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El nuevo acuerdo de la ACP y la UE, ¿una oportunidad para Cuba?

IPS español - seg, 17/06/2019 - 15:10

Banderas de Francia, La Unión Europea y Cuba decoran el estand francés en la 36 edición de la Feria Internacional de La Habana, celebrada en noviembre de 2018. Las relaciones entre el bloque europeo y Cuba se han intensificado gracias al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación suscrito en 2016 entre Bruselas y La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Jun 17 2019 (IPS)

El despegue de las relaciones con la Unión Europea (UE) ofrece a Cuba un mejor clima para decidir su ingreso al nuevo acuerdo de Cotonou, eje de la colaboración entre Bruselas y la Asociación de países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP).

Ese convenio que en 2020 comienza una nueva etapa, enmarca el intercambio comercial y de asistencia al desarrollo, en especial en la reducción de la pobreza, entre la UE y 79 Estados de la ACP. Cuba pertenece a este grupo, pero desistió de participar en el acuerdo suscrito en 2000 tras la amenaza de la aplicación de una cláusula condicionante.

Por presiones del gobierno español de entonces, del derechista José María Aznar (1996-2004), la UE impuso en 1996 la llamada Posición Común que condicionaba la cooperación a cambios políticos en el gobierno socialista de la esta isla caribeña.“El nuevo convenio que esperamos firmar con los 79 países ACP es un acuerdo que va a singularizar a las tres regiones, África, Caribe y Pacífico, con una base que será común a todos, pero diferenciando mucho más que ahora entre las tres regiones”: embajador Alberto Navarro.

Esa cláusula fue eliminada en diciembre de 2016, como paso previo a la firma por Bruselas y La Habana del bilateral Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC).

“Este puede ser un buen momento para darle más consistencia a las relaciones de Cuba con la Unión Europea y una prioridad debería ser encontrar el camino para ingresar al Convenio de Cotonú”, dijo a IPS el analista político cubano Carlos Alzugaray.

En su opinión, ese acuerdo, también conocido por la grafía en francés del nombre de la ciudad de Benín donde se suscribió, Cotonou, ofrece indudables ventajas económicas y particularmente en la promoción de inversiones.

“No son ventajas decisivas, pero sí importantes en el difícil contexto que enfrentamos en materia de relaciones económicas internacionales”, agregó.

“La pertenencia a este acuerdo, que abarca a numerosos países de África, el Pacífico, y el Caribe, con los cuales Cuba tiene excelentes relaciones, puede fortalecer al grupo ACP y a la propia posición negociadora cubana”, señaló el politólogo y exembajador cubano ante la UE (1994-1996).

Este país insular caribeño se incorporó en 1998 al grupo ACP, creado en junio de 1975 en Georgetown, la capital de Guyana. Según fuentes oficiales, más de 190.00 cooperantes cubanos han prestado sus servicios en países de este conglomerado y se han formado profesionalmente 30.000 jóvenes de esos países.

La difícil situación económica cubana, junto con el recrudecimiento del embargo estadounidense con medidas dirigidas a frenar la entrada de inversiones extranjeras que contribuyan al crecimiento y desarrollo del país, aconseja la apertura a nuevas opciones internacionales.

Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea ante La Habana, a su ingreso al encuentro de los embajadores de América Latina, el Caribe y el bloque europeo, celebrado en el Palacio del Segundo Cabo, en la capital de Cuba, donde se analizaron las relaciones entre la UE y la región. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“En mi opinión, una opinión muy personal que nunca he dejado de exponer, lo ideal sería que Cuba suscribiera el nuevo Acuerdo UE-ACP que sustituirá al vigente Acuerdo de Cotonú, a partir de marzo del 2020”, comentó, en entrevista con IPS, Alberto Navarro, embajador de la UE ante La Habana.

El diplomático consideró que las naciones caribeñas estarían “encantadas” de que la isla forme parte del nuevo Convenio porque la lectura correcta ya no es “Cuba nos viene a quitar fondos”, sino que el Caribe como región va a pesar más en el mundo ACP y en la cooperación con la UE.

Cuba, al ser una isla y al tener que hacer frente además a un embargo o bloqueo (de Estados Unidos), debería aprovechar este ámbito único de cooperación a nivel global como es la cooperación UE-ACP que agrupa a en total a 107 países, añadió.

