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Atualizado: 3 semanas 23 horas atrás

La ardua búsqueda de dignidad, integración y salario de migrantes

qua, 19/12/2018 - 13:19

Migrantes en las calles de Casablanca, Marruecos. Crédito: Cortesía: Alié Dior Ndour.Por Sejjari MehdiMARRAKECH, Dec 19 2018 (IPS) La palabra “dignidad” fue muy utilizada durante la conferencia del Pacto Mundial sobre Migración, y cuando eso pasa, puede llegar a perder sentido. Pero en las calles de Marruecos, sigue muy vigente, en especial para los migrantes en busca de trabajo. La conferencia intergubernamental para adoptar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular se llevó a cabo en Marrakech, Marruecos, los días 10 y 11 de este mes. Cuando los migrantes encuentran dignidad y trabajo, su situación cambia de forma radical. “A pesar de las dificultades que encontré al principio, por estar en una situación irregular, ahora trabajo para una compañía de comunicaciones tras una iniciativa lanzada por las autoridades marroquíes para dar permiso de residencia a decenas de miles de inmigrantes que estaban en el país de forma ilegal”, explicó Ahmadou, nigeriano que reside en Marruecos desde hace cinco años. Al principio, estaba decidido a llegar al presunto El Dorado que era Europa para muchos migrantes. Pero ahora la situación es diferente. La integración profesional es clave, según Ahmadou. Si no tienes trabajo, entonces la ambición de llegar a Europa nunca desaparecerá. “Puedo pagarme lo que necesito para vivir, en especial una vivienda”, indicó Ahmadou. “Por supuesto, hay inmigrantes que sufren porque no tienen la capacitación necesaria o porque algunas compañías priorizan a los ciudadanos (de este país)”, explicó. En medio de las disputas internacionales, con una creciente lista de países que se abstuvieron de adherir al pacto sobre migraciones, finalmente fue suscrito por 164 Estados, que apuestan a lograr una migración “segura, ordenada y regular”. El pacto buscar asegurar que se protejan los derechos de los migrantes desde una perspectiva de gestión conjunta de los desplazamientos humanos entre los países de origen, de tránsito y de llegada. Mantener la dignidad apunta a subrayar ese esfuerzo, tanto para los migrantes como para los países implicados, al fijar una serie de principios que impulsan la integración de los migrantes en las sociedades, a la vez que respeta la total soberanía de los Estados en la aplicación de políticas nacionales para atender este asunto. De hecho, el pacto no es vinculante, sino que invita a los países a “desarrollar un objetivo nacional de corto, mediano y largo plazo para la inclusión de migrantes en las sociedades, que incluye la integración en el mercado laboral, la reunificación de las familias, la educación, la no discriminación y la salud, con la posibilidad de impulsar alianzas con actores relevantes”, señala. El proceso de integración ha resultado arduo en muchos países, en especial a la hora de emplear a los migrantes, lo que deriva en un gran desempleo. Alemania se volvió un poco modelo de esas tensiones tras recibir a cientos de miles de migrantes y refugiados de países con conflictos armados. Y aun si encuentran trabajo, en Europa, los migrantes tienen mayores probabilidades de tener un empleo temporal. Con el tiempo, las diferencias laborales entre los ciudadanos y los extranjeros se reducen en muchos países, e incluso desaparece en la tercera parte de los casos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Marruecos está en una posición similar a la de los países europeos al pasar de ser un país de origen y tránsito a ser ahora también de destino. Así pues, las autoridades marroquíes lanzaron un programa a través de su Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y las Competencias (Anapec), a fin de facilitar el acceso a la asistencia para la búsqueda de empleo, y promover la equidad laboral dentro de las compañías. Su objetivo es garantizar una vida honrosa y digna para los migrantes que regularizaron su situación garantizándoles un acceso equitativo al mercado laboral. Sin embargo, el número de migrantes y de refugiados que lograron insertarse es reducido. Es común ver jóvenes de varios países de África occidental deambular por las calles en la zona de la icónica plaza Jemaa el-Fnaa y el mercado del barrio Medina, pavoneando sus teléfonos celulares, relojes, gafas de sol y camisetas de vivos diseños. Por ello, aumentan los reclamos de aumentar los servicios de Anapec, así como los beneficios disponibles para los migrantes, además de movilizar y estimular el microcrédito para asistirlos a realizar actividades generadoras de ingresos, además de mejorar las comunicaciones para incentivar al sector privado a que contrate migrantes. “Parlez-vous Français? (¿Habla usted francés?)”, pregunta un migrante emocionado, sentado en una alfombra donde expone lo que tiene a la venta, con la esperanza de atraer a algún posible cliente. Pero le responden con un movimiento de cabeza negativo y una disculpa en francés de un niño. Mientras, sigue esperando a que aparezca otro interesado. “Continuar a mejorar las condiciones de acceso a los servicios públicos de los migrantes y el goce de sus derechos, como a tener un trabajo decente, llevará a muchos migrantes a cumplir sus sueños aquí sin la necesidad de desafiar las olas de la muerte cruzando el mar Mediterráneo”, comentó Ahmadou, esperanzado. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Innovación local facilita redes solidarias de biogás en Cuba

ter, 18/12/2018 - 17:13

El ingeniero de 32 años Alexander López Savrán, innovador del biodigestor de cúpula fija estándar que permite crear redes de distribución a partir de materiales fácilmente disponibles en Cuba, ante uno de estos sistemas en la localidad rural La Macuca, en Cabaiguán, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPSPor Ivet GonzálezLA HABANA, Dec 18 2018 (IPS) Tuberías negras de plástico, fácilmente disponibles en los anaqueles de las desprovistas tiendas cubanas, distribuyen el biogás por las casas  de la localidad rural La Macuca, en forma soterrada o por entre las hierbas y piedras de los patios de las viviendas. La llama fuerte y azul en las cocinas de las ocho viviendas abastecidas por el productor Yuniel Pons, flamea gracias al joven ingeniero Alexander López Savrán, quien innovó el biodigestor de cúpula fija estándar para poder crear redes de distribución con los pocos y básicos materiales disponibles en este país insular caribeño. “Se diseñó un nuevo biodigestor que permite obtener presiones, con lo cual se puede distribuir biogás a más de cinco kilómetros sin necesidad de usar compresor ni soplador. En eso radica la innovación”, explicó a IPS este ingeniero, que vive en la ciudad de Cabaiguán, cabecera del municipio del mismo nombre y donde se ubica La Macuca, en la provincia central de Santi Spíritus.“Hace tres años tenía un gran desorden con los desechos de los animales, hasta que busqué asesoría y comencé a hacer el biogás...Estamos trabajando en la ampliación de los corrales para con otro biodigestor beneficiar a 15 familias más, que ya están identificadas”: Yuniel Pons. De hablar pausado y apariencia sencilla, López, de 32 años, ocupó titulares de prensa en 2017, cuando recibió el Premio Latinoamérica Verde, otorgado en Ecuador, y el estadounidense Instituto Tecnológico de Massachusetts lo incluyó entre los 35 jóvenes latinoamericanos que con sus innovaciones mejoraron la vida de sus comunidades. Con un movimiento de larga data de promotores del biogás y regulaciones actuales para la producción privada de carne porcina favorables a su expansión, Cuba enfrenta el reto de crear redes eficientes de distribución para explotar más este recurso ecológico y elevar la calidad de vida de las localidades rurales, con una economía en recaída. “Todo comenzó viendo el problema”, recordó López. “Teníamos centros porcinos que necesitaban biodigestores pero el volumen que iban a producir sería mucho mayor que el consumo de esas instalaciones estatales. Por otro lado, no teníamos equipos para poder distribuirlo”, detalló. Este combustible surge de la descomposición de materia orgánica, entre las que destacan las excretas de ganado y de humanos. Pero en muchas fincas con biodigestores queda un excedente de gas metano que, de no usarse, presiona el equipo y se suele liberar a la atmósfera, lo que contribuye a la contaminación. Además, la mayor eficiencia del biogás se obtiene para cocinar porque se pierde hasta 70 por ciento de la energía cuando se usa en generar electricidad o mover un vehículo. “Se consideraron dos factores: nos sobraba energía y existen dificultades para la cocción de alimentos en las comunidades por déficits en el acceso a la energía o los costos de la electricidad”, describió el innovador, sobre el problema que representa la dependencia de equipos electrodomésticos de la mayoría de los hogares cubanos. Tras dos año de estudio y diseño, López logró el primer prototipo, que con el tiempo “estructuralmente ha ido cambiando para ganar en eficiencia, durabilidad y prestaciones”, apuntó, al ser entrevistado por IPS en la casa de la familia compuesta por Pons, su esposa Sandra Díaz y un niño. Sandra Díaz regula la llama de su cocina que funciona a partir del biogás proveniente del innovador biodigestor instalado en su predio familiar, en La Macuca, en Cabaiguán, en la provincia de Santi Spíritus, en el centro de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS La mayoría de los biodigestores diseñados por López han sido construidos como parte del proyecto de Biomás Cuba, que coordina la estatal Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, situada en la provincia de Matanzas, con apoyo de la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo. Esta iniciativa, que busca la sostenibilidad energética del campo cubano, aporta parte de los insumos y el productor otra para construir el biodigestor, que con la tecnología de cúpula fija resulta caro porque requiere un gran volumen de materiales de la construcción pero se compensa con la distribución y 40 años de durabilidad. López estimó que su biodigestor de 10 metros cúbicos de gas cuesta en Cuba el equivalente a 1.000 dólares, pero con una eficiencia igual a la de uno estándar de 15 metros cúbicos. Menos rentables son los biodigestores de polietileno, de unos 800 dólares, para solo una vivienda y hasta 10 años de vida útil. Hasta ahora se han construido 10 biodigestores con esa innovación local en cuatro localidades de Cabaiguán: El Colorado (dos), Ojo de Agua (uno), Juan González (6) y La Macuca (uno), que abastecen a 102 viviendas y mejoraron la vida de 600 personas, con un ahorro de 65 por ciento de consumo eléctrico por cada hogar. Y la tecnología se replicó también en Matanzas, aunque el ingeniero lamentó la tibia acogida por parte de los tomadores de decisión sobre el sector en el caso de su biodigestor, que puede contribuir al plan nacional para que las energías renovables aporten 24 por ciento de la matriz eléctrica en 2030, contra cuatro por ciento actual. En bien provistos corrales, Pons mantiene entre 100 y 150 cerdos en la parte trasera de su vivienda como parte de un convenio entre empresas estatales y productores privados que logró en 2017 el récord de 194.976 toneladas, que no satisfacen la demanda de 11,2 millones de habitantes y parece que no se podrán superar al cierre de 2018. “Hace tres años tenía un gran desorden con los desechos de los animales, hasta que busqué asesoría y comencé a hacer el biogás”, recordó el productor, apoyado por Biomás. “Estamos trabajando en la ampliación de los corrales para con otro biodigestor beneficiar a 15 familias más, que ya están identificadas”, reveló. El productor agropecuario Yuniel Pons y su esposa Sandra Díaz junto al biodigestor instalado a un lado de su casa, que con su innovador sistema abastece de energía los fogones de ocho viviendas en La Macuca, un asentamiento rural del municipio de Cabaiguán, en el centro de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS Tras encender el fogón a gas en su cocina, Díaz, que se dedica a su hogar, detalló que “la cocción de los alimentos así es más rápida… una maravilla”. “Antes cocinaba con una hornilla y una olla reina (eléctrica a presión), pero casi siempre estaban rotas”, precisó sobre otra debilidad de los equipos eléctricos. La red llega hasta la humilde vivienda de Denia Santos y su familia, que es vecina de Pons. “Ahora cocino con biogás y lo uso también para hervir (desinfectar) las toallas y ropa de cama, algo que hacía con leña que yo misma preparaba”, describió esta cuidadora de su hijo con discapacidad intelectual. Otros beneficios identificados por las familias que disponen de biogás son una mejor vía para cocinar alimento animal, hervir el agua para el consumo humano y mayor cohesión comunitaria alrededor del biodigestor y su mantenimiento. José Antonio Guardado, el coordinador nacional del Movimiento de Usuarios del Biogás, que surgió en 1983 y hoy reúne a más de 3.000 integrantes en casi todas las provincias cubanas, calificó a IPS de satisfactoria la tendencia en el agro cubano de crear redes solidarias de biogás. Guardado observa una “mayor conciencia, apoyo político y acciones participativas en el contexto del desarrollo local”, aunque persisten obstáculos para la distribución porque “los materiales en el mercado no son óptimos ni suficientes ni asequibles” y “falta una infraestructura institucional para atender ese servicio integralmente”. Mientras, en el barrio periurbano de El Cano, en La Habana, los planes solidarios de la productora Hortensia Martínez se han detenido a pesar de que construyó con recursos propios un biodigestor de cúpula fija tradicional de 22 metros cúbicos, en su finca La China, para autoabastecerse y compartir con cinco viviendas vecinas. “Ahora pienso darle un impulso pero no hemos podido implementarlo porque nos faltan las conexiones hasta las casas de la comunidad y lleva unas válvulas, llaves especiales y un tipo de manguera que permita soterrar la red”, explicó a IPS la agricultora, que destaca por sus proyectos comunitarios, en especial con la niñez. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Energía solar corona programa de vivienda social en Brasil

ter, 18/12/2018 - 15:50

Un grupo de casas con paneles fotovoltaicos en sus techos, en el Residencial Maria Pires Perillo, a dos kilómetros de la ciudad de Palmeiras de Goiás. Con 740 viviendas, es el mayor proyecto de energía solar en conjuntos habitacionales de interés social en el estado de Goiás, en el centro de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPSPor Mario OsavaPALMEIRAS DE GOIÁS, Brasil, Dec 18 2018 (IPS) “La energía solar completa mi felicidad”, celebró Divina Cardoso dos Santos, dueña de una de las 740 casas con paneles fotovoltaicos en el techo en un asentamiento residencial en las afueras de esta ciudad del centro de Brasil. “La primera bendición ha sido la vivienda”, reconoció esta mujer de 67 años, cinco hijos y 14 nietos. “Yo pagaba 600 reales (155 dólares) al mes de alquiler en la ciudad de Palmeiras, ahora solo 25 reales (6,50 dólares) de cuota mensual por la casa, que es mía”, explicó a IPS. La jubilación, que desde hace dos años le asegura un salario mínimo (cerca de 248 dólares) de ingresos mensuales, y las visitas de la hija que vive en Suiza son “otras bendiciones”, que antecedieron a los paneles solares, que le permiten ahorrar casi todo el costo de la “cuenta de luz”, el equivalente a unos 15 dólares al mes. El Residencial Maria Pires Perillo, un conjunto de 740 casas que empezó a acoger familias pobres desde 2016, es uno de los proyectos “de interés social” de la Agencia Goiana de Habitación (AGEHAB), órgano del gobierno del estado de Goiás, en la región administrativa del Centro-oeste de Brasil. Ubicado a dos kilómetros de la ciudad de Palmeiras de Goiás, de 28.000 habitantes, este es el más grande de los cuatro conjuntos residenciales que AGEHAB va a abastecer con energía solar. La agencia es pionera en Brasil en incorporar este recurso en los programas habitacionales. “Nuestro deseo es construir todos los nuevos conjuntos residenciales con los paneles fotovoltaicos e incluso instalarlas en los construidos anteriormente”, declaró a IPS el presidente de AGEHAB, Cleomar Dutra. La agencia subsidia la instalación, otorgando 3.000 reales (780 dólares) a cada familia, a través del llamado “Cheque Más Vivienda” para la mejora de los hogares. Esa era una suma suficiente para dos paneles y los equipos necesarios, como inversores, cables y sostenes. Pero la devaluación durante este año de la moneda brasileña, el real, encareció las placas y equipos, casi todos importados. Hubo necesidad de buscar recursos adicionales para las instalaciones en el conjunto de Palmeiras, aún por concluir, señaló Dutra. Divina Cardoso dos Santos delante de su casa, por la que paga una cuota mensual de unos 6,5 dólares del financiamiento que pagan los propietarios del conjunto residencial a las afueras de la ciudad brasileña de Palmeiras de Goiás. Es un monto 24 veces inferior a lo que pagaba de arriendo. En el techo vecino, un calentador solar de agua, instalados en las viviendas del barrio. Crédito: Mario Osava/IPS “No todas las casas tendrán las placas fotovoltaicas, porque algunas no firmaron el contrato de financiación del “Cheque Más Vivienda”, aclaró Pedro de Oliveira Neto, el técnico de 32 años que conduce las instalaciones en el Residencial Maria Perillo, a cargo de la empresa Nexsolar. Oliveira efectúa esta labor desde hace cuatro meses, tras realizar un curso especializado. Antes trabajó en la industria cárnica y en la minería. Ahora pretende mantenerse en la rama de energía solar, “que tiene futuro, es innovación”, dijo a IPS. En realidad la mayoría de las viviendas del conjunto residencial cuentan con los paneles, pero pocas generan ya su propia energía. Después de la instalación hay que cumplir otras condiciones para que la empresa de electricidad local, la italiana Enel, haga la conexión del sistema de cada casa a la red de distribución. El proceso empezó en marzo de 2017 cuando se instalaron unidades solares en tres viviendas como prueba. Patricia Soares de Oliveira, de 31 años, casada y con una hija de ocho años, fue incluida en esa primera instalación. Su cuenta de electricidad cayó a una quinta parte de la anterior. Ahora gasta el equivalente a unos cuatro dólares mensuales. “Tenemos dos televisores, refrigerador, lavadora de ropa, una computadora y ventiladores”, mencionó a IPS para ilustrar cuál es su consumo energético. “Ahora queremos que se reduzca la cuenta de agua, que nos cuesta entre 10 y 12 veces más que la luz”, se quejó. Su familia también se libró de pagar alquiler al ganar derecho a la casa en el conjunto residencial. De un arriendo de 350 reales (90 dólares) pasó a pagar solo 25 reales (6,50 dólares) mensuales, la cuota por la pequeña porción del financiamiento que corresponde pagar el propietario. El bajo costo de la adquisición se debe al subsidio de hasta 20.000 reales (5.200 dólares) concedido por AGEHAB, mediante el “Cheque Más Vivienda” para construcción, a familias pobres, con ingresos de hasta tres salarios mínimos (equivalente a unos 740 dólares), explicó su presidente. Dos trabajadores instalan paneles fotovoltaicos en una casa del conjunto residencial Maria Pires Perillo, un beneficio adicional para las familias pobres que conquistaron su vivienda propia a un costo muy bajo. La Agencia Goiana de Habitación, del gobierno del estado de Goias, en el centro de Brasil, subsidia la mayor parte de la vivienda y la energía solar. Crédito: Mario Osava/IPS Las familias asentadas en el conjunto están pagando solo la financiación complementaria de la Caja Económica Federal, banco del gobierno central. “Una casa de 44 metros cuadrados, como las de este residencial, demanda materiales que cuestan 29.000 reales (7.500 dólares), pero se puede abaratar si la compra es colectiva”, estimó Dutra. Así el “Cheque Más Vivienda” es insuficiente, pero casi alcanza. Si las familias beneficiarias se encargan de la construcción, trabajando solidariamente en forma de  “mutirão (trabajo colectivo y gratuito de vecinos o amigos, conocido en algunos países como minga)”, o si la alcaldía aporta la mano de obra, las viviendas pueden construirse prácticamente sin deuda financieras, matizó Dutra. Los conjuntos habitacionales se destinan a las familias más necesitadas y locales de mayor demanda, ya que AGEHAB no dispone de recursos para atender a todos, puntualizó. Palmeiras de Goiás fue incluida en este sistema porque su población creció muy por encima del promedio del estado, debido a la inmigración. Nuevas industrias de carnes, lácteos y la alimentación animal atrajeron a muchos desempleados. El sol para generación eléctrica, fotovoltaica, es una novedad de los dos últimos años en el programa habitacional de Goiás, pero la energía solar está presente hace más tiempo en los proyectos sociales de vivienda, para el calentamiento de agua. Las calderas solares están presentes en el techo de todas las casas. Es una tecnología más barata y más accesible, bastante difundida en Brasil, incluso en la región del Nordeste, donde la población no tiene el hábito de bañarse con agua caliente, por las altas temperaturas locales. Patricia Soares de Oliveira, la primera en recibir, como prueba, los paneles fotovoltaicos en 2017, delante de su casa y al lado del medidor de electricidad con el aviso de “peligro de choque eléctrico”. Su cuenta de la luz cayó a una quinta parte de lo que pagaba antes, en el conjunto residencial de financiamiento social, a las afueras de Palmeiras de Goiás, en el centro de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS La generación fotovoltaica de electricidad tiene un potencial inmenso en Brasil. En el Centro-oeste, la radiación solar en un área útil de 30 metros cuadrados en el techo, podría producir cinco veces la electricidad consumida por una familia modesta, estimó Dennys Azevedo, ingeniero y gerente de Obras de AGEHAB. Esa generación sería suficiente para 3,5 residencias con el promedio de consumo nacional, 157 kilovatios/hora por mes, acotó a IPS. Pero las reglas fijadas por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), el órgano regulador brasileño, no permiten al consumidor vender la energía que  genera. Solo se puede compensar el consumo, es decir descontar la generación propia de la cuenta de electricidad. Las casas del Residencial Maria Perillo, por ejemplo, acogen la instalación de solo dos paneles, ocupando solo cerca de una quinta parte del tejado. Un módulo adicional sobrepasaría el consumo de las familias locales. Esa norma, inexistente en países que expandieron mucho la generación solar, como Alemania, es de difícil eliminación por “presión de las empresas distribuidoras que perderían mercado”, cree Azevedo. Además esas empresas quieren imponer un gravamen a la generación solar distribuida (descentralizada), una especie de tributo por uso de los cables, un costo actualmente subsidiado, según ellas. Pero “todos ya pagamos una tasa de disponibilidad” del sistema de distribución, se opuso el ingeniero. Otra restricción obedece a la importación de los equipos, aún no fabricados en Brasil. Sus precios dependen de la paridad cambiaria y cualquier devaluación de la moneda nacional encarece todo, imposibilitando la planificación, arguyó. Además los impuestos caros y variados elevan los precios de los equipos solares en Brasil, anulando parte de la reducción de costos de todos los componentes de la generación fotovoltaica, lamentó Azevedo, mientras se realizan esfuerzos por evitar esa tributación, “quizás comprando equipos por vía de las Naciones Unidas”, y por obtener fondos para nuevos proyectos. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Odisea de una joven senegalesa, de emigrante retornada a abogada

