensión más importante de la pobreza era cómo se percibía a los individuos, así como el derecho a su dignidad e identidad. Si uno mira la pobreza de esta manera, es posible ver sus dimensiones como ligadas al (o más bien, a la falta de) respeto a sus derechos humanos.

Definir la pobreza de una manera no tradicional puede apoyar el monitoreo tanto de la pobreza como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y ayudar a  los países diseñar soluciones innovadoras para combatirla desde áreas no comunes. Tales áreas a menudo pueden ser descuidadas, al menos en parte debido a la dificultad de medir conceptos como identidad y autoconciencia, conexiones sociales y un sentido de pertenencia.

Esperamos que este trabajo contribuya a aumentar la importancia de tales medidas y sirva como sustento para que se incluyan en la recopilación de datos estadísticos en todas partes.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina de Informe sobre Desarrollo del PNUD. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con el PNUD.

RV:EG

El artículo Redefiniendo la pobreza multidimensional para no dejar a nadie atrás fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Trump reafirma en G20 su aislacionismo sobre cambio climático

sab, 01/12/2018 - 20:07

Manifestantes protestan en Buenos Aires contra la 13 Cumbre del Grupo de los 20, que acogió la capital argentina el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, cerrada con débiles consensos, salvo sobre cambio climático, en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, reafirmó su rechazo al Acuerdo de París. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Dec 1 2018 (IPS)

El cambio climático volvió a convertir al G20 en 19+1, con Estados Unidos aislado del resto del mundo. El presidente Donald Trump mantuvo su rebeldía sobre el tema en la cumbre de dos días de los grandes países industriales y emergentes que concluyó este sábado 1 en la capital argentina.

Ni siquiera la redacción de una declaración final suavizada en aras del consenso, en el que no se ponen plazos para la puesta en marcha de acciones que contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático, sirvió para sacar a Trump de su aislamiento en el consenso multilateral mundial al respecto.

En el documento de 31 puntos, el gobierno estadounidense hizo incluir un apartado especial, con el número 21, en el que advirtió que la principal economía del mundo seguirá apostando al crecimiento, “utilizando todas las fuentes de energía y tecnologías”.

Los otros 18 países y la Unión Europea (UE), que completan el G20 (Grupo de los 20), adhirieron  al punto 20, en el cual se comprometen a la “plena implementación” del Acuerdo de París sobre cambio climático, al que califican como “irreversible”.

Estados Unidos forzó que se puntualizara su retiro de ese tratado multilateral, efectuado en 2017, para adherir la declaración y que la cumbre de Buenos Aires, la primera que acogió en un país sudamericano, no terminase como la precedente, realizada en la ciudad alemana de Hamburgo, sin documento final.

El Acuerdo alcanzado en diciembre de 2015 en la capital francesa establece medidas para la reducción de gases de efecto invernadero, cuya principal consecuencia es la necesidad de poner en marcha la transición hacia fuentes de energía y tecnologías limpias, camino que Trump ratificó otra vez que no transitará.

Los demás países, de todas maneras, debieron encontrar un delicado equilibrio en materia de cambio climático que dejara a todos conformes con el documento.

“Se acordó incluir en el texto una referencia a la importancia de las acciones de adaptación al cambio climático y de impulsar economías más bajas en carbono. Pero se prefirió no hablar de plazos para lograrlo ni de cómo se obtendrá el financiamiento”, explicó a IPS el secretario de Ambiente del país anfitrión, Sergio Bergman.

“En esos temas están las verdaderas diferencias, así que los evitamos. Mejor que se discutan en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático, que empieza en pocos días en Polonia”, agregó.

En ese sentido la cumbre de Buenos Aires pareció demostrar que, aun cuando se excluya a Estados Unidos, tampoco es sencillo lograr consensos con respecto a los compromisos globales para mitigar el recalentamiento planetario.

“Trump es el que grita, pero hay otros países que, en silencio, también tienen problemas para implementar lo acordado en París”, reconoció Bergman.

Los desacuerdos en cuanto al cambio climático no impidieron que el presidente argentino, Mauricio Macri, celebrara como un éxito una cumbre que trajo simultáneamente por primera a Buenos Aires a los jefes de Estado y de gobierno de los países más influyentes del mundo.

Foto de familia de la 13 cumbre del Grupo de los 20 en Buenos Aires, en el Teatro Colón, donde se ofreció un espectáculo para los líderes de grupo, en algunos casos acompañados por sus parejas. Crédito: G20 Argentina

El G20, que nació en 1999 como un foro exclusivamente financiero, celebra desde hace 10 años, tras el estallido de la última crisis económica global, cumbres anuales que reúnen a los líderes de los países que, en conjunto, reúnen un 66 por ciento de la población mundial y un 85 por ciento del producto interno bruto.

Así, el chino Xi Jiping, el ruso Vladimir Putin, la alemana Angela Merkel, el indio Narendra Modi y el japonés Shinzo Abe, entre otros, pasaron por Argentina junto a Trump en la 13 cumbre del que hasta la llegada de Trump pretendió ser el gran directorio de los consensos mundiales entre el Norte y el Sur.

Macri seguramente imaginaba llegar a esta Cumbre en otra situación, ya que 2018 ha sido un muy año malo para Argentina y en consecuencia para su presidencia: la economía se derrumbó y quedó seriamente en duda su capacidad para conducir del país.

Con una devaluación de la moneda local, el peso, que superó el 100 por ciento, una inflación que este año rondará el 50 por ciento y un fuerte deterioro del poder adquisitivo de la población, Macri recurrió este año al auxilio del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo internacional de crédito accedió a prestarle a la Argentina más de 57.000 millones de dólares, pero a cambio impuso una drástica reducción del gasto público, que generó una fuerte caída de la actividad económica y empeoró la situación social: de acuerdo a estudios privados, la pobreza en este país sudamericano ya supera el 30 por ciento.

Con este telón de fondo, había especial inquietud en las autoridades por la posibilidad de protestas contra la Cumbre que se desbordaran. Existía, además, el antecedente de los graves hechos de violencia producidos en la cumbre de Hamburgo.

Parte del operativo de seguridad en los alrededores del legislativo Congreso Nacional argentino en la tarde del viernes 30, para impedir que se acercase al lugar la manifestación realizada en Buenos Aires en rechazo a la Cumbre del Grupo de los 20. Crédito: Daniel Gutman/IPS

El operativo de seguridad incluyó el despliegue en la capital argentina de 22.000 agentes de fuerzas de seguridad, con tanques y exhibición de armas largas.

No solo fueron custodiadas las áreas en las que se movieron los líderes, sino también se impuso un cerco de seguridad al legislativo Congreso Nacional, punto de llegada la tarde del viernes 30 de una manifestación de protesta, a unos cinco kilómetros de la sede de las deliberaciones de los mandatarios, en un centro de convenciones junto al río de La Plata.

El recorrido de la movilización por la ciudad fue acordado en los días previos por el Ministerio de Seguridad con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980 por su denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983).

Finalmente la manifestación se desarrolló sin ningún incidente y con la participación solamente de partidos políticos de izquierda y organizaciones sociales, que rechazaron tanto al G20 como al FMI.

“Estamos aquí porque entendemos que los líderes mundiales vienen a avalar el plan de ajuste de Macri”, dijo a IPS Celeste Fierro, integrante de Anticapitalistas en Red, una organización que reúne a militantes de izquierda de distintos países.

“Hay mucha bronca en Argentina por la situación y todo el montaje que se hizo en Buenos Aires para esta Cumbre la agravó”, agregó Fierro.

La protesta se vio devaluada por la ausencia de los partidarios de la expresidenta de centroizquierda, Cristina Fernández (2007-2015), principal opositora a Macri.

Si bien 10 días antes participó de una llamada “Contracumbre” celebrada en un estadio de fútbol, que reunió a figuras regionales como la destituida ex presidenta brasileña Dilma Rouseff, Fernández mantuvo un prudente silencio durante la Cumbre.

Así, el único momento incómodo de la Cumbre que vivió Macri no se la proporcionó la sociedad argentina sino Trump.

El presidente argentino tuvo una breve reunión bilateral con su par de Estados Unidos. Más tarde, la vocera de la Casa Blanca informó que los dos mandatarios se comprometieron “a enfrentar la actividad económica depredadora china”.

Macri lo rechazó y aseguró que su gobierno “no ve la presencia china como una amenaza sino como una oportunidad”.

En Argentina, igual que en el resto de América Latina, se ha convertido durante los últimos años en el inversor principal de los proyectos de desarrollo.

Deseoso de agradar al presidente chino después de la acción de la Casa Blanca, Macri aseguró que Xi “cada vez se hace más fanático de la Argentina. Ya no solo le gusta el fútbol y el tango, sino que ahora también le encantan la carne y el vino”.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Escuchen nuestra voz: el reclamo de adolescentes latinoamericanos

sex, 30/11/2018 - 13:57

“Escuchen nuestra voz, entiendan nuestra voz, respeten nuestra voz, acepten nuestra voz, implementen nuestra voz”, gritaron el medio centenar de adolescentes latinoamericanos, al concluir un encuentro regional donde los jóvenes presentaron sus exitosas iniciativas para mejorar la situación de sus entornos. Crédito: Cepal

Por Orlando Milesi
SANTIAGO, Nov 30 2018 (IPS)

Cincuenta jóvenes de 16 países latinoamericanos denunciaron crecientes abusos sexuales y discriminación por razones como las étnicas, contra la población infantil y adolescente de la región, y reclamaron mayor participación en la solución de los problemas que los aquejan, durante un encuentro en la capital chilena.

Bajo el lema “En la ruta de la Igualdad: a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño”, durante el primer Conversatorio Regional de América Latina y el Caribe se presentaron 17 proyectos, seleccionados entre 696 propuestas de  innovación social, que grupos de jóvenes desarrollan han creado y ejecutan para impulsar una mayor igualdad y desarrollo sostenible en sus países.

Más de 2.000 jóvenes de la región postularon sus proyectos en el marco de la iniciativa Concausa 2030, promovida, como el encuentro en Santiago, por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).“La desigualdad, la falta de oportunidades, la mala calidad  educativa, las situaciones económicas desfavorables, las pandillas, patrones de violencia a nivel familiar y la falta de efectividad de los gobiernos al momento de recibir las denuncias, darle seguimiento y hacer políticas públicas para prevenir estos actos, son factores que inciden en el  incremento de la violencia”.

Durante la reunión realizada entre el martes 27 y el jueves 29, adolescentes de entre 15 y 17 demandaron, junto con mayor participación, educación  gratuita y de calidad, medidas a favor de la inclusión y contra la discriminación, y políticas para su inserción laboral y contra la violencia de que son víctimas especiales.

“Escuchen nuestra voz, entiendan nuestra voz, respeten nuestra voz, acepten nuestra voz, implementen nuestra voz”, gritaron los jóvenes en la sesión de clausura donde leyeron sus conclusiones en presencia de representantes de los gobiernos de la región y de agencias de Naciones Unidas.

“No queremos más violencia en contra de nosotras, las niñas y mujeres  jóvenes de Guatemala, de América Latina y del mundo”, dijo a IPS la guatemalteca Alejandra Teleguario, de 17 años, quien cursa segundo año de la carrera de magisterio infantil bilingüe intercultural en su país.

“En Guatemala hay un alto índice de  acoso sexual en contra de niñas jóvenes y mujeres. La tasa es bastante alta  en el departamento de Quetzaltenango, adonde nosotros estamos. Hasta octubre del 2018 se han registrado 4.000 casos de embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 a 17 años. A nivel nacional hay más de 65.000 casos”, desgranó antes de destacar que situaciones similares se repiten en la región.

“Creemos que las  injusticias siempre prevalecen y todos esos casos no han sido resueltos por nuestras autoridades” agregó, para después expresar su alegría porque pudieron plantear esta realidad  ante el vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, presente en la sesión en la cual explicaron su proyecto: “Niñas ayudando a niñas”.

Su iniciativa brinda talleres de autoayuda y de bisutería a mujeres víctimas de diferentes formar de maltrato, incluido el abuso sexual.

Cabrera reconoció que su país enfrenta desafíos para garantizar los derechos de la infancia, sin embargo, destacó que “estamos en camino de trazar una hoja de ruta que realmente cambie a nuestro país”.

En la inauguración del Conversatorio, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena sostuvo que “la participación juvenil es ineludible para alcanzar la Agenda 2030: un desarrollo sostenible que tiene como horizonte la igualdad no puede lograrse sin el compromiso de todos”.

“Los jóvenes no son indiferentes al deterioro ambiental ni a la desigualdad. Mucho menos a la violencia y la desigualdad de género”, agregó.

La población de América Latina y el Caribe alcanzó este año a 652 millones de habitantes de los cuales 193 millones son niños, niñas y adolescentes.