El embajador del bloque europeo precisó que, en caso de que firmase el nuevo acuerdo, La Habana puede y debe pedir un Protocolo similar al que actualmente tiene África del Sur, que establezca que en caso de conflicto entre el Acuerdo Post-Cotonú y el vigente ADPC bilateral, primará siempre este último.

Las autoridades cubanas participan y siguen las negociaciones para la firma del convenio Post Cotonou, aunque sin trascendidos oficiales hasta el momento. “Como país caribeño e insular, Cuba tiene todo el derecho a ser parte de ese nuevo Convenio” y beneficiarse de sus ventajas, reiteró el diplomático europeo.

Explicó que el ADPC vigente entre Bruselas y La Habana “es un acuerdo no preferencial” en el que desde el punto de vista comercial, los productos cubanos deben competir en el mercado europeo con países que gozan de regímenes de libre comercio.

Entre los beneficios del acuerdo Cotonú, Navarro mencionó las preferencias comerciales, subvenciones del Fondo Europeo de Desarrollo, los préstamos del Banco Europeo de Inversiones y la apertura del mercado europeo, el mayor del mundo con 500 millones de consumidores.

Exhibición de automóviles de una marca de lujo de Alemania, durante la 36 edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV), celebrada en la capital cubana en noviembre de 2018. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Como ejemplo, comparó a Cuba con República Dominicana, que ingresó en 1989 en el Convenio de Lomé IV, el actual Convenio de Cotonú. “Ese país es hoy el mayor exportador del mundo de banano orgánico a Europa”, gracias a inversiones en su agricultura y entrada a un mercado sin aranceles ni cuotas, comentó.

En su opinión, es por ello importante comenzar a hablar de facilitación o liberalización comercial así como del fomento de la inversión extranjera en la economía cubana. “Apertura de una economía es sinónimo de prosperidad en todo el mundo. Los países más prósperos son los más abiertos”, insistió.

El 21 de este mes está previsto en La Habana un foro de negocios con participación de Neven Mimica, comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo y negociador principal de la UE para el Post Cotonú. Así que se da por hecho que el tema esté en la agenda.

En la cita se concretaría también la contribución de la UE a la creación de una “ventanilla única” para facilitar el comercio y las inversiones en la isla. “Los apoyamos con mucho gusto. Somos conscientes de la importancia que las inversiones extranjeras y el comercio tienen para el desarrollo en Cuba”, afirmó Navarro.

El Acuerdo de Cotonú, suscrito en Benín en 2000, enmarca el intercambio comercial y de asistencia al desarrollo, en especial en la reducción de la pobreza, entre la UE y 79 Estados de la ACP.

Reemplazó a la Convención de Lomé, vigente entre 1975 y 2000 entre Bruselas y las antiguas colonias anglófonas y francófonas en el Sur en desarrollo.

Este convenio expira en febrero de 2020. Las negociaciones políticas sobre una nueva Asociación ACP-UE se iniciaron en Nueva York el 28 de septiembre de 2018 y finalizan en septiembre venidero.

En la futura asociación, la UE y los países ACP buscarán una cooperación política más estrecha en el escenario mundial. Juntos, representan más de la mitad de los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y unen a más de 1.500 millones de personas.

“El nuevo convenio que esperamos firmar con los 79 países ACP es un acuerdo que va a singularizar a las tres regiones, África, Caribe y Pacífico, con una base que será común a todos, pero diferenciando mucho más que ahora entre las tres regiones”, concluyó el embajador Navarro en su diálogo con IPS.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El artículo El nuevo acuerdo de la ACP y la UE, ¿una oportunidad para Cuba? fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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UN oceans treaty ‘essential’ to combat ‘unprecedented pressure’ on the world’s seas – UN chief

UN SGDs - seg, 17/06/2019 - 14:48
The oceans are not only under “unprecedented pressure” due to climate change, but “half of all living coral has been lost in the past 150 years”, United Nations Secretary-General António Guterres said on Monday, addressing the latest gathering of nations which are party to the UN Convention on the Law of the Sea.
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Crédito de bancos permite “fluir a economia” ligada ao trabalho escravo, diz procurador do MPT

Pública - seg, 17/06/2019 - 11:41

O Ministério Público do Trabalho (MPT), no final de maio deste ano, entrou com ações inéditas para responsabilizar os sete maiores bancos do país pela constante concessão de crédito a empresas que comprovadamente fizeram uso de trabalho escravo ou foram denunciadas por sérias violações aos direitos humanos.

