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Atualizado: 2 horas 14 minutos atrás

En las ciudades hay desafíos, pero también grandes oportunidades

qui, 01/11/2018 - 10:18

Los alcaldes participantes en el encuentro Urban20, tras entregar sus conclusiones al presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien este año encabeza el G20, que a finales de noviembre realiza en Buenos Aires la cumbre anual de jefes de Estado y de gobierno de países industriales y emergentes. Crédito: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Nov 1 2018 (IPS)

Las ciudades tienden a concentrar cada vez más población, en desmedro de las áreas rurales, y enfrentan no solo desafíos sino también oportunidades múltiples. Su nueva agenda incluye desde cuestiones ambientales, la inclusión laboral, la igualdad de género, hasta la inclusión de las minorías y los migrantes.

El futuro de las ciudades fue debatido durante dos encuentros internacionales realizados en Buenos Aires entre el lunes 29 y el jueves 1 que reunieron, de manera separada, a alcaldes de 34 grandes urbes del mundo, en las que viven 1.500 millones de personas, y a más de 600 jóvenes urbanos de América Latina.

“La crisis del cambio climático es una oportunidad para transformar las ciudades en muchos aspectos”, dijo Mark Watts, director ejecutivo del C40, una red de 96 de las mayores ciudades del planeta, que pretenden asumir una posición de liderazgo en cuestiones ambientales y que lidera la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.“Ante los desafíos del cambio climático, se requiere de gobiernos locales que cambien el modelo de desarrollo y defiendan los intereses públicos por sobre los del sector inmobiliario”: Michael Pollmann.

“Un punto fundamental es la transición del auto privado al transporte público basado en vehículos eléctricos o a bicicletas. Pero también se debe repensar la planificación de los espacios en la ciudades”, afirmó Watts a IPS.

“Los bosques deben volver a las ciudades, porque necesitamos más plantas. Los edificios tienen que ser neutrales en emisiones de carbono. Y por supuesto, debemos transformar la forma en que consumimos y descartamos. Todo eso debemos hacerlo no en cincuenta años, sino en diez”, agregó.

Watts participó en el encuentro Urban20, una iniciativa lanzada en el marco del Grupo de los 20 (G20), de naciones industrializadas y emergentes, que durante 2018 preside Argentina y que a finales de noviembre tendrá su Cumbre de jefes de Estado en Buenos Aires.

El resultado concreto de Urban20 fue un comunicado entregado al presidente argentino, Mauricio Macri, en el que se llama a las naciones del G20 a abordar con perspectiva urbana los problemas globales, porque 68 por ciento de la población mundial vivirá en ciudades para 2050, según datos de este año de las Naciones Unidas.

También demandan desarrollar una serie de políticas públicas sobre el clima, trabajo, integración social, empoderamiento de las mujeres y acceso al financiamiento.

Lo firmaron los alcaldes de Amman, Beijing, Ciudad de México, Chicago, Hamburgo, Johannesburgo, Madrid, Montevideo, Quito, Río de Janeiro, Seúl y Yakarta, entre otras ciudades.

El primer punto del comunicado pide la implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático, suscrito por la comunidad internacional en 2015, “de manera completa y rápida”.

Solo así, indica, se cumplirá el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones contaminantes para 2050, para así cumplir la meta de limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales.

Durante el encuentro, muchos expositores coincidieron en que las ciudades son tal vez el primer frente de batalla contra el cambio climático, por la cantidad de personas afectadas.

Una de las deliberaciones del encuentro promovido por la organización Techo, que reunió en Buenos Aires a más de 600 jóvenes de América Latina, para discutir el futuro de las ciudades en la región, donde se trataron temas como cooperativismo, diversidad, género y ambiente. Crédito: Daniel Gutman/IPS

 

“En Hamburgo teníamos la costumbre de manejar nuestras lluvias a través de nuestro sistema de alcantarillado, pero ahora, con lluvias cada vez más fuertes, ya no podemos hacerlo”, explicó Michael Pollmann, secretario de Ambiente y Energía de esa importante ciudad alemana.

En diálogo con IPS, Pollman explicó cómo se tradujo el cambio: “Nuestra idea era siempre sacar las agua de lluvia lo más pronto posible de las zonas urbanizadas. Hoy tenemos que manejarnos a través espacios verdes aptos para que las aguas puedan almacenarse durante cierto tiempo”.

“Esto es difícil, porque en ciudades cada vez más densamente pobladas, los valores de los terrenos suben y entonces la presión para urbanizar áreas que deben mantenerse libres es cada vez más grande”, dijo.

A su juicio, “ante los desafíos del cambio climático, se requiere de gobiernos locales que cambien el modelo de desarrollo y defiendan los intereses públicos por sobre los del sector inmobiliario”.

La otra mirada sobre los desafíos de las ciudades lo puso el encuentro de “Jóvenes por el futuro de las ciudades de América Latina”, organizado por Techo, la organización presente en 19 países de la región y que trabaja a favor de quienes viven en asentamientos precarios.

Allí, bajo el lema de “Ciudades para todos”, se presentaron experiencias relacionadas con la migración, el género, la diversidad sexual, los medios de comunicación y, también las cuestiones ambientales.

Una de las participantes fue Mariana Matija, una colombiana que vive en Medellín y es la responsable del blog “Cualquier cosita es cariño”, a través del cual ha reunido una comunidad de más de 7.500 jóvenes que están en la búsqueda de un estilo de vida más respetuoso con el planeta.

“Hay cierta dosis de frustración en los jóvenes porque vemos que las generaciones mayores son las que toman decisiones y sus puntos de vistas son diferentes a los nuestros”, dijo Matija a IPS.

“Siento que los mayores han estado muy preocupados por los beneficios económicos de las cosas. Y los jóvenes creemos en cuestiones más profundas que el dinero”, agregó.

Con ella compartió un panel la argentina Melina Scioli, creadora del Club de Reparadores, que organiza talleres en distintas ciudades del país en los que se promueve no sólo alargar la vida útil de las cosas, para reducir la generación de los residuos, sino también reforzar los lazos de colaboración entre las personas.

“Me moviliza la transformación. De los objetos, de las personas o de las ciudades. Los jóvenes de hoy tienen una mirada muy crítica de la realidad y están muy comprometidos con la construcción de una ambiente más sano”, afirmó Scioli a IPS.

Durante el encuentro se presentó una encuesta realizada en seis naciones latinoamericanas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) y entre la comunidad latina de Estados Unidos, sobre los principales problemas que los aquejan en sus países.

Cuatro de cada 10 consultados pusieron el foco en “el ambiente y el cambio climático”, pero esa proporción se vio superada por la inquietud que generan “las políticas sociales, la inclusión y la pobreza”, que fue señalada por seis de cada 10.

En ese sentido, el viceministro de Vivienda de Costa Rica, Patricio Morera, de solo 33 años, dijo a IPS que uno de los temas críticos en América Latina es justamente el de la vivienda.

“Hay un enorme déficit de vivienda en nuestra región, que hoy tiene más que con lo cualitativo que con lo cuantitativo”, dijo Morera, quien no se mostró sorprendido por los datos que hizo público en octubre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante un foro realizado en Washington.

Según esos datos,  94 por ciento de los habitantes de América Latina y el Caribe no tienen buena calidad de vivienda, en la segunda región más urbana del planeta, donde más de 75 por ciento de la población vive en ciudades, que en 60 por ciento son jóvenes.

“Cuando se habla de calidad de vivienda, se habla de las paredes, del techo o del piso y de la conectividad urbana con servicios públicos. O sea: la infraestructura más las posibilidades que da una vivienda a una familia de integrarse a la ciudad”, precisó Morera a IPS.

“Es un tema crítico, porque podemos celebrar que no hay un gran déficit cuantitativo en nuestra región, pero el cualitativo priva a las personas de una buena calidad de vida, que es el propósito de la vivienda. La vivienda no es un fin en sí mismo, sino un medio que genera posibilidades de desarrollo”, agregó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El bosque mexicano, víctima y solución ante cambio climático

qua, 31/10/2018 - 14:36

El bosque de la Sierra Juárez, en el estado de Oaxaca, en el sur de México, es vulnerable a las consecuencias del cambio climático, pero al mismo tiempo puede contribuir a su combate. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
IXTLÁN DE JUÁREZ, México, Oct 31 2018 (IPS)

“Sueño con un bosque sano, sustentable, bien aprovechado”, cuenta Rogelio Ruíz, un silvicultor del sur de México, quien insiste en que “tenemos que limpiarlo bien, aprovechar la madera y reforestar”.

Esas actividades son fundamentales para el ecosistema, especialmente para adaptarse a los impactos notorios del cambio climático, consideró a IPS este presidente del Comisariado de Bienes Comunales de La Trinidad, en el municipio de Ixtlán de Juárez, en el estado de Oaxaca, a unos 840 kilómetros al sur de Ciudad de México.

Los hábitats forestales son, precisamente, uno de los mejores mecanismos naturales para mitigar las alteraciones climáticas, pero al mismo tiempo enfrentan sus secuelas, como aumento de la temperatura, variaciones en los regímenes pluviales y la aparición de plagas.

Sabe bien de ello la ecorregión donde se yergue La Trinidad, conocida como la Sierra Juárez, que enfrenta desde 2017 un brote de mosca sierra o defoliadora, que carcome las hojas del pino, la especie más común en esta zona del centro de Oaxaca. Organizaciones locales estiman que unas 10.000 hectáreas están expuestas al insecto.

Ruíz detalló que han sido perjudicadas 106 de las 805 hectáreas de su comunidad, un sistema mexicano tradicional de gobierno para las tierras colectivas e instransferibles, de explotación compartida por los llamados comuneros, que se diferencia del ejido porque en este los terrenos pueden venderse.

En septiembre “aplicamos fumigación aérea” de un bioplaguicida y ahora “utilizaremos bombas manuales”, detalló el dirigente comunero, uno de los asistentes a la celebración en Ixtlán este mes de los 35 años de lucha contra las concesiones forestales privadas que dominaban entonces y que sembró la silvicultura comunal.

La Trinidad, integrado por 291 comuneros, tiene permiso para extraer anualmente 5.000 metros cúbicos de madera a partir de un plan de manejo de ocho años, vigente desde 2014.

Esos emprendimientos ejemplifican el desarrollo de la silvicultura comunitaria mexicana, considerada un modelo global, por su éxito para generar beneficios sociales, económicos y ambientales.

En 2016, México, el segundo país más extenso de América Latina, con 1,96 millones de kilómetros cuadrados (196 millones de hectáreas), poseía 20,3 millones de hectáreas de bosque templado, 850.000 de bosque mesófilo de montaña, 50,2 millones de matorrales, 7,9 millones de pastizales, 11,5 millones de selvas y 1,4 millones de vegetación, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Un camión descarga troncos de pino en el aserradero de la comunidad forestal de Ixtlán de Juárez, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, que como otros grupos locales en la Sierra Juárez, tiene un manejo sostenible de sus bienes comunales, incluidos los maderables. Crédito: Emilio Godoy/IPS

El no gubernamental Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible enlista unas 4.886 comunidades y ejidos forestales, de los cuales unos 2.100 explotan comercialmente el recurso.

Pero solo siete millones de hectáreas, en manos de unas 600 comunidades, operan con un plan de manejo y conservación, un requisito para obtener el aval para los programas de aprovechamiento promovidos por la estatal Comisión Nacional Forestal.

La producción maderable mexicana totaliza siete millones de metros cúbicos anuales, de los que Oaxaca aporta casi siete por ciento.

Estos ecosistemas proveen de agua a zonas urbanas, regulan el ciclo hídrico, aportan alimentos y capturan dióxido de carbono (CO2), el gas responsable del calentamiento planetario, entre otros servicios ecológicos, según indican estudios científicos.

Por ello, y ante la amenaza del cambio climático, los bosques requieren de políticas públicas que generen mejores incentivos económicos, ofrezcan certidumbre legal sobre la tenencia de la tierra, ensanchen los mercados y aumenten la productividad, aseguran organizaciones y especialistas sobre silvicultura.

En Ixtlán, que significa “lugar de hilos o fibras” en idioma zapoteco y donde hay 600 hectáreas dañadas, han emprendido la lucha contra las plagas mediante la experimentación con cinco especies de pino en el vivero comunitario.

“En noviembre y diciembre, hacemos selección de semillas. Queremos especies de más rápido crecimiento y resistente a las plagas. Confiamos en que las nuevas especies sean más resistentes”, explicó Sergio Ruíz, asesor forestal de la empresa comunitaria Unión Forestal Santo Tomás Ixtlán.

La comunidad de Ixtlán, también en el municipio homónimo, posee 19.125 hectáreas, de las cuales 30 por ciento se destina a aprovechamiento forestal.

Sus actividades incluyen también ecoturismo, una gasolinera, una tienda, una fábrica de muebles y una embotelladora de agua. En 2018, su vivero aporta 360.000 plántulas, 100.000 de las cuales consignan a reforestación y donan las otras 260.000 a comunidades cercanas. La aspiración es crear un huerto de semillas.

Un estudio bajo elaboración de la estatal Universidad Técnica de la Sierra Juárez  analiza factores climáticos como la temperatura, humedad y estado del suelo en Ixtlán.

Personal de la comunidad forestal de Ixtlán de Juárez inspecciona plantas que serán sembradas en el bosque que manejan dentro del municipio de mismo nombre, en el estado sureño de Oaxaca, en México. Su plan es construir un huerto de semillas para generar especies de pino más resistentes al cambio climático. Crédito: Emilio Godoy/IPS

En 2015, México emitió 683 millones de toneladas de CO2, el segundo mayor contaminador en la región detrás de Brasil, y de las cuales 20 millones provinieron de la pérdida de tierras forestales.

Ante ello, este país latinoamericano adoptó como objetivo propio la deforestación cero a 2030, todo un desafío cuando la tala promedio anual representa 200.867 hectáreas perdidas entre 2011 y 2016, según estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, la contraloría gubernamental mexicana.

Otros sitios de la Sierra Juárez también están expuestos al cambio climático, aunque su altura sobre el nivel del mar los proteja temporalmente de los insectos. Tal es el caso del municipio de San Juan Evangelista, donde los silvicultores se preparan para adaptar sus bosques al fenómeno.

“Es importante limpiar el bosque, porque le quita poder de combustión y riesgo de plagas. Además, el manejo forestal permite más captura de carbono, más que los bosques no manejados. Pueden contribuir a evitar que el cambio climático sea más acelerado”, señaló a IPS el asesor técnico de la comunidad forestal en ese municipio, Filemón Manzano.

Analco, que significa “al otro lado del río” en náhuatl, consta de 150 comuneros, propietarios de 1.600 hectáreas y de las cuales 1.000 albergan bosque y destinan 430 a aprovechamiento forestal. La comunidad opera un vivero para 3.000 plántulas.

Manzano y académicos del estatal Colegio de Posgraduadoos en Ciencias Agrícolas preparan una investigación sobre la absorción de CO2 por bosques bajo manejo, que se estima en cinco toneladas anuales por hectárea gestionada.

Dentro del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, México se comprometió a reducir para 2030 hasta 14 millones de toneladas de CO2 las emisiones contaminantes anuales de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, mediante el fomento al manejo forestal sostenible, y el incremento de la productividad en bosques y selvas y la promoción de plantaciones forestales.

Pero las erogaciones necesarias para instrumentar las medidas de mitigación totalizarían 11.789 millones de dólares hasta ese año, con un costo de 53 dólares por tonelada de CO2. La deforestación cero requeriría 7.923 millones y el manejo forestal sostenible, 3.861 millones.

En julio, el sector forestal mexicano propuso una política de largo plazo, mayor inversión, marco legal adecuado, fortalecimiento del manejo forestal comunitario, participación comunitaria en el diseño de las medidas y un vínculo con el cambio climático, dentro de la campaña “Bosques con gente, bosques para siempre”.

El silvicultor Rogelio Ruíz pidió más apoyos para cuidar mejor el ecosistema y así cosechar más beneficios.

El estudio “Una referencia global de almacenamiento de carbono en territorios colectivos”, publicado en septiembre y elaborado por la Iniciativa para los Derechos y Recursos, una coalición global de 15 socios, con sede en Washington, estimó que los bosques comunitarios mexicanos atrapan 2.837 millones de toneladas de CO2.

Para Manzano, lo deseable sería más manejo forestal. “Queremos demostrar cómo los bosques manejados contribuyen a la conservación del planeta. Va a ser importante tener especies más resistentes y crear una buena mezcla de especies”, apuntó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Canadá se echa al hombro el empoderamiento de las mujeres

qua, 31/10/2018 - 13:15

Ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Marie-Claire Bribeau, gran defensora de elevar los fondos para el desarrollo. Crédito: Cortesía Ryan Brown/ONU Mujeres.

