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Atualizado: 3 semanas 23 horas atrás

A la búsqueda de formas de reducir las emisiones contaminantes

sex, 07/12/2018 - 13:11

En 2017, Sri Lanka sufrió la peor sequía en 40 años, que obligó a miles de personas en Sri Lanka a abandonar su modo de vida para buscar trabajo en las ciudades. Crédito: Amantha Perera/IPS.Por Tharanga YakupitiyageNACIONES UNIDAS, Dec 7 2018 (IPS) En el marco de la 24 Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), muchos actores tratan de redoblar esfuerzos en la búsqueda de soluciones prácticas a la crisis climática, como es la propia tierra. ONU Medio Ambiente presentó en la COP24, que se realiza del 3 al 14 de este mes en Katowice, un informe que alerta sobre que las promesas de la comunidad internacional bajo el Acuerdo de París, las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional, no bastan para mantener el aumento de temperatura global por debajo de los dos grados centígrados. Las emisiones de gases invernadero ya tienen consecuencias visibles en todo el mundo, y se seguirán viendo en las próximas décadas, puntualizó Kelly Levin, especialista del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, en inglés) y principal autora del informe ONU Medio Ambiente. “La ambición de los actuales compromisos por país no son acordes al espíritu del Acuerdo de París. Si seguimos haciendo lo que hacemos ahora, la temperatura puede llegar a aumentar tres grados”, observó. “La urgencia y la necesidad de actuar nunca fueron tan grandes”, añadió Levin. El jefe de economía de recursos naturales del Fondo de Defensa Ambiental, Ruben Lubowski, y también autor del informe de ONU Medio Ambiente, coincidió: “Ahora no estamos ni cerca de donde necesitamos estar y debemos mejorar, tanto en términos de acompasar las CDN y aumentarlas con el tiempo para avanzar más allá de eso”, añadió. El Informe anual de Brecha de Emisiones de esa misma agencia, concluyó que los gobiernos deben triplicar esfuerzos, pues es necesario reducir una tercera parte de las emisiones contaminantes para 2030 para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los dos grados, y habrá que reducirlas a la mitad para alcanzar la meta de 1,5 grados. No solo hay una brecha, sino que el informe también concluyó que hubo un aumento en las emisiones en 2017, a diferencia de los años anteriores. Gran parte de la atención sigue estando en la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles, pero la recuperación y la reforestación suelen desestimarse como soluciones a la crisis. “Creo que hay una falta de reconocimiento en la importancia que tiene la tierra, en particular; es una de las oportunidades disponibles de inmediato y a un costo relativamente bajo”, explicó Lubowski. Según la CMNUCC, la tierra es responsable de entre 25 y 30 por ciento de las emisiones globales. Y la deforestación tropical representa ocho por ciento de las emisiones de dióxido de carbono mundial emitidas al año. Si fuera un país, sería el tercer mayor emisor del mundo. Las emisiones liberadas por el cambio en el uso de la tierra permanecen relativamente estables, pero las acciones que están al alcance de la mano pueden acortar la brecha de emisiones liberadas en hasta 30 por ciento, observó Lubowski. “Reducir la deforestación ya resultó ser la solución a gran escala más viable. Lo que se necesita es ir más allá de esos mojones justos y tratar de introducir algunas zanahorias en términos de incentivos positivos. Y ni siquiera nos acercamos a agotar esa oportunidad”, añadió. Moverse en torno al dinero La reforma de la política fiscal está entre las herramientas más efectivas para crear incentivos para inversiones destinadas a iniciativas con bajas emisiones de carbono y reducir los gases contaminantes. “Tanto las políticas fiscales tradicionales, así como la creación de esos mercados y programas de intercambio de emisiones tienen un gran papel que desempeñar en el uso de la tierra, en particular en la deforestación tropical”, dijo Lubowski a IPS. También señaló la transferencia fiscal ecológica como una de esas políticas, pues permite que los gobiernos locales reciban ingresos impositivos y recursos en función de su rendimiento en la conservación. La inclusión de índices de conservación como parte de las decisiones en torno a la asignación fiscal se vuelve un incentivo para que las municipalidades locales protejan la tierra y las selvas, así como los recursos para ampliar esas protecciones. Sin recursos, los gobiernos locales podrían verse obligados a destinar tierras a la agricultura, la industria y la construcción a fin de generar ingresos. Muy pocos países implementaron esa política; Brasil que fue el primero en aprovecharse de las oportunidades. Esto llevó a un aumento de 165 por ciento en la extensión de áreas de conservación entre 1992 y 2000, equivalente a un aumento de más de un millón de hectáreas de áreas protegidas. Por ejemplo, el sureño estado brasileño de Paraná destinó cinco por ciento de los impuestos municipales a la protección de áreas de conservación de la biodiversidad y a cuencas, y desde entonces logró ampliar las áreas protegidas. Los esfuerzos de Brasil para reducir la deforestación llevaron a una disminución de casi 30 por ciento de las emisiones contaminantes. Pero se teme que el presidente electo, Jair Bolsonaro, revierta la tendencia tras abogar por reducir las áreas de conservación, aumentar la minería en la Amazonia e, incluso, eliminar el Ministerio de Ambiente. La vecina Colombia asumió un enfoque ligeramente diferente al de Brasil al implementar un impuesto por cada tonelada de dióxido de carbono emitida por una compañía. Los ingresos de ese impuesto se destinaron a la preservación de la tierra y al desarrollo sostenible de las comunidades rurales. La política fiscal también representa un incentivo para las compañías, pues estas pueden exonerar impuestos al carbón si se vuelven carbono neutral o realizar actividades de compensación como proyectos ambientales. También se diseña un enfoque similar para reducir y compensar emisiones para la industria de la aviación, que podría ser responsable de alrededor de cinco por ciento de las emisiones contaminantes del mundo para 2050. El futuro son los árboles Como el sector de la tierra representa alrededor de entre 20 y 25 por ciento de las CDN, es cada vez más importante implementar políticas que permitan la recuperación y la conservación, señaló Lubowski. Levin y Lubowski coincidieron en que no será suficiente para reducir la brecha de emisiones y revertir la tendencia. “Necesitamos acciones en cada sector. Necesitamos alejarnos de las fuentes de combustibles fósiles y de avanzar hacia fuentes de energías limpias, frenar la deforestación y recuperar tierras, reducir las emisiones de la agricultura, atender la situación del transporte y tener ciudades con energía cero”, subrayó Levin. Según el informe de ONU Medio Ambiente, si todos los subsidios a los combustibles fósiles se retiran de forma progresiva, llevará a una reducción de las emisiones de 10 por ciento para 2030. “Conocemos los ingredientes para el éxito, sabemos hacer esto. No va a costar mucho y tendrá, de hecho, beneficios significativos; solo es una cuestión de abocarse a ello”, añadió Levin. “Me preocupa dónde estamos, en especial si pensamos en (no superar el aumento de) 1,5 grados, el sector de la tierra se vuelve cada vez más importante, no solo en términos de reducir las emisiones, que son esenciales, sino en pasar al negativo”, explicó Lubowski. Reclamamos más cooperación internacional para reducir las emisiones y una mayor focalización en la silvicultura, como forma de mejorar la ambición de forma rentable, indicó. Levin subrayó la necesidad de que los países redoblen sus compromisos para 2020 y que la COP redoble su esfuerzo. La COP “será un momento importante para reafirmar el proceso para los países. Es la primera prueba sobre el espíritu del Acuerdo de París y necesita enviar un mensaje realmente clave sobre mejorar la ambición”, declaró. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Los indígenas montañeros que llegaron al mar en México

sex, 07/12/2018 - 11:13

Una escuela con estudiantes indígenas en la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, en el suroeste de México. Crédito: Kau Sirenio PioquintoPor Kau Sirenio PioquintoACAPULCO, México, Dec 7 2018 (IPS) Caminar en las calles del barrio de Alborada 19, en la ciudad mexicana de Acapulco, es como recorrer los caminos agrestes de la región de La Montaña, en el mismo estado de Guerrero. Lodo, baches, arbustos, polvo, el zumbido de los enjambres de zancudos que vuelan a las orillas de las barrancas y la falta de servicios básicos, como médicos, agua potable, drenaje y transporte público. Las casas de esta colonia (barrio) de la mayor ciudad del suroccidental estado son de madera, de palapa y de lámina de cartón y una que otra de material. Las familias comparten entre ellas el trabajo comunitario, la venta de artesanías, que les provee lo necesario para subsistir en la ciudad turística y violenta. Pero más allá de la precariedad de este asentamiento indígena del puerto sobre el océano Pacífico — mayoritariamente del pueblo ñom’da nankue o amuzgo en castellano —, sus habitantes viven una constante discriminación por su forma de organizarse y hablar. “Esos montañeros que hablan raro”, dicen en la Alborada sobre los indígenas de La Montaña, la región más pobre del estado de Guerrero, donde se ubica al igual que Acapulco, y una de las más marginadas de todo el país. Para hacer frente a este problema, los migrantes indígenas de los cinco pueblos que habitan La Montaña — ñom’da nankue, me’phaa, ñuu savi, binizaa y nahuas — se organizaron para crear escuelas primarias bilingües, y para que así sus hijos tengan un espacio donde estudiar sin ser discriminados, donde ellos puedan hablar su lengua materna sin que nadie los menosprecie por ello. “En nuestras escuelas tratamos de enseñar nuestra lengua, para que otros niños puedan hablarla, aunque sea para saludarse entre ellos, dice la directora de la escuela primaria bilingüe indígena Acamapichtli, Antonia Yeti Vázquez. “Esta escuela es indígena y hablamos nuestra lengua materna, por eso les pedimos a los padres de familias no indígenas que nos ayuden enseñando a sus hijos el valor de la diversidad lingüística. Además, hemos hecho un esfuerzo para que todos entonemos nuestro himno nacional en lengua indígena”. Nacida en el municipio de Zitlala, en la parte baja de La Montaña, la profesora explica que en la Alborada viven en su mayoría indígenas migrantes de los municipios Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Chilapa y Zitlala, en condiciones paupérrimas. “El problema que enfrentan los paisanos es la discriminación por hablar su lengua materna. Por eso muchos de ellos ya no quieren enseñar a sus hijos su lengua, para no vivir la misma situación”, puntualiza. La migración de indígenas hacia Acapulco comenzó en los años 60, la época de oro del puerto, y el empuje de la construcción de hoteles en la populosa avenida costera Miguel Alemán atraía población. A la par las comunidades de origen expulsaban a sus habitantes, por falta de servicios básicos como escuelas, centros de salud, agua potable, drenaje y empleos. Los hombres llegaron primero al llamado Paraíso del Pacífico, a construir hoteles y viviendas de interés social en la colonia Alta Progreso e Infonavit; les siguieron las mujeres, quienes se emplearon de trabajadoras domésticas. Ya con el boom del turismo se asomaron los artesanos; y a todos ellos les siguieron los maestros bilingües, para fundar escuelas primarias indígenas con el fin de fortalecer la ya menguada lengua materna. En la lucha por sobrevivir en un entorno que no es el suyo, los migrantes indígenas fueron víctimas de la policía municipal de Acapulco, que se ensañó con los comerciantes ambulantes que vendían sus artesanías. Los comerciantes que resistían al atraco policiaco eran enviados a los separos sin derecho a intérpretes. Las detenciones arbitrarias en contra de los vendedores ambulantes en la playa los llevó a organizarse en varios frentes, tanto para demandar servicios públicos para las colonias populares, como para exigir el cese al hostigamiento policiaco en contra de los comerciantes ambulantes. Así, nacieron organizaciones como Unión de Indígenas Radicados de Acapulco (UIRA), Federación de Artesanos y Comerciantes Indígenas del estado de Guerrero (FACIEG), Fondo para Indígenas Migrantes de Acapulco (FIMA), Coordinadora de Indígenas Radicados en el Municipio de Acapulco (CIRMA) y la Unión de Vendedores de Grupos Étnicos (UVGE). Varias de estas agrupaciones fueron utilizadas por los partidos políticos como el Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT). La organización que logró mayor penetración fue la UIRA, conformada por profesores y universitarios indígenas, al grado de que en 2002, los migrantes plantearon a los candidatos a la presidencia municipal de Acapulco la creación de una Dirección de Asuntos Indígenas para atender los problemas educativos y de salud en las colonias con población indígena. En aquel entonces, durante el proselitismo electoral, la dirigencia se acercó más al candidato del PRD, Alberto López Rosas. Al triunfo del PRD, se creó la Unidad de Asuntos Indígenas (UAI) del Ayuntamiento de Acapulco, pero sin presupuesto de operación; además, estaba subordinada a la Secretaría de Desarrollo Social. El primer jefe de la UAI, Regino Díaz López, organizó a los profesores bilingües con el fin de que encuestaran en sus centros de trabajo a los padres de familias, y así conocer la demografía indígena en Acapulco. La encuesta de la UAI de 2003 arrojó los siguientes datos: se contabilizaron 10 mil 269 indígenas migrantes, distribuidos en las siguientes etnias: nahuas, 3 mil 805; ñuu savi (pueblo mixteco), 3 mil 100; me’phaa (tlapaneco), mil 310; ñom’daa nankue (amuzgo), mil 173; binizaa (zapoteco), 364. Y otros no identificados, 517. A 15 años de distancia, el actual supervisor escolar de la zona 085, Rogelio Solano Lorenzo, cuestiona el censo realizado entonces: “En el puerto de Acapulco vivimos más de 30 mil migrantes. Que no nos quieran reconocer es porque así le conviene al actual gobierno municipal. Reconocernos implica presupuesto y política pública diseñada para atender las demandas históricas de los indígenas”. Agrega: “En la colonia Ampliación Unidos por Guerrero, desde 2004 pedimos que nos reconocieran nuestra comisaría que impulsamos por usos y costumbres, y no lo hicieron. El actual senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, cuando fue candidato a la alcaldía hizo la promesa, pero no cumplió; lo que sí hizo fue dividir la colonia y el proyecto terminó en Comité Ciudadano Indígena, ahora controlado por mestizos”. La “desindianización” educativa Después de recorrer en su coche las calles angostas de la colonia Nueva Generación, por fin Rogelio Solano llega a la escuela primaria bilingüe indígena, Cuitláhuac. La fachada del plantel se ve como cualquier otra casa, ni siquiera el nombre la escuela aparece en la pared. Un policía solitario resguarda la puerta del edificio con un tolete. “Como ves, esta colonia es parecida a la comunidad de Joya Real, municipio de Metlatónoc, por sus calles y la falta de servicios públicos”, suelta a bocajarro Rogelio Solano. Un cuarto de hora después de que el supervisor ingresa al plantel, suena el timbre que anuncia el inicio del nuevo ciclo escolar. De inmediato, maestros y alumnos se organizan para los honores a la bandera. La escuela carece de sanitarios dignos y de espacios para el deporte; tampoco tiene donde descansar en el recreo. El área donde hacen honores a la bandera es un pasillo que divide los dos edificios, y que apenas alcanza los tres metros. Cuatro niñas y dos niños integran la escolta escolar de la Cuitláhuac; después de hacer malabares en el pequeño espacio que ocupan para homenajes, se entona el himno nacional en tres lenguas maternas y en español. Ataviado con uniforme blanco, como si fuera su primera comunión, Alejandro García toma su posición y empieza a tres tiempos, para cantar la primera estrofa en náhuatl, la siguiente en me’phaa; de ahí sigue en tu’un savi. Al finalizar todos cantan en castellano. Antes de la retirada del lienzo tricolor, una alumna de sexto grado repite el juramento a la bandera, también en cuatro lenguas: tres maternas y el español. Cuando los alumnos de sexto grado terminan con el programa cívico, la directora de la escuela, Eliodora Rea Hilario interviene: “En esta escuela hablamos nuestra lengua materna; además, enseñamos a los no hablantes que quieran aprender nuestra lengua, como vieron en el homenaje se entonaron en cuatro lenguas. Esto nos hace diferentes a las demás escuelas, porque cuidamos nuestra identidad cultural”. “Para nosotros –agrega–, es muy importante que ustedes nos ayuden con sus hijos en la casa, que les enseñen nuestra lengua. A los no hablantes les pedimos que no llamen dialecto a la lengua materna, porque ese lenguaje es racista y nos discrimina”, agrega. En Acapulco, los niños prácticamente han perdido su lengua materna, que es parte de su identidad. Los padres ya no enseñan a sus hijos hablar su lengua, y las pocas escuelas bilingües indígenas que funcionan en las periferias están deterioradas por el abandono gubernamental. Rogelio Solano dice que los padres dejaron de enseñar la lengua a sus hijos por el dolor que ellos sufrieron. “Los indígenas padres sufrieron muchas humillaciones hace tiempo, cuando ellos iban a una dependencia de gobierno no los atendían; cuando el gobierno se reía de ellos o cuando eran detenidos arbitrariamente, nadie los asesoraba ni los traducían a su lengua. Por eso no quieren que a sus hijos les pase lo mismo. Ese es el temor”. Solano Lorenzo abrió la primera escuela primaria bilingüe indígena en Acapulco. Lo cuenta así: “El 28 de septiembre de 1994 la fundamos, en ese año se crearon escuelas bilingües para niños migrantes indígenas, con el fin de conservar y fortalecer nuestra lengua materna”. Luego, hace una lista de las escuelas indígenas en Acapulco: “La primaria bilingüe Ve’e Savi en la colonia Ampliación Unidos por Guerrero es la escuela madre en Acapulco. De ahí nacieron: la primaria bilingüe, la Telpochkal, en la colonia Hermenegildo Galeana y la primaria bilingüe Emperador Cuauhtémoc en la colonia Chinameca, ambas colonias se ubican en el mirador del puerto; la primaria bilingüe Cuitlahuac en la colonia Nueva Generación; la primaria Acamapichtli en Alborada 19; la primaria bilingüe Caritino Maldonado en la comunidad me’pha San Martín el Jovero; y la primaria bilingüe Othón Salazar en la colonia Alto Coloso. Afirma que la educación es cada día más castellanizada, en lugar de promoverse el rescate de las lenguas indígenas, “porque la política educativa en México es para desindianizar el país”. La tarea del Rogelio Solano como supervisor de la zona escolar 085 no es tan sencilla. No es porque deba supervisar 11 escuelas, el problema no es la cantidad sino la dispersión de éstas: en Acapulco debe visitar siete primarias; dos en Zihuatanejo; una en Chilpancingo; y una más en Marquelia. La oficina de la supervisión de Rogelio se encuentra a dos cuadras de la escuela primaria bilingüe Cuitlahuac, pero el personal docente que tiene a su cargo de las otras escuelas no llega ahí, por la lejanía, la inseguridad y la falta de transporte público: “Nos reunimos en un Oxxo de Las Cruces. Ahí nos citamos por la tarde para entregar o recibir documentación. Quisiéramos tener una oficina en la zona centro de la ciudad pero no tenemos dinero para la renta”. Por su parte, la directora de la escuela primaria Ve’e Savi, de la colonia Ampliación Unidos por Guerrero, explica que los tres niveles de gobierno poco hacen por las escuelas indígenas: “Nos tienen en el abandono. No hay apoyo, las becas son escasas. En esta administración que termina no recibimos nada. Lo único que hicieron fueron los bebederos, pero es una obra inconclusa; aun así, la estaban entregando; como no les firmé se fueron muy enojados”. Agrega: “La obra, no me la presentaron como bebedero, cuyo costo es de 171.333 pesos (8.410 dólares); sin embargo, en el documento de entrega de recepción de la obra, aparece la construcción de un comedor escolar, por eso no les firmé. Es la ‘megaobra’ que hizo el ayuntamiento de Acapulco en esta escuela”. Los oficios del puerto Para autoemplearse, los indígenas de Acapulco se reparten el trabajo: mientras unos fabrican las artesanías en casa, otros recorren la costera y la playa ofreciendo los productos. Todos los integrantes de la familia trabajan, hasta los menores aprenden el oficio. Los padres presumen que, en caso de quedar huérfanos, los niños ya saben cómo sobrevivir. Siempre se enorgullecen de que sus herederos no sean delincuentes y de ser, tal vez, el grupo social más limpio en problemas judiciales. “Las primeras mujeres indígenas que llegaron a Acapulco se emplearon como trabajadoras domésticas. En muchos casos no recibían su salario porque los empleadores decían que las ‘chachas’, como les decían, no saben cocinar o hacer limpiezas”, contó Regino Díaz López antes de fallecer en Chilpancingo, la capital oficial de Guerrero. “Otras mujeres no corrieron con la misma suerte por no hablar el español, cuando querían abandonar el trabajo sus patrones le sembraban alhajas en su maletas y luego llamaban a la policía, las trabajadores terminaban en el reclusorio de Acapulco; o eran violadas por los esposos e hijos de los ricachones”, añadió. Los nahuas en su mayoría se dedican a las artesanías y la venta de flanes y gelatinas en las carreteras; lo mismo que los ñom’da nankue, recorren la Costera Miguel Alemán ofreciendo sus productos textiles, elaborados minuciosamente con algodón; mientras que las mujeres ñuu savi venden frutas, verduras, raspados y paletas en las principales avenidas y los hombres trabajan en la construcción. Los me’phaa, por su parte, son jardineros o se emplean en los viveros de ornatos que inundan las poblaciones de Tres Palos, San Pedro las Playas y El Bejuco. La mayoría de los que viven en las colonias indígenas vienen del Alto Balsas (nahuas), Copalillo, Zitlala y Chilapa; los ñuu savi son de los municipios de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Xalpatlahuac, Atlamajalcingo del Monte, Copanatoyac, Tlapa, San Luis Acatlán, Ayutla e Igualapa; mientras que los me’phaa migraron de los municipios de Malinaltepec, Tlacopa, Iliatenco, Acatepec y Zapotitlán. Y los ñom’daa nankue provienen de los municipios de Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca. Unos asentados en los barrios históricos como La Guinea, La Lima, La Pinzona y El Manzanillo; y en las colonias Chinameca, Hermenegildo Galeana, La Base, Ciudad Renacimiento, La Sabana, Nueva Generación, Ampliación Unidos por Guerrero, Sinaí, Jacaranda, Izazaga, la Frontera, Alborada 19, Coloso, Colosio, La Venta, La Parota y La Libertad. En El Treinta, El Bejuco, Tres Palos, 10 de Abril, San Pedro las Playas, Puerto Marqués, San Martín El Jovero y Los Órganos de Juan R. Escudero. Conservan la lengua, sus fiestas comunitarias, como el Día de Todos los Muertos o el pedimento de lluvia, fechas en las que se regresan a sus comunidades para estar en las ceremonias; también conservan cierta forma de organización a través de las asambleas comunitarias. Pero han perdido cosas, como la vestimenta o las artes. Viven entre la dispersión y carencias de servicios públicos que no llegan, y cuando se asoman una brigada de salud o el camión cisterna de agua es que llevan el color de los partidos políticos que hacen proselitismo todos los días en las colonias que conforman el cinturón de miseria del siglo XXI. Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales. El artículo Los indígenas montañeros que llegaron al mar en México fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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¿Los estados miembro de la ONU compensarán recortes de EEUU?