Los adolescentes Nallely Blas Lucas, Daniel Díaz Esquivel y Ana Karen de Jesús Martínez viven y estudian en el pueblo de San Ildefonso, en el central estado mexicano de Querétaro, donde impulsan el proyecto Comercialización Justa de Artesanías, para valorizar el trabajo de las artesanías del pueblo indígena otomí. Crédito: Orlando Milesi/IPS

 

El acto inicial fue encabezado también por Henrietta Fore, directora ejecutiva de Unicef,  María Cristina Perceval, directora regional para América Latina y el Caribe de la misma agencia, y Benito Baranda, presidente ejecutivo de la organización no gubernamental América Solidaria Internacional, también promotora de Concausa.

Baranda dijo a IPS que  “los problemas que tienen hoy los jóvenes de América Latina y el Caribe son muy parecidos a los de los adultos. Tienen los mismos problemas de seguridad, de pobreza y de  falta de oportunidades”.

“Por eso es tan importante que los jóvenes participen hoy día porque si ellos no exigen el respeto de sus derechos, van a sufrir lo mismo que sufrieron sus padres: una permanente violencia del Estado, de las personas y de la sociedad sobre ellos”, afirmó.

Añadió que por el período de vida,  los problemas de los jóvenes “son más urgentes porque se está hipotecando el presente y el futuro  de ellos,  se está causando un daño que después va a ser extremadamente difícil de recuperar”.

En la asamblea, Baranda urgió a los jóvenes a pasar de la indignación al compromiso y a trabajar por un trato más igualitario.

“La peor desigualdad es la de trato, color, idioma, estatura. Ustedes pueden cambiar esa desigualdad. Con un trato igualitario es muy fácil acceder a la justicia. Ustedes pueden construir un continente más igualitario”, dijo en la sesión inaugural.

Proyectos que generan cambios

Sofía Fernández, una joven uruguaya no vidente,  conmovió a todos cuando contó la campaña “Decímelo a mí”  y demandó atención  a los problemas de  salud sexual y reproductiva de ciegos y sordos, además de una educación  inclusiva.

Entre los 17 proyectos seleccionados, hubo  provenientes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,  Guatemala, Honduras,  México,  Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En San Ildefonso Tultepec, al sur del central estado mexicano de Querétaro, donde viven unas 3.000 indígenas otomís, se desarrolla el denominado Comercialización Justa de Artesanía, que capacita a jóvenes indígenas.

Ana Karen de Jesús Martínez, de 17 años, quien cursa  quinto semestre de  bachillerato, dijo a IPS que “lo  principal es ayudar a la economía de nuestras familias con talleres  que hacen videos para mostrar y comercializar las artesanías. Un segundo taller busca que los indígenas sepan el valor tienen sus  artesanías y así no  las rebajen”.

“La perspectiva es concientizar sobre el valor que tiene la artesanía,  nuestra cultura, vestimenta y lengua  materna.  Queremos mejorar la economía, pero también promover nuestra cultura”, agregó.

La ecuatoriana María Belén Proaño, de 17 años, impulsa el proyecto radial Mi voz Tu voz, en el municipio de La Libertad, a dos horas de Guayaquil, la capital económica del país. “Es un programa radial que busca hacer escuchar la voz de muchos niños que no tuvieron el apoyo de sus familias”, explicó a IPS.

“Podemos reflejar con nuestras voces los problemas de bulling (acoso escolar) que pasa bastante  en la Unidad Educativa  y generamos conciencia  en niños, niñas, jóvenes  y adultos, que son  los responsables  del caminar de nosotros”, resumió Jhonny Ramírez, también de 17 años a IPS.

Antes, durante la exposición de su proyecto, contó el caso de un niño que se suicidó tras sufrir acoso escolar por sus compañeros.

“Me llena de orgullo escuchar a niños que no podían hablar  y que lo hacen a través de la radio, algunos de ocho años”, afirmó la ya estudiante universitaria Andrea Oyarvide.

“Por nosotros comienza el cambio. Lo que hacemos es tratar de reflejar seguridad en los niños que nos cuentan sus miedos, errores, metas, objetivos. Los niños están tratando de alzar su voz”, dijo convencida a IPS.

“Es muy importante proteger nuestra integridad para garantizar el buen desarrollo de un país, ya que somos personas que estamos cambiando el futuro” afirmaron los jóvenes en su declaración final, leída en español, francés, inglés, portugués, creolé  y quechua, entre aplausos de los adultos funcionarios de gobiernos, expertos, parlamentarios y periodistas.

“La desigualdad, la falta de oportunidades, la mala calidad  educativa, las situaciones económicas desfavorables, las pandillas, patrones de violencia a nivel familiar y la falta de efectividad de los gobiernos al momento de recibir las denuncias, darle seguimiento y hacer políticas públicas para prevenir estos actos, son factores que inciden en el  incremento de la violencia”, concluyeron los adolescentes.

Y por ello, proponen “mejorar las políticas públicas para que sean  inclusivas, eficientes y todos los niños, niñas y adolescentes seamos protegidos ante todo tipo de violencia”.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El Caribe necesita sentarse en la mesa de negociación de la COP24

sex, 30/11/2018 - 13:13

El aumento del nivel del mar obligó a reubicar viviendas en la costa y a construir muros de contención en Layou, una ciudad del sudoeste de la isla caribeña de San Vicente . Crédito: Kenton X. Chance/IPS

Por Desmond Brown
SAINT GEORGE, Nov 30 2018 (IPS)

El Caribe no quedará afuera de las negociaciones de la 24 Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se realizará del 3 al 14 de diciembre en la ciudad polaca de Katowice.

El encuentro contará con la presencia de 3.000 delegados de todo el mundo, entre los que hay jefes de gobierno y de Estado y ministros responsables del ambiente y de cuestiones climáticas.

Dos de los principales negociadores insisten en que es fundamental que la Comunidad del Caribe (Caricom) esté presente, pues el objetivo de la COP24 es adoptar un paquete de medidas para implementar el Acuerdo de París sobre cambio climático, alcanzado en 2015.

“Coincido en que si no se está en la mesa de negociación, no se está en el menú, y nuestras prioridades se verán perjudicadas”, observó Spencer Thomas, enviado especial de Granada para Acuerdos Ambientales Multilaterales, en diálogo con IPS.

“Tenemos que estar ahí para asegurarnos que se protejan las circunstancias especiales y las vulnerabilidades particulares de los pequeños estados insulares”, subrayó Thomas.

Y también “para asegurarnos de que haya recursos disponibles para hacer frente al flagelo del cambio climático y construir resiliencia en el Caribe”, apuntó Thomas.

“Y que se tomen acciones de mitigación significativas; que los esfuerzos de adaptación permitan garantizar que tenemos verdaderas actividades en esa línea”, añadió.

El Acuerdo de París es el primer tratado internacional de la historia que obliga a todos los países a tomar medidas para frenar el recalentamiento global. La implementación del paquete de medidas permitirá poner en práctica el acuerdo, y así fijar la política climática y energética para los próximos años.

Thomas mencionó los últimos huracanes devastadores y su impacto en la región para subrayar que el Caribe debe participar en la COP24 para trabajar hacia la construcción de resiliencia y lograr avances, atender la cuestión de las pérdidas y los daños y del desarrollo tecnológico, en especial porque se relaciona con cambios en el sector energético.

“Necesitamos estar ahí para proteger todos los logros alcanzados hasta ahora y consolidar nuestras acciones de cara al futuro en lo que respecta a las medidas climáticas para el Caribe”, insistió.

“La resiliencia es clave. Y construir resiliencia en el Caribe o en los pequeños estados insulares en desarrollo es un asunto especialmente clave que necesitamos trabajar en la COP24”, insistió.

Thomas señaló que el Acuerdo de París es un marco que presenta una plataforma para la acción global en materia de cambio climático.

El Acuerdo de París trata en especial del marco para la mitigación, pero también para la adaptación, para pérdidas y daños, para cuestiones de género, de agricultura, de transparencia y también ofrece un marco tecnológico, precisó Thomas.

“En mi opinión, lo que se necesita hacer es elaborar e implementar esos marcos y crear normas y pautas para ellos”, explicó.

“En cierto sentido, es una plataforma para avanzar. Cambia las dinámicas de las negociaciones previas y centraliza las distintas cuestiones al punto de que todas las partes, todos los países asumieron compromisos en función de su propia realidad para hacer frente al cambio climático”, añadió.

Mientras, Leon Charles, asesor del Ministerio de Ambiente de Granada, dijo que hay dos resultados posibles que saldrán de las negociaciones de 2018.

“Los últimos dos años pasamos elaborando el día a día de las normas para implementar el acuerdo”, recordó.

“Por ejemplo, en términos de las contribuciones nacionales de los países, estamos negociando cómo se deben definir esas contribuciones, qué información hay que presentar para que podamos realmente medir que se hizo lo que se había dicho que se haría”, precisó.

“Luego, es necesario definir cómo se informará sobre lo que se dijo que se haría y cómo se valida y así”, prosiguió Charles en diálogo con IPS.

“Existe el llamado sistema de conformidad con el sistema, por ejemplo, que trata de cómo medimos si los países cumplieron con lo que dijeron que harían y, lo más importante, qué pasará con los que no hayan cumplido sus metas”, alertó.

“Tenemos que crear algo que facilite y los ayude en los próximos años a mejorar sus objetivos”, añadió Charles.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CMNUCC, Patricia Espinosa, dijo que con las consecuencias cada vez más devastadores del cambio climático, es crucial que las partes logren el principal objetivo de la COP24: finalizar el Programa de Trabajo del Acuerdo de París.

Eso permitirá aprovechar al máximo el acuerdo, pero también es una señal de confianza en que los países se toman en serio su compromiso de frenar el cambio climático, puntualizó.

Charles coincide con Thomas en que es importante que el Caribe esté representado en la COP24.

“Si queremos tener éxito y que el resultado de 2018 refleje lo que es importante para nosotros, tenemos que participar”, subrayó.

Traducción: Verónica Firme

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En India, mujeres boicotean bodas de novias menores de edad

qui, 29/11/2018 - 16:36

Malti Tudu, la “destrozabodas” en una aldea en el distrito de Kishanganj, en el norte de India. Crédito: Biju Boro/ONU Mujeres

Por Corresponsal Fao
KISHANGANJ, India, Nov 29 2018 (IPS)

Podríamos llamar a Malti Tudu, una joven de 20 años, “la destrozabodas”. Su único objetivo es impedir que una boda llegue siquiera a comenzar. Al menos, si la novia es menor de edad.

“Si todo el mundo comenzara a boicotear ese tipo de bodas, seguro que conseguiríamos eliminar el matrimonio infantil”, dice Tudu, de la aldea de Simalbari, en el distrito de Kishanganj, en el estado de Bihar, en el norte de India.

“Para celebrar una boda se necesita gente: un sacerdote que dirija el rito religioso, un grupo de músicos, cocineras y cocineros para preparar la comida para el evento, e invitadas e invitados que den la enhorabuena a los recién casados”, explica.

Tudu, prácticamente una adolescente de 20 años de edad, es una de las jóvenes líderes de Bihar que están intentando poner fin de la práctica del matrimonio infantil en sus comunidades.

En la casta y tribu reconocida oficialmente de Santhal Scheduled (a la que pertenece tanto Tudu como la mayoría de la población de su distrito), 74,1 por ciento de las mujeres y niñas contrae matrimonio antes de cumplir los 18 años, frente a 42,6 por ciento en otras comunidades.

Para evitar este tipo de bodas, el grupo de mujeres está recabando apoyo a través de reuniones en las que las líderes piden a las participantes que prometan que no permitirán que sus hijas se casen por debajo de la edad legal establecida, o que no asistirán a esas bodas.

Tras la ceremonia de promesas, encabezan manifestaciones en sus aldeas con el fin de crear conciencia acerca de los efectos nocivos del matrimonio infantil.

Se calcula que, en todo el mundo, 650 millones de mujeres y niñas que permanecen vivas en la actualidad se casaron antes de cumplir 18 años. El matrimonio infantil suele provocar embarazos precoces, interrumpe la educación, limita las oportunidades de las niñas y aumenta su riesgo de sufrir violencia doméstica.

Tudu no duda en emplear nuevas tácticas. Una vez, reunió a un grupo de mujeres para visitar a los progenitores de una niña de 16 años cuyo matrimonio ya había sido concertado.

Talamai Soren, otra lideresa comunitaria que encabeza el boicot a las bodas de niñas y adolescentes en el distrito de Kishanganj, en el estado indio de Bihar. Crédito: Biju Boro/ONU Mujeres

“Sus progenitores nos gritaron, diciendo que eran los responsables del futuro de su hija… También dijeron que no era la primera vez que lo hacían y que iba a asistir mucha gente a la boda”, explica.

Haciendo frente a aquella resistencia, Tudu y su grupo rogaron a todas las personas que pudieron en la aldea que no asistieran a la boda. A continuación, regresaron por segunda vez a la casa de la niña con mayor respaldo de la aldea y hablaron con ella. Descubrieron que la niña quería terminar de estudiar.

Cuando el grupo visitó de nuevo a la familia unas semanas más tarde, sus padres cancelaron la boda y la niña continuó estudiando.