Por Thalif Deen
OTTAWA, Oct 31 2018 (IPS)

Canadá, muchas veces descrito como uno de los países más progresistas del mundo, legalizó los derechos de la comunidad LGBTI, aboga por el empoderamiento de las mujeres, apoya al derecho al aborto y, en los últimos tiempos, pasó a ser una de las economías más grandes en legalizar el consumo de marihuana con fines recreativos.

En la actualidad, este país está en quinto lugar como donante de organizaciones de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está al frente de la Presidencia del Grupo de los siete (G7) países más ricos y busca ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad para el período 2021-2022.

Además de organizar la 7 Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre población y desarrollo, que tuvo lugar en Ottawa la tercera semana de octubre, tras haber organizado la primera en 2002, Canadá también lanzó la Política de Asistencia Internacional Feminista (FIAP).

Sandeep Prasad, director ejecutivo de Acción Canadá por los Derechos y Salud Sexual, señaló que Canadá se reubica como líder en materia de equidad de género, derechos en salud sexual y reproductiva de las mujeres, con la organización de la próxima conferencia Women Deliver, que se realizará en Vancouver en 2019.

“Para que el compromiso de Canadá sea realmente duradero, las defensoras de los derechos humanos y feministas que trabajan con las autoridades en todos los niveles del gobierno necesitan apoyo para crear y proteger las leyes, las políticas y los programas que salvaguardan esos derechos”, indicó Prasad.

Al frente de la lucha por los derechos de las mujeres, el empoderamiento de género y los derechos en salud sexual y reproductiva, se encuentra la ministra de Desarrollo Internacional, Marie-Claude Bibeau, quien también es una gran defensora de elevar los fondos para el desarrollo.

Los encuentros internacionales, como la conferencia de parlamentarios, pueden ser grandes catalizadores para movilizar personas, ideas y recursos, comentó Bibeau en entrevista con IPS.

“Por eso la conferencia es tan importante y es una oportunidad única para que los parlamentarios del mundo se reúnan a discutir el papel que ocupan en la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD)”, destacó

Canadá seguirá siendo un fuerte defensor de los objetivos fijados en la CIPD de 1994, incluidos los derechos de salud sexual y reproductiva.

“Estoy orgullosa de decir que, desde el lanzamiento de la Política de Asistencia Internacional Feminista, en junio de 2017, 93 por ciento de la asistencia humanitaria incluye un componente de empoderamiento de mujeres y de derechos de salud sexual y reproductiva”, destacó Bibeau.

“También estamos encantados de organizar la conferencia Women Deliver, en 2019, que es un movimiento para empoderar a mujeres y niñas y construir un mundo mejor”, añadió.

IPS: Estados Unidos recorta varias de sus contribuciones, como los 300 millones de dólares a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo y 69 millones de dólares al Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿existe alguna posibilidad de que Canadá, junto a otros países occidentales, llene el vacío?

MARIE-CLAUDE BIBEAU: Canadá se comprometió a proveer asistencia humanitaria y a responder a las necesidades de las personas más pobres y más vulnerables.

Por eso estaba orgullosa de anunciar el 12 de octubre que el apoyo de Canadá aumentó a 50 millones de dólares en dos años para los refugiados palestinos a través de la UNRWA.

Los nuevos fondos para la UNRWA, que eran urgentes, ayudarán a mejorar la vida y a proteger la dignidad humana de millones de refugiados palestinos.

Canadá también es socio desde hace tiempo del UNFPA, y está entre sus principales 10 donantes bilaterales. Entre 2017 y 2018, colaboró con 142 millones de dólares, con el fin de contribuir a cubrir la faltante de fondos que sufre la agencia.

IPS: Los países en desarrollo, y en especial los 134 del Grupo de los 77, protestaron en la declaración ministerial de septiembre por la disminución de la asistencia oficial al desarrollo. ¿Eso también implica a Canadá, cuya contribución de 0,26 por ciento está por debajo del compromiso de 0,7 por ciento, el que solo alcanzaron seis países: Noruega, Luxemburgo, Suecia, Dinamarca, Alemania y Gran Bretaña? ¿Cuándo tiene pensado Canadá alcanzar esa meta?

MCB: Nuestros socios le pidieron al gobierno de Canadá tres cosas: fondos, buenas políticas y liderazgo, y eso es lo que ofrece Canadá.

El presupuesto de 2018 incluye 2.000 millones de dólares en nuevos fondos para cinco años para ayudar a implementar la Política de Asistencia Internacional al Feminismo y apoyar la Agenda de Desarrollo Sostenible, así como 1.500 millones de dólares para cinco años, a partir de 2018-2019 para ampliar el impacto de la asistencia internacional de Canadá.

Canadá también promueve buenas políticas, lo que no se mide por el volumen de su asistencia oficial al desarrollo, sino por la calidad y la efectividad de su asistencia y de sus contribuciones a la innovación de políticas que permiten obtener mejores resultados para las personas más pobres y vulnerables.

Además, como lo demuestra la inversión histórica en educación para mujeres y niñas en crisis y en conflictos en la cumbre de líderes del G7 en Quebec, Canadá impulsa varias iniciativas y alienta a otros países y socios a realizar inversiones significativas, en especial en materia de educación de niñas y mujeres en contextos frágiles, de conflictos y crisis.

IPS: El actual presidente del G7, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, encabezó la cumbre del grupo en junio de este año, cuando se comprometieron 3.800 millones de dólares canadienses (unos 2.900 millones de dólares estadounidenses) para promover la educación de niñas y mujeres en zonas de guerra, ¿en qué plazo se entregarán esos fondos? ¿Ya comenzó la movilización?

MCB: Canadá se sintió muy orgulloso de liderar el anunció de la histórica contribución de 3.800 millones de dólares para la educación de las niñas en la cumbre del G7 en Quebec y de comprometer una inversión de 400 millones de dólares para tres años.

El anuncio significó un cambio fundamental hacia la mejora y la reducción de las barreras a una educación de calidad en el mundo.

En la actualidad, trabajamos con otros países y organizaciones que colaboran con los 3.800 millones de dólares (la Unión Europea, Alemania, Japón, Gran Bretaña y el Banco Mundial) para desarrollar un marco de responsabilidad y registrar e informar sobre los detalles, que incluirán parámetros como el plazo, los resultados y los indicadores.

Juntos, nos aseguraremos que las voces de mujeres y niñas estén incluidas en la toma de decisiones sobre educación y empleo.

Traducción: Verónica Firme

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Pesca sostenible del Pacífico depende de mejorar el saneamiento

ter, 30/10/2018 - 13:17

El asentamiento irregular de Lord Howe, en Honiara, está al borde del río Mataniko. El sistema de alcantarillas no llega a esas comunidades de la capital de Islas Salomón, donde las aguas servidas se convirtieron en una gran amenaza para los cursos de agua y para la pesca. Crédito: Catherine Wilson/IPS.

Por Catherine Wilson
CANBERRA, Oct 30 2018 (IPS)

Las aguas servidas generan problemas en todo el mundo y son responsables de 75 por ciento de la contaminación de los océanos. Un recorrido por el asentamiento irregular de Lord Howe, al borde del río Mataniko, cerca la ciudad portuaria de Honiara, capital de Islas Salomón, muestra la gravedad del problema.

Alrededor de 40 por ciento de la población de Honiara, unas 67.000 personas viven en por los menos 30 asentamientos dispersos.

El saneamiento llega a 32 por ciento de las islas Salomón, y en la capital, el sistema de alcantarillas, que no llega a los asentamientos irregulares, desemboca en los cursos de agua de la zona y en el mar.

Durante siglos, la pesca ocupó un lugar central en la nutrición, la seguridad alimentaria y el sustento de las poblaciones isleñas del océano Pacífico, y así se mantuvo hasta el siglo XX.

Con el crecimiento de la población, 70 por ciento de la cual reside en ciudades y pueblos a lo largo de la franja costera, los desperdicios, y en especial las aguas servidas no tratadas, se convirtieron en una gran amenaza para el mar y la pesca.

Un cementerio sumergido en la aldea de Togoru, en Fiyi. Los estados insulares del Pacífico sur están entre los más vulnerables al cambio climático. Crédito: Pascal Laureyn/IPS

“Áreas con gran densidad de población, como ciudades y áreas turísticas, se asocian con el vertido excesivo de aguas servidas mal tratadas en los arrecifes”, indicó Johann Poinapen, director del Instituto de Ciencias Aplicadas de la Universidad del Pacífico Sur, en Fiyi.

“Muchas comunidades costeras subsisten gracias a la pesca, y poner en peligro a las lagunas y a las zonas pesqueras es un riesgo para sus medios de ingresos”, alertó.

La pesca de subsistencia cerca de la costa, que suele incluir pez de aleta, trochus, moluscos, almejas, cangrejos y pepinos de mar, representa alrededor de 70 por ciento de la captura en las islas del Pacífico y 22 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Aguas servidas contaminan los océanos

Los estados insulares han identificado a las aguas servidas como causa de los problemas ambientales y de salud, los que pueden ser desde “zonas muertas” y la pérdida de arrecifes de coral hasta brotes de contaminación causados por los mariscos.

El vertido de esos desperdicios en áreas costeras echa a perder hábitats de especies marinas, según la profesora Monique Gagnon, especialista en ecotoxicología de la Facultad de Ciencias Moleculares y de la Vida, en la Universidad Curtin de Australia Occidental.

“Los efluentes o la contaminación por nutrientes producen eutrofización, y el crecimiento de algas puede cambiar los hábitats marinos, amenazando a las poblaciones locales de peces y alentando a otras especies invasivas”, explicó Gagnon a IPS.

La pesca de subsistencia cerca de la costa, que suele incluir pez de aleta, trochus, moluscos, almejas, cangrejos y pepinos de mar, representa alrededor de 70 por ciento de la captura en las islas del Pacífico y 22 por ciento del producto interno bruto. Crédito: Catherine Wilson/IPS

Problemas de salud y ambientales

Los efluentes humanos generan superproducción de algas y cianobacterias en los cursos de agua y en el mar. El florecimiento de algas tóxicas puede infectar todo tipo de peces y mariscos y llevar a la desaparición de los corales y su peces.

Las aguas servidas también agotan el oxígeno en los ecosistemas acuáticos, creando condiciones de hipoxia, lo que lleva a la muerte de peces por parálisis. Además, el consumo de pescado contaminado por biotoxinas puede generar graves enfermedades, como intoxicaciones paralizantes y ciguatera.

Un estudio sobre contaminación marina en Islas Marshall en 2016 concluyó que nueve de 10 sitios en océanos y lagunas estudiadas sufrían una fuerte contaminación, en particular debido a una bacteria presente en desperdicios animales y humanos.

En Samoa, el Ministerio de Salud relacionó casos de tifoidea con mariscos pescados cerca de la costa y echados a perder por efluentes vertidos por los pueblos costeros.

Problemas graves de aguas servidas no tratadas en ciudades

La falta de plantas de tratamientos de aguas servidas y de servicios de recolección de residuos en las ciudades de los estados del Pacífico, además de la falta de saneamiento en áreas rurales, generan un aumento de efluentes que van desde ríos y arroyos al mar.La primera Conferencia Sostenible de Economía Azul, donde se tratarán este y otros temas, tendrá lugar en Nairobi, del 26 al 28 de noviembre. Además de Kenia, en la oragnización participan Canadá y Japón, que esperan contar con la presencia de más de 4.000 personas procedentes de distintas partes del mundo.

El problema es grave en las ciudades, donde a los servicios carentes de recursos les cuesta atender el creciente flujo migratorios desde las áreas rurales. Las ciudades crecen con rapidez, 4,7 por ciento al año en islas Salomón, 3,5 por ciento en Vanuatu y 2,8 por ciento de Papúa Nueva Guinea.

La situación en Honiara es típico de lo que pasa en otras ciudades y pueblos melanesios.

La falta de recursos impide mejorar el saneamiento

El ayuntamiento de Honiara fabrica inodoros a un precio accesible, en especial para los residentes de los asentamientos irregulares, y ofrece una fosa séptica. Pero la falta de recursos representa un gran impedimento para la realización de sus operaciones.

“No tenemos capacidad para hacer esto en toda la ciudad, pero podemos vaciar los sistemas sépticos de todas aquellas personas que puedan pagar 400 dólares de Islas Salomón (unos 51 dólares estadounidenses)”, indicó George Titiulu, de Servicios de Salud y Ambiente del ayuntamiento.

“Hicimos estudios en el río Mataniko que revelaron una alta concentración de Escherichia coli en el agua”, reconoció Titiulu.

La proporción de personas en las islas del Pacífico que tienen mejor infraestructura de saneamiento aumentó de 29 a 31 por ciento en los últimos 25 años, entre 1990 y 2015, señala la Organización Mundial de la Salud. Eso deja a 6,9 millones de personas sin servicios básicos en la región.

En Islas Salomón, como en otros estados insulares del Pacífico en desarrollo, los obstáculos para mejorar la situación incluyen la falta de infraestructura básicas, la experiencia, la capacidad técnica y la existencia de fondos confiables.

Pérdidas económicas serán significativas si no se atiende la contaminación

Numerosos estudios concluyen que la destrucción del hábitat de distintas especies, sumado al cambio climático y a la sobreexplotación de recursos marinos, causará la disminución de la pesca en las próximas décadas.

Para la población insular, eso puede llevar a una pérdida económica significativa, a un aumento del costo de la pesca y a la disminución de los alimentos disponibles. La Comunidad del Pacífico pronosticó que dentro de 15 años, se necesitarán 115.000 toneladas más para sortear la falta de alimentos.

“Atender la contaminación de las aguas servidas en las islas del Pacífico no es fácil”, aseguró Poinapen en diálogo con IPS. Según él, todos los actores, no solo el gobierno, deben participar en la creación e implementación de soluciones apropiadas, así como enfoques educativos, políticos y legislativos.

Pero para empezar, cree que “una de las mayores brechas relacionadas con la contaminación por aguas servidas es la falta de datos básicos para informar a todos los actores sobre la gravedad del asunto”, observó.

“Sabemos que la contaminación existe en muchas masas de agua receptoras, pero desconocemos el grado que alcanza, pues no hemos realizado una cuantificación contundente y sistemática de los varios contaminantes y sus efectos”, subrayó Poinapen.

Traducción: Verónica Firme

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Campesinos centroamericanos afrontan cambio climático sin seguro

ter, 30/10/2018 - 11:47

El agricultor Alberto Flores (centro) se esmera en colectar los pocos racimos de plátano que logró rescatar de su plantación, anegada y arruinada tras las lluvias que azotaron El Salvador a mediados de octubre. Calcula sus pérdidas por este rubro en 2.000 dólares. Antes, en agosto, perdió la cosecha de maíz, esta vez por la sequía. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Por Edgardo Ayala
EL SALVADOR, Oct 30 2018 (IPS)

Desconsolado, Alberto Flores amontona a la orilla de un camino los pocos racimos de plátanos que logró salvar de una cosecha malograda por las copiosas lluvias que anegaron por completo su plantación en el centro de El Salvador.

“Todo se perdió, he andado cortando lo que se puede rescatar con el agua hasta la rodilla”, contó Flores, un campesino de 54 años, oriundo del caserío San Marcos Jiboa, del municipio de San Luis Talpa, en el departamento de La Paz, en el centro-sur del país.

Flores dijo a IPS que las lluvias, que azotaron el país y al resto de la región centroamericana a mediados de octubre, le han dejado una pérdida de unos 2.000 dólares, al anegar casi una hectárea de su cultivo de plátanos (bananos para cocinar).“Debemos considerar la protección de la agricultura y cómo eso mejora la seguridad alimentaria, para eso debemos de trabajar en medias de prevención que permita que esos sistemas productivos sean más resilientes y que eso genere desarrollo sostenible”: Mariano Peñate.

San Marcos Jiboa es una comunidad rural de 250 familias, en 90 por ciento dedicadas a la agricultura. Aquí la mayoría de productores se vieron afectados por los aguaceros, según constató IPS en un recorrido por la zona.

Los daños se dieron sobre todo en cultivos de chile (pimiento), maíz, frijoles, plátano, pipián (similar al calabacín) y loroco (Fernaldia pandurata), una enredadera cuya flor es comestible y muy presente en la gastronomía local.

Otras zonas del país y de la región centroamericana también han resultado golpeadas.

América Central ha sido calificada, por varios reportes de organismos internacionales, como una de las regiones más vulnerables del planeta ante los embates del cambio climático.

Y sin embargo, no terminan de desarrollarse en el istmo herramientas que ayuden a los agricultores a aminorar los golpes climatológicos, como los seguros agrícolas, aunque ya hay iniciativas importantes a su disposición.

