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Atualizado: 3 semanas 23 horas atrás

Mujeres latinoamericanas soportan especial violencia en la política

ter, 27/11/2018 - 15:58

Elisa Zepeda, la primera alcaldesa del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, rodeada de su cuerpo edilicio. Crédito: Onu MujeresPor Corresponsal FaoMÉXICO, Nov 27 2018 (IPS) Como activista por los derechos de las mujeres indígenas en el sur de México, Elisa Zepeda Lagunas ha sufrido el tipo de violencia que hubiera acabado con cualquiera. Fue arrastrada a la plaza de la ciudad y atacada a machetazos hasta prácticamente la muerte, quemaron su casa y asesinaron a su hermano. “Nos tendieron una emboscada… para que detuviéramos el movimiento que estaba liderando”, explica Zepeda Lagunas, de 34 años. “Me dijeron: ‘Esto es lo que pasa cuando te metes en temas que no te incumben’… Me torturaron y me hicieron cosas sobre las que todavía me cuesta hablar”, precisa. Sin embargo, esto no detuvo el activismo de Zepeda Lagunas. Perseveró y se presentó como candidata política, siendo elegida en 2016 como la primera alcaldesa del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, en el distrito de Teotitlán del sureño estado mexicano de Oaxaca. En julio de 2018, fue elegida para el Congreso del estado de Oaxaca. “Pese a todos los riesgos, me presenté porque este cargo me ofrece una gran oportunidad para alzar la voz a otro nivel, como legisladora, y tenemos mucho trabajo por hacer”, afirma. “Para mí es imprescindible ocupar estos espacios y abrirlos a otras personas”. En la actualidad, en América Latina las mujeres ocupan el 27,3 por ciento de los puestos locales como miembros municipales o concejalas, un aumento del 6,5 por ciento durante los últimos 10 años, lo que coloca la región como la primera a nivel mundial en cargos locales y parlamentarios ocupados por mujeres. No obstante, el camino no ha sido fácil para las mujeres que se dedican a la política en América Latina. El acoso, las amenazas e incluso la muerte han hecho que esta carrera profesional sea una opción arriesgada, porque para conseguir su participación política, ellas tienen que hacer frente a una creciente violencia contra su presencia en la política. Esto es cierto incluso en el caso de Bolivia, donde la igualdad está garantizada y las mujeres representan el 53,1 por ciento del conjunto parlamentario —el tercer porcentaje más alto a nivel mundial— y el 44,1 por ciento del conjunto de concejalas y concejales (en 2014). Bolivia “Nuestra batalla se libró en las calles, en las cárceles, a base de recibir golpes… Nos costó mucha sangre y muchas muertes”, explica Leonida Zurita, que inició su carrera política como activista sindical agrícola antes de convertirse en la primera mujer en dirigir la Asamblea Regional de Cochabamba en 2015. En 2017, fue nombrada presidenta de la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales del Estado Plurinacional de Bolivia (AMADBOL), que se creó con asistencia técnica y financiera de ONU Mujeres. Zurita explica que la representación ha mejorado enormemente para las mujeres, gracias a la legislación y a una nueva constitución, pero que el acoso y la violencia política siguen muy presentes. Leonida Zurita, presidenta de la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales del Estado Plurinacional de Bolivia. Crédito: David Villegas/ONU Mujeres El asesinato en 2012 de la concejala boliviana Juana Quispe —que había presentado denuncias por acoso y estaba promoviendo una ley para proteger a las mujeres políticas contra la violencia— y el asesinato de la concejala Daguimar Rivera Ortiz unos meses más tarde, impulsaron la petición urgente de instaurar una ley que abordara la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política. En 2012 se aprobó la histórica ley de Bolivia contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres (Ley 243), que se convirtió en la primera —y todavía única— ley independiente de este tipo en el mundo. ONU Mujeres proporcionó asistencia técnica y financiera para esta legislación, por la que se aplican sentencias de cárcel de dos a cinco años para cualquier persona que presione, persiga, acose o amenace a una mujer que ejerza funciones públicas, y de hasta ocho años de cárcel para quienes cometan agresiones físicas, psicológicas o sexuales. Sin embargo, las reformas jurídicas de Bolivia “no cambiaron los sistemas patriarcales o la cultura del machismo de la noche a la mañana, y no tardaron en aparecer y generalizarse las reacciones contra las mujeres que ocupaban cargos políticos”, explica Katia Uriona, expresidenta del Tribunal Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. Aliada de ONU Mujeres desde hace tiempo, Uriona formó parte de una reunión de un grupo de personas expertas sobre cómo poner fin a la violencia contra las mujeres en la política, organizada conjuntamente por ONU Mujeres en marzo de 2018. Uriona afirma que la Ley 243 ha tenido un valor inestimable a la hora de dar visibilidad a la cuestión, si bien sigue habiendo retos en su implementación, ya que no ha habido ningún caso que se haya resuelto con penas de cárcel. Un reciente estudio realizado por la Coordinadora de la Mujer de Bolivia, una entidad beneficiaria del Fondo para la Igualdad de Género, reveló que entre el 65 y el 70 por ciento de las mujeres parlamentarias ha sido víctima de acoso y violencia política. “Lo triste es que estas formas de violencia y acoso están totalmente normalizadas en el ámbito de la política y forman parte de su cultura, tanto de los partidos como del propio sistema democrático”, afirma la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo. En 2017, ONU Mujeres prestó asistencia al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia para crear un Observatorio de la Paridad Democrática contra el acoso y la violencia política. Este observatorio supervisa tanto la paridad de género y la paridad intercultural como los derechos políticos de las mujeres, además de hacer un seguimiento y generar conciencia sobre la participación política de las mujeres (incluida la violencia) y generar datos. Como parte de los esfuerzos continuos que se realizan, se presentó una ley sobre la paridad en los partidos políticos bolivianos —con una sección dedicada a la violencia contra las mujeres en la política— ante la Asamblea Legislativa en junio de este año, que se aprobó el 1 de septiembre. Brasil En Brasil, las mujeres que se dedican a la política se enfrentan a riesgos similares y aquellas que pertenecen a grupos indígenas o son afrodescendientes sufren amenazas por partida doble. En marzo de 2018, el asesinato de Marielle Franco, de 38 años de edad, concejala de Río y conocida defensora de los derechos humanos de las personas afrodescendientes, copó los titulares de todo el mundo e hizo aflorar los sentimientos del público. ONU Mujeres ha colaborado con entidades socias que impulsan esfuerzos de promoción para generar conciencia en torno a este tipo de violencia, también durante el proceso de destitución contra la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, destacando diversas situaciones de violencia política dirigidas contra su persona durante 2015 y 2016. En asociación con la sociedad civil y alcaldesas y alcaldes locales, ONU Mujeres ha trabajado para visibilizar mejor la violencia contra las mujeres en la política antes y durante los procesos electorales, y para promover la participación política de las mujeres. Como parte de la iniciativa Brasil 50-50 para lograr la paridad de género en el ámbito de la política, una campaña independiente sobre el periodismo de datos llamada “Gênero e Número” (Género y Número) está aumentando la visibilidad de las mujeres negras, indígenas y LBTI, que tienen una representación muy insuficiente en los círculos políticos, así como de la violencia política contra las mujeres. “Es necesario poner los derechos de las mujeres en el centro del debate público sobre las elecciones” ha dicho Nadine Gasman, Representante de ONU Mujeres en Brasil. “ONU Mujeres ha desarrollado plataformas para que los y las candidatas expresen sus posiciones y se comprometan con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con un énfasis en la igualdad de género. Sabemos que no podemos conseguir un desarrollo sostenible sin la participación igualitaria en política de hombres y mujeres”, plantea Gasman. Honduras En Honduras, Fátima Mena Baide, concejala municipal de San Pedro Sula, ha sufrido repetidamente amenazas y agresiones. A los 28 años y siendo madre de un hijo de un año, fundó un partido político, se presentó a las elecciones y fue elegida para ocupar un cargo en el parlamento en 2014. Al presentarse para alcaldesa en 2017, recibió un aluvión de mensajes de texto y de medios sociales enviados desde perfiles falsos, en los que se le decía que cuidara de su hijo en lugar de presentarse a las elecciones, o bien la amenazaban haciendo referencia a su seguridad personal o la de su hijo. Elisa Zepeda, al frente, durante un recorrido por áreas de su municipio. Crédito: ONU Mujeres Fue atacada físicamente: recibió golpes, un congresista que se presentaba a la reelección la tiró del pelo, y tuvo que evitar hacer campaña en determinados distritos porque existía una orden de asesinarla. “Lo que mantiene a las mujeres fuertes es saber que lo que están sufriendo es violencia política contra ellas, por ser mujeres”, afirma Mena Baide, que también intervino en la reunión del grupo de personas expertas organizado por ONU Mujeres en marzo. “En ocasiones la policía ni siquiera es consciente de lo que representa la violencia política. Ni siquiera conocen el término”, reflexiona. Mena Baide se personó ante las autoridades, pero la policía no registró ninguna denuncia. Tampoco sirvió de nada denunciar los incidentes dentro de su propio partido. Ella afirma que únicamente grupos de mujeres y la comunidad internacional le han mostrado un apoyo tangible. México “Si la protección significa apartar a una mujer de su trabajo, ¿entonces quién gana?”, pregunta María del Carmen Alanís Figueroa, académica invitada en la Facultad de Derecho de Harvard. Ella fue la primera mujer de México en dirigir el Tribunal Electoral del Poder Judicial. En la reunión del grupo de personas expertas celebrado en marzo, detalló los esfuerzos que realiza México para proteger a las mujeres políticas en ausencia de una ley especial. “Hay que sancionar al agresor, al partido. La protección de las mujeres en el ámbito de la política no significa apartarlas de la política. Tenemos que hacer algo diferente: eso es la reparación”, afirma. En 2014 se produjo un avance con la aprobación del país de un Protocolo judicial federal para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (renovado en 2017), con el Tribunal Electoral como su principal autoridad. Asimismo, ONU Mujeres México contribuyó a la elaboración de un Protocolo modelo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género en consonancia con el protocolo federal del estado de Oaxaca, que ha propiciado otros protocolos estatales en el país. “El protocolo es como una declaración política por la cual se reconoce que existe un problema y que hay instituciones que tienen voluntad de actuar…”, sostiene la experta en política y género Mónica Maccise Duayhe, directora de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral de México. “Al menos nos facilita la coordinación y el hecho de contar con un instrumento homogéneo. Pero el protocolo no es suficiente. Necesitamos mecanismos adicionales para subsanar las deficiencias”, plantea. A pesar de contar con más de 4.000 candidatas para las diferentes instancias del gobierno en las pasadas elecciones de julio de 2018, Maccise Duayhe señala que únicamente se denunciaron 38 casos de violencia política por motivos de género a nivel nacional, de los cuales solamente tres dieron como resultado medidas de protección. En su opinión, más mujeres denunciarían este tipo de violencia si hubiera una ley o sanciones más contundentes. “Lo que no se puede hacer es depender únicamente del cambio legislativo, o de un mecanismo, o del protocolo”, afirma. “Necesitamos una mejor coordinación institucional. Necesitamos capacitar a juezas y jueces. Es un proceso”, añade. Maccise Duayhe, que también dirigió el programa de igualdad de género del Tribunal Supremo de México, contribuyó a lograr el compromiso de nueve partidos políticos mexicanos para unirse a la campaña HeForShe de ONU Mujeres antes de las últimas elecciones. Así, se comprometieron a promover los derechos de las mujeres en sus plataformas, garantizar la paridad en sus órganos rectores y combatir la violencia política por motivos de género. ONU Mujeres México se ha esforzado por fortalecer las capacidades de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las mujeres políticas, mediante foros de capacitación regional y su afiliación en espacios como, por ejemplo, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres y el grupo de trabajo sobre violencia política contra las mujeres. De nuevo en Oaxaca, Zepeda Lagunas es una de las 23 mujeres (frente a 19 hombres) que ahora componen la mayoría del Congreso del Estado de Oaxaca. Las elecciones de julio arrojaron cifras récord de mujeres electas en México, lo que incluye el 48,2 por ciento de la cámara baja del Congreso federal y el 49,2 por ciento del Senado, lo que representa el tercer y cuarto índice más alto a nivel mundial. “Queremos abrir una escuela de capacitación para el empoderamiento político de las mujeres en las 41 municipalidades de mi distrito”, afirma Zepeda Lagunas. “También queremos tipificar la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política, ya que no se están aplicando las sentencias de los pocos juicios que se han iniciado… Poco a poco vamos avanzando, y siento que todo ha valido la pena”, agrega. Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres, como parte de sus historias sobre #EscúchameTambién, su lema durante los 16 Días de activismo contra la violencia de género, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con ONU Mujeres y como contribución a estas jornadas contra la violencia machista. RV:EG El artículo Mujeres latinoamericanas soportan especial violencia en la política fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Los contraproducentes subsidios a la pesca son difíciles de erradicar

ter, 27/11/2018 - 13:14

Autoridades extraen redes ilegales para pescar camarones en la laguna de Chilka, en el este de India, en 2010. Crédito: Manipadma Jena/IPSPor Busani BafanaNAIROBI, Nov 27 2018 (IPS) El pescado pronto desaparecerá del menú, a menos que las autoridades de todo el mundo logren un acuerdo sobre los multimillonarios subsidios a la pesca, que son perjudiciales y a los que se atribuye poner en riesgo las reservas mundiales y ampliar la desigualdad en el uso de los recursos marinos. En la Conferencia de Economía Azul Sostenible, inaugurada en la capital de Kenia el lunes 26, se mencionó la urgencia de un acuerdo que ponga fin a los subsidios a la industria pesquera, que en 2016 generó unos 360.000 millones de dólares. Organizada por Canadá y Japón, el encuentro reúne a unos 18.000 participantes de todo el mundo para discutir cómo aprovechar las posibilidades de los océanos, mares, lagos y ríos para mejorar la vida de las formas de generar ingresos en los estados en desarrollo. Más de 3.000 millones de personas dependen de la pesca para alimentarse, generar ingresos y tener un trabajo. El mundo se unió frente a las enormes presiones que soportan nuestros océanos y cursos de agua, desde la contaminación plástica a las consecuencias del cambio climático. La conferencia aprovecha el impulso de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de 2015, y de la Conferencia de los Océanos, de 2017. Pero los subsidios, algunos de los cuales tienen más de 50 años, se volvieron un asunto delicado para la captura, la comercialización y el consumo de peces en los océanos, que técnicamente no son de nadie. Desde 2001, los gobernantes del mundo debaten sobre ciertas formas de subsidios a la pesca que favorecen la sobrepesca, y negocian cómo eliminarlos pues contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Se estima que los subsidios ascienden a 20.000 millones de dólares al año, en total. Las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los subsidios comenzaron en la Conferencia ministerial de Doha, de 2001, con el mandato de “aclarar y mejorar” el sistema existente. El mandato se elaboró en 2005 en la Conferencia de Hong Kong, e incluyó la prohibición de ciertas formas de subsidios a la pesca que contribuyen a la sobrepesca. Y en la Conferencia de Buenos Aires, de 2017, los ministros decidieron un programa de trabajo para concluir las negociaciones, con el fin de adoptar en 2019 un acuerdo sobre los subsidios a la pesca. El acuerdo deberá estar en sintonía con la meta seis del 14 Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre la conservación y el uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos. Roberto Zapata Barradas, presidente del Grupo de Negociación de Reglas de la OMC, y embajador y representante permanente de México en la organización, comentó que las negociaciones buscan eliminar los subsidios que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y que es necesario llegar a un acuerdo en diciembre de 2018. Crédito: Busani Bafana/IPS. La paradoja de la pesca Uno de los puntos delicados de las negociaciones es la necesidad de incluir un trato apropiado, efectivo diferencial y especial para los países en desarrollo y los menos adelantados. El objetivo es frenar los subsidios que agotan el capital natural, por lo que las reglas para los subsidios perjudiciales deben de enmarcarse de forma de crear una situación que beneficie tanto al comercio, el ambiente y el desarrollo. El embajador y representante permanente de Canadá en la OMC, Stephen de Boer, precisó que el acuerdo no apunta a mantener la credibilidad de la organización, sino a la pesca y hacer frente a los problemas de desarrollo. “A Canadá le preocupa que no tenemos mucho tiempo para hacer esto y hay una gran variedad de asuntos divergentes”, explicó De Boer a IPS. “Mi temor es que no es suficiente la preocupación por los peces, y perdemos tiempo en viejas posiciones sin mostrar la flexibilidad para lograr un acuerdo. Los negociadores deben mantener conversaciones fuera de la OMC para ampliar el público, desde comunidades pesqueras hasta la sociedad civil, para ponernos presión”, añadió. Debe lograrse un acuerdo en diciembre, dijo a IPS el presidente del Grupo de Negociación de Reglas de la OMC, Roberto Zapata Barradas, embajador y representante permanente de México ante la organización. “Estoy feliz con el grado de participación que muestran los delegados en Ginebra”, observó. “Todavía hay muchas dudas y preocupaciones sobre cuál será el resultado, pero se trata de tener un buen proceso para ventilar esas posiciones y tratar de encontrar un punto medio y áreas de convergencia”, añadió Zapata. También coincidió en que hay poco tiempo para forjar un acuerdo, y que los 164 miembros de la OMC deben ser creativos para abrir el espacio necesario para lograr un acuerdo en Ginebra. Por su parte, el especialista en pesca de la Secretaría del Grupo de excolonias de África, el Caribe y el Pacífico (países ACP), Peter Nyongesa Wekesa, comentó que hay buenos subsidios que refuerzan la buena gestión de recursos, lo que permite destinar fondos a investigación, evaluación de las reservas, capacitación y eliminar el exceso de capacidades, como barcos, en la industria. “Los malos subsidios son los que desperdician el dinero en combustible, en construir nuevos barcos para seguir pescando, a sabiendas de que las reservas están en problemas. Eso no ayuda porque el resultado es peor con todo el dinero que se está gastando”, explicó Nyongesa Wekesa. “Contemplamos la complejidad de los países, pero no queremos subsidios que apoyen la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y contribuyen a la sobrepesca”, precisó. “La pesquería es extremadamente importante para los países ACP para obtener alimentos, seguridad nutricional, exportaciones y empleo. En algunas pequeñas islas, la exportación de pescado representa 50 por ciento de los bienes comercializados”, añadió. Guardando peces para el futuro Ernesto Fernández, del Pew Charitable Trust, opinó que hacer frente a los problemas de los recursos pesqueros es el paso más importante que los gobiernos pueden dar en 2019 para garantizar el sustento de millones de personas que dependen esta actividad. Los océanos aportan 1,5 billones (millón de millones) de dólares a la economía global, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que la pesca emplea de forma directa a 60 millones de personas, muchas de las cuales en operaciones de pequeña escala en los países en desarrollo. La producción global de pescado en 2016 llegó a las 171 millones de toneladas, 88 por ciento de las cuales fue para consumo humano, señala José Graziano da Silva, director general de la FAO, en el informe Mundial de Acuicultura y Pesquería, de 2018. El volumen de las exportaciones de pescado en 2017 ascendió a 152.000 millones de dólares, 54 por ciento de los cuales se originaron en países en desarrollo. Pero ¿qué pasará si no hay acuerdo para fines de 2019? “No cuento con esa posibilidad. Estoy totalmente concentrado en lograr un acuerdo”, sentenció Zapata. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Cuba activa su diplomacia para enfrentar un entorno adverso

