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Atualizado: 3 semanas 23 horas atrás

El mundo registra un aumento de la trata personas

qui, 10/01/2019 - 13:15

Niñas y niños malnutridos corretean afuera de las tiendas de raciones en India. La inscripción en la pared del comercio forma parte de la publicidad de una compañía multinacional de telecomunicaciones ofreciendo teléfonos baratos en este país con el mayor número de personas pobres con hambre. Crédito: Neeta Lal/IPSPor Tharanga YakupitiyageNACIONES UNIDAS, Jan 10 2019 (IPS) La trata de personas aumenta en el mundo y adquiere una dimensión “horrible” como nunca antes, concluye un estudio de la Organización de las Naciones Unidas. En el nuevo documento, que analiza las distintas modalidades de trata de personas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) concluyó que aumenta la tendencia global de forma sostenida desde 2010. “La trata de personas adquirió una dimensión espantosa, pues grupos armados y terroristas lo usan para propagar el miedo y obtener víctimas para ofrecer como incentivo para reclutar nuevos combatientes”, explicó el director ejecutivo de UNODC, Yury Fedotov. Asia y América registró el mayor aumento en la identificación de víctimas, pero el informe señala que también puede reflejar una mayor capacidad para identificar y registrar datos sobre trata de personas. Las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables, y representan 70 por ciento de las víctimas en todo el mundo. Son, principalmente, mujeres adultas, pero las niñas son un blanco creciente de los traficantes. Según el Informe Global sobre la Trata de Personas, las niñas representan 23 por ciento de las víctimas, por encima del 21 por ciento registrado en 2014, y del 10 por ciento, de 2004. UNODC también subrayó que los conflictos aumentaron la vulnerabilidad de esas personas, pues los grupos armados recurren a esas prácticas para financiar sus actividades o aumentar sus fuerzas. La activista y embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas, Nadia Murad, fue una de las miles de mujeres yazidíes secuestrada en su pueblo natal y vendida como esclava sexual por el Estado Islámico en Iraq, una estrategia utilizada para aumentar sus reclutas y recompensar a los soldados. Murad recibió el Premio Nobel de la Paz, en 2018, que dedicó a las sobrevivientes de violencia sexual y genocidio. “Las sobrevivientes se merecen un camino seguro y protegido hacia su hogar y un paso seguro a otro lugar. Debemos apoyar los esfuerzos para concentrarnos en la humanidad y superar las divisiones políticas y culturales”, subrayó. “No solo tenemos que imaginar un futuro mejor para las mujeres, niñas, niños y minorías perseguidas, sino también tenemos que trabajar de forma consistente para que se concrete, priorizando la humanidad, no la guerra”, añadió. “El hecho sigue siendo que la única recompensa en el mundo que puede restablecer nuestra dignidad es la justicia y el procesamiento de los criminales”, añadió Murad. La explotación sexual continúa siendo el principal motivo de la trata, y representa casi 60 por ciento de los casos identificados, seguida del trabajo forzado, 34 por ciento. Las tres cuartas partes de las mujeres víctimas de trata terminan sufriendo explotación sexual. El informe también concluyó por primera vez que la mayoría de las víctimas de trata se encuentran en esa situación dentro de las fronteras de su propio país. La proporción de víctimas “domésticas” aumentó a más del doble, de 27 por ciento, en 2010, a 58 por ciento, en 2016. Eso quizá se deba al mayor control de las fronteras, que impiden el cruce de los delincuentes, así como una mayor conciencia sobre las diferentes formas de trata, analiza el informe. Las condenas comenzaron a aumentar hace poco y, en muchos países, siguen siendo demasiado bajas, lo que genera gran preocupación. En Europa, la proporción de condenas cayó de 988 traficantes, en 2011, a 742, en 2016. En ese período, el número de víctimas detectadas aumentó de 4.248 a 4.429. Sigue faltando información y conocimiento, en particular en ciertas partes de África, Medio Oriente y Asia Pacífico, donde todavía no hay suficiente capacidad para registrar y compartir datos sobre este flagelo. “Este informe muestra que debemos intensificar la asistencia técnica y fortalecer la cooperación para apoyar a todos los países con el fin de que puedan proteger a las víctimas y llevar a los criminales ante la justicia y, así, lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, destacó Fedotov en la presentación del estudio. Adoptados en 2015, los históricos ODS incluyen ambiciosas metas como la 16.2 que insta a los Estados miembros a que pongan fin al abuso, a la explotación, a la trata de personas y a todas las formas de violencia y tortura contra niñas y niños. El indicador para medir su logro exige medir el número de víctimas de trata cada 100.000 personas y desagregarlas por sexo, edad y forma de explotación, lo que refleja la importancia de mejorar el registro de datos, la recolección y la diseminación. “La comunidad internacional necesita poner fin a la trata de personas en situaciones de conflicto y en todas nuestras sociedades donde este es un crimen terrible que sigue operando en las sombras”, señaló Fedotov. “Insto a la comunidad internacional a prestar atención al reclamo de justicia de Nadia (Murad)”, añadió. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Cambio climático amenaza la costa atlántica mexicana

qua, 09/01/2019 - 14:22

Ecosistemas como la laguna de Síijil Noh Há (donde nace el agua, en maya), en Felipe Carrillo Puerto, en la península de Yucatán, soportan ya los impactos del cambio climático en uno de los municipios de México incluidos entre los más vulnerables a fenómeno. Crédito: Emilio Godoy/IPSPor Emilio GodoyFELIPE CARRILLO PUERTO, México, Jan 9 2019 (IPS) “No pude sembrar la milpa en mayo, porque llovió antes. Perdí todo”, lamentó el indígena maya Marcos Canté al contar los estragos que el cambio climático ocasiona en este municipio de la costa caribeña de México. El fenómeno, causado por las actividades humanas relacionadas especialmente con la quema de combustibles fósiles, ha alterado las prácticas ancestrales indígenas que vaticinan el tiempo de sequía y de lluvia para trabajar la tierra para la milpa, el cultivo conjunto de maíz, calabaza, frijol y chile (ají o pimiento), tradicional desde el centro de México hasta el norte de Nicaragua. Ello mismo ha variado la práctica de “roza, tumba y quema”, como se denomina localmente la remoción de vegetación en un terreno, su incineración y la preparación para la siembra. Canté, representante de la cooperativa ecoturística Xyaat (un tipo de palma, en lengua maya), aseguró en diálogo con IPS que “el cambio climático afecta mucho, el clima va cambiando demasiado. La agricultura ya no da”. Mientras, se prepara para la nueva temporada de siembra, con la esperanza de que el cielo llore y riegue los surcos. El productor maya vive en el ejido Señor, parte de este municipio, Felipe Carrillo Puerto (FCP), en el sudoriental estado de Quintana Roo. En Señor viven unos 450 ejidatarios, bajo este sistema tradicional azteca de tierras de explotación colectiva que pueden venderse. Este estado y sus vecinos Campeche y Yucatán componen la península de Yucatán y son altamente vulnerables a las secuelas del cambio climático, así como los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, contiguos al Golfo de México que, con el mar Caribe, forman parte de la costa atlántica mexicana. Entre esas consecuencias aparecen el aumento de la temperatura, huracanes y tormentas más intensas y frecuentes, la subida del nivel del mar por el derretimiento del océano Ártico, sequías y pérdida de biodiversidad. La península de Yucatán está poblada por 4,5 millones de habitantes, en un país con una población de 129 millones, y suma 151.515 kilómetros cuadrados y una costa caribeña de1.766 kilómetros cuadrados. Además, esta región peninsular padece la mayor tasa de deforestación en el país, sin que los subsidios gubernamentales haya revertido esa condición, según el informe “Subsidios forestales sin rumbo”, divulgado en diciembre por el no gubernamental Consejo Civil Mexicano para la Agricultura Sostenible. La península alberga el macizo selvático más importante de América Latina, después de la Amazonia, y un área clave en la conservación de la riqueza natural en México, que ocupa el puesto 12 entre los países más megadiversos del planeta. La indígena María Eugenia Yam, también residente en FCP, un municipio de 81.000 habitantes, coincidió con Canté en resaltar a IPS con preocupación que “las lluvias ya no son las de antes y la milpa ya no da”. Yam, empleada de la cooperativa Síijil Noh Há (donde brota el agua, en  maya), propiedad del ejido Felipe Carrillo Puerto, en el municipio homónimo, lamentó que la producción agrícola esté decayendo, en detrimento de los campesinos de la zona que también siembran yuca y cultivan miel. Un sendero en la reserva comunitaria de Síijil Noh Há (donde nace el agua, en maya), en Felipe Carrillo Puerto, en el sudoriental estado de Quintana Roo, parte de la península de Yucatán, en México. La conservación de la selva es una medida de adaptación al cambio climático, pues contribuye a mantener la temperatura y contiene los embates de los huracanes. Crédito: Emilio Godoy/IPS Los tres estados de la península aportan una cuota baja de emisiones, donde el mayor contaminador es Campeche, con 14,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del recalentamiento planetario. Le sigue Yucatán (10,9 millones) y Quintana Roo (3,48 millones), según las últimas mediciones realizadas por cada una de sus gobernaciones. En 2016, México emitió a la atmósfera 446,7 millones de toneladas netas de GEI, estableció el estatal Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Dentro de la península, el estado de Yucatán cuenta con 17 alcaldías vulnerables al cambio climático, Campeche, 10, y Quintana Roo, tres, entre ellas la de FCP. En total, 480 municipios mexicanos están especialmente expuestos al fenómeno, de los 2.457 en que se divide el país, según un informe del INECC. En Campeche, el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático 2030 presagia un incremento de entre 2,5 y cuatro grados centígrados entre 1961 y 2099, con impactos sobre las comunidades, las actividades económicas y la riqueza natural. Asimismo, el estudio de 2012 “Impactos del incremento en el nivel medio del mar en la zona costera del Estado de Campeche, México”, elaborado por el Banco Mundial y el gobierno estadal, alerta de que la vulnerabilidad por la subida del nivel del mar afecta a 440.000 personas, más de la mitad de la población local- están bajo vulnerabilidad por la subida del nivel del mar. “El cambio climático incrementará la inundación y erosión costera en un futuro” y se producirá una vigorización en la probabilidad de mareas por tormenta extremas sobre las costas, según el análisis, que predice una crecida de la línea de agua de 0,1 a 0,5 metros en 2030 y de 0,34 a un metro en 2100. En Quintana Roo, la lluvia anual será cada vez más irregular. El periodo de precipitaciones se acortará entre 5 y 10 por ciento en 2020, mientras que oscilará entre un aumento de 10 por ciento y una caída de 20 por ciento en 2080. Además, la temperatura se calentará entre 0,8 y 1,2 grados centígrados en 2020 y entre 1,5 y 2,5 grados en 2080. En el estado de Yucatán enfrenta un panorama similar, con un caldeamiento de la temperatura anual de entre 0,5 y 0,8 grados para el período 2010-2039. Las precipitaciones anuales alternarán caídas de hasta casi 15 por ciento y ascensos de uno por ciento en ese lapso. Si bien los tres estados cuentan con instrumentos para contraponerse al fenómeno, como leyes de cambio climático –a excepción de Campeche-, programas especiales e incluso un plan regional, la perspectiva difiere en el plano local, pues muchos municipios carecen de esas medidas. La Estrategia de Cambio Climático de la Península de Yucatán, elaborada por los tres gobiernos estadales, aspira a desarrollar una estrategia regional de adaptación, la ejecución del programa regional de reducción de emisiones provenientes de la deforestación y la degradación del bosque, así como la creación del fondo climático. El plan busca reducir las emisiones de esta región en 20 por ciento en 2018 y en 40 por ciento en 2030, con base en los niveles de 2005. La región lanzó en septiembre de 2017 el Fondo Climático de la Península de Yucatán, pero apenas empieza a operar. Hasta ahora, el escrutinio de las acciones aplicadas resulta complejo. La “Evaluación estratégica del avance subnacional de la política nacional de cambio climático”, publicada por el INECC en noviembre y que indagó en tres municipios de la península, concluyó  que las autoridades estadales y municipales reportan múltiples acciones de adaptación, pero sin acreditar cómo se abate la vulnerabilidad. Por ello, considera “necesidad urgente” la creación y fomento de capacidades para enfrentar el cambio climático. “Tenemos que hacer todo más sostenible, pero es un esfuerzo local. Si los que gobiernan y toman decisiones tuvieran más conciencia, lo lograríamos”, planteó Canté. Por su parte, Yan propuso reforestar, reducir la generación de basura, conservar la biodiversidad y educar a la niñez sobre la importancia del cuidado ambiental. “Mantener la selva es una buena medida de adaptación. Pero los municipios deben tener programas climáticos y nombrar a funcionarios que sepan” del tema, sugirió. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Camboya a 40 años de la caída del Jemer Rojo

qua, 09/01/2019 - 13:15

Un turista observa las fotografías de las personas que murieron durante el régimen del Jemer Rojo. Crédito: Robert Carmichael/IPS.Por Kris JanssensPHNOM PENH, Jan 9 2019 (IPS) Esta semana se conmemora el triunfo del ejército de Vietnam sobre el régimen camboyano del Jemer Rojo. Entre abril de 1975 y enero de 1979 murieron entre 1,5 y dos millones de camboyanos, una cuarta parte de la población de este país asiático. El aniversario, cumplido el 7 de enero, no se celebra realmente, pues después de tantos años, sigue siendo un asunto delicado y controvertido, en parte porque el genocidio vino “de adentro”. Casi todas las familias tienen alguna disputa que se remonta a esa época oscura de Camboya. ¿Cómo pudo pasar? La guerrilla marxista creció con apoyo de Vietnam del Norte. El general camboyano Lon Nol, quien llegó al poder en 1970 tras un golpe de Estado, quiso luchar contra el avance de los comunistas y recibió apoyo de Estados Unidos, que estaba saliendo de la guerra de Vietnam (1955-1975). Los bombardeos estadounidense golpearon a muchos civiles, que comenzaron a descreer del gobierno y dieron la bienvenida a los soldados del Jemer Rojo, cuando estos marcharon hacia Phnom Penh, en 1975. Pero la euforia se volvió temor. La vida de la gente corría peligro si la consideraban “intelectual”. Ser capaz de leer, hablar otros idiomas o incluso, usar gafas, podía ser fatal. En el documental “Iron legs” (piernas de hierro), de la realizadora Vanna Hem, San Sovan explica cómo escapó de la muerte. “Me pidieron que escribiera algo”, recuerda. Ella es zurda, pero usó la derecha para que la letra le quedara ilegible y así quedó libre, tildada de “analfabeta”. Hambre y tortura El líder guerrillero Pol Pot quería construir una sociedad agraria, sin interferencia externa. La gente tuvo que abandonar las ciudades y fue obligada a trabajar en el campo. Muchas personas murieron de hambre, de agotamiento o por enfermedades. El régimen sospechaba de todo y todo posible enemigo sufría torturas y era asesinado. La ejecuciones ocurrían en “Tuol Sleng” o “prisión S21”, en la capital camboyana, la que refleja claramente la violencia vivida en aquellos años. Como era una escuela, todavía se pueden ver los salones convertidos en cámaras de tortura. El edificio permanece intacto desde entonces. Este periodista de IPS visitó el museo del genocidio el joven tailandés Toby, quien se encontraba por primera vez en la capital de Camboya. Durante la recorrida, Toby permanece muy callado. “¿Podemos irnos?”, preguntó al rato. Cuando supo que soldados del Jemer Rojo habían matado niños, dio por terminada la visita. El régimen consideró que se vengarían cuando se enteraran de que habían sido asesinado a sus padres. Justicia En una rara entrevista con el periodista estadounidense Nate Thayer, Pol Pot declararía que “tiene la conciencia tranquila”. El líder del Jemer Rojo reconoció haber matado enemigos del movimiento, pero arguyó: “teníamos que defendernos. Decir que millones murieron es demasiado”. La entrevista tuvo lugar en Anlong Veng, cerca de la frontera con Tailandia, donde Pol Pot vivió más de 20 años tras la caída del régimen. Murió en 1998 y nunca compareció ante la justicia. Lo mismo sucedió con la mayoría de los líderes del movimiento. Hay un tribunal del Jemer Rojo, que en noviembre de 2018 emitió un veredicto final, tras 20 años de investigaciones. Dos altos comandantes, Nuon Chea, de 92 años, y Khieu Samphan, de 87, fueron procesados y condenados a cadena perpetua. El primero era la mano derecha de Pol Pot, y el otro, el jefe de Estado. Antes, Kaing Guek Eav, conocido como Duch, de 76 años y quien fuera el jefe de la prisión S21, había sido condenado a cadena perpetua. Esas son las únicas condenas emitidas por el Tribunal de Camboya, desde su creación en 1997, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas. El costo total del tribunal asciende a 300 millones de dólares. Casi no se enseña “Gracias al juicio, la gente por lo menos habla de ese período difícil”, comentó un joven consultado por IPS. “En mi escuela había muy poca información sobre el Jemer Rojo en clases de historia, a pesar de que el régimen se mantuvo durante casi cuatro años”, acotó. En Europa, las escuelas enseñan sobre la llegada al poder y las consecuencias del régimen Nazi, comparable al del Jemer Rojo en materia de atrocidades cometidas y del número de víctimas. Enseguida después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los juicios de Núremberg ayudaron a procesar los traumas. Primer ministro controvertido ¿Por qué le llevó tanto tiempo a Camboya condenar a tres personas? “Si fueran más profundo, inevitablemente llegarían a la responsabilidad de los dirigentes políticos actuales”, opinó un entrevistado que prefirió no revelar su identidad, y enseguida susurró: “Como Hun Sen”. Es una costumbre de los camboyanos bajar la voz cuando se refieren al primer ministro. No por respeto, sino por temor a meterse en problemas. Hun Sen fue un comandante durante la época del Jemer Rojo. Pero siempre negó haber desempeñado un papel activo en el genocidio. En 1977 desertó y se fue a Vietnam. Ese país vecino, que invadió Camboya dos años después, lo puso en el nuevo gobierno camboyano, y en 1985, se convirtió en primer ministro, puesto que ocupa hasta ahora. Futuro Hun Sen se opuso, de hecho, a la idea de seguir procesando a los responsables del genocidio “pues podría derivar en una guerra civil”, una de sus declaraciones preferidas para defender su política, una dictadura de hecho. El primer ministro destaca la paz y la estabilidad de los últimos 15 años gracias a su gobierno, un mensaje popular entre la generación de sobrevivientes del Jemer Rojo. Este país tiene una población muy joven; casi la tercera parte tiene menos de 30 años. Esta generación nació después de la guerra civil y no se crío con miedo. Hay personas jóvenes y ambiciosas con sueños y esperanzas para el futuro. Muchas de ellas no necesitan que un tribunal les dé un veredicto sobre los dirigentes políticos actuales, los que, claramente, tiene raíces en el pasado oscuro del Jemer Rojo. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Los indígenas, primeras víctimas del nuevo gobierno en Brasil