“Yo he oído eso de los seguros agrícolas pero nadie viene a explicarnos cómo es eso”, aseguró Flores, sudoroso, sin dejar de amontonar racimos de plátanos verdes.

Comparado con México o países de América del Sur, los centroamericanos han avanzado poco en ese rubro, según el informe Desempeño de Seguros Agropecuarios en las Américas, publicado en 2015 por el Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola (IICA).

El documento apunta que “los esfuerzos realizados en la región no han generado los resultados esperados”, aunque destaca un crecimiento en primas comercializadas de Guatemala con una suma de 2,25 millones de dólares, seguido por Panamá con 1,8 millones y Costa Rica, con algo más de 500.000, según datos de 2013.

Expertos consultados señalaron que el elevado costo de las primas de un seguro agropecuario, que ronda 13 por ciento de un crédito agrícola contraído o de la inversión realizada, es uno de los motivos que está detrás, así como la falta de información y cultura sobre seguros.

 

Hileras de un platanar anegado por las intensas lluvias en el caserío San Marcos Jiboa, en el municipio de San Luis Talpa, en el centro de El Salvador. Las precipitaciones, que golpearon a América Central, no solo impactaron las cosechas sino que también dejaron 38 muertos y más de 200.000 personas afectadas en la región. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

“En efecto, es caro”, dijo a IPS, vía telefónica desde Guatemala, Saúl Ortiz, el Coordinador de Gestión y Análisis de Riesgo de Guate Invierte, una institución financiera que maneja un fideicomiso de más de 70 millones de dólares en apoyo agrícola en varios rubros, incluyendo el de seguros.

Precisamente por esos costos es que nació Guate Invierte en 2005, agregó Ortiz, para apoyar a los pequeños y medianos productores del país y darles la posibilidad de que pudieran contratar una póliza. El plan inicial fue extenderlo después por la región.

Además de ser fiador o garante estatal de créditos agrícolas adquiridos por productores con otras instituciones financieras, Guate Invierte ofreció seguros desligados de créditos, con un subsidio de hasta 70 por ciento del costo de la prima.

Pero ese esquema falló porque el gobierno ya no inyectó más fondos para seguir con ese modelo, y dejó de funcionar en 2015. Sin embargo, mantiene la cobertura a la clientela que sí cuenta con créditos.El impacto climático

“Definitivamente el cabio climático tiene consecuencias sobre la producción y los medios de vida de las personas, especialmente de quienes dependen de la agricultura”, dijo a IPS el consultor de la FAO en El Salvador, Mariano Peñate.
Hay un deterioro del suelo y resultados negativos en los medios de subsistencia sobre todo de los más pobres, al impactar los rendimientos de sus pequeños cultivos e indirectamente en la reducción del empleo, acotó.
Eso afecta la seguridad alimentaria, agregó, no solo de la población que se ve afectada por esos fenómenos climáticos, sino de las personas que depende de las cosechas cultivadas en esas áreas golpeadas.
“Debemos considerar la protección de la agricultura y cómo eso mejora la seguridad alimentaria, para eso debemos de trabajar en medias de prevención que permita que esos sistemas productivos sean más resilientes y que eso genere desarrollo sostenible”, sostuvo.

En El Salvador, si bien no hay un mercado muy consolidado, ha comenzado a funcionar un tipo de póliza destinada a los pequeños productores.

Seguros Futuro, junto al estatal Banco de Fomento Agropecuario, lanzó en julio el programa Produce Seguro, con cobertura para terremotos, sequías y exceso de lluvia.

Es un microseguro destinado a la cartera de 50.000 clientes del banco, dedicados tanto a la agricultura como a cualquier otro rubro productivo.

A diferencia de los seguros tradicionales, que ante eventos catastróficos inicia la verificación sobre el terreno de los daños a las cosechas, Produce Seguro es del tipo “paramétrico”.

Es decir, se basa en una tabla de parámetros o indicadores climatológicos medidos por satélite y tecnología de punta que informan, por ejemplo, del nivel de precipitaciones en una zona.

Y a medida que los niveles de lluvia aumentan, en esa medida, automáticamente, van aplicándose las indemnizaciones.

Para el caso de lluvias, el nivel inicial es de 136 milímetros acumulados de agua durante tres días. La información proviene de la estadounidense Administración de la Aeronáutica y el Espacio, la Nasa, y del salvadoreño Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“No tenemos que ir a hacer ninguna verificación a la zona, todo es en base a los índices”, explicó a IPS la gerente general de Seguros Futuro, Daysi Rosales.

El programa, en fase piloto, tiene el soporte de Swiss Re, la reaseguradora suiza. El costo de las primas es de cinco por ciento del crédito contraído con el BFA, un porcentaje accesible para los campesinos.

De hecho, con los últimos aguaceros, “ya se dispararon esos parámetros y ya aplica algún nivel de indemnización, aún no hemos pagado porque acaba de pasar el evento y estamos en ese proceso”, acotó Rosales.

Tanto Rosales como el guatemalteco Ortiz coincidieron en que en la expansión de los seguros agrícolas en los países suramericanos o México ha sido clave la participación del Estado en el desarrollo del sector, lo que no ha pasado América Central.

“En México, 90 por ciento lo paga el Estado, él compra el seguro, no la gente”, recalcó Rosales.

Mientras tanto, en una de las parcelas inundadas de San Marcos Jiboa, el campesino Víctor Alcántara, otro productor afectado, comentó que los impactos de la naturaleza los perciben casi año con año, en un país donde las alteraciones climáticas se han profundizado este siglo.

“Esta vez el golpe fue doble, primero perdimos en agosto el maíz en la seca (sequía), y ahora con esta llovedera casi toda mi cosecha de loroco”, añadió.

Alcántara dijo que había invertido 300 dólares en la “loroquera (sembradío de estas plantas)”, pero ahora perdió casi 60 por ciento de la producción por las lluvias.

A eso se suma la pérdida en su cultivo de media hectárea de maíz, de unos 400 dólares, esta vez por la sequía que afectó la zona en agosto, en medio de la estación húmeda, que en este país subtropical va de mayo a noviembre y que es cuando se realizan las dos siembras anuales.

En agosto, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y el Programa Mundial de Alimentos advirtieron en un comunicado conjunto que la sequía impactaría en el precio de la comida, ya que el maíz y los fríjoles, básicos en la dieta centroamericana, han sido los cultivos más afectados.

Guatemala, El Salvador y Honduras reportaron pérdidas de 281.000 hectáreas de esos cultivos, de los cuales depende la seguridad alimentaria y la nutrición de 2,1 millones de personas, señaló el reporte.

Arruinada su cosecha de maíz, ahora Alcántara dijo que tendrá que ver cómo se las ingenia para que haya tortillas (masa aplanada y circular a base del grano) en la mesa de su familia.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Cambio a la derecha a cualquier costo, decidieron los brasileños

seg, 29/10/2018 - 13:37

Partidarios del presidente electo, Jair Bolsonaro, festejan su triunfo la madrugada del 29 de octubre, delante de la residencia del excapitán, en el oeste de Río de Janeiro. El candidato de extrema derecha obtuvo 55,13 por ciento del total de votos válidos comenzará sus cuatro años de presidencia el 1 de enero de 2019. Crédito: Fernando Frazão/Agencia Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Oct 29 2018 (IPS)

Los electores de Brasil ignoraron amenazas a la democracia y optaron por cambiar radicalmente la política nacional, con un vuelco a la extrema derecha, vinculada con militares, como siempre sucede en el país.

Jair Bolsonaro, excapitán del Ejército de 63 años, fue elegido como el 42 presidente de Brasil, con 55,13 por ciento de los votos válidos en la segunda vuelta del domingo 28, encabezando a un grupo de generales retirados, como su vicepresidente, Hamilton Mourão, y otros apuntados como futuros ministros.

Su triunfo, que lo convertirá en el inquilino del Palacio de Planalto, sede de la presidencia, desde el 1 de enero, provocó un inesperado terremoto, diezmando partidos y líderes tradicionales.

El efecto Bolsonaro impulsó una amplia renovación del parlamento, con la elección de muchos militares, policías, religiosos y activistas de derecha.

Su Partido Social Liberal (PSL), antes minúsculo, ascendió a  la segunda mayor fuerza en la Cámara de Diputados, con 52 representantes. Los estados más poblados y ricos del país, São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, eligieron a aliados suyos como gobernadores, dos de los cuales sin experiencia política.

Brasil se inserta así, a su modo, en la ola mundial que fortalece la derecha y en algunos casos logró elegir gobiernos autoritarios, como en Filipinas, Turquía, Hungría y Polonia, a los cuales se podría sumar, entre otros, a Estados Unidos bajo Donald Trump.

La irrupción de Bolsonaro como protagonista de ese proceso solo se reveló en vísperas de la primera vuelta electoral, el 7 de octubre.

Poco se esperaba del candidato de un partido considerado “enano”, sin tiempo en la cadena nacional de televisión que el sistema electoral destina a los partidos y con un currículo de 27 años como oscuro diputado, solo conocido por sus diatribas y prejuicios declarados contra mujeres, negros, indígenas, minorías sexuales y pobres.

Pero desde las elecciones presidenciales anteriores, de 2014, Bolsonaro viajaba por este extenso país y usaba las comunicaciones por Internet para preparar su candidatura.

Al inicio de 2018 las encuestas le adjudicaban cerca de 10 por ciento de la intención de voto, que casi se duplicó en agosto, al comenzar oficialmente campaña electoral.

Ese crecimiento no preocupaba a sus posibles oponentes, que lo preferían como adversario más fácil de derrotar en una segunda vuelta, si ningún aspirante obtenía la mayoría absoluta de votos válidos. Se suponía que su votación estaría lastrado por el rechazo a un candidato de extrema derecha, con manifestaciones antidemocráticas.

Fernando Haddad, candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores, mientras su derrota electoral la noche del 28 de octubre, y promete a sus partidarios que como líder opositor, luchará por los derechos civiles, políticos y sociales, ante el futuro gobierno de la extrema derecha en Brasil. Crédito: Paulo Pinto/Fotos Públicas

Pero eso no se aplicó en unas elecciones insólitas. El favorito era el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) , que el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) insistió en postular, aunque estuviera encarcelado por corrupción desde abril, y solo lo sustituyó el 11 de septiembre por Fernando Haddad, exministro de Educación y ex alcalde de São Paulo.

Cinco días antes, Bolsonaro había sido acuchillado en el abdomen por un agresor  solitario, durante una manifestación electoral en Juiz de Fora, a 180 kilómetros de Río de Janeiro.

El atentado pudo ser decisivo para su triunfo, al rendirle mucha publicidad y convertirlo en víctima, se especula. Además le permitió evitar los debates con otros candidatos, que podrían desnudar sus debilidades y contradicciones.

Pero dos cirugías, 23 días en un hospital y la inmovilización en su casa, en la zona oeste de esta ciudad carioca, por una colostomía temporal, le impidieron participar en actos electorales. Por eso concentró su propaganda en Internet y redes sociales, que se revelaron su gran arma de comunicación.

El uso masivo de a aplicación de WhatsApp para atacar a Haddad despertó sospechas de que empresarios financiaron centros de difusión de noticias falsas, violando leyes electorales, como denunció el diario Folha de São Paulo el 18 de octubre. El posible delito está bajo investigación de la justicia electoral.

La campaña recién concluida en Brasil ya derivó en un debate sobre el papel de esa red telefónica de mensajería gratuita, y las llamadas noticias falsas (“fake news”, en inglés) en las distorsiones electorales.

Las redes sociales fueron decisivas para Bolsonaro que partió de cero, prácticamente sin partido, ni recursos financieros, ni el respaldo de medios de comunicación tradicionales. La movilización de adeptos fue “espontanea”, según el candidato.

Brasil, el país más extenso y poblado de América Latina, con 208 millones de habitantes, es uno de los cinco países del mundo con más usuarios en las redes sociales, con 120 millones de personas suscritas a WhatsApp y 125 millones a Facebook.

Pero esos instrumentos solo tuvieron éxito porque el militar de la reserva logró personificar las demandas de la población, pese o justamente debido a su radicalismo derechista.

Apareció como el más decidido enemigo de la corrupción y del PT, cuyos gobiernos de 2003 a 2016 son responsabilizados de la corrupción sistémica en la política y los errores que provocaron la peor recesión económica del país, entre 2014 y 2016.

Como militar y religioso, recién convertido a una iglesia evangélica, asegura un combate sin limitaciones legales a la delincuencia, que tiene asustada a la población, y el rescate de la familia convencional, que según expresa con su contundencia y discurso muchas veces intemperante, destruyeron el feminismo y otros movimientos.

Al área económica sedujo con la adhesión al neoliberalismo, representado por el economista Paulo Guedes, presentado como futuro ministro con plenos poderes.

La promesa de reducir el tamaño del Estado y los impuestos ambientales, entre otras medidas,  le garantizó el apoyo del gran sector agropecuario exportador, especialmente ganaderos y productores de soja.

La coyuntura de crisis económica y de seguridad pública, sumada a una ola conservadora en los hábitos y costumbres de esta sociedad hasta ahora plural y abierta, favoreció aglutinar el respaldo mayoritario, neutralizando incertidumbres generadas por su discurso autoritario o su inexperiencia en gestión pública.

Bolsonaro anunció que gobernará para todos, defendiendo “la Constitución, la democracia y la libertad”. “No es promesa de un partido, sino juramento de un hombre a Dios”, aseguró al celebrar su triunfo, conocido tres horas después de clausurada la votación.

Su discurso tranquiliza poco a la oposición, que encabezará el PT que, pese a la derrota, sale de esas elecciones como el mayor partido, con 56 diputados y cuatro gobernadores de estado.

Una semana antes dijo que en su gobierno “los delincuentes rojos serán barridos de nuestra patria”, refiriéndose a dirigentes del PT. A Haddad, de 55 años, amenazó con encarcerarlo.

En el pasado defendió las torturas y los torturadores de la dictadura militar  y negó carácter dictatorial al régimen impuesto por las Fuerzas Armadas en 1964 y que se prolongó hasta 1985.

Sus brutales declaraciones son relativizadas por sus adeptos como “fanfarronadas” e incluso alabadas como franqueza y sinceridad.

El problema no son las declaraciones en sí mismas sino que revelan su persistente fidelidad a la formación que recibió en la Academia Militar en los años 70, en plena dictadura.

Considera como “democrático” el período de los generales-presidentes, ya que mantuvieron el parlamento y los tribunales, aunque con restricciones y sujetos a controles y purgas.

El triunfo de Bolsonaro, con 57,8 millones de votos, tiene además el efecto simbólico de una absolución de la dictadura militar por vía electoral, en desmedro de las convicciones democráticas.

Edición: Estrella Gutiérrez

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No hay garantías en Birmania para retorno de rohinyás refugiados

seg, 29/10/2018 - 13:14

Rohinyás esperan en la orilla de un río tras llegar a Bangladesh. Crédito: IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Oct 29 2018 (IPS)

Las políticas que permiten la impunidad, el genocidio y la segregación son “intolerables” e impiden el regreso a Birmania de rohinyás refugiados, concluyeron investigadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la presentación del informe anual a los estados miembro, la relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Birmania (Myanmar), Yanghee Lee, se mostró decepcionada con el gobierno de ese país, encabezado por la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, y dijo que esperaba “que fuera ampliamente diferente de lo que era antes, pero no es realmente tan diferente”.

“El gobierno demuestra cada vez más que no tiene ningún interés ni capacidad de crear una democracia en total funcionamiento para todo su pueblo”, declaró Lee en conferencia de prensa.

También señaló que Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la paz está en “negación total” respecto del maltrato y la violencia que soporta la comunidad musulmana rohinyá, y que obligó a unas 700.000 personas a cruzar la frontera y refugiarse en Bangladesh, y cuestionó su apoyo incondicional al Estado de derecho.

“Si se mantuviera el Estado de derecho, todas las personas en Myanmar, sin importar su posición deberían responder a las leyes justas de forma imparcial, no reinaría la impunidad y la ley no se utilizaría como arma de opresión”, señaló Lee.

El responsable de la misión de investigación de la ONU en Birmania, Marzuki Darusman, quien también presentó un informe al respecto a los estados miembro, coincidió en que “el endurecimiento de la posición (del gobierno) es por lejos el mayor obstáculo”, acotó.

“La responsabilidad no solo se refiere al pasado, sino también al futuro, y Myanmar está destinado a repetir ciclos de violencia, a menos que se ponga fin a la impunidad”, arguyó.

Una de las condiciones que contribuyeron a que se cometieran atrocidades desde que estalló la violencia contra los rohinyás, en agosto de 2017, es la reducción del espacio democrático, observó Darusman.

