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Derecho a información en África, en un hoyo oscuro con algunas luces

IPS español - 4 horas 2 minutos atrás

Alaa Salah, un estudiante sudanesa de 22 años, convertida en símbolo de la expulsión pacífica del poder de Omar al Bashir. Crédito: Cortesía de Street Art / Shoreditch

Por Miriam Gathigah
NAIROBI, Jul 17 2019 (IPS)

Es una imagen de resistencia que se volvió viral en el mundo. Alaa Salah, una joven estudiante sudanesa de 22 años, vestida con un blanco “thobe (túnica tradicional)”, de pie sobre el techo de un automóvil con una multitud cautivada rodeándola mientras todos coreaban con ella “al thawara”, revolución en árabe.

Es lo que muchos recuerdan del derrocamiento pacífico del dictador sudanés Omar al Bashir (1993-2019) y uno de los regímenes más largos de África.

Sudán finalmente se había apartado de una era caracterizada por la censura y el acoso de los medios, o al menos eso se pensaba aquel 13 de abril.

“En ese mismo momento, todos creímos que este era el comienzo de los mejores momentos de Sudán. En 30 años, muy pocos podrían testificar que alguien desafió audazmente el sistema y vivió para contar la historia”, dijo a IPS un periodista sudanés de 30 años, Ali Taban.

“Durante muchos días estuvimos en este momento mágico y los periodistas permanecimos en las calles para hacer una crónica de cada paso. Ya no. Ahora tenemos más miedo de ser silenciados por la violencia”, que antes de la caída de Al Bashir, dijo Taban.

A medida que el Consejo Militar de Transición (CMT) aprieta gradualmente su control sobre Sudán y llena el vacío que dejó Al Bashir, la esperanza se convirtió en pesadilla. En junio, cuando las tropas reprimieron violentamente una acampada pacífica, causando la muerte de al menos 100 manifestantes,  el mundo permaneció en silencio y horrorizado.

Peor aún, para aislar a Sudán y poner fin a una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos, el CMT cortó los servicios de Internet durante más de un mes. El portavoz del Consejo, el general Shams al Din Kabashi, justificó oficialmente el bloqueo de Internet como una medida para salvaguardar la seguridad nacional.

El acceso a la red se restauró a comienzos de julio, por una orden judicial, aunque el CMT podría apelar el dictamen.

Durante el apagón de la red, los sudaneses le suplicaron al mundo que fuera su voz mientras el país se deslizaba hacia un hoyo oscuro informativo. No se decepcionaron. La etiqueta #IAmTheSudanRevolution (yo soy la revolución sudanesa) se convirtió en la más popular en países como Canadá, Gran Bretaña o Kenia.

Marwa Abdelrahim, profesora de la Universidad de Ahfad para Mujeres, en Omdurman, la ciudad gemela de Jartum, la capital, todavía se está recuperando de este giro de los acontecimientos. “El cierre de Internet nunca debería haber ocurrido. Todo nos recuerda un pasado que nos gustaría olvidar mientras construimos un nuevo Sudán”, dijo a IPS.

Sudán se clasifica en el puesto 175 entre un listado de 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2019, realizado por Reporteros Sin Fronteras, un organismo internacional de respaldo de y monitoreo de la situación de los periodistas en el mundo.

Sudán y otros países del noreste de África se sitúan entre los peores del mundo en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2019 de Reporteros Sin Fronteras. Pero también hay algunos otros del continente mejor situados que Estados Unidos o Gran Bretaña en el listado de 180 países. Crédito: RSF

Lamentablemente, Sudán está en buena compañía, ya que la libertad de prensa y el acceso a las redes sociales se encuentran bajo el asedio en un número creciente de países africanos.

En África oriental, por ejemplo, varios gobiernos, no solo Sudán, han mostrado una aversión alarmante hacia los medios de comunicación independientes.

“La situación es más alarmante en Tanzania. Hemos quedado en estado de shock al ver que Tanzania se une a países como República Centroafricana, Zimbabwe, Mauritania, República Democrática del Congo y Liberia como países con un deterioro significativo en la libertad de prensa”, dijo a IPS un experto regional en el tema,  Mathias Chiza, desde Dar es Salaam.

Tanzania aprobó en 2018 la Ley de reglamentación de comunicaciones electrónicas y contenidos en línea,  conocida como la ley de Internet, que especialistas en comunicación y libertad de expresión, como el mismo Chiza, consideran la más punitiva del continente hasta ahora, en lo relacionado con el intercambio de información digital.

La Ley exige el pago de 900 dólares para registrar un blog o sitio web de noticias, entre otras medidas para evitar la información digital. No es de extrañar que Tanzania haya caído 25 posiciones en solo un año para clasificarse en el puesto 118 entre los 180 países de la Clasificación  Mundial del RSF de este año.

Del mismo modo, existen leyes punitivas en Kenia y Nigeria que incorporan castigos penales para supuestos delitos cibernéticos.

Con ese fin, Kenia tiene la Ley sobre el uso indebido de las computadoras y los delitos cibernéticos, mientras Nigeria cuenta desde 2015 con una ley contra el ciberdelito. Ambas normas incorporan fuertes multas y largas condenas de prisión, consideradas amenazas encubiertas para periodistas, profesionales de la comunicación y ciudadanos que ejercen la infociudadania.

“Los actos de delitos cibernéticos generalmente otorgan a los gobiernos poderes para prohibir y sancionar arbitrariamente la publicación de artículos periodísticos o publicaciones en las redes sociales que no agradan a los líderes del momento”, dijo Chiza.

“África tiene una generación juvenil predominante. Los jóvenes han demostrado ser capaces de movilizarse a través de las redes sociales. Las redes sociales son el nuevo campo de batalla en la lucha por la libertad en toda África”, explica.

En 2018, la Asociación de blogueros de Kenia demandó a la Fiscalía General y a su director por las medidas de castigo incoadas con base en la criticada ley.

Esto logró la suspensión de ciertas disposiciones que parecían infringir y amenazar a la libertad de expresión, los medios de comunicación y los derechos de las personas.

En Uganda, al menos tres millones de ugandeses abandonaron Internet, según la Comisión de Comunicaciones de Uganda, tan solo tres meses después de aplicarse un impuesto especial al uso de las redes sociales.

El impuesto, basado en flujos diarios, afecta al menos a 60 plataformas en línea, incluidas Facebook, WhatsApp, Twitter.

En el noroeste de África, Mauritania ocupa el puesto 94 en la Clasificación de RSF, tras caer 22 puestos en un solo año. Desde 2018, la pena de muerte por delitos relacionados con la apostasía, como los discursos blasfemos y los actos de sacrilegio, se ha vuelto obligatoria en Mauritania incluso después de que el delincuente se haya arrepentido.

Todo esto ha garantizado que los periodistas y blogueros se mantengan alejados de ciertos temas candentes, como la corrupción, la actuación de los militares,  el Islam o la esclavitud, que todavía se practica allí.

En el puesto 178 de los 180,  Eriteria tiene el mayor número de periodistas encarcelados en África y uno de los mayores de todo el mundo, según la investigación de RSF.

En general, la libertad de prensa en 22 de los 48 países del África subsahariana se clasifica como “mala” o “muy mala”.

Pero no todo es negativo y desesperanzador en el continente.

Etiopía solía estar entre los peores clasificados en el listado anual del RSF, pero las reformas del primer ministro, Abiy Ahmed, impulsaron al país 40 puestos, para situarse en el puesto 110 de la Clasificación de 2019.

De manera similar, un cambio en el liderazgo está impulsando a una apertura en materia de libertad de expresión y de prensa en Gambia y, más modestamente, en Angola. Esa transformación colocó a Gambia en el puesto 92 de la Clasificación, al subir 30 lugares.

Aún más impresionante, Namibia se situó en el puesto 23, Ghana el 27 y Sudáfrica el 31, lo que los sitúa en el tope africano en libertad de prensa, mejor que países con buena fama al respecto, como Gran Bretaña, en el lugar 33 y Estados Unidos, en la posición 48 entre los 180 países incluidos.

Taban, en tanto, confía en que mejore la situación para los medios convencionales y digitales, así como para los periodistas y los usuarios de Internet, luego que este mismo mes se alcanzó un acuerdo para compartir el poder entre los militares y los civiles en Sudán, mientras se realizan unas elecciones democráticas en un plazo no superior a tres años.

“Todavía es demasiado pronto para decir cómo el acuerdo incidirá en el entorno de los medios de comunicación, pero hay dos cosas que son muy prometedoras, que las órdenes judiciales pueden respetarse porque fue una sentencia judicial la que restableció Internet y que tenemos liderazgos clave dispuestos a colaborar en la apertura”, dijo el joven periodista sudanés.

“Una vez que se firme el acuerdo de tres años para compartir el poder y el país se vuelva más estable y predecible, la información fluirá más fácilmente”, auguró.

T: MF

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Sierra Trahumara, un tesoro mexicano que urge proteger

IPS español - 5 horas 52 minutos atrás

Unas jóvenes rarámuris en el ejido de Norogachi. La transmisión a los jóvenes del conocimiento ancestral rarámuri es crucial para preserva el vínculo cercano de este pueblo con la naturaleza de la Sierra Tarahumara. Crédito: ONU Medio Ambiente

Por Corresponsal Fao
MÉXICO, Jul 17 2019 (IPS)

La tímida y elusiva nutria neotropical está ampliamente distribuida en América Latina, pero es muy difícil de avistar. Manuel Chávez y su equipo se emocionaron cuando descubrieron que un ejemplar fue captado por una de sus cámaras trampa en un río en las profundidades de los cañones de la Sierra Tarahumara, en el noroeste de México.

“Son muy buenas noticias. Durante mucho tiempo no se había reportado la presencia de esta especie en el área. Creíamos que aquí la nutria se había extinguido”, dice Chávez, coordinador de Tarahumara Sustentable, un proyecto de conservación de cinco años financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, en inglés).

Las poblaciones de la nutria neotropical, una especie indicadora de la calidad del agua, están en declive. El estudio sobre este mamífero fue parte de un esfuerzo por actualizar los datos sobre biodiversidad de la Sierra en el marco del proyecto, que se encuentra en su etapa final de implementación.

La Sierra Tarahumara, ubicada en el estado mexicano de Chihuahua, está formada por formidables barrancas y profundos cañones que albergan otras especies emblemáticas como el jaguar, el oso negro americano, la guacamaya militar, la cotorra serrana occidental o la salamandra tarahumara.

“El estudio de estas especies ayuda a evaluar la salud de los ecosistemas y representa una herramienta clave para la toma de decisiones sobre la gestión del uso del suelo”, explica Chávez.

La Sierra Tarahumara es parte de la Sierra Madre Occidental, la cordillera más larga de México y unas de las zonas más biodiversas de América del Norte. Alrededor de dos tercios de la madera en pie disponible en México se encuentra en la Sierra.

“Conocíamos la importancia de la Sierra Tarahumara en la biodiversidad de México, pero ahora tenemos más evidencia científica de ello gracias al proyecto Tarahumara Sustentable”, dice María Elena Rodarte, directora de la Región Norte y la Sierra Madre Occidental en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

La Comisión ejecutó el proyecto junto con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), con el apoyo de ONU Medio Ambiente y el respaldo financiero del GEF.

El componente científico del proyecto tiene como objetivo producir una evaluación ambiental confiable de los ecosistemas de la Sierra Tarahumara, considerando información sobre especies, cobertura vegetal, calidad del agua, cambios en el uso del suelo, degradación de los ecosistemas e indicadores socioeconómicos.

Hasta el momento se han registrado 3.271 especies de plantas, 470 de aves, 475 de invertebrados, 206 de mamíferos y 150 de reptiles.

Los indicadores basados en la abundancia de ciertas especies son útiles para evaluar la salud de los ecosistemas. Los búhos moteados, por ejemplo, ayudan a monitorear la presencia de bosques antiguos, mientras que el venado cola blanca puede proporcionar información sobre los cambios en el uso del suelo.

Barranca La Sinforosa en la Sierra Tarahumara. Crédito: ONU Medio Ambiente

Como parte del proyecto Tarahumara Sustentable, se ha implementado una plataforma de monitoreo e información con nuevos hallazgos y datos actualizados provenientes de diversas fuentes.

También se produjo una herramienta de cartografía con al menos 200 capas de información. Ambos instrumentos de acceso abierto están diseñados para orientar la toma de decisiones sobre una amplia gama de temas de conservación.

