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Atualizado: 57 minutos 30 segundos atrás

La economía argentina se desbarranca y castiga a los más pobres

qui, 30/08/2018 - 13:46

Axel Fernández y su esposa, Meli Maidana, en la puerta del comedor popular de la Asociación Luchemos por Ellos, que atiende diariamente a unas 300 personas en la barriada de Villa Itatí, en el extrarradio de Buenos Aires. En marzo, la pobreza afectaba a 27,7 por ciento de la población argentina y se ha recrudecido desde entonces. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Aug 30 2018 (IPS)

“Nunca la situación había estado tan mal como ahora”, sentencia María Antonia Figueroa, directora de una guardería y un preescolar comunitarios en uno de los mayores asentamientos precarios del Gran Buenos Aires y testigo de primera línea del impacto social de la crisis económica en Argentina.

“Todos los días vienen los padres y me piden: ‘¿No tenés una ollita para llevar a casa?’ Si me sobró algo, les doy. Puede ser una fruta o un pedazo de pan”, contó a IPS ante el Jardín Comunitario Obrador, donde pasan la jornada niños de hasta 5 años en Villa Itatí, una barriada del sur del área metropolitana de la capital.

La economía argentina, la tercera en dimensiones de América Latina, había dado modestos signos de recuperación en 2017,  pero se ha derrumbado en lo que va de 2018.“Hoy, la economía argentina está en un tobogán y lo que viene es más deterioro del poder adquisitivo, destrucción de fuentes de trabajo y empeoramiento de la situación social”: Andrés Asiain.

Una devaluación del peso, la moneda local, de alrededor de 80 por ciento frente al dólar, una fuerte recesión y una creciente tasa de inflación se combinan para afectar a prácticamente todos los sectores de la economía y castigar especialmente a los más pobres.

La Villa Itatí está en el municipio de Quilmes, a media hora del centro de Buenos Aires. Son más de 50 hectáreas en las que viven más de 70.000 personas, entre perros que husmean en la basura que se acumula por todas partes.

En uno de sus angostos  pasillos está el comedor de la Asociación Civil Luchemos por Ellos, que hace 11 años instalaron Meli Maidana y su esposo, Axel Fernández.

“Hasta hace tres años les dábamos de comer a 30 chicos. Hoy vienen unas 300 personas de cero a 99 años. Como no entran todos juntos, hacemos cuatro o cinco turnos”, relató Fernández a IPS en el lugar.

Fernández contó que cocina pasta, arroz o polenta que le provee todos los meses el Ministerio de Desarrollo Social, pero el deterioro de la actividad económica le hace cada vez más difícil conseguir donaciones de empresas.

“Una distribuidora de pollos a veces me llamaba para que fuera con un camión a buscar mercadería. Ahora me dicen que está todo muy difícil y con suerte nos dan dos cajones de pollos”, detalló como ejemplo.

De acuerdo al último dato oficial, la actividad económica cayó en junio 6,7 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado, ahogada por una tasa de interés de 45 por ciento, con la que el gobierno busca infructuosamente que los pesos argentinos no vayan a la compra de dólares.

María Antonia Figueroa, frente al centro preescolar y guardería comunitaria que dirige en la Villa Itatí, uno de los asentamientos precarios más grandes de Argentina, en el sur del Gran Buenos Aires. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Pero ni siquiera eso detiene la inflación. Luego de una tasa de 25 por ciento registrada en 2017,  el gobierno de Mauricio Macri había fijado una meta del 15 para este año.

Ese objetivo quedó desfasado rápidamente y hoy las proyecciones de los analistas económicos –en constante revisión- rondan una tasa de 35 por ciento para 2018.

El combustible del incremento del costo de vida es la devaluación de la moneda local, en un país donde ricos y pobres están acostumbrados a seguir de cerca la cotización del dólar porque saben que cualquier movimiento se traslada rápidamente a los precios, pero no a los salarios.

La devaluación y la inflación se aceleraron a partir de abril y fue entonces cuando el gobierno se vio obligado a buscar el auxilio del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las dos partes lograron un acuerdo a principios de junio y el organismo financiero internacional anunció el otorgamiento de un préstamo de 50.000 millones de dólares, lo que fue presentado como un triunfo por el gobierno.

“El acuerdo es histórico para la Argentina. Estamos en una tarea de construcción sobre bases sólidas, donde se va a poder proyectar hacia el futuro. Pensando en eso, en ayudar a todos los argentinos, es que acudí al FMI”, dijo entonces Macri.

Desde aquel momento, sin embargo, todo empeoró y sumió en una crisis  ya no solo económica sino también política al gobierno de centroderecha, que en octubre de 2017 ganó las elecciones legislativas de medio término y parecía encaminarse a una segura reelección en octubre del año que viene.

Uno de los estrechos pasadizos de Villa Itatí, que con unos 70.000 habitantes es uno de los asentamientos precarios más grandes de la Argentina, situado en e municipio de Quilmes, en el sur del llamado Gran Buenos Aires. Crédito: Daniel Gutman/IPS

“Macri asumió en diciembre de 2015 y para lidiar con el problema de falta de dólares que enfrentaba la economía argentina recurrió al endeudamiento internacional”, explicó a IPS el economista Andrés Asiain.

“En abril, cuando el crédito se cortó abruptamente y se produjo una fuga de capitales por la suba de las tasas de interés en Estados Unidos, el gobierno buscó el salvavidas del FMI, que resultó un salvavidas de plomo”, agregó Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, que reúne profesionales de distintas disciplinas.

Asiain dijo que lo más perjudicial del acuerdo fue que el FMI impuso al país un esquema de flotación libre del dólar, “lo que produjo que el mercado de cambios se volviera explosivo”.

“Hoy, la economía argentina está en un tobogán y lo que viene es más deterioro del poder adquisitivo, destrucción de fuentes de trabajo y empeoramiento de la situación social”, aseguro el especialista.

Una expresión dramática de la crisis se vivió el miércoles 29, cuando el gobierno intentó calmar a los mercados con la difusión de un mensaje de Macri en el que el mandatario anunciaba que había llegado a un nuevo acuerdo con el FMI, para que el organismo adelantara los fondos necesarios para pagar los vencimientos de la elevada deuda pública hasta fines de 2019.

El video se difundió por la mañana y al poco tiempo el peso se devaluó un asombroso siete por ciento en un solo día, mientras las acciones de las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York perdían hasta nueve por ciento.

La tensión de la jornada quedó reflejada aquella misma noche, cuando la diputada oficialista Elisa Carrió, tal vez la principal espada del gobierno ante los medios de comunicación, aseguró: “No va a haber helicóptero”.

Evocó así la figura que los argentinos asocian con la crisis de 2001 y la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, quien en medio de la ira popular en las calles se fue de la Casa Rosada, sede del gobierno,  en helicóptero.

Este jueves 30, el Banco Central subió la tasa de interés referencial en 15 por ciento, para situarla en 60 por ciento, la más alta del mundo, en un intento fallido de contener el hundimiento de la moneda, mientras desde los ministerios económicos se anunciaron próximas medidas, en un clima de desbordamiento de la situación.

En marzo, el gobierno había celebrado el dato de que la pobreza había caído de afectar a 30,3 por ciento de la población, según los registros de 2016, a 25,7por ciento, lo que se traduce en 10,4 millones de personas.

Desde entonces no hubo una nueva estadística oficial, pero el propio Macri admitió en agosto que la cifra de personas en pobreza “lamentablemente” ha crecido en los últimos meses.

“La situación es delicada y se va a agravar porque el gobierno acordó con el FMI una reducción del déficit fiscal que implica un ajuste del gasto público de 300.000 millones de pesos (unos 9.000 millones de dólares)”, dijo Daniel Arroyo, diputado del opositor Frente Renovador.

“Eso repercute mucho en la obra pública, que el año pasado creó empleo y que ya está prácticamente paralizada”, agregó Arroyo en diálogo con IPS.

El legislador, experto en temas sociales, consideró que es necesario que el gobierno declare la emergencia alimentaria, de tal manera que queden regulados y a salvo de la inflación los productos de la canasta básica.

“Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Pero no veo riesgo de un estallido social como el que tuvimos en 2001 porque ya todos saben que cuando mayor es el conflicto más empeora  la situación de los pobres”, planteó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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ONU busca indagar sobre bombardeo saudí contra civiles en Yemen

qui, 30/08/2018 - 13:13

Reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Yemen, el 2 de agosto de 2018. Crédito: Manuel Elias/UN Photo.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Aug 30 2018 (IPS)

Arabia Saudita, acusada de bombardear sin piedad objetivos civiles en el atribulado Yemen y de amenazar con ejecutar a defensores de derechos humanos, es cada vez más conocido por ser un paria dentro de la ONU.

El secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), António Guterres no solo condenó los ataques contra civiles, sino que pidió una “pronta investigación imparcial e independiente” sobre algunos de los últimos bombardeos en ese país de Medio Oriente.

Los bombardeos contra civiles también generaron especulaciones sobre si la coalición encabezada por Arabia Saudita no podría terminar en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra.

En el artículo “44 pequeñas tumbas intensifican preguntas sobre el papel de Estados Unidos en Yemen”, The New York Times señala que algunos legisladores del Congreso legislativos de Estados Unidos pidieron a las fuerzas armadas estadounidenses que aclaren su papel en los ataques aéreos en Yemen, “e investiguen si el apoyo para esos ataques podría colocar a los mentores estadounidenses en problemas legales, como crímenes de guerra”

Guterres consideró que Yemen sufre “la peor crisis humanitaria del mundo” con tres de cada cuatro yemeníes con necesidad de asistencia humanitaria. Por ahora, la ONU y sus socios lograron llevar asistencia directa a más de ocho millones de personas este año.

Desde 2014 fallecieron 10.000 personas, la mayoría civiles, desde 2014.

Pero toda acción drástica contra la coalición, o incluso una investigación independiente de la ONU, probablemente se frustre por las potencias occidentales, incluidos tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, proveedores del mercado de armas multimillonario en Arabia Saudita.

Según Amnistía Internacional (AI), los saudíes también quieren condenar a muerte a cinco personas, procesadas por el tribunal contra el terrorismo de Arabia Saudita, incluida Israa al-Ghomgham, la primera mujer en ser ejecutada, y solo por participar en protestas.

¿Si amenazan con ejecutar a una mujer amenazada de terrorismo, quién sigue: menores de edad?

Daniel Balson, director de campaña de AI, dijo a IPS: “Es triste que en Arabia Saudita, los niños y los discapacitados intelectuales no se salvan de ser ejecutados”.

Abdul Kareem  Al-Hawaj tenía 16 años cuando participó en manifestaciones contra el gobierno, Abdullah al-Zaher y Dawood al-Marhoon fueron detenidos el 3 de marzo y 22 de mayo cuando tenían 16 y 17 años, respectivamente. Ali al-Nimr tenía 17, cuando lo detuvieron en febrero de 2012.

Esos casos tienen varios elementos en común. Los cuatro son miembros de la minoría chiita, denunciaron confesiones bajo torturas y corren riesgo de ser ejecutados.

Por desgracia, las autoridades saudíes han probado que están dispuestas a asumir un costo político sustancial solo para matar personas.

En enero de 2016, las autoridades saudíes ejecutaron a 47 personas en un solo día a pesar de la condena internacional generalizada. Arabia Saudita está acostumbrada a ejecutar mujeres, en 2017, de hecho, fueron dos.

Los funcionarios estadounidenses deben, junto con sus aliados occidentales, prohibir la venta de armas a ese país, no solo desalentar las ejecuciones, porque causan innumerables muertes civiles en Yemen, opinó Balson, al ser consultado por IPS sobre la permanente relación entre los gobiernos de ambos países.

“No son conjeturas, es un hecho documentado”, precisó.

A fines de 2017, AI documentó que una bomba estadounidense había matado y lesionado menores de edad en Sana. Y este mes, los medios denunciaron que otra bomba estadounidense había dejado decenas de niños muertos.

“Estados Unidos debe comunicar a las autoridades saudíes que el asesinato de niñas y niños, ya sea desde un avión o a manos de un verdugo, es aborrecible”, subrayó.

Hiba Zayadin, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, dijo a IPS que la fiscalía pide la pena de muerte para cinco de los seis activistas en juicio.

“No conocemos a ninguna otra mujer que haya sido condenada a muerte por defender sus derechos laborales, lo que podría sentar un precedente peligroso”, indicó.

“Muestra la determinación de las autoridades saudíes a aplastar todo tipo de disidencia, a la vez que se dice en camino de modernización, moderación y reformas”, arguyó.

Zayadin señaló que es hora de que la comunidad internacional denuncie las violaciones de derechos humanos, que están cada vez más generalizadas en Arabia Saudita, en especial los aliados como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.

“Creemos que las autoridades saudíes responderán a los reclamos de aliados y empresas internacionales, que pretenden invertir en Arabia Saudita, sobre cuestiones de derecho y de liberar a todos los disidentes detenidos de forma injusta”, opinó.

Si las autoridades saudíes están realmente comprometidas con el proceso de reformas, cambiará su posición, y de no hacerlo, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de pedirle que rinda cuentas y cumpla con sus promesas.

Samah Hadid, director de AI para Medio Oriente, dijo que Arabia Saudita es uno de los países con mayor número de ejecuciones, y el mundo no puede seguir ignorando los horribles antecedentes en materia de derechos humanos.

“Pedimos a la comunidad internacional que presione a las autoridades saudíes para que pongan fin a la pena de muerte, cuya aplicación viola los derechos humanos y los estándares internacionales, a menudo después de juicios groseramente injustos y con fines políticos”, explicó.

Mientras, el secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, declaró que por lo menos 22 menores yemeníes y cuatro mujeres fueron asesinados el 23 de agosto, cuando huían del distrito de Al Durayhimi, en la gobernación de Hudaydah.

“Esta es la segunda vez en dos semanas que un ataque aéreo de la coalición saudí deja decenas de civiles muertos. Otro ataque aéreo en Al Durayhimi el jueves (23 de agosto) dejó cuatro niños muertos”, añadió.