ter, 18/12/2018 - 13:16

La estudiante de Derecho, Judia Ndiaye, espera terminar su maestría en la Universidad Cheij Anta Diop (UCAD), de Senegal, en 2019. Ndiaye es una migrante retornada. Crédito: Samuelle Paul Banga/IPS.Por Mikaila IssaDAKAR, Dec 18 2018 (IPS) Judia Ndiaye, quien terminará su maestría en Derecho en la senegalesa Universidad de Cheij Anta Diop el año próximo, quiere ayudar a las comunidades locales, como la suya, Hann Bel-Air, donde es raro ver mujeres en la profesión. Pero hubo tiempo en el que no podía ni soñar con ello y se expuso a una terrible experiencia en el extranjero. Con 24 años, la inteligente y dedicada Ndiaye, quien logró especializarse en derecho notarial y ahora habla con entusiasmo de su futuro, es una emigrante retornada. En 2012, cuando tenía 18 años y llevaba cuatro meses en la Facultad de Derecho, se sintió agobiada. Ahora cuando cuenta las razones por las que se quiso ir de Senegal, baja la cabeza y se ríe. “En el primer año de la facultad, éramos 4.000 estudiantes y me subestimé; no creí que pudiera tener éxito en este mundo”, relató a IPS. Camino a la desilusión Ndiaye comenzó a buscar otra cosa para hacer con su vida. Siempre quiso trabajar en un centro de atención al cliente, y su primo Pape, quien vivía en Marruecos, le contó que allí pagaban muy bien en ese rubro. Dejar a la familia y emprender la aventura sin previo aviso es una decisión valiente, incluso surrealista, para una joven de una sociedad profundamente religiosa como la de Senegal. “No fue fácil tomar la decisión. No le dije a mis padres porque si hubieran sabido, no me habrían dejado ir”, recordó. Pape la contactó con quienes la ayudarían a llegar a Marruecos sin contar con los documentos en regla. “Me pagué el viaje con el dinero para mis estudios, 200.000 francos centroafricanos (CFA), unos 348 dólares”, relató. Pero cuando llegó el día de partir a la “tierra prometida”, se decepcionó cuando se dio cuenta de que no viajaba en avión, sino que “terminó subiéndose a un autobús a la fuerza”. Después de 3.000 kilómetros en un minibus, Ndiaye y otros jóvenes, por fin llegaron a Marrakech. Pero rápidamente, su sueño trabajar en un centro de atención al cliente se convirtió en desilusión. Nadie le dijo, y probablemente su primo no lo sabía, es que en Marruecos para trabajar en esos centros se exigen dos años de universidad. Vivió un tiempo con su primo y su esposa, pero no fue fácil, aunque la trataban bien. La joven fue testigo de cómo robaban y atacaban a su primo en la calle y temió que lo mismo pudiera pasarle a ella. “Marroquíes en un escúter trataron de robarle el teléfono. Él se quiso defender, pero los jóvenes lo apuñalaron. Vi cómo le brotaba la sangre y me traumé”, recordó, con voz temblorosa. De vuelta a casa para un nuevo comienzo Finalmente, decidió volver a Senegal, con ayuda de sus padres, quienes le pagaron el pasaje de regreso en avión. Una vez en su país, con ayuda de su familia, Ndiaye pudo seguir estudiando. “En la universidad, me sentía un poco como en casa. Me daba vergüenza porque la gente sabía que había dejado de estudiar y me había ido a Marruecos”, acotó. “Mis profesores me ayudaron, en especial una que me daba ánimos cuando lo necesitaba. Ahora trabaja en un tribunal en Dakar”, apuntó Migrantes como mensajeros Mientras avanzaba en sus estudios, un amigo, también emigrante retornado, le dio el número de teléfono de Mohamadou Ba, encargado de una comunidad de retornados voluntarios en Dakar. Ba forma parte de la campaña Migrantes como Mensajeros, impulsada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La campaña capacita a los migrantes retornados a entrevistar, filmar y documentar las historias de otros que pasaron por lo mismo, luego las comparten en Facebook y otras redes sociales, motivando a otros a hacer lo mismo. Ndiaye se unió a otros y decidieron el mensaje que querían difundir entre los jóvenes, basándose en sus propias experiencias: “lo mejor es quedarse en casa, o si decides viajar, hazlo de forma regular”. Más que asistencia económica Ndiaye también está agradecida de la ayuda que recibió de la red de emigrantes retornados a Senegal. “Logramos confianza y esperanza. Y es mucho más importante que la asistencia económica”, explicó. Yaya Mballo y Ndèye Fatou Sall también son emigrantes retornados, quienes, gracias a la OIM, lograron reintegrarse a la sociedad y fundaron su propio negocio de filmación y video. Por su parte, Julia Burpee, especialista en desarrollo de medios de la campaña, dijo a IPS: “Cuando comenzamos la capacitación de vídeo y narración, muchos emigrantes que habían retornado de Libia y de otros países eran demasiado tímidos y estaban avergonzados de compartir sus historias”. “Cuanto más estaban frente a la cámara, y detrás de ella, y veían los beneficios de usar el vídeo como herramienta para sanar y difundir un mensaje, más a animaron a hablar”, comentó Burpee. “Ahora todos hablan con seguridad y convicción sobre sus experiencias migratorias, deseosos de ayudar a informar a otros sobre los riesgos que encuentran y, en definitiva, salvar vidas”, añadió. Este martes 18 se conmemora el Día Internacional del Migrante y muchos de los retornados celebrarán con diversas actividades en la capital senegalesa. Ndiaye, por su parte, está muy interesada en el derecho aplicado a cuestiones de género. De hecho, su disertación para la maestría trata sobre la desigualdad de género en las leyes de sucesión islámicas en este país de África occidental. “El derecho de sucesión me fascina porque regula la vida cotidiana y también es un hecho del que se escucha hablar mucho”, explicó a IPS. “Sí, las mujeres podemos”, concluyó. * Con aportes de Samuelle Paul Banga. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Se busca nuevo acuerdo para la naturaleza

seg, 17/12/2018 - 19:27

Rinocerontes blancos de Sudáfrica, recuperados de su casi extinción gracias a intensos esfuerzos de conservación. Crédito: Kanya D’Almeida/IPSPor Tharanga YakupitiyageNACIONES UNIDAS, Dec 17 2018 (IPS) Los animales silvestres están siendo aniquilados a un ritmo sin precedentes, y es culpa de los seres humanos. Pero un nuevo acuerdo que vincule todos los factores responsables de su desaparición podría ayudarnos a protegerlos mejor. Preocupado por la rapidez de la pérdida de biodiversidad, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) llama a un nuevo acuerdo para la naturaleza y las personas con el fin de acelerar e integrar las acciones entre tres áreas centrales: diversidad biológica, degradación del suelo y cambio climático. “Las tendencias son sorprendentes. Hacemos frente a un declive sin precedentes, que se acelera”, subrayó el director general de WWF, Marco Lambertini, en diálogo con IPS. “Es un tema global. Casi ningún país queda exento” del problema, añadió. Y no son solo las especies más icónicas como pandas, elefantes y tigres, apuntó. Según el informe de WWF “Planeta Vivo”, las poblaciones de especies vertebradas disminuyeron casi 60 por ciento en el mundo en solo 40 años. Solo las especies de agua dulce sufrieron una reducción de 80 por ciento. La disminución de esas poblaciones fue especialmente notoria en América Central y América del Sur, donde hay 89 por ciento menos de especies silvestres que en 1970. Entre los factores que más inciden en la pérdida de diversidad biológica se destacan actividades humanas como la reconversión en el uso de la tierra y la sobreexplotación. Más de 40 por ciento de las tierras del mundo se convirtieron o se dejaron de lado solo para la agricultura. La Amazonia, donde viven más de 10 por ciento de las especies del planeta, sufre una importante deforestación y reconversión de hábitats para dar a lugar a actividades agrícolas, como la cría de ganado y el cultivo de soja. Se realizaron algunos esfuerzos para frenar y revertir prácticas dañinas, pero no alcanzaron a evitar que desapareciera 20 por ciento de la Amazonia en solo 50 años. En Indonesia, los primates sufren un alto riesgo de extinción a medida que se destruyen las selvas para dar lugar a la producción de aceite de palma. “La producción de alimentos es la mayor responsable de la pérdida de hábitats, y muy poca gente se da cuenta de la relación entre la comida que comen y el impacto (que su producción) tiene en la vida silvestre y en los hábitats del mundo”, se lamentó Lambertini. Pero eso no es todo. Según el Convenio de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD), la gestión no sostenible de las tierras, que acompaña a muchos cultivos modernos y prácticas ganaderas, causa la degradación del suelo, y contribuye tanto a la desertificación como a la mayor pérdida de biodiversidad. “Con las tendencias actuales en la producción, la urbanización y la degradación ambiental, vemos cómo se pierden y se desperdician muchas tierras”, remarcó la secretaria ejecutiva de la UNCCD, Monique Barbut, en el informe Perspectiva Global de la Tierra. “Perdemos nuestra conexión con la tierra. Perdemos con demasiada rapidez el agua, el suelo y la biodiversidad que son el sostén de todos los seres vivos”, subrayó. “No habrá un futuro próspero, saludable ni feliz, solo un futuro con un planeta degradado”, coincidió Lambertini. Buscando una base común El UNCCD es uno de los tres convenios surgidos de la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, en 1992. Los otros son el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Cada uno es significativo por sí solo, pero Lambertini subrayó la necesidad de mayor integración entre los tres convenios, pues los tres tienen puntos de contacto. “Pedimos un nuevo acuerdo para la naturaleza que realmente reconozca las interdependencias y que integre; degradación del suelo, cambio climático y conservación de la naturaleza”, indicó. Las secretarías ejecutivas de los tres convenios también reconocieron la interseccionalidad de los tres temas durante la conferencia de cambio climático de 2017, y pidieron la creación de infraestructura para preparar un proyecto. La oficina común ayudará a promover una acción coordinada entre las cuestiones que tienen en común las convenciones y tendrá fondos para proyectos multidisciplinarios de gran escala. Pero se ha mencionado muy poco sobre eso desde entonces. Al igual que el Acuerdo de París sobre cambio climático, el “nuevo acuerdo sobre la naturaleza y las personas” mejorará los esfuerzos de la comunidad internacional mediante metas y objetivos ambiciosos para frenar la pérdida de biodiversidad y proteger y recuperar la naturaleza. A diferencia de la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vencen en 2030, las metas sobre biodiversidad de los ODS, vencen en 2020, y se espera que muchos países no estén cerca de lograrlas, dadas las tendencias actuales. El nuevo acuerdo para la naturaleza sería un marco para después de 2020, y ayudaría a los gobiernos a ponerse al día, pero también a redoblar esfuerzos. La última Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad accedió a comenzar un proceso de preparación, un primer paso hacia la creación de un nuevo marco. Pero no hubo una gran ambición, se lamentó WWF. “El mundo necesita despertar a los riesgos de la pérdida de biodiversidad. Todos los actores, las empresas, los gobiernos y las personas necesitan actuar ya, si queremos tener algún tipo de esperanza de crear un futuro sostenible para todos y un nuevo acuerdo para la naturaleza y las personas en 2020”, subrayó Lambertini. “Para que suceda, necesitamos una visión cohesionada y una fuerte voluntad política, algo que la (14 Conferencia de las Partes) no tiene”, apuntó. El valor de la naturaleza El Índice del Planeta Vivo calculó que los servicios que ofrece la naturaleza ascienden a 126 billones (millón de millones) de dólares al año, mientras también ofrece aire puro, agua limpia, alimentos y medicamentos. La vida silvestre juega un papel esencial, e incluso puede ayudar a restablecer y reconvertir el suelo. “Solemos olvidar que esas criaturas son fundamentales para mantener ecosistemas, como bosques, océanos, humedales, praderas y ofrecer los servicios que son fundamentales para nosotros”, recordó Lambertini. “Hay un fuerte vínculo entre la biodiversidad y los ecosistemas y nuestra lucha contra el cambio climático”, añadió. Por ejemplo, aproximadamente 87 por ciento de las especies de plantas con flor dependen de animales para su polinización, y los cultivos que dependen de ellos de forma parcial para su polinización representan 35 por ciento de la producción mundial de alimentos. Los primates también ayudan a dispersar semillas y polen y a mantener las selvas tropicales, que desempeñan un papel fundamental en los patrones de lluvias y en la reducción de emisiones de carbono. En la 24 Conferencia de las Partes de la CMNUCC, realizada en Polonia este mes, muchos participantes abogaron por soluciones naturales, como las selvas, para ayudar a reducir 30 por ciento de las emisiones contaminantes. WWF urge a todos los actores a aunar esfuerzos para crear un marco integral que ayude a proteger el ambiente para la próxima conferencia sobre biodiversidad, que se realizará en China en 2020. “Es hora de dejar de dar por sentada a la naturaleza, dependemos de ella más de lo que ella depende de nosotros”, advirtió Lambertini. “No dejen a la naturaleza, la conservación del ambiente y el cambio climático como ideas tardías, deben de encabezar el pensamiento y la planificación tanto en el ámbito político como en el económico”, concluyó. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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El Nacional apaga su rotativa, otra herida para el periodismo en Venezuela