seg, 26/11/2018 - 16:52

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel (centro izda) y su visitante, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez (centro dcha) durante un recorrido por el casco histórico de La Habana Vieja, durante la visita del gobernante europeo a la isla caribeña. Crédito: Jorge Luis Baños/IPSPor Patricia GroggLA HABANA, Nov 26 2018 (IPS) El gobierno cubano trabaja en una estrategia para fortalecer su frente externo, acuciado por las dificultades económicas, el reforzamiento del embargo estadounidense y el retorno de gobiernos inamistosos a la región latinoamericana. Después de una gira que en la primera quincena de noviembre lo llevó a Rusia, Corea del Norte, China, Vietnam y Laos, el presidente Miguel Díaz-Canel recibió en Cuba al jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, en visita de dos días que cerró un largo paréntesis de distanciamientos y desencuentros bilaterales. Sánchez desembarcó en la Habana el 22 de noviembre, tres décadas después de la visita en 1986 del también gobernante socialista Felipe González (1982-1996). Su sucesor, el derechista José María Aznar (1996-2004) empañó los lazos bilaterales al condicionar el diálogo y la cooperación con la Unión Europea (UE) a cambios políticos en Cuba. Aznar impuso la Posición Común, una cláusula considerada por esta nación caribeña como una injerencia inaceptable en sus asuntos internos y que se mantuvo vigente desde 1996 hasta diciembre de 2016, cuando la UE y La Habana firmaron un acuerdo de diálogo político y cooperación que dejó sin efecto esa política. Aunque formalmente provisional, mientras los parlamentos de los 27 países de la UE no lo ratifican, el convenio marcha hasta ahora sin tropiezos. Pero el frenazo en el deshielo de La Habana y Washington al llegar Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, redujo de rebote las expectativas iniciales sobre el impacto económico del acuerdo con la UE, que partían de la retroalimentación de las normalizaciones paralelas en las relaciones con el bloque europeo y el vecino del norte. Trump mantiene su política adversa a Cuba a contrapelo de la comunidad internacional que este año volvió a votar en la Organización de Naciones Unidas (ONU) en contra del embargo, el cual Cuba considera bloqueo por su impacto extraterritorial, que frena las inversiones extranjeras, necesarias su desarrollo. Díaz- Canel y Sánchez pertenecen a una generación de dirigentes que “asumen en época de Trump y pueden ser más enérgicos en buscar intereses propios haciendo caso omiso a las presiones norteamericanas. Esto conviene a Cuba”, comentó a IPS el ensayista y analista político cubano Carlos Alzugaray. Ambos mandatarios asumieron sus cargos en 2018. “Sánchez vino a Cuba cuando se dan pasos para consolidar el acuerdo de cooperación con la UE”, recalcó Alzugaray, quien recordó además que España es uno de los principales inversores en Cuba y específicamente en el turismo “el sector más dinámico de la economía cubana”. Ese rubro, segunda fuente de ingresos de Cuba después de la exportación de servicios, se ha visto visiblemente afectado por las restricciones de viajes de estadounidenses impuestas por Washington y la nación caribeña debió rebajar a 4,7 millones su previsión de finalizar 2018 con cinco millones de visitantes. Entrada del nuevo y lujoso hotel Iberostar Grand Packard, que se acaba de inaugurar en La Habana. Esa cadena española controla 20 por ciento de las habitaciones en manos de operadores extranjeros en la hotelería de Cuba, donde la inversión de España es mayoritaria en el neurálgico sector del turismo. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS El 13 de noviembre, Washington añadió 26 empresas, entre ellas 16 hoteleras, a la lista de 180 entidades cubanas con las que ciudadanos estadounidenses tienen prohibido negociar. En el listado figura el Gran Packard Hotel, administrado por la firma española Iberostar y sede del foro empresarial que se realizó durante la visita de Sánchez Autoridades cubanas calificaron esas medidas de “coercitivas” y criticaron que intentan asfixiar al país. “El contexto económico en que realizó la visita del presidente español es muy complejo”, alertó a IPS el economista cubano Omar Pérez Villanueva. Citó entre otros datos, el estimado de uno por ciento de crecimiento para el cierre del 2018, que está no solo por debajo de lo previsto, sino distante de lo que necesita crecer el país para su desarrollo, entre el 5 y 7 ciento. Mencionó también la última zafra azucarera, que apenas pasó del millón de toneladas de azúcar. “En el futuro mediato se debe sentir la pérdida de los ingresos provenientes de los servicios médicos cubanos en Brasil, en una decisión necesaria desde el punto de vista político y de respeto a nuestros profesionales, pero evidentemente traerá nuevas complicaciones al escenario económico”, indicó este investigador. La exportación de servicios profesionales, entre ellos los médicos, es una de las principales fuentes de ingresos de Cuba, al aportar más de 8.000 millones de dólares anuales. Pero el gobierno cubano decidió abandonar este mes el programa Más Médicos, vigente desde 2013 con Brasil, tras exigencias del presidente electo Jair Bolsonaro, que consideró La Habana ofensivas En este panorama, el economista consideró recomendable aprobar las propuestas de inversión extranjera provenientes de España, en primer lugar y de otras empresas transnacionales. “Cuba tienen enormes potencialidades y España recursos necesarios para ampliar su presencia en el país”, indicó. Agregó que también se debería pensar en utilizar el potencial existente del recurso productivo nacional sea privado o cooperativo. En su opinión, la gira internacional de Díaz-Canel “le pudiera servir de reflexión para desmitificar el papel que debe tener el mercado en el desarrollo nacional”. “Bloqueo es el más largo genocidio de la historia”, reza un gran cartel a un lado de una céntrica de La Habana, en que se critica el embargo que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde 1962. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS España es el tercer socio económico global de Cuba y el primero de Europa, tiene 35 negocios en operación en la isla caribeña, una cuota de mercado cercana al 40 por ciento y realiza exportaciones anuales por alrededor de 900 millones de euros, que en 2018 aumentaron cinco por ciento. “No queremos limitarnos a ser testigos del despegue que sin duda alguna se produce y se producirá con más intensidad en la economía cubana, queremos también acompañar ese despegue, sustentarlo”, dijo Sánchez en la inauguración del foro empresarial que reunió a representantes de alrededor de 350 compañías de ambos países. España resulta clave en el turismo cubano, donde empresas hispanas operan 90 por ciento de los hoteles cinco estrellas y 70 por ciento de las habitaciones de hotel. Sánchez remarcó que son españoles nueve de los 10 principales operadores turísticos presentes en Cuba. Sin embargo, apuntó que los impagos por parte del Estado cubano “generan situaciones difíciles” y llamó a “dialogar para solucionar el problema”. El endeudamiento externo y la decisión cubana de cumplir sus compromisos de pago es un tema de especiales tensiones. “Aunque se han cumplido los pagos comprometidos por deudas atrasadas, ha habido momentos en el transcurso del año de ciertos retrasos”, indicó Pérez Villanueva. De “necesaria” y para que “España recupere el liderazgo en Cuba”, calificó la visita de Sánchez a la isla Inmaculada Benito, jefa de operaciones del Grupo Iberostar, que tiene 21 hoteles establecidos en Cuba. Benito, de la compañía con 7.400 habitaciones en la isla, del total de 41.079 en manos de operadores hoteleros extranjeros, dijo a IPS que la visita puede tener un efecto cascada en la “implantación del know-how (saber qué y cómo hacer) turístico (español), que ya está desarrollándose, pero puede alcanzar mucho más nivel”. Al cierre de la visita, se firmaron dos nuevos proyectos dentro de los acuerdos bilaterales para la regularización de la deuda de Cuba con España. Para ello se dispone de un fondo de 417 millones de dólares, creado en 2015 como parte de la reconversión de la deuda bilateral de Cuba con España y que se destina a incentivar las inversiones del país europeo en esta isla caribeña. Con aportes de Ivet González, desde La Habana. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Mujeres de Guatemala dirigen cambio contra acoso sexual urbano

seg, 26/11/2018 - 14:42

“Hace cinco años, un hombre intentó tocar a mi hija en estas calles. Le cortó la cara con un bisturí. Mi hija todavía tiene cicatrices.”, explica María Fernanda Hernández, residente y líder de la comunidad de la zona 18, una de las más violentas de Ciudad de Guatemala. Crédito: Ryan Brown/ONU MujeresPor Corresponsal FaoGUATEMALA, Nov 26 2018 (IPS) Berta Antonieta Bustamante caminaba hacia la escuela un día, con apenas 11 años, cuando un hombre pasó detrás de ella y la toqueteó. “No pude hacer nada”, recuerda. “Quienes no podemos usar nuestra voz ni siquiera podemos oponernos”. Berta Antonieta Bustamante es sorda y no puede hablar.  Hoy, Bustamante tiene 43 años, y el acoso sexual contra las mujeres y niñas en las calles de Ciudad de Guatemala y en otros espacios públicos continúa siendo algo común. El riesgo es particularmente elevado en el transporte público: “Los hombres se te acercan y se rozan contra tu cuerpo cuando el autobús está lleno de gente”, dice. En 2017, se llevó a cabo una encuesta en siete zonas de la capital guatemalteca como parte de un estudio de referencia realizado por el programa Ciudad Segura y Espacios Públicos Seguros de Guatemala, que comenzó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Todas las mujeres encuestadas reconocieron haber sufrido acoso sexual en algún momento de su vida mientras se encontraban en la vía pública. Al menos  44 por ciento informó que esto ocurre diariamente. Guatemala es una de las 35 ciudades que participan en la Iniciativa del Programa Mundial de las Naciones Unidas sobre Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros. Berta fue una de esas encuestadas. En esa encuesta se identificaron las áreas dentro de las siete zonas de la ciudad en las que mujeres y niñas se sentían más inseguras. Estas incluyeron transporte público, callejones sin salida, corredores, parques, espacios abiertos y paradas de autobuses. El 50 por ciento dijo que se sentía insegura caminando sola durante el día; mientras que 42 por ciento dijo que se sentía insegura en centros educativos y centros de servicios de salud. Alrededor de 34 por ciento de las mujeres encuestadas admitió que se sentía insegura cuando estaba cerca de agentes de seguridad. Este estudio “pionero y único”, según Adriana Quiñones, representante de ONU Mujeres en Guatemala, “ofrece un diagnóstico multidimensional que contribuye a la comprensión del problema y del impacto que tiene en la vida de las mujeres y niñas todos los días. Además, coloca el acoso sexual que ocurre los espacios públicos en la agenda pública a nivel nacional y municipal”. Una de las calles inseguras para las mujeres en Ciudad de Guatemala. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres El documento recomienda invertir en la creación de espacios públicos seguros, mejorando el enfoque y la calidad de los servicios, especialmente para las sobrevivientes de violencia sexual, y empoderando a las mujeres para que participen en comisiones locales y planificación urbana de modo de garantizar que las ciudades tengan en cuenta las necesidades de todas las mujeres y niñas. Tras el estudio, durante la fase de diseño del programa Ciudad Segura, más de 250 mujeres y niñas de la ciudad, así como organizaciones de la sociedad civil, participaron en talleres que identificaron formas concretas de mejorar las experiencias y las sensaciones de seguridad de mujeres y niñas en los espacios públicos. Por ejemplo, en áreas donde las mujeres recomendaron que se garantice que las calles estén bien iluminadas para ayudar a aumentar la visibilidad de las mujeres y de otros usuarios de estos espacios y para reducir las oportunidades de perpetración de violencia, la municipalidad está explorando la instalación de alumbrado público. La municipalidad también analizará la construcción de más baños públicos para mujeres en parques y mercados y consultará directamente a las usuarias sobre el diseño de esos espacios. El programa Ciudad Segura de Guatemala ha promovido que también se tomen varias medidas de políticas únicas que mejorarán la seguridad pública, tales como fortalecer cinco centros municipales que ofrecen servicios esenciales para mujeres y niñas. Se diseñó el primer “Plan de Política y Plan Municipal para el Desarrollo Integral de por Vida de las Mujeres, 2018-2027” y se espera que sea adoptado este año, lo que significa que, en el futuro, habrá canales y sistemas implementados para incluir a las mujeres en el diseño de planes y proyectos urbanos. Dentro de la iniciativa anual 16 Días de activismo contra la violencia de género, ONU Mujeres Guatemala impulso, con la participación activa de las mujeres, la pintura de murales en zonas problemáticas de la capital de Guatemala, donde se implementa el programa Ciudad Segura. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres. Otras iniciativas incluyen: un diploma en Igualdad de Género para 50 miembros del funcionariado municipal y el desarrollo de una herramienta en internet para monitorear, mapear y difundir los casos de violencia en los espacios públicos, en asociación con el Observatorio contra el acoso callejero de Guatemala. ONU Mujeres también está trabajando con instituciones nacionales, tales como el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, para garantizar que se atiendan las necesidades de las mujeres en todos los planes y medidas de seguridad. Por ejemplo, el Viceministerio organiza caminatas vecinales para que las mujeres mapeen los vecindarios e identifiquen los riesgos para la seguridad. “Estamos trabajando con ONU Mujeres para mejorar la protección y la prevención de la violencia contra las mujeres”, dice Axel Manuel Romero García, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito. “La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Doméstica y Contra las Mujeres, un mecanismo para coordinar medidas del gobierno y de organizaciones no gubernamentales, es el primer proyecto en que nos enfocamos. En 2018, se está diseñando un nuevo Plan Nacional para la Prevención y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, también con el apoyo técnico de ONU Mujeres. Este proceso está fortaleciendo cada vez más la colaboración entre diversas instituciones”, planteó. Se están realizando esfuerzos, con el apoyo de ONU Mujeres, para reformar el Código Penal de Guatemala y definir el acoso sexual como un delito según la ley. Basándose en estos logros, Guatemala ahora forma parte de la “Iniciativa Spotlight” de la Unión Europea y las Naciones Unidas para eliminar la violencia y las prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas en más de 13 países de todo el mundo. En 2019, a través de la Iniciativa Spotlight, ONU Mujeres continuará apoyando las medidas como parte del Programa Ciudad Segura de Guatemala y lanzará iniciativas para salvaguardar a las mujeres contra el acoso sexual en dos municipalidades nuevas: Cobán y Chinaultla. Para el viceministro Romero existe un elemento más, igual de fundamental que las políticas y leyes progresistas que se están elaborando, y se trata de la participación de los hombres para hacer de Guatemala un país seguro para las mujeres y niñas. “Considero que debe haber un nuevo enfoque en la forma en que los hombres abordan no sólo sus masculinidades, sino también la igualdad (de género)”, agrega. “No se puede producir una transformación sostenible si los hombres no participan… y no se trata de cambiar comportamientos superficiales, sino de que (los hombres) vean, sientan y traten a las mujeres de forma igualitaria.” Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres, como parte de sus historias sobre #Escúchame También, su lema durante los 16 Días de activismo contra la violencia de género, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con ONU Mujeres y como contribución a estas jornadas contra la violencia machista. RV:EG El artículo Mujeres de Guatemala dirigen cambio contra acoso sexual urbano fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Australia lidera industria sostenible de perlas naturales