Lowcok también señaló que estaba “profundamente preocupado” por la proximidad de los ataques contra zonas humanitarias, como centros de salud e infraestructura de agua y saneamiento.

La ONU y sus aliados, precisó, están haciendo todo lo posible por llevar asistencia a la población. Es fundamental que el personal humanitario pueda llegar a la gente que lo necesita para responder a la enorme crisis humanitaria que sufre Yemen.

La gente tiene que poder huir del conflicto de forma voluntaria para llegar hasta la asistencia humanitaria.

“Las partes en conflicto deben respetar sus obligaciones bajo el derecho internacional y los que tienen incidencia sobre ellas deben asegurarse de hacer todo lo posible para proteger a los civiles”, añadió.

En otro artículo titulado “Comandantes de Estados Unidos buscan claridad en ataque en Yemen”, The New York Times dijo que desde 2015, Estados Unidos colaboró con el reabastecimiento de aviones en vuelo, análisis de inteligencia y aportó otro tipo de asesoramiento militar.

El comandante de las operaciones aéreas de Estados Unidos en Medio Oriente, general Jeffrey Harrigian, también urgió a la coalición saudí a ser más comunicativo sobre el ataque perpetrado a principios de agosto, cuando murieron más de 40 niñas y niños.

“Hay un grado de frustración que debemos reconocer. Necesitan salir a decir qué ocurrió allí”, declaró.

El conflicto en Yemen comenzó en 2014, cuando los rebeldes hutíes, aliados de Irán, se arrogaron el control de la capital y empujaron al gobierno al exilio en Arabia Saudita. Los combates se intensificaron en 2015.

Traducción: Verónica Firme

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ONU condena crímenes contra traumatizados menores rohinyás

qua, 29/08/2018 - 13:22

Informe de ONU condena los crímenes del ejército de Birmania contra el pueblo rohinyá, pero ser tarde ya para niñas y niños de esa comunidad musulmana de Birmania, que todavía sufren el trauma de presenciar crímenes. Crédito: Farid Ahmed/IPS

Por Farid Ahmed
DACA, Aug 29 2018 (IPS)

Mohammad es huérfano desde hace un año, cuando soldados de Myanmar (Birmania) mataron a sus padres. El niño de 12 años es uno de los 500.000 menores rohinyás sobrevivientes y testigos de lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llama genocidio.

Según el informe de una misión de investigación divulgado el martes 28 de agosto, niñas y niños rohinyás fueron testigos del incendio de sus casas y pueblos, de asesinatos y de la violación de sus madres. Y las niñas, probablemente, también fueron violadas.

Ya pasó un año desde las atrocidades cometidas por las fuerzas regulares de Birmania en el estado de Rakhine, que llevó al éxodo de unos 700.000 rohinyás, 60 por ciento de los cuales eran menores, que encontraron refugio en el vecino Bangladesh, en el distrito de Cox’s Bazar, donde se crearon campamentos de refugiados, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La vida es difícil para esos niños en su nuevo hogar.

Para algunos de los que viven en condiciones miserables es difícil imaginarse volver a una vida normal, pero  otros, como Mohammad, sueñan con que se haga justicia.

“Quiero justicia. Quiero que juzguen a los soldados”, dijo a IPS. Mohammad quiere que el soldado que le arruinó la vida comparezca ante la justicia.

Mujeres, niñas y niños rohinyás, que escaparon de la brutal violencia en Birmania, esperan la ayuda en un campamento para refugiados en Bangladesh. Crédito: Parvez Ahmad Faysal/IPS

“Mató a nuestro pueblo, se quedaron con nuestras tierras e incendiaron nuestras casas. Mataron a mi madre y a mi padre. Ahora vivo con mi hermana”, relató.

Hace un año, el 25 de agosto de 2017, las fuerzas regulares de Birmania tomaron represalias por un ataque del Ejército de Salvación Rohinyá contra una base militar birmana.

Pero según la misión de investigación de la ONU, “la naturaleza, la dimensión y la organización de las operaciones sugiere un grado de preparación, planificación y diseño de parte de la comandancia de Tatmadaw (ejército birmano)”.

El documento detalla: “las operaciones fueron diseñadas para infundir terror, pues la gente se despertó por el ruido intenso de armas de fuego, por las explosiones o por los gritos de la gente. Se crearon estructuras para prenderlas fuego, y los soldados de Tatmadaw dispararon de forma indiscriminada contra las casas, el campo y los aldeanos”.

Una niña rohinyá muestra orgullosa su dibujo en una escuela de Unicef, en el campamento de refugiados de Balukhali, en Bangladesh. Crédito: Farid Ahmed/IPS

“Violaciones y otras formas de violencia sexual se perpetraron a gran escala” y “a veces hasta 40 mujeres y niñas fueron violadas por uno o varios soldados. Una sobreviviente relató: ‘Tuve suerte, solo me violaron tres hombres’”, revela el informe.

Además, recomienda una investigación exhaustiva por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y pide que se investigue la responsabilidad de los generales de Birmania en el genocidio del estado de Rakhine.

El general Min Aung Hlaing figura en el informe como presunto responsable directo de los crímenes. Y la jefa de Estado, Aung San Suu Kyi, también fue duramente criticada por no usar su posición “ni su autoridad moral para evitar o prevenir el desenlace de los acontecimientos ni buscar alternativas para cumplir con la responsabilidad de proteger a la población civil”.

Por otra parte, organizaciones de derechos humanos locales reaccionaron al informe reclamando que los órganos internacionales y la ONU se encarguen de responsabilizar a los culpables, pero las instituciones locales reclaman soluciones de largo plazo para asistir a niñas y niños rohinyás.

Se estima que 700.000 refugiados rohinyás de Birmania están en el distrito de Cox’s Bazar, en Bangladesh. Crédito: Mojibur Rahaman Rana/IPS

Desde su llegada a Bangladesh, muchos menores rohinyás no tienen clases, y los centros de salud están sobrepasados por el enorme número de personas para atender.

Muchas organizaciones locales, internacionales y agencias de la ONU, además del gobierno de Bangladesh, trabajan para apoyar a los refugiados, pero a los trabajadores humanitarios les preocupa el trauma que todavía sufren muchos menores por las experiencias vividas.

Reciben atención psicológica, pero no es suficiente.

“En la noche, me da miedo y siento que alguien va a venir a matarnos; a veces lo veo en mis sueños; que nuestra habitación está llena de sangre”, relató una niña de 11 años, quien estudia en una escuela islámica en el campamento de Kutupalong, en Cox’s Bazar, en diálogo con IPS.

Unicef alertó en la segunda semana de este mes que la violación de los derechos básicos de los niños rohinyás podría derivar en una “generación perdida”.

“Sin final a la vista para su inhóspito exilio, la desesperación aumenta entre los refugiados, además de un fatalismo sobre lo que les espera en el futuro”, añade.

Numerosos niños y niñas residentes en el campamento perdieron a uno o a sus dos padres.

En noviembre, el Departamento de Servicios Sociales de Bangladesh, contó 39.841 menores rohinyás que habían perdido a su madre o a su padre, o habían perdido contacto con ellos durante el éxodo. Y unos 8.391 perdieron a ambos padres.

“La mayoría de los niños fueron testigos de horrores y de brutalidad, y si no se atiende como corresponde, podrían desarrollar un sentimiento de venganza”, alerta Unicef.

“Vamos a matar al ejército porque mataron a nuestra gente”, comentan a veces los niños. “Crecen con un sentimiento de odio contra el ejército de Myanmar”, explicó el trabajador humanitario Abdul Mannan, consultado por IPS.

Hay unas 136 zonas especializadas para niños y hay cientos de centros de enseñanza en Cox Bazar, pero Unicef señaló que recién ahora “desarrolla una estrategia para asegurar la consistencia y la calidad de los programas”.

BRAC, una organización bangladesí, señala que los centros de enseñanza y otras instalaciones para menores no son suficientes para la adecuada escolarización y el desarrollo de los niños.

Los refugiados rohinyás recién llegados a Bangladesh ingresan por Teknaf, procedentes de Shah Parir Dwip, tras cruzar el río Naf en ferri desde Birmania. Crédito: Farid Ahmed/IPS.

“Lo que le damos a los niños no es suficiente para llevarlos por el buen camino”, observó Mohammad Abdus Salam, jefe del programa de gestión de crisis humanitaria de BRAC, en diálogo con IPS.

Además, los niños y las mujeres en los campamentos siguen estando en situación de gran vulnerabilidad, observó.

“En especial, son muy vulnerables los niños y las niñas que perdieron a sus padres y a sus tutores porque no hay un programa de largo plazo para ellos”, explicó, además de que muchos siguen traumados y con pesadillas.

Cox Bazar es un foco de narcotráfico y tráfico de personas, un gran riesgo para los menores sin tutores.

El gobierno de Bangladesh y funcionarios internacionales están haciendo grandes esfuerzos para atender la situación en Cox Bazar, el asentamiento de refugiados más grande y densamente poblado del mundo.

Pero Salam reclamó que es necesario formular planes de largo plazo para atender la educación y la salud si le van a dar largas al proceso de repatriación.

“De lo contrario, se perderán muchos niños porque no reciben una protección adecuada”, añadió.

*Con aportes de Nalisha Adams, de Johannesburgo.

Traducción: Verónica Firme

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Conocimiento de pescadores ayuda a preservar la Amazonia en Brasil

qua, 29/08/2018 - 11:52

El legendario cacique Raoni, de pueblo kayapó, famoso dentro y fuera de Brasil por su resistencia a los proyectos hidroeléctricos que represan los ríos y deterioran las condiciones de vida de los indígenas además de deforestar la Amazonia. A su izquierda, Amauri Kayapó, presidente de la Asociación Floresta Protegida, que ejecuta proyectos de ese pueblo amazónico. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
BELÉM, Brasil, Aug 29 2018 (IPS)

De pescador durante la adolescencia cerca de Río de Janeiro a doctor en Ecología Acuática y Pesca por la Universidad Federal de Pará, en el norte de Brasil, Oswaldo Gomes de Souza Junior personifica la etnobiología surgida por los traumas ambientales en la Amazonia.

Esa rama de la biología, basada en los conocimientos y modo de vida de los pueblos indígenas y tradicionales, es esencial para preservar la pesca artesanal, amenazada por el avance de ciudades, puertos, centrales hidroeléctricas y actividades económicas, como la ganadería, que van destruyendo ecosistemas.

Esa realidad estuvo presente en el Congreso de la Sociedad Internacional de  Etnobiología y el Simposio Brasileño de Etnobiología y Etnoecología, que tuvieron lugar en  agosto en Belém, puerta de entrada oriental de la Amazonia, con participantes de 45 países.“Las grandes obras atraen migrantes, incrementando la pesca, el turismo, la extracción de madera y el ‘garimpo (yacimiento ilegal)’, lo que aumenta el mercado y por ende el consumo local de recursos naturales, la contaminación y degradación ambiental”: Daniely Félix-Silva.

Souza, ahora un investigador académico de 55 años, coordinó una sesión de debates sobre pesca, manejo y conservación de peces.

“La pesca es parte de mi ser, por mi historia y por vivir siempre cerca de agua”, apuntó Souza a IPS, para explicar el retorno a sus orígenes al dedicarse a la investigación ictiológica, aprovechando así su experiencia de vida

“Empecé a pescar a los 13 años en Niterói y lo hice por seis años”, contó. Niterói es una ciudad separada de Río de Janeiro por la bahía de Guanabara, donde la pesca, que era la vida de miles de familias, casi se extinguió por la contaminación urbana, los derrames de petróleo y la invasión de oleoductos, gasoductos y embarcaciones de todo tipo.

En medio de su sinuoso recorrido, Souza fue después “garimpeiro” (buscador informal de oro) en Rondônia, en el lejano oeste brasileño, antes de volver a Belém, su ciudad natal de donde su familia había migrado cuando él era niño.

Ayudante de albañil, vendedor de bocaditos en puestos callejeros, militar, policía y enfermero auxiliar fueron sus actividades laborales, hasta hacerse técnico administrativo de la universidad.

Volvió a estudiar entonces y se graduó en Administración a los 40 años, a lo que sumó después varias especializaciones relacionadas con la gestión de servicios de salud, donde aprovechó su experiencia de enfermero.

Oswaldo Gomes de Souza Junior, antiguo pescador y ahora doctor en Ecología Acuática, que aprovechó su experiencia y el conocimiento de los pescadores para estudiar la corvina amarilla, una especie importante para la alimentación y la economía de los pueblos de la costa norte de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS

El postgrado lo devolvió a sus orígenes pesqueras. Su maestría en Planificación y Desarrollo Rural tuvo como objeto la cadena productiva del pescado como factor de desarrollo humano en un área cercana a Belém, una ciudad rodeada de ríos y una bahía fluvial que se confunde con el mar.

La universidad lo acercó a los estudios de etnobiología y etnoecología que lo sedujeron.

“La etnoecología reconoce mis conocimientos y los de los pescadores”, justificó. “Los estudios tradicionales no me atraerían”, reconoció.

Su doctorado, hecho de 2013 a 2017, tuvo como tema “La pesca y la etnoecología de la corvina amarilla (Cyniscion acoupa) en la costa norte de Brasil” hacia el océano Atlantico, cerca de Belém.

La corvina amarilla, que los lugareños llaman pescada amarilla,  es una especie de gran consumo local y sometida a una captura excesiva y sin control que está reduciendo sus existencias, según Souza. Su tamaño puede superar un metro de largo, pero se le captura habitualmente cuando mide de 60 a 80 centímetros.

“Pagué de mi bolsillo todos los costos de la investigación” (cerca de 30.000 dólares), porque las reglas oficiales prohíben las becas para el postgrado en la misma universidad en que uno es funcionario”, en este caso la Universidad Federal de Pará (UFPA), explicó.