seg, 17/12/2018 - 16:22

Con su última edición impresa, del viernes 14 de diciembre de 2018, el diario El Nacional se propone "un descanso en el camino" hasta poder reaparecer con un titular como "Venezuela regresa a la democracia". Crédito: Humberto Márquez/IPSPor Humberto MárquezCARACAS, Dec 17 2018 (IPS) “Hola Nicolás, nos vemos en la web”, editorializó en forma de “mancheta” el diario El Nacional al publicar, por falta de papel y al cabo de 75 años de presencia en las calles de Venezuela,  su última edición impresa. Resumió así el desafío opositor mantenido contra la presidencia que Nicolás Maduro ejerce desde 2013 –como también sobre su predecesor Hugo Chávez (1999-2013)-  y el reto que significa cesar su aparición en papel para, como muchos otros diarios en el mundo, mudarse a Internet. Al apagar su rotativa, desde el 14 de diciembre, El Nacional se suma a los 41 medios impresos, 65 radioemisoras y ocho televisoras forzadas a cerrar durante el sexenio presidido por Maduro, según cifras del Sindicato de Trabajadores de la Prensa y el no gubernamental Instituto Prensa y Sociedad, con su sede central en Lima. Durante los períodos de Chávez y Maduro “se han aplicado mecanismos para cerrar medios críticos, como una nueva ley sobre radio y TV, retiro de concesiones a radios y televisoras, demandas en tribunales, agresión física a periodistas, campañas de desprestigio y monopolio del papel para imprimir”, dijo a IPS el presidente-editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, desde España, donde reside exiliado. Otero y otros responsables de medios en Venezuela son objeto de diferentes demandas ante la Justicia, controlada por el gobierno, según lo que subrayan organismos locales e internacionales de derechos humanos. Una de ellas, incoada por el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela,  Diosdado Cabello, puede dar origen a una multa multimillonaria que lleve a ocupar la sede y otros bienes del diario El Nacional, considerado uno de los más prestigiosos de América Latina buena parte de su historia. El uruguayo Edison Lanza, relator sobre la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo a IPS que el cierre de la edición impresa de El Nacional por no disponer de papel “es un ejemplo muy lamentable del uso del poder del Estado contra la prensa”. Lanza recordó desde Washington, sede de la CIDH, que el Articulo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 “expresamente prohíbe restringir el derecho de expresión por medios indirectos como el abuso de controles oficiales sobre el papel para periódicos”. Grandes medios pueden migrar a formatos digitales pero mantienen sus ediciones impresas en las calles no solo porque es su emblema sino porque atienden a todos sus públicos y de esta forma pueden captar más anunciantes, destacó Lanza. En Venezuela, bajo un régimen de control de cambios desde 2003, el Estado asignó durante años cupos de divisas a los periódicos para importar papel, pero desde 2013 monopolizó la importación. “Desde entonces la corporación estatal entregó papel a los medios que consideraban afines o amigos. A nosotros nunca nos lo vendieron”, según Otero. “¿Cómo sobrevivimos? Primero, antes de 2013 adquirimos todo el inventario de papel que pudimos. Luego, periódicos de América nos donaron papel, durante algún tiempo, no podía ser para siempre. Y bajamos la circulación y la paginación, hasta llegar la semana pasada a solo 10.000 ejemplares con 16 páginas”, narró Otero. El Nacional imprimió hasta la primera década de este siglo más de 50.000 ejemplares diarios, sobre 100.000 los domingos, con cuatro o más cuerpos que incluyeron siempre grandes espacios para la cultura y los asuntos sociales, junto con la opinión de aquilatadas plumas de América Latina. Periodistas de El Nacional congregados en la sede del diario el 14 de diciembre mientras circulaba por última vez. Tras 75 años de presencia en las calles, ese diario referente de la información en Venezuela y en América Latina, apagó su rotativa, aunque mantendrá su página digital. Crédito: Cortesía de Efecto Cocuyo Políticamente el diario, que tuvo entre sus fundadores al abuelo y al padre del actual  editor, este último el novelista (Casas Muertas, La piedra que era Cristo) Miguel Otero Silva (1928-1985), se caracterizó desde su nacimiento por una orientación de centroizquierda. A lo largo de su historia destacó por su combate a las dictaduras de Francisco Franco en España y Augusto Pinochet en Chile, al igual que a otros regímenes militares que proliferaron en la región desde su nacimiento. Además,  paradójicamente, en 1998 apoyó la campaña con la que Chávez, fue elegido presidente, para después transformarse en su opositor. Asaeteado por años de hostilidad oficial, escasísima publicidad “y tras consumir los ahorros”, según Otero “no podíamos seguir reduciendo y hacer un diario de una página y 1.000 ejemplares. Eso mataría la marca, y por eso decidimos apagar temporalmente la rotativa”. “Con esa misma rotativa esperamos publicar más temprano que tarde un titular que diga “Venezuela regresa a la democracia””, añadió Otero. Los periodistas y otros trabajadores migran a la edición digital, dijo Patricia Spadaro, jefa de redacción del periódico. El gerente de la empresa, Jorge Makriniotis, agregó a IPS que se crea una opción de crowfunding (micromecenazgo) bautizada Papel de Libertad, para recoger fondos que ayuden a sostener y desarrollar a El Nacional en la web. “Seguiremos haciendo nuestro trabajo, que es mostrar los problemas que le queman la piel a la gente en las calles de este país”, dijo Spadaro a IPS. El Nacional, lamentó Marco Ruiz, secretario general del Sindicato de la Prensa, “llegó a tener hace dos décadas 1.500 trabajadores, y hoy solo tiene 280, de ellos casi 100 en talleres. Son puestos de trabajo perdidos o de estabilidad amenazada producto del cerco económico y la persecución de los poderes que no soportan la disidencia”. El historiador Elías Pino, directivo del periódico,  consideró que “la historia de Venezuela de las últimas décadas no se puede entender sin la lectura de El Nacional, porque el periódico guiado por Otero Silva le dio un entendimiento propio a la realidad venezolana, y el cierre de su impreso muestra también el cierre de toda una etapa en la vida del país”. El Nacional permanecía como el único diario con alcance a todo el país que mantenía una línea crítica, pues en los últimos años otros medios impresos independientes fueron adquiridos, en negociaciones bajo términos confidenciales, por grupos que se han mostrado afines al gobierno. La televisión todavía es, según estudios de firmas encuestadoras, el principal recurso de los venezolanos para informarse, pero han cerrado o cambiado de manos las estaciones que lo hacían en términos críticos y se han multiplicado las frecuencias de TV en manos del sector gobernante o afines a este. Para la nueva apuesta del periódico quizá sea útil la mancheta de su primera edición, el 3 de agosto de 1943, esa frase corta editorial destacada en su página de opinión que caracterizó cotidianamente a la publicación. Se trata de un verso del poeta español Antonio Machado que repitió en cada edición aniversaria: “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Todavía hay vida en vapuleado Órgano de Apelación de la OMC

sex, 14/12/2018 - 16:51

El embajador japonés Junichi Ijara, presidente del Consejo General, cuerpo supremo de la OMC durante los recesos de la conferencia ministerial, anunció el lanzamiento inmediato de discusiones informales para tratar de resolver la crisis del tribunal sobre diferencias del organismo. Crédito: OMCPor Gustavo CapdevilaGINEBRA, Dec 14 2018 (IPS) El máximo tribunal de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Órgano de Apelación, amenazado con desaparecer ante los embates de Estados Unidos, dio muestras de su imparcialidad este viernes 14, al fallar a favor de Washington en una causa interpuesta por México. La sentencia reconoció que Estados Unidos introdujo modificaciones en su política de etiquetado de los productos de atún mexicano. El diferendo se originó en descripciones impresas en los envases de atún que aludían a métodos de captura perjudiciales para los delfines. El dictamen se conoció al concluir una semana de tensiones internas como probablemente nunca había atravesado la OMC en sus casi 24 años de vida. La animadversión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump hacia la OMC y en particular a su Órgano de Apelación tuvieron eco en las sesiones de su Comité de Negociaciones Comerciales, el lunes 10, y del Consejo General, el miércoles 12. El jefe de la misión negociadora de Estados Unidos, el embajador Dennis Shea, dejó en claro que su país mantiene el bloqueo al funcionamiento del esa instancia, al vetar el nombramiento de nuevos jueces para integrarla. De un total de siete miembros, el tribunal solo cuenta en la actualidad con tres, el mínimo legal para asegurar su funcionamiento. El 10 de diciembre de 2019 quedará con solamente uno, al concluir el mandato de los otros dos, y de esa manera caerá en la parálisis total. Tres de los principales actores de la escena comercial internacional, la Unión Europea, China e India, con el apoyo de otros países industrializados y en desarrollo, presentaron en esta segunda semana de diciembre un plan para asegurar la designación de nuevos jueces del máximo tribunal de la OMC. Pero Washington rechazó la iniciativa e insistió en sus critica a los miembros del Órgano de Apelación por “no guiarse por las normas acordadas en 1995”, cuando se creó la OMC y reemplazó a un anterior organismo que atendía algunos de sus mandatos. Sucesivos gobiernos estadounidenses mostraron disconformidad con los fallos del Órgano de Apelación y sugirieron que inclinaba la balanza en contra de la primera economía mundial. Pero con el republicano Trump, aún antes de que asumiera la presidencia en enero de 2017, las amenazas se acentuaron y se extendieron a la misma OMC y la totalidad del sistema multilateral de comercio, recordó a IPS un negociador comercial latinoamericano que pidió reservar su identidad. “La paralización y la posible desaparición del Órgano de Apelación serán un golpe fatal para la credibilidad de la OMC”, advirtió el embajador de India, J.S. Deepak, durante la sesión del Consejo General. El jefe de la misión china, el embajador Zhang Xiangchen, recrimino a Estados Unidos por “airear sus críticas al proceso de apelación, pero sin aportar sugerencia concretas ni solución alguna”, dijo. A la crisis del Órgano de Apelación se suma la mora de la OMC en el proceso de negociaciones comerciales. Desde 2001 arrastra sin lograr acuerdos los compromisos asumidos en la conferencia ministerial de la capital de Qatar, conocida como la Ronda de Doha. Pero en este momento, “el nudo gordiano de la OMC es la situación de su tribunal de apelaciones”, dijo un representante mexicano. Fuentes comerciales observaron que los países miembros de la OMC han asumido con suma seriedad la crisis que atraviesan la institución y su máximo tribunal. El negociador japonés Junichi Ijara, presidente del Consejo General, cuerpo supremo de la OMC durante los recesos de la conferencia ministerial, anunció que lanzará de inmediato un proceso informal de discusiones para resolver la crisis del Órgano de Apelación. El embajador Ijara evaluó que la opinión dominante entre los miembros de la OMC se inclina por un debate urgente del diferendo y con enfoques más concentrados en la esencia del problema. A pesar del clima de incertidumbre inocultable en la OMC, los tres jueces del Órgano de Apelación siguen dictando justicia. Y en este viernes 14 fue a favor de Estados Unidos. Edición: Estrella Gutiérrez   El artículo Todavía hay vida en vapuleado Órgano de Apelación de la OMC fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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El Tren Maya agita a comunidades locales en México

sex, 14/12/2018 - 14:20

El megaproyecto del Tren Maya, en el sur de México, afectará ecosistemas fundamentales de la Península de Yucatán, que alberga 25 áreas naturales protegidas, como podría suceder con esta laguna en la reserva comunitaria de Síijil Noh Há, contigua al área preservada de Sian Ka'an. Crédito: Emilio Godoy/IPSPor Emilio GodoyFELIPE CARRILLO PUERTO, México, Dec 14 2018 (IPS) “Si miles de personas llegan a este municipio, ¿cuál es su capacidad para atenderlos? Me da miedo ese crecimiento”, se sinceró Zendy Euán, vocera de una organización comunitaria respecto al proyecto del Tren Maya (TM), una red ferroviaria que recorrerá cinco estados del sur de México. Euán, una indígena maya que reside en el municipio de Felipe Carrillo Puerto (FCP), aseguró a IPS que carecen de información detallada sobre el megaproyecto, una de las iniciativas estrella del flamante gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente por sus siglas AMLO, quien lo prometió durante su campaña. “No lo tenemos claro. Desconocemos el proyecto”, dijo Euán, quien cuestionó también los beneficios prometidos por el presidente, quien inició su sexenio el 1 de diciembre,  para la población local, así como los mecanismos de participación en la obra y sus amenazas ambientales.“Violan nuestros derechos indígenas. No estamos de acuerdo con cómo se consulta ni vemos los beneficios para las comunidades (del Tren Maya). Está dirigido a los puntos turísticos. Los que se beneficiarán son los grandes empresarios”: Miguel Ku. “¿Cuál será el beneficio para los ejidatarios, para las artesanas? Como comunidades ecoturísticas, ¿tendremos un espacio para la promoción?”, planteó la portavoz de la Red de Turismo Comunitario de la Zona Maya de Quintana Roo, uno de los estados del sureste mexicano que comparten la Península de Yucatán, en la costa atlántica,  con 1,5 millones de habitantes. La red, surgida en 2014, agrupa a 11 organizaciones comunitarias de tres municipios de Quintana Roo y ofrece recorridos ecoturísticos y culturales en la zona, su principal actividad económica. En el municipio de FCP, habitado por más de 81.000 personas, existen 84 ejidos, sistemas tradicionales mexicanos de tierras de explotación colectiva que pueden venderse. Uno de ellos, del mismo nombre que el municipio, con 47.000 hectáreas y 250 ejidatarios,  administra las reservas ejidales Síijil Noh Há (donde brota el agua, en lengua maya) y Much’Kanan K’aax (juntos cuidemos el bosque). Las dudas de Euán son compartidas por miles de habitantes de la península, que recibe cada año casi siete millones de turistas. IPS recorrió un tramo del trazado preliminar del TM por Quintana Roo y el vecino estado de Campeche y constató la falta generalizada de información precisa sobre proyecto y sus posibles consecuencias ecológicas, sociales y culturales, en una región con alta marginación social. El gubernamental Fondo Nacional del Turismo (Fonatur) promueve la obra, a un costo de entre 6.200 y 7.800 millones de dólares. El plan es que empiece a operar en 2022, con 15 estaciones a lo largo de 1.525 kilómetros por 41 municipios de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Sus locomotoras funcionarán con biodiesel –posiblemente elaborado con aceite de palma- y se proyecta que trasladen anualmente a unos tres millones de pasajeros, además de carga. Zendy Euán, portavoz de una red de turismo comunitario, explica en el Museo Maya del municipio Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, el trazado del Tren Maya por áreas ambientalmente claves del sur de México. Organizaciones sociales e indígenas cuestionan los beneficios de esa megaobra, uno los proyectos estrella del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Crédito: Emilio Godoy/IPS El nuevo gobierno argumenta que el proyecto impulsará el desarrollo socioeconómico de la región, fomentará la inclusión social y la creación de empleo, resguardará las culturas indígenas, protegerá las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en la península y fortalecerá la industria turística. Milenarios ecosistemas El tendido ferroviario morderá el corazón de la jungla maya y sus rieles atravesarán ese ecosistema milenario, escenario del imperio maya que dominó esa zona y toda la región mesoamericana desde el siglo VIII hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Se trata del macizo selvático más importante de América Latina después de la región de la Amazonia y un área clave en la conservación de la riqueza natural en México, que ocupa el puesto 12 entre los países más megadiversos del planeta. La región pertenece al Corredor Biológico Mesoamericano, un puente de hábitats que conecta el sur mexicano con Panamá, el país más al sur de los siete centroamericanos, y alberga cerca de 10 por ciento de las especies conocidas del mundo. En la Península de Yucatán, que conforman Campeche, Quintana Roo y Yucatán, hay 25 ANP, con una extensión total de 8,5 millones de hectáreas. De hecho, dos estaciones del TM serán contiguas a las reservas de la biosfera de Calakmul, de 725.000 hectáreas, y de Sian Ka’an, de 650.000 hectáreas. “¿Qué va a pasar? No conocemos el trazo, no tenemos información. Tenemos que analizarlo bien”, declaró a IPS el maya Luís Tamay, presidente del Comisariado de Bienes Comunales del ejido Nuevo Becal, en el municipio de Calakmul (ciudad de s montículos contiguos), en Campeche. Al igual que Euán, el dirigente teme el arribo multitudinario de turistas, para lo cual Calakmul “no está preparado, pues es un proyecto de alto impacto” para un municipio de solo algo más de 28.000 habitantes. Nuevo Becal cuenta con 84 titulares de tierras, abarca 52.800 hectáreas y ejecuta seis proyectos de explotación maderera, agrosilvicultura, semillas y conservación ambiental. Aunque el TM no pasará en sus inmediaciones, dejaría secuelas en la zona. En Calakmul, el gobierno realizará en 2019 estudios técnicos y de impacto ambiental, con la idea de iniciar la construcción al año siguiente en la localidad. Para construir la red ferroviaria, el gobierno  debe negociar con los ejidatarios, propietarios de la mayoría de tierras en los cinco estados del tendido previsto, pues existen 385 en Campeche, 279 en Quintana Roo y 737 en Yucatán. De hecho, el gobierno ya pidió en el ejido Felipe Carrillo Puerto 30 hectáreas para construir una estación,  como un aporte a la obra, un proyecto de viejo cuño, pues la entonces gobernadora de Yucatán, Yvonne Ortega, propuso el Tren Rápido Transpeninsular en 2007. Poco después de asumir el poder, en diciembre de 2012, el antecesor de AMLO, el conservador Enrique Peña Nieto, lo adoptó como plan nacional para conectar la región. Pero el recorte al gasto público de 2015 aparcó el proyecto, al que se sumarán más de 300 kilómetros de vías remanentes de la red ferroviaria que funcionó entre 1905 y 1957, primero como transporte militar y luego también de pasajeros. El 24 y el 25 de noviembre, antes de tomar posesión, el equipo de AMLO obtuvo el apoyo  para la red ferroviaria, junto con una nueva refinería en el estado de Tabasco y la ejecución de otros proyectos, durante una llamada Consulta Nacional sobre 10 Programas Sociales Prioritarios. Pero ese respaldo, en una consulta que solo se hizo en ciertas localidades mediante un proceso poco representativo, no apaciguó las críticas en la península al Tren Maya. El 15 de noviembre, un grupo de académicos  pidió a López Obrador detener las obras por sus impactos ecológicos, sociales, culturales y arqueológicos. Tres días después, un colectivo de organizaciones indígenas rechazó el proyecto, pidió respeto a sus bosques y selvas y demandó una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada. “Violan nuestros derechos indígenas. No estamos de acuerdo con cómo se consulta ni vemos los beneficios para las comunidades. Está dirigido a los puntos turísticos. Los que se beneficiarán son los grandes empresarios” del sector, denunció a IPS ya en diciembre Miguel Ku, representante de la Red de Productores de Servicios Ambientales. Esa organización aglutina a 3.756 ejidatarios de 33 núcleos agrarios en el municipio de José María Morelos, tres más en el municipio de FCP, todos en Quintana Roo. En conjunto, poseen 257.000 hectáreas que destinan al aprovechamiento forestal, agricultura, apicultura y ganadería. Las organizaciones locales buscan otro modelo socioeconómico. “Hemos demostrado que la conservación permite un buen desarrollo. Tenemos recursos naturales, déjennos aprovecharlos, de ahí nos mantenemos”, planteó Tamay. El maya Ku rechazó la repetición del esquema aplicado en otros proyectos. “Estamos hartos de ser los dueños de las tierras y sean otros los que se lleven los beneficios. El gobierno podría hacer otra cosa. Queremos que los ejidos desarrollen sus propios proyectos”, pidió. Pero López Obrador parece tener prisa en avanzar con el Tren Maya, y este domingo 16 va a colocar su primera piedra en la ciudad de Palenque, en Chiapas, sin esperar a que Fonatur presente la evaluación sobre su impacto ambiental ante la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Conflictos en África vuelven inservible el pacto sobre migraciones