seg, 26/11/2018 - 13:11

Terry Hunter es un guía turístico de una granja de perlas de la bahía de Cygnet. Al ser una forma extractiva y extensiva de cultivo, la acuicultura de ostras perleras es una de las industrias más sostenibles y respetuosas del ambiente. Crédito: Neena Bhandari/IPS.Por Neena BhandariSYDNEY/BROOME/BAHÍA CYGNET, Australia, Nov 26 2018 (IPS) En la costa noroccidental de Kimberley, en Australia, donde el desierto se junta con las aguas color zafiro del océano Índico, está el hábitat de la gigante Pinctada maxima u ostra perla, que produce las finas y codiciadas perlas del Mar del Sur. Australia es el único país que usa reservas de ostras silvestres. Y para garantizar la sostenibilidad, la industria funciona según un sistema de cuotas regulado por el gobierno, que fija un máximo de ostras silvestres que se pueden pescar por año en la playa Eighty Mile, al sur de Broome, en Australia del Oeste. Esa reserva constituye la última industria de perlas con fines comerciales de ostras del Mar del Sur silvestres del mundo. Hay unas 15 licencias otorgadas para trabajar con ostras de perlas, pero la mayoría pertenecen a subsidiarias de Paspaley. “Nuestra cuota de perlas silvestres es recogida a mano por nuestros buzos”, explicó el director ejecutivo del Grupo Paspaley, Peter Bracher, en diálogo con IPS. Es una forma sostenible que no daña el fondo del mar ni produce capturas accesorias, que terminan desperdiciándose. En los otros hábitats de la Pinctada maxima, que abarca la mayor parte de los océanos Índico y Pacífico, la sobrepesca agotó las poblaciones de ostras. En los últimos años, el número permitido fue de entre 600.000 y 700.000 ostras perla. En 2016, se pescaron 612.510 y el número total que se podían cultivar fueron 907.670, según el informe sobre el Estatus de la Pesca y Recursos Acuáticos 2016-2017, del Departamento de Desarrollo Regional y de Industrias Primarias de Australia del Oeste. Las compañías de perlas australianas son conscientes de la necesidad de proteger el hábitat de las ostras, ya que hay una estrecha relación entre el prístino ambiente de Kimberley y la producción de perlas de alta calidad. “Las aguas de Kimberley ricas en nutrientes, en las que se cultivan las perlas, son nuestro más preciado valor y monitorear su condición forma parte integral de nuestras operaciones y gestión”, explicó James Brown, dueño por tercera generación y gerente de Cygnet Bay Pearls, la primera compañía totalmente australiana del sector. “Abrimos nuestra infraestructura y experiencia al mundo académico y creamos la Estación de Investigación Marina de Kimberley para incentivar las investigaciones independientes y ayudar a acortar la brecha entre el conocimiento indígena y el científico, lo que creemos que ayudará a asegurar que nuestras prácticas de producción sean sostenibles”, añadió. El cultivo de perlas representa una de las industrias más sostenibles, a pesar de ser extractiva y extensiva. Las ostras son como filtros voraces, que se alimentan de microorganismos, como algas, gracias a lo cual limpian el agua. “Las granjas de perlas también actúan como dispositivos para atraer peces”, explicó el profesor Dean Jerry, subdirector del Centro para la Acuicultura y la Pesquería Tropical Sostenible de la Universidad James Cook. “Las filas de ostras, boyas y paneles de malla en el océano ofrecen un hábitat y una estructura para grandes y pequeños peces. A menudo esa es la única estructura en el océano, donde las granjas ofician de hábitats para los seres vivos marinos”, añadió Jerry. La Pinctada maxima es muy sensible a la contaminación y los cambio ambientales. Madreperlas en la bahía de Cygnet. Australia es el único país del mundo que usa reservas de ostras silvestres para garantizar la sostenibilidad de la industria perlera, mediante un sistema de cuotas. Crédito: Neena Bhandari/IPS. “El recalentamiento global y las mayores concentraciones de dióxido de carbono en los océanos dificultarán la capacidad de las otras perla de producir, de forma rápida y eficiente, el carbonato de calcio para hacer el nácar”, explicó Jerry. “Eso implica que las ostras tendrán que gastar más energía para crecer, lo que dejará menos para el funcionamiento del sistema inmunológico y aumentará el riesgo de exposición a enfermedades, pues el aumento de temperatura acelera el ciclo de vida de microbios y parásitos”, precisó. Desde 2006, las compañías australianas deben de hacer frente a enfermedades que afectan a las ostras y que pueden resultar en 90 a 95 por ciento de muertes. Los científicos no encuentran la causa de ese mal que ya redujo a la mitad la población de ostras. Para que la industria sea más sostenible, “debemos adoptar tecnología para programas de cría de ostras más productivos y tolerantes a enfermedades”, opinó. “Las ostras de perlas se beneficiarán de una cría selectiva, que les ayudará a crecer más rápido y, por lo tanto, se las puede sembrar más jóvenes y así producir perlas más rápido”, añadió Jerry. La ostra demora dos años en crecer hasta que se la puede sembrar, y otros dos para cosechar la perla. En ese plazo, es necesario limpiarlas de forma regular. “Puede costar hasta (unos 72 centavos de dólar) una ostra cada vez, lo que tiene un enorme costo para la empresa. Si podemos llegar a cosechar la perla de ostras más jóvenes, digamos en tres años, no solo aumentaría la sostenibilidad económica, sino también ambiental”, añadió Jerry. Las ostras cultivadas son una gran parte de la producción de perlas. Se necesitan tres moluscos para crear una perla. Se inserta un núcleo de una ostra a otra sana con un pequeño trozo de manto, elegida de una ostra donante. Con el tiempo, el manto que produce el nácar envuelve el núcleo, creando un saco de perla, que secretará capas de nácar para formar producto final. Una ostra se puede reinseminar hasta tres veces, y cuando llega al final de su vida reproductiva, se cosecha para obtener la madreperla utilizada en joyería e incrustación para muebles, por ejemplo. Australia es la primera industria perlera en haber recibido, en 2017, una certificación según el estándar de pesca sostenible del Consejo de Protección Marina (MSC, en inglés). “Se trata de un acontecimiento interesante y abre la puerta a introducir a todo un mundo de consumidores a la importancia de la sostenibilidad de la pesquería”, destacó la directora de programa en Oceanía del MSC, Anne Gabriel. Paspaley es la principal compañía perlera de Australia, y exporta más de 95 por ciento de su producción a comercios y joyerías de todo el mundo. “Vendemos muchas de las principales marcas para las cuales la cadena de suministro ética es una gran prioridad. No podemos comunicarnos con los compradores finales, pero nuestras credenciales ambientales nos diferencian como proveedor”, explicó Bracher, su director ejecutivo. Por su parte, Brown, de Cygnet Bay Pearls, indicó: “Nuestro nuevo modelo de negocio abre las puertas de la granja al público general”, como estrategia para concienciar a los consumidores. La industria de perlas emplea a unas 800 personas. El valor de la acuicultura de perlas ascendió a 56,7 millones de dólares en el año fiscal de 2015 a 2016, según el informe estadístico de la Industria Pesquera y Acuicultura, elaborado por la Oficina Australiana de Agricultura y Recursos Económicos y Científicos. La primera Conferencia sobre Economía Azul Sostenible comienza este lunes 26 de noviembre en Nairobi y se extenderá hasta el 28, organizada por Canadá y Japón y en la que participarán más de 13.000 participantes para discutir cómo construir una economía azul. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Grandes expectativas para la primera conferencia de economía azul

sex, 23/11/2018 - 13:12

Pequeña flota contra la costa de un pueblo de pescadores en el distrito de Kilifi, en Kenia. La pesca es importante para la economía local. Crédito: Milton Grant/UN Photo.Por Miriam Gathigah y Robert KibetNAIROBI, Nov 23 2018 (IPS) En unos días, los principales actores y expertos en economía azul se reunirán en Nairobi para la primera Conferencia Mundial sobre Economía Azul Sostenible en un contexto de gran expectativa. “Será una conferencia como ninguna otra, con investigación y simposio científico. Requiere conocimiento y, por lo tanto, también es necesario integrar política y estrategia para su implementación”, observó el profesor Micheni Ntiba, secretario principal del Departamento de Pesca, Acuicultura y Economía Azul de Kenia. También señaló que las colaboraciones con agencias de desarrollo son clave para su progreso, pero las sinergias deben dirigirse hacia la integración de políticas y la estrategia para su implementación. La conferencia, que se realizará del 26 al 28 de este mes, permitirá arrancar la economía azul en el país, fijando en la agenda la necesidad de priorizar la explotación de los recursos naturales acuáticos, observó Wilfred Subbo, profesor adjunto de la Universidad de Nairobi, en diálogo con IPS. Está todo previsto para que gobiernos y sector privado transformen el país en una sólida economía azul, orientada al comercio. El 19 de este mes, el presidente de Kenia, Uhru Kenyatta, lanzó el nuevo Servicio de Guardia Costera, cuyo mandato incluye controlar la pesca no regulada e ilegal, las disputas fronterizas y la piratería, así como la degradación de los ecosistemas marinos. Y ese mismo día, Kenyatta lanzó la campaña “Coma más pescado”. Estadísticas del gobierno muestran que el consumo de pescado es de 4,6 kilogramos por habitante y que la campaña empujará el consumo al promedio de África, de 10 kilogramos, para luego llegar al promedio mundial de 20 kilogramos. La iniciativa forma parte de la estrategia de que la gente de a pie invierta y saque provecho de la economía azul, dado el potencial de la pesca sin explotar. “Los keniatas se volcaron a otros alimentos como las tradicionales verduras e ignoraron el pescado. Dicen que es muy caro, pero no es cierto. La mayoría de los pescadores están en el negocio para llevar comida a la mesa y nada más”, indicó. Los especialistas sostienen que hay mucho más por hacer en lo que respecta al desarrollo de la economía azul, como lo hicieron Mauricio, islas Seychelles, Madagascar y la Unión de Comoros, en el océano Índico. El profesor Peter Anyang Nyong’o, gobernador del condado de Kisumu, donde está el lago Victoria, dijo a IPS que a pesar del gran presupuesto destinado a resolver los problemas ambientales, el impacto no ha sido ínfimo. Esa región tiene previsto realizar una conferencia a principios del año que viene para buscar soluciones a la contaminación, causadas principalmente por el jacinto, una planta invasiva que paralizó la pesca comercial y el transporte marítimo. “El jacinto afectó fuertemente la vida de los peces en el lago impidiendo el correcto nivel de oxígeno. Discutiremos investigaciones científicas que buscan una mejor solución al jacinto en el lago”, puntualizó Nyong’o. Su condado trabaja en un plan para recuperar la fabricación de embarcaciones de fibra de vidrio para disminuir los accidentes y las muertes causadas por el uso de madera liviana, debido a la cual pierden la vida unas 5.400 personas al año. El economista Jason Rosario Braganza dijo a IPS que la conferencia es una oportunidad para que el sector público y privado “refuerce la narrativa sobre la importancia de un enfoque holístico al desarrollo sostenible a través de la diversificación de la economía”, destacó. El valor económico anual de los bienes y servicios de los ecosistemas marinos y costeros en el océano Índico supera los 22.000 millones de dólares, según el Instituto de Análisis e Investigación de Políticas Públicas de Kenia Kippra, en inglés. La participación de Kenia es de unos 4.400 millones de dólares, de los cuales el sector turístico concentra alrededor de 4.100 millones de dólares. Pero Dickson Khainga, del Sector Productivo, señaló que la economía azul es mucho más que turismo e incluye “la extracción de recursos no vivientes, como la minería del suelo marino, la biotecnología marina y la generación de nuevos recursos como la energía y el agua dulce”. El analista señaló que el país tiene un territorio marítimo de unos 230.000 kilómetros cuadrados y una distancia de 200 millas náuticas de la costa, lo que equivale a 31 de los 47 condados, pero Kenia solo exploró el turismo y la pesca. Según Kippra, la pesca no es por lejos uno de sus sectores más productivos, al representar 0,5 por ciento del producto interno bruto. Con el fin de buscar una economía azul, el país deberá tapar los vacíos legales, subrayó Braganza. “La naturaleza de explotación de recursos naturales de las grandes corporaciones es una amenaza para el desarrollo sostenible”, observó. Los gobiernos “deberán ser más sólidos y decisivos en el desarrollo de instituciones y legislaciones para perseguir la explotación de recursos naturales”, añadió Braganza. Se atribuye al transporte marítimo alrededor de 2,5 por ciento de las emisiones contaminantes, por lo cual se considera un gran logro el acuerdo alcanzado para reducir gases invernadero en el sector, alcanzado en abril en una reunión de la Organización Marítima Internacional. Alimentar a los 9.600 millones de habitantes del planeta que habrá en 2050, impulsando a la acuicultura, que podría suministrar 58 por ciento del pescado al mercado global, podría contribuir a la seguridad alimentaria, así como a la inclusión socioeconómica de algunas de las personas más pobres del mundo. El gobernador de Kakamega, Wycliffe Oparanya, quien preside el bloque de la región económica del lago, dijo a IPS que la zona buscará que se destinen fondos a la mejora del cultivo comercial de peces en los condados. El gobierno ya reservó unos 98 millones de dólares para la mejorar de la pesca marina en la región costera, y otros 133 millones de dólares para aprovechar la acuicultura en 14 condados. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Plan de seguridad de López Obrador decepciona a sociedad mexicana