qui, 06/12/2018 - 13:14

La Asamblea General de la ONU decidirá sobre cualquier recorte propuesto de las contribuciones correspondientes de Estados Unidos a la ONU. Crédito: Cia Pak/UN Photo.Por Thalif DeenNACIONES UNIDAS, Dec 6 2018 (IPS) La especulación sobre que el gobierno de Donald Trump pretende reducir su contribución económica obligatoria al presupuesto regular de la ONU se confirmó de forma implícita cuando el presidente de Estados Unidos dijo: Washington “trabaja para mover más fondos de contribuciones correspondientes a voluntarias, y así destinar recursos estadounidenses a los programas con mejores logros”. Una reducción en la escala del aporte, definido según la “capacidad de pago” de cada país, no solo sufrirá un proceso de negociación interminable, sino también tendrá un impacto significativo en las operaciones diarias del foro mundial. Pero la Asamblea General, de 193 miembros, podría llegar a adoptar una resolución de ese tipo si Estados Unidos recurre a iniciativas de mano dura, como cuando la representante estadounidense Nikki Haley amenazó con “anotar nombres” y recortar la asistencia estadounidense a los países que votaran una resolución de condena contra Washington por reconocer a Jerusalén como capital de Israel. En una conferencia de prensa en octubre, cuando anunció su decisión de renunciar como embajadora de Estados Unidos en la ONU, Haley declaró que en sus dos años de mandato se recortaron “1.300 millones de dólares del presupuesto de la ONU”. “La hicimos más fuerte y más eficiente”, añadió. Estados Unidos redujo su aporte al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), de 69 millones de dólares, en 2016, a cero, en 2017, y 300 millones más a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo. Además, Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos en junio, y amenazó con “desfinanciar” ese órgano con sede en Ginebra. Scott Paul, encargado de la Política Humanitaria de Oxfam Estados Unidos, dijo a IPS que las últimas amenazas del gobierno de Trump de recortar sus contribuciones y la cooperación con la ONU socava el mecanismo más importante que tiene el mundo para reducir el riesgo de conflicto, atender las necesidades humanitarias y construir un mundo mejor y más seguro. La respuesta a crisis olvidadas como la de República Centroafricana y República Democrática del Congo tienen menos de 50 por ciento de los fondos necesarios, “y probablemente veamos grandes crisis humanitarias con menos fondos de los que tienen ahora”, explicó Paul. “Con menos fondos asegurados, cuando surjan nuevas crisis, la capacidad de respuesta será menor como para ayudar a la supervivencia de las personas más vulnerables del mundo y a que vivan con dignidad”, añadió. “Esperemos que otros países redoblen esfuerzos para salvar vidas donde hay crisis humanitarias, pero Estados Unidos deja un gran vacío, y las familias atrapadas en conflictos pagarán el precio”, sentenció Paul. Sin embargo, la reducción de sus contribuciones correspondientes propuesta por Estados Unidos tendrá que ser aprobada por la Comisión de Cuotas y la Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la ONU y, finalmente, por la Asamblea General. Estados Unidos realiza el mayor aporte individual a la ONU, al contribuir con 22 por ciento del presupuesto regular, lo que también le da influencia económica no solo para reclamar algunos de los cargos más altos, sino también dominar las discusiones sobre el presupuesto bienal, estimado en 5.400 millones de dólares entre 2018 y 2019. El embajador Anwarul K. Chowdhury, ex secretario general adjunto, quien fuera presidente del Consejo de Seguridad, dijo a IPS que para acordar reducir la escala aprobada por la Asamblea General es un asunto muy complejo y un proceso complicado. La propuesta para que un país reduzca la escala, en particular con un aporte considerable como el de Estados Unidos, significaría un aumento en el aporte de otros países, pues la escala de todos los países suma 100 puntos porcentuales. “Es una situación de suma cero”, acotó Los otros aportes importantes son de Japón, con 9,7 por ciento, China, 7,9 por ciento, Alemania, 6,4 por ciento, Francia, 4,9 por ciento, Gran Bretaña, 4,5 por ciento, Italia, 3,7 por ciento, y Rusia, 3,1 por ciento. Los países pobres pagan 0,001 por ciento del presupuesto de la ONU, aunque los Países Menos Desarrollados, considerados los más pobres de los pobres, tienen un tope de 0,01 por ciento cada uno. Chowdhury explicó que un estado miembro que propone la necesidad de reducir su aporte debe atravesar un proceso meticuloso y arduo de negociación. Requiere consistencia, experiencia y un enfoque colegiado para avanzar en las etapas hasta lograr su objetivo. Y un elemento importante es que el representante permanente de ese estado debe involucrarse de forma personal y encabezar el proceso de punta a punta. La última vez que hubo un ejercicio de ese tipo que redujo la escala de Estados Unidos de 25 a 22,5 por ciento, el embajador Chowdhury siguió el proceso muy de cerca, pues el embajador estadounidense Richard Holbrooke encabezó los esfuerzos de su país “de forma magistral utilizando todas las vías e influencias que tuvo a mano”. En conferencia de prensa en octubre sobre este asunto, el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró: “Hasta ahora, Estados Unidos no puso en duda su contribución a la ONU”. Hubo decisiones de retirar el apoyo de diferentes agencias cuyo trabajo Estados Unidos no aprueba, pero no hubo una perturbación de las contribuciones correspondientes, tanto para el funcionamiento normal de la Secretaría como para el de las fuerzas de paz, precisó. Por su parte, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, rechazó el argumento de que Washington no podrá recortar los fondos del Consejo de Derechos Humanos porque los gastos operativos se financian con las contribuciones correspondientes. “En ese contexto, diría que no es nada nuevo que la ONU sufra por las acciones de Estados Unidos de no pagar su contribución anual a tiempo, reteniendo parte de la misma con alguna excusa, proponer una reducción de la escala”, de hecho, desde su fundación, la escala de ese país se redujo de 30 por ciento al actual 22 por ciento, recordó Chowdhury. “Sería inteligente de parte de los estados miembro y de las autoridades que no cedan frente a tales eventualidades, cuando Estados Unidos decide reducir sus compromisos multilaterales”, observó. “Sí, coincido en que el pago en tiempo y forma y sin condición es una obligación de la Carta de la ONU. Pero esta no ha hecho nada para hacer cumplir esa obligación”, añadió Chowdhury. “La contribución o la falta de la misma” por el mayor contribuyente y país sede de la ONU no debe tener un impacto negativo en la dirección política ni en las actividades del foro mundial, alertó. La ONU necesita internalizar la cultura de hacer más con menos; la motivación y la inspiración de hacer un servicio a la humanidad no debe depender solo de la disponibilidad de “fondos”, añadió. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Cisternas de agua de lluvia apaciguan sed de Chaco argentino

qua, 05/12/2018 - 15:21

Por Daniel Gutman
LOS BLANCOS, Argentina, Dec 5 2018 (IPS)

En la provincia de Salta, en el norte de Argentina, está Los Blancos, un pueblo de 1.100 habitantes en cuyos alrededores viven comunidades rurales, tanto indígenas como criollas, que sobreviven sobre todo de la pequeña actividad agropecuaria.

Es una de las zonas más pobres de Argentina y forma parte del llamado Chaco americano, una ecorregión de más de un millón de kilómetros cuadrados que comparten también Bolivia y Paraguay, además de en menor proporción Brasil.

Aquí, sus habitantes deben lidiar cada año con unos seis meses de sequía: no llueve entre mayo y octubre, cuando las temperaturas llegan a alcanzar los 50 grados centígrados.

Los pozos en Los Blancos, que forma parte del municipio de Rivadavia Banda Norte, no son una solución para acceder a agua potable durante esos períodos, porque las napas están naturalmente contaminadas con arsénico y otras sustancias nocivas.

Durante muchos años, un tren pasaba una vez por semana por esta zona y dejaba agua potable a los pobladores.

Sin embargos, en los años 90, el servicio ferroviario se interrumpió y desde entonces la única solución que encontraron muchas comunidades rurales fue construir lo que llaman “represas”: estanques o pozas donde se acopia agua de lluvia.

Esa agua de lluvia, en la que los animales se abrevaban y hasta hacían sus necesidades, era también utilizada por las personas para beber y cocinar, con graves consecuencias sanitarias.

Pero en los últimos tres años, la Fundación para el Desarrollo en Paz y Justicia (Fundapaz) capacitó a indígenas y criollos para construir un sistema de cisternas de acopio de agua de lluvia que ha transformado sus vidas.     Sobre sus viviendas y otras edificaciones instalan techos de latón, recolectores de agua de lluvia. Ese agua es canalizada por una cañería hasta una cisterna de cemento, que está cerrada herméticamente y que almacena 16.000 litros, la cantidad que se estima que necesita una familia de cinco personas para consumir durante los seis meses de sequía. Las cisternas son construidas por equipos de tres personas, con la colaboración de las familias beneficiarias, que también deben brindar a los trabajadores alojamiento durante la semana que demora la construcción. Se trata de una tecnología que Fundapaz “importó” de Brasil, en particular de la ecorregión del Semiárido, en el Nordeste del país, donde se han instalado cientos de miles de esas cisternas, apoyadas por organizaciones sociales con las que la fundación argentina mantiene continuos intercambios. Las familias de Los Blancos y de otras localidades de Rivadavia Banda Norte que accedieron a las cisternas dejaron de depender para sus necesidades domésticas de las entregas de agua de la municipalidad, muchas veces condicionadas por las preferencias políticas de los usuarios. Para mayor información, visite este reportaje de IPS. Edición: Estrella Gutiérrez     El artículo Cisternas de agua de lluvia apaciguan sed de Chaco argentino fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Agua, producto ambiental de la agricultura en Brasil

