IPS español

Divulgar conteúdo
Periodismo y comunicación para el cambio global
Atualizado: 58 minutos 4 segundos atrás

Las mujeres luchan juntas por la tierra en América Central

sex, 05/10/2018 - 13:57

Con sus hijas Sianny y Eloísa, la nicaragüense Dania López produce la tierra agroecológicamente

Por Corresponsal Fao
GUATEMALA, Oct 5 2018 (IPS)

Durante los últimos 15 años, Guatemala ha experimentado un intenso fenómeno de concentración de la propiedad tierras. Esta situación ha afectado fuertemente a la población campesina e indígena pero aún más a las mujeres.

En este contexto, la organización Mama Maquin tomó la iniciativa de crear en 1993 la Alianza de mujeres por el acceso a la tierra y medios de producción, con el objetivo de incidir en la política y generar cambios en las formas de acceso a la tierra.

Las representantes que participan en esta alianza son elegidas en sus organizaciones, por lo tanto, se garantiza que las agendas de las bases son las que fundamentan sus acciones. Dado que las organizaciones tienen claras sus luchas, la labor de esta alianza también ha consistido en el respaldo a acciones específicas o la coordinación para unificar esfuerzos.

De esta forma, la movilización de las organizaciones que conforman la alianza ha influido exitosamente en la formulación de la Ley de Desarrollo Rural, específicamente en cuanto a la propiedad conjunta de la tierra.

Asimismo, la Estrategia Nacional: Gobernanza Territorial Incluyente y Sostenible para la Seguridad Alimentaria en Guatemala, es el resultado de un proceso plural de consulta y debate en torno a la problemática agraria, el desarrollo rural, la seguridad y soberanía alimentaria en nuestro país.

Actualmente, la alianza concentra sus esfuerzos en gestionar la implementación de un componente con enfoque de género en el Instituto Nacional de Estadística, así como en demandar al Fondo de Tierras y al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación mayores presupuestos para la producción.

Tierra y soberanía alimentaria

Dania López es una productora joven de la Comunidad de Chiquimulapa de Posoltega, en Nicaragua. Ha enfrentado los embates del cambio climático mediante el uso de prácticas agroecológicas y la diversificación productiva.

Parcela en Guatemala. Crédito: Jorge Rodríguez/FAO

Con el apoyo de su pareja y sus hijas, en su parcela cultiva maíz, plátano, berenjena, ayote, pipián, piña, chiltoma, tomate y hierbas medicinales.

Dania siempre ha producido en tierra alquilada, porque no tiene tierra propia. En cada ciclo productivo debe pagar hasta 200 dólares por manzana. Desde hace doce años su cooperativa Coopemuchiq es parte de la organización Coordinadora de Mujeres Rurales (CMR), un bastión de incidencia y formación para ayudar a las mujeres rurales cooperativistas a ejercer su ciudadanía.

Desde 2006, la CMR ha promovido una política pública para que las mujeres rurales tengan tierra propia; al impulsar la Ley 717 Creadora de un fondo para compra de tierra con equidad de género para mujeres rurales, aprobada el 5 de mayo del 2010. Sin embargo, el Estado todavía no aprueba el fondo para que la ley sea efectiva y las mujeres rurales pobres puedan beneficiarse.

Desde entonces, cada aniversario de la Ley 717, Dania ha participado junto a sus compañeras en actividades de reivindicación de su derecho a la tierra.

Mientras tanto, Dania y las mujeres rurales que viven en las zonas del corredor seco en el occidente del país, León y Chinandega y otras zonas como Matagalpa, Masaya y Chontales, continúan labrando y produciendo la tierra porque saben que la seguridad alimentaria de sus familias no espera.

“Con la tierra tenemos poder, ese poder de alimentar a nuestras familias, de decidir qué producir, y cómo vender en los mercados locales”, comenta Dania, quien, como muchas otras mujeres nicaragüenses está construyendo un liderazgo con autonomía, promoviendo sus derechos y luchando por tener tierra propia para vivir una vida digna como sujeta política de cambio.

Comprender,  reclamar y garantizar derechos

La garantía de los derechos de las mujeres rurales es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible. Sin embargo, en el caso del uso de la tierra, el agua y otros recursos productivos, las mujeres aún no gozan de un derecho legítimo: igualdad de condiciones con los hombres en el acceso, tenencia y uso.

Dania López en una entrevista con un diario local, en una manifestación en demanda de tierra propia

 

Y es que en varios países de América Latina y el Caribe persisten leyes y políticas discriminatorias que necesitan ser revisadas para garantizar el acceso de las mujeres a los recursos productivos. Por ejemplo, algunas mujeres pueden verse excluidas de programas y proyectos en función de su estado civil.

Pero tampoco basta con disposiciones legales y políticas adecuadas, si su implementación es esporádica o si no hay presupuestos asignados.

Por eso es indispensable apostar por el posicionamiento de las mujeres en las instancias locales de participación política y toma de decisiones, porque en los territorios rurales de la región todavía existen prácticas culturales desiguales, sistemas de tenencia injustos y también una escasa apertura en los espacios de diálogo.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible dedica especial atención a esta problemática, y por eso dos de las metas de su objetivo relacionado con la igualdad de género tienen que ver con el acceso, tenencia y uso de la tierra y otros recursos productivos.

Porque desde el punto de vista de la gobernanza responsable de la tierra y los recursos naturales, no puede haber sostenibilidad si el uso de los recursos es desigual y si el trabajo de las mujeres no es reconocido económica y socialmente.

Incluso con las brechas que enfrentan, las mujeres rurales tienen un potencial organizativo cada vez más fuerte frente a temas económicos, sociales, ambientales, culturales y políticos. Actualmente existen muchos procesos de incidencia para ampliar su participación y toma de decisiones y alcanzar una mayor garantía de sus derechos.

Si bien persisten los desafíos en la implementación de políticas de acceso a la tierra, existen también ejemplos de leyes, políticas y programas con impactos positivos y que pueden replicarse en toda la región. Estas experiencias exitosas han sido posibles gracias a cambios normativos e institucionales promovidos desde una perspectiva de género.

En Bolivia, por ejemplo, los cambios en la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, conocida como Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), y la Ley de la Reforma Agraria Renovación, permitieron la aplicación de criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y uso de la tierra a favor de las mujeres, independientemente de su estado civil.

Pero estos procesos no son exclusivamente de orden público: se requiere también de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, los centros de investigación y las autoridades locales, entre otros.

Así lo constató una consulta pública realizada por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) en 2012, según la cual hay tres áreas básicas para lograr una mayor igualdad en el uso de los recursos productivos: información sobre los derechos en los territorios rurales, movilización social para exigir su cumplimiento y facilitación de procesos gubernamentales para garantizarlos.

En resumen, comprender, reclamar y garantizar el derecho legítimo de las mujeres al uso y tenencia de la tierra y otros recursos productivos.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en el marco de la campaña regional #MujeresRurales, mujeres con derechos. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

El artículo Las mujeres luchan juntas por la tierra en América Central fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Sub y sobrealimentación: dos caras de la misma moneda

sex, 05/10/2018 - 13:19

La malnutrición es un motivo de preocupación en Nepal, donde la padecen un millón de menores de cinco años de forma crónica, y 10 por ciento presentan síntomas graves. Crédito: Naresh Newar/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Oct 5 2018 (IPS)

Es necesario cambiar de forma drástica la forma en que nos alimentamos y pensamos en comida para evitar una mayor degradación ambiental e, incluso, las epidemias que derivan en grandes problemas de salud pública.

“Es increíble que, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, sigamos teniendo esta brecha entre quienes comen demasiado y quienes no tiene suficiente”, observó Luca di Leo, director de relaciones con los medios de la Fundación Centro Barilla para la Alimentación y la Nutrición (Fundación BCFN).

Di Leo conversó con IPS en un foro sobre inseguridad alimentaria y posibles soluciones, realizado en el marco del 73 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

El número de personas que pasan hambre aumentó a 820 millones, en 2017, respecto de las 804 millones que había el año anterior, según el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, de 2018, y una cifra que no se veía desde hace casi una década.

De forma paralela y paradójica, la obesidad aumentó con rapidez en la última década, de 11,7 por ciento, en 2012, a 13,2 por ciento, en 2016. Es decir que en 2017, más de un adulto cada ocho, más de 670 millones de personas, eran obesas.

La obesidad en adultos y el ritmo de aumento es mayor en América del Norte, pero también se registra una tendencia al alza en África y Asia.

Los participantes del Foro Internacional sobre Alimentación y Nutrición subrayaron la necesidad de hacer frente a ambas formas de malnutrición, y señalaron como responsables a las dificultades de conseguir alimentos saludables.

“No es solo lo que tienen los alimentos, es el discurso sobre ellos; hay más de una forma de comer mal”, puntualizó el director del Centro de Prevención e Investigación de la Universidad de Yale, David Katz.

Muchos de los presentes en el foro observaron que no hay un consenso sobre qué es una dieta sana en un sistema alimentario sostenible.

“Sin objetivos para movilizar la acción colectiva, y también sin mecanismos para coordinar ni monitorear los avances, es muy difícil lograr un cambio de sistema masivo”, indicó Gunhild Stordalen, fundador de la Fundación EAT, una plataforma para la transformación del sistema alimentario.

En algunos países africanos hay suficientes alimentos, pero es el tipo de alimentos disponibles lo que cuenta. Casi la mitad de las niñas y los niños de las zonas afectadas por la sequía en el sur de Madagascar sufren malnutrición. Crédito: Miriam Gathigah/IPS.

Luchando contra el sistema

El consumo de azúcar y alimentos procesados que no son saludables aumentó, a pesar de las conclusiones del conocido documental “Supersize Me” (“Súper Engórdame”.)

Estados Unidos tiene el mayor consumo de azúcar entre 34 países sondeados en 2017, según el Índice de Sostenibilidad Alimentaria de la Fundación BCFN.

En ese país, una persona consume más de 126 gramos de azúcar al día, el doble de la ingesta diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El problema no es solo la obesidad, sino el aumento de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

“El número de años perdidos por deficiencias nutricionales y enfermedades cardiovasculares aumenta de forma pronunciada en Estados Unidos”, indicó Leo Abruzzese, de la Unidad de Inteligencia Económica, encargada de realizar el índice.

“Una de las exportaciones menos impresionantes de Estados Unidos es la mala nutrición. La gente no necesariamente muere, sino que tiene una mala vida. En esas circunstancias, ¿no cree que habría que hacer algo?”, preguntó a IPS.

El índice también concluyó que el consumo de carne y grasas saturadas en Estados Unidos es de los mayores del mundo, lo que contribuye a una dieta poco saludable e, incluso, al cambio climático.

Según la Universidad de la ONU, las emisiones del ganado representan casi 15 por ciento de los gases contaminantes liberados a la atmósfera. Y juntos, la carne y los productos lácteos, representan 65 por ciento de lo que emite el ganado.

De hecho, los criadores de animales van rumbo a convertirse en los mayores contribuyentes al cambio climático, superando así a la industria de combustibles fósiles.

Pero es posible lograr dietas saludables y sostenibles, observó Stordalen.

Aparecen alternativas a la carne, que podrían transformar lentamente la industria cárnica y de comida chatarra.

Los consumidores ahora podrán encontrar “hamburguesas imposibles”, sin carne, en muchos restaurantes y cadenas de comida rápida como White Castle.

ONU Medio Ambiente otorgó el premio Campeones de la Tierra a las compañías estadounidenses veganas Beyond Meat e Impossible Foods.

“Las opciones de alimentos sostenibles comienzan a verse y saber bien, lo que antes no ocurría”, observó Stordalen.

“Una vez que la gente prueba el gusto bueno de mejores soluciones, no solo se les empieza a antojar, sino que reclaman un futuro mejor. Se juntan para concretarlo”, añadió.

Respecto del índice, “al recolectar todos esos indicadores, básicamente tenemos un marco para lo que creemos que debería ser un buen sistema alimentario”, destacó Abruzzese.

Un problema de poder

La falta de acceso a alimentos saludables y sus consecuencias también se puede sentir en el otro extremo de la cadena alimentaria: los productores.

Las mujeres representan 60 por ciento de la mano de obra agrícola en África, pero les cuesta acceder a semillas de calidad, fertilizantes y maquinaria. Asimismo, suelen hacerse cargo de su hogar, de los niños y de la cocina.

La desigualdad de género también contribuye a la mala calidad de la nutrición de los hogares, lo que genera problemas de crecimiento y desarrollo en los niños.

Los participantes del foro subrayaron la necesidad de empoderar a las mujeres rurales y hacer frente a la desigualdad de género en la agricultura para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional y crear sociedades sostenibles.

“Lo contrario al hambre es poder”, observó Raj Patel, profesor e investigador de la Universidad de Texas, señalando el caso de Malawi.

En ese país de África subsahariana, más de la mitad de los niños sufren malnutrición crónica. La cosecha de maíz, producto básico en Malawi, se destina a las mujeres encargadas de las tareas de cuidado.

En un pueblo del norte, se hizo frente al problema mediante el proyecto de Suelos, Alimentos y Comunidades Saludables, que logró resultados extraordinarios.

Además de diversificar los cultivos, el proyecto reunió a mujeres y hombres para repartirse el trabajo en la cocina y en el cuidado de otras personas.

No solo lograron la equidad de género en la agricultura, sino que también disminuir de forma drástica la malnutrición infantil.

“Tenemos que valorar el trabajo de las mujeres”, subrayó Patel.

El futuro de los alimentos

Arreglar el sistema alimentario no es fácil, pero hay que hacerlo, coincidieron los presentes en el foro.

“Conocemos los problemas, también identificamos las posibles soluciones, y la principal de ellos está en todos y cada uno de nosotros”, observó Di Leo, en diálogo con IPS.

“La producción saludable vendrá si los consumidores reclaman comida saludable. Y esta vendrá si el consumidor tienen derecho a la educación y la información”, observó Di Leo.

Por ejemplo, mucha gente no ve o no conoce la relación entre alimentación y cambio climático, apuntó.

De hecho, un estudio de 2016 concluyó que no había conciencia de la asociación entre consumo de carne y cambio climático, así como una resistencia a la idea de reducir el consumo personal de carne.

“El estado del sistema alimentario mundial requiere una nueva colaboración para la acción”, observó Di Leo.

Traducción: Verónica Firme

Artículos relacionados

El artículo Sub y sobrealimentación: dos caras de la misma moneda fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

El gana-pierde de México en nuevo acuerdo con Canadá y EEUU

sex, 05/10/2018 - 13:10

El nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México incluye el sector energético, que no lo estaba en el tratado anterior, y si bien reconoce la propiedad mexicana sobre los hidrocarburos, consolida condiciones favorables para las compañías extranjeras. En la imagen, un pozo petrolero en la ciudad de Poza Rica, en el sudoriental estado de Veracruz. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
MÉXICO, Oct 5 2018 (IPS)

Ahora que pasaron la fanfarria de sus dirigentes y el alivio de sectores exportadores e inversores, llegan los análisis de los especialistas, que coinciden en que en el renovado acuerdo trilateral con Canadá y Estados Unidos, México cedió en sectores como comercio digital, biotecnología, automotriz y agricultura.

Karen Hahnsen-Kuhn, directora de Comercio y Gobernanza Global del no gubernamental y estadounidense Instituto para la Agricultura y la Política Comercial,  señaló entre quienes mantienen sus ventajas a la industria agroexportadora, una de las beneficiarias del viejo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994.

“México tendrá menos barreras para frenar productos. Los agricultores familiares no se beneficiarán. El nuevo acuerdo socavará muchas iniciativas que Andrés Manuel Obrador (próximo presidente mexicano) propone y hará más díficil reconstruir el sector agrícola”, dijo a IPS.

La noche del 30 de septiembre, los tres socios anunciaron el nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, en inglés), para dar continuidad al tratado, bajo otro nombre, una de las exigencias del presidente Donald Trump, quien impuso la renegociación al llegar a la Casa Blanca, en enero de 2017.

Los gobiernos de Ciudad de México y Washington habían alcanzado un acuerdo un mes antes, al que se sumó Otawa cuando faltaban horas para que cumpliese la fecha límite para completar un nuevo acuerdo, también impuesta por Trump, del 1 de octubre.

En su negociación con Canadá, Estados Unidos forzó que su socio aceptara la apertura del mercado lácteo, que en el TLCAN solo permitía cuotas para leche, queso y otros productos. Además, los productores estadounidenses avícolas, bovinos y porcícolas gozarán de mayor acceso a ese mercado, a cambio de cupos para maní y derivados y azúcar canadienses.