“Salvé una vida de la destrucción”, afirma orgullosa Tudu. “La sensibilización es crucial para reducir este tipo de casos”, asegura.

Manifiesta que la capacitación en apoyo psicosocial que recibió a través de la organización local Pragya le ayudó a desarrollar sus aptitudes de asesoramiento y estimuló su activismo.

La iniciativa está financiada por el Fondo Fiduciario de la Organización de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer (Fondo Fiduciario de la ONU), gestionado por ONU Mujeres en nombre del sistema de las Naciones Unidas.

Existe otra iniciativa similar en curso en la aldea de Lamba Basti, también perteneciente al distrito de Kishanganj, y liderada por Talamai Soren, de 35 años.

Casada a los 15 años, conoce demasiado bien los riesgos que entraña este tipo de matrimonios. Cree que el hecho de hacer hincapié en la educación de las niñas es una buena forma de reducir el riesgo de matrimonio infantil, y que el trabajo del grupo de mujeres ha contribuido en cierta medida a lograr este objetivo.

En la aldea de Baliadhangi, la joven de 21 años Niska Pushpa Marandi también habla con otras mujeres sobre las implicaciones legales del matrimonio infantil y la dote, que constituye un delito penal y conlleva penas de cárcel.

“Tras prestar el juramento, ninguna de ustedes permitirá que una hija menor de la edad legalmente establecida contraiga matrimonio, ni asistirá jamás a bodas en las que se casen personas que no hayan alcanzado la edad legalmente establecida para ello, o en las que haya personas que acepten u ofrezcan dote”, insta a las participantes a prometer.

La organización de este tipo de actividades corre a cargo de las más de 2.800 mujeres y niñas rurales que se han incorporado a los 100 grupos de mujeres creados en cinco estados de India (Rayastán, Bihar, Jharkhand, Assam y Himachal Pradesh) como parte de un programa de prevención de la violencia para mujeres pertenecientes a minorías étnicas financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

Según Lorna Mesina, del Fondo Fiduciario de la ONU, “el proyecto de Pragya cuenta con un notable apoyo local y se sirve de la fortaleza de los grupos comunitarios locales, como los consejos de las aldeas y los grupos de mujeres, que garantizan su sostenibilidad”.

El programa utiliza la concienciación y la movilización de las mujeres y de la comunidad para luchar contra la violencia. Además, trata de garantizar servicios de apoyo y respuestas más eficaces, como asesoramiento para encontrar soluciones y asistencia médica y jurídica para las sobrevivientes de la violencia.

Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres, como parte de sus historias sobre #Escúchame También, su lema durante los 16 Días de activismo contra la violencia de género, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con ONU Mujeres y como contribución a estas jornadas contra la violencia machista.

RV:EG

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Residuos marinos convierten a la Tierra en un planeta de plástico

qui, 29/11/2018 - 13:19

Los plásticos contaminan cada vez más los mares y los océanos, y amenazan los ecosistemas marinos. Crédito: Busani Bafana/IPS.

Por Busani Bafana
NAIROBI, Nov 29 2018 (IPS)

África corre el riesgo de ser el lugar más contaminado del mundo por plásticos dentro de tres décadas, superando así a Asia, alertó una red continental que busca soluciones africanas para resolver el problema de los desperdicios plásticos en los océanos, una amenaza creciente para el planeta.

“La contaminación por plástico es real y preocupante”, subrayó Tony Ribbink, director general del Sustainable Seas Trust (SST), a cargo de la implementa la Red Africana de Desperdicios Marinos, concentrada en hacer frente a la contaminación marina en este continente.

“La contaminación por plástico es uno de los muchos tipos de contaminación marina, y África es el segundo continente más contaminado del mundo, después de Asia sudoriental, que está revirtiendo la situación”, explicó Ribbink a IPS.

“Los pronósticos indican que África será el continente más contaminado por plástico en 2050 si no se toman medidas ahora”, acotó.

La evidencia científica muestra un panorama nefasto para los océanos, que tendrán más plástico que peces en poco más de 30 años, según ONU Medio Ambiente.

Muchos países logran avances en sus esfuerzos de reducir el uso de productos plásticos.

Por ejemplo, Isabelle Berard, viceministra adjunta para Cambio Climático, Ambiente y Asuntos Internacionales de Canadá, señaló que las provincias decidieron adoptar una estrategia para reducir esa amenaza, en la Conferencia de Economía Azul Sostenible, que concluyó el 28 de noviembre en Nairobi.

Por su parte, el profesor Geoffrey Wahungu, director general de la Autoridad Nacional de Ambiente de Kenia, indicó que un año después de que su país prohibiera el uso de bolsas plásticas se notó un cambio significativo, con cursos de agua más limpios.

Las inundaciones que ocurrían porque los drenajes se tapaban, ya no ocurren, ejemplificó.

El Atlas de Océanos, publicado por la Fundación Alemana Heinrich Boll y el Grupo de Excelencia Océano Futuro, de la Universidad de Kiel, elaboró una lista con los 20 países con peor gestión de desperdicios plásticos del mundo, y cinco de ellos están en África.

China, Indonesia, Filipinas, Sri Lanka, Egipto, Sudáfrica, Nigeria, Marruecos, Tailandia, Malasia, Vietnam, Argelia, Turquía, India, Brasil, Pakistán, Corea del Norte, Estados Unidos, Myanmar (Birmania) y Bangladesh, son responsables de 83 por ciento de la mala gestión de la basura plástica en los océanos.

El Atlas de Océanos señala que 80 por ciento de la contaminación plástica procede de la tierra, principalmente de países que tienen una mala gestión de residuos o no tienen ninguna.

La Red Africana de Desperdicios Marinos, lanzada en 2016 para los 38 países costeros e insulares de África, es la primera plataforma de colaboración para compartir recursos y conocimientos, que busca soluciones diseñadas a escala local.

Erradicar la basura marina, y en especial la plástica, es la preocupación principal de la red, que aboga por el 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca conservar y hacer un uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos.

Si no lo puedes medir, no lo puedes resolver.

Los océanos y los mares cubren más de 70 por ciento de la superficie de la Tierra y suministran alimento, regulan el clima y generan la mayoría del oxígeno que respiramos. Además, sostienen la economía global a través del turismo, la pesca, el transporte marino y el comercio.

Pero a pesar de su importancia, ONU Medio Ambiente señala que los océanos están frente a una amenaza sin precedentes, debido a las actividades humanas. Cada año, unas ocho millones de toneladas de plástico terminan en los océanos del mundo.

La conferencia, convocada en agosto de 2017, reunió a especialistas marinos de África y de todo el mundo e identificó numerosas áreas para gestionar la contaminación plástica y otros desperdicios en África.

“Identificamos la necesidad de medir la contaminación plástica, y desarrollamos sistemas para hacerlo que incluye satélites y vehículos aéreos no tripulados”, indicó Ribbink. “Por lo que hemos visto, tenemos una grave contaminación por plástico en nuestros océanos y mares”, reafirmó.

La red desarrolla un manual sobre basura marina para hacer frente y aliviar el problema de los desperdicios, el que se lanzará el año que viene para su distribución en Sudáfrica, primero, y luego en todo el continente.

África podría revertir la situación mediante estrategias efectivas de gestión, así como involucrando a las autoridades locales y al sector privado en programas de reciclaje.

La verdadera cuestión es cambiar el comportamiento de la gente en el trabajo, la escuela, el hogar y en los sitios de recreación, donde se descarta el plástico, indicó. Las ciudades son fuente clave de donde sale el plástico que termina en los ríos y luego en el mar.

“Es necesario construir capacidades y educar”, subrayó Ribbink.

“Encontramos maestros que no saben esto. Queremos esa información en los programas escolares de Sudáfrica y desarrollamos y elaboramos un libro para ello”, añadió.

En el marco de su interés por compartir información sobre la gestión de desperdicios plásticos, la red creará la Academia de Desperdicios de África para dictar cursos certificados y promover la transferencia de capacidades entre especialistas africanos e internacionales.

Una gran dificultad para la erradicación de la contaminación plástica en África es la falta de valoración del valor económico de los plásticos, observó Ribbink, quien reclamó empresas que incentiven su recolección y reciclado.

Unas 250 organizaciones, entre las que hay comerciantes y fabricantes de embalaje, suscribieron el Compromiso global para un nueva economía de los plásticos, con el fin de frenar los desperdicios plásticos en sus operaciones. Se trata de una iniciativa voluntaria impulsada por la Fundación Ellen MacArthur, con ONU Medio Ambiente.

En Occidente, la ciudadanía se ofusca cuando ve morir aves marinas y delfines ahogados por bolsas de plástico, pero esos no son los problemas de África. A los africanos les preocupa la pobreza, la creación de empleo, el turismo y llevar comida a la mesa, a pesar de que son cuestiones que también tienen que ver con los plásticos.

“Si la gente pudiera reconocer que el mismo plástico podría ser fuente de ingresos y, de hecho, perjudica el bienestar de sus familias, cambiaría”, opinó.

Si la basura plástica es un problema, los microplásticos son peores. El plástico recorre largas distancias, desplazado por las corrientes marinas.

“La proporción de microplásticos que queda en la superficie puede parecer pequeña, pero es la causa de un gran problema que tiene consecuencias de gran alcance”, alerta el Atlas de Océanos.

“Los peces lo confunden con plancton y lo comen, y así entran en la cadena alimentaria y terminan en nuestros platos y en nuestros estómagos”, alertó.

* Con aportes de Sam Olukoya, desde Nairobi.

Traducción: Verónica Firme

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Líderes tradicionales de África se unen para eliminar prácticas contra las mujeres

qua, 28/11/2018 - 17:52

Líderes tradicionales de 17 países africanos se han reunido en Nairobi, la capital de Kenia, para debatir sobre cómo erradicar prácticas perjudiciales como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Crédito: Faith Bwibo/ONU Mujeres

Por Corresponsal Fao
NAIROBI, Nov 28 2018 (IPS)

Su título revela su poder: la Reina Madre. “Cuando hablamos, la gente escucha. Y decimos que vamos a poner fin a esas (prácticas) tradicionales perjudiciales porque no son buenas para nuestras comunidades, especialmente en el caso del matrimonio infantil y precoz”, dice la ugandesa Best Kemigisa.

Una de cada tres mujeres de África se casa antes de cumplir los 18 años, y de los 30 países en los que existe una mayor prevalencia de la mutilación genital femenina, 28 están en África.

La desigualdad entre sexos, profundamente arraigada, las creencias culturales establecidas y la pobreza potencian esta nociva práctica.

En muchas zonas, los hombres y las mujeres que lideran las comunidades tradicionales y religiosas y que realizan, promueven o defienden el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina son los garantes de estas prácticas. Por lo tanto, también pueden convertirse en las figuras aliadas más poderosas para erradicarlas.

La Reina Madre Best Kemigisa del reino Toro de Uganda es una de esas aliadas y una voz con poder en su comunidad. “Como líderes tradicionales tenemos una importancia fundamental, ya que no sólo no aceptamos las leyes, sino que somos quienes las dictamos”, ha afirmado durante una reunión en Nairobi, Kenya, que ha reunido a líderes tradicionales de 17 países africanos.

La reunión de Nairobi fue la culminación de años de trabajo de ONU Mujeres y otras organizaciones locales y regionales para acabar con estas prácticas dañinas que traumatizan, perjudican y matan a millones de niñas en toda África.

Esta reunión de líderes tradicionales tenía un objetivo claro: diseñar una hoja de ruta con un enfoque sostenible y coordinado para contribuir a la campaña dirigida por la Unión Africana (UA) y destinada a acabar con el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y otras prácticas culturales dañinas.

En la reunión también se estudiaron las mejores prácticas y se extrapolaron a gran escala las iniciativas emprendidas por algunas y algunos de los líderes para evitar el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Un buen ejemplo es el de la jefa principal Kachindamoto, que ha dirigido una exitosa iniciativa en Malawi y ha conseguido anular más de 2.000 matrimonios infantiles en su zona desde 2013.

“Esta reunión es muy importante para la comunidad de líderes tradicionales ya que nos permite hablar sobre lo que cada persona está haciendo” explica. “Cuando oyes algo bueno, lo haces tuyo y te lo llevas a casa; y cuando lo llevas a casa, lo cambias. Como líderes tradicionales somos las y los custodios de la cultura, así que debemos quedarnos con lo bueno y desechar lo malo”.

Líderes tradicionales de África, mujeres y hombres, comparten estrategias que han funcionado en sus comunidades para acabar con el matrimonio infantil. Crédito: Faith Bwibo/ONU Mujeres

En Zambia, el jefe Chamuka ha conseguido avances similares, reduciendo las tasas de matrimonio infantil y embarazos en adolescentes. Bajo su liderazgo, las y los principales líderes de comunidades han aprobado normas locales que aumentan la edad legal para contraer matrimonio a 21 años y hacen obligatorio el registro en la localidad.

“Estas disposiciones legales han influido enormemente en el cambio de mentalidad de la gente. Porque no han sido normas impuestas por un jefe, sino impulsadas por la propia comunidad”, explica.

