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Atualizado: 57 minutos 8 segundos atrás

Sousa, pequeña capital solar en un Brasil amenazado de aridez

sex, 03/08/2018 - 14:24

El sacerdote católico Paulo Diniz, quien puso en marcha el proyecto Parroquia Solar en Sousa, con apoyo del movimiento por energía solar en el estado de Paraiba, en el noreste de Brasil. Así se ahorra los costos de la electricidad convencional y dispone de más recursos para proyectos sociales, además de ser un ejemplo del uso de energía limpia, como promueve la encíclica Laudato Si, del papa Francisco. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
SOUSA, Brasil, Aug 3 2018 (IPS)

Sousa, un municipio de 70.000 habitantes en Paraíba, el estado más amenazado de desertificación en Brasil, se convirtió en una capital de la energía solar, con una iglesia católica, variadas empresas, viviendas e incluso un cementerio como generadores.

“Pagábamos cerca de 4.000 reales (1.070 dólares) de electricidad al mes y ese costo  bajó a unos 300 reales (80 dólares)”, resumió a IPS el sacerdote católico Paulo Diniz Ferreira, responsable de la ahora apodada “Parroquia Solar”, formalmente inaugurada el 6 de julio, pero en operación desde abril.

Las 142 placas fotovoltaicas instaladas en el techo del Centro Parroquial, que comprende oficinas, auditorios y una cancha cubierta, sirven además a la Iglesia, actualmente en obras de ampliación, una capilla y la residencia de los religiosos.

La capacidad instalada es de 46,1 kilovatios como máximo y se estima la generación mensual de cerca de 6.700 kilovatios/hora.

“Es más que una cuestión energética, se trata de ponerse en sintonía con Laudato Si”, explicó el párroco, refiriéndose a la encíclica ambientalista del Papa Francisco, publicada en 2015, y al deber de la iglesia de ser “referencia y testimonio”.

Con los nuevos recursos, la Parroquia Sant’Ana, como se llama oficialmente la unidad católica de Sousa, podrá ampliar su evangelización y acciones pastorales por los niños, ancianos y encarcelados, acotó.

Su ejemplo se espera que estimule a las otras 60 parroquias que componen la Diócesis con sede en la vecina ciudad de Cajazeiras, dice Cesar Nobrega, coordinador del Comité de Energías Renovables del Semiárido (CERSA), que impulsa el uso de energía solar y otras fuentes alternativas en Sousa, un extenso municipio con 80 por ciento de su población urbana, así como en sus alrededores.

El mismo 6 de julio se inauguró también la primera escuela solar dentro del sistema de la enseñanza básica en Paraíba.

Marlene y Genival Lopes dos Santos, un matrimonio de campesinos, junto a las placas solares de generación compartida, que reducen su cuenta de electricidad luz y las de sus socios urbanos, que viven en las ciudades de Sousa y João Pessoa, capital del estado de Paraiba, distantes 400 kilómetros, en la región del Nordeste de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS

Doce placas fotovoltaicas representarán el ahorro de 350 a 400 kilovatios/hora al mes en los gastos de la Escuela Dione Diniz, de enseñanza primaria y secundaria, en un distrito rural de Sousa, São Gonçalo, área de mayor insolación en Brasil y segunda del mundo, según explicó Nóbrega a IPS.

El objetivo es también “difundir información y debates con profesores, alumnos y la comunidad local sobre el potencial solar en la mitigación del cambio climático”, dijo.

“Lo incluimos en el Proyecto de Intervención Pedagógica de la escuela, que elige un tema para cada bimestre, siendo energía renovable el buque insignia”, informó Clemilson Lacerda, profesor de ciencias en el centro.

“No sabemos aún cuanto ahorraremos en la cuenta de electricidad que alcanzó 1.700 reales (450 dólares) en junio, pero lo invertiremos en mejorar la escuela, el material didáctico y la alimentación de los alumnos”, aseguró a IPS la vicedirectora Analucia Casimiro.

De la pequeña azotea del Hotel Vó Ita se tiene una visión del boom de energía solar en Sousa. El mismo hotel tiene su tejado cubierto de placas fotovoltaicas y del mismo modo dos amplios techos abajo, de una gasolinera y una churrasquería.

Cerca hay galpones industriales, viviendas y tiendas comerciales, como farmacias, venta de automóviles y supermercados, que adhirieron a la nueva fuente energética. Además, existen compañías que consumen mucha energía, como frigoríficos y heladerías.

“Reduje a cero mis gastos con energía”, sostuvo a IPS el joven empresario Paulo Gadelha, socio de un complejo de un matadero de aves, granja, industria de lacticinios y tienda comercial. Genera su propia electricidad con 60 paneles fotovoltaicos que cubren el parqueo de camiones en su matadero.

“En 2014, cuando fundamos el CERSA, no había un solo sistema de energía solar en Sousa, hoy tenemos más de 100 instalados”, destacó el coordinador del Comité que reúne instituciones públicas y privadas, investigadores y colaboradores, con la misión de hacer “que el sol sea asumido como la principal fuente de energía” en la ecorregión del Semiárido brasileño, en el Nordeste brasileño.

La vicedirectora Analucia Casimiro y el profesor de ciencias Clemilson Lacerda, al lado del especialista Cesar Nóbrega (a la izquierda), en el patio de la Escuela Dionde Diniz, la primera de enseñanza pública básica en contar con energía solar en Paraba, el nordestino estado más amenazado de desertificación en Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS

Ese activismo, fundamentado en el cambio climático que tiende a agravar las sequías locales, logró movilizar a muchos interesados en universidades, de la sociedad civil y del sector público en seminarios, foros y cursos.

“El CERSA no nació para instalar sistemas de generación, sino para debatir”, fomentar conciencia y estimular políticas públicas, explicó Nóbrega.

Pero en la práctica también actúa como diseminador de plantas solares en dos frentes, una empresarial, otra social.

