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Atualizado: 2 horas 14 minutos atrás

Mariposas y lagartos tropicales buscan sombra en la Amazonía

qua, 10/10/2018 - 13:16

Un nuevo estudio del Centro Biológico CEIBA investiga el impacto del cambio climático en ectotermos tropicales, como mariposas y lagartos, cuya temperatura corporal se determina en función del ambiente. Crédito: Desmond Brown/IPS.

Por Jewel Fraser
PUERTO DE ESPAÑA, Oct 10 2018 (IPS)

Una investigación realizada en Guyana concluyó que algunos tipos de mariposas y lagartos de la Amazonía buscan refugiarse del calor a medida que aumenta la temperatura en la selva.

Bajo la conducción de su director, Godfrey Bourne, el Centro Biológico CEIBA, en Madewini, Guayana investiga el impacto del recalentamiento global sobre ectotermos tropicales, como las mariposas y los lagartos, cuya temperatura corporal está determinada por el ambiente.

La investigación realizada por los estudiantes Chineze Obi y Noreen Heyari, supervisados por Bourne, concluyó que “cambios en la posición de las alas (de las mariposas Heliconius melpomene) se asocian con la regulación de la absorción de la energía solar”.

Por consiguiente, la temperatura torácica se regula efectivamente para mantener la temperatura corporal entre 28 y 34 grados. Las mariposas Heliconius melpomene estaban totalmente activas en ese rango de grados centígrados.

Pero cuando hace demasiado calor para realizar maniobras con las alas, las mariposas se retiran y descansan, concluyeron los investigadores.

También observaron que la mariposa mantiene “temperaturas relativamente estables durante las fluctuantes” temperaturas exteriores.

Las conclusiones del estudio sugieren que algunos ectotermos de la Amazonía podrían estar ajustando su comportamiento para hacer frente al calor, pero a expensas de actividades normales y necesarias para su supervivencia y la reproducción.

“Debido a que la mariposa Heliconius melpomene y el lagarto de collar mantuvieron temperaturas más bajas que el ambiente durante la mayor parte (de la investigación), (eso indicaría que) podrían estar buscando mantenerse frescas, en vez de pasar el tiempo buscando alimentos, tratando de aparearse y defendiendo territorios”, explicó Bourne a IPS.

“Las conclusiones sugieren que el aumento de la temperatura global podría tener consecuencias negativas en (los animales)”, resumió.

En ese sentido, un artículo publicado en la revista “Comportamiento Animal”, explica: “Los comportamientos para regular la temperatura son muy importantes para que los ectotermos puedan soportar el impacto de las temperaturas extremas”.

“Esos comportamientos no solo traen beneficios, sino costos a nivel del organismo como la menor disponibilidad de alimentos y eficiencia en la búsqueda de alimentos, lo que genera costos energéticos y consecuencias para el metabolismo”, explica.

Bourne señaló que eligió estudiar a las mariposas y a los lagartos nativos de la Amazonía porque aun un aumento moderado de la temperatura puede tener un gran impacto en la función metabólica y en las actividades diarias de esas criaturas.

“Los ectotermos terrestres tropicales, como las mariposas y los lagartos, tienen una menor tolerancia térmica que las especies de latitudes más altas; en la actualidad viven cerca de su límite máximo de temperatura”, precisó.

El aumento de la temperatura en la Amazonía, que Guyana comparte con sus vecinos, fue de 0,25 grados centígrados por década en el siglo XX, con un incremento previsto de 3,3 grados este siglo si las emisiones de gases contaminantes son moderadas, apuntó.

En la fotografía una pequeña mariposa Heliconius sara azul. La investigación concluyó que algunos ectotermos podrían estar adaptando su comportamiento para hacer frente al calor, pero a expensas de las actividades normales necesarias para su supervivencia y su reproducción. Crédito: Cortesía: Godfrey Bourne.

“Mariposas (invertebrados) y lagartos (vertebrados) generan la temperatura corporal principalmente a partir de la temperatura del ambiente; (a diferencia de) los endotermos, un enfoque fisiológico de la vida de alto costo en el que la temperatura corporal se genera a partir de la ingesta alimentaria”, detalló.

“Las mariposas y los lagartos son taxones bien estudiados, visibles y manipulables que ofrecen evidencia fuerte de las consecuencias ecológicas del cambio climático”, explicó por correo electrónico.

La investigación se basó en otros estudios publicados.

Un artículo de la revista Global Ecology and Conservation, señala: “la disminución de la adecuación local del clima (magnitud) puede poner en riesgo a las especies que viven cerca de su límite de tolerancia climática, y la elevada velocidad del cambio climático puede afectar la capacidad de las especies para localizar condiciones climáticas adecuadas, en particular las que tienen una reducida distribución”, precisó.

Además, la proporción de sexos incide en las probabilidades de supervivencia de las especies.

“Si vemos dimorfismo sexual en los comportamientos, en que un sexo es más activo que el otro con elevadas temperaturas de día, es posible que veamos cambios en el dimorfismo sexual, favoreciendo al sexo que es más activo con temperaturas más elevadas”, explicó a IPS.

“En ese contexto, el desequilibrio en el dimorfismo sexual terminará por contribuir a la disminución de las poblaciones”, añadió.

Un estudio de unos científicos australianos, realizado en 2016 y publicado en la revista Ecological Modelling, concluyó que cuando el dimorfismo sexual se inclina hacia las hembras en climas más cálidos, hace que el tamaño de la población de reptiles aumente de forma significativa, pero cuando se inclina hacia los machos, “el tamaño de las poblaciones disminuye de forma drástica”.

El impacto acumulado podría “ser una menor tasa de reproducción y un menor crecimiento poblacional para las especies de lagartos y de mariposas que evitan el sol, pero mayor para sus parientes que prefieren el sol”, apuntó Bourne.

“Pero en 20 años, sospecho que todas las especies se extinguirán a escala local”, añadió.

Asimismo, los seres humanos también sentirán las consecuencias de la pérdida de esas criaturas en la lucha contra el cambio climático. Hay estimaciones que indican que una tercera parte de los alimentos consumidos por las personas resultan de la polinización.

“A la larga, los servicios de polinización se minimizarán, lo que llevará a una reducida producción de frutas y semillas, y finalmente al reducido reclutamiento de nuevas plantas para los bosques”, añadió.

Como los lagartos también desempeñan un papel en el reclutamiento de plantas, su desaparición tendrá un impacto negativo en la cadena alimentaria.

Los lagartos tropicales estudiados por Bourne comen pequeñas frutas caídas y cuando lo hacen “se desplazan varios metros de los árboles madre, donde descartan las semillas”, explicó.

Así “las semillas tienen una mayor probabilidad de escapar de insectos, aves y mamíferos predadores y tienen probabilidades de germinar”, explicó.

“Esas tienen mayores probabilidades de reclutamiento y de volver a asentarse en la matriz forestal”, añadió Bourne. Es decir que menos lagartos implicará menos alimentos procedentes de las plantas.

Traducción: Verónica Firme

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En busca de mercados más justos para las mujeres rurales latinoamericanas

ter, 09/10/2018 - 16:43

Las mujeres de Chocal y Choco Lala están organizadas en cooperativas donde ellas mismas procesan la materia prima, ya que la mayoría son propietarias de pequeños cacaotales. Crédito: Samantha Ramírez Romero

Por Corresponsal Fao
SANTO DOMINGO, Oct 9 2018 (IPS)

En República Dominicana, la falta de oportunidades, la poca información y la falta de conocimientos técnicos condenan a muchas mujeres rurales a permanecer en sus viviendas, sin poder ejercer su autonomía y haciéndose cargo de trabajo no remunerado.

Pero en Altamira, un municipio de la provincia de Puerto Plata, existen dos grupos de mujeres trabajadoras que lograron romper con esta situación y actualmente sobresalen por su entusiasmo emprendedor y el amor a su trabajo.

Chocal, Chocolate de la cuenca de Altamira, y Choco Lala, Mucho chocolate y poca espuma, son dos fábricas de chocolate artesanal donde laboran exclusivamente mujeres. Estas empresas, lideradas por mujeres apasionadas, forman parte de organizaciones como la Red de Mujeres Rurales para la Autogestión  y el Centro de Madres Ana Idalia Navarro.

Estas mujeres chocolateras, en conjunto con sus respectivas directivas, han sabido impulsar sus proyectos a base de esfuerzo, determinación y la colaboración de diversas instituciones nacionales e internacionales como la Fundación de Desarrollo y Salud (Fundelosa), Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Ambas fábricas tienen objetivos en común: Brindar inclusión a las mujeres de Altamira para mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad.

Para ello, aprovechan los frutos orgánicos de temporada que esta fértil zona provee, muy especialmente el cacao orgánico, protagonista de los diversos productos que comercializan: barras de chocolate, bombones, chocolate en polvo y licor de cacao.

Estos productos, fabricados de manera artesanal, son colocados en su comunidad y también vendidos a turistas extranjeros que visitan sus instalaciones para conocer el proceso de producción de chocolate artesanal. De igual modo, se venden en diversas provincias del país y cadenas de supermercados.

“Antes me trasladaba a casas de familia a trabajar, pero ahora no lo hago porque tengo trabajo seguro en nuestra empresa’’ cuenta Nelfy García, Gerenta de Choco Lala.

En esta empresa al igual que en Chocal, las mujeres logran más oportunidades laborales y de autorrealización, de forma que ya no tienen que desplazarse largas distancias hacia zonas francas, casas de familia y hoteles.

Por su parte, Nohemi Crisóstomo, vicepresidenta y subgerenta de Chocal, afirma: ‘‘Este proyecto para mí es un sueño, es una universidad y es mi primer trabajo, pero, queremos seguir haciendo ese el sueño más grande y en un futuro vernos exportando nuestros productos hacia el extranjero’’.

La de estas mujeres de Altamira es un ejemplo de éxito de otras muchas iniciativas de comercialización que realizan las productoras rurales latinoamericanas, para consolidar sus proyectos productivos.

Diversificar canales de comercialización

Una de las experiencias de acceso a mercados más exitosas en la región es la conexión de la agricultura familiar con las compras públicas de alimentos.

Mediante estas compras los gobiernos generalmente abastecen comedores escolares, centros de atención a las poblaciones vulnerables, hospitales, centros penitenciarios y otras instituciones públicas.

Florencia Calle, productora de quesos de cabra en la comuna de Camarones, Región de Arica y Parinacota, Chile. Crédito: INDAP

Esta conexión ha permitido, además de incrementar los ingresos de las familias rurales, mejorar la calidad de la alimentación de la población, mediante la oferta de productos diversificados y frescos, rescatando las tradiciones culinarias ancestrales.

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Uruguay son algunos países que han adoptado marcos regulatorios que promueven la compra de la producción de micro, pequeñas y medianas empresas, o definen cuotas de abastecimiento de alimentos provenientes de la producción familiar.

En Brasil, el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) incluye una acción positiva hacia los grupos de mujeres, o grupos mixtos con al menos un 70% de mujeres.

En 2013, cuando la resolución entró en vigencia, los grupos de mujeres o con mayoría de mujeres pasaron a poseer el 47% del total de contratos efectuados, frente al 29% en el año anterior.

Según información de ONU Mujeres, el ingreso medio de estos grupos ha aumentado en un 27% en el mismo periodo.

Las modalidades de compra del PAA, que permiten menores cantidades y mayor diversidad de productos, han facilitado la integración de las mujeres y de sus grupos, muchas veces pequeños e informales, lo que contribuye al desarrollo de capacidades para la venta a mercados mayores.

América Latina y el Caribe tiene la oportunidad, no sólo de aprovechar el potencial de compra del Estado, sino también de promover la diversificación de los mercados para las cooperativas y emprendimientos rurales liderados por mujeres.

Para lograrlo, es urgente que las políticas logren:

  1. Construir un entorno favorable para la organización y establecimiento de iniciativas empresariales femeninas.
  2. Fortalecer las redes y la promoción de las iniciativas empresariales femeninas.
  3. Mejorar las competencias empresariales de las mujeres rurales y desarrollar servicios financieros y de negocios que respondan a sus necesidades.
  4. Fomentar la integración progresiva de los negocios de mujeres rurales en la economía formal.
  5. Brindar mayor certeza y protección a las mujeres productoras en su relación con intermediarios comerciales.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en el marco de la campaña regional #MujeresRurales, mujeres con derechos. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

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Escasez y mala gestión del agua ponen en riesgo a Egipto

ter, 09/10/2018 - 13:18

Casas flotantes en la margen del río Nilo, en El Cairo. Unos 85 millones de egipcios dependen del río para extraer agua. Según la ONU, este país está por debajo del umbral de pobreza hídrica. Crédito: Cam McGrath/IPS.

Por Maged Srour
ROMA, Oct 9 2018 (IPS)

La población de El Cairo está cada vez más preocupada y descontenta con la escasez de agua, que alcanza un punto crítico, no solo en la capital de Egipto, sino en todo el país.

Muchas personas se quejan de que pasan gran parte del día sin agua en El Cairo. Algunas barrios de la capital o regiones del país sufren un mayor impacto que otras.

“Donde vive mi abuela, en el centro, cerca de un hospital, casi nunca falta, pero donde vivo con mi familia, en la periferia, el agua falta varias veces a la semana, sino durante el día”, comentó un residente de la capital egipcia.

Egipto sufre un déficit anual de agua de unos 7.000 millones de metros cúbicos, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y podría quedarse sin el líquido vital para 2025, cuando se estima que unas 1.800 millones de personas en el mundo sufrirán una escasez absoluta.

El informe sobre Desarrollo Mundial del Agua de la ONU alerta que ese país está por debajo del umbral de pobreza de agua, la escasez es de 1.000 metros cúbicos y avanza hacia una escasez absoluta, de 500 metros cúbicos de agua.

“El agua se va todo el tiempo, no sabemos cómo manejar el asunto. El otro día abrí el grifo y apestaba a alcantarilla”, indicó.

Como subraya el Diario Egipcio sobre Investigaciones de Agua, son muchos los problemas que afectan el flujo del río Nilo, desde irrigación ineficiente hasta contaminación.

Además, el vertido descontrolado de desperdicios generados por las actividades humanas de diferentes vertederos colocados en las márgenes del río aumentaron de forma significativa la contaminación, que llegó a un nivel crítico, alerta la investigación.

La contaminación del Nilo, considerado el más largo del mundo, es un problema subestimado desde hace varias décadas.

“La mayoría de las empresas de Egipto no han hecho casi esfuerzos para cumplir las leyes ambientales que protegen el Nilo, a pesar de que el río cubre 65 por ciento de las necesidades de agua de la industria y recibe más de 57 por ciento de sus aguas residuales”, señala el estudio.

Mucha gente depende del Nilo para tener agua para beber, para la agricultura y uso municipal, pero la calidad suele ser un motivo de preocupación.

La realidad es que el Nilo se contamina por aguas residuales municipales e industriales, con muchos incidentes registrados de filtraciones y de vertido de químicos.

Aunque Helmy Abouleish, presidente de SEKEM, una organización que invierte en agricultura biodinámica, nota una mayor conciencia en el país en lo que respecta a los desafíos que plantea el agua.

“Veo que la conciencia sobre las dificultades que plantea la inseguridad hídrica se propaga más a la sociedad que antes”, observó en diálogo con IPS.

“Todos tenemos que ser bastante conscientes de que lo que sea que hagamos hoy, nuestros hijos lo pagarán en el futuro. Ninguno de los recursos actuales estará disponible para siempre”, añadió.

SEKEM convirtió 70 hectáreas de desierto en oasis verdes cultivados en el noreste de El Cairo.

Ese país necesita innovaciones futuristas, considerando que la disponibilidad de agua empeora.