sex, 14/12/2018 - 13:13

Soldados del Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte limpian las armas que aseguran haber tomado a las fuerzas gubernamentales. Crédito: Jared Ferrie/IPSPor Danielle EngoloMARRAKECH, Dec 14 2018 (IPS) El ya aprobado Pacto Mundial para una Migración, Segura, Ordenada y Regular sigue generando controversia. Evans Tekenge Manuika, jefe de Todos por la Integración de Migrantes en Marruecos, conversó con IPS y alertó sobre que el documento será letra muerta si no se logra la paz en África. Tekenge Manuika conversó con IPS en el marco de la Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración, que comenzó el lunes 10 en Marruecos. La reunión de alto nivel se vio marcada desde el inicio por un hecho sin precedentes: la ausencia de por lo menos siete Estados miembro que cancelaron su participación casi a último minuto. La comunidad internacional se esfuerza por resolver el agravamiento de las crisis humanitarias y por mejorar la aceptación de refugiados y migrantes, lo que redobla la importancia del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el que se volvió políticamente sensible. Las ausencias llamaron la atención porque la implementación del pacto es voluntaria, a diferencia de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, suscrita y ratificada por los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, pero no necesariamente implementada. El pacto, adoptado el lunes 10, es el primer acuerdo intergubernamental negociado, que busca cubrir todas las dimensiones de las migraciones internacionales. Se trata de un documento proactivo que busca orientar a los Estados en todos los asuntos relacionados con las migraciones. Cabe recordar que Estados Unidos fue el detractor más notable de la conferencia al condenar el pacto y tildarlo de violación a la soberanía nacional. Pero también hubo otros países que frenaron el pacto o se negaron a firmarlo como Hungría, Australia, Israel, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Austria, Suiza, Bulgaria, Letonia, Italia, Suiza y Chile. El documento adoptado establece 23 objetivos que pretenden cubrir todos los aspectos relativos a las migraciones, y cada uno tiene un objetivo general y un abanico de posibles acciones para que implementen los Estados miembro del foro mundial. El significado de la conferencia fue lo que atrajo, además de diplomáticos y funcionarios, a unas 400 organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, el sector privado y la academia, así como a más de 700 periodistas registrados. Y en ese contexto, IPS entrevistó a Tekenge Manuika. IPS: Usted que trabaja para un organización que se preocupa por las migraciones, ¿qué opinión le merece el pacto? EVANS TEKENGE MANUIKA (ETM): El Pacto Mundial será inútil mientras sigan habiendo zonas en conflicto en África. Vinimos aquí como parte de la sociedad civil para tomar medidas concretas, y no solo hablar. Hablamos mucho. Ya es tiempo de que las migraciones sean seguras, ordenadas y regulares. Trajimos ideas para que las grandes potencias hagan campaña por la paz en zonas en conflicto de África. También tenemos que darle esperanza a la gente y estar a la altura de los países que expulsan gente. IPS: ¿Cómo debe implementarse el pacto? ETM: Le pedimos a la ONU que tomara medidas concretas, en vez de solo denunciar. Debemos hacer campaña por la paz en las áreas donde hay conflictos de interés entre las grandes potencias. Debemos de promover el desarrollo y también pensar en el futuro de los jóvenes de África. También pedimos como solución a la cuestión migratoria, actuar a escala nacional en los países de origen y partida, y no solo en los países a los que llegan los migrantes. Si atendemos la cuestión migratoria en los países de llegada, será una pérdida de tiempo. Debe atenderse en la fuente. Si en el país de partida todavía hay guerras, siempre habrán personas emigrando. Se sacrifican los jóvenes de África, su futuro no está claro, y por eso la gente sigue migrando. IPS: ¿Cree que los Estados africanos, a los que se suele criticar por no respetar las leyes nacionales, puedan respetar las disposiciones del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular? ETM: Es cierto que se suele criticar a los jefes de Estado africanos por ese asunto, pero tratemos esta vez de darles una oportunidad con el pacto y sentarnos a la misma mesa de negociaciones para encontrar soluciones adecuadas a la migración. Démosle la oportunidad de realizar esfuerzos para implementar las disposiciones del pacto, y gestionar mejor las migraciones en nuestro continente. Esperemos a ver antes de juzgar. * Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación de las Naciones Unidas IPS organizó talleres para medios sobre la temática en  en Marrakech. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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La resistencia de las mujeres dejó su marca en este 2018

qui, 13/12/2018 - 13:19

ONU Mujeres organizó con sus socios en Colombia un concierto en noviembre de 2018 e iluminó un edificio público de anaranjado para reclamar una vida libre de violencia para las mujeres. A pesar del crecimiento de la resistencia, los derechos de las mujeres siguen marginados y vulnerados, denunció Amnistía Internacional. Crédito: Cortesía: ONU Mujeres.Por Tharanga YakupitiyageNACIONES UNIDAS, Dec 13 2018 (IPS) Crece la resistencia de las mujeres y, sin embargo, sus derechos siguen marginados y vulnerados, blanco de flagrantes ataques, denunció Amnistía Internacional, con sede en Londres. Para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional lanzó su informe anual, que revisa el estado de los derechos humanos en el mundo, y no es nada bueno. “En 2018, hemos sido testigos de líderes autoproclamados ‘duros’ que tratan de socavar el principio mismo de igualdad, los cimientos de los derechos humanos”, escribió Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional, en el prólogo del informe. “Piensan que sus políticas los vuelven duros, pero no son más que tácticas de hostigación que tratan de demonizar y perseguir a comunidades ya marginadas y vulnerables”, añadió. La directora de Amnistía para género, sexualidad e identidad, Yamini Mishra, coincidió: “Esos líderes duros” llegaron al poder utilizando plataformas misóginas, xenófobas y homofóbicas. “Es muy inquietante”, subrayó, en diálogo con IPS. Pero las esperanza está en los movimientos de mujeres, añadió Mishra. El movimiento #MeToo (yo también), que nació en Estados Unidos y se expandió a otros países, concentró la atención internacional en los derechos de las mujeres a un grado nunca antes visto. En Argentina, un millón de mujeres salieron a la calle a reclamar la legalización del aborto, mientras que en Nigeria, miles de mujeres desplazadas se movilizaron reclamando justicia por los abusos sufridos a manos de Boko Haram y de las fuerzas de seguridad nigerianas. “La movilización viene de la gente”, dijo Mishra a IPS. Algunos de esos movimientos surgieron como respuesta a nuevas formas de opresión, mientras otros lo hicieron como respuesta a viejas formas de discriminaciónm que no tienen lugar en la sociedad actual. Mishra mencionó a India, donde a principios de este año, un grupo de activistas reclamaron su derecho a participar en un peregrinaje histórico al templo de Sabarimala, uno de los sitios sagrados del hinduismo, que ha prohibido la entrada a mujeres en edad fértil, cuando podrían estar menstruando. El movimiento Derecho a Rezar logró que la Corte Suprema levantara la prohibición, un dictamen que derivó en protestas violentas en el sureño estado de Kerala, donde devotos prohibieron el ingreso de las mujeres al templo. Es difícil celebrar el crecimiento del activismo de las mujeres cuando la cruda realidad es que muchos gobiernos y sociedades siguen apoyando políticas y leyes que las oprimen, concluyó el informe “Derechos Hoy”, de este año. Eso se ve especialmente en lo que respecta a los derechos de salud sexual y reproductiva. El Salvador tiene algunas de las políticas más estrictas en materia de aborto del mundo, pues las mujeres pueden terminar en la cárcel por haber interrumpido el embarazo de forma voluntaria. Casi 30 mujeres podrían estar presas por esa causa y como resultado de esa política. En febrero, Teodora del Carmen Vásquez salió de prisión después de una década tras las rejas por complicaciones relacionadas con su embarazo, que derivaron en la muerte fetal. A pesar de las protestas contra la draconiana ley, El Salvador no logró aprobar en abril una reforma para despenalizar el aborto, lo que dejó a mujeres y niñas sin control sobre su salud sexual y reproductiva. Mishra, en particular, se mostró preocupada por el incremento de ataques contra defensoras de derechos humanos. Según la Fundación Internacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, unas 44 activistas fueron asesinadas en 2017, un incremento con respecto a las 40 que perdieron la vida de 2016 y a las 30 de 2015. Entre las personas asesinadas en 2018 estaba Marielle Franco, una dirigente política y defensora de los derechos humanos, que en marzo recibió un disparo desde un automóvil. También muchas defensoras de derechos humanos cayeron presas en distintas partes del mundo como Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan y Aziza al-Yousef, activistas saudíes que encabezan el movimiento de lucha por los derechos de las mujeres. Amnistía Internacional señaló también que varios activistas saudíes, entre ellos muchas mujeres, sufrieron acoso sexual y torturas en la cárcel. Los ataques contra defensores de los derechos humanos no ocurren de la nada, sino se dan en un contexto en que el espacio de la sociedad civil se redujo, observó Mishra. Pero “s importante reconocer que aun el menguante espacio de la sociedad civil no es neutral en lo que respecta al género; las defensoras de derechos humanos, a diferencia de los hombres, sufren vulnerabilidades específicas y mayores”, explicó. Mishra subrayó la necesidad de acción en todos los niveles para lograr los derechos humanos para todos, pero la sociedad civil, en particular, debe dar un paso al frente. “Todos estos años, las organizaciones de derechos humanos no han hecho lo suficiente con respecto a los derechos de mujeres. Siempre los tratamos como secundarios; ahora que ya pasaron 70 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es hora de que pensemos cómo ponemos a las mujeres en el centro de nuestro trabajo”, subrayó. El informe urgió a la sociedad civil y a los gobiernos a elevar sus compromisos para proteger los derechos de las mujeres e implementar cambios a las leyes nacionales que son perjudiciales. Naidoo se concentró en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que pronto celebrará su 40 aniversario y será “un logro importante que el mundo no puede permitirse pasar por alto”. La Cedaw es el segundo tratado de derechos humanos más ratificado, con 189 Estados parte, aunque el documento no vinculante habilita a los Estados a rechazar sus disposiciones. Por ejemplo, Kuwait se reservó el derecho de no implementar el artículo 9, que otorga los mismos derechos a hombres y mujeres en lo que respecta a la nacionalidad de sus hijos. Níger expresó sus reservas por el artículo 2, que se refiere a la necesidad de abstenerse de participar en cualquier acto de discriminación contra mujeres y a modificar y derogar leyes y prácticas existentes, que constituyan ese tipo de discriminación. “Los gobiernos deben dejar de hablar de la boca para afuera en lo que se refiere a los derechos de las mujeres. Si el innegable crecimiento del activismo de mujeres este año prueba algo, es que la gente no lo aceptará. Y tampoco debemos hacerlo nosotros”, escribió Naidoo. Traducción: Verónica Firme El artículo La resistencia de las mujeres dejó su marca en este 2018 fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Impotente contra inflación, gobierno argentino se cobija en la mano dura

qui, 13/12/2018 - 12:55

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, durante un acto con fuerzas policiales. Bullrich es una de las funcionarias mejor consideradas por el presidente Mauricio Macri y responsable de una polémica norma que permite a los agentes disparar a presuntos delincuentes, sin necesidad de dar la orden de alto. Crédito: Ministerio de SeguridadPor Daniel GutmanBUENOS AIRES, Dec 13 2018 (IPS) En el cierre de un año de grave deterioro de la economía argentina, el gobierno del presidente Mauricio Macri optó por un endurecimiento de sus políticas de seguridad que parece satisfacer a buena parte de la sociedad, pero ha sido objetada por especialistas en Derecho y organizaciones de la sociedad civil. Las fuerzas federales de seguridad fueron habilitadas a disparar con armas de fuego para detener a personas que representen un “peligro inminente”, incluso cuando estén huyendo. Eso faculta la Resolución 956/18 del Ministerio de Seguridad, publicada el 3 de este mes, que exime a los agentes de la obligación de identificarse y dar la voz de alto antes de disparar, “cuando ello resultara evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”.“Una resolución emanada de un ministerio solo podría aplicarse si el Código Penal hubiera dejado un vacío legal, pero ese no es el caso. Por el contrario el artículo 34 del Código Penal establece muy claramente que los límites de un delito cometido en ejercicio de la legítima defensa, que no pueden ser modificados por una resolución”: Federico Carniel. “Los policías pueden confundirse con esta norma, pero tienen que saber que si matan a una persona por la espalda, cuando está escapando, estarán cometiendo un homicidio agravado por su condición de miembros de una fuerza de seguridad”, dijo a IPS el abogado penalista Federico Paruolo. “Así lo establece el Código Penal, que tiene mayor jerarquía que esta reglamentación”, explicó Paruolo. El penalista es miembro del Grupo de Litigio Estratégico, un colectivo de unos 25 abogados que brinda defensa gratuita a víctimas en el Gran Buenos Aires, en casos de importancia institucional. Últimamente el grupo ha intervenido en varios casos de violencia injustificada de las fuerzas de seguridad, que localmente se llaman “gatillo fácil”. “Ha habido en los últimos años un claro mensaje político de protección del gobierno a los agentes de fuerzas de seguridad que mataron sin justificación. Esto  pone esa política en una norma”, agregó Paruolo. La noticia sacudió también a Cambiemos, la coalición de centroderecha del gobierno. Es que una de las críticas más filosas la hizo la diputada Elisa Carrió, quien en 2017 le dio a esa alianza un triunfo arrasador en las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, principal vidriera política del país. Carrió consideró que la reglamentación “viola los derechos humanos fundamentales” y exhortó a su espacio político: “Nosotros no vamos a ir al fascismo”. Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le respondió que la norma fue avalada por Macri. “Lo hemos hablado con el presidente durante más de un año y lo respalda”, aseguró. La funcionaria, quien aseguró que la reglamentación “saca de la indefensión a las fuerzas de seguridad”, se ha convertido en una de las estrellas del gobierno. De hecho, últimamente se hizo trascender que Bullrich podría ser la compañera de fórmula del presidente cuando este busque su reelección, en octubre de 2019. En ese sentido, la cuestión de la mano dura contra la delincuencia podría ser uno de los ejes de la campaña electoral de Macri, y la repercusión de esta reglamentación parece confirmarlo. De acuerdo a una encuesta de Management & Fit, una de las consultoras de opinión pública más reconocidas en el país, 60 por ciento de los argentinos está de acuerdo con la resolución ministerial. El presidente argentino Mauricio Macri, en febrero, cuando tuvo un gesto de apoyo a Luis Chocobar, un policía procesado por matar a balazos a un joven que huía luego de presuntamente asaltar y apuñalar a un turista. Chocobar está procesado y será sometido a juicio oral por homicidio, pero el mandaaio reconoció su “valentía”. Crédito: Presidencia Argentina La paradoja es que estas medidas se anuncian en un contexto de disminución de los delitos violentos, de acuerdo a los números oficiales. Pero pese a ese logro, el gobierno maneja el discurso de que es necesario endurecerse en el combate a la delincuencia. El Ministerio de Justicia presentó en junio estadísticas según las cuales la tasa de homicidios intencionales cayó de seis cada 100.000 habitantes en 2016 (2.605 en números absolutos) a 5,2 (2.293) en 2017. También hubo una bajada en los delitos contra la propiedad denunciados: 1.828 el año pasado contra 1.942 en 2016. En cambio, en el área económica, nadie se anima a asegurar que 2019 traerá mejores noticias para el gobierno, luego de un 2018 que cerrará con una inflación cercana a 50 por ciento, que hizo más pobres a la enorme mayoría de los argentinos, y un derrumbe de la actividad. Según una organización de derechos humanos que lleva un registro, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde que asumió Macri, en diciembre de 2015, hubo un fuerte aumento de los casos de gatillo fácil. Esos excesos, precisa,  ya eran comunes durante las gestiones precedentes de los centroizquierdistas Néstor Kirchner (2003-2007) y su viuda, Cristina Fernández (2007-2015). “Durante los 12 años de kirchnerismo contamos 3.100 muertes por gatillo fácil. Ahora estamos haciendo el registro y a comienzos de 2019 vamos a presentar el balance de los primeros tres años de Macri. Van a ser más de 1.000 casos. Es un crecimiento enorme”, dijo a IPS la abogada María del Carmen Verdú, responsable de Correpi. “Estamos en un verdadero estado de suspensión de derechos y garantías, que esta resolución lleva a una fase superior. Viola las normas internacionales, que establece que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad es el último recurso y prohíbe disparar a quien está en fuga”, agregó Verdú. En el último tiempo, fueron varios los casos en los que el gobierno reivindicó a miembros de fuerzas de seguridad imputados por la Justicia debido a supuestos delitos cometidos en el combate, precisamente, del delito. El más emblemático ha sido el caso de Luis Chocobar, un policía que en diciembre de 2017 mató por la espalda, con dos tiros, a un joven que presuntamente acababa de asaltar y apuñalar a un turista estadounidense en el barrio de La Boca de esta capital. Luego de que un tribunal lo procesara por homicidio, al considerar que había suficientes pruebas para someterle a juicio, Chocobar fue recibido en la Casa Rosada, la sede del gobierno, por Macri, quien manifestó que “confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”. Sin embargo, otras instancias superiores, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirmaron el procesamiento de Chocobar, quien será sometido a juicio oral en 2019. Efectivamente, el endurecimiento de las políticas de seguridad del gobierno tendrá que superar el control judicial, cosa que no parece fácil. Pocos días después del dictada la nueva resolución, otros dos miembros de seguridad que están a la espera de ser juzgados pidieron que el archivo de la causa, con el argumento de que debe aplicarse retroactivamente la norma, ya que resulta más benigna para ellos como imputados. Se trata de un caso ocurrido en agosto de 2016 en la provincia de Chaco, en el norte del país: dos agentes confundieron con un narcotraficante a un hombre que regresaba de una tarde pesca en su automóvil, junto a su hija, y lo mataron a balazos. El fiscal, Federico Carniel, se opuso a que los dos agentes sean exculpados. “Una resolución emanada de un ministerio solo podría aplicarse si el Código Penal hubiera dejado un vacío legal, pero ese no es el caso”, explicó Carniel a IPS. “Por el contrario el artículo 34 del Código Penal establece muy claramente que los límites de un delito cometido en ejercicio de la legítima defensa, que no pueden ser modificados por una resolución”, puntualizó. El criterio de Carniel anticipa que el próximo campo de batalla en el que se dirimirá si es válido el endurecimiento de las políticas de seguridad del gobierno de Macri serán los tribunales. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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En Venezuela “el hambre te seca, te para el corazón y te quita la vida”