Su prédica estimuló la creación en 2015 de Ative Energy, la mayor instaladora de sistemas fotovoltaicos de Sousa y ejecutora del proyecto de la Parroquia Solar, idealizado por el CERSA. Hoy la ciudad ya tiene cinco empresas en esa actividad.

“Instalamos 40 sistemas hasta noviembre de 2017, ahora ya son 196. Empleábamos solo cinco trabajadores, ahora son 30, crecimos seis veces en seis meses”, subrayó Frank Araujo, dueño de Ative, cuyas operaciones se extienden a 26 ciudades de cinco estados del Nordeste brasileño.

En Brasil, la generación solar representa solo 0,8 por ciento de la capacidad instalada actual, pero es la que más crece. En los emprendimientos en la construcción ya tiene 8,26 por ciento de participación, según la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), órgano regulador del sector.

Danilo Gadelha, uno de los principales empresarios de Sousa, es socio-propietario de Ative y también su principal cliente. La contrató para instalar plantas generadoras solares en las empresas de su conglomerado Vó Ita, que comprende distribuidoras de productos alimentarios y de gas de cocina, industria de aceites vegetales, hotel, una constructora, gasolinera y el cementerio solar.

El empresario Paulo Gadelha debajo del techo de placas fotovoltaicas que cubre la zona del aparcamiento para camiones de su matadero de aves. Con la energía solar Gadelha redujo a cero los gastos de electricidad en ese matadero, una planta láctea, una tienda y la vivienda de su familia, en el municipio brasileño de Sousa, en el noreste del país. Crédito: Mario Osava/IPS

“Empecé por probar la energía solar como usuario”, antes de ofrecerla como instalador y “pasarme de gran consumidor a emprendedor”, bromeó con IPS. Sus gastos energéticos se acercan al equivalente a 23.500 dólares mensuales.

Ative Energy cuenta con una gran ventaja competitiva. Por disponer de gran capital, financia ella misma las plantas solares que instala, a las menores tasas de interés del mercado.

Así lo hizo con la Parroquia de Sousa, que paga el financiamiento en cuotas mensuales inferiores a la suma ahorrada en la cuenta de electricidad. “Pagaremos todo en tres años y medio”, observó el párroco, porque poco más de un tercio del proyecto se pagó al contado con donaciones.

Como los equipos tienen 25 años de vida útil, la Iglesia tendrá energía gratis por más de 20 años.

Las unidades de energía solar en empresas y grandes residencias son importantes para la campaña de CERSA como demostración de su viabilidad y beneficios económicos y ambientales, reconoció Nóbrega.

Pero la campaña logró atraer también el interés de fondos e instituciones de apoyo a proyectos sociales.

Así nació en 2016 el Proyecto Semiárido Solar, en que se asociaron el CERSA, la Cáritas Brasileña, órgano social del Episcopado católico, y el Foro de Cambio Climático y Justicia, con apoyo financiero de Misereor, el órgano de cooperación al desarrollo de la Iglesia Católica alemana.

Es lo que permitió a la Escuela Dione Diniz ganar su planta solar, financió parte del sistema de la Parroquia Solar y distribuyó aparatos de bombeo de agua y biodigestores en comunidades rurales, además de ofrecer cursos de capacitación de “electricistas solares” en Sousa y municipios cercanos.

Además de facilitar energía barata y limpia, la generación fotovoltaica descentralizada constituye una alternativa económica para el Semiárido brasileño en riesgo de volverse totalmente árido por el cambio climático, advirtió Nóbrega.

Paraíba, en cuyo oeste se ubica Sousa, tiene 93,7 por ciento de su territorio en proceso de desertificación, según el Programa de Combate a la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía de ese nororiental estado brasileño.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Menores inmigrantes en Italia podrían ser víctimas de trata

sex, 03/08/2018 - 13:13

La redistribución de solicitantes de asilo llegados a Italia y Grecia, el principal lugar de arribo de inmigrantes que se dirigen a Europa, se interrumpió principalmente por la oposición a las cuotas de refugiados de algunos miembros de la Unión Europea. Crédito: Ilaria Vechi/IPS.

Por Maged Srour
ROMA, Aug 3 2018 (IPS)

Miles de menores inmigrantes alojados en centros de recepción al llegar a Italia, como primer paso para su identificación y posterior reubicación en otras instalaciones para solicitantes de asilo, no se pueden localizar y se teme que sean víctimas de tráfico y trata de personas.

El informe “Pequeños esclavos invisibles, 2018”, publicado en la primera semana de este mes por la organización no gubernamental Save the Children, señala que 4.750 menores de edad, quienes habían llegado a Italia antes de mayo, no se pueden rastrear.

Una vez que escapan de las instalaciones, su situación de gran vulnerabilidad, sin dinero, sin hablar el idioma y con traumas dejados por la travesía hasta Italia, los deja a merced de traficantes y explotadores.

Muchos de ellos terminan en redes de explotación sexual, trabajo forzoso y esclavitud.

Save the Children informó que a algunas niñas las obligan a mantener sexo para sobrevivir, a prostituirse para pagarle a los barqueros que las cruzan por la frontera italiana o para comer y tener un lugar donde dormir.

“Me fui de Nigeria con un amigo y cuando llegamos a Sabha (Libia), nos detuvieron”, relató Blessing, una de las víctimas, a Save the Children.

“Me quedé ahí tres meses y luego me fui a Trípoli. Durante ocho interminables meses, me obligaron a prostituirme a cambio de alimentos”, añadió.

Su pesadilla continuó en Italia, donde un compatriota la explotó sexualmente. Finalmente, logró ingresar a un programa de protección gracias a Save the Children, pero el suyo es un caso raro de rescate, pues muchos están en situación de esclavitud sin salida a la vista.

Según testimonios recogidos por la organización, los menores abandonan las instalaciones de recepción porque consideran que los procesos para ingresar al sistema de protección infantil es una demora inútil para lograr la autonomía económica que ansían, y suelen irse unos pocos días después de su identificación.