Cada árbol es importante

Al menos cuatro grupos indígenas viven en la Sierra. Los más numerosos e influyentes son los rarámuris, conocidos por sus antiguas tradiciones, su vestimenta colorida y su inquebrantable relación con la naturaleza.

María Luisa Bustillos es una líder de la comunidad rarámuri, carismática, de voz suave y con gran influencia en el ejido de Norogachi, uno de las más relevantes de la Sierra. Los ejidatarios decidieron dedicar alrededor de 100 hectáreas de su tierra a la reforestación, como parte de un proyecto piloto bajo la iniciativa Tarahumara Sustentable.

El pino es una de las especies más sembradas en los proyectos de reforestación, pero Bustillos decidió que también era conveniente plantar semillas de encino blanco, una especie endémica de México.

“Usamos este árbol para la medicina y la leña, para cocinar nuestras tortillas y, sobre todo, para preparar nuestro tesgüino (una bebida ceremonial). El encino blanco es un árbol que cuidamos mucho porque queremos que siga existiendo”, dice. “Nosotros no podemos entender por qué la gente sigue destruyendo los bosques a cualquier precio”, añade la líder indígena.

En las últimas décadas, los cambios más dramáticos en la Sierra Tarahumara y en toda la Sierra Madre Occidental tienen que ver con los bosques.

La deforestación se ha acelerado, los hábitats se han fragmentado y la densidad de los bosques se ha reducido. La tala ilegal y la producción de drogas van en aumento.

La Sierra Tarahumara está inserta en el llamado Triángulo Dorado (que comprende los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa), donde se cultiva la mayoría de las drogas traficadas por los carteles.

En el municipio Guadalupe y Calvo, donde también trabaja el proyecto, varios líderes indígenas han sido asesinados por defender los bosques. El caso más notorio es el de Isidro Baldenegro, un líder rarámuri asesinado en enero de 2017 y quien ganó el Premio Goldman por su lucha contra la tala ilegal.

“Ellos (los taladores ilegales) nos acosan continuamente, pero en nuestro ejido lo hacemos todo legalmente: cortamos árboles y los manejamos de manera sostenible, porque es la única manera de garantizar comida para nuestros niños a largo plazo”, dice Estalisnado Rubi Aguirre, presidente del ejido Caborachi, que maneja el único aserradero en la región dirigido casi en su totalidad por rarámuris.

La instalación fue certificada por el Consejo de Administración Forestal y ha sido apoyada por el proyecto.

Los municipios de Balleza, Bocoyna, Guachochi, Ocampo, y Guadalupe y Calvo fueron elegidos como sitios prioritarios para implementar proyectos piloto de reforestación, restauración de turberas, ecoturismo, gobernanza ambiental, entre otros temas.

En pequeñas parcelas productoras de maíz en Balleza, por ejemplo, los especialistas agrícolas ayudaron a los rarámuris a introducir el cultivo en líneas para maximizar el uso del agua. El resultado es menos degradación del suelo y más productividad.

“La única manera de tener éxito en la conservación de la increíble riqueza de la Sierra es garantizando la participación de las comunidades indígenas y el respeto de sus propias ideas sobre la gobernanza ambiental”, dice Manuel Chávez, coordinador del proyecto.

Bustillos está de acuerdo con Chávez. “Lo mejor de este proyecto es que, por primera vez, sentimos que nuestras voces son escuchadas, las voces de las comunidades indígenas. Porque nos corresponde a nosotros decidir si despertamos y defendemos nuestros bosques, nuestra agua, nuestra tierra y nuestro futuro. Nadie lo hará por nosotros”, asegura.

Este arículo fue originalmente publicado por ONU Medio Ambiente América Latina y el Caribe, con quien IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

El artículo Sierra Trahumara, un tesoro mexicano que urge proteger fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Tuesday’s Daily Brief: inclusion in development, Asia monsoons, Ebola risk for youth, obesity and Yemen latest

UN SGDs - ter, 16/07/2019 - 17:40
In today’s Daily Brief: Inclusion resonates widely at development meeting, UN offers help after monsoons devastate Asia, DR Congo Ebola effecting children, obesity plagues island communities, Yemen’s warring parties agree to ceasefire for key port
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Inclusion, empowerment and equality, must be ‘at the heart of our efforts’ to ensure sustainable development, says UN chief

UN SGDs - ter, 16/07/2019 - 17:15
The world’s people are demanding “transformative change that is fair and sustainable,” Secretary-General António Guterres said on Tuesday, calling on government leaders to use the upcoming slate of key United Nations meetings in September to “kickstart a decade of delivery and action for people and planet.” 
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Investigación sobre horrores del EI en Iraq comienza a dar resultados

IPS español - ter, 16/07/2019 - 16:24

El asesor especial de las Naciones Unidas, Karim Asad Ahmad Khan, jefe del Equipo de Investigación de la ONU para Promover la Rendición de Cuentas por los Crímenes Cometidos por Estado Islámico (UNITAD), durante su informe en una reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación de la seguridad en Iraq. Crédito: Loey Felipe/ONU

Por James Reinl
NACIONES UNIDAS, Jul 16 2019 (IPS)

La criticada lentitud en las investigaciones sobre las atrocidades cometidas en Iraq por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) por parte de un equipo especial de la ONU, parece que finalmente está cambiando.

El jefe del equipo, el abogado británico Karim Asad Ahmad Khan, informó al Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que sus investigadores están excavando fosas comunes en Iraq, hablando con testigos y que en cuestión de pocas semanas podría producirse el primer enjuiciamiento de un miembro del EI por los horrores perpetrados contra la población yazidí.

El portavoz de la Secretaria General de la ONU, Farhan Haq, dijo que Equipo de Investigación de la ONU para Promover la Rendición de Cuentas por los Crímenes Cometidos por Estado Islámico (UNITAD, en inglés) estaba poniendo las “voces de los sobrevivientes, testigos y comunidades en el corazón” de su tarea.

“Hay un llamado urgente y claro para que los miembros del EI sean responsabilizados en forma individual, y para que sus crímenes sean establecidos y enjuiciados ​​como delitos según el derecho internacional”, dijo Haq a los periodistas el lunes 15.

UNITAD fue creado por el Consejo de Seguridad en septiembre de 2017, pero ha tenido problemas para avanzar en su misión mientras los líderes mundiales lidian con el problema de los yihadistas del EI detenidos, que provienen de Iraq y Siria y docenas de otros países.

El lunes 15, Khan dijo ante el Consejo de Seguridad, durante una reunión sobre la situación de Iraq, que UNITAD había aumentado de 10 a 79 miembros este año y que los investigadores estaban logrando un progreso sólido en la obtención de justicia para las víctimas del EI.

“El personal básico, las instalaciones y las prácticas de recopilación de pruebas ya están implementadas, y el material documental, digital, testimonial y forense se está recopilando en línea con nuestra estrategia de investigación”, dijo este abogado especialista en derechos humanos al Consejo de 15 miembros entre permanentes y rotatorios.

Los investigadores de UNITAD están excavando fosas comunes en Iraq y se centran en tres grandes episodios: las atrocidades en Sinjar en agosto de 2014, la masacre de cadetes iraquíes en Tikrit en junio de 2014 y una serie de bárbaras agresiones contra pobladores de  Mosul entre 2014 y 2016, detalló Khan.

La Premio Nobel de la Paz 2018, Nadia Murad, una antigua esclava yazidí del Estado Islámico, quien se convirtió en gran defensora de la causa de las víctimas yazidíes del grupo yihadista en Iraq, durante un testimonio ante las Naciones Unidas, acompañada por la abogada especializada en derechos humanos Amal Clooney. Crédito: ONU-TV

También están reuniendo testimonios de personas de diferentes grupos étnicos y religiosos, que fueron víctimas de la crueldad perpetrada por el EI durante ataques relámpago contra sus comunidades a lo largo de 2014.

Para mejorar su desempeño, explicó Khan, los investigadores se trasladaron de instalaciones temporales y precarias a oficinas y laboratorios permanentes en Bagdad.

Además, UNITAD adquirió equipos forenses y de ADN, así como sistemas informáticos sofisticados, que permiten el almacenamiento de terabytes (millones de bytes) de datos, videos y documentos sobre las actividades del EI.

En las últimas dos semanas, los investigadores de UNITAD han recopilado unos 600.000 videos de delitos del grupo yihadista, más de 15.000 páginas de documentos internos del EI, que podrán servir como evidencia en los juicios contra sus miembros en Iraq y otros países, indicó el jefe de la el funcionario.

En dos meses más,  Khan confía en haber alcanzado un “hito importante” al brindar “apoyo tangible” en un caso específico contra un sospechoso del EI actualmente detenido. No identificó al acusado ni dónde se estaba llevando a cabo el juicio.

“Si bien se ha logrado un progreso significativo en los últimos seis meses, me gustaría subrayar que la capacidad del equipo para cumplir su mandato sigue dependiendo del apoyo continuo del consejo y la comunidad internacional”, aseguró el jefe de UNITAD.

En su apogeo, el EI controlaba una franja de Siria e Iraq que era casi del tamaño de Gran Bretaña. En marzo, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), que han contado con el respaldo intermitente de Estados Unidos, declararon la “eliminación total” del grupo luego de abandonar su última posición en la localidad oriental de Baghuz.

Actualmente,  se estima que hay unos 55.000 combatientes de EI detenidos en Iraq y Siria, muchos supuestos miembros extranjeros, pertenecientes a 50 países distintos, a los que se suman otros 11.000 familiares detenidos en el campamento de Al Hol, en el noreste de Siria.

No existe un tribunal internacional destinado a procesar las atrocidades generalizadas cometidas en el marco del autoproclamado califato del EI. Varios países europeos han enjuiciado a ciudadanos que se unieron a grupos del EI en el Medio Oriente, pero sin un enfoque sistémico y una sinergia en materia de pruebas y documentación.

Los procesamientos de sospechosos del EI por parte de las FDS y por las autoridades iraquíes han sido criticados por su parcialidad y otras deficiencias desde el punto de vista de la aplicación de justicia.

A UNITAD se le encomendó la tarea de ayudar a que los juicios en Iraq cumplan con los estándares internacionales.

La ONU ha calificado la masacre de los yazidíes  por los yihadistas del EI como un posible genocidio y los investigadores han recopilado historias horribles de abusos contra mujeres y niñas.

La causa de las víctimas yazidíes ha sido defendida por la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2018, Nadia Murad, ella misma una antigua esclava yazidí del Estado Islámico, y la abogada especializada en casos de derechos humanos Amal Clooney.

T: MF

 

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O diagnóstico precoce é a solução para a hanseníase

IPS português - ter, 16/07/2019 - 15:32

BRASÍLIA, 13 de julho de 2019 (IPS) – Em 27 de junho, Faustino Pinto estava em Genebra, Suíça, e falou na Organização das Nações Unidas sobre a luta contra a doença de Hansen e seu estigma, em uma reunião durante a 41ª sessão do Conselho de Direitos Humanos.

Onze dias depois, em Brasília, ele abordou a mesma questão com o presidente Jair Bolsonaro, quando acompanhou o encontro dele com Yohei Sasakawa, presidente da Fundação Nippon e embaixador da Boa Vontade pela Eliminação da Hanseníase da Organização Mundial de Saúde, que visitou o Brasil entre 1º e 10 de julho.

Pinto expressou sua opinião como coordenador nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) em todas as reuniões realizadas por Sasakawa com ministros, legisladores e outros funcionários das áreas de saúde e direitos humanos na capital brasileira.

 

 

O objetivo foi intensificar os esforços nacionais para eliminar essa doença infecciosa e a discriminação contra os doentes e os já curados. Abolir o termo lepra para designar a enfermidade causada pelo bacilo Mycobacterium leprae é uma bandeira permanente de Pinto, que considera isso uma necessidade perante a carga de preconceitos que essa palavra acumulou ao longo dos séculos, consolidados inclusive em partes da Bíblia.

Outra grande dificuldade, diz ele, é o desconhecimento sobre a doença pela população, o que impede o diagnóstico precoce e, consequentemente, que se evitem sequelas nos pacientes, como danos ao sistema nervoso periférico que podem levar a deficiências.