ter, 08/01/2019 - 18:30

“Luchamos por la demarcación de nuestro territorio”, dice una pancarta en una marcha de indígenas de las que llegan hasta Río de Janeiro desde las comunidades de los 305 pueblos originarios de Brasil, para reclamar los derechos que les reconoce la Constitución y que el presidente ultradrechista Jair Bolsonaro comenzó a desconocer nada más comenzar su mandato. Crédito: Mario Osava/IPSPor Mario OsavaRÍO DE JANEIRO, Jan 8 2019 (IPS) “Ya fuimos diezmados, tutelados y víctimas de la política integracionista de gobiernos y el Estado Nacional”, recordaron líderes indígenas, para rechazar las propuestas y medidas del nuevo gobierno de Brasil sobre los pueblos originarios. En carta abierta al presidente Jair Bolsonaro, líderes de los pueblos aruak baniwa y apurinã, que viven en las cuencas de los ríos Negro y Purus, en el noroeste amazónico de Brasil, protestaron contra el decreto que somete desde ahora las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, gestor de intereses contrarios a los de pobladores originarios. Los indígenas representarán probablemente la resistencia más inflamable a la ofensiva del nuevo gobierno de extrema derecha en Brasil, que tomó posesión el 1 de enero y cuyas primeras medidas tienden a desmantelar avances durante las tres últimas décadas a favor de los 305 pueblos originarios registrados en este país. Para eso cuentan con el artículo 231 de la Constitución brasileña, vigente desde 1988, que les asegura “derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, además de reconocerles “su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones”. A eso se suman reglas internacionales ratificadas por el país, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, que defiende derechos indígenas y condiciona proyectos que los afectan a consulta previa, libre e informada a las comunidades amenazadas. Fue indígena la más aguerrida resistencia a la construcción de centrales hidroeléctricas que represan grandes ríos amazónicos, especialmente la de Belo Monte, construida sobre el río Xingu entre 2011 y 2016 y cuyas turbinas está previsto que terminen de instalarse este año. Quitar a la Fundación Nacional del Indígena (Funai) la competencia de identificar y demarcar legalmente las llamadas Tierras Indígenas, transfiriéndola al Ministerio de Agricultura, significa que se estancará la definición de nuevas áreas y se pondrá en peligro a las ya establecidas. Habrá una revisión de las demarcaciones de tierras indígenas hechas en los 10 últimos años, anunció el flamante secretario de Asuntos de Tierras de ese ministerio, Luiz Nabhan García, que ahora es el responsable del tema. García es el líder de la Unión Democrática Ruralista, un colectivo de terratenientes, especialmente ganaderos, protagonista de frecuentes y violentos conflictos por la tierra. El mismo Bolsonaro ya anunció la intención de revisar el área de Raposa Serra do Sol, tierra indígena homologada en 2005, en medio de batallas jurídicas que terminaron en 2009 con un fallo del Supremo Tribunal Federal, que reconoció la validez de la demarcación. El guaraní Hamilton Lopes y su hija, frente a su choza, donde su familia vive muy precariamente en tierras sin demarcar y con amenazas de expulsión, en la frontera de Brasil con Paraguay. Los terratenientes se apropiaron de las tierras del segundo pueblo más numeroso del país, provocando el un gran número de asesinatos y suicidios de indígenas. Crédito: Mario Osava/IPS Ese territorio indígena abarca 17.474 kilómetros cuadrados y cerca de 20.000 pobladores de cinco etnias distintas, en el norteño estado de Roraima, fronterizo con Guyana y Venezuela. En Brasil existen actualmente 486 Tierras Indígenas homologadas, es decir, con el proceso de demarcación concluido totalmente, y 235 unidades aún por demarcar, de las que 118 están en fase de identificación, 43 ya identificadas y 74 declaradas. “Los gobernantes hablan, pero revisar exigiría cambios constitucionales o la comprobación de fraudes y vicios en el proceso que no parecen usuales”, matizó  Adriana Ramos, directiva del Instituto Socioambiental, organización no gubernamental con una amplia y respetada actuación indigenista y ambiental. “Ya hubo retrocesos en las primeras decisiones del gobierno, con la mengua del órgano indigenista y separación de sus funciones. También el Ministerio de Salud anunció modificaciones en la política hacia la población indígena, sin presentar propuestas, amenazando empeorar lo que ya es malo”, acotó a IPS desde Brasilia. “La tendencia es paralizar el proceso de demarcación de tierras, que ya venía muy lento en los gobiernos anteriores” y lo peor es que las declaraciones contra derechos “operan como gatillo para violaciones que agravan conflictos, generando inseguridad entre los pueblos indígenas”, advirtió Ramos. En los primeros días del año, y del gobierno de Bolsonaro, taladores de madera ya invadieron la tierra indígena del pueblo arara, cerca de Belo Monte, con el riesgo de confrontaciones armadas, señaló. Los indígenas del pueblo guaraní, el segundo grupo indígena más numeroso del país -detrás del tikuna, que residen en el norte-, son los más vulnerables a la situación, especialmente sus comunidades establecidas en el centrooriental estado de Mato Grosso do Sul. Batallan por la demarcación de varias tierras y la ampliación de las ya demarcadas en áreas insuficientes, y en esa lucha ya sufrieron el asesinato de decenas de líderes, mientras soportan condiciones de sobrevivencia cada vez más precarias. Indígenas karioca cupobos, pintados y armados para el combate, antes de participar en una manifestación por los derechos indígenas en Río de Janeiro, en Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS “La grave situación se hace peor con el nuevo gobierno. Nos ahorcan al dividir la Funai  y atribuir la demarcación al Ministerio de Agricultura, dirigido por ruralistas, enemigos número uno de los indígenas”, resumió Inaye Gomes Lopes, una joven profesora indígena que vive en la Aldea Ñanderu Marangatu, en Mato Grosso do Sul, cerca de la frontera con Paraguay. La Funai mantiene sus funciones asistenciales y de defensa de derechos pero pasa a estar subordinada al nuevo Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, comandad por Damares Alves, una abogada y pastora evangélica de polémicas opiniones. “Solo tenemos ocho tierras demarcadas en el estado y una fue anulada (en diciembre). Lo que tenemos se debe a muchos que murieron, sin que sus asesinos fuesen encarcelados”, sostuvo Lopes, quien imparte clases en una escuela que homenajea en lengua indígena a Marçal de Souza, líder guaraní asesinado en 1982. “Buscamos formas de resistir y ‘apoyadores’, incluso internacionales. Estoy preocupada, no duermo de noche”, confesó a IPS en diálogo desde su aldea, en relación al nuevo gobierno, cuyas manifestaciones en relación a los indígenas considera “una injusticia con nosotros”. Bolsonaro aboga por la “integración” de los indígenas, con lo que se refiere a la asimilación con la sociedad blanca, una vieja y sobrepasada pretensión de la élite blanca. Condenó que los indígenas sigan viviendo “como en zoológicos”, ocupando “15 por ciento del territorio nacional”, cuando suman, según sus datos, menos de un millón de personas, en un país de 209 millones de habitantes. “No somos nosotros que tenemos gran parte del territorio brasileño, pero si los grandes latifundistas, los ruralistas, el agronegocio y otros que poseen más de 60 por ciento del territorio nacional”, contrarrestó la carta pública de los pueblos baniwa y apurinã. En realidad las tierras indígenas suman 13 por ciento de Brasil y 90 por ciento se ubican en la Amazonia, corrigieron los firmantes del manifiesto. “No somos manipulados por ONG (organizaciones no gubernamentales)”, respondieron a otra acusación “fruto de prejuicios” del presidente. La paranoia de algunos jerarcas militares, como el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, el general retirado Augusto Heleno Pereira, es que los pobladores de Tierras Indígenas bajo influencia de ONG declaren la independencia de sus territorios, apartándose de Brasil. El temor obedece principalmente, se aduce, a áreas fronterizas y, peor, a aquellas ocupadas por pueblos que viven en los dos lados de la frontera, como los yanomamis, que reparte su población entre Brasil y Venezuela. Pero a juicio de Ramos, no son los grupos de ascendencia militar que comparten el poder en el gobierno de Bolsonaro, como los generales que ocupan cinco ministerios, la vicepresidencia y otras funciones importantes, los que más amenazan los derechos indígenas. Muchos militares activos tienen indígenas en sus tropas y reconocen un papel relevante de los nativos en la defensa de las fronteras, arguyó. Son los ruralistas, que codician tierras de indígenas, y los dirigentes de iglesias evangélicas, con sus prédicas agresivas,  quienes constituyen las amenazas más violentas, dictaminó. Para otros sectores, como los quilombolas (comunidades afrodescendientes), los campesinos sin tierra y las ONG, también comenzaron tiempos adversos. Bolsonaro anunció que su gobierno no entregará “un centímetro de tierra” tanto a indígenas como quilombolas y tratará como terroristas a los que invaden haciendas u otras propiedades. A las ONG, el gobierno las amenaza con “supervisión y monitoreo”. Pero “las leyes son claras sobre sus derechos de organización”, así como la autonomía de las que no reciben aportes financieros estatales, recordó Ramos. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Recuperación de manglares, una esperanza para la costa birmana

ter, 08/01/2019 - 13:13

Jóvenes plantadores observan el bosque de manglares en Shwe Thaung Yan, en la región de Ayyerwady, en Birmania (Myanmar). Crédito: Stella Paul/IPSPor Stella PaulSHWE THAUNG YAN, Birmania, Jan 8 2019 (IPS) “Dedicamos tres años de trabajo duro a plantar esos árboles”, comenta el profesor de Ciencias Marinas, Htay Aung, jubilado de 63 años, mientras contempla, al atardecer y desde lo alto de una estatua de Buda, en el distrito birmano de Shwe Thaung Yan, el bosque de manglares llamado Parque Climático Thor Heyerdahl. “Ahora es tán alto; pronto serán el mayor valor de nuestro pueblo”, acotó, señalando el bosque y el pequeño caserío que se divisa en el horizonte. Manglares en Birmania (Myanmar) El bosque de manglares ocupa un área de 2.557 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Luxemburgo. Pero en la mayor parte de él, es poca la densidad porque cada vez se tala más para criar camarones y fabricar leña. Birmania pierde unos 21 kilómetros cuadrados de bosque de manglares cada año, según un estudio realizado por Pierre Taillerdat, Massimo Lupascu y Daniel Friess. El bosque de manglares recuperado en Shwe Thaung Yan, en la región de Ayyerwady, en Birmania (Myanmar). Crédito: Stella Paul/IPS Shwe Thaung Yan, 185 kilómetros al norte de Yangón, tuvo un bosque que sufrió una gran degradación, que destruyó 75 por ciento de los manglares. Pero la historia cambió. En 2015, justo antes de la temporada de lluvias, un grupo variopinto de cientos de hombres, mujeres y jóvenes de las aldeas de pescadores de la zona, se calzaron botas de goma y se reunieron con plántulas alrededor del pantano, en Myagi, uno de los tres pueblo de Shwe Thaung Yan. Se pasaron varias horas al día plantando los arbolitos en el suelo fangoso, fertilizado y rico en nutrientes gracias a las mareas regulares. Para octubre de ese año, habían plantado 700.000 árboles en tres kilómetros cuadrados. Desde entonces, todos los años hay nuevas campañas de plantación. Y para octubre de 2018, la comunidad había plantado seis millones de árboles en los tres pueblos, cubriendo una superficie de nueve kilómetros cuadrados, cuatro veces más grande que Mónaco. Además de Aung, estuvieron al frente de la iniciativa U BoNi y Aung Aung Myint, especialistas en manglares y en recuperación de ecosistemas costeros. Los tres están vinculados a la Fundación Worldviews International (WIF), una organización noruega fundada por Arne Fjortoft, periodista devenido político, además de reconocido ambientalista. “Usamos imágenes satelitales, las estudiamos meticulosamente y creamos un mapa que muestra los lugares exactos del bosque sin vegetación”, explicó BoNi. “Compartimos la información con los pobladores. También marcamos las áreas y dividimos a los plantadores en varios grupos y asignamos a cada uno un área específica”, detalló. Antes del lanzamiento de la iniciativa, la WIF logró un acuerdo con el Ministerio de Conservación Ambiental de Birmania y dos instituciones educativas, las universidad de Myeik y de Pathein. El área para plantar manglares, más de siete kilómetros cuadrados en total, fue proporcionada por la Universidad de Pathein, que también promueve la ciencia marina a lo largo de la costa de Shwe Thaung Yan. Mitigación del cambio climático Los manglares solo representan 0,7 por ciento de los bosques del mundo, pero pueden almacenar hasta 2,5 veces del dióxido de carbono (CO2) producido por las actividades humanas en el mundo. Un estudio de 2017, estimó que el total de CO2 almacenado en esos ecosistemas es de 4.200 millones de toneladas. Si se liberaran, equivaldrían a las emisiones anuales de China y Estados Unidos juntas. Otro estudio señala que los manglares de Birmania, que representan tres por ciento de los del mundo, muestran “un enorme potencial de (carbón azul), en caso de que mediante la conservación se puedan prevenir nuevas emisiones por degradación y en el futuro se fomente más secuestro de carbono mediante la recuperación (del bosque)”. La mitigación del carbón azul a escala nacional “está bien alineada con el Acuerdo de París y con las asociadas contribuciones determinadas a nivel nacional para algunos países”, señala el estudio. El profesor Cameron Keith, de la australiana Universidad Southern Cross, visitó el Parque Climático Thor Heyerdahl en 2016 para evaluar la recuperación del bosque y su almacenamiento de carbono azul. En su informe de validación, que ayudó al proyecto a calificar para la venta de sus reservas de carbono, Richards resume la iniciativa: “se asumió de forma razonable que representa unas 4,3 millones de toneladas de CO2 en el ciclo de vida  de 20 años de los árboles actuales y de los futuros que se planten en el marco del proyecto”. El proyecto manglar en Birmania (Myanmar) ofrece medios alternativos para ganarse la vida y oportunidades capacitación para la comunidad. Crédito: Stella Paul/IPS Desarrollo comunitario El proyecto de recuperación del bosque de manglares ofreció medios alternativos para generar ingresos y capacitación para la comunidad pescadora de Shew Thaung Yan, de unas 11.000 personas. En la temporada de monzones, cuando hay poco o casi nada de peces en el mar, los pobladores locales pueden ganarse la vida plantando manglares. Las mujeres comenzaron un cultivo de almejas colectivo, formando una comunidad que ahora tiene 55 integrantes, donde antes solían tener como vivero con plántulas. Primero recolectan las almejas y las llevan a la granja donde las cultivan. Cada una de las mujeres tiene una área cercada de 1,8 a tres metros, inundadas de forma regular por la marea. Luego, plantan las almejas en el fango, donde crecen y engordan. “La tierra es gratis, las almejas son gratis y ya las conectamos con los compradores”, explicó Shwe Sandar Oo, coordinadora del proyecto de cultivo. Hay una gran demanda de hoteles y turistas para almejas grandes, y se venden a medio dólar cada una. La ausencia de inversión inicial es lo que atrajo a Thein Thein Nwe al cultivo de almejas. Con lo que gana, la pescadora de 42 años podrá mandar a su hija a profesora particular para ayudarla en sus estudios. La cultivadora de almejas Thein Thein Sein está feliz frente a su granja en Myagi, una de las aldeas de pescadores de Shwe Thaung Yan, en la región de Ayyerwady, en Birmania (Myanmar). Crédito: Stella Paul/IPS Hacia el futuro Al comienzo de este año, la comunidad ya se organiza para plantar 2.000 millones de árboles, la mayor cantidad plantada hasta la fecha. Cuando terminen la recuperación de Shwe Thaung Yan se habrá recuperado el bosque, que almacenará unas 300 millones de toneladas de CO2, destacó Uboni. “Después iremos a la división de Yangón y también a la del delta. En el nuevo año, iremos a los estados de Bago y Mon a plantar manglares”, anunció. Por su parte, Aung se concentra más en la vida subacuática, en especial en la conservación de las praderas marinas y del lecho de coral, que se encuentran frente a Shwe Thaung Yan. “Las praderas marinas pueden almacenar mucho más carbono azul que los árboles. También sirven de alimento para los dugong o vacas marinas, un mamífero en peligro de extinción”, explicó. “Con ayuda de la WIF y de la Universidad de Pathein, apuntamos a construir un santuario marino frente a Shwe Thaung Yan”, puntualizó. Arne Fjortoft dijo a IPS que los fondos para el santuario se pueden obtener de la venta del carbono almacenado en el bosque de manglares. Pero lo esencial de todo el proyecto es “ayudar a impulsar un desarrollo sostenible para 12 millones de personas de las comunidades costeras. Y ese es el futuro que esperamos ver”, subrayó. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Colapsa México ante solicitudes de asilo