Eso viene ocurriendo en mayor medida en el sur de Italia.

Según el informe, “el flujo de menores que pasan por Italia para llegar al norte de Europa es, por su propia naturaleza, difícil de cuantificar”, aunque señala que de enero a marzo pasaron por este país entre 22 y 31 por ciento de todos los migrantes que atraviesan el territorio.

Los menores proceden principalmente de Eritrea, 14 por ciento, Somalia, 13 por ciento, Afganistán, 10 por ciento, Egipto, nueve por ciento, y Túnez, ocho por ciento.

“El hecho de que el programa de reubicación de la Unión Europea (UE) se interrumpiera en septiembre de 2017, contribuyó en gran medida a que los menores en tránsito se vieran obligados a volver a entregarse a los traficantes o a arriesgar sus propias vidas cruzando fronteras, como sigue ocurriendo para los que atraviesan la frontera norte de Italia con el fin de llegar al norte de Europa”, explicó Roberta Petrillo, del Departamento de Protección Infantil de Save the Children, en diálogo con IPS.

La redistribución de solicitantes de asilo de Italia y Grecia, los principales lugares de arribo de inmigrantes a Europa, se interrumpió principalmente por la oposición a las cuotas de refugiados de Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría.

El plan inicial de la UE ofrecía la reubicación de 160.000 refugiados de Italia y Grecia en otros países europeos en un plazo de dos años.

Hasta mayo se reubicaron 12.690 y 21.999 inmigrantes de Italia y Grecia, respectivamente. Hasta la fecha, República Checa aceptó solo 12, Eslovaquia, 16, y Hungría y Polonia, ninguno.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Fundación Walk Free, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), casi 10 millones de niñas, niños y jóvenes fueron víctimas de esclavitud, vendidos y explotados en todo el mundo, principalmente con fines sexuales y de trabajo en 2016.

Los menores representan 25 por ciento de las más de 40 millones de personas víctimas de tráfico, de las cuales más de siete en 10 son mujeres y niñas.

Según datos de la OIT, casi un millón de víctimas de explotación sexual en 2016 eran menores de edad; y entre 2012 y 2016, 152 millones de niños y niñas entre cinco y 17 años sufrían varias formas de trabajo infantil.

Más de la mitad de esas actividades eran especialmente peligrosas para su salud.

“Cuando hablamos de datos de este tipo debemos ser muy cuidadosos porque hablamos de números que solo se refieren a la emergencia del fenómeno, sin controlar los datos sumergidos”, añadió Petrillo.

Hubo 30.146 víctimas de tráfico y explotación registradas en 2016 en los 28 países de la UE, de los cuales 1.000 eran menores de edad.

Pero según datos de la OIT, 3,6 millones de personas en Europa estarían en situación de esclavitud.

Según la organización Alabama Human Trafficking Task Force, el tráfico de personas es la segunda actividad criminal del mundo, después del narcotráfico, y se estima que moviliza unos 32.000 millones de dólares al año.

Las principales víctimas

Las niñas nigerianas y rumanas son las principales víctimas de las redes de tráfico y trata de personas.

Según Save the Children, para la travesía que las lleva hasta Italia, las niñas nigerianas contraen una deuda de entre 20.000 y 50.000 euros (entre 23.000 y casi 58.000 dólares) que solo pueden aspirar a saldar si se prostituyen.

Como sus pares de Rumania, entran en un mecanismo de explotación sexual del que no pueden salirse fácilmente.

Las nigerianas escapan principalmente por cuestiones de seguridad y la inestabilidad política, en cambio las rumanas huyen por su total falta de oportunidades y de autonomía económica.

Según el informe de Save the Children, en 2017, unas 200 menores víctimas de trata y explotación ingresaron en programas de protección infantil. La mayoría, 196, eran nigerianas de entre 16 y 17 años.

Además, casi la mitad fueron víctimas de explotación sexual.

El portavoz del capítulo italiano de Amnistía Internacional, Riccardo Noury, dijo a IPS que a los hombres inmigrantes los recibían con los brazos abiertos porque servían para trabajar en condiciones de serviles.

Pero a las mujeres las recibían solo porque las podían prostituir.

“Al no garantizar un camino legal y seguro para quienes huyen de guerras y persecusión, ni organizar ni reconocer la presencia de trabajadores inmigrantes, solo le hacemos un favor a las organizaciones criminales, que hacen verdaderas fortunas traficando seres humanos”, explicó Noury.

“El marco legal italiano y de la UE es sólido y bueno”, afirmó Petrillo, pero alertó: “lo que se necesita es una intervención unitaria que vincule estrechamente la realidad de la lucha contra el tráfico con la de los menores en tránsito. Y tenemos que poder garantizar la protección universal de las víctimas”.

Traducción: Verónica Firme

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Política de Trump con Cuba perjudica también a los estadounidenses

qui, 02/08/2018 - 14:40

Turistas abordan un auto descapotable empleado en paseos turísticos, en las cercanías de la terminal de cruceros marítimos Sierra Maestra, en el casco histórico de La Habana Vieja, en Cuba, el 29 de julio de 2018. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Aug 2 2018 (IPS)

Los cruceros y líneas áreas de Estados Unidos siguen llegando, aunque las visitas de viajeros de ese país a Cuba han descendido mucho tras el arribo a la Casa Blanca de Donald Trump, quien ha llevado las relaciones bilaterales a su mínima expresión.

Con su nueva política hacia Cuba, Trump interrumpió el deshielo, aunque su anuncio en junio de 2017 de cancelar todos los acuerdos bilaterales de su antecesor, Barack Obama (2009 -2017), con el gobierno de Raúl Castro (2008-abril 2018) no se cumplió del todo, pues se mantienen algunos canales oficiales de diálogo.

Continúa activa la comisión  bilateral entre Cuba y Estados, que sostuvo su séptima reunión el 14 de junio, para discutir las diferencias y el seguimiento de los temas en los que existe cooperación e interés mutuo, como también prosiguen encuentros sobre ciberseguridad, narcotráfico, terrorismo y migración, entre otros.

A la vez, bajo la justificación de unos misteriosos y no aclarados incidentes de salud, Washington redujo considerablemente su personal diplomático en La Habana, emitió un alerta de viaje a sus ciudadanos y expulsó a 17 diplomáticos cubanos de Washington, además de endurecer el embargo sobre la isla.

“Una de las ideas principales de Trump, su lema de ‘Estados Unidos Primero’ (America First) entra en contradicción con el tema de Cuba”, dijo en entrevista con IPS el economista Luis René Fernández Tabío, investigador titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana.

El actual jefe de la Casa Blanca “quiere hacer a Estados Unidos grande otra vez, colocarlo primero, crear empleos, pero en esas variables Cuba representa una opción cerrada por su propia política, que podría abrirse y representar beneficios importantes, e incluso significativos para el sector empresarial y de negocios de su país”, añadió.

De acuerdo a este estudioso, en términos geopolíticos y económicos, la nación caribeña “tiene una posición estratégica y un mercado significativo” y se estima que de dos a cuatro años después de levantado el bloqueo, el intercambio comercial podría ser de entre 3.000 a 6.000 millones de dólares”.

En su opinión, son cifras sustanciales de las cuales se beneficiarían mucho más estados específicos,  como los más cercanos a la isla, La Florida o Texas, pero también aquellos cuyos sectores económicos tienen complementariedad e intereses con Cuba.

Jorge I. Domínguez, cubanólogo del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos (DRCLAS, en inglés), de la estadounidense Universidad de Harvard, asegura en un artículo publicado por la revista cubana Temas, que, entre 2002 y 2015, La Habana importó de Estados Unidos productos agrícolas por un valor acumulado de unos 5.300 millones de dólares.

La sede de la embajada de Estados Unidos en Cuba, en el malecón de La Habana, por cuyas inmediaciones transita un bus turístico, en el barrio del Vedado. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Estas compras son realizadas en efectivo y pago adelantado, además de ser en un solo sentido, porque Cuba no puede exportar a su vecino del norte, debido al embargo. “Son condiciones inaceptables e inimaginables en las prácticas normales del comercio”, apuntó Fernández.

Aun así, resulta más beneficioso comprar determinados productos teniendo en cuenta que la agricultura en Estados Unidos está fuertemente subvencionada, que tener que comprarlos en otros mercados. No obstante,  en 2017 estas importaciones solo fueron de 250 millones de dólares.

Un informe difundido a fines del 2017 por la revista Cuba Trade y la Coalición Agrícola de Estados Unidos para Cuba, indica que limitaciones como la prohibición del crédito figuran entre las principales razones por las cuales los productos agrícolas de Estados Unidos solo representan un pequeño porcentaje de las importaciones de Cuba,

Esto explica que el 28 de junio, el Senado estadounidense  aprobara el proyecto de Ley Agrícola 2018 con una enmienda bipartidista destinada a emplear programas de promoción para aumentar el acceso al mercado cubano de productos agrícolas estadounidenses. Estas ventas son permitidas desde el año 2000.

Fernández considera que la mayoría del Senado está dispuesto a aprobar propuestas de Ley que vayan en la dirección de levantar ciertas restricciones del bloqueo económico y comercial vigente desde octubre de 1960 y reforzado bajo la actual administración estadounidense.

“¿Qué los motiva?, la  propia realidad cubana, la dinámica de las inversiones extranjeras aquí, el avance de los proyectos en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, las visitas de miembros de corporaciones interesados en comerciar con Cuba”, comentó.

En su opinión, a medida que cambien la situación política interna en Estados Unidos, en el Congreso o en las posiciones ideológicas de Trump, su gobierno podrá percatarse de que Cuba no es un problema para sus intereses, sino una gran oportunidad de negocios e inversión aunque no lo parezca a primera vista.

Empleados del bar y café El Madrigal, un local administrado por trabajadores por cuenta propia, permanecen a la espera de la llegada de clientes, en el barrio del Vedado, en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Quienes están excluidos de todo tipo de beneficios son precisamente los empresarios estadounidenses, con pocas excepciones. Cabe preguntarse por qué no se detuvieron los vuelos comerciales y sus directivos luchan por precios y hacen inversiones para mantener el mercado cubano”, afirmó.

Agregó al respecto que los empresarios saben que Cuba es un mercado en expansión, y quieren estar aquí cuando se eliminen las restricciones que tienen los ciudadanos y residentes estadounidenses de visitarlo como turistas o por cualquier motivo, ese escenario constituye una gran oportunidad económica para sus empresas.

La ciudadanía del país del norte tiene prohibido hacer turismo a Cuba desde enero de 1961, aunque tras la reapertura de lazos diplomáticos en 2015 aumentaron considerablemente los viajes por medidas de flexibilización aplicadas por Obama.

Pero las restricciones impuestas a las visitas individuales y los incidentes sónicos han desestimulado esta variante. Durante el primer semestre de este años llegaron a este país 82,269 viajeros estadounidenses menos que en el mismo período de 2017 (348.713), según la consultora The Havana Consulting Group (THCG).

No obstante, “si alguien pretendió llevarle al presidente Trump entre las propuestas para el memorando de junio de 2017 el cierre de los vuelos comerciales, le tocaron la puerta y le dijeron que no se le fuera a ocurrir eso. Y obviamente, él es sensible al sector económico. Lo mismo ocurre con los cruceros”, compartió.

En ese contexto, Fernández cree que la política cubana está encaminada a ser más eficiente, avanzar en sus transformaciones, mejorar su economía e incrementar la inversión extranjera. “Estamos en un proceso complejo y difícil, pero que va en un sentido positivo”, consideró.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El Caribe mejora recolección de datos para construir resiliencia

qui, 02/08/2018 - 13:16

Meteorólogos e hidrólogos arman una de las 40 estaciones climáticas automáticas instaladas por el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe, con fondos proporcionados por el Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID-CCAP). Crédito: Zadie Neufville/IPS.

Por Zadie Neufville
BELMOPÁN, Aug 2 2018 (IPS)

Para fines de septiembre, el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe (5C) habrá instalado las últimas de las cinco boyas de datos en el Caribe oriental, ampliando la red de Sistema de Alerta Temprana de los Arrecifes de Coral, en el marco de su apoyo a la construcción de resiliencia al recalentamiento del planeta.

Además, el centro instala otras 40 Estaciones Climáticas Automáticas en los nueves países de la región para extender la red existente de estaciones hidrometeorológicas, otra de las medidas implementadas para recoger datos.

Mejorar la recolección de datos y su disponibilidad es central para el mandato del centro de preparar la respuesta del Caribe frente al cambio climático, explicó Ulric Trotz, asesor y subdirector ejecutivo, en diálogo con IPS.

“Los especialistas han utilizados esos datos fundamentales para mejorar modelos, diseñar herramientas y desarrollar estrategias para mitigar y construir resiliencia frente a impactos devastadores como el aumento del nivel del mar, los prolongados períodos de sequía, las lluvias extremas y el probable mayor impacto de los ciclones tropicales, asociados con la variabilidad y el cambio climático”, explicó.

Las noches y los días son más cálidos en el Caribe, las temperaturas del aire y de la superficie del mar son más elevadas y hay períodos más largos y más frecuentes de sequías, según el Volumen 1 de la Serie Climática del Caribe, realizado por investigadores del Grupo de Estudios Climáticos de la Universidad de las Indias Occidentales, en Jamaica.

El documento fue publicado previo a la 23 Conferencia de la Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), realizada en Alemania en 2017.

No sorprende que tras la temporada de huracanes del año pasado, los investigadores también observaran la creciente intensidad de las precipitaciones y de los huracanes, con vientos más fuertes y muchas más lluvias.

“Aun si se limitara el recalentamiento global a medio grado centígrado más respecto del grado ya aumentado, el hecho tendrá consecuencias para el Caribe”, puntualizó.

“Los sistemas de recolección de datos, adquiridos con fondos del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), elevan  el volumen de datos en tiempo real y mejoran la fiabilidad y la exactitud de los pronósticos climáticos en la región”, explicó Trotz.

Además de las súper computadoras instaladas en la sede del 5C en Belice, en el Campus Mona de la Universidad de las Indias Occidentales y del Instituto del Caribe de Meteorología e Hidrología (CIMH, en inglés), los puntos de recolección de datos ya instalados en el marco de proyectos anteriores ya mejoran la capacidad de los científicos regionales para monitorear y procesar las variables de la atmósfera, entre otras ambientales, afectadas por la variabilidad climática.

Los esfuerzos de recolección de datos ayudan en la toma de decisiones aportando evidencia y mejoran la exactitud de las proyecciones realizadas a partir de modelos climáticos regionales y globales, a la vez que construyen la resiliencia de la región frente a las consecuencias del recalentamiento planetario.

En definitiva, la información suministrada en el informe que formará parte de la sexta evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, así como otros modelos y pronósticos, promete ser más precisa y confiable.

“Los datos recolectados de esas estaciones son la base de todo modelo climático, lo que asegura que tengamos una buena base de datos para satisfacer nuestros modelos de servicios climáticos regionales para los pronósticos y las previsiones”, explicó Albert Jones, técnico de instrumentación del 5C, en diálogo con IPS.

“La red fortalece la base para los modelos de proyección del cambio climático, lo que aumenta la confianza en los resultados utilizados en los procesos de decisión para la mitigación y la adaptación al cambio climático”, añadió.

Las nuevas estaciones climáticas automáticas no solo mejoran la recolección de datos, sino que también expanden la capacidad y el papel histórico de las oficinas de meteorología locales más allá de ofrecer información principalmente a la aviación.

La importancia de esos sistemas no puede subestimarse, en particular en países como Guyana y Suriname, donde la falta de datos dificulta seriamente la cobertura de áreas con diferencias significativas en la topografía y en las condiciones climáticas.

Eso es especialmente significativo cuando la comparación del interior y las áreas boscosas elevadas con llanuras costeras anegables son fundamentales para desarrollar la vida y proteger la propiedad.

El centro, que celebró sus 14 años en julio de 2018, ha trabajado con donantes para mejorar la recolección de datos en una región que dependía principalmente de sistemas manuales y donde ha sido difícil encontrar datos históricos.

El último es fundamental para validar los modelos regionales requeridos para la producción de escenarios climáticos específicos de la región, que se utilizan para estudios de impacto en todos los sectores afectados.

Eso, a su vez, forma la base para el diseño de respuestas en términos de adaptación, necesarias para construir resiliencia climática en sectores específicos.

El 5C lleva adelante su mandato a través de una red de socios, que incluyen gobiernos, meteorólogos, hidrólogos, profesores e investigadores universitarios.

“Construimos sistemas de alerta temprana para construir resiliencia, por lo que es importante que recolectemos datos y los convirtamos en información útil que beneficie a toda la sociedad”, explicó el director del CIMH, David Farrell, a los técnicos hidrólogos y meteorólogos en un taller patrocinado por Usaid en marzo.

Al diseñar los sistemas, el CIMH, que tiene la responsabilidad de mantener la red, identifica y reduce las deficiencias existentes para mejorar la calidad de los datos recolectados.

El informe de este año de la Organización Meteorológica Mundial señala que 2017 fue “uno de los tres años más cálidos que se haya registrado en el mundo”.

“Una combinación de cinco conjuntos de datos, tres de los cuales usan observaciones de superficie convencionales y dos son análisis nuevos de datos viejos, muestran que las temperaturas medias globales eran de 0,46 grados ± 0,1 por encima del promedio del período 1981-2010, y alrededor de 1,1 grados ± 0,1 respecto del nivel registrado antes de la era industrial”.

“Según esos datos, 2017 y 2015 fueron efectivamente el segundo y el tercer año más cálido de los que se tenga registro, superados solo por 2016, con 0,56 grados por encima del promedio de 1981−2010”.

Con estudios que señalan que el Caribe se torna más cálido, acompañado por un aumento de la frecuencia de eventos extremos, los científicos están decididos a mejorar el uso de datos para guiar a los gobiernos en acciones que reduzcan las consecuencias nefastas esperadas.

En 2017, eventos climáticos extremos como los huracanes Irma y María, dejaron a varias personas muertas, destruyeron medios de vida e infraestructura, haciendo retroceder a países insulares como Barbuda, Dominica e Islas Vírgenes varias décadas.

El Informe de Riesgos Globales de 2018 del Foro Económico Mundial calificó a los eventos climáticos extremos como “el mayor riesgo que afronta la humanidad”.

“Las inundaciones desarraigaron a millones de personas en India, mientras la sequía exacerbó la pobreza y elevó las presiones migratorias en el Cuerno de África”, añadió.

“Avivada por las temperaturas en la superficie del mar, la temporada de huracanes en el Atlántico norte fue la más costosa para Estados Unidos y eliminó décadas de avances en materia de desarrollo en pequeños estados insulares del Caribe como Dominica”,

La red de Sistema de Alerta Temprana de los Arrecifes de Coral (Crews) forma parte del sistema global para mejorar el control y la gestión de esos ecosistemas, en una época en que las condiciones ambientales y climáticas aumentan la muerte y el blanqueamiento de los corales.

El centro trabaja en colaboración con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica para instalar estaciones de monitoreo que recolecten datos sobre parámetros climáticos, marinos y biológicos para investigaciones científicas sobre la salud de los corales.

En el marco de otros acuerdos de colaboración económica, se instalaron estaciones del Crews en Belice, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago y República Dominicana, entre otras partes de la región.

Traducción: Verónica Firme

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Cambiar la justicia para reducir la corrupción, el desafío de Perú

qua, 01/08/2018 - 13:16

Columnas de manifestantes llegaron hasta la sede del Poder Judicial en Lima, donde exigieron limpiar de corrupción la institución, en las movilizaciones ciudadanas contra la corrupción, realizadas en julio en la capital y otras ciudades de Perú. Mujeres trabajadoras de barrios limeños enarbolaron simbólicamente sus escobas en demanda de limpieza en la justicia. Crédito: Mariela Jara/IPS

Por Mariela Jara
LIMA, Aug 1 2018 (IPS)

La marea de indignación ciudadana en Perú ante evidencias de la enraizada corrupción en el sistema de justicia y su relación con el fujimorismo, que controla el parlamento, empujó al presidente Martín Vizcarra a anunciar medidas drásticas contra el flagelo.

Analistas consultados por IPS coinciden en señalar que fue el discurso más político en la lucha contra la corrupción del gobernante, quien con 55 años lleva cuatro meses al mando del país tras suceder en marzo a Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció al cargo ante denuncias de compra de votos para evitar su destitución  por hechos de corrupción.

“El fujimorismo saldrá con todo a contra atacar las propuestas y será muy importante que se mantengan las voces de la ciudadanía exigiendo en las calles la erradicación de todos los corruptos”, afirmó Javier Torres, antropólogo y director de Noticias Ser.“Siento asco e indignación ante el comportamiento de jueces que en vez de velar por los derechos y el cumplimiento de las leyes solo actúan movidos por el dinero. ¿Tiene precio la integridad de una niña?”: Mariana Chirinos.

En su mensaje a la nación el 28 de julio en el legislativo Congreso de la República, el presidente propuso un paquete de proyectos de ley sugeridos por la Comisión de Reforma de Justicia que el mismo impulsó hace pocas semanas.

Esa iniciativa fue una respuesta a la difusión de audios que develaron la profunda corrupción en las instituciones encargadas del nombramiento de jueces y fiscales, y de magistrados en cargos de poder en el puerto del Callao, en la ciudad del mismo nombre, vecina a  Lima.

“El sistema judicial no puede ser instrumento al servicio de poderes oscuros. La ciudadanía demanda cambios y es mi responsabilidad histórica generarlos. No podemos mirar a otro lado mientras el pueblo expresa su descontento”, dijo el mandatario.

“Estoy con todos aquellos que quieren erradicar la corrupción”, dijo ante el silencio de la opositora bancada del derechista y fujimorista partido Fuerza Popular, mayoría en el unicameral Poder Legislativo, en contraste con los aplausos de las demás fuerzas políticas.

Fuerza Popular es encabezado por Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, quien gobernó el país bajo regimen autoritario entre 1990 y 2000, creando un sistema de corrupción que ha heredado la nueva cabeza del llamado fujimorismo.

El partido estuvo detrás de la salida de Kuczynski quien ganó a la lideresa fujimorista en las elecciones de 2016, después que también fracasó en su intento de llegar al poder en 2011.

Entre los anuncios de Vizcarra está modificar el procedimiento de conformación del Consejo Nacional de la Magistratura y de la Corte Suprema, de la elección de jueces, evaluación de magistrados y la inhabilitación perpetua de jueces y abogados sentenciados por corrupción.

Las medidas serán llevadas a referéndum, que también consultará sobre tres reformas políticas: reelección de legisladores, financiamiento privado de los partidos políticos y retorno al sistema legislativo bicameral. Su concreción depende ahora del Congreso.

“El fujimorismo hará todo lo posible por bloquear al referéndum”, sostuvo Torres.

“El presidente acierta al plantearlo para dar transparencia al proceso, pues a puerta cerrada no habría legitimidad en la reforma. La gente ya no cree en las comisiones. Y el mensaje del mandatario es claro: tengo que hacerlo consultando a la ciudadanía”, puntualizó.

Durante las marchas generales contra la corrupción en Perú o en aquellas a favor de los derechos de las mujeres, los colectivos feministas participan en demanda y no impunidad ante la violencia de género, como en esta manifestación en fechas recientes por el centro de Lima. Crédito: Mariela Jara/IPS

Peruanas y peruanos están manifestándose desde hace varias semanas en la capital y otras ciudades del país exigiendo la erradicación de la corrupción en las instituciones del Estado, especialmente judiciales, a raíz de los audios legales aludidos por Vizcarra y divulgados a inicios del julio  por la prensa de investigación.

Estos revelaron tráfico de influencias para copar instancias claves en el sistema de justicia y sistema electoral en el que están comprometidas figuras del fujimorismo como el congresista (diputado) Héctor Becerril y Antonio Camayo, uno de los financistas de la última campaña presidencial de Keiko Fujimori.

Camayo fue detenido la madrugada del domingo 29 al ser sindicado como parte de una organización delictiva liderada por el también encarcelado expresidente de la Corte Superior del Callao, Wálter Ríos, cabeza de la red de corrupción en esa jurisdicción.

Las grabaciones también mostraron cómo el hoy suspendido juez supremo César Hinostroza negociaba la rebaja de pena del violador de una niña en “un trato deshumanizante”, tal como señala Jeannete Llaja, abogada feminista con especialización en derechos humanos, derecho constitucional y género.

“Ese audio evidencia la relación entre corrupción y género y conecta dos indignaciones que laten en la sociedad: así como hay marchas contra la corrupción, en los últimos años se han sostenido acciones públicas ante a la impunidad frente a las violencias hacia las mujeres”, manifestó.

Según la no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir,  alrededor de 11.000 niñas de entre nueve y 14 años se hicieron madres producto de una violación sexual en el periodo 2011 – 2016, lo que da cuenta de la magnitud de la impunidad en estos casos.

Esa impunidad provoca, además, la ausencia de denuncias debido a la desconfianza en el sistema de justicia, o por fallos como el del juez Hinostroza.

Tal realidad ha inspirado consignas como “poder judicial, vergüenza nacional”, “basta de impunidad, justicia para todas” que levantan las mujeres y que fueron de las más coreadas en las recientes marchas ciudadanas contra la corrupción del 19 y 26 de julio.

Estas nuevas protestas respondieron a la confirmación de las sospechas de que muchas sentencias exculpatorias o benévolas a agresores tienen origen no solo machista sino ilícito.

Aun así, una reflexión en ese sentido estuvo ausente en el discurso presidencial.

“El presidente no ha cruzado el tema de corrupción con violencia de género pese a su impacto directo en la vida de las mujeres, pero ante las propuestas anunciadas es necesario tener una mirada integral que contemple el enfoque de género, incluyendo las preguntas del referéndum”, expresó Llaja.

Explicó que de esa forma se contribuirá a que jueces y fiscales, y sus órganos de formación y control, acrediten un desempeño ético y libre de estereotipos de género, lo que evitará conductas y decisiones machistas que revictimizan y niegan el acceso a justicia a las mujeres violentadas.

“Para ello se requiere de la vigilancia ciudadana por un lado y de partidas presupuestales que permitan dar viabilidad a las medidas planteadas, de lo contrario no se avanzará”, remarcó la abogada.

En junio de este año el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, informó que carecían de recursos económicos para cumplir con la norma de prevención, atención y sanción de la violencia de género.

A las condiciones señaladas por Llaja para avanzar en la concreción de las propuestas para reformar el sistema de justicia en forma integral, el analista Torres añadió la urgencia de que el gobierno mantenga claridad en la ejecución política de la reforma para evitar debilidades o retrocesos en el horizonte próximo.

También es perentorio mantener la diversidad de voces de colectivos y organizaciones sociales en las calles -que con el mensaje del presidente están legitimadas-, pues de lo contrario se puede asistir al reacomodo de los personajes corruptos y a un triunfo electoral de estos en el 2021.

Jóvenes de las universidades son parte activa en estas luchas cívicas y forman parte de los contingentes más numerosos en las movilizaciones. Mariana Chirinos, estudiante de tercer año de Administración de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, manifestó  su indignación ante el actual momento crítico.

“Siento asco e indignación ante el comportamiento de jueces que en vez de velar por los derechos y el cumplimiento de las leyes solo actúan movidos por el dinero. ¿Tiene precio la integridad de una niña?”, se preguntó.

Este malestar es generalizado. Una reciente encuesta indica que 88 por ciento de la población reprueba al Poder Judicial y 81 por ciento la Fiscalía de la Nación. Lejos de ser vistas como pilares del Estado de derecho, estas instituciones están completamente desacreditadas.

Para la joven universitaria solo la fuerza de las calles podrá seguir empujando al presidente Vizcarra a cumplir lo ofrecido. “Los políticos no siempre dicen la verdad, muchas veces mienten, pero el pueblo tiene el poder de impulsar los cambios que necesitamos”, dijo.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Elecciones en Zimbabwe generan gran expectativa

qua, 01/08/2018 - 13:16

El equipo de observadores de la Mancomunidad de Naciones comenzó a evaluar el proceso electoral en Zimbabwe, que permitió celebrar elecciones nacionales el 30 de julio de 2018. Crédito: Cortesía,The Commonwealth/CC By 2.0.

Por Busani Bafana
BULAWAYO, Zimbabwe, Aug 1 2018 (IPS)

Finalmente la ciudadanía se pronunció en unas históricas elecciones en Zimbabwe, que muchos analistas esperan dispare una transformación política y económica. Se trata de un cambio muy esperado tras el fin del régimen autocrático de Robert Mugabe, derrocado en un golpe de Estado en noviembre de 2017 tras 37 años en el poder.

Zimbabwe sobrevivió numerosas crisis que dejaron un gran trauma en la población, ahuyentaron inversores y dejaron a este país rico en recursos naturales aislado en el concierto internacional.

En la mañana del 30 de julio, en el barrio de Famona, en esta ciudad del suroeste de Zimbabwe, la fila de votantes avanzaba rápido y la gente demoraba menos de 10 minutos en sufragar. Pero a medida que comenzaron a acudir en masa a los centros de votación, pronto grandes se generaron grandes concentraciones de personas.

No hubo denuncias de episodios violentos, pero la Policía Republicana de Zimbabwe declaró a la prensa local que algunos votantes fueron detenidos por vociferar consignas afuera de los centros de votación, en violación de la lo legislación electoral.

La concurrencia a las urnas fue numerosa, con 75 por ciento de los cinco millones de habilitados para elegir presidente, legisladores y consejeros de los gobiernos locales.

Hubo 23 presidenciables, y más de 100 partidos políticos se disputaron los 210 asientos de la Asamblea Nacional.

Para el cargo de presidente, hay dos candidatos que aparecen con mayores posibilidades, el actual presidente Emmerson Mngangwa, de 75 años, de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF), y el presidente del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), Nelson Chamisa, de 40 años.

Mnangagwa es un abogado y hombre clave de Mugabe desde la independencia de este país, en 1980, ocupando numerosos cargos como ministro de Seguridad y ministro de Justicia. Fue vicepresidente hasta que Mugabe lo destituyó en 2017.

Chamisa, también abogado y muy activo en la sociedad civil, es miembro fundador del MDC, encabezado por el fallecido Morgan Tsvangirai, a quien sucedió en 2018, cuando se dividió el partido. Y Thokozani Khupe, una de las cuatro candidatas a la Presidencia, pasó a dirigir la facción escindida del MDC.

El profesor Rudo Gaidzanwa, de la Universidad de Zimbabwe, consideró que estas elecciones son una carrera presidencial de “hombres” que enfrenta a candidatos de las clases privilegiadas.

Incluso, la competencia dejó afuera a otros hombres de la élite, considerados competentes, pero vistos como “ajenos” porque no tienen las características groseras, violentas y asesinas que se cree dan réditos electorales.

“Los hombres que recurren a la violencia y a la fuerza generan admiración y aceptación porque se los percibe como capaces de luchar por su electorado y por sus seguidores”, explicó.

“Es una herencia de la lucha independentista de Zimbabwe que ensalzó las virtudes y la legitimidad de la violencia como forma de lograr fines políticos. Es un legado que nos persigue hasta ahora”, añadió Gaidzanwa.

Zimbabwe necesita trascender los valores y las políticas del pasado concentradas “en los colonos como enemigos, y en que hasta las élites entre las personas otrora oprimidas no son ángeles”, apuntó.

“Ya nos mostraron lo que son capaces de hacer a su propio pueblo”, exclamó.

“Si se fija en las élites políticas y nacionalistas de Zimbabwe que pillaron diamantes y tierras agrícolas se dará cuenta de que en África todavía tenemos que embarcarnos en una lucha de clases para recuperar la riqueza de los países para sus trabajadores”, observó.

“Los nacionalistas siguen recurriendo al nacionalismo para justificar su saqueo de recursos naturales y para engañar a los campesinos y trabajadores y que crean que está bien que los jefes de clanes y tribales saqueen ‘en su nombre’ cuando en realidad obtienen migajas”, precisó.

Voto por el cambio

Zimbabwe tiene una historia de mucha violencia que comienza mucho antes de la independencia, en 1980.

El precio de ese pasado violento está lleno de profundas divisiones y de polarizaciones étnicas y diferencias políticas, ruina económica y visible corrupción. Estas son algunas de las herencias que se atribuyen a Mugabe, quien gobernó este país durante 37 años.

“Una elección no violenta es un gran paso, pero por ahora la verdadera crisis sigue vigente, la crisis económica”, indicó David Moore, investigador y economista de la Universidad de Johannesburgo.

“Lo que sacó a Zimbabwe de la crisis de 2008 fue la estadounidización de la crisis, pero no se puede hacer eso ahora”, observó.

Ese año, la economía de Zimbabwe estuvo al borde del colapso, sufrió una hiperinflación sin precedentes. El país tuvo que desechar su divisa, el dólar zimbabwense, y reemplazarlo por el dólar estadounidense para estabilizar al país.

Las elecciones de 2018 fueron diferentes por muchas razones. No estaba Mugabe, por lo menos no como candidato, ni su archienemigo político, Tsvangirai.

Legitimidad y credibilidad en juego

Chamisa busca legitimidad, pues es un candidato joven para el cargo más alto del país y ha cometido sus propios errores garrafales. Pero busca probar que puede liderar y cambiar el futuro de Zimbabwe.

Para Mnangagwa, al frente desde hace siete meses, la clave está en legitimar su gobierno y cementar las relaciones internacionales. “Zimbabwe está abierto a los negocios” ha sido su eslogan de campaña.

“Normalmente, los procesos electorales tras un golpe de Estado no son buenos porque el golpe tiene la característica de usar la fuerza y de no querer ceder, pero cuando se observan los esfuerzos realizados por los golpistas para legitimar el golpe mediante elecciones libres y justas, hay cierta presión de donantes e inversores”, explicó Moore al ser consultado por IPS.

“Creo que hay un verdadero apetito y esperanza de que haya un cambio real. Podría significar un punto de inflexión más allá de quién gane las elecciones; si hay consenso en que fueron creíbles y la gente las acepta como tal. Podrían ser los comicios más importantes desde 1980”, opinó.

“Si gana Mnangagwa, podría traer a algunas personas, que podrían oficiar de intermediarios con el capital y gente con dinero. Pero es una situación volátil también y el ZANU-PF tendrá que trabajar muy duro para que le resulte aceptable a la oposición más fuerte”, explicó.

“El MDC atrajo a mucha gente, en especial a jóvenes, que realmente esperan algo, y si sienten que estas elecciones no fueron creíbles, es de esperar que se generen situaciones bastante tensas”, acotó.

“Si gana el MDC, tendrán que tender muchos puentes y tendrá que haber muchas negociaciones”, apuntó.

Solo cabe esperar el resultado del recuento de votos.

Traducción: Verónica Firme

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