La detención de los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo, de la agencia de noticias Reuters, ocupó la primera plana de la prensa internacional, pero no impidió que el gobierno siguiera reprimiendo la libertad de expresión y a los defensores de derechos humanos en el país.

En los últimos tiempos, tres periodistas de Eleven Media, Nayi Min, Kyaw Zaw Linn, y Phyo Wai Win, fueron detenidos y están bajo investigación por difamación en Internet. De ser acusados y condenados, podrán pasar hasta dos años tras las rejas.

Lee y Darusman también se mostraron preocupados por las condiciones de apartheid (el régimen de segregación impuesto por la minoría blanca contra la mayoría negra en Sudáfrica en la segunda mitad del siglo XX) en Birmania y que persisten hasta ahora e incluyen limitaciones a la movilidad y el acceso a servicios, como la salud y la educación.

El gobierno construye nueva infraestructura tanto para los rohinyás que siguen en el país como para los que se fueron, pero Lee señaló que suelen estar segregados de la mayoría budistas.

Si se mantiene la política de separación en vez de integración, se cometerán más atrocidades.

“Es un genocidio en curso”, alertó Darusman.

En el informe de la misión de investigación, que analizó lo ocurrido en años anteriores, los investigadores concluyeron que se cumplían cuatro de las cinco condiciones para la ocurrencia de genocidio: asesinato de integrantes de un grupo étnico, daños físicos y psicológicos contra integrantes de una comunidad, imposición deliberada de condiciones de vida que apuntan a la destrucción física de una comunidad de forma total o parcial y la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos en una comunidad.

De esas, tres condiciones están vigentes en ese país asiático.

Por ejemplo, en 2015, el gobierno birmano impuso restricciones al espaciamiento de los nacimientos a las mujeres rohinyás, obligándolas a respetar un intervalo de 36 meses entre el nacimiento de sus hijos mediante anticonceptivos.

La Ley de Control de la Salud de la Población se aprobó tras un informe oficial de 2013 que observó: “un rápido crecimiento de la población de (rohinyás) bengalíes como una amenaza extremadamente seria”.

Antes, el gobierno decretó un máximo de dos hijos por mujer en la comunidad musulmana del estado de Rakhine.

Y es por ese tipo de medidas que los rohinyás refugiados en Bangladesh, entre otros países, no pueden regresar.

“La repatriación no es posible ahora. A menos que la situación sea propicia en Myanmar, no alentaría ninguna repatriación. No deben regresar bajo esas leyes, esas políticas y esas prácticas”, indicó Lee.

Además, urgió al gobierno a adoptar leyes para proteger y promover los derechos humanos de todos, y que Suu Kyi use “todo su poder moral y político” para actuar.

“Myanmar se encuentra en una encrucijada , puede responder como miembro responsable de la ONU y asumir su responsabilidad o puede seguir en el mismo camino de autodestrucción”, observó Darusman.

A fin de asumir la responsabilidad que le corresponde, Birmania podría perdonar a los defensores de derechos humanos y periodistas detenidos de forma arbitraria y así restablecer el espacio democrático.

Birmania también debe permitir el acceso irrestricto a los actores humanitarios y a los investigadores de la ONU, añadió Lee.

“Creo que estamos en un punto en que Myanmar y la comunidad internacional están en un punto en que según sea la opción que tomen se definirá el futuro, no solo de ese país, sino de la paz y de la seguridad en la región y el mundo”, indicó.

Traducción: Verónica Firme

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Jóvenes latinoamericanos aprenden caminos hacia energías limpias

sex, 26/10/2018 - 13:29

Desde el Grupo Familiar 24 de Junio, en sector más empinado de un populoso municipio de los suburbios de Lima, se observan los pequeños huertos comunitarios a cargo de las familias de la zona, que crearon esta comunidad tras migrar en su mayoría de regiones andinas de Perú. Su conocimiento tradicional de prácticas agrícolas contribuye a sostener la experiencia comunitaria. Crédito: Mariela Jara/IPS

Por Mariela Jara
LIMA-CAJAZEIRAS, Brasil , Oct 26 2018 (IPS)

Jóvenes peruanos proyectan aprovechar los saberes adquiridos en el Semiárido brasileño para llevar agua a poblaciones que carecen del recurso, tras intercambiar experiencias en aquella ecorregión sobre los múltiples usos de las energías renovables en comunidades afectadas por fenómenos climáticos.

Freyre Pedraza y Yeffel Pedreros, ambos de 24 años e ingenieros ambientales, fueron parte de los 10 peruanos que junto con activistas de Bolivia y Brasil participaron en el Primer Curso Internacional de Energías Renovables, realizado este mes de octubre en Cajazeiras, en el estado de Paraíba, en la agreste región del Nordeste brasileño.

“Hemos conocido experiencias concretas de cómo la energía solar puede mejorar la vida de las familias en comunidades rurales”, dijo a IPS la joven Pedreros, quien en Lima es activista ambiental del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc), una plataforma nacional de instituciones, colectivos y activistas.

Ella opera en la parte alta del distrito de San Juan de Lurigancho, el municipio más poblado de los que conforman la capital peruana, con más de un millón de habitantes provenientes en distintas olas migratorias de las diferentes regiones del país. Ubicado al noreste de Lima, sus familias más pobres carecen de agua y energía eléctrica.

“Colocando paneles solares se podría generar energía para bombear agua hasta las casas de las zonas más altas y reemplazar las bombas de petróleo que se usan actualmente”, proyecta Pedreros, mientras asciende por las laderas de los cerros, donde se asienta el Grupo Familiar 24 de Junio, compuesto por 62 hogares.

En esta zona de la periferia limeña, a unos 40 minutos en automóvil de la Plaza Mayor de Lima, sede de los gobiernos nacional y provincial, no existen sistemas de tuberías de agua, ni de desagües, y tampoco redes de energía eléctrica, lo que endurece las condiciones de vida de hombres, mujeres y niños.

En ese contexto, las experiencias adquiridas en los municipios de Cajazeiras, el vecino de Sousa y otros de Paraíba, significan para estos jóvenes ingenieros y activistas ambientales, integrantes además del no gubernamental Instituto de Desarrollo Urbano Cenca, les dan posibilidad de enriquecer su trabajo.

“Nos llevaron a conocer huertos familiares orgánicos que se riegan con sistemas impulsados por energía solar y es algo que nos gustaría replicar aquí donde también promovemos la agroecología” señaló  a IPS el joven Pedraza, mientras mostraba las áreas comunes donde las familias del 24 de Junio cultivan hortalizas y hierbas aromáticas, que incluyen en su alimentación diaria.

Las 19 mujeres que operan juntas la Panadería Comunitaria de Varzea Comprida dos Oliveiras, un asentamiento del municipio de Pombal, en la región del Nordeste de Brasil, cantan en la recepción a periodistas y jóvenes de Brasil, Perú, Bolivia y Chile, en la parroquia de la localidad. La panadería funciona con energía solar, recicla el agua gris y usa biogás producido por un biodigestor. Crédito: Orlando Milesi/IPS

La idea sería, explicó, la de instalar un colector de aguas servidas que tenga un proceso de tratamiento, almacenarla en un reservorio que estaría en una escuela pública en la parte baja, y luego a través de la energía generada por paneles solares distribuirla para el riego en la parte alta. Así esas aguas grises mantendrían los huertos familiares.

Cada familia de cuatro miembros en promedio se abastece quincenalmente de 1.100 metros cúbicos de agua mediante mangueras que conectan a unos cuantos pilone, instalados por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, o mediante camiones cisternas, en el caso de las viviendas de las zonas más altas de las laderas.

Durante el curso internacional desarrollado entre el 10 y el 17 de octubre,  en el Instituto Federal de Paraíba, uno de los estados del Nordeste brasileño, el grupo de participantes aprendió sobre cómo generar energía solar fotovoltaica “desde los puntos más básicos”, como recordó Pedreros.

Los participantes también se trasladaron hasta la comunidad rural de Varzea Comprida dos Oliveiras, en el municipio de Pombal.

Ese asentamiento nordestino es un ejemplo de cómo el uso de energías renovables encadenó efectos positivos, como una renovada autoestima en la población, el incremento de actividades productivas y la conciencia colectiva de que la energía es un bien común y no una mercancía.

La Asociación Comunitaria de Varzea Comprida dos Oliveiras integra a 84 familias que se dedican principalmente a la agricultura familiar orgánica.

Yeffel Pedreros y Freyre Pedraza ingenieros ambientales y activistas de San Juan de Lurigancho, el más poblado de la capital peruana y al que siguen llegando familias del interior de Perú en busca de oportunidades. En la imagen, ambos se dirigen a la parte alta de la Agrupación Familiar 24 de Junio, un asentamiento con hogares en zona de riesgo y sin acceso a agua por tubería y saneamiento. Crédito: Mariela Jara/IPS

Su presidenta, Solange de Oliveira, detalló los cambios en su comunidad, cuando acogió en el salón parroquial a los participantes del curso internacional, a sus organizadores y periodistas, entre estos de IPS.

“Soy agricultora y trabajo como productora ecológica. Aquí somos mujeres empoderadas y con la comunidad hacemos mucha discusión social acerca de que necesitamos políticas públicas que le den dignidad a la persona”, expresó con orgullo.

En esa pequeña localidad del Semiárido, la parroquia, la panadería comunal, donde laboran 19 de mujeres, y los huertos se abastecen de energía generada con paneles solares. Además, cuentan con un proyecto piloto de un biodigestor para la producción y envasado de biogás que beneficiará a las familias.

“Aquí funcionamos con energía solar, hacemos uso sostenible del agua, reusamos para aprovecharla sin desperdiciar, buscamos hacer desarrollo sostenible cuidando el medio ambiente. No podemos cambiar la naturaleza, pero sí el barco que nos lleva al destino de nuestras vidas”, exclamó Oliveira al repleto auditorio.

En un recorrido posterior, los visitantes observaron el funcionamiento de la panadería, del biodigestor, del sistema de reúso de agua y del riego de los huertos orgánicos.

Como los demás activistas brasileños, bolivianos y peruanos, Pedreros y Pedraza no pararon de preguntar a sus anfitrionas y anfitriones, para analizar como replicar los procesos Varzea en sus propias comunidades.

Participantes de Bolivia, Brasil y Perú en una mesa redonda sobre la energía solar en el Centro Diocesano Don Matías de Macedo, en Cajazeiras, en el noreste brasileño, sede de un Curso Internacional de Energías Renovables para jóvenes de los tres países, en que también participaron periodistas de esas mismas naciones, congregados para un taller paralelo en la vecina ciudad de Sousa. Crédito: Mariela Jara/IPS

Los amplios campos verdes de hortalizas llamaron su atención, así como el sistema de riego. Una explanada de cemento con caída a un tanque permite acopiar el agua de lluvia para luego bombearla hacia los campos, en un método que convive con la reutilización del recurso.

Su trabajo en las laderas de los cerros de las afueras de Lima está destinado a proporcionar a las familias en condición de pobreza medios para mejorar el entorno que habitan, para mejorar la seguridad habitacional, hídrica y alimentaria. “Nos vinimos con muchas ideas”, dijeron.

El ardiente sol de Pombal se dejó sentir sobre cabezas y cuerpos, la temperatura superior a los 35 grados centígrados es inusual para el clima de la capital peruana. Pero como decía Solange de Oliveira, “el sol es amigo”.

El Semiárido, donde viven 27,2 millones de los 208 millones de brasileños, amenazado permanentemente por la sequía, en un fenómeno intensificado con el cambio climático, ha revertido la percepción de “no lugar” por otra de territorio donde es bueno vivir, al aprender a convivir con su agreste entorno.

Mariana Moreira, docente de la Universidad Federal de Campo Grande, está involucrada en el movimiento para promover esa convivencia con el Semiárido, en vez de luchar contra su naturaleza.

“Esta perspectiva surge en la década del 90 frente al imaginario del “no lugar” y de combate a la sequía. Buscamos deconstruir ese discurso y tomar el de convivencia, dando importancia a los saberes populares y al rol de las mujeres”, explicó.

Esa mirada requiere de un largo trabajo con las propias comunidades locales, y en el caso de Varzea, ha llevado a que las personas asuman de manera colectiva la demanda de la energía como un bien común y no como una mercancía.

Este es un desafío para las organizaciones de Perú y Bolivia, que junto con otras de Brasil y la participación de una más de Alemania conforman el Grupo 3+1, organizador del curso internacional de energías renovables.

Como lo señala la Carta de Cajazairas, divulgada por los participantes al finalizar el curso, el acceso a formas de energías limpias y sostenibles es un derecho humano fundamental de todos los pueblos.

Para Pedraza y Pedreros toda propuesta requiere ser dialogada con las propias familias para que sea eficaz, un reto que están dispuestos a asumir.

Edición: Estrella Gutiérrez

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La pesca en Cachemira entre la esperanza y la desesperación

sex, 26/10/2018 - 13:16

Rahti Begum vende pescado al borde del camino en Srinagar, la capital del estado indio de Cachemira. Ella cree que será la última mujer de su clan en vender pescado por la contaminación del lago Dal. Crédito: Umar Manzoor Shah/IPS.

Por Umar Manzoor Shah
SRINAGAR, India, Oct 26 2018 (IPS)

Rahti Begum vive en una casa flotante en el lago Dal, uno de los más conocidos de Cachemira. Allí la pesca ha sido la principal fuente de ingresos de su familia desde hace generaciones. Pero si no se toman medidas pronto para mejorar el sector, no quedará nada él.

La pescadora de poco menos de 60 años, comenzó a deambular por las calles con un balde de pescado en su cabeza de pequeña, y a los 17 años, su padre la metió en el negocio de la pesca, que se convirtió en su principal fuente de ingresos desde entonces.

Su familia pertenece a la tribu hanjis, cuyos integrantes viven en casas flotantes. Algunos se ganan la vida gracias al turismo, paseando extranjeros en embarcaciones llamadas shikaras, en las que exploran las bellezas de ríos y lagos.

Otros, pescan y venden directo al público. Los hombres salen en la madrugada en sus barcos y luego le entregan la captura a las mujeres, que recorren diferentes zonas vendiendo el pescado.

Pero Rahti, quien sufre varios achaques, está convencida de que será la última mujer de su tribu en vender pescado.

“Cuando me muera se terminará el legado para siempre. Nadie quiere hacer esto porque el lago se convirtió en un monstruo para nosotros; una fosa séptica en los peces desaparecen día a día”, explicó.

La producción pesquera y las actividades agrícolas en esta región del Himalaya representan 23 por ciento del producto interno bruto y son la base de la economía.

Según un estudio realizado por los investigadores Neha W Qureshi y M Krishnan, la producción pesquera en el lago Dal registró un crecimiento compuesto negativo de – 0,34 por ciento entre 1980 y 1990.

Pero entre 2000 y 2010, la producción empeoró a – 2,89 por ciento. Y en el lago Wullar, el crecimiento compuesto fue de – 8.78 por ciento en ese período.

El estudio atribuye la disminución a las externalidades negativas del turismo, a la excesiva fertilización de los cultivos en jardines flotantes que propician el aumento de algas y a una mayor contaminación por el vertido de desperdicios en ambos lagos.

Esos factores llevaron a la disminución consistente y a la destrucción de los sitios de reproducción de la especie schizothorax. Además, el consumo superó a la producción en esta región.

En la actualidad, el consumo es de 25.000 toneladas al año, pero la producción solo llega a 20.000 toneladas por año en ambos lagos, de los cuales no más de 5.000 corresponden a Dal.

Rahti apenas si gana lo suficiente para tener una comida al día, pero recuerda claramente su infancia, cuando la transparencia del lago permitía ver los bancos de peces bajo el agua y los patos cuello de esmeralda en la superficie.

“En esa época, lográbamos tener una vida decente y solo este lago producía no menos de 15.000 toneladas de peces al año.”

Rahti contó que sus hijos no se dedican a la pesca por la drástica disminución de la captura en el lago.

Sus dos hijas trabajan en sus casas y su hijo, en una tienda local de comestibles. Los ingresos de Rahti disminuyeron de unos 500 dólares al mes a apenas 100, en la actualidad.

Lo mismo le pasa a Jana Begum, de unos 50 años, quien dice que su única preocupación es cómo podrá sobrevivir su familia si la situación permanece igual.

“Nuestro único ingreso es el pescado. Hacemos esto desde hace 30 años, pero parece que se vienen tiempos difíciles para los pobres como nosotros”, comentó Jana a IPS.

Casi todos los días, su esposo sale en barco y vuelve con las redes vacías y el rostro sombrío, no hay peces en el lago Wullar, otro famoso en el norte de Cachemira.

Según un estudio realizado por Imtiaz Ahmed, Zubair Ahmad y Ishtiyaq Ahmad, del Departamento de Zoología, de la Universidad de Cachemira, la principal razón del agotamiento de peces en los lagos es la sobrepesca y la intrusión.