La percepción generalizada es que Trump impuso su voluntad en la configuración del USMCA, como prometió en la campaña electoral. De inmediato, ha pasado a usar el resultado como propaganda con vistas a las elecciones legislativas de noviembre en su país.

Ignacio Martínez, académico del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México, aprecia claroscuros en el nuevo acuerdo.

A mediano plazo, México gana “en la parte macroeconómica, en torno a la estabilidad económica. Se le da certidumbre al inversionista, pues mantiene preferencias arancelarias  y esto provocará que fluya mayor inversión”, dijo en diálogo con IPS.

Asimismo, el experto consideró positivas las provisiones sobre anticorrupción, competencia y transparencia, porque van a provocar que el gobierno entrante apruebe leyes al respecto.

El presidente electo de México, el izquierdista López Obrador, prometió durante la campaña el apoyo a pequeños productores agrícolas y precios garantizados para maíz y frijol. Además, ofreció prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado, asunto bajo litigio en tribunales aztecas.

Desde julio, un delegado de López Obrador participó en las negociaciones, y el futuro gobernante dio su visto bueno al acuerdo, lo que le permite un acercamiento con la administración de Trump, recelosa de su llegada a la presidencia, el 1 de diciembre.

El maíz mexicano, principal cultivo del y base de su dieta, ha sido castigado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lo seguirá siendo por el nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que lo sustituirá. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Pero sus promesas pueden colisionar con el USMCA, que norma la entrega de subsidios agrícolas y la imposición de medidas contra la biotecnología.

Ganadores y perdedores

La manufactura automotriz, la maquila (zona libre de impuestos para la producción y ensamblaje de productos para la reexportación), la agroexportación y los servicios financieros figuran entre los sectores ganadores de la liberalización comercial emprendida.

Entre los mayores perdedores, como ya lo fueron con el TLCAN, Martínez y otros académicos y activistas de los sectores afectados sitúan al sector alimentario en general y en particular la pequeña agricultura, incluida la tradicional del maíz y el frijol, parte de la dieta básica mexicana.

Como resultado, el TLCAN impulsó la dependencia comercial de México con su vecino, con quien el intercambio equivale a más de 80 por ciento de sus ventas externas totales.

En el sector automotriz, los vehículos ensamblados en el bloque contendrán 75 por ciento de componentes manufacturados en cualquiera de los socios a partir de 2020, para evitar tarifas.

El USMCA estipula ese contenido en 62,5 por ciento. Además, entre 40 y 45 por ciento de las partes de cada vehículo deben ser manufacturadas por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora, para nivelar las condiciones salariales en Estados Unidos y México.

En esta nación latinoamericana, los sueldos oscilan entre 3,41 y 7,34 dólares por hora en el sector, según datos del no gubernamental Centro para la Investigación Automotriz, de Estados Unidos.

México también accedió a reconocer los derechos de negociación colectiva en los contratos laborales. De hecho, el Senado mexicano ratificó en septiembre el Convenio 98 sobre libertad de asociación sindical de la Organización Internacional del Trabajo.

El capítulo energético del USMCA, inexistente en el TLCAN, legitima la reforma mexicana que abre esa actividad al capital privado, emprendida desde 2014.

Estados Unidos y México acordaron el mantenimiento del esquema de resolución de diferencias entre inversionistas y Estados vía tribunales arbitrales para petróleo y gas, generación eléctrica, telecomunicaciones e infraestructura, en los cuales las empresas extranjeras invierten montos multimillonarios.

En ese sentido, el nuevo acuerdo conserva los mecanismos de disputas entre Estados y por aplicación de políticas de comercial desleal.

Los tres socios también decidieron la adopción de un plazo de 10 años para la protección de datos biológicos sobre pruebas de medicamentos obtenidos de material vivo o genético.

Asimismo, México tendría que adherirse a la revisión de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, creado en 1961 y cuyo órgano ejecutor es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, con seden en Ginebra.

Sus estatutos buscan proteger los derechos del obtentor de cada nueva variedad vegetal que satisfaga los criterios pautados en ese acuerdo, que estipula una doble protección para el obtentor de la variedad y el propietario de la patente vegetal original.

La versión de 1991, vigente desde 1998, ampara los derechos de propiedad de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea y establece el reconocimiento de los derechos de nuevos caracteres genéticos, en abierta concesión a los transgénicos.

La mayor protección a datos biológicos obstaculizaría el desarrollo de medicamentos biocomparables o genéricos contra enfermedades graves o crónicas.

El USMCA, que debe ser ratificado sin cambios o rechazado por los parlamentos de los tres países en 2019, delinea sanciones penales para la piratería de películas en línea y veta impuestos para la distribución electrónica de música digital, libros, programas informáticos y videojuegos.

El nuevo acuerdo será firmado por los tres gobernantes el 29 de noviembre, en lo que constituirá de hecho el cierre del sexenio del conservador Enrique Peña Nieto, antes de entregar el mando a López Obrador, y debe sustituir al TLCAN en 2020.

A diferencia del TLCAN, el nuevo acuerdo incluye temas ambientales y laborales en el texto principal. Pero el primero se circunscribe a prevenir y reducir la basura marina; promover la gestión forestal sostenible y tipificar el tráfico transnacional de especies silvestres protegidas, sin ninguna mención al cambio climático.

La estadounidense Hansen-Kuhn lamentó que el USMCA dificulte más tener una mejor protección ambiental.

“Espero que haya un debate amplio en México, especialmente sobre agricultura y transición energética. En estos momentos, es difícil prever cómo influirán los juegos politicos” luego de las votaciones legislativas en Estados Unidos y con el cambio de gobierno en México, explicó.

El USMCA incluye, otra vez por exigencia de Washington, una cláusula anti China, pues indica que uno de los socios no puede negociar un acuerdo comercial con un país que no sea “una economía de mercado”, vale decir, no capitalista. De ser así, una de las partes podrá salirse del acuerdo.

Los negociadores convinieron en que el USMCA durará 16 años, a menos que los socios decidan extenderlo. Para ello, se reunirán cada seis años.

Martínez señaló que el Senado mexicano debe revisar temas como derechos digitales, ambiente, protección de datos a medicamentos y mecanismos de resolución de disputas.

“Ojalá asumiera una posición crítica para hacerle ver al Ejecutivo que son necesarios mecanismos alternos para apuntalar el mercado interno. Eso se verá en Estados Unidos, donde los demócratas van a pelear por contenidos no incluidos”, sostuvo.

Edición: Estrella Gutiérrez

Artículos relacionados

El artículo El gana-pierde de México en nuevo acuerdo con Canadá y EEUU fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

…Y la luz se hizo en comunidad salvadoreña por su propio esfuerzo

sex, 05/10/2018 - 11:33

Por Edgardo Ayala
JOYA DE TALCHIGA, El Salvador, Oct 5 2018 (IPS)

La electricidad era una extravagancia inimaginable hasta hace seis años, en el caserío de Joya de Talchiga,  en el oriental departamento de Morazán, El Salvador.

Ahora, este asentamiento rural del municipio de Perquín, compuesto por unas 40 familias, en su mayoría campesinas, goza del privilegio de iluminar sus noches con bombillos, y hay quienes –aunque pocos—pueden darse algunos pequeños lujos, como encender una televisión o abrir un refrigerador y degustar una bebida bien fría.

En La Joya, como le llaman, la empresa privada que brinda el servicio de energía en esa región escondida de Morazán, colindante con Honduras, no procedía a electrificar el caserío porque, aducían,  los habitantes no poseían toda la documentación de propiedad de los terrenos donde viven.

 

Así que la comunidad, con el apoyo financiero de organizaciones cooperantes europeas, levantó su propio proyecto hidroeléctrico, aprovechando que el río El Calambre atraviesa su territorio.

Alrededor de 20 hombres tuvieron que cargar, con maderos en sus hombros, la pesada turbina que mueve un generador de 58 kilovatios, ya que en donde se instaló la casa de máquinas no hay acceso a vehículos, contó a IPS la maestra Carolina Martínez, de 36 años que enseña a niños de parvulario, en la escuela del lugar.

En funcionamiento desde 2012, la pequeña presa fue posible gracias a que hombres y mujeres de La Joya aportaron muchísimas horas de trabajo voluntario, que al final se contabilizaron como dinero, unos 34.000 dólares.

Ese monto representó la contrapartida dada por la comunidad a un proyecto cuyo costo total fue de 192.000 dólares, incluyendo esas horas laborales convertidas en dinero.

Aquí se encuentra un amplio reportaje sobre el tema.

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo …Y la luz se hizo en comunidad salvadoreña por su propio esfuerzo fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Campesinos hacen su propia luz en comunidad salvadoreña

sex, 05/10/2018 - 11:24

Juan Benítez, presidente de la Asociación Nuevos Horizontes de Joya de Talchiga, descansa en el borde del dique construido como parte de la Minicentral Hidroeléctrica El Calambre. Las pocas más de 40 familias del caserío tienen electricidad desde 2012, gracias al proyecto construido por ellos mismos, en las montañas del este de El Salvador.Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Por Edgardo Ayala
JOYA DE TALCHIGA, El Salvador , Oct 5 2018 (IPS)

En el hogar de Lilian Gómez, enclavado en las montañas del este de El Salvador, la oscuridad de la noche apenas se aliviaba con las tenues y temblorosas llamas de un par de velas, al igual que sucedía entre sus vecinos. Hasta hace seis años.

La luz se hizo cuando todos se propusieron levantar juntos su propio proyecto hidroeléctrico, no solo para iluminar la noche, sino para ir dando pequeños pasos hacia emprendimientos que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Ahora ella, valiéndose de un refrigerador, elabora “charamuscas”, helados a base de refrescos naturales, que vende para generar algunos ingresos.

“Con el dinero de las charamuscas pago la luz y compro comida y otras cosas”,  contó a IPS esta mujer de 64 años, al frente de una de las 40 familias beneficiarias del proyecto Minicentral Hidroeléctrica El Calambre.

Esa es una iniciativa comunitaria que provee de energía a  Joya de Talchiga, uno de los 29 caseríos del municipio rural de Perquín, de unos 4.000 habitantes, en el oriental departamento de Morazán, fronterizo al norte con Honduras.

Esta región fue durante la guerra civil (1980-1992) escenario de fieras batallas entre el ejército gubernamental y la entonces guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ahora partido político y en el poder desde 2009, tras ganar dos elecciones presidenciales consecutivas.

Ya sin guerra, los pueblos más grandes del área lograron despuntar con el ecoturismo y el turismo histórico, en el que el visitante conoce de batallas y de masacres en la zona. Pero los caseríos más apartados carecen de servicios básicos para hacer lo mismo.

La Minicentral Hidroeléctrica El Calambre toma el nombre del río de aguas frías y color turquesa que nace en Honduras y serpentea entre las montañas hasta cruzar el área donde se asienta La Joya, como le llaman, dedicada a la agricultura de subsistencia, sobre todo maíz y frijol.

Un pequeño dique embalsa el agua en un segmento del río, y parte del caudal es dirigido por medio de tuberías subterráneas hacia una caseta, la casa de máquinas, 900 metros abajo, en cuyo interior una turbina hace rugir un generador de 58 kilovatios.

La Joya es un ejemplo de cómo sus habitantes, en su mayoría campesinos pobres, no se quedaron de brazos cruzados esperando que la empresa que distribuye la electricidad en la zona les conecte un servicio tan vital.

La distribución de la energía en este país centroamericano, de 6,5 millones de habitantes, está a cargo de varias compañías privadas, desde que ese sector se privatizó a finales de los 90.

Durante las jornadas que IPS pasó en La Joya, los vecinos contaron que son propietarios de los terrenos donde habitan, pero carecen de toda la documentación formal, y sin ella la empresa que opera en la región no brinda la electrificación. Solo dio acceso a un par de familias que sí tienen todo en regla.

En esta nación centroamericana,  los hogares con electricidad representan 92 por ciento del total en las áreas urbanas, cifra que baja a 77 por ciento en las rurales,  según datos oficiales publicados en mayo.

Sin muchas esperanzas de que la empresa trajera la energía, los residentes de La Joya se propusieron obtenerla por sus propios medios y recursos, con el apoyo técnico y financiero de organizaciones nacionales e internacionales.

Una de esas fue la asociación Saneamiento Básico, Educación Sanitaria y Energías Alternativas (SABES El Salvador), que jugó un papel primordial al llevar a La Joya la iniciativa, inicialmente recibida con reservas.

“La gente aún dudaba cuando nos vinieron a hablar del proyecto en 2005, y hasta yo dudaba, nos costaba creer que podría darse. Sabíamos cómo funciona una presa, del agua que mueve una turbina, pero no sabíamos que podía hacerse en un río pequeño”, explicó a IPS el campesino Juan Benítez, presidente de Nuevos Horizontes, la organización comunal de La Joya para impulsar iniciativas de desarrollo.

Carolina Martínez, acompañada de sus hijos, delante de su casa, donde se vislumbra un bombillo encendido, en el caserío de Joya de Talchiga, del municipio de Perquín, en el oriental departamento de Morazán, en El Salvador. Esta maestra de 36 años es una de las beneficiarias del proyecto hidroeléctrico comunitario que desde 2012 brinda electricidad a más de 40 familias del lugar. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

La pequeña planta hidroeléctrica, en funcionamiento desde el 2012, fue edificada con el trabajo voluntario de hombres y mujeres de la comunidad, a cambio de ser beneficiarios del servicio. Para el trabajo especializado, como el eléctrico o albañilería compleja, fueron contratados trabajadores en esas ramas.

El costo total de la minipresa sobrepasó los 192.000 dólares, de los cuales unos 34.000 los aportó la comunidad con las muchas horas de trabajo que pusieron los vecinos, al asignarles un valor monetario.

El cobro del servicio se basa en el número de bombillos que posea cada familia, y cada uno cuesta 0,5 dólares. Así, si una familia tiene cuatro, cancela dos dólares mensuales, un monto más bajo del que se cobra comercialmente.

Los residentes locales aún recuerdan cómo era de difícil la vida cuando no atisbaban la posibilidad de que aquí llegase la electricidad.

“Cuando era niña, era tremendo sin luz, nos tocaba  comprar velas o gas (kerosene) para encender un candil”, narró a IPS una de las beneficiarias, Leonila González, de 45 años, mientras descansaba en una silla, en el corredor de su casa, localizada en medio de un pinar y a 30 metros del río.

El pequeño generador, en la sala de máquinas construida por los vecinos de Joya de Talchiga. Los hombres del caserío cargaron, con maderos en sus hombros, la pesada turbina que mueve el generador de 58 kW, ya que no hay acceso a vehículos donde se instaló la maquinaria de la mipresa comunitaria, en el montañoso municipio de Parquín, en el este de El Salvador. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

La mayoría de los pobladores,  recordó, solía usar “ocotes”, como se llaman localmente los trocitos de madera de pino, cuya resina es inflamable.

“Poníamos en un tiesto unas dos astillitas, y así nos manteníamos, con una luz bien pobre, pero así nos tocaba”, dijo.

Mientras, Carolina Martínez, la maestra que atiende el parvulario en la escuela del caserío, señaló que en esos tiempos los niños llevaban sus tareas manchadas con el hollín de carbón del ocote.

Ella y sus familiares solían comprar baterías de automóviles para hacer funcionar algún aparato, lo cual implicaba costos importantes para ellos, que incluían el pago de los aparatos y de la persona que los traía desde localidades cercanas.

Otros que necesitaban trabajar con aparatos más potentes, como sierras para la carpintería, tuvieron que adquirir plantas generadoras a base de gasolina, contó. Y quienes contaban con un teléfono celular debían mandar a recargarlo a Rancho Quemado, una aldea cercana.

“Ahora vemos todo diferente, las calles están iluminadas en la noche, ya no es escuro”, dijo Martínez.

En el caserío hay personas dedicadas a la carpintería o a la soldadura, y ahora la labor se les hace más fácil con el tomacorriente (enchufe) al alcance de la mano.

Un niño de La Joya, un caserío del este de El Salvador, mientras toma una charamusca, un helado a base de frutas, del refrigerador de Lilian Gómez, que gracias a la llegada de la electricidad ha montado un pequeño negocio de elaboración de estos productos, ya populares entre sus vecinos. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Para María Isabel Benítez, de 55 años y dedicada a las tareas del hogar, una de las ventajas de tener electricidad es que puede ver las noticias y enterarse de lo que pasa en el país.

“Me gusta el programa de noticias de las 6:00 AM, ahí veo todo”, narró, mientras sostenía en sus brazos a su pequeña nieta Daniela.