Banco do Brasil, Bradesco, Santander, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, Itaú e Safra responderão em primeira instância, na Justiça do Trabalho de São Paulo, por negligenciar o risco socioambiental no financiamento dessas empresas. Com base em uma suspeita e fiscalização do Banco Central, realizada em 2011, Banco do Brasil, Bradesco e Santander tiveram o sigilo de suas transações quebrado durante a investigação do MPT, em 2017.

A quebra identificou uma média de quatro financiamentos por banco a empresas que constavam no Cadastro de Empregadores da União, popularmente chamado de lista suja do trabalho escravo.

De acordo com o MPT, a fiscalização pelo Banco Central das políticas socioambientais de crédito dos demais bancos brasileiros deveria ser corriqueira, mas há pelo menos oito anos não ocorre. Procurado pela Pública, o Banco Central não respondeu.

Já no caso dos outros bancos processados, o que motivou ações do MPT foi a incapacidade de comprovação de métodos utilizados para prevenir e barrar concessões para as empresas denunciadas.

Desde 2014 uma resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN), com base em pactos e tratados internacionais, exige dos bancos políticas de responsabilidade socioambiental.

Em entrevista à Pública, Rafael de Araújo Gomes, um dos procuradores do Trabalho responsáveis pelas ações, afirmou que os bancos não demonstraram ter nenhum mecanismo interno de monitoramento dos antecedentes dos clientes. A informação e o perfil das empresas que costumam compor a lista suja – geralmente grandes companhias pertencentes a importantes cadeias produtivas – levantam a suspeita do MPT de que boa parte delas continua recebendo crédito bancário normalmente. “Pela resposta dos bancos, temos a virtual certeza de que as concessões ocorrem permanentemente”, afirma o procurador do Trabalho.

Além do CMN, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), da qual as sete instituições bancárias são membros, lançou em 2014 um ato de autorregulamentação (Normativo Sarb n. 14) que traz regras ainda mais rígidas do que as contempladas pela Resolução n. 4.327. O documento do ato determina, por exemplo, que os contratos firmados pelos bancos devem conter no mínimo cláusulas que estabeleçam a obrigatoriedade de o tomador observar a legislação trabalhista vigente.

Em 2016, o MPT instaurou um procedimento para acompanhar a elaboração das políticas de responsabilidade pelos principais bancos que operam no país. Segundo o procurador, desde 2014 foi verificado que há um abismo entre as ações de fornecimento de crédito e o discurso sobre combate à exploração do trabalho escravo e infantil e violações às normas de saúde e segurança do trabalho, do qual os bancos não apenas são signatários, mas o qual defendem interna e externamente.

De acordo com o MPT, o Bradesco era o único que realmente previa em suas normas internas a possibilidade de continuar a conceder crédito às empresas e pessoas envolvidas com trabalho escravo.

Após diversas audiências entre o MPT e os representantes da Febraban e dos bancos autuados, no ano passado estes apresentaram uma contraproposta que previa realizar muito menos do que suas resoluções e políticas. A partir de então, o MPT começou a elaborar as ações, como explica Gomes.

“Nessa contraproposta, os bancos diziam expressamente que, mesmo diante de citação comprovada judicialmente de trabalho escravo e infantil, não precisaria ser tomada nenhuma providência pelo banco. A contraproposta é a reprodução do que de fato eles fazem no dia a dia”, afirma.

Nas ações, o MPT chega a citar o rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, no início deste ano, como um exemplo que poderia ter sido evitado. “A adoção de um discurso de absoluta irresponsabilidade pode levar a tragédias. A Vale já estava envolvida no caso de Mariana, o que deveria sugerir um comportamento mais responsável por parte dos agentes financeiros”, afirma o procurador.