qui, 22/11/2018 - 18:17

Policías vigilan una de las numerosas protestan que se producen en la capital de México. El presidente electo, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, establece en su criticado Plan de Seguridad la creación de una Guardia Nacional, un cuerpo de policía militarizada, lo que rechazan víctimas de la violencia y organizaciones de derechos humanos. Crédito: Emilio Godoy/IPSPor Emilio GodoyMÉXICO, Nov 22 2018 (IPS) “Retroceso” y “desilusión” son los términos con los que la mexicana Yolanda Morán, madre de un desaparecido forzoso, califica el plan de seguridad delineado por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para afrontar como una prioridad cuando el 1 de diciembre asuma el cargo. “No nos convence, porque e creímos cuando afirmó en la campaña que iba a regresar a los cuarteles a los militares. Pensamos que iba a cambiar la estrategia, que ya tiene dos sexenios y que no ha dado resultados”, señaló Morán, fundadora de la no gubernamental Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos. Remarcó a IPS que “creímos que sería otra la estrategia y que capacitaría a las policías y no seguiría con los militares en la calle”, para explicar la decepción de ella y su organización con el plan del izquierdista López Obrador, conocido popularmente en el país por sus iniciales: AMLO.“Desde la sociedad civil nos gustaría escuchar que el ejército se retira progresivamente de las calles y un plan de fortalecimiento de policías civiles, a quienes no se les ha capacitado en el ámbito municipal. En cambio, se ha nutrido a un ejército que lleva 12 años en las calles con resultados terribles”: Tania Reneaum. El hijo de Morán, Dan Fernández, que ahora tendría 43 años, desapareció en diciembre de 2008 a manos de militares, según está constatado, en la norteña ciudad de Torreón, y a raíz del caso ella se vio forzada a dejar la localidad y refugiarse en la central urbe de Guanajuato. Mientras busca sin descanso conocer el paradero de Dan, junto con otros familiares de desaparecidos. La activista dijo que mantiene “esperanzas de un cambio” con la llegada al poder del líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Pero “vemos detalles que nos indican que eso no fue lo que nos prometió. No es la forma de devolver la paz. El plan no resolverá los problemas”. “No tenemos confianza en los militares, quizás por un puñado que sean deshonestos, asesinos, culpemos a toda una institución. Pero se lo han ganado a pulso”, sostuvo Morán, también dirigente del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a más de 70 colectivos y organizaciones sobre desapariciones forzadas. La posición de la activista es parte del concierto que rechaza la estrategia de López Obrador para pacificar a un país al que desangra la violencia criminal, entre otras razones porque concede un papel preponderante al sector castrense, contrariando su promesa electoral de sacar a los militares de la seguridad pública. Los cuestionamientos de la sociedad organizada se concentran en la militarización del país, la subordinación de las instituciones civiles, el sometimiento de la procuración de justicia y su ineficacia para resolver la crisis de derechos humanos que azota a esta nación latinoamericana de unos 129 millones de habitantes. El 15 de noviembre, López Obrador presentó el Plan Nacional Paz y Seguridad 2018-2024, que formula la fusión de las policías Militar, Naval y Federal en una sola corporación, la Guardia Nacional (GN), y a la que se sumarían integrantes de las fuerzas armadas. El plan requiere un cambio constitucional para crear la GN – que tendrá entre 120.000 y 150.000 efectivos- y se basa en ocho ejes, como erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de los derechos humanos; reformular el combate a las drogas, y seguridad pública, seguridad nacional y paz. Yolanda Morán, con su hijo Dan Fernández, antes de que este desapareciera, secuestrado por un grupo de militares de inteligencia, en diciembre de 2008. Crédito: Cortesía de Yolanda Morán En un análisis divulgado este jueves 22, el no gubernamental Observatorio Nacional Ciudadano descalificó la estrategia como “ambigua, confusa, centralizadora, poco viable”, carente de un diagnóstico puntual sobre el problema e ignorante de las recomendaciones de la sociedad civil. “El plan no indica hacia dónde se dirige y deja más interrogantes que respuestas. La Guardia Nacional carece de un plan. Incluye cosas que no sabe bien si funcionan o no. Puede llevar a una política pública difícil de evaluar”, sentenció a IPS su director, Francisco Rivas. México ha vivido la presencia castrense en la seguridad pública desde que en diciembre de 2006, el entonces flamante presidente, el conservador Felipe Calderón, decidió comenzar su sexenio con la incorporación del ejército a lo que llamó la guerra contra el tráfico de drogas, cuyos carteles controlan diferentes zonas del país. Esa campaña, que ahora mantiene a unos 50.000 militares en funciones, exacerbó los niveles de violencia, en especial muertes, desapariciones forzadas y torturas, según organizaciones de derechos humanos internas y de las Naciones Unidas. Según cifras oficiales, entre enero y septiembre se registraron 37.311 homicidios, de los cuales 24.769 fueron asesinatos, cifra superior a los 20.833 reportados en el mismo periodo de 2017. A esa estadística macabra se suman las más de 37.000 personas desaparecidas en forma forzosa desde 2007, según datos de la estatal Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en un registro inédito para una nación que no padece un conflicto armado interno. La crisis mexicana de derechos humanos se ha convertido en la mayor de América Latina, una región que mejoró en el combate a la impunidad en las últimas dos décadas. Tania Reneaum, directora ejecutiva de la no gubernamental Amnistía Internacional en México, se mostró sorprendida con el anuncio de AMLO. “Nos gustaría escuchar desde la sociedad civil que el ejército se retira progresivamente de las calles y un plan de fortalecimiento de policías civiles, a quienes no se les ha capacitado en el ámbito municipal. En cambio, se ha nutrido a un ejército que lleva 12 años en las calles con resultados terribles”, analizó  para IPS. Según Reneaum, resulta “desconcertante” que el próximo presidente se acercara a la sociedad civil y a las víctimas de la violencia y luego presente una iniciativa de corte militarista. “No entendemos qué pasó entre ese diálogo y hacer una policía de esa naturaleza. No considera el dolor y experiencia de las víctimas de la violencia estatal, quienes le contaron que el dolor viene” de los efectivos militares, argumentó. Defensores de derechos humanos y académicos se habían anotado un tanto el 15 de noviembre, cuando ante un recurso suyo la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló por inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el gobierno saliente del conservador Enrique Peña Nieto en diciembre de 2017. Esa legislación otorgaba amplias facultades a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, como vigilancia indiscriminada y detenciones. Pero su satisfacción se evaporó con el plan anunciado el mismo día por AMLO, que ha abierto una brecha con los activistas humanitarios, víctimas ellos mismos de la violencia criminal y de Estado. Además de su contenido, el plan dejó de lado las promisorias consultas previas, sostenidas entre agosto y octubre, cuando el equipo del presidente electo organizó al menos 18 foros de pacificación y reconciliación y 25 consultas electrónicas para escuchar las prioridades de los grupos perjudicados por la violencia e incorporar sus propuestas a la nueva estrategia de seguridad y justicia. En octubre, sin embargo, se encendieron las alarmas cuando ese equipo de AMLO decidió cancelar los foros en cinco estados, entre ellos, varios de los más azotados por la violencia. Tras el lanzamiento del plan, el colectivo Seguridad sin Guerra, compuesto por académicos, familiares de víctimas y representantes de unas 140 organizaciones de derechos humanos, pidió al gobierno entrante que solicite una opinión consultiva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Observatorio, por su parte, recomendó el fortalecimiento de las instituciones civiles, la creación de una fiscalía general independiente, la reestructura de la inteligencia financiera para combatir mejor al crimen organizado y políticas públicas coordinadas. Sea como sea, para la directora de Amnistía Internacional,  la realidad se verá desde el 2 de diciembre. “Buscamos la no repetición, que se vea que están haciendo algo. Lo vamos a presionar para solucionar esto. Ya basta”, declaró la activista. Reneaum alertó sobre fracaso de la nueva estrategia. “Probablemente eestaremos presenciando las mismas violaciones de derechos humanos, como las desapariciones forzadas o las ejecuciones extrajudiciales. Me pregunto cómo será esa policía mixta militar-civil”, cuestionó. Diversos órganos de Naciones Unidas e instituciones internacionales han fustigado a México en los últimos años por las violaciones masivas a derechos humanos. Por ahora, el futuro gobierno mantiene la brújula en esas mismas coordenadas, según la decepcionada sociedad civil organizada. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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La desigualdad atenta contra la democracia

qui, 22/11/2018 - 13:18

La desigualdad a la vista de todos. Crédito: A.D. McKenzie/IPS.Por Anis Chowdhury y Jomo Kwame SundaramSYDNEY y KUALA LUMPUR, Nov 22 2018 (IPS) La desigualdad económica, que incluye tanto a los ingresos como a la concentración de la riqueza, aumenta en casi todo el mundo desde la década de los años 80. De hecho, tras ser moderada durante casi todo el siglo XX, y en especial después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y hasta los años 70, en la actualidad alcanza niveles nunca antes vistos. No hay más prosperidad inclusiva El Informe sobre la Desigualdad Global de 2018 concluyó que uno por ciento de las personas más ricas concentraron 27 por ciento de los ingresos entre 1980 y 2016. En cambio, la mitad más pobre solo accedió a 12 por ciento. Y en Europa, las primeras se quedaron con 18 por ciento, mientras que la otra apenas con 14 por ciento. El estudio “Premiar el trabajo, no la riqueza”, de Oxfam, concluye que 82 por ciento de la riqueza creada en 2016 terminó en manos del uno por ciento de las personas más ricas, mientras que 3.700 millones de personas de la mitad más pobre de la humanidad no recibieron casi nada. En 2016 se dio el mayor crecimiento de multimillonarios de la historia, con un nuevo cada dos días. La riqueza de los millonarios aumentó 762.000 millones de dólares entre marzo de 2016 y marzo de 2017. “El enorme aumento podría haber terminado la pobreza extrema en el mundo siete veces”, observó Oxfam. El último Informe Mundial sobre Desigualdad alerta: “si la creciente desigualdad no se controla ni se atiende, puede llevar a varios tipos de catástrofes políticas, económicas y sociales”. El estudio “Estado Global de la Democracia 2017: Explorando la resiliencia de la democracia” anticipó eso mismo: “las desigualdades socavan la resiliencia democrática. La desigualdad aumenta la polarización política, perturba la cohesión social y socava la confianza y el apoyo a la democracia”. La creciente desigualdad diezma el progreso Alexis de Tocqueville cree que las democracias con una severa desigualdad económica son inestables porque es difícil que las instituciones democráticas funcionen adecuadamente en sociedades profundamente divididas por ingreso y riqueza, en especial si casi no se hace nada para remediar la situación o si empeora. También sostiene que no puede haber una equidad política real sin algún tipo de igualdad económica. Los ciudadanos más pobres no gozan del mismo acceso a la política ni tienen influencia, pues esta se concentra en manos de los más ricos. Amartya Sen opina que la “capacidad” o la “libertad sustantiva” de los sectores más pobres de perseguir objetivos y metas está circunscripta. Los que tienen más poder no solo impiden la redistribución progresista, sino que diseñan normas y políticas en su propio beneficio. Por su parte, Robert Putnam, señala que la desigualdad económica también impacta en aspectos civiles, como es la “confianza”, fundamentales para la legitimidad política. La creciente desigualdad exacerba el sentido de justicia sobre el status quo sostenido por y para los plutócratas. Y para Joseph Stiglitz, la creciente desigualdad debilita la cohesión social. La menguante confianza incrementa la apatía y la acrimonia, lo que a su vez desalienta la participación civil. Así, la desigualdad económica empeora la “anomia política”, erosiona los lazos comunitarios, además de contribuir al comportamiento antisocial. Una democracia significativa necesita de la participación de la ciudadanía en los asuntos comunes, la que suele mayor en la “clase media”. La creciente polarización económica vació a esta última, redujo la participación civil, y exacerbó el “déficit democrático”. La exclusión y la privación exacerban el alejamiento, causando un mayor abandono de las normas sociales prevalecientes. Mientras, los más privilegiados sienten, de forma indignante, que los otros no son merecedores de “transferencias sociales”. El populismo amenaza el multilateralismo A De Tocqueville le preocupa que la creciente desigualdad erosione de forma gradual la “calidad” de la democracia, aun en sociedades de altos ingresos. El aumento del “populismo plutocrático” contribuyó a la última política de identidad en Estados Unidos y Europa. Los discursos públicos y los medios culpan a “otros”, inmigrantes y personas de otras culturas, de los mayores males sociales. Así, los plutócratas logran satisfacer a “su pueblo” con privilegios y “derechos” que adoptan modos contemporáneos de “dividir y gobernar”. Con los medios, los privilegiados suelen oscurecer el gobierno de la plutocracia, a veces incluso hasta justificando sus peores características, como legitimar la elevada remuneración de los altos ejecutivos calificándola de “solo premios”, mientras los magnates se aseguran descuentos fiscales a expensas del gasto social y de los servicios públicos para todos. En la actual economía de “el que gana se queda con todo”, los que están en la cima presionan y se aseguran menores impuestos. Pero denuncian con indignación los déficits presupuestales como irresponsables y causantes de inflación, lo que amenaza el valor de los bienes financieros. Estados Unidos dividido En Estados Unidos, la parte de la renta del uno por ciento más rico está en su mayor nivel desde la Edad Dorada (1870-1890). Mientras, la mitad más pobres de los estadounidenses concentró solo tres por ciento del crecimiento desde 1980. La disparidad alcanza un grado nunca antes visto en la modernidad. Así, en 2013, 0,01 por ciento de los ciudadanos más ricos, unas 14.000 familias, concentraban 22,2 por ciento de la riqueza de Estados Unidos, mientras que 90 por ciento, unas 133 millones de familias, apenas tenían cuatro por ciento. Uno por ciento de las familias más ricas triplicaron su parte de la renta en una generación, con 95 por ciento de los ingresos desde la crisis financiera y económica de 2008-2009 en manos de ese uno por ciento privilegiado. Además, las reformas legislativas, entre otras, así como las designaciones de los magistrados empujaron más al sistema legal contra los sectores con menos poder e influencia. Un nuevo estudio concluyó que más de 70 por ciento de los hogares estadounidenses de bajos ingresos mantuvieron disputas legales civiles el año anterior, en casos de desalojo y laborales, más de 80 por ciento de los cuales sin representación legal. La falta de atención a las personas que están abajo de la pirámide empeora su sensación de abandono y de exclusión. Muchos estadounidenses, en especial en las regiones desfavorecidas, se sienten desilusionados y excluidos, pero también más susceptibles a políticos xenófobos que prometen protegerlos del “otro”, ya sean importaciones o inmigrantes. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Reforma constitucional destapa confusiones sobre género en Cuba

qua, 21/11/2018 - 18:37

Un cartel en una pared de La Habana, puesto por integrantes de confesiones evangélicas que se oponen a que la nueva Constitución en Cuba defina al matrimonio como “la unión voluntaria entre dos personas”, sin precisión de su género. En el cartel, medio roto, destaca el lema: “Estoy a favor del diseño original. La familia como Dios la creó”. Crédito: Jorge Luis Baños/IPSPor Ivet GonzálezSANTIAGO DE CUBA, Cuba, Nov 21 2018 (IPS) El borrador del artículo 68, que abriría la puerta al matrimonio igualitario en la nueva Constitución, ha acaparado el debate popular sobre el proyecto en Cuba, donde reflotaron prejuicios y confusiones sobre género y los derechos sexuales. Preocupada por los riesgos de esta situación para el trabajo comunitario a favor de la equidad de género, la psiquiatra Lourdes Teresita Rebustillo conversó con IPS en la sede del no gubernamental Centro Cristiano de Servicio y Capacitación B.G. Lavastida, abierta a todo tipo de persona en esta ciudad a 847 kilómetros al este de La Habana. “Iglesias que siempre han sido ajenas las unas a las otras se han unido para ir en contra del artículo 68. Y hasta están surgiendo espacios de capacitación sobre familia y utilizan personas que no son tan feministas para trabajar la equidad de género, pero solo parcialmente”, alertó la coordinadora del área de género del centro ecuménico. La situación creada alrededor del artículo 68, que definiría al matrimonio como “la unión voluntaria entre dos personas”, en caso de ser aprobado el proyecto en el referendo previsto para 2019, adquiere un alcance de movilización ciudadana sin precedentes que tiene múltiples efectos colaterales según observadores y activistas. Todo comenzó con la presentación al parlamento y aprobación en junio del proyecto que aspira a sustituir la ley fundamental vigente desde 1976, y adquirió fuerza durante la consulta popular del texto realizada del 13 de agosto al 15 de noviembre, cuando aparecieron posiciones a favor, en contra e intermedias sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Iglesia Evangélica Pentecostal Asambleas de Dios, las Convenciones Bautistas Occidental y Oriental, la Liga Evangélica y la Iglesia Metodista se unieron para oponerse al artículo 68 y a lo que calificaron como “ideología de género”, colocando en el escenario local ese concepto utilizado por organizaciones, líderes y confesiones ultraconservadoras en el mundo. “Esas corrientes vienen de fuera y se meten en los países pobres, subdesarrollados y forman ese caos”, opinó Rebustillo, en la sede del centro que cada año capacita en género a un promedio de nuevas 450 personas, creyentes y no creyentes, de las cinco provincias orientales y la central Camagüey. La psiquiatra y especialista en género Lourdes Teresita Rebustillo mientras conversa con IPS en la sede del no gubernamental Centro Cristiano Lavastida, en la ciudad de Santiago de Cuba, en el este del país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS Recordó que “el centro trabaja género desde 1995, cuando se le llamaba promoción de la mujer, luego incluimos mujeres en el desarrollo, con otra visión, hasta que comenzamos a trabajar con los hombres y las relaciones equitativas entre ambos sexos, no solo el empoderamiento, sino en busca de relaciones de justicia social”. A la experta le preocupa cómo se extienden confusiones entre la tendencia radical de esa alegada ideología de género, que equipara al varón y la mujer sin reconocer sus particularidades biológicas, y las propuestas del enfoque o teoría de género, que promueve la igualdad en el reconocimiento de las diferencias entre los diferentes sexos. “Yo tomé mis medidas… los talleres que siempre hago en el segundo semestre del año eran sobre violencia y masculinidad y les incluí una recapitulación del concepto, la teoría y el trabajo común desde una perspectiva de género, y la diferencia con estas cosas que están presentando en las iglesias”, dijo la especialista. Rebustillo observa que las ideas radicales y erróneas que iglesias de confesión evangélica presentan relacionadas con el trabajo de género a sus feligresías  también llegan a la población a través de la televisión y otros medios. “Llega fragmentado, incoherente, el tema de género”, lamentó. Tras años de resistencias, la perspectiva de género gana espacios en Cuba, con énfasis en el empoderamiento femenino aunque existen acciones dirigidas a las masculinidades, al punto que es incluida en investigaciones, centros estatales, oenegés, estrategias ministeriales y para la composición parlamentaria. Mujeres intercambian experiencias durante la sexta edición del taller anual “Derechos económicos, sociales y culturales y perspectiva de derechos humanos”, realizado en el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, en la ciudad de Cárdenas, en el oeste de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS El estatal Centro Nacional de Educación Sexual también lo incluye en su trabajo por el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género, que tiene su momento de mayor visibilidad en la campaña anual contra la homofobia y transfobia que realiza desde 2007 cada mes de mayo con alcance nacional. Calificado por muchas personas de cortina de humo para desviar la atención ciudadana de asuntos políticos y económicos planteados en el proyecto constitucional, de lograrse el matrimonio igualitario reconocería un derecho largamente reclamado por las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI). “El término ideología de género constituye una cruzada fundamentalista de iglesias cristianas contra las teorías de género enarboladas por el movimiento feminista en sus  diferentes olas y los movimientos LGBTI y queer (quienes no se identifican con un género o una orientación sexual)”, dijo el médico y activista Alberto Roque, que lucha desde hace décadas por este y otros derechos para su colectivo. “En Cuba el término llega tarde, a pesar de que la Iglesia católica en nuestro país lo ha utilizado en sus defensas doctrinales contra el matrimonio homosexual, las cirugías de reasignación sexual y el reconocimiento de las familias no nucleares”, detalló, sobre discursos que a su juicio atentan contra la equidad social. Portada de un material de trabajo impartido en un taller sobre perspectiva de género impartido a capacitadores sobre temas de prevención de la violencia en la Sede Nacional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, en La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS Justamente, las familias centran las campañas que circulan por las redes sociales y algunos espacios públicos como fachadas de viviendas e iglesias. Los mensajes en contra dicen, “Estoy a favor del diseño original”, mientras los carteles a favor defienden “Estoy a favor del diseño cubano”. “Se habla de ciudadanía y derechos humanos pero no se van a las esencias que socavan el reconocimiento y respeto de estos términos, ni del patriarcado como ideología”, lamentó Roque. Pero a su juicio, “no obstante, se abre la posibilidad de revertir estas carencias si, después que se apruebe la Constitución  (con o sin el artículo 68), hay participación ciudadana real”. La polémica sobre el artículo también descubrió que un segmento, incluidos fieles, representantes de iglesias que se oponen al matrimonio igualitario y personas LGBTI, abogan por la variante intermedia de la unión legal entre personas del mismo sexo. Pero activistas consultados por IPS consideran al matrimonio igualitario como el reconocimiento más justo y estiman seguirán esperando más de valorarse la unión legal. En la ciudad de Cárdenas, a 150 kilómetros al este de La Habana, el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba despliega desde hace años un trabajo de género para promover “valores como la equidad, justicia social y respeto a los derechos humanos, además de la inclusión de grupos y personas vulnerables”. Esa definición fue aportada por Beatriz Lima, la coordinadora del programa al respecto el centro. “Asumir una postura de diversidad no puede implicar discriminación de ninguna índole, ni posicionamientos extremos que excluyan a otras personas”, precisó. “Tenemos un trabajo sistemático en 16 comunidades de las provincias de Matanzas, Villa Clara y Mayabeque, con personas y líderes de diferentes comunidades y denominaciones religiosas, algunas con posturas más conservadoras y otras más abiertas”, amplió. El panorama actual evidencia para especialistas las complejidades de la religiosidad en Cuba, que no escapa a la escalada evangélica, en especial neopentecostal, en la sociedad y también en la política latinoamericana, que tiene su máxima expresión en las presidencias de Jair Bolsonaro en Brasil y Jimmy Morales en Guatemala. Con un gobierno socialista desde 1961, Cuba vivió una etapa como Estado ateo hasta que la reforma constitucional de 1992 garantizó las libertades religiosas básicas en este país insular caribeño de 11,2 millones de personas. Edición: Estrella Gutiérrez Artículos relacionados