El vertido de aguas domésticas, desperdicios sólidos y de la agricultura debe controlarse y gestionarse de manera adecuada, observa.

“La maleza acuática presente en esos ecosistemas debe cultivarse y utilizarse de manera adecuada debido a su alto valor nutricional y económico. Es necesario crear una autoridad separada para monitorear las características fisicoquímicas y biológicas del lago Dal”, propone.

Por su parte, el director del Departamento de Pesca, Ram Nath Pandita, dijo que la basura vertida en los lagos impide el desarrollo del alevín, lo que disminuye la población de peces.

“El gobierno sigue de cerca todo el proceso de aumentar la producción pesquera en los lagos de Cachemira; y además de aumentar el suministro de larvas, también se asegura de que no haya pesca ilegal”, precisó Pandita.

También debido a las grandes inundaciones que hubo en la zona en 2014, se acumularon aguas servidas en los lagos, lo que perjudicó la producción pesquera, añadió.

Además, se realizan campañas de concienciación sobre la importancia de mantener los lagos limpios y de no verter desperdicios sólidos y líquidos en ellos.

En febrero, el gobierno prohibió la pesca ilegal y asegura que el marco legal contribuirá a frenar la disminución de la pesca y a garantizar el sustento de los trabajadores del sector.

La ley estipula que solo podrán pescar los que tienen permiso, y quien viole la norma podrá ser condenado a tres meses de cárcel y a una multa de 500 rupias (unos 90 dólares).

El Departamento de Lagos y Cursos de Agua indicó que existen varios planes para recuperar el lago Dal y las especies que viven en él.

Además, se sacan los nenúfares del lago mediante métodos naturales y las algas, con la última maquinaria disponible a fin de liberar la superficie e incentivar la producción pesquera.

Según otro estudio de Humaira Qadri y A. R. Yousuf, del Departamento de Ciencias Ambientales, de la Universidad de Cachemira, el gobierno ya destinó unos 170 millones de dólares a la conservación del lago y, sin embargo, no hay una mejora visible en su estado.

“La falta de una gestión adecuada y de un plan de recuperación, así como de prácticas ecológicas sólidas llevaron al fracaso de los esfuerzos de conservación”, señala el informe.

El lago se dirige hacia su fin definitivo. La apatía oficial y la falta de seriedad de las autoridades incidieron en el deterioro general del lago, concluyó.

En cambio, Pandita es optimista con respecto a las posibilidades de recuperación.

Las comunidades que viven en los alrededores del lago no comprenden bien las medidas tomadas por el gobierno, y lo único que comentaron a IPS es que la pesca disminuye y que no tenían idea de si los esfuerzos de las autoridades lograrían cambiar la situación del lago.

El pescador Jum Dar dijo a IPS que vio a muchos funcionarios de distintas agencias gubernamentales tomar muestras de agua del lago para estudiarlas, pero no ha visto cambios.

La fuente de ingresos sigue comprometida, acotó.

IPS estuvo un día con él y solo consiguió dos peces de no más de medio kilogramo.

“Mira con tus propios ojos las dificultades que atravesamos todos los días. ¿Cómo vamos a sobrevivir con esta catástrofe que se instaló en nuestras vidas?”, comentó.

Traducción: Verónica Firme

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Las elecciones definen a qué pasado vuelven los brasileños

qui, 25/10/2018 - 17:40

Jair Bolsonaro, el favorito en las elecciones presidenciales de Brasil, durante uno de sus raros encuentros con la prensa, en la recta final de la campaña. Evitó debates con sus adversarios, incluso después de recuperarse de un atentado con arma blanca, el 6 de septiembre. Estudió en escuelas militares en los años 70 y dejó el Ejército en 1988, como capitán. Anunció que su gobierno tendrá cuatro o cinco militares y el candidato a la vicepresidencia es un general retirado. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil-Fotos Públicas

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Oct 25 2018 (IPS)

Los dos candidatos en las elecciones presidenciales del domingo 28 en Brasil prometen la utopía de volver al pasado. Uno a 15 años atrás, cuando gobernó el país Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), el otro hasta medio siglo atrás, a tiempos de la dictadura, y es quien tiene prácticamente asegurado el triunfo.

“Queremos un Brasil similar al que teníamos hace 40, 50 años”, dijo de manera explícita el ultraderechista Jair Bolsonaro, de 63 años, excapitán del Ejército y gran favorito según todas las encuestas, en una entrevista a una emisora de radio de una zona ganadera del sureño estado de São Paulo.

Se refería a aspectos morales, de costumbres y de seguridad pública, pero su frase resume muchas de sus ideas consolidadas en su formación militar exactamente en la época de mayor letalidad de la dictadura que impusieron las Fuerzas Armadas en Brasil (1964-1985) y a la que defiende.

En opinión de Bolsonaro, diputado de variados partidos desde hace 27 años y antes concejal por Río de Janeiro, los prejuicios contra negros, mujeres, discapacitados, homosexuales y poblaciones vulnerables, como los indígenas, solo se agravan con las políticas de protección o promoción, como cuotas para afrobrasileños en las universidades.

Son tesis cimentadas por la derecha brasileña, de que el racismo persiste y crece porque se destaca la distinción de los pueblos y colores de piel y porque se adoptan medidas de discriminación positiva, en un país donde la discriminación, afirman, no sería gran problema.

Eso pese a que las estadísticas evidencian que la población negra congrega la gran mayoría de los pobres y asesinados, en este país de 208 millones de habitantes, 54,4 por ciento de ellos, afrodescendientes.

El sorprendente ascenso de la extrema derecha, del que Bolsonaro es su gran ariete y ha impulsado también a nuevos legisladores y gobernadores de estados, constituye una “tormenta perfecta producida por un conjunto de factores” ignorados por analistas políticos, según Sonia Corrêa, investigadora de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria de Sida.

“Políticas antigénero son un factor que permite aglutinar, ‘pegar’ a distintos actores aparentemente desconectados”, acotó, ejemplificando con lo que pasa en Brasil y antes ocurrió en Colombia, en el plebiscito que rechazó los acuerdos de paz en 2016, y en las elecciones de Costa Rica (febrero-abril 2018),que casi alzaron a la presidencia al pastor evangélico Fabricio Alvarado.

Bolsonaro logró personificar en su candidatura tanto el conservadurismo religioso, que busca “restaurar la familia” de cinco décadas atrás, como el combate a la corrupción, el deseo de redención de los militares y una supuesta superación de la crisis económica por una “profundización del neoliberalismo”.

Otro componente decisivo del vuelco político que protagoniza el mayor país de América Latina es el radical rechazo al izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó Brasil entre 2003 y 2016, primero con Lula y luego con Dilma Rousseff, acusados de provocar la más grave recesión económica del país en 2015-2016.

El apoyo de los cantautores Chico Buarque y Caetano Veloso (a la izquierda y a la derecha) es parte del respaldo casi unánime de los artistas e intelectuales a Fernando Haddad, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, en rechazo al peligro que representa Jair Bolsonaro, para la democracia. Pero no fue suficiente para revertir el favoritismo del candidato de la extrema derecha en las elecciones del domingo 28. Crédito: Ricardo Stuckert/Noticias Públicas

“La gente decidió arriesgar, votando por Bolsonaro, aun reconociendo sus ideas antidemocráticas y a sabiendas de que no está adecuadamente preparado para gobernar el país”, constató André Marcondes, basado en sus extensos contactos como gerente comercial de una industria química en la metrópoli de São Paulo.

Para la mayoría de los electores, la incertidumbre total que representa un gobierno de Bolsonaro sería “menos malo” que la alternativa, Fernando Haddad, de 55 años y del PT, el segundo candidato más votado en la primera vuelta electoral del 7 de octubre, con 29,28 por ciento de los votos, contra 46,03 por ciento del antiguo militar, según aducen muchos de los que votaron por candidatos moderados, “de centro” en esa ocasión.

La primera ola de adhesión a Bolsonaro se generó por el sentimiento de inseguridad ante la expansión de la delincuencia, identificó Marcondes en sus contactos personales y por un grupo de discusión por Internet.

“La izquierda es más blanda con los delincuentes y se demanda un combate más duro a la criminalidad, estimulada por la impunidad”, acotó.

Además hay “mucha insatisfacción” entre empresarios por los impuestos que pagan sin un retorno en servicios públicos y entre los pobres de la periferia de São Paulo, la mayoría descendiente de migrantes del Nordeste, la región más pobre de Brasil.

“No tenemos los beneficios (de programas sociales) que el gobierno del PT distribuyó en el Nordeste”, se quejan, según Marcondes. Los peligrosos riesgos para la democracia cuentan menos.

Retornar a comienzos de siglo, atrae menos

En esos sectores es escaso el efecto positivo del discurso de Haddad, de “construir el Brasil feliz de nuevo”, prometiendo reanudar los años de oro de Lula, en que creció la economía y se promovió masivos programas de redistribución del ingreso, con la Beca Familia para 13 millones de hogares pobres, aumento del salario mínimo y millones de nuevos empleos.

Pero la oleada de la extrema derecha, que cunde en muchas partes del mundo y que en Brasil se nutre de muchos factores, solo se explica por “el lugar estructural de género y sexualidad como anclas de propuestas autoritarias”, sostuvo Correa, también una de las coordinadoras del Observatorio de Sexualidad y Política, una red internacional de investigadores.

Se trata “una estrategia transnacional articulada de restauración conservadora” de la familia, de las costumbres y de la misma iglesia, que busca “reconstituir un orden político jerárquico, autoritario y asimétrico” en el mundo, definió.

La crítica a la “ideología de género”, un concepto formulado por sectores conservadores de la Iglesia Católica, a partir de 1998, orienta el movimiento internacional y movilizaciones en defensa de la familia y la moral del pasado, al que se han unido con entusiasmo las confesiones evangélicas, muy poderosas en Brasil y otros países.

Es una reacción a las políticas impulsadas por el feminismo y las conferencias de Naciones Unidas sobre Población (Cairo 1994) y de las Mujeres (Beijing 1995).

Un incidente preanunció la avalancha electoral en Brasil, según Correa, cuando el 7 de noviembre de 2017, centenares de personas protestaron contra la presencia de Judith Butler, profesora de la estadounidense Universidad de California y autora de estudios de género, en un seminario sobre “Fines de la Democracia” en São Paulo.

La ofensiva derechista que busca restringir el aborto, incluso en los limitados casos permitidos legalmente en la actualidad, como la violación o riesgo de muerte materna, tiene como un blanco prioritario la educación.

Logró excluir, por ejemplo, “la promoción de igualdad racial, regional, de género y de orientación sexual” del Plan Nacional de Educación aprobado en 2014.

Una de las acusaciones más repetidas de la campaña de Bolsonaro contra Haddad es que este distribuyó en 2011 en las escuelas públicas el “kit gay”, un libro de combate a la homofobia, cuando fue ministro de Educación (2005-2012), algo que nunca de hecho, precisamente por movilizaciones en contra.

La educación sexual es tarea de la familia, sentenció Bolsonaro, que rechaza unidades familiares que no sean las tradicionales, de hombre y mujer.

Hace 50 años, la época de su utopía, no había políticas en beneficio de los negros, las mujeres, los homosexuales y los pobres del Nordeste, todos “indefensos” o “vulnerables”. El excapitán asegura tajante que hay que abolir ese “vulnerabilismo”, o protección a los vulnerables.

Tampoco había en ese pasado anhelado los organismos públicos y las organizaciones ambientales, que “estorban” el desarrollo, con sus multas y castigos contra la deforestación y la contaminación, advirtió un general retirado, Oswaldo Ferreira, al que se sitúa como como posible ministro de Transportes en un gobierno de Bolsonaro.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Barbados se vuelca hacia la economía verde y azul

qui, 25/10/2018 - 13:16

Con la elevada demanda de pescado del sector turístico, Barbados importa la mayoría de lo que consume aquí. Crédito: Desmond Brown/IPS

Por Desmond Brown
BAHÍA CONSETT, Barbados, Oct 25 2018 (IPS)

Allan Bradshaw creció cerca de la playa en Barbados y siempre supo que quería ser pescador. Ahora, con 43 años, hace 25 que vive su sueño de infancia. Pero en los últimos tiempos, observó una notoria disminución del número de peces voladores cerca de su pueblo en la bahía de Consett.

“Como en la mayoría de los lugares, las reservas de peces disminuyen desde hace unos años, en especial los peces voladores”, aseguró Bradshaw en diálogo con IPS.

Como en muchas islas caribeñas, en Barbados, la pesca y las actividades asociadas forman parte del tejido económico desde hace años. Y los peces voladores, comunes en la mayoría de las áreas tropicales, se encuentran en aguas cálidas, en los alrededores de Barbados.

En un año típico, los peces voladores representan alrededor de 65 por ciento de la pesca total, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

No todos los peces desaparecieron, acotó Bradshaw, pero definitivamente hay un cambio y eso perjudica al sector.

“Los mahi-mahi o delfines, de alguna manera aumentaron en número, pero no en tamaño, es decir que tenemos muchos más, pero son más pequeños. Hay muchos más peces juveniles”, observó

El gobierno debe tomar medidas para salvar a la industria del colapso, reclamó Bradshaw.

El pescador Allan Bradshaw nota una gran disminución del número de peces voladores en la bahía de Consett, en Barbados. Crédito: Cortesía de Desmond Brown.

Hace cuatro años, solo había poco más de 1.000 barcos registrados, 2.200 pescadores saliendo y unas 6.600 personas en actividades vinculadas a la pesca, como vendedores, procesadores y comerciantes, según datos de la oficina de la FAO en Barbados.

También informó que se pescaron alrededor de 2.500 toneladas entre 2013 y 2014, pero la captura parece disminuir en los últimos años.

La captura de peces voladores disminuye por el flujo de sargazo, las macroalgas pardas o verdes muy oscuras que contaminan las costas..

Este país caribeño exporta atún con un alto valor agregado, unas 160 toneladas, aunque las exportaciones han sido ínfimas en comparación con la captura.

Pero con la elevada demanda de pescado del sector turístico, Barbados importa la mayoría del pescado consumido.

Desde que asumió en mayo de este año, el nuevo gobierno de la primera ministra Mia Mottley recibe reclamos para que Barbados mire más allá de sus 166 millas cuadradas de tierra en busca de riqueza.

La sugerencia apunta a que este país debe  mirar más allá de la industria del azúcar y la banana, hacia el mar, para desarrollar su economía.

Mottley creó un Ministerio de Asuntos Marítimos y Economía Azul en su gobierno, en una decisión muy aplaudida por la población. Incluso, algunos analistas opinaron que la decisión debía replicarse en la región.

“La FAO apoya el desarrollo de la economía azul en Barbados, y en los próximos años asistirá tanto a la pesca como a la acuacultura”, indicó la coordinadora de proyecto Iris Monnereau, en diálogo con IPS.

“Se logrará mediante la actualización de los marcos legales, una evaluación de la viabilidad de utilizar el resto de la materia prima de la pesca, procesada directamente para el consumo humano, animal o para fertilizantes, la capacitación de 70 pequeños agricultores en acuaponia, además de pescadores y organizaciones de pescadores y ofreciendo asistencia para la implementación de actividades sostenibles con valor agregado en la cadena de valor de la pesca”, añadió.

Monnereau dijo que el desarrollo de la economía azul se considera clave para la sostenibilidad a largo plazo de la costa y de los océanos, y está inextricablemente vinculada a la gestión a largo plazo, al desarrollo social inclusivo y a un mejor bienestar de las poblaciones costeras e insulares.

En ese enfoque, océanos y costas pueden verse como “espacios de desarrollo”, en los que los usos tradicionales, como pesca y acuicultura, transporte, construcción de barcos, turismo costero y uso de gas y petróleo en el mar, se combinan con sectores emergentes, como la bioprospección, la energía renovable marina y la minería marítima, a la vez que se hace frente a los desafíos que afrontan los océanos y las costas.

“Por ejemplo, la sobreexplotación pesquera, la contaminación de aguas costeras, la pesca ilegal y no reglamentada, especies invasivas, la destrucción del hábitat, la erosión costera y el impacto del cambio climático”, añadió Monnereau.

El nuevo ministerio se creó después de las elecciones del 24 de mayo, y Monnereau comentó que es demasiado pronto para medir su impacto.

Pero es una acción, apuntó, que muestra claramente que el gobierno busca desarrollar la economía azul en Barbados.

En los últimos meses, también busca alianzas con la FAO y otras organizaciones internacionales y privadas para desarrollar actividades con ese fin.

La iniciativa coincide con la próxima Conferencia sobre Economía Azul Sostenible que organizará Kenia, junto con Canadá y Japón, del 26 al 28 de noviembre, cuando se reunirán unas 4.000 personas con el fin de apoyar la agenda para construir la economía azul.