Pinto sentiu os primeiros sintomas de sua infecção aos nove anos e sofreu mais nove até o diagnóstico de hanseníase. Portanto, os cinco anos de tratamento não conseguiram evitar algumas sequelas, que são especialmente perceptíveis nos dedos sem flexibilidade de suas mãos.

Por isso, destaca a necessidade de diagnóstico precoce para uma cura verdadeira e a eliminação dessa doença. Aos 48 anos, tornou-se um ativista ouvido em todos os lugares, até mesmo internacionalmente, na luta contra essa enfermidade que segue afetando principalmente os pobres. No Brasil, são quase 30 mil novos casos por ano, um número superado apenas pela Índia.

 

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Política exterior a ocho manos y sin diplomacia en Brasil

IPS español - ter, 16/07/2019 - 13:24

El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão (segundo a la derecha), durante el encuentro colectivo con los corresponsales extranjeros, en Río de Janeiro. El general retirado del Ejército representa un contrapeso a la política exterior que se impulsa desde el presidencial Palacio de Planalto y el Itamaraty, sede de la cancillería, junto con el diputado Eduardo Bolsonaro, el hijo del mandatario Jair Bolsonaro. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jul 16 2019 (IPS)

La crisis venezolana es el tema que mejor desnuda la enfrentada política externa del nuevo gobierno de Brasil, en que por lo menos cuatro autoridades intentan dictar los rumbos, marginando la diplomacia tradicional.

La solución para la crisis vendría si otro país le ofrece a Cuba el petróleo que  le suministra Venezuela,  según el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourão, un general retirado del Ejército, quien cifró ese aporte en “unos 120.000 barriles diarios”, aunque en la actualidad sería inferior, según especialistas.

Eso  permitiría la retirada de 20.000 cubanos que controlan las milicias y los servicios de inteligencia venezolanos e impiden la libre manifestación de las Fuerzas Armadas, actores determinantes en la crisis, sostuvo a corresponsales extranjeros en un diálogo el  15 de julio en Río de Janeiro.

Mourão fue agregado militar de la Embajada brasileña en Caracas entre 2002 y 2004, experiencia que le asegura autoridad en lidiar con lo que denomina “caso clásico de cómo destruir un país”, donde defiende una solución interna con elecciones libres pero no cree en “un desenlace a corto plazo”.

En consecuencia, el vicepresidente encabezó la delegación brasileña a la reunión del Grupo de Lima, foro de 14 países americanos que impulsan una salida democrática a la crisis venezolana, en Bogotá el 25 de febrero.

Mourão sustituyó al ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, tendiente a seguir las posiciones de Estados Unidos, que comprendían incluso la intervención militar en Venezuela, rechazada por los militares retirados que integran el gobierno brasileño de extrema derecha.

Observadores consideran el canciller, un fervoroso admirador del presidente estadounidense Donald Trump, “bajo tutela” de los militares por lo menos en relación al país vecino, situación que se consolidó tras el fracaso de la alternativa de Juan Guaidó, el presidente de la legislativa Asamblea Nacional venezolana.

Guaidó se autonombró presidente encargado de Venezuela, en enero, en abierto desafío a gobierno de Nicolás Maduro, y fue reconocido por algo más de 50 países, Brasil entre ellos. Pero el escenario cambió cuando el 30 de abril protagonizó un oscuro episodio, con un intento fracasado de rebelión militar y popular, con apoyo estadounidense y franca adhesión de Araújo, pero el abierto escepticismo de Mourão.

Al nombrar por afinidad ideológica al canciller Araújo, un diplomático de escasa experiencia, Bolsonaro rompió la tradición brasileña y relegó el papel de un servicio diplomático respetado en el mundo, conocido por el nombre de su sede, Itamaraty.

En otro golpe a la diplomacia, Bolsonaro anunció el 12 de julio su intención de designar a su hijo Eduardo Bolsonaro como embajador en Estados Unidos, el puesto más importante de la carrera, vacante desde fines de 2018 y usualmente encomendado a diplomáticos hábiles y veteranos.

Al parecer, el presidente esperó que el hijo cumpliera el 11 de julio 35 años, edad mínima para un embajador, para nombrar el nuevo representante ante Washington.

El diputado Eduardo Bolsonaro, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara baja del parlamento de Brasil, con una gorra a favor del presidente estadounidense Donald Trump, y quien su padre, el mandatario Jair Bolsonaro, pretende que sea el próximo embajador ante Washington, en un gesto que irrita al prestigioso cuerpo diplomático brasileño. Crédito: EBC

Diputado elegido con una votación récord de 1,8 millones de votos en São Paulo, el tercer hijo político del presidente siempre manifestó su preferencia por escenarios internacionales. Habla varias lenguas y estudió en Estados Unidos.

En la Cámara de Diputados obtuvo la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y casi siempre acompaña el padre en los viajes internacionales.

En una de esas visitas, a Chile, opinó que “el uso de la fuerza será necesario” en Venezuela, ya que Maduro, es “un criminal” y no dejará el poder pacíficamente, en una entrevista con el diario La Tercera, el 22 de marzo.

El vástago del presidente también encabeza la sucursal en América Latina de El Movimiento (The Movement), una concertación internacional de la extrema derecha, o populismo radical como lo llaman muchos, que promueve Steve Bannon, exasesor de Trump.

No sería un representante de la nación brasileña, papel de un embajador, sino un delegado personal de Bolsonaro junto a Trump, criticaron políticos, diplomáticos jubilados y analistas. También se trataría de impulsar esa internacional ultraderechista.

Eduardo Bolsonaro es el tercer miembro del poder en Brasilia, junto con su padre  presidente y el canciller, en alineamiento automático con el Estados Unidos de Trump, que encuentra en el vicepresidente un contrapunto en política exterior.

“Debemos adoptar una posición flexible y pragmática”, para “no quedarnos presos a una sola línea de acción y relacionarnos de Estado con Estado”, reiteró Mourão a los corresponsales extranjeros, tras decir lo mismo en una charla en la Fundación Getulio Vargas, institución privada de enseñanza e investigación económica, en Río de Janeiro.

Su consigna debería orientar la posición brasileña tanto en la “guerra comercial” entre Estados Unidos y China como en los conflictos existentes en Medio Oriente y otras partes del mundo, dijo.

Sus frecuentes declaraciones públicas en los primeros meses del gobierno, iniciado el 1 de enero, muchas veces contradiciendo el Bolsonaro en sus manifestaciones radicales o dañinas al interés nacional, generaron protestas de los seguidores fieles del presidente.

En el mismo enero,  Mourão desmintió la transferencia de la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, prometida por Bolsonaro a grupos de confesiones evangélicas. De hecho la mudanza no se hizo, en parte por presiones de productores de carne, especialmente de pollo, que temen perder sus exportaciones a países árabes.

El vicepresidente también se puso en contra de la ampliación del porte de armas en manos de civiles, que el presidente intentó promover con decretos rechazados por el legislativo Congreso Nacional o el Supremo Tribunal Federal.

Además dijo que le toca a las mujeres decidir sobre el aborto, provocando la ira de los religiosos fundamentalistas que constituyen una sólida base electoral de Bolsonaro.

“Traidor” fue como los bolsonaristas, incluso parlamentarios, calificaron a Mourão en mensajes que proliferan en medios digitales. No faltaron quienes veían en las manifestaciones del vicepresidente una conspiración para destituir al titular y alzarse a la presidencia.

En las últimas semanas Mourão redujo su presencia en los medios de comunicación, cumpliendo un pedido público del mismo Bolsonaro. Rompió su silencio en el encuentro con los corresponsales en Río de Janeiro.

“Mi rol es ayudar al presidente en comunicación con grupos que él mismo no puede alcanzar, como parlamentarios de oposición”, definió.

Pero es en política exterior que sus funciones cobran relieve, incluso por las visiones  sesgadas de sus “competidores” en esa área, el canciller religioso y “antiglobalista”, el diputado Bolsonaro, activista del Movimiento de Bannon, y el presidente alineado con gobiernos ultraderechistas como los de Hungría, Israel, Italia y Polonia.

Mourão visitó China en mayo, donde trató de reactivar la Comisión Sino-brasileña de Alto Nivel de Concertación y Cooperación (Cosban), negoció la reanudación de las importaciones chinas de carnes de algunos frigoríficos brasileños antes descalificados.

La misión también despejó desconfianzas chinas en relación al gobierno de Bolsonaro, que durante la campaña electoral hizo duras críticas a China, acusándola de pretender “comprar el país” en lugar de sus productos, y visitó Taiwan.

China “no puede admitir inestabilidad social” al tener 1.400 millones de habitantes y es un mercado creciente para alimentos brasileños, destacó Mourão. El comercio bilateral alcanzó 98.900 millones de dólares en 2018, con superávit brasileño de 29.500 millones de dólares.

El problema es un intercambio totalmente asimétrico. Brasil exporta casi solo minerales, petróleo y soja, mientras importa principalmente bienes industriales y tecnológicos de China.

A Mourão le toca también restablecer comisiones bilaterales con Rusia y otros países, como Nigeria.

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo Política exterior a ocho manos y sin diplomacia en Brasil fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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‘No hope’ global development goals can be achieved without women, says UN Assembly President

UN SGDs - seg, 15/07/2019 - 18:43
Without the full participation and leadership of women, “we have no hope” of realizing the 2030 Agenda for Sustainable Development, the President of the United Nations General Assembly told gender equality leaders on Monday.
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Baby foods high in sugar, inappropriately marketed in Europe, reveal two UN studies

UN SGDs - seg, 15/07/2019 - 16:58
Proper nutrition for newborn babies into early childhood is key to development and good health in later life, according to the Regional Director of the United Nations World Health Organization (WHO) in Europe, as she launched two new studies on Monday.
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El hambre afecta a 42,5 millones de latinoamericanos

IPS español - seg, 15/07/2019 - 16:30

El director general de la FAO, José Graziano da Silva, participa el lunes 15 desde Roma en el lanzamiento conjunto de cinco agencias de las Naciones Unidas del informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019”. Crédito: FAO

Por Corresponsal Fao
SANTIAGO, Jul 15 2019 (IPS)

El hambre está creciendo en América Latina y el Caribe, y en 2018 llegó a afectar a 42,5 millones de personas, 6,5 por ciento de la población regional, según el nuevo informe conjunto de Naciones Unidas, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019.

Según el informe presentado este lunes 15 por FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS, en los últimos cinco años (2014-2018), la subalimentación ha aumentado a nivel mundial, principalmente debido a los incrementos de África y, en menor medida, de América Latina.

En América Latina y el Caribe, las tasas de subalimentación han aumentado en los últimos años, en gran parte como consecuencia de la situación en América del Sur, donde el porcentaje de personas con hambre aumentó de 4,6 por cieno en 2013 a 5,5 por ciento en 2018.

América del Sur alberga la mayoría (55 por ciento) de las personas subalimentadas de la región, y el aumento observado en los últimos años se debe sobre todo al deterioro de la seguridad alimentaria en Venezuela, donde la prevalencia de la subalimentación aumentó casi cuatro veces, de 6,4 por ciento en 2012-2014 a 21,2 por ciento en 2016-2018.

El aumento significativo del hambre en Venezuela en los últimos años coincide con el período de recesión del país, cuando la inflación alcanzó aproximadamente un 10 millón por ciento y el crecimiento del producto interno bruto (PIB) real empeoró, pasando de –3,9 por ciento en 2014 a un estimado de –25 por ciento en 2018.

En contraste, el porcentaje de subalimentación en América Central (6,1 por ciento) y el Caribe (18,4 por ciento), han estado disminuyendo desde 2013, a pesar de ser más alto que en América del Sur (5,5 por ciento).

“Durante los primeros 15 años de este siglo, América Latina y el Caribe redujo la subalimentación a la mitad. Pero desde 2014 el hambre ha ido aumentando”, dijo el representante regional de la FAO (Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura), Julio Berdegué.

“Tenemos que rescatar, en promedio, a más de 3,5 millones de personas del hambre cada año desde ahora hasta 2030 si queremos alcanzar la meta de hambre cero del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2”, agregó.

Ralentización económica, aumento de la pobreza y desigualdad

El aumento en el hambre está estrechamente relacionado con la desaceleración económica general de la región. Las caídas en los precios de los productos básicos desde 2011 llevaron a un deterioro en las finanzas públicas de muchos países dependientes de la exportación de productos básicos en América Latina y el Caribe.