As ações pedem a reelaboração das políticas dos bancos citados, identificando os riscos relacionados, além da capacitação de funcionários. Apesar de o MPT ter entrado com uma ação semelhante em 2010 contra o Bradesco e o Banco da Amazônia, vetando exclusivamente o crédito rural para empreendimentos do agronegócio que exploraram a mão de obra escrava, é a primeira vez no mundo, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), que uma ação tão abrangente questiona o financiamento pelos bancos de empresas denunciadas na lista suja, como explicou o procurador na entrevista a seguir.

DivulgaçãoRafael de Araújo Gomes é procurador do Ministério Público do Trabalho

Qual a importância dessas ações e que jurisprudência podem gerar?

O objetivo é que se alcance um avanço e veja que praticamente qualquer ação no sentido de realmente colocar em prática o que está na resolução do CMN, em realidade, será um avanço, porque praticamente tudo é descumprido pelos bancos.
A distância entre o que está na norma e o que os próprios bancos dizem que fazem e o que eles realmente fazem é muito grande. Há um abismo. Então há muito espaço para avanço. Isso significaria que o banco, que já reconhece os motivos pelos quais não deveria se envolver, por exemplo, em um financiamento de empreendimentos envolvidos com trabalho escravo, seja mais criterioso. Na verdade, o MPT tem a convicção de que o que foi verificado na quebra de sigilo bancário, apesar de pontual e obtido com grande dificuldade, na verdade é um procedimento de concessão que ocorre de forma rotineira.

E um dos principais indicadores disso, dessa naturalidade com a qual as concessões para empresas envolvidas com trabalho escravo ocorre no dia a dia, é a contraproposta apresentada pelos bancos. O MPT ficou mais de um ano discutindo com esses bancos e com a Febraban um acordo, e no final a contraproposta dos bancos previa expressamente a possibilidade de eles concederem créditos para quem eles tenham a confirmação, inclusive a condenação judicial, por trabalho escravo. A confirmação da prática de trabalho escravo, na proposta dos bancos, abriria apenas a possibilidade de analisar a operação de crédito, podendo confirmá-la ou não. Da mesma forma, a constatação de trabalho escravo na constância de um contrato de crédito não levaria ao vencimento antecipado desse contrato, mas só à possibilidade de o banco, se quiser, aplicar ou não alguma providência ou sanção contratual.

Então há uma grande distância daquilo que as políticas de certos bancos que afirmam que “sequer mantêm relacionamento com cliente envolvido com trabalho escravo”.

O senhor acredita que sem o incentivo financeiro desses bancos poderíamos ter uma redução expressiva no trabalho análogo à escravidão no país?

Tenho absoluta certeza. Particularmente no caso do trabalho escravo, a esmagadora maioria dos casos detectados são empreendimentos inseridos em grandes cadeias produtivas, cadeia da carne, cadeia da construção civil, indústria de vestuário, multinacionais, inclusive. Salvo raríssimas exceções em que há algo muito periférico, a constatação é que geralmente é uma cadeia global. Essa operação não funciona sem uma fonte constante de financiamento. O dinheiro que vem, o crédito dos bancos, é o sangue que permite fluir essa economia globalizada. Portanto, não há a menor dúvida que, se o trabalho escravo persiste, em grande parte passa pela possibilidade do escravagista continuar operando nessa cadeia global sem consequências.

Nesse sentido, quando o senhor diz que as concessões de crédito são recorrentes, acha que a maior parte das empresas atualmente na lista suja tenha conseguido crédito bancário mesmo depois de elas terem sido condenadas?

A maior parte, sim. Se não obtiveram por crédito rural, obtiveram sob alguma outra linha de crédito, o que torna ainda mais difícil de descobrir, mesmo com quebra de sigilo bancário. Você vê com frequência na lista empreendimentos de porte e não um produtor pequeno batalhando pela sua sobrevivência. Você tem grandes produtores, usinas, e a busca e obtenção de crédito bancário são rotineiras para sua manutenção.
Enquanto existir a opção de se obter o crédito sem consequências, isso continuará acontecendo. E a consequência poderia ser inclusive não a negação pura e simples ao crédito, mas uma forte mitigação. Uma opção ou outra induziria o empregador envolvido em trabalho escravo ou infantil a fazer as contas e verificar se realmente vai continuar obtendo lucro maior e mais fácil com a manutenção de condições muito ruins de trabalho ou se vale a pena, já que seus custos estão aumentando, regularizar e passar a utilizar a mão de obra como determina a lei.