qua, 12/12/2018 - 14:39

La especialista en nutrición Susana Raffalli, durante su diálogo con periodistas en la sede del portal digital El Estímulo en Caracas sobre las consecuencias de la desnutrición en Venezuela. Crédito: Valeria Pedicini/Clímax Por Manuel TovarCARACAS, Dec 12 2018 (IPS) Susana Raffalli llora. Se permite llorar. Admite que la realidad venezolana la vence muy frecuentemente. Ver casos terribles de desnutrición, niños en los huesos, que ven su futuro comprometido o mueren porque simplemente no tienen fuerza para respirar, le cala en el alma. Ver a un niño de siete años con la talla de un niño de cinco y saber que estará afectado de por vida, la destroza. Raffalli, junto a otras 14 personas en el planeta, fue galardonada con el premio Franco Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho, que recibió en Caracas el lunes 10 de diciembre. Es la tercera edición de un ejercicio de reconciliación de los dos países que hace 100 años eran enemigos irreconciliables. Las guerras así lo atestiguan. “El premio es un símbolo entre gobiernos que estuvieron en guerra y hoy trabajan mancomunadamente. Yo creo en la coexistencia en hacer cosas, diciéndonos lo que debemos decir y denunciando los males”, dice la nutricionista y especialista en seguridad alimentaria. A pesar de la distinción, la experta en gestión de riesgo afirma tajantemente que no quiere ser ensalzada como heroína. “La sociedad venezolana está ávida de tener héroes o de buscar alguien que la represente y al primero que desempeña bien su trabajo lo quieren proyectar como figura, cuando uno simplemente hace lo mismo a lo que se ha dedicado de por vida”. La venezolana, que ha trabajado en territorios en crisis como Guatemala o Birmania, ahora dedica su labor a Venezuela, donde nunca pensó que le tocaría hacerlo. Y además con la particularidad de que es un país en tiempo de paz, sin que haya de por medio un conflicto o una emergencia natural a gran escala.“Así como puede tomar 20 o 30 años que el retardo del crecimiento se te exprese en un bajonazo de siete por ciento del PIB, con la anemia cobras inmediatamente. Si dejas de consumir hierro en los alimentos en dos o tres meses, se está con la hemoglobina en el piso y durmiéndose en todas partes. Los hombres y las mujeres que hacen trabajo físico bajan enormemente su productividad”: Susana Raffalli. Por eso no duda en calificar el entorno como reversible mientras deja claro que las causas no son fortuitas. Se trata de la consecuencia de la equivocada administración de recursos que hace el gobierno para profundizar la dependencia de la población a sus designios y lograr la sumisión de la sociedad anclada a una caja de alimentos que llega de acuerdo al antojo de la cúpula. Venezuela descendió a unos infiernos que solo eran comparables a los sufridos por las naciones africanas, devastadas por las guerras, arrasadas por la sequía y hambrunas. El país vive una “somalización”, de Estado fallido, fragmentado, dice. “Tienen la gobernabilidad en cero y no se puede seguir dirigiendo el país con la población en contra, con la falta de confianza, con un estado de derecho que se perdió, aquí no hay una institucionalidad clara, aquí no se sabe quién gobierna, si son los ‘pranes’ (delincuentes que controlan las cárceles y desde ellas actividades delictivas) o el (colombiano) Ejército de Liberación Nacional, hay territorios enteros del país donde se perdió el control de la soberanía”, argumenta. A Raffalli le cuesta creer que se trata de una crisis planificada, de hambre por diseño. Al contrario, sostiene que el Estado ha comenzado a aceptar la magnitud de la crisis, fuera de las cámaras y sin declaraciones sino con acciones. “Hay ONG que reciben toneladas de medicinas mes a mes. Eso entra por aduana y sin ir más lejos las aprobaciones de los dos últimos fondos –el de Unicef y de la Unión Europea– lo dejan claro. Aunque el gobierno nacional se mantenga diciendo que no hay una emergencia humanitaria en el país, para poder recibir esos fondos deben admitir que tienen necesidades humanitarias en la población y que necesita esos recursos”, dice. Los tres puntos de corte de la Organización Mundial de la Salud establecen que la existencia de cinco por ciento de casos de desnutrición infantil aguda en un país es el nivel de alerta. A partir de 10 por ciento, la situación pasa a ser de crisis y de 15 por ciento en adelante se considera una emergencia. En Venezuela la crisis ya alcanzó 12 por ciento de este tipo de desnutrición, con momentos en que se ha superado la barrera de emergencia. Y puede volver a ocurrir, pues el sistema es muy inestable. Asegura que el gobierno de Nicolás Maduro podría tomar medidas adecuadas y, “de hecho, cuando las ha tomado los resultados han sido buenos”. Recuerda por ejemplo que, “en febrero 2017 entramos en crisis, nunca bajó de 10 por ciento. Así fue hasta las presidenciales de mayo de 2018, cuando bajó a 7,8 por ciento”. “La razón, fue la cobertura de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) que se multiplicó y a que se dieron cuatro bonos que equivalían a seis salarios mínimos para la fecha”, señala. Por tanto, aduce, el Poder Ejecutivo sí puede bajar los niveles de malnutrición en el país. Ya lo ha hecho. Todo se reduce a voluntad política. La desnutrición, explica, se divide en dos tipos. La aguda, “que te hace perder peso, te seca, te quita la vida, te para el corazón, no te deja seguir respirando. No te desgasta sino que simplemente si dejas de comer, una diarrea te puede matar”. El otro tipo se define por privación alimentaria. “Puede no ser tan intensa, pero sí suficientemente grande y constante. En el caso de un niño, deja de crecer, de desarrollarse. Esa desnutrición se mide no por delgadez, sino por estatura. Si un niño en la etapa que tenía para crecer se quedó chiquito, puedes estar seguro que no sólo es un tema de estatura, y esto lleva tiempo en reflejarse”, detalla. En Venezuela, el futuro no luce promisorio. “Es tan endeble la nutrición de un niño, es tan delicada, que un presidente puede cambiar y salvarlo o no. Imagina lo que se pudo haber hecho con dos medidas de protección social. ¿Cuántas vidas de niños nos habríamos ahorrado?”. Explica la nutricionista que en Venezuela hay sectores de la población que comienzan a amortiguar la crisis nutricional gracias a las remesas que reciben desde el extranjero. “Según nuestros datos, 56 por ciento de la población de parroquias pobres tiene a alguien afuera. Sin embargo, este contrapeso de las remesas va a durar muy poco porque la economía se está dolarizando”. Considera que desde el punto de vista humanitario y de protección social hay muchas tareas pendientes en el país. “Venezuela no puede seguir con una política de protección social dependiente y basada en misiones y bonos. Es una cosa tan perversa que ya se ha normalizado que se diga “me cayó el bono”. ¿Cómo que te cayó? Si tú aplicas el criterio de extrema pobreza en la población, ese grupo debe tener derecho a eso”. Sigue criticando que la respuesta estatal sea repartir cajas de comida, sin tomar en cuenta el derecho a elegir qué comer, cuánto consumir o dónde adquirir los artículos, amén de los peligros de ingerir productos que no cumplen con estándares nutricionales, como ha sido denunciado. Aún con una distribución eficiente, se trata de una violación a los derechos humanos. “Es una aberración que decidan lo que vas a comer y en qué cantidad”. Considera que la situación actual es producto del control físico del sistema alimentario. “Los CLAP no funcionaban si no confiscaban todo el sistema alimentario nacional, y para ello debían ser barridos y confiscados todos los alimentos. Afuera no se hacen esos análisis, lo reducen a que las cosas están caras y estamos empobrecidos pero no llegan a entender que es el secuestro alimentario de una nación”. Los peor alimentados Las noticias de personas que mueren por inanición se han hecho patentes a lo largo de 2018. “La inseguridad alimentaria en Venezuela prospera en la medida que avanza el modelo de elaborar productos para los CLAP. Me angustia que ellos mismos saben que el CLAP no tiene 100 por ciento de eficiencia, Maduro lo dice a cada rato, que hay que aumentar la frecuencia, el número de cajas y la calidad”, explica sobre los alimentos básicos y subsidiados que entregan esos comités en cajas o bolsas. Según los registros de Cáritas Venezuela a los que tiene acceso Raffalli, los estados más afectados por el hambre en Venezuela son Vargas, Zulia y Sucre. Los dos primeros suelen mantenerse al tope de la lista, y el tercero además sucumbe a la malaria. “Hay mucha desnutrición que tiene que ver con el hambre y las enfermedades”. El estado Vargas, por si fuera, “nunca se terminó de recuperar por la falta de saneamiento ambiental”, tras el deslave de 1999. Allí aún se pagan las consecuencias, en especial por el agua contaminada que afecta mucho el tema de la alimentación. En Zulia, la zona más afectada es la de Machiques. Cerca de la capital, en el estado Miranda, los registros han mejorado notablemente, excepto en la zona de Yare. “Allí hay mucha desnutrición, en parte porque hay cuatro cárceles. Hay mucha población que está allí porque tiene un preso y no tiene de qué vivir”. Revela que en los estados fronterizos, a pesar de no haber podido constatar las tendencias, sabe que el gobierno desplegó, a través del Instituto Nacional de Nutrición, el programa PAN, muy parecido al de Cáritas, en el que van casa por casa e identifican a niños y adultos desnutridos. A esa familia, se le asigna una bolsa CLAP adicional o y alimentos terapéuticos que entrega Unicef. “Esto es un claro reconocimiento del problema y de la vulnerabilidad alimentaria y nutricional por parte del gobierno, pues existe el plan general de abordaje desde hace dos años”, afirma. Un famélico PIB La desnutrición no discrimina nada. La sociedad pierde en todos los aspectos cuando ve a sus ciudadanos enflaquecer por la falta de la ingesta de nutrientes. Los economistas han determinado por proyecciones que, por cada punto porcentual que aumenta la prevalencia de retardo de crecimiento de los ciudadanos de una nación se afecta al Producto Interno Bruto (PIB). Cada punto porcentual que aumenta el retardo en talla de una población equivale a 11 por ciento de disminución del PIB. “El niño que creció desnutrido va a tener problemas cognitivos, escolares y productivos que te van a llevar a la pobreza, y pasa a una o dos generaciones. Por lo menos una generación –aproximadamente 30 años– por no decir dos, está comprometida y tiene una anemia en potencia”, sentencia. Recuerda Rafalli que en 2002, cuando la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) hizo este estudio, se señaló que la desnutrición crónica podía estar representando una disminución de 2,5 por ciento del PIB de Venezuela, y aunque no hay una cifra clara se calcula que hoy debe estar en siete por ciento aproximadamente, mientras que en África es de 11 por ciento. A falta de hierro, anemia “Me angustia el tema cárnico. Es gravísimo lo que sucede con los mataderos, hay la posibilidad de un problema de anemia generalizada por la falta de hierro. No estamos en situación de inventar o intentar sustituir la carne, por la parasitosis que tenemos y la pobre ingesta de alimentos. No podemos inventar ser vegetarianos. No estamos comiendo la combinación de nutrientes necesarios para obtener el hierro que necesitamos que no provenga de la carne roja”, apunta Raffalli. Alerta que las cadenas de frío, el control de beneficio de los mataderos donde hay una buena disposición de la carcasa, de la sangre, el control de moscas y vacunas del animal antes de matarlo es vital para impedir una alerta sanitaria. “Así como puede tomar 20 o 30 años que el retardo del crecimiento se te exprese en un bajonazo de siete por ciento del PIB, con la anemia cobras inmediatamente. Si dejas de consumir hierro en los alimentos en dos o tres meses, se está con la hemoglobina en el piso y durmiéndose en todas partes. Los hombres y las mujeres que hacen trabajo físico bajan enormemente su productividad”, puntualiza. Raffalli habla con cifras en mano. En las parroquias pobres donde trabaja Cáritas, siete de cada 10 mujeres embarazadas tiene la hemoglobina baja. Sin retorno ni respuesta La experta considera que Venezuela ya tocó un primer punto de no retorno en la crisis humanitaria exactamente un año atrás, en diciembre de 2017. “Las remesas detuvieron, temporalmente, la caída”. De igual forma considera que los dos fondos aprobados para Venezuela en la última semana por parte de Unicef y la Unión Europea es lo mejor que el país podrá estar como nación asistida con ayuda humanitaria. “Esto es lo máximo que podíamos aspirar y que vamos a tener. Nos aprobaron los dos fondos, por encima de eso no vamos a tener nada. Cuando digo ‘empezó el principio del fin’ digo que o se acaba esta emergencia humanitaria y esto nos ayuda a mitigar la última fase de la crisis, o se acaba el dinero del socorro, que empezó a gestionarse hace casi tres años”, asegura la nutricionista. Teme que se llegue a lo que llaman “fatiga del donante”, como ocurrió en Birmania, Sudán o Siria, donde la emergencia no encontró solución estructural. Se estabilizó. Por lo tanto, el dinero deja de fluir pues el objetivo es atacar una emergencia y no financiar un Estado fallido. “Llegado a ese punto solo quedan dos cosas, que la sociedad civil se haya podido fortalecer junto a la diáspora para dar algún tipo de respuesta o que haya la instalación de una nueva normalidad. Así está Birmania, la precariedad es una forma de vida”, argumenta. La pregunta que se plantea Raffalli es si es el proyecto del gobierno la reducción de la población a un estilo de vida similar al de esos países, pues el gobierno no rectifica sino que profundiza las causas que generan la emergencia humanitaria. “Estos son fondos de socorro de dos o tres años, puede haber extensiones pero no puede haber una emergencia permanente”, advierte la nutricionista. Este artículo fue publicado originalmente por Clímax, del portal digital venezolano El Estímulo, y es fruto de una larga conversación con Susana Raffalli de su director, Omar Lugo, el editor de la revista Clímax, Víctor Amaya, y con el redactor Manuel Tovar. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con El Estímulo. RV: EG El artículo En Venezuela “el hambre te seca, te para el corazón y te quita la vida” fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Indonesia se compromete con un desarrollo verde en la COP24