seg, 07/01/2019 - 14:02

Migrantes hacen fila para ser atendidos en la sede del Instituto Nacional de Migración en Tenosique, en la frontera mexicana con Guatemala. Crédito: Jaime Ávalos/En el CaminoPor Carlos MaríTENOSIQUE, México, Jan 7 2019 (IPS) En este municipio fronterizo con Guatemala cientos de centroamericanos están frustrados, viviendo desde hace meses en albergues, porque el gobierno de México les ha negado sus solicitudes para obtener su calidad migratoria de refugiado o una visa humanitaria. Esto sucedió con la administración de Enrique Peña Nieto y sigue aconteciendo con la nueva de Andrés Manuel López Obrador, AMLO popularmente, que asumió el 1 de diciembre. Y es que de los migrantes que ingresan a territorio mexicano, cada vez son más los que buscan quedarse y no continuar hacia Estados Unidos, ya que su prioridad es refugiarse. Es decir, México pasó a ser un país de tránsito a ser también receptor masivo. De acuerdo con estadísticas de la gubernamental Comisión Mexicana para la Atención a Refugiados (Comar), en los últimos tres años, las solicitudes se dispararon geométricamente: En 2015, se registraron 3.424; ya en 2016 casi se triplicaron, con 8.796; y en 2017, fueron 14.603. Para el 2018 (con corte hasta el 3 de diciembre), se registraron 26.566. Para Rubén Figueroa, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano, ni a la Comar ni al también gubernamental Instituto Nacional de Migración (Inami) les basta el crimen organizado de las maras (bandas criminales) en Honduras ni la persecución del gobierno de Nicaragua a los activistas que encabezan las protestas contra Daniel Ortega, para atender con celeridad a los que huyen de esos países. El Inami, añade, no cumple con entregar las visas humanitarias en 30 días; y la Comar tampoco lo hace con el plazo de 45 días para las constancias de refugiados, porque los funcionarios que atienden son insuficientes y todavía semanas después de la asunción de López Obrador, mantenían una postura de pedir a los migrantes que esperaran una o dos semanas más. Figueroa explica que al problema de los refugiados le antecede la “política de rechazo” a la gran mayoría de los centroamericanos, cuyo propósito original era transitar como migrantes irregulares hacia Estados Unidos. Ahora, ante la crisis de alojamiento observada en las fronteras sur y norte, México quiere reaccionar con una “política humanitaria”, pero no tiene recursos ni capacidad para atender a los que claman asilo. “La política de Estado en materia de migratoria fue dictada por el gobierno de Estados Unidos y aceptada por el gobierno de México, para dilatar en todo momento los trámites y negarlos”, sostiene. “A como están las cosas en la Comar y el Inami, se acumularán por miles las solicitudes de refugio, porque serán muchísimo más los centroamericanos que lleguen a México por la situación de violencia estructural que hay en Centroamérica. Tanto la Comar, como el Inami continuarán en el colapso, por tanta sumisión que ha tenido México ante Estados Unidos”, dice uno de los fundadores de “La 72”, un refugio reconocido por organizaciones internacionales. El  22 de diciembre, cuando México tenía tres días de haber anunciado su Programa de Política Migratoria 2018-2024 y presumía su adhesión al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular –como parte de un acuerdo global impulsado por la ONU–, Martín Alonso Duarte, un nicaragüense que llegó el 31 de agosto huyendo del régimen de Ortega, no sabía aún si tendrá mejor suerte con el trámite de visa humanitaria o con el de refugiado. Con carpeta de sus documentos de identidad en mano, son cada vez los migrantes que acuden a las oficinas de ACNUR o Comar en Tenosique, localidad fronteriza en el sur de México, para solicitar el estatus de refugiado, ante la crisis política y de inseguridad que viven en sus países de procedencia. Crédito: Jaime Ávalos/En el Camino “Ya voy para cuatro meses con mi trámite aquí, porque hay una desinformación terrible. Mi visa la solicité un mes después de que pedí refugio en la Comar y no tengo ni uno ni otro documento”, lamenta. Los nicaragüenses, como Martín Alonso, son los centroamericanos que en mayo del 2018 empezaron a ingresar por la frontera sur, huyendo de la crisis política de aquel país. De acuerdo con estadísticas de la Comar, de enero a agosto del año pasado, sumaron 353 solicitudes de refugio; mientras que a lo largo del 2017, apenas acumularon la quinta parte de esa cifra, sesenta y dos. Rezagos pendientes, por “sismos” De los migrantes centroamericanos, los hondureños son los que sobresalen en primer lugar, con un fenómeno migratorio que primero fue marcado por un “sueño americano”, de querer llegar a Estados Unidos por mejorar sus niveles de ingreso, y luego por la necesidad de huir ante el crimen organizado que les cobra “derecho de piso” por vivir en un barrio. Según las cifras del Inami, en el 2017, solicitaron refugio 4.274 centroamericanos, pero en el 2018, otros 6.253 realizaron el trámite, hasta agosto. Sin embargo, los propios boletines estadísticos de la Comar advierten que la cifra de constancias de refugiado emitidas es cada vez menor. En el 2015 fue 27,8 por ciento, pero en el 2018, 5,8 en relación al cúmulo de solicitudes. En el 2015, la Comar recibió 3.424 solicitudes, de las cuales resolvió en sentido negativo 1.282. Otras 663 solicitudes se dejaron sin resolver ya que los solicitantes abandonaron el país antes, y otras 361 se desistieron. Otras 166 se retrasaron para otorgar la protección complementaria y 952 fueron en sentido positivo de refugio. Pero ya 2016, empiezan a acumularse los pendientes de migrantes, con los primeros cuatro casos de quienes recurrieron a un recurso de revisión. Y en 2018, en su boletín estadístico con registros hasta el mes de agosto, la Comar reportó que de 14.544 solicitudes registradas en ese año, 12.442 estaban pendientes del resolutivo, en tanto que solo a 796 se les otorgó refugio, a 495 la protección complementaria, a 286 les emitió una respuesta negativa, a 485 se les clasificó como “abandono” y a 28, “desistido”. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, justificó que el cúmulo de peticiones y la tardanza obedece a que las oficinas de la Comar, en Ciudad de México, resultaron dañadas por los sismos y además, porque los migrantes deben documentar su vulnerabilidad. “La verdad es que, en el caso del número de solicitudes de refugio, ahorita tenemos acumuladas desde el gobierno anterior más de 28.000. Hay que recordar que después de los sismos que se registraron aquí en la ciudad, las instalaciones de la Comar se vieron afectadas, y se suspendió durante varios meses. “Y la solicitud de refugio lleva un procedimiento donde tiene que acreditarse la vulnerabilidad a la que está sujeta el solicitante, por supuesto, vinculado ya sea con la violación a sus garantías y derechos políticos, o la gente que ha sido desplazada por hechos de violencia”, expuso Encinas el 21 de diciembre, durante una conferencia de prensa que encabezó AMLO en el Palacio Nacional. Migrantes esperan el tren conocido como “La Bestia” para avanzar desde la frontera sur de México hasta la norte, con la intención de penetrar a Estados Unidos. Crédito: Jaime Ávalos/En el Camino Para el subsecretario, “Eso tiene que acreditarse y eso se hace en acompañamiento con ACNUR (La Agencia de la ONU para los Refugiados)”. Pese a sus justificaciones, Encinas prevé que para 2019, las solicitudes de refugio y cualquier otro estatus migratorio, “por distintas connotaciones”, estará entre 48.000 y 80.000. “Estoy decepcionado de México” Martín Alonso Duarte narró lo que reportó a la Comar. Contó que huyó de Nicaragua, porque se le giró orden de aprehensión por participar en los bloqueos a carreteras por protesta, mas no se le ha otorgado su estatus de refugiado, por lo que decidió reclamar la revisión de su solicitud. “A mí me imputaron el delito de terrorismo (en Nicaragua) por estar participando en los tranques a carreteras. Cómo no voy a huir si allanaron mi casa, golpearon a mi madre, a mis hermanas, una de ellas tiene cáncer, no respetan nada; decían que nosotros teníamos armas”, explica. “Yo era el líder, el que movía a la organización en mi pueblo, Tecolostote, por lo que primero hui a la montaña por más de 10 días, donde me buscaron con militares y con drones, por lo que fui a la capital, donde no se imaginaban que me iba a meter. Estuve ahí en las manifestaciones, en protesta por las agresiones a los obispos. “Ahora estoy aquí, pero imagínate que al líder de nuestro Movimiento Campesino, Pedro Medro, le acaban de clavar una sentencia de 73 años de cárcel. Esta pena por encabezar protestas pacíficas en las calles”, relata. De la represión y persecución política en Nicaragua, el secretario técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, tiene conocimiento. De hecho, el informe Graves violaciones a derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, explica que el recrudecimiento y la prolongación de la violencia ha traído consigo que un número considerable de personas y familias nicaragüenses estén migrando a otros países. Martín Alonso relata que al cruzar al territorio mexicano creía que se sentiría como en una segunda patria, donde se le echaría la mano, pero siguió recibiendo maltrato, ahora de las autoridades migratorias y de los habitantes de Tenosique, por lo que se encuentra decepcionado y atravesando una “situación muy dura” por los más cuatro meses de trámites. “En Nicaragua por sus costumbres, hay un segundo México, y tanto cariño sentía cuando vine aquí, pero estoy decepcionado; encontré bastante apatía y discriminación, porque cuando buscábamos una casa donde vivir, nos costó mucho trabajo que confiaran en nosotros para que nos alquilaran”, dice. La figura del presidente estadunidense, Donald Trump, está presente en los murales del refugio La 72, en Tenosique, en la frontera sur de México, que acoge a migrantes centroamericanos. Crédito: Jaime Ávalos/En el Camino “Cuando recién llegué, me aventaron las puertas en la Comar en la cara, con la atención de un tipo que es de carácter muy pesado, que no me dejaban ni hacer preguntas, gritándome en la cara; es una situación en la que te sientes humillado”, comenta. Crisis migratoria y recorte al presupuesto El maltrato es a pesar de que ACNUR, en el documento Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, publicado en el 2017, estableció entre sus acciones inmediatas establecer una comunicación permanente con la Comar y el gubernamental Instituto Nacional de Migración (Inami) en estaciones migratorias para facilitar el proceso de identificación de migrantes. ACNUR también encomendó desde entonces buscar alternativas al alojamiento administrativo, primordialmente a niños y adolescentes no acompañados (NNA), familias y demás personas en situación de vulnerabilidad. Todo ello con el propósito de que México cumpla con el principio de no devolución, al que tienen derecho los migrantes si ingresan al país en búsqueda de ser refugiados. Según la actual secretaria (ministra) de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con la llegada de López Obrador a la Presidencia, la política migratoria “está cambiando radicalmente, porque el programa en la materia está apegado a la Convención de Marrakech”, dijo. La titular se refería al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada, emanado de la Conferencia Marrakech, el 6 de diciembre. “La entrada a nuestro país va a ser ordenada, segura y regulada; es decir, no más violaciones, ni vejaciones, ni humillaciones a los migrantes, ni tampoco tienen por qué pasar en forma ilegal, sino ordenada y pacífica, y regulada, con respeto irrestricto a sus derechos humanos”, aseguró el 21 de diciembre. Sánchez Cordero dijo que la reestructuración del Inami “será desde sus entrañas” para que cambie su visión y no se criminalice al migrante, al haber un respeto irrestricto a sus derechos humanos. Prometió que cambiar reglamentos y procedimientos de presentación, aseguramiento, alojamiento y retorno de extranjeros en condición irregular, con criterios estrictos de debido proceso, y al mismo no sólo agilizar los trámites para los solicitantes de refugio, sino que también la regularización, a través de las visas de turismo, Tarjetas de Trabajador Fronterizo y Tarjetas de Visitante Regional. En el mismo evento, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio, anunció la creación de una comisión para la protección de los menores migrantes, la cual estaría coordinada por el Inami. Sin embargo, ni Sánchez Cordero ni Guillén López hablaron del presupuesto que, para entonces, ya estaba previsto con una reducción, tanto en el Inami, como en la Comar. El Inami, según el Proyecto del Presupuesto de Egresos del 2019, disminuiría de 1.731 a 1.330 millones de pesos (cada peso equivale a 0,05 dólares), es decir, un 30 por ciento; en tanto la Comar tendrá recortada su partida en 20 por ciento, al asignársele 20 millones 843.000 pesos. Para el activista Rubén Figueroa, el trato a Martín Alonso Duarte es el de la generalidad de los centroamericanos que solicitan refugio o visa humanitaria, y hasta hoy, las nuevas directrices de trato humanitario a los migrantes, emitidas por la secretaria de Gobernación no son acatadas in situ. El albergue La 72, fundado por el fraile Tomás González en la localidad fronteriza mexicana de Tenosique, mantiene albergados a un promedio de 200 centroamericanos, en tanto esperan que las autoridades mexicanas les otorgue el estatus de refugiado o les entreguen visa humanitaria para seguir su ruta a Estados Unidos. Crédito: Jaime Ávalos/En el Camino “Las prácticas en Comar han sido de una lentitud para otorgar el asilo a las personas solicitantes, pero sobre todo ha venido desarrollando una política de Estado, como herencia del gobierno de Peña Nieto, de negar la calidad de refugiado a la gran cantidad de personas que le solicitan”, explica Rubén Figueroa. Entrevistado el 21 de diciembre, Pierre-Marc René, oficial de Información Pública de la ACNUR en México, manifestó su preocupación, porque prevé que este 2019 se duplicará el número migrantes que buscarán refugiarse en México. “La estadística que tenemos a la fecha es de 28.000 solicitantes (de refugio) y según los datos de la Comar, estamos previendo que para el 2019, sea el doble, o sea 47.000 personas solicitantes”, dijo. “Lo que nosotros hemos solicitado es que se incremente el presupuesto para la Comar, que se mejore la capacidad y capacitación del personal para recibir a esas personas y fortalecer su sistema de asilo”, explicó. René indica que 45 por ciento de los solicitantes de refugio son de Honduras, 24 por ciento de Venezuela, 21 de El Salvador, cinco de Guatemala, y dos por ciento de Nicaragua. “La mayoría está emigrando por el clima de violencia y persecución que viven en sus países y los tenemos que apoyar”, recalcó. Señaló que la urgencia no es solo que el nuevo gobierno de México ofrezca protección y ayuda humanitaria a las dos caravanas de hondureños que desde noviembre se encuentran en la frontera con Estados Unidos, sino que atienda las solicitudes refugio que tiene y para ello, remarcó, se requiere de un mayor presupuesto. “Ya hay nuevo gobierno, desde el 1 de diciembre, y lo que nosotros estamos pidiendo es asegurar la protección al número creciente de solicitantes de refugio, desde Tapachula hasta Tijuana y uno de los retos importantes de la Comar en materia de protección a personas, es atender las solicitudes que están todavía pendientes de resolución, por lo cual estamos pidiendo un aumento de su presupuesto”, planteó. Cuando René manifestó su preocupación por el presupuesto de la Comar, el propio coordinador de ese organismo, Andrés Ramírez Silva, había recién confesado que estaba “sorprendido”, ya no porque no se le asignó un mayor monto que esperaba ante la crisis de refugiados, sino porque se le recortó un 20 por ciento en relación a lo ejercido en el 2017. “Lógicamente, el presupuesto (de la Comar) tendría que incrementarse, si es que queremos responder de manera correcta y adecuada al gran reto que tenemos de las llegadas de personas en necesidad de protección internacional”, según publicó el portal Animal Político, el 19 de diciembre, al cuestionarlo sobre la partida prevista por el Proyecto de Egresos del 2019. Ramírez Silva argumentó que el aumento presupuestal es necesario no sólo para atender las nuevas solicitudes de asilo, sino las que están acumuladas del 2017 y que han “colapsado” económicamente a la Comar. Lo reclamado por ACNUR no obedece a una coyuntura nueva, sino a la situación de una creciente cantidad de migrantes centroamericanos desde hace más de una década, por lo que en el 2011, fue reformada la Constitución para garantizar el derecho a extranjeros a solicitar refugio por cuestiones humanitarias o políticas. Sin embargo, en noviembre del 2015, una decena de organizaciones de la sociedad civil, a través del informe “Un camino incierto. Justicia para delitos y violaciones de derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México”, pidieron al Gobierno de México instaurar una política de asilo y protección digna, ante el aumento de la violencia que obliga que hondureños y salvadoreños huyan de sus países. Desde entonces, lesas organizaciones  –respaldadas por la ACNUR- consideraron que el personal de la Comar no es suficiente ni sensible para escuchar sus testimonios, lo que los desalienta en su petición. Caravas bumerán Con las dos caravanas de hondureños que, desde finales de octubre ingresaron a México para dirigirse a Estados Unidos, México previó ayuda humanitaria en tanto los migrantes fueran atendidos en aquel país con los trámites de asilo. Pero a final de cuentas se le desató un efecto bumerán, al anticipar el presidente estadounidense Donald Trump que los retornaría en tanto son emitidas las resoluciones. Así, la crisis de México por falta de atención y control de migrantes se extendió de la frontera sur a la norte, con los migrantes a los que se les ofreció “visa humanitaria”, con el fin de no deportarlos. El 24 de diciembre, Marcelo Ebrard, secretario (ministro) de Relaciones Exteriores, insistió en que al aceptar México el retorno de los migrantes, no se trata asumir el estatus de tercer país seguro, porque de antemano no hay tratado alguno con Estados Unidos, al respecto. “En el caso de un tercer país seguro, todo el trámite de asilo se hace en otro país, es decir, el tercer país seguro significaría que firmamos un tratado y que todo el procedimiento de asilo se haría en México. Entonces, ni hemos firmado un tratado, ni lo vamos a hacer, ni se va a hacer todo el procedimiento de asilo en México”, expuso. Para Rubén Figueroa, de Movimiento Migrante Mesoamericano, todo cambio radical en la política migratoria de Estados Unidos trae consigo consecuencias muy graves para los centroamericanos que intentan refugiarse en aquel país, y que al cerrárseles las puertas, lo intentarán ahora México. “La situación ahora de la decisión del gobierno de los Estados Unidos, de retornar a las personas solicitantes de asilo a suelo mexicano, va a alargar la agonía de solicitantes de refugio, porque incluso México no tiene  la forma de garantizar la seguridad y demás derechos humanos de estas personas”, considera. “Son miles de personas las que solicitan refugio de lado de Estados Unidos y éstas se le sumarían a México, pues México ha aceptado acoger a estas personas, en una situación de sumisión a Estados Unidos, porque no hay un marco legal que indique que estas personas pueden ser enviadas a México para que esperen su resolución a la petición de asilo. Lo hace México bajo una sumisión y como una supuesta acción humanitaria”, recalca. “Hay una fuerte problemática todavía con la caravana estancada en Tijuana, pero esto se va a agravar en el 2019. México en el tema migratorio va a colapsar aún más, porque tanto Centroamérica no responde (económicamente) y Estados Unidos avienta toda la responsabilidad a México, que sin tener capacidad la asume, bajo una sumisión, y quienes están aguantando toda esta situación para que no colapse del todo, son los albergues de ACNUR y otras organizaciones defensoras de derechos humanos”, añade Figueroa. “La Cuarta Transformación no ha llegado para los migrantes centroamericanos que buscan refugio o que transitan por México hacia los Estados Unidos, pues para esto tiene que haber un cambio en el comportamiento de los agentes del INMI, con una actitud no sólo de respeto de derechos humanos y eso significa eliminar el perfil actual que tienen los agentes de migración, que sería como la eliminación reciente que hubo de los granaderos en la CDMX (Ciudad de México)”, aseguró. Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales. RV: EG El artículo Colapsa México ante solicitudes de asilo fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Agricultores de la RDC se perfeccionan en “escuelas sin muros”