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Mujeres avanzan en el parlamento brasileño, pero más divididas

qua, 21/11/2018 - 14:39

Mujeres en una manifestación, el 20 de octubre, en Río de Janeiro, de rechazo al candidato presidencial Jair Bolsonaro por sus posiciones machistas y racistas. La campaña #ElNo movilizó centenares de miles de mujeres en las grandes ciudades de Brasil, pero no logró evitar el triunfo del candidato de extrema derecha el 28 de octubre. Tânia Rêgo/Agência Brasil Por Mario OsavaRIO DE JANEIRO, Nov 21 2018 (IPS) La participación de mujeres en la Cámara de Diputados de Brasil aumentó 50 por ciento en las elecciones de octubre, en un resultado que refleja avances feministas y a la vez un recrudecimiento del antifeminismo. Serán 77 diputadas en un total de 513 representantes en la próxima legislatura que comenzará en febrero y que acompañará al próximo presidente, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, quien asumirá el cargo el 1 de enero. Ese número representa una pequeña minoría de 15 por ciento, pero también un salto histórico en comparación con la participación en la cámara baja saliente, de 9,9 por ciento, y las proporciones aún menores de legislaturas anteriores. “Hubo un avance cuantitativo, aunque muy inferior al deseado, considerando que las mujeres suman 51 por ciento de la población brasileña, y otro cualitativo, con el incremento de más de 50 por ciento de diputadas feministas y antirracistas”,  resumió a IPS la socióloga Natalia Mori, del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (CFMEA).“Hubo un avance cuantitativo, aunque muy inferior al deseado, considerando que las mujeres suman 51 por ciento de la población brasileña, y otro cualitativo, con el incremento de más de 50 por ciento de diputadas feministas y antirracistas”: Natalia Mori. En el Senado la situación no cambió tras los comicios legislativos del 7 de octubre, con solo 13 mujeres del total de 81 senadores, mientras habrá una única gobernadora de estado, de los 27 elegidos para el mandato 2019-2022. En las asambleas legislativas estadales la presencia femenina aumentó 37 por ciento, pero sus diputadas solo representan 15,3 por ciento del total. La mayor presencia femenina no altera la tendencia al incremento de las bancadas conservadoras en la Cámara de Diputados brasileña, según el monitoreo de la actividad legislativa que realiza CFEMEA, una organización no gubernamental fundada en 1989. “Aumentó el fundamentalismo religioso” y la presencia de los legisladores que defienden el gran sector agropecuario y una política más violenta de seguridad pública, el bloque al que ya se ha pasado a llamar despectivamente como “la bancada BBB” (de Biblia, buey y bala), lamentó Mori. Lo sucedido en Brasil en no es comparable con los resultados de las elecciones legislativos del 6 de noviembre en Estados Unidos, en que los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes, con la elección de muchas mujeres progresistas. En la nación norteamericana se produjo “una reacción a los límites del sistema político, al ‘trumpismo’ y al racismo”, evaluó Sonia Correa, una de las dos coordinadoras mundiales del Observatorio de Sexualidad y Política, una red internacional de investigadores. Además de la cantidad récord de diputadas, otro efecto que produjeron en Estados Unidos las nuevas movilizaciones feministas y antirracistas fue la elección de 19 mujeres negras como jueces en el condado de Harris, en el estado de Texas, donde es fuerte el racismo, destacó. Allí también se eligieron los jueces locales en los comicios del 6 de noviembre. “En Brasil no fue una victoria del feminismo” el gran aumento de mujeres en la Cámara de Diputados, sostuvo Correa, también investigadora de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria de Sida (ABIA). La mayoría de las nuevas diputadas es de derecha, muchas estrechamente vinculadas a Bolsonaro, entre las cuales hay algunas refrendadas por votaciones excepcionales, destacó en diálogo con IPS. Joenia Wapichana, la primera diputada indígena que tendrá Brasil, elegida por el estado amazónico de Roraima, en el extremo norte de Brasil. Crédito: Joenia Wapichana/Facebook La periodista Joice Hasselmann resultó electa como diputada con 1.078.666 votos, una cifra solo superada por Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo, que obtuvo 1.843.735 votos. Ambos del derechista y desde enero gubernamental Partido Social Liberal (PSL), al que pertenece Bolsonaro desde mayo. Pero la campeona absoluta en cuanto a respaldo fue Janaina Paschoal, con 2.060.786 votos, un récord histórico, que conquistó como legisladora del sureño e industrial estado de São Paulo. Abogada y profesora de Derecho en la Universidad de São Paulo, es una “productora intelectual del pensamiento conservador, por la familia tradicional y contra el aborto”, según Correa. Su currículo comprende la coautoría de la acusación que condujo a la destitución por el Senado en 2016 de la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff (2011-2016), del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), por irregularidades fiscales. Ese papel la catapultó como una lideresa de la derecha radical. Esas mujeres ayudaron al PSL a conquistar 52 escaños en la Cámara de Diputados, entre los cuales nueve para mujeres, cantidad solo superada por el PT, con 56 curules totales y 10 femeninos, respectivamente. En las elecciones legislativas anteriores, en 2014, el PSL obtuvo un único diputado. Pronto deberá tener la mayor representación parlamentaria, por la atracción del poder.  La legislación brasileña permite a parlamentarios transferirse de un partido a otro en algunos casos. Del parlamento más derechista y religioso, aunque menos masculino, se espera nuevos ataques y retrocesos a derechos como el aborto legal en tres casos: feto anencéfalo, violación sexual y riesgo de muerte para la madre, así como el reconocimiento de parejas homosexuales. La sexualidad ocupa un lugar central en esa ofensiva de “restauración conservadora”, que Correa identifica en un movimiento mundial que involucra varias religiones, no solo el nuevo pentecostalismo (de confesiones evangélicas), que se destaca por su agresividad en Brasil y llega al poder con Bolsonaro. Retrocesos en derechos reproductivos y sexuales ganaron fuerza en Brasil desde 2015, por una agenda legislativa impulsada por Eduardo Cunha, un evangélico, como presidente de la Cámara de Diputados, hasta su destitución por la Suprema Corte el 5 de mayo de 2016 seguida de su encarcelamiento por corrupción cinco meses después. La reacción a las amenazas de amplio retroceso provocó multitudinarias manifestaciones en lo que se conoce como “primavera feminista”, reactivando y ampliando un movimiento que se reflejó en la campaña #Él no, contra Bolsonaro. Centenares de miles de personas, principalmente mujeres, protestaron en decenas de ciudades contra las declaraciones “machistas, misóginas y racistas” que rellenan el pasado del ahora presidente electo, durante sus 28 años como diputado. Debe mucho a esa campaña el avance que logró el feminismo en las elecciones parlamentarias de octubre. Se diversificó la bancada femenina, reconoció Correa, quien destacó la elección de la primera diputada indígena, Joenia Wapichana, postulada por la ambientalista Red Sustentabilidad en el estado de Roraima, en el extremo norte de Brasil. Las diputadas negras suben de 10 a 13. El izquierdista Partido Socialismo y Libertad eligió una bancada paritaria para la Cámara de Diputados, cinco hombres y cinco mujeres, entre estas dos negras, destacó Mori. Se multiplicó entre mujeres el mandato colectivo, en que un grupo se postuló lanzando su nombre con el compromiso de ejercer en conjunto la misión legislativa, con propuestas y votos decididos colectivamente. Hay condiciones de sostener la resistencia a la ola conservadora que busca, entre otras medidas, restringir el aborto legal y penalizar a los operadores de salud que garantizan los derechos reproductivos y sexuales, sostuvo Mori. Pero una participación relevante en el poder de las mujeres, y en consecuencia de las feministas, acercándose al ideal de una representación paritaria, depende de cambios profundos en el sistema político, que sigue favoreciendo el poder masculino, señaló. Brasil permanece como uno de los países en el mundo con menor representación femenina  en su parlamento y muy por debajo del promedio en América Latina, que era de 28,8 por ciento en 2017, según ONU Mujeres y la Unión Interpalamentaria Mundial. Edición: Estrella Gutiérrez El artículo Mujeres avanzan en el parlamento brasileño, pero más divididas fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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EBay y Amazon criticadas por vender cremas con mercurio

qua, 21/11/2018 - 13:11

La Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata sobre el Mercurio se realiza del 19 al 23 de noviembre en Ginebra. Crédito: Organización Mundial de la Salud.Por Thalif DeenNUEVA YORK, Nov 21 2018 (IPS) Una coalición de 50 organizaciones de la sociedad civil de más de 20 países urgieron a las dos multimillonarias compañías de comercio electrónico, eBay y Amazon, a dejar de comercializar “peligrosas cremas blanqueadoras con mercurio”. La protesta forma parte de una campaña coordinada contra el problema que significan algunos cosméticos para la salud. Las organizaciones se pusieron en contacto con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional de Policía (Interpol), con sede en la ciudad francesa de Lyon, cuyo mandato abarca la venta electrónica de productos para la salud ilegales. Michael Bender, coordinador internacional del Grupo de Trabajo Mercurio Cero, dijo a IPS que los magnates de Internet deben dejar de violar la ley comercializando cosméticos ilegales y tóxicos. “EBay y Amazon tienen la responsabilidad y los recursos para evitar exponer a sus clientes a neurotoxinas peligrosas”, añadió. Además, la FDA debe hacer cumplir la ley sin importar cuán grande sea el comercio, pues nadie está por encima de la ley. Las organizaciones identificaron 19 productos para la piel vendidos para las dos compañías y con altas concentraciones de mercurio, y aún así su venta se dispara en el mundo, y en Estados Unidos, pero principalmente en África, América Latina, Asia y Medio Oriente. “Urgimos a Amazon a que se autocontrole para garantizar que los cosméticos que contienen una parte por millón de mercurio (ppm) ya no se expongan a la venta para sus clientes del mundo”, reza la misiva dirigida a Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon. Desde 1973, la FDA alerta de no usar cosméticos con una ppm de mercurio y ha detallado los riesgos de el metal considerado tóxico y dañino para la salud humana por agencias estaduales, federales e internacionales. En la carta a Devin Newig, presidente y director ejecutivo de eBay, la coalición señala que los productos expuestos “no son permitidos y son ilegales”. La protesta cobra mayor relevancia en el marco de la Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata sobre Mercurio, que comenzó el lunes 19 en Ginebra y concluirá este viernes 23. El convenio ya tiene la firma de 128 estados miembro de la ONU y la ratificación de 101 países. Syed Marghub Murshed, presidente de Desarrollo Social y Ambiental, precisó que “las cremas que aclaran la piel exponen a las jóvenes a graves problemas de salud y daños ambientales”. “Para luchar contra eso, es importante que los gobiernos introduzcan o hagan cumplir las normas y alerten a los consumidores”, subrayó Elena Lymberidi-Settimo, gerente de proyecto de la Campaña Mercurio Cero y coordinadora internacional del Grupo Mercurio Cero. Por su parte, Sonya Lunder, del programa de Género, Equidad y Ambiente de la organización Sierra Club, dijo que las compañías de comercio electrónico “no solo deben retirar los productos ilegales de sus sitios web de inmediato, sino que tienen que desarrollar un sistema para garantizar que los productos tóxicos queden por fuera de las cadenas de suministro”. En Malí, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Togo 25 por ciento, 77 por ciento, 27 por ciento, 35 por ciento y 59 por ciento de las mujeres, respectivamente, usan productos para aclarar la piel de forma regular, indicó la OMS. En 2017 y 2018, las organizaciones tomaron muestras de 338 cremas aclaradoras de 22 países para analizar si tenían mercurio. De ellas, 35 o 10,4 por ciento, tenían concentraciones que iban de 260 a 16.353 ppm. Esos números se ubicaron por encima de las normas de muchos países, pero también de las nuevas disposiciones del Convenio de Minamata, que rechaza para después de 2020 la “fabricación, importación o exportación” de cosméticos con una concentración de mercurio superior a una ppm. Los problemas de salud incluyen daños a la piel, ojos, pulmones, riñones, el sistema digestivo, inmunológico y y nervioso. La coalición le pide a eBay y Amazon: (1) Garantizar que los productos vendidos cumplan la reglamentación del gobierno, monitoreen las listas de aclaradores de piel tóxicos identificados por agencias estadounidenses y mantenerlos fuera de su inventario; (2) Agregar a las cremas aclaradoras de piel a una lista de categorías que requieran aprobación antes de su venta; solicitar a los vendedores que suministren la documentación que verifique que los productos no contienen mercurio y que cumplen con todas las normativas. De los 22 países de donde se sacaron muestras, 14 tienen leyes o normas consistentes con el Convenio de Minamata, precisa la carta. De los siete países en los que se encontró mercurio en las muestras, solo cuatro tienen disposiciones legales que prohibían las cremas con más de una ppm de mercurio. El análisis también concluyó: – En Bangladesh, 50 por ciento de las muestras de cremas analizadas tienen concentraciones de mercurio superiores de una ppm; – En República Dominicana, una de cada tres muestras superaba una ppm (33 por ciento), mientras que en Indonesia llegaba a 31 por ciento; – En Mauricio, una de cada 15 cremas tenía más de una ppm (siete por ciento); – En Filipinas, 19 por ciento de las muestras superaron una ppm, mientras que las tailandesas llegaron a 63; – En Trinidad y Tobago, 20 por ciento de las muestras superaron los límites del Convenio de Minamata. El estudio concluyó que las restricciones impuestas a las sustancias peligrosas y las estrategias de comunicación de riesgo en muchos países son incompletas y/o no se hacen cumplir de forma adecuada, lo que “supone un riesgo para salud, y principalmente para las mujeres”. Como las disposiciones del Convenio de Minamata sobre el Mercurio en relación con los productos cosméticos entra en efecto en 2020, aparecen nuevas oportunidades para que los países reduzcan la exposición al mercurio procedente de los aclaradores de piel, e incluso recursos que podrán estar disponibles para los estados parte para iniciativas como: 1. Desarrollo y adopción de normas para cosméticos nacionales; 2. Actualización continua de sitios que contengan listas de productos que violan las normas, que incluyan fotografías, fabricante, país de origen, identificación del vendedor, vínculos, entre otros; 3. Mejor armonización y mayor cumplimiento de las aduanas; 4. Comunicación de riesgo efectivo a los consumidores en riesgo y, en particular, a mujeres embarazadas o lactantes y a mujeres en edad de fertil; 5. Supervisión efectiva del mercado; 6. Adopción de pautas para etiquetar y garantizar que los consumidores reciban la información necesaria sobre los productos peligrosos, pero también con alternativas, ya que pueden contener otras sustancias peligrosas; 7. Supervisión efectiva de la ciberdelincuencia en Internet, en colaboración con Interpol, ya que la mayoría de los aclaradores son importados; 8. Asegurarse de que a través de pautas publicitarias contra la discriminación no se refuerce un estereotipo negativo relacionado con el color de piel. La venta de productos con mercurio se dispara en el mundo, en especial en Asia, Medio Oriente y África con ventas que ascienden a 17.900 millones de dólares, en 2017, con proyecciones que indican que llegará a 31.200 millones de dólares en 2024, según la firma Global Industry Analysts. Los aclaradores de piel funcionan en base a sales de mercurio inorgánicas (entre uno y 10 por ciento de amidoclcoruro de mercurio) que inhiben la formación de melanina, generando un tono de piel más claro. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Nuevas prácticas en cría de peces mejoran acuicultura en Kenia