En tato, Elena Gómez, una joven estudiante de sicología, de 29 años, señaló que ahora puede realizar sus tareas en la computadora, en casa. “Ya no tengo que ir hasta el cibercafé más cercano”, recalcó.

El proyecto fue considerado desde el comienzo como binacional, pues el excedente de energía generado en La Joya se distribuye al caserío Cueva del Monte, a cuatro kilómetros de distancia, ya en territorio hondureño.

Para lograrlo se instalaron líneas adicionales y de ese modo su planta puede beneficiar a otras 45 familias, de las que 32 ya están conectadas al servicio.

“Los hondureños nos engañaron, nos dijeron que nos iban a poner el proyecto de energía, pero no lo hicieron, solo nos quedamos con los planos hechos”, sostuvo a IPS el líder comunitario del caserío hondureño, Mauricio Gracia.

Los habitantes de Cueva del Monte son salvadoreños que en septiembre de 1992 quedaron de la noche a la mañana en territorio hondureño, tras un fallo de la Corte Internacional de Justicia de entonces, que resolvió una vieja disputa fronteriza binacional, que incluía esa zona del norte de Morazán.

Benítez, el presidente de la asociación de La Joya, dijo que a veces el generador falla, sobre todo cuando hay tormentas eléctricas, por lo cual la organización se ha propuesto buscar más apoyos para adquirir un segundo generador, que funcione cuando el primero se apague.

También, como comunidad tienen la esperanza de ir, poco a poco, creando algunas iniciativas de desarrollo, con la electricidad que ya poseen, a fin de mejorar la economía del lugar.

Por ejemplo, han manejado la posibilidad de impulsar el turismo rural, aprovechando la belleza natural de la zona, con el bosque de pinos y las pozas y cascadas del río Calambre.

El plan es establecer cabañas de montaña, que cuenten con electricidad. Pero la idea no termina de cuajar porque no se ha logrado poner de acuerdo a los propietarios de los terrenos, que deben dar el aval, dijo Benítez.

Mientras tanto, Lilian Gómez está contenta de que sus charamuscas tengan gran demanda entre sus vecinos, algo que no podría haber logrado si la luz no se hubiera hecho en La Joya.

Edición: Estrella Gutiérrez

Artículos relacionados

El artículo Campesinos hacen su propia luz en comunidad salvadoreña fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Las guardianas de la caatinga brasileña

qui, 04/10/2018 - 18:42

Con el proyecto, las mujeres comprendieron cómo sus prácticas pueden contribuir a disminuir el impacto en la deforestación de la caatinga. Crédito: Emanuella Castro

Por Corresponsal Fao
PAJEÚ, Brasil, Oct 4 2018 (IPS)

La caatinga (bosque blanco) es un bioma exclusivo de Brasil que ocupa aproximadamente 10 por ciento de su territorio, en el noreste del país. Esta región enfrenta serios desafíos como la pobreza y la desertificación.

Fue ante este escenario que la Casa de la Mujer del Nordeste (CMN) decidió convocar a grupos de mujeres a sumar esfuerzos por la preservación de la biodiversidad, considerando que la región cuenta con varias especies vegetales en peligro de extinción, como la aroeira, el manndacaru y la baraúna.

Entre 2014 y 2016, han logrado rescatar y plantar poco más de 49.000 mudas de plantas nativas.

Las protagonistas de esta hazaña son mujeres agricultoras que viven en el territorio del municipio de Pajeú, quienes además de intervenir en la recuperación de áreas degradadas, fueron formadas en educación ambiental y prácticas agroecológicas desde una perspectiva feminista.

El conocimiento popular y el intercambio de saberes entre agricultoras, una práctica que la asesoría técnica de la CMN ha adoptado junto a las mujeres, ayudó a manifestar los desafíos que enfrentan todos los días en la convivencia con el semiárido.

Entre los temas discutidos por las mujeres, están la producción agroecológica, el manejo del suelo y plantío de mudas, así como la soberanía y seguridad alimentaria, el feminismo, los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia de género.

Durante los talleres temáticos, las mujeres tuvieron la oportunidad de discutir sobre su lugar en el mundo, sus derechos y su autonomía.

En algunas comunidades, fue la primera vez que las mujeres conversaron sobre violencia contra la mujer, división sexual del trabajo doméstico y de sus necesidades como mujeres.

En los talleres prácticos sobre el plantío de mudas nativas y de convivencia con el semiárido, las mujeres aprendieron técnicas de recuperación del suelo y del uso del agua.

De manera que estas mujeres no solo se convirtieron en guardianas de la caatinga, sino también en agentes de cambio para sus comunidades.

Más oportunidades para ellas, más oportunidades para el campo

Las estrategias de desarrollo rural , como las que han benificiado a estas mujeres de la caatinga brasileña, son herramientas que permiten a los países de América Latina y el Caribe hacer del campo un referente de progreso económico, un baluarte de riqueza cultural y un reservorio de alimentos para toda la población.

La Casa de la Mujer del Nordeste es una organización no gubernamental con más de 36 años de trabajo por el empoderamiento de las mujeres. Su misión es fortalecer la autonomía económica y política de las mujeres, afirmando la agroecología basada en el feminismo y la igualdad racial. Crédito: Emanuella Castro

Por eso, el desarrollo rural, entendido como la concreción de un entorno que permite el ejercicio pleno derechos económicos, ambientales y sociales, encuentra un gran obstáculo ante la falta de autonomía de las mujeres rurales.

Es sabido que en el medio rural aún persisten desigualdades de género en el acceso a la tierra, los bienes de producción, la asistencia técnica y los recursos naturales.

Y a estas limitaciones se agrega la exclusión que viven las mujeres en el mercado laboral, así como la poca valoración de su trabajo productivo y de sus contribuciones en la conformación y reproducción del tejido social.

Así como las mujeres ven fuertemente amenazada su autonomía económica, también sufren desigualdades y amenazas para su autonomía física y política, siendo más víctimas de violencia y también teniendo menos oportunidades de ejercer liderazgos y participar en la vida pública de sus comunidades.

Menos oportunidades para las mujeres son menos oportunidades para el campo: Si las políticas estatales orientadas al desarrollo rural no revierten las desigualdades de género, entonces están agudizando la exclusión de las mujeres. Y el desarrollo no es desarrollo.

Por esta razón, las políticas de desarrollo rural tienen un rol clave en la deconstrucción de los estereotipos de género que obstaculizan el pleno ejercicio de derechos de las mujeres rurales.

Los países de América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de promover acciones que apunten al mismo tiempo al crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y la equidad de género.

El hilo conductor es necesariamente el empoderamiento de las mujeres, porque solamente así podrán ejercer toda su autonomía económica, física y política.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en el marco de la campaña regional #MujeresRurales, mujeres con derechos. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

El artículo Las guardianas de la caatinga brasileña fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Uganda busca impulsar un crecimiento verde

qui, 04/10/2018 - 13:14

Parque de taxis viejos en Kampala, Uganda. La Estrategia de Crecimiento Verde busca introducir transporte rápido en autobús y trenes ligeros para evitar embotellamientos. Crédito Wambi Michael/IPS.

Por Wambi Michael
KAMPALA, Oct 4 2018 (IPS)

Uganda se urbaniza lentamente, con 19 por ciento de su población asentada en las ciudades y la perspectiva de que aumente a 30 por ciento de los casi 42 millones de habitantes para 2035. Pero con muchos problemas, como lo demuestra el estado caótico de Kampala.

“Rezo porque un huracán azote a Kampala y no tengamos más opción que reorganizarla”, comentó Juliana, una estudiante de la Escuela Internacional Seven Hills, quien participa en un proyecto para modernizar la capital.

Pero la urbanista Amanda Ngabirano, de la Universidad de Makerere, no está de acuerdo, y viene trabajando con la Autoridad de la Ciudad de Kampala (KCCA) para crear una zona sin automóviles en el centro.

Ngabirano considera que es posible realizar la transición hacia una economía con pocas emisiones de carbono, gracias al modelo de ciudades verdes del Instituto de Crecimiento Verde para el Clima (GGGI).

Una ciudad verde es un área urbana que busca incluir la protección ambiental, la inclusión social y la sostenibilidad económica de largo plazo, según el GGGI.

El impacto del crecimiento

Kampala tiene muchos problemas como el crecimiento de asentamientos informales, la invasión de humedales, las plantas de tratamiento de agua y el sistema de alcantarillado inadecuados para sus 1,5 millones de habitantes.

Numerosos urbanistas y ambientalistas coinciden en que el estilo de urbanización de “crecer de forma sucia ahora para limpiar después” no es sostenible.

El gobierno apuesta a revertir el daño infligido a los recursos naturales, y con apoyo de promotores de desarrollo, busca una estrategia que subraye la necesidad de una relación más armoniosa entre desarrollo y ambiente.

Con apoyo del GGGI, el gobierno lanzó en noviembre la Estrategia de Desarrollo con Crecimiento Verde 2017/2018-2030/2031, que se extenderá por 14 años y se estima que ascenderá a 11.000 millones de dólares.

Modelo de crecimiento verde urbano

La estrategia sugiere un nuevo modelo de crecimiento urbano que promueve una transición nacional más compacta y conectada para 2040. La iniciativa proyecta busca aumentar en 33 por ciento el acceso a los servicios básicos, reducir en 11 por ciento la inversión en infraestructura agregada y reducir en 27 por ciento la emisión de gases contaminantes.

El GGGI colabora con el cambio de políticas para que este país de África oriental pueda seguir por un camino de desarrollo verde, indicó Peter Okubal, representante del instituto en Uganda.

“Nuestro análisis sugiere que no alcanza con mejores políticas urbanas, es igual de importante corregir cuestiones que ocurren en la economía para lograr una transición urbana exitosa”, explicó.

La Visión 2040 de Uganda sugiere ocho intervenciones prioritarias para catalizar un mejor crecimiento urbano. De implementarse, podría aumentar el producto interno bruto en 4.300 millones de dólares para ese año, así como crear nuevos puestos de trabajo y beneficios ambientales positivos.

Hay una posibilidad para que Kampala y otras ciudades africanas cambien la trayectoria en la que se encuentran mediante el modelo de urbanización de ciudades verdes, indicó.

“La población que vive en ciudades verdes crece con rapidez. Si el gobierno aprovecha y desarrolla ciudades competitivas, probablemente aprovechen el dividendo urbano en vez de lograr la confusión asociada a la urbanización”, explicó Okubal.

La hoja de ruta de Uganda, elaborada con asistencia del GGGI, contiene un proceso paso a paso mediante el cual una ciudad puede realizar la transición hacia un centro urbano competitivo, compacto y coordinado.

“Para que las ciudades de Uganda puedan conectarse entre sí, deben ser competitivas. Eso significa que deben poder generar negocios y al mismo tiempo se debe poder vivir en ellas, pero también ser productivas en naturaleza”, explicó Okubal.

La Visión 2040 de Uganda propone cuatro ciudades regionales y cinco estratégicas, que son Kampala, Gulu, en la región Norte, Mbale, en el Este, Mbarara, en el Oeste, y Arua, en el Nilo Occidental.

“Uganda está dotada de una vasta diversidad natural que necesita de la incorporación de prácticas sostenibles y de consumo en la economía para garantizar la sostenibilidad del capital natural”, explicó Paul Mafabi, director de ambiente del Ministerio de Ambiente y Agua, en entrevista con IPS.

Los asentamientos bien planificados basados en el modelo de ciudades verdes puede salvar los recursos naturales del país.

“La mayoría de esos recursos no son renovables o, en caso de degradación, se pierden o se extinguen, y su recuperación requiere de muchos insumos económicos, morales y físicos”, prosiguió.

“El GGGI ayuda al gobierno con el marco de monitoreo y verificación, que es bastante esencial bajo el marco de transparencia del Acuerdo de París, que subraya la necesidad de registrar el progreso e informar sobre los avances en la lucha contra el cambio climático”, apuntó Chebet Maikut, comisario de cambio climático, en diálogo con IPS

Gestión de Desperdicios

Uganda también recibe apoyo del GGGI para atender la crisis en la gestión de desperdicios, y hace poco terminó una política nacional al respecto.

“El actual enfoque en la gestión de alimentos es el que llamamos, recolectar y tirar. Recoger la basura de los hogares y tirarla en un vertedero”, observó Okubal.

“Pero el GGGI propuso una alternativa a eso”, apuntó.

“Si tratamos los desperdicios como recurso que, por cierto, lo son, podemos aprovechar la basura generada para crear cuatro millones de empleos en los próximos 15 años”, explicó.

Opciones de financiación para el crecimiento verde

El gobierno de Uganda necesita movilizar 11.000 millones de dólares en los próximos 15 años. Y también necesita 2.000 millones para los próximos cinco años. Algunos promotores inmobiliarios dudan de que el gobierno pueda reunir tantos fondos de su presupuesto o mediante socios.

Pero Okubal tiene una opinión diferente: “Hay mucho dinero ahí afuera. El dinero está ahí, pero los gobiernos no logran aprovecharlo”.

“La Unión Europea (UE), por ejemplo, destinó unos 60 millones de euros (unos 68,8 millones de dólares) por dos años para apoyar al gobierno de Uganda a implementar la estrategia de crecimiento verde”, explicó.

Suecia, Noruega y otros países de la UE, por su cuenta, consideran seguir el mismo camino, aseguró Okubal.

“Tenemos el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y otras ventanas internacionales a fondos para impulsar una economía verde. Todas son oportunidades que el gobierno de Uganda puede aprovechar”, observó.

El gobierno plantea introducir el transporte rápido en autobuses y el tren ligero, operados por asociaciones público-privadas o mediante un modelo de financiación de tipo privada.

La oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Uganda movilizó hace poco 24,1 millones de dólares del Fondo Verde para el Clima para implementar la Iniciativa Presidencial para recuperar humedales degradados.

Traducción: Verónica Firme

Artículos relacionados

El artículo Uganda busca impulsar un crecimiento verde fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Lo que un microcrédito puede hacer por las mujeres rurales

qua, 03/10/2018 - 17:34

Adelaida Morán, en la tienda con la que abastece de alimentos y otros productos a su pequeña comunidad. Crédito: Fundación Microfinanzas BBVA

Por Corresponsal Fao
LA CHORRERA, Panamá, Oct 3 2018 (IPS)

La única barrera contra la que Adelaida Morán no puede luchar es la lluvia, que convierte en un lodazal su aldea, Capira, haciendo que solo se pueda salir o entrar de ella a caballo. Su hogar y negocio está a unos 30 kilómetros de La Chorrera, en Panamá, y se llega ahí solo a través de caminos de tierra.

Sus 200 vecinos la conocen porque regenta una pequeña tienda. Además, cría pollos y cultiva café con el que genera empleo en su comunidad. A veces contrata hasta a siete vecinos, consciente, dice, de que allí donde no hay igualdad son necesarias las oportunidades.

Adelaida se ha convertido en cabeza de familia. Y todo inició, asegura, cuando hace años escuchó en la radio que la entidad Microserfín de la Fundación Microfinanzas BBVA ofrecía oportunidades a personas emprendedoras. Ese día, tomó el autobús y su travesía no ha parado hasta hoy.

Asegura que ha prosperado tanto que se atreve a ser ambiciosa. Ahora quiere comprarse un auto que le permita vender sus productos fuera de su aldea y algo más importante: que si hay una emergencia pueda socorrer a sus hijos y vecinos, sin tener que esperar tres horas a que pase el autobús para llevarlos al hospital más cercano, o al día siguiente si es de noche.

Ya ha visto lo que es capaz de conseguir con pequeños créditos y sabe que cuenta con el consejo de los asesores de la fundación para cumplir su meta y seguir progresando. “Gracias a ellos, sé hasta cuánto me pueden dar y cuánto puedo pagar, y también gracias a ellos estoy al día con mis pagos”, afirma.

Y lo hace desde una casa que ya no teme a la lluvia. “Mi casa era de penca (similar a la palmera), y el suelo, de tierra. Pero con el crédito Casafin pusimos un techo de zinc y cemento en el suelo”, cuenta sobre la reforma que ha podido hacer con uno de los productos de la fundación en Panamá. “Pusimos incluso paneles solares para tener luz”.

Adelaida Morán en su finca en Capira, una pequeña aldea panameña. Foto: Crédito: Fundación Microfinanzas BBVA

Adelaida dice que ni ella ni su marido Evaristo, quien la ayuda en todos sus negocios, ni sus cinco hijos tienen dudas sobre su capacidad para invertir en proyectos que vayan más allá de los caminos de tierra que la separan de la ciudad y de su deseo de seguir creciendo.