seg, 07/01/2019 - 13:10

En la fotografía, pequeños agricultores en Mamani, a seis kilómetros de Kikwit, capital de la provincia de Kwilu, en República Democrática del Congo. Muchos de ellos aprenden técnicas agrícolas de forma práctica. Crédito: Badylon Kawanda Bakiman/IPS.Por Badylon Kawanda BakimanKIKWIT, R.D.Congo, Jan 7 2019 (IPS) Hace casi cuatro años, los integrantes del Marco de Agricultores de Idiofa, una organización campesina de República Democrática del Congo (RDC), producían apenas ocho toneladas de boniato en dos hectáreas de campo. La principal causa del bajo rendimiento no era el clima, sino la falta de capacitación. “Gracias al conocimiento de técnicas agrícolas aprendidas en la Escuela de Campo para Agricultores, FFI produjo 30 toneladas de boniato en 2017 en una superficie de dos hectáreas”, relató Albert Kukotisa, presidente de la organización con sede en Kikwit, en la suroccidental provincia de Kwilu. El grupo de FFI es solo un ejemplo de todos los agricultores que en distintas partes de la RDC aprenden nuevas técnicas agrícolas gracias a las Escuelas de Campo para Agricultores, una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Las escuelas de campo no son un nuevo concepto. Surgieron en 1989 en Indonesia, donde se lanzó el proyecto para que los agricultores pudieran hacer frente a los problemas derivados del uso de pesticidas. Tampoco son nuevas en la RDC, pero están resultando muy efectivas para capacitar y asistir a los agricultores. El experto de la FAO, Lazard Milambo, explicó que el nuevo elemento es que las escuelas de campo introducen a los agricultores a “nuevas ideas con ejercicios guiados, sin imposiciones y estimulando el debate entre ellos”. También es nueva la participación de los agricultores en el proceso de capacitación, acotó. Pero con las escuelas de campo, los agricultores no solo aprenden nuevas técnicas e investigan, sino que pueden implementar lo que aprenden. Todas las semanas, un grupo de unos 20 a 25 agricultores se reúnen en uno de los campos y con la guía de un facilitador capacitados, implementan las nuevas técnicas agrícolas adquiridas. Los facilitadores tienen distinta formación, pueden ser funcionarios de extensión, empleados de organizaciones no gubernamentales o agricultores ya capacitados. “En grupos de cinco, observan y comparan dos terrenos durante una temporada entera de recolección”, explicó el agrónomo Patience Kutanga, uno de los facilitadores capacitados. “Un terreno sigue los métodos de cultivos convencionales, mientras el otro, propiedad de uno de los integrantes, se usa para experimentar con las nuevas prácticas”, añadió. Por su parte, Didier Kulenfuka, explicó que “los pequeños agricultores experimentan y observan elementos clave de los ecosistemas agrícolas al medir el desarrollo de la planta, tomar muestras de insectos, de hierbas y de plantas enfermas, y construyen sencillos experimentos o comparan características de diferentes suelos”. “Al final de la reunión semanal, presentan sus conclusiones en un plenario, seguido de un debate y de una planificación para las próximas semanas”, añadió. Según un informe del Banco Mundial: “Agricultores de la RDC son particularmente pobres y están aislados, por lo tanto son vulnerables a los impactos climáticos y a otros golpes externos”. En un país de 80 millones de hectáreas de tierras cultivables, “hay más de 50 millones de agricultores con tierras, aunque la mayoría son pequeños productores”, precisó Milambo, de la FAO. Según el estudio del Banco Mundial, el gobierno se comprometió a realizar una revolución verde, así como a reducir la pobreza rural para 2020 mediante sistemas de producción agrícola. Las autoridades destinaron ocho por ciento del presupuesto de 2016 al sector agrícola. Pero Kikwit, la capital y ciudad más grande de Kwilu, donde viven 186.000 personas, tiene una sola universidad con una facultad de agronomía. Los agricultores y pequeños productores dependen del asesoramiento y del conocimiento de los funcionarios de extensión. Y ahora, como señaló Milambo, unos dos millones de pequeños agricultores trabajan en todo el país con unas 20.000 escuelas de campo. François Kangala, de 47 años, de Congo Central, explicó que aprendió mucho en el curso, incluso a saber identificar el mejor campo para plantar y cómo elegir las mejores semillas. Su mayor capacitación se tradujo en una mejor producción. “Mi familia cosechó 20 toneladas de mandioca, una variedad para un campo de una hectárea. En 2014, no ocurrió eso. El mismo terreno produjo solo siete toneladas. La observación de los resultados según viejas y nuevas prácticas forma parte de las innovaciones de este enfoque”, acotó. Para el pequeño productor John Masamba, de Goma, en la oriental provincia de Kivu del Norte, es necesario popularizar el sistema en la RDC “porque es una escuela sin muros”. Le gustó aprender de forma práctica, añadió. “Juntos, los agricultores intercambian experiencias. Con el conocimiento adquirido en las escuelas de campo y usando semillas resistentes, produje 19 toneladas de maíz (en 2018) en una hectárea, muy por encima de las siete toneladas de 2016”, relató. Hacia el futuro, una mayor producción de los pequeños agricultores será crucial para la seguridad alimentaria del país. La pequeña producción es responsable de alrededor de 60 por ciento de la seguridad alimentaria del país, según Milambo. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Cuba en la encrucijada económica, otra vez

sex, 04/01/2019 - 13:39

Algunos consumidores adquieren alimentos en un mercado que gestionan trabajadores por cuenta propia, en el municipio de La Lisa, uno de los que integran La Habana. En torno a 80 por ciento de los alimentos que se consumen en Cuba son importados, una carga para su alicaída economía. Crédito: Jorge Luis Baños/IPSPor Patricia GroggLA HABANA, Jan 4 2019 (IPS) Cuba inició 2019 entre sentimientos encontrados de su población, en los cuales se entrecruzan desde la esperanza hasta la preocupación, desaliento y un moderado optimismo ante la marcha de una economía que no acaba de traer mejoría a sus vidas. “Estamos cansados. Pasa el tiempo y la prosperidad no llega”, se quejó una profesora universitaria de 65 años que prefirió no identificarse, ante la pregunta de IPS sobre esa mezcla, quizás incompleta, de expresiones que se constata en conversaciones en las calles y en las cada vez más activas redes sociales. “Pero yo creo que (el presidente Miguel) Díaz-Canel está haciendo bien su trabajo. Se ve que conoce los problemas, ha puesto a los ministros y otros dirigentes a rendir cuentas sobre su labor en la televisión y está propiciando el debate y diálogo permanente con la población. La gente aprecia esa forma de gobernar”, agregó la académica. El nuevo año no es uno más, sino el del 60 aniversario de la Revolución cubana de 1959, cuya celebración este primero de enero tuvo por escenario el cementerio Santa Ifigenia, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, donde permanecen las cenizas del histórico líder cubano Fidel Castro (1926-2016). Desde allí, el expresidente Raúl Castro (2008 -2018), quien se mantiene como primer secretario del gobernante Partido Comunista de Cuba, único legal en el país, admitió que un reto a enfrentar en 2019 “es la situación de la economía”. Una afirmación en que coincidió con su sucesor, el presidente Díaz-Canel, para quien “el pueblo espera una respuesta económica que impacte en su día a día”. Castro aprovechó la ocasión para respaldar la gestión de su sucesor en el gobierno, al que le esperan entre otras tareas priorizadas el referendo para la aprobación o no, en febrero próximo, de la nueva Constitución y la continuación del proceso de reformas aprobado en 2011, pero aún incompleto. “Sin el ánimo de hacer una valoración apresurada, puedo afirmar que el proceso de transferencia a las nuevas generaciones de las principales responsabilidades marcha bien, digo más, muy bien, sin tropiezos ni sobresaltos, y estamos seguros de que así continuaremos”, subrayó el exmandatario. Una de las mayores tensiones económicas se concentra en las finanzas externas debido al incumplimiento de los ingresos planificados por exportaciones, el turismo y la producción azucarera, cuya zafra apenas alcanzó el millón de toneladas el año que termina y obligó inclusive a la exportación de dulce para el consumo interno. Una pancarta, con la imagen del líder Fidel Castro y la frase “La constitución de un país es la voz del pueblo”, destaca en la entrada de la sede de La Comisión Municipal Electoral de Palma Soriano, en la oriental provincia de Santiago de Cuba. La población cubana debe refrendar una nueva Constitución en febrero. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS A ese panorama se sumó el impacto de una prolongada sequía, seguida por el huracán Irma que en 2017 causó daños evaluados en 13.000 millones de dólares, lo cual condicionó la economía también en 2018 afectaciones en los arribos de materias primas, equipos e insumos. En aras de recuperar la credibilidad crediticia, Castro logró reestructurar en 2015 la deuda con el Club de Paris, que aglutina a los gobiernos acreedores. Según medios especializados independientes, el acuerdo condonó a Cuba 8.500 millones de dólares de la deuda oficial de 11.100 millones que había dejado de pagar hasta 1986, más otros cargos. El resto de la deuda externa se reestructuró hasta 2033, lo que se tradujo en pagos de 40 millones de dólares en 2016 y 60 millones en 2017.  El gobierno no brinda mayores datos sobre este tema, debido al embargo estadounidense, que la actual administración de Donald Trump ha recrudecido. Pero las continuas referencias a tensiones financieras que agravan las dificultades económicas, durante el último período de sesiones de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), hacen temer que Cuba está en problemas para el pago de su tercera cuota de la deuda renegociada. El monto de las deudas a amortizar en 2019 será “ligeramente superior al monto de nuevos créditos que vamos a tomar, lo que significa que no vamos a incrementar el nivel de endeudamiento”, afirmó a ese respecto el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, al presentar ante la Asamblea las proyecciones del año que comienza. Si 2018 terminó con un modesto crecimiento de 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), se espera para 2019 un aumento de solo 1,5 por ciento, también insuficiente  para alcanzar los niveles de desarrollo necesarios “para satisfacer las siempre crecientes necesidades de la población”, según reconocen las autoridades. A la luz de las pantallas de sus celulares y los faros de un viejo vehículo, dos jóvenes cubanos acceden a Internet a través de una red inalámbrica en el barrio de La Víbora, en el municipio de Diez de Octubre, en La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS En los últimos meses se hicieron evidentes las deficiencias en el transporte colectivo, más visibles a partir de la aplicación en diciembre de controles a transportistas privados, escasez de pan por falta de harina de trigo y problemas técnicos en los molinos, así como sensible disminución de la oferta de huevos. El desabastecimiento incluso en el mercado en divisas era notorio y podría empeorar.  Tanto Díaz-Canel como Gil insistieron en que habrá que reducir las compras externas. Se estima que el país importa alrededor de 80 por ciento de los alimentos que consume. No obstante, se ha tenido cuidado en proteger la canasta familiar normada a precios subsidiados por el Estado, que incluyen productos cárnicos, leche, café, azúcar, pan, arroz, granos, huevos y combustibles domésticos, entre otros. Esa canasta no cubre los requerimientos  de todo el mes y las familias requieren completar las necesidades en mercados de libre oferta y demanda. La economía y sus complejidades no es el único problema a enfrentar por Cuba en los próximos meses. “La región se asemeja a una gran pradera en tiempos de sequía. Una chispa pudiera generar un incontrolable incendio que dañaría los intereses nacionales de todos”, alertó Castro al analizar los efectos de la política de Washington hacia Venezuela, Nicaragua y este país. Analistas desde Estados Unidos alertan que Trump podría endurecer aún más su política hacia Cuba y entre las opciones que baraja figura la de permitir la entrada en vigor del título tercero de la ley Helms-Burton de 1996, que endureció el embargo contra la nación caribeña. La activación de esa norma, congelada desde hace 22 años, permitiría a los ciudadanos estadounidenses de origen cubano demandar en tribunales de Estados Unidos a las compañías que se están beneficiando de propiedades en Cuba que eran de su propiedad antes de la Revolución. Al respecto, el economista cubano Luis René Fernández  comentó a IPS que “si eso sucede, será como un bumerán”. Recordó que desde la aprobación de esa ley, todos los presidentes han decidido cada seis meses no aplicar ese título por intereses de Estados Unidos “mucho mayores que cualquier propiedad que tenían cubanos al momento de irse de Cuba”. “En última instancia el asunto se decide en Cuba y económicamente, incluso, Estados Unidos ya no detenta la hegemonía de hace 10, 20, 30 y mucho menos 60 años.  El mundo ha cambiado y sigue cambiando”, remató el especialista en temas cubano-estadounidenses. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Una lección de tolerancia desde Malí

sex, 04/01/2019 - 13:14

Jan Landius entrevista a un morabito en un pueblo al norte de la ciudad de Markala, en Mali. Crédito: Mamadou Demblele.Por Jan LundiusESTOCOLMO/ROMA, Jan 4 2019 (IPS) Todos caemos en generalizaciones, como cuando se lee o se habla de musulmanes y cristianos, se puede fácilmente caer en prejuicios, en particular si no conocemos a ninguna persona que se ajuste a esas categorías. Hace unos años, cuando trabajaba para una organización no gubernamental en Malí, conocí a un morabito y a un cristiano que demostraron que devotos de distintas religiones pueden apoyarse mutuamente en sus creencias individuales. Los morabitos ofician de imanes, predican y se ocupan de las mezquitas, y suelen ser maestros. Con ayuda de mi amigo Seydou, quien me tradujo del mandé al inglés, pude conversar con aquel morabito respetado. Después de un rato, me di cuenta de que Seydou solo hacía resúmenes de lo que el anciano decía. Le pregunté si realmente traducía todo y confesó que pensaba que el morabito “decía muchas cosas sin sentido”. Y al preguntarle qué le parecía especialmente desconcertante, respondió que al inicio había dicho que la gente vivía en la luna. Como quería conocer su opinión sobre las visiones fundamentalistas del Corán, le pedí a Seydou que consultará al morabito, y mientras trataba de traducir lo que decía, palabra por palabra, este respondió: “Los jóvenes fanáticos interpretan el sagrado Corán como si vivieran en el lado oscuro de la luna. Al vivir en el frío y oscuro lado de la luna, no pueden concebir la luz del sol ni sentir su calor. No basta con leer las palabras de Dios”, explicó. “En mi vida, Dios es mi sol y mi alegría. Las palabras no alcanzan para comprender el mundo. El tiempo es un maestro estricto. Me enseñó a discernir qué está bien y qué está mal”, apuntó. “El sagrado Corán es realmente la palabra de Dios, y a través de su Mensajero, la paz sea con él, se transmite la palabra de Dios a la gente, en todas partes y en todos los tiempos. Al traernos la palabra de Dios, el Mensajero, la paz sea con él, quería que cambiáramos para mejor, no para peor”, prosiguió. “Dios dio a los seres humanos libre albedrío y quiere que elijamos qué está bien. Dios es justo. No quiere que elijamos lo que lastima a otros. Los fundamentalistas no creen en ningún libre albedrío. No saben qué es el amor. No quieren que la gente piense. Quieren que dejemos de elegir libremente. Por consiguiente, se colocan por encima de Dios. Solo Dios es omnisciente y todopoderoso”, subrayó. “Creo que Dios le habla a todo el mundo a través del sagrado Corán, pero a través de mis experiencias y de mis sueños, me habla a mí”, añadió. Después de nuestra reunión con el morabito, pedí a Seydou que se pusiera en contacto con un cristiano. Nos reunimos en la escuela del pueblo, en la que presidía la asociación escolar. Me habían dicho que era el único malí cristiano del distrito, y le pregunté por qué él, en un país de mayoría musulmana, se había hecho cristiano. Y explicó que su padre era musulmán, pero también era miembro de la sociedad Chiwara, una organización de iniciación tradicional que a través de enseñanzas y rituales tradicionales enseñaba a los jóvenes bamana valores sociales. Cuando estudiaba en Markala, leyó la Biblia por mera curiosidad. Al sentirse solo y desconcertado se distanció del estilo de vida de su pueblo agrícola. Pronto se identificó con Jesús, entendiendo que el hijo de Dios había pregonado que una persona debe ser un discípulo consciente, ser capaz de elegir en qué creer y no seguir ciegamente lo que otros dicen que hay que pensar o hacer. Entonces se convirtió al cristianismo, regreso a su pueblo y comenzó a trabajar como maestro. Pero los pobladores lo despreciaron y trataron de que no diera clases. Para un hombre que no era blanco ni rico ni poderoso ni irrespetuoso, hubiera sido imposible abandonar la fe de sus ancestros. El maestro debe ser un idiota, y encima, totalmente peligroso. Al consultarlo sobre cuánto tiempo había soportado ser el único cristiano del pueblo, el maestro respondió que había “seguido a Cristo” durante 20 años, considerando que era su deber transmitir a otros su fe, aun si los pobladores escupían a sus espaldas. Fue el morabito quien cambió la vida del cristiano. Una noche se juntaron, y aquel le confesó: “Me doy cuenta de que usted es hombre santo. Alguien tan solitario y fuerte como usted, debe tener una gran fe. Ha luchado por sus creencias, mientras yo nací en esta posición”, le dijo. “Si dudara de Dios, no tendría que preocuparse de perder el respeto de la gente, de todas formas no lo veneran. En cambio, si yo demostrara dudas y debilidad, podría perder todo lo que tengo”, explicó. “La gente no cree en usted, pero sí creen en mí. Cuando vivo momentos difíciles, no tengo a quién acudir. Pero confío en usted. Conoce a Dios, al igual que yo asumo que lo conozco. No sé si me necesita, pero yo lo necesito. Sé que si le traigo mis dudas y mis preocupaciones, usted me comprenderá. Asimismo, cuando se encuentre en problemas, puede acudir a mí”, añadió. Así, los dos hombres se hicieron amigos. En una de las plegarias de los viernes, tras su reunión, el morabito mandó llamar al cristiano, y frente a su congregación, declaró: “Este es mi amigo. Es un hombre sagrado. Si lo respetan, me respetan a mí”. Desde entonces, el cristiano quedó integrado a la sociedad. Entonces le pregunté si ahora todo el mundo lo respetaba. Sonrió y respondió: “Tal vez respetado, pero no totalmente aceptado”. Malí es un país efervescente, con una cultura variada y antigua, y cuya frágil democracia se ha visto amenazada por golpes de Estado y yihadistas insurgentes. En 2013, a pedido del gobierno maliense, Francia encabezó una intervención armada, reconquistando bastiones islamistas, y en 2015, se declaró un cese del fuego mediado por la Organización de las Naciones Unidas entre el gobierno y los separatistas tuaregs, aunque hay partes del país donde aún hay tensión y donde los yihadistas de Al Qaeda cometen atentados de forma esporádica. Jan Lundius tiene un doctorado en Historia de la Religión, de la sueca Universidad de Lund, y ha trabajado como experto en desarrollo, investigador y asesor de SIDA, Unesco, FAO y otras organizaciones internacionales. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Italia encabeza la agricultura verde en Europa