ter, 20/11/2018 - 13:12

En la playa de Gasi, en el condado de Kwale, sobre el océano Índico, en Kenia, la gente espera para comprar pescado. La demanda de pescado aumenta en este país debido al rápido crecimiento de la población, en alrededor de tres por ciento al año, y de la mayor conciencia de su valor nutricional. Crédito: Diana Wanyonyi/IPSPor Justus WanzalaKISUMU/VIHIGA, Kenia, Nov 20 2018 (IPS) A pesar de la humedad de un típico mediodía de octubre en el condado de Kisumi, cerca de la costa del lago Victoria, en Kenia, Jane Kisia da vueltas alrededor de sus estanques alimentando a los peces. A medida que les lanza el granulado, estos lo devoran con avidez. Kisia, una maestra jubilada, hace seis años que cría peces. En 2016 se anotó en el Programa de Acuicultura orientada al Mercado de Kenia (KMAP, en inglés), de Farm Africa, el que concluye en 2019. La iniciativa se extiende por 14 condados de las regiones Central y Lago Victoria, de Kenia. “KMAP ofrece capacitación especial en acuicultura, lo que me ha permitido aprovechar las oportunidades del sector”, dijo Kisia a IPS. Además de los valiosos vínculos con comerciantes que ofrece, acotó. “Cuando el pez está maduro, los compradores están a una llamada de teléfono de distancia”, añadió. En sus cinco estanques, tiene tilapia y algunos bagres, que pesca dos veces al año, y le dejan el equivalente a unos 1.500 a 2.000 dólares. La demanda de pescado aumenta en Kenia debido al rápido crecimiento de la población, de tres por ciento, y a que hay mayor conciencia sobre el valor nutricional del pescado. Pero la producción depende mucho de la captura en lagos, lo que lleva al agotamiento del recurso. La Oficina Nacional de Estadística informó en abril que la producción pesquera, procedente de lagos, del mar o de cultivo, había disminuido de unas 163.000 toneladas, en 2013, a unas 135.000, en 2017. La consiguiente escasez llevó al aumento de los precios. Ese es el contexto actual a pesar de que este país tiene más de 1,14 millones de hectáreas de tierras ideales para practicar la acuicultura, según el informe del Instituto de Investigación Pesquera y Marina de Kenia (KMFRI), de 2017. Ni siquiera el programa diseñado por el gobierno para impulsar la acuicultura, en el marco del cual se instalaron 48.000 estanques en todo el país hace una década, resolvió el problema de la disminución de la oferta de pescado. En parte, eso se debe a que el programa solo formó a los beneficiarios en cómo hacer estanques y acopiar alevines. Hubo algunos talleres de capacitación, pero básicamente, los participantes tuvieron que arreglárselas solos. Un sistema de cría de pollos y peces integrado. Los gallineros están construidos sobre los estanques, lo que permite que los excrementos que caen generen algas que sirven para alimentar a los peces. Crédito: Justus Wanzala/IPS. El coordinador de Farm Africa, Teddy Nyanapa, explicó a IPS que su organización empodera a los agricultores monitoreando sus avances, ofreciendo asistencia técnica, asesoramiento comercial y para la preservación de recursos naturales. Además de promover un mejor marco legal para el sector. El programa abarca a todos los actores de la cadena de valor, acuicultores, fabricantes de alimentos y comerciantes, precisó Nyanapa. Además de las prácticas pecuarias, los agricultores también reciben capacitación para llevar las finanzas, acotó. El programa cuenta con 1.100 beneficiarios, apuntó Nyanapa. Cada uno de los 14 condados incluidos en el programa, tienen agentes para asistir a los agricultores a emplear las mejores prácticas. “Los agentes son funcionarios de extensión, la mayoría graduados de facultades, debido a la necesidad de personal para promover la acuicultura con celeridad”, añadió Nyanapa. Gracias a ese apoyo, el proyecto se considera un éxito. Hay pocos alevines, observó, pues solo hay 12 criaderos oficiales en Kenia. Nyanapa lamentó que no hubiera un tamaño estándar de juveniles definido para la venta a los agricultores, ya que algunos son tan pequeños que rara vez sobreviven, lo que deja pérdidas. El costo de la alimentación es una carga pesada, que puede llegar a representar 70 por ciento del costo total, confirmó Nyanapa, coincidiendo con tres agricultores. “Dependemos de alimentos industrializados que son costosos, que a veces son de mala calidad y el suministro inestable”, lamentó Kisia. KMAP también colabora con el Centro para la Vida y el Hogar en Ebenezer, un internado con enseñanza primaria y secundaria, para su proyecto de acuicultura con fines nutritivos y comerciales. La profesora Martha Achieng comentó que comenzaron con la cría de peces en 2012, en el condado de Kisumu. “El objetivo inicial fue criar peces para su alimentación, dado que algunos menores viven con VIH/sida, pero tras la primera cosecha, vendimos el excedente y sacamos unos 2.000 dólares, y nos dimos cuenta de que era un emprendimiento lucrativo”, recordó Achieng. El internado, con unos 1.000 alumnos, cuenta con seis estanques con tilapias y bagres. Como las reservas naturales disminuyen, el gobierno subsidia el costo que recae sobre los agricultores. “Es necesario cambiar la política para reducir la importación de pescado de China y bajar el costo de los insumos a fin de aprovechar las posibilidades de la acuicultura”, subrayó Achieng. Las importaciones de pescado chino en Kenia ascendieron a unos 21 millones de dólares en 2017, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. Pero en octubre de este año, el presidente Uhuru Kenyatta propuso prohibir las importaciones de pescado de China, aunque algunos pescadores locales, beneficiarios del KMAP, optaron por apuntar a un mercado a mayor escala, por lo cual apenas hubo un magro aumento del suministro local. Stephen Lukorito, agente de Farm Africa, en el vecino condado de Vihiga, señaló que hay unos 100 pescadores en el condado, por lo que las posibilidades para la acuicultura son enormes. La granja Beauty, en Vihiga, tiene cinco estanques que funcionan como centros de capacitación para jóvenes deseosos de dedicarse a la acuicultura. El director de la granja, Wilson Ananda, dijo a IPS que la demanda de pescado en la zona es tan grande que cada vez que cosechan, la comunidad local compra toda la captura. En el condado de Vihiga, la empresa Bunyore Riverside Development (BRAD) tiene una granja en la que cría unos 19.000 peces en seis estanques de unos 60 por 30 metros, con un sistema integrado de cría de peces y de pollos. Las casas de los pollos están encima de los estanques, y los excrementos que caen generan algas en el agua, que sirven para alimentar a los peces. Otras organizaciones se asociaron con el KMAP para apoyar la gestión de las crías, el monitoreo y la evaluación, mientras otras como el Centro Mundial de la Pesca ofrece asesoramiento sobre la conveniencia de varias especies en diferentes zonas ecológicas. La capacitación también se extendió a los funcionarios gubernamentales, y ya se capacitaron 28 en tecnologías modernas de acuicultura en la región del lago Victoria. También se capacitan agricultores para oficiar de mentores con sus colegas. Nyanapa comentó que para terminar el proyecto, les gustaría ayudar a organizar a los agricultores en grupos de trabajo para comprar insumos y mejorar el acceso a los mercados y a los recursos financieros. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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Desapariciones, un estigma para gobierno saliente de México

seg, 19/11/2018 - 19:08

Una de las numerosas actividades de los familiares de las personas víctimas de desaparición forzada en México, para presionar porque se busque a sus parientes. Crédito: Cortesía de CMDPDHPor Gustavo CapdevilaGINEBRA, Nov 19 2018 (IPS) La ONU despidió con severas recriminaciones al gobierno de Enrique Peña Nieto, por violaciones de los derechos humanos, cuya magnitud ejemplifica el hecho de que en México lleguen hasta 37.435 las desapariciones forzadas de personas registradas desde 2007. El duro rapapolvo por la situación que deja en materia de desapariciones lo recibe el conservador Peña Nieto a escasos días de que el 1 de diciembre culmine sus seis años de mandato y entregue la presidencia al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien ganó las elecciones del 1 de julio. En sus observaciones sobre el caso mexicano, divulgadas este lunes 19, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) lamenta “profundamente” que en México “se mantiene una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”. El Comité, integrado por 10 expertos independientes de países que han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, deploró también que en México “imperen la impunidad y la revictimización”, cuando la misma persona sufre igual delito con diferente perpetrador. Las resoluciones representan la conclusión de una sesión especial, realizada el 9 de noviembre, dedicada al caso mexicano, cuando el Comité, que funciona en la sede de la ONU en Ginebra, enrostró al gobierno de Peña Nieto por la “falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas”. Roberto Cabrera, de la estatal Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, admitió que solo cuentan con “registros de muy mala calidad”. Del total de 37.435 casos, ese organismo ha logrado identificar con fecha de nacimiento y nombres de padre y madre, a unos 26.000 desaparecidos. De ese número consiguieron datos biométricos (fotografías y huellas digitales) de unos 16.000, precisó Cabrera. El Comité reprochó a las autoridades mexicanas por el escaso número de condenas en los procesos por el delito de desaparición forzada. Grace Fernández Moran, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, dijo a IPS que “hay 43 sentencias sobre más de 37.000 casos, eso es nada”. Los miembros del Comité, que opera dentro de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestaron preocupación “por la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas sin atención adecuada en todo el territorio”. El saliente gobierno mexicano reconoció que la desaparición de personas se ha convertido “en el desafío más grave que enfrenta” el país latinoamericano en materia de derechos humanos, según declaró el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, durante la sesión con el Comité. “Reconocemos que las respuestas del Estado son aún insuficientes porque no hemos dado respuesta a los familiares y a los seres queridos de los desaparecidos y tampoco se ha localizado el paradero”, explicó Ruiz a IPS. Ruiz alegó que el régimen federal de México, con 32 estados que tienen su propia Constitución y poderes, entorpece los esfuerzos por proteger los derechos humanos en un territorio de dos millones de kilómetros cuadrados y con 129 millones de habitantes. Ello aunque la mayoría de las desapariciones se concentran en tres estados: Guerrero, Tamaulipas y Veracruz. A eso se suma la incómoda vecindad con el mayor mercado consumidor de drogas del mundo: Estados Unidos, a lo largo de una frontera de más de 3.000 kilómetros. México esta así localizado entre centros productores sudamericanos y los mercados consumidores que han visto un incremento constante de la demanda de drogas ilícitas de varios tipos, aunque recientemente en particular de los opiáceos, remarco Ruiz. En busca de atenuantes, mencionó el tráfico ilícito de armas, en su mayoría de Estados Unidos hacia México. En 2015, en la región fronteriza estadounidense se localizaban 6.700 comercios con licencia federal para vender armas, lo que equivalía a tres vendedores de armas por cada 1.609 metros de frontera. El subsecretario mexicano citó a autoridades estadounidenses al afirmar que la mitad de las armas ilegales que circulan en México, notablemente armas de asalto de alto poder, son compradas en el fronterizo estado de Texas, y un tercio en el vecino de Arizona, antes de ser traficadas por la frontera. Ruiz rechazo una de las pretensiones más insistentes del Comité: el reconocimiento de la competencia del organismo para recibir y examinar comunicaciones o quejas individuales de ciudadanos mexicanos. Corresponderá al gobierno de López Obrador, valorar esa demanda del Comité, arguyó Ruiz. El gobierno de Peña Nieto reacciona de esa manera “por miedo o por soberbia”, interpretó Fernández Moran. “No pide ayuda a nadie para afrontar esta emergencia”, insistió. Olga Guzmán Vergara, directora de Incidencia de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), estimó que defensores de derechos humanos y victimas deben hacer “un acercamiento con el nuevo gobierno”. “Habrá que hacer entender que las desapariciones forzadas son un tema prioritario”, dijo a IPS. Guzmán reclama a López Obrador “respuestas decisivas, adecuadas y efectivas para afrontar la situación crítica de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y su impunidad, que afectan a miles” de mexicanos. Entre otras demandas, la CMDPDH propone un mecanismo interinstitucional de alto nivel que aplique a nivel local, estadal y nacional las normas y recomendaciones de organismos internacionales y regionales de derechos humanos. Guzmán aspira a que el nuevo gobierno sostenga una Fiscalía General autónoma, “no subordinada al presidente, como ahora”, y encabezada por una persona idónea y designada mediante un proceso “transparente y público”. La CMDPDH sugiere el establecimiento de un mecanismo internacional contra la impunidad en México, algo semejante a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, creada en 2006 por la ONU y el gobierno guatemalteco. El Comité contra la Desaparición Forzada observa también con preocupación el rol que México ha otorgado a las fuerzas militares para las tareas de seguridad pública. Por ello, le insta a fortalecer a las fuerzas civiles del  orden y a establecer un plan de retiro gradual, ordenado y verificable de las fuerzas militares de las áreas de seguridad pública. Los expertos de la ONU alertaron de los impactos que las desapariciones tienen en México sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes. Mencionaron igualmente los efectos perjudiciales que acarrean el estancamiento y abandono de las investigaciones de los estereotipos de género y formas de discriminación contra las mujeres por parte de las autoridades. Ángela Quiroga, responsable de la gubernamental Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dijo a IPS que las desapariciones de mujeres no presentan diferencia con respecto a las tendencias del delito en el conjunto de la sociedad. “Aunque en la franja de las mujeres se aprecia que la violencia familiar es una de las causas de las desapariciones de mujeres pues provoca la expulsión de adolescentes de los hogares”, explicó. “Otro factor de la desaparición de mujeres es el incremento en los últimos tiempos de los casos de feminicidio, el asesinato de las mujeres por su condición de tales. De ninguna de las dos variantes se dispone de cifras”, agregó Quiroga. Edición: Estrella Gutiérrez El artículo Desapariciones, un estigma para gobierno saliente de México fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Protesta rohinyá en Bangladesh frena repatriación a Birmania

seg, 19/11/2018 - 13:15

Refugiados rohinyá protestan el jueves 15 de noviembre de 2018 contra su repatriación a Myanmar (Birmania). Crédito: Mohammad Mojibur Rahman/IPSPor Naimul HaqCOX BAZAR/DACA, Nov 19 2018 (IPS) Birmania y Bangladesh acordaron la repatriación de 2.260 refugiados rohinyás en dos semanas, unas 150 personas por día. Pero la iniciativa debió posponerse por las protestas masivas en varios de los 27 campamentos bangladesíes. La repatriación forzada debía comenzar el jueves 15 de este mes, el mismo día de la protesta en Cox’s Bazar, el distrito costero más al sur de Bangladesh, por la cual lograron frenar su repatriación a Myanmar (Birmania) La medida responde a un acuerdo bilateral alcanzado a fines de octubre entre los gobiernos de ambos países. Los 27 campamentos de Cox’s Bazar albergan a un millón de refugiados. Hombres, mujeres, niñas y niños participaron en las protestas que comenzaron poco después del mediodía en uno de los campamentos más pequeños en Unchiprang, cerca de la frontera con Birmania, y pronto se propagaron a otros, hasta el más grande Kutupalong. Los manifestantes cantaban eslóganes y tenían pancartas que decían: “no volveremos”, “reclamamos seguridad”, “queremos la ciudadanía”, “reclamamos justicia”, cuando los autobuses que debían llevarlos a unos 15 kilómetros de Cox’s Bazar, estacionaban afuera de Unchiprang, desde donde irían hasta la frontera de Gundum, para luego trasladarlos a Tumbru, en Birmania. Los funcionarios bangladesíes a cargo de la iniciativa esperaban afuera del campamento y le pedían a las familias que subieran a los autobuses, pero nadie estaba dispuesto a hacerlo. Desde agosto, más de 700.000 rohinyás, alrededor de 60 por ciento de los cuales eran menores, según informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, huyeron de las atrocidades perpetradas contra su comunidad en el estado birmano de Rakhine Muchos refugiados todavía tienen fresca la terrible experiencia, que incluyó violencia sexual, violación y la incineración de viviendas con sus habitantes adentro. “¿Por qué tenemos que regresar?”, gritó Nahar, de 26 años y con tres hijos, quien llegó al campamento en julio. Para ella volver es regresar a un campo de exterminio. Yousuf Ali, del campamento de Shamlapur, preguntó: “¿Quieren que nos suicidemos?”. Por su parte, otro del campamento de Jamtoli explicó: “No hay garantías de que podamos sobrevivir si regresamos”. El gobierno bangladesí, junto a organizaciones humanitarias locales e internacionales y agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), trabaja para proveer refugio, servicios médicos, educación y alimentos a casi un millón de personas. Mohammad Abul Kalam, comisario de Refugio, Alivio y Rehabilitación de Bangladesh, además de magistrado de Cox’s Bazar, dijo a IPS: “Estábamos preparados para la repatriación”. “Antes apuntamos a una decisión voluntaria y a una elección informada, pero nadie respondió y tuvimos que posponer el programa”, explicó. El martes 13, 50 de las familias señaladas para regresar, fueron entrevistadas por funcionarios de la ONU para saber si accedían a regresar, pero nadie aceptó, indicó Kalam. “Se negaron a irse ahora, pero seguimos dispuestos a facilitar su retorno. Nuestra contraparte de Myanmar también estaba presente del otro lado de la frontera. Sabemos que también realizó los preparativos para la tan esperada repatriación que (iba a comenzar el jueves 15)”, explicó Kalam. El gobierno de Bangladesh junto a organizaciones locales e internacionales y agencias de la ONU provén refugio, servicios médicos, educación y alimentos a casi un millón de refugiados rohinyás. Crédito: Mohammad Mojibur Rahman/IPS La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió a Bangladesh a detener la repatriación de rohinyás porque la iniciativa viola el derecho internacional. “Con una casi completa falta de responsabilidad, de hecho con violaciones en curso, repatriar a los rohinyás a Myanmar en este momento significa devolverlos a un ciclo de violaciones de derechos humanos que esa comunidad sufre desde hace décadas”, explicó Bachelet. En octubre, el jefe de la misión de investigación de la ONU en Birmania, Marzuki Darusman, dijo que “la endurecida posición (del gobierno birmano) es por lejos el mayor obstáculo” a la repatriación. “Myanmar está destinado a repetir el ciclo de violencia a menos que termine la impunidad”, añadió. La ONU pidió una investigación sobre el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra perpetrados en el estado de Rakhine. Mientras, el canciller de Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali, aclaró en conferencia de la prensa el jueves 15 en Daca que su país no repatriaría a la fuerza a los refugiados. Y Mia Seppo, coordinadora residente de la ONU en Daca, acotó: “el foro mundial celebra el compromiso del gobierno de Bangladesh de atenerse a los principios de la repatriación voluntaria que ha demostrado hasta hoy”. “Hubo algunos problemas con los planes de repatriación”, explicó a IPS el presidente de la Cámara de Comercio de este distrito, Abu Morshed Chowdhury, también uno de los presidentes de la organización Forum. “¿Cómo van a regresar los refugiados, aun si es de forma voluntaria, sin garantizar su ciudadanía?”, cuestionó. “Las agencias de la ONU tienen la responsabilidad de dar las garantías”, añadió. El director ejecutivo de la organización COAST Bangladesh, Rezaul Karim Chouwhury, dijo que el plan no estuvo bien pensado, “porque sabemos que tarde o temprano los rohinyás tendrán que regresar. El acuerdo bilateral allanó el camino para la iniciación de la repatriación y la rehabilitación, pero los actores clave, en mi opinión, no han estado tan activos”. Por su parte, Caroline Gluck, oficial de información pública de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Cox’s Bazar, dijo a IPS que cada refugiados tiene el derecho a decidir su futuro y su retorno. Sus decisiones deben basarse en conocimientos confiables sobre las condiciones en su país de origen. “Las restricciones de acceso en el estado de Rakhine limitan la capacidad de Acnur de brindar esa información. Es fundamental que las repatriaciones no sean apresuradas ni prematuras”, subrayó. Acnur está a favor de la repatriación voluntaria y sostenible de los refugiados rohinyás, con seguridad y dignidad, a su lugar de origen o al de su elección, precisó. “Trabajaremos con todas las partes hacia ese objetivo. Pero no creemos que las condiciones actuales sean conducentes al retorno de acuerdo con los estándares internacionales. La responsabilidad de crear esas condiciones recae en Myanmar, añadió. *Con aportes de Mohammed Mojibur Rahman, en Cox’s Bazar, en Bangladesh Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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De la percha al plato: los microplásticos se meten en nuestra dieta