La indígena Tuira Kayapó mientras era homenajeada en el Congreso Internacional de Etnobiología, en la ciudad brasileña de Belém, en el norte de Brasil. En 1989 rozó con su machete el rostro del ingeniero que impulsaba la central hidroeléctrica de Kararaô, sobre el río Xingú, en una protesta que logró bloquear el proyecto. Pero pese a las polémicas, la central se construyó finalmente entre 2010 y 2016 con el nombre de Belo Monte. Crédito: Mario Osava/IPS

Su estudio se basó en entrevistas con 240 personas que cumplen distintas funciones en la actividad.

Las principales constataciones son de que se redujo la abundancia de la corvina amarilla y que su captura más intensa coincide con el principal período de reproducción, amenazando el futuro de esa importante fuente de ingresos y alimentación.

La conclusión de la mayoría es que una pesca sostenible debe partir de un manejo con un periodo de veda, en que quede prohibida la captura, entre los meses de mayo y julio, cuando la especie más se reproduce.

“Aún no hay defensa para la corvina amarilla”, que actualmente asegura ingresos razonables para los pescadores de la costa norte de Brasil, lamentó Souza. Pero ha habido muestras de que el gobierno empezó a preocuparse y podrá adoptar regulaciones, comentó. Para ello serán útiles los estudios y el conocimiento de los propios pescadores.

“Nuestro problema es que las autoridades pesqueras en general no saben nada de los peces, no conocen los problemas de los pescadores”, se quejó el pescador-investigador.

Los grandes proyectos hidroeléctricos que se multiplicaron en la Amazonia desde la década de los 80 “le dio visibilidad a la etnobiología, como herramienta para obtener informaciones de forma rápida”, reconoció a IPS la doctora en ecología Daniely Félix-Silva,  con investigaciones principalmente sobre recursos acuáticos amazónicos.

Los impactos negativos de esos grandes emprendimientos son directos, como represar ríos gigantescos, afectando la seguridad alimentaria de una población dependiente del pescado y otras fuentes fluviales de proteínas, como los quelonios, y los indirectos, más numerosos, señaló.

El cacique Gilliarde Juruna, de la aldea Miratu, en la Volta Grande del río Xingú, en el norteño y amazónico estado brasileño de Pará. Los jurunas denuncian el grave daño para sus condiciones de vida de la central hidroeléctrica de Belo Monte, que desvió la mayor parte de las aguas que son su fuente de alimentación, economía y transporte. Crédito: Mario Osava/IPS

“Las grandes obras atraen migrantes, incrementando la pesca, el turismo, la extracción de madera y el ‘garimpo (yacimiento ilegal)’, lo que aumenta el mercado y por ende el consumo local de recursos naturales, la contaminación y degradación ambiental”, explicó.

El proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, inicialmente denominado Kararaô (grito de guerra en la lengua indígena del pueblo kayapó), le dio impulso a la etnobiología y etnoecología en Brasil, ante los daños irreversibles en el río Xingú, en cuya ribera viven decenas de grupos indígenas, recordó Félix-Silva

Por ello se organizó en 1988, en Belém, el primer congreso internacional de etnobiología, que ahora volvió a la ciudad en su decimosexta edición, apodada Belém+30.

Belo Monte se construyó entre 2010 y 2016, como la tercera central hidroeléctrica del mundo, con capacidad para 11.233 megavatios, retomando con modificaciones el proyecto Kararaô, suspendido en 1989, principalmente por las resistencias de los kayapós y la crisis económica que redujo la demanda energética.

La exigencia de estudios de impacto ambiental para los grandes proyectos y la urgencia de proteger ecosistemas amazónicos aceleró la producción de conocimientos, especialmente de peces (ictiología), otros recursos acuáticos y el ecosistema que les asegura la reproducción.

Los mismos indígenas movilizaron sus conocimientos tradicionalmente acumulados para la batalla contra las crecientes amenazas no solo de las represas hidroeléctricas, como la expansión ganadera, de la soja, de los puertos e hidrovías.

La aldea Miratu, del grupo indígena yudja, más conocido como juruna, efectúa desde 2013 su propio monitoreo de lo que pesca en el Xingú, para medir los efectos de Belo Monte en la Volta Grande, una curva de 100 kilómetros en el margen izquierdo del río, donde viven también indígenas del pueblo arara.

Con la reducción del flujo en la Volta Grande, ante la desviación de aguas para un canal que alimenta la generación eléctrica, disminuyó la cantidad de peces, aumentó el esfuerzo necesario para la pesca y “los peces adelgazaron”, según dijo a IPS el cacique de Miratu, Gilliarde Juruna.

“Estudios de gente de fuera en nuestra área solo se harán si los autorizamos”, sentenció el cacique, como rechazo a evaluaciones supuestamente científicas que tratan de minimizar o justificar los daños a la alimentación y modo de vida de los indígenas y otros pobladores ribereños locales, para los cuales “el río es todo”.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El artículo Conocimiento de pescadores ayuda a preservar la Amazonia en Brasil fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Periodista de la ONU proscrito por mala conducta

ter, 28/08/2018 - 13:05

Periodistas cubren la llegada de las delegaciones que participan en el 72 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Crédito: Rick Bajornas/UN Photo.

Por Carmen Arroyo y Emily Thampoe
NACIONES UNIDAS, Aug 28 2018 (IPS)

El Departamento de Información Pública (DPI) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) retiró la acreditación del periodista Matthew Lee, quien cubría el foro mundial desde hace tiempo para su blog Inner City Press.

“Es una nueva marca lamentable para la ONU: no se respetó el debido proceso para periodistas; no hay libertad de prensa”, denunció en diálogo con IPS, aunque funcionarios de la ONU sostienen que el motivo de la decisión es que incumplió normas que todos los periodistas de la organización deben respetar.

Lee quizá seas el tercer periodista proscrito de la ONU, a quien le retiraron sus credenciales de forma definitiva el 17 de este mes.

Los otros dos episodios similares ocurrieron en la década de los años 70; uno de ellos por acosar a sus colegas, y el otro, porque le quitaron sus credenciales cuando Taiwán perdió la membresía de la ONU, que obtuvo China, en 1971, recordó un veterano periodista que cubre el foro mundial desde hace cuatro décadas.

Desde sus inicios como corresponsal de la ONU, hace 10 años, Lee se caracterizó por hacer preguntas provocadoras en las conferencias de prensa. Sus temas más abordados fueron conflictos en todas partes del mundo como el de Sri lanka, Congo, Somalia, entre otros, y noticias internas de la organización.

Para muchas personas que trabajan en el marco de la ONU, y aun para quienes se sentían atraídos por lo que sucede en la organización, la mayoría de los artículos de Lee tenían buena aceptación y gustaban.

Los problemas con Lee comenzaron en 2012, cuando el DPI le advirtió que tratara a sus colegas con respeto. Entonces no se le impidió participar en reuniones ni tampoco se le negó el acceso al edificio de Nueva York.

Pero las cosas cambiaron hace dos años, cuando estaba en una cabina de interpretación grabando una reunión a puertas cerradas de corresponsales del foro mundial, sin su consentimiento.

Entonces la Unidad de Medios y Enlace (MALU), del DPI, decidió rebajar su acreditación de “corresponsal residente” a “corresponsal no residente”, es decir que perdió su oficina y la posibilidad de ingresar al edificio los fines de semana, de quedarse hasta tarde y de acceder a ciertas áreas.

Es un “motivo falso”, arguyó Lee. Pero el portavoz adjunto del secretario general Farhan Haq dijo a IPS: “Matthew creó su propia versión en su sitio web. Pero en este caso sé que es verdad lo que vi con mis ojos”.

Por su parte, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general, reiteró que no existen problemas con su forma de preguntar, sino con su comportamiento.

El 22 de junio, Lee debió ser retirado del edificio de la ONU por quedarse después del plazo previsto en su acreditación, y el 3 de julio, también lo encontraron en un área prohibida después de las nueve de la noche.

Pero al parecer se resistió cuando la Seguridad de la ONU lo sacó a la fuerza y terminó rompiéndole la camisa. Según el periodista, también le rompieron la computadora y le doblaron el brazo.

Tras el incidente, su acreditación quedó suspendida y tuvo prohibido el ingreso a la ONU de forma temporal.

Peter Sterne, periodista del la Fundación Freedom of the Press y jefe de edición de Press Freedom Tracker, de Estados Unidos, dijo a IPS: “nunca es apropiado que los guardias de seguridad usen la fuerza con los periodistas”.

Lee siguió trabajando fuera del edificio, haciendo entrevistas en la vereda, con delegados y funcionarios que salían o entraban del mismo.

También enviaba correos electrónicos a diario a la oficina del portavoz sobre cuestiones de política y su suspensión, entre otros asuntos.

Pero el 17 de agosto, le retiraron la acreditación de forma permanente y le prohibieron la entrada a la sede de la ONU, según una carta de cuatro páginas enviada por Alison Smale, secretaria general adjunta de Comunicaciones Globales.

Se destacan cuatro tipos de mal comportamiento: permanecer fuera del complejo fuera del horario permitido, ingresar a áreas que le estaban prohibidas, comportamiento cuestionable hacia delegados y colegas como “transmisiones en vivo y vídeos con lenguaje soez y afirmaciones despectivas hacia ellos sin el debido respeto por su dignidad, privacidad e integridad”.

“Por supuesto que respetamos sus derechos de prensa, pero también respetamos los derechos de prensa de otros periodistas. Y algunos sienten que sus derechos se vieron perjudicados por sus acciones”, explicó Haq.

“La acreditación, como corresponsal aquí, de Lee fue revocada por reiterados incidentes vinculados a su comportamiento y por violaciones a las normas que todos ustedes suscriben y aceptan cuando reciben su acreditación; normas que son, por lejos, autorreguladas”, explicó Dujarric el 20 de este mes en conferencia de prensa.

“Confiamos en que los periodistas respeten las normas. Estas son claras y transparentes”, acotó.

“La remoción de su acreditación no tuvo nada que ver con el contenido de su cobertura. Las acusaciones van desde grabar a personas sin su consentimiento, encontrarse en la rampa del estacionamiento tarde en la noche, utilizar expresiones agresivas y despectivas contra varias personas”, precisó.

“Sé que tiene su propia versión de los hechos, pero tenemos grabaciones de las cámaras de seguridad que no coinciden con la suya”, prosiguió.

Lee sostiene que hay una conspiración en las altas esferas de la ONU para mantenerlo en silencio.

“Sacaron a relucir todo lo que pudieron, un gran trabajo, que me dijeron viene de las altas esferas: a Guterres no le gustan mis preguntas ni lo que escribí sobre que se mostró débil en los asesinatos en Camerún porque necesitaba o quería el apoyo del presidente del comité de presupuesto, el embajador camerunés Tommo Monthe”, arguyó.

“No voy a permitir que Antonio Guterres, Alison Smale y Dujarric me impidan cubrir la ONU. Es un período vergonzoso de la ONU y no pretendo parar”, acotó.

“Las grandes instituciones como la ONU deben rendir cuentas (…) y a eso apunto con mi cobertura, creo que es apropiada y necesaria, y que la ONU no tiene derecho a tratar de impedirlo o evitarlo”, añadió.

Por otra parte, un veterano periodista del equipo de prensa de la ONU, quien pidió reserva de su identidad, explicó: “Es muy importante cubrir la ONU para los pueblos del mundo, y la organización debe facilitar el trabajo de los periodistas”, remarcó.

“Después de todo, la ONU es una organización financiada por los contribuyentes, y sus actividades deben ser abiertas y transparentes”, acotó.

“Pero se crearon algunas normas en consultas con la Asociación de Corresponsales de la ONU, que representa a los periodistas, para una cobertura ordenada de las actividades”, precisó el periodista.

Lee no pertenece a la asociación, la que ha criticado de forma sistemática.

“Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no; por ejemplo, se impedirá a los periodistas que traten de entrar a reuniones a puertas cerradas o restringidas”, indicó.

“El presidente elegido de la asociación siempre hará la primera pregunta en las conferencias de prensa o rondas informativas. Los periodistas no deben hacer declaraciones, solo hacer preguntas, entre otras (reglas)”, añadió.

Las preguntas de Lee, dirigidas a la oficina del portavoz, se respondieron por correo electrónico debido a que fue expulsado del complejo.

“Nos mandó preguntas y tratamos de responderlas lo mejor posible. Seguiremos haciéndolo, independientemente de dónde se encuentre”, aseguró Haq.

Pero Lee insistió: “La ONU está tan corrupta que solo busca un pretexto para expulsar de por vida a un periodista crítico”.

Traducción: Verónica Firme

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Comentarios “ofensivos” en Internet van a la cárcel en Tanzania

seg, 27/08/2018 - 13:05

El cumplimiento de normativas que regulan el contenido en Internet hace que la gente tenga miedo de expresar sus opiniones en ese ámbito en Tanzania. Crédito: Erick Kabendera/IPS

Por Erick Kabendera
DAR ES SALAM, Tanzania, Aug 27 2018 (IPS)

JamiiForums era la mayor plataforma con documentos filtrados en Tanzania, con un millón de visitantes al día. Pero tuvo que reducir 90 por ciento de su personal y, desde junio, los propietarios consideran cerrarla del todo tras la aprobación de una nueva ley de comunicaciones sobre contenido en línea.

Analistas sociales y otras figuras públicas comenzaron a dar de baja a sus blogs porque no pueden costear los cientos de dólares de las licencias que necesitan para registrarse. Y también podría comenzar a cerrar los cibercafés porque la nueva ley les exige instalar costosas cámaras de seguridad.

Un famoso bloguero de este país de África oriental dijo a IPS que tuvo que cerrar su blog porque no podía pagar los 900 dólares de licencia para registrarse y cumplir con la nueva normativa.

Mínimo de 12 meses de cárcel

En junio, la Autoridad de Regulación y Comunicaciones de Tanzania (TCRA) se puso en contacto con muchos blogueros y proveedores de contenido y les pidió que cerraran de inmediato sus servicios y solicitaran una licencia en los siguientes cuatro días.

Fue el principio de la aplicación de las Regulaciones de las Comunicaciones Postales y Electrónicas, de 2017, condenada por activistas y defensores de los derechos digitales.