qui, 03/01/2019 - 13:12

La Cooperativa Nueva Agricultura fue fundada en 1977 por un grupo de agricultores y jóvenes desempleados con dos objetivos principales: crear empleo en la agricultura y evitar la construcción de una gran área de enorme valor ambiental. En 1990, comenzó la conversión a la agricultura orgánica, seguida en 1996 por la conversión del ganado. Y en 2010, se paso a la agricultura biodinámica. Crédito: Maged Srour/IPSPor Maged SrourROMA, Jan 3 2019 (IPS) La agricultura italiana es ejemplar por sus cultivos orgánicos y prácticas sostenibles y porque está al frente de la conservación de la diversidad biológica, aunque sigue preocupando la escasez de agua, el número de trabajadores sin documentos, el papel de las mujeres y el envejecimiento de la fuerza laboral en el campo. “La agricultura italiana es la más verde de Europa”, aseguró Lorenzo Bazzana, gerente económico de Coldiretti, la principal organización de agricultores en este país y en Europa. “Italia también está al frente por sus productos orgánicos, con 72.000 operadores orgánicos”, prosiguió Bazzana en diálogo con IPS. De hecho, 10,5 por ciento de las tierras cultivables están dedicadas a la agricultura orgánica, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). “Nuestro país está al frente de la conservación de la biodiversidad, al decidir no cultivar organismos genéticamente modificados, y 40.000 haciendas comprometidas a mantener y preservar semillas y plantas en riesgo de extinción”, apuntó. “Además, tiene primacía en términos de seguridad alimentaria, con el mayor número de productos agroalimentarios que cumplen (normativa de) residuos químicos irregulares”, del orden de 99,4 por ciento. Italia y el Índice de Sostenibilidad Alimentaria Varios estudios confirman los resultados positivos, como el Índice de Sostenibilidad Alimentaria (FSI), desarrollado por la Fundación-Centro Barilla para Nutrición y Alimentación (BCNF), un grupo de estudio multidisciplinario que trabaja por la sostenibilidad alimentaria. El FSI es un indicador que analiza 34 países, que representan 87 por ciento de la economía mundial (es decir el producto interno bruto) y las dos terceras partes de la población mundial. Además, se concentra en tres pilares principales, vinculados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). *agricultura sostenible; *pérdida y desperdicio de alimentos; *desafíos nutricionales. En lo que respecta a la agricultura sostenible, Italia es el que está mejor entre los 34 países listados. También está bien ubicado en función de otros indicadores como el “impacto ambiental del agua en la agricultura, la sostenibilidad del retiro del agua, la escasez y la gestión” del recurso, según el informe de la BCNF, que resume los datos enviados por el FSI en 2017. “Italia es pionero en nuevas técnicas para reducir la pérdida de agua en contextos domésticos y agrarios”, precisa. Pero la escasez de agua en el centro y el sur de Italia, por ejemplo en el verano boreal de 2017, reveló situaciones críticas en lo que respecta a la mala o inadecuada infraestructura hídrica. Este país europeo registró resultados positivos en muchos otros indicadores como cultivos orgánicos y por su fuerte legislación para proteger los derechos de los pequeños agricultores. Empleo ilegal en la agricultura La participación de las mujeres es de uno por ciento y la de los jóvenes de 3,1 por ciento, una proporción muy baja en comparación con economías similares como la de España, donde casi una tercera parte de los trabajadores del sector son mujeres y jóvenes, según el informe del BCFN. También es muy preocupante el empleo ilegal. Según el sindicato de agricultores, Flai-Cgil, un gran número de agricultores, unos 400.000, emplean trabajadores de forma ilegal. Los agricultores emplean trabajadores sin documentos en regla a través de un mercado negro, gestionado por organizaciones para delinquir, lo que ha llevado a tildar el fenómeno de agromafia o caporalato, un flagelo económico y social para el país. No hay rotación generacional en la agricultura “Trabajo desde 1981 y dediqué mi vida a esta cooperativa de productos orgánicos”, relató uno de los integrantes de la Cooperativa Nueva Agricultura , en diálogo con IPS. La organización tiene cientos de hectáreas a solo 10 kilómetros del centro de Roma, dedicada a productos orgánicos. “Nuestra cooperativa ya es una realidad, no necesita construirse desde abajo”, observó. “Lo que me preocupa, y nos preocupa a todos, es el reemplazo generacional. La mayoría de los que trabajamos aquí somos mayores, más de 50 o 60 años. No hay jóvenes, no quieren trabajar”, acotó. El temor de los agricultores, criadores y apicultores es que llegue el día en que esa área se muera porque nadie gestionará todas las actividades que la Cooperativa Agricoltura Nuova maneja en la actualidad. “Me atemoriza esa perspectiva”, comentó Davide Pastorelli, uno de los más jóvenes integrantes de la cooperativa, en diálogo con IPS. Pastorelli tiene 30 años y trabaja en la cooperativa desde hace 10, ocupándose de la producción de leche y queso. Cada poco tiempo, tiene que capacitar trabajadores porque se quedan se van. “Muchos jóvenes simplemente no están dispuestos a trabajar duro en la tierra, esa es la realidad”, explicó. “Si no hubiera tantos migrantes y muchos discapacitados, que se quedan por un período relativamente largo de tiempo, no sé cómo podríamos avanzar”, añadió. La suya es una “cooperativa integrada”, es decir que promueve una política de integración, lo que explica la presencia de inmigrantes y de personas con dificultades intelectuales. “La ley nos exige que tengamos por lo menos 30 por ciento de personas discapacitadas, pero hay muchas más”, precisó Letizia, otra integrante de la cooperativa. “Todavía le queda mucho por delante a Italia” Los datos del FSI indican que Italia va por buen camino, pero al mismo tiempo, no debe subestimar los desafíos que tiene por delante, ya sea a corto como a largo plazo. Por ejemplo, la puntuación de este país en el pilar nutricional fue solo moderado, aunque obtuvo buena nota en las categorías “calidad de vida” y “esperanza de vida”, y mala nota en los patrones de dieta. En particular, los indicadores de “actividad física”, “número de personas por restaurante de comida rápida” o “respuesta política a patrones de dieta” no registraron buenos resultados, en comparación con otros países, lo que deja al pilar nutricional como el que más atención necesita en Italia. Tampoco debe subestimarse el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos y crear conciencia sobre la dieta. Italia, gracias a una profunda atención a la calidad de los alimentos y a una tradición relacionada con la “dieta Mediterránea”, identificada por nutricionistas como la más equilibrada del mundo, está entre las mejores por su relación con la longevidad, ya que obtuvo 89,1 de 100 puntos otorgados por el FSI. “Pero es verdad que, en especial en las nuevas generaciones, existe el riesgo de que los buenos hábitos alimentarios vinculados a la dieta Mediterránea se pierdan por otros modelos menos equilibrados, tomados de malos hábitos y de comportamientos importados”, alertó Bazzana. “En las 130 investigaciones vinculadas al ‘Manifiesto de Alimentación y Salud’, un documento editado por por la organización Navdanya Internacional, que busca ser una herramienta útil para todos los que quieren comenzar una transición hacia un paradigma más sostenible, muchas de las cuestiones planteadas, conciernen a Italia”, indicó el especialista Lucio Cavazzoni. “El hecho de que en la actualidad se compren alimentos enlatados e inundados de una comercialización artera en los supermercados, separa el conocimiento sobre los alimentos de su función nutricional, la que a menudo es muy pobre”, explicó. “Tenemos que recuperar esos pasos”, acotó Cavazzoni. El punto fundamental de la discusión es que el consumo de los productos biológicos debe volverse algo “popular”, es decir “de la gente”, precisó. “No quiere decir masificado y trivializado”, puntualizó. “Y tenemos que revivir los mercados agrícolas porque la producción industrial y los supermercados no solo perjudican a los pequeños productores, sino que comprometen la calidad misma de nuestra comida”, alertó Cavazzoni. “Conectar a los consumidores con los productores, sin abandonar la cuestión de la calidad y con ella el precio máximo de los alimentos, es un aspecto fundamental en el que tenemos que trabajar”, añadió. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Los indígenas argentinos luchan por el derecho sobre sus tierras

qui, 03/01/2019 - 13:09

Un grupo de niños wichí juega en el barro en la comunidad indígena de El Quebracho, en el norte de Argentina. La legislación reconoce el derecho al apoyo bilingüe en la educación de la niñez originaria, pero en la práctica esa norma no se cumple y a los niños se les discrimina cuando hablan su lengua originaria. Crédito: Daniel Gutman/IPSPor Daniel GutmanTARTAGAL, Argentina, Jan 3 2019 (IPS) Nancy López vive en una casa de barro, madera y latón, dentro de un terreno privado dedicado a la agricultura. Forma parte de una comunidad indígena del norte argentino de 12 familias que, como casi todas, no tiene título del suelo que ocupa y vive bajo la amenaza constante del desalojo. Viuda y con nueve hijos, la mujer escuchó relatos de tiempos mejores. “Mi papá me contaba que antes podían ir, volver y quedarse donde quisieran. No se hablaba de tierras privadas, no había soja, no había alambrados. Se sentían libres. Hoy nos dicen usurpadores”, contó a IPS. López pertenece a los wichí, uno de los pueblos indígenas más numerosos de los 31 registrados en Argentina. Según datos oficiales, los habitantes originarios representan 2,38 por ciento de la población total de este país sudamericano de 44 millones de personas, aunque especialistas y dirigentes indígenas consideran que el porcentaje real es muy superior."Los indígenas que viven en la periferia de las ciudades son refugiados, que han sido desplazados de su lugar en el bosque, desde hace 100 años por campesinos no indígenas que llegaron con sus vacas y, en las últimas décadas, por los intereses productivistas del agro”: John Palmer. Actualmente, los indígenas argentinos luchan por conservar su forma de vida en un contexto crítico que se debe, fundamentalmente, a los conflictos territoriales. El 92 por ciento de las comunidades no tiene título de propiedad de la tierra que habita, según un relevamiento publicado en 2017 por la Auditoría General de la Nación, organismo de control que depende del Poder Legislativo. La dimensión del conflicto es enorme. Aproximadamente la mitad de las 1.600 comunidades originarias que existen en el país han realizado o están realizando el proceso de relevamiento de sus tierras que el Estado empezó hace más de 10 años y reclaman ocho millones y medio de hectáreas, más que la superficie de Panamá. El telón de fondo es el patrón de discriminación que en Argentina persiste a pesar de los avances normativos, como lo percibió en 2011, durante una visita al país, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, James Anaya. “Existen todavía legados de la época de colonización y la historia de exclusión sigue siendo muy visible”, escribió el relator en su informe. Nancy López, quien ejerce un papel de liderazgo en su comunidad, dice que los niños ya no quieren hablar la lengua wichí, porque si lo hacen los discriminan en las escuelas, en las que debe existir un auxiliar bilingüe, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006. “Al auxiliar bilingüe lo ponen a sacar fotocopias o a hacer mandados. Apenas les traduce a los chicos cuáles son las tareas. Hay mucho racismo”, contó López, mientras los niños de la comunidad jugaban con barro bajo la lluvia. Nancy López en la antesala de su casa construida con barro, madera y latón, en la comunidad wichí de El Quebracho, en la provincia de Salta, en el norteño Chaco argentino. La comunidad indígena vive en un terreno agrícola de propiedad privada, del que ya fue desalojada por la policía, pero retomó nuevamente. Crédito: Daniel Gutman/IPS Su comunidad, El Quebracho, es una de las decenas que se ubican cerca de Tartagal, una ciudad de 80.000 habitantes en la provincia de Salta, sobre la ruta 86, que en realidad es un precario camino de tierra y barro que conduce a la frontera paraguaya. López explica que su comunidad se instaló hace unos seis años en el campo donde hoy vive, sin permiso del dueño, “porque esto antiguamente era monte”, que es como en Argentina se llama a las áreas rurales naturales, que no han sido afectadas por actividades productivas. Del monte, justamente, es de donde han nutrido históricamente sus necesidades de alimento, medicina o madera para construir sus casas los wichí y otros pueblos indígenas de la zona, que son cazadores-recolectores. Pero cada vez hay menos monte. Junto con la vecina Santiago del Estero, Salta es la provincia argentina que más deforestación sufrió en los últimos años, por la expansión de la frontera agropecuaria, empujada principalmente por la soja transgénica, que hoy ocupa más de la mitad de la superficie sembrada en el país. “A las comunidades indígenas nos fueron corriendo (echando) de Tartagal a medida que la ciudad se fue agrandando y entonces vamos donde podemos”, explica López, quien recuerda que hace un par de años fueron desalojados en un operativo en el que participaron unos 200 policías. “Nos quedamos viviendo al costado de la ruta unos dos meses, hasta que los policías se fueron y volvimos a entrar. No tenemos otro lugar adónde ir. Antes todo era monte. Hoy estamos acorralados por la soja”, narró. Desde su organización como nación, en 1853,  Argentina se fijó como uno de sus objetivos primordiales excluir o asimilar a los indígenas. De hecho, su Constitución, promulgada aquel año, exhortaba a “conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”, mientras, en cambio, imponía al gobierno, en el artículo 25 aún vigente, la obligación de fomentar la inmigración europea. Carteles en el ingreso a una comunidad indígena de la provincia de Salta resaltan que el Estado ya efectuó el relevamiento de esas tierras y las reconoció como ancestralmente ocupadas por pobladores originarios. Pero no se ha avanzado en la titulación de la propiedad comunitaria en esta zona del norte de Argentina. Crédito: Daniel Gutman/IPS La directiva sobre la población originaria estuvo activa hasta hace apenas 25 años. Solo en 1994, durante la última reforma constitucional, se la reemplazó por un artículo que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Sin embargo, según el relator Anaya, el cambio constitucional no modificó una realidad marcada por “la desposesión histórica de grandes extensiones de tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas”. En 2006, el legislativo Congreso Nacional se hizo eco de la situación y sancionó la Ley de Comunidades Indígenas, que declaró la emergencia territorial indígena, ordenó la realización de relevamientos de los suelos ocupados ancestralmente y suspendió los desalojos, aun con sentencia judicial, por un plazo de cuatro años. Desde entonces, sin embargo, el relevamiento ni siquiera empezó para la mitad de las comunidades, a pesar de que la ley ha sido prorrogada tres veces. Y aquellos que tienen relevamiento, en su gran mayoría tampoco tienen título de propiedad comunitaria. Hoy en día se denuncia, además, que se siguen realizando desalojos, aunque la ley vigente los prohíbe hasta 2021. Así, no extraña que sean territoriales la enorme mayoría de los conflictos que involucran a indígenas en Argentina, de acuerdo a Amnistía Internacional, que en 2017 difundió un estudio que detectó 225 situaciones no resueltas en todo el país. “Algunas provincias han otorgado títulos de propiedad, pero no existen en la Argentina mecanismos institucionales de acceso a la propiedad comunitaria indígena. Hace falta una ley nacional”, dijo a IPS la abogada Gabriela Kletzel, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Esa organización no gubernamental tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de un grupo de comunidades, cuya propiedad sobre 400.000 hectáreas fue reconocida por el gobierno de la provincia de Salta en 2014. “Sin embargo, esas comunidades aún no pueden disponer del territorio porque no tienen título de propiedad. Y todavía no consiguen que familias criollas saquen de su tierra el ganado vacuno, que destruye los recursos naturales que son fundamento de la vida indígena”, dijo Kletzel. John Palmer, un antropólogo inglés que llegó a Salta hace más de 30 años y se casó con una indígena wichí, explicó a IPS: “Los indígenas que viven en la periferia de las ciudades son refugiados, que han sido desplazados de su lugar en el bosque, desde hace 100 años por campesinos no indígenas que llegaron con sus vacas y, en las últimas décadas, por los intereses productivistas del agro”. “La destrucción del monte acabó con todos los recursos de su economía. Así, como muchos animales que ya no tiene qué comer, vinieron a las ciudades”, concluyó Palmer, quien vivió largos años en una comunidad rural wichí hasta que se trasladó a Tartagal con su esposa y los cinco hijos de ambos. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Una mujer brilla en investidura de gobierno antigénero en Brasil