“En Egipto, las lluvias se concentran a la franja costera que bordea el mar Mediterráneo y ocurren principalmente en el invierno”, explicó Tommaso Abrate, científico del Departamento de Clima y Agua de la Organización Meteorológica Mundial, consultado por IPS.

“El volumen de lluvias es bajo (entre 80 y 280 milímetros al año), escasas y variables en el tiempo y el espacio, por lo que no puede considerarse una fuente confiable de agua”, explicó.

“Los modelos climáticos indican que Egipto, en especial la región costera, sufrirá de forma significativa el cambio climático y, por consiguiente, sequía hacia fines de siglo, mientras que las lluvias registrarán una pequeña disminución en la media anual”, señaló Abrate.

Otros factores como la captación (la extracción de agua de la fuente) y la contaminación tienen grandes consecuencias en la calidad del agua, alertó.

Otro motivo de preocupación es que el país utiliza 85 por ciento de sus recursos hídricos para actividades agrícolas, con 90 por ciento destinados a prácticas agrícolas convencionales.

Pero los desperdicios agrícolas, que contienen residuos de pesticidas y fertilizantes químicos, terminan en el río Nilo.

Es un círculo vicioso que empeora la calidad y la sostenibilidad de las granjas y las haciendas egipcias.

Pero este año, el gobierno y sus socios anunciaron la asignación de 4.000 millones de dólares para atender la escasez hídrica.

“Se realizan grandes esfuerzos en la desalinización del agua del mar Rojo y del Mediterráneo (por ejemplo el proyecto a gran escala Ain Shojna, que purificará 164.000 litros cúbicos al día)”, apuntó Abuleish.

“Se creará una unidad regional para seguir el movimiento del agua utilizando las últimas técnicas de detección para combatir el problema”, añadió.

SEKEM trabaja para desarrollar “un sistema de gestión de agua sostenible y autosostenible”.

“Promovemos varios proyectos de investigación desarrollados por los estudiantes y el equipo de investigación de la Universidad de Heliopolis”, indicó.

“Por ejemplo, nuestro centro de interés actual es investigar sobre los modelos de desalinización, los sistemas de recuperación de agua a partir del aire, así como los sistemas para reciclar aguas residuales”, añadió Abouleish.

La ONU coincide en que en los próximos años, Egipto sufrirá una crisis hídrica de considerables proporciones, lo que requerirá una gestión más efectiva de los recursos escasos disponibles. Eso debería incluir la modernización de los sistemas de irrigación para evitar el desperdicio actual.

Si los responsables no atienden la escasez de agua, existe el riesgo de que en las próximas décadas, un país de casi 80 millones de habitantes se quede sin agua.

Podría derivar en una crisis humanitaria que probablemente desestabilice toda la región del Mediterráneo con consecuencias no predecibles.

Traducción: Verónica Firme

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Brasil al borde del extremismo militar-evangélico-agropecuario

seg, 08/10/2018 - 16:42

Jair Bolsonaro, el exmilitar de extrema derecha que ganó con contundencia la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, entre fotógrafos y adeptos entusiastas cuando se dirigía a votar el domingo 7, en Río de Janeiro. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil-Fotos Públicas

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Oct 8 2018 (IPS)

Un terremoto electoral casi puso al ultraderechista Jair Bolsonaro, excapitán del Ejército y diputado desde 1991, en la presidencia de Brasil, encabezando una alianza entre militares, iglesias evangélicas y el negocio agropecuario.

La fórmula militar, en que Bolsonaro tiene al general retirado Hamilton Mourão como candidato a vicepresidente, obtuvo 46,03 por ciento de los votos válidos en la primera vuelta de las elecciones del domingo 7 de octubre. Con cuatro puntos más, no habría habido segunda vuelta el 28 de octubre.

Las estadísticas apuntan que con ese nivel de votación es seguro el triunfo final. Pero estas son unas elecciones singulares, con factores volátiles y dos protagonistas vulnerables, en que el rechazo puede ser más decisivo que el apoyo. Y el exmilitar presenta los mayores índices de rechazo en los sondeos por su propensión autoritaria.

El adversario, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), alcanzó 29,28 por ciento de los votos y contará al menos con el apoyo explícito del Partido Democrático Trabalhista (PDT), cuyo candidato, Ciro Gomes, obtuvo 12,47 por ciento.

Será una disputa entre el miedo a la amenaza a la democracia que representa la extrema derecha bolsonarista y el temor al retorno del gobierno petista, identificado como matriz de la corrupción sistémica y la recesión económica vivida por Brasil en 2015 y 2016.

Bolsonaro, de 63 años, con su discurso de violencia como eje de todas las soluciones, logró una convergencia improbable entre el combate a la corrupción en la política, la criminalidad, el supuesto deterioro moral y la crisis económica, pecados de la izquierda encabezada por  el PT, según su discurso.

Afirmarse como la principal fuerza anti PT fue posiblemente el arma decisiva. Otros candidatos presidenciales lo intentaron, pero sin la virulencia suficiente para impedir el monopolio de esa trinchera conquistada en las últimas semanas por el excapitán.

Geraldo Alckmin, aspirante del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), principal rival del PT desde 1994, se vio limitado a 4,76 por ciento de los votos válidos, un melancólico fin para quien era apuntado como uno de los favoritos hace pocos meses, como exgobernador de São Paulo, el estado más rico y poblado de Brasil.

Sublevarse contra todo el sistema político, corrupto y no representativo de los anhelos populares, convirtió a Bolsonaro en el reclamado renovador de la política, pese a estar en el denostado Congreso legislativo desde 1991 y ser aliado de fracciones con líderes en la cárcel por corruptos.

Su propuesta de “matar delincuentes” para combatir el auge de la criminalidad también le granjeó gran popularidad a Bolsonaro.

El hecho de seguir pensando y actuando como militar de formación hizo más creíble su discurso, un bálsamo ante el sentimiento de inseguridad pública que se ha diseminado en la población de este país de 208 millones de personas.

El impulso de evangélicos y ruralistas

Por otra parte, la oleada de votos que se volcaron hacía el ganador los últimos días dejó claro el fuerte respaldo que recibió de amplios sectores de las iglesias evangélicas, que hace mucho eligieron la política como un camino de su expansión local, financiando y postulando candidatos en este país.

Fernando Haddad, candidato presidencial del izquierdista Partido de los Trabajadores, y rival de Jair Bolsonaro en la decisiva vuelta electoral del 28 de octubre, la noche del domingo 7. Su perfil moderado son la herramienta con la que intentará aglutinar al electorado al que le asusta que llegue al poder la extrema derecha en Brasil. Crédito: Ricardo Stuckert/Noticias Públicas

Los religiosos engrosaron decididamente las filas anti PT y sus prédicas en los templos responden por el sorpresivo brote de votos a candidatos derechistas a los que destacaron su apoyo en vísperas de la primera vuelta.

Bolsonaro se bautizó en la evangélica Asamblea de Dios hace dos años y su segunda mujer es seguidora de la iglesia Batista Actitud. Hace muchos años cultiva el respaldo de las corrientes religiosas más derechistas, que en 2016 llevaron ya a la alcaldía de Río de Janeiro a Marcelo Crivella.

La estrecha alianza se basa en la defensa de costumbres y valores morales que consideran amenazados por la izquierda. Feminismo, despenalización del aborto, matrimonio homosexual, educación sexual en las escuelas, “ideología de género” y liberación de la marihuana son algunos de los “demonios” del “comunismo” izquierdista que predican.

Esas pautas regresivas, persistentes en sectores pobres y de clase media, ganaron una voz e la posibilidad de volver al poder, rescatando y abonando un camino hacia la extrema derecha, del que el país parecía vacunado desde el fin de la dictadura militar (1964-1985).

Otro sector determinante en el “bolsonarismo” es el de los “ruralistas”,  que representa al factor de poder más derechista de Brasil, el del llamado agronegocio, y aglutina a 214 diputados.  Ese apoyo quedó refrendado por la amplia mayoria que obtuvo Bolsonaro en el oeste agrícola de Brasil.

Entre ellos destaca, los ganaderos,  el sector más agresivo y fundador del “ruralismo” político.

Una carrera en partidos de alquiler

El ascenso repentino de la derecha radical  se reflejó el domingo no solo en el triunfo de Bolsonaro, sino también en otros resultados de esas elecciones.

El Partido Social Liberal (PSL) es el octavo al que el exmilitar ha adherido en su carrera política, lo que hizo en enero para postularse a la presidencia. Se trata de uno de los pequeños “partidos de alquiler” del voto en que se ha fragmentado la representación parlamentaria en Brasil.

Fundado en 1994 tiene solo ocho diputados en una Cámara de 513 representantes y ningún senador. Eligió ahora 52 diputados y cuatro senadores. Eduardo Bolsonaro, hijo del excapitán, conquistó la mayor votación histórica de un diputado nacional, 1,84 millones de sufragios, 8,7 por ciento del total de votos en el estado de São Paulo.

Adherir a Bolsonaro alzó varios candidatos a gobernadores de estado al favoritismo.

Es el caso de Wilson Witzel, un debutante en la política tras 17 años como juez y también exmilitar, que va a la segunda vuelta como candidato a gobernador del estado de Río de Janeiro, con 41 por ciento de los votos en la primera ronda, el doble del segundo más votado.

En la víspera las encuestas lo apuntaban en tercer lugar, por tanto excluido de los comicios decisivos, con escasos 12 a 17 por ciento de la intención de voto.

Sus talones de Aquiles

La gran ventaja del excapitán parece insuperable. Pero Brasil ha mostrado en este convulso y polarizado momento que los tsunamis tienen su reflujo en pocos días o semanas.

Las debilidades del candidato militar son visibles incluso en el confuso discurso con que celebró su votación en la primera vuelta.

Habló de “poner fin a todos los activismos”, sin aclarar a que se refiere, “desgravar el pago de salarios”, una medida que se considera una de las causas del desequilibrio fiscal que provocó la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016), en agosto de 2016.

Diputado desde 1991 y reelegido seis veces, la última con la mayor votación en Río de Janeiro, 464.000 votos en 2014, hasta el lanzamiento de su candidatura, Bolsonaro fue un parlamentario que solo destacó por sus brutales declaraciones, como decir que no violaría a otra diputada “porque no lo merece”.

Solo dos de los 170 proyectos legislativos que presentó en 28 años resultaron aprobadas, una de reducción de impuestos sobre bienes de informática y otra de liberación del uso de una “píldora del cáncer” que no tiene eficacia comprobada ni debería ser tema de leyes, sino de evaluación científica y médica.

El mismo candidato reconoce sus vulnerabilidades.

Se negó a participar en debates con los demás candidatos difundidos por televisión y la agresión con un cuchillo que sufrió el 6 de septiembre, que exigió su atención en cuidados intensivos en un hospital, del que salió solo para votar, terminó por favorecerle al protegerle de confrontaciones que lo hubieran expuesto.

Una larga exposición pública, que sucede en las tres semanas de campaña para la segunda vuelta, en que cada candidato dispone de 10 minutos en la red nacional de televisión abierta, puede ser fatal para las inconsistencias de uno u otro.

Haddad tiene también sus talones de Aquiles, la mancha de corrupción en el PT, señalada por la prisión desde abril del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y los errores económicos, especialmente durante el gobierno de Rousseff.

Además se acusa el PT de tendencias autoritarias, “comunistas”, por sus intentos de regular los medios de comunicación y por apoyar el régimen chavista, un tema que se dramatizó por los miles de migrantes que huyen de Venezuela buscando condiciones de vida en Brasil.

El candidato de la izquierda, profesor de política en la Universidad de São Paulo, exministro de Educación y exalcalde de São Paulo, tendrá que desplegar una habilidad hercúlea para unir un frente democrático contra Bolsonaro y mitigar el alto sentimiento antipetista entre pobres religiosos, la clase media y el mundo económico.

Su mayor arma son las políticas sociales que el gobierno de Lula (2003-2010) convirtió en masivas, beneficiando millones de pobres, especialmente en la región del Nordeste, única región en que la izquierda consolidó su fuerte mayoría el domingo.

Edición: Estrella Gutierrez

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Respuesta al cambio climático requiere nuevo tipo de desarrollo

seg, 08/10/2018 - 13:19

En agosto, Granada sufrió fuertes lluvias, que dejaron grandes inundaciones, las que, una vez más, subrayaron la necesidad de los pequeños estados insulares en desarrollo frente al cambio climático. Crédito: Desmond Brown/IPS.

Por Desmond Brown
KINGSTON, Oct 8 2018 (IPS)

El Caribe debe reclamar y trabajar para que el aumento de la temperatura global no supere los 1,5 grados centígrados, señaló la red de institutos Panos Caribe, que trabaja con comunidades pobres y marginadas para afrontar las dificultades que plantea el cambio climático.

Con vistas a la cumbre climática que se realizará en diciembre, Yves Renard, coordinador interino de Panos Caribe, dijo que la movilización, la diplomacia y los compromisos deben ser firmes y ambiciosos.

Eso necesario para garantizar que la transición hacia las energías renovables y la fuerte reducción de las emisiones contaminantes no solo se implementen sino se aceleren.

“Es una misión que no debe dejarse solo en manos de los negociadores de cambio climático. La sociedad civil, el sector privado, las autoridades y los diplomáticos del Caribe también deben alzar su voz tanto en el ámbito local como internacional”, dijo Renard a IPS.

“La respuesta global al cambio climático no debe reducirse a un concepto mecánico. Debe acompañarse de un renovado enfoque de desarrollo económico y de cambio de mentalidad, para que se incluya en el contexto más amplio de las formas de ingreso, los valores sociales y las prioridades de desarrollo de la gente”, explicó.

Artistas, líderes de la sociedad civil y otros actores del Caribe deben subrayar la necesidad de desafiar los enfoques dominantes del desarrollo y ayudar a moldear nuevas relaciones entre la gente, las empresas, las instituciones y el mundo natural, añadió el coordinador de Panos.

Mientras, el Instituto de Rrcursos Naturales del Caribe dijo que los enfoques comunitarios basados en los ecosistemas son fundamentales para construir resiliencia al cambio climático, en especial en los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID).

“Invertir en conservar, realizar un manejo sostenible y recuperar los ecosistemas genera múltiples beneficios en lo que respecta a la construcción de resiliencia ecológica, económica y social, así como beneficia a la mitigación a través del secuestro de carbono de bosques y manglares”, explica.

Renard recordó que tal como lo muestra la evidencia en el Caribe, son las personas más pobres, marginadas y más vulnerables las más afectadas por el recalentamiento del planeta.

Entre ellas se encuentran los pequeños agricultores que padecen la fuerte sequía, los hogares sin seguro, incapaces de recuperarse de huracanes devastadores, y las personas discapacitadas que no pueden hacer frente a las consecuencias de los desastres.

“El cambio climático exacerba las desigualdades, y las medidas de adaptación deben ofrecer la necesaria contención y apoyo a los sectores más pobres y vulnerables”, dijo Renard a IPS.

“Todos los marcos políticos sectoriales, nacionales e internacionales, deben reconocer los beneficios que pueden sacar de la participación y de las asociaciones, incluido el empoderamiento de comunidades, empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que les permiten desempeñar un papel directo en la identificación y la implementación de soluciones, en particular en referencia a la adaptación”, explicó.

Además, dijo que la arquitectura y las operaciones de instituciones que financian iniciativas climáticas deben mejorarse para facilitar el acceso directo a actores nacionales y regionales; y considerar la financiación de acciones de adaptación apuntando al costo total, en especial en los pequeños países, donde hay limitadas posibilidades de garantizar una financiación conjunta.

Las instituciones financieras también necesitan facilitar la participación de la sociedad civil y el sector privado en el diseño y la ejecución de proyectos, además de aumentar la representación de los PEID en la gobernanza de las instituciones financieras, indicó.

Renard señaló que dada la importancia crítica de los enfoques descentralizados y comunitarios para la adaptación y la construcción de resiliencia, las instituciones y los mecanismos financieros deben diseñar e implementar instalaciones que permitan que la asistencia técnica y los fondos estén disponibles para los actores locales como viene haciendo con gran éxito el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

Aún en algunos países pobres de la región, los actores locales asumen las iniciativas contra el cambio climático, destacó.

“En el Caribe, se necesita una coalición regional de actores de la sociedad civil para construir solidaridad y compartir experiencias de acción climática en contextos locales”, indicó Renard.

“Esas redes de la sociedad civil deben reforzar y basarse en acciones tomadas por los gobiernos regionales, y se necesita más apoyo internacional para emprender ese trabajo”, observó.

“Se necesitan más recursos y capacidades en comunicación y acciones para difundir la evidencia científica sobre el cambio climático, a fin de profundizar la comprensión sobre este y sus consecuencias y promover más acciones ambiciosas contra el cambio climático a escala global”, añadió Renard.

En el 73 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el canciller de Granada, Peter David, llamó a otras naciones del Caribe y a los PEID a oficiar de “casos de estudio” para la implementación a escala nacional de tecnologías e innovaciones vinculadas al clima.

El Caribe también presenta algunos de los casos más convincentes de inversión privada en energías renovables y sostenibles, apuntó David.

“Ser climáticamente inteligente va más allá de las políticas”, puntualizó. “Va más allá de viviendas, infraestructura y agricultura resistentes. Quiere decir que la región también puede servir como un modelo mundial en materia de energías renovables y de eficiencia energética”, precisó.

“Apuntamos no solo a ser resilientes, sino a que con el enorme potencial que tiene la región en materia de energía hidroeléctrica y geotérmica, también podría ser climáticamente inteligente”, explicó David.

Traducción: Verónica Firme

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Manos de mujeres hilan mejores prácticas algodoneras en América Latina

dom, 07/10/2018 - 12:35

Nelsy Romero, productora de algodón en el departamento de Tolima, en Colombia. Crédito: Aurelie Duray/FAO

Por Corresponsal Fao
ASUNCIÓN, Oct 7 2018 (IPS)

Cuando Liliana Escurra volvió a Yataity, Paraguay, se encontró maravillada con la artesanía de la zona. Este distrito, donde nacieron sus abuelos, es considerado como la cuna y capital del bordado Ao Po´i. En el idioma guaraní, Ao Po´i significa “tela fina” o “prenda delicada”.

Este bordado tiene una historia muy importante para su población, cuyo 60 por ciento se dedica a la producción artesanal.

Fue así como Liliana decidió formar parte de la Cooperativa Multiactiva de Producción Artesanal de Ao Po´i, donde hoy es la presidenta, para contribuir a preservar y visibilizar el valor de la producción textil artesanal.

La cooperativa trabaja con el algodón como materia prima.

Actualmente, las personas asociadas realizan su labor en los distintos eslabones de la cadena productiva, en su mayoría mujeres que traspasan sus conocimientos a las siguientes generaciones.  En los últimos años, la cooperativa ha buscado comercializar en mercados más sostenibles mediante acuerdos justos y positivos.

Tanto en la producción como en la venta de los productos artesanales, la actividad generó mayores ingresos para las mujeres integrantes de la cooperativa. “Les da la posibilidad a las mujeres del campo de salir adelante” explica Liliana.

A pesar de sus avances, Liliana insiste en la importancia de seguir capacitándose y buscar innovaciones. En el 2017, participó en una ronda de negocios de la ExpoALADI, con el objetivo de ampliar su mercado.

Dos productoras revisan las flores de algodón nativo de colores, en el distrito de Mórrope, en el departamento de Lambayeque, en Perú. Crédito: Imanol Camblor/FAO

Este año, gracias al apoyo del Proyecto +Algodón, PROMPERÚ y ADEX, Liliana representó a la cooperativa en un curso de capacitación en comercio exterior para pymes rurales, organizado por la FAO y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

La experiencia de la cooperativa y los contactos logrados las llevarán a participar de las rondas de negocios de Expo ALADI 2018.

Asimismo, mediante el Proyecto +Algodón, las socias y artesanas de la cooperativa recibieron capacitaciones sobre diseño, mercadotecnia y gestión empresarial que permitieron mejorar sus procesos, haciendo sus prácticas y productos artesanales más sostenibles, con miras a amplificar su nicho de mercado.

Liliana considera que la participación de los jóvenes es fundamental en el proceso asociativo: “Necesitamos de ellos, los desafíos son muchos, necesitamos su fuerza y dinamismo; además el cúmulo de experiencia permite a las nuevas generaciones tener mejores capacidades para dar continuidad al proceso”.

Hoy, la Cooperativa Multiactiva de Producción Artesanal de Ao Po´i es un ejemplo de desarrollo y de preservación de identidad cultural.

Al rescate del algodón nativo

En el municipio de Charagua, en Bolivia, las mujeres indígenas se dedican a diversas actividades. Producen champú, se dedican a productos derivados de cupesi o plantas de la zona para producir café, chocolates y harina. Algunas también tienen crianzas de chivos, o se dedican a la panadería. 

Liliana Escurra, presidenta de la Cooperativa Multiactiva de Producción Artesanal de Ao Po´i, en Paraguay. Crédito: Aurelie Duray/FAO

La artesanía está presente en cada comunidad. Por generaciones, las mujeres han sembrado y transformado la fibra de algodón hilando en ruecas diseños ancestrales que cuentan su historia. Esa práctica les permite preservar su cultura y a la vez generar ingresos.

Sin embargo, frente a la disminución de la producción de algodón en los últimos años, las mujeres comenzaron a comprar hilo sintético en los mercados y ferias de su zona.

Apareció como la única alternativa para seguir confeccionando las artesanías. Pero según ellas, no es lo mismo y quieren volver a lo tradicional. “El algodón nativo no se despinta, y dura más que el hilo sintético” explica Eda, técnica responsable de género del nuevo gobierno autónomo del municipio.

En Charagua, las mujeres tienen participación directa en el diseño de los Planes Organizativos Anuales (POA) y pueden tomar parte en iniciativas específicas como el Programa de Apoyo a la Mujer Guaraní.

Rosa es representante de género en la zona de Alto Isoso y apoya en el tema de artesanía con talleres de sensibilización. “Nosotras como guaraníes, no queremos perder nuestra cultura, la costumbre de nuestros antepasados” confía ella. “La artesanía para nosotras es el punto estratégico para nuestra economía, y para la alimentación de la familia.”

Desde inicios de este año, en Charagua se llevan a cabo acciones para recuperar las semillas nativas de algodón en las comunidades, a fin de poner en valor su importancia fitogenética y cultural, para que las manos de estas mujeres sigan tejiendo el hilo que resguarda su memoria.

Mujeres algodoneras promueven mejores prácticas productivas

En América Latina y el Caribe, el cultivo de algodón se remonta a hace más de 5.000 años y representa un legado cultural y económico muy importante: el 80 por ciento de las unidades productivas algodoneras son de la agricultura familiar.

Eda Parada, técnica responsable de género en el municipio de Charagua, en Bolivia, sumándose a la campaña de Mujeres Indígenas, Mujeres visibles. Crédito: Aurelie Duray/FAO

Las mujeres rurales dedicadas al algodón participan en todos los eslabones de la cadena de valor, principalmente en la preparación del terreno, la siembra, el monitoreo de la cosecha, la destrucción del rastrojo, así como en la elaboración y comercialización de textiles y artesanías.

Las mujeres productoras de algodón también desempeñan una función clave en la seguridad alimentaria de sus familias, debido a sus conocimientos sobre la producción vegetal, la biodiversidad, el cuidado de las semillas, así como el manejo de los suelos y otros recursos.

Sin embargo, pocas veces las mujeres se benefician de todo el fruto de su esfuerzo, sobre todo cuando tienen menos posibilidades de agregar valor a sus productos, o cuando su acceso a los mercados se ve limitado por las serias transformaciones que ha sufrido la industria textil.

Por esta razón, uno de los mayores desafíos en el rubro algodonero, y en muchos otros, es potenciar una participación más equitativa entre hombres y mujeres, y poner en valor el rol de las mujeres rurales como pequeñas empresarias y sujetas de políticas públicas.

Para lograr la sostenibilidad del sector algodonero de la región, no sólo es necesario transitar hacia prácticas productivas más cuidadosas con el medioambiente, sino también transformar los contextos de desigualdad y dotar de capacidades a las mujeres rurales.

Solo así será posible establecer condiciones más justas en todos los eslabones de la cadena productiva.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en el marco de la campaña regional #MujeresRurales, mujeres con derechos. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

El artículo Manos de mujeres hilan mejores prácticas algodoneras en América Latina fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Mujeres conectadas son mujeres empoderadas, también en el campo

sab, 06/10/2018 - 11:26

Talleres de comunicación impartidos por la Unión de Mujeres Aymaras del Abya Yala (UMA) y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. Departamento de Puno, Perú. Crédito: Notimia

Por Corresponsal Fao
MÉXICO, Oct 6 2018 (IPS)

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) han transformado la manera consumir y producir información en todo el mundo. Diversas áreas de nuestras vidas han mejorado gracias a la aparición de la telefonía celular y la cada vez mayor penetración de la Internet.

Aunque no se trata de una revolución exclusivamente urbana. Actualmente, diversas tecnologías mejoran las vidas de pequeños agricultores en incontables maneras: Desde cuidar el estado de los cultivos hasta monitorear los precios del mercado.

Las tecnologías de información y comunicación tienen un enorme potencial para democratizar el aprendizaje, favorecer la educación financiera, dinamizar el intercambio de conocimientos y fomentar la retención de los jóvenes en el mundo rural, entre otras múltiples posibilidades.

Pero el acceso a estas tecnologías tiene serias limitaciones, más allá de las infraestructuras disponibles en el mundo rural: gran parte de este potencial todavía no se ha explotado, particularmente en el caso de las mujeres.

Aunque ellas desempeñan un papel fundamental para revolucionar nuevamente la producción agrícola y revitalizar el tejido social de los sectores rurales, enfrentan una triple brecha: no son nativas digitales, no tienen acceso a los servicios de las ciudades y día a día viven la desigualdad de género.

Las mujeres que tienen un menor acceso a las tecnologías se encuentran una enorme desventaja, al ser excluidas de un dinámico mundo de información, comunicación y conocimiento. 

Innovación social para promover el cooperativismo

María Chum Pastor tiene 26 años, es originaria de Climentoro Aguacatán, en Guatemala, y es una de las estudiantes de La Factoría, una plataforma a través de la cual desarrolla sus capacidades de negocio y asociación estratégica, para dar forma a sus sueños emprendedores.

Comproagro es un intermediario digital y gratuito para que los campesinos den a conocer sus productos. Crédito: Agrovisión / ChispaRural.GT

En la Factoría se percibe la vitalidad e inquietud de los jóvenes que buscan crear micro, pequeñas y medianas empresas rurales.

Todas las empresas que actualmente están en formulación en el laboratorio, se basan en la agricultura o en la cría de ganado, pero también aprovechan otras oportunidades aún no explotadas a plenitud, como el ecoturismo, la reforestación y las energías.

“En mi comunidad hay muchas decisiones difíciles de tomar, como el envío de niños o incluso de bebés al extranjero. Todo el mundo emigra: muchachos y muchachas, mujeres jóvenes e incluso familias enteras”, señala María sobre Huehuetenango, el departamento guatemalteco donde vive y al cual valora, a pesar de ser el más pobre del país (73,8 por ciento de la población vive en la pobreza).

La Factoría forma parte de una agenda de trabajo de la FAO que brinda acompañamiento técnico, operativo y de asociación en el diseño de proyectos productivos.

Una joven se capacita en el uso de drones para el monitoreo comunitario de bosques en territorios indígenas de Panamá. Crédito: FAO

A lo largo del proceso, las y los jóvenes son motivados a aprovechar las oportunidades financieras y de mercado y a utilizar las tecnologías de la información y comunicación para movilizar el apoyo del sector público y privado.

NOTIMIA: Dando voz a las mujeres indígenas y afrodesendientes

Después de diferentes encuentros y debates sobre iniciativas de comunicación, la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes (NOTIMIA) comenzó a conformarse en México impulsada por la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México.

Uno de los principales logros de esta agencia de noticias es su posicionamiento como medio de comunicación alternativo hecho por mujeres. NOTIMIA cubre actividades y eventos de organismos internacionales, sobre temas como derecho al territorio, seguridad y soberanía alimentaria, derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otros.

El equipo de comunicadoras indígenas se ha capacitado en el manejo de materiales de comunicación, herramientas técnicas, fotografía, producción de imágenes y metodologías de comunicación comunitaria.

¡Sin intermediarios! Una red social para agricultores y consumidores

Gracias a sus raíces rurales, Gina Jiménez, joven colombiana de 18 años, conoce muy bien los problemas de los campesinos. Motivada por el cambio, ha creado una aplicación móvil para tratar de solucionar uno de los mayores problemas que enfrentan los pequeños productores: gran parte de las ganancias no van para ellos, sino para los intermediarios.

Comproagro es un emprendimiento social que elimina intermediarios en el proceso de compra y venta de productos, a través de una plataforma web, permitiendo la comercialización directa entre campesino y consumidor, mejorando así los ingresos y la calidad entregada.

“Para que los jóvenes de aquí puedan ser empresarios, lo primero que hay que hacer es romper con algunas tradiciones. A veces la comunidad misma es el primer obstáculo: no quieren creer en algo nuevo o mejor”, señala María Chum Pastor, analizando las problemáticas que ha enfrentado. Crédito: Luis Sánchez Díaz

Al facilitar la compra directa, evita inconvenientes y permite a sus compradores obtener lo mejor de las cosechas del campo.

Gina no esperaba que esta simple idea tuviera un impacto tan grande para su comunidad. Le sorprende que el proyecto que inició dos años atrás en estos momentos esté generando empleo a 11 personas, siete de ellas madres cabeza de familia.

Somos TIC-as: Posicionando a jóvenes rurales en tecnologías digitales

TIC-as en un principio fue diseñado para crear condiciones de trabajo en el sector de las tecnologías digitales para las mujeres de sectores rurales; sin embargo, debido a su éxito, se extendió a otras partes del país y se tomó como modelo para replicarse en la región centroamericana.

Nació en 2013 en Costa Rica mediante el Fondo de Igualdad de Género de ONU Mujeres y actualmente se desarrolla gracias al apoyo de Google.org.

Su misión es posicionar a las mujeres en el mundo de las tecnologías digitales, creando condiciones de igualdad desde edades tempranas hasta el ámbito profesional.

Su apuesta es generar un espacio de interacción dinámico y afectivo, donde todas nuestras participantes tengan la oportunidad de crecer, explotar su potencial y construir un mundo más equitativo, igualitario y sostenible.

Más que un grupo de mujeres interesadas en la tecnología, TIC-as es una red que camina firme y determinada en el posicionamiento de la mujer en las tecnologías digitales.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en el marco de la campaña regional #MujeresRurales, mujeres con derechos. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

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Las mujeres luchan juntas por la tierra en América Central

sex, 05/10/2018 - 13:57

Con sus hijas Sianny y Eloísa, la nicaragüense Dania López produce la tierra agroecológicamente

Por Corresponsal Fao
GUATEMALA, Oct 5 2018 (IPS)

Durante los últimos 15 años, Guatemala ha experimentado un intenso fenómeno de concentración de la propiedad tierras. Esta situación ha afectado fuertemente a la población campesina e indígena pero aún más a las mujeres.

En este contexto, la organización Mama Maquin tomó la iniciativa de crear en 1993 la Alianza de mujeres por el acceso a la tierra y medios de producción, con el objetivo de incidir en la política y generar cambios en las formas de acceso a la tierra.

Las representantes que participan en esta alianza son elegidas en sus organizaciones, por lo tanto, se garantiza que las agendas de las bases son las que fundamentan sus acciones. Dado que las organizaciones tienen claras sus luchas, la labor de esta alianza también ha consistido en el respaldo a acciones específicas o la coordinación para unificar esfuerzos.

De esta forma, la movilización de las organizaciones que conforman la alianza ha influido exitosamente en la formulación de la Ley de Desarrollo Rural, específicamente en cuanto a la propiedad conjunta de la tierra.

Asimismo, la Estrategia Nacional: Gobernanza Territorial Incluyente y Sostenible para la Seguridad Alimentaria en Guatemala, es el resultado de un proceso plural de consulta y debate en torno a la problemática agraria, el desarrollo rural, la seguridad y soberanía alimentaria en nuestro país.

Actualmente, la alianza concentra sus esfuerzos en gestionar la implementación de un componente con enfoque de género en el Instituto Nacional de Estadística, así como en demandar al Fondo de Tierras y al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación mayores presupuestos para la producción.

Tierra y soberanía alimentaria

Dania López es una productora joven de la Comunidad de Chiquimulapa de Posoltega, en Nicaragua. Ha enfrentado los embates del cambio climático mediante el uso de prácticas agroecológicas y la diversificación productiva.

Parcela en Guatemala. Crédito: Jorge Rodríguez/FAO

Con el apoyo de su pareja y sus hijas, en su parcela cultiva maíz, plátano, berenjena, ayote, pipián, piña, chiltoma, tomate y hierbas medicinales.

Dania siempre ha producido en tierra alquilada, porque no tiene tierra propia. En cada ciclo productivo debe pagar hasta 200 dólares por manzana. Desde hace doce años su cooperativa Coopemuchiq es parte de la organización Coordinadora de Mujeres Rurales (CMR), un bastión de incidencia y formación para ayudar a las mujeres rurales cooperativistas a ejercer su ciudadanía.

Desde 2006, la CMR ha promovido una política pública para que las mujeres rurales tengan tierra propia; al impulsar la Ley 717 Creadora de un fondo para compra de tierra con equidad de género para mujeres rurales, aprobada el 5 de mayo del 2010. Sin embargo, el Estado todavía no aprueba el fondo para que la ley sea efectiva y las mujeres rurales pobres puedan beneficiarse.

Desde entonces, cada aniversario de la Ley 717, Dania ha participado junto a sus compañeras en actividades de reivindicación de su derecho a la tierra.

Mientras tanto, Dania y las mujeres rurales que viven en las zonas del corredor seco en el occidente del país, León y Chinandega y otras zonas como Matagalpa, Masaya y Chontales, continúan labrando y produciendo la tierra porque saben que la seguridad alimentaria de sus familias no espera.

“Con la tierra tenemos poder, ese poder de alimentar a nuestras familias, de decidir qué producir, y cómo vender en los mercados locales”, comenta Dania, quien, como muchas otras mujeres nicaragüenses está construyendo un liderazgo con autonomía, promoviendo sus derechos y luchando por tener tierra propia para vivir una vida digna como sujeta política de cambio.

Comprender,  reclamar y garantizar derechos

La garantía de los derechos de las mujeres rurales es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible. Sin embargo, en el caso del uso de la tierra, el agua y otros recursos productivos, las mujeres aún no gozan de un derecho legítimo: igualdad de condiciones con los hombres en el acceso, tenencia y uso.

Dania López en una entrevista con un diario local, en una manifestación en demanda de tierra propia

 

Y es que en varios países de América Latina y el Caribe persisten leyes y políticas discriminatorias que necesitan ser revisadas para garantizar el acceso de las mujeres a los recursos productivos. Por ejemplo, algunas mujeres pueden verse excluidas de programas y proyectos en función de su estado civil.

Pero tampoco basta con disposiciones legales y políticas adecuadas, si su implementación es esporádica o si no hay presupuestos asignados.

Por eso es indispensable apostar por el posicionamiento de las mujeres en las instancias locales de participación política y toma de decisiones, porque en los territorios rurales de la región todavía existen prácticas culturales desiguales, sistemas de tenencia injustos y también una escasa apertura en los espacios de diálogo.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible dedica especial atención a esta problemática, y por eso dos de las metas de su objetivo relacionado con la igualdad de género tienen que ver con el acceso, tenencia y uso de la tierra y otros recursos productivos.

Porque desde el punto de vista de la gobernanza responsable de la tierra y los recursos naturales, no puede haber sostenibilidad si el uso de los recursos es desigual y si el trabajo de las mujeres no es reconocido económica y socialmente.

Incluso con las brechas que enfrentan, las mujeres rurales tienen un potencial organizativo cada vez más fuerte frente a temas económicos, sociales, ambientales, culturales y políticos. Actualmente existen muchos procesos de incidencia para ampliar su participación y toma de decisiones y alcanzar una mayor garantía de sus derechos.

Si bien persisten los desafíos en la implementación de políticas de acceso a la tierra, existen también ejemplos de leyes, políticas y programas con impactos positivos y que pueden replicarse en toda la región. Estas experiencias exitosas han sido posibles gracias a cambios normativos e institucionales promovidos desde una perspectiva de género.

En Bolivia, por ejemplo, los cambios en la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, conocida como Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), y la Ley de la Reforma Agraria Renovación, permitieron la aplicación de criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y uso de la tierra a favor de las mujeres, independientemente de su estado civil.

Pero estos procesos no son exclusivamente de orden público: se requiere también de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, los centros de investigación y las autoridades locales, entre otros.

Así lo constató una consulta pública realizada por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) en 2012, según la cual hay tres áreas básicas para lograr una mayor igualdad en el uso de los recursos productivos: información sobre los derechos en los territorios rurales, movilización social para exigir su cumplimiento y facilitación de procesos gubernamentales para garantizarlos.

En resumen, comprender, reclamar y garantizar el derecho legítimo de las mujeres al uso y tenencia de la tierra y otros recursos productivos.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en el marco de la campaña regional #MujeresRurales, mujeres con derechos. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

El artículo Las mujeres luchan juntas por la tierra en América Central fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Sub y sobrealimentación: dos caras de la misma moneda

sex, 05/10/2018 - 13:19

La malnutrición es un motivo de preocupación en Nepal, donde la padecen un millón de menores de cinco años de forma crónica, y 10 por ciento presentan síntomas graves. Crédito: Naresh Newar/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Oct 5 2018 (IPS)

Es necesario cambiar de forma drástica la forma en que nos alimentamos y pensamos en comida para evitar una mayor degradación ambiental e, incluso, las epidemias que derivan en grandes problemas de salud pública.

“Es increíble que, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, sigamos teniendo esta brecha entre quienes comen demasiado y quienes no tiene suficiente”, observó Luca di Leo, director de relaciones con los medios de la Fundación Centro Barilla para la Alimentación y la Nutrición (Fundación BCFN).

Di Leo conversó con IPS en un foro sobre inseguridad alimentaria y posibles soluciones, realizado en el marco del 73 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

El número de personas que pasan hambre aumentó a 820 millones, en 2017, respecto de las 804 millones que había el año anterior, según el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, de 2018, y una cifra que no se veía desde hace casi una década.

De forma paralela y paradójica, la obesidad aumentó con rapidez en la última década, de 11,7 por ciento, en 2012, a 13,2 por ciento, en 2016. Es decir que en 2017, más de un adulto cada ocho, más de 670 millones de personas, eran obesas.

La obesidad en adultos y el ritmo de aumento es mayor en América del Norte, pero también se registra una tendencia al alza en África y Asia.

Los participantes del Foro Internacional sobre Alimentación y Nutrición subrayaron la necesidad de hacer frente a ambas formas de malnutrición, y señalaron como responsables a las dificultades de conseguir alimentos saludables.

“No es solo lo que tienen los alimentos, es el discurso sobre ellos; hay más de una forma de comer mal”, puntualizó el director del Centro de Prevención e Investigación de la Universidad de Yale, David Katz.

Muchos de los presentes en el foro observaron que no hay un consenso sobre qué es una dieta sana en un sistema alimentario sostenible.

“Sin objetivos para movilizar la acción colectiva, y también sin mecanismos para coordinar ni monitorear los avances, es muy difícil lograr un cambio de sistema masivo”, indicó Gunhild Stordalen, fundador de la Fundación EAT, una plataforma para la transformación del sistema alimentario.

En algunos países africanos hay suficientes alimentos, pero es el tipo de alimentos disponibles lo que cuenta. Casi la mitad de las niñas y los niños de las zonas afectadas por la sequía en el sur de Madagascar sufren malnutrición. Crédito: Miriam Gathigah/IPS.

Luchando contra el sistema

El consumo de azúcar y alimentos procesados que no son saludables aumentó, a pesar de las conclusiones del conocido documental “Supersize Me” (“Súper Engórdame”.)

Estados Unidos tiene el mayor consumo de azúcar entre 34 países sondeados en 2017, según el Índice de Sostenibilidad Alimentaria de la Fundación BCFN.

En ese país, una persona consume más de 126 gramos de azúcar al día, el doble de la ingesta diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El problema no es solo la obesidad, sino el aumento de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

“El número de años perdidos por deficiencias nutricionales y enfermedades cardiovasculares aumenta de forma pronunciada en Estados Unidos”, indicó Leo Abruzzese, de la Unidad de Inteligencia Económica, encargada de realizar el índice.

“Una de las exportaciones menos impresionantes de Estados Unidos es la mala nutrición. La gente no necesariamente muere, sino que tiene una mala vida. En esas circunstancias, ¿no cree que habría que hacer algo?”, preguntó a IPS.

El índice también concluyó que el consumo de carne y grasas saturadas en Estados Unidos es de los mayores del mundo, lo que contribuye a una dieta poco saludable e, incluso, al cambio climático.

Según la Universidad de la ONU, las emisiones del ganado representan casi 15 por ciento de los gases contaminantes liberados a la atmósfera. Y juntos, la carne y los productos lácteos, representan 65 por ciento de lo que emite el ganado.

De hecho, los criadores de animales van rumbo a convertirse en los mayores contribuyentes al cambio climático, superando así a la industria de combustibles fósiles.

Pero es posible lograr dietas saludables y sostenibles, observó Stordalen.

Aparecen alternativas a la carne, que podrían transformar lentamente la industria cárnica y de comida chatarra.

Los consumidores ahora podrán encontrar “hamburguesas imposibles”, sin carne, en muchos restaurantes y cadenas de comida rápida como White Castle.

ONU Medio Ambiente otorgó el premio Campeones de la Tierra a las compañías estadounidenses veganas Beyond Meat e Impossible Foods.

“Las opciones de alimentos sostenibles comienzan a verse y saber bien, lo que antes no ocurría”, observó Stordalen.

“Una vez que la gente prueba el gusto bueno de mejores soluciones, no solo se les empieza a antojar, sino que reclaman un futuro mejor. Se juntan para concretarlo”, añadió.

Respecto del índice, “al recolectar todos esos indicadores, básicamente tenemos un marco para lo que creemos que debería ser un buen sistema alimentario”, destacó Abruzzese.

Un problema de poder

La falta de acceso a alimentos saludables y sus consecuencias también se puede sentir en el otro extremo de la cadena alimentaria: los productores.

Las mujeres representan 60 por ciento de la mano de obra agrícola en África, pero les cuesta acceder a semillas de calidad, fertilizantes y maquinaria. Asimismo, suelen hacerse cargo de su hogar, de los niños y de la cocina.

La desigualdad de género también contribuye a la mala calidad de la nutrición de los hogares, lo que genera problemas de crecimiento y desarrollo en los niños.

Los participantes del foro subrayaron la necesidad de empoderar a las mujeres rurales y hacer frente a la desigualdad de género en la agricultura para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional y crear sociedades sostenibles.

“Lo contrario al hambre es poder”, observó Raj Patel, profesor e investigador de la Universidad de Texas, señalando el caso de Malawi.

En ese país de África subsahariana, más de la mitad de los niños sufren malnutrición crónica. La cosecha de maíz, producto básico en Malawi, se destina a las mujeres encargadas de las tareas de cuidado.

En un pueblo del norte, se hizo frente al problema mediante el proyecto de Suelos, Alimentos y Comunidades Saludables, que logró resultados extraordinarios.

Además de diversificar los cultivos, el proyecto reunió a mujeres y hombres para repartirse el trabajo en la cocina y en el cuidado de otras personas.

No solo lograron la equidad de género en la agricultura, sino que también disminuir de forma drástica la malnutrición infantil.

“Tenemos que valorar el trabajo de las mujeres”, subrayó Patel.

El futuro de los alimentos

Arreglar el sistema alimentario no es fácil, pero hay que hacerlo, coincidieron los presentes en el foro.

“Conocemos los problemas, también identificamos las posibles soluciones, y la principal de ellos está en todos y cada uno de nosotros”, observó Di Leo, en diálogo con IPS.

“La producción saludable vendrá si los consumidores reclaman comida saludable. Y esta vendrá si el consumidor tienen derecho a la educación y la información”, observó Di Leo.

Por ejemplo, mucha gente no ve o no conoce la relación entre alimentación y cambio climático, apuntó.

De hecho, un estudio de 2016 concluyó que no había conciencia de la asociación entre consumo de carne y cambio climático, así como una resistencia a la idea de reducir el consumo personal de carne.

“El estado del sistema alimentario mundial requiere una nueva colaboración para la acción”, observó Di Leo.

Traducción: Verónica Firme

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El gana-pierde de México en nuevo acuerdo con Canadá y EEUU

sex, 05/10/2018 - 13:10

El nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México incluye el sector energético, que no lo estaba en el tratado anterior, y si bien reconoce la propiedad mexicana sobre los hidrocarburos, consolida condiciones favorables para las compañías extranjeras. En la imagen, un pozo petrolero en la ciudad de Poza Rica, en el sudoriental estado de Veracruz. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
MÉXICO, Oct 5 2018 (IPS)

Ahora que pasaron la fanfarria de sus dirigentes y el alivio de sectores exportadores e inversores, llegan los análisis de los especialistas, que coinciden en que en el renovado acuerdo trilateral con Canadá y Estados Unidos, México cedió en sectores como comercio digital, biotecnología, automotriz y agricultura.

Karen Hahnsen-Kuhn, directora de Comercio y Gobernanza Global del no gubernamental y estadounidense Instituto para la Agricultura y la Política Comercial,  señaló entre quienes mantienen sus ventajas a la industria agroexportadora, una de las beneficiarias del viejo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994.

“México tendrá menos barreras para frenar productos. Los agricultores familiares no se beneficiarán. El nuevo acuerdo socavará muchas iniciativas que Andrés Manuel Obrador (próximo presidente mexicano) propone y hará más díficil reconstruir el sector agrícola”, dijo a IPS.

La noche del 30 de septiembre, los tres socios anunciaron el nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, en inglés), para dar continuidad al tratado, bajo otro nombre, una de las exigencias del presidente Donald Trump, quien impuso la renegociación al llegar a la Casa Blanca, en enero de 2017.

Los gobiernos de Ciudad de México y Washington habían alcanzado un acuerdo un mes antes, al que se sumó Otawa cuando faltaban horas para que cumpliese la fecha límite para completar un nuevo acuerdo, también impuesta por Trump, del 1 de octubre.

En su negociación con Canadá, Estados Unidos forzó que su socio aceptara la apertura del mercado lácteo, que en el TLCAN solo permitía cuotas para leche, queso y otros productos. Además, los productores estadounidenses avícolas, bovinos y porcícolas gozarán de mayor acceso a ese mercado, a cambio de cupos para maní y derivados y azúcar canadienses.

La percepción generalizada es que Trump impuso su voluntad en la configuración del USMCA, como prometió en la campaña electoral. De inmediato, ha pasado a usar el resultado como propaganda con vistas a las elecciones legislativas de noviembre en su país.

Ignacio Martínez, académico del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México, aprecia claroscuros en el nuevo acuerdo.

A mediano plazo, México gana “en la parte macroeconómica, en torno a la estabilidad económica. Se le da certidumbre al inversionista, pues mantiene preferencias arancelarias  y esto provocará que fluya mayor inversión”, dijo en diálogo con IPS.

Asimismo, el experto consideró positivas las provisiones sobre anticorrupción, competencia y transparencia, porque van a provocar que el gobierno entrante apruebe leyes al respecto.

El presidente electo de México, el izquierdista López Obrador, prometió durante la campaña el apoyo a pequeños productores agrícolas y precios garantizados para maíz y frijol. Además, ofreció prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado, asunto bajo litigio en tribunales aztecas.

Desde julio, un delegado de López Obrador participó en las negociaciones, y el futuro gobernante dio su visto bueno al acuerdo, lo que le permite un acercamiento con la administración de Trump, recelosa de su llegada a la presidencia, el 1 de diciembre.

El maíz mexicano, principal cultivo del y base de su dieta, ha sido castigado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lo seguirá siendo por el nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que lo sustituirá. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Pero sus promesas pueden colisionar con el USMCA, que norma la entrega de subsidios agrícolas y la imposición de medidas contra la biotecnología.

Ganadores y perdedores

La manufactura automotriz, la maquila (zona libre de impuestos para la producción y ensamblaje de productos para la reexportación), la agroexportación y los servicios financieros figuran entre los sectores ganadores de la liberalización comercial emprendida.

Entre los mayores perdedores, como ya lo fueron con el TLCAN, Martínez y otros académicos y activistas de los sectores afectados sitúan al sector alimentario en general y en particular la pequeña agricultura, incluida la tradicional del maíz y el frijol, parte de la dieta básica mexicana.

Como resultado, el TLCAN impulsó la dependencia comercial de México con su vecino, con quien el intercambio equivale a más de 80 por ciento de sus ventas externas totales.

En el sector automotriz, los vehículos ensamblados en el bloque contendrán 75 por ciento de componentes manufacturados en cualquiera de los socios a partir de 2020, para evitar tarifas.

El USMCA estipula ese contenido en 62,5 por ciento. Además, entre 40 y 45 por ciento de las partes de cada vehículo deben ser manufacturadas por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora, para nivelar las condiciones salariales en Estados Unidos y México.

En esta nación latinoamericana, los sueldos oscilan entre 3,41 y 7,34 dólares por hora en el sector, según datos del no gubernamental Centro para la Investigación Automotriz, de Estados Unidos.

México también accedió a reconocer los derechos de negociación colectiva en los contratos laborales. De hecho, el Senado mexicano ratificó en septiembre el Convenio 98 sobre libertad de asociación sindical de la Organización Internacional del Trabajo.

El capítulo energético del USMCA, inexistente en el TLCAN, legitima la reforma mexicana que abre esa actividad al capital privado, emprendida desde 2014.

Estados Unidos y México acordaron el mantenimiento del esquema de resolución de diferencias entre inversionistas y Estados vía tribunales arbitrales para petróleo y gas, generación eléctrica, telecomunicaciones e infraestructura, en los cuales las empresas extranjeras invierten montos multimillonarios.

En ese sentido, el nuevo acuerdo conserva los mecanismos de disputas entre Estados y por aplicación de políticas de comercial desleal.

Los tres socios también decidieron la adopción de un plazo de 10 años para la protección de datos biológicos sobre pruebas de medicamentos obtenidos de material vivo o genético.

Asimismo, México tendría que adherirse a la revisión de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, creado en 1961 y cuyo órgano ejecutor es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, con seden en Ginebra.

Sus estatutos buscan proteger los derechos del obtentor de cada nueva variedad vegetal que satisfaga los criterios pautados en ese acuerdo, que estipula una doble protección para el obtentor de la variedad y el propietario de la patente vegetal original.

La versión de 1991, vigente desde 1998, ampara los derechos de propiedad de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea y establece el reconocimiento de los derechos de nuevos caracteres genéticos, en abierta concesión a los transgénicos.

La mayor protección a datos biológicos obstaculizaría el desarrollo de medicamentos biocomparables o genéricos contra enfermedades graves o crónicas.

El USMCA, que debe ser ratificado sin cambios o rechazado por los parlamentos de los tres países en 2019, delinea sanciones penales para la piratería de películas en línea y veta impuestos para la distribución electrónica de música digital, libros, programas informáticos y videojuegos.

El nuevo acuerdo será firmado por los tres gobernantes el 29 de noviembre, en lo que constituirá de hecho el cierre del sexenio del conservador Enrique Peña Nieto, antes de entregar el mando a López Obrador, y debe sustituir al TLCAN en 2020.

A diferencia del TLCAN, el nuevo acuerdo incluye temas ambientales y laborales en el texto principal. Pero el primero se circunscribe a prevenir y reducir la basura marina; promover la gestión forestal sostenible y tipificar el tráfico transnacional de especies silvestres protegidas, sin ninguna mención al cambio climático.

La estadounidense Hansen-Kuhn lamentó que el USMCA dificulte más tener una mejor protección ambiental.

“Espero que haya un debate amplio en México, especialmente sobre agricultura y transición energética. En estos momentos, es difícil prever cómo influirán los juegos politicos” luego de las votaciones legislativas en Estados Unidos y con el cambio de gobierno en México, explicó.

El USMCA incluye, otra vez por exigencia de Washington, una cláusula anti China, pues indica que uno de los socios no puede negociar un acuerdo comercial con un país que no sea “una economía de mercado”, vale decir, no capitalista. De ser así, una de las partes podrá salirse del acuerdo.

Los negociadores convinieron en que el USMCA durará 16 años, a menos que los socios decidan extenderlo. Para ello, se reunirán cada seis años.

Martínez señaló que el Senado mexicano debe revisar temas como derechos digitales, ambiente, protección de datos a medicamentos y mecanismos de resolución de disputas.

“Ojalá asumiera una posición crítica para hacerle ver al Ejecutivo que son necesarios mecanismos alternos para apuntalar el mercado interno. Eso se verá en Estados Unidos, donde los demócratas van a pelear por contenidos no incluidos”, sostuvo.

Edición: Estrella Gutiérrez

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…Y la luz se hizo en comunidad salvadoreña por su propio esfuerzo

sex, 05/10/2018 - 11:33

Por Edgardo Ayala
JOYA DE TALCHIGA, El Salvador, Oct 5 2018 (IPS)

La electricidad era una extravagancia inimaginable hasta hace seis años, en el caserío de Joya de Talchiga,  en el oriental departamento de Morazán, El Salvador.

Ahora, este asentamiento rural del municipio de Perquín, compuesto por unas 40 familias, en su mayoría campesinas, goza del privilegio de iluminar sus noches con bombillos, y hay quienes –aunque pocos—pueden darse algunos pequeños lujos, como encender una televisión o abrir un refrigerador y degustar una bebida bien fría.

En La Joya, como le llaman, la empresa privada que brinda el servicio de energía en esa región escondida de Morazán, colindante con Honduras, no procedía a electrificar el caserío porque, aducían,  los habitantes no poseían toda la documentación de propiedad de los terrenos donde viven.

 

Así que la comunidad, con el apoyo financiero de organizaciones cooperantes europeas, levantó su propio proyecto hidroeléctrico, aprovechando que el río El Calambre atraviesa su territorio.

Alrededor de 20 hombres tuvieron que cargar, con maderos en sus hombros, la pesada turbina que mueve un generador de 58 kilovatios, ya que en donde se instaló la casa de máquinas no hay acceso a vehículos, contó a IPS la maestra Carolina Martínez, de 36 años que enseña a niños de parvulario, en la escuela del lugar.

En funcionamiento desde 2012, la pequeña presa fue posible gracias a que hombres y mujeres de La Joya aportaron muchísimas horas de trabajo voluntario, que al final se contabilizaron como dinero, unos 34.000 dólares.

Ese monto representó la contrapartida dada por la comunidad a un proyecto cuyo costo total fue de 192.000 dólares, incluyendo esas horas laborales convertidas en dinero.

Aquí se encuentra un amplio reportaje sobre el tema.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Campesinos hacen su propia luz en comunidad salvadoreña

sex, 05/10/2018 - 11:24

Juan Benítez, presidente de la Asociación Nuevos Horizontes de Joya de Talchiga, descansa en el borde del dique construido como parte de la Minicentral Hidroeléctrica El Calambre. Las pocas más de 40 familias del caserío tienen electricidad desde 2012, gracias al proyecto construido por ellos mismos, en las montañas del este de El Salvador.Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Por Edgardo Ayala
JOYA DE TALCHIGA, El Salvador , Oct 5 2018 (IPS)

En el hogar de Lilian Gómez, enclavado en las montañas del este de El Salvador, la oscuridad de la noche apenas se aliviaba con las tenues y temblorosas llamas de un par de velas, al igual que sucedía entre sus vecinos. Hasta hace seis años.

La luz se hizo cuando todos se propusieron levantar juntos su propio proyecto hidroeléctrico, no solo para iluminar la noche, sino para ir dando pequeños pasos hacia emprendimientos que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Ahora ella, valiéndose de un refrigerador, elabora “charamuscas”, helados a base de refrescos naturales, que vende para generar algunos ingresos.

“Con el dinero de las charamuscas pago la luz y compro comida y otras cosas”,  contó a IPS esta mujer de 64 años, al frente de una de las 40 familias beneficiarias del proyecto Minicentral Hidroeléctrica El Calambre.

Esa es una iniciativa comunitaria que provee de energía a  Joya de Talchiga, uno de los 29 caseríos del municipio rural de Perquín, de unos 4.000 habitantes, en el oriental departamento de Morazán, fronterizo al norte con Honduras.

Esta región fue durante la guerra civil (1980-1992) escenario de fieras batallas entre el ejército gubernamental y la entonces guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ahora partido político y en el poder desde 2009, tras ganar dos elecciones presidenciales consecutivas.

Ya sin guerra, los pueblos más grandes del área lograron despuntar con el ecoturismo y el turismo histórico, en el que el visitante conoce de batallas y de masacres en la zona. Pero los caseríos más apartados carecen de servicios básicos para hacer lo mismo.

La Minicentral Hidroeléctrica El Calambre toma el nombre del río de aguas frías y color turquesa que nace en Honduras y serpentea entre las montañas hasta cruzar el área donde se asienta La Joya, como le llaman, dedicada a la agricultura de subsistencia, sobre todo maíz y frijol.

Un pequeño dique embalsa el agua en un segmento del río, y parte del caudal es dirigido por medio de tuberías subterráneas hacia una caseta, la casa de máquinas, 900 metros abajo, en cuyo interior una turbina hace rugir un generador de 58 kilovatios.

La Joya es un ejemplo de cómo sus habitantes, en su mayoría campesinos pobres, no se quedaron de brazos cruzados esperando que la empresa que distribuye la electricidad en la zona les conecte un servicio tan vital.

La distribución de la energía en este país centroamericano, de 6,5 millones de habitantes, está a cargo de varias compañías privadas, desde que ese sector se privatizó a finales de los 90.

Durante las jornadas que IPS pasó en La Joya, los vecinos contaron que son propietarios de los terrenos donde habitan, pero carecen de toda la documentación formal, y sin ella la empresa que opera en la región no brinda la electrificación. Solo dio acceso a un par de familias que sí tienen todo en regla.

En esta nación centroamericana,  los hogares con electricidad representan 92 por ciento del total en las áreas urbanas, cifra que baja a 77 por ciento en las rurales,  según datos oficiales publicados en mayo.

Sin muchas esperanzas de que la empresa trajera la energía, los residentes de La Joya se propusieron obtenerla por sus propios medios y recursos, con el apoyo técnico y financiero de organizaciones nacionales e internacionales.

Una de esas fue la asociación Saneamiento Básico, Educación Sanitaria y Energías Alternativas (SABES El Salvador), que jugó un papel primordial al llevar a La Joya la iniciativa, inicialmente recibida con reservas.

“La gente aún dudaba cuando nos vinieron a hablar del proyecto en 2005, y hasta yo dudaba, nos costaba creer que podría darse. Sabíamos cómo funciona una presa, del agua que mueve una turbina, pero no sabíamos que podía hacerse en un río pequeño”, explicó a IPS el campesino Juan Benítez, presidente de Nuevos Horizontes, la organización comunal de La Joya para impulsar iniciativas de desarrollo.

Carolina Martínez, acompañada de sus hijos, delante de su casa, donde se vislumbra un bombillo encendido, en el caserío de Joya de Talchiga, del municipio de Perquín, en el oriental departamento de Morazán, en El Salvador. Esta maestra de 36 años es una de las beneficiarias del proyecto hidroeléctrico comunitario que desde 2012 brinda electricidad a más de 40 familias del lugar. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

La pequeña planta hidroeléctrica, en funcionamiento desde el 2012, fue edificada con el trabajo voluntario de hombres y mujeres de la comunidad, a cambio de ser beneficiarios del servicio. Para el trabajo especializado, como el eléctrico o albañilería compleja, fueron contratados trabajadores en esas ramas.

El costo total de la minipresa sobrepasó los 192.000 dólares, de los cuales unos 34.000 los aportó la comunidad con las muchas horas de trabajo que pusieron los vecinos, al asignarles un valor monetario.

El cobro del servicio se basa en el número de bombillos que posea cada familia, y cada uno cuesta 0,5 dólares. Así, si una familia tiene cuatro, cancela dos dólares mensuales, un monto más bajo del que se cobra comercialmente.

Los residentes locales aún recuerdan cómo era de difícil la vida cuando no atisbaban la posibilidad de que aquí llegase la electricidad.

“Cuando era niña, era tremendo sin luz, nos tocaba  comprar velas o gas (kerosene) para encender un candil”, narró a IPS una de las beneficiarias, Leonila González, de 45 años, mientras descansaba en una silla, en el corredor de su casa, localizada en medio de un pinar y a 30 metros del río.

El pequeño generador, en la sala de máquinas construida por los vecinos de Joya de Talchiga. Los hombres del caserío cargaron, con maderos en sus hombros, la pesada turbina que mueve el generador de 58 kW, ya que no hay acceso a vehículos donde se instaló la maquinaria de la mipresa comunitaria, en el montañoso municipio de Parquín, en el este de El Salvador. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

La mayoría de los pobladores,  recordó, solía usar “ocotes”, como se llaman localmente los trocitos de madera de pino, cuya resina es inflamable.

“Poníamos en un tiesto unas dos astillitas, y así nos manteníamos, con una luz bien pobre, pero así nos tocaba”, dijo.

Mientras, Carolina Martínez, la maestra que atiende el parvulario en la escuela del caserío, señaló que en esos tiempos los niños llevaban sus tareas manchadas con el hollín de carbón del ocote.

Ella y sus familiares solían comprar baterías de automóviles para hacer funcionar algún aparato, lo cual implicaba costos importantes para ellos, que incluían el pago de los aparatos y de la persona que los traía desde localidades cercanas.

Otros que necesitaban trabajar con aparatos más potentes, como sierras para la carpintería, tuvieron que adquirir plantas generadoras a base de gasolina, contó. Y quienes contaban con un teléfono celular debían mandar a recargarlo a Rancho Quemado, una aldea cercana.

“Ahora vemos todo diferente, las calles están iluminadas en la noche, ya no es escuro”, dijo Martínez.

En el caserío hay personas dedicadas a la carpintería o a la soldadura, y ahora la labor se les hace más fácil con el tomacorriente (enchufe) al alcance de la mano.

Un niño de La Joya, un caserío del este de El Salvador, mientras toma una charamusca, un helado a base de frutas, del refrigerador de Lilian Gómez, que gracias a la llegada de la electricidad ha montado un pequeño negocio de elaboración de estos productos, ya populares entre sus vecinos. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Para María Isabel Benítez, de 55 años y dedicada a las tareas del hogar, una de las ventajas de tener electricidad es que puede ver las noticias y enterarse de lo que pasa en el país.

“Me gusta el programa de noticias de las 6:00 AM, ahí veo todo”, narró, mientras sostenía en sus brazos a su pequeña nieta Daniela.

En tato, Elena Gómez, una joven estudiante de sicología, de 29 años, señaló que ahora puede realizar sus tareas en la computadora, en casa. “Ya no tengo que ir hasta el cibercafé más cercano”, recalcó.

El proyecto fue considerado desde el comienzo como binacional, pues el excedente de energía generado en La Joya se distribuye al caserío Cueva del Monte, a cuatro kilómetros de distancia, ya en territorio hondureño.

Para lograrlo se instalaron líneas adicionales y de ese modo su planta puede beneficiar a otras 45 familias, de las que 32 ya están conectadas al servicio.

“Los hondureños nos engañaron, nos dijeron que nos iban a poner el proyecto de energía, pero no lo hicieron, solo nos quedamos con los planos hechos”, sostuvo a IPS el líder comunitario del caserío hondureño, Mauricio Gracia.

Los habitantes de Cueva del Monte son salvadoreños que en septiembre de 1992 quedaron de la noche a la mañana en territorio hondureño, tras un fallo de la Corte Internacional de Justicia de entonces, que resolvió una vieja disputa fronteriza binacional, que incluía esa zona del norte de Morazán.

Benítez, el presidente de la asociación de La Joya, dijo que a veces el generador falla, sobre todo cuando hay tormentas eléctricas, por lo cual la organización se ha propuesto buscar más apoyos para adquirir un segundo generador, que funcione cuando el primero se apague.

También, como comunidad tienen la esperanza de ir, poco a poco, creando algunas iniciativas de desarrollo, con la electricidad que ya poseen, a fin de mejorar la economía del lugar.

Por ejemplo, han manejado la posibilidad de impulsar el turismo rural, aprovechando la belleza natural de la zona, con el bosque de pinos y las pozas y cascadas del río Calambre.

El plan es establecer cabañas de montaña, que cuenten con electricidad. Pero la idea no termina de cuajar porque no se ha logrado poner de acuerdo a los propietarios de los terrenos, que deben dar el aval, dijo Benítez.

Mientras tanto, Lilian Gómez está contenta de que sus charamuscas tengan gran demanda entre sus vecinos, algo que no podría haber logrado si la luz no se hubiera hecho en La Joya.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Las guardianas de la caatinga brasileña

qui, 04/10/2018 - 18:42

Con el proyecto, las mujeres comprendieron cómo sus prácticas pueden contribuir a disminuir el impacto en la deforestación de la caatinga. Crédito: Emanuella Castro

Por Corresponsal Fao
PAJEÚ, Brasil, Oct 4 2018 (IPS)

La caatinga (bosque blanco) es un bioma exclusivo de Brasil que ocupa aproximadamente 10 por ciento de su territorio, en el noreste del país. Esta región enfrenta serios desafíos como la pobreza y la desertificación.

Fue ante este escenario que la Casa de la Mujer del Nordeste (CMN) decidió convocar a grupos de mujeres a sumar esfuerzos por la preservación de la biodiversidad, considerando que la región cuenta con varias especies vegetales en peligro de extinción, como la aroeira, el manndacaru y la baraúna.

Entre 2014 y 2016, han logrado rescatar y plantar poco más de 49.000 mudas de plantas nativas.

Las protagonistas de esta hazaña son mujeres agricultoras que viven en el territorio del municipio de Pajeú, quienes además de intervenir en la recuperación de áreas degradadas, fueron formadas en educación ambiental y prácticas agroecológicas desde una perspectiva feminista.

El conocimiento popular y el intercambio de saberes entre agricultoras, una práctica que la asesoría técnica de la CMN ha adoptado junto a las mujeres, ayudó a manifestar los desafíos que enfrentan todos los días en la convivencia con el semiárido.

Entre los temas discutidos por las mujeres, están la producción agroecológica, el manejo del suelo y plantío de mudas, así como la soberanía y seguridad alimentaria, el feminismo, los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia de género.

Durante los talleres temáticos, las mujeres tuvieron la oportunidad de discutir sobre su lugar en el mundo, sus derechos y su autonomía.

En algunas comunidades, fue la primera vez que las mujeres conversaron sobre violencia contra la mujer, división sexual del trabajo doméstico y de sus necesidades como mujeres.

En los talleres prácticos sobre el plantío de mudas nativas y de convivencia con el semiárido, las mujeres aprendieron técnicas de recuperación del suelo y del uso del agua.

De manera que estas mujeres no solo se convirtieron en guardianas de la caatinga, sino también en agentes de cambio para sus comunidades.

Más oportunidades para ellas, más oportunidades para el campo

Las estrategias de desarrollo rural , como las que han benificiado a estas mujeres de la caatinga brasileña, son herramientas que permiten a los países de América Latina y el Caribe hacer del campo un referente de progreso económico, un baluarte de riqueza cultural y un reservorio de alimentos para toda la población.

La Casa de la Mujer del Nordeste es una organización no gubernamental con más de 36 años de trabajo por el empoderamiento de las mujeres. Su misión es fortalecer la autonomía económica y política de las mujeres, afirmando la agroecología basada en el feminismo y la igualdad racial. Crédito: Emanuella Castro

Por eso, el desarrollo rural, entendido como la concreción de un entorno que permite el ejercicio pleno derechos económicos, ambientales y sociales, encuentra un gran obstáculo ante la falta de autonomía de las mujeres rurales.

Es sabido que en el medio rural aún persisten desigualdades de género en el acceso a la tierra, los bienes de producción, la asistencia técnica y los recursos naturales.

Y a estas limitaciones se agrega la exclusión que viven las mujeres en el mercado laboral, así como la poca valoración de su trabajo productivo y de sus contribuciones en la conformación y reproducción del tejido social.

Así como las mujeres ven fuertemente amenazada su autonomía económica, también sufren desigualdades y amenazas para su autonomía física y política, siendo más víctimas de violencia y también teniendo menos oportunidades de ejercer liderazgos y participar en la vida pública de sus comunidades.

Menos oportunidades para las mujeres son menos oportunidades para el campo: Si las políticas estatales orientadas al desarrollo rural no revierten las desigualdades de género, entonces están agudizando la exclusión de las mujeres. Y el desarrollo no es desarrollo.

Por esta razón, las políticas de desarrollo rural tienen un rol clave en la deconstrucción de los estereotipos de género que obstaculizan el pleno ejercicio de derechos de las mujeres rurales.

Los países de América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de promover acciones que apunten al mismo tiempo al crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y la equidad de género.

El hilo conductor es necesariamente el empoderamiento de las mujeres, porque solamente así podrán ejercer toda su autonomía económica, física y política.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en el marco de la campaña regional #MujeresRurales, mujeres con derechos. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

El artículo Las guardianas de la caatinga brasileña fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Uganda busca impulsar un crecimiento verde

qui, 04/10/2018 - 13:14

Parque de taxis viejos en Kampala, Uganda. La Estrategia de Crecimiento Verde busca introducir transporte rápido en autobús y trenes ligeros para evitar embotellamientos. Crédito Wambi Michael/IPS.

Por Wambi Michael
KAMPALA, Oct 4 2018 (IPS)

Uganda se urbaniza lentamente, con 19 por ciento de su población asentada en las ciudades y la perspectiva de que aumente a 30 por ciento de los casi 42 millones de habitantes para 2035. Pero con muchos problemas, como lo demuestra el estado caótico de Kampala.

“Rezo porque un huracán azote a Kampala y no tengamos más opción que reorganizarla”, comentó Juliana, una estudiante de la Escuela Internacional Seven Hills, quien participa en un proyecto para modernizar la capital.

Pero la urbanista Amanda Ngabirano, de la Universidad de Makerere, no está de acuerdo, y viene trabajando con la Autoridad de la Ciudad de Kampala (KCCA) para crear una zona sin automóviles en el centro.

Ngabirano considera que es posible realizar la transición hacia una economía con pocas emisiones de carbono, gracias al modelo de ciudades verdes del Instituto de Crecimiento Verde para el Clima (GGGI).

Una ciudad verde es un área urbana que busca incluir la protección ambiental, la inclusión social y la sostenibilidad económica de largo plazo, según el GGGI.

El impacto del crecimiento

Kampala tiene muchos problemas como el crecimiento de asentamientos informales, la invasión de humedales, las plantas de tratamiento de agua y el sistema de alcantarillado inadecuados para sus 1,5 millones de habitantes.

Numerosos urbanistas y ambientalistas coinciden en que el estilo de urbanización de “crecer de forma sucia ahora para limpiar después” no es sostenible.

El gobierno apuesta a revertir el daño infligido a los recursos naturales, y con apoyo de promotores de desarrollo, busca una estrategia que subraye la necesidad de una relación más armoniosa entre desarrollo y ambiente.

Con apoyo del GGGI, el gobierno lanzó en noviembre la Estrategia de Desarrollo con Crecimiento Verde 2017/2018-2030/2031, que se extenderá por 14 años y se estima que ascenderá a 11.000 millones de dólares.

Modelo de crecimiento verde urbano

La estrategia sugiere un nuevo modelo de crecimiento urbano que promueve una transición nacional más compacta y conectada para 2040. La iniciativa proyecta busca aumentar en 33 por ciento el acceso a los servicios básicos, reducir en 11 por ciento la inversión en infraestructura agregada y reducir en 27 por ciento la emisión de gases contaminantes.

El GGGI colabora con el cambio de políticas para que este país de África oriental pueda seguir por un camino de desarrollo verde, indicó Peter Okubal, representante del instituto en Uganda.

“Nuestro análisis sugiere que no alcanza con mejores políticas urbanas, es igual de importante corregir cuestiones que ocurren en la economía para lograr una transición urbana exitosa”, explicó.

La Visión 2040 de Uganda sugiere ocho intervenciones prioritarias para catalizar un mejor crecimiento urbano. De implementarse, podría aumentar el producto interno bruto en 4.300 millones de dólares para ese año, así como crear nuevos puestos de trabajo y beneficios ambientales positivos.

Hay una posibilidad para que Kampala y otras ciudades africanas cambien la trayectoria en la que se encuentran mediante el modelo de urbanización de ciudades verdes, indicó.

“La población que vive en ciudades verdes crece con rapidez. Si el gobierno aprovecha y desarrolla ciudades competitivas, probablemente aprovechen el dividendo urbano en vez de lograr la confusión asociada a la urbanización”, explicó Okubal.

La hoja de ruta de Uganda, elaborada con asistencia del GGGI, contiene un proceso paso a paso mediante el cual una ciudad puede realizar la transición hacia un centro urbano competitivo, compacto y coordinado.

“Para que las ciudades de Uganda puedan conectarse entre sí, deben ser competitivas. Eso significa que deben poder generar negocios y al mismo tiempo se debe poder vivir en ellas, pero también ser productivas en naturaleza”, explicó Okubal.

La Visión 2040 de Uganda propone cuatro ciudades regionales y cinco estratégicas, que son Kampala, Gulu, en la región Norte, Mbale, en el Este, Mbarara, en el Oeste, y Arua, en el Nilo Occidental.

“Uganda está dotada de una vasta diversidad natural que necesita de la incorporación de prácticas sostenibles y de consumo en la economía para garantizar la sostenibilidad del capital natural”, explicó Paul Mafabi, director de ambiente del Ministerio de Ambiente y Agua, en entrevista con IPS.

Los asentamientos bien planificados basados en el modelo de ciudades verdes puede salvar los recursos naturales del país.

“La mayoría de esos recursos no son renovables o, en caso de degradación, se pierden o se extinguen, y su recuperación requiere de muchos insumos económicos, morales y físicos”, prosiguió.

“El GGGI ayuda al gobierno con el marco de monitoreo y verificación, que es bastante esencial bajo el marco de transparencia del Acuerdo de París, que subraya la necesidad de registrar el progreso e informar sobre los avances en la lucha contra el cambio climático”, apuntó Chebet Maikut, comisario de cambio climático, en diálogo con IPS

Gestión de Desperdicios

Uganda también recibe apoyo del GGGI para atender la crisis en la gestión de desperdicios, y hace poco terminó una política nacional al respecto.

“El actual enfoque en la gestión de alimentos es el que llamamos, recolectar y tirar. Recoger la basura de los hogares y tirarla en un vertedero”, observó Okubal.

“Pero el GGGI propuso una alternativa a eso”, apuntó.

“Si tratamos los desperdicios como recurso que, por cierto, lo son, podemos aprovechar la basura generada para crear cuatro millones de empleos en los próximos 15 años”, explicó.

Opciones de financiación para el crecimiento verde

El gobierno de Uganda necesita movilizar 11.000 millones de dólares en los próximos 15 años. Y también necesita 2.000 millones para los próximos cinco años. Algunos promotores inmobiliarios dudan de que el gobierno pueda reunir tantos fondos de su presupuesto o mediante socios.

Pero Okubal tiene una opinión diferente: “Hay mucho dinero ahí afuera. El dinero está ahí, pero los gobiernos no logran aprovecharlo”.

“La Unión Europea (UE), por ejemplo, destinó unos 60 millones de euros (unos 68,8 millones de dólares) por dos años para apoyar al gobierno de Uganda a implementar la estrategia de crecimiento verde”, explicó.

Suecia, Noruega y otros países de la UE, por su cuenta, consideran seguir el mismo camino, aseguró Okubal.

“Tenemos el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y otras ventanas internacionales a fondos para impulsar una economía verde. Todas son oportunidades que el gobierno de Uganda puede aprovechar”, observó.

El gobierno plantea introducir el transporte rápido en autobuses y el tren ligero, operados por asociaciones público-privadas o mediante un modelo de financiación de tipo privada.

La oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Uganda movilizó hace poco 24,1 millones de dólares del Fondo Verde para el Clima para implementar la Iniciativa Presidencial para recuperar humedales degradados.

Traducción: Verónica Firme

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Lo que un microcrédito puede hacer por las mujeres rurales

qua, 03/10/2018 - 17:34

Adelaida Morán, en la tienda con la que abastece de alimentos y otros productos a su pequeña comunidad. Crédito: Fundación Microfinanzas BBVA

Por Corresponsal Fao
LA CHORRERA, Panamá, Oct 3 2018 (IPS)

La única barrera contra la que Adelaida Morán no puede luchar es la lluvia, que convierte en un lodazal su aldea, Capira, haciendo que solo se pueda salir o entrar de ella a caballo. Su hogar y negocio está a unos 30 kilómetros de La Chorrera, en Panamá, y se llega ahí solo a través de caminos de tierra.

Sus 200 vecinos la conocen porque regenta una pequeña tienda. Además, cría pollos y cultiva café con el que genera empleo en su comunidad. A veces contrata hasta a siete vecinos, consciente, dice, de que allí donde no hay igualdad son necesarias las oportunidades.

Adelaida se ha convertido en cabeza de familia. Y todo inició, asegura, cuando hace años escuchó en la radio que la entidad Microserfín de la Fundación Microfinanzas BBVA ofrecía oportunidades a personas emprendedoras. Ese día, tomó el autobús y su travesía no ha parado hasta hoy.

Asegura que ha prosperado tanto que se atreve a ser ambiciosa. Ahora quiere comprarse un auto que le permita vender sus productos fuera de su aldea y algo más importante: que si hay una emergencia pueda socorrer a sus hijos y vecinos, sin tener que esperar tres horas a que pase el autobús para llevarlos al hospital más cercano, o al día siguiente si es de noche.

Ya ha visto lo que es capaz de conseguir con pequeños créditos y sabe que cuenta con el consejo de los asesores de la fundación para cumplir su meta y seguir progresando. “Gracias a ellos, sé hasta cuánto me pueden dar y cuánto puedo pagar, y también gracias a ellos estoy al día con mis pagos”, afirma.

Y lo hace desde una casa que ya no teme a la lluvia. “Mi casa era de penca (similar a la palmera), y el suelo, de tierra. Pero con el crédito Casafin pusimos un techo de zinc y cemento en el suelo”, cuenta sobre la reforma que ha podido hacer con uno de los productos de la fundación en Panamá. “Pusimos incluso paneles solares para tener luz”.

Adelaida Morán en su finca en Capira, una pequeña aldea panameña. Foto: Crédito: Fundación Microfinanzas BBVA

Adelaida dice que ni ella ni su marido Evaristo, quien la ayuda en todos sus negocios, ni sus cinco hijos tienen dudas sobre su capacidad para invertir en proyectos que vayan más allá de los caminos de tierra que la separan de la ciudad y de su deseo de seguir creciendo.

Derribar barreras para progresar

No será posible acabar con la pobreza si una parte considerable de la población rural tiene un acceso limitado y desigual a los servicios financieros, como era el caso de Adelaida hasta hace cuatro años.

De acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), es precisamente en las zonas rurales donde existe una mayor exclusión financiera y la reducción de la pobreza ocurre a una menor velocidad.

En la América Latina rural las brechas de género limitan el acceso de las mujeres al crédito y otros servicios financieros.

A esta situación se suman las barreras que enfrentan las mujeres para ser propietarias de la tierra y acceder a la documentación que requieren para tratar con instituciones bancarias.

Es por eso que las microfinanzas son clave para promover la inclusión financiera e impulsar la autonomía económica de las mujeres. Y con la autonomía económica, las mujeres logran una mayor autonomía en otras esferas de sus vidas.

Adelaida Morán, con su marido e hijos. Crédito: Fundación Microfinanzas BBVA

De manera que los pequeños negocios con los que las mujeres rurales emprenden para salir adelante, pueden significar una vía de salida a la violencia, las desigualdades y la pobreza, y al mismo tiempo, una razón de peso para decidir permanecer en el campo.

Es por eso que la Fundación Microfinanzas BBVA atiende a 145.000 emprendedoras rurales, que representan  27 por ciento de del total de mujeres usuarias de sus créditos en cinco países de América Latina.

El 41 por ciento de estas mujeres concluyó la educación primaria como máximo, por lo que es habitual que se dediquen al comercio o a otras actividades con pocas barreras de entrada. Aun así, cada vez más mujeres lideran actividades agropecuarias.

Su participación en este sector tiene un impacto positivo en la alimentación de sus familias y en la mejora de la seguridad alimentaria de sus comunidades. Por ejemplo, entre los emprendedores de la fundación, más mujeres que hombres se dedican a la cría de animales.

Para brindarles los servicios financieros más adecuados, entre ellos la educación financiera, la fundación dispone de 4.000 asesores de crédito que llegan directamente a las zonas rurales.

En República Dominicana la fundación ofrece el crédito Agromujer, que tiene en cuenta la falta de garantías propias de las mujeres rurales que emprenden. Por esta razón, junto con el préstamo, las emprendedoras rurales reciben capacitación financiera, cursos de emprendimiento y asistencia técnica.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en el marco de la campaña regional #MujeresRurales, mujeres con derechos. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

 

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Debate constitucional en Cuba aborda los derechos humanos

qua, 03/10/2018 - 16:23

Un grupo de residentes en el barrio de Sierra Maestra, en el municipio de Playa, uno de los que conforman La Habana, participa a fines de septiembre en un debate del proyecto de la nueva Constitución de Cuba, dentro de un proceso de consultas populares, iniciado en agosto y que concluirá en noviembre. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Oct 3 2018 (IPS)

Al cumplirse la mitad del tiempo previsto para la consulta popular del proyecto de una nueva Constitución en Cuba, los análisis comienzan a abordar los temas más profundos del texto, que incluye por primera vez el término de derechos humanos y define al país como “Estado socialista de derecho”.

Además de las 135.000 reuniones en barrios y centros laborales, organizadas por las autoridades desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre, otras voces ciudadanas realizan aportes hasta con aplicaciones móviles, que facilitan la lectura comparativa del documento con la ley fundamental de 1976, a la que va a reemplazar.

Activistas, especialistas, organizaciones no gubernamentales y sectores religiosos y privados, entre otros, intentan revisar cuestiones más allá del artículo 68, que persigue allanar el camino al matrimonio entre personas del mismo sexo y hasta ahora ha acapardo la atención sobre la reforma constitucional.

“La regulación de nuevos derechos es muy importante, también que (los derechos) se van a interpretar según los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y que van a pasar al ordenamiento jurídico cubano los tratados internacionales que Cuba ha ratificado”, dijo el jurista Julio Antonio Fernández, en un panel sobre el tema.

Bajo polémica internacional en su aplicación, usada tanto como elemento de ataque o defensa en la arena global y marcada por la Guerra Fría de la segunda mitad del siglo XX, los derechos humanos son aquellos innatos y destinados a reguardar el valor universal de la vida digna.

En el caso específico cubano, la cuestión ha estado atravesada por el conflicto con Estados Unidos, incluso luego del deshielo de 2014, ahora parcialmente eliminado por la administración de Donald Trump.

Junto a sus colegas Eloy Viera y Raudiel Peña, Fernández compartió sus opiniones especializadas, el 27 de septiembre, durante la presentación en el habanero y católico Centro Cultural Padre Félix Varela de una aplicación móvil, realizada por el sitio web autónomo El Toque y operativa desde esta primera semana de octubre.

El abogado también calificó de “importantísimo que se diga por primera vez que Cuba es un Estado socialista de derecho y se hable de supremacía constitucional”, aunque lamentó que el proyecto no incluya mecanismos de defensa del cumplimiento de la ley fundamental, como un tribunal constitucional, entre otras muchas críticas.

Titulada “La Cuba que viene…”, la aplicación fue creada sobre la base de que en este país de 11,2 millones de habitantes, 48 por ciento de la población tiene menos de 42 años. Esa franja, que nació con la Constitución actual, nunca ha vivido un proceso de esta magnitud, que culminará con un referendo en febrero de 2019.

Los debates populares colocan en el escenario público cuestiones de derechos, algo que resulta inusual en Cuba y está precedido por décadas de tabúes y prejuicios sobre el término universal de derechos humanos.

Un equipo médico delibera en la sala de cuidados intensivos coronarios del Hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima, en la provincia de Cienfuegos, en Cuba. El derecho universal a la salud y otros derechos colectivos se han privilegiado hasta ahora en este país de régimen socialista, sobre aquellos considerados individuales. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Algo que comenzó a cambiar desde que Cuba pasó a integrar desde su fundación en 2006 el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas.

El gobierno de La Habana ratificó 44 de los 61 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos,  según indica el informe presentado por las autoridades cubanas en mayo al Examen Periódico Universal del CDH. Ese bloque  integraría la legislación local si se aprueba la nueva Constitución.

“La segunda Constitución revolucionaria marcará formalmente un proceso de profundos y constantes cambios, y digo formalmente porque desde 2008 se vienen dando transformaciones importantes”, dijo a IPS el sociólogo Fernando Romeu.

El también activista contra la discriminación racial remarcó que el proyecto incorpora cambios en materia de derechos ocurridos durante la reforma del gobierno de Raúl Castro (2008-abril 2018) y que el actual presidente, Miguel Díaz-Canel, se ha comprometido a continuar.

Romeu puso como ejemplo los avances logrados en la última década en materia de propiedad, emigración, emprendimientos privados, acceso a la tierra y participación ciudadana.

También resaltó otros derechos incluidos ahora en el proyecto como la regulación del Habeas Corpus y la posibilidad de los ciudadanos de demandar a instituciones públicas.

El activista opinó además que la incorporación del término derechos humanos responde a esa tendencia. “Ahora los centros hegemónicos (del sistema capitalista) le harán creer a la opinión pública que por primera en Cuba se comenzarán a respetar los derechos humanos”, lamentó.

Con artículos sobre el tema, Mylai Burgos, abogada e investigadora cubana residente en México, indicó a IPS que “las personas tenemos derechos humanos, pero si no podemos acudir a alguna instancia a exigir su cumplimiento o el cese de su violación no tiene ningún sentido”.

Trabajadores desfilan tras una gran pancarta con la palabra Socialismo, en la Plaza de la Revolución José Martí, en La Habana. El texto del proyecto de la nueva Constitución de Cuba propone que el país se defina como “un Estado socialista de derecho”, lo que suma a los derechos humanos como parte del socialismo interno. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

A nivel internacional, subrayó desde la capital mexicana, “además de su reconocimiento lo más relevante que hoy se regula es el proceso de garantías jurisdiccional. Este apenas se enuncia en el proyecto y, en mi criterio, ya debería definirse en la Constitución”.

En los debates en los barrios y entre especialistas a los que ha asistido IPS, además de en las redes sociales en Internet y en informaciones periodísticas,  la propuesta de incluir un tribunal constitucional se reitera como necesario, por voces de todos los signos políticos y como mecanismo para que se cumpla la Constitución.

Una sección de la no gubernamental Unión Nacional de Juristas de Cuba organiza en La Habana debates para que activistas y especialistas revisen el título dedicado a los “Derechos, deberes y garantías” desde su experiencia en contra de la discriminación de género, identidad de género, capacidades especiales, raza o creencias.

IPS fue testigo de uno de ellos, realizado en la sede de esa entidad, el 25 de septiembre, donde, entre otros temas, un jurista recalcó el problema que significa para la supremacía constitucional y garantías de derechos las más de 60 remisiones a leyes secundarias, de las cuales muchas aún no se han elaborado.

“Esto significa que los derechos pueden regularse por normas de menor jerarquía”, explicó a IPS el abogado cubano Michel Fernández, que reside en Estados Unidos.

A su juicio, “el tema de los derechos humanos ha sido de los más conflictivos en el escenario político cubano”, aunque destacó que esa realidad comenzó a cambiar, al menos en el plano internacional, con la entrada de Cuba al CDH.

Fernández remarcó que el país firmó en 2008 el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ambos en vigor desde 1976 y que son considerados los principales en la materia.

Como otros países socialistas, Cuba da prevalencia a los derechos colectivos y las garantías a sus ciudadanos sobre todo de acceso universal y gratuito a los servicios de salud y educación, mientras suele recibir críticas por asuntos relacionados con los derechos individuales y políticos.

“La mayor falta en el proyecto constitucional es el tema de la diversidad de opiniones… no se trata cómo garantizar la expresión y organización de opiniones políticas diferentes”, indicó Fernández, sobre un proyecto que mantiene al socialismo como sistema irrevocable y al Partido Comunista de Cuba (PCC) como el único legal.

La cuestión humanitaria constituye un eje de conflicto entre el PCC y los grupos opositores, que operan en la ilegalidad y las autoridades cubanas consideras que son financiados por Washington, aunque también lo han abordado otros grupos que se declaran críticos del gobierno, pero no disidentes.

Justo en ese segmento se encuentran las críticas más duras al proyecto. “La nueva Constitución, al igual que la anterior, no han sido elaboradas por representantes del pueblo cubano elegidos en elecciones libres, plurales y democráticas”, dijo a IPS el bloguero y opositor Orlando Luis Pardo Lazo.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Periodismo sufre impunidad y leyes duras en Asia meridional

qua, 03/10/2018 - 13:12

Un estudiante camina frente a un recordatorio con nombres de los defensores de la libertad. La nueva Ley de Seguridad Digital, de 2018, convierte en delito los comentarios negativos en su contra. Crédito: Stella Paul/IPS.

Por Stella Paul
HYDERABAD, India, Oct 3 2018 (IPS)

Hace seis años y medio que fueron asesinados los periodistas bangladesíes Meherun Runi y Sagar Sarwar en Daca. Mientras sus familias esperan que se haga justicia, reina el temor en la prensa de Bangladesh.

Runi, una periodista del canal privado ATN Bangla y su esposo, Sarwar, editor del noticiero de Maasranga, fueron golpeados hasta morir el 11 de febrero de 2012.

La ley de Seguridad Digital, aprobada el 19 de septiembre de este año, fue muy criticada por los profesionales de la prensa, que la consideran una herramienta para amordazar a los periodistas y coartar la libertad de expresión.

El año pasado se pidió al gobierno que considerara reforma el proyecto proyecto, muy criticado, pero no lo hizo a pesar de las promesas. En cambio, lo aprobó sin cambios en la última semana de septiembre.

Uno de los artículos más preocupantes es el que permite que la policía detenga o registre a personas sin orden judicial.

Otra de las disposiciones preocupantes de la norma es la pena de 14 años de penitenciaría previstas para toda persona que cometa un crimen o asista a quien lo cometa mediante computadora, dispositivos digitales, redes informáticas y digitales o cualquier otro medio electrónico.

“La ley atenta contra el espíritu de la Guerra de Liberación. El periodismo independiente se verá amenazado en los próximos días”, alertó Naem Nizam, editor del diario bengalí Bangladesh Pratidin, en una fuerte declaración.

“Creímos que el gobierno aceptaría nuestras sugerencias por el bien del periodismo independiente y la libertad de expresión y de pensamiento, pero no lo hizo”, se lamentó.

El Consejo de Editores, conocido como Shampadak Parishad, consideró a la ley como una amenaza a la libertad de prensa y a los medios independientes del país.

Y como forma de protesta, el consejo convocó a los profesionales de la prensa y de organizaciones de medios a formar una cadena humana el 29 de septiembre en Daca.

Le ley “viola garantías constitucionales de libertad de prensa, y creará amplios perjuicios legales para los periodistas en el desempeño normal de sus actividades profesionales”, reza una declaración de Steven Butler, coordinador de programa en Asia del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Lo irónico es que la nueva ley surgió en respuesta al pedido de los medios de desechar el artículo 57 de la Ley de Tecnología de la Información y la Comunicación, de 2006, que arremete contra la comunicación electrónica.

El artículo estipula que publicar de forma intencional información falsa, provocativa, indecente o sensible en sitios web o cualquier plataforma electrónica que sea difamatoria o atente contra sentimientos religiosos y pueda perturbar el orden del país se castigará con un máximo de 14 años de penitenciaría y una multa de 12.000 dólares.

Ese artículo se usó contra Shahidul Alam, el premiado fotógrafo independiente, detenido el 5 de agosto en su casa de Daca, acusado de incitar a la violencia mediante declaraciones provocadoras en los medios.

Desde entonces permanece detenido sin fianza, a pesar de reiteradas reclamos en los medios de organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional pidiendo, que también pide su liberación.

IPS consultó a periodistas y académicos sobre el caso, pero nadie quiso realizar declaraciones a este medio.

La legisladora británica Tulip Siddiq, sobrina de la primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina, le pidió a su tía que liberara a Alam porque la situación es “profundamente perturbadora y debe terminar de inmediato”.

La familia de Alam organizó una manifestación en Nueva York el 27 de septiembre, cuando la primera ministra debía dirigirse a la Asamblea General de la ONU en el marco del 73 período de sesiones de la misma.

La protesta contó con el apoyo de organizaciones de derechos humanos y de prensa, y la participación del activista Kerry Kennedy, la actriz y activista Sharon Stone, y la pensadora india Gayatri Chakravorty Spivak, entre otras reconocidas figuras públicas.

“Si uno silencia a los intelectuales y a los artistas creativos, se mata la conciencia del Estado, pues es el papel de los artistas e intelectuales creativos hacer críticas constructivas para que pueda ser una verdadera democracia”, observó Spivak, profesora de la Universidad de Columbia.

Por su parte, la directora de Asia de Human Rights Watch (HRW), Meenakshi Ganguly, dijo que el gobierno de Bangladesh quiere demostrar que no se salvará nadie que se atreva a criticarlo y a cuestionar sus acciones.