La ley establece:

Todos los blogs, foros en línea, proveedores y productores de contenidos deben registrarse en línea y pagar una licencia de hasta 900 dólares;

Los cibercafés deben instalar cámaras de vigilancia para monitorear a la gente que navega en Internet;

El material considerado “ofensivo o moralmente impropio” o que “causa molestias” queda prohibido y se recomienda una multa mínima de 2.230 dólares o un mínimo de 12 meses de cárcel para toda persona hallada culpable;

Los comentarios en redes sociales también quedan sometidos a la nueva normativa.

La ley no prevé un máximo, es decir que un magistrado podría dictar una pena de cárcel por tiempo indeterminado.

Terror de comentar algo equivocado en Internet

La fuente, que no quiso revelar su nombre, dijo a IPS que los blogueros con los cuales ha conversado, que pagaron la licencia y se registraron en la TCRA se quejaron de que tienen pocas visitas a sus blogs.

“La gente común tiene miedo de hacer comentarios en blogs. Tienen miedo porque un solo comentario podría ponerlos a ellos o a los blogueros en manos de las autoridades”, contó Macence Melo, fundador de JamiiForums, a IPS.

Las autoridades se concentran en hacer cumplir la ley, pero no explicaron a los blogueros qué es “ofensivo, moralmente impropio” o “causa malestias”, añadió.

Además, se puede multar a la gente por no tener clave en sus computadoras de escritorio o portátiles o en sus teléfonos inteligentes.

Un abogado y funcionario público que pidió reserva de su identidad porque no está autorizado a hablar, dijo a IPS que la nueva norma se utilizará para perseguir a quienes difundan contenido difamatorio o pornografía por venganza, pero se escudan en que otra persona tuvo acceso a sus celulares o dispositivos móviles y lo hizo sin su consentimiento.

El impacto de la nueva norma se hizo sentir en todo el país desde su implementación en junio.

El dueño de un cibercafé en Dar es Salaam comentó que tiene unos 50 clientes al día y no sabía de la nueva ley.

Él cobra 35 centavos de dolar por hora, lo que no le alcanza para mantener el negocio, y además vende artículos de papelería.

“Instalar cámaras de CCTV (circuito cerrado de televisión) me costaría unos 500 dólares, lo que es mucho para un pequeño negocio como el mío. Entonces si las autoridades vienen y me lo exigen, tendría que cerrar el negocio”, confesó.

La libertad de expresión en juego

Ese tipo de leyes, entre otras que restringen la libertad de expresión y de prensa, son responsables de que Tanzania haya quedado en los peores lugares, 93 en 180 países, en el Índice de Libertad de Expresión.

También hay una Ley de Ciberataques, en el marco de la cual se pueden detener periodistas y ciudadanos de a pie, y la Ley de Estadísticas, que restringe la publicación de datos a la estatal Oficina de Estadísticas.

Las dos leyes se aprobaron antes de las elecciones de 2015, y a los activistas les preocupa que lo peor esté por venir, pues el país se prepara para las elecciones locales, en 2019, y las generales, en 2020.

“Llegamos a un punto en el que, la declaración del expresidente de Uganda, Idi Amin de que ‘hay libertad de expresión, pero no puedo garantizar la libertad después de la expresión’” se vuelve cada vez más relevante en Tanzania.

“Se cierran diarios de forma inconstitucional, y los ciudadanos que critican al presidente van presos y, los jueces, por complacerlo, mandan a prisión a los sospechosos sin dudarlo”, explicó Rugemeleza Nshala, conocido abogado de este país.

Solo el año pasado, se clausuraron tres diarios:

En junio de 2017, el Servicio de Información de Tanzania prohibió el semanario en swahili Raia Mwema por 90 días, tras la publicación de un artículo que decía que el presidente John Magufuli no tendría una buena Presidencia;

En septiembre de 2017, el semanario MwanaHalisi quedó suspendido durante 24 meses;

En junio de 2017, el diario Mawio también quedó prohibido por 24 meses.

La última norma instala el miedo e impide que la gente se exprese abiertamente, un derecho protegido en el artículo 18 de la Constitución de Tanzania, que garantiza a la ciudadanía la libertad de expresión y de opinión sin interferencias.

Melo, de JamiiForums, señaló que con la nueva ley, además de otros tres casos abiertos que tiene la plataforma en la justicia, que la obligaron a comparecer 122 veces ante un tribunal en los últimos dos años, lo forzaron a reducirse a 64 empleados.

En la actualidad, solo les quedan ocho, y consideran directamente cerrar las oficinas físicas.

A JamiiForums ya la amenazaron y la obligaron a compartir datos de usuarios con las autoridades.

Una vez, incluso, se vio obligada a revelar la identidad de una fuente que había suministrado información sobre la corrupción gubernamental en el mayor puerto del país; la causa permanece pendiente desde 2016.

Tras recibir la notificación de la TCRA, Melo y su equipo decidieron bajar la cortina por 21 días y se registraron en cuatro días. Desde entonces, han mantenido reuniones con las autoridades para expresarle su preocupación.

“Nos preocupan artículos de la ley que le dan a los proveedores de contenido solo 12 horas para eliminar de la plataforma en línea contenido que pudiera considerarse inapropiado”, explicó Melo.

“En una ocasión nos mandaron una carta a las cinco de la tarde pidiéndonos que retiráramos contenido, de lo contrario podríamos terminar en la justicia. La ley no nos deja espacio para consultar con la fuente de información y nuestros nabogados antes de retirar el contenido”, añadió.

Por su parte, Maria Sarungi, directora del movimiento Tsehai, Cambio Tanzania, comentó a IPS que antes de la ley, la posibilidad de realizar comentarios libremente en Internet había liberado a la industria de medios.

“Algunas (plataformas) de televisión en Internet, como Millard Ayo, comenzaron como blogueros y se convirtieron en canales gracias a las anteriores políticas liberales”, explicó

Misma situación en Uganda

En el vecino Uganda se aprobó una multa de 0,5 dólares para toda persona que entre a las redes sociales tras un decreto del presidente Yoweri Musevini para frenar el chusmerío en Internet.

Tras las protestas de activistas, el primer ministro Ruhakana Rugunda declaró el 11 de julio que el gobierno revisaba el impuesto, conocido como “tasa chusmerío”.

Muchos jóvenes usan redes privadas virtuales para evitar revelar su ubicación y ser detectados y no pagar la tasa, sin embargo, las últimas estadísticas muestran que el uso de Facebook cayó 75 por ciento en las primeras semanas, comentó la bloguera Rosebell Kagumire.

Pero la medida perjudicó más a los jóvenes que buscan trabajo en Internet, y a las pequeñas empresas que basan su operativa en las redes sociales.

“Además de limitar el acceso a la información y la expresión, el impuesto castiga a los pobres”, puntualizó.

“Las últimas críticas a la norma hicieron que el gobierno la revisara, pero la tarifa atenta contra la libertad de expresión y dificulta la inclusión digital”, explicó Kagumire.

Nshala recordó que en Tanzania la Constitución tiene la última palabra en cómo los ciudadanos quieren ser gobernados por el gobierno, por lo que deben mantenerse firmes para proteger la democracia.

Los gobernantes deben comprender que están para servir al pueblo y deben aceptar las críticas.

Traducción: Verónica Firme

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Oposición de Comoras rechaza acumulación de poder de Assoumani

sex, 24/08/2018 - 13:15

El expresidente de Comoras, Ahmed Abdallah Sambi, está bajo arresto domiciliario desde hace tres meses, acusado de corrupción y malversación de fondos públicos por el presidente Azali Assoumani. Crédito: Cortesía: Abubakar Aboud.

Por Busani Bafana
BULAWAYO, Zimbabwe, Aug 24 2018 (IPS)

El gobierno del presidente de islas Comoras, Azali Assoumani, se afianza en el poder y se endurece. El último episodio fue contra el expresidente Ahmed Abdallah Sambi, cuyo abogado declaró esta semana que había sido acusado de corrupción y de apropiación indebida de fondos públicos.

Antes, en julio, Assoumani promovió un referendo para ampliar su mandato, extender sus potestades y derogar el Tribunal Constitucional, que le resultó favorable.

El nuevo texto constitucional le da al presidente la potestad de ratificar tratados internacionales y realizar acuerdos sin consultar al parlamento, además de derogar las tres vicepresidencias que tiene el país.

Comoras se hundió en una crisis en abril, cuando Assoumani suspendió el Tribunal Constitucional, lo que generó grandes manifestaciones.

Según la Constitución, el poder rota cada cinco años entre las tres principales islas del archipiélago de Comoras, lo que eliminó la nueva ley fundamental.

Sambi, del opositor Partido Kuwa, crítico del gobierno de Assoumani, está con arresto domiciliario desde hace tres meses, y desde entonces no se le permiten visitantes, salvo su abogado, Mahamoud Ahamada, quien se reunió con él en la tarde del martes 21.

El Partido Juwa criticó la extensión del mandato de Assoumani, y pidió la inmediata intervención internacional para restablecer la democracia.

Comoras, en el océano Índico, entre Mozambique y Madagascar, es uno de los países más pobres del mundo, y se ha visto sacudido por movimientos separatistas en varias ocasiones y se caracterizó por una gran estabilidad hasta la aprobación de la nueva Constitución en 2001.

El asesor de Sambi, Abubakar Aboud, conversó con IPS sobre la situación actual y el pedido de intervención internacional.

IPS: El referendo le dio a Assoumani carta blanca para aferrarse al poder, con una extensión de su mandato. ¿Aceptan el resultado de la consulta popular?

ABUBAKAR ABOUD (AA): No aprobamos para nada el proceso electoral que el coronel Azali (Assoumani) comenzó.

El proceso es ilegal al punto que violó los textos fundamentales de nuestro país. El coronel Azali eliminó el Tribunal Constitucional sin consulta popular. Desde ese momento, no podemos aceptar los resultados de un proceso ilegal.

IPS: ¿Qué opina de los cargos en contra de Sambi?

AA: La detención y los cargos son totalmente políticos. Los abogados solicitarán la liberación provisional del presidente Sambi, preso político del coronel Azali desde hace tres meses.

IPS: ¿Qué significa esto para la frágil democracia de Comoras?

AA: Me temo lo peor para la frágil paz de nuestro país. Resulta muy perturbador ver a un coronel poner a nuestro país en peligro con el único fin de aferrarse al poder.

Nuestro país no pudo probar mucho tiempo los beneficios de una democracia, y ahora el coronel Azali tira por tierra todo lo que construimos por interés propio.

IPS: ¿Qué acción tomará, o puede tomar, ahora si quiere salvar al país de un régimen autocrático?

AA: No queremos violencia en el país. Y aún así, el coronel Azali hace todo lo posible por aplastar las voces discordantes de las que formamos parte en tanto que miembros de la oposición.

Para evitar enfrentamientos que pudieran derivar en un derramamiento de sangre, pedimos ayuda regularmente a la comunidad internacional. Los llamados se vuelven cada vez más urgentes porque casi todos los miembros de la oposición están en prisión o con penas suspendidas.

IPS: ¿Qué opinión tienen las otras islas sobre el resultado del referendo?

AA: Todo el mundo se siente traicionado por el coronel y sus hombres. El pueblo de Comoras es muy pacífico.

Pero Azali empuja a la gente a la revuelta. Siento gran enojo y frustración en la población. No sé cuánto durará esta paciencia, pero estamos peligrosamente cerca de llegar al límite.

IPS: ¿Cómo ve el futuro de Comoras ahora?

AA: Espero que mi país vuelva a la democracia por la que tanto luchamos. Espero un futuro mejor, a pesar de que vivimos el capítulo más oscuro de la historia. Veo un futuro sin el coronel Azali, porque tendrá que responder por las violaciones de derechos humanos y sus actos de alta traición.

IPS: ¿Y qué hay del expresidente Sambi, está a salvo? ¿Qué piensa de los últimos acontecimientos?

AA: Su abogado, Ahamada, lo vio el martes (21 de agosto) y nos dijo que parece un poco débil, pero que está bien. No conozco la opinión del expresidente sobre esta farsa electoral. Pero conociéndolo, estoy seguro de que comparte nuestra opinión.

IPS: ¿Cuáles son sus próximas acciones para impugnar el resultado del referendo?

AA: Esperamos que la comunidad internacional reaccione. Si no lo hace rápido, nos veremos obligados a hacerlo nosotros mismos por cualquier medio necesario.

El presidente Sambi firmó cartas formales y sus abogados las enviaron (el día 22) a la Organización de las Naciones Unidas y a la Unión Africana.

Traducción: Verónica Firme

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Un memorial contra el olvido de 72 migrantes en México

sex, 24/08/2018 - 12:27

En el solar del viejo almacén donde fueron asesinados 72 migrantes el 22 de agosto de 2010, se colocaron 72 pequeñas cruces al cumplirse ocho años de una masacre sin esclarecer en México. Crédito: José Ignacio de Alba/EnElCamino

Por José Ignacio De Alba
SAN FERNANDO, México, Aug 24 2018 (IPS)

En ninguna zona del país la violencia ha sido tan cruenta como en este lugar. La desolación y la brutalidad llevan la marca de “los zetas”, el más sanguinario de los grupos delictivos engendrados por la corrupción y la impunidad que asolan México.

Por eso, al cumplirse ocho años de uno de sus episodios más trágicos, cuando 72 personas migrantes fueron masacradas en un galerón de esta pequeña urbe de San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas, parece aún inconcebible levantar aquí un memorial contra el olvido.

El martes 22, un grupo de 20 personas ingresó al territorio silenciado por el cartel del narcotráfico de los zetas para colocar en el almacén una enorme cruz con 72 cruces pequeñas, una por cada uno de los 72 migrantes asesinados el 22 de agosto de 2010.

El memorial fue construido por migrantes del albergue Casa Belem, de Saltillo, en el vecino estado de Coahuila, que dirige el sacerdote Pedro Pantoja.

A sus 75 años y con una reciente operación en el corazón, Pantoja no pierde la pujanza en la demanda de justicia.