La tasa de desempleo urbano alcanzó 8,9 por ciento, en 2016, lo que representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales desde 2015. La disminución del PIB y el aumento del desempleo resultaron en ingresos más bajos para los hogares.

Después de varios años de marcadas reducciones en la pobreza, el número de personas pobres aumentó de 166 millones a 175 millones entre 2013 y 2015, aumentando de 28,1 por ciento a 29,2 por ciento de la población.

Una nueva medida de la inseguridad alimentaria

El informe SOFI (su sigla en inglés) de este año incluye una nueva forma de medir el avance hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2.1: la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave y la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave, indicadores basados en la Escala de experiencias de inseguridad alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés).

Si bien la prevalencia de la subalimentación (hambre) es el indicador tradicional de la FAO utilizado para medir el hambre a nivel mundial y regional, la escala FIES se basa en datos obtenidos al preguntar directamente a las personas, a través de encuestas, sobre su seguridad alimentaria y su acceso a los alimentos.

Según la FIES, 9 por ciento de la población latinoamericana (solo América del Sur y Central, ya que no hay datos disponibles para el Caribe) sufrió grave inseguridad alimentaria en 2018, mientras que 21,9 por ciento sufrió una inseguridad alimentaria moderada.

La tasa de inseguridad alimentaria severa alcanzó 10,6 por ciento para América Central y  8,3 por ciento para América del Sur. La inseguridad alimentaria moderada afectó a 20,9 por ciento de los centroamericanos en 2018 y a 22,3 por ciento de los sudamericanos.

Desnutrición crónica, aguda, sobrepeso y obesidad

Actualmente, según el informe SOFI, cuatro millones de niños menores de 5 años sufren sobrepeso (7,5 por ciento del total), 700.000 sufren desnutrición aguda (1,3 por ciento) y 4,8 millones sufren retraso en el crecimiento o desnutrición crónica (nueve por ciento).

Para los adultos la situación es aún más grave en términos de obesidad y sobrepeso. “Hoy, por cada persona que sufre hambre, más de seis personas sufren sobrepeso”, dijo Berdegué, llamando a un gran impulso regional contra todas las formas de malnutrición.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

RV: EG

El artículo El hambre afecta a 42,5 millones de latinoamericanos fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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El invierno agrava el drama de la pobreza extrema en Buenos Aires

IPS español - seg, 15/07/2019 - 14:12

Durante una noche de frío polar en Argentina, personas necesitadas cenan caliente en la Plaza de Mayo, el principal espacio público de Buenos Aires, con la Casa Rosada, sede del gobierno, de telón de fondo. También reciben ropa de abrigo donada. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jul 15 2019 (IPS)

En las penumbras de una noche helada, la inmensa Plaza de Mayo parece vacía. Pero sobre uno de los costados, cientos de personas se agolpan frente a mesas en las que se reparten ropa de abrigo y comida caliente. Son los necesitados de la capital de Argentina, cada vez más numerosos y sometidos a una situación más dramática con la llegada del invierno.

“La mitad de quienes vienen aquí, aproximadamente, vive en la calle. Hay familias enteras que necesitan comer; en algunos casos se nota que no están acostumbrados y sienten vergüenza de su situación”, contó a IPS un empleado de un bufete jurídico, Eduardo Alemán, quien lleva años en tareas solidarias.

“Esto es más que una olla comunitaria. Aquí les damos un abrazo y ponemos mesas para que la gente se conozca y este sea también un espacio de dignidad”, agregó Alemán, mientras organizaba a los voluntarios que no paraban de llegar a la plaza principal de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, sede del gobierno.“Las muertes de la gente que duerme en la calle se producen cuando las temperaturas bajan de 4 o 5 grados (centígrados). Esta vez tuvimos cinco muertes en pocos días en distintos lugares del país y entonces decidimos hacer ruido en los medios para que todo el mundo se movilizara”: IPS Juan Carr.

Argentina vive una brutal crisis económica que desde el año ha hecho aumentar la pobreza y la desocupación y ha triturado el poder de compra de los trabajadores informales, debido a una tasa de inflación superior a 50 por ciento anual.

Para ver las consecuencias solo hay que caminar por las calles de Buenos Aires. Hoy es común lo que antes era esporádico: encontrar gente durmiendo en los ingresos de los edificios públicos o de bancos, en las estaciones de metro o simplemente en las aceras.

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires admite un crecimiento, pero mínimo: dice que un relevamiento de abril pasado arrojó que hay 1.146 personas en situación de calle, contra 1.091 que había en 2018 y 1.066 de 2017.

En cambio, un censo realizado por más de 30 organizaciones de la sociedad civil junto al Ministerio Público de la Defensa de la ciudad y otros organismos públicos independientes, difundido a comienzos de de julio, reveló que hay 7.251 personas viviendo en las calles.

Las mismas organizaciones habían realizado en 2017 un relevamiento similar, en el que participan cientos de voluntarios, que durante cuatro jornadas recorren la ciudad desde que cae la noche hasta la madrugada. Aquella vez el número final fue sensiblemente menor: 4.413 personas.

“El gobierno de la ciudad simplemente sale un día y cuenta a los que encuentra. Para hacer un trabajo serio necesita el compromiso de muchas personas, como en el censo que hicimos nosotros”, dijo a IPS el defensor general de la Ciudad Autónoma, Horacio Corti.

Corti agregó que “más allá de lo cuantitativo, aquí hay niños, niñas, adolescentes, ancianos. Para hacer una política pública hay que contar de verdad, entender que son personas e indagar por qué están en la calle”.

La Defensoría fue promotora del caso en el que, en febrero, la Corte Suprema de Justicia argentina reconoció el derecho a la vivienda digna.

Juan Carr, fundador de la Red Solidaria, con la que asiste a personas en extrema pobreza en Argentina hace más de 20 años, en la Plaza de Mayo. Su llamado de atención luego de cinco muertes de personas sin techo en Argentina durante una ola de frío posibilitó que River Plate y otros clubes deportivos abrieran sus puertas e invitaran a dormir a la gente sin hogar. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Fue a raíz reclamo de una mujer que vivía con sus dos hijos en una casa de un asentamiento precario de Buenos Aires que fue destruida por un incendio. A pesar de ello, la realidad de muchas personas es distinta.

A comienzos de julio, una ola de frío polar golpeó buena parte del país, la primera del invierno austral argentino. En pocos días murió en Buenos Aires una persona que dormía en la calle y otras cuatro en distintas ciudades.

Entonces River Plate y otros clubes deportivos de la capital abrieron sus puertas para dar comida caliente y un lugar donde pasar la noche a los sin techo y otros necesitados.

En la primera jornada llegaron al estadio de fútbol del River 242 personas, de las cuales 113 se quedaron a dormir en un espacioso salón, bajo una de las tribunas del célebre estadio donde se jugó la final de la Copa Mundial de Fútbol en 1978. Al día siguiente hubo 340 asistentes y 140 pasaron la noche.

Uno de los que estuvo esas dos noches fue Carlos Daniel Rúa, un hombre de 55 años que llevaba entonces solo 10 días sin techo, durmiendo en trenes o en ómnibus para guarecerse del frío del invierno austral.

“Yo vivía en una pieza (habitación)  en Ituzaingó (al oeste de Buenos Aires), pero me echaron porque debo cinco meses de alquiler. Ando con lo que tengo puesto; el dueño se quedó con todas mis pertenencias hasta que le pague”, le contó a IPS mientras se fumaba un cigarrillo en las afueras del imponente estadio.

La historia de Rúa es la de mucha gente en el último tiempo. “Yo trabajaba en una pequeña fábrica de válvulas para lavarropas. El propietario estuvo cinco meses sin pagarnos el sueldo, hasta que un día cerró la fábrica y desapareció, sin pagarnos indemnización”, relató.

El contexto del empobrecimiento

Esa realidad es producto de una caída de la actividad económica que, según datos oficiales, en el primer cuatrimestre de este año fue de 4,6 por ciento con respecto al mismo período del año pasado. De acuerdo a estimaciones privadas, cada día están cerrando unas 25 pequeñas y medianas empresas (de hasta 200 empleados) en todo el país.

En este país del Cono Sur americano y una potencia agrícola mundial, con 44 millones de personas, según las últimas cifras oficiales correspondientes a 2018, hay 14 millones de pobres, de los cuales 2,7 millones son indigentes que no logran cubrir sus necesidades alimentarias.

Algunos acogidos en las tribunas del mayor estadio de fútbol argentino, el River Plate, alargan la sobremesa tras cenar caliente, antes de dormir en sus instalaciones, dentro del aporte solidario de los clubes deportivos de Buenos Aires para apoyar a la población sin techo ante la primera ola de frío del invierno austral. Crédito: Daniel Gutman/IPS

En 2018, se agregaron 2.650.000 nuevos pobres en la cuarta economía latinoamericana, como consecuencia  de la devaluación en más de 100 por ciento de la moneda local, el peso, y una inflación que superó 50 por ciento anual.

La crisis de 2018, provocada por falta de financiamiento, llevó al gobierno del centroderechista Mauricio Macri a buscar un programa de rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya desembolsó 44.000 de 56.000  millones previstos, en contrapartida a un severo programa de ajuste fiscal.

Pese a ello, este año,  la inflación continuó muy elevada, en un contexto de congelamiento de programas sociales y de salarios estancados, por lo que se espera que el índice de pobreza correspondiente al primer semestre de 2019 sea superior al de 2018.

Las mayores victimas

La situación hace mucho más dura la vida de quienes, acostumbrados a la pobreza, dependen de “changas”, como llaman los argentinos a las tareas ocasionales e informales. Diana, una mujer que prefirió no dar su apellido, contó que ya dejó de buscar trabajo.

“Me dijeron que como me faltan dientes es muy difícil que me den algo; que hace falta buena presencia”, explicó a IPS mientras se preparaba para pasar la noche bajo la tribuna de River.

Había llegado a Buenos Aires desde el suburbio de José León Suárez, para buscar objetos de valor entre los residuos de los barrios de clase media, y la apertura del club le permitió no volver a su casa y ahorrar el dinero del transporte.

En la segunda semana de julio, el frío dio una tregua en Buenos Aires y la temperaturas comenzaron a ubicarse por encima de los 10 grados. Organizaciones solidarias comenzaron a prepararse entonces para la siguiente ola de frío intenso.

“Las muertes de la gente que duerme en la calle se producen cuando las temperaturas bajan de 4 o 5 grados (centígrados). Esta vez tuvimos cinco muertes en pocos días en distintos lugares del país y entonces decidimos hacer ruido en los medios para que todo el mundo se movilizara”, contó a IPS Juan Carr, fundador de la Red Solidaria.

Carr, cuya fundación opera hace 20 años, fue quien invitó a River y al resto de los clubes deportivos a abrir sus puertas en las noches de frío más intenso.

“Los clubes tuvieron una respuesta fabulosa, igual que mucha gente común. El teléfono de Buenos Aires en el que se reciben las denuncias de que hay personas en la calle que necesitan ayuda pasó de 1.000 llamadas diarias a 3.000 en la primera semana de julio”, dijo.

Carr dice que no tiene cifras propias de personas sin techo, aunque no las considera lo más importante. “No es el momento de discutir números, sino de atender un estado de necesidad que es extraordinario”, explicó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Fogo e bala no acampamento

Pública - seg, 15/07/2019 - 12:24

Conflito de terra que se arrasta há 13 anos vive escalada de violência em 2019. Famílias sem-terra tiveram sua casas queimadas e alvejadas a bala em abril e maio

Reportagem: Ciro Barros e José Cícero da Silva
Imagens: José Cícero da Silva
Edição de vídeo: Iuri Barcelos
Trilha sonora: Jingle Punks
Coordenação e edição: Marina Amaral e Thiago Domenici

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Amazônia sem Lei

Pública - seg, 15/07/2019 - 12:23

Coordenação e edição: Marina Amaral · Thiago Domenici | Reportagem: Ciro Barros · José Cícero da Silva · Julia Dolce · Thiago Domenici | Visualização do site: Bruno Fonseca ·  Babak Fakhamzadeh

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Fogo, pistolagem e medo na fazenda 1.200 no Pará

Pública - seg, 15/07/2019 - 12:23

Sob o sol escaldante do verão amazônico, o agricultor Cláudio Araújo da Silva pisa nos escombros e nas cinzas de seu antigo barraco, localizado numa área ocupada da fazenda 1.200, em Ourilândia do Norte, sul do Pará.