El ministro de la nueva cartera, Kirk Humphrey, dijo a IPS que aspira a construir una economía más verde y azul en Barbados, lo que implicará que la isla se convierta en un centro marítimo del Caribe, y que pondrá fin a la sobrepesca e implementará mayores mecanismos de protección para preservar los arrecifes de coral.

También se mostró preocupado de que Barbados importe en la actualidad 80 por ciento del pescado que consume, y que el sector sufra las consecuencias de la sobrepesca.

El ministerio trabaja para construir una estrategia en ese sentido y pretende capitalizar el espacio marino, que es 400 veces mayor que su territorio.

En términos de la economía azul, Humphrey también subrayó la necesidad de realizar un estudio para que Barbados pueda asegurar qué hay en los océanos y luego asignarles un valor para poder medir su aporte al producto bruto interno.

Traducción: Verónica Firme

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El éxodo migratorio refleja el fracaso de las élites en Honduras

qui, 25/10/2018 - 09:58

En la aduana de Agua Caliente, en la frontera con Guatemala, en el occidente de Honduras, mujeres, niñas, niños y jóvenes, hacían fila el jueves 18 de octubre, pese a la lluvia, para cruzar la frontera y alcanzar a sus compatriotas que iniciaron un éxodo migratorio hacia Estados Unidos, y con ello, una crisis humanitaria en búsqueda del sueño americano. Crédito Thelma Mejía/IPS

Por Thelma Mejía
TEGUCIGALPA, Oct 25 2018 (IPS)

El éxodo iniciado el 13 de octubre por miles de migrantes hondureños en búsqueda del sueño americano, es un reflejo del fracaso de las elites hondureñas, sostienen analistas consultados por IPS al afirmar que lejos de apostar a oportunidades de cambio, “más bien cierran los espacios para que estos no se produzcan”.

“En Honduras, las elites han logrado cerrar muchas posibilidades de cambio, los grupos de poder no quieren permitir que Honduras avance y las condiciones para este éxodo sin precedentes, estaban dadas”, sentenció a IPS el sociólogo Eugenio Sosa, analista político experto en movimientos sociales.

A su juicio, “hoy estamos en una situación de emergencia y nadie se atreve a proponer al presidente Juan Orlando Hernández que debe sentarse para buscar salidas políticas a esta crisis”.“Si antes se iban 200 personas diarias del país, la modalidad de las caravanas te ha puesto una nueva perspectiva, estamos frente a un éxodo, ante una crisis humanitaria que ha tenido entre sus detonantes el desencanto y la falta de oportunidades”: Ricardo Puerta.

Las elites de poder—políticas y económicas—“tienen talento para blindarse frente a la corrupción, pero no para enfrentar los problemas del país”, acotó Sosa, al citar entre las condiciones expulsoras de la actual ola migratoria factores estructurales como la pobreza, la falta de empleo, la corrupción, inseguridad y la violencia, entre otros.

En este país centroamericano de 9,1 millones de habitantes,  65 por ciento de la población  vive en condiciones de pobreza, lo que supone poco más de cinco millones de personas, y de estas, más de tres millones sobreviven con apenas dos dólares diarios, según el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), el principal centro de pensamiento económico no estatal del país.

La Secretaría (ministerio) de Trabajo y Seguridad Social estima en 4,1 millones de personas la población económicamente activa de Honduras. El salario mínimo promedio es el equivalente de 355 dólares. Pero de acuerdo al Fosdeh, en el sector privado ocho de cada 10 empleados, gana por debajo del salario mínimo y en el sector público, cuatro de cada 10.

“La desesperanza es grande, las opciones de mejora de empleo no están. La caravana migratoria ha sido un parte aguas en este país, ha desbordado al gobierno, ellos sabían del problema, pero nunca actuaron, solo reaccionan frente a las crisis cuando están instaladas”, dijo a IPS el experto en temas migratorios Ricardo Puerta.

“Si antes se iban 200 personas diarias del país, la modalidad de las caravanas te ha puesto una nueva perspectiva, estamos frente a un éxodo, ante una crisis humanitaria que ha tenido entre sus detonantes el desencanto y la falta de oportunidades”, agregó.

En la caravana que arrancó el día 13 en la ciudad de San Pedro Sula, diferentes organizaciones fronterizas y humanitarias calculan que se incorporaron 7.000 personas, de ellas 2.400 menores de edad. Otra caravana  partió el martes 23 de Zacapa, en Guatemala, con unos 1.500 hondureños, con la intención de sumarse a la primera.

Un sondeo elaborado por la orden católica de la Compañía de Jesús, presentado en abril,  reveló que 44,3 por ciento de los hondureños pensaba en emigrar del país.

“Es que en los hospitales públicos no hay medicinas, no hay trabajo, el sector privado no está generando el empleo deseado, los costos de producción y de vida se disparan. Estamos ante una crisis múltiple a nivel económico, social y político”, acotó a IPS el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en Honduras (Cohep), Armando Urtecho.

Sin importar el riesgo o las amenazas, padres e hijos huyen de su país, Honduras, donde la “fantasía” no existe, como este grupo en la aduana de Agua Caliente, en la frontera con Guatemala, donde el gobierno clausuró el paso entre el 19 y el 24 de octubre, en un afán fallido por contener el éxodo. Pero el boquete humano abierto en el país es difícil de cerrar, según expertos. Crédito: Thelma Mejía/IPS

Urtecho dice que los empresarios están preocupados porque el panorama es incierto y “ya empiezan a generarse, a lo interno, caravanas de protesta y solidaridad con los migrantes que pueden calentar o radicalizar el panorama”.

Se refiere a una Caravana de la Dignidad, que han iniciado diversas organizaciones sociales, encabezada por el sacerdote jesuita Ismael Moreno, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de los jesuitas.

La caravana arrancó el martes 23 desde la pequeña localidad de La Barca, en el norte del país, y espera llegar a Tegucigalpa, la capital, el viernes 26. Entre sus propósitos, además de la solidaridad con la caravana de migrantes hacia Estados Unidos, está pedir la salida del poder del presidente Hernández.

Víctor Meza, analista político, cree que estas acciones son parte del desencanto pues todos los elementos para un cambio se “han visto frustrados”. “El país necesita un cambio inclusivo, democrático y participativo. El gobierno ha sido golpeado y no hay espacio para los acuerdos políticos pactados bajo la mesa. El país no da para más”, dijo a IPS.

Meza al igual que Eugenio Sosa, son del criterio que en este fracaso de las elites, el tema de la corrupción y la crisis político electoral de noviembre de 2017 que culminó con una cuestionada reelección de Hernández, fue otro de los factores que detonó en el éxodo migratorio.

En el poder desde 2014, Hernández es hoy el presidente con mayor rechazo social en el país. Seis de cada 10 hondureños cree que ganó la reelección mediante un fraude, según la encuesta de los jesuitas.

En este país, la reelección estaba prohibida por la Constitución hasta que Hernández y su Partido Nacional, una fuerza tradicional de derecha, impusieron una polémica reforma en la ley fundamental para permitirle ser candidato en los comicios de noviembre de 2017, con resultados que organizaciones locales e internacionales consideraron dudosos.

La crisis desatada por los cuestionamientos a su reelección llevaron a instalar unas mesas técnicas de diálogo político, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, para abordar cuatro detonantes de la crisis postelectoral: violencia y fraude, derechos humanos, reformas constitucionales y reformas político electorales.

Pero el diálogo se estancó por la renuencia de los representantes del gobierno y el Partido Nacional a temas como la amnistía y la investigación de 22 muertes postelectorales a manos de las fuerzas del orden, según un informe de la ONU.

El tema de la corrupción es otro de los detonantes, estiman los expertos.

Miembros del partido en el poder, funcionarios de la cúpula del gobierno y diputados oficialistas y opositores han sido salpicados en un millonario desvío de 12 millones de dólares destinados para los pobres que fueron a dar a cuentas particulares y financiamiento de campaña política.

Una ex primera dama está acusada y en prisión preventiva por otros delitos y más diputados son señalados de presuntos hechos corruptos. Ante ello, las elites políticas en el congreso nacional impulsan reformas orientadas a blindar la corrupción.

Los esfuerzos anticorrupción no logran pasar, el desencanto crece y “cuando se cierra esa posibilidad, el éxodo se vuelve una opción de salida. Se huye del país de la fantasía”, acota Meza.

Hernández anunció 615 millones de lempiras, unos 25,6 millones de dólares, para atender el tema migratorio y los afectados por la sequía y las lluvias. Los sectores sociales le piden que convoque a un Pacto Social incluyente, pero sus funcionarios prefieren diálogos paralelos y reuniones privadas empresariales.

“El presidente no ve la crisis, no ve la dimensión del problema”, confió a IPS un alto funcionario del gobierno, que pidió el anonimato, al término de una reunión del gobernante con sectores gremiales privados. Hernández, apuntó, no tiene idea de cuánta miseria puede aguantar una democracia.

Según el informe de 2017 del Latinobarómetro de las Américas, la democracia en Honduras está en coma, apenas 36 por ciento de los hondureños la apoyan, en un  respaldo que cayó siete puntos en relación al 2016.

El éxodo migratorio, sostienen los expertos, abrió un agujero y los escenarios vaticinan que el país entró en una transición conflictiva que podría llevar a una mayor descomposición social.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El embargo estadounidense contra Cuba golpea donde más duele

qua, 24/10/2018 - 14:18

El profesor Alberto Céspedes Castillo saluda a pacientes de la sala de pediatría del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de El Vedado, ubicado en el municipio Plaza de La Revolución, de La Habana, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Oct 24 2018 (IPS)

Con apenas tres años, la cubana Suelen Suárez, tiene un tumor que compromete la pelvis, parte de la nalga y una de sus piernas. “La están tratando desde enero y pronto será operada”, cuenta su abuela Milagros Miranda.

Menuda y parlanchina, la niña enfrenta la cámara fotográfica sin timidez alguna. Miranda, en tanto, se sorprende ante la pregunta de cuánto le costará la atención y la cirugía de la nieta. “Nooo, nada”, dice y añade que el servicio estatal de bienestar social en Bauta le ayuda en los traslados al hospital y otras necesidades.

La mujer ha recorrido este año en incontables ocasiones los 24 kilómetros que separan a ese municipio y La Habana, para acompañar a la pequeña en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, centro rector de la especialidad en el país.“Nos persiguen. Somos el único país obligado a decir el destino final de las compras de medicamentos. Eso es criminal, genocida, saber que se están muriendo los pacientes y prohibir la venta a Cuba. Esto no tiene nada que ver con la política, se trata de la salud de un pueblo. Es un genocidio”: Juan Oliva.

Ante la segunda pregunta de IPS no hay sorpresa: ¿Ha notado si el bloqueo de Estados Unidos afecta de algún modo la atención de Suelen u otros niños?

“Sí, a veces hay complicación con medicamentos que son los mejores y no se pueden comprar en Estados Unidos. Pero vemos cómo se lucha por los pacientes y el tratamiento no se interrumpe”, señala.

La sala de pediatría a la que tuvo acceso IPS tiene en este momento 20 pacientes, entre niños y niñas provenientes de todo el país. “Atendemos infantes con tumores del sistema nervioso central, linfomas, tumores sólidos como los óseos, entre otras patologías”, señaló la médica Mariuska Forteza, especialista de oncopediatría.

La profesional comentó que es una situación “bien difícil” cuando un paciente necesita un fármaco determinado y no está disponible por el embargo. Mencionó la imposibilidad de comprar en Estados Unidos el fármaco Temozolamida, que constituye la primera línea de tratamiento quimioterapéutico para tumores cerebrales malignos.

“Eso  nos frustra mucho, pero  no nos quedamos con las manos cruzadas,  buscamos alternativas”, señaló. ”Felizmente ahora tenemos el Nimotuzumab, producto cubano que está dando muy buenos resultados y nos ha ayudado a aumentar la sobrevivencia y mejorar la calidad de vida de estos pacientes”, añadió Forteza.

La salud es uno de los sectores más sensibles entre los afectados en Cuba por el embargo estadounidense, cuyo impacto acumulado en esta área por esa política de casi seis décadas se estima en más de 2.700 millones de dólares, debido a los  mayores gastos que implica la compra de productos y tecnologías en mercados geográficamente distantes.

Sea un fármaco, un equipo de alta tecnología, reactivos, piezas de repuesto para medios de diagnóstico y tratamiento, instrumental médico u otros insumos necesarios para el funcionamiento del sector, aumentan su costo por fletes, trasbordo, manipulación, almacenaje y el uso de intermediarios en las operaciones comerciales.

Suelen Suárez, de tres años, y su abuela Milagros Miranda, residentes en un municipio cercano a La Habana, mientras dialogan con IPS en un corredor del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de El Vedado, en la capital cubana, donde la niña es tratada de un tumor. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Según el informe sobre el impacto del bloqueo, como se denomina en Cuba al embargo, entre abril de 2016 y junio de 2017, Cuba debió enviar a un grupo de pacientes y sus acompañantes para ser atendidos en el extranjero, pues sus hospitales carecen de algunas tecnologías o equipamientos producidos en Estados Unidos para tratar ciertas patologías.

“Estas tecnologías pudieron importarse desde los Estados Unidos de no existir el bloqueo, y los pacientes habrían sido atendidos en su país”, detalló el documento presentado ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 1 de noviembre de 2017.

El costo de ese esfuerzo asumido por el estado cubano que garantiza la gratuidad de los servicios de salud a su población de 11,2 millones fue de casi 1,7 millones de dólares. En su demanda de cese del bloqueo de 2018, La Habana estima que las prohibiciones le han costado en total 4.321.200 millones de dólares entre abril de 2017 hasta marzo de este año.

En este último período, Cuba no pudo adquirir en el mercado estadounidense, entre otros productos, el óxido nítrico,  usado para la prevención o el tratamiento eficaz de las crisis de hipertensión pulmonar aguda, las cuales pueden ser graves e incluso mortales.

Entre el ocho y el 10 por ciento de las operaciones anuales del Cardiocentro Pediátrico William Soler, son realizadas a niños que padecen esta enfermedad. Debido a su contenido potencialmente explosivo, el óxido nítrico solo puede ser transportado en barco y por tiempos cortos, lo que impide su traslado desde lugares lejanos.

“Nos persiguen. Somos el único país obligado a decir el destino final de las compras de medicamentos. Eso es criminal, genocida, saber que se están muriendo los pacientes y prohibir la venta a Cuba.  Esto no tiene nada que ver con la política, se trata de la salud de un pueblo. Es un genocidio”, advirtió ante IPS el médico Juan Oliva.

Graduado en 1965, este especialista en medicina nuclear y oncología ha vivido y desarrollado su carrera profesional bajo las presiones del embargo, al igual que el médico Alberto Céspedes, exdirector del Instituto de Oncología y miembro de su consejo de dirección.

Los especialistas Elías Gracia Medina, Alberto Céspedes Castillo y Juan Perfecto Oliva (de izda a dcha) ofrecen declaraciones a IPS, en el salón de reuniones del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de El Vedado, un centro de referencia en Cuba, situado en La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

 

Céspedes, de 82 años, insistió a IPS en que el bloqueo es una agresión contra todo el pueblo de su país. Ante quienes sostienen la tesis de que es una justificación oficial para justificar errores o deficiencias, dijo desafiante: “Que lo quiten y vamos a ver qué sucede”.

En opinión del médico Elías Gracia, jefe del servicio de oncología médica, unas relaciones comerciales normales con Estados Unidos permitirían a las farmacéuticas estadunidenses vender libremente sus “fármacos innovadores” a Cuba, con beneficio inmediato para los servicios de salud de la isla caribeña.

El acceso al mercado estadounidense redundaría en una “mejor calidad de los tratamientos para los pacientes, mayor supervivencia, les estaríamos brindando el mejor tratamiento de los que se recomiendan como estándares en el mundo para distintas patologías”, señaló.

El gobierno cubano  presentará nuevamente este 31 de octubre ante la ONU su demanda de cese del bloqueo.

En 2017, la resolución cubana contra el embargo obtuvo 191 votos a favor y dos en contra, correspondientes a Estados Unidos e Israel, su más fiel aliado. En 2016, Washington, siempre acompañado por Tel Aviv, optó por la abstención.

El anteproyecto de resolución, titulado ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, señala que desde su aplicación en 1962 hasta la fecha el bloqueo comercial y financiero ha causado daños por más de 134.499.800  millones de dólares.