Derribar barreras para progresar

No será posible acabar con la pobreza si una parte considerable de la población rural tiene un acceso limitado y desigual a los servicios financieros, como era el caso de Adelaida hasta hace cuatro años.

De acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), es precisamente en las zonas rurales donde existe una mayor exclusión financiera y la reducción de la pobreza ocurre a una menor velocidad.

En la América Latina rural las brechas de género limitan el acceso de las mujeres al crédito y otros servicios financieros.

A esta situación se suman las barreras que enfrentan las mujeres para ser propietarias de la tierra y acceder a la documentación que requieren para tratar con instituciones bancarias.

Es por eso que las microfinanzas son clave para promover la inclusión financiera e impulsar la autonomía económica de las mujeres. Y con la autonomía económica, las mujeres logran una mayor autonomía en otras esferas de sus vidas.

Adelaida Morán, con su marido e hijos. Crédito: Fundación Microfinanzas BBVA

De manera que los pequeños negocios con los que las mujeres rurales emprenden para salir adelante, pueden significar una vía de salida a la violencia, las desigualdades y la pobreza, y al mismo tiempo, una razón de peso para decidir permanecer en el campo.

Es por eso que la Fundación Microfinanzas BBVA atiende a 145.000 emprendedoras rurales, que representan  27 por ciento de del total de mujeres usuarias de sus créditos en cinco países de América Latina.

El 41 por ciento de estas mujeres concluyó la educación primaria como máximo, por lo que es habitual que se dediquen al comercio o a otras actividades con pocas barreras de entrada. Aun así, cada vez más mujeres lideran actividades agropecuarias.

Su participación en este sector tiene un impacto positivo en la alimentación de sus familias y en la mejora de la seguridad alimentaria de sus comunidades. Por ejemplo, entre los emprendedores de la fundación, más mujeres que hombres se dedican a la cría de animales.

Para brindarles los servicios financieros más adecuados, entre ellos la educación financiera, la fundación dispone de 4.000 asesores de crédito que llegan directamente a las zonas rurales.

En República Dominicana la fundación ofrece el crédito Agromujer, que tiene en cuenta la falta de garantías propias de las mujeres rurales que emprenden. Por esta razón, junto con el préstamo, las emprendedoras rurales reciben capacitación financiera, cursos de emprendimiento y asistencia técnica.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en el marco de la campaña regional #MujeresRurales, mujeres con derechos. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

 

El artículo Lo que un microcrédito puede hacer por las mujeres rurales fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Debate constitucional en Cuba aborda los derechos humanos

qua, 03/10/2018 - 16:23

Un grupo de residentes en el barrio de Sierra Maestra, en el municipio de Playa, uno de los que conforman La Habana, participa a fines de septiembre en un debate del proyecto de la nueva Constitución de Cuba, dentro de un proceso de consultas populares, iniciado en agosto y que concluirá en noviembre. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Oct 3 2018 (IPS)

Al cumplirse la mitad del tiempo previsto para la consulta popular del proyecto de una nueva Constitución en Cuba, los análisis comienzan a abordar los temas más profundos del texto, que incluye por primera vez el término de derechos humanos y define al país como “Estado socialista de derecho”.

Además de las 135.000 reuniones en barrios y centros laborales, organizadas por las autoridades desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre, otras voces ciudadanas realizan aportes hasta con aplicaciones móviles, que facilitan la lectura comparativa del documento con la ley fundamental de 1976, a la que va a reemplazar.

Activistas, especialistas, organizaciones no gubernamentales y sectores religiosos y privados, entre otros, intentan revisar cuestiones más allá del artículo 68, que persigue allanar el camino al matrimonio entre personas del mismo sexo y hasta ahora ha acapardo la atención sobre la reforma constitucional.

“La regulación de nuevos derechos es muy importante, también que (los derechos) se van a interpretar según los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y que van a pasar al ordenamiento jurídico cubano los tratados internacionales que Cuba ha ratificado”, dijo el jurista Julio Antonio Fernández, en un panel sobre el tema.

Bajo polémica internacional en su aplicación, usada tanto como elemento de ataque o defensa en la arena global y marcada por la Guerra Fría de la segunda mitad del siglo XX, los derechos humanos son aquellos innatos y destinados a reguardar el valor universal de la vida digna.

En el caso específico cubano, la cuestión ha estado atravesada por el conflicto con Estados Unidos, incluso luego del deshielo de 2014, ahora parcialmente eliminado por la administración de Donald Trump.

Junto a sus colegas Eloy Viera y Raudiel Peña, Fernández compartió sus opiniones especializadas, el 27 de septiembre, durante la presentación en el habanero y católico Centro Cultural Padre Félix Varela de una aplicación móvil, realizada por el sitio web autónomo El Toque y operativa desde esta primera semana de octubre.

El abogado también calificó de “importantísimo que se diga por primera vez que Cuba es un Estado socialista de derecho y se hable de supremacía constitucional”, aunque lamentó que el proyecto no incluya mecanismos de defensa del cumplimiento de la ley fundamental, como un tribunal constitucional, entre otras muchas críticas.

Titulada “La Cuba que viene…”, la aplicación fue creada sobre la base de que en este país de 11,2 millones de habitantes, 48 por ciento de la población tiene menos de 42 años. Esa franja, que nació con la Constitución actual, nunca ha vivido un proceso de esta magnitud, que culminará con un referendo en febrero de 2019.

Los debates populares colocan en el escenario público cuestiones de derechos, algo que resulta inusual en Cuba y está precedido por décadas de tabúes y prejuicios sobre el término universal de derechos humanos.

Un equipo médico delibera en la sala de cuidados intensivos coronarios del Hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima, en la provincia de Cienfuegos, en Cuba. El derecho universal a la salud y otros derechos colectivos se han privilegiado hasta ahora en este país de régimen socialista, sobre aquellos considerados individuales. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Algo que comenzó a cambiar desde que Cuba pasó a integrar desde su fundación en 2006 el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas.

El gobierno de La Habana ratificó 44 de los 61 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos,  según indica el informe presentado por las autoridades cubanas en mayo al Examen Periódico Universal del CDH. Ese bloque  integraría la legislación local si se aprueba la nueva Constitución.

“La segunda Constitución revolucionaria marcará formalmente un proceso de profundos y constantes cambios, y digo formalmente porque desde 2008 se vienen dando transformaciones importantes”, dijo a IPS el sociólogo Fernando Romeu.

El también activista contra la discriminación racial remarcó que el proyecto incorpora cambios en materia de derechos ocurridos durante la reforma del gobierno de Raúl Castro (2008-abril 2018) y que el actual presidente, Miguel Díaz-Canel, se ha comprometido a continuar.

Romeu puso como ejemplo los avances logrados en la última década en materia de propiedad, emigración, emprendimientos privados, acceso a la tierra y participación ciudadana.

También resaltó otros derechos incluidos ahora en el proyecto como la regulación del Habeas Corpus y la posibilidad de los ciudadanos de demandar a instituciones públicas.

El activista opinó además que la incorporación del término derechos humanos responde a esa tendencia. “Ahora los centros hegemónicos (del sistema capitalista) le harán creer a la opinión pública que por primera en Cuba se comenzarán a respetar los derechos humanos”, lamentó.

Con artículos sobre el tema, Mylai Burgos, abogada e investigadora cubana residente en México, indicó a IPS que “las personas tenemos derechos humanos, pero si no podemos acudir a alguna instancia a exigir su cumplimiento o el cese de su violación no tiene ningún sentido”.

Trabajadores desfilan tras una gran pancarta con la palabra Socialismo, en la Plaza de la Revolución José Martí, en La Habana. El texto del proyecto de la nueva Constitución de Cuba propone que el país se defina como “un Estado socialista de derecho”, lo que suma a los derechos humanos como parte del socialismo interno. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

A nivel internacional, subrayó desde la capital mexicana, “además de su reconocimiento lo más relevante que hoy se regula es el proceso de garantías jurisdiccional. Este apenas se enuncia en el proyecto y, en mi criterio, ya debería definirse en la Constitución”.

En los debates en los barrios y entre especialistas a los que ha asistido IPS, además de en las redes sociales en Internet y en informaciones periodísticas,  la propuesta de incluir un tribunal constitucional se reitera como necesario, por voces de todos los signos políticos y como mecanismo para que se cumpla la Constitución.

Una sección de la no gubernamental Unión Nacional de Juristas de Cuba organiza en La Habana debates para que activistas y especialistas revisen el título dedicado a los “Derechos, deberes y garantías” desde su experiencia en contra de la discriminación de género, identidad de género, capacidades especiales, raza o creencias.

IPS fue testigo de uno de ellos, realizado en la sede de esa entidad, el 25 de septiembre, donde, entre otros temas, un jurista recalcó el problema que significa para la supremacía constitucional y garantías de derechos las más de 60 remisiones a leyes secundarias, de las cuales muchas aún no se han elaborado.

“Esto significa que los derechos pueden regularse por normas de menor jerarquía”, explicó a IPS el abogado cubano Michel Fernández, que reside en Estados Unidos.

A su juicio, “el tema de los derechos humanos ha sido de los más conflictivos en el escenario político cubano”, aunque destacó que esa realidad comenzó a cambiar, al menos en el plano internacional, con la entrada de Cuba al CDH.

Fernández remarcó que el país firmó en 2008 el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ambos en vigor desde 1976 y que son considerados los principales en la materia.

Como otros países socialistas, Cuba da prevalencia a los derechos colectivos y las garantías a sus ciudadanos sobre todo de acceso universal y gratuito a los servicios de salud y educación, mientras suele recibir críticas por asuntos relacionados con los derechos individuales y políticos.

“La mayor falta en el proyecto constitucional es el tema de la diversidad de opiniones… no se trata cómo garantizar la expresión y organización de opiniones políticas diferentes”, indicó Fernández, sobre un proyecto que mantiene al socialismo como sistema irrevocable y al Partido Comunista de Cuba (PCC) como el único legal.

La cuestión humanitaria constituye un eje de conflicto entre el PCC y los grupos opositores, que operan en la ilegalidad y las autoridades cubanas consideras que son financiados por Washington, aunque también lo han abordado otros grupos que se declaran críticos del gobierno, pero no disidentes.

Justo en ese segmento se encuentran las críticas más duras al proyecto. “La nueva Constitución, al igual que la anterior, no han sido elaboradas por representantes del pueblo cubano elegidos en elecciones libres, plurales y democráticas”, dijo a IPS el bloguero y opositor Orlando Luis Pardo Lazo.

Edición: Estrella Gutiérrez

Artículos relacionados

El artículo Debate constitucional en Cuba aborda los derechos humanos fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Periodismo sufre impunidad y leyes duras en Asia meridional

qua, 03/10/2018 - 13:12

Un estudiante camina frente a un recordatorio con nombres de los defensores de la libertad. La nueva Ley de Seguridad Digital, de 2018, convierte en delito los comentarios negativos en su contra. Crédito: Stella Paul/IPS.

Por Stella Paul
HYDERABAD, India, Oct 3 2018 (IPS)

Hace seis años y medio que fueron asesinados los periodistas bangladesíes Meherun Runi y Sagar Sarwar en Daca. Mientras sus familias esperan que se haga justicia, reina el temor en la prensa de Bangladesh.

Runi, una periodista del canal privado ATN Bangla y su esposo, Sarwar, editor del noticiero de Maasranga, fueron golpeados hasta morir el 11 de febrero de 2012.

La ley de Seguridad Digital, aprobada el 19 de septiembre de este año, fue muy criticada por los profesionales de la prensa, que la consideran una herramienta para amordazar a los periodistas y coartar la libertad de expresión.

El año pasado se pidió al gobierno que considerara reforma el proyecto proyecto, muy criticado, pero no lo hizo a pesar de las promesas. En cambio, lo aprobó sin cambios en la última semana de septiembre.

Uno de los artículos más preocupantes es el que permite que la policía detenga o registre a personas sin orden judicial.

Otra de las disposiciones preocupantes de la norma es la pena de 14 años de penitenciaría previstas para toda persona que cometa un crimen o asista a quien lo cometa mediante computadora, dispositivos digitales, redes informáticas y digitales o cualquier otro medio electrónico.

“La ley atenta contra el espíritu de la Guerra de Liberación. El periodismo independiente se verá amenazado en los próximos días”, alertó Naem Nizam, editor del diario bengalí Bangladesh Pratidin, en una fuerte declaración.

“Creímos que el gobierno aceptaría nuestras sugerencias por el bien del periodismo independiente y la libertad de expresión y de pensamiento, pero no lo hizo”, se lamentó.

El Consejo de Editores, conocido como Shampadak Parishad, consideró a la ley como una amenaza a la libertad de prensa y a los medios independientes del país.

Y como forma de protesta, el consejo convocó a los profesionales de la prensa y de organizaciones de medios a formar una cadena humana el 29 de septiembre en Daca.

Le ley “viola garantías constitucionales de libertad de prensa, y creará amplios perjuicios legales para los periodistas en el desempeño normal de sus actividades profesionales”, reza una declaración de Steven Butler, coordinador de programa en Asia del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Lo irónico es que la nueva ley surgió en respuesta al pedido de los medios de desechar el artículo 57 de la Ley de Tecnología de la Información y la Comunicación, de 2006, que arremete contra la comunicación electrónica.

El artículo estipula que publicar de forma intencional información falsa, provocativa, indecente o sensible en sitios web o cualquier plataforma electrónica que sea difamatoria o atente contra sentimientos religiosos y pueda perturbar el orden del país se castigará con un máximo de 14 años de penitenciaría y una multa de 12.000 dólares.

Ese artículo se usó contra Shahidul Alam, el premiado fotógrafo independiente, detenido el 5 de agosto en su casa de Daca, acusado de incitar a la violencia mediante declaraciones provocadoras en los medios.

Desde entonces permanece detenido sin fianza, a pesar de reiteradas reclamos en los medios de organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional pidiendo, que también pide su liberación.

IPS consultó a periodistas y académicos sobre el caso, pero nadie quiso realizar declaraciones a este medio.

La legisladora británica Tulip Siddiq, sobrina de la primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina, le pidió a su tía que liberara a Alam porque la situación es “profundamente perturbadora y debe terminar de inmediato”.

La familia de Alam organizó una manifestación en Nueva York el 27 de septiembre, cuando la primera ministra debía dirigirse a la Asamblea General de la ONU en el marco del 73 período de sesiones de la misma.

La protesta contó con el apoyo de organizaciones de derechos humanos y de prensa, y la participación del activista Kerry Kennedy, la actriz y activista Sharon Stone, y la pensadora india Gayatri Chakravorty Spivak, entre otras reconocidas figuras públicas.

“Si uno silencia a los intelectuales y a los artistas creativos, se mata la conciencia del Estado, pues es el papel de los artistas e intelectuales creativos hacer críticas constructivas para que pueda ser una verdadera democracia”, observó Spivak, profesora de la Universidad de Columbia.

Por su parte, la directora de Asia de Human Rights Watch (HRW), Meenakshi Ganguly, dijo que el gobierno de Bangladesh quiere demostrar que no se salvará nadie que se atreva a criticarlo y a cuestionar sus acciones.

“Los editores de diarios deben hacer frente a cargos de sedición y difamación. Los periodistas y conductores de televisión y radio trabajan bajo presión constante de las autoridades para que contengan las críticas contra el gobierno”, apuntó Ganguly.

“En tanto que fotógrafo, Alam documenta la verdad, su trabajo y su voz importan más que nunca”, subrayó.

“La Ley de Seguridad Digital no es más que ‘vino viejo en botella nueva’”, ejemplicó Afroja Shoma, profesora adjunta de Medios y Comunicación de Masas de la Universidad Americana Internacional, de Bangladesh.

La seguridad digital engendra inseguridad

Las leyes digitales no solo ponen en riesgo la libertad de prensa en Bangladesh, sino también en varios países de Asia meridional, donde hay normas similares.

India tiene su propio “artículo 57”, conocido como artículo 66A, de la Ley de Tecnología de Información de 2000.

El artículo prevé “castigos por enviar mensajes ofensivos a través de servicios de comunicación” e incluye información compartida a través de “recursos informáticos o un dispositivo de comunicación”, que se sabe que es “falso, pero con el fin de causar molestias, inconvenientes, peligro, obstrucción, insultos, daños, intimidación criminal, enemistad, odio o de mala voluntad”.

En marzo de 2015, la Corte Suprema de Justicia de India lo revocó, calificándolo de “abierta, indefinida y vaga”.

Sin embargo, India registró varios episodios de ataques contra profesionales de la prensa, y hasta el asesinato de los periodistas Gauri Lankesh y Shujat Bukhari. Además de la agresión contra la periodista de investigación Rana Ayyub. Pero hasta ahora no hay detenidos por ninguno de los casos.