O senhor afirma que a ação é inédita no mundo…

Isso foi mencionado em um seminário ocorrido neste ano, organizado pelo MPT junto à Universidade da ONU. As ações não haviam sido propostas ainda, estavam perto de ser, e eu mencionei em linhas gerais qual seria o conteúdo das ações, e o representante da Universidade da ONU mencionou que, no conhecimento dele, não existia algo do tipo em outros países. Não chega a ser uma surpresa porque, embora esse assunto seja até mais fortemente discutido no exterior, na Europa por exemplo, ainda são poucos os países que possuem uma norma legal clara tratando do assunto. Na maior parte dos países, mesmo quando existe uma lei, ela é mais colocada em termos de prestação de informação sobre quais providências se tomar em termos de responsabilidade socioambiental, mas não fica muito clara qual seria a consequência e menos ainda quem fiscalizaria se isso ocorre ou não.

Pensando na Organização Internacional do Trabalho (OIT), embora haja resoluções internacionais, não há medidas de fiscalizações tão fortes?

Sim, há algum tempo a OIT dá ênfase mais em normas principiológicas do que em regras concretas que você aplique nas relações de trabalho de forma imediata. Isso se dá por vários motivos, a conjuntura política econômica de décadas já. Mas realmente houve um afastamento dessa linha [da fiscalização].

O MPT negociava, há anos, um acordo com os bancos. Como se deu a mudança de comportamento de seus representantes, que levou à contraproposta nas últimas audiências?

Enquanto estávamos discutindo com as pessoas que trabalham nos departamentos de responsabilidade socioambiental dos bancos, as conversas eram produtivas e havia a perspectiva de algum avanços. Mas para o fim dessas discussões, quando a Febraban chegou a apresentar a contraproposta mais concreta, chamou muito atenção que, em certo momento, o discurso de defesa apresentado não era sequer o do banco, mas do cliente do banco. Por exemplo, justificativas como “a empresa tal está na lista suja, mas isso é injusto porque ela não fez, foi assim ou assado”. Isso é algo bastante estranho. É um argumento de defesa legítimo da empresa cliente do banco, mas não faz sentido que seja a perspectiva do banco, porque para ele importa o risco. Quando ele nega crédito porque alguém está na Serasa ou no SPC Brasil, o banco só está tomando a informação e levando em conta que não é obrigado a conceder crédito. Os bancos avaliam o risco para si e tomam a decisão, eles não levam em conta a situação do cliente, se o cliente foi incluído na Serasa de forma injusta etc. O banco não iria endossar e dizer que “a princípio não poderiam tomar a Serasa e o SPC como fontes de informação confiáveis porque o caso é injusto”. Simplesmente não acontece. Então é estranho que, no caso da lista suja do trabalho escravo, a perspectiva de repente mude e o banco passe a assumir a defesa não do seu interesse em relação ao risco, e sim do seu próprio cliente. Se o cliente representa algum risco, não interessa ao banco confirmar a concessão.

Qual seria o motivo de os bancos estarem assumindo essa posição?

Analisando a documentação, parte dela protegida por sigilo, vimos que, em alguns casos, os bancos forneceram inclusive trocas de e-mail com as empresas. É interessante ver como existe praticamente um cabo de guerra dentro do banco, com, de um lado, o setor socioambiental tentando puxar para o reconhecimento do risco, tentando identificar e dizendo que é uma operação não recomendada, e, do outro lado, o setor comercial, o gerente que atende o cliente, a instância superior que efetivamente decide, tentando uma perspectiva de fechar a maior quantidade de contratos possível, obter o maior lucro, bater meta, visando à importância do cliente, os investimentos dos sócios. Nisso, o setor de responsabilidade socioambiental tenta fazer seu trabalho e aplicar as políticas do próprio banco. O que se constata em tudo isso é que o que prevalece é a perspectiva do comercial e do lucro imediato, e não a do socioambiental. Isso é um conflito que existe. Os bancos criaram esses setores porque sabem que existe esse risco e uma cobrança social e política em nível planetário, principalmente depois da crise de 2008. Mas eles não empoderam esses setores e departamentos. Então incorporou-se aspectos dessas preocupações, mas isso não é repercutido no dia a dia dos negócios.