Em maio deste ano, Cláudio e outras dez famílias da ocupação tiveram suas casas incendiadas na calada da noite. Segundo os relatos dos moradores ouvidos pela Pública, um grupo de quatro pessoas atirou em direção às residências antes de atear fogo. Cartuchos deflagrados de espingarda calibre .20 nas imediações de duas casas da ocupação foram encontrados pela reportagem.

O incêndio criminoso é o capítulo mais recente de um conflito agrário que se arrasta há 13 anos na fazenda 1.200, onde um grupo de cerca de 150 famílias da Associação 8 de Março, ligada à Fetagri-PA (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará), reivindica desde 2006 a criação de um assentamento de reforma agrária.

As famílias pedem inclusão num projeto de assentamento (PA) já criado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): o PA Luciana. Segundo análises do Incra, do Instituto de Terras do Pará (Iterpa) e do Ministério Público Federal (MPF), pouco mais de um quarto da fazenda – cerca de 1.500 dos 5.200 hectares da área – incide sobre as terras do PA Luciana, uma área pública pertencente à União. É nesse pedaço de chão que, desde 2017, os ocupantes montaram suas casas guiando-se por um mapa do próprio órgão agrário.

A Fazenda 1.200 ocupa mais de 5 mil hectares no sul do Pará This is text 2 --> Parte da propriedade está em área pública, segundo Incra, Iterpa e MPF Desde 2006, há um conflito pelas terras da Fazenda 1200

As famílias sem terra ocupavam toda a área da fazenda, incluindo as particulares Após um despejo, em 2016, elas passaram a ocupar apenas a área pública dentro da propriedade, seguindo o mapeamento do Incra

 

Cláudio se emociona ao retirar restos de seus pertences do chão de terra batida, agora coberto do carvão em que se transformou sua antiga casa. “Foi à noite, quem tava por aqui caiu na cacaia [matagal]. Tiro demais e os cara tacando fogo”, recorda.

Em meio a panelas retorcidas pelo fogo, uma garrafa térmica quase derretida, a armação de ferro de uma mala de roupas, Cláudio conta ter boas lembranças dos Natais em família. Ele mostra a coleção de fotos do local com amigos e familiares, que tem no celular. “Hoje em dia ficou só a cinza e as fotos”, lamenta.

No mês anterior ao incêndio, a ocupação havia sido palco de outro ataque. Na noite de 14 de abril, duas motos com quatro pistoleiros dispararam contra as residências de outras quatro famílias. A curta distância, sobre janelas e portas, o calibre dos projéteis eram os mesmos: espingarda .20, que dispara dezenas de balas de chumbo. “Eles atiraram aqui na minha janela. Me deu muito medo. Tirei a minha mulher com os meus meninos daqui”, diz o agricultor Antônio Alves Barbosa, de 56 anos. Os disparos ocorreram na janela logo acima da cama em que os três netos dormem. Antônio vive com o filho, a nora, a esposa e os três netos em dois cômodos em um lote de quatro alqueires. A energia elétrica vem de uma bateria de carro que liga apenas uma lâmpada. “Eu tava aqui dentro de casa, dormindo. Meus três meninos [netos] dormindo na cama de lá [abaixo da janela alvo dos tiros] e eu mais a mulher dormindo em outra cama. Acordei pelos tiros e os cachorros que começaram a latir. Eles atiraram, montaram na moto e fugiram. Eram umas duas motos e acho que umas quatro pessoas. Quando eu saí de casa, escutei eles pipocando [atirando] a casa do meu vizinho”, relembra Antônio. O agricultor diz que tirou os familiares da casa por um tempo e só não a abandonou completamente por receio de que ela também fosse queimada.

José Cícero da Silva/Agência PúblicaAgricultor Antônio Alves e os netos. Casa onde moram foi alvo de disparos de espingarda em abril deste ano Fazendeiro nega, polícia investiga

Os moradores da ocupação e a Comissão Pastoral da Terra (CPT), órgão ligado à Igreja Católica que acompanha conflitos agrários no país, suspeitam que tanto o episódio dos tiros quanto os incêndios estejam ligados ao fazendeiro capixaba Eutímio Lippaus, dono da fazenda ocupada. “A suspeita do atentado recai sobre o fazendeiro Eutímio Lippaus, que é o único que tem interesse em intimidar as famílias que continuam na luta pela criação de assentamento, tendo em vista que ocupam área pública reivindicada judicialmente pelo INCRA”, diz um trecho de nota divulgada em abril pela CPT de Tucumã, município vizinho a Ourilândia.

Os atentados ocorreram 11 dias antes de uma audiência judicial de desocupação da fazenda 1.200, realizada em decorrência da ação de reintegração de posse que Lippaus move contra os sem-terra.
Para os moradores, os episódios violentos ocorreram para pressionar a saída dos ocupantes. Na audiência, foi estipulado que os sem-terra deixassem o local até 10 de junho, mas a defesa dos ocupantes conseguiu suspender a decisão no Tribunal de Justiça paraense.

Procurado pela Pública, Lippaus negou qualquer participação nos episódios. “Aqui não se faz isso, não, isso é história desses bandidos. O dono aqui nunca fez disparo contra bandido nenhum, nunca queimou um barraco de um bandido sequer. Eles inventam tudo”, afirmou. “Aqui nunca ninguém mexeu num barraco desse povo”, garantiu o pecuarista.

Há um inquérito aberto na Deca (Delegacia de Conflitos Agrários), em Redenção (PA), para apurar os episódios. “Nos dirigimos até o local e constatamos que os crimes ocorreram. Em síntese: barracos queimados, que nós temos entendido aqui como dano qualificado. Também constatamos os disparos com arma de fogo: alguns transfixaram janelas e portas. O procedimento tramita em sigilo, mas toda a resposta tem sido dada com imparcialidade, isenção e toda a energia possível”, afirma o delegado titular da Deca, Antonio Mororó Júnior.

Com a suspensão da reintegração de posse, os ocupantes temem novos episódios de violência. “Assim que o juiz marcou a audiência de desocupação, as famílias sofreram um ataque, algumas casas foram alvejadas. Depois teve a audiência, ficou estipulado um prazo de 45 dias corridos para que as famílias saíssem voluntariamente da área. Uma semana depois da audiência, as famílias sofreram esse novo ataque: tiros contra as casas e os barracos queimados. A gente observa que cada vez que há um revigoramento da liminar de reintegração de posse há um novo ataque violento”, afirma Jamila Pereira de Carvalho, que integra o grupo de advogados da CPT que acompanha o caso.

De infração ambiental a denúncia de trabalho escravo

A primeira ocupação da fazenda 1.200 ocorreu em 2006. À época, Eutímio Lippaus enfrentava problemas na esfera trabalhista e ambiental por causa de uma fiscalização móvel feita em 2002 pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério do Trabalho e Polícia Federal, que resgatou 23 trabalhadores em condição análoga à de escravos, segundo a avaliação dos órgãos. Ouvidos pelo MPT, os trabalhadores contaram que um intermediador os recrutou em um hotel de Xinguara, município do sul do Pará, para trabalhar na fazenda de Lippaus.

Eles contaram aos órgãos responsáveis pela fiscalização ter sido alojados em barracos cobertos de lona de plástico preto, sem paredes, sem água potável ou banheiros. Dois trabalhadores disseram ainda que um chiqueiro inutilizado serviu de alojamento em suas primeiras noites na fazenda. Quando houve a fiscalização, Lippaus estava portando uma arma com o registro vencido.

O flagrante da equipe motivou uma ação judicial do MPT, proposta em janeiro de 2003. Nela, o órgão apontou, além das precárias condições de alojamento, a existência de endividamento ilegal dos funcionários. “Os trabalhadores pagam não só os equipamentos essenciais para realizarem o trabalho (foice, facão, botina) como também aqueles essenciais para a sobrevivência humana (rede de dormir, mantimentos – arroz, feijão, farinha, carne, lonas para barracas […]. E mais. Pagam pelos produtos citados acima preços superiores ao do mercado […]”, diz a ação do MPT, que também apontou ausência de pagamentos a funcionários – alguns receberam bebidas alcoólicas e cigarros como remuneração, o que é proibido pela lei trabalhista. “As irregularidades praticadas pelo requerido caracterizam sim como prática de trabalho forçado”, definiu o MPT, que pediu liminarmente na Justiça a penhora da fazenda de Lippaus.

Apesar de decisão judicial favorável, a penhora só não ocorreu porque o fazendeiro firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o órgão acusador em uma audiência conciliatória, em que pagou R$ 30 mil. Já na área ambiental, o Ibama havia multado a fazenda de Lippaus por desmatamento ilegal. Tais fatores levaram o Incra a abrir, em 2005, um processo de desapropriação da fazenda para fins de reforma agrária. A justificativa seria a falta de cumprimento da função social da propriedade. Pela Constituição, para uma fazenda cumprir sua função social, ela precisa, entre outras condições, estar adequada às leis trabalhistas e ambientais simultaneamente.

Apesar do TAC, o MPF denunciou criminalmente o fazendeiro por trabalho escravo, mas Lippaus foi absolvido da acusação na Justiça Federal tanto na primeira quanto na segunda instância. Na decisão de primeira instância, o juiz Marcelo Honorato, da 1ª Vara de Marabá, afirmou que “mesmo reconhecido que os trabalhadores estavam em condições degradantes de labor, ao tempo dos fatos, era atípica a conduta do réu, porque não existente a privação de liberdade e o completo estado de sujeição, que são marcas consagradoras da escravidão”. Na segunda instância, os juízes da quarta turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região entenderam que faltavam provas para a tipificação de trabalho escravo. Lippaus foi, porém, condenado por falsificar documentos trabalhistas dos agricultores da fazenda, mas a pena havia prescrito.

Morosidade na Justiça, violência na fazenda

Raimundo Paulino da Silva Filho, uma das lideranças da ocupação afirmou à Pública que, diante dos problemas trabalhistas e ambientais e do pedido de penhora do imóvel, o fazendeiro Eutímio Lippaus convidou integrantes da Fetagri a ocupar a sua fazenda. Segundo Paulino, a manobra serviria para pleitear a compra da fazenda pelo Incra, o que renderia um valor em dinheiro maior do que se a fazenda fosse a leilão. Lippaus nega o episódio. “Isso aqui nunca houve, meu companheiro. Nunca se convidou ninguém aqui para ocupar área pra fazer bandalheira. Aqui se trabalha honestamente”, disse à reportagem.

Lippaus conseguiu posteriormente, por meio de um mandado de segurança, anular o processo de desapropriação. Além disso, moveu uma ação de interdito proibitório em 2006 que impede a violação de sua posse, mas os sem-terra não saíram do local.

Após 13 anos, o processo hoje convertido em uma ação de reintegração de posse desenrola-se da forma mais comum nos conflitos agrários no Brasil: morosidade nos tribunais e crescente violência em campo. De lado a lado, o que não falta são acusações de violência.

O fazendeiro juntou ao processo 110 registros policiais referentes a episódios de violência que ele atribui aos sem-terra no período de ocupação. Às vezes, mais de um registro refere-se ao mesmo episódio. “Me sinto ameaçado todo dia. Um dia bateram em dois funcionários meus e queimaram uma caminhonete. Quando fizeram isso, disseram que queriam queimar a caminhonete comigo dentro”, diz. “Aqui não tem sem-terra. Tem bandidos. Já queimaram duas sedes em retiros, queimaram uma balança [usada para pesar os bois do fazendeiro] e queimaram uma sede antiga. Só não queimaram aqui onde eu estou [sede principal da fazenda] porque eu não saio daqui. Eu tô com 82 anos, é uma injustiça muito grande. Parece que nesse Brasil ninguém manda, até hoje tá desse jeito, sem ordem pra nada. Os sem-terra desmataram tudo, roubaram madeira, destruíram as áreas ambientais, a fazenda toda. E até hoje ninguém tomou providência de nada”, afirma Lippaus, que até hoje não conseguiu provar a autoria das denúncias. As acusações nos registros policiais vão desde queima de pastos, cercas e retiros, furto, queima de caminhonete e abate ilegal dos bois até ameaças de morte contra seus funcionários.