Relata que, cuando subió al trono, en su comunidad había 45 niñas casadas y 209 adolescentes embarazadas. Después de aprobar estas leyes, el número se redujo a un matrimonio infantil y ocho embarazos de adolescentes.

(Sin) protección de los derechos de la infancia, no habrá desarrollo en el futuro”, añade el jefe Chamuka.

Para éste líder tradicional “la cultura nos proporciona un espejo para mirar atrás y adelante. Cuando miramos atrás, vemos las raíces que nos dan fuerza, pero algunas de esas raíces pueden ser más débiles y esas son malas prácticas, porque no todas nuestras prácticas tradicionales son buenas. Vamos a asegurarnos de prohibir las que no lo sean”.

“Todas las personas venimos de culturas y tradiciones… y las y los líderes tradicionales son las figuras más reverenciadas. Tienen el poder, la autoridad, la capacidad para llegar donde quieran”,  explica la Directora Regional de ONU Mujeres, Izeduwa Derex-Briggs.

“Creemos que conseguir su participación y escuchar su punto de vista es empezar por el buen camino. En sólo dos días veremos los cambios. Veremos a gente alzando la voz y diciendo que no”, añade.

Mary Okumu, Directora Nacional de ONU Mujeres Sierra Leona, está de acuerdo: “Cuando empiezas desde abajo y comprometes a las comunidades en el diálogo, en los discursos, tienes más impulso, porque consigues las opiniones reales de las personas que deben adaptarse”.

Este encuentro de dos días, organizado por ONU Mujeres en colaboración con la Queen Mother Best Foundation (Uganda) y el Instituto de la Realeza Africana, también incluyó a líderes de la sociedad civil y organizaciones internacionales que trabajan en estos campos y facilitó el diálogo intergeneracional.

Gbenebichie Onetoritsebawoette, una joven líder de Nigeria, cuenta que la reunión le ha dado una nueva perspectiva:“La percepción que teníamos de las y los líderes tradicionales no es la misma que la que tengo ahora —explica—. Estoy segura de que en verdad quieren ver el cambio. No quieren que continúen las prácticas tradicionales negativas. Y eso me ha dado esperanza”.

“Escuchar perspectivas diferentes de varios países me ha demostrado que estamos avanzando y que, aunque aún queda mucho camino por recorrer, cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo”, afirma Jaha Dukureh, Embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres contra la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, que asistió a la reunión.

Dukureh, víctima de la mutilación genital femenina y de un matrimonio infantil forzoso a los 15 años, coordina los esfuerzos en defensa de esta iniciativa en su país, Gambia, y a escala internacional. Su trabajo con organizaciones juveniles y de mujeres contribuyó a que el gobierno de Gambia prohibiera la mutilación genital femenina en 2015.

Durante las próximas semanas y meses, tendrá lugar multitud de consultas y diálogos facilitados por ONU Mujeres a escala regional y subregional, que culminarán con un compromiso global de líderes tradicionales y de comunidades religiosas de toda África en la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Unidad Africana (UA) que se celebrará en febrero de 2019 en Addis Abeba.

Nyaradzai Gumbonzvanda, embajadora de buena voluntad de la UA por el fin del matrimonio infantil, reconoce el inmenso potencial que las y los líderes tradicionales tienen para cambiar las normas, aprobar leyes y facilitar el acceso a los servicios dentro de las comunidades.

Ella añade que empoderar a las niñas debe ser una parte fundamental de estos esfuerzos: “Hay que empoderar económicamente a las niñas para que no vean el matrimonio como una forma de escapar de la pobreza. Una niña debe poder decir ‘puedo tener mi propio coche’ en lugar de ‘tengo que casarme con un hombre que tenga coche’”.

Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres, como parte de sus historias sobre #EscúchameTambién, su lema durante los 16 Días de activismo contra la violencia de género, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con ONU Mujeres y como contribución a estas jornadas contra la violencia machista.

RV:EG

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Armas legales no frenan todavía los feminicidios en América Latina

qua, 28/11/2018 - 16:16

Susana Gómez, a quien una golpiza de su entonces marido dejó invidente, en una plaza de la ciudad de ciudad argentina de La Plata. Ella no encontró apoyo del Estado para liberarse de la violencia machista, pero una organización social la salvó de integrar la estadística de feminicidios en América Latina, los asesinatos de mujeres por razones de género de los que se registraron 2.795 casos en 2017 en la región. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS

Por Fabiana Frayssinet
LA PLATA, Argentina, Nov 28 2018 (IPS)

Ciega tras una golpiza de su exmarido, Susana Gómez se libró de sumarse a la lista de los cerca de 2.800 feminicidios cometidos anualmente en América Latina, pero  su caso evidencia porqué las políticas públicas y leyes están lejos de alivianar  la violencia de género en la región.

“Hice muchas denuncias (13 penales y cinco civiles) y la justicia jamás me dio bolilla (me hizo caso)”, resumió Gómez a IPS en un diálogo en una plaza de su barrio en Lisandro Olmos, un suburbio de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

Pese a que en Argentina ya existían en 2011, cuando se produjo el brutal ataque contra ella, comisarías de la mujer, no fue suficiente para protegerla de su agresor.

Lo que la salvó de la muerte fue La Casa María Pueblo, una organización no gubernamental (ONG) que como otras  en América Latina tratan, con recursos  propios, suplir las deficiencias del Estado para proteger y asesorar jurídicamente a las víctimas de la violencia machista.

Gómez, sus cuatro hijos y su madre, también amenazados por su expareja, fueron rescatados y cobijados en esa institución.

“No teníamos nada. Entramos con lo que teníamos puesto, con el documento y nada más porque estábamos de aquí para allá. Todos nos cerraban las puertas, la justicia, la policía no hacían nada, la fiscalía tampoco”, recordó Gómez, quien ahora tiene 34 años.

“Si no hay organizaciones como esta yo no estaría aquí para contarlo, no hubiese llegado a juicio. Si no tienes un acompañamiento jurídico, un refugio con identidad reservada, tratamiento psicológico, yo no podría haber enfrentado esto que no es fácil”, destacó.

En abril del 2014, un tribunal de La Plata condenó a ocho años de prisión a su exmarido, Carlos Goncharuk. Ahora Gómez reclama judicialmente al gobierno de la provincia de Buenos Aires una reparación económica.

“La vista no me la va a devolver nadie, pero es para que la justicia, el Estado tengan más conciencia para prevenir un antes y un después”, subrayó Gómez que se siente nuevamente amenazada porque el victimario será liberado el año próximo.

Según el abogado y fundador de la ONG, Darío Witt, Gómez no quedó ciega por accidente o enfermedad sino por las repetidas palizas del entonces su marido. La última vez le golpeó la cabeza contra una pared de la cocina.

“Este resarcimiento no contiene un objetivo económico de por sí. Lo que queremos intentar demostrar para Susana y todas las otras víctimas como ella es que el Estado, que los Estados en general sean nacionales provinciales o municipales y de distintos países, tienen una altísima responsabilidad para que esto ocurra. El Estado no es inocente en estas cuestiones”, argumentó Witt a IPS.

“Cuando quedé ciega y vi que no vería más a mis hijos dije basta”, recordó.

Cifras que horrorizan

Según el Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al menos 2.795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países de esta región, en lo que varias legislaciones nacionales de la región tipifican ya como feminicidio o femicido.

La lista de feminicidios difundida este mes por OIG la lidera Brasil (1.133 víctimas registradas en 2017), en cifras absolutas, pero en términos relativos, de la tasa de crímenes de género por cada 100.000 mujeres, es El Salvador el que alcanza una cota sin parangón en la región, con 10,2 feminicidios por cada 100.000 mujeres.

Tabla de número en términos absolutos de feminicidios por país en América Latina y el Caribe, así como la tasa de asesinatos por razones de género por cada 100.000 mujeres. Crédito: Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal

Honduras (en 2016) registró 5,8 feminicidios por cada 100.000 mujeres y en Guatemala, República Dominicana y Bolivia también se observaron altas tasas en 2017, iguales o superiores a dos casos por cada 100.000 mujeres.

OIG detalla que los asesinatos de mujeres por razón de género son parte muy mayoritaria de los homicidios intencionales de mujeres en la región, donde los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas de la víctima, con excepción El Salvador y Honduras.

“El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres. Ni la tipificación del delito ni su visibilización estadística han sido suficientes para erradicar este flagelo que nos alarma y horroriza cada día”, dijo Alicia Bárcena, secretaría ejecutiva de la Cepal al dar a conocer las nuevas cifras de OIG.

La guatemalteca Ana Silvia Monzón, socióloga y comunicadora del Programa de Estudios de Género y Feminismos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), recordó que su país cuenta desde 2008 con una Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y desde un año después con una Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

“Ambas constituyen instrumentos importantes porque contribuyen a visibilizar una problemática que es grave en Guatemala, y son una herramienta para que las víctimas puedan iniciar el camino a la justicia”, señaló a IPS desde Ciudad de Guatemala.

Sin embargo pese a esas leyes que contemplaron la creación de un modelo de atención integral a las víctimas y de tribunales especializados, “no se asignan los recursos necesarios a las entidades y programas que deben promover esa prevención, menos aún la atención especializada a las víctimas que denuncian esa violencia”, sostuvo.

Además “persisten prejuicios y prácticas sesgadas de género entre quienes aplican la ley” y “poco se ha hecho para introducir contenidos educativos o programas que contribuyan a cambiar el imaginario social que asume como normal la violencia contra las mujeres”, en especial a las indígenas, acotó.

#NiUnaMenos, #NiUnaMás

En la región “los avances son importantes, expresión de un movimiento de mujeres que ha logrado posicionar la violencia de género como un problema social, pero son insuficientes”, reflexionó Monzón.

Olivia, una niña de cinco años, sostiene con determinación un cartel con el lema contra los feminicidios, #NiUnaMenos, que se ha extendido por América Latina, en movilizaciones multitudinarias contra la violencia de género. Olivia participó en una actividad barrial en la ciudad argentina de La Plata el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS

Según ONU Mujeres, en total 18 países latinoamericanos y caribeños han modificado sus leyes para sancionar los crímenes machistas contra las mujeres como feminicidio, femicidio u homicidio agravado por razones de género.

Pero como concluye Gómez y otros activistas sociales de su barrio, hace falta más.

El encuentro con esta víctima se produjo el domingo 25, durante una “mateada”  (ronda con hierba mate) en la plaza Juan Manuel de Rosas, convocada por la agrupación  Nuevo Encuentro.

La actividad se convocó por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que abrió los 16 Días de Activismo contra la violencia de género, y que este año tiene como lema #EscúchameTambién, que llama a que las víctimas sean oídas como parte de la solución de lo que expertas califican como un “genocidio silencioso”.

María Eugenia Cruz, referente barrial de Nuevo Encuentro, consideró que pese a los nuevos marcos legales y multitudinarias movilizaciones como la del #NiUnaMenos contra la violencia machista y los feminicidios, que se han extendido por Argentina y otros países de la región,  “todavía hace falta charlar de lo que nos pasa a las mujeres”.

“En lugares más cerrados de barrios como este pareciera que la violencia de género fuera un tema que da vergüenza contar, se sienten culpables. Visibilizar esto es parte de pensar que herramientas puede brindar el Estado”, analizó IPS.

“O sino ver cuáles son esas herramientas”, aportó interrumpiendo el juego Olivia, su hija de cinco años, quien durante la actividad en la plaza sostuvo orgullosamente un cartel que rezaba: “Ni Una Menos”, el lema que ha congregado a las mujeres latinoamericanas junto con el de #NiUnaMás.

Ella ejemplifica una nueva generación femenina latinoamericana que gracias a las masivas movilizaciones  y a la creciente toma de conciencia social, ya comienza desde temprano a tomar la palabra y a promover cambios culturales.

“Hoy las mujeres se van dando cuenta desde el noviazgo de las señales de un hombre violento. Que no le gustan tus amistades, que no le gusta cómo te vestís. Ahora hay más información y eso es importante”, reconoció Gómez que actualmente atiende como voluntaria llamadas de otras víctimas de la violencia.

“Ahora te llaman, te consultan y eso está bueno. Antes, ¿a dónde llamabas? Más allá del miedo, si te dan identidad reservada eso te incita a decir: voy a hacer la denuncia y tengo un grupo de gente que me va a ayudar”, concluyó esta sobreviviente de la violencia machista.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Indígenas reclaman nuevo acuerdo global para proteger la Amazonia

qua, 28/11/2018 - 13:16

Alrededor de “65 por ciento de las tierras del mundo son territorios indígenas, pero solo 10 por ciento les pertenecen legalmente”, observó Tuntiak Katan, vicepresidente de COICA.

Por Rabiya Jaffery
SHARM EL SHEIJ, Egipto, Nov 28 2018 (IPS)

Líderes indígenas de la Amazonia reclaman un nuevo acuerdo mundial para proteger y recuperar por lo menos la mitad de sus territorios ancestrales.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) preparó una propuesta que se presentará a organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales en la 14 Conferencia de las Partes (COP14) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se desarrolla en este balneario egipcio del 17 al 29 de este mes.