qua, 05/12/2018 - 13:34

La jubilada Elizabeth Ribeiro planta el primer árbol de su vida, una especie de papaya silvestre, en una finca a unos 50 kilómetros de Brasilia. Plántulas donadas durante el Foro Mundial del Agua, realizado en la capital de Brasil en marzo, se sembraron en la cuenca del río Pipiripau para "producir agua", que abastece a dos ciudades cercanas. Crédito: Mario Osava/IPSPor Mario OsavaBRASILIA, Dec 5 2018 (IPS) Solo ahora, ya jubilada como profesora de educación física, Elizabeth Ribeiro plantó el primer árbol de su vida, un jaracatia, también conocido como papaya silvestre, nativo en las sabanas centrales de Brasil. La oportunidad le surgió el 28 de noviembre, cuando el Proyecto Productor de Agua de Pipiripau, que se desarrolla a unos 50 kilómetros de Brasilia, promovió la siembra de 430 plántulas donadas por participantes en el octavo Foro Mundial del Agua, celebrado en esta capital brasileña en marzo. “Conocí el proyecto durante el Foro y me enamoré”, así explicó Ribeiro su donación del equivalente a 13 dólares para la adquisición de plántulas y la invitación al plantío. Igual comportamiento tuvo Vanira Tavares, una veterana traductora de inglés y también flamante plantadora de árboles.“Antes el 100 por ciento de la irrigación acá se hacía por surcos en la tierra. El agua que tenemos hoy no alcanzaría ni para cubrir 10 por ciento de las necesidades, porque esa manera de irrigar desperdicia mucha agua y ahora llueve menos, el índice bajó de 1.600 milímetros al año a 1.100”: Geraldo Magela Gontijo. Reforestar, especialmente riberas, es solo una de las múltiples acciones que componen el Programa Productor de Agua (PPA) diseñado en 2001 por la Agencia Nacional de Aguas (ANA), el órgano regulador nacional de recursos hídricos. Medidas de conservación del suelo, que retienen el agua, evitando la erosión y la sedimentación de los ríos, contribuyen también a la cantidad y calidad del agua disponible en cada sitio. Recorrer las carreteras vecinales de la cuenca del Pipiripau es más cómodo que en otras áreas rurales. La ausencia de agujeros, surcos y charcos contrasta con zanjas laterales que conducen a hoyos excavados que acopian el agua de lluvia, llamadas localmente “barraginhas” (pequeñas presas). Junto con las cunetas se construyen pequeñas elevaciones transversales para que el agua no escurra por la misma carretera, sino que vaya a las crateras laterales. Eso se menudea según se acentúa el declive. Los torrentes de las lluvias dejan de anegar la tierra y arrastrar nutrientes y desechos. El agua retenida alimenta manantiales y siembras por más tiempo. El agua también se siembra, es el concepto que trata de difundir y poner en práctica el PPA, que ya generó 60 proyectos diseminados por todo el Brasil, con el objetivo de recuperar subcuencas que abastecen grandes manantiales o ríos de los que dependen millones de personas. Los agricultores que adhieren a sus proyectos reciben un pago por servicios ambientales, estimado según distintos criterios, como el posible aporte en agua o el valor de la cosecha a que se renuncia por destinar la tierra a la reforestación. Ese pago es central para estimular la adhesión, pero su monto varía mucho en los contratos entre el ente pagador, en general la municipalidad, y los propietarios de la tierra. “Donde hay carencia de un producto, su precio aumenta”, subrayó a IPS el coordinador adjunto de Proyectos Inductores de la ANA, Ewandro Moreira. Una terraza excavada en medio de un terreno dedicado a la siembra, con el fin de retener el agua y evitar la erosión que arrastra el suelo y sus nutrientes a los cursos de agua, debilitándolos. Esa es una de las técnicas difundidas por el Programa Productor de Agua que ya diseminó 60 proyectos en Brasil, como este en las cercanías de su capital. Crédito: Mario Osava/IPS El Pipiripau, donde se ejecuta uno de los primeros proyectos del PPA, cruza el noreste del Distrito Federal y abastece gran parte de la población de Planaltina y Sobradinho, ciudades satélites de Brasilia que suman cerca de 260.000 habitantes, según la distrital Compañía de Planificación. Ese proyecto nació en 2011 a causa de “la disputa entre abastecimiento público e irrigación por el agua del arroyo, acentuada en los momentos de escasez, entre agosto y octubre”, recordó Rafael Mello, superintendente de Recursos Hídricos de la Agencia Reguladora de Aguas, Energía y Saneamiento Básico del Distrito Federal (Adasa). Adasa coordina la gestión del proyecto en que se asocian 17 entes, involucrando desde agencias gubernamentales de agua, agricultura y ambiente a organizaciones no gubernamentales, además del estatal Banco do Brasil y el órgano oficial que cuida carreteras. Todos esos “socios” se juntan en la Unidad de Gestión del Proyecto para las decisiones colectivas, basadas en miradas diversas y articuladas, un factor de eficiencia. “Solo reforestar riberas a veces no es solución”, si, por ejemplo, la agricultura sigue echando agroquímicos y muchos sedimentos al rio, matizó a IPS el especialista en recursos hídricos Rossini Matos Sena, que representa a ANA en la gestión de Pipiripau. “Es necesario armonizar producción y recursos hídricos”, acotó Moreira. Eso exige técnicas como la siembra directa (que descarta la paja, aunque la deja cubriendo el suelo), seguir las curvas de nivel para frenar las torrentes, hacer “terrazas” (surcos más profundos que retienen agua en medio de las siembras. Geraldo Magela Gontijo, técnico de extensión agrícola desde hace 32 años, ante el bosque que plantó hace tres años ribera adentro, en la finca donde cultiva diferentes frutas. Crédito: Mario Osava/IPS Pipiripau se beneficia de los conocimientos de Geraldo Magela Gontijo, con una experiencia de 32 años como técnico agrícola y gerente local de la Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural del Distrito Federal. “Antes el 100 por ciento de la irrigación acá se hacía por surcos en la tierra. El agua que tenemos hoy no alcanzaría ni para cubrir 10 por ciento de las necesidades, porque esa manera de irrigar desperdicia mucha agua y ahora llueve menos, el índice bajó de 1.600 milímetros al año a 1.100”, destacó Gontijo a IPS. La irrigación por goteo, usada “en 99 por ciento de la producción de hortalizas”, ahora muy extendida,  permitió la adaptación, según el técnico, que también se convirtió en agricultor y produce tomate, uva, maracuyá, pimientos y hasta pitajaya, una fruta poco conocida de un cactus, común en países andinos y América Central. Además reforestó la orilla de riachuelo de la cuenca que baña sus 2,3 hectáreas de tierra. En tres años se hizo un bosque tupido con árboles de unos cinco metros de altura, un estímulo a los vecinos. Pero la gran propagandista del Proyecto Productor de Agua de Pipiripau es Fátima Cabral, nacida en el sur de Brasil hace 59 años, con una vida totalmente urbana hasta que, al inicio de este siglo aceptó, por insistencia de su marido, adquirir una propiedad rural de 40 hectáreas. La siembra convencional sufrió un vuelco a partir de 2012, cuando conoció el PPA. “Una conmoción, un escalofrío, y adherí”, recordó. También por aspiración de sus hijos, la finca, llamada Pie en la Tierra, se puso en transición a la agroecología. Agricultores y representantes de organizaciones que promueven el Proyecto Productor de Agua de Pipiripau, junto a un naciente en la finca agrícola Pé na Terra, que va a protegerse con árboles plantados tierra adentro de su ribera a fines de noviembre. Crédito: Mario Osava/IPS Activa y buena oradora, ella se unió a vecinos y agricultores del asentamiento Oziel Alves III, producto de la reforma agraria, para fundar en 2016 la Asociación de Productores Agroecológicos del Alto São Bartolomeu (Aprospera) y terminar elegida como su presidenta. “Superé prejuicios hacia las personas de los asentamientos” creados por la reforma agrícola, confesó a IPS. En ese asentamiento participan 168 familias pobres, con 7,5 hectáreas para cultivar. El gran avance de Aprospera fue crear 13 grupos de Agricultura Sostenida por la Comunidad (CSA, en inglés), un nuevo modelo de asociación entre grupos de consumidores y de agricultores, para asegurar ingresos fijos a cambio de alimentos saludables en un acuerdo permanente. En el Distrito Federal hay un total de 25 CSA. “Es un matrimonio, que genera afecto y, para los consumidores urbanos, una reconexión con la tierra, resumió Cabral. “El CSA mejoró nuestra vida, estabilizó ingresos y nos permitió zanjar la sequía sin sufrir”, reconoció a IPS uno de los asentados, Sebastião dos Santos. Aprospera ayuda a impulsar el Proyecto Productor de Agua de Pipiripau, que tiene 177 propiedades afiliadas, un tercio del total existente en la cuenca. “Allí plantamos más de 300.000 árboles, reforestando cerca de 200 hectáreas, e hicimos 1.200 ‘barraginhas”, según el balance de Rossini Sena. Los 60 proyectos del PPA en todo el Brasil pagan servicios ambientales a unos 1.500 agricultores, estima Moreira, quien se lamenta de la dificultad de producir estadísticas confiables, ante la flexibilidad y evolución de los proyectos. El Distrito Federal, con tres millones de habitantes, se abastece principalmente de agua del sistema de Descoberto, un río con un embalse. En esa cuenca empezaron algunas acciones, pero “no implantamos aún el pago de servicios ambientales”, según dijo Mello, de Adasa. “El modelo de Pipiripau no le sirve, porque cada cuenca tiene características distintas. El embalse se protege con bosques ribereños más anchos”, concluyó. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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La resistencia a los antimicrobianos no conoce límites

qua, 05/12/2018 - 13:15

La trabajadora de la salud Urmila Kasdekar revisa a un recién nacido en la aldea de Berdaballa, en el oeste de India. Crédito: Stella Paul/IPS.Por Ed HoltBRUSELAS, Dec 5 2018 (IPS) Funcionarios de la Unión Europea (UE) y de organismos internacionales reclaman ayuda para que los países más pobres puedan hacer frente a la creciente resistencia a los antibióticos, que amenaza con convertirse en una “tragedia de salud mundial” y en un riesgo para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en algunas partes del mundo. La resistencia a los antibióticos aumentó dos terceras partes en las últimas dos décadas, indican algunos estudios, y es responsable de la muerte de unas 700.000 personas al año en todo el mundo. Pero se estima que aumentará a 10 millones de personas al año para 2050, lo que tendrá un costo de unos 100 billones (millón de millones) de dólares, a menos que los gobiernos redoblen esfuerzos para evitarlo. Los antibióticos se usan cada vez más y de forma más frecuente, tanto en humanos como en animales, lo que hace que las bacterias generen resistencia y los antimicrobianos dejen de cumplir su función en algunos casos. Los médicos alertan que la situación podría hacer que operaciones quirúrgicas de rutina se vuelvan más peligrosas y que ciertos tratamientos médicos, como el cáncer, desaparezcan del todo. Además, cuando aparece una resistencia en un lugar, puede propagarse rápidamente a otro, lo que obliga a hacer frente al problema de forma global. Los países miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se integraron a un Plan de Acción Global sobre la Resistencia a los Antimicrobianos multisectorial, en 2015, pero los avances han resultado irregulares. Algunos países, en especial de Europa, lograron avances, pero en otras partes del mundo, estos son lentos, si es que hay, lo que hace temer que en las naciones más pobres, el problema empeore y no se logren los ODS. El comisario de la UE para Seguridad Alimentaria y Salud, Vytenis Andriukalitis, dijo a IPS: “Necesitamos un marco global para hacer frente a la resistencia en todas las regiones, no solo en Europa. Es necesario hacerle frente porque, de lo contrario, algunos países no lograrán los ODS”. En la Semana Mundial de Concienciación sobre los Antibióticos, en noviembre, se subrayó la dimensión que alcanza este problema en los países en desarrollo. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) concluyó que la resistencia promedió 17 por ciento en los países de la OCDE en 2015, mientras que ascendió a 42 por ciento en India, China y Rusia y llegó a 90 por ciento para algunas combinaciones de antibióticos y bacterias. La resistencia podría llegar a multiplicarse entre cuatro y siete por ciento en algunos países de bajos y medianos ingresos, con respecto a los estados de la OCDE, y en aquellos países con sistemas de salud frágiles, podría llegar a causar “un enorme” número de muertes, principalmente entre recién nacidos, menores de cinco años y adultos mayores. Otro estudio de principios de año de ETH Zurich, la Universidad de Antwerp y la Universidad de Princeton, señala que el uso de antibióticos en humanos aumentó 65 por ciento entre 2000 y 2015, pero en los países de bajos y medianos ingresos fue 114 por ciento. El desarrollo de nuevos antibióticos es complejo, pues ya pasaron décadas desde las últimas clases creadas, y el mayor esfuerzo en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos se concentra en la prevención. El Plan de Acción Global se basa en un enfoque multisectorial y encarga a los gobiernos adoptar planes nacionales, que incluyen medidas de mayor concienciación, comprensión, vigilancia, administración, prevención y control. Pero en muchos países en desarrollo, la falta de fondos en la industria de la salud y animal, así como la debilidad de las leyes y en el cumplimiento de las mismas son grandes barreras para una correcta implementación de medidas efectivas. En India, por ejemplo, donde se estima que mueren unos 120.000 bebés al año por sepsis causadas por infecciones de bacterias resistentes, los médicos sostienen que los factores clave responsables de la resistencia son la venta libre de antibióticos sin receta y la falta de control de las infecciones en centros de salud sobrecargados. Pero los defensores de la venta libre de antibióticos en farmacias sostienen que es fundamental que continúe así por la grave falta de médicos en muchas zonas. El gobierno trató de limitar la venta libre, aunque sea de los antibióticos llamados de último recurso, usados cuando fallan los otros. Pero la medida, que incluye una línea roja en las cajas de medicamentos para alertar a la gente, no ha resultado efectiva. En lo que se refiere al uso de antibióticos en la industria animal, la Comisión Europea señala que en Europa, 70 por ciento de los antimicrobianos se destinan a la producción animal. Una cifra similar se da en Estados Unidos, mientras que supera 50 por ciento en China. Supervisar el uso de antibióticos en la industria animal en los países más pobres suele ser más difícil. “Es extremadamente difícil hacer cumplir las leyes a menos que sean muy buenas y haya un sistema de control”, dijo a IPS la directora de programa de la OMS en Europa, Nedret Emiroglu. El gobierno indio aprobó un plan de acción nacional para la resistencia de los antimicrobianos hace un año y medio, sin embargo, los críticos sostienen que las leyes y redes para controlar el uso de antibióticos para el crecimiento animal y rastrear la venta y el uso de los mismos en la producción de alimentos, en realidad, no existe o no es efectiva. La OMS señaló que muchos países de bajos y medianos ingresos pueden llegar a necesitar una asistencia al desarrollo de largo plazo para implementar sus planes de forma efectiva y sostenible. “Necesitamos apoyo económico para los países de bajos y medianos ingresos”, confirmó Emiroglu. Eso es fundamental para asegurarse de que el progreso en una región del mundo no se perjudique por la falta de avances en otra, acotó. “Las medidas tienen que ser diferentes para los distintos países, en especial cuando hablamos de estados pobres. No se puede comparar India con Liberia”, ejemplificó Andriukalitis en diálogo con IPS. “En algunos países tienen problemas para conseguir antibióticos simples, pero en otros hay problemas porque la gente se automedica sin un control adecuado”, explicó. “En algunos lugares hay una falta de comprensión básica de cuestiones de higiene y salubridad. Necesitamos estrategias locales a largo plazo para los diferentes países”, añadió. Las prolongadas estancias en hospitales por la lentitud con que se recuperan los pacientes y el mayor riesgo de complicaciones significaría un gran peso para sistemas de salud ya exigidos, mayor mortalidad y calidad de vida. Las economías sufrirán el impacto por no haber hecho frente a los pronósticos de que la resistencia a los antimicrobianos implicaría un caída de 3,8 por ciento del producto interno bruto mundial para 2050. Además, la resistencia encarece la atención de enfermedades y, como la cobertura de salud universal es limitada en muchos países pobres y la gente tiene que pagar de su bolsillo el tratamiento, el mayor costo, así como la pérdida de ingresos por morbilidad y mortalidad, podría agravar la pobreza de muchas personas y familias. Por su parte, la directora del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, Andrea Ammon, dijo a IPS: “Para lograr (el tercero de los) ODS, la resistencia a los antimicrobianos no es el único asunto a atender, pero es un factor fundamental”. “El alto grado de resistencia a los antimicrobianos indica que no funcionan de forma satisfactoria varios elementos de un sistema de salud debido a varios factores”, explicó. “Los factores responsables podrían ser valores culturales, comportamientos de pacientes y proveedores de salud, cuestiones normativas, como la disponibilidad de medicamentos de venta libre en farmacias o el control de infecciones. Estos elementos también podrían impedir que se logren otras metas del tercer ODS”, alertó. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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El bono que facilita la educación de las niñas en India