Quando os registros trazem nomes, um dos que mais aparecem é o do coordenador da Associação 8 de Março, Raimundo Paulino da Silva Filho, que, apesar de investigado, nunca foi condenado por nenhum crime na fazenda. “Nós [sem-terras] não temos nada a ver com essa situação dos crimes. De denúncia de gente que vem e arranca um quarto de boi e carrega, nós sabe é de muitos. O cara vem, mata o boi, arrasta por debaixo da cerca e carrega. Não tem nada a ver com os sem-terra. Roubam aqui, roubam nas outras fazendas. Tudo é os sem-terra? Não tem como ser”, afirma Paulino. Entre os documentos juntados por Lippaus ao processo, há duas prisões em flagrante – uma por roubo de gado e outra por porte ilegal de armas de fogo – neles, só há o depoimento de Lippaus afirmando que os presos eram sem-terra, mas a informação não é confirmada pelas autoridades. Uma das linhas de investigação da polícia inclui a participação do fazendeiro nos episódios mais recentes de violência, mas há também outros episódios desabonadores contra Lippaus.

Em 2010, o fazendeiro foi denunciado pelo Ministério Público do Pará por ameaças de morte contra o próprio Raimundo Paulino da Silva Filho. “Ameaças aqui teve sempre, principalmente contra a minha pessoa. Teve audiência pública que ele dizia que onde encontrasse comigo ia mandar me matar. Pessoalmente foram duas vezes. O resto era recado, gente passando aqui e falando que ia matar todo mundo”, afirma Paulino. A denúncia de 2010 contra Lippaus também prescreveu.

Em um Boletim de Ocorrência lavrado em janeiro de 2018, Paulino afirmou que ouviu de um vaqueiro de Lippaus que o fazendeiro traria uma escolta armada à fazenda e, quando cruzasse com ele, “criaria uma situação para matar o depoente [Paulino] e afirmar que foi legítima defesa”.

Antiga moradora da área, Deuziana Aparecida de Lima Silva afirma que existiram “diversas situações” de violência na comunidade. “Houve situações em que até crianças foram ameaçadas de morte. Teve um companheiro nosso que chegou a ser atirado numa estrada perto da fazenda. O pessoal da fazenda soltava os bois para comerem nossas plantações. E aconteceu muito de nós sermos denunciados por coisas que nós não fizemos”, conta. Também há registros policiais feitos pelos sem-terra denunciando a queima de casas em anos anteriores – incêndios, segundo os registros, que acusam uma escolta armada contratada pelo fazendeiro, o que também não foi provado.

A demora para a resolução da questão da posse da terra gera um terreno propício para a violência. “Quando você passa esse longo período sem o poder estatal se manifestar, isso fomenta o conflito. Na minha opinião, é indiscutível”, afirma Antonio Mororó Júnior, delegado da Deca.

Despejo, nova ocupação e o presente insolúvel José Cícero da Silva/Agência PúblicaO agricultor Cláudio Araújo da Silva: “Hoje só ficou as cinzas e as fotos com as lembranças”

Os processos judiciais envolvendo a posse da fazenda 1.200 já sofreram diversas idas e vindas, mas a manifestação do Incra em 2014 mudou completamente a situação do caso.

O órgão federal de terras concluiu que a fazenda estava sobreposta a um antigo projeto de assentamento, o PA Luciana, criado em 1998, com uma área 103 mil hectares. Parte da fazenda 1.200 possuía títulos válidos, mas cerca de 1.500 dos 5.200 hectares da área estavam sobre área pública, segundo o Incra. Além disso, apontou-se também que a fazenda não cumpria sua função social por falta de atendimento aos parâmetros da legislação ambiental – não havia uma reserva legal de mata condizente com o tamanho do imóvel. O órgão federal afirmou também ser viável a criação de um assentamento no local – ou incorporação da área pública da fazenda ao PA Luciana – que poderia atender cerca de 140 famílias. Apesar da manifestação do Incra, o processo seguiu sem um desfecho. Em maio de 2014, a juíza Nilda Mara Jácome deferiu a reintegração de posse a favor do fazendeiro. “Denota-se que parte do imóvel é público, entretanto, existe uma situação consolidada, a ponto de outorgar direito à defesa da área a quem a está ocupando (…)”, escreveu na decisão. Após inúmeras contestações, o despejo das famílias foi cumprido em 2016. “Foi muito doloroso. Você ser escoltado pela polícia para tirar suas coisas, mas não ter nem tempo para isso. Eles fizeram em menos de 24 horas. As nossas coisas eram jogadas de qualquer jeito dentro de um caminhão. À medida que nossas coisas eram retiradas, um trator vinha e derrubava nossas casas”, relembra Deuziana com lágrimas nos olhos. As antigas casas de alvenaria da ocupação foram aterradas ali mesmo, na fazenda, onde até hoje é possível ver os restos de paredes e pisos de algumas delas.

Quando se manifestou no processo, o Iterpa também afirmou que parte da fazenda estava sobre área pública e o Ibama atestou que a área não cumpria os parâmetros de reserva legal previstos em lei.

Com a liminar deferida na esfera estadual, o Incra não demorou para ingressar com uma nova ação de reintegração de posse na Justiça Federal. Em sua defesa, o fazendeiro Eutímio Lippaus afirmou ter comprado títulos de antigos assentados do PA Luciana. O pecuarista apresentou, para sustentar suas afirmações, contratos de compra e venda e certidões de matrícula das áreas reivindicadas pelo Incra. A primeira decisão judicial na esfera federal foi contrária ao órgão, mas foi posteriormente anulada porque não foi dado ao MPF a oportunidade de se manifestar.

Quando falou no processo, o MPF se alinhou ao pedido do Incra. Para embasar seu posicionamento, o órgão realizou uma inspeção in loco na área. À época da visita do MPF, o despejo já havia ocorrido. No local, o MPF colheu os depoimentos de três fazendeiros – José Interlando Cabral de Almeida, Sanção Abreu Lourenço e Francival Cassiano do Rego –, que declararam que Lippaus estaria negociando a área pública de sua fazenda. Segundo o relatório do MPF, os produtores afirmaram que foram procurados por Lippaus depois de a ocupação dos sem-terra ter sido desfeita, em 2016. Os fazendeiros teriam fechado o negócio e, segundo declararam ao MPF, pagaram R$ 850 mil como entrada por uma área correspondente a 200 alqueires. Ainda segundo o MPF, Lippaus teria afirmado aos compradores não haver documentação de parte pública de sua fazenda, ao contrário do que sustenta na Justiça. O negócio foi desfeito após a descoberta da transação.

No fim de 2017, os sem-terra voltaram a ocupar a fazenda 1.200. Ao contrário da ocupação anterior, quando eles montaram suas casas sobre toda a fazenda de Lippaus, eles construíram o acampamento somente na área tida como pública, usando para isso os mapas apresentados pelo Incra nas ações judiciais nas esferas estadual e federal.

Em fevereiro do ano passado, porém, o juiz federal Pedro Maradei Neto deu decisão contrária ao pedido de liminar de reintegração de posse movido pelo Incra. O órgão recorreu da decisão, mas ainda não houve julgamento do mérito na segunda instância federal. Em novo parecer, o MPF voltou a se posicionar em favor do Incra. “Encontra-se documentalmente provada a propriedade e, portanto, a posse indireta, por parte do Incra”, diz um trecho do segundo parecer do MPF. O órgão contestou os documentos apresentados por Lippaus, realizou diligências em cartório e concluiu mais uma vez que a área é pública.

O processo na esfera estadual, que havia sido sobrestado (paralisado) até que houvesse decisão em esfera federal, voltou a andar. Em julho de 2018, o juiz Jun Kubota revigorou a liminar de reintegração de posse – opondo-se à manifestação de outro órgão, o Ministério Público Estadual, que também se alinhou aos órgãos de terra e ao MPF, concluindo que a área era pública e não era cabível a reintegração de posse a favor do fazendeiro. Em uma audiência em 25 de abril deste ano, ficou estipulada a desocupação voluntária da área pelos sem-terra. O prazo se encerraria no último dia 10 de junho, mas cinco dias antes a desembargadora Gleide Pereira de Moura determinou a suspensão da decisão. “Levando em consideração que a questão vertente se trata de posse de área rural, que vem sendo ocupada por diversas famílias há vários anos e que ainda é objeto de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Incra […] e por se tratar de situação delicada, que pode ensejar conflitos e violência, por ora, entendo prudente conceder o pedido suspensivo almejado”, escreveu a magistrada. Após os tiros e os incêndios criminosos ocorridos entre abril e maio deste ano, os sem-terra vivem sob o medo constante de novos ataques.

Outro lado

A reportagem da Pública procurou o atual advogado de Eutímio Lippaus, Joel Carvalho Lobato, por WhatsApp e telefone pedindo uma entrevista, que não ocorreu. Em rápido contato pelo telefone, Lobato afirmou que não havia conflito recente na fazenda. “Lá teve situação forjada por sem-terra, eles forjando situação para criar factoide. É um senhor de 82 anos de idade, que vive sozinho numa casa”, disse. “Ele nunca deu um tiro em ninguém, tem 13 anos que ele convive com essa situação de invasão. Não teve conflito nenhum. O que tem todos os dias é o rebanho bovino dele sendo atirado”, diz, também referindo-se a outros episódios de violência que ele atribui aos sem-terra. O advogado pediu que as perguntas da reportagem fossem enviadas por escrito, mas não houve resposta às questões até a publicação.

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Developing countries should not be liable for emissions ‘accumulated throughout history’, key UN development forum hears

UN SGDs - sex, 12/07/2019 - 16:25
Citing climate change as being caused by “emissions accumulated throughout history”, the head of China’s Xiamen Airlines told the United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) in New York on Friday that heavy carbon dioxide emitters should “take on greater responsibility” to ameliorate the problem.
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Migrar por México, más peligroso para los niños

IPS español - sex, 12/07/2019 - 13:10

Una madre migrante hondureña con sus hijos descansa a la orilla de una carretera, en Tapachula, en el estado de Chiapas, en la frontera sur de México. Crédito: Ximena Natera/Pie de Página

Por María Fernanda Ruiz
MÉXICO, Jul 12 2019 (IPS)

Las nuevas políticas migratorias en México vulneran aún más a la población migrante infantil que cruza por el país. El Estado carece de una metodología para medir de forma eficaz las violencias que enfrentan los niños y niñas en su paso por el territorio mexicano.

No existen cifras exactas sobre cuántos niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes pasan por México; esta carencia de cifras genera problemas para conocer los niveles de vulnerabilidad y violencias a las que se enfrentan en su camino.

Aun así, la presencia de traficantes, cárteles, secuestradores y extorsionadores dejan en claro que migrar por México es de alto riesgo para menores.

“Es un problema el registro de cuántas personas migran por México, sobre todo porque la cifra oficial se basa en eventos de personas detenidas por autoridades migratorias pero son eventos, no personas”, explica Rosalba Rivera, gestora de casos de niñez migrante del no gubernamental Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

“Una misma persona que fue detenida, deportada y luego regresó a México se vuelve a contar en la estadística anual”, detalla sobre la estadística migratoria construida a partir de los registros administrativos del gubernamental Instituto Nacional de Migración (INM).

El INM maneja la cifra de 8.569 niños, niñas y adolescentes migrantes que pasaron por México en lo que va del 2019 pero conocer la cifra real hasta ahora ha sido imposible, y conocer cuántos de ellos han sufrido violencia, todavía más.

Esto, explica Rivera, se debe a que no hay forma de medir esas cifras, ya que ninguna autoridad en la frontera revisa quién entra de manera irregular.

Las personas que han sido víctimas de violencia tampoco denuncian, por lo mismo de que están de manera irregular y por el miedo a no querer ser deportados, tampoco tenemos evidencias para asegurar cuántos niños han sido víctimas de violencia, añade la gestora.

-¿Cuáles son las consecuencias de no tener estas cifras?

“Una consecuencia en macro sigue siendo la impunidad con las bandas de tráfico, de trata, de extorsionadores. Otra consecuencia es en la vida de las personas, para los niños son experiencias que pueden ser traumáticas para el resto de su vida”, cuenta Rivera.

El Estado mexicano a través del Sistema Integral de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes asumió el compromiso de establecer una base de datos de niños migrantes, las condiciones en las que viajan, si han sido víctimas, pero no es algo que se esté llevando a cabo.