“La masacre de 72 migrantes nos llena de profunda indignación, el Estado mexicano permitió y fue cómplice de estos terribles hechos”, dijo el religioso.

En ocho años, los resultados de las investigaciones son muy pobres. La seguridad misma es un problema no resuelto en la entidad, e incluso se ha extendido a otras zonas del país.

Un reportero local recuerda que un año después del hallazgo de los cuerpos, en el rancho había ropa y otras evidencias que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) no resguardó ni recogió de la escena del crimen.

Y peor aún, ocho meses después de la masacre de los 72 migrantes, en abril de 2011, fueron halladas, en este mismo municipio, 47 fosas clandestinas con 193 cuerpos. Y casi dos años después, en mayor de 2012, se encontraron 49 torsos al borde de la carretera en Cadereyta, Nuevo León, que está dentro de la misma ruta migrante.

La PGR investiga los tres casos como si fueran eventos aislados, aunque diversos expertos han señalado la importancia de tratarlos como un solo caso.

“Nos encontramos con una PGR muy indolente que no quiere cumplir con las sentencias; (los ministerios públicos) litigan como coyotes tratando de evadir, de darle la vuelta a los procedimientos, simplemente porque no quieren transparentar los casos ante las víctimas”, dice en entrevista Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación Para la Justicia y el Estado de Derecho, que representan a 10 de las 72 familias de los migrantes asesinados.

— ¿Por qué actúa así la PGR?

— Puede ser porque ellos mismos saben que hay gente del gobierno implicada y lo que no quieren es que eso se sepa. Realmente cuando ocultan tanto la información uno piensa que es porque tienen un grado muy alto de participación en lo que pasó.

El 23 de agosto de 2010, un migrante herido escapó de la bodega de maquinaria donde estaba secuestrado. Llevaba un balazo en la cabeza.

Llegó hasta un puesto militar donde pidió ayuda, los uniformados acudieron al lugar descrito y lo que encontraron no tenía parangón en la historia reciente de México: 72 cuerpos maniatados y con tiro de gracia.

Las imágenes de los migrantes ejecutados fueron la primera alarma de que la llamada “guerra contra el narcotráfico” que instrumentó el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) estaba fuera de control.

El hallazgo también puso en la mesa el tema de la migración, un tema normalmente relegado y de poca importancia para los propios medios de comunicación. De hecho, poco se dijo sobre cómo la violencia estaba afectando a los sectores más vulnerables.

A pesar del escándalo que provocó el hallazgo, el caso de los 72 migrantes fue prácticamente abandonado por el gobierno.

Las investigaciones judiciales son lentas, ninguno de los 13 implicados en el caso ha sido sentenciado, y apenas el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD) a pronunciarse sobre el caso.

Es decir, tuvieron que pasar siete años de la masacre para que la CNDH declarara como “graves” los hechos ocurridos en San Fernando.

Una de las cosas más sorprendentes aún es que nueve de los 72 cuerpos no han sido identificados. Sus cadáveres siguen guardados en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México.

Los cuerpos que supuestamente ya fueron identificados por las autoridades mexicanas y entregados a sus familiares están en litigios para hacer una segunda prueba de ADN. Delgadillo explica que cuando las autoridades mexicanas los entregaron iban en ataúdes cerrados y con la consigna de que no fueran abiertos.

San Fernando fue un pueblo ranchero que se convirtió en pueblo fantasma. En 2010 y 2011 el pequeño pueblo del norte del país vio como la violencia se desbocaba, cuando Cartel del Golfo y su brazo armado, los zetas, se enfrentaron para controlar el paso carretero hacia Estados Unidos.

La bodega donde se encontraron a los 72 migrantes asesinados está sobre un camino de terracería bordeado de campos de sorgo en las afueras del pueblo.

El memorial fue colocado dentro del almacén. El evento luctuoso duró menos de una hora, algunos de los participantes hicieron discursos muy breves, exigiendo justicia. “Felipe Calderón y (su sucesor y actual mandatario) Enrique Peña Nieto fueron presidentes de un Estado homicida”, dijo Fray Tomás González.

El religioso, que fundó el albergue la 72, en Tenosique, un municipio del estado Tabasco, criticó las “políticas xenófobas” de los gobiernos de Calderón y Peña. Luego, en entrevista, insistió: “Ya no ha habido masacres pero las muertes siguen; los migrantes siguen siendo secuestrados”.

— ¿Qué ha cambiado desde la masacre? — se le pregunta a Ana Lorena Delgadillo

— Ha aumentado la indignación de las familias.

Pero eso no es lo único que ha cambiado por esta región. Hace tres años, cuando se cumplían cinco de la masacre, las carreteras tamaulipecas eran intransitables y estaban bordeadas de ranchos abandonados.

Hoy los campos abandonados son ocupados por grandes generadores de energía eólica. La empresa española Acciona tiene instalados aquí 61 aerogeneradores del proyecto El Cortijo, el primero de los parques eólicos asociados a la reforma energética de diciembre de 2013.

El Cortijo es resultado de la primera subasta de electricidad a largo plazo, tuvo una inversión de 235 millones de dólares y se construyó en un tiempo récord de 15 meses, lo que le permitió comenzar a operar antes de la fecha prevista, en junio de este año.

¿Cómo ha sido posible eso en una región que sigue asolada por la violencia? ¿En un estado donde todavía este año las autoridades siguen reportando secuestros masivos de migrantes? ¿Y en un municipio al que los activistas y religiosos tienen que entrar escoltados por personal de la CNDH para poner un memorial por las personas masacradas hace 8 años?

Son preguntas para las que nadie tiene respuesta.

Este artículo fue originalmente publicado por En el Caminoun proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

El artículo Un memorial contra el olvido de 72 migrantes en México fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Preocupación por grave impacto de la sequía en América Central

sex, 24/08/2018 - 11:00

La sequía hace estragos en el Corredor Seco Centroamericano. Crédito: Rubí López/FAO Guatemala

Por Corresponsal Fao
SANTIAGO, Aug 24 2018 (IPS)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) expresaron su preocupación por la sequía que ha provocado pérdidas de cosechas en América Central.

Las dos agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también advirtieron el jueves 23 que la posible llegada del fenómeno de El Niño a fines de 2018 podría agudizar la precaria seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades rurales vulnerables.

Los meses de junio y julio registraron precipitaciones inferiores a la media y condiciones más secas que el promedio, lo que afectó el primer y principal ciclo de cultivos en América Central, conocido como “la primera”.

La pérdida total o parcial de los cultivos significa que los agricultores de subsistencia y sus familias no podrán consumir ni almacenar suficientes alimentos en los próximos meses.

El maíz y los frijoles, los principales alimentos básicos, han sido los cultivos más afectados por la sequía, según los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, que han reportado pérdidas de 281.000 hectáreas de estos cultivos, de los cuales depende la seguridad alimentaria y nutrición de 2,1 millones de personas.

Estas pérdidas impactarán también el costo de estos alimentos para toda la población.

El gobierno de Honduras declaró este mes la emergencia en el Corredor Seco, en donde se estima que 82 por ciento de los cultivos de maíz y frijol se han perdido, mientras que el gobierno de El Salvador declaró la alerta roja en julio.

Dos campesinos inician la construcción de un tanque de agua en una zona del Corredor Seco en Honduras. Crédito: FAO Honduras

Según el Instituto de Investigación Internacional de Clima y Sociedad/Centro de Predicciones Climáticas (IRI/CPC), existe 60 por ciento de probabilidades de que se registre un nuevo fenómeno de El Niño entre septiembre y diciembre de 2018.

El segundo ciclo de cultivos (la postrera), que generalmente suple las deficiencias de la primera, se realiza en noviembre, y se estima que, aun cuando El Niño resulte ser débil, tendrá un impacto significativo en los resultados de la postrera.

“Es urgente mejorar la resiliencia climática de los habitantes de Centroamérica, especialmente en zonas como el Corredor Seco”, dijo el representante regional de la FAO, Julio Berdegué.

“Nos preocupa especialmente el efecto de esta nueva sequía sobre la migración, en un contexto internacional que restringe el movimiento de miles de personas que, en sus localidades, tendrán una gran dificultad para asegurar el sustento de sus familias”, añadió.

Miguel Barrero, director regional para América y el Caribe del PMA, planteó que “justo cuando las comunidades rurales se recuperaban de la sequía de 2014 y del fenómeno de El Niño de 2015, los más fuertes registrados en la historia reciente, un nuevo evento climático vuelve a golpear a los más vulnerables”

“Con el apoyo de la comunidad internacional, hemos trabajado junto a los gobiernos y comunidades rurales del Corredor Seco para que se hagan resilientes a las variaciones climáticas extremas, pero necesitamos redoblar esfuerzos y llegar a más comunidades rurales”, añadió.

Tras lo ocurrido en 2014 y 2015, el PMA, con apoyo de la comunidad internacional, ha brindado asistencia alimentaria a miles de personas, en comunidades vulnerables del Corredor Seco, para mejorar la seguridad alimentaria y fortalecer la resiliencia a nivel de familias, comunidades y a nivel institucional.

Estas actividades incluyeron la conservación de suelo y el agua, mejores prácticas agrícolas y capacitación para hacer frente a los fenómenos naturales, así como el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia para la alimentación y la nutrición.

La FAO ha desarrollado el Programa de fortalecimiento de la resiliencia ante el riesgo de desastres en el Corredor Seco Centroamericano y ha trabajado con socios y contrapartes para para incrementar la resiliencia de los hogares, comunidades e instituciones para prevenir y hacer frente a las amenazas y los desastres que afectan a la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición.

Actualmente, está apoyando a los países a crear proyectos y programas de gran escala para ser presentados ante el Fondo Verde del Clima.

Con la finalidad de mitigar los impactos potenciales provocados por esta nueva sequía entre la población rural, la FAO y la PMA, en estrecha colaboración con los gobiernos y socios, están proponiendo que:

  • Se analice el impacto de los ciclos agrícolas de 2018 en el precio de los alimentos básicos,
  • Se realice una evaluación de la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades en el Corredor Seco una vez finalice la cosecha de primera e inicie la postrera, y
  • Se apoye a los gobiernos en establecer sistemas de seguimiento de situación de la producción agrícola y la seguridad alimentaria.
  • Se adopten acuerdos que permitan la migración temporal regulada, segura y ordenada de personas originarias de las comunidades rurales más afectadas por la sequía.
  • Se movilicen recursos para escalar los sistemas de cosecha y almacenamiento de aguas lluvias para reducir el impacto de las próximas sequías

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO

El artículo Preocupación por grave impacto de la sequía en América Central fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Guyana busca una economía verde con señales contradictorias

qui, 23/08/2018 - 13:18

Alrededor de 80 por ciento de los bosques de Guyana, unas 15 millones de hectáreas, permanecen vírgenes. Este país prepara la transición hacia una economía verde, a la vez que explora sus reservas de combustibles fósiles. Crédito: Desmond Brown/IPS.

Por Jewel Fraser
GEORGETOWN, Aug 23 2018 (IPS)

Guyana avanza con sus planes de explorar sus vastas reservas de petróleo y gas, a pesar de que sus gobernantes hablan con elocuencia de la transición hacia una economía verde.

Las señales contradictorias aumentaron este último año, tras el descubrimiento en 2015 de lo que se consideró el mayor hallazgo de combustibles fósiles a 120 millas de la costa de Guyana, lo que atrajo a compañías internacionales en búsqueda de obtener derechos de exploración, a pesar de que el país comenzó a trabajar en una Estrategia Estatal de Desarrollo Verde (GSDS, en inglés).

En el centro de la estrategia está la “transformación estructural de la economía de Guyana para que sea verde e inclusiva y que reconozca el valor económico de los sectores extractivos y la implementación de medidas para garantizar su sostenibilidad ambiental a la vez que facilitar un nuevo crecimiento económico de un conjunto más de diverso de sectores verdes y con alto valor agregado”.

De acuerdo a su objetivo de promover una economía verde, Guyana entró en una asociación de siete años con Noruega para un fondo de inversión de REDD+ (Reducción de Emisiones de gases efecto invernadero causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques) sobre la base de sus 19 millones de hectáreas de bosques, con capacidad para absorber 350 toneladas de carbono por hectárea, en lo que se describe como el primer acuerdo de pago por rendimiento para la conservación de bosques a escala nacional.

El fondo de 250 millones de dólares de Noruega está designado para estrenar la GSDS.

Asimismo, organismos estatales de este país, el único angloparlante de América del Sur, asistieron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la investigación de formas más efectivas de garantizar que los trabajadores se capaciten para las necesidades que requiere una economía verde.

La OIT accedió a responder a las consultas de IPS sobre lo que parece ser una contradicción al buscar explotar combustibles fósiles y promover una transición hacia una economía verde, pero las solicitudes de entrevista a la oficina de Cambio Climático quedaron sin respuesta.

Por su parte, el consultor de OIT, Andrew Small, consideró que el país está listo para la transición, como lo demuestran los cambios en los programas de la enseñanza secundaria y terciaria, así como los esfuerzos para promover una agricultura climáticamente inteligente.

“Guyana es, por cierto, pequeño, pero un gran colaborador de los esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono de las actividades sociales y económicas”, destacó, en respuesta a IPS por correo electrónico.

También mencionó la iniciativa de algunas grandes empresas de incorporar energía renovable en sus edificios y procesos, y una iniciativa del gobierno para permitir una mayor incorporación de energías renovables.

“En particular la Agencia de Energía de Guyana y la Compañía de Energía e Iluminación encabezan la redacción e implementación de la Política Energética, de 2017, y el Plan Estratégico del Sector Energético de Guyana (2015-2020), respectivamente”, indicó.

“Esas políticas describen la demanda de energía anticipada, una mezcla de energía óptima para Guyana, que incluye un aumento de 100 por ciento en las fuentes renovables, alineada con la transición de este país hacia una economía ambientalmente sostenible”, añadió.

Pero con unos 4.000 millones de barriles estimados en sus aguas jurisdiccionales, el dinero del petróleo genera un cambio en el foco de algunos que podrían optar por empleos verdes.