ter, 04/12/2018 - 13:13

Niñas en edad escolar en la zona rural de Bihar, en India. En la mayoría de los pueblos indios una de cada 10 niñas de entre 10 y 14 años no van a la escuela para ayudar en las tareas del hogar. Crédito: Manipadma Jena/IPSPor Neeta LalNUEVA DELHI, Dec 4 2018 (IPS) A los cinco meses del comienzo del año lectivo, los padres de Sneha, de 15 años, la sacaron de la escuela en Bhilwara, una ciudad del desértico estado de Rajasthan, en India, porque necesitaban que cuidara de sus cuatro hermanos menores, cocinara y limpiara mientras ellos trabajaban en la granja. Esos padres no son diferentes al resto de los campesinos de ese estado, la mayoría de los cuales consideran que no tiene sentido educar a sus hijas, ya que se casarán y dejarán el hogar paterno para formar el suyo propio y criar sus hijos. Muchos prefieren iniciarlas en los cuidados del hogar y en la crianza de niños desde jóvenes, mientras contribuyen de forma gratuita al trabajo doméstico desde muy temprana edad. Pero la historia de Sneha tiene otro final gracias a la intervención del director de su escuela y de la organización Educate Girls (EG), que facilita la permanencia de las niñas de hogares rurales en la escuela, los que intercedieron por ella con sus padres. “Después de la conversación, nos dimos cuenta de que nos equivocamos en impedir la educación de nuestra hija”, reconoció Kishan Ram, de 48 años, en diálogo con IPS. “Y que con educación podrá tomar decisiones informadas, que no solo le permitirán ganarse la vida, sino también mejorar el futuro de toda una generación”, acotó el padre de la adolescente. Sneha no es la única joven en India que pudo regresar a la escuela gracias a la intervención de EG. Desde 2007, la multipremiada organización trabaja para empoderar y garantizar la educación en las comunidades más desfavorecidas con el fin de que las mujeres puedan ingresar al mercado laboral y contribuir a sacar a sus familias de la pobreza. EG pasó de un proyecto piloto con 500 escuelas a una red de más de 25.000, en 16 distritos de Rajasthan, así como en el central estado indio de Madhya Pradesh, y buscar aprovechar los recursos locales para mejorar el acceso y la calidad de la educación de 2,5 millones de niñas en 27.500 escuelas a fines de este año. En 2015, EG participó en un experimento único, cuando implementó los Bonos de Impacto Social (BIS) o Bonos de Impacto en el Desarrollo (BID), un mecanismo que aprovecha el capital de riesgo privado para que una tercera parte, un donante o una fundación, puedan financiar el logro de unos resultados acordados. “Ese tipo de financiación basada en el resultado puede ser un gran catalizador para impulsar la calidad y mejorar los resultados de los aprendizajes en la educación”, dijo a IPS el educador Suresh Pant, ex profesor adjunto de la Universidad de Delhi. Según UBS Optimus Foundation, uno de los participantes del proyecto, los BID apunta a más a los resultados que otras formas de financiación, pues transfiere el riesgo a los inversores, que ponen el capital circulante en la organización que ejecutará el proyecto en el terreno. Los objetivos predefinidos se miden de forma regular, lo que permite que la organización ejecutora se adapte con rapidez a cualquier corrección de rumbo necesaria, y así la entidad tiene una mayor motivación para lograr los resultados. “El patriarcado y la discriminación de género excluyen de forma sistemática a las niñas de la escuela, coartándoles las ventajas de la autonomía, la movilidad y la independencia económica que gozan los varones”, explicó la fundadora de EG, Safeena Husain, de la Escuela de Economía de Londres. “La educación abre la puerta a las niñas dándoles la posibilidad de alcanzar la igualdad de oportunidades. Nuestra organización alivia la vida y el futuro de las niñas integrándolas al sistema de educación formal”, añadió. Escolares de Harohalli Taluq, una localidad 60 kilómetros al sur de Bangalore, India. Crédito: Malini Shankar/IPS India logró universalizar la educación primaria, con 99 por ciento de inscriptos, pero la calidad sigue siendo mala. Un alumno indio está por lo menos dos años rezagado con respecto al grado que debería estar acorde a su edad, según estudios. Y Rajasthan tiene de los peores indicadores del país en materia de educación. En sinergia con el gobierno, EG cuenta con una red de 12.000 voluntarios, llamados Equipo Balika, para garantizar una mayor matriculación y participación de las niñas, así como mejores los resultados de niños y niñas. Ese enfoque representa un gran logro para pueblos indios donde una de cada 10 niñas de entre 10 y 14 años no va a la escuela para contribuir a los ingresos de la familia o ayudar a cuidar a sus hermanos menores, destacan especialistas. “El sector privado realiza la inversión inicial ofreciendo el capital circulante a los proveedores de servicios para ejecutar los programas en el terreno”, explicó Ravi, quien destacó las enormes consecuencias del modelo de los BID para la educación “Los bonos de impacto son una fuente nueva y complementaria a financiar intervenciones de desarrollo”, destacó Shamika Ravi, director de investigación de Brookings India. Los contribuyentes, gobierno y agencias de desarrollo, están obligados a reembolsar la inversión, además de un rendimiento fijo, si y solo si, se cumple el rendimiento predeterminado. Los interesados en los bonos pueden lograr un impacto colectivo en los servicios sociales y en cómo las intervenciones a pequeña escala pueden crear parámetros y marcos comunes para escalar y lograr un impacto en todo el sector, explicó Ravi en una columna del diario The Hindu. El aprendizaje de los estudiantes de EG se mide utilizando el Estatus Anual del Informe de Educación, un estudio anual que presenta datos confiables de la matrícula escolar y de los aprendizajes básicos para cada distrito y estado de India. La prueba mide tres competencias: hindi, inglés y matemáticas. La matrícula se mide por el porcentaje de niñas no escolarizadas de entre siete y 14 años reinscritas a fin de año. Según el informe anual de EG, divulgado en agosto, en su tercer año, los BID superó sus objetivos al lograr 160 por ciento de sus metas de aprendizaje y 116 por ciento de las de inscripción. “El progreso se midió con respecto a objetivos acordados para el número de niñas no escolarizadas que participan en primaria y en los últimos años de primaria, así como el progreso de las niñas y los niños en inglés, hindi y matemáticas”, detalla el documento. “El modelo de financiación según resultados, con su constante retroalimentación y análisis de datos de los equipos en el terreno, permitió a la organización identificar los desafíos y diseñar soluciones personalizadas”, añade. El mayor logro de la organización fue la matriculación, que llegó a 92 por ciento, y representó 20 por ciento del pago por resultados. El programa también superó el objetivo de inscripciones con 768 niñas más, un aumento de 116 por ciento. Los resultados de los aprendizajes, que representaron 80 por ciento del pago por resultados, registraron un espiral ascendente de 8.940 más niveles de aprendizaje que el grupo testigo, con una medida predefinida de 5.592, equivalente a un logro de 160 por ciento, añade el informe. La participación en los BID, explicó Husain, la fundadora de EG, hizo que la organización se focalizara en las metas y en el desarrollo de competencias, procesos y marcos precisos para medir y monitorear los resultados logrados. “El éxito del modelo de los BID demuestra que estamos en el camino correcto”, concluyó. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Vivienda obstruye atención a mujeres víctimas de violencia en Cuba

seg, 03/12/2018 - 15:39

Integrantes del Taller de Transformación Integral del Barrio de Alamar Este, un barrio de La Habana, durante una sesión de trabajo en el marco de la Jornada por la No Violencia hacia Mujeres y las Niñas 2018, dentro de los 16 Días de activismo contra la violencia de género que se celebran en el mundo entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. Crédito: Jorge Luis Baños/IPSPor Ivet GonzálezLA HABANA, Dec 3 2018 (IPS) Delgada y nerviosa, la trabajadora Belkis Rondón, de 57 años, siente que su problema nunca tendrá solución. “He hecho muchas denuncias, pero nadie me da respuestas… ni la policía ni (las autoridades de) vivienda”, dice esta vecina de barrio de Alamar Este, en la periferia de la capital cubana. Rondón, secretaria en un centro estatal que atiende a niños y niñas con problemas de aprendizaje, es una de las víctimas de la violencia de género identificadas en la zona por un proyecto de atención comunitaria a mujeres en situaciones de maltrato, realizado entre 2017 y 2018. “Mi exesposo no ha aceptado permutar para tener casas separadas porque quiere quedarse con el apartamento y dejarme en la calle”, contó a IPS esta mujer, que es coarrendataria de una vivienda de propiedad estatal junto al que fue su pareja por 14 años, hasta que en 2013 se divorciaron. “Todas las opciones que le presento las rechaza”, fundamentó la trabajadora, con lágrimas en los ojos y gestos de desesperación, quien accedió a contar su difícil caso prolongado por cinco años debido a vacíos legales, desconocimiento y burocratismo. “Tengo todos los papeles… puse abogados. Esta situación afecta mi salud física y mental”, continuó la mujer, que se ve impedida de vivir en su propia casa pero se mantiene yendo de vez en cuando para no perder los derechos del arrendamiento, que se retiran si el usufructuario permanece fuera más de seis meses. Los casos como el de Rondón, que implican la separación de agresores y víctimas de la vivienda, quedan en un callejón sin salida, según especialistas vinculados al proyecto, en un país con un elevado déficit habitacional, burocratismo en el sector y sin una ley específica contra la violencia de género. El acompañamiento especializado que recibe Rondón señala que la única solución según la ley vigente es una permuta forzosa, un mecanismo que las autoridades interponen cuando existen conflictos entre copropietarios o coarrendatarios para obligarlos a cambiar su vivienda por otras dos disponibles en el sector estatal. Pero en la práctica resulta poco probable acceder a ese recurso por la baja disponibilidad habitacional, pues se registra un déficit de 929.695 unidades en un país de 11,2 millones de habitantes, y a ello se suma la lentitud de las autoridades para decretar la medida. La cubana Belkis Rondón, víctima de violencia machista y quien no puede disfrutar de una vivienda, porque su exmarido se niega a permutar la que compartían por dos separadas para cada uno, sin que las autoridades brinden solución para su caso. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS “El problema de la vivienda es lo que más afecta, porque es ahí donde se da principalmente la violencia de género”, dijo a IPS la abogada Daysi Aguilera, quien trabaja en la división del municipio de La Habana del Este de la Federación de Mujeres Cubanas, la única organización femenina con registro legal en el país. “Y cuando una persona se decide a contar su problema es para que se le dé apoyo”, remarcó una de las participantes en Alamar Este del proyecto “Experiencia piloto de atención integral a la Violencia contra las Mujeres en el ámbito comunitario”, que coordinó Universidad de la Habana y apoyó la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. La iniciativa dio formación especializada y articuló entidades comunitarias para la prevención y atención a la violencia de género desde los Talleres de Transformación Integral del Barrio (TTIB), las instituciones municipales creadas en 1988 para el trabajo social en los barrios desfavorecidos de los 15 municipios que conforman La Habana, con una población total de 2,3 millones de personas. Tuvo lugar en los TTIB de los barrios de Alamar Este (municipio de La Habana del Este), El Canal (Cerro), Párraga (Arroyo Naranjo), Buena Vista (Playa) y Ciudad Libertad (Marianao), donde la violencia de género resulta un problema social con muy alta incidencia. El Comité que ejecuta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, en inglés) resalta que Cuba mantiene carencias en la atención a las mujeres maltratadas,  en temas como “aprobar una ley integral sobre la violencia contra la mujer”, “asegurar un acceso efectivo a la justicia” y “establecer centros de acogida”. Jóvenes artistas animan una de las actividades celebradas en el marco de La Jornada por la No violencia hacia las Mujeres y las Niñas 2018, que lanzó la nueva campaña Evoluciona, enfocada al problema del acoso machista, en el Pabellón Cuba de La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS “Hay casos que no tienen solución, pero otros se traban en las autoridades, con terrenos (estatales para construir) que no se dan”, puso como ejemplo Aguilera, sobre una alternativa que tienen ahora los gobiernos locales y pudiera ser usada para atender a las mujeres víctimas. “Tienen que haber cambios legales y más sensibilización de los decisores”, remarcó. El TTIB de Alamar Este ya había atendido por iniciativa propia a 38 mujeres víctimas entre 2015 y 2017. Y durante el proyecto identificó otros 19 casos el año pasado y este, además de que recibió capacitación especializada y se fortaleció con la creación de un grupo gestor. “Hemos logrado que más de 22 casos salieran del ciclo de la violencia”, dijo la especialista principal del taller, Inés Laza, durante la participación exclusiva de IPS en una jornada especial del taller sobre el problema. “A veces tenemos que (la víctima) demora en salir del ciclo por no resolver la permuta forzosa, incluso teniendo una orden de alejamiento”, lamentó Laza, quien señala a los casos que requieren cuestiones habitacionales como los más difíciles de resolver. Con el diagnóstico realizado al inicio del proyecto, el equipo de Alamar Este encontró que el tipo de violencia contra las mujeres que predomina es la psicológica, seguida por la física, económica y, por último, la sexual, en correspondencia con investigaciones nacionales. Mensajes de apoyo a la nueva campaña Evoluciona, que desde este año y hasta 2022 llevará por todo el territorio cubano planteamientos contra la violencia de género, comenzando por abordar el problema del acoso, durante un acto en La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS La representante del gobierno por el barrio y diputada, Margarita Basilia Araujo, sostuvo que hoy las comunidades, en especial los municipios, tienen algunas ayudas sociales generales que se pueden usar para atender a las mujeres víctimas. Por su parte, la trabajadora social Ana Esther Suárez opinó que, “cuando hay violencia intrafamiliar muy grande, se puede dar la opción a la persona perjudicada de pedir terrenos ociosos estatales para construir por esfuerzo propio su vivienda, y luego puede solicitar el subsidio para construirla”. Suárez explicó que en Alamar Este se apoya a las mujeres maltratadas con plazas para sus hijos en las guarderías públicas, que no cubren la demanda y son subvencionadas, además de sumarlas a actividades que las saquen de sus hogares y las vinculen a la sociedad en busca de elevar su autoestima y empoderamiento. “Tenemos que enfrentar una serie de tareas y misiones para las que nunca tendremos respaldo económico”, sostuvo Olga Lidia Valdés, investigadora del TTIB. Mientras Lidia María Moré detalló que gracias al proyecto disponen de una red de contactos para derivar casos que llegan de otros municipios. La socióloga Magela Romero, una de las coordinadoras por la Universidad de La Habana del proyecto, dijo que “se han incorporado más de 120 personas, que destacan por el protagonismo alcanzado en los municipios como los especialistas de los TTIB, trabajadores sociales, gobiernos, cultura, educación, salud pública, deporte y la policía”. La iniciativa, que fortaleció las redes de apoyo con los recursos y servicios disponibles en las comunidades, contribuyó a dar una respuesta local a un problema sin una política pública específica nacional. Según la Encuesta Nacional de Igualdad entre los Géneros, 27, 9 por ciento de las 10.698 mujeres entrevistadas declararon haber recibido algún tipo de maltrato en los 12 meses previos al sondeo, realizado en 2016. De ellas, solamente 3,1 por ciento buscó ayuda para sí y 0,9 por ciento lo hizo para otra. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Países africanos muestran cierta transparencia en el gasto militar

seg, 03/12/2018 - 13:18

Un panel de debate sobre políticas para la paz. Crédito: Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).Por Thalif DeenNACIONES UNIDAS, Dec 3 2018 (IPS) Cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó a publicar informes anuales sobre el gasto militar, en 1981, no logró la participación de los 193 miembros de forma voluntaria en ese ejercicio de transparencia, principalmente porque el presupuesto de defensa y el gasto militar es un asunto secreto en la mayoría de los estados. El objetivo original de los informes, según la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU, era facilitar la reducción del gasto militar, en particular dado que se destinan billones de dólares a defensa, llegando a 1,7 billones (millón de millones) en 2017. La ONU ha reclamado de forma enérgica, pero sin éxito, que se desvíen sumas significativas del gasto militar hacia la asistencia al desarrollo, incluidos los necesarios 100.000 millones de dólares que se necesitan para reducir las emisiones de gases invernadero para 2020 y contener el impacto del cambio climático. Según Unoda, unos 126 estados miembro envían sus reportes al secretario general de forma regular o lo hicieron al menos una vez. Pero muy pocos países mandan sus informes cada año, a no ser por unos cuantos que lo hacen de forma regular, a pesar de las diferencias significativas en la forma de presentar los datos. La transparencia en materia de armamento, según la ONU, contribuye a la seguridad internacional al fomentar la confianza entre los países. Pero en un ejercicio de transparencia, numerosos países de África subsahariana han enviado reportes sobre su gasto militar, como refleja el último informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), publicado en la tercera semana de noviembre. Según los análisis del instituto, entre los países con una transparencia relativamente alta se destacan: Burkina Faso, Chad, República Democrática del Congo (DRC), Costa de Marfil, Ghana, Namibia, Sudáfrica y Tanzania, dijo a IPS el investigador del Programa sobre Gasto Militar y Armamento de Sipri, Nan Tian. Y entre los menos transparentes están Eritrea, Etiopía, Malawi, Lesotho, Gambia, Guinea Ecuatorial y Yibuti, apuntó. La Unoda insiste en que la información militar es importante, y en particular el gasto militar, porque ayuda a construir la confianza entre los países. Al mismo tiempo, también sirve para ayudar a los gobiernos a determinar si ocurren acumulaciones excesivas o desestabilizadoras de armas. El Sipri también destacó que la transparencia en el gasto militar en África subsahariana es mayor que el esperado. Entre 2012 y 2017, 45 de los 47 estados de la región estudiados hicieron público por lo menos un documento con el presupuesto oficial en Internet. “Al contrario de lo que podría creerse, los países de África subsahariana muestran una gran transparencia respecto de su gasto militar”, observó Tian. La ciudadanía de todo el mundo debería saber cómo y a dónde se destinan los fondos públicos. Por otro lado, la participación global en los reportes sobre el gasto militar enviados a la ONU alcanzó su nivel más bajo, observaron Tian y Pieter Wezeman, investigador del mismo programa que Tian en Sipri, en un comunicado de prensa conjunto. “La última información que tenemos es que en 2018, solo 32 países remitieron sus datos relativos al gasto militar de 2017”, indicaron. En el período 2008-2017, solo cinco países de África subsahariana enviaron sus informes por lo menos una vez, y ninguno entre 2015 y 2017. Este año “todavía no terminó, pero hasta donde sabemos, ningún país africano mandó informes en 2018”. Pero los datos de Sipri muestran que los gobiernos de 45 países de la región publicaron sus presupuestos de defensa o cifras del gasto militar entre 2012 y 2016, precisaron Tian y Wezeman. Esos estados podrían haber usado esa información para enviar a la ONU sus propios formatos o un formulario simplificado. Natalie J. Goldring, del Programa de Estudios de Seguridad en la Facultad de Servicio Exterior Edmund A. Walsh, de la Universidad de Georgetown, dijo a IPS que el último informe de Sipri tiene buenas noticias para los analistas y activistas preocupados por la transparencia en materia de defensa. El instituto documentó la publicación de 45 de los 47 países de África subsahariana por lo menos en algún año entre 2012 y 2017. La ONU tienen desde hace tiempo un instrumento para reunir información sobre el gasto militar de los estados miembro. Pero lamentablemente, la participación en ese instrumento ha sido lenta en los últimos años. Y la vasta mayoría de los países que mandaron este año información relativa a sus presupuestos de 2017 están en Europa. El resto de las regiones del mundo están muy mal representadas. “Es irónico que tantos países de África publiquen sus informes a título individual, pero decidan no enviar los mismos datos a la ONU”, observó Goldring, quien también representa al Instituto Acrónimo para la Diplomacia del Desarme ante el foro mundial para cuestiones de armas convencionales y comercio de armas. Los estados miembro suelen aducir cansancio por la presentación de informes debido a los numerosos, y a veces hasta superpuestos, pedidos de información, los que se tornan una carga para agencias y departamentos escasos de personal, observó. “Una solución posible sería tratar de reducir el número de informes y crear formularios estándares para recolectar datos que, de lo contrario, se remitirían en múltiples informes”, propuso. “La inclusión de virtualmente todos los países subsaharianos en el informe de Sipri es una buena noticia, pero conocer el valor monetario del presupuesto militar no aporta más que eso. El gasto militar no es un buen reflejo del poderío bélico de los países”, acotó. Por ejemplo, el espantoso poder de destrucción de las armas pequeñas y ligeras usadas en los conflictos en todo el mundo está totalmente desproporcionado con respecto a su costo relativamente modesto, añadió. En lo que respecta a la transparencia de los países de Asia, América Latina y Medio Oriente, Tian y Wezeman señalaron que no hicieron comparaciones en el informe ni un análisis extensivo de otras regiones en los últimos años. “Pero sobre la base de los continuos monitoreos que hace el Sipri del gasto militar en el mundo, podemos esbozar la situación en otras regiones”, apuntaron. La transparencia en América Latina es relativamente alta, pues para todos los países suele haber información útil y detallada. En Asia, la transparencia varía mucho. Los gobiernos de India, Pakistán, Bangladesh, Filipinas, Malasia, Kazajistán e Indonesia publican datos útil acerca de su gasto militar. Pero en Vietnam, Camboya, Laos, Corea del Norte, Uzbekistán y Turkmenistán, el gasto militar se mantiene secreto, mientras que la información disponible de China es incompleta. En Medio Oriente, la transparencia también varía mucho. Turquía, Israel, Irán y Jordania publican información detallada, mientras que los datos públicos de Arabia Saudita, Marruecos, Egipto e Iraq son mínimos, y “no encontramos datos útiles de Emiratos Árabes Unidos ni de Qatar”, indicaron. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Redefiniendo la pobreza multidimensional para no dejar a nadie atrás

