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Atualizado: 2 horas 14 minutos atrás

Mujeres ponen el freno a extrema derecha en elecciones de Brasil

seg, 01/10/2018 - 20:41

Cientos de miles de mujeres se lanzaron a las calles de las principales ciudades de Brasil el sábado 29 de septiembre, en muchos casos acompañadas de sus parejas, amigos y familias, en rechazo a Jair Bolsonaro, candidato de extrema derecha a la presidencia de Brasil. En la imagen, parte de la protesta en un distrito de São Paulo: Rovena Rosa/Fotos Públicas

Por Mario Osava
RIO DE JANEIRO, Oct 1 2018 (IPS)

La decisión de las mujeres brasileñas de lanzarse multitudinariamente a las calles de Brasil contra el candidato presidencial Jair Bolsonaro, bajo la consigna #élNo, ratifica el liderazgo del mayoritario electorado femenino contra la vuelta de la extrema derecha al poder.

Isabella Costa fue una de las participantes en las manifestaciones del sábado 29 de septiembre que bajo esa consigna inundaron las calles de más de 60 grandes ciudades del país. Ella, además, decidió llevar a su hijo de tres años, pese a los temores de incidentes que no se concretaron, a la movilización en Río de Janeiro.

Más de un millón de personas rechazaron así las pretensiones electorales del excapitán del Ejército, cuya popularidad en los sondeos despertó en la extrema derecha sueños de volver al poder, soterrados desde el fin de la dictadura militar en 1985.

“Llevar a mi hijo era importante para enseñarle desde temprano a luchar por derechos, a actuar colectivamente”, explicó Costa, de 43 años. Ella integra un grupo que forma parte de un movimiento nacional de madres que buscan “desconstruir el patriarcado y el machismo”, explicó.

Se trata de evitar un “gobierno que buscaría ahondar las desigualdades, basado en homofobia, machismo y violencia, un retroceso que parece ser la tendencia mundial”, justificó.

Costa pasó a temer el triunfo de Bolsonaro en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta tendrá lugar el domingo 7 y la decisiva el 28 de este mes,  “al sorprenderme con gente muy próxima adhiriendo a su candidatura”.

El protagonismo asumido por las mujeres constituye solo uno de los muchos obstáculos que hacen casi imposible un triunfo del exmilitar, pese a su liderazgo en las encuestas para la primera vuelta, a la que seguirá la segunda ronda tres domingos después entre los principales candidatos,  si como se prevé ninguno obtiene más de la mitad de los votos válidos.

Un mes después de la convocatoria por Internet por un grupo de mujeres, la campaña #élNo logró la adhesión de casi cuatro millones de mujeres y sigue creciendo, en Brasil y en el exterior.

El electorado femenino representa 52,5 por ciento del total de 147 millones de brasileños con derecho al voto y más de mitad de las electoras declaran en las encuestas que no votarán por el exmilitar “en manera alguna”.

Ese rechazo, que entre los hombres es también elevado pero no tanto, 38 por ciento según el Instituto Datafolha, se construyó a lo largo de la carrera de 28 años como diputado nacional de Bolsonaro, en que se multiplicaron sus actos de discriminación y prejuicios.

El colmo fue posiblemente decir en medio de una diatriba con una colega diputada que “no la violaría porque no lo merece”. La hija que Bolsonaro tuvo después de cuatro varones la atribuyó a “un momento de debilidad”.

Con la consigna #élNo, más de un millón de personas, en un movimiento liderado por las mujeres, protestó contra el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, lo que evidencia un combativo rechazo a su figura que dificulta que alcance la presidencia de Brasil. En la imagen, un grupo de mujeres en Brasilia. Crédito: Lula Marques/Fotos Públicas

Pero las mujeres no son las únicas con las que Bolsonaro entró en conflicto. Lo hizo con los más variados sectores, como los homosexuales, que a su juicio solo existirían por mala educación familiar,  los negros, los críticos de la dictadura militar y también los pobres, otra mayoría electoral junto con la femenina.

No admite siquiera que hubo dictadura entre 1964 y 1985, ya que los militares no cerraron el parlamento, y alaba como héroe el exjefe de un centro de torturas en São Paulo, el coronel Carlos Brilhante Ustra, fallecido en 2015, denunciado como torturador y asesino de presos políticos en seis procesos, pero sin alguna condena.

El error fue “torturar y no matar”, dijo Bolsonaro en una entrevista televisiva hace dos años.

Pero sus disparates y opiniones dictatoriales no parecen importar a sus adeptos, incluidas las mujeres, que los justifican como bromas o deslices retóricos en momentos de irritación.

Las intenciones de voto para el candidato postulado por el minúsculo Partido Social Liberal (PSL) son los más consolidados, dicen los encuestadores, agravando el temor de quienes están convencidos de que Bolsonaro como presidente instalaría un régimen dictatorial, ignorando los derechos civiles y políticos.

Las contradicciones de su propia campaña electoral, sin embargo, tienden a debilitar su avance hacia el Palacio de Planalto, sede de la presidencia en este país de 2018 millones de personas.

Su asesor económico, Paulo Guedes, ya disgustó al candidato al defender la reactivación de un impuesto sobre operaciones financieras, similar a uno que estuvo en vigor entre 1997 y 2007, denostado por la población. Fue desmentido y sometido al silencio por el jefe.

Del economista típicamente liberal y ortodoxo, con doctorado en la estadounidense Universidad de Chicago, con carrera exitosa en bancos y empresas, se puede esperar frecuentes discrepancias con un candidato de pensamiento militar y nacionalista, especialmente en relación a su plan de privatización generalizada.

Bolsonaro tuvo también que desmentir y desautorizar a su aspirante a la vicepresidencia, el general retirado Hamilton Mourão, que sugirió la extinción del decimotercer sueldo anual (aguinaldo), con el argumento de representa un beneficio exclusivo de Brasil. Una declaración equivocada y desastrosa electoralmente.

Mourão, prácticamente excluido de la campaña por el excapitán, fue autor de otras citas infelices, como decir que el subdesarrollo brasileño se debe a la herencia cultural de los indígenas “perezosos” y los negros “pillos”, además de los colonizadores ibéricos acostumbrados a privilegios.

“Hogares con solo madres y abuelas” generan jóvenes inadaptados que engrosan las bandas del narcotráfico, fue otra de sus opiniones reveladoras de las creencias y lugares comunes que parecen orientar a los dos compañeros de fórmula presidencial.

Tanto Bolsonaro como Mourão, de 63 y 65 años, respectivamente, tuvieron su formación escolar y militar en los años más duros de la dictadura, inicios de la década de los 70. Al parecer no superaron los prejuicios de aquella época, agravados por el anticomunismo castrense.

“El retroceso no tiene futuro”, sentenció la socióloga y funcionaria pública jubilada Maria do Carmo Brito,  de 76 años, tras identificar en la militar fórmula presidencial la negación de los derechos sociales conquistados en las últimas décadas por mujeres, negros, indígenas, minorías sexuales y familias de composición no convencional.

Son ideas hace más de medio siglo, que no reconocen los derechos identitarios, la diversidad social. Bolsonario ya dijo que prefiere “un hijo muerto a uno homosexual”, pero que no había ese riesgo en su familia por la “buena educación”.

Son convicciones que conspiran contra un buen desempeño en la segunda vuelta, aunque el adversario sea Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), también objeto de fuerte el rechazo popular, por estar manchado de corrupción y responsabilizado de la actual crisis económica interna.

Por su anticomunismo, por ejemplo, los antiguos militares proponen excluir la os cubanos del programa Más Médicos, que hace cinco años lleva asistencia al interior del Brasil. Son cerca de 8.000 médicos cubanos, la mitad del total, que en general son respetados y queridos por las poblaciones locales que atienden.

Sacarlos sería una medida muy impopular, al igual que reducir el programa Beca Familia, que concede una minúscula pensión equivalente hasta un tope de 45 dólares mensuales a familias con ingreso de apenas 20 dólares.

Es un programa exitoso de combate a la pobreza y el hambre, pero que los derechistas acusan de asistencialista y fomentador de indolencia, que el PT habría implantado con fines puramente electoreros.

Es muy difícil ganar unas elecciones amenazando a las mayorías sociales como las mujeres y los pobres.

 

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo Mujeres ponen el freno a extrema derecha en elecciones de Brasil fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Cuando criar pavos empodera a un grupo de mujeres mexicanas

seg, 01/10/2018 - 15:12

Irene, Irma, Judith y María de los Ángeles en su criadero de pavos, al sur de la Ciudad de México. Crédito: Fernando Reyes Pantoja/FAO

Por Corresponsal Fao
MÉXICO, Oct 1 2018 (IPS)

Irene, Irma, Judith y María de los Ángeles forman parte un grupo de productoras de carne de pavo desde el año 2013. Las cuatro amigas y socias se conocieron en las reuniones con beneficiarias de un programa productivo de la Delegación (municipio) Milpa Alta, en Ciudad de México.

El programa consistía en brindar apoyos a mujeres interesadas en dedicarse a la cría de pavos, pero debido a que el mercado local se saturó prontamente de carne de pavo, que además suele ser consumida solo en la temporada navideña y otras festividades, las amigas decidieron sumar fuerzas para distinguir su producto.

Fue así como decidieron unirse bajo el nombre Cíhuatl, que significa ‘mujer’ en náhuatl, y aventurarse con un emprendimiento que además de producir carne fresca de pavo, pudiera innovar en la creación de embutidos y otros alimentos.

Al año siguiente lograron un apoyo del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), para comprar maquinaria: una masajeadora para jamón, un molino, una embutidora, un refrigerador, un congelador, varias básculas y una empacadora que ahora operan en una construcción de 60 metros cuadrados.

El grupo Cíhuatl inició produciendo 100 pavos al mes. Hoy producen 600.

La mejora de infraestructura les permitió mantener una oferta estable de los embutidos y carne fresca de pavo, pero solo al comercializar directamente sus productos fue cuando sextuplicaron su productividad.

Irene, Irma, Judith y María de los Ángeles actualmente forman parte del Mercado de Productores de la Ciudad de México que impulsa la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), con el acompañamiento técnico de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Este mercado establece puntos de venta itinerantes en distintos espacios públicos de la ciudad y actualmente reúne a 40 productores rurales, incluyendo al grupo Cíhuatl.

Es así como las mujeres rurales, cuando tienen las oportunidades que necesitan, pueden liberar todo su potencial productivo y emprendedor, y con ello no oólo dinamizar la economía de sus comunidades, sino además contribuir al abastecimiento alimentario y a la integración del campo con la ciudad.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en el marco de la campaña regional #MujeresRurales, mujeres con derechos. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

El artículo Cuando criar pavos empodera a un grupo de mujeres mexicanas fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Se reduce el espacio de acción de los medios en Uganda

seg, 01/10/2018 - 13:11

Un policía agarra a la fuerza a un periodista que cubría una manifestación en Kampala, Uganda. Crédito: Cortesía de Wambi Michael.

Por Wambi Michael
KAMPALA, Oct 1 2018 (IPS)

Todavía no se sabe nada del procesamiento de los soldados que hace un mes propinaron una dura golpiza al fotógrafo James Akena, de Reuters, en Uganda.

En agosto circuló en las redes sociales el horrible video en el que se ve cómo miembros de la Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda golpeaban al fotógrafo mientras él levanta las manos en señal de entrega; estaba desarmado y solo sostenía su cámara.

Akena sufrió cortes profundos en la cabeza y heridas en manos, cuello y dedos que lo dejaron en el hospital, y todavía no ha podido reintegrarse al trabajo.

Un mes después del episodio de tortura, se desconoce si los agresores fueron procesados, a pesar de un comunicado del ejército condenando la conducta poco profesional y anunciando su detención, así como las garantías de que serían castigados.

Se tomaron acciones contra los soldados, aseguró el jefe de la Fuerza de Defensa, general David Muhoozi, en entrevista con IPS.

“No necesitamos que nadie nos recuerde que tenemos que castigar a quienes torturan. Tomaremos medidas contra los agresores del periodista”, indicó.

“Fueron detenidos; está en nuestro ADN luchar contra quienes hacen el mal”, apuntó.

Akena tomaba fotos de los manifestantes que protestan contra la detención y las torturas sufridas por el músico popular devenido político, Robert Kyangulanyi, conocido como Bobi Wine.

Akena tomaba fotos como testimonio de denuncia de la conducta brutal del ejército y de la policía en la represión de manifestaciones.

Una semana después, el presidente Yoweri Museveni dijo a los legisladores de su partido, el Movimiento de Resistencia Nacional, que su seguridad había confundido a Akena con un ladrón que trataba de aprovecharse del desorden de la manifestación.

Pero la violencia contra los periodistas continúa a pesar de las garantías ofrecidas por las fuerzas del orden, se lamentó el director ejecutivo de la Red de Derechos Humanos para los Periodistas, de Uganda, Robert Sempala.

Alrededor de 30 profesionales fueron agredidos por el ejército entre el 20 de agosto y el 22 de septiembre.

“Insisten en que ya detuvieron a esos soldados, pero el ejército no ha dado a su identidad. Todavía esperamos ver que los castiguen o buscaremos otros remedios, incluso acciones legales”, aseguró Sempala.

Maria Burnett, directora adjunta de Human Rights Watch en África oriental, duda de que la detención de los responsables de las agresiones contra Akena implique una mejoría de las condiciones de trabajo para los periodistas.

“Las fuerzas de seguridad han golpeado a periodistas sin grandes consecuencias durante años en Uganda. Otros órganos estatales han censurado las coberturas sobre la violencia a manos del ejército”, recordó Burnett.

“Golpear periodistas tiene dos propósitos: atemorizar a los que cubren acontecimientos políticos sensibles y, a veces, impide que las pruebas de soldados golpeando o hasta matando civiles, salgan a la luz”, explicó.

Las amenazas y las intimidaciones contra los profesionales de la prensa restringen el acceso a la información, que podría servir a cuestionar al gobierno.

“Con el mayor número de cámaras disponibles, golpear y censurar al mensajero a la larga ya no es factible”, acotó Burnett.

“No hará más que alimentar el periodismo ciudadano y plantear más preguntas sobre por qué el gobierno recurre a la violencia frente a las críticas”, añadió.

Por su parte, Peter Mwesige, académico y director del Centro Africano para la Excelencia de los Medios, opinó: “Esto es inaceptable. Urgimos al gobierno a que detenga a los integrantes de las fuerzas armadas responsables de la erosión de la libertad de prensa y de expresión en Uganda”.

“Como ya dijimos, la libertad de prensa y de expresión no se trata solo del derecho de los periodistas y de los medios a recibir y difundir información”, precisó.

Impedir que los profesionales cubran manifestaciones y episodios de violencia impide que la ciudadanía se entere de lo que ocurre en el país, puntualizó.

“No hay grado de imperfección de nuestros medios que justifique el abuso deliberado de las fuerzas de seguridad contra los periodistas”, subrayó Mwesige.

La directora ejecutiva adjunta del Centro para la Gobernanza Constitucional, Sarah Bireete, dijo a IPS que la violencia contra los periodistas forma parte del menguante espacio cívico en Uganda.

Hubo intentos de silenciar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en el ámbito de la gobernanza y la rendición de cuentas, apuntó.

“Esos abusos se siguen extendiendo a otros sectores, como los periodistas y activistas, quienes desempeñan un papel clave exigiendo responsabilidad a los gobiernos y organismos estatales”, indicó Bireete.

El gobierno ugandés recurre a las leyes nacionales para acusar a los profesionales de la prensa y revocar licencias de radiodifusión sin respetar el debido proceso, además de recurrir a otras formas de represión.

La Comisión de Comunicaciones de Uganda utilizó sus potestades no controladas y mal definidas para regular a los medios.

Por ejemplo, el 19 de septiembre ordenó a las emisoras de radio y televisión que no cubrieran el regreso de Kyangulanyi al país. El legislador regresaba de Estados Unidos, donde recibió tratamiento por las torturas sufridas a manos del ejército. La mayoría de los medios siguió la directiva.

El gobierno incluso llegó a restringir la libertad de prensa al reducir el número de corresponsales en el país.

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de Uganda (FCAU) divulgó el 12 de septiembre un comunicado llamando al gobierno a dejar de impedir que los periodistas tramitaran la acreditación necesaria para trabajar.

Por lo menos 10 periodistas no consiguieron los documentos necesarios, a pesar de cumplir con todos los requisitos.

“Impedir que los periodistas extranjeros trabajen en Uganda se suma a los últimos episodios de intimidación y violencia que estos soportan. E impedir que algunos medios internacionales se instalen legalmente en Uganda es otro intento de amordazar a la prensa”, reza el comunicado.

El artículo 29 de la Ley de Prensa y Periodistas estipula que todos los periodistas extranjeros que deseen trabajar en Uganda deberán tramitar una acreditación ante el Consejo de Medios a través del Centro de Medios.

Los profesionales de la prensa deben abonar el costo no reembolsable de la acreditación, de acuerdo a la duración de su permanencia en el país.

IPS conoce a varios profesionales que se fueron del país por no haber conseguido la documentación necesaria para trabajar en Uganda.

El director del Centro de Medios, Ofwono Opondo, dijo a IPS que el gobierno no interrumpió la entrega de acreditaciones a los periodistas extranjeros, sino que revisa la reglamentación.

“No hace mucho fue deportado el periodista de la BBC, Will Ross”, recordó Magelah Peter Gwayaka, abogado de derechos humanos de la organización no gubernamental Chapter Four, dedicada a defender los derechos humanos y civiles.

La consecuencia es que obliga a los periodistas a acobardarse, a dejar de reclamar que las autoridades se hagan responsables, así como todo lo que hace que una democracia funcione”, apuntó.

“Si el ejército va a frenar a los manifestantes y golpea a los periodistas, como vimos el otro día, ¿ninguna organización puede reclamar que rinda cuentas ni que detenga a los responsables?”, se preguntó.

Traducción: Verónica Firme

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El artículo Se reduce el espacio de acción de los medios en Uganda fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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