Nepal, otro país conocido por la situación precaria de la prensa, también aprobó una ley que criminaliza el intercambio de información considerada confidencial, y lo castiga con penas de cárcel.

La norma prevé una multa de 30.000 rupias (unos 270 dólares) y hasta tres años de cárcel, explicó la CPJ, que pidió al gobierno revocar o enmendar la ley.

Por su parte, el presidente del Sindicato Nacional de la Prensa, Badri Sigdel, divulgó un comunicado que reza: “El NPU condena la ley con artículos que restringen la labor periodística de informar, escribir y fotografiar”.

“Las restricciones atentan contra las normas y los valores democráticos e indican una inclinación hacia el autoritarismo. El NPU reclama una reforma inmediata de disposiciones inaceptables de la ley”, añade.

En Pakistán, en el lugar 139 del Índice de Libertad de Prensa, en el que India ocupa el puesto 138 y Bangladesh y Nepal, el 146 y el 106 respectivamente, mataron a cinco periodistas por motivos laborales entre el 1 de mayo de 2017 y el 1 de abril de este año.

Además, según el estudio de la organización Freedom Network, también hubo:

• 11 casos de tentativa de rapto y secuestro;

• 39 detenciones ilegales y arrestos;

• 58 agresiones físicas y vandalismo;

• y 23 incidentes de amenazas verbales y escritas.

Pero ese país terminó hace poco el proyecto de ley de Protección y Bienestar de los Periodistas, en 2017, que busca garantizar la seguridad y la protección de los profesionales de la prensa.

Una vez aprobado, será la primera ley en la región que ofrezca protección física, asistencia jurídica y económica a todos los periodistas, tanto permanentes como con contrato.

Traducción: Verónica Firme

Artículos relacionados

El artículo Periodismo sufre impunidad y leyes duras en Asia meridional fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Mujeres panameñas desafían la desigualdad en un mundo de hombres

ter, 02/10/2018 - 17:12

Las capacitaciones con enfoque de género de la Ecadert permitieron que los miembros de la asociación conformaran una nueva manera de relacionarse entre sí. Crédito: Román Dibulet – Isaac Melamed

Por Corresponsal Fao
PALO SECO, Panamá, Oct 2 2018 (IPS)

A 70 kilómetros de Santiago, la capital de la provincia panameña de Veraguas, se encuentra Palo Seco. Como en otros poblados de la costa sur de la provincia, la actividad principal de la comunidad es la pesca.

Entre 2001 y 2008 se estableció una asociación de pescadores, y posteriormente, en 2011, fue refundada como la Asociación Agropecuaria de Pesca y Ecoturismo de Palo Seco.

Desde entonces ha logrado posicionarse como una de las mejores agrupaciones de pesca de la zona, gracias a su buena estructura, su organización y su resiliencia climática.

Tras ocho años de reanudar sus actividades, la asociación ha integrado la equidad de género como uno de sus pilares fundamentales.

“Las mujeres ingresamos a la asociación para apoyar a los pescadores, porque estábamos aparte. Ellos siempre estaban en reuniones y nos hacían a un lado. Tenían 33 miembros y hoy suman 42, de los que 19 somos mujeres”, destaca María Batista, quien es parte de la junta directiva.

Pero lograr la representación femenina en la asociación no fue tan sencillo.

“Cuando hay una comunidad de pescadores, el machismo impera. A la mujer le toca todo en el hogar y el hombre manda. El hombre piensa: ‘yo nada más pesco y ya’”, cuenta Batista.

Por eso la formación en género ha sido esencial. Lo han logrado gracias a capacitaciones brindadas por diferentes instancias, como la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (Ecadert).

De esta forma, junto con un proyecto de la Ecadert, los habitantes de Palo Seco, que en su mayoría forman parte de la asociación, tuvieron la oportunidad de mejorar su calidad de vida gracias a un programa enfocado en los quehaceres de las mujeres.

Mujeres trabajando en la producción de granos básicos. Departamento de Chiquimula, Guatemala. Crédito: SECAC

“El agua escaseaba y por medio de este proyecto se compraron tanques de reserva”, cuenta Batista. “Dos años atrás, los fogones eran de tres piedras. Se les hizo a todos una estufa Lorena (estufa ecológica).

También se les consiguió herramientas para hacer huertos caseros, lo que se convirtió en el complemento perfecto para la alimentación básica de sus hogares. Así los esposos traían los mariscos y las mujeres ya tenían los guisos de sus huertas”.

Las mujeres de Palo Seco también han diversificado sus actividades. Con el apoyo del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano se han formado en ocupaciones como la confección de tembleques, arreglo personal, repostería y manualidades.

Asimismo, en la asociación están conscientes de que no pueden depender solamente de la pesca. Por eso han establecido una tienda y buscan fomentar el turismo de la región.

“La tienda, más que un negocio, es un apoyo a los pescadores. Hay semanas que se van en créditos de hasta 3 mil dólares, pero la empresa lo puede sostener. Así garantizamos la alimentación de quienes dependen de la tienda. El margen de ganancia es limitado, pero la idea es que la mercancía seca no sea tan costosa”, dice Batista.

Su ganancia real viene de la venta de mariscos, pero también de proyectos como la construcción de un pequeño hostal para visitantes. El procesamiento de nuggets (barritas de pollo rebozadas) y hamburguesas es otro de los planes que quieren implementar.

A partir de la organización igualitaria, la asociación ha formado una red de ayuda que beneficia a todos sus miembros. El cambio que han logrado se nota a través de la sede de la asociación junto a la playa Palo Seco.

El pequeño espacio en el que se iniciaron hace unos años es ahora una edificación de dos plantas con aire acondicionado, desde la que crean alternativas económicas para poner a su comunidad en el mapa.

Se necesita una mirada compartida

Este caso de éxito se inserta en una zona donde las oportunidades de las mujeres rurales para generar ingresos propios son limitadas. Se trata de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, países que forman parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Aunque en esta región las áreas rurales abastecen de alimentos y otras materias primas a toda la población, las mujeres tienen una menor participación que los hombres en dichas actividades productivas.

Cooperativa de mujeres rurales que agrega valor a productos agrícolas. República Dominicana. Crédito: FAO

Según datos de la CEPAL (Comisión Económica de América Latina y el Caribe), Guatemala reporta la participación más alta, con 17,5 por ciento, mientras que en Costa Rica, El Salvador y República Dominicana oscila apenas entre un dos y cuatro por ciento.

Las mujeres jóvenes son las más afectadas por esta desigualdad, ya que en cuatro de los ocho países, más de la mitad de las mujeres rurales de entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja. Esta situación es compleja y tiene múltiples causas, por lo que requiere de una atención integral y coordinada que nazca de una mirada compartida.

Y es que hasta ahora las políticas y planes de acción de empoderamiento económico han ignorado a las mujeres rurales, atendiendo más bien a los hombres y las mujeres urbanas.

Por esta razón es fundamental analizar en profundidad las situaciones que viven las mujeres rurales, para ayudarlas a liberar todo su potencial económico y laboral en áreas clave para el bienestar de sus países como la seguridad alimentaria y nutricional, y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Es por eso que el Consejo de Ministras de la Mujer (COMMCA) y el Consejo de los Ministros de Agricultura (CAC) de los países del SICA, están trabajando en la implementación de una agenda conjunta para el empoderamiento económico de las mujeres rurales centroamericanas.

Esta agenda fue formulada y aprobada por ambos Consejos en julio de 2018 como una “resolución obligatoria para los Estados miembros”. El objetivo es contar con un instrumento regional de corto plazo que promueva acciones intersectoriales, regionales y nacionales, a fin de establecer más y mejores oportunidades para que las mujeres rurales centroamericanas generen sus propios ingresos.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en el marco de la campaña regional #MujeresRurales, mujeres con derechos. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

El artículo Mujeres panameñas desafían la desigualdad en un mundo de hombres fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Más mujeres dueñas de tierras para mejorar seguridad alimentaria en África

ter, 02/10/2018 - 13:14

Las mujeres son la mayoría en la pequeña agricultura en África. La evidencia muestra que cuando ellas están empoderadas, las granjas son más productivas, se gestionan mejor los recursos naturales, mejora la nutrición y se aseguran las fuentes de ingreso”: José Graziano da Silva, directora general de la FAO. Crédito: Kristin Palitza/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Oct 2 2018 (IPS)

Las mujeres son clave para la agricultura y la seguridad alimentaria, pero la desigualdad de género frena los avances contra el hambre, la pobreza y la creación de sistemas alimentarios sostenibles.

Durante un evento de alto nivel realizado al margen del 73 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Africana (UA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) revisaron la permanente brecha de género de los sistemas agroalimentarios de África, y subrayaron la necesidad de tomar medidas urgentes al respecto.

“Hay un fuerte impulso para lograr avances en materia de equidad de género y empoderamiento de las mujeres en los sistemas agroalimentarios porque ellas constituyen la mayoría de los trabajadores agrícolas”, indicó la comisaria de la UA para Agricultura y Economía Rural, Josefa Leonel Correa Sacko.

Por su parte, el director general de la FAO, José Graziano da Silva, expresó: “Tenemos que mejorar el reconocimiento y aprovechar el aporte fundamental de las mujeres a la seguridad alimentaria y nutricional”.

“Para ello, debemos cerrar la permanente brecha de género que hay en la agricultura de África”, observó.

“La evidencia muestra que cuando las mujeres están empoderadas, las granjas son más productivas, se gestionan mejor los recursos naturales, mejora la nutrición y se aseguran las fuentes de ingreso”, añadió Graziano da Silva.

Las mujeres representan 60 por ciento de los trabajadores de la agricultura, pero solo alrededor de 32 por ciento de ellas son dueñas de la tierra en los 27 países de África subsahariana, ya sea de forma conjunta o a título individual.

Solo 13 por ciento de las mujeres, en comparación con 40 por ciento de los hombres, son propietarias a título individual en toda o parte de la tierra que poseen, según la Perspectiva Regional sobre Sistemas de Género y Agroalimentación, señala el informe realizado por FAO y la UA y presentado en Nueva York.

En 2016, miles de campesinas africanas se reunieron en la montaña del Kilimanjaro, en Tanzania, para protestar y reclamar por sus derechos a la tierra y a los recursos naturales.

Algunas incluso subieron a la cumbre de la montaña más alta de África para expresar su determinación al cambio.

Las mujeres representan 60 por ciento de los trabajadores de la agricultura, pero solo alrededor de 32 por ciento de son dueñas de la tierra en los 27 países de África subsahariana, ya sea de forma conjunta o a título individual. Crédito: Busani Bafana/IPS.

Aun cuando las mujeres logran ser propietarias de sus tierras, muchas todavía carecen de recursos productivos y de tecnología, como fertilizantes, insumos agrícolas, equipos mecánicos y fondos.

Eso plantea numerosos problemas en la cadena de valor, incluida la pérdida de alimentos.

Alrededor de una tercera parte de la producción de alimentos se pierde o se desperdicia en el mundo. Estos son grandes responsables del cambio climático, y en África subsahariana, el costo económico de esas pérdidas asciende a 4.000 millones de dólares al año, concluye la FAO.

Cerrar las brechas de productividad permitiría elevar la producción de alimentos y el consumo en más de 10 por ciento y así reducir la pobreza en más de 13 por ciento.

La evaluación de la FAO y de la UA también estimó que la producción agrícola podría aumentar más del triple si los agricultores tuvieran acceso a los fondos necesarios para ampliar la calidad y la cantidad de su producción.

Los panelistas también observaron que si se atiende la brecha de género en la agricultura africana podría mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición.

El hambre aumenta en el mundo y empeora en la mayor parte de ese continente. De las 821 millones de personas hambrientas en el mundo en 2017, más de 250 millones vivían en el continente africano.

Al mismo tiempo, muchos países africanos deben de hacer frente al problema de la obesidad, que pronto podría convertirse en el mayor problema de salud pública de África.

“Conviene económicamente invertir en el empoderamiento económico y la educación de las mujeres, ya que suelen destinar una gran proporción de sus ingresos al bienestar de sus hijos y de su familia”, explicó Sacko.

Graziano da Silva señaló que entre las cuestiones clave se destaca la falta de mujeres en los sistemas de gobernanza y en los procesos de toma de decisión.

Entre cinco y 30 por ciento de los funcionarios de campo de los ministerios e instituciones rurales son mujeres, mientras solo entre 12 y 20 por ciento de los de oficina lo son.

Eso coincide con la falta de mecanismos de análisis y focalización con perspectiva de género, lo que deriva en servicios que apuntan a sectores donde los hombres son mayoría.

De continuar esa tendencia, África estará lejos de cumplir muchos de los ambiciosos objetivos de desarrollo, incluida la Declaración de Malabo, que busca promover un crecimiento inclusivo, la agricultura sostenible y mejores formas de ganarse la vida.

Hubo algunas señales positivas, pues muchos países africanos comenzaron a reconocer la importancia de colocar mujeres en el centro de la transformación de los sistemas de alimentación rurales.

Por ejemplo, el Programa de Empoderamiento Económico de Mujeres de Botswana ofrece ayuda económica, la que les permite comenzar sus propios negocios y mejorar su bienestar económico.

La primera dama de Botswana, Neo Jane Massi, participó del encuentro de alto nivel, en el que subrayó “la importancia del crecimiento inclusivo en nuestras agendas de desarrollo nacional no dejar a nadie atrás”.

Asimismo, el Programa Conjunto para Acelerar el Progreso hacia el Empoderamiento Económico de las Mujeres, implementado por varias agencias de la ONU, como la FAO y ONU Mujeres, capacitó a más de 40.000 mujeres en tecnologías agrícolas mejoradas y un mayor acceso a mercados y servicios financieros.

La participación de las mujeres en la toma de decisiones aumentó de 17 a 30 por ciento, pero Graziano da Silva subrayó la necesidad de una mejor y más equilibrada representación de la población femenina en todos los niveles jerárquicos.

Al presentar las recomendaciones del informe de la FAO y la UA, Sacko reclamó un “entorno favorable”, reforzar los mecanismos de responsabilidad para la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como una “revolución de datos de género” para informar mejor a los programas y las políticas con perspectivas de género.

“Seamos ambiciosos y despleguemos las alas juntos”, concluyó Massi.

Traducción: Verónica Firme

Artículos relacionados

El artículo Más mujeres dueñas de tierras para mejorar seguridad alimentaria en África fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Mujeres ponen el freno a extrema derecha en elecciones de Brasil

seg, 01/10/2018 - 20:41

Cientos de miles de mujeres se lanzaron a las calles de las principales ciudades de Brasil el sábado 29 de septiembre, en muchos casos acompañadas de sus parejas, amigos y familias, en rechazo a Jair Bolsonaro, candidato de extrema derecha a la presidencia de Brasil. En la imagen, parte de la protesta en un distrito de São Paulo: Rovena Rosa/Fotos Públicas

Por Mario Osava
RIO DE JANEIRO, Oct 1 2018 (IPS)

La decisión de las mujeres brasileñas de lanzarse multitudinariamente a las calles de Brasil contra el candidato presidencial Jair Bolsonaro, bajo la consigna #élNo, ratifica el liderazgo del mayoritario electorado femenino contra la vuelta de la extrema derecha al poder.

Isabella Costa fue una de las participantes en las manifestaciones del sábado 29 de septiembre que bajo esa consigna inundaron las calles de más de 60 grandes ciudades del país. Ella, además, decidió llevar a su hijo de tres años, pese a los temores de incidentes que no se concretaron, a la movilización en Río de Janeiro.

Más de un millón de personas rechazaron así las pretensiones electorales del excapitán del Ejército, cuya popularidad en los sondeos despertó en la extrema derecha sueños de volver al poder, soterrados desde el fin de la dictadura militar en 1985.

“Llevar a mi hijo era importante para enseñarle desde temprano a luchar por derechos, a actuar colectivamente”, explicó Costa, de 43 años. Ella integra un grupo que forma parte de un movimiento nacional de madres que buscan “desconstruir el patriarcado y el machismo”, explicó.

Se trata de evitar un “gobierno que buscaría ahondar las desigualdades, basado en homofobia, machismo y violencia, un retroceso que parece ser la tendencia mundial”, justificó.

Costa pasó a temer el triunfo de Bolsonaro en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta tendrá lugar el domingo 7 y la decisiva el 28 de este mes,  “al sorprenderme con gente muy próxima adhiriendo a su candidatura”.