qua, 02/01/2019 - 17:18

Michelle de Paula Firmo Reinaldo, esposa del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mientras se dirige en el lenguaje de signos a la audiencia, delante de su marido, durante uno de los actos de la investidura del militar retirado de extrema derecha como nuevo mandatario del mayor país de América Latina. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil-Fotos PúblicasPor Mario OsavaRÍO DE JANEIRO, Jan 2 2019 (IPS) “Combatir la ideología de género” y el socialismo fueron las reiteradas promesas  deJair Bolsonaro, al tomar posesión como nuevo presidente de Brasil, en un acto en la capital en que destacó su mujer, Michelle de Paula Firmo Reinaldo, quien se dirigió a la adiencia en el lenguaje para sordos. Un paquete de proyectos de asistencia social contará con el liderazgo de la nueva primera dama, de 38 años, que consideró las elecciones presidenciales de octubre un mensaje de que “el ciudadano brasileño quiere seguridad, paz y prosperidad en un país en que todos sean respetados”. Su mensaje en la Lengua Brasileña de Signos (Libras), traducido al portugués hablado por una intérprete, fue ovacionado por las 115.000 personas que concurrieron a la Plaza de los Tres Poderes en la tarde del 1 de enero, según estimación del Gabinete de Seguridad Institucional, un ministerio especial para asesorar y proteger el presidente. Elegante y austera, ella reveló carisma en la comunicación con el público. Su dedicación a la causa de los no oyentes, cuyo lenguaje aprendió por solidaridad, no por necesidad, se extiende a los demás  colectivos de personas con discapacidades. Sirve como intérprete de Libras en la iglesia evangélica Batista Actitud, de la que es asidua en Río de Janeiro. Reinaldo tendrá posiblemente notable influencia en el área social del gobierno presidido por Bolsonaro, de 63 años, de la que es su segunda esposa y cuya familia incluye a un senador, un diputado y un concejal de esta ciudad carioca entre sus cinco hijos y constituye un importante apoyo político. Puede ganar importancia su actuación al lado de un gobierno que cuenta con solo dos mujeres entre los 22 ministros que asumieron sus funciones este miércoles 2 de enero en Brasilia, y cuyo marido calificó a la hija que ambos tuvieron en común como “un momento de debilidad”, por haber procreado una mujer tras cuatro varones en su anterior matrimonio. Además suaviza un poco el belicoso discurso del presidente, un capitán retirado del Ejército, que al ser investido reafirmó su disposición de eliminar “las ideologías que destruyen nuestros valores y tradiciones, destruyen nuestras familias, base de nuestra sociedad”. Género es un concepto con que los marxistas tratan de “desconstruir la familia tradicional”, según los bolsonaristas, que pretenden excluir el tema en la enseñanza. “Ideología de género” es la expresión elaborada por sectores conservadores, especialmente religiosos, y utilizada por la extrema derecha en alza en el mundo para combatir el feminismo y las luchas por legalización del aborto, diversidad sexual y los derechos reproductivos. Hoy “el pueblo empezó a libertarse del socialismo, de la inversión de valores, del gigantismo del Estado y de lo políticamente correcto”, afirmó Bolsonaro en su discurso a la multitud en la plaza, tras ser investido presidente en la cercana sede del bicameral Congreso legislativo. Diez jefes de gobierno o de Estado estuvieron presentes en Brasilia, una concurrencia dificultada por la singularidad brasileña de realizar la toma de posesión presidencial el primer día del año. La presencia de los primeros ministros Benjamin Netanyahu, de Israel, y Victor Orban, de Hungria, y del presidente chileno, Sebastián Piñera, confirmaron el alineamiento derechista del nuevo presidente de Brasil en su política exterior. “Quitar el sesgo ideológico de nuestras relaciones internacionales”, sin embargo, fue el propósito anunciado por Bolsonaro, aun habiendo nombrado un ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, que alaba al presidente estadounidense, Donald Trump, como salvador del Occidente cristiano. Evo Morales y Tabaré Vazquez, presidentes de Bolivia y Uruguay, fueron las excepciones izquierdistas en Brasilia. Bolivia y Brasil “tienen raíces profundas de lazos de hermandad y complementariedad”, son “socios estratégicos”, justificó Morales su presencia en el acto, en un mensaje por Twitter. Trump estuvo representado por su secretario de Estado, Mike Pompeo, y el presidente argentino, Mauricio Macri, también derechista, prometió visitar a Brasil este mes de enero. Un vocabulario raro, con aparente desconocimiento de los conceptos, compone la oratoria de Bolsonaro y algunos de sus ministros, como el de Educación, el filósofo de origen colombiano Ricardo Vélez Rodríguez, y el canciller Araujo, que identifican al “marxismo cultural” y el comunismo como fuerzas dominantes en las universidades brasileñas y en las organizaciones internacionales multilaterales. Ideología aparece con frecuencia en sus declaraciones, pero como elemento exclusivo (y negativo) de las ideas de izquierda. Sus propuestas, netamente de derecha, significan oponerse a ese sesgo ideológico para ir al rescate de la verdad. “Nuestra bandera jamás será roja, solo será roja si se hace necesaria nuestra sangre para mantenerla verde y amarilla”, así concluyó el presidente su discurso al público en la toma de posesión. “Enfrentar los efectos de la crisis económica, el desempleo recordista, la ideologización de nuestros niños, la distorsión de los derechos humanos y la desconstrucción de la familia”, son las prioridades mencionadas por Bolsonaro. Juntó en esa frase las políticas anunciadas en su campaña electoral, de liberalismo ortodoxo en la economía, con privatizaciones, desregulación y desburocratización de la economía, más abertura comercial al exterior, la “escuela sin partido”, guerra a la criminalidad y defensa de la familia tradicional, heterosexual. La gestión económica se entregó a Paulo Guedes, un economista de la llamada escuela de Chicago, de total adhesión al libre mercado, elevado a superministro, al aglutinar bajo su jefatura los antiguos ministerio de Hacienda, de Planificación, Previsión Social e Industria y Comercio, además de otros órganos oficiales. Sus primeros desafíos son reformar el sistema de previsión social, para contener un brutal déficit en los gobiernos central y de los 27 estados brasileños, y reducir los gastos corrientes del aparato estatal, considerado despilfarrador e ineficiente. “El gobierno no gastará más de lo que recauda”, aseguró el nuevo presidente. Se necesitarán medidas impopulares, que afectarán beneficiarios presentes y futuros de la seguridad social, además de los 12 millones de funcionarios públicos existentes en Brasil, 60 por ciento más que en 1996, según el Atlas del Estado Brasileño, del gubernamental Instituto de Investigación Económica Aplicada. Será una prueba a la popularidad de Bolsonaro,  a quien se eligió con 55 por ciento de los votos válidos y cuenta con la confianza de dos tercios de los brasileños al comenzar su gobierno, según las últimas encuestas. La seguridad pública quedó a cargo de otro superministerio, el de Justicia, encabezado por Sergio Moro, el juez que comandó la operación Lava Jato (lavado de vehículos), que combatió la corrupción los últimos cuatro años. Él protagonizará la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, que Bolsonaro prometió intensificar a cualquier costo. En este campo “es urgente acabar la ideología que defiende bandidos y criminaliza policiales”, según el presidente, que como muchos brasileños cree que los derechos humanos representan en realidad una protección a los criminales. El “respaldo al trabajo de todas las fuerzas de seguridad”, prometida por el presidente, significa que la policía y los militares contarán con apoyo judicial y gubernamental cuando acusados de abusos en sus acciones. Es un estímulo a la represión en la frontera o más allá de la legalidad. “Escuela sin partido”, otra promesa del nuevo inquilino del Palacio de Planalto, es un movimiento de la extrema derecha contra un supuesto dominio de los marxistas de la enseñanza pública. Es incluso el foco de un proyecto de ley, que está en sus trámites finales en el parlamento y que muchos juristas consideran ilegal. La propuesta permitiría controlar profesores y denunciar los que usen términos como “género” y “orientación sexual” o utilicen su función para propaganda política y partidaria. Algunos de sus adeptos ya orientaron alumnos a filmar a sus maestros como base para denunciarlos. Edición: Estrella Gutiérrez El artículo Una mujer brilla en investidura de gobierno antigénero en Brasil fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Ghana podría reducir más el uso de plásticos con mayor inversión

sab, 22/12/2018 - 13:17

Ghana importa unas 2,58 millones de toneladas de plásticos al año, de los cuales alrededor de 73 por ciento terminan en los vertederos. Crédito: Albert Oppong-Ansah/IPS.Por Albert Oppong-AnsahACRA, Dec 22 2018 (IPS) La familia de la ghanesa Naa Adjeley vuelca al mar más de 900 bolsas plásticas al mes, lo que llena los océanos de más de cinco billones (millón de millones) de partículas de microplásticos. Adjeley, de 12 años, vive con sus padres y tres hermanos en Glefe, un área anegada y uno de los mayores asentamientos irregulares de la costa oeste de esta capital de Ghana. La familia se alimenta de bolas de “kenkey”, caballa frita con salsa de pimienta, que vienen en bolsas de plástico, y que luego vierten al río que corre por el tugurio y van a terminar al océano, apenas a 50 metros de su casa. La comunidad de más de 1.500 hogares se ubica en humedales sin ningún sistema para el vertido de desperdicios. Si asumimos que sus vecinos también vierten desperdicios al río y que consumen una cantidad similar de plástico al día, eso quiere decir que son responsables de verter 1,3 millones de partículas plásticas al mar cada mes. Lo mismo ocurre en los otros 265 asentamientos irregulares de Acra, Chorkor, James town, Osu, Labadi, Teshie, Korlegonor, Opetequaye, Agege y Old Fadama. El profesor Alfred Oteng-Yeboah, presidente del Comité Nacional sobre Biodiversidad de Ghana, recordó que hace 10 años, los alimentos venían en hojas verdes, y las mujeres iban al mercado con canastas tejidas o bolsas de algodón. “Si Acra tiene más de 2,6 millones de habitantes y todos usan bolsas de plástico desechables cada día, calcule nada más cuánta basura plástica se genera por día”, señaló en diálogo con IPS. Ghana importa alrededor de 2,58 millones de toneladas de plástico al año, de las cuales 73 por ciento termina como basura, y solo 19 por ciento se reutiliza, según la Agencia de Protección Ambiental. Lamentablemente, se recicla menos de 0,1 por ciento de la basura, es decir que toda la basura plástica termina en el ambiente. “Tenemos que recordar que nos acercamos rápidamente al punto en el que habrán literalmente más plásticos en el mar que peces. Nuestros pescadores coincidirán conmigo, pues ya lo ven”, observó John Pwamang, director ejecutivo de la Agencia de Protección Ambiental. “Siempre sacan más plástico que peces en sus redes. Tiendo a creer que la situación de Ghana pueda ser peor de lo que parece”, acotó. Kofi Okyere, conferencista de la Universidad de Costa del Cabo, señaló que en las lagunas viven diversas especies. Hay 90 lagunas y 10 estuarios con sus salinas y manglares asociados a lo largo de los 550 kilómetros de costa de Ghana. “No tengo datos estadísticos, pero la mayoría de las lagunas, en especial las que están ubicadas en áreas urbanas, se han contaminado enormemente en la última década o más”, indicó en diálogo con IPS. “Los contaminantes son principalmente domésticos y efluentes industriales, aguas negras, plásticos, latas de aerosol y otros desperdicios sólidos, además de metales pesados (plomo, mercurio, arsénico, etc.) procedentes de las actividades industriales”, precisó Okyere. Nelson Boateng, director ejecutivo de Nelplast Ghana Limited, es uno de las muchas personas y empresas que buscan usos alternativos para la basura plástica. En la foto sostiene una baldosa hecha de materiales reciclados.. Crédito: Albert Oppong-Ansah/IPS. Muchos ghaneses usan plásticos y los desechan, sin embargo, hay muy pocas personas y organizaciones dedicadas a darles un mejor uso. Nelson Boateng, director ejecutivo de Nelplast Ghana, comenzó a diseñar y a crear baldosas de plástico en 2015. La compañía utiliza 70 por ciento de arena y 30 por ciento de plástico para fabricar las baldosas, una proporción que varía según el tipo de proyecto de pavimento. “Hemos pavimentado muchas zonas importantes, entre ellas áreas residenciales, instalaciones de la Action Chapel, frente del Ministerio de Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación y algunas aceras del país”, apuntó. “La ventaja de las baldosas de plástico, en comparación con las de cemento es que son 30 por ciento más baratas. Un metro cuadrado de las de plástico cuesta unos (6,9 dólares), mientras que las de concreto cuestan (unos 20,20 dólares)”, indicó. “Hago esto porque quiero al ambiente e hice todo esto por mi cuenta para combatir el plástico”, apuntó. Boateng recicla 2.000 kilogramos de desperdicios plásticos, pero su fábrica, ubicada en un acre de terreno en la Asamblea Municipal Ashaiman, puede producir 200.000 baldosas de plástico. De los más de 500 recolectores de basura que le venden plásticos a Boateng, 60 por ciento son mujeres que dependen de esta actividad como fuente de ingresos. Al cobrar 10 centavos de dólar por cada kilogramo de plástico, ellas reúnen un mínimo de 10,40 dólares por venta. Ashietey Okaiko, de 34 años y quien recolecta plásticos para Nelplast Ghana limited, confirmó a IPS que gana 31 dólares en promedio por cada venta, y con eso mantiene a su familia, pues es una madre soltera. “Como la gente sabe que la basura plástica es valiosa, muchas mujeres son recolectoras de plástico. La compañía necesita apoyo para poder comprar más porque a veces cuando les mandamos, no la compran”, explicó. Boateng señaló que los recolectores pueden reunir hasta 10.000 kilogramos al día, y apuntó: “Me siento mal diciéndoles que no puedo pagarles por limitaciones económicas”. Asimismo, la Ghana Recycling Initiative, auspiciada por la Asociación de Industrias de Ghana, con apoyo del Consejo de Investigación Científica e Industrial, espera la certificación de la Autoridad Estándar de Ghana para hacer un uso comercial de sus baldosas de plástico. Hay otros innovadores como Seth Quansah, al frente de Alchemy Alternative Energy, que convierte la basura plástica y los neumáticos en energía de hidrocarburos mediante procesos ambientales aprobados en todo el mundo. El ministro de Finanzas y Planificación Económica, Ken Ofori Atta, dijo que el Ministerio de Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación está en proceso de terminar la nueva Política Nacional de Basura Plástica, que creará estrategias para promover la reducción, la reutilización y el reciclaje. Pero la ambientalista Helen La Trobe, opinó: “La industria africana debe buscar enfoques innovadores para reducir el uso de elementos de plásticos y la basura plástica en todas sus formas reemplazando ese material con otros productos innovadores y reduciendo, reutilizando y reciclando en los casos en que no es posible hacer el reemplazo”. También sostuvo que el gobierno debe vaciar de forma regular los cubos de basura en los refugios de autobuses y en los mercados. El plástico es indestructible y se rompe en pedazos muy pequeños, llamados microplásticos, pero se necesitan más de 500 años para que desaparezcan del todo. A medida que los peces y otros seres marinos ingieren los microplásticos, las toxinas y los químicos penetran en su organismo y así ingresan a la cadena alimentaria y terminan afectando a los humanos. “Cuanto más apoyo, más limpio estará el ambiente”, resumió Boateng. “Si nos tomamos en serio terminar con los plásticos del país y del mar, esa es la forma de avanzar. Cuando la gente va a la playa a limpiar, la basura termina en los vertederos, pero sigue en el ambiente”, recordó. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Irrigación para proteger a la agricultura del cambio climático

sex, 21/12/2018 - 13:28

Una campesina riega su terreno en el marco del Programa de Irrigación de Tjankwa, en el distrito de Plumtree, 100 kilómetros al oeste de Bulawayo, Zimbabwe. Crédito: Busani Bafana/IPS.Por Busani BafanaBULAWAYO, Dec 21 2018 (IPS) El impacto de la variabilidad climática y de los eventos extremos en la productividad agrícola en África llevó a un grupo de expertos a urgir a los gobiernos a que prioricen e inviertan en irrigación como forma de garantizar la seguridad alimentaria. Las mayores olas de calor, sumadas a las repentinas inundaciones y a las frecuentes sequías, vuelven poco rentable la agricultura o hasta imposible, pues muchos pequeños productores dependen de las lluvias. El desarrollo de la irrigación puede aumentar la seguridad alimentaria, pues amplía la temporada para cultivar, y asegura más ingresos y trabajo, observó el Panel Malabo Montpellier, que reúne a especialistas internacionales que diseñan políticas para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en África. Irrigación, la mejor inversión Un estudio del Panel Malabo Montpellier señala que África tiene posibilidades de irrigar 47 millones de hectáreas. Esta es una forma de impulsar la productividad agrícola, mejorar la vida y acelerar el crecimiento económico. “Numerosas economías de África dependen de la agricultura”, señaló Ousmane Badiane uno de los presidentes del panel y director del Instituto Internacional de Investigación sobre Política Alimentaria. “Por eso la irrigación y el control del agua son importantes para reducir la pobreza y erradicar el hambre en África”, apuntó. Alrededor de 20 por ciento de las tierras cultivadas están irrigadas, lo que contribuye a 40 por ciento de la producción total de alimentos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). África es una de las regiones del mundo con mayor número de personas con hambre. También es donde menor rendimiento tienen los cultivos, pues solo seis por ciento de las tierras cultivadas están irrigadas, muy por debajo del 14 por ciento en América Latina y 37 por ciento en Asia. “La irrigación tiene que ser una prioridad en África porque funciona”, subrayó Badiane, en diálogo con IPS. “Una vez que te comprometes con la irrigación como gran prioridad, creas los mecanismos institucionales para concretarla de forma efectiva en el ámbito gubernamental, pero en asociación con el sector privado y las comunidades locales”, explicó. En 2014, 54 gobiernos africanos suscribieron la Declaración de Malabo, comprometiéndose a reducir a la mitad el número de personas que viven en la pobreza para 2025, apostando al crecimiento de la agricultura, generadora de empleo para jóvenes y mujeres. La investigación “Water-Wise: Smart Irrigation Strategies for Africa” (Inteligencia con el agua: Estrategias de irrigación inteligente para África) concluyó que los cultivos irrigados pueden duplicar el rendimiento en el continente. Los mayores niveles de irrigación permitieron mejorar y prolongar las cosechas, elevar los ingresos y mejorar las perspectivas para los agricultores de Etiopía, Kenia, Malí, Marruecos, Níger y Sudáfrica. Esos seis países son un modelo por tener las mayores extensiones de áreas irrigadas o por la rapidez con la que expandieron las áreas cultivables irrigadas. Por ejemplo, Etiopía aumentó el área irrigada en casi 52 por ciento entre 2002 y 2014, logrando la mayor expansión de áreas irrigadas en África. Marruecos tiene casi 20 por ciento de tierras cultivables equipadas con sistemas de irrigación. Miembro del Programa de Irrigación de Tjankwa, de ocho hectáreas, en el distrito de Plumtree, 100 kilómetros al oeste de Bulawayo, Zimbabwe. Crédito: Busani Bafana/IPS. Éxito en el rendimiento de los cultivos En zimbabwe, la FAO implementó 6,8 millones de dólares en el Programa de Irrigación para Pequeños Agricultores en asociación con el Ministerio de Agricultura, Mecanización y Desarrollo de la Irrigación, financiado con ayuda de la Unión Europea, con el fin de mejorar los ingresos, la seguridad alimentaria y nutricional de agricultores comunitarios con sistemas de irrigación a pequeña escala. El programa permitió la rehabilitación de 40 iniciativas de riego, que beneficiaron a 2.000 hogares de las provincias zimbabuenses de Manicaland y Matabeleland Sur. Landelani Ndlovu, integrante del Programa de Irrigación de Tjankwa, en Matabeleland Sur, de ocho hectáreas, ganó 400 dólares gracias al cultivo de verduras en el marco del proyecto que comenzó en 2012. “La irrigación nos ayudó a producir más verduras y otros cultivos, y a aumentar nuestros ingresos, lo que no hubiera sido posible dependiendo de cultivos estacionales y de las lluvias”, explicó Ndlovu. Asimismo, Patience Koku, quien cuenta con un sistema de irrigación pivote, dijo a IPS: “No se puede exagerarse la importancia del riego para mejorar el rendimiento de los cultivos de granos”. “Podemos cultivar dos ciclos al año, es decir que duplicamos nuestra producción. Además, la producción de granos siempre es mayor en los cultivos irrigados”, añadió Koku. Llenando la falta de fondos “La rentabilidad de la irrigación está probada y, en la mayoría de los casos, hay elevados índices de rendimiento”, indicó Badiane. “Los gobernantes africanos se comprometieron en Maputo en 2003 para que los países destinaran 10 por ciento de sus presupuestos nacionales a la agricultura. Si lo hicieran, una fracción de eso podría servir para financiar la irrigación de 47 millones de hectáreas. La falta de fondos para el riego es enorme porque el potencial es enorme”, añadió. Al convertir la irrigación en una gran prioridad, los gobiernos africanos pueden atraer innovación e inversiones del sector privado, y facilitar la aceptación de tecnología en la expansión de la agricultura para impulsar el crecimiento económico. Contar con mejores normas para el uso sostenible y seguro del agua también es un factor que permite impulsar el desarrollo de la irrigación. El riego permite a los agricultores producir durante períodos prolongados, en particular en áreas donde llueve poco, destacó Badiane. Ampliar lo que funciona Badiane señaló que el desarrollo de la irrigación ayudará a lograr objetivos en materia de seguridad alimentaria y nutricional en el marco de la Agenda de la Unión Africana para 2063 y de la Declaración de Malabo. Un elemento fundamental fue lograr la aceptación de las más altas autoridades que necesitan pruebas de que la irrigación funciona. Las autoridades no se toman la innovación a la ligera porque saben que el costo del fracaso es extremadamente alto, indicó Badiane. Redoblar el desarrollo de la irrigación contribuirá a la transformación de la agricultura. “África, en particular, necesitará nada menos que de una completa transformación de la gestión del agua”, observó Nathanial Matthews, director de programa de la Asociación de Resiliencia Global, que reúne a organizaciones públicas y privadas que buscan construir “un futuro sostenible y próspero para lugares y personas vulnerables”. Matthews urgió a África a transformar la forma en que usa el agua, redoblando las prácticas tradicionales, desplegando nuevas tecnologías y mejorando la gobernanza. “Urge pasar a la acción, con 95 por ciento del continente con una agricultura dependiente de las lluvias y 25 países donde el hambre, la pobreza y la subnutrición ya son generalizadas”, añadió Matthews en diálogo con IPS. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Tentaciones paramilitares y creencias ultraderechistas gobernarán Brasil