“La magnitud del sector atraerá a muchos guyaneses muy capacitados”, reconoció Small.

“Hubo algunas preocupaciones por ello, en particular en el caso de ingenieros del Ministerio de Infraestructura Pública o de quienes podrían buscar trabajo en ese ministerio, entre otros”, apuntó.

Aparte, queda por ver cómo hará Guyana para cumplir con sus contribuciones determinadas a nivel nacional, presentadas en 2017.

El país se comprometió a “evitar 48,7 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2 eq) de emisiones al año si se ofrecen suficientes incentivos” sobre la base de su cobertura boscosa.

Si el dato los 4.000 millones de barriles es correcto, las reservas de Guyana representan casi las cuatro quintas partes de la estimación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), de 2007, sobre la cantidad de energía que generará la industria de América Latina, incluida la de combustibles fósiles, hasta 2030.

El IPCC estima que los 33 exajulios de energía (unos 5.400 millones de barriles de petróleo) que se generarán en América Latina hasta 2030 producirán 2.417 tCO2 eq., lo que hará que las promesas de Guyana a favor del Acuerdo de París sean inconsecuentes a la luz de las emisiones que producirán los miles de millones de barriles de crudo.

Sin embargo, el especialista en empresas y creación de empleo de la oficina de la OIT en el Caribe, Kelvin Sergeant, dijo a IPS que el impacto de la exploración de gas y petróleo en la transición hacia una economía verde puede ser positivo o negativo.

“Será positivo si los recursos del sector petrolero se utilizan para crear una economía verde y garantizar la sostenibilidad ambiental y social, en especial de los más vulnerables de la sociedad. Si no es así, podrían aparecer muchos problemas nuevos en el futuro”, explicó.

La OIT solicitó un estudio sobre “Capacidades para empleos verdes” en Guyana, que se terminó en 2017.

“La OIT hace un gran énfasis en que las economías y el empleo sean más verdes. Es fundamental para las sociedades y las economías sostenibles”, precisó Sergeant.

“Pero las políticas para que la economía sea más verde tendrán un impacto en los trabajadores; se perderán o se ganarán empleos o se redefinirán. Por ello, la OIT cree que una política en ese sentido debe ser justa y equitativa, y no debe dejar a nadie atrás”, añadió.

El foco en los combustibles fósiles “solo será perjudicial si las ganancias del sector petrolero no permean a otros sectores. Todo el proceso debe ser cuidadoso para evitar el síndrome holandés y otros problemas, que se propagaron por los países petroleros del Caribe”, puntualizó.

“Se necesitan políticas cuidadosas para que todo el mundo se beneficie de los hallazgos petroleros”, subrayó. Sin embargo, Sergeant se mostró optimista sobre el futuro de la economía verde de Guyana.

El interés en la exploración petrolera no significa que no tengan sentido los esfuerzos para impulsar las capacidades necesarias para una economía verde.

“No tiene por qué si se siguen las pautas para una transición justa”, subrayó.

Traducción: Verónica Firme

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Cuba a la caza de inversiones extranjeras y de más turistas

qua, 22/08/2018 - 16:38

Un bus turístico pasa ante el edificio en construcción del Hotel Prado y Malecón, un proyecto conjunto del Grupo cubano de Turismo Gaviota y la empresa francesa Accor, en un lugar emblemático de La Habana. El crecimiento del turismo es una de las apuestas del gobierno para dinamizar la alicaída economía del país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Aug 22 2018 (IPS)

Cuba apuesta al turismo y a la inversión extranjera como tablas salvadoras de su alicaída economía, cuyas mayores tensiones se concentran en un fuerte déficit financiero y menores ingresos para satisfacer necesidades básicas de la población.

Las autoridades mencionan entre las causas de las dificultades una zafra azucarera que apenas bordeó el millón de toneladas, exportaciones que no se ejecutaron, más el impacto de tres años de sequía y del huracán Irma en septiembre del pasado año, así como las lluvias posteriores causantes de dañinas inundaciones.

Complican también el panorama los compromisos de pago asumidos por el gobierno cubano con sus acreedores tras renegociar en 2015 su deuda con 14 países del Club de París (de acreedores estatales). De acuerdo a informes oficiales, en 2017 el país debió desembolsar, en medio año, 2.306 millones de dólares por estos acuerdos de pago.

Analistas como José Luis Rodríguez estiman montos mucho mayores, derivados del ordenamiento exitoso de deudas vencidas desde hacía años. Debido al bloqueo estadounidense, Cuba realiza estas operaciones sin el apoyo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial u otros organismos financieros multilaterales.

Tanto el presidente Miguel Díaz-Canel como su predecesor y actual primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro, han  insistido en “el máximo aprovechamiento y uso eficiente de los recursos disponibles”.

“No queda otra alternativa que planificar bien y sobre bases seguras, ahorrar y suprimir todo gasto no imprescindible”, ha dicho Castro, quien presidió el país desde 2006 hasta el 19 de abril de este año.

En su discurso en el acto de traspaso de la presidencia a Diaz- Canel, Castro descartó sin embargo que el país se encuentre “en una situación extrema y dramática”, en referencia al llamado período especial que sobrevino en Cuba tras la extinción de la Unión Soviética y la desaparición del campo socialista en el este de Europa.

“El escenario ahora es muy diferente, contamos con bases sólidas para que esas circunstancias no se repitan.  Nuestra economía se ha diversificado algo y crece”, añadió el ya exmandatario, quien también anunció entonces el inicio del proceso de reforma constitucional y enumeró algunas de las transformaciones aún pendientes, como la solución de la dualidad monetaria y cambiaria.

El producto interno bruto (PIB) creció 1,1 por ciento en el primer semestre de este año.

La bandera de Cuba y la imagen del fallecido líder Fidel Castro, quien gobernó el país entre 1959 y 2006, decoran una calle donde un grupo de personas participa en un debate en el barrio de Kholy, en La Habana, sobre el proyecto de Constitución se prevé que entre en vigor en 2019. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Pero en este país de 11,2 millones de habitantes, ese dato no dice mucho a las familias que deben afrontar como completar con sus menguados ingresos la canasta alimenticia en las tiendas en divisa  y las ferias agropecuarias, donde el desabastecimiento y la carestía de los precios resultan notorios.

En la consulta popular que se lleva a cabo en todo el país desde el pasado día 13 sobre el proyecto de nueva Constitución no han faltado consideraciones acerca del tema salarial y monetario o sugerencias de que en el caso de las inversiones extranjeras se debería permitir las de ciudadanos cubanos con interés y capital suficiente.

Sobre esta última alternativa no se conocen pronunciamientos oficiales. El texto sometido a consideración ciudadana da un paso adelante en relación con el capital foráneo, que inicialmente se consideró solo como un complemento para el desarrollo del país.

“El Estado promue­ve y brinda garantías a la inversión extranjera, como elemento impor­tante para el desarrollo económico del país, sobre la base de la protección y el uso racional de los recursos hu­manos y naturales, así como del res­peto a la soberanía e independencia nacionales”,  dice el artículo 28 del proyecto en consulta ciudadana.

Añade que “La ley establece lo relativo al desa­rrollo de la inversión extranjera en el territorio nacional”. Entre otras novedades, el documento reconoce la propiedad privada sobre determinados medios de producción, además de la socialista de todo el pueblo, mixta, cooperativa y personal.

El economista cubano Omar Everleny Pérez Villanueva considera muy positivo el nuevo artículo constitucional. Aunque habría que “tener en cuenta como se materializa”, comentó a IPS.

Recordó que la Constitución actual, vigente desde 1976, fue ya modificada en 1992 para permitir la entrada de capitales extranjeros. “Hay una ley, la 118, bastante moderna. Sin embargo, el ritmo y el volufmen de los negocios no aumentan de acuerdo a las necesidades del país”, comentó.

No obstante, la aspiración de incrementar la participación de la inversión extranjera directa como una fuente importante para el desarrollo del país está presente en el discurso oficial y forma parte del conjunto de transformaciones encaminadas a modernizar el modelo socialista de desarrollo.

Dos hombres acarrean agua potable desde un camión cisterna, en el capitalino municipio Centro Habana, en la capital de Cuba. El suministro del recurso y de otros servicios es parte de los problemas cotidianos a los que se enfrenta la población del país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Como muestra de esa voluntad, el gobierno anunció el 2 de este mes la modificación de normas jurídicas para dinamizar los trámites de evaluación y aprobación de los expedientes y agilizar el proceso inversionista. En ese sentido, se apunta a destrabar requisitos que frenan la inversión extranjera.

Inversores extranjeros interesados en la  seguridad jurídica en sus inversiones, rápidas ganancias y en recuperar el capital invertido en el menor tiempo posible, se han quejado de demoras en la aprobación de proyectos, trabas burocráticas y la imposibilidad, hasta ahora, de contratar directamente a su personal.

Según estimaciones del gobierno, el país necesita al menos 2. 500 millones de dólares anuales en capitales externos para su crecimiento y desarrollo. Para lograrlo, no solo tiene que sortear el reforzado bloqueo de Estados Unidos, sino allanar el camino a inversionistas que deciden enfrentar los riesgos.

La cartera de negocios disponible para el bienio 2017 – 2018 propone 456 proyectos de inversión por un valor de 10.7000 millones de dólares, en sectores priorizados que incluyen agricultura, industria alimentaria, azucarera, siderúrgica, industria ligera, farmacéutica y biotecnológica, energía y minas, construcción y transporte, entre otros.

Las autoridades cubanas parecen esperanzadas en las inversiones de Vietnam, cuyos negocios en Cuba han ido aumentando en los últimos años, con presencia importante en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), distante 45 kilómetros de La Habana.

Un acuerdo firmado este año otorgó a la corporación vietnamita Viglacera  una concesión por 50 años con carácter prorrogable, para levantar en ese polo de desarrollo un parque industrial en un área de 156 hectáreas con posibilidades de expansión hasta 300.  La concesión la administrará la filial ViMariel, constituida el pasado 24 de julio.

Viglacera, compañía experimentada en el desarrollo de parques industriales, con más de 200 empresas inversionistas, tiene entre sus objetivos la captación de capital extranjero para la ZEDM en Europa, América Latina y Asia,  declaró en La Habana el presidente de esa corporación vietnamita, TranAnhTuan.

El turismo, considerado estratégico para los planes de desarrollo hasta 2030, concentra una amplia y diversa participación extranjera, con 27 empresas mixtas que operan unas 5.000 habitaciones, de acuerdo a un informe del académico y experto en el tema José Luis Perelló.

Este especialista señala que se encuentran constituidas y en ejecución cuatro empresas mixtas de inmobiliarias asociadas a campos de golf: Carbonera en Varadero, Bellomonte en La Habana, El Salado en Artemisa y Las Coloradas en Pinar del Río, en la porción occidental del país.

Unas 20 compañías hoteleras de 10 países operan actualmente en este país insular caribeño.

En tanto, reportes del Ministerio de Turismo señalan que los programas de crecimiento hasta 2030 abarcan 610 proyectos:  332 de alojamiento, 51 de recreación, 30 de inmobiliarias asociadas el turismo, 50 de naturaleza, 55 de campismo, 22 de náutica recreativa y 70 para actividades de apoyo.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Comunidades pobres recuperan tierras estériles en Ghana

qua, 22/08/2018 - 13:18

Imagen aérea de un dron en la región de Alta Ghana Oriental, que todavía no ha sido recuperada. Crédito: Albert Oppong-Ansah /IPS.

Por Albert Oppong-Ansah
GARU y TEMPANE, Ghana, Aug 22 2018 (IPS)

Bajo el sol abrasador de la región de Alta Ghana Oriental, la estación seca se hace larga y durante varios kilómetros solo se ven tierras estériles, lo que empujó a muchas mujeres a emigrar al sur del país con sus hijos pequeños, los que quedaron en situación de gran vulnerabilidad.

“La prolongada sequía, la tierra estéril y las altas temperaturas de 40 grados, así como la falta de irrigación para que puedan cultivar todo el año, los dejó desempleados durante siete meses al año”, explicó Ayaaba Atumoce, de la comunidad akaratshie, en diálogo con IPS.

Los distritos de Garu y Tempane, con 1.230 kilómetros cuadrados y 123.000 hectáreas, tenían grandes porciones de tierras estériles y degradadas hace tan solo tres años.

Ahora se ve verde, árboles de nim, bayas y frutas autóctonas en unas 250 hectáreas recuperadas. La tierra seca comienza a florecer, aunque lentamente.

Ayaaba Atumoce recuerda que cuando era niño la selva era densa, pero con el tiempo se redujo porque las comunidades agrícolas de la zona completaban sus ingresos fabricando carbón para vender en los centros regionales.

Alrededor de 54,5 por ciento o unas 70.087 personas, viven en la pobreza, la mayor proporción en toda la región, según el Mapa de Pobreza de Ghana de 2015.

También cambiaron las lluvias.

“Antes preparábamos la tierra a principios de febrero y comenzábamos a plantar cuando comenzaban las lluvias a principios de marzo o a principios de abril, y terminaban a afines de septiembre o a mediados de octubre”, recordó.

“Ahora, se corrió y plantamos a fines de junio o principios de julio y terminamos casi igual que antes. Tenemos bajo rendimiento”, acotó Atumoce.

Carl Kojo Fiati, director de Recursos Naturales de la Agencia de Protección Ambiental de Ghana, explicó a IPS que la deforestación y la tala indiscriminada en la región de Alta Ghana Oriental redujo los ciclos naturales del agua, de evaporación, condensación y precipitaciones, con lo que hubo menos lluvias y las tierras dejaron de ser productivas.

“Cuando los arbustos pueden crecer, sacan el agua de la tierra, la que se evapora a la atmósfera, se vuelve humedad y se une a otras formas de evaporación, que se condensan y vuelven a caer como lluvia”, precisó.

Mujeres, niñas y niños afectados

Según el Informe Anual de los Distritos de Gary y Tempane, de 2014, una gran proporción de la población local emigró al sur en busca de trabajo entre noviembre de 2013 y abril de 2014.