seg, 03/12/2018 - 11:38

Los rostros de la pobreza. Crédito: Andrea Egan/PNUDPor Carolina Rivera y Monica JahangirNACIONES UNIDAS, Dec 3 2018 (IPS) La pobreza tiene dimensiones que van más allá de la falta de ingresos. Por ello, la necesidad de avanzar hacia una mejor comprensión de las múltiples formas en que las personas experimentan la pobreza está ganando terreno, como lo está haciendo también, la importancia de medir dichas carencias. El entendimiento de ambas cuestiones es vital para una mejor toma de decisiones. Esta aproximación comparte además similitudes con el enfoque de desarrollo humano, ya que considera múltiples dimensiones del bienestar, desde la salud, la educación y los ingresos hasta participación política y empoderamiento. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha sido pionero en el desarrollo de mediciones multidimensionales de la pobreza que busca ampliar este debate con el Índice de Pobreza Multidimensional (IMP). Pero, a pesar de que esta medición va más allá del simple nivel de ingresos, se enfoca generalmente en aquellos aspectos de la pobreza conocidos como “objetivos”. Es decir, estudia un conjunto de bienes y servicios tangibles, sin los cuales las personas podrían definirse como pobres. Sin embargo, la pobreza también tiene un lado subjetivo: las personas también pueden ser consideradas pobres debido a como se sienten con respecto a aspectos importantes de sus vidas – las dimensiones que ellos valoran. En la actualidad, cuando se evalúa el nivel de desarrollo de una sociedad, está ampliamente aceptada la importancia de considerar también aspectos subjetivos del bienestar– las conocidas como mediciones de felicidad o satisfacción con la vida. Lo mismo es aplicable a la pobreza, que también cuenta con elementos subjetivos. La pobreza puede afectar a los seres humanos de diferentes maneras, ya sea internamente (por ejemplo, con sentimientos de vergüenza o humillación) o externamente (falta de poder político y de participación). Dentro de este marco y en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que pide “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todas partes“, el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo y la Universidad de Oxford, a través de su proyecto “La pobreza en todas sus formas: determinando las dimensiones de la pobreza y cómo medirlas”, lideran una conversación a nivel global para redefinir la pobreza reexaminando  todas sus dimensiones clave, así como la manera en la que éstas interactúan entre sí. Basados en la metodología de fusión de conocimientos, este proyecto es un programa de investigación internacional que aúna  académicos y profesionales, con personas que han experimentado la pobreza de manera directa, como co-investigadores, poniendo a todos los actores al mismo nivel. La investigación comienza con una discusión de grupo, en el que personas con antecedentes similares se reúnen para discutir sus experiencias, conocimientos y percepciones de pobreza. Los diferentes grupos se reúnen más tarde para compartir sus hallazgos y trabajar para expandir las definiciones tradicionales de pobreza. Equipos nacionales, que incluyen académicos, profesionales y personas que han vivido en la pobreza, están llevando a cabo investigaciones en Bangladesh, Bolivia, Francia, Tanzania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Las principales conclusiones serán consolidadas en el ámbito nacional para después fusionarse internacionalmente e identificar las dimensiones de pobreza comunes entre regiones. Utilizando la imagen de las ondas circulares que crea una piedra lanzada a un estanque, el grupo priorizó sus dimensiones de pobreza, del mayor (centro) al menor impacto en la vida de las personas. Crédito: PNUD Reconociendo la importancia de este trabajo, la Oficina del Informe de Desarrollo Humano participó en uno de los grupos de trabajo, compartiendo su experiencia en la definición y medición de la pobreza multidimensional a través del enfoque de desarrollo humano, que se centra en las personas, así como sus oportunidades y elecciones. El desarrollo humano aspira a que las personas posean mayor libertad para llevar vidas que valoren. Ese fue precisamente uno de los puntos de partida iniciales del proyecto: se preguntó a los participantes – ¿cuáles son los aspectos de sus vidas que valoran más? Una investigación participativa como esta puede desafiar los conceptos tradicionales al dar voz a quienes son los verdaderos expertos en lo que realmente significa ser pobre. Los resultados pueden redefinir, por lo tanto, la manera en la que las políticas públicas en todo el mundo se enfocan para erradicar la pobreza. En sus intervenciones, muchos de los participantes del programa se guiaron por un enfoque tradicional y posicionaron las necesidades básicas como el centro su propia jerarquía de pobreza. Sentían que únicamente al satisfacerlas, los seres humanos pueden participar en la sociedad y en la vida política, desarrollarse profesionalmente, conectarse con otros y encontrar su propósito en la vida. Sin embargo, otros participantes tenían una opinión diferente. Sentían que la dimensión más importante de la pobreza era cómo se percibía a los individuos, así como el derecho a su dignidad e identidad. Si uno mira la pobreza de esta manera, es posible ver sus dimensiones como ligadas al (o más bien, a la falta de) respeto a sus derechos humanos. Definir la pobreza de una manera no tradicional puede apoyar el monitoreo tanto de la pobreza como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y ayudar a  los países diseñar soluciones innovadoras para combatirla desde áreas no comunes. Tales áreas a menudo pueden ser descuidadas, al menos en parte debido a la dificultad de medir conceptos como identidad y autoconciencia, conexiones sociales y un sentido de pertenencia. Esperamos que este trabajo contribuya a aumentar la importancia de tales medidas y sirva como sustento para que se incluyan en la recopilación de datos estadísticos en todas partes. Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina de Informe sobre Desarrollo del PNUD. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con el PNUD. RV:EG El artículo Redefiniendo la pobreza multidimensional para no dejar a nadie atrás fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Trump reafirma en G20 su aislacionismo sobre cambio climático

sab, 01/12/2018 - 20:07

Manifestantes protestan en Buenos Aires contra la 13 Cumbre del Grupo de los 20, que acogió la capital argentina el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, cerrada con débiles consensos, salvo sobre cambio climático, en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, reafirmó su rechazo al Acuerdo de París. Crédito: Daniel Gutman/IPSPor Daniel GutmanBUENOS AIRES, Dec 1 2018 (IPS) El cambio climático volvió a convertir al G20 en 19+1, con Estados Unidos aislado del resto del mundo. El presidente Donald Trump mantuvo su rebeldía sobre el tema en la cumbre de dos días de los grandes países industriales y emergentes que concluyó este sábado 1 en la capital argentina. Ni siquiera la redacción de una declaración final suavizada en aras del consenso, en el que no se ponen plazos para la puesta en marcha de acciones que contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático, sirvió para sacar a Trump de su aislamiento en el consenso multilateral mundial al respecto. En el documento de 31 puntos, el gobierno estadounidense hizo incluir un apartado especial, con el número 21, en el que advirtió que la principal economía del mundo seguirá apostando al crecimiento, “utilizando todas las fuentes de energía y tecnologías”. Los otros 18 países y la Unión Europea (UE), que completan el G20 (Grupo de los 20), adhirieron  al punto 20, en el cual se comprometen a la “plena implementación” del Acuerdo de París sobre cambio climático, al que califican como “irreversible”. Estados Unidos forzó que se puntualizara su retiro de ese tratado multilateral, efectuado en 2017, para adherir la declaración y que la cumbre de Buenos Aires, la primera que acogió en un país sudamericano, no terminase como la precedente, realizada en la ciudad alemana de Hamburgo, sin documento final. El Acuerdo alcanzado en diciembre de 2015 en la capital francesa establece medidas para la reducción de gases de efecto invernadero, cuya principal consecuencia es la necesidad de poner en marcha la transición hacia fuentes de energía y tecnologías limpias, camino que Trump ratificó otra vez que no transitará. Los demás países, de todas maneras, debieron encontrar un delicado equilibrio en materia de cambio climático que dejara a todos conformes con el documento. “Se acordó incluir en el texto una referencia a la importancia de las acciones de adaptación al cambio climático y de impulsar economías más bajas en carbono. Pero se prefirió no hablar de plazos para lograrlo ni de cómo se obtendrá el financiamiento”, explicó a IPS el secretario de Ambiente del país anfitrión, Sergio Bergman. “En esos temas están las verdaderas diferencias, así que los evitamos. Mejor que se discutan en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático, que empieza en pocos días en Polonia”, agregó. En ese sentido la cumbre de Buenos Aires pareció demostrar que, aun cuando se excluya a Estados Unidos, tampoco es sencillo lograr consensos con respecto a los compromisos globales para mitigar el recalentamiento planetario. “Trump es el que grita, pero hay otros países que, en silencio, también tienen problemas para implementar lo acordado en París”, reconoció Bergman. Los desacuerdos en cuanto al cambio climático no impidieron que el presidente argentino, Mauricio Macri, celebrara como un éxito una cumbre que trajo simultáneamente por primera a Buenos Aires a los jefes de Estado y de gobierno de los países más influyentes del mundo. Foto de familia de la 13 cumbre del Grupo de los 20 en Buenos Aires, en el Teatro Colón, donde se ofreció un espectáculo para los líderes de grupo, en algunos casos acompañados por sus parejas. Crédito: G20 Argentina El G20, que nació en 1999 como un foro exclusivamente financiero, celebra desde hace 10 años, tras el estallido de la última crisis económica global, cumbres anuales que reúnen a los líderes de los países que, en conjunto, reúnen un 66 por ciento de la población mundial y un 85 por ciento del producto interno bruto. Así, el chino Xi Jiping, el ruso Vladimir Putin, la alemana Angela Merkel, el indio Narendra Modi y el japonés Shinzo Abe, entre otros, pasaron por Argentina junto a Trump en la 13 cumbre del que hasta la llegada de Trump pretendió ser el gran directorio de los consensos mundiales entre el Norte y el Sur. Macri seguramente imaginaba llegar a esta Cumbre en otra situación, ya que 2018 ha sido un muy año malo para Argentina y en consecuencia para su presidencia: la economía se derrumbó y quedó seriamente en duda su capacidad para conducir del país. Con una devaluación de la moneda local, el peso, que superó el 100 por ciento, una inflación que este año rondará el 50 por ciento y un fuerte deterioro del poder adquisitivo de la población, Macri recurrió este año al auxilio del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo internacional de crédito accedió a prestarle a la Argentina más de 57.000 millones de dólares, pero a cambio impuso una drástica reducción del gasto público, que generó una fuerte caída de la actividad económica y empeoró la situación social: de acuerdo a estudios privados, la pobreza en este país sudamericano ya supera el 30 por ciento. Con este telón de fondo, había especial inquietud en las autoridades por la posibilidad de protestas contra la Cumbre que se desbordaran. Existía, además, el antecedente de los graves hechos de violencia producidos en la cumbre de Hamburgo. Parte del operativo de seguridad en los alrededores del legislativo Congreso Nacional argentino en la tarde del viernes 30, para impedir que se acercase al lugar la manifestación realizada en Buenos Aires en rechazo a la Cumbre del Grupo de los 20. Crédito: Daniel Gutman/IPS El operativo de seguridad incluyó el despliegue en la capital argentina de 22.000 agentes de fuerzas de seguridad, con tanques y exhibición de armas largas. No solo fueron custodiadas las áreas en las que se movieron los líderes, sino también se impuso un cerco de seguridad al legislativo Congreso Nacional, punto de llegada la tarde del viernes 30 de una manifestación de protesta, a unos cinco kilómetros de la sede de las deliberaciones de los mandatarios, en un centro de convenciones junto al río de La Plata. El recorrido de la movilización por la ciudad fue acordado en los días previos por el Ministerio de Seguridad con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980 por su denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983). Finalmente la manifestación se desarrolló sin ningún incidente y con la participación solamente de partidos políticos de izquierda y organizaciones sociales, que rechazaron tanto al G20 como al FMI. “Estamos aquí porque entendemos que los líderes mundiales vienen a avalar el plan de ajuste de Macri”, dijo a IPS Celeste Fierro, integrante de Anticapitalistas en Red, una organización que reúne a militantes de izquierda de distintos países. “Hay mucha bronca en Argentina por la situación y todo el montaje que se hizo en Buenos Aires para esta Cumbre la agravó”, agregó Fierro. La protesta se vio devaluada por la ausencia de los partidarios de la expresidenta de centroizquierda, Cristina Fernández (2007-2015), principal opositora a Macri. Si bien 10 días antes participó de una llamada “Contracumbre” celebrada en un estadio de fútbol, que reunió a figuras regionales como la destituida ex presidenta brasileña Dilma Rouseff, Fernández mantuvo un prudente silencio durante la Cumbre. Así, el único momento incómodo de la Cumbre que vivió Macri no se la proporcionó la sociedad argentina sino Trump. El presidente argentino tuvo una breve reunión bilateral con su par de Estados Unidos. Más tarde, la vocera de la Casa Blanca informó que los dos mandatarios se comprometieron “a enfrentar la actividad económica depredadora china”. Macri lo rechazó y aseguró que su gobierno “no ve la presencia china como una amenaza sino como una oportunidad”. En Argentina, igual que en el resto de América Latina, se ha convertido durante los últimos años en el inversor principal de los proyectos de desarrollo. Deseoso de agradar al presidente chino después de la acción de la Casa Blanca, Macri aseguró que Xi “cada vez se hace más fanático de la Argentina. Ya no solo le gusta el fútbol y el tango, sino que ahora también le encantan la carne y el vino”. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Escuchen nuestra voz: el reclamo de adolescentes latinoamericanos