sex, 21/12/2018 - 11:11

La primera reunión del futuro consejo de ministros del gobierno de Jair Bolsonaro, el presidente de extrema derecha que tendrá Brasil desde el 1 de enero, celebrada el 19 de diciembre y donde es elocuente la mínima presencia de mujeres entre los 22 ministros que compondrán su gobierno, mientras que habrá una inusitada participación de militares retirados. Crédito: Gobierno de TransiciónPor Mario OsavaRÍO DE JANEIRO, Dec 21 2018 (IPS) Gobiernos de derecha, izquierda o centro se están hundiendo en todo el mundo. ¿Será distinto en Brasil con Jair Bolsonaro, el presidente que tendrá el país desde el 1 de enero y que busca gobernar basado en creencias ultraderechistas, religiosas y militares? Sus antecedentes sudamericanos este año, Sebastián Piñera en Chile e Iván Duque en Colombia, de derecha quizás menos extrema, se sumieron en una sorpresiva impopularidad tras solo cuatro meses en el poder. Piñera tomó posesión el 11 de marzo y en julio su aprobación cayó a 49 por ciento en julio y a solo 37 por ciento, con rechazo de 51 por ciento, en noviembre, según encuestas de Criteria Research.La extrema derecha en Brasil sigue a sus hermanas de países ricos, pese a tener una realidad distinta. Su identidad común se sostiene en el rechazo a la inmigración, no importa la situación del país, y a los avances en los derechos sexuales, además de la negación del cambio climático. Las convicciones religiosas y el pensamiento militar serán otros ejes que orientarán al nuevo gobierno. La caída de Duque fue más abrupta. En menos de 100 días de gobierno, al final de octubre, su popularidad bajó a la mitad, 27,2 por ciento, según encuestas de la firma Invamer. “Va por mal camino”, según 73,8 por ciento de los encuestados. En Argentina, Mauricio Macri, que completó su tercer año de presidencia el 10 de diciembre, soporta crecientes protestas desde 2016 ante sus políticas de ajuste fiscal, el “tarifazo” en los servicios públicos, el desempleo y la pobreza en aumento. Fuera del continente, las dificultades se extienden a Francia, con el presidente Emmanuel Macron, enfrentado a la rebelión de los “chalecos amarillos” y a Gran Bretaña, donde la primera ministra conservadora Theresa May sufre las incertidumbres del Brexit que la alzó al poder en 2016 y puede defenestrarla. En el mayor y más poblado país latinoamericano, a partir de enero los riesgos de un desastre se identifican principalmente con la inexperiencia y las anacrónicas ideas de los integrantes del nuevo gobierno, que tienden a excluir el pragmatismo a veces necesario o a ignorar la actualidad. La mayoría nunca participó en el Poder Ejecutivo siquiera a nivel local. Los efectos ya se sienten, especialmente en la política exterior. Brasil dejará el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. El acuerdo no vinculante fue firmado por 152 países en la Asamblea General de Naciones Unidas el miércoles 19 de diciembre, con el voto contrario solo de Estados Unidos, Hungría, Israel, Polonia y República Checa, y 10 abstenciones, entre ellas la de los latinoamericanos Chile y República Dominicana. El gobierno brasileño saliente apoyó el acuerdo negociado desde abril de 2017, pero el ya designado como futuro ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, anunció un cambio de posición al rechazo, con argumentos similares a los del presidente estadounidense, Donald Trump. No es un tema a ser regulado internacionalmente, sino por cada país “según la realidad y la soberanía nacional”, dijo el diplomático, ignorando que en esa cuestión Brasil está del lado opuesto de los que rechazan el pacto por temer “invasiones”. En este país de 208 millones de personas, hay tres millones de residentes en el exterior, el triple de los inmigrantes que acoge, por lo tanto más fuente de esos alegados “invasores” que víctima. Pero Araujo se propone “ayudar Brasil y el mundo a liberarse de la ideología ‘globalista’, pilotada por el marxismo cultural”, según sus ideas propicias a la ridiculización, publicadas en su blog y en una revista de la diplomacia brasileña. “Globalismo” y comunismo son enemigos que se confunden en las declaraciones de varios futuros ministros, que prometen extirpar la ideología en sus áreas de acción, una nebulosa amenaza. Jair Bolsonaro escucha a Hamilton Mourão, durante la ceremonia en que recibieron el diploma como presidente y vicepresidente electos de Brasil. El próximo mandatario, un excapitán, y su segundo a bordo, un general retirado, comandarán un gobierno con al menos cinco generales retirados del Ejército y otros oficiales de la Marina y la Aeronáutica. Crédito: Valter Campanato/Ag. Brasil-Fotos Públicas   El designado canciller de Bolsonaro considera que la izquierda practica el “sadismo abortista”, quiere extinguir la humanidad, “una sociedad donde nadie nazca, ningún bebe, menos aún el niño Jesús”. Curiosamente, el diplomático ascendió en la carrera defendiendo la política exterior de los gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), entre 2003 y 2016, ahora execrada por ampliar relaciones con países del Sur y defender el multilateralismo. De esa furia, en la que a todos los opositores se les cataloga de comunistas, nació la idea de romper también con el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y de desplazar de Tel Aviv a Jerusalén la embajada brasileña en Israel, siguiendo los pasos de Trump, el “único que podrá salvar el Occidente cristiano”, según Araujo. Esas iniciativas, aún por confirmar, asustan a las grandes empresas de exportación agrícola. Temen perder ventas de carnes a los países árabes, que dan a Brasil un superávit comercial de más de 6.000 millones de dólares al año, y los grandes mercados que exigen cuidados ambientales en el origen de sus importaciones, como los europeos. La extrema derecha en Brasil sigue a sus hermanas de países ricos, pese a tener una realidad distinta. Su identidad común se sostiene en el rechazo a la inmigración, no importa la situación del país, y a los avances en los derechos sexuales, además de la negación del cambio climático. Las convicciones religiosas y el pensamiento militar serán otros ejes que orientarán al nuevo gobierno. “Dios por encima de todos”, fue la consigna de la campaña electoral de Bolsonaro y sigue siéndola en los actos del futuro gobierno. El Estado brasileño es laico, según define la Constitución, un precepto que de hecho poco se ha cumplido, pero que ahora se pretende abandonar directamente. La ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, es abogada y pastora de la iglesia pentecostal Evangelio Cuadrangular, fundada en Estados Unidos en 1923. Tendrá a su cargo la política para los indígenas, pero se a cuestiona antes de asumir porque una organización no gubernamental que fundó, Atini, es acusada de tomar niños de los asentamientos nativos y fomentar el odio a los pobladores originarios, aribuyéndoles la práctica del infanticidio a algunas etnias. Ella adoptó hace tiempo una hija indígena. El designado como ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, también enfrenta problemas. Fue condenado por la justicia el 19 de diciembre por el fraude que habría cometido en un plan de manejo ambiental en 2016, cuando era secretario de Ambiente del Estado de São Paulo. La condena proscribe sus derechos políticos por tres años, pero eso no le impide asumir el ministerio, ya que tiene derecho de recurrir, postergando la ejecución penal. El pensamiento militar estará muy presente en la presidencia, con Bolsonaro mismo, un excapitán, y al al menos siete carteras con ministros que son en su mayoría generales retirados del Ejército. A ellos se suma un civil, el filósofo de origen colombiano Ricardo Vélez, quien conducirá el Ministerio de Educación, tras destacarse como profesor de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército. Vincular seguridad nacional a la enseñanza y atacar el marxismo del italiano Antonio Gramsci como la gran amenaza comunista actual, le otorgaron galones para el cargo. Los militares serán claves principalmente en el combate a la delincuencia ciudadana, una bandera decisiva en el triunfo de Bolsonaro en octubre. Dentro de su entorno, algunos defienden la flexibilidad jurídica para proteger a los agentes en esa guerra contra bandas armadas, lo que supone el riesgo de ampliar la violencia y el paramilitarismo, un fenómeno hasta ahora más conocido en Colombia, en las grandes ciudades y en el campo. Las llamadas milicias ya dominan buena parte de Río de Janeiro y actúan más discretamente en otras ciudades. Muchas son creadas y comandadas por policías activos o retirados. Podrán crecer en esa guerra oficial contra el narcotráfico, aunque sean ilegales y criminales también. Los violentos discursos de Bolsonaro contra ambientalistas, porque “obstaculizan el desarrollo”, los campesinos sin tierra que “invaden” propiedades, los indígenas y quilombolas (afrodescendientes) que en su gobierno no merecerán “ni un centímetro de tierra”, alientan a los hacendados que tienen pistoleros para alejar o matar “indeseables”. Ajena a esas contradicciones, la economía puede ser el empuje inicial favorable del gobierno de Bolsonaro, por un crecimiento cíclico, tras tres años de recesión y estancamiento, y el apoyo empresarial al liberalismo radical al que será su ministro de Economía, Paulo Guedes. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Cómo terminar con la diplomacia de la chequera en la ONU

qui, 20/12/2018 - 13:19

El presupuesto regular de la ONU se financia en la actualidad con un aporte de 22 por ciento de Estados Unidos. Otros grandes donantes son Japón, 9,7 por ciento, China, 7,9 por ciento, Alemania, 6,4 por ciento, Francia, 4,9 por ciento, Gran Bretaña, 4,5 por ciento, Italia, 3,7 por ciento y Rusia, 3,1 por ciento. Crédito: Cortesía de ONU.Por Thalif DeenNACIONES UNIDAS, Dec 20 2018 (IPS) Los grandes donantes de la ONU, encabezados por Estados Unidos, han sido muy cuestionados por el tráfico de influencias o por el uso indebido de su poder económico, no solo para quedarse con altos cargos del foro mundial, sino también para usar el recorte de fondos como amenaza para promover intereses domésticos. El gobierno estadounidense de Donald Trump planteó reducir su cuota de 22 por ciento del presupuesto regular de la organización, una contribución obligatoria, lo que llevó a que se volviera a plantear una reforma del sistema de financiación, como había planteado en 1985 el fallecido primer ministro sueco Olof Palme. La propuesta no abandonaba la fórmula basada en la “capacidad de pago”, pero sugería un máximo de 10 por ciento para cada país, como forma de evitar la excesiva dependencia de Estados Unidos y de un puñado de donantes. En la actualidad, además del 22 por ciento de Estados Unidos, contribuyen Japón, 9,7 por ciento, China, 7,9 por ciento, Alemania, 6,4 por ciento, Francia, 4,9 por ciento, Gran Bretaña, 4,5 por ciento, Italia, 3,7 por ciento y Rusia, 3,1 por ciento. Los países más pobres del mundo, aportan 0,001 por ciento del presupuesto del foro mundial, mientras los países menos adelantados, considerados los más pobres entre los pobres, tienen un máximo de 0,01 por ciento cada uno. Kul Gautam, ex secretario general adjunto y director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), es un gran defensor de la propuesta de Palme para evitar el chantaje de las grandes potencias. Por ejemplo, recordó en diálogo con IPS, que el ex secretario general Ban Ki-moon (2007-2016) tuvo que cambiar un informe que cuestionaba duramente a Arabia Saudita por atacar a civiles en Yemen, después de que este país de Medio Oriente amenazara con retirar fondos al presupuesto de la ONU. Asimismo, en 2005, el ex secretario general Kofi Annan (1997-2006), tuvo que ceder ante el pedido de George W. Bush (2001-2009) de nombrar a un estadounidense como director ejecutivo de Unicef en un plazo de 72 horas, sin una investigación adecuada de la junta ejecutiva de ese organismo. “Un ejemplo claro de tráfico de influencia y de ‘diplomacia de la chequera’”, señaló Gautam. “Una mejor distribución de las contribuciones evaluadas reflejará mejor el hecho de que esta organización es el instrumento de todas las naciones”, arguyó Palme. Entonces, la ONU atravesaba una gran crisis por el atraso de Estados Unidos en el pago de su cuota, y Palme ofreció una solución poco convencional. Numerosos países coincidieron, y el gobierno alemán le dijo a Washington que tenía que pagar lo adeudado o aceptar pagar una evaluación inferior. Pero el secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, George Schultz, rechazó la propuesta, recordó James Paul, autor del libro “Of Foxes and Chickens: Oligarchy & Global Power in the UN Security Council” (“De zorros y gallinas: oligarquía y poder global en el Consejo de Seguridad de la ONU”). “Washington quiso mantener el control. Y lamentablemente, otros países prefirieron no aumentar sus cuotas”, añadió. En 2001, Estados Unidos cambió de rumbo y aceptó pagar a la ONU la mayor parte de su deuda si su aporte se reducía de 25 por ciento a 22 por ciento del presupuesto regular. Así mantuvo su dominio sobre el foro mundial. ¿Podrán cambiar las cuotas en el futuro? El proceso que llevó al cambio de 2001 probó que con las condiciones correctas, se puede persuadir a otros Estados miembros para que realicen un aporte mayor, analizó Paul. Martin Edwards, profesor adjunto y director del Programa de Estudios de la ONU, de la Facultad de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad Seton Hall, dijo a IPS: “Dado que la Casa Blanca nos devuelve a la época de moras, con el deseo de recortar sus contribuciones, es un momento auspicioso para proponerlo”. El desafío será vender la idea, pues a la ONU le interesa diversificar su cartera y reducir la influencia de los donantes, apuntó. “Pero tenemos una embajadora de Estados Unidos relativamente inexperiente como es Heather Nauert, quien tendrá que hacer frente a la competencia de contrapartes veteranos. Habría que ofrecérselo a ella y ver si se lanza y logra una rápida victoria para su patrón”, opinó Edwards. Por su parte, Anwarul Chowdhury, ex secretario general adjunto, dijo a IPS: “Debo decir con orgullo que como representante permanente adjunto de Bangladesh en la ONU, abogué públicamente en 1985 y posteriormente para que ningún Estado miembro tuviera que pagar más de 10 por ciento del presupuesto regular de la ONU”. Cualquier déficit derivado de la reducción del aporte de Estados Unidos a la ONU, lo pueden paliar los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y el gran número de economías emergentes de medianos ingresos, sin sobrecargar a los países de bajos ingresos y menos adelantados. “Recuerden que en el contexto de la economía mundial de 77 billones (millón de millones) de dólares y un presupuesto militar mundial de 1.700 billones de dólares al año, el presupuesto del sistema de la ONU y el gasto en asistencia humanitaria, cooperación para el desarrollo, operaciones de paz, asistencia técnica y otras funciones normativas esenciales, representan 48.000 millones de dólares al año”, puntualizó. El gasto anual del sistema de la ONU es menor al presupuesto de defensa de India o de Francia, y menos que el gasto mensual del de Estados Unidos, apuntó. En la actualidad, los recursos para el desarrollo cambian con rapidez. Muchas actividades de la ONU cuentan con la participación del sector privado y de fundación filantrópicas. Muchas organizaciones no gubernamentales apuestan a la externalización de tareas y al micromecenazgo, así como a muchas modalidades de asociación entre públicos y privados. Vale la pena explorar esas posibilidades para liberar al foro mundial de la amenaza permanente de un recorte arbitrario por parte de grandes donantes, opinó Gautam. “Obviamente, el primer ministro sueco se inclinaba hacia un sistema fiscal que requería la participación de los más ricos de forma progresista”, dijo Paul a IPS. Por eso su voz era tan influyente, él buscaba un equilibrio entre ese principio y otros que él consideraba de mayor importancia, como la viabilidad de la ONU y su protección frente a presiones de los grandes actores. ¿Se podrá aplicar el concepto de Palme en la coyuntura actual? Vale la pena intentar, opinó Paul. Puede llegar a constituir una revisión urgente de los acuerdos que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y al orden mundial que estaba detrás de ellos. Otros Estados miembros tendrán que aceptar una mayor participación en las cuotas de la ONU para cubrir la reducción de Washington, apuntó Paul. “Será lo más probable si el cambio ocurre en un período extendido, digamos de 10 de años. Lograr una participación justa en cargos ejecutivos podría ser un incentivo para los otros Estados miembros, al igual que una mayor democratización en la toma de decisiones en la ONU”, añadió. Las quejas de que los presupuestos nacionales están desbordados no pueden tomarse en serio, pues las cuotas de la ONU son muy pequeñas en comparación con ellos, desde los países más pobres a los más ricos. La asequibilidad no es la cuestión principal, aseguró. Washington podría oponerse a ese cambio, para mantener su influencia económica, pero ya es hora de que el resto del mundo se levante y defienda los cambios necesarios para fortalecer a una institución que necesitan y quieren. El mundo cambió desde 1945, y Estados Unidos ya no puede pretender ser el “líder” del mundo. La adopción de la propuesta de Palme puede llegar a ser el primer paso hacia los cambios tan necesarios para fortalecer a la ONU y hacerla más efectiva para los próximos años, subrayó Paul. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Mujeres se empoderan en Argentina y sacuden violencias aceptadas