seg, 19/11/2018 - 12:49

Limpiar los océanos de los plásticos es una necesidad cada vez más perentoria. Crédito: CCO/PixabayPor Florencia CremoneseMONTEVIDEO, Nov 19 2018 (IPS) Indumentaria sintética, ropa desechable, cosméticos, exfoliantes y pastas de dientes blanqueadoras son solo algunas de las fuentes de plásticos microscópicos que llegan a mares y ríos y terminan en nuestros platos. La ropa de bajo costo, producto de la llamada moda rápida (‘fast fashion’) inunda las tiendas, y en la mayoría de los casos ofrece prendas tan baratas como efímeras. En la lógica de consumo del capitalismo más voraz la idea tiene sentido: la moda cambia, hay que renovar el guardarropa cada temporada, por lo que su poca durabilidad no debería ser problema, más aún si las prendas son baratas. Pero ya lo dice el popular refrán, lo barato sale caro: detrás de las prendas que cambiamos con frecuencia hay explotación laboral, lo que permite que algunos productos se vendan incluso por debajo de su costo. Una práctica no solo ejercida sobre trabajadores, con salarios que apenas les alcanzan para sobrevivir, sino sobre el planeta. El resultado es un costo implícito que las empresas trasladan al cliente: la destrucción de su ambiente y en muchos casos de su salud. “Vivimos en plástico”, dijo la doctora Lorena Ríos Mendoza. La profesora asociada de química de la estadounidense Universidad de Wisconsin planteó que desde los textiles de nuestras camas, pasando por los contenedores que utilizamos para trasladar el almuerzo, hasta los cosméticos que usamos en nuestro rostro, todo contiene plástico. “Somos adictos”, opinó la especialista nacionalidad mexicana. Algún incauto podría preguntar cuál es el problema. Es que el plástico demora al menos 400 años en degradarse y lo que usamos hoy ensuciará los mares y la tierra por unas cinco generaciones. Pero si la ropa no es plástico y no la echamos al agua, podría decir otro. En realidad, ambas afirmaciones son falsas. La ropa sintética mayoritaria en la moda rápida es plástico, pues sus componentes derivan del petróleo, y sí, además las echamos al agua. Cada vez que lavamos nuestras prendas miles de fibras microscópicas atraviesan los filtros de las lavarropas y llegan a los cauces de agua. Su tamaño es tan ínfimo que atraviesan los filtros. De acuerdo a un estudio de 2016 de la británica Universidad de Plymouth, más de 700.000 fibras plásticas microscópicas se liberan en cada lavado de seis kilos de ropa en una lavadora doméstica y 1,7 gramos de fibras pueden liberarse en el lavado de una sola chaqueta sintética, según la estadounidense Universidad de California. Si pensamos en esta realidad en forma agregada el problema se acentúa puesto que a diario se hacen millones de lavados a lo largo y ancho del globo, a lo cual se suma la toxicidad de las tintas, el alto consumo de energía en la producción y un largo etcétera. La indumentaria es solo uno de los orígenes de los microplásticos presentes en ecosistemas marinos y terrestres. Para ser considerado microplástico el material debe medir como máximo cinco milímetros y en la mayoría de los casos su tamaño lo hace invisible para el ojo humano. Como explicó Ríos Mendoza, hay tres formas de creación de microplásticos. Una de ellas es por la ruptura de “macroplásticos”, como los presentes en envases o en cualquier otro producto de este material, que se rompen en trozos más pequeños por efecto del sol y el movimiento del agua. Otra es por la fragmentación realizada por animales que los confunden con alimentos y los rompen creando pequeños trozos. Y por último, por la creación industrial de plásticos microscópicos como sucede en el caso de los cosméticos, o “perlas blanqueadoras”,  eufemismo utilizado en la industria de la higiene para referirse a este material en detergentes de ropa y pastas dentales. El último eslabón de la cadena El problema no es solo para los peces y las tortugas que se mueren llenas de plástico, sino para nosotros, que nos los estamos comiendo y llenando nuestros estómagos con lo mismo. Un albatros muerto disecándose, mientras los desechos de plástico que había ingerido permanecen. Crédito; Chris Jordan/Wikimedia Commons “Para entender la cantidad de plástico que está inundando el mar pensemos que es como si cada un minuto un camión de basura tirara todos sus desechos en el océano”, ejemplificó la geógrafa Estefanía González. La chilena González se desempeña como coordinadora de campañas y océanos en la repartición andina de la organización ecologista Greenpeace y considera a los plásticos visibles como uno de los mayores desafíos en la lucha por la preservación de los ambientes. Para la activista el peligro es mayor en el caso de los microplásticos porque generan la ilusión de una aparente inexistencia. En junio la Universidad de Magallanes, en Chile, reveló la presencia de partículas de plásticos en la centolla magallánica, crustáceo presente en la aislada Antártida chilena. El hallazgo despertó la alarma sobre la posible contaminación de otros seres en zonas más pobladas y más cargadas de desechos. Los mismos descubrimientos se publican por decenas cada año y hablan de contaminación por ingesta en los lugares más remotos del planeta. Según recogió la revista National Geographic, cuando el investigador Matthew Savoca, del Centro Sudoeste de Ciencia Pesquera en Monterrey, en el estado estadounidense de California, empezó su estudio sobre la alimentación de las anchoas, ya se habían documentado 50 especies de peces que comían microplásticos. Cuando concluyó su investigación dos años después, el número había ascendido a 100. Para Ríos Mendoza, cuya área de estudios es el océano Pacífico, la presencia de plásticos es preocupante porque este material tiene la capacidad de actuar como una esponja de los compuestos tóxicos presentes en el agua. “Los plásticos que están flotando en el agua pueden absorber los compuestos tóxicos resistentes como los que se utilizan en la industria eléctrica, o los formados por incompleta combustión de las gasolinas como son los poliaromáticos. También absorben  los organoclorados, caracterizados por durar mucho tiempo en el ambiente, llamados resistentes orgánicos. Estos son hidrofóbicos, no les gusta el agua, entonces ven la partícula de plástico y ahí es donde se absorben”, dijo. Si los plásticos fueran recogidos luego de la absorción tendríamos una buena noticia “porque las aguas se están limpiando, pero el problema es que no podemos decirle a los organismos que no se coman esas partículas”, explicó la especialista. Por eso, abundantes cantidades de este elemento terminan directa o indirectamente en nuestro sistema digestivo por nuestra condición de último eslabón de la cadena alimenticia. “Muchos de esos compuestos tóxicos son disruptores endocrinos y el problema es que todavía no sabemos cuánto tarda el compuesto que está en la partícula de plástico en pasar al sistema del pez y si el problema se detiene en el sistema endocrino del pez o cuando nosotros nos comemos al pez, el problema va hacia nosotros”, puntualizó. Las preguntas aún no tienen una respuesta contundente pero constantemente se abren interrogantes. Según Ríos Mendoza, las evidencias apuntan a que los compuestos presentes en el plástico afectan más a los peces macho, lo que dificulta la reproducción. De allí surge el interrogante de si al comer esos animales con un cambio hormonal también se está generando un cambio en los organismos de humanos. “Los compuestos tóxicos están causando una disrupción endocrina porque son mímicos de las hormonas femeninas por lo que afectan más al macho en los organismos. Además estamos viendo que el humano está siendo afectado, ¿por qué? porque el número de esperma en el humano está bajando”, argumentó. Podríamos pensar que si no consumimos productos provenientes de mares y ríos evitaríamos la contaminación por microplásticos, pero no es así. Las mismas preguntas sobre la toxicidad para los humanos se trasladan a los alimentos cultivados en tierras contaminadas y al agua que bebemos. De acuerdo con un estudio encargado por la organización Orb Media y realizado por la universidades estadounidenses de Nueva York y Minnesota, 83 por ciento del agua potable global contiene microplásticos.   Las costas cada vez más llenas de plásticos que devuelven los océanos. Crédito: Vince Alongi/Flickr El estudio publicado en 2017 analizó 159 muestras tomadas en distintos países de cinco continentes, y arrojó que Estados Unidos tenía los peores resultados con un índice de presencia de microplásticos de 94 por ciento. Los mismos porcentajes se encontraron en aguas embotelladas. ¿Qué edad tendrás en 2050? Si no cambiamos nuestros hábitos de consumo, en 2050 habrá más plástico en los mares que peces. En apenas 32 años se estima que el problema llegue a ese punto. El daño ya es enorme pero no irreversible. En la actualidad la contaminación se observa incluso en lugares aislados a los que los residuos llegan por corrientes de agua o de aire, pero el cambio está tan cerca como la voluntad individual y colectiva lo disponga. Según contó  González desde Santiago de Chile, “cuando nosotros (Greenpeace) estuvimos este año con un barco en la Antártida haciendo diferentes investigaciones científicas, encontramos que había micro partículas de plástico en nieve recién caída o en aguas que están alejadas de todo, pero tenemos tiempo de cambiar”. Las alternativas al plástico existen, bolsas de materiales reciclados o de telas durables, indumentaria de fibras naturales o de fibras recicladas. Cosméticos que en vez de limpiar el rostro con plástico lo hagan con materiales nobles como la cáscara de nuez. Productos con poco empaquetamiento y con compromiso de durabilidad e incluso negarse a la pajilla de un refresco, son conductas que hacen un cambio. Esto depende del compromiso de empresas, gobiernos y sobre todo de los consumidores. Tendencias como la Economía Circular, la Economía Verde o la Economía del Bien Común buscan brindar herramientas a estos tres actores para terminar con la cultura del uso y tiro. “Uno de los temas que aborda la Economía del Bien Común tiene que ver con la manera en que nos hacemos cargo de este bienestar o mejor vivir de la sociedad. Y la sociedad entendida no solo como las personas, sino como el resto de los seres vivos que habitan el planeta”, relató el ingeniero Gerardo Wijnant, presidente de la  Asociación de Fomento de Economía del Bien Común en Chile. La idea radica en integrar a la economía valores “que hacen florecer las propias relaciones humanas”, explicó desde Santiago. Para eso considera en la ecuación conceptos como dignidad humana, sostenibilidad ecológica, justicia social y democracia. El objetivo es que el consumidor se empodere y demande productos con estas características y que el empresario comprenda la importancia de cuidar sus procesos productivos. “Desde la gestión ética de los suministros pensando en qué huella voy a dejar con ese producto, qué tipo de envase, que proveedores voy a tener, si esos proveedores respetan adecuadamente la cadena de valor desde el origen de los insumos hasta el producto”, dijo el ingeniero. A su juicio,  estos nuevos modelos “impulsan que las empresas vuelvan a tener el concepto que nunca deberían haber perdido, que es crear productos y servicios que sirvan a la sociedad, incluso si sus proveedores y procesos son más caros”. Al final “nos estamos contaminando a nosotros mismos” y lo barato se vuelve como un búmeran contra nosotros. Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional Sputnik. IPS lo difunde en acuerdo con esa agencia, porque su autora se hizo merecedora de un premio por este texto, como parte de su participación en el seminario-taller “Cómo aplicar los ODS a la agenda periodística. Profundizando en la transformación hacia sociedades sostenibles”, realizado en Montevideo y organizado por la Fundación de las Naciones Unidas e Inter Press Service-IPS. Artículos relacionados

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Ideologia absoluta en nueva política exterior “antiideológica” de Brasil