COICA, fundada en 1984 en Lima, coordina nueve organizaciones indígenas dedicadas a promover y desarrollar mecanismos para defender la autodeterminación de los pueblos autóctonos y coordinar las acciones de sus miembros a escala internacional.

La propuesta de COICA invita a una mayor participación de las comunidades indígenas en los esfuerzos de conservación y en la toma de decisiones sobre la pérdida de biodiversidad, mientras las partes negocian los términos del marco global para después de 2020 en materia de diversidad biológica, que se adoptará en Beijing dentro de dos años.

La propuesta salió de la cumbre de COICA, realizada en agosto, con líderes indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

“Casi 80 por ciento de la diversidad biológica se encuentra en territorios tribales, y la mayoría de los lugares de mayor biodiversidad de la Tierra se encuentra en esas tierras”, puntualizó Juan Carlos Jintiach, representante de COICA, actualmente participando en la COP14.

“Los pueblos tribales contribuyen y usan de forma sostenible los recursos de sus territorios desde hace miles de años y no es posible crear políticas efectivas sin su aporte”, subrayó.

En su declaración, las delegaciones indígenas invitan a los Estados y a otras entidades a incluir su conocimiento ancestral en las políticas que buscan la conservación, y planean lanzar negociaciones bilaterales con diferentes actores con el fin de crear un acuerdo ambicioso para 2020.

COICA quiere trabajar con otros actores y apuntar a un objetivo común para proteger y recuperar la mitad del planeta para 2050.

La coordinadora también busca mantener un diálogo con los gobiernos de la Amazonia para la visión de las confederaciones indígenas a través de una “alianza y del compromiso de proteger la región, su biodiversidad, sus culturas y su sacralidad” para proteger la selva y su “corredor biológico”.

Se promueve un acuerdo entre Colombia, Venezuela y Bolivia para proteger un “corredor biológico” que posea más de 135 millones de hectáreas y se distribuya entre los tres países.

El corredor cubrirá desde la Amazonia, pasando por la cordillera de Los Andes y hasta el océano Atlántico, una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo, y los indígenas creen que sus aportes y sus perspectivas son importantes para la efectividad del acuerdo.

Alrededor de “65 por ciento de las tierras del mundo son territorios indígenas, pero solo 10 por ciento les pertenecen legalmente. Garantizar sus derechos territoriales son una forma barata y efectiva de reducir las emisiones de carbono y aumentar las áreas naturales”, observó Tuntiak Katan, vicepresidente de COICA.

En 2015, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, celebró el aporte de Brasil a las conversaciones sobre el acuerdo Amazonia-Andes-Atlántico (AAA), que la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, consideró analizar, en unas declaraciones realizadas durante la Cumbre de las Americas, en Panamá.

Las comunidades indígenas también están muy preocupadas por las declaraciones del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, durante su campaña, sobre las políticas ambientales y las cuestiones indígenas.

Bolsonaro asumirá en enero, pero ya dijo que estaba a favor flexibilizar las protecciones de la Amazonia, lo que hará que menos tierras estén bajo autoridades indígenas y comunidades selváticas, y más se queden en manos de la agroindustria, mineros, madereros y compañías constructoras.

“Sus dichos son preocupantes, pero el nuevo gobierno también tendrá dificultades para revertir las políticas que ya están en funcionamiento porque perdería su posición de líder internacional en cuestiones ambientales”, señaló Oscar Soria, de Avaaz, el movimiento global en Internet que moviliza iniciativas políticas surgidas de las bases y las dirige hacia la toma de decisiones en todo el mundo.

“Queremos recordar a Bolsonaro que Brasil tiene obligaciones nacionales e internacionales de garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, y respetar su consentimiento libre, previo e informado”, añadió.

“Esperamos que el nuevo gobierno respete las obligaciones internacionales y siga apoyando a las organizaciones no gubernamentales e indígenas que se esfuerzan por salvar el mundo; y el mundo no puede proteger la biodiversidad sin Brasil, y Brasil no puede destruir su biodiversidad solo”.

Traducción: Verónica Firme

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Energía no contaminante toma fuerza de compromiso en Uruguay

qua, 28/11/2018 - 11:25

Vista parcial de los paneles solares de la planta de generación fotovoltaica que alimenta de electricidad del aeropuerto internacional de Carrasco, cercano a Montevideo, inaugurada en agosto en Uruguay. Crédito: Presidencia de Uruguay

Por Jimena Brusa
MONTEVIDEO, Nov 28 2018 (IPS)

Las inversiones públicas y privadas en materia de energías renovables han convertido a Uruguay en uno de los países más avanzados del sector en América Latina, con metas ambiciosas como alcanzar la neutralidad en carbono para 2030.

La transformación de la matriz energética de este país sudamericano tiene sus pilares en el abandono de los combustibles fósiles y su sustitución por fuentes limpias, que ya aportan 62 por ciento de la energía primaria, aquella disponible en la naturaleza, frente al promedio mundial de 19 por ciento.

Además, el país ocupa el tercer puesto global respecto del nivel de inversiones en el desarrollo de esas energías, en relación con el producto interno bruto (PIB), según el último informe de REN 21, la red mundial de políticas en energía renovable que conecta a gobiernos con la sociedad civil, la academia y organismos internacionales.

En uno de los pasos más recientes hacía la descarbonización energética, el Aeropuerto Internacional de Carrasco inauguró en agosto una planta de generación solar fotovoltaica. Los 1.540 paneles que se observan al llegar a la principal terminal aérea de Uruguay, cercana a Montevideo, la convirtieron en la primera de América del Sur en contar con electricidad autogenerada.

Gonzalo Casaravilla, presidente de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), la empresa estatal que administra el sector, destacó que “las energías renovables pasaron con éxito la prueba de la sequía” que se produjo a comienzos de este año.

Durante los cuatro meses en que se recibió 26 por ciento menos de agua de la captación histórica, “el sector eléctrico suministró casi lo mismo de eólica que de hidráulica (40 por ciento cada una), ocho por ciento de biomasa, 4,5 por ciento de fotovoltaica y solo 4,5 por ciento de térmica, explicó.

“En comparación con la matriz eléctrica que había en 2012, el ahorro de estos cuatro meses fue del orden de los 130 millones de dólares”, aseguró la máxima autoridad eléctrica uruguaya.

El sector privado también ha apostado fuerte por el cambio. Desde 2010, realizó inversiones por más de 7.000 millones de dólares, según un informe publicado a fines de 2017 por Uruguay XXI, una institución dedicada a la promoción de inversiones y exportaciones.

En el medio rural actualmente hay 50 escuelas con el sistema fotovoltaico y varias familias han encontrado en la energía solar la solución para contar con electricidad en sus viviendas.

En 2013, en el departamento de Salto, en el norte del país, se inauguró una planta solar fotovoltaica, con una inversión de cuatro millones de dólares, que contó con la cooperación del gobierno de Japón.

La transformación de la matriz energética convirtió a Uruguay en exportador neto de electricidad, según el informe voluntario sobre los avances del país en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ante la Organización de las Naciones Unidas, en un encuentro en julio en Nueva York.

En el reporte se destaca que Uruguay es uno de los países más electrificados de América Latina, con 99,7 por ciento de la población con acceso al servicio.

Además, en este país de 3,3 millones de habitantes,  la matriz eléctrica está compuesta en 97 por ciento de fuentes renovables. Como ejemplo, se cita que entre 2008 y 2017,  la potencia instalada de la fuente eólica saltó de cero por ciento a 30 por ciento.

La energía fotovoltaica, por su parte, supone actualmente 4,5 por ciento de la matriz energética total, pero las autoridades de UTE pronostican que “en el futuro la energía renovable no convencional será principalmente fotovoltaica y aumentará en base al crecimiento de la demanda”.

Desde el punto de vista de la demanda, el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2015-2024 establece varias líneas de acción para lograr una reducción en el consumo, destinada a alcanzar una meta de energía evitada de 1.690 kilotep (miles de toneladas equivalentes de petróleo, en inglés) durante la década.

Mientras, las metas del  Plan promueven el cumplimiento de la contribución a la que se comprometió el país en el Acuerdo de París sobre cambio climático, alcanzado en diciembre de 2015 en la capital francesa, donde Uruguay se comprometió voluntariamente a alcanzar la neutralidad del carbono en 2030.

Eso significa que para ese año este país del Cono Sur americano las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) expedidas al ambiente equivalen a cero, porque se reabsorben tantos gases contaminantes como los que se lanzan a la atmosfera.

Uruguay formalizó su compromiso en alcanzar la huella de carbono cero, que obligará a reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles , en junio de 2017, al ratificar su adhesión al Acuerdo de París.

Esa ambiciosa meta, que en América Latina solo comparte Costa Rica,  se acompaña con otras medidas como los incentivos a los usuarios con políticas de consumos diferenciados.

Esa iniciativa ofrece costos diferenciados del consumo en tres tramos horarios para clientes residenciales y entró en vigencia a través de un decreto del 3 de septiembre, por una propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

La tarifa según los tres horarios profundiza la que ya existía, limitada a dos tramos, de hora punta y no punta, y busca aprovechar mejor el sistema de generación eléctrica con predominio de fuentes renovables, donde existe una oferta de energía en las madrugadas y capacidad remanente de las redes eléctricas.

El abanico de nuevas iniciativas se alinea con los esfuerzos de los países del Sur en desarrollo de reducir sus emisiones contaminantes a la atmosfera, pese a que su papel es reducido en el recalentamiento global, cuya responsabilidad recae mayormente en el Norte industrial.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Mujeres latinoamericanas soportan especial violencia en la política

ter, 27/11/2018 - 15:58

Elisa Zepeda, la primera alcaldesa del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, rodeada de su cuerpo edilicio. Crédito: Onu Mujeres

Por Corresponsal Fao
MÉXICO, Nov 27 2018 (IPS)

Como activista por los derechos de las mujeres indígenas en el sur de México, Elisa Zepeda Lagunas ha sufrido el tipo de violencia que hubiera acabado con cualquiera. Fue arrastrada a la plaza de la ciudad y atacada a machetazos hasta prácticamente la muerte, quemaron su casa y asesinaron a su hermano.

“Nos tendieron una emboscada… para que detuviéramos el movimiento que estaba liderando”, explica Zepeda Lagunas, de 34 años.

“Me dijeron: ‘Esto es lo que pasa cuando te metes en temas que no te incumben’… Me torturaron y me hicieron cosas sobre las que todavía me cuesta hablar”, precisa.

Sin embargo, esto no detuvo el activismo de Zepeda Lagunas. Perseveró y se presentó como candidata política, siendo elegida en 2016 como la primera alcaldesa del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, en el distrito de Teotitlán del sureño estado mexicano de Oaxaca. En julio de 2018, fue elegida para el Congreso del estado de Oaxaca.

“Pese a todos los riesgos, me presenté porque este cargo me ofrece una gran oportunidad para alzar la voz a otro nivel, como legisladora, y tenemos mucho trabajo por hacer”, afirma. “Para mí es imprescindible ocupar estos espacios y abrirlos a otras personas”.

En la actualidad, en América Latina las mujeres ocupan el 27,3 por ciento de los puestos locales como miembros municipales o concejalas, un aumento del 6,5 por ciento durante los últimos 10 años, lo que coloca la región como la primera a nivel mundial en cargos locales y parlamentarios ocupados por mujeres.

No obstante, el camino no ha sido fácil para las mujeres que se dedican a la política en América Latina. El acoso, las amenazas e incluso la muerte han hecho que esta carrera profesional sea una opción arriesgada, porque para conseguir su participación política, ellas tienen que hacer frente a una creciente violencia contra su presencia en la política.

Esto es cierto incluso en el caso de Bolivia, donde la igualdad está garantizada y las mujeres representan el 53,1 por ciento del conjunto parlamentario —el tercer porcentaje más alto a nivel mundial— y el 44,1 por ciento del conjunto de concejalas y concejales (en 2014).

Bolivia

“Nuestra batalla se libró en las calles, en las cárceles, a base de recibir golpes… Nos costó mucha sangre y muchas muertes”, explica Leonida Zurita, que inició su carrera política como activista sindical agrícola antes de convertirse en la primera mujer en dirigir la Asamblea Regional de Cochabamba en 2015.

En 2017, fue nombrada presidenta de la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales del Estado Plurinacional de Bolivia (AMADBOL), que se creó con asistencia técnica y financiera de ONU Mujeres.

Zurita explica que la representación ha mejorado enormemente para las mujeres, gracias a la legislación y a una nueva constitución, pero que el acoso y la violencia política siguen muy presentes.

Leonida Zurita, presidenta de la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales del Estado Plurinacional de Bolivia. Crédito: David Villegas/ONU Mujeres

El asesinato en 2012 de la concejala boliviana Juana Quispe —que había presentado denuncias por acoso y estaba promoviendo una ley para proteger a las mujeres políticas contra la violencia— y el asesinato de la concejala Daguimar Rivera Ortiz unos meses más tarde, impulsaron la petición urgente de instaurar una ley que abordara la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política.