El protagonismo asumido por las mujeres constituye solo uno de los muchos obstáculos que hacen casi imposible un triunfo del exmilitar, pese a su liderazgo en las encuestas para la primera vuelta, a la que seguirá la segunda ronda tres domingos después entre los principales candidatos,  si como se prevé ninguno obtiene más de la mitad de los votos válidos.

Un mes después de la convocatoria por Internet por un grupo de mujeres, la campaña #élNo logró la adhesión de casi cuatro millones de mujeres y sigue creciendo, en Brasil y en el exterior.

El electorado femenino representa 52,5 por ciento del total de 147 millones de brasileños con derecho al voto y más de mitad de las electoras declaran en las encuestas que no votarán por el exmilitar “en manera alguna”.

Ese rechazo, que entre los hombres es también elevado pero no tanto, 38 por ciento según el Instituto Datafolha, se construyó a lo largo de la carrera de 28 años como diputado nacional de Bolsonaro, en que se multiplicaron sus actos de discriminación y prejuicios.

El colmo fue posiblemente decir en medio de una diatriba con una colega diputada que “no la violaría porque no lo merece”. La hija que Bolsonaro tuvo después de cuatro varones la atribuyó a “un momento de debilidad”.

Con la consigna #élNo, más de un millón de personas, en un movimiento liderado por las mujeres, protestó contra el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, lo que evidencia un combativo rechazo a su figura que dificulta que alcance la presidencia de Brasil. En la imagen, un grupo de mujeres en Brasilia. Crédito: Lula Marques/Fotos Públicas

Pero las mujeres no son las únicas con las que Bolsonaro entró en conflicto. Lo hizo con los más variados sectores, como los homosexuales, que a su juicio solo existirían por mala educación familiar,  los negros, los críticos de la dictadura militar y también los pobres, otra mayoría electoral junto con la femenina.

No admite siquiera que hubo dictadura entre 1964 y 1985, ya que los militares no cerraron el parlamento, y alaba como héroe el exjefe de un centro de torturas en São Paulo, el coronel Carlos Brilhante Ustra, fallecido en 2015, denunciado como torturador y asesino de presos políticos en seis procesos, pero sin alguna condena.

El error fue “torturar y no matar”, dijo Bolsonaro en una entrevista televisiva hace dos años.

Pero sus disparates y opiniones dictatoriales no parecen importar a sus adeptos, incluidas las mujeres, que los justifican como bromas o deslices retóricos en momentos de irritación.

Las intenciones de voto para el candidato postulado por el minúsculo Partido Social Liberal (PSL) son los más consolidados, dicen los encuestadores, agravando el temor de quienes están convencidos de que Bolsonaro como presidente instalaría un régimen dictatorial, ignorando los derechos civiles y políticos.

Las contradicciones de su propia campaña electoral, sin embargo, tienden a debilitar su avance hacia el Palacio de Planalto, sede de la presidencia en este país de 2018 millones de personas.

Su asesor económico, Paulo Guedes, ya disgustó al candidato al defender la reactivación de un impuesto sobre operaciones financieras, similar a uno que estuvo en vigor entre 1997 y 2007, denostado por la población. Fue desmentido y sometido al silencio por el jefe.

Del economista típicamente liberal y ortodoxo, con doctorado en la estadounidense Universidad de Chicago, con carrera exitosa en bancos y empresas, se puede esperar frecuentes discrepancias con un candidato de pensamiento militar y nacionalista, especialmente en relación a su plan de privatización generalizada.

Bolsonaro tuvo también que desmentir y desautorizar a su aspirante a la vicepresidencia, el general retirado Hamilton Mourão, que sugirió la extinción del decimotercer sueldo anual (aguinaldo), con el argumento de representa un beneficio exclusivo de Brasil. Una declaración equivocada y desastrosa electoralmente.

Mourão, prácticamente excluido de la campaña por el excapitán, fue autor de otras citas infelices, como decir que el subdesarrollo brasileño se debe a la herencia cultural de los indígenas “perezosos” y los negros “pillos”, además de los colonizadores ibéricos acostumbrados a privilegios.

“Hogares con solo madres y abuelas” generan jóvenes inadaptados que engrosan las bandas del narcotráfico, fue otra de sus opiniones reveladoras de las creencias y lugares comunes que parecen orientar a los dos compañeros de fórmula presidencial.

Tanto Bolsonaro como Mourão, de 63 y 65 años, respectivamente, tuvieron su formación escolar y militar en los años más duros de la dictadura, inicios de la década de los 70. Al parecer no superaron los prejuicios de aquella época, agravados por el anticomunismo castrense.

“El retroceso no tiene futuro”, sentenció la socióloga y funcionaria pública jubilada Maria do Carmo Brito,  de 76 años, tras identificar en la militar fórmula presidencial la negación de los derechos sociales conquistados en las últimas décadas por mujeres, negros, indígenas, minorías sexuales y familias de composición no convencional.

Son ideas hace más de medio siglo, que no reconocen los derechos identitarios, la diversidad social. Bolsonario ya dijo que prefiere “un hijo muerto a uno homosexual”, pero que no había ese riesgo en su familia por la “buena educación”.

Son convicciones que conspiran contra un buen desempeño en la segunda vuelta, aunque el adversario sea Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), también objeto de fuerte el rechazo popular, por estar manchado de corrupción y responsabilizado de la actual crisis económica interna.

Por su anticomunismo, por ejemplo, los antiguos militares proponen excluir la os cubanos del programa Más Médicos, que hace cinco años lleva asistencia al interior del Brasil. Son cerca de 8.000 médicos cubanos, la mitad del total, que en general son respetados y queridos por las poblaciones locales que atienden.

Sacarlos sería una medida muy impopular, al igual que reducir el programa Beca Familia, que concede una minúscula pensión equivalente hasta un tope de 45 dólares mensuales a familias con ingreso de apenas 20 dólares.

Es un programa exitoso de combate a la pobreza y el hambre, pero que los derechistas acusan de asistencialista y fomentador de indolencia, que el PT habría implantado con fines puramente electoreros.

Es muy difícil ganar unas elecciones amenazando a las mayorías sociales como las mujeres y los pobres.

 

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo Mujeres ponen el freno a extrema derecha en elecciones de Brasil fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Cuando criar pavos empodera a un grupo de mujeres mexicanas

seg, 01/10/2018 - 15:12

Irene, Irma, Judith y María de los Ángeles en su criadero de pavos, al sur de la Ciudad de México. Crédito: Fernando Reyes Pantoja/FAO

Por Corresponsal Fao
MÉXICO, Oct 1 2018 (IPS)

Irene, Irma, Judith y María de los Ángeles forman parte un grupo de productoras de carne de pavo desde el año 2013. Las cuatro amigas y socias se conocieron en las reuniones con beneficiarias de un programa productivo de la Delegación (municipio) Milpa Alta, en Ciudad de México.

El programa consistía en brindar apoyos a mujeres interesadas en dedicarse a la cría de pavos, pero debido a que el mercado local se saturó prontamente de carne de pavo, que además suele ser consumida solo en la temporada navideña y otras festividades, las amigas decidieron sumar fuerzas para distinguir su producto.

Fue así como decidieron unirse bajo el nombre Cíhuatl, que significa ‘mujer’ en náhuatl, y aventurarse con un emprendimiento que además de producir carne fresca de pavo, pudiera innovar en la creación de embutidos y otros alimentos.

Al año siguiente lograron un apoyo del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), para comprar maquinaria: una masajeadora para jamón, un molino, una embutidora, un refrigerador, un congelador, varias básculas y una empacadora que ahora operan en una construcción de 60 metros cuadrados.

El grupo Cíhuatl inició produciendo 100 pavos al mes. Hoy producen 600.

La mejora de infraestructura les permitió mantener una oferta estable de los embutidos y carne fresca de pavo, pero solo al comercializar directamente sus productos fue cuando sextuplicaron su productividad.

Irene, Irma, Judith y María de los Ángeles actualmente forman parte del Mercado de Productores de la Ciudad de México que impulsa la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), con el acompañamiento técnico de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Este mercado establece puntos de venta itinerantes en distintos espacios públicos de la ciudad y actualmente reúne a 40 productores rurales, incluyendo al grupo Cíhuatl.

Es así como las mujeres rurales, cuando tienen las oportunidades que necesitan, pueden liberar todo su potencial productivo y emprendedor, y con ello no oólo dinamizar la economía de sus comunidades, sino además contribuir al abastecimiento alimentario y a la integración del campo con la ciudad.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en el marco de la campaña regional #MujeresRurales, mujeres con derechos. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

El artículo Cuando criar pavos empodera a un grupo de mujeres mexicanas fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Se reduce el espacio de acción de los medios en Uganda

seg, 01/10/2018 - 13:11

Un policía agarra a la fuerza a un periodista que cubría una manifestación en Kampala, Uganda. Crédito: Cortesía de Wambi Michael.

Por Wambi Michael
KAMPALA, Oct 1 2018 (IPS)

Todavía no se sabe nada del procesamiento de los soldados que hace un mes propinaron una dura golpiza al fotógrafo James Akena, de Reuters, en Uganda.

En agosto circuló en las redes sociales el horrible video en el que se ve cómo miembros de la Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda golpeaban al fotógrafo mientras él levanta las manos en señal de entrega; estaba desarmado y solo sostenía su cámara.

Akena sufrió cortes profundos en la cabeza y heridas en manos, cuello y dedos que lo dejaron en el hospital, y todavía no ha podido reintegrarse al trabajo.

Un mes después del episodio de tortura, se desconoce si los agresores fueron procesados, a pesar de un comunicado del ejército condenando la conducta poco profesional y anunciando su detención, así como las garantías de que serían castigados.

Se tomaron acciones contra los soldados, aseguró el jefe de la Fuerza de Defensa, general David Muhoozi, en entrevista con IPS.

“No necesitamos que nadie nos recuerde que tenemos que castigar a quienes torturan. Tomaremos medidas contra los agresores del periodista”, indicó.

“Fueron detenidos; está en nuestro ADN luchar contra quienes hacen el mal”, apuntó.

Akena tomaba fotos de los manifestantes que protestan contra la detención y las torturas sufridas por el músico popular devenido político, Robert Kyangulanyi, conocido como Bobi Wine.

Akena tomaba fotos como testimonio de denuncia de la conducta brutal del ejército y de la policía en la represión de manifestaciones.

Una semana después, el presidente Yoweri Museveni dijo a los legisladores de su partido, el Movimiento de Resistencia Nacional, que su seguridad había confundido a Akena con un ladrón que trataba de aprovecharse del desorden de la manifestación.

Pero la violencia contra los periodistas continúa a pesar de las garantías ofrecidas por las fuerzas del orden, se lamentó el director ejecutivo de la Red de Derechos Humanos para los Periodistas, de Uganda, Robert Sempala.

Alrededor de 30 profesionales fueron agredidos por el ejército entre el 20 de agosto y el 22 de septiembre.

“Insisten en que ya detuvieron a esos soldados, pero el ejército no ha dado a su identidad. Todavía esperamos ver que los castiguen o buscaremos otros remedios, incluso acciones legales”, aseguró Sempala.

Maria Burnett, directora adjunta de Human Rights Watch en África oriental, duda de que la detención de los responsables de las agresiones contra Akena implique una mejoría de las condiciones de trabajo para los periodistas.

“Las fuerzas de seguridad han golpeado a periodistas sin grandes consecuencias durante años en Uganda. Otros órganos estatales han censurado las coberturas sobre la violencia a manos del ejército”, recordó Burnett.

“Golpear periodistas tiene dos propósitos: atemorizar a los que cubren acontecimientos políticos sensibles y, a veces, impide que las pruebas de soldados golpeando o hasta matando civiles, salgan a la luz”, explicó.

Las amenazas y las intimidaciones contra los profesionales de la prensa restringen el acceso a la información, que podría servir a cuestionar al gobierno.

“Con el mayor número de cámaras disponibles, golpear y censurar al mensajero a la larga ya no es factible”, acotó Burnett.

“No hará más que alimentar el periodismo ciudadano y plantear más preguntas sobre por qué el gobierno recurre a la violencia frente a las críticas”, añadió.

Por su parte, Peter Mwesige, académico y director del Centro Africano para la Excelencia de los Medios, opinó: “Esto es inaceptable. Urgimos al gobierno a que detenga a los integrantes de las fuerzas armadas responsables de la erosión de la libertad de prensa y de expresión en Uganda”.

“Como ya dijimos, la libertad de prensa y de expresión no se trata solo del derecho de los periodistas y de los medios a recibir y difundir información”, precisó.

Impedir que los profesionales cubran manifestaciones y episodios de violencia impide que la ciudadanía se entere de lo que ocurre en el país, puntualizó.

“No hay grado de imperfección de nuestros medios que justifique el abuso deliberado de las fuerzas de seguridad contra los periodistas”, subrayó Mwesige.

La directora ejecutiva adjunta del Centro para la Gobernanza Constitucional, Sarah Bireete, dijo a IPS que la violencia contra los periodistas forma parte del menguante espacio cívico en Uganda.

Hubo intentos de silenciar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en el ámbito de la gobernanza y la rendición de cuentas, apuntó.

“Esos abusos se siguen extendiendo a otros sectores, como los periodistas y activistas, quienes desempeñan un papel clave exigiendo responsabilidad a los gobiernos y organismos estatales”, indicó Bireete.

El gobierno ugandés recurre a las leyes nacionales para acusar a los profesionales de la prensa y revocar licencias de radiodifusión sin respetar el debido proceso, además de recurrir a otras formas de represión.

La Comisión de Comunicaciones de Uganda utilizó sus potestades no controladas y mal definidas para regular a los medios.

Por ejemplo, el 19 de septiembre ordenó a las emisoras de radio y televisión que no cubrieran el regreso de Kyangulanyi al país. El legislador regresaba de Estados Unidos, donde recibió tratamiento por las torturas sufridas a manos del ejército. La mayoría de los medios siguió la directiva.

El gobierno incluso llegó a restringir la libertad de prensa al reducir el número de corresponsales en el país.

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de Uganda (FCAU) divulgó el 12 de septiembre un comunicado llamando al gobierno a dejar de impedir que los periodistas tramitaran la acreditación necesaria para trabajar.

Por lo menos 10 periodistas no consiguieron los documentos necesarios, a pesar de cumplir con todos los requisitos.

“Impedir que los periodistas extranjeros trabajen en Uganda se suma a los últimos episodios de intimidación y violencia que estos soportan. E impedir que algunos medios internacionales se instalen legalmente en Uganda es otro intento de amordazar a la prensa”, reza el comunicado.

El artículo 29 de la Ley de Prensa y Periodistas estipula que todos los periodistas extranjeros que deseen trabajar en Uganda deberán tramitar una acreditación ante el Consejo de Medios a través del Centro de Medios.

Los profesionales de la prensa deben abonar el costo no reembolsable de la acreditación, de acuerdo a la duración de su permanencia en el país.

IPS conoce a varios profesionales que se fueron del país por no haber conseguido la documentación necesaria para trabajar en Uganda.

El director del Centro de Medios, Ofwono Opondo, dijo a IPS que el gobierno no interrumpió la entrega de acreditaciones a los periodistas extranjeros, sino que revisa la reglamentación.

“No hace mucho fue deportado el periodista de la BBC, Will Ross”, recordó Magelah Peter Gwayaka, abogado de derechos humanos de la organización no gubernamental Chapter Four, dedicada a defender los derechos humanos y civiles.

La consecuencia es que obliga a los periodistas a acobardarse, a dejar de reclamar que las autoridades se hagan responsables, así como todo lo que hace que una democracia funcione”, apuntó.

“Si el ejército va a frenar a los manifestantes y golpea a los periodistas, como vimos el otro día, ¿ninguna organización puede reclamar que rinda cuentas ni que detenga a los responsables?”, se preguntó.

Traducción: Verónica Firme

Artículos relacionados

El artículo Se reduce el espacio de acción de los medios en Uganda fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Apuesta a las TIC para salvar la banana en Ruanda

sex, 28/09/2018 - 19:00

Ruanda combate la enfermedad de la banana gracias a la innovación tecnológica. Crédito: Alejandro Arigón/IPS

Por Aimable Twahirwa
KIGALI, Sep 28 2018 (IPS)

Cuando Telesphore Ruzigmanzi, un pequeño productor de banana de una aldea de la Provincia Oriental de Ruanda, descubrió una mancha amarillenta en sus cultivos antes de que se empezaran a secar, no le prestó la debida atención y, cuando reaccionó, ya era tarde.