sex, 30/11/2018 - 13:57

“Escuchen nuestra voz, entiendan nuestra voz, respeten nuestra voz, acepten nuestra voz, implementen nuestra voz”, gritaron el medio centenar de adolescentes latinoamericanos, al concluir un encuentro regional donde los jóvenes presentaron sus exitosas iniciativas para mejorar la situación de sus entornos. Crédito: CepalPor Orlando MilesiSANTIAGO, Nov 30 2018 (IPS) Cincuenta jóvenes de 16 países latinoamericanos denunciaron crecientes abusos sexuales y discriminación por razones como las étnicas, contra la población infantil y adolescente de la región, y reclamaron mayor participación en la solución de los problemas que los aquejan, durante un encuentro en la capital chilena. Bajo el lema “En la ruta de la Igualdad: a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño”, durante el primer Conversatorio Regional de América Latina y el Caribe se presentaron 17 proyectos, seleccionados entre 696 propuestas de  innovación social, que grupos de jóvenes desarrollan han creado y ejecutan para impulsar una mayor igualdad y desarrollo sostenible en sus países. Más de 2.000 jóvenes de la región postularon sus proyectos en el marco de la iniciativa Concausa 2030, promovida, como el encuentro en Santiago, por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).“La desigualdad, la falta de oportunidades, la mala calidad  educativa, las situaciones económicas desfavorables, las pandillas, patrones de violencia a nivel familiar y la falta de efectividad de los gobiernos al momento de recibir las denuncias, darle seguimiento y hacer políticas públicas para prevenir estos actos, son factores que inciden en el  incremento de la violencia”. Durante la reunión realizada entre el martes 27 y el jueves 29, adolescentes de entre 15 y 17 demandaron, junto con mayor participación, educación  gratuita y de calidad, medidas a favor de la inclusión y contra la discriminación, y políticas para su inserción laboral y contra la violencia de que son víctimas especiales. “Escuchen nuestra voz, entiendan nuestra voz, respeten nuestra voz, acepten nuestra voz, implementen nuestra voz”, gritaron los jóvenes en la sesión de clausura donde leyeron sus conclusiones en presencia de representantes de los gobiernos de la región y de agencias de Naciones Unidas. “No queremos más violencia en contra de nosotras, las niñas y mujeres  jóvenes de Guatemala, de América Latina y del mundo”, dijo a IPS la guatemalteca Alejandra Teleguario, de 17 años, quien cursa segundo año de la carrera de magisterio infantil bilingüe intercultural en su país. “En Guatemala hay un alto índice de  acoso sexual en contra de niñas jóvenes y mujeres. La tasa es bastante alta  en el departamento de Quetzaltenango, adonde nosotros estamos. Hasta octubre del 2018 se han registrado 4.000 casos de embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 a 17 años. A nivel nacional hay más de 65.000 casos”, desgranó antes de destacar que situaciones similares se repiten en la región. “Creemos que las  injusticias siempre prevalecen y todos esos casos no han sido resueltos por nuestras autoridades” agregó, para después expresar su alegría porque pudieron plantear esta realidad  ante el vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, presente en la sesión en la cual explicaron su proyecto: “Niñas ayudando a niñas”. Su iniciativa brinda talleres de autoayuda y de bisutería a mujeres víctimas de diferentes formar de maltrato, incluido el abuso sexual. Cabrera reconoció que su país enfrenta desafíos para garantizar los derechos de la infancia, sin embargo, destacó que “estamos en camino de trazar una hoja de ruta que realmente cambie a nuestro país”. En la inauguración del Conversatorio, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena sostuvo que “la participación juvenil es ineludible para alcanzar la Agenda 2030: un desarrollo sostenible que tiene como horizonte la igualdad no puede lograrse sin el compromiso de todos”. “Los jóvenes no son indiferentes al deterioro ambiental ni a la desigualdad. Mucho menos a la violencia y la desigualdad de género”, agregó. La población de América Latina y el Caribe alcanzó este año a 652 millones de habitantes de los cuales 193 millones son niños, niñas y adolescentes. Los adolescentes Nallely Blas Lucas, Daniel Díaz Esquivel y Ana Karen de Jesús Martínez viven y estudian en el pueblo de San Ildefonso, en el central estado mexicano de Querétaro, donde impulsan el proyecto Comercialización Justa de Artesanías, para valorizar el trabajo de las artesanías del pueblo indígena otomí. Crédito: Orlando Milesi/IPS   El acto inicial fue encabezado también por Henrietta Fore, directora ejecutiva de Unicef,  María Cristina Perceval, directora regional para América Latina y el Caribe de la misma agencia, y Benito Baranda, presidente ejecutivo de la organización no gubernamental América Solidaria Internacional, también promotora de Concausa. Baranda dijo a IPS que  “los problemas que tienen hoy los jóvenes de América Latina y el Caribe son muy parecidos a los de los adultos. Tienen los mismos problemas de seguridad, de pobreza y de  falta de oportunidades”. “Por eso es tan importante que los jóvenes participen hoy día porque si ellos no exigen el respeto de sus derechos, van a sufrir lo mismo que sufrieron sus padres: una permanente violencia del Estado, de las personas y de la sociedad sobre ellos”, afirmó. Añadió que por el período de vida,  los problemas de los jóvenes “son más urgentes porque se está hipotecando el presente y el futuro  de ellos,  se está causando un daño que después va a ser extremadamente difícil de recuperar”. En la asamblea, Baranda urgió a los jóvenes a pasar de la indignación al compromiso y a trabajar por un trato más igualitario. “La peor desigualdad es la de trato, color, idioma, estatura. Ustedes pueden cambiar esa desigualdad. Con un trato igualitario es muy fácil acceder a la justicia. Ustedes pueden construir un continente más igualitario”, dijo en la sesión inaugural. Proyectos que generan cambios Sofía Fernández, una joven uruguaya no vidente,  conmovió a todos cuando contó la campaña “Decímelo a mí”  y demandó atención  a los problemas de  salud sexual y reproductiva de ciegos y sordos, además de una educación  inclusiva. Entre los 17 proyectos seleccionados, hubo  provenientes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,  Guatemala, Honduras,  México,  Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En San Ildefonso Tultepec, al sur del central estado mexicano de Querétaro, donde viven unas 3.000 indígenas otomís, se desarrolla el denominado Comercialización Justa de Artesanía, que capacita a jóvenes indígenas. Ana Karen de Jesús Martínez, de 17 años, quien cursa  quinto semestre de  bachillerato, dijo a IPS que “lo  principal es ayudar a la economía de nuestras familias con talleres  que hacen videos para mostrar y comercializar las artesanías. Un segundo taller busca que los indígenas sepan el valor tienen sus  artesanías y así no  las rebajen”. “La perspectiva es concientizar sobre el valor que tiene la artesanía,  nuestra cultura, vestimenta y lengua  materna.  Queremos mejorar la economía, pero también promover nuestra cultura”, agregó. La ecuatoriana María Belén Proaño, de 17 años, impulsa el proyecto radial Mi voz Tu voz, en el municipio de La Libertad, a dos horas de Guayaquil, la capital económica del país. “Es un programa radial que busca hacer escuchar la voz de muchos niños que no tuvieron el apoyo de sus familias”, explicó a IPS. “Podemos reflejar con nuestras voces los problemas de bulling (acoso escolar) que pasa bastante  en la Unidad Educativa  y generamos conciencia  en niños, niñas, jóvenes  y adultos, que son  los responsables  del caminar de nosotros”, resumió Jhonny Ramírez, también de 17 años a IPS. Antes, durante la exposición de su proyecto, contó el caso de un niño que se suicidó tras sufrir acoso escolar por sus compañeros. “Me llena de orgullo escuchar a niños que no podían hablar  y que lo hacen a través de la radio, algunos de ocho años”, afirmó la ya estudiante universitaria Andrea Oyarvide. “Por nosotros comienza el cambio. Lo que hacemos es tratar de reflejar seguridad en los niños que nos cuentan sus miedos, errores, metas, objetivos. Los niños están tratando de alzar su voz”, dijo convencida a IPS. “Es muy importante proteger nuestra integridad para garantizar el buen desarrollo de un país, ya que somos personas que estamos cambiando el futuro” afirmaron los jóvenes en su declaración final, leída en español, francés, inglés, portugués, creolé  y quechua, entre aplausos de los adultos funcionarios de gobiernos, expertos, parlamentarios y periodistas. “La desigualdad, la falta de oportunidades, la mala calidad  educativa, las situaciones económicas desfavorables, las pandillas, patrones de violencia a nivel familiar y la falta de efectividad de los gobiernos al momento de recibir las denuncias, darle seguimiento y hacer políticas públicas para prevenir estos actos, son factores que inciden en el  incremento de la violencia”, concluyeron los adolescentes. Y por ello, proponen “mejorar las políticas públicas para que sean  inclusivas, eficientes y todos los niños, niñas y adolescentes seamos protegidos ante todo tipo de violencia”. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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El Caribe necesita sentarse en la mesa de negociación de la COP24

sex, 30/11/2018 - 13:13

El aumento del nivel del mar obligó a reubicar viviendas en la costa y a construir muros de contención en Layou, una ciudad del sudoeste de la isla caribeña de San Vicente . Crédito: Kenton X. Chance/IPSPor Desmond BrownSAINT GEORGE, Nov 30 2018 (IPS) El Caribe no quedará afuera de las negociaciones de la 24 Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se realizará del 3 al 14 de diciembre en la ciudad polaca de Katowice. El encuentro contará con la presencia de 3.000 delegados de todo el mundo, entre los que hay jefes de gobierno y de Estado y ministros responsables del ambiente y de cuestiones climáticas. Dos de los principales negociadores insisten en que es fundamental que la Comunidad del Caribe (Caricom) esté presente, pues el objetivo de la COP24 es adoptar un paquete de medidas para implementar el Acuerdo de París sobre cambio climático, alcanzado en 2015. “Coincido en que si no se está en la mesa de negociación, no se está en el menú, y nuestras prioridades se verán perjudicadas”, observó Spencer Thomas, enviado especial de Granada para Acuerdos Ambientales Multilaterales, en diálogo con IPS. “Tenemos que estar ahí para asegurarnos que se protejan las circunstancias especiales y las vulnerabilidades particulares de los pequeños estados insulares”, subrayó Thomas. Y también “para asegurarnos de que haya recursos disponibles para hacer frente al flagelo del cambio climático y construir resiliencia en el Caribe”, apuntó Thomas. “Y que se tomen acciones de mitigación significativas; que los esfuerzos de adaptación permitan garantizar que tenemos verdaderas actividades en esa línea”, añadió. El Acuerdo de París es el primer tratado internacional de la historia que obliga a todos los países a tomar medidas para frenar el recalentamiento global. La implementación del paquete de medidas permitirá poner en práctica el acuerdo, y así fijar la política climática y energética para los próximos años. Thomas mencionó los últimos huracanes devastadores y su impacto en la región para subrayar que el Caribe debe participar en la COP24 para trabajar hacia la construcción de resiliencia y lograr avances, atender la cuestión de las pérdidas y los daños y del desarrollo tecnológico, en especial porque se relaciona con cambios en el sector energético. “Necesitamos estar ahí para proteger todos los logros alcanzados hasta ahora y consolidar nuestras acciones de cara al futuro en lo que respecta a las medidas climáticas para el Caribe”, insistió. “La resiliencia es clave. Y construir resiliencia en el Caribe o en los pequeños estados insulares en desarrollo es un asunto especialmente clave que necesitamos trabajar en la COP24”, insistió. Thomas señaló que el Acuerdo de París es un marco que presenta una plataforma para la acción global en materia de cambio climático. El Acuerdo de París trata en especial del marco para la mitigación, pero también para la adaptación, para pérdidas y daños, para cuestiones de género, de agricultura, de transparencia y también ofrece un marco tecnológico, precisó Thomas. “En mi opinión, lo que se necesita hacer es elaborar e implementar esos marcos y crear normas y pautas para ellos”, explicó. “En cierto sentido, es una plataforma para avanzar. Cambia las dinámicas de las negociaciones previas y centraliza las distintas cuestiones al punto de que todas las partes, todos los países asumieron compromisos en función de su propia realidad para hacer frente al cambio climático”, añadió. Mientras, Leon Charles, asesor del Ministerio de Ambiente de Granada, dijo que hay dos resultados posibles que saldrán de las negociaciones de 2018. “Los últimos dos años pasamos elaborando el día a día de las normas para implementar el acuerdo”, recordó. “Por ejemplo, en términos de las contribuciones nacionales de los países, estamos negociando cómo se deben definir esas contribuciones, qué información hay que presentar para que podamos realmente medir que se hizo lo que se había dicho que se haría”, precisó. “Luego, es necesario definir cómo se informará sobre lo que se dijo que se haría y cómo se valida y así”, prosiguió Charles en diálogo con IPS. “Existe el llamado sistema de conformidad con el sistema, por ejemplo, que trata de cómo medimos si los países cumplieron con lo que dijeron que harían y, lo más importante, qué pasará con los que no hayan cumplido sus metas”, alertó. “Tenemos que crear algo que facilite y los ayude en los próximos años a mejorar sus objetivos”, añadió Charles. Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CMNUCC, Patricia Espinosa, dijo que con las consecuencias cada vez más devastadores del cambio climático, es crucial que las partes logren el principal objetivo de la COP24: finalizar el Programa de Trabajo del Acuerdo de París. Eso permitirá aprovechar al máximo el acuerdo, pero también es una señal de confianza en que los países se toman en serio su compromiso de frenar el cambio climático, puntualizó. Charles coincide con Thomas en que es importante que el Caribe esté representado en la COP24. “Si queremos tener éxito y que el resultado de 2018 refleje lo que es importante para nosotros, tenemos que participar”, subrayó. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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En India, mujeres boicotean bodas de novias menores de edad

qui, 29/11/2018 - 16:36

Malti Tudu, la “destrozabodas” en una aldea en el distrito de Kishanganj, en el norte de India. Crédito: Biju Boro/ONU MujeresPor Corresponsal FaoKISHANGANJ, India, Nov 29 2018 (IPS) Podríamos llamar a Malti Tudu, una joven de 20 años, “la destrozabodas”. Su único objetivo es impedir que una boda llegue siquiera a comenzar. Al menos, si la novia es menor de edad. “Si todo el mundo comenzara a boicotear ese tipo de bodas, seguro que conseguiríamos eliminar el matrimonio infantil”, dice Tudu, de la aldea de Simalbari, en el distrito de Kishanganj, en el estado de Bihar, en el norte de India. “Para celebrar una boda se necesita gente: un sacerdote que dirija el rito religioso, un grupo de músicos, cocineras y cocineros para preparar la comida para el evento, e invitadas e invitados que den la enhorabuena a los recién casados”, explica. Tudu, prácticamente una adolescente de 20 años de edad, es una de las jóvenes líderes de Bihar que están intentando poner fin de la práctica del matrimonio infantil en sus comunidades. En la casta y tribu reconocida oficialmente de Santhal Scheduled (a la que pertenece tanto Tudu como la mayoría de la población de su distrito), 74,1 por ciento de las mujeres y niñas contrae matrimonio antes de cumplir los 18 años, frente a 42,6 por ciento en otras comunidades. Para evitar este tipo de bodas, el grupo de mujeres está recabando apoyo a través de reuniones en las que las líderes piden a las participantes que prometan que no permitirán que sus hijas se casen por debajo de la edad legal establecida, o que no asistirán a esas bodas. Tras la ceremonia de promesas, encabezan manifestaciones en sus aldeas con el fin de crear conciencia acerca de los efectos nocivos del matrimonio infantil. Se calcula que, en todo el mundo, 650 millones de mujeres y niñas que permanecen vivas en la actualidad se casaron antes de cumplir 18 años. El matrimonio infantil suele provocar embarazos precoces, interrumpe la educación, limita las oportunidades de las niñas y aumenta su riesgo de sufrir violencia doméstica. Tudu no duda en emplear nuevas tácticas. Una vez, reunió a un grupo de mujeres para visitar a los progenitores de una niña de 16 años cuyo matrimonio ya había sido concertado. Talamai Soren, otra lideresa comunitaria que encabeza el boicot a las bodas de niñas y adolescentes en el distrito de Kishanganj, en el estado indio de Bihar. Crédito: Biju Boro/ONU Mujeres “Sus progenitores nos gritaron, diciendo que eran los responsables del futuro de su hija… También dijeron que no era la primera vez que lo hacían y que iba a asistir mucha gente a la boda”, explica. Haciendo frente a aquella resistencia, Tudu y su grupo rogaron a todas las personas que pudieron en la aldea que no asistieran a la boda. A continuación, regresaron por segunda vez a la casa de la niña con mayor respaldo de la aldea y hablaron con ella. Descubrieron que la niña quería terminar de estudiar. Cuando el grupo visitó de nuevo a la familia unas semanas más tarde, sus padres cancelaron la boda y la niña continuó estudiando. “Salvé una vida de la destrucción”, afirma orgullosa Tudu. “La sensibilización es crucial para reducir este tipo de casos”, asegura. Manifiesta que la capacitación en apoyo psicosocial que recibió a través de la organización local Pragya le ayudó a desarrollar sus aptitudes de asesoramiento y estimuló su activismo. La iniciativa está financiada por el Fondo Fiduciario de la Organización de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer (Fondo Fiduciario de la ONU), gestionado por ONU Mujeres en nombre del sistema de las Naciones Unidas. Existe otra iniciativa similar en curso en la aldea de Lamba Basti, también perteneciente al distrito de Kishanganj, y liderada por Talamai Soren, de 35 años. Casada a los 15 años, conoce demasiado bien los riesgos que entraña este tipo de matrimonios. Cree que el hecho de hacer hincapié en la educación de las niñas es una buena forma de reducir el riesgo de matrimonio infantil, y que el trabajo del grupo de mujeres ha contribuido en cierta medida a lograr este objetivo. En la aldea de Baliadhangi, la joven de 21 años Niska Pushpa Marandi también habla con otras mujeres sobre las implicaciones legales del matrimonio infantil y la dote, que constituye un delito penal y conlleva penas de cárcel. “Tras prestar el juramento, ninguna de ustedes permitirá que una hija menor de la edad legalmente establecida contraiga matrimonio, ni asistirá jamás a bodas en las que se casen personas que no hayan alcanzado la edad legalmente establecida para ello, o en las que haya personas que acepten u ofrezcan dote”, insta a las participantes a prometer. La organización de este tipo de actividades corre a cargo de las más de 2.800 mujeres y niñas rurales que se han incorporado a los 100 grupos de mujeres creados en cinco estados de India (Rayastán, Bihar, Jharkhand, Assam y Himachal Pradesh) como parte de un programa de prevención de la violencia para mujeres pertenecientes a minorías étnicas financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Según Lorna Mesina, del Fondo Fiduciario de la ONU, “el proyecto de Pragya cuenta con un notable apoyo local y se sirve de la fortaleza de los grupos comunitarios locales, como los consejos de las aldeas y los grupos de mujeres, que garantizan su sostenibilidad”. El programa utiliza la concienciación y la movilización de las mujeres y de la comunidad para luchar contra la violencia. Además, trata de garantizar servicios de apoyo y respuestas más eficaces, como asesoramiento para encontrar soluciones y asistencia médica y jurídica para las sobrevivientes de la violencia. Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres, como parte de sus historias sobre #Escúchame También, su lema durante los 16 Días de activismo contra la violencia de género, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con ONU Mujeres y como contribución a estas jornadas contra la violencia machista. RV:EG Artículos relacionados