En 2012 se aprobó la histórica ley de Bolivia contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres (Ley 243), que se convirtió en la primera —y todavía única— ley independiente de este tipo en el mundo. ONU Mujeres proporcionó asistencia técnica y financiera para esta legislación, por la que se aplican sentencias de cárcel de dos a cinco años para cualquier persona que presione, persiga, acose o amenace a una mujer que ejerza funciones públicas, y de hasta ocho años de cárcel para quienes cometan agresiones físicas, psicológicas o sexuales.

Sin embargo, las reformas jurídicas de Bolivia “no cambiaron los sistemas patriarcales o la cultura del machismo de la noche a la mañana, y no tardaron en aparecer y generalizarse las reacciones contra las mujeres que ocupaban cargos políticos”, explica Katia Uriona, expresidenta del Tribunal Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia.

Aliada de ONU Mujeres desde hace tiempo, Uriona formó parte de una reunión de un grupo de personas expertas sobre cómo poner fin a la violencia contra las mujeres en la política, organizada conjuntamente por ONU Mujeres en marzo de 2018.

Uriona afirma que la Ley 243 ha tenido un valor inestimable a la hora de dar visibilidad a la cuestión, si bien sigue habiendo retos en su implementación, ya que no ha habido ningún caso que se haya resuelto con penas de cárcel.

Un reciente estudio realizado por la Coordinadora de la Mujer de Bolivia, una entidad beneficiaria del Fondo para la Igualdad de Género, reveló que entre el 65 y el 70 por ciento de las mujeres parlamentarias ha sido víctima de acoso y violencia política.

“Lo triste es que estas formas de violencia y acoso están totalmente normalizadas en el ámbito de la política y forman parte de su cultura, tanto de los partidos como del propio sistema democrático”, afirma la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo.

En 2017, ONU Mujeres prestó asistencia al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia para crear un Observatorio de la Paridad Democrática contra el acoso y la violencia política. Este observatorio supervisa tanto la paridad de género y la paridad intercultural como los derechos políticos de las mujeres, además de hacer un seguimiento y generar conciencia sobre la participación política de las mujeres (incluida la violencia) y generar datos.

Como parte de los esfuerzos continuos que se realizan, se presentó una ley sobre la paridad en los partidos políticos bolivianos —con una sección dedicada a la violencia contra las mujeres en la política— ante la Asamblea Legislativa en junio de este año, que se aprobó el 1 de septiembre.

Brasil

En Brasil, las mujeres que se dedican a la política se enfrentan a riesgos similares y aquellas que pertenecen a grupos indígenas o son afrodescendientes sufren amenazas por partida doble. En marzo de 2018, el asesinato de Marielle Franco, de 38 años de edad, concejala de Río y conocida defensora de los derechos humanos de las personas afrodescendientes, copó los titulares de todo el mundo e hizo aflorar los sentimientos del público.

ONU Mujeres ha colaborado con entidades socias que impulsan esfuerzos de promoción para generar conciencia en torno a este tipo de violencia, también durante el proceso de destitución contra la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, destacando diversas situaciones de violencia política dirigidas contra su persona durante 2015 y 2016.

En asociación con la sociedad civil y alcaldesas y alcaldes locales, ONU Mujeres ha trabajado para visibilizar mejor la violencia contra las mujeres en la política antes y durante los procesos electorales, y para promover la participación política de las mujeres.

Como parte de la iniciativa Brasil 50-50 para lograr la paridad de género en el ámbito de la política, una campaña independiente sobre el periodismo de datos llamada “Gênero e Número” (Género y Número) está aumentando la visibilidad de las mujeres negras, indígenas y LBTI, que tienen una representación muy insuficiente en los círculos políticos, así como de la violencia política contra las mujeres.

“Es necesario poner los derechos de las mujeres en el centro del debate público sobre las elecciones” ha dicho Nadine Gasman, Representante de ONU Mujeres en Brasil.

“ONU Mujeres ha desarrollado plataformas para que los y las candidatas expresen sus posiciones y se comprometan con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con un énfasis en la igualdad de género. Sabemos que no podemos conseguir un desarrollo sostenible sin la participación igualitaria en política de hombres y mujeres”, plantea Gasman.

Honduras

En Honduras, Fátima Mena Baide, concejala municipal de San Pedro Sula, ha sufrido repetidamente amenazas y agresiones. A los 28 años y siendo madre de un hijo de un año, fundó un partido político, se presentó a las elecciones y fue elegida para ocupar un cargo en el parlamento en 2014.

Al presentarse para alcaldesa en 2017, recibió un aluvión de mensajes de texto y de medios sociales enviados desde perfiles falsos, en los que se le decía que cuidara de su hijo en lugar de presentarse a las elecciones, o bien la amenazaban haciendo referencia a su seguridad personal o la de su hijo.

Elisa Zepeda, al frente, durante un recorrido por áreas de su municipio. Crédito: ONU Mujeres

Fue atacada físicamente: recibió golpes, un congresista que se presentaba a la reelección la tiró del pelo, y tuvo que evitar hacer campaña en determinados distritos porque existía una orden de asesinarla.

“Lo que mantiene a las mujeres fuertes es saber que lo que están sufriendo es violencia política contra ellas, por ser mujeres”, afirma Mena Baide, que también intervino en la reunión del grupo de personas expertas organizado por ONU Mujeres en marzo.

“En ocasiones la policía ni siquiera es consciente de lo que representa la violencia política. Ni siquiera conocen el término”, reflexiona.

Mena Baide se personó ante las autoridades, pero la policía no registró ninguna denuncia. Tampoco sirvió de nada denunciar los incidentes dentro de su propio partido. Ella afirma que únicamente grupos de mujeres y la comunidad internacional le han mostrado un apoyo tangible.

México

“Si la protección significa apartar a una mujer de su trabajo, ¿entonces quién gana?”, pregunta María del Carmen Alanís Figueroa, académica invitada en la Facultad de Derecho de Harvard. Ella fue la primera mujer de México en dirigir el Tribunal Electoral del Poder Judicial.

En la reunión del grupo de personas expertas celebrado en marzo, detalló los esfuerzos que realiza México para proteger a las mujeres políticas en ausencia de una ley especial. “Hay que sancionar al agresor, al partido. La protección de las mujeres en el ámbito de la política no significa apartarlas de la política. Tenemos que hacer algo diferente: eso es la reparación”, afirma.

En 2014 se produjo un avance con la aprobación del país de un Protocolo judicial federal para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (renovado en 2017), con el Tribunal Electoral como su principal autoridad.

Asimismo, ONU Mujeres México contribuyó a la elaboración de un Protocolo modelo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género en consonancia con el protocolo federal del estado de Oaxaca, que ha propiciado otros protocolos estatales en el país.

“El protocolo es como una declaración política por la cual se reconoce que existe un problema y que hay instituciones que tienen voluntad de actuar…”, sostiene la experta en política y género Mónica Maccise Duayhe, directora de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral de México.

“Al menos nos facilita la coordinación y el hecho de contar con un instrumento homogéneo. Pero el protocolo no es suficiente. Necesitamos mecanismos adicionales para subsanar las deficiencias”, plantea.

A pesar de contar con más de 4.000 candidatas para las diferentes instancias del gobierno en las pasadas elecciones de julio de 2018, Maccise Duayhe señala que únicamente se denunciaron 38 casos de violencia política por motivos de género a nivel nacional, de los cuales solamente tres dieron como resultado medidas de protección.

En su opinión, más mujeres denunciarían este tipo de violencia si hubiera una ley o sanciones más contundentes.

“Lo que no se puede hacer es depender únicamente del cambio legislativo, o de un mecanismo, o del protocolo”, afirma. “Necesitamos una mejor coordinación institucional. Necesitamos capacitar a juezas y jueces. Es un proceso”, añade.

Maccise Duayhe, que también dirigió el programa de igualdad de género del Tribunal Supremo de México, contribuyó a lograr el compromiso de nueve partidos políticos mexicanos para unirse a la campaña HeForShe de ONU Mujeres antes de las últimas elecciones. Así, se comprometieron a promover los derechos de las mujeres en sus plataformas, garantizar la paridad en sus órganos rectores y combatir la violencia política por motivos de género.

ONU Mujeres México se ha esforzado por fortalecer las capacidades de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las mujeres políticas, mediante foros de capacitación regional y su afiliación en espacios como, por ejemplo, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres y el grupo de trabajo sobre violencia política contra las mujeres.

De nuevo en Oaxaca, Zepeda Lagunas es una de las 23 mujeres (frente a 19 hombres) que ahora componen la mayoría del Congreso del Estado de Oaxaca.

Las elecciones de julio arrojaron cifras récord de mujeres electas en México, lo que incluye el 48,2 por ciento de la cámara baja del Congreso federal y el 49,2 por ciento del Senado, lo que representa el tercer y cuarto índice más alto a nivel mundial.

“Queremos abrir una escuela de capacitación para el empoderamiento político de las mujeres en las 41 municipalidades de mi distrito”, afirma Zepeda Lagunas.

“También queremos tipificar la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política, ya que no se están aplicando las sentencias de los pocos juicios que se han iniciado… Poco a poco vamos avanzando, y siento que todo ha valido la pena”, agrega.

Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres, como parte de sus historias sobre #EscúchameTambién, su lema durante los 16 Días de activismo contra la violencia de género, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con ONU Mujeres y como contribución a estas jornadas contra la violencia machista.

RV:EG

El artículo Mujeres latinoamericanas soportan especial violencia en la política fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Los contraproducentes subsidios a la pesca son difíciles de erradicar

ter, 27/11/2018 - 13:14

Autoridades extraen redes ilegales para pescar camarones en la laguna de Chilka, en el este de India, en 2010. Crédito: Manipadma Jena/IPS

Por Busani Bafana
NAIROBI, Nov 27 2018 (IPS)

El pescado pronto desaparecerá del menú, a menos que las autoridades de todo el mundo logren un acuerdo sobre los multimillonarios subsidios a la pesca, que son perjudiciales y a los que se atribuye poner en riesgo las reservas mundiales y ampliar la desigualdad en el uso de los recursos marinos.

En la Conferencia de Economía Azul Sostenible, inaugurada en la capital de Kenia el lunes 26, se mencionó la urgencia de un acuerdo que ponga fin a los subsidios a la industria pesquera, que en 2016 generó unos 360.000 millones de dólares.

Organizada por Canadá y Japón, el encuentro reúne a unos 18.000 participantes de todo el mundo para discutir cómo aprovechar las posibilidades de los océanos, mares, lagos y ríos para mejorar la vida de las formas de generar ingresos en los estados en desarrollo. Más de 3.000 millones de personas dependen de la pesca para alimentarse, generar ingresos y tener un trabajo.

El mundo se unió frente a las enormes presiones que soportan nuestros océanos y cursos de agua, desde la contaminación plástica a las consecuencias del cambio climático. La conferencia aprovecha el impulso de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de 2015, y de la Conferencia de los Océanos, de 2017.

Pero los subsidios, algunos de los cuales tienen más de 50 años, se volvieron un asunto delicado para la captura, la comercialización y el consumo de peces en los océanos, que técnicamente no son de nadie.

Desde 2001, los gobernantes del mundo debaten sobre ciertas formas de subsidios a la pesca que favorecen la sobrepesca, y negocian cómo eliminarlos pues contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Se estima que los subsidios ascienden a 20.000 millones de dólares al año, en total.

Las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los subsidios comenzaron en la Conferencia ministerial de Doha, de 2001, con el mandato de “aclarar y mejorar” el sistema existente.

El mandato se elaboró en 2005 en la Conferencia de Hong Kong, e incluyó la prohibición de ciertas formas de subsidios a la pesca que contribuyen a la sobrepesca.

Y en la Conferencia de Buenos Aires, de 2017, los ministros decidieron un programa de trabajo para concluir las negociaciones, con el fin de adoptar en 2019 un acuerdo sobre los subsidios a la pesca.

El acuerdo deberá estar en sintonía con la meta seis del 14 Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre la conservación y el uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos.

Roberto Zapata Barradas, presidente del Grupo de Negociación de Reglas de la OMC, y embajador y representante permanente de México en la organización, comentó que las negociaciones buscan eliminar los subsidios que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y que es necesario llegar a un acuerdo en diciembre de 2018. Crédito: Busani Bafana/IPS.

La paradoja de la pesca

Uno de los puntos delicados de las negociaciones es la necesidad de incluir un trato apropiado, efectivo diferencial y especial para los países en desarrollo y los menos adelantados.

El objetivo es frenar los subsidios que agotan el capital natural, por lo que las reglas para los subsidios perjudiciales deben de enmarcarse de forma de crear una situación que beneficie tanto al comercio, el ambiente y el desarrollo.

El embajador y representante permanente de Canadá en la OMC, Stephen de Boer, precisó que el acuerdo no apunta a mantener la credibilidad de la organización, sino a la pesca y hacer frente a los problemas de desarrollo.