qui, 20/12/2018 - 13:08

“Sin igualdad no hay justicia”, se subraya en un mural con una imagen de esa justicia, en reclamo de mayor protección para los derechos de las mujeres, pintado en el barrio de Caballito, en Buenos Aires. El movimiento de las mujeres conquistó gran visibilidad este año en Argentina, con campañas como la de la despenalización del aborto, aunque fue derrotada en el parlamento. Crédito: Daniel Gutman/IPSPor Daniel GutmanBUENOS AIRES, Dec 20 2018 (IPS) “En 2001 me violaron. Tenía 31 años, dos títulos universitarios, posgrado en curso, familia, amigos, trabajo. Muchos más recursos que los que tienen la mayoría de las víctimas de violación. Así y todo, se abrió un calvario que aún hoy deja secuelas”. Relatos como este, publicado en Twitter el 13 de este mes por Ana Castellani, socióloga y docente en la Universidad de Buenos Aires, pueblan en estos días las redes sociales de Argentina. Al mismo tiempo, las instituciones públicas y privadas dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer se ven desbordadas por un caudal desacostumbrado de requerimientos.“Esta denuncia quebró el sentido común instalado que establecía que no había que hablar de estas situaciones. Ante las agresiones sexuales a mujeres en la Argentina, la vergüenza no estaba del lado del agresor sino de la víctima, porque se pensaba que seguramente había hecho algo para seducirlo”: Eleonor Faur. La sociedad de este país sudamericano vive una explosión de denuncias de violencia sexual contra las mujeres y los niños y niñas, luego de un impactante hecho público ocurrido el 11 de diciembre. Ese día, en un teatro de Buenos Aires, más de 200 actrices rodearon a una joven colega, Thelma Fardín, quien denunció que en 2009, cuando tenía 16 años, fue violada por un conocido galán de telenovelas, Juan Darthés, casi 30 años mayor, durante una gira por Nicaragua con un programa infantil de Televisión. “Gracias a que alguien habló, yo ahora puedo hablar”, dijo Fardín entre lágrimas, en referencia a que otras dos actrices habían denunciado semanas antes por acoso sexual al propio Darthés. En los días previos a esta revelación pública, Fardín había viajado al país centroamericano a presentar una denuncia penal contra el actor. “La repercusión pública fue mucho mayor a la que esperábamos. Lo que contó Thelma animó a salir a miles de mujeres que estaban en silencio”, dijo a IPS la reconocida actriz Mirta Busnelli, con más 40 años de carrera en cine, teatro y TV, que forma parte del colectivo que avaló la denuncia con su presencia. “Cuando hablás con mujeres, dentro y fuera del ambiente artístico, casi todas han sufrido alguna vez una situación de acoso o abuso sexual, que se silenciaba hasta en la conciencia de una misma”, reveló Busnelli. La actriz agregó: “Esto no es casual. Sucede porque habitualmente a quien denuncia se la revictimiza. Se pone en duda la veracidad de su relato o se pregunta si la propia mujer no habrá provocado la situación con su forma de vestir o su actitud. Confiamos en que las cosas empiecen a cambiar”. La magnitud de la ola que se lanzó sobre la sociedad argentina fue tal que los dirigentes políticos se sintieron obligados a mostrarse activos. Así, pocas horas después de la denuncia de Fardín, el presidente Mauricio Macri anunció la inclusión en las sesiones extraordinarias del legislativo Congreso Nacional, habitualmente de receso en diciembre, de un proyecto de ley que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para los funcionarios públicos de todos los poderes. Se trata de una iniciativa presentada por una diputada de la oposición en 2017 luego de la violación y asesinato en la oriental provincia de Entre Ríos de Micaela García, de 17 años, a manos de un hombre que ya había sido condenado previamente por violación y estaba en libertad condicional. Una imagen de la fiesta de fin de año del colectivo Actrices Argentinas, que tomó como propia la denuncia de una colega, que reveló que en 2009, cuando tenía 16 años, fue violada por un conocido galán de telenovelas casi 30 años mayor que ella: Crédito: Facebook-Actrices Argentinas Como Macri, los diputados y senadores actuaron rápidamente, porque en las primeras sesiones que celebraron, el miércoles 19, sancionaron la ley con un solo voto en contra, del diputado Alfredo Olmedo, quien pocas horas antes había viajado a Brasil, para fotografiarse con el presidente electo de extrema derecha, Jair Bolsonaro. “He sido el único diputado que ha votado en contra de la ideología de género. Voy a seguir sosteniendo que Dios creó al hombre y a la mujer”, se jactó Olmedo en las redes sociales. Como una muestra del actual clima, la sesión de la Cámara Alta del 19 comenzó con la forzada defensa de un senador de la gobernante alianza Cambiemos, Juan Carlos Marino, quien luego de la revelación de Thelma Fardín fue denunciado por una empleada parlamentaria, que aseguró que la manoseó en un despacho del Congreso y la acosó con mensajes por Whatsapp. Los casos que tocaron la política y el espectáculo fueron varios, en realidad, pero ninguno fue tan conmocionante como el de Luis María Rodríguez, director de deportes de la ciudad de San Pedro,  a 170 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Rodríguez fue denunciado el domingo 16 por una joven que subió a Youtube un video en el que contó que él la había violado cuando era su profesor de baile y ella tenía 13 años. Hora después Rodríguez fue encontrado ahorcado en casa. El asesinato en 2015 de una adolescente por su novio provocó en este país de 44 millones de personas el estallido del movimiento con la consigna #NiUnaMenos, que obtuvo varios logros desde entonces y sensibilizó a la sociedad sobre los femicidios, los asesinatos contra mujeres por su condición. “En los últimos días nos estallaron los teléfonos”, dijo María Soledad Dawson, una de las coordinadoras del Programa Las Víctimas contra la Violencia, del Ministerio de Justicia, que recibe denuncias de abusos y malos tratos. “Luego del caso Thelma Fardín, empezó a llamar muchísima gente que no se animaba o que pensaba que, al cabo de varios años, ya no podía denunciar un caso”, contó a IPS. “Habitualmente recibíamos el grueso de llamadas entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche. Ahora seguimos atendiendo hasta la madrugada”, agregó. En la Línea Nacional Contra el Abuso Sexual Infantil se informó que el día posterior a la denuncia de la actriz se recibieron 214 llamadas contra 16 del día anterior. Por su lado, el gubernamental Instituto Nacional de las Mujeres reveló que en la línea telefónica de atención para las mujeres en situación de violencia se recibieron 6008 llamados en los cuatro días previos al caso Fardín y 12.855 en los cuatro posteriores. La socióloga especialista en temas de género Eleonor Faur consideró que el impacto se debe a que “fue muy sólida la presentación por parte del colectivo Actrices Argentinas. Hubo una organización detallada y un asesoramiento de abogadas y de periodistas feministas”. “Más allá del caso específico mostraron que la violencia sexual es un modus operandi absolutamente naturalizado en el mundo del espectáculo”, planteó a IPS. Cifras de organizaciones que atienden la violencia machista indican que en este país de 44 millones de personas, cada año son asesinadas unas 300 mujeres por su condición. En 2017 la cifra de femicidios, también llamados feminicidios, fue de 295, lo que indica que el movimiento #NiUnaMenos no redujo esos crímenes. El grupo de Actrices Argentinas, integrado por más de 300 artistas, fue formado en abril, cuando el país se movilizó por el debate legislativo sobre la despenalización del aborto, que en agosto fue ajustadamente rechazado por el Senado (por 38 votos a 31), luego de haber sido aprobado en la Cámara de Diputados. De hecho, durante la denuncia de Thelma Fardín, las actrices que la rodeaban tenían anudados a sus muñecas o a sus cuellos el pañuelo verde que simboliza localmente la militancia a favor de la legalización del aborto. “Esta denuncia quebró el sentido común instalado que establecía que no había que hablar de estas situaciones”, agregó Faur. La socióloga explicó que “ante las agresiones sexuales a mujeres en la Argentina, la vergüenza no estaba del lado del agresor sino de la víctima, porque se pensaba que seguramente había hecho algo para seducirlo”. “Ahora lo más interesante será ver cómo reaccionan las instituciones públicas y las diferentes organizaciones sociales, que a partir de este cambio cultural van a tener que desandar todo un camino recorrido”, concluyó. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Pacto dignifica y da derechos a migrantes latinoamericanos

qua, 19/12/2018 - 16:39

Inmigrantes en Chile, un polo de atracción de la migración dentro de América Latina, celebran ondeando banderas de sus países en la emblemática Plaza de Armas de Santiago la Fiesta de las Culturas por una Migración Digna, el 18 de diciembre, el Día Internacional del Migrante. Crédito: Orlando Milesi/IPSPor Orlando MilesiSANTIAGO, Dec 19 2018 (IPS) El pacto mundial de Marrakech brinda dignidad y derechos a los migrantes en toda situación y contexto, subrayaron representantes de organizaciones de América Latina y el Caribe, donde unos 30 millones viven fuera de sus países, forzados por razones económicas, sociales, de seguridad, políticas y ahora también climáticas. Expertos y migrantes de la región lamentaron que algunos países se marginen de este esfuerzo multilateral y de colaboración para resolver un problema global rompiendo con un Pacto que “establece un piso mínimo para dialogar”, como indicó a IPS el peruano Rodolfo Noriega, dirigente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile que integran 72 organizaciones. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular fue aprobado en una conferencia intergubernamental en la ciudad marroquí el 10 y el 11 de este mes, por 164 países, que este miércoles 19 lo refrendaron en una votación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.”Hay lugares en donde lo que más le urge al migrante es no perder la vida, o que no lo persigan o que no lo puedan secuestrar en el contexto de una red de tráfico o de trata. También hay otros contextos en que la problemática tiene que ver con la discriminación, el acceso a oportunidades, el acceso a derechos, la valoración como persona y que no se le mire como una cifra”: Juan Pablo Ramacciotti. Los gobiernos derechistas de Chile y Republica Dominicana se abstuvieron de votar el acuerdo, por considerar que no resguarda los intereses de sus países. Este país sudamericano es actualmente polo de atracción de migrantes de los países vecinos, y en la nación caribeña domina la afluencia de personas desde Haití, con el que comparte la isla La Hispaniola. El acuerdo, que no es vinculante, tiene 23 objetivos y apunta a “minimizar los factores estructurales” que obligan al éxodo masivo incluyendo medidas contra la trata de personas, la separación de familias de migrantes e instando a la cooperación internacional, en un primer paso para establecer un enfoque común en un mundo en que una de cada 30 personas es migrante. Juan Pablo Ramacciotti, director de Incidencia del chileno y católico Servicio Jesuita a Migrantes, destacó a IPS que el acuerdo, “reconoce a los migrantes como personas que tienen dignidad y derechos en toda situación y en todo contexto”. El especialista en migración latinoamericana recordó que actualmente en esta región de 657 millones de habitantes,  los puntos de mayor necesidad y crisis de migrantes en la región están en el triángulo norte de América Central y en Venezuela. En el primer caso, se trata del paso de migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador hacia México con destino final a Estados Unidos, y en el segundo de los miles de venezolanos que huyen de un país en colapso y modifican la situación de otros países sudamericanos. ”Hoy día se ha relevado ante la opinión pública la caravana de migrantes de 7.000 personas (vía México), pero es una situación que se repite constantemente. Hay caravanas quizás no tan masivas, pero que permanentemente buscan llegar a Estados Unidos. Es una situación grave, un tema crítico, donde hay mucha vulneración de derechos, mucha discriminación y violación de derechos”, dijo Ramacciotti. Agregó que el segundo problema deriva de la crisis económica y política de Venezuela “porque están saliendo muchas personas desde ese país significando un desafío humanitario y también por la incorporación de todos los venezolanos que llegan a distintos países, sobre todo de Sudamérica”. El fenómeno de los migrantes alcanza a unos 258 millones de personas en el mundo y a  unos 30 millones de latinoamericanos y caribeños y “posee una diversidad de expresiones que han situado el tema en la agenda global”, recordó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Inmigrantes venezolanos, cuya presencia creció explosivamente en Chile, a raíz del colapso que vive su país, venden con éxito sus productos y comidas típicas en algunos puestos de la Vega Central, el principal mercado alimentario de Santiago y que se ha convertido en un punto de encuentro de este colectivo. Crédito: Orlando Milesi/IPS El fenómeno de los migrantes alcanza a unos 258 millones de personas en el mundo y a  unos 30 millones de latinoamericanos y caribeños y “posee una diversidad de expresiones que han situado el tema en la agenda global”, recordó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Esta organización de la ONU fue la responsable de coordinar la posición latinoamericana durante los debates previos al Pacto. En su sede en Santiago, se celebró en agosto de 2017 la que fue la primera reunión regional del mundo para fijar una posición común, que concluyó con la demanda, entre otras cosas, de que el acuerdo ratificase el derecho humano a la libre circulación de las personas. En esta región se incrementó la migración principalmente con el éxodo desde América Central hacia Estados Unidos. Hacia el 2015, 89 por ciento de los emigrantes salvadoreños, 87 por ciento de los guatemaltecos y un 82 por ciento de los hondureños residían en Estados Unidos. Bárcena ha indicado que el pacto “es una respuesta de la comunidad internacional frente a los desafíos y oportunidades que plantea la migración en una agenda global. Se trata de un instrumento histórico que constituye un ejemplo de renovado interés multilateral”. A juicio de la alta funcionaria de la ONU, la complejidad de la migración en la región “ha ido en aumento, como lo revelan los movimientos en Centroamérica y las insuficientes respuestas frente a los llamados flujos mixtos, incluyendo niñas y niños migrantes no acompañados; la emigración desde Venezuela y las nuevas realidades que enfrentan los países receptores; la emigración desde Haití y las discriminaciones que sufren sus emigrantes”. “Y como corolario, el cuadro de contrastantes realidades expresadas en el sinfín de adversidades que enfrentan muchas personas migrantes en sus travesías”, subrayó Bárcena. Ramacciotti recordó que las migraciones se producen por situaciones de crisis humanitaria, crisis política, de  extrema pobreza y de guerra y por ello es muy importante  “que nos hagamos cargo de manera conjunta de un problema y un desafío que es de todos”. Juan Pablo Ramacciotti, director de Incidencia del chileno y católico Servicio Jesuita a Migrantes, un especialista en el tema migratorio en América Latina, durante su entrevista con IPS en Santiago. Crédito: Orlando Milesi/IPS La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cuya sede regional también está en Santiago, sumó otros dos ingredientes como expulsores de la población en países  latinoamericanos: el cambio climático y la falta de oportunidades en el campo. En América Central, por ejemplo, “La masiva migración irregular que hemos visto en los últimos meses es una consecuencia directa de la inseguridad alimentaria, las crisis climáticas, la erosión del tejido social y la falta de oportunidades económicas en las aldeas y territorios rurales de estos países”, explicó este mismo mes Kostas Stamoulis, subdirector genral del Departamento de Desarrollo Económico y Social de la FAO. Por toda la complejidad del fenómeno, “que la migración sea un tema  que cada país ve según sus propios criterios, de la frontera hacia adentro, no es un camino que permita abordar el fenómeno con visión de futuro ni haciéndonos cargo que es algo que tiene que ver con países de origen, de tránsito y de destino”, subrayó Ramacciotti. Para el especialista, hoy es necesario  “optar por un pacto en que nos ponemos de acuerdo sobre grandes temas y que nos ayude a avanzar de manera conjunta es una muy buena noticia para todos”. Noriega, por su parte, criticó el carácter no vinculante del pacto y que, además, “se sobrevalore la potestad y autoridad del Estado sin dar una garantía más explícita  y plena al derecho a migrar”. El pacto significa “tener un piso mínimo de dialogo” admitió, pero criticó que se reafirme “la potestad del Estado de decidir quién entra y quién no a sus países y decidir cuál es el tratamiento para inmigrantes irregulares o regulares”. Agregó que “un aspecto bastante positivo es que reafirma principios que ya el derecho internacional ha venido dando como, por ejemplo, recurrir en última instancia  y  de manera excepcional a la medida de expulsión”. Sobre las amenazas mayores hacia los migrantes, Ramacciotti dijo que dependen del contexto y de la zona  que uno observe. ”Hay lugares en donde lo  que más le urge al migrante es no perder la vida, o que no lo persigan o que no lo puedan secuestrar en el contexto de una red de tráfico o de trata. También hay otros contextos en que la problemática tiene que ver con la discriminación, el acceso a oportunidades, el acceso a derechos, la valoración como persona y que no se le mire como una cifra”, explicó. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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