“Pensé que era el clima seco inusual que dañaba mi cultivo”, relató Ruzigamanzi, quien reside en la aldea Rwimishinya, en el distrito de Kayonza, en diálogo con IPS. Pero no, era una infección que marchitaba la banana, llamada marchitez del banano Xanthomonas (BXW), que afecta a todos los tipos de banana, conocida como Kirabiranya en este país.

En este país de África oriental, la BXW es perjudicial para los cultivos y tiene consecuencias de largo alcance, no solo para los agricultores, pero también para la seguridad alimentaria y nutricional de sus familias y todas las personas que dependen de ese cultivo para su alimentación.

La banana es un cultivo importante en África central y oriental, donde están 10 de los mayores productores del mundo, según la Base de Datos Estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

La banana representa 50 por ciento de la dieta en una tercera parte de los hogares de Ruanda, donde “el consumo por persona ronda los 400 a 600 kilogramos, el mayor del mundo”, según un estudio de hogares realizado en ese país, Tanzania y Burundi.

Pero lo que más perjudica a la producción de banana en esos países, según el estudio, es la BXW. Y si no se atiende como corresponde, podría llegar a perderse toda la producción.

Los investigadores han señalado que la BXW puede causar la pérdida de 100 por ciento de la banana si no se controla de forma adecuada.

Complacencia y falta de información contribuyen a propagar la enfermedad

La enfermedad BXW no es nueva en el país; se denunció por primera vez en 2002 y desde entonces, las autoridades y organizaciones no gubernamentales realizan numerosas campañas rigurosas para generar conciencia sobre sus consecuencias nefastas.

Los agricultores de la región de Ruzigamanzi recibieron capacitación de un equipo de investigadores de la Junta de Agricultura de Ruanda y de agrónomos locales. Pero él, con seis hijos, se perdió la campaña de educación y la información necesaria para diagnosticar la enfermedad.

Si hubiera sabido, y según el estado de avance de la enfermedad en la planta, Ruzigamanzi tendría que haber sacado las que estaban enfermas, podándolas a nivel del suelo en cuanto observara los primeros síntomas. Si pasa el tiempo y no se controla la infección, es necesario sacar la planta de raíz.

Eso fue lo que le pasó dos semana después, cuando lo visitó un agrónomo local y vio el estado de su plantación.

Pero entonces ya era tarde para salvar la planta y Ruzigamanzi tuvo que arrancar todas las que estaban afectadas, incluso eliminar el rizoma y todas sus raíces, la planta madre y sus hijas.

Un gran número de pequeños agricultores como él ignoran, o no están enterados, de los síntomas de la infección bacteriana que afecta a las plantas de banana, lo que aumenta el riesgo de resurgimiento de la BXW en la región.

Eso elevó el riesgo de propagación de la enfermedad a nuevas regiones y el resurgimiento en zonas donde ya estaba bajo control. En los últimos años, varios distritos de la región oriental de Ruanda han sufrido el impacto de la enfermedad.

Funcionario del proyecto realiza una evaluación de la situación de la marchitez del banano Xanthomonas (BXW), una enfermedad bacteriana en el distrito de Muhanga, Ruanda. Crédito: Cortesía: Julius Adewopo/Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA).

Tecnología para fortalecer a los agricultores y controlar la propagación de la BXW

A principios de 2018, el Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA), Biodiversidad Internacional, el Instituto Leibniz de Desarrollo Agrícola en Economías de Transición y el gobierno de Ruanda unieron fuerzas para hacer frente a la enfermedad utilizando innovación digital.

Científicos del IITA analizan formas alternativas de involucrar a los agricultores en el monitoreo y la recolección de datos sobre la enfermedad.

El instituto es conocido por transformar la agricultura africana a través de la ciencia y la innovación, gracias a lo cual ganó el Premio a la Alimentación de África este año.

El nuevo proyecto de tres años, lanzado con 1,2 millones de euros (alrededor de 1,4 millones de dólares) aportados por el Ministerio de Desarrollo y Cooperación Económica de Alemania, busca explorar el uso de celulares como una herramienta para generar e intercambiar información y conocimientos actualizados sobre la BXW.

El proyecto se basa en la mayor accesibilidad a los teléfonos móviles que hay en Ruanda.

Según información de la Autoridad Reguladora de Servicios de Ruanda, la penetración de los teléfonos móviles se estima en 79 por ciento, en un país de unos 12 millones de habitantes y donde una gran  proporción de la población de zonas rurales tiene un celular.

“Nuestros actuales esfuerzos para desarrollar, probar y desplegar aplicaciones normales o inteligentes es una medida fundamental para realizar un monitoreo y control eficiente de la propagación de la enfermedad”, explicó Julius Adewopo, quien encabeza el proyecto BXW en IITA.

“Los productores de banana de Ruanda podrían recibir apoyo de innovaciones basadas en la infraestructura para las tecnologías de la información existentes y la rápida penetración de los teléfonos móviles en el país”, explicó.

El proyecto gira en torno a un enfoque ciudadano científico, según el cual agricultores y funcionarios de extensión desempeñan papeles importantes en la recolección y el envío de datos sobre la presencia, la severidad y la transmisión de la BXW.

Además, los actores participarán en el desarrollo de una plataforma y aplicación móvil, a través del cual se intercambiarán datos e información.

Unos 70 agricultores de ocho distritos de las provincias Norte, Occidental, Sur y Oriental recibirán capacitación para utilizar la aplicación del celular.

Participarán en la recolección y el envío de datos para el proyecto, sobre la incidencia y la severidad de la BXW en el pueblo, a través de la plataforma. La iniciativa se propone llegar a 5.000 agricultores, apoyándose en la participación de funcionarios de extensión y en los teléfonos móviles.

Más datos surgidos del proyecto se traducirán en información para los investigadores, organizaciones no gubernamentales y autoridades con el fin de desarrollar sistemas de apoyo eficientes.

Asimismo, los datos generados alimentará un sistema de alerta temprana que informará a los agricultores sobre los brotes de enfermedades y las mejores opciones posibles de gestión que tienen a su disposición.

Sistema de información en tiempo real

El Programa Nacional de Investigación sobre la Banana se concentra desde hace tiempo en cinco áreas clave de intervención, con estrategias utilizadas en el control o la gestión de las enfermedades de las plantas, pero la solución basada en celulares se considera una herramienta innovadora que puede replicarse con facilidad y es de aplicación flexible o para integrarla a otras plataformas o interfaces de tecnologías de la información y la comunicación.

“Observamos limitaciones en la disponibilidad de información y datos confiables y actualizados sobre los patrones de transmisión de la enfermedad, la severidad y los brotes, así como el efecto de las medidas de control”, explicó Mariette McCampbell, investigadora de innovación tecnológica en la oficina del IITA en Kigali.

“También carecemos de datos socioeconómicos y socioculturales que alimenten las herramientas de toma de decisión y los sistemas de alerta temprana”, apuntó.

El nuevo sistema busca oficiar de alerta temprana para que el gobierno de Ruanda se enfoque en esfuerzos para evitar la propagación de la BXW, pero también apunta a ser un catalizador para movilizar alianzas entre los actores y fortalecer los sistemas de producción de banana del país.

“La innovación de tecnologías de la información puede permitir evaluaciones en tiempo real de la severidad de la enfermedad y apoyar intervenciones para un control focalizado”, explicó Adewopo.

El equipo del proyecto está abocado a la ardua tarea de desarrollar la plataforma junto con funcionarios de extensión y consultores. Para el segundo trimestre de 2019, comenzarán las pruebas con la versión piloto de la plataforma en ocho distritos, donde el proyecto está funcionando.

El equipo del proyecto ya identificó una variedad de oportunidades para extender una plataforma exitosa.

“Los problemas con la BXW no se concentran en Ruanda ni es la única enfermedad que afecta a los agricultores. Por lo que nuestro objetivo a largo plazo es adaptar la plataforma de tal forma que pueda extenderse y utilizarse en otros países o para otras enfermedades u otros cultivos”, explica McCampbell.

“El éxito es desarrollar y desplegar una plataforma y una herramienta totalmente funcional, en sintonía con las necesidades de los usuarios concretos y con un interés en fortalecer a las instituciones relevantes, como la Junta de Agricultura de Ruanda para asignar recursos de forma eficiente para el control y la prevención de la BXW mediante la distribución y la focalización de la extensión basada en las tecnologías de la información y comunicación”, explicó Adewopo.

Es urgente lograr una gestión más inteligente y rápida de los riesgos que han limitado la producción de los sistemas agrícolas.

Al reconocer la amenaza que supone la BXW para la banana, no hay duda de que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen una luz de esperanza a los productores de banana y los puede empoderar para mejorar el acceso a asesoramiento, independientemente del género, la edad o la situación social, siempre y cuando tengan acceso a teléfonos móviles.

*Con aportes de Nalisha Adams, desde Johannesburgo

Traducción: Verónica Firme

Artículos relacionados

El artículo Apuesta a las TIC para salvar la banana en Ruanda fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Comunidades mexicanas muestran caminos contra la obesidad

sex, 28/09/2018 - 13:31

Un productor recolecta plantas de amaranto en una plantación en el estado de Oaxaca, en el sur de México. Ese grano, del cual México es origen de dos de sus variedades, forma parte de la alimentación tradicional milenaria del país y puede servir para equilibrar la nutrición de la población, afectada por el impulso en su dieta de productos ultraprocesados. Crédito: Cortesía Puente a la Salud Comunitaria

Por Emilio Godoy
MÉXICO, Sep 28 2018 (IPS)

El campesino Manuel Villegas es uno de los que decidieron incursionar  en la siembra de amaranto en México, para complementar sus cultivos de maíz y frijol y ampliar así la cosecha para el comercio y autoconsumo y, en definitiva, contribuir a la mejora de la nutrición de su entorno.

“En la región, el amaranto llegó en 2009 y ya algunos productores lo trabajaban cuando yo comencé en 2013. Va creciendo, pero lentamente”, dijo a IPS el también coordinador de la no gubernamental Red de Amaranto en la región de la Mixteca, en el sureño estado de Oaxaca.

La plantación ha prodigado beneficios como la organización de productores, transformadores y consumidores; la obtención de financiamiento público, así como mejorar la nutrición tanto de consumidores como de cultivadores.“Aumentó la disponibilidad y accesibilidad de alimentos ultraprocesados. Hubo omisión del Estado en aplicar políticas públicas de prevención. Los niños viven en un entorno obesogénico. Es un grupo vulnerable y por ahí aprovechan las empresas para aumentar sus ventas”: Fiorella Espinosa.

“Integramos el amaranto a la dieta diaria. El consumo mejora la alimentación por su calidad nutritiva, combinado con otras semillas, con alta cantidad de proteína”, indicó Villegas, quien reside en el área rural del municipio de Tlaxiaco, con unos 34.000 habitantes.

Los campesinos de la red en su región siembran unas 40 hectáreas, aunque los efectos del cambio climático forzaron a reducir la producción a 12 toneladas en 2017 y seis este año, por una sequía que afecta a la zona. Para cubrir el autoconsumo, conservan 10 por ciento de la recolección anual.

Productos nativos como el amaranto sirven, además de para defender alimentos de la dieta tradicional mexicana, para contener el avance de la obesidad, que se ha convertido en una epidemia en este país latinoamericano de casi 130 millones de habitantes, con consecuencias sanitarias, sociales y económicas.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indica en “El Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018”, publicado en agosto, que la prevalencia del sobrepeso entre la población menor de cinco años disminuyó de nueve a 5,2 por ciento entre 2012 y 2017. Eso significa que los niños menores a esa edad con sobrepeso pasaron de un millón a 600.000.

Pero, en contrapartida, recrudeció la prevalencia de la obesidad entre la población adulta (de 18 años o más), al saltar de 26 por ciento a 28,4 por ciento. La cantidad de adultos obesos pasó de 20,5 millones a 24,3 millones durante el periodo.

Las secuelas del fenómeno son también palpables. Un ejemplo es que la mortalidad por diabetes mellitus tipo 2, la más común, trepó de 70,8 muertes por cada 100.000 habitantes en 2013 a 84,7 en 2016, según una actualización de indicadores, publicada en mayo por varias instituciones, incluida la Secretaría (ministerio) de Salud.

Otro impacto, según el mismo estudio, es que las muertes por enfermedades hipertensivas pasaron de 16 por cada 100.000 habitantes a 18,5.

Integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria, un colectivo de organizaciones y académicos, reclaman en México una mejor regulación de la publicidad de comida no saludable dirigida a la niñez y del etiquetado de alimentos y bebidas, durante el lanzamiento del informe “Una infancia enganchada a la obesidad”, en Ciudad de México en agosto. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Pero el dato más elocuente y preocupante es que uno de cada tres niños padece obesidad o sobrepeso, de acuerdo a un reporte publicado en agosto por la no gubernamental Alianza por la Salud Alimentaria, un colectivo de organizaciones y académicos.

Lo que hay detrás 

Entre los gérmenes del fenómeno está, coinciden especialistas y activistas, el cambio de hábitos alimentarios, donde perdió presencia la dieta tradicional y de productos milenarios y, en cambio, se multiplicó la ingesta de comida chatarra, alta en azúcar, sal, grasa, colorantes artificiales y otros ingredientes, que se inyecta desde la niñez mediante su exposición a publicidad mal regulada.Estrategía gubernamental

En 2013, el gobierno estableció la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.
Sus medidas incluyen la promoción de hábitos saludables, la creación del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, identificación oportuna de personas con factores de riesgo, impuestos a las bebidas azucaradas y la instauración de un sello voluntario de calidad nutricional.
Pero en los hechos esa política solo avanzó con el establecimiento del observatorio y el gravamen a los refrescos, mientras no lo hizo en cuanto a la regulación de las etiquetas alimenticias y la de la publicidad.
En 2014, la estatal Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios definió el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, pero lo hizo sin la participación de expertos y organizaciones de la sociedad civil y sin cumplir con estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud.
Por ello, el no gubernamental El Poder del Consumidor interpuso un recurso de amparo en 2015, que al año siguiente un juez federal avaló al considerar que las medidas violan derechos a la salud y a la información de los consumidores. La Suprema Corte de Justicia, el más alto tribunal nacional, debate el futuro del etiquetado.
Para Simón Barquera, autoridad investigadora en nutrición del país, la solución es “compleja” y requiere de “múltiples acciones”. “La sociedad es responsable de atacar las causas de las enfermedades. La industria no puede interferir en la política pública”, sentenció.

La última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición halló bajas proporciones de consumo regular de la mayor parte de los grupos de alimentos recomendables, como verduras, frutas y leguminosas, en todos los grupos poblacionales. Por ejemplo, 40 por ciento de las calorías que ingieren los niños de uno a cinco años procede de comidas ultraprocesadas.

Para Fiorella Espinosa, investigadora en salud alimentaria de la asociación civil El Poder del Consumidor , la apertura comercial que México emprendió desde los años 90, la regulación deficiente de publicidad y de las etiquetas nutricionales de los productos, el desplazamiento de la comida nativa y la priorización de la agricultura extensiva sobre la tradicional llevaron a la crisis.

“Aumentó la disponibilidad y accesibilidad de alimentos ultraprocesados. Hubo omisión del Estado en aplicar políticas públicas de prevención. Los niños viven en un entorno obesogénico. Es un grupo vulnerable y por ahí aprovechan las empresas para aumentar sus ventas”, detalló a IPS.

El Índice de Sostenibilidad Alimenticia 2017, elaborado por el italiano y no gubernamental Centro Barilla para la Alimentación y la Nutrición, dio cuenta de esta realidad, al establecer que este país, el segundo por su población y dimensión económica de América Latina, tiene indicadores deficientes en la prevalencia de sobrealimentación, actividad física y patrones dietéticos.

La tabla, encabezada por Francia, Japón y Alemania, analiza a 34 naciones en agricultura sostenible, retos nutricionales y pérdida y desperdicio de alimentos.

La obesidad “es una epidemia que no se soluciona solo con educación nutricional. Tiene determinantes estructurales, entorno político, comercio internacional, ambiente y cultura. Tiene barreras” sociales y económicas, puntualizó a IPS Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, del estatal Instituto Nacional de Salud Pública.

Por ello, la Alianza por la Salud propone una estrategia integral contra el sobrepeso y la obesidad, que incluye una ley donde se incorporen el incremento de impuestos a productos no saludables, un etiquetado adecuado, mejor regulación de la publicidad y fomento a la lactancia materna, entre otras medidas.

El aporte de rescates como el del amaranto

Las organizaciones dedicadas al tema también valoran la recuperación en marcha en comunidades de varios estados de cultivos tradicionales como es el caso del amaranto, una planta presente en la alimentación local desde hace 5.000 años y altamente apreciada en el pasado porque su grano contiene el doble de proteínas del maíz y el arroz además de ser muy rico en vitaminas.