“A Canadá le preocupa que no tenemos mucho tiempo para hacer esto y hay una gran variedad de asuntos divergentes”, explicó De Boer a IPS.

“Mi temor es que no es suficiente la preocupación por los peces, y perdemos tiempo en viejas posiciones sin mostrar la flexibilidad para lograr un acuerdo. Los negociadores deben mantener conversaciones fuera de la OMC para ampliar el público, desde comunidades pesqueras hasta la sociedad civil, para ponernos presión”, añadió.

Debe lograrse un acuerdo en diciembre, dijo a IPS el presidente del Grupo de Negociación de Reglas de la OMC, Roberto Zapata Barradas, embajador y representante permanente de México ante la organización.

“Estoy feliz con el grado de participación que muestran los delegados en Ginebra”, observó.

“Todavía hay muchas dudas y preocupaciones sobre cuál será el resultado, pero se trata de tener un buen proceso para ventilar esas posiciones y tratar de encontrar un punto medio y áreas de convergencia”, añadió Zapata.

También coincidió en que hay poco tiempo para forjar un acuerdo, y que los 164 miembros de la OMC deben ser creativos para abrir el espacio necesario para lograr un acuerdo en Ginebra.

Por su parte, el especialista en pesca de la Secretaría del Grupo de excolonias de África, el Caribe y el Pacífico (países ACP), Peter Nyongesa Wekesa, comentó que hay buenos subsidios que refuerzan la buena gestión de recursos, lo que permite destinar fondos a investigación, evaluación de las reservas, capacitación y eliminar el exceso de capacidades, como barcos, en la industria.

“Los malos subsidios son los que desperdician el dinero en combustible, en construir nuevos barcos para seguir pescando, a sabiendas de que las reservas están en problemas. Eso no ayuda porque el resultado es peor con todo el dinero que se está gastando”, explicó Nyongesa Wekesa.

“Contemplamos la complejidad de los países, pero no queremos subsidios que apoyen la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y contribuyen a la sobrepesca”, precisó. “La pesquería es extremadamente importante para los países ACP para obtener alimentos, seguridad nutricional, exportaciones y empleo. En algunas pequeñas islas, la exportación de pescado representa 50 por ciento de los bienes comercializados”, añadió.

Guardando peces para el futuro

Ernesto Fernández, del Pew Charitable Trust, opinó que hacer frente a los problemas de los recursos pesqueros es el paso más importante que los gobiernos pueden dar en 2019 para garantizar el sustento de millones de personas que dependen esta actividad.

Los océanos aportan 1,5 billones (millón de millones) de dólares a la economía global, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que la pesca emplea de forma directa a 60 millones de personas, muchas de las cuales en operaciones de pequeña escala en los países en desarrollo.

La producción global de pescado en 2016 llegó a las 171 millones de toneladas, 88 por ciento de las cuales fue para consumo humano, señala José Graziano da Silva, director general de la FAO, en el informe Mundial de Acuicultura y Pesquería, de 2018.

El volumen de las exportaciones de pescado en 2017 ascendió a 152.000 millones de dólares, 54 por ciento de los cuales se originaron en países en desarrollo.

Pero ¿qué pasará si no hay acuerdo para fines de 2019?

“No cuento con esa posibilidad. Estoy totalmente concentrado en lograr un acuerdo”, sentenció Zapata.

Traducción: Verónica Firme

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Cuba activa su diplomacia para enfrentar un entorno adverso

seg, 26/11/2018 - 16:52

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel (centro izda) y su visitante, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez (centro dcha) durante un recorrido por el casco histórico de La Habana Vieja, durante la visita del gobernante europeo a la isla caribeña. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Nov 26 2018 (IPS)

El gobierno cubano trabaja en una estrategia para fortalecer su frente externo, acuciado por las dificultades económicas, el reforzamiento del embargo estadounidense y el retorno de gobiernos inamistosos a la región latinoamericana.

Después de una gira que en la primera quincena de noviembre lo llevó a Rusia, Corea del Norte, China, Vietnam y Laos, el presidente Miguel Díaz-Canel recibió en Cuba al jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, en visita de dos días que cerró un largo paréntesis de distanciamientos y desencuentros bilaterales.

Sánchez desembarcó en la Habana el 22 de noviembre, tres décadas después de la visita en 1986 del también gobernante socialista Felipe González (1982-1996). Su sucesor, el derechista José María Aznar (1996-2004) empañó los lazos bilaterales al condicionar el diálogo y la cooperación con la Unión Europea (UE) a cambios políticos en Cuba.

Aznar impuso la Posición Común, una cláusula considerada por esta nación caribeña como una injerencia inaceptable en sus asuntos internos y que se mantuvo vigente desde 1996 hasta diciembre de 2016, cuando la UE y La Habana firmaron un acuerdo de diálogo político y cooperación que dejó sin efecto esa política.

Aunque formalmente provisional, mientras los parlamentos de los 27 países de la UE no lo ratifican, el convenio marcha hasta ahora sin tropiezos.

Pero el frenazo en el deshielo de La Habana y Washington al llegar Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, redujo de rebote las expectativas iniciales sobre el impacto económico del acuerdo con la UE, que partían de la retroalimentación de las normalizaciones paralelas en las relaciones con el bloque europeo y el vecino del norte.

Trump mantiene su política adversa a Cuba a contrapelo de la comunidad internacional que este año volvió a votar en la Organización de Naciones Unidas (ONU) en contra del embargo, el cual Cuba considera bloqueo por su impacto extraterritorial, que frena las inversiones extranjeras, necesarias su desarrollo.

Díaz- Canel y Sánchez pertenecen a una generación de dirigentes que “asumen en época de Trump y pueden ser más enérgicos en buscar intereses propios haciendo caso omiso a las presiones norteamericanas. Esto conviene a Cuba”, comentó a IPS el ensayista y analista político cubano Carlos Alzugaray.

Ambos mandatarios asumieron sus cargos en 2018. “Sánchez vino a Cuba cuando se dan pasos para consolidar el acuerdo de cooperación con la UE”, recalcó Alzugaray, quien recordó además que España es uno de los principales inversores en Cuba y específicamente en el turismo “el sector más dinámico de la economía cubana”.

Ese rubro, segunda fuente de ingresos de Cuba después de la exportación de servicios, se ha visto visiblemente afectado por las restricciones de viajes de estadounidenses impuestas por Washington y la nación caribeña debió rebajar a 4,7 millones su previsión de finalizar 2018 con cinco millones de visitantes.

Entrada del nuevo y lujoso hotel Iberostar Grand Packard, que se acaba de inaugurar en La Habana. Esa cadena española controla 20 por ciento de las habitaciones en manos de operadores extranjeros en la hotelería de Cuba, donde la inversión de España es mayoritaria en el neurálgico sector del turismo. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

El 13 de noviembre, Washington añadió 26 empresas, entre ellas 16 hoteleras, a la lista de 180 entidades cubanas con las que ciudadanos estadounidenses tienen prohibido negociar. En el listado figura el Gran Packard Hotel, administrado por la firma española Iberostar y sede del foro empresarial que se realizó durante la visita de Sánchez

Autoridades cubanas calificaron esas medidas de “coercitivas” y criticaron que intentan asfixiar al país. “El contexto económico en que realizó la visita del presidente español es muy complejo”, alertó a IPS el economista cubano Omar Pérez Villanueva.

Citó entre otros datos, el estimado de uno por ciento de crecimiento para el cierre del 2018, que está no solo por debajo de lo previsto, sino distante de lo que necesita crecer el país para su desarrollo, entre el 5 y 7 ciento. Mencionó también la última zafra azucarera, que apenas pasó del millón de toneladas de azúcar.

“En el futuro mediato se debe sentir la pérdida de los ingresos provenientes de los servicios médicos cubanos en Brasil, en una decisión necesaria desde el punto de vista político y de respeto a nuestros profesionales, pero evidentemente traerá nuevas complicaciones al escenario económico”, indicó este investigador.

La exportación de servicios profesionales, entre ellos los médicos, es una de las principales fuentes de ingresos de Cuba, al aportar más de 8.000 millones de dólares anuales.

Pero el gobierno cubano decidió abandonar este mes el programa Más Médicos, vigente desde 2013 con Brasil, tras exigencias del presidente electo Jair Bolsonaro, que consideró La Habana ofensivas

En este panorama, el economista consideró recomendable aprobar las propuestas de inversión extranjera provenientes de España, en primer lugar y de otras empresas transnacionales. “Cuba tienen enormes potencialidades y España recursos necesarios para ampliar su presencia en el país”, indicó.

Agregó que también se debería pensar en utilizar el potencial existente del recurso productivo nacional sea privado o cooperativo. En su opinión, la gira internacional de Díaz-Canel “le pudiera servir de reflexión para desmitificar el papel que debe tener el mercado en el desarrollo nacional”.

“Bloqueo es el más largo genocidio de la historia”, reza un gran cartel a un lado de una céntrica de La Habana, en que se critica el embargo que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde 1962. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

España es el tercer socio económico global de Cuba y el primero de Europa, tiene 35 negocios en operación en la isla caribeña, una cuota de mercado cercana al 40 por ciento y realiza exportaciones anuales por alrededor de 900 millones de euros, que en 2018 aumentaron cinco por ciento.

“No queremos limitarnos a ser testigos del despegue que sin duda alguna se produce y se producirá con más intensidad en la economía cubana, queremos también acompañar ese despegue, sustentarlo”, dijo Sánchez en la inauguración del foro empresarial que reunió a representantes de alrededor de 350 compañías de ambos países.

España resulta clave en el turismo cubano, donde empresas hispanas operan 90 por ciento de los hoteles cinco estrellas y 70 por ciento de las habitaciones de hotel. Sánchez remarcó que son españoles nueve de los 10 principales operadores turísticos presentes en Cuba.

Sin embargo, apuntó que los impagos por parte del Estado cubano “generan situaciones difíciles” y llamó a “dialogar para solucionar el problema”.

El endeudamiento externo y la decisión cubana de cumplir sus compromisos de pago es un tema de especiales tensiones. “Aunque se han cumplido los pagos comprometidos por deudas atrasadas, ha habido momentos en el transcurso del año de ciertos retrasos”, indicó Pérez Villanueva.

De “necesaria” y para que “España recupere el liderazgo en Cuba”, calificó la visita de Sánchez a la isla Inmaculada Benito, jefa de operaciones del Grupo Iberostar, que tiene 21 hoteles establecidos en Cuba.

Benito, de la compañía con 7.400 habitaciones en la isla, del total de 41.079 en manos de operadores hoteleros extranjeros, dijo a IPS que la visita puede tener un efecto cascada en la “implantación del know-how (saber qué y cómo hacer) turístico (español), que ya está desarrollándose, pero puede alcanzar mucho más nivel”.

Al cierre de la visita, se firmaron dos nuevos proyectos dentro de los acuerdos bilaterales para la regularización de la deuda de Cuba con España.

Para ello se dispone de un fondo de 417 millones de dólares, creado en 2015 como parte de la reconversión de la deuda bilateral de Cuba con España y que se destina a incentivar las inversiones del país europeo en esta isla caribeña.

Con aportes de Ivet González, desde La Habana.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Mujeres de Guatemala dirigen cambio contra acoso sexual urbano

seg, 26/11/2018 - 14:42

“Hace cinco años, un hombre intentó tocar a mi hija en estas calles. Le cortó la cara con un bisturí. Mi hija todavía tiene cicatrices.”, explica María Fernanda Hernández, residente y líder de la comunidad de la zona 18, una de las más violentas de Ciudad de Guatemala. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres

Por Corresponsal Fao
GUATEMALA, Nov 26 2018 (IPS)

Berta Antonieta Bustamante caminaba hacia la escuela un día, con apenas 11 años, cuando un hombre pasó detrás de ella y la toqueteó. “No pude hacer nada”, recuerda. “Quienes no podemos usar nuestra voz ni siquiera podemos oponernos”. Berta Antonieta Bustamante es sorda y no puede hablar. 

Hoy, Bustamante tiene 43 años, y el acoso sexual contra las mujeres y niñas en las calles de Ciudad de Guatemala y en otros espacios públicos continúa siendo algo común.

El riesgo es particularmente elevado en el transporte público: “Los hombres se te acercan y se rozan contra tu cuerpo cuando el autobús está lleno de gente”, dice.

En 2017, se llevó a cabo una encuesta en siete zonas de la capital guatemalteca como parte de un estudio de referencia realizado por el programa Ciudad Segura y Espacios Públicos Seguros de Guatemala, que comenzó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Todas las mujeres encuestadas reconocieron haber sufrido acoso sexual en algún momento de su vida mientras se encontraban en la vía pública.

Al menos  44 por ciento informó que esto ocurre diariamente. Guatemala es una de las 35 ciudades que participan en la Iniciativa del Programa Mundial de las Naciones Unidas sobre Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros. Berta fue una de esas encuestadas.