Alrededor de 53 por ciento de las mujeres de las localidades de Kpikpira y Worinyanga emigraron al sur del país con sus hijos para realizar tareas domésticas, dejando a sus hijos vulnerables a diversos abusos y privándolos de necesidades básicas como vivienda, educación, protección y atención médica.

Pero hace tres años, la organización World Vision International (WVI) en Ghana lanzó el programa Regeneración Natural Administrada por Agricultores (FMNR, en inglés), una técnica de recuperación del suelo de bajo costo.

“Después de ver el vídeo que preparó (WVI), nos dimos cuenta y aceptamos que sufrimos esas consecuencias porque talamos demasiados árboles para tener madera, leña y limpiar nuestras tierras cultivables; cortamos y quemamos de forma indiscriminada”, reconoció Atumoce.

“Desde hace 20 años, nuestras parcelas no son fértiles porque no podemos plantar sin aplicar fertilizantes (químicos)”, acotó.

“Hubo una gran sequía. Lo observé porque la temporada de lluvias se demoró y el período de precipitaciones se acortó, lo que redujo el rendimiento de nuestros cultivos y nos dejó en la pobreza”, añadió Atumoce.

Asher Nkegbe, de la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación, explicó a IPS que Ghana adoptó la Neutralidad de la Degradación de la Tierra (NDT) y fijó sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), los compromisos que asumen los gobiernos para contener el cambio climático para 2030.

En el marco de las CDN, Ghana se comprometió a reforestar 20.000 hectáreas degradadas al año.

Eso incluye identificar las áreas con mayor degradación, crear una base de referencia y aumentar la cobertura vegetal. Los distritos de Garu y Tempane se consideran áreas clave para lograr la neutralidad en la degradación.

Los recursos naturales de Ghana desaparecen a un ritmo alarmante. Más de 50 por ciento de la selva original son ahora tierras cultivables. Los animales salvajes están en grave disminución y muchas especies están en riesgo de extinción, alerta un informe del Banco Mundial.

Garu y Tempane fueron la segunda y la tercera área en la que se implementó el proyecto, una iniciativa conjunta del Ministerio de Alimentación y Agricultura, el Servicio Nacional contra Incendios y otras agencias gubernamentales.

De 2009 a 2012, el piloto se realizó en Talensi, en el distrito de Nabdam, también en esta región de Alta Ghana Oriental.

Los proyectos de entregaron a las comunidades para su gestión. Hay otro proyecto en marcha en el distrito de Bawku Oriental, también en esta región.

Agricultores realizan una poda periódica en Susudi, una localidad de la región de Alta Ghana Oriental. Crédito: Albert Oppong-Ansah/IPS

Sencillos métodos de recuperación

Esas comunidades, integradas principalmente por agricultores, eligieron suelos degradados y se les pidió que no destruyeran los arbustos, sino que los protegieran y les permitieran crecer.

Los funcionarios del ministerio también les explicaron cómo podar de forma periódica los tallos frágiles para que puedan brotar y convertirse rápidamente en árboles. También les recomendaron dejar pastar a los animales para que sus heces sirvan de abono.

“La explicación científica es que las hojas de los arbustos o de otra vegetación se marchita y se cae, lo que luego se convierte en carbono para el suelo y favorece el crecimiento de las plantas”, explicó Fiati.

Hasta ahora hay 23 comunidades en Garu y Tempane que adoptaron ese enfoque, y 460 personas capacitadas por el ministerio.

El Servicio contra Incendios también capacitó a voluntarios en técnicas para combatir el fuego. Luego se formaron brigadas, que desempeñan un papel activo en la lucha contra los incendios forestales que lastiman el suelo.

También se crearon nuevos reglamentos para regular la recolección de excedente de madera, de pasto y otros recursos e impedir la caída de los árboles.

Se estima que los distritos de Gary, Tempane y Talensi tienen más de 868.580 hectáreas, con una densidad de 4.343 árboles por hectárea, en comparación con la referencia fijada de 10 árboles por hectárea.

“Les dimos a los agricultores animales para que fueran una fuente alternativa de ingresos y no tuvieran que recurrir a la quema de carbón”, explicó Maxwell Amedi, oficial de seguridad alimentaria y resiliencia del WVI, en diálogo con IPS.

Las selvas son centrales para la futura prosperidad, así como para la estabilidad del clima global, subrayó Amedi.

Talaata Aburgi, de 60 años y de la comunidad de Susudi, dijo a IPS que los árboles de nim siempre se usaron para curar males como la diabetes, úlceras en la piel, control de la natalidad, malaria (paludismo) y dolor de estómago, y por eso está contenta de que vuelvan a repoblar la zona.

También vuelven a crecer las bayas, y reaparecieron aves, mariposas y animales salvajes como monos y conejos.

El proyecto FMNR es un método excelente para corregir el problema de la falta de lluvias, al acompasar el ciclo productivo con la naturaleza, observó.

La iniciativa también permite que los jóvenes pastores pasen menos tiempo buscando pastos para sus animales, lo que les permite estudiar, destacó Aburgi.

Traducción: Verónica Firme

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Kofi Annan dignificó la ONU con ayuda de dos brasileños

ter, 21/08/2018 - 14:43

Kofi Annan, el secretario general de la ONU entre 1997 y 2007 y Premio Nobel de la Paz 2001, fallecido el 18 de agosto, junto al brasileño Sergio Vieira de Mello (izquierda), uno de sus hombres de confianza y Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, muerto en Bagdad en 2003. Crédito: Fundación Sergio Vieira de Mello

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Aug 21 2018 (IPS)

La estatura del liderazgo de Kofi Annan se agrandó después que dejó la Secretaría General de las Naciones Unidas en 2006. El tiempo  confirmó su excelencia en la defensa de los principios y valores del multilateralismo, actualmente a la baja y sometidos a todo tipo de embates.

Algunas de las acciones cruciales de Annan, fallecido el sábado 18, como la condena a la invasión de Iraq encabezada por Estados Unidos, contaron con la ayuda de dos brasileños.

Sergio Vieira de Mello, muerto el 19 de agosto de 2003 en Bagdad, era el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y hombre de confianza de Annan para lidiar con conflictos y reconstruir naciones destrozadas.

Fue enviado a Iraq como representante especial del secretario general en mayo de 2003, dos meses después de la invasión, un espectáculo de violencia y bombardeos difundido instantáneamente por los medios de comunicación.

Un camión-bomba destruyó el Hotel Canal usado como oficina de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Bagdad.

Vieira y otros 21 funcionarios murieron en el ataque suicida de la organización Al-Zarqawi, germen de lo que luego se autodefiniría como Estado Islámico, según Carolina Larriera, argentina casada con Vieira y miembro de su equipo que sobrevivió en medio de los escombros.

En memoria de esas víctimas, la Asamblea General de la ONU decidió en 2008 designar el 19 de agosto como Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, dedicado a todos los que arriesgan sus vidas para asistir a las personas afectadas por conflictos armados y otras crisis.

Vieira, un brasileño que trabajó en la ONU desde sus 21 años,  murió a los 55 años, como un héroe de operaciones humanitarias y de paz en las más riesgosas situaciones, en Bangladesh, Sudán, Chipre, Mozambique, Perú y finalmente en Iraq.

Medió en conflictos en el Líbano, Camboya, Líbano, Ruanda y otros países, mientras en Kosovo y Timor Este tuvo éxito en apoyar la “construcción de nuevas naciones”.

Entre 1999 y 2002 dirigió las fuerzas de paz de la ONU que condujeron la transición hacia la independencia de Timor-Este, excolonia portuguesa ocupada por Indonesia desde 1975.

Hijo de un diplomático brasileño, ascendió en la jerarquía de la ONU ocupando funciones en sus organismos de asistencia a refugiados y promoción de derechos humanos.

Alcanzó su apogeo en las misiones encargadas por Annan, como la operación en Timor Este. Incluso muchos lo apuntaban como un posible sucesor en la Secretaria General, por la capacidad comprobada en su larga experiencia.

“Annan fue un gigante en las Naciones Unidas”, último gran impulsor del multilateralismo que perdió fuerza últimamente, atropellado por la actual oleada de nacionalismo”, evaluó Clovis Brigagão, cientista político que dirigió el Centro de Estudios de las Américas en una universidad de Río de Janeiro.

Nacido en Ghana hace 80 años, Annan fue el primer negro alzado a secretario general de la ONU en 1997, en cuyo cargo estuvo hasta 2006.

Murió el 18 de agosto, reconocido como quizás el último jefe de Estado global que las potencias permitieron al mundo y un líder que promovió los derechos humanos como prioridad, fortaleció los mecanismos de paz, democratización y de desarrollo.

Uno de sus triunfos fue lograr el consenso en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con ocho objetivos y 17 metas para reducir la pobreza, el hambre, la mortalidad infantil y materna, entre otras llagas de la humanidad, de 2000 a 2015.

Ampliados y renovados, 169 metas componen ahora los herededores de los ODM, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), buscando promover avances sociales, humanos, ambientales y económicos hasta 2030.

Por su labor, Annan ganó junto con la ONU el Premio Nobel de la Paz en 2001.

Pero fue la tragedia de Iraq la que marcó sus dos mandatos en la Secretaría General, como primer funcionario de carrera a ascender al puesto máximo.

En esa crisis, además de Vieira en la acción posterior a la invasión, contó con la colaboración de otro brasileño para asumir la posición contraria a la intervención de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos, que contó con militares de Gran Bretaña, Australia y Polonia.

José Mauricio Bustani, un diplomático brasileño, dirigía la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) desde su creación en 1997 para hacer cumplir la convención internacional que busca erradicar esas armas en el mundo.

Sus informes eran claves para la intención de atacar Iraq del gobierno estadounidense de George W. Bush (2001-2009), en la también conocida como segunda guerra del Golfo (2003-2011) tras la ocurrida entre 1990 y 1991.

El pretexto era la existencia de armas de destrucción masiva, principalmente químicas, en manos del régimen de Saddam Hussein.

Bustani negociaba en 2001 la adhesión de Iraq a la OPAQ, hecho que permitiría las inspecciones y comprobaría, según él, la inexistencia de tales armas en el país.

Un desafío al gobierno estadounidense que ejerció presiones que terminaron por destituirlo de la dirección general de la organización, en 2002. Un año después ocurrió el bombardeo masivo de Iraq, con una justificación que nunca se comprobó, reforzando la condena de Annan a la intervención “ilegal”.

Bustani contó su experiencia en el artículo “Brasil y OPAQ: diplomacia y defensa del sistema multilateral bajo ataque”, publicado en el final de 2002, y siguió en su carrera, como embajador de Brasil en Gran Bretaña y Francia, antes de jubilarse en 2015.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Annan, el secretario general que calificó de ilegal la invasión a Iraq

seg, 20/08/2018 - 20:19

Kofi Annan (1938-2018) fue secretario general de la ONU de enero de 1997 a diciembre de 2006, y compartió el Premio Nobel de la Paz con la ONU en 2001. Crédito: Evan Schneider/UN Photo.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Aug 20 2018 (IPS)

Kofi Annan, quien falleció este mes a los 80 años, desafío a los Estados miembro de la ONU y vivió para contarlo, aunque pagó un alto precio por ello y fue acosado por Estados Unidos.

Cuando ese país invadió Iraq en marzo de 2003, Annan calificó la invasión de “ilegal” por no contar con el visto bueno del Consejo de Seguridad, de 15 miembros, único órgano de la ONU con poder para declarar la guerra y la paz.

Pero el entonces presidente George W. Bush (2001-2009) lo persiguió por cuestionar su decisión unilateral en que un estado miembro ataca a otro sin razón legal comprobada.

Nunca se encontraron las armas de destrucción masiva, supuestamente en el arsenal militar de Iraq y uno de los principales argumentos para invadir ese país.

Luego también criticaron duramente a Annan por lo que se interpretaron como errores en la implementación del programa “Petróleo por Alimentos”, que buscaba aliviar el sufrimiento de millones de iraquíes agobiados por las sanciones de la ONU.

“Me conmueven las actuales expresiones de aprecio por Kofi Annan, pero no dejo de notar el contraste con el silencio cuando Rupert Murdoch y sus seguidores lo tenían contra la pared por la espuria crisis de petróleo por alimentos que fabricaron”, recordó Ian Williams, autor de “UNtold: The Real Story of the United Nations in Peace and War” (“La ONU nunca contada: La verdadera historia de la Organización de las Naciones Unidas en la paz y en la guerra”), en diálogo con IPS.

Pocos la recuerdan ahora, precisó, pero entonces fue tildado del “mayor escándalo financiero” en la historia del foro mundial.

La llamada crisis “fue una agresión salvaje contra uno de los mayores valores de Annan, y su integridad perceptible sufrió un alto costo personal cuando la gente que debía saber responder, se quedó callada”, acotó.

“Fue una de las mayores invenciones de “noticias falsas” de la historia, casi a la par de la de armas de destrucción masiva en manos de Iraq”, comparó Williams.

“Eso no llama la atención ya que muchas de las fuentes de ambos episodios fueron las mismas”, precisó.

Annan también desafío virtualmente a la Asamblea General que seguía ofreciendo un estrado a gobernantes que llegaron al poder por canales no democráticos o a través de un golpe militar.

Cuando en 2004, la Organización de Unidad Africana, antecesora de la Unión Africana (UA) prohibió que los golpistas participaran en cumbres africanas, Annan elogió la decisión como futuro modelo para castigar a los dictadores.

Pero Annan fue más allá e incluso declaró que tenía esperanzas de que la Asamblea General, el principal órgano de decisión de la ONU, siguiera el ejemplo y prohibiera a los gobernantes militares dirigirse al plenario.

Su propuesta marcó un antes y un después, aunque nunca tuvo lugar en una institución donde los Estados miembro, y no el secretario general, tienen el sartén por el mango.