qua, 12/12/2018 - 13:12

Embotellamiento en la capital de Indonesia. La contaminación del aire en Yakarta es el triple del máximo considerado "seguro" por la Organización Mundial de la Salud. Crédito: Alexandra Di Stefano Pironti/IPS.Por Sohara Mehroze ShachiKATOWICE, Polonia, Dec 12 2018 (IPS) Indonesia logró un crecimiento económico de más de cinco por ciento en la última década, pero para asegurarse un crecimiento sostenible en el futuro será fundamental que explore las energías renovables, reconoció el propio gobierno. “Si no nos concentramos en un desarrollo con pocas emisiones de carbono, no podremos continuar este crecimiento”, observó Bambang Brodjonegoro, ministro de Planificación de Desarrollo Nacional, el 10 de este mes. El ministro habló sobre un desarrollo que tenga en cuenta el cambio climático en un panel de alto nivel en el marco de la 24 Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se realiza en la ciudad polaca de Katowice del 3 al 14 de este mes. Las reglas para la implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático que se busca establecer en esta COP24 están en riesgo porque los países más ricos no terminan de anunciar sus compromisos económicos en estas negociaciones. La organización del panel de alto nivel estuvo a cargo del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, en inglés), en colaboración con el ministerio de Indonesia. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) alertó sobre las consecuencias climáticas catastróficas si no se evita que el recalentamiento global supere un aumento de 1,5 grados centígrados, lo que impactará en la producción de alimentos y en un mayor riesgo de desastres. “Estamos totalmente comprometidos con un desarrollo con bajas emisiones de carbono”, aseguró Brodjonegoro. “Incorporaremos un marco con bajas emisiones de carbono en nuestro plan de desarrollo a mediano plazo”, indicó. En Indonesia, esto implicará mejorar la calidad ambiental, lograr la eficiencia energética, incrementar la productividad agrícola, mejorar la reforestación y, simultáneamente, reducir la deforestación. Indonesia tiene un gran potencial para desarrollar las energías renovables. Según un informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables sobre las perspectivas de estas en ese país asiático, Indonesia tiene “un potencial de unos 716 gigavatios en teoría para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables”. Pero de su potencial de bioenergía de 32,7 gigavatios, solo desarrolló 1,8. “A fin de llevar electricidad a zonas alejadas, es un buen momento para promover las energías renovables, pues aumentará la proporción de fuentes renovables en nuestra matriz”, explicó Brodjonegoro. Según el ministro, una cuestión clave para expandir las fuentes renovables en su país depende de desarrollar la capacidad de los actores de cumplir las necesidades de diferentes tipos de inversores para acceder a recursos económicos. Bambang Brodjonegoro, ministro de Planificación del Desarrollo Nacional de Indonesia, dijo que el cambio hacia las energías renovables es fundamental para el crecimiento sostenible, en un panel en el marco de la COP24 de Katowice, Polonia. Crédito: Sohara Mehroze Shachi/IPS. La clave para que la energía renovable prolifere en Indonesia es incorporar al sector privado, coincidió el director general del GGGI, Frank Rijsberman. “Tanto el gobierno como el sector privado no incorporaron del todo la idea de que el crecimiento verde no solo es lindo, sino asequible”, puntualizó. “Las empresas deberían invertir en energías renovables porque es una oportunidad de negocios”, añadió. La combinación de recursos financieros podría ser el camino por el que cada dólar invertido por los donantes se pueda catalizar a otras inversiones de fuentes privadas. El secretario de Estado para Clima y Ambiente de Noruega, Sveinung Rotevatn, dijo que su país se siente inspirado por Indonesia y comprometió fondos sustanciales para reducir la deforestación en el territorio de ese país. Según el Global Forest Watch, Indonesia experimentó una caída en la pérdida de cobertura arbórea en 2017, que incluye una disminución de 60 por ciento en la pérdida del bosque primario. La organización señaló que eso puede deberse, en parte, a la moratoria impuesta por el gobierno a la conversión de la turbera. Noruega trabaja de forma conjunta con Indonesia desde 2010. El futuro del petróleo no es maravilloso, y Rotevatn considera que el cambio en la producción de gas a partir del carbón podría ser un puente útil hacia las energías renovables a largo plazo. Es de esperar que haya resistencia a la transición de combustibles fósiles hacia energías renovables, añadió. “En 1991, Noruega introdujo un impuesto al carbón. En la actualidad, lo consideramos como natural, pero la implementación siempre es difícil”, recordó. Hay estimaciones que indican que desde que ese país de Europa redujo las emisiones contaminantes, en 1991, siguió por la vía de un crecimiento verde”, Pero a Indonesia le queda mucho por delante, pues 90 por ciento de su energía todavía procede de los combustibles fósiles. Pero el gobierno es optimista con respecto a las posibilidades de desarrollar las energías renovables. “Nos concentramos en incentivar la producción de energías renovables y en aumentar la infraestructura para que ello suceda. Tenemos muchas islas alejadas y zonas de difícil acceso, que pueden utilizarse”, indicó Rida Mulyana, director general de Nueva Conservación de Energía y Energía Renovable del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia. Quedan muchos desafíos por delante, como la aceptación pública, pues todavía se necesita educación sistemática en sostenibilidad para minimizar la resistencia de la comunidad a los proyectos con energías renovables. Además, la asequibilidad de la energía limpia sigue siendo un problema, y es necesario reducir su costo para que las fuentes renovables sean una opción viable. Esto se exacerba debido al subsidio que todavía tiene el gas de petróleo licuado, lo que fomenta la dependencia de Indonesia en los combustibles fósiles. Mulayana reconoció que la cuestión de los recursos económicos es clave, pero también dijo que el gobierno no dará subsidios a las energías renovables, por lo que tendrán que competir con otras alternativas. “Las energías renovables avanzaron mucho con respecto a la situación que tenían antes. Y cuando la gente vea que es posible y es sencillo, el sector privado podrá comenzar a apostar por esos proyectos por su cuenta”, observó David Kerins, economista especializado en energía del Banco Europeo de Inversiones. Por su parte, Glenn Pearce-Oroz, director de Políticas, Programas, Energía Sostenible para Todos (SEforAll, en inglés), explicó: “En parte, vemos que el sector privado se interesa cada vez más en hacer negocios en el ámbito de la economía verde. Pero lo que buscan es claridad de papeles y consistencia en términos de los mercados en los que se meten”. “El desafío para los países en desarrollo es cómo demuestran ese tipo de consistencia y claridad, y cómo establecen reglas de juego claras, buenos marcos normativos que le den confianza al sector privado para meterse en esos mercados”, señaló. Indonesia tiene el tamaño, el dinamismo de la economía y muchos elementos favorables para atraer la inversión del sector privado, indicó. “El crecimiento verde como concepto comienza a despegar en diferentes países”, destacó Saleemul Huq, director del Centro Internacional para Desarrollo y Cambio Climático (ICCCAD), también participante de la COP24. “Lo más importante de una estrategia de crecimiento verde es asegurarse de que esté determinada a nivel nacional y se apropien de la misma a nivel nacional”, puntualizó. La modalidad de crecimiento verde es particular a la política y a las condiciones socioeconómicas y culturales de un país. “El crecimiento verde es más un proceso político que técnico. Hay intereses creados y cuestiones que hay que trabajar a escala nacional”, subrayó. “La buena noticia es que el crecimiento verde empezó a ocurrir”, añadió Saleemul Huq. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Costa Rica, primer país en proteger pesca sostenible de grandes pelágicos

qua, 12/12/2018 - 12:27

Dos pescadores costarricenses muestran un pez que acaban de atrapar. Crédito: PNUD Costa RicaPor Kifah SasaSAN JOSÉ, Dec 12 2018 (IPS) Hace 12 años, en un restaurante de Puntarenas, en la costa pacífica de Costa Rica, un grupo de pescadores de palangre se reunió con tres especialistas en conservación del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD). Los conservacionistas querían entender mejor cómo evitar la pesca ilegal dentro del Área Marina Protegida de la Isla del Coco, ubicada en el litoral de Costa Rica y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Decididos a buscar su implicación en la problemática, decidieron reunirse con los pescadores de palangre para cenar. El resultado no fue el esperado y para cuando acabaron el postre las ganas de estrechar las manos habían desaparecido. En la mesa se habían reunido dos perspectivas muy diferentes. El personal del PNUD estaba trabajando en un proyecto que consideraba la pesca ilegal en la Isla del Coco puramente como un problema de conservación. Por otro lado, el grupo de empresarios locales de Puntarenas luchaba por sobrevivir a pesar del contexto de agotamiento de recursos y mercados cerrados. Kifah Sasa, oficial de Desarrollo Sostenible de PNUD Costa Rica. Crédito: PNUD Costa Rica Si bien algunos de ellos eran responsables de pesca ilegal, ninguno podía ser considerado un empresario con grandes ambiciones, sino dueños de un par de barcos de palangre que intentaban ganarse la vida con poco acceso a crédito y pagando los precios más altos de seguridad social en la región por cada uno de los miembros de sus expediciones. No están solos. Según los datos estimados por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), el sector pesquero del país está compuesto por alrededor de 400 embarcaciones, cada una de las cuales transporta entre cinco y ocho personas, formando una población activa de aproximadamente 2.000 a 3.200 personas vinculadas directamente al sector. Junto con las familias que dependen de esta actividad, la población afectada alcanza entre 10.000 y 16.000 personas,  esto es sin incluir las personas vinculadas a través de los miles de trabajos indirectos que aseguran la actividad de pesca como el transporte, los suministros de pesca, alimentos o mecánica. Doce años después, la perspectiva tanto de los conservacionistas como de los pescadores ha cambiado. El 18 de noviembre de 2018, no lejos de ese restaurante en Puntarenas, Costa Rica fue el primer país del mundo en lanzar un Plan de Acción Nacional para la pesca sostenible de grandes especies pelágicas, usando la metodología del PNUD. A través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el país presentó oficialmente un plan con tres áreas principales de trabajo: mejorar las pesquerías de grandes especies pelágicas en Costa Rica (como el atún, el pez espada y el mahi mahi); aumentar la oferta de productos del mar de fuentes sostenibles y garantizar el bienestar social de las personas vinculadas a la actividad pesquera. Durante la presentación del plan, uno de esos mismos pescadores del restaurante aprovechó la oportunidad para acercarse al mismo miembro del personal del PNUD con el que se reunió hace tantos años y decirle: “Quería agradecer al PNUD la confianza que nos ha brindado y por ayudarnos a construir un plan formal con instituciones”. Una clara victoria para el firme compromiso del PNUD en su apuesta por el diálogo democrático como elemento clave para lograr un cambio sistémico en la producción sostenible de materias primas. Litoral del océano Pacífico de Costa Rica. Crédito: PNUD Costa Rica En 2019 se celebrarán 10 años de apoyo del PNUD en la lucha contra los desafíos de sostenibilidad de productos altamente comercializadas en todo el mundo. A través de su Programa de Productos Verdes, el PNUD ha buscado sido generar confianza entre las partes interesadas al facilitar espacios neutrales en los que puedan colaborar a través de una visión compartida y una agenda común. El objetivo es llegar a un acuerdo colectivo sobre la raíz de los problemas de sostenibilidad de los productos básicos y sobre cómo se va a trabajar colectivamente para resolverlos. Mediante las Plataformas Nacionales de Produtos, el programa está trabajando actualmente en aceite de palma, cacao, café, carne de res, soja, piña y pesca en República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Filipinas, Indonesia y Papua Nueva Guinea. El Plan de Acción Nacional para la Pesca de Grandes Pelágicos en Costa Rica tendrá una duración de diez años y contribuirá directamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país. Presentado como un caso de éxito de colaboración entre las diferentes partes involucradas en la producción de una materia prima, el Plan es el resultado de un proceso de diálogo de doce meses de duración que involucró a más de cien representantes de gobierno, instituciones académicas, sociedad civil, cooperación internacional, pescadores, exportadores, restaurantes y supermercados. Un grupo de personas que probablemente no hubieran estado cómodas compartiendo mesa hace unos años pero que ahora se han comprometido a trabajar juntas hacia un futuro más sostenible, inclusivo y prometedor para la pesca en Costa Rica. RV:EG El artículo Costa Rica, primer país en proteger pesca sostenible de grandes pelágicos fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Brasil va a probar un gobierno en conexión directa con electores

qua, 12/12/2018 - 10:46

Jair Bolsonaro y su vicepresidente son militares retirados y el presidente electo incorporará a otros siete militares como ministros de su gobierno. Desde que es mandatario electo de Brasil, el político de extrema derecha ha mostrado su predilección por participar en ceremonias castrenses, como esta graduación de oficiales de la Marina, en Río de Janeiro. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil-Fotos PúblicasPor Mario OsavaRÍO DE JANEIRO, Dec 12 2018 (IPS) El gobierno que tomará posesión el 1 de enero en Brasil, presidido por Jair Bolsonaro, pondrá a prueba a la extrema derecha en el poder, con creencias que suenan extemporáneas y una gestión basada en la conexión directa con la población. “El poder popular ya no necesita intermediación, las nuevas tecnologías permiten una nueva relación directa entre el elector y sus representantes”, sostuvo Bolsonaro al recibir el diploma de presidente electo por el Tribunal Superior Electoral, el 10 de diciembre en Brasilia. Ya se conoce el papel que tuvo la comunicación por redes sociales, especialmente la del teléfono celular por la aplicación de WhatsApp, en las elecciones brasileñas de octubre, que alzaron a la presidencia a un diputado nada destacado en sus 30 años como legislador.“La democracia no está en crisis a causa del WhatsApp, sino por falta de un pacto social, porque sindicatos y partidos ya no son representativos… Él (el presidente electo Jair Bolsonaro) supo usar las redes para presentarse como la solución (y) ellas podrán favorecerlo o no en el gobierno”: Giuseppe Cocco. Ahora se trata de gobernar. Por su discurso y experiencia reciente, Bolsonaro, de 63 años, seguirá recurriendo a las redes como presidente y discípulo exitoso del mandatario estadounidense, Donald Trump. “Pero son dos realidades muy distintas, las elecciones y el gobierno. El presidente electo ya dio muestras de que sigue en campaña permanente, pero ahora ya no se trata de promesas, hay que presentar resultados”, señaló Fernando Lattmann-Weltman, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ). “Sin resultados satisfactorios, el riesgo mayor es que el gobierno se inviabilice, ante el deterioro de sus relaciones con otros poderes, instituciones y grupos organizados”, y la frustración de fuertes expectativas de cambio creadas en las elecciones, acotó. Bolsonaro adoptó también el discurso usual de que gobernará para todos, como “el presidente de los 210 millones de brasileños”. Pero los especialistas coinciden en que la comunicación directa con los electores es sesgada y tiende a alimentar la beligerancia más allá de las jornadas electorales, como ocurre en el Estados Unidos de Trump. Las redes sociales amplían las posibilidades de diálogo entre las personas, como medios  interactivos y accesibles a crecientes parcelas de la población. Pero no son públicas como la prensa, radio y televisión abierta. Se limitan a círculos familiares o de algún interés común. Como instrumento político, suelen formar grupos de afinidades, de opiniones y creencias comunes, o sectas digitales. No sirven al debate, a la argumentación y confrontación de ideas, incluso porque en general son usadas para mensajes cortos, consignas y noticias falsas. En ese sentido, agravan las polarizaciones y antagonismos. Un gobierno basado en esas conexiones tendería a acentuar conflictos, crisis y amenazas a la democracia, se argumenta. “La democracia no está en crisis a causa del WhatsApp, sino por falta de un pacto social, porque sindicatos y partidos ya no son representativos”, discrepó Giuseppe Cocco, profesor de la Escuela de Comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Las redes sociales sí tienen un “efecto club”, pero son hoy “una condición de nuestras vidas” en sus varias dimensiones, sea la producción material, de comunicación, de servicios e incluso la política, argumentó a IPS. Para el profesor, “su uso en la campaña electoral no explica el triunfo de Bolsonaro”, sino el deseo de la mayoría de los electores brasileños por un cambio contra la corrupción, el sistema político sin credibilidad, la crisis económica y la inseguridad ante la expansión de la criminalidad. “Él supo usar las redes para presentarse como la solución”, consideró y añadió que “ellas podrán favorecerlo o no en el gobierno”, según el uso que les dé. Jair Bolsonaro durante la recepción de su diploma como presidente electo de Brasil, con su mujer, dos de sus cinco hijos, uno diputado y otro senador, y sus esposas. Defensor acérrimo de la familia tradicional, la suya va a tener una fuerte presencia en su gobierno, lo que ya comenzó a provocar conflictos y escándalos, que involucran a alguno de sus vástagos. Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE-Fotos Públicas   Pero no son pocos los investigadores en el mundo que atribuyen a las redes de comunicación efectos negativos en la democracia, por su uso en la intensa difusión de noticias falsas, ahora conocidas también por la expresión inglesa “fake news”. También se refieren a interferencias extranjeras en procesos electorales, como la que se sospecha haber sido practicada por rusos en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, y la presión ejercida por electores en conexión directa como si fuesen “la voz del pueblo”. Por otra parte, el Whatsapp es el instrumento más usado últimamente para organizar  grandes movilizaciones sociales, como la huelga de camioneros que paralizó Brasil en mayo de 2018 y la rebelión de los “chalecos amarillos” en Francia, iniciada el 17 de noviembre contra el alza de precios de los combustibles y ampliada a otros reclamos. Pero antes ese papel lo cumplió el teléfono fijo, hoy casi totalmente sustituido por el celular. Redes sociales como Twitter y el Facebook se volvieron decisivos en elecciones como la de Trump en 2016 y las movilizaciones de la llamada “Primavera Árabe”, en países del norte africano, recordó Cocco, un italiano residenciado en Brasil desde 1995. Pero no es solo una evolución técnica, el WhatsApp es una “red cerrada” que no permite identificar el origen de los mensajes y, por lo tanto, tampoco el responsable cuando se diseminan mensajes que podrían tipificar delitos, en contraste con otros medios. La advertencia es de Alessandra Aldé, profesora de posgrado en Comunicación de UERJ y coordinadora de un grupo de investigación sobre esa aplicación, que la ha repetido en entrevistas concedidas a medios locales tras las elecciones de octubre.. Bolsonaro empleó masivamente el WhatsApp en su campaña electoral. Además, empresarios habrían invertido recursos propios para difundir por esa red acusaciones falsas contra el candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, en violación de la legislación electoral, denunció el diario Folha de São Paulo el 18 de octubre, 10 días antes de la segunda vuelta presidencial. Muchos analistas señalan similitudes entre Trump y Bolsonaro por el éxito electoral impulsado por las redes sociales y sus políticas de extrema derecha. Pero el brasileño resultó elegido con “bases más frágiles”, sin el sostén de un partido como el Republicano, de Trump, ni parlamentarios experimentados, observó Lattman-Weltman a IPS. Bolsonaro tiene formación militar. Interrumpió su carrera cuando era capitán del Ejército, en 1988, para convertirse en concejal de Río de Janeiro. Dos años después ascendió a diputado nacional y desde entonces fue reelegido seis veces. Nunca ejerció una función ejecutiva ni de liderazgo partidista. El partido al que adhirió tan solo en mayo, el Social Liberal (PSL), obtuvo un único diputado en 2014 y  en las elecciones de octubre conquistó 52 de los 513 escaños. En el Senado logró sus primeros cuatro miembros, cinco por ciento del total. Gran parte del resultado se debió a la súbita popularidad del excapitán. Otro riesgo, de consecuencias quizás más graves e inmediatas, son las creencias de los núcleos centrales del próximo gobierno, uno profundamente religioso y otro militar. “Dios por encima de todos” es la consigna de la campaña electoral y del gobierno que el 1 de enero iniciará su mandato de cuatro años. Siete oficiales de las Fuerzas Armadas integrarán el gabinete ministerial de 22 miembros. A ellos se suman el mismo presidente y su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, en el gobierno más militarizado de la historia brasileña. Bolsonaro rechazó, por ejemplo, la realización de la conferencia mundial sobre clima en Brasil en 2019 y amenaza con abandonar el Acuerdo de París sobre cambio climático, aprobado en 2015, por considerarlo una amenaza a la soberanía brasileña sobre 136 millones de hectáreas de Amazonia que componen el llamado “Triple A” (AAA). Ese tipo de temor es difundido entre los militares brasileños, que también sospechan que hay tierras reservadas a los indígenas que pueden pasar al dominio internacional o independizarse. Por eso se resisten a su demarcación. Pero en realidad el AAA se refiere a un corredor ecológico, Andes-Amazonia-Atlántico, propuesto por una organización ambientalista de Colombia, Gaia Amazonas, que no se aprobó ni forma parte de las discusiones climáticas. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Perú abraza la ecoeficiencia para avanzar hacia un desarrollo verde