“Buscamos cómo generar cambios a nivel comunitario en agricultura, alimentación y economía familiar, tomando como eje el cultivo de amaranto. Nos hemos dado cuenta que ha habido una desvalorización de campo y su papel en la nutrición adecuada de la población”, dijo Mauricio Villar, director de Economía Social del no gubernamental Puente a la Salud Alimentaria.

El también coordinador del Grupo de Enlace para la Promoción del Amaranto en México explicó a IPS que “vemos cómo revalorizamos la vida y la producción campesinas, con impactos a diferentes niveles en la nutrición”, para corregir  hábitos de mala alimentación.

Pero, según planteó Yatziri Zepeda, fundadora del no gubernamental Proyecto AliMente, estas experiencias locales, por valioso que sea su aporte, tienen un alcance limitado.

“Estas iniciativas pueden generar modificaciones a nivel local y abordar algunos de los problemas, pero no son suficientes para proteger el derecho a la salud, entre otros. La obesidad no es un tema de decisiones individuales, sino de política pública. Es un tema político, hay intereses corporativos muy importantes. Es multicausal y sistémico”, enfatizó ante IPS.

Edición: Estrella Gutiérrez

Artículos relacionados

El artículo Comunidades mexicanas muestran caminos contra la obesidad fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Sin seguridad alimentaria no habrá paz

sex, 28/09/2018 - 13:11

Dos madres y sus hijos miran hacia la costa tras llegar en bote a Mingkaman, Sudán del Sur. En menos de un mes, cerca de 84.000 personas huyeron de los combates en Bor cruzando el río Nilo. Crédito: Mackenzie Knowles-Coursin/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Sep 28 2018 (IPS)

Luego de varios años de mejoría, otra vez aumenta el hambre en el mundo, y entre los principales factores responsables se destacan los conflictos.

En un panel realizado en el marco del 73 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), funcionarios del foro mundial y de los estados miembro y representantes de la sociedad civil se reunieron para evaluar y recomendar soluciones sobre cuestiones acuciantes de inseguridad alimentaria derivada de la existencia de conflictos.

“El hambre como consecuencia de los conflictos es una de las manifestaciones más visibles del sufrimiento humano, y surge a partir de las guerras; es un sufrimiento que se puede evitar y, por ello, es más trágico”, señaló el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Mark Green.

Según el Estado de la Seguridad Alimentaria y la nutrición en el Mundo, publicado este año, el número de personas con hambre aumentó a más de 820 millones de personas en 2017, respecto de las 804 millones que estaban en esa situación el año anterior, un número que no se había registrado desde hace casi una década.

El Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias concluyó que casi 124 millones de personas en 51 países sufren una inseguridad alimentaria a punto de ser una crisis en 2017, 11 millones más que el año anterior.

Los conflictos se consideraron como el factor clave en 60 por ciento de los casos.

El estudio también pronostica que los conflictos y la inseguridad seguirán siendo responsables de las crisis alimentarias del mundo, como sucede en República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Siria y Yemen.

Los interlocutores del panel “Rompiendo el ciclo entre conflicto y hambre”, coincidieron en que la inseguridad alimentaria suele ser otra señal de un posible conflicto y puede generar mayor inseguridad alimentaria.

“Es fundamental construir resiliencia para fortalecer la cohesión social, prevenir conflictos y evitar las migraciones forzadas. Sin eso, no hay paz”, indicó el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva.

El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley coincidió: “Si no hay seguridad alimentaria, no habrá ningún otro tipo de seguridad. Hay que atender las cuestiones fundamentales”.

El Consejo de Seguridad de la ONU reconoció por primera vez a principios de este año que los conflictos armados están estrechamente vinculados a la inseguridad alimentaria y al riesgo de hambrunas.

El órgano adoptó de forma unánime la resolución 2417 condenando el recurso de hacer pasar hambre a la población civil como arma de guerra, y urgió a todas las partes en conflicto a ajustarse al derecho internacional y a conceder el acceso a la asistencia humanitaria sin impedimentos.

Los participantes aplaudieron la histórica resolución, pero subrayaron que con eso no basta.

“Las acciones humanitarias y las soluciones técnicas pueden mitigar los efectos de las crisis alimentarias, pero necesitamos desesperadamente soluciones políticas e implementar la resolución 2417 si pretendemos revertir la vergonzosa trayectoria al alza que hace que el hambre sea un consecuencia de los conflictos”, subrayó la directora general de la organización Action Against Hunger, Veronique Andrieux.

Para evitar crisis alimentarias y, por lo tanto, que los conflictos escalen, la comunidad internacional debe adoptar un enfoque holístico, preventivo y fortalecer el nexo entre lo humanitario y el desarrollo.

Calle de Alepo, en poder de la insurgencia en agosto. Crédito: Shelly Kittleson/IPS

Beasley mencionó el caso de Siria, donde un conflicto que ya lleva siete años destruyó la infraestructura agrícola, las economías locales y cadenas de suministro, y dejó a más de seis millones de personas con inseguridad alimentaria.

“El costo para nosotros de alimentar a una persona siria en Siria es de unos 50 centavos al día, casi el doble de lo normal porque es zona de guerra”, explicó a los presentes.

“Es una mejor inversión si atendemos las causas de raíz, en vez de reaccionar después de los hechos ocurridos”, añadió Beasley.

Antes de que empezara la prolongada guerra, Siria sufrió una sequía, que derivó en el aumento de precios y llevó a una escasez de alimentos. Mucho analistas entonces especularon de que esas mismas condiciones fueron las que estuvieron en el origen de la guerra civil, que comenzó en 2011.

“Una respuesta temprana a una alerta temprana es fundamental. No podemos esperar que comience un conflicto. Sabemos que empezará”, subrayó Graziano da Silva.

Son los datos los que pueden ayudar a crear una detección temprana y evitar esas crisis, puntualizó el director general de la FAO, junto a otros panelistas.

La Red Global contra las Crisis Alimentarias, que publicó el Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias, reunió datos y análisis regionales y nacionales para presentar un panorama integral sobre la inseguridad alimentaria en el mundo.

Fue la Red Global que permitió que las agencias mitigaran las crisis alimentarias y evitarán el hambre en el norte de Nigeria y en Sudán del Sur.

Antes del panel, la FAO y la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, se asociaron para fomentar la resiliencia y hacer frente al hambre aportando 70 millones de dólares.

Los panelistas subrayaron la importancia de ese tipo de colaboraciones para atender y responder a cuestiones complejas de la inseguridad alimentaria derivada de conflictos.

“Cuando trabajamos juntos en el terreno, no solo obtenemos mejores resultados, sino que somos mucho más eficiente”, destacó Graziano da Silva.

Andrieux subrayó la necesidad de defender el respeto por el derecho humanitario y de que la ONU y los estados miembro hagan que las partes en conflicto asuman su responsabilidad.

“El uso del hambre como arma de guerra es un crimen de guerra. Pero en algunos conflictos, las partes enfrentadas usan tácticas de sitio, y recurren al hambre de la población como arma o impiden que los suministros humanitarios lleguen a quienes los necesitan con desesperación”, explicó

“Creemos que le fallan a la humanidad”, subrayó Andrieux.

Green se refirió al conflicto en Sudán del Sur, donde hombres armados impidieron la distribución de asistencia humanitaria de urgencia y atacaron a los trabajadores humanitarios.

Ese país africano fue considerado hace poco como el más peligroso para los trabajadores humanitarios por tercer año consecutivo.

“Todas las partes en conflicto son culpables y todas se fallaron entre sí, a su pueblo y a la humanidad”, subrayó Green en el panel.

No es fácil la tarea de hacer frente al hambre derivada de conflictos, pero las soluciones están. Lo que se necesita ahora es compromiso y acciones colectivas, coincidieron los panelistas.

“Todos trabajando juntos con soluciones efectivas, podemos realmente poner fin al hambre en el mundo”, concluyó Beasley.

Traducción: Verónica Firme

Artículos relacionados

El artículo Sin seguridad alimentaria no habrá paz fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

La violencia de las fuerzas de seguridad crece en Argentina

qui, 27/09/2018 - 15:42

Iván Navarro (20, izda) y Ezequiel Villanueva (17) flanquean a Nacho Levy, referente de La Poderosa, organización social con gran presencia en asentamientos precarios de Argentina, luego de la trascendente sentencia que condenó a seis agentes de una fuerza de seguridad por torturas contra los dos jóvenes en Buenos Aires. Crédito: Cortesía de La Poderosa

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Sep 27 2018 (IPS)

Iván Navarro y Ezequiel Villanueva son dos jóvenes que en 2016 fueron detenidos arbitrariamente y luego torturados por la policía en un asentamiento precario del sur de la capital argentina.  Un caso que no es aislado, según se denuncia, pero con la diferencia de que esta vez tuvo castigo.

Los seis responsables del episodio ocurrido un sábado de septiembre de hace dos años  fueron condenados el viernes 21 a penas de hasta 10 años de prisión, tras su enjuiciamiento por el Tribunal Oral Penal Número 9 del Poder Judicial de la Nación.

Organizaciones sociales y de derechos humanos, nacionales e internacionales, vienen advirtiendo de un aumento de la violencia de las fuerzas de seguridad en Argentina, que es difícil de cuantificar por falta de información estadística confiable.“Los agentes de fuerzas de seguridad llegan al barrio con el prejuicio de que todos son ladrones y narcotraficantes, porque así los predispone el discurso del gobierno y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”: Gabriela Carpinetti.

“Las situaciones de hostigamiento, que en el caso de Iván y Ezequiel llegaron a un grado extremo, son parte de un vínculo diario entre las fuerzas de seguridad y los jóvenes de los barrios pobres”, dijo Victoria Darraidou, especialista en violencia institucional del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Son muy preocupantes las respuestas del Ministerio de Seguridad, que es la autoridad política, y este año disminuyó las funciones de las áreas que siguen y controlan el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad”, agregó a IPS la experta del centro dedicado al tema de los derechos humanos desde hace más de 40 años.

En Villa 21, el asentamiento donde Navarro y Villanueva fueron torturados en 2016, se vive una tensión a la que sus más de 50.000 habitantes ya están acostumbrados pero que pone inmediatamente en alerta a cualquier visitante.

La seguridad está a cargo de la Prefectura Naval Argentina, una fuerza cuya misión de acuerdo a la ley es controlar el mar y los ríos, pero que fue instalada allí ante los abusos cometidos por la Policía en los últimos años.

Los agentes exhiben armas largas con naturalidad, aunque es difícil guardar registro de esa escena, porque los habitantes de la villa sugieren no sacar fotos para no correr el riesgo de que los agentes se irriten.

“Ahora, aunque la situación está más tranquila, estamos buscando un lugar para que se puedan ir a vivir las familias de Iván y Ezequiel, que vienen pasando por situaciones de presión muy fuertes. Le pedimos ayuda al ministerio de Seguridad, pero nos dijeron que no”, contó a IPS una activista del barrio, Tatiana.

Ella, quien pidió no suministrar su apellido, es integrante de La Poderosa, la organización social con presencia en distintas villas del país, que hizo visible este caso y consiguió que llegara a los tribunales.

Un mural en la Villa 21, al sur de Buenos Aires, donde se denuncia el hostigamiento de las fuerzas de seguridad a la población. Un grupo de trabajo especial de la ONU denunció que hay un patrón de discriminación hacia los vulnerables en las actuaciones policiales en Argentina. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Esta realidad de hostigamiento no es exclusiva de la Villa 21, uno de los más populosos asentamientos precarios de este país de 44 millones de habitantes.

De hecho, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas sostiene que en Argentina existe un patrón de arrestos, por la sospecha de la comisión de un delito, que es “discriminatorio y tendencioso contra aquellos en situación de vulnerabilidad”.

Esa instancia especializada hizo una visita de 10 días al país en mayo y presentó su informe en las sesiones de este mes del Consejo de Derechos Humanos, el órgano decisorio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, con sede en Ginebra.

Según el grupo de trabajo, se observa un patrón similar en cuanto a los poderes de la Policía para “retener” personas para controlar su identidad, a pesar de que no hay normas que obliguen a la población a llevar sus documentos.

El 24 de septiembre de 2016, según acreditó el tribunal, unos 20 agentes participaron en las torturas a Navarro y Villanueva, en un destacamento dentro de la propia Villa 21.

Luego, los llevaron a la orilla del Riachuelo – un curso fluvial famoso por su contaminación, que bordea Buenos Aires-, donde les hicieron un simulacro de fusilamiento y finalmente los liberaron, casi desnudos.

“A mí, como a todos los demás pibes (jóvenes)  de mi edad, de mi ropa, de mi cara, me paran por la calle cuando se les cantan las pelotas y me requisan contra la pared como si fuera un terrorista, cuando cometo el delito de salir a un boliche (bar) o asomar la nariz de mi propia casa”, escribió Navarro, luego de la condena, en las redes sociales de La Poderosa.

Él tenía 18 años cuando se produjeron los hechos y Villanueva 15.

El juicio oral y público duró más de cuatro meses y finalizó con tres prefectos condenados a 10 años y seis meses de prisión y otros tres, a ocho años y 11 meses. Los delitos de los que se los declaró culpables fueron tortura, privación ilegítima de la libertad, lesiones y robo.

Nora Cortiñas, una de las fundadoras de la emblemática organización de derechos humanos argentina Madres de Plaza de Mayo, fue una de las que celebró la condena contra las torturas de agentes de fuerzas de seguridad contra dos jóvenes de Villa 21, en la puerta del Palacio de Tribunales de Buenos Aires. Crédito: Cortesía de La Poderosa

En la puerta del Palacio de Tribunales, cientos de vecinos de la Villa 21 festejaron la sentencia con una bandera que pedía “control popular a las fuerzas de seguridad”, acompañados de dirigentes sociales como Nora Cortiñas, de 88 años y una de las fundadoras de la organización de las Madres de Plaza de Mayo.

“Los agentes de fuerzas de seguridad llegan al barrio con el prejuicio de que todos son ladrones y narcotraficantes, porque así los predispone el discurso del gobierno y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”, dijo a IPS la abogada de las dos víctimas,  Gabriela Carpinetti.

“Así, quieren imponer una especie de ‘disciplinamiento’ moral, con el cual les quieren marcar a la gente por dónde o a qué hora se puede circular o cómo se tienen que vestir”, agregó.

Para la abogada, “la importancia de esta sentencia es que les dice a los agentes que, si se hacen carne del discurso de odio de la ministra, las consecuencias las van a pagar ellos”.

En el Ministerio de Seguridad no respondieron el pedido de IPS de comentarios sobre el dictamen judicial.

El discurso de la ministra Bullrich tuvo un fuerte contenido simbólico con la  defensa pública que realizó de Luis Chocobar, un policía que en diciembre mató de dos tiros a un hombre que huía luego de robar y apuñalar a un turista estadounidense, en el turístico barrio porteño de La Boca.

La Justicia, en un fallo confirmado en segunda instancia, procesó a Chocobar por “homicidio en exceso en el cumplimiento de su deber”, pero Bullrich lo visitó en su casa, se fotografió con él y le dijo: “No estás solo”.

Los abusos de fuerzas de seguridad también fueron denunciados este mes por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), entidad estatal que protege los derechos humanos de los presos.

En su Registro Nacional de Casos de Tortura 2017, la PPN relevó 5.328 hechos, de los que fueron víctimas 1.408 personas en cárceles de todo el país, con una población total de 76.261 reclusos.

“Esta cifra no tiene pretensiones de ser total. Son los casos que pudimos relevar, pero en realidad hay mucho más”, dijo a IPS la coordinadora del Registro, Alcira Daroqui.

La investigadora consideró que la tortura en las cárceles argentina es “absolutamente sistemática y generalizada” y aseguró que si bien se registran menos hechos de violencia directa de los guardias hacia los presos, “existen más conflictos entre los presos, que reflejan una política oficial de delegar la gestión de la violencia”.

Daroqui puso el foco también en lo que parece ser una política de “detener más personas y retenerlas por más tiempo. La proporción de personas detenidas sin condena alcanza 50 por ciento en el sistema federal y 70 por ciento en la provincia de Buenos Aires (la más poblada del país)”, aseguró.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria corroboró esta situación en su informe y precisó que el tiempo límite de detención preventiva (sin condena), fijado por la ley en dos años, es habitualmente excedido y alcanza entre cuatro y 15 años.

Edición: Estrella Gutiérrez

Artículos relacionados

El artículo La violencia de las fuerzas de seguridad crece en Argentina fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais