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Atualizado: 57 minutos 19 segundos atrás

Mujeres y niños con discapacidad sufren mayor discriminación

sex, 17/08/2018 - 13:12

Mujeres con discapacidad protestan en Afganistán en defensa de sus derechos. Crédito: Ashfaq Yusufzai/IPS.

Por Carmen Arroyo y Emily Thampoe
NACIONES UNIDAS, Aug 17 2018 (IPS)

Los niños y las niñas con discapacidad tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir episodios violentos, y ellas se llevan la peor parte, alerta el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

“Están entre los sectores más marginados de la sociedad. Y si esta sigue viendo antes la discapacidad que al niño, el riesgo de exclusión y de discriminación permanece”, explicó Georgina Thompson, consultora de Unicef, en diálogo con IPS.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 por ciento de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, lo que la convierte en la mayor minoría del mundo, con un elevado número de niñas, niños y mujeres en esa situación.

En julio, más de 700 representantes de organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y gobiernos se reunieron para hacer frente a la discriminación sistemática que existe contra ese sector de la población en la Cumbre Mundial sobre Discapacidad, realizada en Londres.

“Es responsabilidad de todos crear un mundo más igualitario, donde los niños con discapacidad tengan las mismas oportunidades que todos los otros niños”, subrayó Thompson.

Más de 300 organizaciones y representantes de gobiernos suscribieron un plan de acción para implementar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contiene 170 compromisos de múltiples actores que buscan garantizar la inclusión.

La organización de la cumbre estuvo a cargo de Kenia y de Gran Bretaña, además de la Alianza Internacional para la Discapacidad. Entre los asuntos más importantes se destacan: aprobar leyes para proteger a los ciudadanos con discapacidad y promover su acceso a la tecnología que les facilite la vida.

Las mujeres y los niños son los que sufren mayor discriminación dentro de los discapacitados. Un informe al respecto presentado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, señala que hay 12 por ciento de hombres sufren una discapacidad, y un poco más de mujeres, 19 por ciento.

Además, las niñas tienen muchas menos probabilidades de terminar la enseñanza primaria que los varones dentro del sector de menores discapacitados, y ellas son más vulnerables a sufrir violencia sexual.

Según el Departamento de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña, la mortalidad infantil en niños discapacitados puede llegar a 80 por ciento en países donde ese índice disminuyó de forma significativa.

Hay consenso respecto del riesgo elevado que sufren niños y mujeres.

“Las mujeres con discapacidad son especialmente vulnerables a la discriminación y a la violencia”, pues tienen entre tres y cinco veces más probabilidades de sufrir violencia y abuso que el promedio de la población femenina, explicó André Félix, oficial de comunicaciones externas del Foro Europeo para Discapacidad, en diálogo con IPS.

“La implementación de una estrategia (para hacer frente al problema) requiere de un enfoque ascendente de funcionarios, colegas y socios en el terreno”, puntualizó A.H. Monjurul Jabir, uno de los líderes del Equipo Global de Trabajo sobre Inclusión y Discapacidad de ONU Mujeres.

La estrategia de esa agencia es “apoyar a su personal y a actores clave para facilitar la total inclusión y la participación significativa de mujeres y niñas con discapacidad”, explicó Jabir.

“Eso se hará en todas las áreas prioritarias a través de nuestras respuestas operativas y de accesibilidad interna para lograr la equidad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas con discapacidad”, añadió.

“Debemos aumentar la inversión en el desarrollo y la producción de tecnologías de asistencia”, sugirió Thompson, como estrategia para Unicef.

“Las tecnologías de asistencia incluyen audífonos, sillas de rueda, prótesis y lentes, le dan a los niños con discapacidad la oportunidad de verse como capaces desde temprana edad”, precisó.

Esa estrategia fue uno de los objetivos de la Asociación Mundial de Tecnología de Asistencia, una colaboración lanzada en la cumbre para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y ofrecer tecnología a quienes viven con alguna discapacidad.

“Pero en los países de bajos ingresos solo entre cinco y 15 por ciento de quienes necesitan tecnología de asistencia la pueden obtener”, acotó Thomson.

Y como 80 por ciento de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo, también es fundamental atender situaciones de emergencia y la falta de educación a la hora de implementar políticas de inclusión.

“Tenemos que hacer que la respuesta humanitaria sea inclusiva. En las situaciones de emergencia, los niños con discapacidad deben hacer frente a una doble desventaja. Sufren los mismos problemas que los niños en conflictos o en desastres naturales: amenazas a su salud y seguridad, malnutrición, desplazamiento, pérdida de clases y el riesgo de abusos”, detalló.

“Pero también tienen que afrontar desafíos únicos, como la falta de movilidad debido a la infraestructura dañada, la dificultad de escapar del peligro y los prejuicios que impiden que accedan a la asistencia de emergencia que necesitan”, explicó Thompson.

Según la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 90 por ciento de los niños que viven en países en desarrollo y que tienen oportunidades de educación no van a la escuela.

“Tenemos que lograr que la educación sea inclusiva. Alrededor de la mitad de los niños con discapacidad no van a la escuela por prejuicio, estigma o falta de aprendizajes accesibles”, se lamentó Thompson.

“Y de los que van a la escuela, la mitad no reciben una educación de calidad por la escasez de maestros capacitados, instalaciones accesibles o herramientas de aprendizajes especializadas”, añadió.

“La exclusión de niños con discapacidad de la educación le puede costar a un país hasta cinco por ciento del producto interno bruto por la falta de posibles ingresos” que se posiblemente se pierdan, alertó.

¿Quién es responsable?

Como se vio en la cumbre, los estados miembro no son los únicos actores responsables de la inclusión. Las agencias de la ONU, las organizaciones no gubernamentales y las empresas privadas lanzan de forma constante programas para reducir la brecha entre unos y otros y eliminar la discriminación.

“Los estados miembro necesitan garantizar que toda la población esté incluida y se beneficie del desarrollo internacional y de políticas inclusivas. También necesitan asegurarse de consultar a la sociedad civil en ese proceso”, detalló Félix.

El papel de la sociedad civil “es monitorear y asesorar el proyecto, y si bien tienen que participar y ser parte del desarrollo internacional (en especial la sociedad civil local), los recursos deben proceder de los estados miembro”, apuntó.

Su trabajo está intrínsecamente relacionado. “Las estructuras de apoyo para las personas con discapacidad deben basarse en la comunidad, lo que quiere decir nada de apoyo para instituciones que segreguen a las personas con discapacidad”, puntualizó.

Esos actores deben trabajar tan de cerca que será difícil separar esos papeles.

“Es responsabilidad de todos y cada uno de los actores, debemos trabajar juntos, de forma cohesionada, y no separada. Se terminó la época de un enfoque aislado o de una mentalidad de aislamiento”, coincidió Jabir.

Traducción: Verónica Firme

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Menores palestinos, verdaderas víctimas del conflicto

qui, 16/08/2018 - 13:14

Más de 700 menores palestinos de Cisjordania fueron detenidos por fuerzas israelíes entre 2012 y 2017, 72 por ciento de los cuales soportaron violencia física, según la organización Defense for Children International Palestine. Crédito: UNICEF/El Baba.

Por Carmen Arroyo
NACIONES UNIDAS, Aug 16 2018 (IPS)

Más de 700 adolescentes fueron detenidos en Cisjordania por fuerzas militares israelíes entre 2012 y 2017, 72 por ciento de los cuales sufrieron violencia física durante su arresto, denunció la organización Defense for Children International Palestine (DCIP)

Con la liberación de la joven Ahed Tamimi a fines de julio, saltó a la primera planta de los medios internacionales las constantes detenciones que sufren niñas y niños palestinos; 727 menores de edad fueron detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes, indicó DCIP.

“Los malos tratos a menores palestinos es una práctica generalizada, sistemática e institucionalizada en todo el sistema de detención militar israelí”, precisó Brad Parker, abogado de DCIP.

Julio fue un mes accidentado para Palestina.

Por un lado, el Estado observador de la Organización de las Naciones Unidas, fue elegido para encabezar al Grupo de los 77 (G-77) países en desarrollo, lo que significó un respaldo a Palestina y llevó al aumento de las tensiones con Israel.

El G77 es el mayor grupo de países dentro de la ONU, con 135 países; y Palestina, en tanto que líder del mismo, se dirigió a la Asamblea General, aunque asumirá formalmente en enero de 2019, sustituyendo a Egipto.

Por otro lado, a los pocos días, la activista de 17 años Tamimi fue liberada tras ocho meses en una cárcel de Israel. Fue detenida tras golpear a un soldado israelí a la entrada de su pueblo, Nabi Saleh, en Cisjordania. El hecho quedó registrado en vídeo y dio la vuelta al mundo.

“La detención, la persecución, el acuerdo de culpabilidad y la condena de Ahed en el sistema judicial militar de Israel no es excepcional, sino que ilustra los malos tratos generalizados, sistemáticos e institucionalizados que sufren menores palestinos a manos de fuerzas israelíes y la negación de un juicio justo son inherentes al sistema de detención militar de Israel”, explicó Parker, refiriéndose al caso de Tamimi.

“Ahora que la liberaron, la atención probablemente decaiga, pero ya puso de relieve, y lo seguirá haciendo, la difícil situación de los cientos de menores palestinos detenidos que permanecen en prisión y procesados por el sistema de justicia militar de Israel”, añadió.

La detención de menores palestinos se volvió común y la legitimidad de los métodos para procesarlos es bastante cuestionable.

Según DCIP, de los 727 niñas y niños palestinos procesados, 700 no tienen a ninguno de sus padres ni representante legal durante los interrogatorios.

Además, 117 menores pasaron más de 10 días en régimen de aislamiento. Parker considera que “los malos tratos contra menores palestinos detenidos por las fuerzas israelíes es uno de los mayores problemas en materia de derechos humanos planteados por la comunidad internacional”.

With Palestine’s new leadership position at the U.N., the observer state could draw international attention towards this issue. But some experts remain sceptical as to whether this will prove to be true. Vijay Prashad, director at Tricontinental Institute for Social Research, said:

Con el nuevo lugar destacado de Palestina en la ONU, el Estado observador puede llegar a concentrar la atención internacional hacia ese asunto, aunque algunos especialistas son escépticos y no creen que vaya a ocurrir.

“El G77 está frenado pues los países que otrora fueron incondicionales en la lucha contra el colonialismo, como India, ahora están dubitativos. Tienen que hacerse cargo”, opinó Vijay Prashad, director del Instituto Tricontinental para la Investigación Social

Al ser consultado sobre el papel de las instituciones y el sistema internacional, como la ONU para frenar el abuso de menores palestinos en Cisjordania, Prashad fue categórico respecto de que deben tomarse más medidas.

“La ONU debe ser más enérgica. Una cosa es declarar los asentamientos ilegales y otra, no hacer nada al respecto”, subrayó.

“Es necesario que los países que aborrecen esa política de colonización tomen más medidas; hagan una denuncia más contundente y (promuevan) más políticas severas contra el gobierno israelí”, reclamó

Parker también instó a las autoridades israelíes a que se hagan responsables.

“A pesar de la participación sostenida de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y de los reiterados llamados para terminar con las detenciones nocturnas y los malos tratos y torturas de menores palestinos detenidos, las autoridades israelíes no han logrado implementar cambios prácticos para frenar la violencia ni garantizar el derecho al debido proceso y a un juicio justo”, explicó Parker

“Las reformas implementadas por las autoridades castrenses tienden a ser cosméticas en naturaleza, más que sustantivas, apuntando a la violencia física y la tortura por las fuerzas policiales y militares de Israel”, respondió Parker.

La comunidad internacional ha asumido una posición como, por ejemplo, declaraciones e informes de diferentes agencias de la ONU y el actual proyecto de Estados Unidos sobre los derechos de menores palestinos detenidos, “Ley para Promover los Derechos Humanos y terminar con la Detención Militar de Niños Palestinos”

Pero para Parker, no es suficiente porque Israel rompe los acuerdos legales internacionales.

“Independiente de la culpabilidad o inocencia o de la gravedad del presunto delito, los estándares internacionales en materia de justicia de menores, que Israel está obligado a implementar al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1991, demandan que a los niños solo hay que privarlos de libertad como último recurso, no deben ser detenidos de forma arbitraria ni ilegal y no deben ser sometidos a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ni a castigos”, precisó Parker.

“La política israelí ha estado plagada de ilegalidad mucho antes de que (Donald) Trump fuera presidente (de Estados Unidos.)”, comentó, refiriéndose a la reubicación de la embajada de ese país de Tel Aviv a Jerusalén. “Se intensificó, por cierto, pero es la misma política estadounidense de apaciguamiento de las ambiciones de Israel”, apuntó.

En cambio, Parker sí notó cambios.

“Las masivas manifestaciones, marchas y enfrentamientos en toda Cisjordania tras la decisión de Trump de reconocer públicamente a Jerusalén como capital de Israel, en diciembre, coincide con un aumento en el número de menores palestinos detenidos”, observó Parker.

“La impunidad sistemática es la norma en lo que a la ocupación militar de más de 50 años de Palestina respecta; por lo que reclamar justicia y responsabilidad, y por último, lo que se necesita es terminar con la ocupación para frenar las violaciones de derechos humanos de los niños”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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Consulta sobre nueva Constitución descubre escenario político en Cuba

qui, 16/08/2018 - 12:25

Un grupo de personas asiste al debate en el barrio de Kholy, en el municipio capitalino de Playa, sobre el proyecto de la nueva Constitución de la República de Cuba, como parte de las consultas populares que se desarrollarán sobre su texto hasta noviembre. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Aug 16 2018 (IPS)

Con contrastes entre propuestas escritas, opiniones orales y apatías, los barrios y centros laborales cubanos viven un inusual debate político durante la consulta popular del proyecto de Constitución, destinado a entrar en vigor en un año más.

Por primera vez en una consulta de este tipo, se incluye a los 1,4 millones de cubanos residentes en el exterior,  desperdigados en más de 120 países según cifras oficiales, que podrán emitir sus criterios a través de un sitio web disponible desde septiembre.

En este país insular caribeño de 11,2 millones de habitantes los debates comenzaron el 13 de agosto y concluirán el 15 de noviembre.

“La Constitución vigente, de 1976, lleva mucho tiempo y quizás la gente más joven no la conocen ni se sienten vinculados a ella”, dijo a IPS la jubilada Dania Rodríguez, que participó en su barrio de Kholy en una de las primeras reuniones realizadas el lunes 13, que se prevé que totalicen más de 135.000 a lo largo de la consulta.

Para Rodríguez, “este proceso es muy necesario” en el momento actual y “hace que todos nos sintamos más partícipes”.

Criticada por unos y alabada por otros, la reforma de la Constitución avanza en Cuba desde julio, con el propósito de que la próxima ley fundamental incluya cambios encauzados por el gobierno de Raúl Castro (2008-abril 2018) y permita la continuidad de las transformaciones por parte de su sucesor, Miguel Díaz-Canel.

Se espera que el complejo proceso culmine en 2019, con la aprobación o no en un referendo del texto final, revisado por el parlamento y enriquecido con las propuestas ciudadanas.

Manteniendo el sistema socialista como irrevocable y el Partido Comunista de Cuba (PCC) como único legal, el proyecto compuesto por preámbulo y 224 artículos propone modificaciones en la estructura de gobierno desde el municipio hasta la cúpula, allana el camino al matrimonio igualitario y reconoce la propiedad privada, entre otras.

Una diversidad de criterios en temas políticos y de gobierno que rara vez resulta visible en los espacios públicos cubanos, junto a posturas de escepticismo y silencio, afloraron en dos reuniones a las que IPS tuvo acceso el lunes 13 como el resto de la prensa internacional y local.

Alrededor de 140 vecinos de Kholy asistieron a la cita nocturna guiada por una militante del PCC en el municipio de Playa y un jurista. Extendido hasta tarde en la noche, varios participantes se auxiliaron de teléfonos celulares para iluminar sus anotaciones en los tabloides y presentar sus criterios.

Sentada en uno de los pocos puestos disponibles, Rodríguez opinó sobre la estructura de gobierno municipal y provincial presentada en el documento, el tema que más debate provocó en la reunión, donde además se propuso explicitar que los servicios de salud y educación son gratuitos y hasta crear un tribunal constitucional.

“Tiene cosas muy positivas (…), independientemente de que creo que el gobernador debe ser elegible”, abundó la jubilada, quien defiende el voto directo en las urnas y no por designación de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) como modo de elección de la nueva figura de los gobernadores provinciales.

 

La enfermera Alina Morales participa en un debate del proyecto de la nueva Constitución cubana, en la policlínica Nguyen Van Troi, en el municipio Centro Habana, que es parte de la capital del país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

El proyecto reconoce la autonomía de los 168 municipios y empodera a estas instancias de gobierno. Sin embargo, sustituye las actuales Asambleas Provinciales del Poder Popular en cada una de las 15 provincias por un pequeño consejo dirigido por un gobernador a designar por el parlamento.

También se plantea una división de poderes legislativos y ejecutivos en la cúpula, con la incorporación de nuevos cargos como el de presidente de la República y primer ministro, junto a una redistribución de las potestades y funciones entre el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y el parlamento.

“Yo apoyo el proyecto (…), pero mi preocupación está en la hora de ponerlo en práctica, en que se vigile el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones”, dijo a IPS la médica Diana Isel Ribiana, quien trabaja en la policlínica Nguyen Van Troi, del municipio capitalino de Centro Habana, donde 50 trabajadores de la salud fueron consultados.

La profesional de la salud enfatizó en la implementación efectiva de los artículos que obligan a los funcionarios y entidades estatales a seguir la legislación vigente y atender a la población.

“Existen varios organismos que no cumplen con sus funciones, entonces es terrible hacer cualquier trámite y una no sabe ni dónde quejarse”, puso como ejemplo.

“Los criterios van a ser recogidos tal cual los expresen las personas. Todos los criterios cuentan, las adiciones y supresiones, incluso aquellos que son comentarios. Estamos hablando de la ley general de la República”, explicó a IPS la funcionaria Sucel Lameré, quiencondujo la reunión en la policlínica.

En cada municipio fue creada una comisión para digitalizar todos los planteamientos realizados en los debates, con nombre y apellido de cada persona, que serán organizados por el Centro de Estudios Sociopolíticos y de Opinión.

El procesamiento implicará a más de 4.000 personas en el país mientras otras 15.000 como Lameré fueron capacitadas para facilitar las consultas populares en cuartetos, donde dos personas conducen y explican dudas mientras las otras dos recogen por escrito los planteamientos ciudadanos.

“El ejercicio (de reforma constitucional) ha sido más democrático y promete serlo más en el proceso deliberativo popular que está comenzando”, dijo a IPS el analista político Carlos Alzugaray, para quien “se hacía imprescindible actualizar también el sistema político” en un país que ya implementó cambios económicos y sociales.

Otros planteamientos ciudadanos que trascendieron en las reuniones y los medios locales de prensa se refieren a la responsabilidad individual y familiar ante el derecho a la salud, la soberanía del ciberespacio, la eutanasia e incluir el derecho a invertir a cubanos que residen en el país y tienen dinero para ello.

La gran novedad de la consulta popular radica en la participación por vez primera de los emigrantes, con una fuerte comunidad en Estados Unidos, aunque no podrán votar en el referendo previsto para febrero de 2019.

“Es un paso en la dirección correcta”, indicó a IPS por correo electrónico María Isabel Alfonso, de Cuban Americans for Engagement (Cafe), un grupo que promueve el entendimiento entre los dos países, que atraviesan un proceso de normalización de las relaciones diplomáticas desde el 17 de diciembre de 2014.

Compartió que “la noticia ha sido recibida con entusiasmo por quienes deseamos mantener vínculos constructivos con nuestro país de origen, y con escepticismo y desdén, por quienes optan por mantener dinámicas de hostilidad o no pueden reconocer ningún aspecto positivo en los cambios que atraviesa la sociedad cubana”

No obstante, apuntó que “una reforma más radical implicaría que, como parte de la nación que somos, pudiéramos votar en el referendo de febrero, donde se aprobarán las propuestas de cambio”.

La actual Constitución fue reformada parcialmente en 1978, 1992 y 2002, tras su entrada en vigor en 1976.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Consumo de agua para electricidad genera rechazo social en México

qua, 15/08/2018 - 14:50

Organizaciones no gubernamentales de México impulsan una ley ciudadana de aguas, para garantizar el derecho humano al recurso. En la imagen, activistas sociales durante la clausura de un taller nacional sobre cuencas, el 11 y 12 de agosto en Tlalmanalco, una ciudad del centro-sur del país. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
TLAMANALCO, México, Aug 15 2018 (IPS)

Uno de los temores de los pobladores de la Sierra Huasteca en el nororiental estado de San Luís Potosí es la construcción de plantas eléctricas de ciclo combinado, que amenazarían la disponibilidad de agua en esa región de México.

“Hemos escuchado rumores sobre la instalación de dos centrales más, pero no hay información disponible. Operan con mecanismos muy opacos”, señaló Esther Peña, asesora de la no gubernamental Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, fundada en 1994.

Peña, cuyo colectivo aglutina a 12 organizaciones de productores indígenas y campesinos en seis municipios, denunció a IPS que el funcionamiento de la planta de ciclo combinado Tamazunchale, que opera desde 2007 con capacidad de 1.187 megavatios (MW) contamina el ambiente y perjudica la siembra de café y cítricos, así como la actividad ganadera.

La empresa española Iberdrola, propietaria de la central, proyecta construir dos adicionales, Tamazunchale I y II, con capacidad total de 1.187 MW, que están aún en fase de diseño.

La expansión de ese tipo de instalaciones térmicas, que consumen gas natural para generar electricidad y cuyos gases desechados son reutilizados para producir más energía a partir del vapor de agua, preocupa a defensores del agua y enemigos de los combustibles fósiles por sus impactos sociales, ambientales y sobre el recurso.

Las amenazas identificadas por esos grupos incluyen también el destino del líquido para minería, extracción de hidrocarburos no convencionales de esquisto o lutitas,  plantas cerveceras y de refrescos y otros usos industriales.

Todas ellas fueron discutidas por especialistas y dirigentes comunitarios en Tlamanalco, una ciudad del estado de México, en el centro-sur del país este mes.

Durante el Taller Nacional de Promotores de Consejos de Agua y Cuencas, 121 representantes de 51 organizaciones mexicanas analizaron cómo corregir el impacto de estas actividades sobre el acceso al recurso, así como la manera de impulsar soluciones que pongan en manos ciudadanas el manejo del líquido.

El énfasis de esa visión recae en el manejo comunitario del agua, el derecho humano a su acceso, el cuidado del recurso y su calidad, materializada en la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas, elaborada desde 2014 por organizaciones de la sociedad civil, académicos, comunidades guardianas del recurso y pueblos indígenas.

Las organizaciones eligieron a representantes de 28 consejos de cuencas, quienes efectuarán la labor local de difundir la propuesta ciudadana y movilizar apoyos.

Dentro de esa perspectiva, cobra relevancia el nexo agua y energía, más allá de la construcción y modernización de centrales hidroeléctricas y en medio de los embates del cambio climático producido por la extracción y quema de carburantes fósiles.

“Hoy se impone la visión de dedicar agua para la energía, como las hidroeléctricas, las centrales de ciclo combinado y el gas natural. Está mal aprovechado el uso del agua”, dijo Óscar Monroy, presidente de la no gubernamental Comisión de Cuenca de los ríos Amecameca y La Compañía.

Durante dos días, representantes de 51 organizaciones gubernamentales de México debatieron sobre medidas para defender el agua, en un encuentro en el municipio de Tlalmanalco, en el estado de México, en el centro-sur del país.
Crédito: Emilio Godoy/IPS

El activista IPS que “el problema se ha ido agravando, porque la ley actual considera al agua una mercancía. El gobierno subsidia el agua para los grandes contaminadores”.

Monroy fue uno de los asistentes al encuentro de Tlalmanalco, que significa “lugar de tierra aplanada” en lengua náhuatl, una urbe de unos 47.000 habitantes, a unos 50 kilómetros al sureste de Ciudad de México.

Fomentadas por la importación de gas natural de Estados Unidos, la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas privadas despliegan el montaje de centrales de ciclo combinado, favorecidas por la apertura al capital privado del sector energético en 2014.

El reporte de 2017 “Amenaza neoliberal a los bienes comunes: panorama nacional de megaproyectos eléctricos”, elaborado por la no gubernamental Geocomunes, indica que actualmente la CFE opera al menos 27 plantas termoeléctricas, de ciclo combinado y turbogás, a las que se suman al menos otras 22 en manos privadas.

Otras 16 plantas de este tipo están actualmente en fase de proyecto y la CFE construye al menos seis adicionales que entrarán en operación en los próximos años, según datos del organismo estatal.

En la segunda subasta eléctrica de septiembre de 2016, el gobierno mexicano adjudicó un proyecto de ciclo combinado de CFE en el norteño estado de Sonora y otro privado en la zona fronteriza con Estados Unidos, en el nororiental territorio de Tamaulipas, mientras que en la licitación eléctrica de 2017 se concedieron otras dos instalaciones privadas.

Para 2017, la estatal pero autónoma Comisión Reguladora de Energía había otorgado 645 permisos de generación eléctrica basada en fósiles –entre ellos termoeléctricas de ciclos combinados- y que equivalen a la mitad del total autorizado.

Durante el primer trimestre de 2018, los ciclos combinados, cuyo consumo de agua para movilizar las turbinas a vapor se desconoce, aportaron 30.920 MW, del total nacional de 75.570.

El contexto de futura crisis hídrica

Varios estudios pronostican una crisis hídrica en México para 2040, especialmente del centro al norte del  país .

De los 653 acuíferos nacionales, 105 están sobrexplotados. Datos de la no gubernamental Oxfam de México indican que casi 10 millones de personas, de los 130 millones que viven en esta nación, carecen de agua en sus hogares, por lo cual destinar el líquido a generación energética colisiona con esas necesidades.

La gota que derramó la crítica social fue la decisión del gobierno del conservador Enrique Peña Nieto, en junio, de levantar la veda sobre el agua de 10 cuencas del país para favorecer su uso para energía, manufactura, minería, cervecería y otros usos industriales y que dejaría bajo concesión unos 51billones del líquido por 50 años.

Ante ello, comunidades de pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales interpusieron 36 amparos opuestos a la decisión y de los cuales 12 fueron aceptados por los tribunales, 12 rechazados y otros 12 siguen en trámite.

En Tamaulipas “enfrentamos la amenaza de obras energéticas”, como la fractura hidráulica, aseguró Ricardo Cruz, miembro de la Asociación de Abogados Ambientalistas de ese estado.

Esa técnica, también conocida por el vocablo inglés “fracking”,  libera grandes volúmenes de petróleo o gas alojados en rocas muy profundas mediante la inyección masiva de agua y aditivos químicos que contaminan el aire y el agua, según ambientalistas.

“Tenemos un gran temor, porque sus efectos pueden ser perjudiciales para la salud, la agricultura y la ganadería”, resaltó Cruz a IPS.

Para los asistentes al taller nacional, la solución radica en la aprobación de la ley ciudadana de aguas. Para cumplir con la reforma constitucional de 2012 que garantiza el derecho humano al recurso, el gobierno debía avalar una nueva legislación en 2013, plazo que incumplió.

Por ello, sus promotores presentarán la iniciativa en septiembre próximo, cuando asuma el nuevo Congreso legislativo mexicano, votado en las elecciones generales del 1 de julio.

“La solución ante los megaproyectos es la ley ciudadana, porque establece que no se puede usar para esos megaproyectos”, sostuvo Peña, en cuya región denuncian que la estatal Petróleos Mexicanos pretende explotar gas con fracking, en perjuicio de pobladores de al menos 12 municipios.

El informe de 2016 “Territorialización de la reforma energética: el control de la explotación, el transporte y la transformación energética en el noreste de México”, de Geocomunes, señala que la construcción de ciclos combinados “debilita la condición agrícola tradicional” de San Luís Potosí.

También asegura la organización dedicada a cartografiar los conflictos sociales que que “consolida su posición como una región productora de energía para las zonas industriales del centro del país”.

La iniciativa ciudadana promueve la abolición de la estatal Comisión Nacional del Agua y su sustitución por un Consejo Nacional de Aguas integrado por Consejos de Cuencas Regionales.

Además, crea la defensoría del agua, facultada para sancionar a quien la desperdicie o contamine, y destina el recurso a actividades agrícolas y ambientales.

“Se necesita un equilibrio para que haya agua para todos. Es posible tener otro tipo de proyectos, con organizaciones ciudadanas”, planteó Monroy.

Cruz coincidió con Monroy, pues “es importante priorizar y el agua no es objeto de lucro. El objetivo debe ser el derecho humano” al líquido, patentizó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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La intrusión del agua salada ya es una realidad en Guyana

qua, 15/08/2018 - 13:13

Cataratas de Kaieteur, en Guyana. Agricultores de este país caribeño denuncian la intrusión de agua salada desde hace años, lo que ocurre especial mente en la temporada seca y en las regiones donde el agua para irrigar procede de ríos y arroyos que desembocan en el océano Atlántico. Crédito, Cortesía: Dan Sloan/CC By 2.0

Por Jewel Fraser
PUERTO ESPAÑA, Aug 15 2018 (IPS)

Mikesh Ram tendrá que ver su cultivo de arroz pudrirse en la estación seca en Guyana, donde el agua salada del océano Atlántico desplaza a la dulce del río Mahaica con la que él y otros arroceros solían inundar sus granos.

La intrusión de agua salada en los arrozales viene pasando desde hace 10 años y él, como muchos otros arroceros en las regiones cuatro y cinco de Mahaica, vienen registrando pérdidas económicas porque el mar rebasa el muro de 200 años que frena su avance.

La cosecha de arroz tuvo un buen año en 2015, pero en el siguiente la producción registró una caída de 16 por ciento.

La caída de 2016 no puede atribuirse totalmente a la intrusión de agua salada, aunque sí fue parte del problema, coinciden especialistas.

El informe Inteligencia de la Materia Prima, del Servicio de Agricultura Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, explicó que “se debió a una miríada de problemas como sequía, racionalización del agua, intrusión de agua salada, falta de rotación de cultivos, menos insumos de fertilizantes y retornos más lentos y menores para los agricultores”.

En 2016, “20 por ciento de la primera cosecha de arroz sufrió el impacto de la sequía y otro 15 por ciento de la intrusión de agua salada en el terreno”, añade.

Las regiones arroceras de Demerara-Mahaica y Berbice-Mahaica son particularmente vulnerables a las consecuencias del cambio climático por estar a 1,8 metros por debajo del nivel del mar en la costa norte de Guyana, sobre el Atlántico.

“Los agricultores denuncian la intrusión de agua salada desde hace años, quizá desde 10 años (o más) en ciertas regiones del país”, indicó Heetasmin, magíster de la Universidad de Guyana.

Singh presentó un trabajo al respecto en el Congreso de Biología de la Conservación de América Latina y el Caribe, realizado del 25 al 27 de julio, en la trinitense Universidad de las Indias Occidentales.

“Eso ocurre especialmente en los períodos de sequía, y en esas regiones donde el agua para riego se extrae de ríos y arroyos que desembocan en el océano Atlántico (a diferencia del agua de conservación o sistema de captación); la intrusión de agua salada no es solo una amenaza, es una realidad para muchos de ellos”, explicó a IPS tras su presentación en el congreso.

La intrusión de agua salada suele ocurrir en la estación seca, cuando hay menos agua dulce porque no ha llovido, explicó el hijo de Mikesh, Mark Ram, colega de Singh, además de científico del Centro para el Estudio de la Diversidad Biológica en la Universidad de Guyana.

La salinidad tiene uno de dos efectos en el cultivo de plantas, las mata o retrasa su crecimiento, precisó.

“Por lo general, el agua salada afecta la planta cuando recién se planta porque es necesario inundar el campo. Entonces lo que hacemos es esperar hasta que llueva un poco, luego inundamos el campo y agregamos fertilizantes”, explicó.

“Luego largamos el agua y entonces tratamos de inundarlo de vuelta. En ese momento es que el agua se vuelve salada porque no llovió y eso afecta a los cultivos y mata a los arrozales”, precisó.

Por otro lado, también “puede demorar la temporada de cosecha porque el arroz no va a crecer tan rápido como debería”, acotó.

A veces, “de hecho, se pudre la planta” por la salinidad, añadió.

Para contrarrestar los problemas de la intrusión de agua salada, los agricultores en la región de Mahaica dependen del suministro de agua dulce de la Autoridad Nacional de Irrigación y Drenaje.

Según el informe de Inteligencia de la Materia Prima, Guyana “se divide en regiones de conservación de agua, y desarrolló infraestructura de diques y de irrigación para ayudar a los agricultores a utilizar sistemas complementarios de depósitos, a la vez que proteger con diques a ciertas áreas de las fuertes lluvias fuera de estación, que podrían anegar y erosionar la tierra”.

“Para ayudar al sector agrícola, a partir de enero de 2016, la Autoridad Nacional de Irrigación y Drenaje comenzó a bombear agua dulce hacia los depósitos de conservación más secos”, añade el informe.

“Los agricultores le pidieron a la autoridad que liberara agua de los depósitos”, recordó Ram. “Una vez que les llega, reduce la salinidad y el agua se puede usar”, apuntó.

Sin embargo, los agricultores no han tomado otras medidas de adaptación o mitigación, añadió.

“El conocimiento de los oficiales de extensión agrícola en medidas de adaptación y mitigación frente a la intrusión del agua salada es cuestionable”, opinó Singh. “Una verdadera campaña de educación y concienciación debe comenzar por esos funcionarios, quienes interactúan más frecuentemente con los agricultores”, apuntó.

“Muchos agricultores que entrevisté vieron las consecuencias de la salinización del suelo en sus cultivos, pero muchos no estaban familiarizados con el término cambio climático o no adaptaban las mejores prácticas para mejorar la salinización del suelo”, añadió.

“En cambio, trataron de resolver su baja productividad con más fertilizantes, pero terminan haciendo más daño que bien”, añadió.

Pero algunos descargarán agua sobre sus campos y permitirán que el agua y las sales se filtren y lleguen a la zona de las raíces de los cultivos.

Otros se asegurarán de hacer surcos profundos en el suelo para garantizar una filtración más rápida de las sales hasta las raíces.

Se pronostica que el nivel del mar en Guyana aumentará de 14 centímetros a 5,94 metros para 2031, de 21 centímetros a 6,02 metros para 2051, y de 25 centímetros a 6,19 metros, en 2071, lo que vuelve más urgente las medidas de adaptación y mitigación.

Traducción: Verónica Firme

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Rumbo de Zimbabwe en duda tras la impugnación de las elecciones

ter, 14/08/2018 - 13:17

Votantes hacen fila para sufragar en Zimbabwe el 30 de julio de 2018. Emmerson Mnangagwa obtuvo la mayoría de los votos, pero la oposición impugnó el resultado ante el Tribunal Constitucional. Crédito: Cortesía de The Commonwealth/CC By 2.0

Por Busani Bafana
BULAWAYO, Zimbabwe, Aug 14 2018 (IPS)

Los últimos acontecimientos en Zimbabwe dejan dudas sobre si este país africano podrá romper con su horrendo pasado y avanzar hacia un nuevo futuro tras las históricas elecciones de julio en las que ganó Emmerson Mnangagwa por un estrecho margen, pero que impugnó la oposición ante el Tribunal Constitucional.

Mnangagwa, otrora hombre de confianza del expresidente Robert Mugabe, reunió 50,8 por ciento de los votos, más que Nelson Chamisa, del Movimiento para un Cambio Democrático (MDC), que logró 44,9 por ciento.

Los 2,46 millones de votos conseguidos por Mnangagwa, frente a los 2,15 millones de su opositor, le dieron el “50+1” de los sufragios requeridos para ser presidente.

Pero el 10 de este mes, la Alianza-MDC impugnó ante el Tribunal Constitucional los resultados, demorando la asunción de Mnangagwa, prevista para el día 12.

El tribunal tiene 14 días para expedirse, y puede rechazar la solicitud presentada y confirmar a Mnangagwa como presidente, o hacer lugar a la evidencia presentada por Chamisa y fallar a favor de la oposición. También podría ordenar la realización de otras elecciones, que deberán realizarse en los próximos 60 días.

El politólogo y activista de derechos humanos Effie Ncube opinó: “Evitar otra elección es la mejor solución para Zimbabwe porque los ánimos en el terreno no son ideales para un elección libre de violencia”.

“El futuro de Zimbabwe radica en un acuerdo negociado por lo que este país tiene para perder, más que para ganar, si no se encuentra pronto una solución política”, explicó.

Mugabe fue desplazado, pero su brutal legado permanece en este país desesperado por un nuevo comienzo.

Las elecciones del 30 de julio, tras el derrocamiento de Mugabe en noviembre de 2017, no pasaron sin inconvenientes. La violencia, en todas sus formas fue emblemática de su gobierno, y es algo de lo que el actual presidente electo Mnangagwa buscó distanciarse.

Pero la violencia, la intimidación, los asesinatos y la impugnación de los resultados ensuciaron los comicios.

Hace dos semanas, la policía reprimió una manifestación de la oposición fuera de la sede de la Comisión Electoral de Zimbabwe en protesta por la demora en anunciar los resultados electorales.

El ejército también intervino y disparó contra los manifestantes dejando seis personas muertas y muchas más heridas. La tragedia manchó los comicios a pesar de los llamados a la calma tanto de la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF) y del opositor MDC.

“El brutal legado de Mugabe regresó para perturbarnos una vez más, pero entonces por lo menos estaba claro quién estaba a cargo”, puntualizó Dumisani Nkomo, director de la organización Habakkuk Trust.

En cambio, “ahora no está claro quién está a cargo, y parecen haber aparecido muchos focos de poder, e incluso en el ejército parecen haber muchos focos, como lo prueba el misterio sobre quién sacó los soldados a las calles de Harare”, añadió.

La credibilidad del proceso se vio seriamente erosionada por los habilitados a sufragar, por el voto postal y por los resultados de los comicios, puntualizó Nkomo.

“Es una situación realmente compleja porque los resultados electorales disputados fueron un problema desde 1980, y más claramente en 2000, 2002 y 2013, y parecemos avanzar en círculos”, dijo Nkomo a IPS.

“Las elecciones no pueden, siendo totalmente honestos, calificarse de libres y justas debido al terreno de juego desigual y por las restricciones a las libertades civiles tras el anuncio de los resultados”, explicó.

Los comicios parecieron libres y justos por muchos aspectos, como que la relativa paz vivida en los centros de votación, por el nuevo sistema biométrico para registrar a los votantes, por la buena organización de la Comisión Electoral y porque hubo diversos candidatos y partidos.

Los observadores de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral y de la Unión Africana (UA) respaldaron los comicios por ser libres y justos, en cambio la Unión Europea sí observó las irregularidades.

“Toda impugnación legal será de corta duración”, explicó el economista y legislador Eddie Cross.

“El gran desafío de Mnangagwa es unir al país tras su liderazgo y sanar las heridas de disputas pasadas, la lucha por la independencia (por ejemplo)”, explicó.

“Las pujas de poder incluyeron enfrentamientos con el MDC “desde 2000 con 5.000 personas secuestradas, decenas de miles torturadas, cientos muertas y la casi total destrucción de la economía, todo en nombre de la lucha para restablecer una democracia real”, añadió.

Hora de tender puentes

Mnangagwa se mofó de la idea de crear un gobierno de unidad nacional, como hizo su predecesor en 2008, con el opositor MDC, encabezado por el ahora fallecido Morgan Tsvangirai.

“¿Tengo una mayoría de dos tercios y quieren que abandone mi mayoría para formar un gobierno de unidad?”, exclamó Mnangagwa, en la primera semana de agosto en entrevista con el canal de televisión Skye News.

“No es mala idea, pero no me parece que haya necesidad. Creo que la política partidaria debe dar un paso al costado porque las elecciones ya quedaron atrás”, apuntó.

“Tenemos que ponernos manos a la obra para modernizar nuestra economía y hacerla crecer juntos. Los que no me votaron, los que me votaron, decimos juntos Zimbabwe es nuestro”, arengó.

A pesar de la violencia que estropeó el resultado electoral, Zimbabwe dependía de una suave ascensión al poder como boleto para entrar a la órbita de la comunidad internacional.

Pero en una iniciativa para presionar al nuevo gobierno a redoblar esfuerzos en ese sentido e iniciar una serie de reformas políticas y económicas, Estados Unidos renovó las sanciones a este país, vigentes desde 2001.

La economía sigue siendo uno de los grandes desafíos que Mnangagwa deberá atender con cuidado.

El presidente electo lanzó una ofensiva para atraer inversiones, promocionando la nueva apertura a los negocios de Zimbabwe.

“Mnangagwa tiene la oportunidad de cambiar el rumbo del país, hizo declaraciones acertadas sobre la economía que, ahora, tiene que acompañar de acciones”, observó Ncube.

“Creo que quiere jugar un papel de (Nelson) Mandela como persona que transforma al país y lo lleva a la democracia, alejándolo de la dictadura”, apuntó.

“Si el tribunal confirma a Mnangagwa como ganador, podrían haber menos tensiones. Pero la credibilidad y la legitimidad del régimen se cuestionará, y eso pondrá en riesgo su capacidad de atraer inversiones internacionales y perjudicará la estabilidad política”, alertó.

Traducción: Verónica Firme

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Nueva relación entre sociedad y energía avanza en Brasil

seg, 13/08/2018 - 16:48

Acto de entrega de diplomas a 28 adolescentes que concluyeron el curso de fabricación de lámparas led en una asociación campesina de Aparecida. La lámpara en el techo es de la "fabrica-escuela" donde estudian y trabajan los jóvenes, en el municipio de Sousa, en el noreste de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
SOUSA, Brasil, Aug 13 2018 (IPS)

“Queremos hacer historia”, coincidieron los profesores de la Escuela Ciudadana Integral Técnica Chiquinho Cartaxo. Son los primeros a enseñar a adolescentes la domesticación energética de las intemperies de la región del Nordeste de Brasil.

El curso de Energías Renovables fue el más concurrido de la unidad escolar de nivel secundario que inició sus clases en febrero de este año en Sousa, ciudad del interior de Paraiba, un estado de la ecorregión del Semiárido brasileño.

Sesenta de los 89 alumnos eligieron esa asignatura. Los demás optaron por la otra alternativa, técnicas comerciales en la institución que lleva el nombre de un ingeniero y empresario local, fallecido en 2006.

“Fue la sociedad local que decidió, en una audiencia pública, que esos serían los dos cursos de esta escuela”, subrayó a IPS el gestor pedagógico Cícero Fernandes, de 35 años y uno de los coordinadores del centro.

“Se trata de construir un proyecto de vida con los alumnos. Energías renovables usan distintos recursos, pero la solar acapara las atenciones acá y es central en el curso, porque tenemos mucho sol”, acotó Kelly de Sousa, quien con 30 años es directora de la escuela.

El interés de los adolescentes, la mayoría entre 15 y 17 años de edad, refleja el boom de energía solar que viven, desde el año pasado, Sousa y alrededores, región considerada la de insolación más favorable en Brasil. Iglesia católica, edificios comerciales, industrias y residencias ya recurren a esa fuente alternativa.

La energía, específicamente la electricidad, va dejando de ser algo ajeno, lejano, que viene por cables y postes, a precios crecientes por razones desconocidas. Iglesia católica,

Sousa, con más de 100 sistemas fotovoltaicos en un municipio de 70.000 habitantes, 80 por ciento urbanos, anuncia el cambio de relación entre sociedad y energía que está promoviendo en Brasil la expansión de la llamada generación distribuida, protagonizada por los mismos consumidores.

La participación de la generación fotovoltaica en la matriz energética brasileña es aún limitada a 0,82 por ciento del total de 159.970 megavatios, según los datos de la estatal Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), reguladora del sector.

Estudiantes en una de las aulas de la Escuela Ciudadana Integral Técnica Chiquinho Cartaxo, en la ciudad de de Sousa, donde 60 alumnos aprenden técnicas y teorías sobre energías renovables, especialmente sobre la fuente solar. El curso fue adoptado luego de consulta a la comunidad local en audiencias públicas en esta localidad del noreste de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS

Pero es la fuente que más crece. En las plantas aún en construcción ya corresponde a 8,26 por ciento del total. Eso se refiere a las centrales generadoras, construidas por empresas proveedoras como un negocio comercial.

A ellas se suman las “unidades consumidoras con generación distribuida” en la denominación de Aneel, microgeneradoras residenciales o empresariales que ya suman 34.282, de las cuales 99,4 por ciento son solares y las demás eólicas, térmicas o hidráulicas. La potencia total es de 415 megavatios y triplicó en doce meses.

El Nordeste, la región más pobre y más soleada, aún genera poca energía solar, en contraste con la eólica, que ya es la principal fuente local, consolidada después que la sequía de los seis últimos años deprimió el aporte hidráulico.

La aceleración de la revolución solar en Sousa se debe a la sociedad civil, especialmente al Comité de Energías Renovables del Semiárido (Cersa), una red de activistas, investigadores, organizaciones sociales y académicas, creada en 2014.

El grupo, sin sede o personería jurídica, actúa en tres ejes, según explicó a IPS su coordinador, Cesar Nóbrega, de 60 años, que vive en Sousa: la capacitación y empoderamiento de comunidades, la instalación de sistemas para demostración e influencia en políticas públicas por energías renovables.

Genival Lopes dos Santos en el huerto que cultiva gracias al bombeo solar de agua. Con este sistema y otras tecnologías incorporadas en su finca pudieron seguir cultivando su tierra durante la sequía de seis años en la ecorregión del Semiárido brasileño, iniciada en 2012. Crédito: Mario Osava/IPS

La escuela técnica de Sousa comprueba que la prédica del Cersa cayó en suelo fértil. Otros cursos cortos, seminarios, foros con participación de universitarios, gobernantes y organizaciones comunitarias componen la intensa actividad articulada por el comité.

“Quiero saber cómo los paneles absorben la luz del sol y generan energía, ese curso era lo que yo esperaba”, dijo Mariana Nascimento, de 16 años, que frecuenta la escuela junto con su hermana gemela Marina. Ambas viven en la ciudad de Aparecida, a 20 kilómetros de Sousa.

El curso atrajo no solo jóvenes. Emanuel Gomes, de 47 años, decidió volver a las aulas para  “aprender para elaborar proyectos (solares) residenciales, ahorrar gastos energéticos y proteger el medio ambiente”. Acompaña a su hijo de 18 años en las clases.

“Los alumnos están entusiasmados, con sed de conocimientos y ansiosos por la práctica”, y lo comprobaron participando en el seminario de la Parroquia Solar en sus vacaciones, destacó la directora Sousa, refiriéndose al debate ocurrido en la inauguración de la planta fotovoltaica de la Iglesia Católica de Sousa, el 6 de julio.

Vincular y capacitar a los estudiantes con el tema energético y sus efectos ambientales y económicos es una tarea que asumió Walmeran Trindade, profesor de ingeniería eléctrica en el Instituto Federal de Paraíba y coordinador técnico del Cersa.

El 17 de julio “graduó” 28 alumnos de su curso de 30 horas en la “fábrica-escuela” de lámparas led, ejemplos de eficiencia energética, en un poblado rural de Aparecida, apoyada por el Instituto Breda, de origen católico.

“Es para capacitación profesional, generación de ingresos y convivencia con el clima semiárido”, definió a IPS el profesor, que viaja más de 400 kilómetros, desde João Pessoa, capital de Paraiba, para dictar sus clases no remuneradas, como voluntario.

Las lámparas, hechas con botellas de plástico, iluminan menos que las industriales, pero vendidas a cinco reales (1,30 dólares) son accesibles a campesinos pobres y hechas por “la capacidad de jóvenes también pobres” que obtendrán algún ingreso, justificó.

“Hice cuatro lámparas, comprendí como funciona y quiero trabajar con energía, aunque sueño estudiar Derecho para defender la sociedad”, anunció Gaudencio da Silva, de 16 años, alumno del segundo año de la secundaria y participante de la “Fábrica-escuela”.

 

El matrimonio de los campesinos Marlene y Genival Lopes dos Santos, junto al biodigestor que obtuvieron en el marco de la campaña a favor de las energías limpias en el municipio de Sousa, en el noreste de Brasil. Además de biogás, el digestor también les provee de fertilizantes naturales para el pomar y el huerto que cultivan en su finca. Crédito: Mario Osava/IPS

Las plantas de demostración de energías renovables se multiplicaron, cumpliendo el segundo objetivo del Cersa.

Además de la Parroquia Solar, la Panadería Comunitaria de las Oliveiras y sistemas solares urbanos y rurales son ejemplos positivos del sol como fuente ambientalmente sana que empodera consumidores y comunidades.

La Asociación de Agricultores del Asentamiento Acauã, un proyecto surgido bajo la reforma agraria de 1996, obtuvo una planta fotovoltaica que asegura el suministro de agua a sus 120 familias. La energía bombea el agua a un depósito en un cerro a 800 metros de la comunidad.

“Pagábamos 2.000 reales (540 dólares) al mes en electricidad para bombear el agua a un depósito en un cerro a 800 metros de la comunidad”, celebró a IPS la coordinadora de la Asociación, Maria do Socorro Gouveia.

Otro ejemplo rural de aprovechamiento del sol es el matrimonio de Genival y Marlene Lopes dos Santos, ambos de 48 años, también asentados gracias a la reforma agraria. Además de electricidad, usan energía solar para bombear agua de un pozo e irrigar pequeños pomar y huerto.

Un biodigestor, otro sistema que se multiplica en la parte rural del municipio de Sousa, les asegura el gas de cocina. El estiércol procesado para producir el biogás fertiliza sus cultivos.

“La sequía no nos impidió de sembrar”, se enorgullecen estos campesinos que también se dedican a la pesca y apicultura.

“Falta el sector público” para promover políticas públicas en esas alternativas energéticas, lamentó Nóbrega. La alcaldía de Sousa gasta seis millones de reales (1,6 millones de dólares) al año en electricidad.

Adoptar energía solar en sus sedes y la iluminación pública representaría un gran ahorro para inversiones en servicios e infraestructura municipales y, de esa forma, el dinero pagado a la distribuidora eléctrica, con sede en la capital João Pessoa, fomentaría la economía local, arguyó el coordinador del Cersa.

Edición: Estrella Gutiérrez

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No llores por mí, Suramérica

seg, 13/08/2018 - 15:12

Joaquín Roy. Crédito: Cortesía del autor

Por Joaquín Roy
MIAMI, Aug 13 2018 (IPS)

La decisión de Iván Duque, el nuevo presidente colombiano, de retirar a su país de la organización Unasur, no solamente es la inauguración de las medidas que el mandatario deberá tomar en su nuevo cargo, sino también el certificado de defunción del tradicional y precario proyecto de cooperación de la parte sur del continente americano.

La drástica declaración es al mismo tiempo un amplio mensaje de que los tiempos de la integración latinoamericana pasan por un período negativo que se presenta con visos de ser terminal y no meramente temporal.

La atmósfera en el subcontinente latinoamericano no es aislada, sino que viene acompañada de un contexto adverso a los experimentos de integración (y de cooperación económica) en todo el continente, bajo el influjo amenazante de Estados Unidos, liderado por Donald Trump.

Por otra parte, el núcleo de la Unión Europea, que fuera un faro de mensajes positivos en el pasado, no parece pasar por sus mejores momentos.

Se halla bajo la ambivalencia de ciertos miembros (y el influjo del Brexit) y la presión de sectores populistas que no solamente socaban el consuetudinario mensaje de unión, sino que vienen trabajando sin cesar por la prioridad del nacionalismo, azuzado por la inmigración descontrolada.

Mientras la debilidad europea puede considerarse temporal y al mismo tiempo consustancial a su largo desarrollo de más de medio siglo, los síntomas latinoamericanos son más serios, ya que la historia de la integración del subcontinente no rebasa los conatos de experimentos y declaraciones ampulosas.

Además, el registro de proyectos adolece de un problema innato que consiste en no solamente equivocar los límites geográficos, sino también en responder no a unos objetivos positivos de sumar, sino también a responder a unas miras de plasmar proyectos en contra de algunos vecinos y competidores en la media distancia.

La defunción de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) estaba anunciada desde los momentos en que Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay decidieron suspender su membresía.

Un largo periodo sin secretario general carcomía su funcionamiento. Pero diversas voces han estado señalando que las carencias de Unasur proceden de orígenes complementarios.

Uno es la limitación geográfica. Otro es el objetivo primordial en un contexto en que Unasur no solamente debía compartir escenario con diversas organizaciones interamericanas y estrictamente latinoamericanas. Un tercero estaba presentado por los objetivos que su curioso ADN anunciaba.

El primer enigma se presentó tempranamente con el limitado marco geográfico. Al ceñirse al subcontinente sudamericano, se revelaba que la nueva organización esquivaba dos actores imponentes: Estados Unidos y México.

Evitar al primero parecía ser el objetivo central de repetir el marco de la OEA (Organización de Estados Americanos), que estaba considerado por la mayoría los miembros fundadores de Unasur como el poder hegemónico obstaculizador.

México se consideraba competidor de Brasil y cómplice de numerosas carencias latinoamericanas. Brasil soslayaba así incómodos socios. Por otra parte, Unasur era una ampliación del escenario del ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América), la creación bolivariana de Venezuela, impelida por los argumentos de la ayuda petrolífera.

Los objetivos de Unasur resultaban un tanto etéreos para rellenar el espacio reservado por Ecuador en el “centro del mundo”. El admirable edificio construido sobre la raya de los hemisferios, entonces bajo el influjo entusiasta del presidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007), se fue quedando vacío de objetivos.

Nunca se vio claro el proyecto de convertir a Unasur en una eficaz OTAN sudamericana que velara por la seguridad y garantizara a sus miembros la coexistencia en su diversidad. Nunca se palpó su eficacia en convertirse en foro de solucionar controversias.

Simultáneamente, su evolución contrastaba en la deriva de los dos proyectos tradicionales latinoamericanos que compartían el teatro geográfico, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y Mercosur (Mercado Común del Sur). Si de integración regional se trataba, esa función pertenecía a la CAN y Mercosur.

Simultáneamente a la evolución de Unasur, la CAN quedaba herida internamente por su inhabilidad en sublimar su inexistente unión aduanera, a pesar de contar con un notable bagaje de legislación común.

La fuga temprana de Chile fue el aviso de los escarceos que Colombia y Perú fraguaban con la UE y Estados Unidos para plasmar acuerdos individuales comerciales que terminaron por provocar la irritación de Venezuela.

Hugo Chávez (1999-2013) necesitaba excusas para anunciar su particular salida y su extemporánea entrada de Mercosur. El ingreso de Caracas en la organización con sede en Montevideo será recordado como la clásica inserción del elefante en la cacharrería, un trauma del que los socios originarios de Mercosur todavía no se han recuperado.

Las ansias de Bolivia por pertenecer a Mercosur es el penúltimo capítulo del drama sudamericano, del que queda como resto, especialmente luego del desastre de Unasur, el flexible remiendo futuro de una coalición de los miembros más confiables de Mercosur con algunos socios (Perú, Colombia, Chile, incluso México) del oriente de subcontinente, en lo que se llama la Alianza del Pacífico.

Esta sería la alternativa a la tradicional construcción de la integración latinoamericana, soslayando la institucionalización (la hija predilecta de la Unión Europea), y priorizando el pragmatismo de los acuerdos estrictamente comerciales y de inversiones con socios confiables.

Joaquín Roy es Catedrático Jean Monnet y Director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. jroy@miami.edu

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Escasez de verduras baratas crea epidemia de obesidad en Sudáfrica

seg, 13/08/2018 - 13:13

El precio de frutas y verduras en Sudáfrica aumentó a tal punto que las personas más pobres tuvieron que sacarlas de su lista de compras. Crédito: Nalisha Adams/IPS.

Por Nalisha Adams
JOHANNESBURGO, Aug 13 2018 (IPS)

Todos los domingo de tarde, Thembi Majola* cocina pollo con arroz para ella y su madre en su casa en Alexandra, un asentamiento irregular vecino del centro económico de Sandton, en esta ciudad sudafricana.

“Comemos verduras solo los domingos”, como papas, boniato y calabaza, contó a IPS.

Majola, quien dice que pesa 141 kilogramos, tiene problemas para caminar cortas distancias porque se queda sin aire. Además, toma medicamentos por la presión alta desde hace casi dos décadas.

“El maíz es una prioridad”, apuntó. “Los sábados como ‘borewors’ (una salchicha sudafricana). En la semana, como una vez carne picada y luego la mayor parte del tiempo lleno el estómago con una taza de sopa instantánea”, relató.

Alrededor de 68 por ciento de las mujeres sudafricanas tienen obesidad, según la Encuesta de Demografía y Salud de Sudáfrica.

El Índice de Sostenibilidad Alimentaria del Centro Barilla para la Alimentación y la Nutrición, de 2017, clasifica a 34 países en tres categorías: agricultura sostenible, desafíos nutricionales y desperdicio y desecho de alimentos.

Sudáfrica se ubica en el tercer cuartil, en el lugar 19.

Pero está en el lugar 51 por su capacidad de hacer frente a los desafíos nutricionales. Cuanto más alto se ubica un país, más avances logró. La puntuación de Sudáfrica es inferior a numerosos países del índice.

Familias endeudadas por comprar productos básicos

Muchos sudafricanos comen lo mismo que Majola, pero no por opción, sino porque es a lo que pueden acceder.

“El precio de las frutas y las verduras aumentaron a tal punto que las personas más pobres tuvieron que sacarlas de la lista de la compra”, explicó Kirthee Pillay, especialista en dietas y nutrición humana de la Universidad KwaZulu-Natal, en diálogo con IPS.

El aumento del consumo de carbohidratos como alimento básico en la dieta de la población trae un costo, apuntó.

El salario promedio en Sudáfrica es de unos 209 dólares al mes, pero la canasta básica asciende a 297, según informó la Agencia Pietermaritzburg para la Acción Social Comunitaria (Pacsa, en inglés) en octubre de 2017 en su barómetro alimentario anual.

Los hogares gastan en alimentos lo que les queda después de pagar otros gastos no negociables como transporte, electricidad, deudas y educación. Lo que hace que se endeuden más para pagar la comida.

“Los productos básicos son más baratos y llenan más, y la gente depende de ellos, en especial cuando tienen poco dinero y mucha bocas para alimentar. Las frutas y verduras se volvieron un lujo, pero la ingesta excesiva de alimentos ricos en carbohidratos eleva el riesgo de obesidad”, explicó Pillay, consultada por IPS.

Majola trabaja en una cadena de supermercados nacional, y solo tiene a su madre mayor como dependiente. Gasta unos 190 dólares al mes, por encima de lo que una familia promedio puede gastar, y coincidió en que la fruta y la verdura son un lujo que no puede costearse.

Monopolio de la cadena alimentaria crea un sistema que enferma

David Sanders, profesor emérito en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Cabo Occidental, señaló que los sudafricanos llevan una carga pesada de enfermedades, gran parte de la cual deriva de su dieta.

Las, grandes compañías dominan cada nodo de la cadena alimentaria en este país, desde los insumos y la producción, hasta el procesamiento, la fabricación y la venta. “Está monopolizada desde la granja hasta la mesa”, apuntó.

“El sistema alimentario crea, por lo menos para los más pobres, un ambiente alimentario bastante poco saludable. Para las personas en mejor situación económica, hay opciones suficientes y se pueden permitir una dieta nutritiva, incluso una de alta calidad”, explicó.

“Pero los pobres no pueden”, subrayó.

“En la mayoría de los casos, la gran mayoría no tienen una agricultura de subsistencia a la cual recurrir debido a las políticas de tierras y a que en los 24 años de democracia, no hubo un desarrollo significativo de la pequeña agricultura”, explicó Sanders, uno de los autores de un informe sobre sistemas alimentarios en Brasil, Sudáfrica y México, al ser consultado por IPS.

Alrededor de 35.000 medianas y grandes granjas comerciales producen la mayoría de los alimentos en Sudáfrica, según ese informe.

Además, Sanders señala que la vasta mayoría de la población rural compra, en vez de cultivar, sus propios alimentos.

“Los alimentos que consumen tienden a ser lo que llamamos ultraprocesados o procesados, los que suelen ofrecer suficientes calorías, no así nutrientes”, explicó.

“También suelen tener pocas proteínas de buena calidad y pocas vitaminas y minerales, lo que llamamos supernutrientes”, añadió.

“Eso hace que muchas personas tengan sobrepeso o sean obesas. Y sin embargo, están mal nutridas”, precisó Sanders.

El impuesto al azúcar no basta para frenar epidemia de obesidad

Sudáfrica impuso en abril un gravamen a las bebidas azucaradas, que agrega 2,1 centavos de dólar por gramo de azúcar que supere los cuatro gramos cada 100 mililitros. La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Departamento de Salud para reducir la obesidad.

Sanders precisó que “no solo es la proporción de obesos, sino el ritmo con el que aumentaron, lo que es alarmante”.

El número de jóvenes sudafricanos con obesidad se duplicó en los últimos seis años, revela un estudio, un proceso que en Estados Unidos llevó 13 años.

“Aquí es una epidemia de enfermedades relacionadas con la nutrición y la dieta y se desarrolló extremadamente rápido y es tan grande, amenazante y costosa como la epidemia del VIH, y aún así pasa casi desapercibida”, subrayó.

Las personas con sobrepeso corren el riesgo de sufrir presión alta, diabetes e hipertensión, con lo que corren el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. El impacto en la economía es de 50.000 millones de dólares de rands (unos 35,5 millones de dólares) al año, según estimó uno de los mayores esquemas de asistencia médica de Sudáfrica.

“La educación y la conciencia son factores que inciden, pero esos grandes motores económicos son mucho más importantes”, añadió.

Es necesario preguntarse cómo hacer para controlar el sistema alimentario, y la cadena alimentaria puede “cambiarse hacia una producción, fabricación y distribución más pequeñas y diversas”, apuntó Sanders.

“Son preguntas muy importantes. Se necesitarán políticas muy dirigidas y fuertes de parte del gobierno”, observó.

“Eso puede ser desde financiar de forma preferencial a pequeños operadores (productores, fabricantes y vendedores); en todos los niveles deberían haber incentivos, no solo económicos, sino también capacitación y apoyo”, añadió.

“La agricultura sostenible debe ayudar a reducir los precios de las verduras y frutas cultivadas a escala local, y que haya mayor disponibilidad para los consumidores sudafricanos”, coincidió Pillay.

Mervyn Abrahams, uno de los autores del informe de Pacsa, y ahora coordinador de programa del Grupo de Dignidad y Justicia Económica Pietermaritzburg, señaló que su organización hace campaña para un salario que les permita a los hogares proveerse de suficientes alimentos nutritivos básicos en su canasta de alimentos. Es una cuestión de justicia económica, apuntó.

“Porque en la base de toda nuestra humanidad, en la base de nuestro cuerpo, está la nutrición. Es el nivel más básico por el que creemos que se debe juzgar a la economía, para ver si hay equidad y justicia en nuestro sector económico”, explicó.

* Nombre ficticio para preservar su identidad.

Traducción: Verónica Firme

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Científicos alertan: hacia el colapso aguas de desierto de Atacama

sex, 10/08/2018 - 14:39

Estudiantes de la escuela rural El Llanito de Punitaqui, en el norte desértico de Chile, muestran las hortalizas del huerto que riegan gracias a la cosecha de agua de lluvia. Crédito: Cortesía de la Fundación Un Alto en el Desierto

Por Orlando Milesi
OVALLE, Chile, Aug 10 2018 (IPS)

Dieciocho premios nacionales de ciencia urgieron a frenar la sobreextracción de agua en las cuatro regiones que cubre el desierto de Atacama, en el norte de Chile, porque el problema amenaza el futuro de 1,5 millones de personas.

En su Acta de Tarapacá, una de las regiones afectadas, los científicos piden que el agua de esa zona se trate como un recurso no renovable porque las empresas mineras, las actividades agrícolas y las grandes urbes consumen reservas de recargas subterráneas que datan de más de 10.000 años y que no se reponen con igual velocidad.

Según los expertos, las actuales cifras de extracción de agua para la minería, la agricultura, las industrias y las ciudades “no son sostenibles”.”En el Acta hemos propuesto la posibilidad de mejorar nuestra tecnología en cuanto al uso de agua de neblinas. También proponemos implementar una política de recuperación de agua. Por ejemplo, incrementar el sistema de aguas grises. No es una solución cara, pero requiere de una política de Estado¨: Claudio Latorre.

Chile es el principal exportador mundial de cobre y una potencia en exportación hortofrutícola, dos sectores intensivos en el consumo de agua.

En la pequeña escuela rural El Llanito de Punitaqui, a 400 kilómetros al norte  de Santiago, la profesora Marleny Rodríguez y sus cuatro únicos alumnos, instalaron canaletas para acopiar el agua lluvia en un estanque de 320 litros de capacidad con el fin de regar una huerta donde cosechan diferentes vegetales.

“Los niños están felices. Me dicen que estábamos perdiendo un recurso vital que teníamos a mano y no habíamos sabido aprovechar.  Ellos replicaron en sus casas  lo aprendido en la escuela”, contó Rodríguez a IPS.

Son dos niñas y dos niños, de entre 10 y seis años, tres de ellos hermanos, en una zona de tierras ancestrales del pueblo atacameño.

“Tenemos un ciclo que dura todo el año. Lo que cosechamos lo cocinamos en el taller de cocina donde hacemos  recetas saludables. Luego las consumimos en la escuela”, contó la maestra al explicar el proceso en el centro del municipio de Punitaqui, cerca de Ovalle, la capital de la región de Coquimbo, la frontera sur del desierto.

“Los niños ayudan a sembrar, limpiar la huerta, cosechar, regar. Tenemos un taller científico para cosechar las aguas grises con las cuales regamos una compostera de residuos orgánicos y otros  materiales como hojas, ramas y huano”, relató.

Calogero Santoro, arqueólogo e  impulsor del Acta de Tarapacá, entregada el 29 de junio al gobierno del presidente Sebastián Piñera,  cree que los ciudadanos y las grandes empresas no tienen la misma conciencia que estos niños sobre la escasez de agua.

“La empresa privada no ve que esto sea una necesidad,  porque no hay problemas. Al contrario, todo el sistema chileno está hecho para que los empresarios funcionen lo mejor posible,  pero el problema está a la vuelta de la esquina. Es el Estado chileno el que invierte en la investigación científica y tecnológica”, aseveró en dialogo con IPS.

El manifiesto de los científicos propone generar conciencia sobre la gravedad de la falta de agua, investigar el tema a fondo para acotarlo e invertir en tecnologías que brinden nuevas soluciones y no solo mejoren la explotación de las aguas subterráneas milenarias.

“El primer paso es generar cambios culturales. En la medida que se genera conciencia  se van gestando otros procesos de  desarrollo tecnológico, creación de nuevas tecnologías y adaptación de estas a los procesos productivos”, explicó Santoro, del estatal Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto.

“Lamentablemente la empresa privada de este país no invierte en ese tipo de cosas”, sostuvo.

El desierto de Atacama es el más árido de la tierra. Abarca 105.000 kilómetros cuadrados, distribuidos en seis regiones del norte chileno incluyendo las ciudades de Arica, Iquique (capital de Tarapacá), Antofagasta y Calama, entre otras.

El pueblo de San Pedro de Atacama es el principal destino turístico de Chile, en la norteña región de Antofagasta. Recibe más de un millón de turistas al año, lo que genera una explosiva demanda de agua en una de las regiones donde el recurso tiene riesgo de colapso. Crédito: Marianela Jarroud/IPS

Allí vive 9,5 por ciento de la población de este país sudamericano largo y estrecho,  que totaliza 17,5 millones.

En un año normal caen apenas entre 1,6 y 2,5 insignificantes milímetros de agua sobre las regiones del llamado Norte Grande, las del desierto de Atacama, y en lo que va de 2018 el déficit es de 100 por ciento en algunas de las ciudades y de 50 por ciento en otras, según la Dirección Metereológica de Chile.

Hugo Romero, premio nacional de geografía, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Sociedad Chilena de Ciencias  Geográficas, comentó a IPS que “las aguas subterráneas constituyen hoy día la más importante fuente tanto para el desarrollo minero como  urbano de las  regiones del norte”.

El problema es entonces muy complejo, dijo,  ya que “hay algunas evidencias que señalan que muchas aguas  subterráneas son producto de recargas ocurridas probablemente hace miles de años atrás y, por lo tanto, tienen un carácter de agua fósil, no renovable”.

Como ejemplo, Romero citó daños ya provocados en el área del desierto,  “como los que han ocurrido con el desecamiento de Lagunillas, la cuenca del Salar de Huasco y el salar de Coposa, sumando una enorme cantidad de efectos ecológicos”.

También afectan, dijo, “la presencia de comunidades en esos lugares, dada esta relación tan estrecha entre disponibilidad  de recursos hídricos  y ocupación ancestral de los territorios”.

“Todo esto va conformando un sistema extraordinariamente complejo frente  al cual existiría la sensación de que el país no ha tomado debida conciencia y las decisiones  se adoptan muchas veces pensando solo en beneficios económicos que, por lo  demás, están concentrados en las grandes empresas”, agregó.

El geógrafo advirtió, asimismo, que el nivel de investigación “ha sido mínimo y, lamentablemente, muchos de los  recursos académicos que debieran estar destinados a facilitar a la  sociedad y a los actores sociales todos los elementos de  juicio, están comprometidos con empresas consultoras que, a su vez,  son contratadas por las grandes  empresas”.

Claudio Latorre, académico de la Universidad Católica de Chile e investigador asociado del Instituto de Ecología y Biodiversidad cree que “no hay un único culpable” de la grave situación.

”Simplemente es la actividad económica general del país la causante de este problema. Mientras más actividad el país crece y se requieren más recursos, más actividad industrial que significa más trabajo. Pero también las necesidades urbanas aumentan y eso también presiona el  recurso agua”, dijo.

”En el Acta hemos propuesto la posibilidad de mejorar nuestra tecnología en cuanto al uso de agua de neblinas. También  proponemos implementar una política de recuperación de agua.  Por ejemplo, incrementar el sistema de aguas grises.  No es una solución cara,  pero requiere de una política de Estado¨, explicó.

Según Calogero, “además de los cambios culturales tiene que haber cambios tecnológicos para un mejor aprovechamiento del agua. Citamos el caso de Israel donde tenemos entendido que el agua se recicla hasta siete veces antes de desecharse. Aquí, si es que se recicla una vez es mucho”.

Latorre subrayó que “ya estamos viviendo consecuencias de cambio climático  y sobre explotación de recursos hídricos que llevan a una situación impensable…pero en el Norte Grande aún estamos a tiempo para tomar acciones concretas que puedan  salvar las ciudades en 20 ó 30 años más”.

Pidió mejorar la información científica “para que estemos a tiempo de tomar decisiones importantes que requieren mucho tiempo para implementarse”.

Según Romero,  hay también “un ambiente de incertidumbre que ha llevado en muchas ocasiones a tomar decisiones que posteriormente han tenido daño medio ambiental” en el caso de muchos salares, bofedales (humedales altoandinos) y algunas lagunas.

“No hay un conocimiento público transparente y a disposición de la sociedad como sería necesario, dada lo crítico del sistema”, afirmó.

A su juicio, “por el contrario, la mayor y mejor información  es de carácter reservado o forma parte de secretos industriales todo lo cual da pábulo a mucha especulación, ambigüedad y a diferentes interpretaciones por parte de usuarios o comunidades afectadas por estas extracciones”, de agua.

Romero alertó también que “no solamente tenemos daño ecológico, que es muy significativo,  sino también un continuo proceso de migración hacia las ciudades y, por tanto, un abandono de los territorios”.

Hay grupos quechuas, aymaras, koyas y atacameños, que son los pueblos originarios del norte chileno, que viven en las ciudades en Arica, Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta tras migrar sistemáticamente desde sus territorios andinos, enumeró.

Por eso en la escuela rural El Llanito de Punitaqui estudian ahora solo cuatro alumnos, dijo su maestra.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El cambio climático inunda a una vulnerable Granada

sex, 10/08/2018 - 13:13

Granada todavía evalúa el daño de las fuertes lluvias de la primera semana de agosto de 2018, que dejaron "amplias y extensas" inundaciones. Crédito: Cortesía: Desmond Brown.

Por Desmond Brown
SAINT GEORGE, Aug 10 2018 (IPS)

Granada todavía evalúa los daños de las fuertes lluvias de la primera semana de este mes, que generaron “amplias y extensas” inundaciones y volvieron a subrayar la gran vulnerabilidad de los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID) frente al cambio climático.

El recuerdo de los eventos climáticos extremos de 2004 y 2005 siguen frescos en la mente de la población, recordaron funcionarios locales. La elevación del nivel del mar es responsable de la gran erosión costera, y los huracanes y tormentas tropicales destruyen de forma regular infraestructura crucial para este país del Caribe.

Durante tres horas, entre las nueve y las 12 del mediodía del 1 de este mes, una ola tropical que interactuó con una Zona de Convergencia Intertropical atravesó el país, causando fuertes precipitaciones, que derivaron rápidamente en inundaciones.

La Oficina Meteorológica de Aeropuerto Internacional Maurice Bishop registró 152 milímetros de lluvias en las tres horas. Y las autoridades informaron que en el interior de la isla llovió mucho más, aunque no han dado a conocer datos precisos.

“Las inundaciones fueron amplias y extensas”, dijo Winston Garraway, del Ministerio de Resiliencia Climática, en diálogo con IPS.

Las parroquias de “Saint David y Saint George se vieron muy afectadas y decidimos declararlas áreas de desastre”, apuntó.

En Saint David, Garraway dijo que hubo 60 deslizamientos de terreno que afectaron las rutas de esa parroquia, la principal zona agrícola del país.

Nueve casas quedaron muy dañadas y hubo que reubicar a las familias, apuntó. Las autoridades evalúan si demolerlas y reconstruirlas o reubicarlas.

“El estadio nacional también sufrió el impacto de las inundaciones, lo que probablemente tenga consecuencias sobre las actividades a realizarse en el futuro inmediato”, añadió Garraway.

Los daños sufridos por el piso del estadio obligaron a posponer uno de los principales acontecimientos del carnaval.

Garraway, quien también es responsable de ambiente, silvicultura, pesca y gestión de desastres, dijo que los eventos climáticos eran otro claro recordatorio de que Granada y otros PEID están entre los países más vulnerables al impacto del recalentamiento planetario.

“Hemos capacitado a nuestros funcionarios en medidas de mitigación. Pero cayó tanta agua en tan poco tiempo, que todo el sistema se inundó, y habla claramente de los efectos del cambio climático”, subrayó.

“Uno podría preguntar, ¿hay posibilidades de mitigar frente a esos desafíos que vemos? En cierto sentido, creo que sí, en un sentido amplio, no. El sistema no podría haber absorbido el volumen de agua que tuvimos en tan poco tiempo”, explicó.

El ministro de Comunicaciones, Trabajo y Servicios Públicos, Gregory Bowen, coincidió con Garraway que acontecimientos como ese subrayan los efectos del cambio climático en los PEID.

Bowen señaló que hay una necesidad urgente de fondos para ayudar a las comunidades.

“Un gran volumen del agua de las inundaciones pasan por terrenos privados. El Estado es responsable de la propiedad estatal, pero para los privados, el tamaño del drenaje que tendrá que circular por su propiedad, no lo pueden costear”, explicó Bowen.

“Esa es un área en la que tenemos que trabajar, en conseguir fondos para ayudar a la población. Porque cuando venga la lluvia, encontrará su propios caminos y, por lo general, en tierras privadas. Si tiene un buen sistema de drenaje, puede canalizar de forma adecuada la escorrentía”, abundó.

“Ese es un componente fundamental que tenemos que movilizar de inmediato. Se necesitan millones de dólares para gastar en eso”, añadió.

Pero la isla sencillamente no puede hacer frente a los costos, y señaló que Granada concluyó hace poco un Programa de Ajuste Estructural de tres años, con apoyo del Fondo Monetario Internacional.

Todavía está en marcha la evaluación de impacto formal, a cargo del Ministerio de Obras Pública y el de Finanzas, pero las autoridades ya se han puesto en contacto con socios regionales en busca de apoyo.

Garraway dijo que los funcionarios de la Agencia de Gestión de Emergencia de Desastre del Caribe, con sede en Barbados, se puso en contacto con funcionarios de gestión de desastres para determinar el daño y las necesidades inmediatas.

Mientras, el epidemiólogo del Ministerio de Salud, Shawn Charles, recomendó a la población mantenerse alejada de las aguas estancadas que dejaron las inundaciones. No solo pueden estar contaminadas con desechos, como botellas rotas y plásticos, alertó, sino también pueden contener patógenos que causan problemas de salud que ponen en riesgo la vida.

“El agua de las inundaciones con el nivel de lluvias recibidas de la ola tropical está normalmente contaminada con todo tipo de cosas y no es bueno para nadie quedar expuesto”, explicó Charles a IPS.

“Hay todo tipo de contaminantes que pueden impactar de forma diferente, por lo que debe evitarse nadar, correr o hacer otras cosas en ese tipo en el agua contaminada”, añadió.

“Uno de los contaminantes peligrosos es la orina de rata, el principal transmisor de la leptospirosis, una enfermedad que puede ser mortal”, ejemplificó.

“No se aconseja que la gente se exponga a las aguas inundadas. No es prudente, puede derivar en enfermedades. La gente debe ser muy cuidadosa. El contacto con el agua de las inundaciones debe evitarse”, insistió.

Traducción: Verónica Firme

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Indígenas yanadis reclaman derecho a la tierra en India

qui, 09/08/2018 - 13:14

Las mujeres del pueblo de Macharawari Pallem, donde viven los indígenas yanadis, a unas tres horas de la ciudad de Chennai, en el sur de India, finalmente reclamaron sus tierras luego de dos décadas de haber recibido el derecho a ellas, pero sin usufructuarlo porque quedaron en manos de la élite de su localidad. Crédito: Stella Paul/IPS.

Por Stella Paul
NELLORE, India, Aug 9 2018 (IPS)

Encima de un tractor, 36 mujeres de la comunidad yanadi están expectantes, ignorando el calor abrasador del mediodía en Nacharwari Pallem, a tres horas de la ciudad de Chennai, en el sur de India. La emoción se ampara de ellas cuando se detienen frente a un arrozal.

Todas se apiñan para bajarse y hacer fila hasta el arrozal. En sus manos, se puede ver un pequeño papel rosado que tienen con firmeza, es el documento oficial que les otorga la propiedad sobre sus tierras.

Una vez en el arrozal, las mujeres se paran formando un círculo y de modo ritual aplauden y se ríen. Es un momento histórico: después de una vida de lucha, los yanadis finalmente recuperaron sus tierras, las que cultivan desde hace generaciones.“Hay muchos problemas, pero para mi pueblo, mantenerse unidos, puede ser la mejor forma de superarlos”:Gandala Sriramalu.

Yanadi, un relato de pobreza y opresión

En la actualidad, hay unos tres millones de yanadis en India, dispersos en cuatro distritos del estado de Andhra Pradesh y divididos en cuatro clanes.

Los reddy o “buenos” yanadis siempre trabajaron para los reddy o los ricos de la aldea, mientras los challa yanadis tenían trabajos esclavos, como hurgar, a cambio del cual les pagaban con restos de comida.

Luego, los kappalla yanadi, que pescan y a menudo atrapan ranas, son el tercer clan y, por último, los adavi yanadi, cazadores recolectores en la selva.

Por lo menos 60 por ciento de los yanadis, independientemente del clan, no tienen vivienda propia y viven en chozas precarias. La mayoría trabaja como empleados domésticos o como peones de campo por magros salarios.

Solo 14 por ciento de la comunidad sabe leer y escribir, a pesar de que el promedio en Andhra Pradesh es de 67 por ciento.

Y a pesar de ser una gran comunidad, carecen de representantes en la asamblea nacional. Y solo entre dos y tres por ciento son propietarios de sus tierras.

Gran parte de su situación actual deriva de su estilo de vida semi nómade, explicó Sheikh Basheer, quien encabeza la Asociación para el Desarrollo Rural (ARD, en inglés), una organización que defiende los derechos y el bienestar de los yanadis desde casi 30 años.

Antes vivían en la selva y cerca de pequeños cuerpos de agua, como ríos, arroyos y lagunas, y vivían de la pesca.

Pero a medida que los recursos se secaron, tuvieron que desplazarse y pasar a vivir como jornaleros para sobrevivir.

Cuando comenzaron a trabajar para la gente del pueblo, siguieron viviendo en sus chozas aisladas y, a diferencia de sus vecinos, ellos no eran propietarios ni sedentarios, por lo que quedaron fuera de los acontecimientos del poblado, y se volvieron parias.

Pero lo peor para ese pueblo era su situación de servidumbre, trabajan en condiciones de esclavitud para la élite del pueblo que los emplea y decide sobre su presente y su futuro.

“Las reddys (élites) emplean a toda la familia como una unidad laboral. Eso hace que solo le paguen a una persona, y no en efectivo, sino con alimentos y granos”, mientras toda la familia, incluso los niños, tienen que trabajar duro”, explicó Basheer.

“Y encima de todo, el empleo continuará durante generaciones y la familia no podrá irse hasta que empleador no se lo permita. Esta gente ha vivido en silencio sin conocimiento de sus derechos”, puntualizó Basheer, quien ayudó a liberar a 700 yanadis de la esclavitud.

Sin tierras y explotados

El problema es que los yanadis nunca aprendieron a pensar o a actuar por sí solos, explicó a IPS el líder comunitario Gandala Sriramalu, un adulto mayor que tuvo la suerte de estudiar y ser funcionario público.

Ahora aprovecha las oportunidades que se le presentan para visitar a las comunidades y hacerles conocer sus derechos y las oportunidades que tienen disponibles, como la educación gratuita para sus hijos.

Desde hace dos décadas, el gobierno distribuye documentos de propiedad a los yanadis, pero es extremadamente raro ver a un indígena haciendo uso de esa tierra. En la mayoría de los casos, es su empleador quien goza de ese derecho.

“El patrón los tiene como un títere, cultiva y consume lo que producen. Los yanadis no hablan porque tienen miedo de perder el trabajo o de sufrir una golpiza”, explicó Sriramalu.

Hay unos tres millones de yanadis en India dispersos en cuatro distritos en el estado de Andhra Pradesh y divididos en cuatro clanes. Muchos todavía viven en una pobreza extrema en chozas precarias y viven de su trabajo como empleados domésticos o como mano de obra en granjas con magros salarios o ninguna remuneración. Crédito: Stella Paul/IPS.

En Nacharwari Pallem, cada familia yanadi recibió alrededor de 0,5 hectárea hace unos 20 años, cuando el gobierno se las asignó a través de la Agencia de Desarrollo Tribal Integrada (ITDA, en inglés), especializada en el trabajo con indígenas.

Le llevó cinco años a la ARD convencerlos de que reclamaran sus tierras, en manos de la élite del pueblo, y de tranquilizarlos sobre las posibles consecuencias porque la ley está de su lado.

“Recién el año pasado logramos acceder al terreno”, relató Chinni Hemalatha, de 32 años, cuya familia esperó varios años por su tierra después de haber recibido el documento de propiedad.

“Cuando llueva, en enero, voy a plantar arroz”, dijo sonriente.

Desafíos

El gobierno tiene una serie de programas de bienestar para los yanadis que buscan darles vivienda, educación y empleo, explicó Kamala Kumari, recaudadora de Nellore.

Pero “quedan muchos desafíos”, planteó.

“El más grande es la falta de fondos. El año pasado, tuvimos 6,5 millones de rupias (unos 94.500 dólares), totalmente inadecuado para una población tan grande. Este año, solicité de 2.000 millones de rupias (alrededor de 29 millones), pero tenemos que ver cuánto de hecho se materializa”, explicó.

Los yanadis suelen vivir en grupos aislados y tampoco tienen representantes que puedan hablar en su nombre.

Ayuda mutua

En decenas de pueblos de Nellore, uno de los cuatro distritos en los que los yanadis son mayoría, los indígenas comenzaron a unirse a Yanadai Samakhya, una red creada por Sriramal, con ayuda de la ARD.

Actualmente, hay unos 12.000 miembros en la red, que se ocupa de la mayoría de los problemas que deben afrontar los yanadis, como el derecho a la tierra, a la educación, el trabajo esclavo y no pagado, por ejemplo.

Juntos han ganado pequeñas batallas, como el derecho al uso de los recursos minerales en su propiedad.

Ankaiya Rao, del pueblo Reddy Gunta, extrae cuarzo desde marzo, cuando el pueblo recibió los primeros derechos a extraer el mineral de un terreno de unas 64 hectáreas, con abundantes depósitos de cuarzo.

“El negocio es bueno. Por una tonelada me dan 80.000 rupias (unos 1.200 dólares). Estoy feliz y mi esposa también lo está”, contó Gunta, quien vende piedras a unos comerciantes, a IPS.

Con dos hijos, ahora sueña con ofrecerles una vida mejor que la que él tuvo. Y otros en el pueblo siguieron su ejemplo, comerciando el cuarzo a pequeña escala.

Pero el temor a los poderosos continúa.

“Unas cuantas personas poderosas y con vínculos políticos le echan el ojo a la tierra, y cualquiera puede atraerlos o intimidarlos para que vendan su terreno en efectivo por un puñado de rupias”, alertó.

“Una vez que pasa, toda la comunidad podría llegar a perder porque el acaparamiento de tierras es común aquí”, advirtió.

La solución es mantenerse unidos y vigilantes contra todo posible intento de acaparamiento, subrayó Sriramalu.

“Hay muchos problemas, pero para mi pueblo, mantenerse unidos, puede ser la mejor forma de superarlos”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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Manejo de suelos, un gran reto para nuevos agricultores en Cuba

qua, 08/08/2018 - 19:43

El agricultor Liuber Ojeda muestra el terreno donde obtiene abono orgánico o compost, en la finca 5 de Julio, cerca del barrio de Alamar, en el municipio de Habana del Este, en la capital cubana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Aug 8 2018 (IPS)

Las tierras que están disponibles actualmente en Cuba para entregar en usufructo a emprendedores agrícolas suelen estar apartadas de los asentamientos, las fuentes de agua y sin vías de acceso… Por si fuera poco, sus suelos tienen los niveles más bajos de productividad.

Especialistas y usufructuarios con larga experiencia entrevistados por IPS señalan que el camino para aprovechar esos terrenos está en la agroecología, junto a incentivos extras a ofrecer por las autoridades, algunos de los cuales están recogidos en las nuevas leyes publicadas el martes 7 para entregar 472.000 hectáreas de tierras ociosas.

Se trata del Decreto Ley 358 con su reglamento y el Decreto 350, que entrarán en vigor en octubre, tras una larga espera desde agosto de 2017, cuando funcionarios del Ministerio de la Agricultura adelantaron detalles de los cambios para afrontar un paso complejo en la continuidad del programa iniciado en 2008.

Fuentes oficiales reiteran que las medidas se orientan a seguir elevando la cantidad de tierras productivas, ampliar las áreas bajo algún tipo de manejo del suelo y evitar el mal uso de este recurso natural, que es clave para la seguridad alimentaria, y está identificado como el más endeble del país caribeño por el ramo ambiental.

“La agroecología recoge manejos para hacer productivas esas tierras porque la fertilidad del suelo se hace… pero lleva años”, sostuvo el agrónomo Fernando Funes Aguilar, un investigador y promotor veterano de una agricultura sostenible y orgánica.

Por ello, el especialista calificó de positivo la extensión de los plazos de arrendamiento en las nuevas leyes para la conservación de los suelos agrícolas, de los cuales 70 por ciento presenta algún un factor limitante de la productividad.

Ahora las y los usufructuarios podrán tener los terrenos por 20 años y prorrogables sucesivamente por igual lapso, mientras que las personas jurídicas los recibirán por tiempo indefinido. Antes los plazos eran hasta 10 y 25 años respectivamente.

Entre otros cambios, las normativas elevan la cantidad de hectáreas permitidas a entregar y el área a disponer para construir o ampliar bienhechurías, de uno a tres por ciento del total de la parcela, para responder a las necesidades de las diversas actividades agropecuarias y la vivienda, que se aprobó desde 2012.

Sin embargo, Funes consideró que, de forma general, “todavía se necesita más apertura y estímulos a los usufructuarios para que satisfagan en gran medida necesidades de la población” y más personas se sientan atraídas por realizar fuertes inversiones, pedir créditos y hacer producir tierras con muchas limitaciones.

Las disposiciones pautan más causas para el retiro de las tierras además de incumplir con sus normas, como usar fondos ilícitos, faltar al régimen de seguridad social, o que los usufructuarios no administren ni trabajen directamente la parcela o tengan una conducta moral y social “contraria a los principios éticos de nuestra sociedad”.

El productor Maikel Núñez obtiene plantas ornamentales conocidas como pata de elefante, en el vivero orgánico Majagual, ubicado en el barrio de Barbosa, en el municipio de la Lisa, uno de los que conforman la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

De 2008 a 2018, fueron entregadas alrededor de 2.102.454 hectáreas a 244.851 personas naturales y jurídicas en Cuba. Se considera que los principales beneficios han recaído en la agricultura familiar dado que 241.604 de los usufructuarios han sido personas naturales con pequeñas fincas, de las cuales 13 por ciento son mujeres.

Una fuente especializada explicó a IPS que hasta principios de este año la cifra de hectáreas y usufructuarios reales resultaba menor debido a la cancelación de los contratos, una cifra que no suele ser pública, debido sobre todo a dejación o retiro de los terrenos por incumplimientos de los términos.

En la nueva etapa se identificaron para entregar 472.000 de las 917.300 hectáreas ociosas del país, donde el Estado es el mayor propietario de la tierra.

La Dirección de Suelos y Control de la Tierra del ramo agrícola dijo en 2017 a la prensa local que, salvo excepciones, las parcelas disponibles presentan suelos con los dos niveles más bajos de productividad agrícola, además de otras limitantes en acceso a agua, sin vías de acceso, alejadas de las comunidades e infestadas de malezas.

Funes espera que “la nueva ley anunciada incentive a más productores y facilite que muchos más usufructuarios se sientan dueños de la tierra”.

El sentido de pertenencia y garantías de tenencia a largo plazo favorecerá que más de estos productores apuesten a un uso sostenible del suelo. “En cada lugar debe hacerse un manejo específico, que puede establecerse desde el principio o ir variando sobre la marcha”, recomendó.

A su juicio, la agroecología ofrece guías para obtener subproductos que mejoren la fertilidad de los suelos como abonos verdes o a partir de las excretas del ganado o las lombrices (humus de lombriz).

Gracias a técnicas de conservación y manejo del suelo, plantas de quimbombó (Abelmoschus esculentus), también conocida como ocra, crecen en la finca 5 de Julio, en los alrededores del barrio de Alamar, en el capitalino municipio de Habana del Este, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“También se pueden incluir sistemas silvopastoriles que aporten nutrientes al suelo y policultivos, entre otros”, añadió Funes.

Y recomendó, sin el uso de agroquímicos, la agricultura de conservación, que propone eliminar la labranza para preservar los suelos.

Por estar entre los primeros beneficiados en 2008, el productor Liubar Ojeda esperaba con ansia la salida de las nuevas leyes para renovar el usufructo de su parcela “5 de Julio”, de 0,22 hectáreas, ubicada en la periferia del barrio Alamar, en el municipio capitalino de Habana del Este.

Ojeda contó que, cuando sacaron con buldóceres los escombros del lugar usado como basurero, “la poca capa vegetal que había en el suelo también se perdió y las primeras siembras no crecían”. Los terrenos necesitaban una cantidad tan grande de nutrientes que le resultó más rentable hacer abonos orgánicos que comprarlos.

Entonces el productor identificó en los abonos orgánicos una “oportunidad de negocios porque nadie en el municipio trabajaba esa línea” y, por otro lado, “nuestro suelo no tenía las condiciones requeridas para los cultivos varios y demás producciones”.

Junto a su esposa y un trabajador, Ojeda obtiene al año 300 toneladas de compost, 36 toneladas de humus de lombriz y pequeñas cantidades de tubérculos, hortalizas y carne de conejo.

Ahora está a la espera por la certificación internacional de su fertilizante ecológico, Liufer, a base de té de compost y lixiviado de lombrices, que ya comercializa localmente.

El profesor jubilado Rafael Núñez es usufructuario desde hace más de 20 años de 1,2 hectáreas de tierras con suelos muy poco productivos, donde levantó el vivero ecológico El Majagual, que está rodeado de árboles maderables y frutales y las siembras se hacen en macetas y bolsas de plástico.

En Barbosa, un barrio periférico del municipio capitalino de Playa, el productor junto a nueve trabajadores obtiene cada año 100.000 plantas ornamentales, 12.000 posturas de frutales y 8.000 posturas de maderables, en envases con sustrato elaborado por ellos mismos.

“Sí se puede lograr en un grupo grande de campesinos crear las condiciones para producir a partir de la topografía del terreno y los recursos disponibles”, aseguró.

Uno de sus hijos, Maykel, explicó que 0,02 hectárea hoy la usan para sembrar directamente una planta ornamental oriunda de Madagascar y típica de climas secos, la pata de elefante (Pachypodium rosulatum), que goza de gran aceptación entre los clientes.

Hace una década, el Decreto Ley 259 reactivó el usufructo en el país socialista, que es la primera reforma del gobierno de Raúl Castro (2008-abril 2018).

El Decreto Ley 300 amplió en 2012 las facilidades, el cual será derogado con la entrada en vigor de las últimas normas, aprobadas ya durante el mandato del actual presidente, Miguel Díaz-Canel.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Legalización del aborto beneficiará a miles de mujeres argentinas

qua, 08/08/2018 - 16:43

Una manifestación en apoyo a la legalización del aborto en Argentina. Crédito: Demian Marchi/Amnistía Internacional

Por Nelly Minyersky
BUENOS AIRES, Aug 8 2018 (IPS)

En Argentina estamos viviendo un momento histórico, un punto de inflexión en la senda de los Derechos Humanos de las mujeres.

Si bien las mujeres argentinas gozamos de un plexo normativo que puede considerarse de avanzada en América Latina, más allá de su eficacia y efectividad, lo cierto es que hasta hoy la penalización del aborto (Art. 86 Código Penal de La Nación) constituye una violación flagrante a una pléyade de derechos que nos pertenecen y que están consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos que integran el bloque de constitucionalidad, como ser el derecho a la libertad, la igualdad, la autonomía, la no discriminación, la salud pública, la planificación familiar, etc.

Nelly Minyersky

Hace décadas que las mujeres en Argentina luchamos por romper el núcleo duro que trata de decidir sobre nuestro destino y proyecto de vida. Un sector de la sociedad y del Estado ejerce poder sobre la vida y autonomía de las mujeres, sin precisar lo ilegítimo e inmoral de su posición, transformando conductas legítimas (como son las relaciones sexuales) en eventuales actos delictivos.

No comprenden que cuando se amplía la plataforma de Derechos (como la despenalización y legalización del aborto), no se obliga a nadie a ejercerlos; las creencias y la conciencia de cada uno lo habilitarán a invocarlos o no. En este sentido, mantener la situación actual implica imponer creencias a un sector amplísimo de la sociedad, inmiscuyéndose el Estado en la vida privada de las personas gestantes.

La actitud de los sectores antiderechos, que se autodenominan “pro vida”, ejercen autoritariamente restricciones a la vida y destino de la mayoría de las mujeres de nuestro país.

Las inhiben de gozar Derechos Humanos que se relacionan sustancialmente con lo más íntimo, privado y profundo de su personalidad: su libertad sexual, la planificación familiar, cuándo, cómo y con quién tener hijos.

Lo dramático es que estas posiciones se invocan sin el mínimo e indispensable sustento que brindan las ciencias biológicas y jurídicas. Han pretendido, perniciosamente, igualar en todos los aspectos y derechos al embrión y/o feto con la mujer, y ponderar al embrión con la vida de la mujer, quien corpóreamente existe y que es persona moral y jurídica.

En sus exposiciones, han exhibido videos, que en realidad son partos prematuros y no abortos, se falsean estadísticas y se invocan técnicas que no existen ni se practican en nuestro país, con el único fin de engañar a la sociedad.

Asimismo, invocan equivocadamente Tratados de Derechos Humanos, en especial el Pacto de San José de Costa Rica, en cuanto a lo referido al derecho a la persona desde su concepción. La debida interpretación de dicho artículo, de acuerdo a lo que señala el mismo pacto y la historia del desarrollo de la aprobación de la Convención, nos lleva a la convicción de que su redacción, fue para proteger las normas que ya respetaban las interrupciones que se llevaban adelante en América Latina.

Incluso, no debemos olvidar que el Comité de los Derechos del Niño de UNICEF y el Comité de la CEDAW, han llamado en reiteradas oportunidades al Estado Argentino a proteger y poner a disposición de adolescente y mujeres de cualquier edad, los medios legales y de todo tipo que contribuyan a no permitir embarazos forzados, y que se modifiquen las leyes sobre aborto.

El proyecto de ley de IVE es un avance enorme en el reconocimiento de la autonomía de la mujer. Recepta las bases de la bioética, que parten del reconocimiento expreso de la dignidad humana como principio fundante.

Saca totalmente del ámbito delictual el aborto realizado con consentimiento hasta la semana 14 inclusive. Mantiene la no penalización cuando median causales tales como violación o riesgo de vida de la mujer, e incorpora institutos como el consentimiento informado y el derecho de las adolescentes a requerir la atención médica aun sin la asistencia de un mayor de edad, entendiendo que es una obligación bioética el acoger en el sistema de salud a toda persona que, seguramente, frente al rechazo opte por las peores soluciones.

También incluye el deber de prevención, información y acompañamiento por parte del servicio de salud. En el marco de una sociedad pluralista, ni la bioética ni el derecho pueden estar subordinados a “una moral”.

Después de décadas de lucha por la despenalización y legalización del aborto, encabezada fundamentalmente por las integrantes de la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” que en estos últimos años ha reclamado la sanción de leyes en tal sentido, presentando en siete oportunidades proyectos de ley, se ha logrado finalmente el debate y la media sanción en la Cámara de Diputados de La Nación Argentina, mientras que un millón de personas sin distinción de género ni edad se manifestaban en las calles de la ciudad.

Así, y siguiendo nuestro procedimiento legislativo, el proyecto se encuentra siendo analizado en la Cámara Nacional de Senadores para su votación el día 8 del corriente mes. Ese día, seremos dos millones en las calles de Buenos Aires, acompañando y reclamando la aprobación de una ley que las mujeres de Argentina merecemos.

En tal sentido, la aprobación de ésta ley, que ya cuenta con media sanción legislativa, se traduciría en beneficios a la salud y calidad de vida de miles y miles de niñas, adolescentes y mujeres. No debemos tener miedos cuando las cuestiones que se debaten significan una ampliación de derechos, que nos conduzcan a gozar de plena igualdad en las leyes y en la vida.

 

El artículo Legalización del aborto beneficiará a miles de mujeres argentinas fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Cómo proteger los derechos indígenas en las ciudades

qua, 08/08/2018 - 13:16

Sharmila Munda, indígena de la comunidad de Shantal en Chatra, Bangladesh, recoge leña para ganarse la vida. Crédito: Rafiqul Islam Sarker/IPS.

Por Sopho Kharazi
STEPANTSMINDA, Georgia, Aug 8 2018 (IPS)

Los pueblos indígenas tienen una lengua única, observan distintas tradiciones, tienen una relación especial con su territorio y diferentes ideas sobre el concepto de desarrollo. Pero en vez de preservar su singularidad, los gobiernos y las comunidades mayoritarias de los países donde viven, los desprecian.

“A pesar de su diversidad cultural y territorial en 90 países, (los indígenas) comparten desafíos comunes relacionados con la protección de sus derechos en tanto que pueblos distintos”, recordó Irina Bokova, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“Los 370 millones de indígenas representan menos de cinco por ciento de la población mundial, pero 15 por ciento de las personas más pobres”, apuntó Bokova, el año pasado con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto.

El lema de este año es “Migración y desplazamiento de los pueblos indígenas” y busca sensibilizar sobre las condiciones de sus territorios, las causas de la migración, movimiento y desplazamientos transfronterizos y sobre cómo revitalizar sus identidades y proteger sus derechos a escala internacional.

Ese día se conmemorará en la Cámara del Consejo Económico y Social, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, con un encuentro de agencias del foro mundial, delegados de los Estados miembro, de la sociedad civil y representantes de organizaciones indígenas.

La Secretaría del Foro Permanente organizó para este jueves 9 un panel sobre los indígenas en “ciudades y más allá de las fronteras internacionales”.

La situación se agrava porque sus identidades y derechos a “tierras, territorios y recursos” están en riesgo.

El despojo de tierras o el desplazamiento forzoso de indígenas, “la pobreza, la militarización, los desastres naturales, la falta de oportunidades laborales y el deterioro de su modo de vida” representan un motor que los lleva a emigrar de las ciudades, alerta la ONU.

Uno de los ejemplos más elocuentes del despojo de tierras es el caso de la comunidad ogiek, en Kenia.

En 2015, la Fundación Siemenpuu, que apoya iniciativas ambientales y democráticas, entrevistó a Peter Kitelo, de la comunidad ogiek, que vivía en la selva del Monte Elgon.

El gobierno keniata transformó áreas de la selva en “reservas para caza” y vendió otras a privados, lo que terminó expulsando a los indígenas de sus tierras.

Su desplazamiento no solo significa la pérdida de propiedad en esas tierras, pues según Kitelo, el pueblo ogiek “no conserva la selva. Miran a la selva como miras a un ser humano. Solo como que está ahí”, explicó.

Sus palabras expresan, por un lado, la relación especial de los indígenas con su tierra; y por otro, muestran cuánto el despojo subestima sus identidades y el sentido de autodeterminación de los indígenas.

En la actualidad, alrededor de 40 por ciento de los indígenas de América Latina viven en ciudades, según el Foro Permanente de las ONU para las Cuestiones Indígenas.

Y sin embargo, nadie habla del impacto que tiene su migración a las ciudades. Es sabido que atraviesan dificultades para integrarse a las sociedades urbanas porque los descuidan, quedan privados de servicios, educación y empleo adecuado.

Pero nada de eso refleja las dificultades emocionales y psicológicas que viven los migrantes indígenas.

José Urutau Guajajara, uno de los líderes del movimiento de defensa de los derechos indígenas en Río de Janeiro, dijo en entrevista con la organización Río on Watch, que como la cultura dominante en la ciudad “es muy fuerte, los indígenas cambian”.

“La cabeza cambia y la persona cambia. Los indígenas no creen en sí mismos. Se rechazan. Ese rechazo viene de la influencia de la cultura dominante, en todas sus formas, espiritual, étnica, de la lengua y de la cultura en general”, explicó.

“Es un borrado psicológico, un borrado completo”, acotó.

“Es muy difícil practicar tu cultura, en especial en espacios urbanos y en las comunidades. Tienes que vivir con familiares, sino no practicas y te traga la cultura dominante. No la puedes rechazar”, añadió Guajajara.

Los jóvenes indígenas, quienes suelen ser víctimas del racismo en las ciudades, dejan de reconocerse como indígenas, pues consideran que eso se debe a su origen y a su apariencia particular, explicó Caroline Stephens, quien analiza el impacto de la urbanización en los indígenas en el libro State of the World’s Minorities (Estado de las Minorías del Mundo).

Eso demuestra cómo la marginación y la discriminación obligan a los indígenas que viven en las ciudades a rechazar su autoidentificación a conciencia.

A fin de acompañar el problema de las migraciones de indígenas, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas publicó algunas recomendaciones.

Primero, los Estados deben colaborar con los indígenas para crear centros para ellos en las ciudades, que ofrezcan asistencia legal y médica a los migrantes.

Segundo, los Estados deben reconocer sus derechos de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ayudar a regresar a sus comunidades a los que se vieron obligados a emigrar.

Finalmente, la ONU recomienda que los Estados deben cooperar con los indígenas para crearles empleo y ayudarlos a progresar económicamente.

Como dijo Bokova, “eso no solo será beneficioso para los indígenas, sino para toda la humanidad y para nuestro planeta”.

Traducción: Verónica Firme

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Licencia pagada para víctimas de violencia doméstica en Nueva Zelanda

ter, 07/08/2018 - 15:10

Una niña y un niño con sendos carteles, uno de los cuales reza: “si me quieres, no me lastimes, no me violes, no me mates, quiéreme”, durante una de las manifestaciones en Buenos Aires bajo la consigna “Ni una Menos”, que se suceden desde 2015 contra la violencia de género. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS

Por Carmen Arroyo
NACIONES UNIDAS, Aug 7 2018 (IPS)

La violencia doméstica en Nueva Zelanda es de las más elevadas de los países en desarrollo, y por eso la nueva ley que da a las víctimas 10 días de licencia pagada, sin tener que presentar ninguna documentación probatoria, fue muy elogiada en el mundo.

La Ley de Protección a las Víctimas de Violencia Doméstica, aprobada a finales de julio con 63 votos a favor y 57 en contra, fue presentada por una legisladora del partido Verde, Jan Logie.

“Nos alegró mucho la aprobación de la ley en Nueva Zelanda que da a las víctimas 10 días de licencia paga y flexibilidad horaria para dejar a sus parejas, encontrar un nuevo hogar y protegerse a sí misma y a sus hijos”, explicó Kristine Lizdas, directora de política legal del Proyecto de Justicia para Mujeres Maltratadas, en diálogo con IPS.

Datos de ONU Mujeres revelan que 70 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual o física de una pareja íntima.

“Esa política puede contribuir y facilitar el ejercicio del derecho de las mujeres que sufrieron violencia doméstica en Nueva Zelanda a recibir apoyo, servicios sociales y protección para ellas y para sus hijos”, coincidió Juncal Plazaola, especialista en políticas contra la violencia de género de ONU Mujeres, al ser consultada por IPS.

En 2004, en Filipinas, también se aprobó la Ley para luchar contra la Violencia contra Mujeres y sus Hijos, que también ofrecía 10 días de licencia paga a las víctimas.

Tanto la sociedad civil como numerosos juristas analizaron los beneficios de la nueva política, considerando que las mujeres que sufren violencia doméstica tienen un bajo rendimiento laboral.

En Estados Unidos, las víctimas de violencia doméstica pierden alrededor de 10 días de trabajo remunerado al año y trabajan 10 por ciento menos de horas que quienes no sufren esa situación en el hogar.

“Las mujeres pueden llegar a sufrir un acoso constante en el trabajo, que las retenga alló o que les impidan ir a trabajar. Eso puede llevarlas a renunciar o a que las echen”, explicó Plazaola.

Teniendo en cuenta esas situaciones, es fundamental que sector empresarial contemple esa realidad.

“Las mujeres que sufren violencia doméstica tienen un elevado grado de ausentismo al trabajo, y con ese tipo de medidas se las puede ayudar a conservar el empleo. La nueva política puede contribuir a lograr una mayor seguridad laboral, oportunidades económicas e independencia y mayores posibilidades de que las víctimas de abuso abandonen relaciones abusivas”, añadió.

El abogado laboral Mark I. Shickman, del estudio Freeland Cooper & Foreman LLP, también aplaudió la nueva legislación de Nueva Zelanda: “Los empleadores pueden dar días libres para hacer lo que sea necesario desde el punto de vista legal y médico sin temor a que haya consecuencias negativas en el trabajo o falta de confidencialidad”.

Pero tampoco idealizó el alcance de la nueva norma.

“La adaptación laboral no va a resolver cada problema, pero es una gran ayuda”, observó.

“Las sobrevivientes vulnerables no quieren arriesgar la situación laboral, que suele ser su ambiente más seguro, así que saber que no habrá represalias ni las van a echar mientras necesiten hablar con la policía, psicólogos o agencias de familia o infantil es una gran ayuda”, explicó Schickman.

Con respecto a los riesgos de la nueva norma, teniendo en cuenta que no requiere que la víctima justifique de ninguna manera el abuso, los especialistas parecen optimistas, pues el riesgo de que los empleados cometan fraude contra la compañía es bajo.

“Los beneficios de la ley superan ampliamente los riesgos. La prevalencia de falsos testimonios se ve históricamente hiperbolizada en muchos contextos”, observó Lizdas, de BWJP.

“Muy pocas personas engañarán diciendo que son víctimas de violencia doméstica solo para tener licencia paga”, apuntó.

La norma “probablemente contribuya a tener un personal más empoderado y satisfecho y con mayor productividad”, coincidió Plazaola. La cuestión, precisó, no es el fraude, pues muchos casos ni se denuncian. Menos de 40 por ciento de las mujeres que sufren abusos no buscan ayuda.

“Las razones de ello tienen que ver con la vergüenza, así como la culpa, con respecto a uno mismo y a los otros. No es de esperar que ese tipo de medidas lleven a un uso excesivo o abusivo de las mismas”, concluyó.

Por su parte, Lizdas, explicó: “Si la conciencia sobre la violencia de una pareja íntima se propaga por el sector privado y empresarial y entre los empleadores en general, y si se los incentiva a identificar y a asistir a trabajadoras víctimas de abuso, se estará contribuyendo a reducir el aislamiento de las víctimas”.

Y precisamente, el aislamiento, una relación abusiva y la falta de ayuda externa elevan el riesgo de violencia doméstica. Por lo menos la mitad de las víctimas de homicidio que hay al año, mueren a manos de una pareja íntima. El homicidio es la última etapa de una relación violenta.

“Una relación abusiva no empieza por el asesinato, sino que el abuso escala y sin una intervención y un apoyo oportuno, la mujer puede terminar asesinada”, puntualizó Plazaola.

Para terminar con el desenlace fatal, la especialista aseguró: “Necesitamos leyes y políticas contra el feminicidio, así como herramientas para investigar de forma adecuada y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres, entre ellas el feminicidio. Es fundamental terminar con la impunidad”, subrayó.

“Reducir el homicidio de una pareja íntima requiere compromiso de una amplia variedad de sectores sociales, legal, médico, salud pública, educación, servicios sociales, ejército, entre otros”, coincidió Lizdas.

En Estados Unidos, hay otro factor que explica el elevado número de feminicidios, y es el fácil acceso a las armas.

En 2015, 55 por ciento de los homicidios a manos de parejas íntimas en ese país, murieron de un disparo. “El primer gran tema es sacar las armas de las casas”, puntualizó Shickman.

“Las mujeres víctimas de abuso tienen cinco veces más probabilidades de morir asesinadas si el abusador tiene un arma”, añadió.

Plazaola considera que para disminuir y terminar con el número de víctimas fatales en los casos de feminicidio es necesario la participación de toda la sociedad.

“Comprender que el feminicidio es el último acto de una serie de actos de violencia contra las mujeres significa comprender que el sector de la salud, de servicios sociales, la policía y la justicia deben trabajar de forma conjunta”, explicó.

“Tener políticas que reconozcan el derecho a la protección de las mujeres víctimas de abuso, así como a otras medidas para ayudarlas a hacer frente a las consecuencias y al daño que significa la violencia, puede ayudarnos a todos a comprender sus realidades y contribuir a cuestionar el reproche y la vergüenza que a menudo se asocian a ella”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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Argentina, un país de puertas abiertas y de contradicciones

ter, 07/08/2018 - 14:48

El hall de la Dirección Nacional de Migraciones, en el barrio de Retiro de Buenos Aires. Cada día llegan a estas instalaciones multitud de extranjeros en busca de la documentación para poder residir temporal o definitivamente en Argentina de manera legal. Crédito: Dirección Nacional de Migraciones

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Aug 7 2018 (IPS)

Como lo ha hecho a lo largo de su historia, Argentina ha recibido en los últimos años un gran número de inmigrantes. La mayoría se instala en Buenos Aires y no logra insertarse en el mercado formal del trabajo.

Ahora, el director nacional de Migraciones, Horacio García, dice que esta realidad no le sirve al país ni a los migrantes y que llegó el momento de orientarlos hacia el interior, de acuerdo a la demanda laboral.

“Durante los últimos dos años y medio, hemos otorgado radicaciones (permisos de residencia) a unas 520.000 personas, de los cuales el 83 por ciento se instaló en la capital y los  del alrededores. Esto es una catástrofe”, dijo a IPS en una entrevista el responsable de la política migratoria argentina.“Tenemos un marco jurídico que favorece la llegada de inmigrantes, pero seguir agregando casi 300.000 por año a Buenos Aires y el Conurbano es una bomba para la Argentina”: Horacio García.

El funcionario, designado por el presidente Mauricio Macri al comienzo de su gobierno, en diciembre de 2015, agregó: “La mayor parte de quienes llegan no tienen acceso al trabajo o a la vivienda ni posibilidades de progresar. No hemos tenido política migratoria; simplemente hemos amontonado gente”.

En Buenos Aires se llama villas a los asentamientos precarios donde se hacinan cientos de miles de personas sin acceso a la vivienda. La más céntrica de todas, y la más codiciada por quienes llegan sin dinero para un alquiler formal, es la Villa 31.

Está pegada al cotizado barrio de La Recoleta, uno de los más caros de la ciudad, y en sus 320 hectáreas, entre vías del ferrocarril y autopistas, viven unas 40.000 personas.

De ellas, 53 por ciento son extranjeras, de acuerdo al último relevamiento oficial, realizado en 2015.

Paraguayos y bolivianos encabezan la lista entre los extranjeros que llegan a la Argentina. Durante 2017 los ciudadanos de esos dos países limítrofes sumaron más de la mitad de los 212.845 extranjeros que obtuvieron radicación permanente o temporaria, según datos proporcionados por la Dirección Migraciones a IPS.

Fueron  61.342 los paraguayos y 48.165 los bolivianos, muchos de los cuales van a poblar las villas.

En el tercer lugar de la lista tradicionalmente aparecían los peruanos, pero desde el año pasado fueron desplazados por los venezolanos, como consecuencia del colapso económico y social de ese país. Fueron 31.167 los que obtuvieron radicación en Argentina durante 2017.

El gobierno de centroderecha argentino, enfrentado con el definido como izquierdista de Nicolás Maduro, presenta como un gesto político su apertura hacia los venezolanos.

A los ciudadanos de ese país les da las mismas facilidades para radicarse que a los ciudadanos de países del Mercado Común del Sur (Mercosur), a pesar de que Venezuela está suspendida como miembro de esa organización de países sudamericanos.

Horacio García, el director nacional de Migraciones, dice que el Estado argentino debe poner en marcha planes que orienten a los inmigrantes hacia los lugares del país donde puedan conseguir trabajo, ya que hoy 83 permanece en Buenos Aires. Crédito: Daniel Gutman/IPS

De hecho, el propio Macri elogió a los inmigrantes venezolanos. “Nos duele a todos lo que está pasando. Lo mínimo que podemos hacer es recibirlos”, dijo el presidente el 19 de julio, durante una comunicación con sus seguidores en la red social Instagram.

Pero los venezolanos, igual que los paraguayos o bolivianos, no la tienen fácil en su nuevo país.

Gerson Sánchez, un ingeniero agrónomo venezolano de 39 años, llegó a Argentina en noviembre de 2016 y en menos de dos meses ya había conseguido su radicación temporaria.

En su país trabajaba en una compañía petrolera pero hoy en Buenos Aires es cocinero en La Pulpería del Cotorro, un restaurante popular del barrio de Parque Patricios, en el sur de la ciudad.

“Tuve que aprender de cero a cocinar las comidas argentinas que yo no conocía, como el locro”, contó a IPS este migrante, quien sueña con realizar un emprendimiento agrícola junto a colegas venezolanos que también están en la Argentina, pero todavía no da con mecanismos para acceder a tierra ni a crédito.

“Yo ya asumo a Argentina como mi país. Siento que nuestro aporte aquí es apreciado”, agregó Sánchez.

Él vive en un barrio de la comunidad boliviana de Villa Celina, en las afueras de Buenos Aires, junto a su esposa y sus tres hijos de 12, 15 y 16 años, quienes rápidamente se integraron a la escuela pública argentina.

Las migraciones en Argentina se rigen por la Ley 25.871,  promulgada en 2004, que garantiza el derecho a la atención sanitaria y a la asistencia social a todos los extranjeros independientemente de su situación migratoria y ha sido elogiada por organizaciones de derechos humanos.

De hecho, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) destaca que este país sudamericano es el mayor receptor latinoamericano de migrantes, en proporción a su población, de 44 millones de habitantes,  4,8 por ciento de ellos nacidos en el extranjero.

El venezolano Gerson Sánchez, en una plaza de Buenos Aires, ciudad que ya adoptó como propia. Es ingeniero agrónomo y lleva cerca de dos años en Argentina, pero como no consiguió trabajo de su profesión se gana la vida como cocinero en un restaurante del barrio de Parque Patricios. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Sin embargo, en enero de 2017 el gobierno modificó esa ley por medio del decreto 70 y endureció las políticas hacia los extranjeros, al establecer la posibilidad de que sean expulsados del país, en trámite sumario, aquellos involucrados en una investigación penal, aunque estén acusados de un delito leve e independientemente de su situación familiar.

Una Cámara (tribunal) Federal de Apelaciones declaró inconstitucional el decreto en marzo de este año, ya que consideró que viola los derechos de los migrantes y que el tema debió ser discutido en el legislativo Congreso Nacional.

Sin embargo, el gobierno apeló la decisión y, mientras se espera un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, la norma se sigue aplicando. Según dijo García a IPS, ya fueron expulsados unos 1.000 extranjeros en trámite sumario desde el año pasado.

“Hoy el gobierno hace todo lo posible para deportar a los inmigrantes”, dijo a IPS la peruana Lourdes Rivadeneira, que vive hace 25 años en Argentina y que es activista de la organización Frente Patria Migrante.

Rivadeneira agregó: “Los turnos para tramitar las radicaciones en Migraciones están demorando casi un año, con lo cual los recién llegados se manejan durante tres meses con su visa de turista y luego quedan indocumentados, expuestos a todo tipo de arbitrariedades”.

El director de Migraciones lo niega y dice que hoy el gobierno mantiene el espíritu de la Constitución Nacional, dictada en 1853, que abre el país a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

“Tenemos un marco jurídico que favorece la llegada de inmigrantes, pero seguir agregando casi 300.000 por año a Buenos Aires y el Conurbano es una bomba para la Argentina”, precisó García a IPS.

En la capital argentina viven tres millones de personas, que se elevan a 15 millones al sumar su área metropolitana, conocida como el Gran Buenos Aires, lo que representa 34 por ciento de la población total del país.

“Tenemos que empezar a construir un sistema migratorio que no deje a las personas libradas a su suerte. La política debe hacerse carne de esta cuestión pero le tiene miedo. Migraciones es un tema tabú; nadie quiere hablar, porque el que lo hace es acusado de xenófobo”, agregó.

El funcionario aseguró que conversó el tema con el presidente Macri, quien está de acuerdo, y añadió que ya contactó a las autoridades de la provincia de Río Negro, en el sur del país, para establecer allí un grupo de migrantes.

Las autoridades rionegrinas se mostraron entusiasmadas con la posibilidad de recibir trabajadores sin calificación para trabajar en la cosecha de frutas, como también profesionales, ya que les faltan médicos, por ejemplo.

García dijo que tiene en su agenda conversar con autoridades de las provincias de Neuquén, San Juan, Salta y Jujuy.

Hoy, sin embargo, no está claro cómo este trabajo se va a llevar adelante, si es que se pone en marcha. El propio García reconoce: “Tendrá que ser un trabajo artesanal. No existe la magia”.

Edición: Estrella Gutiérrez

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La degradación del suelo, una triple amenaza para África

seg, 06/08/2018 - 12:45

Un arrocero en el norte de Ghana en épocas de bonanza. Las tierras cultivables que otrora fueron fértiles, ahora dejaron de ser productivas, lo que impactó en los ingresos, y las fuentes de agua se secaron por las prologadas sequías. Crédito: Isaiah Esipisu/IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Aug 6 2018 (IPS)

Sostenibilidad, estabilidad y seguridad son tres elementos que se superponen y preocupan cada vez más, y en especial en África, donde la degradación del suelo desarraiga a muchas personas y destruye medios de vida.

Ministros africanos y funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunieron en la sede del foro mundial en el marco de la Iniciativa sobre Sostenibilidad, Estabilidad y Seguridad (3S), que busca atender la migración y la inestabilidad causada por la degradación del suelo en todo el continente.

“Tenemos que asumir nuestra responsabilidad”, declaró el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Senegal, Mame Thierno Dieng. Ese país de África occidental fue uno de los que colaboró para lanzar la iniciativa 3S.

Entre sus objetivos, 3S espera estabilizar áreas “en riesgo” creando nuevos trabajos verdes para las comunidades más vulnerables con inversiones para la rehabilitación del suelo y su gestión sostenible.

Sin ese tipo de acciones, los peligros para esas comunidades son innegables.

Alrededor de 80 por ciento de la degradación del suelo ocurre por la agricultura. Desde 1950, 65 por ciento de los cultivos africanos, de los que dependen millones de personas, se vieron afectados por la minería, las malas prácticas agrícolas y la tala ilegal.

Mientras, se estima que unos 375 millones de jóvenes africanos ingresaran al mercado laboral en los próximos 15 años, de los cuales 200 millones vivirán en áreas rurales.

Como la agricultura concentra 80 por ciento del empleo, los jóvenes quedarán sin un ambiente saludable para sobrevivir.

Según la iniciativa 3S, esa situación puede generar conflictos por recursos naturales, inestabilidad por la falta de oportunidades para generar ingresos, y mayor exposición a grupos extremistas.

Ghana, conocido por sus selvas y campos de cacao, ya viven esa situación.

Alrededor de 35 por ciento de las tierras de ese país de África occidental están en riesgo por la desertificación, en especial en el norte, donde la degradación del suelo y el cambio climático exacerban la pobreza.

Las tierras cultivables otrora fértiles en el norte de Ghana ahora ya no son productivas, lo que impactó en los ingresos, mientras las fuentes de agua se secan por las sequías prolongadas.

Esas pérdidas obligaron a la población del norte a emigrar al sur, donde viven en condiciones “altamente deplorables”, indicó la viceministra de Ambiente, Ciencia y Tecnología de Ghana, Patricia Appiagyei, en entrevista con IPS.

“Ya era hora de que encontráramos formas de asegurarnos de neutralizar la elevada degradación”, observó.

“3S es una iniciativa que nos tiene muy entusiasmados, y creemos que tenemos que unirnos para atender esos asuntos porque la degradación del suelo y la desertificación no solo afectan la tierra, sino también el agua, la energía, la canasta de alimentos y el sustento de las personas que viven en esas comunidades”, explicó Appiagyei.

Ghana comenzó a invertir en el desarrollo agrícola en el norte, pero los conflictos comienzan a escalar entre agricultores y pastores que pierden tierras de pastoreo.

Por su parte, Gambia tiene problemas similares, con casi 80 por ciento de sus bosques degradados, además de la rápida disminución de la productividad.

Como 64 por ciento de la población son jóvenes, los gambianos se vieron obligados a mudarse a áreas urbanas o a emigrar en busca de pasturas más verdes.

Pero muchos también regresan, lo que se está tornando un desafío adicional, declaró el ministro de Ambiente, Climático y Recursos Naturales, Lamin Dibba, a IPS.

“Hubo un mes en que regresaron 400 personas del extranjero. Es muy preocupante porque cuando se quedan mucho tiempo sin ningún sistema de apoyo, se pueden generar desórdenes”, apuntó.

Para evitar la inestabilidad, Gambia espera crear 25.000 puestos de trabajo verdes para los jóvenes en sus comunidades, así como para los expatriados que regresan, en los sectores de agricultura, turismo y conservación.

Para ello, la educación es un elemento fundamental, coincidieron Appiagyei y Dibba.

“Tenemos que llegar a las comunidades y explicarles qué es el cambio climático, cuáles son las causas, cuáles son los posibles impactos; por eso lo llamamos integrados, queremos ver todos los aspectos del sustento de la gente”, explicó Dibba.

Con apoyo de la Gran Muralla Verde, Gambia implementa un proyecto de educación para apuntar a las escuelas con ese tema y con métodos para recuperación del suelo.

Appiagyei señaló la importancia de incluir a agricultores, en especial mujeres, en esas iniciativas a través de la educación en prácticas agrícolas y nuevas tecnologías.

“Actualmente padecen las prácticas agrícolas que utilizan, y el clima realmente no ayuda; tenemos que asegurarnos de que la gente tenga trabajo en sus comunidades y entornos. Queremos que se queden en sus granjas y cultiven”, remarcó.

Ghana considera levantar una prohibición sobre la pequeña minería, que impactó grandes porciones de bosques y cuerpos de agua, pero Appiagyei dijo a IPS que primero está la gestión sostenible del suelo.

“Pensamos levantar la prohibición, pero no hasta que podamos mejorar las prácticas de gestión del suelo y aplicar la legislación correcta. No hasta que estemos convencidos de que tenemos las medidas correctas para contener las actividades mineras ilegales de pequeñas escala”, explicó.

Pero nada de esto será posible sin reuniones ni apoyo a escala internacional.

“Queremos asegurarnos de que esos proyectos se hagan realidad”, indicó Dibba.

Traducción: Verónica Firme

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