Debido a su codificación en leyes como las conocidas como  Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996), la política de embargo solo puede ser desmontada por el legislativo Congreso estadounidense, en tanto las sucesivas condenas y llamados al cese del embargo en  la ONU no son vinculantes y no comprometen a Washington.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Más de 200 millones de mujeres siguen sin anticonceptivos

qua, 24/10/2018 - 13:14

En 2019, se cumplirán 50 años del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que aboga por terminar con el matrimonio infantil y promueve los derechos en salud sexual y reproductiva. Crédito: UNFPA

Por Thalif Deen
OTTAWA, Oct 24 2018 (IPS)

La comunidad internacional conmemorará dos hitos en materia de población y desarrollo el año próximo, cuando se cumplirán 50 años del Fondo de Población de las Naciones Unidas y 25 del Programa de Acción, adoptado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), realizada en El Cairo en 1994.

“Usemos esos importantes logros para iniciar una acción acelerada, juntos, aquí en Ottawa”, arengó la directora ejecutiva del UNFPA, Natalia Kanem, frente a 150 parlamentarios de más de 50 países reunidos en la capital canadiense.

Los legisladores se reunieron para revisar los avances logrados en varios de los indicadores socioeconómicos de la Agenda de la Organización de las Naciones Unidas en materia de salud reproductiva, mortalidad materna e infantil, planificación familiar, mutilación genital femenina, matrimonio precoz, empoderamiento de mujeres y equidad de género.

Es un momento de reflexión sobre algunas cuestiones fundamentales, observó Kanem.

“¿Hicimos justicia a la visión que los gobernantes articularon hace casi 25 años en El Cairo? ¿Qué logramos? ¿En qué estamos rezagados? ¿Para quiénes? ¿Por qué las intervenciones en materia de derechos y salud sexual y reproductiva se siguen cuestionando una y otra vez?”, se preguntó.

El mundo ha logrado grandes avances en las últimas décadas, como lo refleja el gran retroceso de la mortalidad materna y de los matrimonios infantiles, observó.

Cada vez mueren menos mujeres por causas vinculadas al embarazo y al parto, y cada vez son más las que utilizan métodos anticonceptivos modernos. Además, más niñas están escolarizadas.

“Sin embargo, más de 200 millones de mujeres y niñas todavía esperan acceder a anticonceptivos modernos. Y todos los años, hay casi 100 millones de embarazos no buscados”, observó Kanem.

Y más de 300.000 mujeres mueren durante el embarazo o el parto todos los años mientras decenas de miles de niñas siguen contrayendo matrimonio todos los días. Y persiste la epidemia de violencia contra mujeres y niñas, entre las que se cuenta la mutilación genital femenina, puntualizó.

La ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Marie-Claude Bibeau, señaló que su país está decidido a encabezar el debate en materia de equidad de género y dio la bienvenida a la conferencia, que concluyó el 23 de este mes, destacando que es un primer paso hacia la Conferencia Women Deliver, en 2019.

“Canadá está convencido de que si queremos maximizar el impacto de nuestras acciones y ayudar a erradicar la pobreza, debemos defender con fervor la equidad de género y los derechos de mujeres y niñas para que puedan tener una participación total en la sociedad”, añadió.

Con ese fin, Canadá se comprometió a movilizar apoyo internacional para los derechos en salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas, ambos compromisos clave de la Política de Asistencia Internacional Feminista de Canadá.

La legisladora mexicana Martha Lucía Micher también se refirió a que “los cuerpos de las mujeres se están politizando”.

Por su parte, la senadora Catherine Noone, de Irlanda, dijo que las personas que están contra la legalización del aborto en su país dieron una teoría enrevesada sobre que los hombres buscarían tener más relaciones sexuales si se legalizaba la interrupción voluntaria del embarazo.

Es un escándalo que tantas mujeres y niñas tengan tan pocas opciones, subrayó Kanem.

“Convirtamos el escándalo en acción. Tener opciones puede cambiar el mundo. Ampliemos los derechos y las opciones para todos. Es clave para la igualdad de género y la única forma de promover la CIPD y las agendas para 2030”, alentó.

Mientras, el UNFPA tiene sus propios objetivos ambicioso para 2030, cuando vence el plazo para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible:

• Cero necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar;

• Cero muertes maternas evitables;

• Cero violencia de género y prácticas perjudiciales para mujeres y niñas (incluido el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina).

“Y nuestras acciones para lograr esos ceros se basarán en evidencia y en datos sobre población de calidad”, observó.

“El censo de 2020 es una importante pieza del rompecabezas, y estamos mejorando nuestra preparación. Cuando todo el mundo esté contado, podremos identificar y alcanzar a quienes quedaron rezagados. Eso incluye a millones de mujeres y niñas”, añadió Kanem.

“Vuestro compromiso hacia los principios y objetivos del Programa de Acción de la CIPD allana el camino para conseguir más logros. Vuestra defensa de los derechos humanos, entre ellos los derechos reproductivos, la equidad de género, la participación pública y los principios democráticos son vitales”, arengó a los legisladores.

“En tanto que parlamentarios, tienen el poder de transformar las voces de nuestros pueblos en acciones concretas”, observó.

“Tienen el poder de marcar una verdadera diferencia. Los convoco a ustedes para proteger el preciado mandato que compartimos con el UNFPA. Nuestras mujeres, niñas y jóvenes no merecen menos”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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Emiratos busca concienciar sobre el impacto del cambio climático

ter, 23/10/2018 - 13:17

Para producir un kilogramo de carne se necesitan cerca de 14.000 litros de agua y entre siete y 10 kilogramos de forraje. En cambio, para producir un kilogramo de pollo, se necesitan solo 1.000 litros de agua y dos kilogramos de forraje, según Daniel F. Kenneth, profesor de salud pública y nutrición, en Abu Dhabi. Crédito: Sociedad Vegana de Emiratos Árabes Unidos.

Por Rabiya Jaffery
ABU DHABI, Oct 23 2018 (IPS)

Por su particular ubicación geográfica, Medio Oriente es muy propenso a sufrir las devastadoras consecuencias del cambio climático, y Emiratos Árabes Unidos, si bien hace años que toma medidas paliativas, no escapa a los riesgos que supone el recalentamiento global.

Las estimaciones indican que las sequías serán más prolongadas, que habrá olas de calor más intensas y que las temperaturas altas se volverán cada vez más comunes en la región, de Saná a Yeda y de Dubai a Teherán.

Sin embargo, la falta de conciencia de la población sobre los riesgos es preocupante.

Emiratos Árabes Unidos trabaja para incorporar a su agenda nacional medidas de mitigación y adaptación, y también forma parte de la visión del país generar una mayor conciencia ambiental entre la población.

En 2016, este país le cambió el nombre al Ministerio de Ambiente y Agua por Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, lo que implicó, además, “campañas de concienciación para promover un comportamiento ambiental de las personas” en relación con la agenda de desarrollo sostenible.

Un estudio realizado por la Universidad de Emiratos Árabes Unidos en 2017, reveló que más de 40 por ciento de la población no maneja información sobre el cambio climático, el recalentamiento global y sobre cómo el comportamiento humano contribuye a dañar el ambiente”.

La activista Fátima al Ghami creó una organización que busca promover en Medio Oriente una dieta basada en verduras mediante un trabajo comunitario.

En 2017, Al Ghami lanzó una campaña para promover comidas con más verduras en Emiratos, y tiene previsto ampliar la red al resto de la región el año próximo.

“Se habla poco acá de cómo hacer frente al consumo de carne y de lácteos, a pesar de que es extremadamente importante para frenar el cambio climático”, explicó.

“Se está haciendo mucho sobre concienciación y decisiones políticas, sobre deforestación y transporte, pero falta mucho en materia de ganadería, no solo en Emiratos y en Medio Oriente, sino en todo el mundo”,observó.

Su campaña se concentra en crear conciencia en escuelas y universidades sobre los beneficios de reducir la importancia de la carne en la dieta, sobre el impacto de la industria cárnica en el clima y sobre qué pueden hacer las personas para alimentarse de forma más sostenible.

“Creo que hay cierta renuencia de las autoridades y de los activistas a meterse en la vida de la gente al punto de decirles qué y cuánto  comer”, observó.

“Pero pueden haber políticas inclusivas y enfoques empresariales que posibiliten los cambios de dieta para que contengan más verduras y sean más atractivas para más personas, lo que esencial si queremos realmente reducir las emisiones contaminantes”, añadió.

Es fundamental reducir el enorme y creciente consumo de carne para evitar los devastadores efectos del cambio climático, según uno de los estudios más amplios publicado este mes de octubre en la revista Nature.

Además, la industria ganadera es responsable de una quinta parte de las emisiones de carbono, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), más que la suma de las emisiones de los automóviles, los aviones, los trenes y los barcos.

“Si las 20 mayores compañías de carne y lácteos fueran un país, estaría en séptimo lugar por la gran cantidad de emisiones de gases invernadero”, ejemplificó Daniel F. Kenneth, profesor de salud pública y nutrición, quien residente en Abu Dhabi.

La industria cárnica y ganadera es la que tiene mayor impacto en el ambiente, pues más de una tercera parte del metano liberado a la atmósfera, considerado 20 veces más nocivo que el dióxido de carbono para el recalentamiento global, procede de las vacas, incluidas las lecheras, añadió.

Muchos ambientalistas consideran a la industria agroganadera como una triple amenaza para la atmósfera porque los animales producen grandes cantidades de metano, a lo que se suma la pérdida de bosques capaces de absorber carbono, con el fin de extender las pasturas, y los inmensos volúmenes de agua necesarios para mantener al ganado.

“La ganadería y la producción de soja para alimentar al ganado suelen realizarse en tierras deforestadas, y esa deforestación es considerada una de las formas más significativas en que la producción de carne contribuye al recalentamiento global”, explicó Kenneth.

“Y la enorme cantidad de forraje y de soja está lejos de ser una forma sostenible de utilizar los escasos granos de cereales”, añadió.

Según Kenneth, para producir un kilogramo de carne se necesitan cerca de 14.000 litros de agua, y entre siete y 10 kilogramos de forraje. En cambio, se necesitan solo 1.000 litros de agua y solo dos kilogramos de forraje para producir un kilogramo de pollo.

Emiratos, considerado un país con seguridad alimentaria, depende, sin embargo, principalmente de la importación de alimentos, hasta 80 por ciento de los que consumen proceden de otros países.

“No tenemos nuestra propia industria ganadera, pero eso no nos evita un problema”, observó Al Ghamdi.

“Y grandes cantidades de dióxido de carbono se generan a partir del transporte asociado a la producción de carne; tiene más sentido económico y ambiental cambiar a una cultura en la que dependamos más de alimentos de más fácil acceso”, apuntó.

El informe publicado por la revista Nature reclama un “cambio global” hacia dietas más basadas en plantas, reduciendo el desperdicio de alimentos, mejorando las prácticas agrícolas con la ayuda de la tecnología, mejorando la educación, además de una reforma industrial y de mejorar la eficiencia, como medidas para hacer frente al problema.

“En Medio Oriente, solíamos tener dietas basadas en arroz, lentejas y garbanzos. De esa forma nos alimentamos durante años, comíamos poca carne”, apuntó Al Ghamdi.

“Esta tendencia a tener comidas basadas en la carne es nuevo y es un concepto occidental, pero no hay nada en la carne que la haga fundamental; hay otros alimentos, como las legumbres y los granos, que ofrecen las mismas proteínas y hierro”, precisó.

El artículo de Nature subraya que con el gran aumento de población y de  ingresos globales previsto (que permitirán a la gente consumir más carne), para mediados de siglo, el impacto de la industria cárnica, que ya es significativo, podría aumentar 90 por ciento, si no se hacen esfuerzos para reducirla.

Traducción: Verónica Firme

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La muerte asoma entre la cárcel y el exilio para opositores venezolanos

sex, 19/10/2018 - 22:03

El edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política, en la plaza Venezuela de Caracas, de cuyo piso 10 cayó el político opositor Fernando Albán, en lo que el gobierno de Nicolás Maduro ha calificado como un suicidio. Crédito: Cortesía de El Pitazo

Por Humberto Márquez
CARACAS, Oct 20 2018 (IPS)

La muerte de un dirigente opositor en las instalaciones de la policía política colocó de nuevo el foco internacional sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, incluida la situación de activistas presos o forzados al exilio.

Fernando Albán, concejal de Caracas y dirigente del partido opositor Primero Justicia (centrista), murió el 8 de este octubre mientras estaba detenido en la sede de la policía política, tres días después de su arresto en el aeropuerto capitalino, a donde llegó tras participar en denuncias de su organización en Nueva York contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El activista “murió cuando pidió permiso para ir a un baño y estando allí se lanzó al vacío”, desde el décimo piso de la céntrica sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), informó inicialmente el fiscal general, Tarek Saab.

El ministro del Interior y Justicia, el general Néstor Reverol, dio cuenta después de que el suicidio ocurrió a precipitarse Albán “desde una sala de espera” del mismo piso del edificio, y desde entonces esa ha sido la tesis oficial.

Albán fue arrestado en investigaciones sobre un fallido atentado con drones contra el presidente el 4 de agosto, por el que están detenidas una veintena de personas y que según el gobierno tiene como cerebro a Julio Borges, coordinador de Primero Justicia autoexiliado en Bogotá, y como colaboradores a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

Portavoces de la oposición rechazaron la tesis del suicidio, difundieron versiones de que el concejal murió víctima de torturas y su cuerpo fue arrojado al vacío, mientras organizaciones de derechos humanos y la jerarquía de la Iglesia Católica han demandado una investigación imparcial e internacional.

Otro tanto hicieron Estados Unidos, los 12 gobiernos americanos reunidos en el Grupo de Lima y la Unión Europea. Francia y España incluso convocaron a los embajadores de Venezuela para comunicar su preocupación por la muerte del concejal bajo la custodia del Estado.

En Venezuela “se practica una represión selectiva, como muestra el caso Albán, con violación del debido proceso, se encarcela a opositores y se desconoce durante días su paradero y hay altas posibilidades de que se les someta a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dijo a IPS el coordinador de la organización de derechos humanos Provea, Rafael Uzcátegui.

Cuatro días después de la muerte de Albán, el gobierno sacó de una sede del Sebin al joven activista Lorent Saleh y de manera expedita lo envió a España. Saleh llevaba cuatro años preso, acusado de preparar atentados terroristas desde Colombia, sin que los cargos llegasen a un tribunal porque 53 veces se aplazó la inicial audiencia de presentación del reo ante un juez.

“Por primera vez en cuatro años podré ver la luna y el amanecer”, dijo Saleh al llegar a Madrid, tras estar detenido en celdas de sótanos con solo luz artificial, según sus defensores.

Saleh, galardonado con el europeo Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia de 2017, también afirmó que había sido víctima de torturas que le hicieron pensar en suicidarse.

La liberación de Saleh “probablemente se realizó para obtener algún beneficio político, como que España plantease un nuevo diálogo o negociación con el gobierno venezolano. Es un patrón que se sigue pero se acompaña de nuevas detenciones, de otros opositores políticos”, observó Alfredo Romero, del Foro Penal, que defiende a detenidos por causas políticas.

Romero sostiene que en Venezuela se practica desde hace años una “puerta giratoria”, con la que cada vez que se libera algún detenido por razones políticas se lleva a otros a la cárcel.

“Mientras se producen algunas excarcelaciones, solamente este año se ha detenido a más de 500 personas por razones políticas, y 12.400 desde 2014”, dijo Romero a IPS. Durante 2014 y 2017 hubo varios meses de protestas callejeras.

Actualmente, según el Foro Penal, con varios premios internacionales por su actividad, hay 237 presos políticos, pero desde 2014 se han registrado 7.343 procesos penales contra personas por causas políticas o vinculadas a ella

El brazo judicial y policíaco ha alcanzado a líderes con largas trayectorias, como Leopoldo López, jefe del partido Voluntad Popular, Borges (expresidente del parlamento) o Antonio Ledezma, ex alcalde mayor de Caracas, quien escapó de su arresto domiciliario y huyó al extranjero.

Pero también a humildes trabajadores, como dos bomberos de una minúscula localidad de los Andes, en el suroeste del país, quienes hicieron una broma en vídeo comparando a Maduro con un burro que entró a su área de trabajo.

Fueron procesados bajo una “ley contra el odio” dictada fuera del parlamento y encaran una condena de hasta 18 años de cárcel.

En medio están policías sentenciados por sucesos enmarcados en un golpe de Estado en 2002, dirigentes políticos locales, estudiantes y pobladores que participaron en las confrontaciones callejeras de 2014 y 2017, militares acusados de participar en conatos de insurrección y los señalados por actividades terroristas como el frustrado atentado de agosto contra Maduro.

Dirigentes medios, como alcaldes y algunos diputados, han optado por cruzar subrepticiamente la frontera para autoexiliarse, o se han refugiado en embajadas.