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Residuos marinos convierten a la Tierra en un planeta de plástico

qui, 29/11/2018 - 13:19

Los plásticos contaminan cada vez más los mares y los océanos, y amenazan los ecosistemas marinos. Crédito: Busani Bafana/IPS.Por Busani BafanaNAIROBI, Nov 29 2018 (IPS) África corre el riesgo de ser el lugar más contaminado del mundo por plásticos dentro de tres décadas, superando así a Asia, alertó una red continental que busca soluciones africanas para resolver el problema de los desperdicios plásticos en los océanos, una amenaza creciente para el planeta. “La contaminación por plástico es real y preocupante”, subrayó Tony Ribbink, director general del Sustainable Seas Trust (SST), a cargo de la implementa la Red Africana de Desperdicios Marinos, concentrada en hacer frente a la contaminación marina en este continente. “La contaminación por plástico es uno de los muchos tipos de contaminación marina, y África es el segundo continente más contaminado del mundo, después de Asia sudoriental, que está revirtiendo la situación”, explicó Ribbink a IPS. “Los pronósticos indican que África será el continente más contaminado por plástico en 2050 si no se toman medidas ahora”, acotó. La evidencia científica muestra un panorama nefasto para los océanos, que tendrán más plástico que peces en poco más de 30 años, según ONU Medio Ambiente. Muchos países logran avances en sus esfuerzos de reducir el uso de productos plásticos. Por ejemplo, Isabelle Berard, viceministra adjunta para Cambio Climático, Ambiente y Asuntos Internacionales de Canadá, señaló que las provincias decidieron adoptar una estrategia para reducir esa amenaza, en la Conferencia de Economía Azul Sostenible, que concluyó el 28 de noviembre en Nairobi. Por su parte, el profesor Geoffrey Wahungu, director general de la Autoridad Nacional de Ambiente de Kenia, indicó que un año después de que su país prohibiera el uso de bolsas plásticas se notó un cambio significativo, con cursos de agua más limpios. Las inundaciones que ocurrían porque los drenajes se tapaban, ya no ocurren, ejemplificó. El Atlas de Océanos, publicado por la Fundación Alemana Heinrich Boll y el Grupo de Excelencia Océano Futuro, de la Universidad de Kiel, elaboró una lista con los 20 países con peor gestión de desperdicios plásticos del mundo, y cinco de ellos están en África. China, Indonesia, Filipinas, Sri Lanka, Egipto, Sudáfrica, Nigeria, Marruecos, Tailandia, Malasia, Vietnam, Argelia, Turquía, India, Brasil, Pakistán, Corea del Norte, Estados Unidos, Myanmar (Birmania) y Bangladesh, son responsables de 83 por ciento de la mala gestión de la basura plástica en los océanos. El Atlas de Océanos señala que 80 por ciento de la contaminación plástica procede de la tierra, principalmente de países que tienen una mala gestión de residuos o no tienen ninguna. La Red Africana de Desperdicios Marinos, lanzada en 2016 para los 38 países costeros e insulares de África, es la primera plataforma de colaboración para compartir recursos y conocimientos, que busca soluciones diseñadas a escala local. Erradicar la basura marina, y en especial la plástica, es la preocupación principal de la red, que aboga por el 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca conservar y hacer un uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos. Si no lo puedes medir, no lo puedes resolver. Los océanos y los mares cubren más de 70 por ciento de la superficie de la Tierra y suministran alimento, regulan el clima y generan la mayoría del oxígeno que respiramos. Además, sostienen la economía global a través del turismo, la pesca, el transporte marino y el comercio. Pero a pesar de su importancia, ONU Medio Ambiente señala que los océanos están frente a una amenaza sin precedentes, debido a las actividades humanas. Cada año, unas ocho millones de toneladas de plástico terminan en los océanos del mundo. La conferencia, convocada en agosto de 2017, reunió a especialistas marinos de África y de todo el mundo e identificó numerosas áreas para gestionar la contaminación plástica y otros desperdicios en África. “Identificamos la necesidad de medir la contaminación plástica, y desarrollamos sistemas para hacerlo que incluye satélites y vehículos aéreos no tripulados”, indicó Ribbink. “Por lo que hemos visto, tenemos una grave contaminación por plástico en nuestros océanos y mares”, reafirmó. La red desarrolla un manual sobre basura marina para hacer frente y aliviar el problema de los desperdicios, el que se lanzará el año que viene para su distribución en Sudáfrica, primero, y luego en todo el continente. África podría revertir la situación mediante estrategias efectivas de gestión, así como involucrando a las autoridades locales y al sector privado en programas de reciclaje. La verdadera cuestión es cambiar el comportamiento de la gente en el trabajo, la escuela, el hogar y en los sitios de recreación, donde se descarta el plástico, indicó. Las ciudades son fuente clave de donde sale el plástico que termina en los ríos y luego en el mar. “Es necesario construir capacidades y educar”, subrayó Ribbink. “Encontramos maestros que no saben esto. Queremos esa información en los programas escolares de Sudáfrica y desarrollamos y elaboramos un libro para ello”, añadió. En el marco de su interés por compartir información sobre la gestión de desperdicios plásticos, la red creará la Academia de Desperdicios de África para dictar cursos certificados y promover la transferencia de capacidades entre especialistas africanos e internacionales. Una gran dificultad para la erradicación de la contaminación plástica en África es la falta de valoración del valor económico de los plásticos, observó Ribbink, quien reclamó empresas que incentiven su recolección y reciclado. Unas 250 organizaciones, entre las que hay comerciantes y fabricantes de embalaje, suscribieron el Compromiso global para un nueva economía de los plásticos, con el fin de frenar los desperdicios plásticos en sus operaciones. Se trata de una iniciativa voluntaria impulsada por la Fundación Ellen MacArthur, con ONU Medio Ambiente. En Occidente, la ciudadanía se ofusca cuando ve morir aves marinas y delfines ahogados por bolsas de plástico, pero esos no son los problemas de África. A los africanos les preocupa la pobreza, la creación de empleo, el turismo y llevar comida a la mesa, a pesar de que son cuestiones que también tienen que ver con los plásticos. “Si la gente pudiera reconocer que el mismo plástico podría ser fuente de ingresos y, de hecho, perjudica el bienestar de sus familias, cambiaría”, opinó. Si la basura plástica es un problema, los microplásticos son peores. El plástico recorre largas distancias, desplazado por las corrientes marinas. “La proporción de microplásticos que queda en la superficie puede parecer pequeña, pero es la causa de un gran problema que tiene consecuencias de gran alcance”, alerta el Atlas de Océanos. “Los peces lo confunden con plancton y lo comen, y así entran en la cadena alimentaria y terminan en nuestros platos y en nuestros estómagos”, alertó. * Con aportes de Sam Olukoya, desde Nairobi. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Líderes tradicionales de África se unen para eliminar prácticas contra las mujeres

qua, 28/11/2018 - 17:52

Líderes tradicionales de 17 países africanos se han reunido en Nairobi, la capital de Kenia, para debatir sobre cómo erradicar prácticas perjudiciales como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Crédito: Faith Bwibo/ONU MujeresPor Corresponsal FaoNAIROBI, Nov 28 2018 (IPS) Su título revela su poder: la Reina Madre. “Cuando hablamos, la gente escucha. Y decimos que vamos a poner fin a esas (prácticas) tradicionales perjudiciales porque no son buenas para nuestras comunidades, especialmente en el caso del matrimonio infantil y precoz”, dice la ugandesa Best Kemigisa. Una de cada tres mujeres de África se casa antes de cumplir los 18 años, y de los 30 países en los que existe una mayor prevalencia de la mutilación genital femenina, 28 están en África. La desigualdad entre sexos, profundamente arraigada, las creencias culturales establecidas y la pobreza potencian esta nociva práctica. En muchas zonas, los hombres y las mujeres que lideran las comunidades tradicionales y religiosas y que realizan, promueven o defienden el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina son los garantes de estas prácticas. Por lo tanto, también pueden convertirse en las figuras aliadas más poderosas para erradicarlas. La Reina Madre Best Kemigisa del reino Toro de Uganda es una de esas aliadas y una voz con poder en su comunidad. “Como líderes tradicionales tenemos una importancia fundamental, ya que no sólo no aceptamos las leyes, sino que somos quienes las dictamos”, ha afirmado durante una reunión en Nairobi, Kenya, que ha reunido a líderes tradicionales de 17 países africanos. La reunión de Nairobi fue la culminación de años de trabajo de ONU Mujeres y otras organizaciones locales y regionales para acabar con estas prácticas dañinas que traumatizan, perjudican y matan a millones de niñas en toda África. Esta reunión de líderes tradicionales tenía un objetivo claro: diseñar una hoja de ruta con un enfoque sostenible y coordinado para contribuir a la campaña dirigida por la Unión Africana (UA) y destinada a acabar con el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y otras prácticas culturales dañinas. En la reunión también se estudiaron las mejores prácticas y se extrapolaron a gran escala las iniciativas emprendidas por algunas y algunos de los líderes para evitar el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Un buen ejemplo es el de la jefa principal Kachindamoto, que ha dirigido una exitosa iniciativa en Malawi y ha conseguido anular más de 2.000 matrimonios infantiles en su zona desde 2013. “Esta reunión es muy importante para la comunidad de líderes tradicionales ya que nos permite hablar sobre lo que cada persona está haciendo” explica. “Cuando oyes algo bueno, lo haces tuyo y te lo llevas a casa; y cuando lo llevas a casa, lo cambias. Como líderes tradicionales somos las y los custodios de la cultura, así que debemos quedarnos con lo bueno y desechar lo malo”. Líderes tradicionales de África, mujeres y hombres, comparten estrategias que han funcionado en sus comunidades para acabar con el matrimonio infantil. Crédito: Faith Bwibo/ONU Mujeres En Zambia, el jefe Chamuka ha conseguido avances similares, reduciendo las tasas de matrimonio infantil y embarazos en adolescentes. Bajo su liderazgo, las y los principales líderes de comunidades han aprobado normas locales que aumentan la edad legal para contraer matrimonio a 21 años y hacen obligatorio el registro en la localidad. “Estas disposiciones legales han influido enormemente en el cambio de mentalidad de la gente. Porque no han sido normas impuestas por un jefe, sino impulsadas por la propia comunidad”, explica. Relata que, cuando subió al trono, en su comunidad había 45 niñas casadas y 209 adolescentes embarazadas. Después de aprobar estas leyes, el número se redujo a un matrimonio infantil y ocho embarazos de adolescentes. (Sin) protección de los derechos de la infancia, no habrá desarrollo en el futuro”, añade el jefe Chamuka. Para éste líder tradicional “la cultura nos proporciona un espejo para mirar atrás y adelante. Cuando miramos atrás, vemos las raíces que nos dan fuerza, pero algunas de esas raíces pueden ser más débiles y esas son malas prácticas, porque no todas nuestras prácticas tradicionales son buenas. Vamos a asegurarnos de prohibir las que no lo sean”. “Todas las personas venimos de culturas y tradiciones… y las y los líderes tradicionales son las figuras más reverenciadas. Tienen el poder, la autoridad, la capacidad para llegar donde quieran”,  explica la Directora Regional de ONU Mujeres, Izeduwa Derex-Briggs. “Creemos que conseguir su participación y escuchar su punto de vista es empezar por el buen camino. En sólo dos días veremos los cambios. Veremos a gente alzando la voz y diciendo que no”, añade. Mary Okumu, Directora Nacional de ONU Mujeres Sierra Leona, está de acuerdo: “Cuando empiezas desde abajo y comprometes a las comunidades en el diálogo, en los discursos, tienes más impulso, porque consigues las opiniones reales de las personas que deben adaptarse”. Este encuentro de dos días, organizado por ONU Mujeres en colaboración con la Queen Mother Best Foundation (Uganda) y el Instituto de la Realeza Africana, también incluyó a líderes de la sociedad civil y organizaciones internacionales que trabajan en estos campos y facilitó el diálogo intergeneracional. Gbenebichie Onetoritsebawoette, una joven líder de Nigeria, cuenta que la reunión le ha dado una nueva perspectiva:“La percepción que teníamos de las y los líderes tradicionales no es la misma que la que tengo ahora —explica—. Estoy segura de que en verdad quieren ver el cambio. No quieren que continúen las prácticas tradicionales negativas. Y eso me ha dado esperanza”. “Escuchar perspectivas diferentes de varios países me ha demostrado que estamos avanzando y que, aunque aún queda mucho camino por recorrer, cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo”, afirma Jaha Dukureh, Embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres contra la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, que asistió a la reunión. Dukureh, víctima de la mutilación genital femenina y de un matrimonio infantil forzoso a los 15 años, coordina los esfuerzos en defensa de esta iniciativa en su país, Gambia, y a escala internacional. Su trabajo con organizaciones juveniles y de mujeres contribuyó a que el gobierno de Gambia prohibiera la mutilación genital femenina en 2015. Durante las próximas semanas y meses, tendrá lugar multitud de consultas y diálogos facilitados por ONU Mujeres a escala regional y subregional, que culminarán con un compromiso global de líderes tradicionales y de comunidades religiosas de toda África en la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Unidad Africana (UA) que se celebrará en febrero de 2019 en Addis Abeba. Nyaradzai Gumbonzvanda, embajadora de buena voluntad de la UA por el fin del matrimonio infantil, reconoce el inmenso potencial que las y los líderes tradicionales tienen para cambiar las normas, aprobar leyes y facilitar el acceso a los servicios dentro de las comunidades. Ella añade que empoderar a las niñas debe ser una parte fundamental de estos esfuerzos: “Hay que empoderar económicamente a las niñas para que no vean el matrimonio como una forma de escapar de la pobreza. Una niña debe poder decir ‘puedo tener mi propio coche’ en lugar de ‘tengo que casarme con un hombre que tenga coche’”. Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres, como parte de sus historias sobre #EscúchameTambién, su lema durante los 16 Días de activismo contra la violencia de género, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con ONU Mujeres y como contribución a estas jornadas contra la violencia machista. RV:EG Artículos relacionados