“Los editores de diarios deben hacer frente a cargos de sedición y difamación. Los periodistas y conductores de televisión y radio trabajan bajo presión constante de las autoridades para que contengan las críticas contra el gobierno”, apuntó Ganguly.

“En tanto que fotógrafo, Alam documenta la verdad, su trabajo y su voz importan más que nunca”, subrayó.

“La Ley de Seguridad Digital no es más que ‘vino viejo en botella nueva’”, ejemplicó Afroja Shoma, profesora adjunta de Medios y Comunicación de Masas de la Universidad Americana Internacional, de Bangladesh.

La seguridad digital engendra inseguridad

Las leyes digitales no solo ponen en riesgo la libertad de prensa en Bangladesh, sino también en varios países de Asia meridional, donde hay normas similares.

India tiene su propio “artículo 57”, conocido como artículo 66A, de la Ley de Tecnología de Información de 2000.

El artículo prevé “castigos por enviar mensajes ofensivos a través de servicios de comunicación” e incluye información compartida a través de “recursos informáticos o un dispositivo de comunicación”, que se sabe que es “falso, pero con el fin de causar molestias, inconvenientes, peligro, obstrucción, insultos, daños, intimidación criminal, enemistad, odio o de mala voluntad”.

En marzo de 2015, la Corte Suprema de Justicia de India lo revocó, calificándolo de “abierta, indefinida y vaga”.

Sin embargo, India registró varios episodios de ataques contra profesionales de la prensa, y hasta el asesinato de los periodistas Gauri Lankesh y Shujat Bukhari. Además de la agresión contra la periodista de investigación Rana Ayyub. Pero hasta ahora no hay detenidos por ninguno de los casos.

Nepal, otro país conocido por la situación precaria de la prensa, también aprobó una ley que criminaliza el intercambio de información considerada confidencial, y lo castiga con penas de cárcel.

La norma prevé una multa de 30.000 rupias (unos 270 dólares) y hasta tres años de cárcel, explicó la CPJ, que pidió al gobierno revocar o enmendar la ley.

Por su parte, el presidente del Sindicato Nacional de la Prensa, Badri Sigdel, divulgó un comunicado que reza: “El NPU condena la ley con artículos que restringen la labor periodística de informar, escribir y fotografiar”.

“Las restricciones atentan contra las normas y los valores democráticos e indican una inclinación hacia el autoritarismo. El NPU reclama una reforma inmediata de disposiciones inaceptables de la ley”, añade.

En Pakistán, en el lugar 139 del Índice de Libertad de Prensa, en el que India ocupa el puesto 138 y Bangladesh y Nepal, el 146 y el 106 respectivamente, mataron a cinco periodistas por motivos laborales entre el 1 de mayo de 2017 y el 1 de abril de este año.

Además, según el estudio de la organización Freedom Network, también hubo:

• 11 casos de tentativa de rapto y secuestro;

• 39 detenciones ilegales y arrestos;

• 58 agresiones físicas y vandalismo;

• y 23 incidentes de amenazas verbales y escritas.

Pero ese país terminó hace poco el proyecto de ley de Protección y Bienestar de los Periodistas, en 2017, que busca garantizar la seguridad y la protección de los profesionales de la prensa.

Una vez aprobado, será la primera ley en la región que ofrezca protección física, asistencia jurídica y económica a todos los periodistas, tanto permanentes como con contrato.

Traducción: Verónica Firme

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Mujeres panameñas desafían la desigualdad en un mundo de hombres

ter, 02/10/2018 - 17:12

Las capacitaciones con enfoque de género de la Ecadert permitieron que los miembros de la asociación conformaran una nueva manera de relacionarse entre sí. Crédito: Román Dibulet – Isaac Melamed

Por Corresponsal Fao
PALO SECO, Panamá, Oct 2 2018 (IPS)

A 70 kilómetros de Santiago, la capital de la provincia panameña de Veraguas, se encuentra Palo Seco. Como en otros poblados de la costa sur de la provincia, la actividad principal de la comunidad es la pesca.

Entre 2001 y 2008 se estableció una asociación de pescadores, y posteriormente, en 2011, fue refundada como la Asociación Agropecuaria de Pesca y Ecoturismo de Palo Seco.

Desde entonces ha logrado posicionarse como una de las mejores agrupaciones de pesca de la zona, gracias a su buena estructura, su organización y su resiliencia climática.

Tras ocho años de reanudar sus actividades, la asociación ha integrado la equidad de género como uno de sus pilares fundamentales.

“Las mujeres ingresamos a la asociación para apoyar a los pescadores, porque estábamos aparte. Ellos siempre estaban en reuniones y nos hacían a un lado. Tenían 33 miembros y hoy suman 42, de los que 19 somos mujeres”, destaca María Batista, quien es parte de la junta directiva.

Pero lograr la representación femenina en la asociación no fue tan sencillo.

“Cuando hay una comunidad de pescadores, el machismo impera. A la mujer le toca todo en el hogar y el hombre manda. El hombre piensa: ‘yo nada más pesco y ya’”, cuenta Batista.

Por eso la formación en género ha sido esencial. Lo han logrado gracias a capacitaciones brindadas por diferentes instancias, como la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (Ecadert).

De esta forma, junto con un proyecto de la Ecadert, los habitantes de Palo Seco, que en su mayoría forman parte de la asociación, tuvieron la oportunidad de mejorar su calidad de vida gracias a un programa enfocado en los quehaceres de las mujeres.

Mujeres trabajando en la producción de granos básicos. Departamento de Chiquimula, Guatemala. Crédito: SECAC

“El agua escaseaba y por medio de este proyecto se compraron tanques de reserva”, cuenta Batista. “Dos años atrás, los fogones eran de tres piedras. Se les hizo a todos una estufa Lorena (estufa ecológica).

También se les consiguió herramientas para hacer huertos caseros, lo que se convirtió en el complemento perfecto para la alimentación básica de sus hogares. Así los esposos traían los mariscos y las mujeres ya tenían los guisos de sus huertas”.

Las mujeres de Palo Seco también han diversificado sus actividades. Con el apoyo del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano se han formado en ocupaciones como la confección de tembleques, arreglo personal, repostería y manualidades.

Asimismo, en la asociación están conscientes de que no pueden depender solamente de la pesca. Por eso han establecido una tienda y buscan fomentar el turismo de la región.

“La tienda, más que un negocio, es un apoyo a los pescadores. Hay semanas que se van en créditos de hasta 3 mil dólares, pero la empresa lo puede sostener. Así garantizamos la alimentación de quienes dependen de la tienda. El margen de ganancia es limitado, pero la idea es que la mercancía seca no sea tan costosa”, dice Batista.

Su ganancia real viene de la venta de mariscos, pero también de proyectos como la construcción de un pequeño hostal para visitantes. El procesamiento de nuggets (barritas de pollo rebozadas) y hamburguesas es otro de los planes que quieren implementar.

A partir de la organización igualitaria, la asociación ha formado una red de ayuda que beneficia a todos sus miembros. El cambio que han logrado se nota a través de la sede de la asociación junto a la playa Palo Seco.

El pequeño espacio en el que se iniciaron hace unos años es ahora una edificación de dos plantas con aire acondicionado, desde la que crean alternativas económicas para poner a su comunidad en el mapa.

Se necesita una mirada compartida

Este caso de éxito se inserta en una zona donde las oportunidades de las mujeres rurales para generar ingresos propios son limitadas. Se trata de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, países que forman parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Aunque en esta región las áreas rurales abastecen de alimentos y otras materias primas a toda la población, las mujeres tienen una menor participación que los hombres en dichas actividades productivas.

Cooperativa de mujeres rurales que agrega valor a productos agrícolas. República Dominicana. Crédito: FAO

Según datos de la CEPAL (Comisión Económica de América Latina y el Caribe), Guatemala reporta la participación más alta, con 17,5 por ciento, mientras que en Costa Rica, El Salvador y República Dominicana oscila apenas entre un dos y cuatro por ciento.

Las mujeres jóvenes son las más afectadas por esta desigualdad, ya que en cuatro de los ocho países, más de la mitad de las mujeres rurales de entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja. Esta situación es compleja y tiene múltiples causas, por lo que requiere de una atención integral y coordinada que nazca de una mirada compartida.

Y es que hasta ahora las políticas y planes de acción de empoderamiento económico han ignorado a las mujeres rurales, atendiendo más bien a los hombres y las mujeres urbanas.

Por esta razón es fundamental analizar en profundidad las situaciones que viven las mujeres rurales, para ayudarlas a liberar todo su potencial económico y laboral en áreas clave para el bienestar de sus países como la seguridad alimentaria y nutricional, y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Es por eso que el Consejo de Ministras de la Mujer (COMMCA) y el Consejo de los Ministros de Agricultura (CAC) de los países del SICA, están trabajando en la implementación de una agenda conjunta para el empoderamiento económico de las mujeres rurales centroamericanas.

Esta agenda fue formulada y aprobada por ambos Consejos en julio de 2018 como una “resolución obligatoria para los Estados miembros”. El objetivo es contar con un instrumento regional de corto plazo que promueva acciones intersectoriales, regionales y nacionales, a fin de establecer más y mejores oportunidades para que las mujeres rurales centroamericanas generen sus propios ingresos.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en el marco de la campaña regional #MujeresRurales, mujeres con derechos. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

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Más mujeres dueñas de tierras para mejorar seguridad alimentaria en África

ter, 02/10/2018 - 13:14

Las mujeres son la mayoría en la pequeña agricultura en África. La evidencia muestra que cuando ellas están empoderadas, las granjas son más productivas, se gestionan mejor los recursos naturales, mejora la nutrición y se aseguran las fuentes de ingreso”: José Graziano da Silva, directora general de la FAO. Crédito: Kristin Palitza/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Oct 2 2018 (IPS)

Las mujeres son clave para la agricultura y la seguridad alimentaria, pero la desigualdad de género frena los avances contra el hambre, la pobreza y la creación de sistemas alimentarios sostenibles.

Durante un evento de alto nivel realizado al margen del 73 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Africana (UA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) revisaron la permanente brecha de género de los sistemas agroalimentarios de África, y subrayaron la necesidad de tomar medidas urgentes al respecto.

“Hay un fuerte impulso para lograr avances en materia de equidad de género y empoderamiento de las mujeres en los sistemas agroalimentarios porque ellas constituyen la mayoría de los trabajadores agrícolas”, indicó la comisaria de la UA para Agricultura y Economía Rural, Josefa Leonel Correa Sacko.

Por su parte, el director general de la FAO, José Graziano da Silva, expresó: “Tenemos que mejorar el reconocimiento y aprovechar el aporte fundamental de las mujeres a la seguridad alimentaria y nutricional”.

“Para ello, debemos cerrar la permanente brecha de género que hay en la agricultura de África”, observó.

“La evidencia muestra que cuando las mujeres están empoderadas, las granjas son más productivas, se gestionan mejor los recursos naturales, mejora la nutrición y se aseguran las fuentes de ingreso”, añadió Graziano da Silva.

Las mujeres representan 60 por ciento de los trabajadores de la agricultura, pero solo alrededor de 32 por ciento de ellas son dueñas de la tierra en los 27 países de África subsahariana, ya sea de forma conjunta o a título individual.

Solo 13 por ciento de las mujeres, en comparación con 40 por ciento de los hombres, son propietarias a título individual en toda o parte de la tierra que poseen, según la Perspectiva Regional sobre Sistemas de Género y Agroalimentación, señala el informe realizado por FAO y la UA y presentado en Nueva York.

En 2016, miles de campesinas africanas se reunieron en la montaña del Kilimanjaro, en Tanzania, para protestar y reclamar por sus derechos a la tierra y a los recursos naturales.

Algunas incluso subieron a la cumbre de la montaña más alta de África para expresar su determinación al cambio.

Las mujeres representan 60 por ciento de los trabajadores de la agricultura, pero solo alrededor de 32 por ciento de son dueñas de la tierra en los 27 países de África subsahariana, ya sea de forma conjunta o a título individual. Crédito: Busani Bafana/IPS.

Aun cuando las mujeres logran ser propietarias de sus tierras, muchas todavía carecen de recursos productivos y de tecnología, como fertilizantes, insumos agrícolas, equipos mecánicos y fondos.

Eso plantea numerosos problemas en la cadena de valor, incluida la pérdida de alimentos.

Alrededor de una tercera parte de la producción de alimentos se pierde o se desperdicia en el mundo. Estos son grandes responsables del cambio climático, y en África subsahariana, el costo económico de esas pérdidas asciende a 4.000 millones de dólares al año, concluye la FAO.

Cerrar las brechas de productividad permitiría elevar la producción de alimentos y el consumo en más de 10 por ciento y así reducir la pobreza en más de 13 por ciento.

La evaluación de la FAO y de la UA también estimó que la producción agrícola podría aumentar más del triple si los agricultores tuvieran acceso a los fondos necesarios para ampliar la calidad y la cantidad de su producción.

Los panelistas también observaron que si se atiende la brecha de género en la agricultura africana podría mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición.

El hambre aumenta en el mundo y empeora en la mayor parte de ese continente. De las 821 millones de personas hambrientas en el mundo en 2017, más de 250 millones vivían en el continente africano.

Al mismo tiempo, muchos países africanos deben de hacer frente al problema de la obesidad, que pronto podría convertirse en el mayor problema de salud pública de África.

“Conviene económicamente invertir en el empoderamiento económico y la educación de las mujeres, ya que suelen destinar una gran proporción de sus ingresos al bienestar de sus hijos y de su familia”, explicó Sacko.

Graziano da Silva señaló que entre las cuestiones clave se destaca la falta de mujeres en los sistemas de gobernanza y en los procesos de toma de decisión.

Entre cinco y 30 por ciento de los funcionarios de campo de los ministerios e instituciones rurales son mujeres, mientras solo entre 12 y 20 por ciento de los de oficina lo son.

Eso coincide con la falta de mecanismos de análisis y focalización con perspectiva de género, lo que deriva en servicios que apuntan a sectores donde los hombres son mayoría.

De continuar esa tendencia, África estará lejos de cumplir muchos de los ambiciosos objetivos de desarrollo, incluida la Declaración de Malabo, que busca promover un crecimiento inclusivo, la agricultura sostenible y mejores formas de ganarse la vida.

Hubo algunas señales positivas, pues muchos países africanos comenzaron a reconocer la importancia de colocar mujeres en el centro de la transformación de los sistemas de alimentación rurales.

Por ejemplo, el Programa de Empoderamiento Económico de Mujeres de Botswana ofrece ayuda económica, la que les permite comenzar sus propios negocios y mejorar su bienestar económico.

La primera dama de Botswana, Neo Jane Massi, participó del encuentro de alto nivel, en el que subrayó “la importancia del crecimiento inclusivo en nuestras agendas de desarrollo nacional no dejar a nadie atrás”.

Asimismo, el Programa Conjunto para Acelerar el Progreso hacia el Empoderamiento Económico de las Mujeres, implementado por varias agencias de la ONU, como la FAO y ONU Mujeres, capacitó a más de 40.000 mujeres en tecnologías agrícolas mejoradas y un mayor acceso a mercados y servicios financieros.

La participación de las mujeres en la toma de decisiones aumentó de 17 a 30 por ciento, pero Graziano da Silva subrayó la necesidad de una mejor y más equilibrada representación de la población femenina en todos los niveles jerárquicos.

Al presentar las recomendaciones del informe de la FAO y la UA, Sacko reclamó un “entorno favorable”, reforzar los mecanismos de responsabilidad para la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como una “revolución de datos de género” para informar mejor a los programas y las políticas con perspectivas de género.

“Seamos ambiciosos y despleguemos las alas juntos”, concluyó Massi.

Traducción: Verónica Firme

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