Annan, originario de Ghana, también denunció: “algunos gobernantes africanos se embolsan miles de millones de dólares, aun cuando los caminos están deshechos, el sistema de salud se desmorona, los escolares no tienen libros ni escritorios ni maestros y los teléfonos no funcionan”.

También criticó a los gobernantes que derrocan autoridades democráticas para hacerse con el poder por las armas.

Por su parte, Jayantha Dhanapala, secretario general adjunto de asuntos de desarme durante el mandato de Annan, recordó: “Mi amigo y mi secretario general”.

“Fue, sin duda, el mejor secretario general que tuvo el privilegio de tener la ONU después de Dag Hammarskjold (1953-1961), opinó Jayantha Dhanapala.

Y puso al foro mundial en el siglo XXI con una dedicación que, lamentablemente, no alcanza ahora otro líder global, observó.

“Kofi se dedicó a la causa del desarme y recreó el Departamento de Asuntos Desarme en 1998, poniéndome al frente, como parte de sus reformas. Fue un honor trabajar en su equipo directivo durante unos agitados cinco años e implementar políticas para reformar la ONU”, comentó.

“Su legado permanecerá y será una inspiración”, declaró Dhanapala, quien fuera enviado de Sri Lanka a Estados Unidos.

Y la portavoz de la Casa Blanca, Claire Buchan, comentó que los funcionarios estadounidenses no estuvieron de acuerdo con Annan. “Antes habíamos dejado claro que las fuerzas de la coalición tenían autoridad (para invadir Iraq) según varias resoluciones de la ONU”, precisó.

“Si Kofi se hubiera salido con la suya, (el presidente iraquí) Saddam Hussein seguiría en el poder”, opinó el senador John Cornyn, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense.

Williams dijo a IPS que Annan era una persona íntegra y reconocía sus errores, como fue el caso de lo ocurrido en los Balcanes y en Ruanda. Y trató de hacer algo al respecto, como encargar informes que incluso lo implicaban.

“Con su experiencia en la maquinaria de la ONU, podría haber puesto la responsabilidad en otro lado, pero aceptó su parte, y eso le dio la legitimación para representar a la ONU”, añadió.

Alguna gente decía que no era lo suficientemente abierto ni se hacía escuchar, pero eso era, de hecho, una fortaleza, opinó Williams. Cuando Annan hablaba, no solo eran solo trivialidades porque “decía lo que había que decir, aun cuando no lo hiciera popular”, acotó.

Cuando Annan volvió de negociar con el presidente iraquí Hussein y dijo que era un testimonio de eficiencia diplomática, no hubo suficiente gente que escuchara su corolario.

Esa dignidad, según Williams, le permitió impulsar la histórica resolución Responsabilidad de Proteger (R2P, en inglés) en el 60 aniversario del foro mundial, y sigue siendo histórica, aún cuando muchos de los que entonces no tuvieron el valor político para oponerse, han hecho de todo para boicotearla.

“Annan no fue un mero burócrata ni perseguía un sillón lujoso o un cargo; quería contribuir a mejorar el mundo y creyó que la secretaría general era un buen lugar para hacerlo. Nadie es perfecto, los altos cargos requieren concesiones para obtener logros prácticos y ganar aliados y mayorías”, explicó.

Mientras que ocupó el cargo de secretario general impulsó la agenda de la ONU en materia de objetivos de desarrollo, pobreza, derechos humanos, igualdad de género y muchos otros, y cuando se marchó siguió haciéndolo, desde la organización The Elders y desde su propia Fundación, recordó Williams.

James Paul, quien fue director ejecutivo del Foro de Política Global, con sede en Nueva York, y siguió la labor de la ONU durante 19 años, dijo a IPS que hay muchas historias sobre Kofi que merecen ser recordadas.

Pero la más importante quizá sea la de cómo le dijo a un periodista que la guerra de Iraq era contraria a la Carta de la ONU, y poco después le envió una carta al presidente Bush pidiéndole que Estados Unidos no atacara Faluya.

Eso fue antes de las elecciones de 2004 en Estados Unidos, y Bush quedó lívido. Poco después, Washington dijo haber descubierto un enorme “escándalo financiero” en la ONU. Estados Unidos amenazó a Kofi y casi lo hacen renunciar, recordó Paul.

Fue convocado a una reunión privada en un apartamento de Nueva York y lo obligaron a cambiar a algunas de sus más altas autoridades en el otoño boreal de ese año, un episodio cubierto entonces por The New York Times.

También fue el primer secretario general en promover relaciones entre la ONU y compañías multilaterales (Pacto Mundial) y respaldó el agresivo programa británico-estadounidense de “intervención humanitaria”, apuntó Paul, autor del libro “Of Foxes & Chickens: Oligarchy and Global Power in the UN Security Council” (De zorros y gallinas: oligarquía y poder global en el Consejo de Seguridad de la ONU).

Cuando Annan terminó sus 10 años de mandato como secretario general, dejó un legado político mixto: sus reconocidos logros en promover la paz, el desarrollo, el empoderamiento de género y los derechos humanos, y sus fracasos, reconocidos por él mismo, en contener la creciente burocracia de la ONU, acusada de mala gestión.

Annan fue el séptimo secretario general, de enero de 1997 a diciembre de 2006, y compartió el Premio Nobel de la Paz con la ONU en 2001.

En su discurso de despedida, a mediados de diciembre, Annan se refirió específicamente al multimillonario programa petróleo por alimentos: “explotado para socavar a la organización”.

“Pero cuando los historiadores analicen los registros, sacarán la conclusión de que sí, hubo mala gestión; y podrán haber varios funcionarios de la ONU involucrados” en comportamientos faltos de ética, reconoció Annan.

“Pero el escándalo, si hubo uno, fue en las capitales, y con las 2.200 compañías que hicieron acuerdos con (el presidente iraquí) Saddam (Hussein) a nuestras espaldas”, añadió.

Las capitales a las que se refiere fueron las de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, y en especial las de los cinco permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia), bajo cuyos ojos ocurrieron varios de los sobornos.

Traducción: Verónica Firme

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Gran aumento de población en Ghana puede derivar en emergencia

seg, 20/08/2018 - 13:13

Paul Ayormahy sus colegas agricultores en su maizal en Donkorkrom, en el distrito de Kwahu Afram Plains, en Ghana Oriental. Crédito: Jamila Akweley Okertchiri/IPS

Por Jamila Akweley Okertchiri
ACCRA y DONKORKROM, Aug 20 2018 (IPS)

Este año, Paul Ayormah y otros agricultores que viven en Donkorkrom, en el distrito de Kwahu Afram Plains, en la región Oriental de Ghana, recurrieron a medios alternativos de cultivos, además de ayudarse a preparar la tierra y desmalezarla, turnándose de terreno en terreno.

También comenzaron a usar estiércol de ganado como fertilizante “para abaratar los costos de preparar la tierra y plantar maíz”, explicó Ayormah, padre de cinco hijos, en diálogo con IPS.

Ayormah heredó su terreno de poco menos de una hectárea de su padre fallecido, y como proveedor de su familia, depende de su producción como fuente de ingresos.

En una buena cosecha puede obtener hasta 40 sacos de maíz, que vende en Koforidua, capital de Ghana Oriental, por unos 27 dólares el saco.

“El dinero que hago lo uso para ocuparme de mi familia. Dos de mis hijos están en (educación) terciaria, tres en secundaria y otro en primaria. Rara vez hay dinero en casa”, explicó.

Ayormah cree que esta será una buena temporada, pero no puede asegurar que vaya a ser una cosecha excelente.

Seguridad alimentaria

La economía de Ghana depende en gran medida de la agricultura, en especial del cacao, pero el gobierno ha tomado medidas para que mejoren otros cultivos básicos como el arroz, el maíz y la soja.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que 52 por ciento de la población económicamente activa trabaja en la agricultura, responsable de 54 por ciento del producto interno bruto.

Pero la gran mayoría del sector está compuesto por pequeños agricultores, y alrededor de 60 por ciento tienen menos de 1,2 hectáreas y básicamente dependen de la lluvia.

En abril, el presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo lanzó una política agrícola emblemática “Plantar para Alimentos y Trabajo”, un plan de cinco años que busca elevar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria en el país.

Y a largo plazo, la iniciativa busca reducir el costo de la importación al mínimo.

El programa también ofrece a los agricultores con entre 0,8 y 1,2 hectáreas, un subsidio de 50 por ciento en fertilizantes y otros insumos, como semillas mejoradas.

Los que participen del programa también tienen facilidades de pago, abonan 50 por ciento de los fertilizantes en dos cuotas de 25 por ciento y luego de la cosecha. Cada cuota ronda los 12 dólares.

Ayormah fue beneficiario del programa en 2017 y espera que el uso de fertilizantes químicos aumente su cosecha e ingresos. Pero la demora de las lluvias y la infestación de gusanos cogolleros echó a perder la mitad de su cosecha.

El programa resultó beneficioso, pero ahora no puede pagar los 12 dólares que le debe al gobierno.

Este año será difícil, con el poco dinero que haga, espera saldar su deuda para poder beneficiarse de fertilizantes el año que viene y tener una excelente cosecha.

Un informe de evaluación del programa realizado por el Ministerio de Alimentación y Agricultura señala el impacto negativo de la demora de las lluvias y de la infestación del gusano.

Las intervenciones del gobierno, como la de rociar con pesticidas las haciendas permitió controlar la infestación, pero el impacto se sintió en 20.000 hectáreas.

Pero la situación de los agricultores en otras partes del país, en particular en la Región Septentrional, plantea un riesgo para la seguridad alimentaria, puntualizó el ministro Owusu Afriyie Akoto.

Agenda 2030

Hiroyuki Nagahama, vicepresidente de la Federación de Parlamentarios para la Población de Japón (JPFP) señaló que si no se controla el crecimiento actual de más de dos por ciento, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima que África podría ser responsable de 90 por ciento del aumento de la población mundial entre 2020 y 2100.

Además, el crecimiento poblacional no condice con la producción de alimentos en el continente, lo que supone una amenaza a la seguridad alimentaria, acotó Nagahama, de visita por tres días en Ghana este mes para conocer oportunidades y desafíos.

“Según cálculos de la FAO, se puede lograr la seguridad alimentaria reduciendo las pérdidas en la alimentación e involucrándose de forma adecuada en la producción y en la gestión de haciendas”, indicó.

“Pero los principios económicos nos obligan a plantear preguntas difíciles sobre cómo la población de África accederá a suministro alimentarios”, añadió Nagahama.

En ese sentido, este año se lanzó un nuevo proyecto de la Asociación de Desarrollo y Población de Asia y de la JPFP, que procura mejorar la conciencia nacional y global sobre el papel de los parlamentarios como pivote para lograr la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030.

El proyecto también apoya a los parlamentarios cuando implementan políticas necesarias, promueven cambios legislativos y movilizan recursos para cuestiones vinculadas a la población.

Es una plataforma para analizar las formas en que tanto países en desarrollo como industrializados, en igualdad, ofician de fuerza motriz para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y crean un mundo donde nadie quede atrás.

Rashid Pelpou, presidente del grupo parlamentario sobre población y desarrollo de Ghana, dijo a IPS que se estima que 1,2 millones de personas, de los 29,46 millones de habitantes de este país, viven con inseguridad alimentaria.

Y otros dos millones de personas están en riesgo de vivir en inseguridad alimentaria. Frente a un impacto natural o causado por actividades humanas, su patrón de consumo puede sufrir enormemente.

En tanto que representantes del pueblo, señaló que la prioridad de los parlamentarios es asegurarse de que las leyes y los presupuestos se traduzcan en que los electores tengan acceso económico y físico a suficientes alimentos nutritivos y seguros, indicó.

Salud Reproductiva

En Ghana, el Consejo Nacional de Población (NPC, en inglés), señaló en agosto que el aumento de población de 2,5 por ciento está bien por encima del promedio mundial de 1,5 por ciento, lo que se considera una tendencia perturbadora.

La gestión de la población es una emergencia que requiere acción urgente, señaló Leticia Appiah, directora del NPC. El “aumento de población es de 700.000 a 800.000 personas, lo que es alarmante”, apuntó.

Cuando la gente da a luz más hijos de los que puede mantener, no solo sufre la familia por no poder cuidarlos, sino el Estado por los servicios sociales que prové, observó Appiah.

“Nuestra economía ya no se desarrolla al grado que querríamos, y tenemos a un gran número de personas que dependen de un número pequeño de personas para sobrevivir”, indicó.

Muy pocos ingresos y alimentos deben compartirse entre muchas personas, lo que retrasa el crecimiento de nuestra economía y de nuestro desarrollo”, explicó Appiah.

Datos del Banco de Desarrollo Africano muestran que “el crecimiento económico cayó de 14 por ciento en 2011, a principios de la producción de petróleo, a 3,5 por ciento en 2016, el más bajo en dos décadas”, apuntó.

En abril, el Servicio de Estadística de Ghana, anunció el crecimiento de 8,5 por ciento del producto interno bruto.

“Tenemos que concentramos en la salud reproductiva porque de lo contrario perderemos la inversión que hicimos en inmunización y nos crearemos más problemas”, remarcó Appiah.

Por su parte, Nagahama señaló al respecto: “Es un derecho individual elegir cuántos niños quieren tener y en qué intervalo”.

“En realidad, hay muchos niños que nacen de embarazos y nacimientos no deseados”, apuntó

“Para eliminar esa difícil situación, es importante que los parlamentarios legislemos y destinemos fondos e implementemos programas de acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, y que sean culturalmente aceptables”, puntualizó

Niyi Ojoalape, representante del UNFPA en Ghana, dijo a IPS que mediante una fuerte coordinación se puede aprovechar el dividendo demográfico, el crecimiento de una economía que deriva del efecto de un cambio en la estructura etárea de la población de un país.

Ghana tiene actualmente una política nacional de población con estrategias para gestionar a los habitantes del país y lograr beneficios a largo plazo, sin embargo, su implementación no ha contado con mucha voluntad política.

Ojoalape observó que sin una implementación sostenible a largo plazo, Ghana no podrá obtener beneficios.

Traducción: Verónica Firme

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