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Armas legales no frenan todavía los feminicidios en América Latina

qua, 28/11/2018 - 16:16

Susana Gómez, a quien una golpiza de su entonces marido dejó invidente, en una plaza de la ciudad de ciudad argentina de La Plata. Ella no encontró apoyo del Estado para liberarse de la violencia machista, pero una organización social la salvó de integrar la estadística de feminicidios en América Latina, los asesinatos de mujeres por razones de género de los que se registraron 2.795 casos en 2017 en la región. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPSPor Fabiana FrayssinetLA PLATA, Argentina, Nov 28 2018 (IPS) Ciega tras una golpiza de su exmarido, Susana Gómez se libró de sumarse a la lista de los cerca de 2.800 feminicidios cometidos anualmente en América Latina, pero  su caso evidencia porqué las políticas públicas y leyes están lejos de alivianar  la violencia de género en la región. “Hice muchas denuncias (13 penales y cinco civiles) y la justicia jamás me dio bolilla (me hizo caso)”, resumió Gómez a IPS en un diálogo en una plaza de su barrio en Lisandro Olmos, un suburbio de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Pese a que en Argentina ya existían en 2011, cuando se produjo el brutal ataque contra ella, comisarías de la mujer, no fue suficiente para protegerla de su agresor. Lo que la salvó de la muerte fue La Casa María Pueblo, una organización no gubernamental (ONG) que como otras  en América Latina tratan, con recursos  propios, suplir las deficiencias del Estado para proteger y asesorar jurídicamente a las víctimas de la violencia machista. Gómez, sus cuatro hijos y su madre, también amenazados por su expareja, fueron rescatados y cobijados en esa institución. “No teníamos nada. Entramos con lo que teníamos puesto, con el documento y nada más porque estábamos de aquí para allá. Todos nos cerraban las puertas, la justicia, la policía no hacían nada, la fiscalía tampoco”, recordó Gómez, quien ahora tiene 34 años. “Si no hay organizaciones como esta yo no estaría aquí para contarlo, no hubiese llegado a juicio. Si no tienes un acompañamiento jurídico, un refugio con identidad reservada, tratamiento psicológico, yo no podría haber enfrentado esto que no es fácil”, destacó. En abril del 2014, un tribunal de La Plata condenó a ocho años de prisión a su exmarido, Carlos Goncharuk. Ahora Gómez reclama judicialmente al gobierno de la provincia de Buenos Aires una reparación económica. “La vista no me la va a devolver nadie, pero es para que la justicia, el Estado tengan más conciencia para prevenir un antes y un después”, subrayó Gómez que se siente nuevamente amenazada porque el victimario será liberado el año próximo. Según el abogado y fundador de la ONG, Darío Witt, Gómez no quedó ciega por accidente o enfermedad sino por las repetidas palizas del entonces su marido. La última vez le golpeó la cabeza contra una pared de la cocina. “Este resarcimiento no contiene un objetivo económico de por sí. Lo que queremos intentar demostrar para Susana y todas las otras víctimas como ella es que el Estado, que los Estados en general sean nacionales provinciales o municipales y de distintos países, tienen una altísima responsabilidad para que esto ocurra. El Estado no es inocente en estas cuestiones”, argumentó Witt a IPS. “Cuando quedé ciega y vi que no vería más a mis hijos dije basta”, recordó. Cifras que horrorizan Según el Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al menos 2.795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países de esta región, en lo que varias legislaciones nacionales de la región tipifican ya como feminicidio o femicido. La lista de feminicidios difundida este mes por OIG la lidera Brasil (1.133 víctimas registradas en 2017), en cifras absolutas, pero en términos relativos, de la tasa de crímenes de género por cada 100.000 mujeres, es El Salvador el que alcanza una cota sin parangón en la región, con 10,2 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Tabla de número en términos absolutos de feminicidios por país en América Latina y el Caribe, así como la tasa de asesinatos por razones de género por cada 100.000 mujeres. Crédito: Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal Honduras (en 2016) registró 5,8 feminicidios por cada 100.000 mujeres y en Guatemala, República Dominicana y Bolivia también se observaron altas tasas en 2017, iguales o superiores a dos casos por cada 100.000 mujeres. OIG detalla que los asesinatos de mujeres por razón de género son parte muy mayoritaria de los homicidios intencionales de mujeres en la región, donde los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas de la víctima, con excepción El Salvador y Honduras. “El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres. Ni la tipificación del delito ni su visibilización estadística han sido suficientes para erradicar este flagelo que nos alarma y horroriza cada día”, dijo Alicia Bárcena, secretaría ejecutiva de la Cepal al dar a conocer las nuevas cifras de OIG. La guatemalteca Ana Silvia Monzón, socióloga y comunicadora del Programa de Estudios de Género y Feminismos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), recordó que su país cuenta desde 2008 con una Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y desde un año después con una Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. “Ambas constituyen instrumentos importantes porque contribuyen a visibilizar una problemática que es grave en Guatemala, y son una herramienta para que las víctimas puedan iniciar el camino a la justicia”, señaló a IPS desde Ciudad de Guatemala. Sin embargo pese a esas leyes que contemplaron la creación de un modelo de atención integral a las víctimas y de tribunales especializados, “no se asignan los recursos necesarios a las entidades y programas que deben promover esa prevención, menos aún la atención especializada a las víctimas que denuncian esa violencia”, sostuvo. Además “persisten prejuicios y prácticas sesgadas de género entre quienes aplican la ley” y “poco se ha hecho para introducir contenidos educativos o programas que contribuyan a cambiar el imaginario social que asume como normal la violencia contra las mujeres”, en especial a las indígenas, acotó. #NiUnaMenos, #NiUnaMás En la región “los avances son importantes, expresión de un movimiento de mujeres que ha logrado posicionar la violencia de género como un problema social, pero son insuficientes”, reflexionó Monzón. Olivia, una niña de cinco años, sostiene con determinación un cartel con el lema contra los feminicidios, #NiUnaMenos, que se ha extendido por América Latina, en movilizaciones multitudinarias contra la violencia de género. Olivia participó en una actividad barrial en la ciudad argentina de La Plata el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS Según ONU Mujeres, en total 18 países latinoamericanos y caribeños han modificado sus leyes para sancionar los crímenes machistas contra las mujeres como feminicidio, femicidio u homicidio agravado por razones de género. Pero como concluye Gómez y otros activistas sociales de su barrio, hace falta más. El encuentro con esta víctima se produjo el domingo 25, durante una “mateada”  (ronda con hierba mate) en la plaza Juan Manuel de Rosas, convocada por la agrupación  Nuevo Encuentro. La actividad se convocó por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que abrió los 16 Días de Activismo contra la violencia de género, y que este año tiene como lema #EscúchameTambién, que llama a que las víctimas sean oídas como parte de la solución de lo que expertas califican como un “genocidio silencioso”. María Eugenia Cruz, referente barrial de Nuevo Encuentro, consideró que pese a los nuevos marcos legales y multitudinarias movilizaciones como la del #NiUnaMenos contra la violencia machista y los feminicidios, que se han extendido por Argentina y otros países de la región,  “todavía hace falta charlar de lo que nos pasa a las mujeres”. “En lugares más cerrados de barrios como este pareciera que la violencia de género fuera un tema que da vergüenza contar, se sienten culpables. Visibilizar esto es parte de pensar que herramientas puede brindar el Estado”, analizó IPS. “O sino ver cuáles son esas herramientas”, aportó interrumpiendo el juego Olivia, su hija de cinco años, quien durante la actividad en la plaza sostuvo orgullosamente un cartel que rezaba: “Ni Una Menos”, el lema que ha congregado a las mujeres latinoamericanas junto con el de #NiUnaMás. Ella ejemplifica una nueva generación femenina latinoamericana que gracias a las masivas movilizaciones  y a la creciente toma de conciencia social, ya comienza desde temprano a tomar la palabra y a promover cambios culturales. “Hoy las mujeres se van dando cuenta desde el noviazgo de las señales de un hombre violento. Que no le gustan tus amistades, que no le gusta cómo te vestís. Ahora hay más información y eso es importante”, reconoció Gómez que actualmente atiende como voluntaria llamadas de otras víctimas de la violencia. “Ahora te llaman, te consultan y eso está bueno. Antes, ¿a dónde llamabas? Más allá del miedo, si te dan identidad reservada eso te incita a decir: voy a hacer la denuncia y tengo un grupo de gente que me va a ayudar”, concluyó esta sobreviviente de la violencia machista. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Indígenas reclaman nuevo acuerdo global para proteger la Amazonia

qua, 28/11/2018 - 13:16

Alrededor de “65 por ciento de las tierras del mundo son territorios indígenas, pero solo 10 por ciento les pertenecen legalmente”, observó Tuntiak Katan, vicepresidente de COICA.Por Rabiya JafferySHARM EL SHEIJ, Egipto, Nov 28 2018 (IPS) Líderes indígenas de la Amazonia reclaman un nuevo acuerdo mundial para proteger y recuperar por lo menos la mitad de sus territorios ancestrales. La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) preparó una propuesta que se presentará a organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales en la 14 Conferencia de las Partes (COP14) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se desarrolla en este balneario egipcio del 17 al 29 de este mes. COICA, fundada en 1984 en Lima, coordina nueve organizaciones indígenas dedicadas a promover y desarrollar mecanismos para defender la autodeterminación de los pueblos autóctonos y coordinar las acciones de sus miembros a escala internacional. La propuesta de COICA invita a una mayor participación de las comunidades indígenas en los esfuerzos de conservación y en la toma de decisiones sobre la pérdida de biodiversidad, mientras las partes negocian los términos del marco global para después de 2020 en materia de diversidad biológica, que se adoptará en Beijing dentro de dos años. La propuesta salió de la cumbre de COICA, realizada en agosto, con líderes indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. “Casi 80 por ciento de la diversidad biológica se encuentra en territorios tribales, y la mayoría de los lugares de mayor biodiversidad de la Tierra se encuentra en esas tierras”, puntualizó Juan Carlos Jintiach, representante de COICA, actualmente participando en la COP14. “Los pueblos tribales contribuyen y usan de forma sostenible los recursos de sus territorios desde hace miles de años y no es posible crear políticas efectivas sin su aporte”, subrayó. En su declaración, las delegaciones indígenas invitan a los Estados y a otras entidades a incluir su conocimiento ancestral en las políticas que buscan la conservación, y planean lanzar negociaciones bilaterales con diferentes actores con el fin de crear un acuerdo ambicioso para 2020. COICA quiere trabajar con otros actores y apuntar a un objetivo común para proteger y recuperar la mitad del planeta para 2050. La coordinadora también busca mantener un diálogo con los gobiernos de la Amazonia para la visión de las confederaciones indígenas a través de una “alianza y del compromiso de proteger la región, su biodiversidad, sus culturas y su sacralidad” para proteger la selva y su “corredor biológico”. Se promueve un acuerdo entre Colombia, Venezuela y Bolivia para proteger un “corredor biológico” que posea más de 135 millones de hectáreas y se distribuya entre los tres países. El corredor cubrirá desde la Amazonia, pasando por la cordillera de Los Andes y hasta el océano Atlántico, una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo, y los indígenas creen que sus aportes y sus perspectivas son importantes para la efectividad del acuerdo. Alrededor de “65 por ciento de las tierras del mundo son territorios indígenas, pero solo 10 por ciento les pertenecen legalmente. Garantizar sus derechos territoriales son una forma barata y efectiva de reducir las emisiones de carbono y aumentar las áreas naturales”, observó Tuntiak Katan, vicepresidente de COICA. En 2015, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, celebró el aporte de Brasil a las conversaciones sobre el acuerdo Amazonia-Andes-Atlántico (AAA), que la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, consideró analizar, en unas declaraciones realizadas durante la Cumbre de las Americas, en Panamá. Las comunidades indígenas también están muy preocupadas por las declaraciones del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, durante su campaña, sobre las políticas ambientales y las cuestiones indígenas. Bolsonaro asumirá en enero, pero ya dijo que estaba a favor flexibilizar las protecciones de la Amazonia, lo que hará que menos tierras estén bajo autoridades indígenas y comunidades selváticas, y más se queden en manos de la agroindustria, mineros, madereros y compañías constructoras. “Sus dichos son preocupantes, pero el nuevo gobierno también tendrá dificultades para revertir las políticas que ya están en funcionamiento porque perdería su posición de líder internacional en cuestiones ambientales”, señaló Oscar Soria, de Avaaz, el movimiento global en Internet que moviliza iniciativas políticas surgidas de las bases y las dirige hacia la toma de decisiones en todo el mundo. “Queremos recordar a Bolsonaro que Brasil tiene obligaciones nacionales e internacionales de garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, y respetar su consentimiento libre, previo e informado”, añadió. “Esperamos que el nuevo gobierno respete las obligaciones internacionales y siga apoyando a las organizaciones no gubernamentales e indígenas que se esfuerzan por salvar el mundo; y el mundo no puede proteger la biodiversidad sin Brasil, y Brasil no puede destruir su biodiversidad solo”. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Energía no contaminante toma fuerza de compromiso en Uruguay

qua, 28/11/2018 - 11:25

Vista parcial de los paneles solares de la planta de generación fotovoltaica que alimenta de electricidad del aeropuerto internacional de Carrasco, cercano a Montevideo, inaugurada en agosto en Uruguay. Crédito: Presidencia de UruguayPor Jimena BrusaMONTEVIDEO, Nov 28 2018 (IPS) Las inversiones públicas y privadas en materia de energías renovables han convertido a Uruguay en uno de los países más avanzados del sector en América Latina, con metas ambiciosas como alcanzar la neutralidad en carbono para 2030. La transformación de la matriz energética de este país sudamericano tiene sus pilares en el abandono de los combustibles fósiles y su sustitución por fuentes limpias, que ya aportan 62 por ciento de la energía primaria, aquella disponible en la naturaleza, frente al promedio mundial de 19 por ciento. Además, el país ocupa el tercer puesto global respecto del nivel de inversiones en el desarrollo de esas energías, en relación con el producto interno bruto (PIB), según el último informe de REN 21, la red mundial de políticas en energía renovable que conecta a gobiernos con la sociedad civil, la academia y organismos internacionales. En uno de los pasos más recientes hacía la descarbonización energética, el Aeropuerto Internacional de Carrasco inauguró en agosto una planta de generación solar fotovoltaica. Los 1.540 paneles que se observan al llegar a la principal terminal aérea de Uruguay, cercana a Montevideo, la convirtieron en la primera de América del Sur en contar con electricidad autogenerada. Gonzalo Casaravilla, presidente de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), la empresa estatal que administra el sector, destacó que “las energías renovables pasaron con éxito la prueba de la sequía” que se produjo a comienzos de este año. Durante los cuatro meses en que se recibió 26 por ciento menos de agua de la captación histórica, “el sector eléctrico suministró casi lo mismo de eólica que de hidráulica (40 por ciento cada una), ocho por ciento de biomasa, 4,5 por ciento de fotovoltaica y solo 4,5 por ciento de térmica, explicó. “En comparación con la matriz eléctrica que había en 2012, el ahorro de estos cuatro meses fue del orden de los 130 millones de dólares”, aseguró la máxima autoridad eléctrica uruguaya. El sector privado también ha apostado fuerte por el cambio. Desde 2010, realizó inversiones por más de 7.000 millones de dólares, según un informe publicado a fines de 2017 por Uruguay XXI, una institución dedicada a la promoción de inversiones y exportaciones. En el medio rural actualmente hay 50 escuelas con el sistema fotovoltaico y varias familias han encontrado en la energía solar la solución para contar con electricidad en sus viviendas. En 2013, en el departamento de Salto, en el norte del país, se inauguró una planta solar fotovoltaica, con una inversión de cuatro millones de dólares, que contó con la cooperación del gobierno de Japón. La transformación de la matriz energética convirtió a Uruguay en exportador neto de electricidad, según el informe voluntario sobre los avances del país en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ante la Organización de las Naciones Unidas, en un encuentro en julio en Nueva York. En el reporte se destaca que Uruguay es uno de los países más electrificados de América Latina, con 99,7 por ciento de la población con acceso al servicio. Además, en este país de 3,3 millones de habitantes,  la matriz eléctrica está compuesta en 97 por ciento de fuentes renovables. Como ejemplo, se cita que entre 2008 y 2017,  la potencia instalada de la fuente eólica saltó de cero por ciento a 30 por ciento. La energía fotovoltaica, por su parte, supone actualmente 4,5 por ciento de la matriz energética total, pero las autoridades de UTE pronostican que “en el futuro la energía renovable no convencional será principalmente fotovoltaica y aumentará en base al crecimiento de la demanda”. Desde el punto de vista de la demanda, el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2015-2024 establece varias líneas de acción para lograr una reducción en el consumo, destinada a alcanzar una meta de energía evitada de 1.690 kilotep (miles de toneladas equivalentes de petróleo, en inglés) durante la década. Mientras, las metas del  Plan promueven el cumplimiento de la contribución a la que se comprometió el país en el Acuerdo de París sobre cambio climático, alcanzado en diciembre de 2015 en la capital francesa, donde Uruguay se comprometió voluntariamente a alcanzar la neutralidad del carbono en 2030. Eso significa que para ese año este país del Cono Sur americano las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) expedidas al ambiente equivalen a cero, porque se reabsorben tantos gases contaminantes como los que se lanzan a la atmosfera. Uruguay formalizó su compromiso en alcanzar la huella de carbono cero, que obligará a reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles , en junio de 2017, al ratificar su adhesión al Acuerdo de París. Esa ambiciosa meta, que en América Latina solo comparte Costa Rica,  se acompaña con otras medidas como los incentivos a los usuarios con políticas de consumos diferenciados. Esa iniciativa ofrece costos diferenciados del consumo en tres tramos horarios para clientes residenciales y entró en vigencia a través de un decreto del 3 de septiembre, por una propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Minería. La tarifa según los tres horarios profundiza la que ya existía, limitada a dos tramos, de hora punta y no punta, y busca aprovechar mejor el sistema de generación eléctrica con predominio de fuentes renovables, donde existe una oferta de energía en las madrugadas y capacidad remanente de las redes eléctricas. El abanico de nuevas iniciativas se alinea con los esfuerzos de los países del Sur en desarrollo de reducir sus emisiones contaminantes a la atmosfera, pese a que su papel es reducido en el recalentamiento global, cuya responsabilidad recae mayormente en el Norte industrial. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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