ter, 11/12/2018 - 19:20

Katherina Guevara (I) y Cristina Rentería, integrantes de la Oficina de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, junto a una de las 10 estaciones para el desecho segregado de los residuos que han gestionado para el personal administrativo. Otros 32 módulos ecoeficientes se instalaron para el uso general en el campus, a las afueras de Lima, en Perú. Crédito: Mariela Jara/IPSPor Mariela JaraLIMA, Dec 11 2018 (IPS) Entidades públicas de Perú han fortalecido desde 2017 sus prácticas ecoeficientes con la aplicación coordinada de diversas medidas y el desarrollo de una cultura de gestión ambiental, para avanzar así en el uso adecuado de los recursos del Estado. Ese conjunto de prácticas permitió ahorrar más de 19 millones de dólares en dos años, declaró Roxana Díaz, asesora en Gestión de Ecoeficiencia del Ministerio del Ambiente (Minam) y encargada de un programa especial con ese fin. Mediante la Iniciativa Instituciones Públicas Ecoeficientes (EcoIP), desde 2017 el Minam brindó ya a 41 entidades estatales apoyo en el tema, con la asesoría del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, en inglés) y con el objetivo de mejorar la sinergia entre lo ambiental y lo económico en el desarrollo de sus actividades.“Es una iniciativa muy interesante considerando que uno de cada 10 trabajadores son servidores públicos en Perú y que el Estado es de los mayores consumidores de recursos naturales. Se están visibilizando prácticas estatales a corregir y a miles de personas involucradas en este esfuerzo por mejorar su desempeño”: Aaron Drayer. El objetivo del proyecto EcoIP es otorgar asesoría a las instituciones públicas mediante la creación de capacidades a los gestores de ecoeficiencia de cada institución, a fin de que puedan emprender prácticas orientadas a un mejor uso del agua, energía, papel, combustible y residuos sólidos, explicó Díaz a IPS. “La Iniciativa EcoIP parte de un diagnóstico que se hizo en el 2015 y que reveló oportunidades para la aplicación óptima de la normativa peruana para la ecoeficiencia”, indicó Aaron Drayer, el representante en el país del GGGI, una institución intergubermental creada en 2012 para impulsar el crecimiento verde en el mundo. Es entonces que el GGGI se involucró para contribuir con el cumplimiento de la meta 57 de la Agenda de Competividad 2014-2018 del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya meta es que 30 por ciento de las instituciones públicas cuenten paulatinamente con programas de ecoeficiencia y reduzcan su consumo de energía y agua. “Es una iniciativa muy interesante considerando que uno de cada 10 trabajadores son servidores públicos en Perú y que el Estado es de los mayores consumidores de recursos naturales. Se están visibilizando prácticas estatales a corregir y a miles de personas involucradas en este esfuerzo por mejorar su desempeño”, remarcó Drayer a IPS. Perú cuenta con un grupo de Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público, destinadas a una mejor gestión ambiental del Estado para impulsar un desarrollo sostenible en el país, que se plasman en el Decreto Supremo 009 de 2009 del Minam. La ecoeficiencia  define desde los años 90 el buen uso de los recursos con fines ecológicos, mediante su eficaz aprovechamiento en los procesos y actividades de organizaciones tanto públicas como privadas, con miras a un desarrollo sostenible y con base en un cambio de actitud en sus miembros. Con esa visión, el programa modelo implementado por el Minam con la colaboración del GGGI buscó fortalecer la institucionalidad existente, dotar de competencias a los servidores públicos para sostener el nuevo proceso y una cultura para el uso eficiente del agua, energía y papel, y la gestión de los residuos sólidos. “Mi balance del proceso es positivo, hemos construido un programa replicable y formado capacidades, logrando que el 50 por ciento de las instituciones públicas involucradas consigan la meta de ser reconocidas como entidades ecoeficientes”, afirmó Díaz. Paola Córdova (primera a la izquierda), oficial de Crecimiento Verde del GGGI en Perú, durante el cierre de la fase piloto de la Iniciativa Instituciones Públicas Ecoeficientes, en que 41 organizaciones del Estado recibieron su reconocimiento como instituciones ecoeficientes por el Ministerio del Ambiente de Perú, en noviembre 2018. Crédito: Minam Además caracterizó a una institución pública ecoeficiente como aquella que brinda un servicio público de calidad al ciudadano usando eficientemente sus recursos, reduciendo sus impactos ambientales y manteniendo las condiciones adecuadas para el personal. Es la entidad que logra un equilibrio entre su gestión ambiental y la rentabilidad económica de la institución, puntualiza. Paola Córdova, oficial de Crecimiento Verde del GGGI en Perú, acompañó la implementación inicial de la Iniciativa junto con el equipo del Minam, cuando se identificaron las necesidades esenciales del proyecto, como el involucramiento de la alta dirección, la asignación de personal, presupuesto y tiempo. En los dos años en que EcoIP funcionó como modelo o proyecto piloto, asesorado por el GGGI, se recogieron frutos, entre ellos, el desarrollo de capacidades en servidores públicos de diferentes sectores, como ministerios, universidades y entidades autónomas, explicó. Además, este año la EcoIP se extendió al gobierno del departamento de San Martín, en el centro del país, iniciando la fase de descentralización de la Iniciativa, que continuará el próximo año hacia otras zonas del interior, ahora que será un programa  estable dentro del Minam. “Como GGGI hemos contribuido a la sistematización de esta experiencia y a identificar las lecciones aprendidas, que son insumos para que el Minam continúe replicando el modelo de entidades públicas ecoeficientes”, manifestó Córdova a IPS. Para Díaz, del Minam, la medición realizada confirma que la metodología aplicada es replicable y por tanto un factor que permite superar el desafío de la alta rotación en el servicio público y potenciar su alcance, gracias al modelo establecido con las primeras 41 entidades públicas incluidas, de las más de 2.000 existentes en el país. La funcionaria detalló que se estandarizaron metodologías de cálculo del uso de recursos que ofrecen datos confiables y validados, a partir de los cuales se reporta anualmente el consumo a manera de línea de base. Carlos Llanos, responsable de la Oficina de Gestión Ambiental de la pública Universidad Nacional Agraria La Molina, en las afueras de la capital de Perú, e integrantes de su equipo muestran creaciones navideñas realizadas con material reciclado. Crédito: Mariela Jara/IPS El nuevo sistema permite identificar medidas para corregir prácticas inadecuadas,  y así apoyar el cumplimiento de las contribuciones nacionales determinadas por el Estado peruano dentro del Acuerdo de París sobre cambio climático. El país se comprometió a reducir en al menos 20 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. “El Estado ha ahorrado 66 millones de soles (más 19 millones de dólares) desde la implementación de la metodología, lo que podríamos transformar a cantidades de CO2 (dióxido de carbono) que se dejaron de emitir, porque es energía eléctrica que se dejó de consumir, así como agua y papel principalmente”, precisó. Para la funcionaria de Minam, es muy importante que con esta metodología también se enseña a calcular la rentabilidad económica de las medidas. Un ejemplo exitoso Una de las experiencias exitosas es la protagonizada por la pública Universidad Nacional Agraria La Molina situada sobre 6.000 hectáreas a unos 18 kilómetros del centro de la capital. Bajo el impulso de su Oficina de Gestión Ambiental (OGA) y su equipo técnico, se ha promovido la cultura ambiental, la ecoeficiencia, la fiscalización y manejo de residuos sólidos entre docentes, estudiantes y trabajadores administrativos del centro educativo. Han instalado 32 puntos ecoeficientes, es decir, tachos de segregación para que las personas depositen los residuos en forma adecuada, además de 10 estaciones en los que personal administrativo coloca cartones, residuos generales, plástico y vidrio. “Fue necesario sensibilizar a la comunidad educativa para su uso adecuado, al igual que sobre sustitución de papel por medios digitales y reducción del consumo de agua y energía eléctrica”, refirió a IPS el ingeniero ambiental Carlos Llanos, quien dirige la OGA. El equipo expresa su satisfacción porque las diversas acciones emprendidas como visitas, carteles señalizadores y concursos, entre otras, han involucrado a 20 por ciento de las dependencias del campus, dentro de su objetivo de promover el desarrollo sostenible en el recinto. Una de las ganadoras del concurso interno “Oficina Sostenible” es la Unidad de Innovación Educativa,  a cargo de la docente Elva Ríos y conformada por las psicólogas Silvia Morales y Karen Goycochea. Ellas llevan la ecoficiencia en las venas. “Somos molineros, somos puntuales y ecoficientes” es el lema que identifica a la Unidad y que les acompaña en todas su actividades. “Capacitamos a docentes para que sean mejores profesores, pero en ese trabajo nuestra perspectiva ambiental está presente”, expresó Morales a IPS. La asesoría de la OGA ha contribuido a que reduzcan el consumo de papel, energía, agua y al mejor anejo de los residuos. “Aquí desenchufamos las máquinas cuando no las usamos, apagamos los focos y aprovechamos la luz natural para lo cual hemos despejado la zona de ventanas, hemos colocado botellas con arena al interior de los inodoros y apenas gotea un caño llamamos a Servicios Generales, y tenemos tachos separadores”, agregó Morales. Karen Goycochea recuerda que hace cinco meses, cuando ingresó a la Unidad, como parte de su inducción le recalcaron las acciones ecoeficientes a mantener en la oficina y en la universidad. “Para mí fue muy alentador porque siempre he estado comprometida con la gestión ambiental”, dijo a IPS. Edición; Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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¿Se escucha el reclamo popular en Cuba sobre trabajo privado?

ter, 11/12/2018 - 14:27

Un grupo de música tradicional cubana ameniza la terraza de un establecimiento estatal que ofrece servicios de gastronomía al turismo internacional, en un una calle de La Habana Vieja, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPSPor Ivet GonzálezLA HABANA, Dec 11 2018 (IPS) Reajustes en normas para el trabajo privado a fin de tomar en consideración opiniones de especialistas y ciudadanos e inusuales explicaciones televisivas de altos dirigentes del gobierno de Cuba, dan un giro sin precedentes a la relación entre las autoridades y sociedad civil. Los acontecimientos sucedidos la primera semana de diciembre son interpretados de diversas maneras por activistas y especialistas consultados por IPS, aunque coinciden en que la sociedad civil se perfila finalmente como una voz a tener en cuenta en el país de gobierno socialista, donde predominan el autoritarismo y la centralización. “Siento que al menos hay una conciencia política. El cubano está entendiendo que hay una transición y no podemos dejar que los cambios pasen sin nuestra participación verdadera”, dijo a IPS la actriz Lynn Cruz, que en las redes sociales manifiesta su oposición al Decreto Ley 349, aprobado en julio junto con otras 19 normas, destinadas a regular la actividad privada.“Como en otras ocasiones, esta vez, el malestar social dio lugar a una contra-regulación, algo más ajustada, aunque quedan muchas discusiones de fondo en el tema”: Ovidio D’Angelo. Todo comenzó el 5 de diciembre, cuando solo dos días antes de la entrada en vigor de ese decreto y las otras 19 normas,  las autoridades echaron atrás algunas de ellas, muy criticadas por sus implicaciones para el sector privado, conocido localmente como de cuenta propia. En especial, enlentecieron la aplicación de la regulación del 349, que es el que norma desde ahora la comercialización y circulación de arte. Con implicaciones para actores privados y entidades estatales donde se comercialice o circule arte en todas sus manifestaciones, esa norma se dio a conocer en julio entre las medidas para el trabajo privado, aunque su alcance es mayor porque regula cómo penalizar la infracción de la política cultural en lugares públicos. Artistas de todos los signos políticos y afiliados o no a instituciones estatales u organizaciones gremiales criticaron con fuerza el decreto, en espacios virtuales y reales, sobre todo por la falta de claridad que observan en su redacción. Incluso algunos señalan que la ley limitaría la libertad artística en la isla caribeña. “Las decisiones se toman sin tener en cuenta a todos los sectores implicados”, lamentó Cruz, quien no se siente satisfecha con las explicaciones sobre el decreto y su aplicación paulatina dadas por autoridades culturales en la televisión estatal, el 7 de diciembre. “Se niega una buena parte del arte cubano actual hecho desde la autogestión”, apuntó la también escritora y directora de teatro, quien trabaja en forma autónoma al Estado y ha participado en campañas en contra del decreto 349. A su juicio, “las respuestas que dieron siguen siendo vagas, porque enfocarse en el ruido o el mal gusto como parte de las aristas principales del decreto es evadir su razón principal”. A Cruz le preocupa que no se mencionó cuánto afecta a los artistas autónomos, en un Estado socialista que subvenciona y promueve la cultura dentro de sus prioridades, pero a través de un sistema criticado por controlar la creación artística y cultural, sobre todo cuando aborda cuestiones políticas. Dos empleadas preparan el local para la llegada de clientes en el bar de un restaurante de administración privada en el centro histórico de La Habana Vieja, en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS El Ministerio de Cultura informó que ya emprendió un proceso de debate con afiliados de la no gubernamental Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que va a llegar a las 15 provincias del país. La discusión pretende elaborar de forma participativa la norma complementaria del Decreto Ley 349, para que establezca cómo se implementará de manera precisa. También anunció el Ministerio que el decreto se aplicará de forma progresiva y no en todas las entidades implicadas. Pusieron como ejemplo que deben todavía establecer cómo se hará en las galerías de arte privadas y los estudios de grabación, que hoy operan en la ilegalidad. “No regula ni limita la creación artística”, indicó Yudith Márquez, directora jurídica del Ministerio de Cultura, sobre el decreto de julio. Remarcó que la norma “vela por  el cumplimiento de las normativas existentes sobre la comercialización del arte y combate la difusión de productos que promuevan el lenguaje sexista, la discriminación, la vulgaridad, la pornografía o utilicen injustificadamente la violencia”. Otras infracciones tipificadas son “aprobar, permitir, pagar o facilitar con medios o instalaciones la realización de servicios artísticos sin que hayan sido aprobados y autorizados por la institución que representa a los artistas” y “que afecte el desarrollo de la sociedad cubana y la aplicación consecuente de la política cultural de la Revolución”. Durante una noche lluviosa, varias personas intentan detener un viejo vehículo que opera como taxi privado, en una céntrica calle de La Habana Vieja, en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS Marquez también especificó que “la responsabilidad por la difusión de productos (penalizados) es de la autoridad de la entidad, estatal o privada, que los exhiba”. Las respuestas de las autoridades en este tema sensible no parecen aliviar todavía las tensiones con el sector artístico y cultural, aunque algunas de las cuestiones a regular como el lenguaje sexista, discriminación y violencia son reclamos reiterados por activistas sociales por la equidad de género, el antirracismo y una cultura de paz. “Como en otras ocasiones, esta vez, el malestar social dio lugar a una contra-regulación, algo más ajustada, aunque quedan muchas discusiones de fondo en el tema”, valoró el psicólogo Ovidio D’Angelo, que investiga a la sociedad civil cubana. El especialista analizó que “podría verse como un hecho positivo la capacidad de replanteo de la situación (por parte de las autoridades) a partir del sentir popular”. Pero alertó del efecto negativo de esas situaciones, “que quedan como huellas de desconfianza hacia las instituciones que no son capaces de propiciar a tiempo una auto-organización desde las relaciones con las bases de la sociedad”. Aunque todas las inconformidades no fueron resueltas, los cambios introducidos el 5 de diciembre para el trabajo privado fueron bien recibidos, sobre todo el relacionado con la cantidad de comensales de los restaurantes, bares o cafeterías, que ahora pueden sobrepasar los 50, de acuerdo con el espacio disponible. Otras modificaciones consideradas beneficiosas permiten al trabajador ejercer más de una actividad y aumentan el saldo en efectivo sin depositar en el banco a 35 por ciento del total. En opinión de Ángel Marcelo Rodríguez, coordinador académico del proyecto Incuba Empresas del católico Centro Loyola, aún no existe en Cuba una “sociedad civil desarrollada, por lo tanto no es la causa por la que el gobierno modificó el marco regulatorio”. “Existen múltiples factores”, dijo y mencionó como fundamentales el decrecimiento de la economía a un uno por ciento y la incertidumbre para el próximo año anunciada por el ministro de economía, Alejandro Gil, además de la presión internacional para que Cuba pague sus deudas externas. Rodríguez consideró negativo el establecimiento de dos cuotas mensuales como saldo mínimo requerido en las cuentas bancarias fiscales que deberán operar los titulares  de licencias para servicios gastronómicos, transportistas y arrendadores de viviendas, entre otros, porque “controla y limita el crecimiento de los emprendimientos”. “No se va a entregar la licencia de programador de equipos de cómputo hasta nuevo aviso, lo cual significa que hay temor al uso y desarrollo de las TIC” (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), consideró Rodríguez, sobre “una industria que puede relanzar la economía cubana y de la que se excluye al emprendedor nacional”. Según las autoridades gubernamentales, las nuevas disposiciones buscan ordenar el trabajo privado, que ahora permite 123 actividades y en cuyo ejercicio se detectaron irregularidades como la subdeclaración de ingresos y el uso de materias primas de procedencia ilícita. El empleo autónomo creció en los últimos años desde 157.000 trabajadores en 2010 hasta 588.000 en octubre, lo que representa 13 por ciento de la población en este país insular caribeño de 11,2 millones de personas. Incluso especialistas lo señalan como el área más dinámica de la sociedad civil intena. Con aportes de Patricia Grogg, desde La Habana. Editado por Estrella Gutiérrez   Artículos relacionados