Hay situaciones en las cuales los tribunales ordenan la excarcelación y los custodios militares o policiales ignoran la medida, como en el caso de 59 colombianos detenidos por presuntamente participar en preparativos de insurgencia en 2016.

Un tribunal les otorgó la libertad en 2017, pero aún permanecen encarcelados, algunos seriamente enfermos, según Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Desde agosto permanece encarcelado Juan Requesens, joven diputado sindicado de cooperar con el atentado de los drones, detenido sin respetar la inmunidad que la Constitución ampara a los parlamentarios. De él se divulgaron vídeos, tomados en los primeros días bajo arresto, con expresión ausente y apenas vistiendo una ropa interior manchada de heces fecales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó el 12 de octubre medidas de protección para Requesens y de nuevo solicitó al gobierno venezolano que permita el ingreso de una comisión internacional que verifique las condiciones de su detención.

“La sede del Sebin ha sido denunciada como centro de torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes contra las personas privadas de libertad por razones políticas”, señaló una declaración de 65 organizaciones sociales y humanitarias venezolanas este mismo mes.

En ella, solicitaron presionar al gobierno para que permita que una comisión de la Cruz Roja Internacional examine las condiciones de reclusión de los presos políticos en Venezuela.

En el país “no hay condiciones para investigaciones independientes sobre estos temas, y por eso los reclamos para una participación internacional que las dote de transparencia”, dijo Uzcátegui, cuya organización es una de las más respetadas y antiguas en materia humanitaria del país.

Otro aspecto es la militarización de las barreras que se erigen ante la acción de civiles, y no solo al actuar la fuerza pública en manifestaciones callejeras, sino que “hay un creciente empleo de tribunales militares: 811 civiles han sido llevados ante la justicia militar desde comienzos de 2017 hasta octubre de 2018”, dijo Romero.

Para Romero “la actuación sobre los dirigentes y activistas políticos y aún simples ciudadanos tiene el propósito de mantener un clima de intimidación sobre la población”.

“Se apela a la disuasión porque en medio de la crisis económica se dispone cada vez de menos mecanismos clientelares para procurar apoyo popular al gobierno”, acotó Uzcategui.

En ausencia de instituciones democráticas fuertes, planteó,  “y con un presidente Maduro que ve fortalecido su poder y sin compartir liderazgo al completar su primer período de gobierno (2013-2019), pueden reeditarse las doctrinas de seguridad nacional y del enemigo interno”.

Eso, a su juicio, es un mal presagio para quienes hagan política desde la oposición, con Maduro ya reelegido para un nuevo sexenio en mayo, en unos comicios en que la mayoría de la oposición no participó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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ONG reclaman a ONU investigar asesinato del periodista Khashoggi

sex, 19/10/2018 - 20:26

Según el Comité para la Protección de Periodistas, 44 profesionales de la prensa murieron en lo que va de 2018, 27 de los cuales asesinados. Crédito: Cortesía ONU Ginebra.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Oct 19 2018 (IPS)

Frente al malestar internacional por la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi, organizaciones de derechos humanos reclaman a la ONU que investigue el hecho.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) se unieron para reclamar a la ONU (Organización de las Naciones) una investigación sobre la tortura y la muerte de Khashoggi para evitar su “encubrimiento”.

“Eso da una señal enormemente escalofriante a los periodistas del mundo sobre que sus vidas no importan y que los estados pueden asesinar con impunidad”, subrayó Robert Mahoney, subdirector ejecutivo del CPJ, en conferencia de prensa.

“Creemos que la única forma de garantizar que no se encubra la desaparición de Jamal Khashoggi es que la ONU lance una investigación internacional, independiente y transparente”, añadió.

Por su parte, Louis Charbonneau, de HRW, coincidió: “Necesitamos que se hagan responsables y para ello, necesitamos una información creíble y una investigación”.

Originario de Arabia Saudita, Khashoggi residía de forma permanente en Estados Unidos, donde trabajaba como columnista de The Washington Post.

La última vez que lo vieron fue cuando visitó el consulado de Arabia Saudita en Turquía, y fuentes turcas filtraron una fotografía espantosa del incidente, incluso con un cuerpo desmembrado, indicó.

Grabaciones en audio y video también sugieren que funcionarios saudíes cercanos al príncipe heredero Mohammad bin Salman son responsables del hecho.

Lamentablemente, no es un incidente aislado pues los periodistas siguen siendo asesinados por su trabajo.

Según el CPJ, 44 profesionales de la prensa murieron en lo que va de 2018, 27 de los cuales víctimas de homicidio.

“Ese incidente no ocurrió de la nada. Jamal Khashoggi no es un caso anómalo”, puntualizó Sherine Tadros, directora de la oficina de Nueva York de Amnistía, refiriéndose a los antecedentes en materia de derechos humanos de Arabia Saudita.

“Ocurrió en un contexto de creciente persecución contra la disidencia desde junio de 2017, cuando asumió el príncipe heredero Mohammad bin Salman”, precisó.

Desde su asunción, aumentó la detención de disidentes, incluso de defensores de derechos humanos como Samar Badawi, conocida activista en defensa de los derechos de las mujeres.

Ese país de Medio Oriente figura en la lista de Países con Mayor Censura, elaborada por el CPJ, después de Corea del Norte y Eritrea.

La última columna de Khashoggi para The Washington Post trató sobre la necesidad de lograr la libertad de expresión en el mundo árabe.

“El mundo árabe necesita una versión moderna de los viejos medios trasnacionales para que los ciudadanos se informen sobre cuestiones globales”, escribió.

“A través de la creación de un foro internacional independiente, separado de la influencia de gobiernos nacionalistas que propagan el odio a través de la propaganda, la gente de a pie del mundo árabe podrá hacer frente a los problemas estructurales a los que deben afrontar sus sociedades”, añadió Khashoggi.

Mahoney subrayó la necesidad de actuar contra las amenazas que sufren los profesionales de la prensa.

“Tenemos que defender esto porque si no lo hacemos, ese espacio seguirá reduciéndose. Países como Arabia Saudita, que tienen riqueza e influencia, seguirán reprimiendo el periodismo”, remarcó.

Las cuatro organizaciones de derechos humanos instaron a Turquía a pedir al secretario general de la ONU, António Guterres, que lanzara una investigación sobre el caso.

Turquía y Arabia Saudita lanzaron sus propias investigaciones sobre lo ocurrido, pero muchos analistas opinan que las conclusiones no serán creíbles.

“Para eso se creó la ONU, por eso la necesitamos. Necesitamos credibilidad”, abogó Charbonneau.

“Si es cierto que los más altos funcionarios del gobierno saudí están detrás de la ejecución y el desmembramiento de Khashoggi, no queremos que los culpables se investiguen a sí mismos. Así hacemos ahora las investigaciones criminales”, añadió.

A pesar de los antecedentes similares de Turquía en lo que respecta a la protección de los periodistas, las organizaciones de derechos humanos dijeron que es hora de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan tome cartas en el asunto.

“Queremos que el gobierno turco dé un paso al frente, que aproveche para avanzar hacia el futuro y dejar atrás el pasado; que mande un mensaje al mundo de que queremos a la prensa, que queremos información creíble y que protegeremos a los periodistas”, observó Charbonneau.

No será la primera vez que se pide a la ONU que lleve adelante una investigación de esas características.

En 2009, Pakistán le pidió al entonces secretario general Ban Ki-moon que indagara en el asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto.

La investigación concluyó que las autoridades pakistaníes encubrieron el hecho.

Funcionarios de la ONU, como la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, también reclamaron una investigación imparcial y transparente sobre la desaparición y la muerte de Khashoggi.

“Su familia y el mundo merecen conocer la verdad”, apuntó.

Las organizaciones de la sociedad civil reclamaron medidas rápidas, y la presión de otros gobiernos sobre Turquía y Arabia Saudita.

El llamado “cobra impulso y esperamos que sea tal que Turquía no pueda decir que no y tenga que actuar, y que los saudíes sientan tanta presión que tengan que cooperar”, señaló Charboneau.

El secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó ambos países y se reunió con sus jefes de Estado por este tema, y pide más tiempo para que Arabia Saudita culmine la investigación antes de actuar.

Antes de ese viaje, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la prensa por tratar a Arabia Saudita de culpable antes de probarlo.

“Si buscamos probar la inocencia de Arabia Saudita, creemos que no hay otra forma: nuestra mejor opción de investigación creíble, de investigación transparente, y que no se politice, es que la haga la ONU, y le corresponde a Turquía solicitarla”, observó Tadros.

También pidió al secretario general que actuara con contundencia.

“No podemos vivir en un mundo donde los gobiernos puedan usar armas químicas contra sus propios ciudadanos y no pasa nada”, sentenció Tadros.

Y agregó: “Donde un ejército puede realizar una limpieza étnica, torturar y violar a una comunidad entera y nadie se hace responsable; donde un periodista en una gran ciudad entra en un consulado, es torturado y asesinado y no pasa nada”, protestó.

“Cada vez que el sistema de la ONU, y en particular el secretario general, no hablan, permiten otra tragedia; otra persona es asesinada, otra población sufre limpieza étnica”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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África se mantiene decidida rumbo a la COP24

sex, 19/10/2018 - 13:14

Pastores de Etiopía deben trasladarse constantemente en busca de pasturas y pozos de agua para sus animales. Crédito: William Lloyd-George/IPS

Por Friday Phiri
NAIROBI, Oct 19 2018 (IPS)

El crecimiento de los movimientos nacionalistas de extrema derecha en Occidente amenaza el Acuerdo de París, alcanzado en diciembre de 2015, coincidieron expertos africanos, reunidos en la siete Conferencia sobre Cambio Climático y Desarrollo de África (CCDA-VII), realizada en esta capital de Kenia.

El acuerdo busca acelerar e intensificar las acciones y las inversiones para tener un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono, mediante la mitigación de gases contaminantes, la adaptación y la transferencia de tecnología y de fondos, entre otras medidas.

Mientras las partes se esfuerzan por terminar de definir las medidas necesarias para que comience a funcionar el Acuerdo de París, los expertos africanos encontraron la necesidad de presentar una voz única en lo que respecta a los cambios geopolíticos que ponen en riesgo las negociaciones climáticas.

“El crecimiento del movimiento nacionalista de extrema derecha encerrado en sí mismo y los negadores del cambio climático de Occidente es una señal del endurecimiento de las posiciones, lo que puede derivar en la falta de acciones de los mayores responsables de los problemas climáticos del mundo”, observó Mithika Mwenda, secretario general de la Alianza Panafricana de Justicia Climática (PACJA, en inglés).

Mwenda dijo que las organizaciones de la sociedad civil buscan la colaboración de gobiernos del continente y están listas a ofrecer su apoyo mientras África busca soluciones locales para mitigar el impacto del recalentamiento global.

“Nuestros gobernantes, que tienen la clave para implementar de forma eficiente el Acuerdo de París, deben permanecer sinceramente concentrados y resistir los intentos de dispersar la voz africana unificada para que África pierda su fuerte posición en el diseño del reglamento del acuerdo”, indicó Mwenda en diálogo con IPS.

La 24 Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará en Katowice, Polonia, en diciembre de este año, deberá concluir la reglamentación operativa del acuerdo.

Pero al grupo africano le preocupa que haya un intento deliberado de los estados más industrializados de descarrilar el proceso, pues la operacionalización del acuerdo implica una obligación económica de su parte para apoyar la adaptación y la mitigación en los países en desarrollo.

Desde 2015, el mundo ha sido testigo de un cambio geopolítico, como el que llevó a la Presidencia de Estados Unidos a un escéptico en cuestiones climáticas como Donald Trump, así como a muchos movimientos nacionalistas de extrema derecha al gobierno en Europa.

“Dos grupos fuerte se unieron, la industria extractiva y los nacionalistas de extrema derecha”, puntualizó Martin Hultman, profesor adjunto de Ciencia, Tecnología y Estudios Ambientales de la Universidad Chalmers de Tecnología.

“La combinación llevó el debate actual a un nivel mucho más dramático que antes, al mismo tiempo que desaparece nuestra ventana de oportunidades”, acotó Hultman, investigador responsable de proyecto “¿Por qué no nos tomamos en serio el cambio climático? Un estudio de la negación del cambio climático”.

Por otro lado, Trump cumplió una promesa de campaña cuando escribió a la Secretaría de la CMNUCC para notificar del retiro de su país del tratado, socavando así la universalidad del Acuerdo de París y perjudicando la confianza de los estados en la cooperación climática.

En ese contexto, el debate en Nairobi giró en torno a cómo puede hacer el continente para aprovechar las soluciones locales y mantenerse unidos en medio de la cambiante dinámica política.

En su discurso de apertura, en nombre del presidente, Uhuru Kenyatta, el ministro de Ambiente y Silvicultura, Keriako Tobiko, dijo que el cambio climático era una cuestión de vida o muerte para África.

“Todos experimentamos las devastadoras consecuencias sin precedentes del cambio climático sobre la vida y el sustento de nuestros pueblos, así como sobre nuestras economías”, subrayó.

“África es el continente más vulnerable a pesar de solo contribuir a cuatro por ciento de las emisiones de gases invernadero, pero cuando vamos a defender nuestro caso hablamos en lenguas y nos volvemos sin acuerdo”, añadió Kenyatta.

Los ecosistemas compartidos que caracterizan a África hacen que sea fundamental tener una voz única para salvaguardar la base del desarrollo del continente y buscar soluciones transformadoras, apuntó.

La conferencia de Nairobi se realizó pocos días después de la divulgación del informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) dedicado al Recalentamiento Global de 1,5 grados centígrados, que alerta sobre una catástrofe si no se toman medidas inmediatas para frenar las emisiones de gases invernadero.

Sobre el informe del IPCC, Tobiko reiteró las resoluciones adoptadas por la primera Plataforma de Asociación Ambiental de África, mantenida el 20 de septiembre bajo los auspicios de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, el órgano técnico de la Unión Africana, que subraya la necesidad de convertir los desafíos ambientales en soluciones económicas a través de la innovación y las inversiones verdes.

También informó que Kenia organizará la primera Conferencia de Economía Sostenible Azul, del 26 al 28 de noviembre, para promover inversiones sostenible en océanos, mares, lagos y ríos.

Al igual que la Plataforma de Asociación Ambiental de África, que reconoce “al conocimiento indígena y alos sistemas de gobernanza tradicionales como parte del rico patrimonio africano para hacer frente a las cuestiones ambientales”, la indigenización también es un tema popular en la CCDA VII.

Bajo el lema “Políticas y acciones para la efectiva implementación del Acuerdo de París para economías resistentes en África”, la conferencia atrajo a más de 700 participantes de los estados miembro, investigadores climáticos, academia, organizaciones de la sociedad civil y gobernantes locales, entre otros.

Por su parte, James Murombedzi, responsable del Centro de Política Climática de África de la Comisión de las Naciones Unidas para África, dijo que hace tiempo que las comunidades africanas que practican estrategias de adaptación y respuestas viables para la variabilidad del clima.

“Pero hay límites a cuánto pueden seguir haciendo las comunidades para seguir generando ingresos adaptados al contexto del cambio climático”, observó. Es hora de que reciban apoyo de un contexto propicio creado por los gobiernos.

“Por eso en la CCDA-VII creemos que los países deben comenzar a planificar para un clima más cálido que lo que se preveía, lo que implica que debemos revisar las diferentes acciones y propuestas climáticas para asegurarnos de que podemos no solo sobrevivir en un ambiente con tres grados centígrados más, sino también lograr nuestros objetivos de desarrollo sostenible y nuestra Agenda para 2063”, añadió Murombedzi.

Yacob Mulugetta, profesor de política de desarrollo y energía, de la Universidad London College, señaló que “esas son las implicancias del recalentamiento global para África, que ya sufre las consecuencias del clima, como en la producción agrícola, el turismo y la generación de energía hidroeléctrica”.

“La cooperación internacional es una parte fundamental para limitar el recalentamiento en 1,5 grados”, apuntó Mulugetta, pero alertó a los expertos africanos de ser conscientes de los cambios geopolíticos que impactan en las negociaciones climáticas.

James Kinyangi, del Banco de Desarrollo Africano, dijo que el Plan de Acción Climática para 2016-2020 era ambicioso.

“Explora modalidades para lograr la adaptación, la conveniencia y la efectividad de los fondos para el clima, la construcción de capacidades y la transferencia de tecnología, todo lo que apunta a construir capacidades para que las economías africanas logren todo su potencial para adaptarse en sectores de alta tecnología”.

En el marco de ese plan, el banco prácticamente triplicará sus fondos para proyectos climáticos hasta llegar a 5.000 millones de dólares al año en 2020.

Traducción: Verónica Firme

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El artículo África se mantiene decidida rumbo a la COP24 fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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