“Es muy difícil, tendría que haber un cruce de muchas instituciones que estén coordinadas en salvaguardar los derechos de los migrantes, una intención coordinada de parte de las instituciones de diferentes sectores para hacer una base de datos conjunta para la que se requerirían metodologías de recaudación de datos: ir a las casas de migrantes para saber cómo están, qué condiciones tienen”, ejemplifica Rivera.

El Comité de los Derechos del Niño de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados en México, exhortó al Estado mexicano a recolectar datos desagregados para conocer e identificar casos de NNA migrantes, refugiados y desplazados.

“Las estadísticas permitirían diseñar esquemas de alerta temprana para resolución de conflictos; para detectar qué entornos presentan niveles de riesgos más altos y para asignar recursos de manera más eficiente para la implementación de atención a la violencia”, contó Christian Skoog representante de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) en México.

Skoog pidió, durante la presentación del informe: “Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en México”, poder contar con registros de la situación de niños sin cuidados parentales en situación de migración.

Rivera señala las violencias que viven los menores al pasar por el país:

Los que vienen acompañados son los que viven violencias de las más graves: extorsiones, secuestros, discriminación y xenofobia; los niños no acompañados llegan con la idea de que en la frontera norte (con Estados Unidos) van a pasar si sirven a las bandas de tráfico de drogas a cruzar en mochilas droga, indica.

Incluso les pagan para que convenzan a otros adolescentes a trabajar con ellos. Como entran al tráfico de drogas también tienen el riesgo de consumo, ya les pagan con droga o con dosis y pueden tener problemas de adicción que no tenían, añade la especialista.

Otra de las violencias es que al llegar a México, al no tener CURP  (clave única de registro de población) ni estar dentro del sistema, no pueden acceder a servicios de salud, becas, programas sociales de gobierno y se enfrentan a violencia estructural que los excluye.

Los cambios recientes en la política migratoria, además, conllevan más detenciones y con eso nuevos riesgos.

“El tema de la política migratoria ha puesto más acento en la detención, estar hacinados en las estaciones migratorias sin una certeza de cuánto tiempo van a estar ahí, sin una certeza de sus derechos, con la incertidumbre de estar en un lugar desconocido en zonas prácticamente carcelarias para los niños es una violencia muy fuerte que marca sus vidas”, apunta Rivera.

Para la gestora de Imumi actualmente el riesgo para los menores es alto porque la vigilancia de la Guardia Nacional ha hecho que recorran caminos más complejos o que sigan a traficantes por zonas más riesgosas donde no hay organizaciones que estén cerca por si necesitan acompañamiento.

“El riesgo es que los traficantes ahora tengan un negocio más gordo. Incrementa el negocio para ellos e incrementan los riesgos para las personas, sobretodo para los niños”, reflexiona.

Antes que migrantes son niños 

En el nuevo contexto de México respecto a la migración, para Rivera la seguridad de los NNA migrantes deberá ser una responsabilidad mucho más seria para el Estado mexicano y para las organizaciones.

“A México le va a tocar brindar la protección que anteriormente Estados Unidos  brindaba, aunque no en el discurso, ya que los niños lograban pasar, había muchas opciones con las que Estados Unidos les daba seguridad”, asegura.

“Ahora como va a ser más difícil que los niños se quedarán en México. Ver si lo que se necesitan son programas para conseguir autonomía o familias de acogida no solamente pensar en la opción a corto plazo de tener albergues”, añade.

Imumi señala la urgencia de que no existan niños, niñas ni adolescentes en detención, porque ven que la tendencia de la nueva política va por esos caminos lo que los pone en situaciones deplorables, además de violar la ley mexicana y los acuerdos internacionales que ha firmado.

“La detención de niños es de las violencias más grandes y de las consecuencias más fuertes”, advierte Rivera.

Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

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Los solicitantes de asilo, los olvidados de Australia

IPS español - sex, 12/07/2019 - 12:11

Por Charlotte Munns
NACIONES UNIDAS, Jul 12 2019 (IPS)

A medida que el enfoque de la política de Australia se aleja de las normas sobre el trato a los refugiados y solicitantes de asilo, su gobierno conservador evita la responsabilidad por actuaciones calificadas de contrarias a los derechos humanos y que infringen leyes internacionales.

Organizaciones humanitarias consideran que se vulneran derechos humanos básicos con el confinamiento por el gobierno de Canberra de las personas solicitantes de asilo en centros extraterritoriales situados en las islas de Nauru y Manus, la mayoría desde hace largo tiempo.

Pero el escrutinio público ha caído todavía más desde que en las elecciones federales del 18 de mayo triunfo la coalición Liberal-Nacional del derechista primer ministro Scott Morrison, lo que se teme que ahondará la línea dura con los solicitantes de asilo, para seguir disuadiéndolos de que miren a Australia como un país de refugio.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la de salud física y mental, Danius Pūras, emitió un informe el 2 de abril en que destacó las condiciones extremadamente precarias en que viven las personas detenidas en las dos islas.

“Muchos sufren de enfermedades físicas y mentales, que parecen haber sido causadas y exacerbadas por su confinamiento prolongado e indefinido”, destacó, antes de indicar que “hay múltiples informes de autolesiones e intentos de suicidio”.

Pūras también subrayó la existencia de informes de huesos rotos sin soldar y que no se habían tratado, acceso deficiente a la atención médica, falta de especialistas y servicios de asesoramiento sobre tortura y trauma en las instalaciones en alta mar.

La situación es particularmente precaria en Manus, una lejana isla perteneciente a Papúa Nueva Guinea, situado al norte de Australia, aunque también es dramática en Nauru, una pequeña isla de fosfato situada al sur de las islas Marshall.

El informe fue la conclusión de años de investigación y monitoreo de organizaciones internacionales, tanto de las Naciones Unidas como grupos humanitarios como Amnistía Internacional.

El 19 de julio de 2013, el entonces primer ministro, Kevin Rudd, anunció que a partir de ese día no se resolvería dentro del país ninguna demanda de asilo de personas que llegasen a Australia sin el correspondiente visado.

Según esa política, más tarde denominada “Operación Fronteras Soberanas”, todos los solicitantes de deben ser llevados a centros de detención en las islas de Manus o en Nauru, y los detalles sobre los barcos en que llegan al país o son transportados a los centros de detención no son públicos.

Esa línea extremadamente dura se presentó como una respuesta al aumento en el número de llegadas de embarcaciones al país con refugiados que solicitaban asilo una vez en territorio australiano. En 2008 llegaron al país 161 personas de esa forma, mientras que para 2012 el número alcanzó a 17.202.

El gobierno australiano adoptó el eslogan “Stop the Boats” (detengan los barcos) como parte de su campaña para promover a nivel nacional e internacional que el país no asentaría a quienes solicitasen asilo dentro de sus fronteras.

El cineasta australiano Simon Kurian, director del documental Stop the Boats, realizado en 2018, dijo a IPS, que “en esa forma comenzó la  demonización de las personas que buscan asilo en Australia, especialmente por mar”.

“A partir de ese momento, comenzó la asquerosa tergiversación en la información sobre las personas que buscaban asilo; debajo había un sentimiento de mucho racismo que los políticos utilizaron para imponer su política anti refugiados”, planteó Kurian desde Sidney.

Con el tiempo, los dos partidos principales adoptaron la retórica de Stop the Boats, ya que esta campaña se transformó en un movimiento para captar adeptos y votos. Desde su concepción, el enfoque de línea dura ha gozado de mayoritario apoyo entre los algo más de 25 millones de habitantes de la isla-continente del sur del Pacífico.

En 2014, había un respaldo de 42 por ciento de los electores australianos hacia la línea dura contra la llegada de extranjeros para solicitar asilo y tres años después el apoyo había subido a 48 por ciento de personas con derecho a votar, según encuestas del Instituto Lowy, un centro de estudios australiano.

Además, la política anti refugiados ha sido exitosa en detener el flujo de barcos en llegar al país. En 2017 según cifras oficiales tan solo 50 personas llegaron en forma irregular mediante embarcaciones, pero todas fueron devueltas a sus países de origen.

“El procesamiento en el extranjero, tal como lo ejecuta el gobierno australiano, puede haber servido a sus intereses nacionales mejor que el actual sistema de protección internacional, pero sigue violando la Convención (de refugiados) de la que Australia es signataria”, dijo el Instituto Lowy.

Si bien la política ha tenido éxito en el logro de sus objetivos y en la respuesta a la opinión pública, las condiciones en las que se llevó a cabo es objeto de profundas críticas.

Muchas organizaciones internacionales y también locales han subrayado que Australia viola la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, vigente desde 1951, y de la que Australia es país signatario.

“Todos los principios fundamentales que sustentan la Convención de la que Australia es signataria fundadora están violados por las políticas de Stop the Boats y la operación de Frontera Soberana”, dijo Kurian.

Lo peor, a su juicio, es que el gobierno comete estas violaciones “haciéndolo todo a sabiendas, con intención, sin escrúpulos  y sin represalias ni consecuencias reales”.

En 2013, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) criticó a los centros de detención en alta mar como “por debajo de los mínimos estándares internacionales para la recepción y el tratamiento de solicitantes de asilo”.

El periódico británico The Guardian lanzó en 2016 Los Archivos de Nauru, en que reveló más de 2.000 informes sobre incidentes en ese centro de detención, entre ellos casos de autolesiones, agresiones sexuales, abusos de diferente tipo y heridas y lesiones contra los retenidos.

El manejo de los centros de detención está envuelto en el secreto por las autoridades australianas, pero pese a ello hay gran cantidad de informes como estos que generan gran alarma y preocupación entre los organismos y activistas humanitarios.

El gobierno australiano restringe la información sobre las llegadas de embarcaciones, la situación en los centros extraterritoriales de detención, mientras impide el acceso de los periodistas a las instalaciones o las entrevistas con los detenidos.

Para poder obtener imágenes para su documental, Kurian se vio obligado a filmar en secreto.

El gobierno australiano deslinda toda responsabilidad sobre la situación de los dos centros, repitiendo que ella corresponde a las autoridades de Papúa Nueva Guinea y Nauru.

Ayuda en su estrategia que el secreto y la preocupación por la situación de los detenidos por “el crimen” de intentar ser tratados como refugiados se benefician del desinterés creciente de la opinión pública nacional e internacional, pese a que en Manus y Nauru sigan confinados cientos de hombres, la mayoría afganos e iraníes.

El traslado de la mayoría de las mujeres y los niños centros comunitarios dentro del país, el componente emocional de la campaña para cerrar los dos centros extraterritoriales o al menos mejorar las condiciones de detención se  fue debilitando.

Como resultado, la política de refugiados tuvo un papel marginal en la campaña de las elecciones federales de mayo. “Los problemas sobre el cambio climático, la vivienda, los impuestos se convirtieron en el foco de los debates antes y durante la campaña. Ninguno de los partidos o los políticos en contienda tocaron el tema de los refugiados”, dijo Kurian.

Esa situación permitió al gobierno obviar la rendición de cuentas de sus niveles de cumplimiento de la Convención sobre refugiados, evadir la realización de una investigación sobre las reiteradas denuncias de la violación de derechos humanos en Manus y Nauru, y detener las críticas públicas.

“Los 600 hombres que permanecen en Manus están olvidados e igual sucede con los de Nauru”, resumió Kurian.

T: MF

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Preconceito e discriminação, os males não curados da hanseníase

IPS português - sex, 12/07/2019 - 05:59

BRASÍLIA, 11 de julho de 2019 (IPS) – “A equipe da ambulância recusou-se a levar o meu amigo doente para o hospital, porque muito antes ele teve hanseníase”, contou Yohei Sasakawa, presidente da Fundação Nippon, em uma das reuniões durante sua visita ao Brasil, entre 1º e 10 de julho. O amigo estava completamente curado e não havia sequelas, mas em uma cidade pequena todo mundo conhece a vida dos vizinhos, disse.

O fato não aconteceu em um país pobre, mas no estado do Texas, nos Estados Unidos, cerca de 50 anos atrás, detalhou Sasakawa, para enfatizar os danos da discriminação contra as pessoas que sofrem da doença de Hansen, vulgarmente conhecida como lepra, da mesma forma que aqueles que já foram curados da doença infecciosa e seus parentes.

“A doença é curável, seus danos sociais não”, destacou Sasakawa durante a reunião com o deputado Helder Salomão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, para pedir apoio para a luta contra a hanseníase, a denominação médica oficial da enfermidade no Brasil, onde o uso do termo lepra foi eliminado, devido à carga de estereótipos que acarreta.