En esa encuesta se identificaron las áreas dentro de las siete zonas de la ciudad en las que mujeres y niñas se sentían más inseguras. Estas incluyeron transporte público, callejones sin salida, corredores, parques, espacios abiertos y paradas de autobuses.

El 50 por ciento dijo que se sentía insegura caminando sola durante el día; mientras que 42 por ciento dijo que se sentía insegura en centros educativos y centros de servicios de salud. Alrededor de 34 por ciento de las mujeres encuestadas admitió que se sentía insegura cuando estaba cerca de agentes de seguridad.

Este estudio “pionero y único”, según Adriana Quiñones, representante de ONU Mujeres en Guatemala, “ofrece un diagnóstico multidimensional que contribuye a la comprensión del problema y del impacto que tiene en la vida de las mujeres y niñas todos los días. Además, coloca el acoso sexual que ocurre los espacios públicos en la agenda pública a nivel nacional y municipal”.

Una de las calles inseguras para las mujeres en Ciudad de Guatemala. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres

El documento recomienda invertir en la creación de espacios públicos seguros, mejorando el enfoque y la calidad de los servicios, especialmente para las sobrevivientes de violencia sexual, y empoderando a las mujeres para que participen en comisiones locales y planificación urbana de modo de garantizar que las ciudades tengan en cuenta las necesidades de todas las mujeres y niñas.

Tras el estudio, durante la fase de diseño del programa Ciudad Segura, más de 250 mujeres y niñas de la ciudad, así como organizaciones de la sociedad civil, participaron en talleres que identificaron formas concretas de mejorar las experiencias y las sensaciones de seguridad de mujeres y niñas en los espacios públicos.

Por ejemplo, en áreas donde las mujeres recomendaron que se garantice que las calles estén bien iluminadas para ayudar a aumentar la visibilidad de las mujeres y de otros usuarios de estos espacios y para reducir las oportunidades de perpetración de violencia, la municipalidad está explorando la instalación de alumbrado público.

La municipalidad también analizará la construcción de más baños públicos para mujeres en parques y mercados y consultará directamente a las usuarias sobre el diseño de esos espacios.

El programa Ciudad Segura de Guatemala ha promovido que también se tomen varias medidas de políticas únicas que mejorarán la seguridad pública, tales como fortalecer cinco centros municipales que ofrecen servicios esenciales para mujeres y niñas.

Se diseñó el primer “Plan de Política y Plan Municipal para el Desarrollo Integral de por Vida de las Mujeres, 2018-2027” y se espera que sea adoptado este año, lo que significa que, en el futuro, habrá canales y sistemas implementados para incluir a las mujeres en el diseño de planes y proyectos urbanos.

Dentro de la iniciativa anual 16 Días de activismo contra la violencia de género, ONU Mujeres Guatemala impulso, con la participación activa de las mujeres, la pintura de murales en zonas problemáticas de la capital de Guatemala, donde se implementa el programa Ciudad Segura. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres.

Otras iniciativas incluyen: un diploma en Igualdad de Género para 50 miembros del funcionariado municipal y el desarrollo de una herramienta en internet para monitorear, mapear y difundir los casos de violencia en los espacios públicos, en asociación con el Observatorio contra el acoso callejero de Guatemala.

ONU Mujeres también está trabajando con instituciones nacionales, tales como el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, para garantizar que se atiendan las necesidades de las mujeres en todos los planes y medidas de seguridad. Por ejemplo, el Viceministerio organiza caminatas vecinales para que las mujeres mapeen los vecindarios e identifiquen los riesgos para la seguridad.

“Estamos trabajando con ONU Mujeres para mejorar la protección y la prevención de la violencia contra las mujeres”, dice Axel Manuel Romero García, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito.

“La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Doméstica y Contra las Mujeres, un mecanismo para coordinar medidas del gobierno y de organizaciones no gubernamentales, es el primer proyecto en que nos enfocamos. En 2018, se está diseñando un nuevo Plan Nacional para la Prevención y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, también con el apoyo técnico de ONU Mujeres. Este proceso está fortaleciendo cada vez más la colaboración entre diversas instituciones”, planteó.

Se están realizando esfuerzos, con el apoyo de ONU Mujeres, para reformar el Código Penal de Guatemala y definir el acoso sexual como un delito según la ley.

Basándose en estos logros, Guatemala ahora forma parte de la “Iniciativa Spotlight” de la Unión Europea y las Naciones Unidas para eliminar la violencia y las prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas en más de 13 países de todo el mundo.

En 2019, a través de la Iniciativa Spotlight, ONU Mujeres continuará apoyando las medidas como parte del Programa Ciudad Segura de Guatemala y lanzará iniciativas para salvaguardar a las mujeres contra el acoso sexual en dos municipalidades nuevas: Cobán y Chinaultla.

Para el viceministro Romero existe un elemento más, igual de fundamental que las políticas y leyes progresistas que se están elaborando, y se trata de la participación de los hombres para hacer de Guatemala un país seguro para las mujeres y niñas.

“Considero que debe haber un nuevo enfoque en la forma en que los hombres abordan no sólo sus masculinidades, sino también la igualdad (de género)”, agrega. “No se puede producir una transformación sostenible si los hombres no participan… y no se trata de cambiar comportamientos superficiales, sino de que (los hombres) vean, sientan y traten a las mujeres de forma igualitaria.”

Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres, como parte de sus historias sobre #Escúchame También, su lema durante los 16 Días de activismo contra la violencia de género, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con ONU Mujeres y como contribución a estas jornadas contra la violencia machista.

RV:EG

El artículo Mujeres de Guatemala dirigen cambio contra acoso sexual urbano fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Australia lidera industria sostenible de perlas naturales

seg, 26/11/2018 - 13:11

Terry Hunter es un guía turístico de una granja de perlas de la bahía de Cygnet. Al ser una forma extractiva y extensiva de cultivo, la acuicultura de ostras perleras es una de las industrias más sostenibles y respetuosas del ambiente. Crédito: Neena Bhandari/IPS.

Por Neena Bhandari
SYDNEY/BROOME/BAHÍA CYGNET, Australia, Nov 26 2018 (IPS)

En la costa noroccidental de Kimberley, en Australia, donde el desierto se junta con las aguas color zafiro del océano Índico, está el hábitat de la gigante Pinctada maxima u ostra perla, que produce las finas y codiciadas perlas del Mar del Sur.

Australia es el único país que usa reservas de ostras silvestres. Y para garantizar la sostenibilidad, la industria funciona según un sistema de cuotas regulado por el gobierno, que fija un máximo de ostras silvestres que se pueden pescar por año en la playa Eighty Mile, al sur de Broome, en Australia del Oeste.

Esa reserva constituye la última industria de perlas con fines comerciales de ostras del Mar del Sur silvestres del mundo.

Hay unas 15 licencias otorgadas para trabajar con ostras de perlas, pero la mayoría pertenecen a subsidiarias de Paspaley. “Nuestra cuota de perlas silvestres es recogida a mano por nuestros buzos”, explicó el director ejecutivo del Grupo Paspaley, Peter Bracher, en diálogo con IPS.

Es una forma sostenible que no daña el fondo del mar ni produce capturas accesorias, que terminan desperdiciándose. En los otros hábitats de la Pinctada maxima, que abarca la mayor parte de los océanos Índico y Pacífico, la sobrepesca agotó las poblaciones de ostras.

En los últimos años, el número permitido fue de entre 600.000 y 700.000 ostras perla. En 2016, se pescaron 612.510 y el número total que se podían cultivar fueron 907.670, según el informe sobre el Estatus de la Pesca y Recursos Acuáticos 2016-2017, del Departamento de Desarrollo Regional y de Industrias Primarias de Australia del Oeste.

Las compañías de perlas australianas son conscientes de la necesidad de proteger el hábitat de las ostras, ya que hay una estrecha relación entre el prístino ambiente de Kimberley y la producción de perlas de alta calidad.

“Las aguas de Kimberley ricas en nutrientes, en las que se cultivan las perlas, son nuestro más preciado valor y monitorear su condición forma parte integral de nuestras operaciones y gestión”, explicó James Brown, dueño por tercera generación y gerente de Cygnet Bay Pearls, la primera compañía totalmente australiana del sector.

“Abrimos nuestra infraestructura y experiencia al mundo académico y creamos la Estación de Investigación Marina de Kimberley para incentivar las investigaciones independientes y ayudar a acortar la brecha entre el conocimiento indígena y el científico, lo que creemos que ayudará a asegurar que nuestras prácticas de producción sean sostenibles”, añadió.

El cultivo de perlas representa una de las industrias más sostenibles, a pesar de ser extractiva y extensiva.

Las ostras son como filtros voraces, que se alimentan de microorganismos, como algas, gracias a lo cual limpian el agua.

“Las granjas de perlas también actúan como dispositivos para atraer peces”, explicó el profesor Dean Jerry, subdirector del Centro para la Acuicultura y la Pesquería Tropical Sostenible de la Universidad James Cook.

“Las filas de ostras, boyas y paneles de malla en el océano ofrecen un hábitat y una estructura para grandes y pequeños peces. A menudo esa es la única estructura en el océano, donde las granjas ofician de hábitats para los seres vivos marinos”, añadió Jerry.

La Pinctada maxima es muy sensible a la contaminación y los cambio ambientales.

Madreperlas en la bahía de Cygnet. Australia es el único país del mundo que usa reservas de ostras silvestres para garantizar la sostenibilidad de la industria perlera, mediante un sistema de cuotas. Crédito: Neena Bhandari/IPS.

“El recalentamiento global y las mayores concentraciones de dióxido de carbono en los océanos dificultarán la capacidad de las otras perla de producir, de forma rápida y eficiente, el carbonato de calcio para hacer el nácar”, explicó Jerry.

“Eso implica que las ostras tendrán que gastar más energía para crecer, lo que dejará menos para el funcionamiento del sistema inmunológico y aumentará el riesgo de exposición a enfermedades, pues el aumento de temperatura acelera el ciclo de vida de microbios y parásitos”, precisó.

Desde 2006, las compañías australianas deben de hacer frente a enfermedades que afectan a las ostras y que pueden resultar en 90 a 95 por ciento de muertes. Los científicos no encuentran la causa de ese mal que ya redujo a la mitad la población de ostras.

Para que la industria sea más sostenible, “debemos adoptar tecnología para programas de cría de ostras más productivos y tolerantes a enfermedades”, opinó.

“Las ostras de perlas se beneficiarán de una cría selectiva, que les ayudará a crecer más rápido y, por lo tanto, se las puede sembrar más jóvenes y así producir perlas más rápido”, añadió Jerry.

La ostra demora dos años en crecer hasta que se la puede sembrar, y otros dos para cosechar la perla. En ese plazo, es necesario limpiarlas de forma regular.

“Puede costar hasta (unos 72 centavos de dólar) una ostra cada vez, lo que tiene un enorme costo para la empresa. Si podemos llegar a cosechar la perla de ostras más jóvenes, digamos en tres años, no solo aumentaría la sostenibilidad económica, sino también ambiental”, añadió Jerry.

Las ostras cultivadas son una gran parte de la producción de perlas. Se necesitan tres moluscos para crear una perla. Se inserta un núcleo de una ostra a otra sana con un pequeño trozo de manto, elegida de una ostra donante.

Con el tiempo, el manto que produce el nácar envuelve el núcleo, creando un saco de perla, que secretará capas de nácar para formar producto final.

Una ostra se puede reinseminar hasta tres veces, y cuando llega al final de su vida reproductiva, se cosecha para obtener la madreperla utilizada en joyería e incrustación para muebles, por ejemplo.

Australia es la primera industria perlera en haber recibido, en 2017, una certificación según el estándar de pesca sostenible del Consejo de Protección Marina (MSC, en inglés).

“Se trata de un acontecimiento interesante y abre la puerta a introducir a todo un mundo de consumidores a la importancia de la sostenibilidad de la pesquería”, destacó la directora de programa en Oceanía del MSC, Anne Gabriel.

Paspaley es la principal compañía perlera de Australia, y exporta más de 95 por ciento de su producción a comercios y joyerías de todo el mundo.

“Vendemos muchas de las principales marcas para las cuales la cadena de suministro ética es una gran prioridad. No podemos comunicarnos con los compradores finales, pero nuestras credenciales ambientales nos diferencian como proveedor”, explicó Bracher, su director ejecutivo.

Por su parte, Brown, de Cygnet Bay Pearls, indicó: “Nuestro nuevo modelo de negocio abre las puertas de la granja al público general”, como estrategia para concienciar a los consumidores.

La industria de perlas emplea a unas 800 personas. El valor de la acuicultura de perlas ascendió a 56,7 millones de dólares en el año fiscal de 2015 a 2016, según el informe estadístico de la Industria Pesquera y Acuicultura, elaborado por la Oficina Australiana de Agricultura y Recursos Económicos y Científicos.

La primera Conferencia sobre Economía Azul Sostenible comienza este lunes 26 de noviembre en Nairobi y se extenderá hasta el 28, organizada por Canadá y Japón y en la que participarán más de 13.000 participantes para discutir cómo construir una economía azul.

Traducción: Verónica Firme

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