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Pacto sobre migraciones, un triunfo del multilateralismo

seg, 10/12/2018 - 20:06

El 10 de diciembre de 2018, 164 países adoptaron el primer acuerdo intergubernamental negociado que busca cubrir todas las dimensiones de las migraciones. Crédito: Cortesía: Steven Nsamaza.Por Steven NsamazaMARRAKECH, Dec 10 2018 (IPS) La migración segura, ordenada y regular logró finalmente el apoyo de 164 países, que este lunes 10 adoptaron el primer acuerdo intergubernamental negociado, que busca cubrir todas las dimensiones de las migraciones internacionales. Después de los problemas que aparecieron a último minuto, más tensiones y disputas de las que se hubiera querido, la conferencia intergubernamental que se realiza en la ciudad marroquí de Marrakech acordó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, un documento proactivo que busca orientar a los Estados en todos los asuntos relacionados con las migraciones. El documento se logró aprobar justo a tiempo para coincidir con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un encuentro presidido por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien urgió a los países a tratar el pacto como una obligación con los derechos humanos, que beneficiará a todos. “No creamos un nuevo derecho a migrar. No”, precisó. “No hay un derecho para que todos vayan a cualquier lado en cualquier momento a su antojo”, acotó Guterres en la ceremonia oficial. “Creamos la obligación de respetar los derechos humanos de los migrantes que, por supuesto, es absolutamente obvio cuando al mismo tiempo celebramos el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, acotó. “Sería inconcebible excluir a los migrantes del alcance de la Declaración Universal”, subrayó Guterres. Antes del comienzo de la conferencia este lunes 10 había gran preocupación porque algunos Estados miembro no apoyaban el documento. Otros, directamente, decidieron no participar ni adoptar el pacto, mientras otros más señalaron que su decisión final requería mayor deliberación. Estados Unidos fue el detractor más notable al condenar el pacto y tildarlo de violación a la soberanía nacional. “Creemos que el pacto y el proceso que llevó a su adopción, incluida la Declaración de Nueva York, representa un esfuerzo de la ONU por promover la gobernanza global a expensas del derecho soberano de los Estados a gestionar sus propios sistemas migratorios de acuerdo a sus políticas, leyes e intereses nacionales”, señala la declaración de Washington divulgada en la víspera de la conferencia de Marrakech. Otros países que frenaron el pacto o se negaron a firmarlo son Hungría, Australia, Israel, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Austria, Suiza, Bulgaria, Letonia, Italia, Suiza y Chile. El documento acordado “tendrá un impacto enormemente positivo en las vidas de millones de personas, de los propios migrantes, de las que dejan atrás y de las comunidades que los van a recibir”, explicó Louise Arbour, representante especial para migración internacional de la ONU. “Eso, por supuesto, dependerá de que se capture el espíritu del evento de (este lunes 10) de pasar a la implementación de las múltiples iniciativas que el pacto mundial habilita a los Estados a poner en práctica”, puntualizó. “Estoy encantada de reflejar las palabras del secretario general: es una ocasión maravillosa, un momento realmente histórico y un logro enorme para el multilateralismo”, subrayó Arbour. El pacto adoptado establece 23 objetivos que pretenden cubrir todos los aspectos relativos a las migraciones, y cada uno tiene un objetivo general y un abanico de posibles acciones para que implementen los Estados miembro del foro mundial. La canciller alemana (jefa de gobierno) Angela Merkel fue muy criticada tras su decisión de abrir la frontera a cientos de miles de refugiados de países como Siria y Afganistán a su país. La decisión podría haberle costado otro mandato si se presentara a la reelección, pero Merkel anunció hace poco que no lo hará. Sin embargo, subrayó que el pacto mundial “no es nada más que la fundación de nuestra cooperación internacional”. El significado de la conferencia fue lo que atrajo, además de diplomáticos y funcionarios, a unas 400 organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, el sector privado y la academia, así como a más de 700 periodistas registrados. La ceremonia en la que se adoptó el pacto mundial contó también con Cheryl Perera, conocida representante de comunidades migrantes, y fundadora de OneChild, una organización no gubernamental que busca eliminar la explotación sexual de menores en el extranjero. Perera llamó a eliminar los factores responsables de la migración irregular a gran escala y a mejorar la protección de los migrantes a pequeña escala. “Tenemos que actuar mejor juntos”, arengó. “Es importante que involucremos al sector privado, en especial a las aerolíneas y hoteles, entre otros, para proteger a los niños del tráfico”, añadió. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Conferencia sobre migraciones comienza debilitada

seg, 10/12/2018 - 11:02

Refugiados de Sudán del Sur. Crédito: Will Swanson/UNHCR.Por Thalif DeenNACIONES UNIDAS, Dec 10 2018 (IPS) Cuando la tan esperada Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración comenzó este lunes 10 en Marruecos, lo hizo con un hecho sin precedentes: la cancelación de su asistencia de por lo menos siete Estados miembro casi a último minuto.  Cuando la comunidad internacional se esfuerza por resolver la propagación de una crisis humanitaria, y restringir la aceptación de refugiados y migrantes, la aprobación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, se vuelve un asunto políticamente sensible. Estados Unidos, que se retiró de las prolongadas negociaciones en diciembre del año pasado, será una de los notables ausencias, junto a Austria, Hungría, Polonia, Israel, Suiza y Australia, todos con problemas relacionados con refugiados y migrantes. Otros de los que pueden fallar podrían ser Bulgaria, República Checa y Eslovaquia. No sorprende que esos países no quieran formar parte del pacto, que se espera se adopte en la ciudad de Marrakesh al concluir la Conferencia, el martes 11. Incluso a pesar de que 192 Estados miembro, salvo Estados Unidos, finalizaron el Pacto Global en julio, tras años de negociaciones. La renuencia a participar es por demás sorprendente ya que la implementación del pacto es voluntaria, a diferencia de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, suscrita y ratificada por los 193 estados miembros de la ONU, pero no necesariamente implementada. Sobre los que no participan, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric declaró el 30 de noviembre: “Creo que lo lamentable, como vimos, es el número de países que se abrieron de lo que ya se había decidido en Nueva York cuando se adoptó el pacto”. “Cabe recordar una y otra vez que no es un instrumento legal vinculante. Es una guía para que los países puedan manejar la migración”, acotó. Justo antes del inicio de la conferencia de Marrakesh, Dinamarca anuncia sus planes de trasladar inmigrantes “no deseados” a la isla de Lindholm, a dos millas náuticas del territorio, otrora utilizada para estudiar animales enfermos,. “Los crecientes sentimientos de extrema derecha y antiinmigración que se propagaron por Europa llegaron a las altas esferas del gobierno de Dinamarca”, han indicado fuentes periodísticas. “Algunos de los legisladores dejaron claro que no tienen reparos en probar los límites de las convenciones de derechos humanos con el fin de preservar lo que consideran el estilo de vida danés. El controvertido acuerdo todavía debe ser aprobado por el parlamento”, informó la CNN. Es muy posible que Dinamarca se una al resto del equipo de ausentes de la conferencia. El demógrafo Joseph Chamie, exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas y consultor independiente, dijo a IPS que la conferencia sobre migración, a pesar de sus carencias, “es, por cierto, un logro”. Pero una decena de países no participan, y otros más realizaron fuertes objeciones, procedentes de partidos que se oponen a la firma del Pacto Mundial sobre Migraciones, añadió. Eso tendrá graves consecuencias negativas para el pacto, en especial si Estados Unidos, el país que más inmigrantes recibe, no forma parte de él. “También será problemático para la Unión Europea (UE), pues esos países tienen posiciones divididas en cuanto al pacto, y otros no participan en la conferencia”, apuntó. “Es inusual que tantos países renuncien a la conferencia de la ONU y debilitará la efectividad del Pacto Global”, reconoció. La enviada especial para Migración Internacional, Louise Arbour, dijo antes de comenzar el encuentro que estaba “muy decepcionada” de que algunos países retiren su apoyo, y en algunas instancias por “extrañas” razones. El Pacto Global “no era legalmente obligatorio” y “no hay ni un solo país que esté obligado a hacer nada que no quiera”, señaló. “Algunos dijeron, por ejemplo, no vamos a firmar, lo que es bastante raro porque no hay nada para firmar. No es un tratado. Otros dijeron, ‘no iremos’. Otros, no apoyamos el pacto”, añadió. Mientras, una de cada 70 personas queda atrapada en medio de una crisis, incluyendo la de refugiados, con más de 130 millones de personas que podrían necesitar asistencia humanitaria el año que viene. La ONU y sus socios buscarán ayudar a más de 93 millones de personas en situación de mayor vulnerabilidad, según el Panorama Global Humanitario, presentado por el coordinador de emergencia, Mark Lowcock, en Ginebra en la primera semana de diciembre. En una declaración divulgada el 5 de este mes, la Federación de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, señaló que la migración siempre fue un tema controvertido. Pero en los últimos años, se volvió un asunto aún más controvertido, al punto de dominar las elecciones en muchos países. La preocupación por el impacto de la migración en los estados receptores llevó a los gobiernos a adoptar estrategias diseñadas específicamente para reducir y disuadir las migraciones, llegando a restringir el acceso a servicios esenciales y vitales, incluida la atención de salud básica, refugio, alimentos y asistencia legal. La Federación Internacional dijo que los gobiernos tienen derecho a fijar sus políticas migratorias. Pero a diferencia del saber convencional, todos los migrantes, aun los que no tienen derecho a solicitar asilo, tienen derechos en el marco de la legislación internacional. Esos derechos incluyen acceso a la salud, la seguridad y la protección. Chamie dijo a IPS que si bien la implementación del pacto es voluntaria, el objetivo en sí mismo es crear normas relativas a las migraciones internacionales. “Por supuesto, los países pueden no seguir las convenciones ni los pactos internacionales, y existen, por cierto, muchas instancias de violaciones en los últimos años”, acotó. Los países son soberanos, sobre lo que hay un consenso universal, y promoverán sus intereses nacionales, aun cuando viola acuerdos que ya suscribieron, añadió. Al ser consultado sobre los planes de Dinamarca, consideró que confinar inmigrantes “no deseados” a una isla remota generará problemas en muchos aspectos. Además de la cuestión importante de los derechos humanos, será difícil desde el punto de vista logístico, y se será aún más problemático, en especial por los niños y a los que necesitan atención médica. Además, a medida que aumentan los números, las dificultades se exacerban, añadió. Chamie también señaló un hecho simple: la llegada de posibles inmigrantes es mucho, mucho mayor que la demanda. Además, los países receptores seleccionan inmigrantes y muchas de las personas que necesitan migrar, no serán seleccionadas. “Por ello, muchos de los migrantes sin estatus legal solicitan asilo y buscan el estatus de refugiado cuando, de hecho, buscan oportunidades laborales y mejores condiciones de vida para ellos y sus familias”, añadió. Por ello, Chamie señaló, la gente emigra de forma irregular y al llegar a su destino elegido tratarán de permanecer en el país por todos los medios posibles, incluso solicitando el estatus de refugiado. Una vez más, uno tiene que hacer frente a hechos demográficos, algo que los dirigentes políticos suelen evitar. Muchas poblaciones en países de emigrantes aumentan rápidamente y en la mayoría de los países receptores con mayor desarrollo, crecen con lentitud. Las presiones considerables y las fuerzas responsables de la inmigración irregular continuarán, por cierto, y los países receptores todavía carecen de políticas efectivas para hacer frente al fenómeno demográfico, declaró Chamie. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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En norte de México inician desafiante ruta hacia crecimiento verde

sex, 07/12/2018 - 13:40

El estado de Sonora, el más extenso de México, pretende reducir sus emanaciones de gases de efecto invernadero entre 80 y 90 por ciento para 2050 y generar 43 por ciento de su energía de fuentes limpias para 2030, dentro de su Estrategia de Crecimiento Verde. Entre otros muchos beneficios, el plan reducirá la contaminación de su capital, Hermosillo, que se observa en la imagen. Crédito: Change.orgPor Emilio GodoyMÉXICO, Dec 7 2018 (IPS) El norteño estado de Sonora busca posicionarse a la vanguardia en México en la transformación sostenible de su economía. Pero enfrenta retos mayúsculos, como reverdecer su matriz energética y depender menos de la minería, muy contaminante y que deja pocos beneficios a sus arcas públicas. Ese territorio federal, uno de los 32 en que se divide administrativamente este país latinoamericano, ya cuenta con una Estrategia de Crecimiento Verde (ECV) y un Plan Estatal  de Acción ante el Cambio Climático para el Estado de Sonora, así como un atlas de riesgo local y un consejo consultivo multisectorial. La ECV, lanzada en 2017, marcha “bastante bien, es una estrategia con una visión de crecimiento verde que busca crecimiento económico, potenciar desarrollo humano, inclusión social y productividad de recursos naturales y resilencia al cambio climático”, dijo Pablo Martínez, representante en México del intergubernamental Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, en inglés). El especialista explicó a IPS que la descarbonización de la economía es el área que reporta más avances y resaltó el papel de las energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible dentro del plan. La Estrategia fue desarrollada a pedido del gobierno mexicano por el GGGI, instituido en 2012 con el objetivo de apoyar a los países del Sur en desarrollo a establecer un nuevo modelo económico, basado en el crecimiento verde, y con su sede central en Seul. La ECV de Sonora, explicó Mártinez, incluye 33 líneas de acción y entre sus objetivos resaltan la descarbonización de la economía e independencia energética, la economía innovadora inclusiva, el uso responsable de materiales y recursos, así como calidad de vida resiliente. Además, contiene 10 temas estratégicos, entre ellos la energía renovable, movilidad sostenible, gestión del agua y desarrollo rural y urbano sostenible. Sonora, el segundo estado mexicano más extenso, con 189.055 kilómetros cuadrados repartidos entre 72 municipios habitados por 2,85 millones de personas, registró en 2016 una actividad económica por 30.000 millones de dólares. Esa producción ha dejado su huella ecológica. En 2010, últimos datos disponibles,   implicó el lanzamiento a la atmósfera en 2010 de 23 millones de toneladas de dióxido de carbono, de los que los mayores emisores provinieron de la energía (7,5 millones), el transporte (6,5 millones), agricultura y ganadería (3,7 millones) y los procesos industriales (2,23 millones). El enfoque de economía verde ha cobrado auge a lo largo de esta década. ONU Medio Ambiente la define como “aquella economía que resulta en un mejor bienestar humano y equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica” y, por lo tanto, baja en carbono, eficiente en recursos y socialmente inclusiva. Pablo Martínez, representante en México del Instituto Global para el Crecimiento Verde, durante un taller de socialización sobre la Estrategia de Crecimiento Verde del estado de Sonora, en el norte del país, celebrado este año en su capital, Hermosillo. Crédito: GGGI México Dentro de su ECV, en noviembre de 2017, el gobierno de Sonora creó su Gabinete de Crecimiento Verde, que incluye a los secretarios de Agricultura, Desarrollo Social, de Economía y de Infraestructura y de Desarrollo Urbano. El 4 de este mes, Sonora lanzó su programa Acelerador de Eficiencia en los Edificios, incluida en la ECV y con el propósito de introducir nuevas tecnologías en la planeación de inmuebles para construir de forma más eficiente y rebajar el dispendio energético. Por su clima seco, ese estado es el mayor consumidor de electricidad para calentamiento y enfriamiento del país. Entre otros proyectos enmarcados en la ECV, Sonora está por recibir un apoyo de entre 568.000 y 1,13 millones de dólares de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) y el Fondo para Financiamiento de las Ciudades del C40, una red de 96 de las mayores urbes en el mundo para enfrentar el cambio climático, con el fin de estructurar un sistema de transporte multimodal que desestimule el uso del vehículo privado. Además, detalló Martínez, prepara un estudio de prefactibilidad para la producción de biogás con residuos agroindustriales, patrocinado por la Agencia Danesa para la Cooperación Internacional y la Secretaría (ministerio) de Energía. Finalmente, elabora también un estudio sobre rutas para una descarbonización profunda para 2050, el primer estado mexicano que lo realiza, con fondos del no gubernamental Instituto Mundial de Recursos, con sede en Washington. Para 2019 se prevé la constitución de un fondo ambiental estadal, que aún no tiene presupuesto. Para Luis Carlos Romo, comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (Cedes), la nueva estructura institucional y los proyectos en marcha son “logros de la estrategia”. El funcionario dijo a IPS desde Hermosillo, la capital del estado,  que “la estrategia trata de desarrollar nuevos motores de desarrollo. Lo principal es que mejore la calidad de vida de los sonorenses, que haya más inclusión (social) y menor impacto ambiental”. El gobierno estadal, recordó, sometió en marzo y abril la ECV a una consulta pública, para así impulsar la participación ciudadana y mejorar y ampliar sus objetivos, pero su instrumentación enfrenta retos importantes. Martínez, el representante del GGGI, mencionó el financiamiento, gobernanza, la inclusión social y la perspectiva de género como temas centrales. Luis Carlos Romo, titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, durante la presentación en septiembre en la ciudad estadounidense de San Francisco de la Estrategia de Crecimiento Verde, en el marco de la Cumbre Global de Acción Climática. Crédito: Cedes “Hay obstáculos para obtener financiamiento de la banca de desarrollo o gobiernos extranjeros. La estrategia debe involucrar más al sector privado. También se necesita de más coordinación institucional. Vemos una gran oportunidad para que se cumpla con la Estrategia, pues no queremos un plan que quede en la oscuridad”, enumeró. La ECV, dijo, identifica desafíos como disminuir la intensidad energética y las emisiones contaminantes, robustecer la estructura económica, asegurar la integridad de los recursos naturales y disminuir la vulnerabilidad de la población a los efectos climáticos. Abandonar la minería Para el estado, uno de los retos primordiales es el abandono progresivo de la minería, ya que es el mayor productor mexicano de oro, cobre, molibdeno, grafito y wollastonita. El Panorama minero del estado de Sonora, elaborado por el gubernamental Servicio Geológico Mexicano indica que en 12 municipios se explota oro, en seis cobre y en dos molibdeno. Al finalizar 2017, el estado tenía 46 minas en operación y 96 proyectos en fase de exploración, con un total de 5.974 títulos de explotación minera por 5.55 millones de hectáreas, 29 por ciento de su territorio. En 2014, un arroyo conectado a los ríos Bacanuchi y Sonora fue escenario de un derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico proveniente de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del privado Grupo México, en el mayor ecocidio ocurrido en este país latinoamericano. Transición energética La sostenibilidad de la matriz energética se erige como otro desafío fundamental, pues operan 224 generadoras eléctricas con base en carburantes fósiles. El estado posee un alto potencial de energía fotovoltaica, por su alto nivel de irradiación solar, que recien comienza a aprovechar, con 11 campos solares en operación o construcción. Al respecto, Romo, el titular de Cedes, dijo que “tampoco queremos satanizar ninguna actividad. La estrategia contempla para sectores tradicionales que, a través de la innovación, se transformen actividades productivas y que tengan menor impacto ambiental” “Creemos que la palanca que va a apoyar la estrategia de manera muy importante es la inversión en renovables, para exportar energía en lugar de importarla. Si logramos esta transformación de desechar combustibles fósiles, vamos a poder cumplir los objetivos”, explicó. El Atlas sonorense de Riesgo incluye siete municipios altamente vulnerables al cambio climático, por lo cual la reducción de emisiones y la adaptación al fenómeno son vitales. Para 2030, Sonora se comprometió a reducir en 25 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes de vida corta, dentro de las metas  asumidas en septiembre ante la Coalición Bajo 2, un nombre que alude a la necesidad de contener el aumento de la temperatura global por debajo de dos grados centígrados para evitar cataclismos irreversibles. Creada en 2015, en la coalación participan más de 220 gobiernos locales y regionales, entre ellos otros 15 estados mexicanos. En esa línea, Sonora proyecta su pico de emanaciones de GEI en 2026, para acotarlas entre 80 y 90 por ciento en 2050. En el sector energético, aspira a generar 35 por ciento de energía limpia en 2024 y 43 por ciento en 2030. Edición: Estrella Gutiérrez El artículo En norte de México inician desafiante ruta hacia crecimiento verde fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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