sex, 16/11/2018 - 16:14

El presidente electo, Jair Bolsonaro (I), con Ernesto Araújo, designado como su canciller. La decisión generó sorpresa porque se trata de un diplomático de escasa experiencia y con ideas discrepantes de la tradición multilateralista de la política externa de Brasil, además de admirador del presidente Donald Trump, lo que anticipa un alineamiento automático con Estados Unidos. Crédito: Valter Campanato/Ag. Brasil-Fotos PúblicasPor Mario OsavaRÍO DE JANEIRO, Nov 16 2018 (IPS) “Aumentar el poder de las instituciones internacionales sobre los Estados nacionales y sus poblaciones” y “sofocar el crecimiento económico en los países capitalistas democráticos”, favoreciendo a China, es lo que busca la “ideología del cambio climático”. Así escribió, y seguramente lo piensa, Ernesto Araújo, designado por el presidente electo, Jair Bolsonaro, como el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. El país “corre el riesgo de convertirse en chacota universal”, sentenció Clovis Rossi, veterano comentarista internacional y miembro del Consejo Editorial de Folha de São Paulo, el diario con más lectores en este país latinoamericano de 208 millones de habitantes y potencia emergente global. Bolsonaro conquistó la presidencia el 28 de octubre, acusando a los gobiernos predecesores del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), en el poder entre 2003 y 2016, de promover una política externa “ideológica”. Pero ahora se apresta a adoptar la ideología absoluta, sin matices, en ese y otros campos, como educación y ambiente. Climatismo, globalismo, antinatalismo, racialismo, laicismo y la “China maoísta” son algunos enemigos que pretende combatir el diplomático de 51 años, 29 de los cuales como funcionario del Itamaraty, la cancillería brasileña, si es que practica lo que ha dicho cuando pase a ejercer como canciller al asumir el nuevo gobierno de extrema derecha el 1 de enero. Araújo tiene a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, como su héroe, el único líder capaz de salvar al Occidente cristiano, con una “visión no basada en el capitalismo y la democracia liberal, sino en la recuperación del pasado simbólico, de la historia y la cultura de las naciones occidentales”. “Solo un Dios podría aún salvar al Occidente, un Diós operando por la nación”, escribió en otra parte del largo artículo “Trump y el Occidente”, que publicó en 2017 en la revista Cadernos de Política Exterior, editada por una fundación vinculada al Itamaraty. ¿Sería Trump ese dios? La consigna electoral de Bolsonaro, que sigue repitiendo, es:“Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”, con la que queda evidente la religiosidad del próximo gobierno brasileño,  en que el mandatario electo identifica marxismo y comunismo en todas partes. Pero una religiosidad cristiana, en desmedro de las demás. Araújo es católico, Bolsonaro también, pero se hizo bautizar por un pastor pentecostal hace dos años y mantiene esa ambigüedad, que parece haberle resultado muy útil electoralmente en un país de gran crecimiento de las confesiones evangélicas. “Globalismo es la globalización económica que pasó a ser pilotada por el marxismo cultural. Es un sistema antihumano y anticristiano”, explicó Araújo en un blog que creó para difundir sus ideas y apoyar la candidatura presidencial de Bolsonaro. Climatismo se basa en el “dogma ‘científico’” que relaciona gas carbónico y temperatura en aumento, “cuando los datos sugieren al revés”, una “táctica globalista de infundir miedo para obtener más poder” para el Estado sobre la economía, aduce el diplomático. La elección de Araújo debería haber complacido a la diplomacia brasileña, un cuerpo de funcionarios de formación y carrera exclusivas, considerado de excelencia. Pero no fue así, porque se trata de un diplomático que solo ascendió en junio a embajador (que en Brasil indica rango, además de función) y que nunca encabezó una embajada. Es una subversión en una institución muy celosa de su jerarquía, casi tanto como los militares. Secretario, consejero y ministro, con subclases como primero o segundo, componen los niveles de la carrera hasta llegar a embajador. El apoyo incondicional y sus ideas fueron decisivos, al parecer, para la escogencia de Bolsonaro. Antes se apuntaban embajadores con gran experiencia, incluso ya jubilados, como probables cancilleres, ante las turbulencias que Brasil deberá enfrentar en comercio internacional. Araújo se suma a los problemas que acumula el gobierno de Bolsonaro para hacer frente en política exterior. Los países árabes y musulmanes amenazan con retaliaciones si Brasil confirma en los hechos la mudanza de su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo los pasos de Trump. Bolsonaro anunció que lo haría, pero retrocedió ante las reacciones en Medio Oriente, iniciadas con la cancelación de una misión brasileña a Egipto, que iba a encabezar el  canciller saliente, Aloysio Nunes Ferreira, del 8 al 11 de noviembre, acompañado de empresarios. En 2017, los países árabes importaron 13.500 millones de dólares en productos brasileños, principalmente carne. El temor es perder gran parte de ese mercado en que Brasil obtiene un abultado superávit comercial. Lo mismo sucede con China, que reaccionó alertando que Brasil sufriría graves pérdidas económicas, en caso de medidas restrictivas a las inversiones y el comercio con la potencia asiática, sugeridas por Bolsonaro en septiembre. El futuro gobierno ya encontró nuevas adversidades ante sus duras acusaciones a Cuba por comunista. El gobierno de La Habana decidió el 14 de noviembre retirar los 8.332 médicos que aún prestan servicios al programa Más Médicos, que se desarrolla en Brasil desde 2013 para atender zonas rurales, en este país de dimensiones continentales. Hasta fin de año el programa perderá así 45 por ciento de sus efectivos. Cuando comenzó, los médicos cubanos aportaban cerca de 80 por ciento del total, ante la negativa de los profesionales brasileños en desplazarse a los lugares remotos que más carecían de atención. Como resultado,  más de 20 millones de brasileños pueden quedar repentinamente sin servicios médicos. “La cuestión ideológica no puede contaminar el servicio público”, criticó a Folha de São Paulo el presidente de la Confederación Nacional de Municipios, Jonas Donizete, alcalde de Campinas, a 100 kilómetros de la sureña metrópoli de São Paulo. Hay riesgo de “calamidad pública”, según alcaldes y responsables de servicios de salud, que piden medidas de emergencia para suplir a esos médicos. En muchos municipios del interior, los cubanos son los únicos dispuestos a trabajar en la zona rural y territorios indígenas. La decisión cubana responde a una serie de ataques de Bolsonaro a Cuba. Sus médicos tendrían que someterse a pruebas de capacidad y ser contratados en otro régimen, individualmente y recibiendo todo el salario en Brasil. “Ni se sabe si son médicos de verdad”, suele reiterar el presidente electo, que calificó de “trabajo esclavo” el hecho de que los cubanos no puedan traer sus familias y solo reciban una pequeña parte del sueldo en Brasil, siendo el grueso destinado a Cuba por el contrato del que fue intermediaria la Organización Panamericana de Salud. Eso debe repercutir negativamente para el gobierno aún antes de asumir. Los médicos cubanos son en general muy queridos por la población atendida, con una dedicación que difícilmente será comprendida desde lejos y por ideologías opuestas a las de La Habana. La visión ideológica bruta, caótica, que identifica la globalización, ambientalismo y género como manipulaciones de una izquierda que busca “desactivar la energía psíquica saludable del ser humano”, tampoco parece la adecuada para orientar la diplomacia de un país del peso económico, ambiental y cultural de Brasil. El canciller designado cree igualmente que la izquierda busca extinguir la humanidad con su antinatalismo, por definirse como “una corriente política que quiere hacer todo para que las personas no nazcan”, defendiendo el aborto, “criminalizando el sexo, el buen humor, la biología, el aire acondicionado y la belleza”, entre muchas otras cosas. Otros pecados a combatir del marxismo son el Estado laico y el “racialismo, es decir la división forzada de la sociedad en razas antagónicas”. “Abrirse a la presencia de Dios en la política y la historia” es la solución para quienes como él creen que “La fe en Cristo significa hoy luchar contra el globalismo” y el fin de la Historia, “un concepto marxista” que “la globalización triunfante proclamó en los primeros años 1990”. Esta es la doctrina que orientará la política externa brasileña desde el primer día de 2019, para el sufrimiento o la risa del mundo. Edición: Estrella Gutiérrez El artículo Ideologia absoluta en nueva política exterior “antiideológica” de Brasil fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Artesanos dan valor al bambú para mejorar sus ingresos en Ghana

sex, 16/11/2018 - 13:17

El ghanés Frempong Koranteng (izquierda) aprende a tejer una mesa ratona de bambú y ratán. Crédito: Jamila Akweley Okertchiri/IPSPor Jamila Akweley OkertchiriKUMASI, Ghana, Nov 16 2018 (IPS) El ghanés Yaw Owiredu Mintah, quien trabaja el bambú y el ratán desde la década de los años 80, puede fabricar muchas cosas, desde tejerlos hasta hacer marcos, pero reconoce que necesita mayor capacitación y mejorar sus diseños porque “la mayoría estamos haciendo lo mismo”. “Por es estoy contento con esta capacitación”, dijo a IPS. Mintah está entre los 100 artesanos seleccionados para una capacitación de 30 días para desarrollar sus capacidades en el procesado del bambú y el ratán en Ejisu, un barrio de Kumasi, la capital de la región de Ashanti, en Ghana. Este país perdió más de 60 por ciento de sus bosques entre 1950 y 2000, cuando la deforestación comenzó a ser de tres por ciento, coinciden varios estudios. Un informe de la Iniciativa de Ciudades del Milenio, un proyecto que tenía el Instituto de la Tierra, de la estadounidense Universidad de Columbia, concluyó que la reducción general de los bosques llevó a una disminución de la producción de muebles de madera, de contrachapado y de pisos. Pero como el bambú crece de forma silvestre en Ghana, podría haber un mercado para muebles de bambú, de contrachapado y de pisos, así como de otros productos que suelen fabricarse con madera. Los árboles de bambú y ratán se consideran importantes productos básicos en este país. Su procesamiento, desde la materia prima hasta el producto acabado, emplea a miles de personas en todo el país. Bajo el dosel arbóreo que decoran las principales calles de la capital de Ghana, se pueden ver artesanos vendiendo canastas y muebles de bambú y ratán. Pero muchos de esos artesanos locales usan tecnología desactualizada, con la que solo logran diseños de mala calidad y productos menos duraderos, lo que a su vez les genera menores ingresos. Las técnicas industriales como las que se enseñan en el taller al que va Mintah, les permitirá, a lo largo del mes, producir una gran variedad productos duraderos, fuertes y a buen precio a partir del bambú y el ratán. A su vez, eso ayudará al desarrollo económico y a aliviar la pobreza a largo plazo. “Aprendí muchas cosas que mejorarán mi trabajo”, aseguró Mintah. En el taller participan personas de todo el país, como dos mujeres de la región de Gran Acra, que trabajan en este proyecto de transferencia de conocimiento e ideas a cargo de siete técnicos, cinco traductores y dos administrativos del Centro Internacional para el Bambú y el Ratán (CIBR), con sede en China. Yaw Owiredu Mintah le da los toques finales a una silla de bambú y ratán, asesorado por su profesor. Crédito: Jamila Akweley Okertchiri/IPS. Cooperación China-Ghana La capacitación es el resultado de una solicitud realizada por el gobierno de Ghana al de China en el marco de los Acuerdos de Cooperación bilateral Sur Sur, con el fin de apoyar a las personas que dependen del bambú y el ratán en este país de África occidental. Así, a través del CIBR, la Organización Internacional del Bambú y del Ratań (Inbar) comenzó a trabajar en colaboración con el Programa de Desarrollo del Bambú y el Ratán (Baradep), una iniciativa que depende del Ministerio de Tierras y Recursos Naturales de Ghana. Los participantes aprenden a combinar unos 10 diseños diferentes a través del uso de herramientas simples, pero efectivas para perfeccionar el acabado de los productos. La capacitación comenzó el 15 de octubre. La capacitación tendrá un gran impacto en el trabajo de los participantes con la materia prima, destacó Dai Honghai, director del Programa de Asistencia Exterior del CIBR, así como en la creatividad y la innovación, además de la aplicación de herramientas para mejorar el procesado y el acabado. “Se espera que la capacitación impacte en el mercado y en la comercialización de los productos de bambú y de ratán, que cumplirán con los estándares del mercado internacional”, apuntó. Los participantes ya dominan el uso de las herramientas y ya están fabricando productos, destacó Honghai. “Se pueden ver unos 150 productos como floreros, sillas y mesas de bambú y mesas ratones y sillas de ratán, además de los de madera, para exhibir al final del taller, en la (tercera) semana (de este mes)”, precisó “Tratamos de combinar todos los materiales que se encuentran en el ámbito local para cuando regresemos a China, puedan seguir usándolos”, indicó Honghai. En la estrategia de comercialización que se realizará en la última semana del taller, los participantes adquirirán las herramientas para comercializarlos a escala local e internacional, añadió. “Necesitamos más capacitaciones como esta para que nuestros miembros puedan fabricar mejores productos de bambú y ratán para vender en el mercado local y también exportar a mercados internacionales como el de China”, subrayó Stephen Osafo Owusu, presidente de la Asociación Nacional de Bambú y Ratán de los Artesanos de Ghana, quien también participa de los talleres. Faustina Baffour Awuah, responsable de programas de Baradep, dijo a IPS que el gobierno tiene un interés especial en desarrollar el sector para mejorar los ingresos de unas 4.000 personas “Los hemos involucrado y creemos que es un buen programa para el desarrollo de sus capacidades, porque les permitirá crear mejores productos, con los cuales tendrán mejores ingresos y podrán mejorar su vida”, añadió. Michael Kwaku, director de Inbar en Ghana, dijo a IPS que el objetivo mayor es crear una fábrica de bambú y ratán y un centro de capacitación en Acra, a cargo del gobierno de Ghana y fondos chinos. “Queremos que tengan un lugar común en el que puedan ir y procesar su materia prima con las nuevas herramientas. Después de la capacitación y cuando esté construido el lugar, puedan ir y usar herramientas modernas para trabajar y mejorar sus vidas”, explicó “Una cosa que aprendí es a aplicar herramientas sencillas para lograr un acabado perfecto. La belleza y el valor de un producto están en su acabado”, apuntó Mintah. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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La retórica de Trump contra la prensa resuena en todo el mundo

qui, 15/11/2018 - 13:14

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la Asamblea General de la ONU. Crédito: Cia Pak/UN Photo.Por Thalif DeenNACIONES UNIDAS, Nov 15 2018 (IPS) Un presidente francés dijo una vez, “nunca te pelees con un niño pequeño ni con la prensa”: el primero tirará la última piedra, y la segunda, tendrá la última palabra. Pero lo obvio no se aplica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien todo le resbala, pues sobrevive a un aluvión de críticas de los grandes medios de comunicación, mientras sigue difundiendo hechos falsos o directamente mentiras. Como podría haber dicho el fallecido senador Daniel Patrick Moynihan: Trump puede tener derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos. El líder del autoproclamado mundo libre, rápidamente emula el estilo de los regímenes más autoritarios. En una conferencia de prensa muy tensa en la primera semana de noviembre, Trump arremetió contra Jim Acosta, principal  corresponsal de Cable News Network (CNN) en la Casa Blanca por las preguntas punzantes realizadas al presidente de Estados Unidos, en especial sobre su caracterización falsa de la caravana de migrantes en América Central. Y así, en un hecho sin precedentes, la Casa Blanca suspendió sus credenciales de prensa y amenazó con hacer lo mismo con otros periodistas, entre ellos Peter Alexander, de la National Broadcasting Company (NBC), April Ryan, de American Urban Radio Networks, y Yamiche Alcindor, de Public Broadcasting Service (PBS), “si no tratan con respecto a la Casa Blanca”, arguyó. La medida de Trump viola los derechos básicos de los periodistas de cubrir las actividades del gobierno. Incluso calificó a un reportero de “muy asqueroso” y desestimó a otro por hacer “una pregunta estúpida”. Pero las tácticas autoritarias y su hostilidad hacia los grandes medios de comunicación, descalificando los artículos en su contra de “noticias falsas”, inciden en otros gobernantes de derecha, autoritarios y dictadores, como en Filipinas, Hungría, Egipto, Birmania, Turquía, China, Polonia y Siria, que siguen su ejemplo. “No solo a los regímenes autoritarios les complace Trump; de hecho, puede ser al revés”, observó Barbara Crossette, exjefa de la oficina de The New York Times en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Trump admira su comportamiento de mano dura, precisó. Y cada vez más democracias colocan a periodistas e intelectuales en situaciones de peligro, apuntó. Por ejemplo, Maria Ressa soporta una enorme presión y amenazas legales en Filipinas. Y en India, que se enorgullece de su democracia, periodistas y académicos sufren amenazas, agresiones y, en algunos casos, han muerto a manos de extremistas hindúes, engendrados de forma muy similar a cómo Trump avivó a los supremacistas blancos. Entre las víctimas de India se destaca Gauri Lankesh, un reconocido periodista internacional y crítico de los nacionalistas hindúes, explicó Crossette, quien también fue corresponsal en Asia meridional y sudoriental. CNN, que demandó al gobierno de Trump por suspender las credenciales de prensa de Acosta, explicó: “si no se rebaten, las acciones de la Casa Blanca crearán un efecto peligroso para cualquier periodista que cubra a los funcionarios elegidos”. Y en una declaración divulgada el 13 de noviembre, CNN reclamó la devolución de los documentos del periodista arguyendo: “la revocación de sus credenciales viola el derecho de Acosta y de la CNN consagrado en la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos sobre no limitar la libertad de prensa, y el de la Quinta Enmienda, sobre el derecho al debido proceso”. Zeke Johnson, director de programa del capítulo de Amnistía en Estados Unidos, dijo a IPS que el desprecio de Trump por la prensa y su decisión de excluir a algunos periodistas de la Casa Blanca no solo es una afrenta al derecho a la libertad de expresión y un anatema a la buena gobernanza, sino también es una señal peligrosa para otros líderes. “Hemos visto gobiernos en todo el mundo tratar de silenciar periodistas solo por informar sobre una verdad incómoda o por expresar una opinión diferente a la del gobierno en el poder”, señaló. Wa Lone y Kyaw Soe Oo están presos en Birmania desde hace casi un año por informar sobre los crímenes contra la humanidad perpetrados contra la comunidad musulmana rohinyá. Johnson dijo que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tiene antecedentes de clausurar medios de prensa y de detener periodistas. Las medidas de Trump son especialmente penosas al ocurrir tras la espeluznante desaparición y posterior asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. “El caso de Khashoggi podrá ser un ejemplo extremo de los peligros que acechan a los periodistas, pero la insistencia de Trump en que los reporteros le demuestren deferencia o se atengan a las consecuencias solo envalentona a aquellos que consideran que la libertad de prensa es una amenaza a su régimen autoritario”, explicó. Courtney Radsch, directora de campaña del Comité para la Protección de los Periodistas, subrayó que estos tienen que poder hacer su trabajo sin temor a que una serie de preguntas duras termine en represalias en su contra. “La Casa Blanca debe reintegrar los documentos de Jim Acosta, y evitar castigar a los periodistas revocándoles el acceso, así no funciona la libertad de prensa”, insistió. “En el ambiente actual, esperamos que el presidente Trump deje de insultar y de denigrar a los periodistas y a los medios de comunicación, pues les genera inseguridad”, añadió Radsch. Mientras, en un artículo publicado en la primera semana de este mes por The New York Times, Megan Specia trata sobre cómo muchos líderes políticos recurren a la retórica de Trump para justificar acciones agresivas y poco democráticas contra los profesionales de la prensa. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, utilizó el argumento de “noticias falsas” para denunciar a sus detractores, al igual que  lo hizo el derechista gobierno de Polonia. En respuesta a un informe de Amnistía sobre las miles de muertes ocurridas en cárceles de Siria, el presidente Bashar al Assad declaró: “Puedes fraguar cualquier cosa en estos días. Vivimos en una era de noticias falsas”. Traducción: Verónica Firme Artículos relacionados

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