O destaque da missão de Sasakawa, também embaixador da Boa Vontade pela Eliminação da Hanseníase, da Organização Mundial de Saúde (OMS), foi a reunião, no dia 8, com o presidente Jair Bolsonaro, que na ocasião lançou uma mensagem em sua conta no Facebook que até as primeiras horas do dia 11 já tinha 685.345 reproduções.

No vídeo de 13 minutos, falam o presidente brasileiro, Sasakawa, o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, em uma chamada para um trabalho em conjunto de autoridades, organizações e as próprias pessoas para erradicar a doença causada pelo bacilo Mycobacterium leprae.

Os diálogos que o ativista japonês e líder da Fundação Nippon manteve com os membros dos vários poderes em Brasília resultaram em um acordo preliminar para a realização, em 2020, de um encontro nacional para intensificar a luta contra a hanseníase e seus estigmas. Será, em princípio, uma conferência com uma dimensão política, que envolveria autoridades nacionais, governadores e prefeitos, e outra reunião técnica, disse Carmelita Ribeiro Coriolano, coordenadora do Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde. A Fundação Nippon patrocinará os dois encontros.

O Brasil tem a segunda maior incidência de hanseníase no mundo, com 26.875 novos casos em 2017, o que corresponde a 12,75% do total mundial, segundo a OMS. Apenas a Índia excede esses valores. O governo estabeleceu uma Estratégia Nacional para Enfrentar a Hanseníase para o período 2019-2022, que segue as linhas da estratégia global proposta pela OMS desde 2016.

 

Damares Alves, ministra brasileira da Mulher, Família e Direitos Humanos, recebeu um presente de Yohei Sasakawa, presidente da Fundação Nippon, no início de uma reunião em Brasília, na qual a ministra prometeu reforçar a assistência aos afetados pelo doença de Hansen, incluindo o pagamento de indenização aos que no passado foram isolados em leprosários. Foto: Mario Osava/IPS

 

Uma ampla capacitação dos atores envolvidos no tratamento da doença e planos em nível de estados e municípios, adaptados às condições locais, orientam os esforços para reduzir especialmente os casos que causam graves sequelas físicas em crianças e para eliminar o estigma e a discriminação.

Antes de sua visita a Brasília, Sasakawa, que visitou o país mais de dez vezes em sua missão pela eliminação da doença de Hansen e seus estigmas, esteve nos estados do Pará e Maranhão para discutir, com autoridades estaduais e municipais, os avanços e obstáculos para esse objetivo em duas das regiões mais infectadas.

“No Brasil, não faltam recursos e treinamentos, mas profissionais de saúde sensíveis, e uma atenção especial à hanseníase”, disse Faustino Pinto, coordenador nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan), que acompanhou a delegação da Fundação Nippon em Brasília. “Promover o diagnóstico precoce, evitar sequelas, melhorar a informação para a sociedade e reabilitação física para garantir melhor vida ativa e profissional aos afetados” são as medidas mais necessárias, apontou à IPS.

Ele mesmo é um exemplo de inadequação nos serviços de saúde. Seu diagnóstico de infecção por hanseníase só foi obtido aos 18 anos, nove após sentir os primeiros sintomas. A cura exigiu cinco anos de tratamento e houve sequelas nas mãos e articulações. Seu drama pessoal e a defesa dos direitos dos pacientes, ex-enfermos e suas famílias estiveram presentes em sua apresentação no dia 27 de junho, em Genebra, durante uma reunião especial sobre a doença, paralelamente à 41ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, órgão máximo da Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Pinto é um eloquente defensor do uso dos termos hanseníase ou doença de Hansen, em vez de lepra, designação imprecisa que acumula uma carga de preconceitos históricos e religiosos, com danos adicionais para os afetados e que a OMS, por exemplo, continua a usar habitualmente. A discriminação é milenar e tem origem inclusive na Bíblia, onde a doença aparece como um castigo de Deus, observou Sasakawa durante sua reunião com a ministra Damares Alves, uma pastora evangélica da confissão Batista que definiu-se como “terrivelmente cristã”.

 

Yohei Sasakawa (segundo da esquerda para a direita), presidente da Fundação Nippon, acompanhado por dois membros de sua delegação, durante a reunião com o deputado Helder Salomão (centro), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados do Brasil, que se comprometeu com o apoio a iniciativas para eliminar a hanseníase no país. O encontro também contou com a presença de Faustino Pinto (segundo da direita para a esquerda), coordenador nacional do Movimento pela Reintegração de Pessoas Afetadas pela Hanseníase (Morhan). Foto: Mario Osava/IPS

 

Na Índia existem 114 leis que discriminam os doentes e aqueles já curados, vedando-lhes transporte e lugares públicos entre outros absurdos, exemplificou Sasakawa. Alegam que são leis que não são mais aplicadas, o que justifica ainda menos que elas permaneçam formalmente válidas, argumentou Sasakawa durante suas reuniões em Brasília às quais a IPS teve acesso.

Preconceito e desinformação não somente submetem os afetados à exclusão e sofrimento desnecessários, mas dificultam a erradicação da doença de Hansen, ao afastar os doentes da assistência médica, concordam ativistas. Ao longo da sua atividade para controlar e eliminar a hanseníase, uma missão que começou mais de 40 anos atrás, Sasakawa tornou-se convencido de que é crucial a batalha contra o estigma que ainda persiste nas entranhas da sociedade.

É por isso que ele trabalhou para que a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovasse, em 2010, a Resolução para a Eliminação da Discriminação contra as Pessoas Afetadas pela Hanseníase e suas Famílias. Trata-se, disse o presidente da Fundação Nippon, de atitudes e crenças que não fazem mais sentido à luz da ciência, mas que persistem.

Desde os anos 1940, é conhecido o tratamento que torna desnecessário o isolamento dos pacientes para evitar a infecção, mas a segregação e a detenção em leprosários foi oficialmente mantida em vários países por várias décadas. No Brasil, essa segregação durou oficialmente até 1976 e, na prática, até a década seguinte. Com o tratamento multimedicamentoso, introduzida no Brasil em 1982, a cura tornou-se mais segura e rápida.

Informação é a chave para superar os problemas envolvidos na doença, de acordo Socorro Gross Galiano, representante da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no Brasil, que também teve reuniões com a delegação da Fundação Nippon.

“A comunicação é crítica, os meios de comunicação podem ajudar decisivamente” para desfazer os temores atávicos, esclarecer que a doença de Hansen tem cura segura, é pouco contagiosa e deixa de ser com o tratamento, observou à IPS a médica costa-riquenha com mais de 30 anos de experiência na Opas em vários países da América Latina.

Para superar as dificuldades de erradicação, também é necessário que deixe de ser “uma doença esquecida” e mobilizar comunidades, tarefas nas quais a comunicação também é importante, concluiu Galiano.

Edição: Estrella Gutiérrez

Tradução para o português: Nanci Vieira

 

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Science is ‘key’ to pushing forward the 2030 Agenda, UN development forum told

UN SGDs - qui, 11/07/2019 - 18:55
The implementation, follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable Development was front and centre at the United Nations on Thursday as the third day of the High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) focused on the important role that science plays in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).
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La pobreza se extiende por todas partes, pero de forma muy desigual

IPS español - qui, 11/07/2019 - 17:22

Niños acuden al reparto de comida diaria en una zona pobre de Ecuador. Crédito: Jamie Martin/ Banco Mundial

Por Corresponsal Fao
NACIONES UNIDAS, Jul 11 2019 (IPS)

El Índice de Pobreza Multidimensional de 2019 revela la profunda desigualdad que existe en el reparto de ese flagelo en el mundo, tanto entre los distintos países y regiones del mundo, como en el interior de los países.

El informe, dado a conocer este jueves 11, mira más allá del ingreso monetario y muestra cómo la pobreza es la experiencia de enfrentar carencias múltiples y simultáneas, tales como la falta de acceso a los servicios de salud, a un trabajo digno o la exposición a la violencia, destaca que el concepto tradicional de pobreza resulta obsoleto.

Los nuevos datos demuestran con mayor claridad que nunca que etiquetar a los países, incluso a los hogares, como ricos y pobres conlleva una simplificación excesiva.

“Para combatir la pobreza necesitamos saber dónde viven las personas pobres. No están distribuidas uniformemente en cada país, ni siquiera dentro los hogares”, explica el administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner.

A su juicio, el Índice “ofrece la información detallada que necesitan los responsables políticos para elaborar políticas mejor dirigidas y más efectivas”.

El documento confirma los datos del año pasado acerca de que, en 101 países estudiados, 1.300 millones de personas viven en la pobreza multidimensional, un 23,1% de su población. Unos 886 millones lo hacen en países de renta media y 440 en los de renta baja.

“Esto muestra que el desafío de reducir la pobreza multidimensional no se limita a los países de bajos ingresos”, asegura el informe, que afirma que “la pobreza está en todas partes”.

África subsahariana y Asia del sur, las regiones con más pobres

No obstante, el África subsahariana y el sur de Asia albergan la mayor proporción de pobres, alrededor de 84,5%.

Pobreza en Juba, Sudán del Sur. Crédito: Andrea Campeanu/Unicef

Dentro de estas regiones, el nivel de desigualdad se describe como “enorme” ya que, en África, la pobreza varía entre 6,3% en Sudáfrica y 91,9% en Sudán del Sur, mientras que en el sur de Asia es de 0,8% en Maldivas frente a 55,9% de Afganistán.

Además, muchos de los países estudiados en el informe muestran “grandes” niveles de desigualdad interna: en Uganda, por ejemplo, la incidencia de la pobreza multidimensional en las diferentes provincias varía desde 6,0% en Kampala hasta 96,3 por ciento en Karamoja.

La desigualdad en el reparto de la pobreza multidimensional también alcanza a la edad ya que la mitad de los 1.300 millones de pobres en esta categoría son menores de 18 años y un tercio, son niños menores de 10 años.

La gran mayoría de estos niños, alrededor de 85 %, vive en el sur de Asia y en el África subsahariana, divididos a partes iguales entre las dos regiones. El panorama es particularmente grave en Burkina Faso, Chad, Etiopía, Níger y Sudán del Sur, donde 90% o más de los niños menores de 10 años, se consideran pobres multidimensionalmente.

El caso de Perú

Pero los nuevos datos también muestran una tendencia positiva: los más rezagados son los que más rápido están progresando.

El estudio examina cada año el caso 10 países para observar los patrones de las políticas de reducción de la pobreza, el Objetivo número 1 de los 17 que componen la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

“Estudiamos los datos de un grupo de 10 países de renta media y baja y obtuvimos resultados esperanzadores, ya que el 40 % más pobre de la población ha avanzado más rápido que el resto”, señala Sabina Alkire, quien dirige la preparación del Índice.

“Una tendencia en favor de los pobres que reduce las desigualdades en varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, añade.

Los datos de estos 10 países señalan que 270 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional en el tiempo transcurrido entre las dos encuestas comparadas.

De la región de América Latina, el informe de este año observa la situación de Perú, país en la categoría de ingresos medios altos y destaca que, junto con India y Etiopía, ha logrado reducir significativamente los niveles de privación en los diez indicadores que componen el Índice.

Perú ha hecho avances especialmente en el acceso a la energía limpia, la electricidad y la vivienda, menciona el informe. Además, la reducción de la pobreza en las zonas rurales del Perú superó a la de las zonas urbanas contrario a la tendencia en el continente.

500 millones más de pobres

El Índice también muestra cada año la incidencia de la pobreza multidimensional en el mundo.

El experto del PNUD, Pedro Conceição, explica que cuando la pobreza se mide en todas sus dimensiones “encontramos que unos 500 millones de personas más se añaden a la lista de pobreza extrema” frente a la medición más clásica que solo tienen en cuenta el nivel de ingresos.

“Esto nos da una imagen mucho más completa, así como indicaciones para saber hacia dónde apuntar las políticas públicas para abordar las privaciones de la gente: ¿es más en salud?, ¿en educación? o en otros aspectos que pueden permitir a las personas salir de la pobreza si se hacen inversiones en esos apartados”, comenta.

Este artículo fue publicado originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para el uso de sus contenidos.

RV: EG

El artículo La pobreza se extiende por todas partes, pero de forma muy desigual fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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