Os representantes dos bancos chegaram, em algum momento, a desconsiderar a legitimidade da lista suja?

Sim, a contraproposta na verdade acaba de forma expressa descaracterizando a lista suja. Dizendo, por exemplo, que ela só vale para crédito rural, crédito com subsídio do governo e financiamentos do BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social]. Como se não tivesse nenhuma outra relevância para qualquer outra linha de crédito. Então, sim, chegou-se a esse ponto.

A maior parte das transações comerciais encontradas com a quebra de sigilo realizada em 2011 foram de empresas do agronegócio. O senhor acredita que, no atual governo, mais próximo à bancada ruralista e às flexibilizações trabalhistas, o trabalho dos auditores do MPT está ameaçado?

Não tenho como lhe dizer sobre aspectos políticos, porque o MPT não atua na esfera política. O que posso dizer é que, para o mundo do trabalho, os tempos atuais estão com enormes desafios e um risco de retrocessos que já vem há vários anos, na verdade. O MPT deve continuar fazendo seu trabalho, evitando a precarização e buscar outras formas, inclusive, além das tradicionais, de se obter o cumprimento da legislação, e, nesse caso específico, de direitos humanos fundamentais. Nesse sentido, esse caminho da responsabilização de instituições financeiras merece ser encorajado porque tem a capacidade de reduzir comportamentos socialmente indesejáveis, compatibilizando isso com o lucro dos bancos.

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‘In Rio de Janeiro, the Militia Isn’t a Parallel Power. It’s the Government.’

Pública - sab, 15/06/2019 - 16:36

In the following interview, a sociologist who has studied Rio de Janeiro’s [vigilante off-duty police] militias for 26 years explains the relationship between lawmakers and militia members and says that the Bolsonaro family is the political heir of representatives linked to extermination groups that were active in the 1990s.

In January, during a police raid dubbed Operation Untouchables, members of the militia that operates in Rio das Pedras, in Rio’s West Zone, were arrested. One of the targets of the operation was former Military Police captain Adriano Magalhães da Nóbrega, accused of heading the Rio das Pedras militia and taking part in the Crime Bureau death squad—currently under investigation for the murder of Rio city councilor Marielle Franco. His mother and wife took part in the cabinet of Flávio Bolsonaro (son of Brazilian president Jair Bolsonaro) in the Rio de Janeiro State Legislative Assembly (ALERJ). Flávio Bolsonaro also awarded Nóbrega with the Tiradentes Medal, the greatest honor granted by ALERJ.

The news didn’t come as a surprise to José Cláudio Souza Alves, author of the book From the Barons to Extermination: A History of Violence in the Baixada Fluminense. A sociologist and former associate dean of academic extension programs at the Federal Rural University of Rio de Janeiro (UFRRJ), Alves has studied the militias for the last 26 years. In an interview with Agência Pública, he vehemently summarizes: “The militia is the government.”

‘They are formed by government agents themselves—assassins and militia members who are also representatives and city council members. A militia member is the Environment Secretary. Without this direct connection to the political system, there wouldn’t be militia activity to the extent that there is today,” he adds.

According to Alves, it is common for militia members to have their family serve in the offices of representatives and city councilors. ‘This is very common. This connection gives them power in their communities. Now they will be called upon in the community: “He’s the guy who has power up there with the representative. If we need anything sorted out, just talk to him. He will talk to his mother or wife and they’ll speak directly to Flávio [Bolsonaro]. Problem solved.”

In this interview, Alves explains the origin of these groups and their ties to politics: “Five decades of death squads resulted in 70% of voters supporting Bolsonaro in the Baixada Fluminense.”

Check out the main excerpts from the interview.

Agência Pública: How did the militias emerge in Rio de Janeiro?

José Cláudio Souza Alves: They exploded during the military dictatorship. In 1967, the Military Police emerged in its current form as a heavily present force to provide support to the military at the time. From there, the death squads were born. At the end of the 1960s, militias emerged as extermination groups composed of Military Police officers and other agents from security forces that acted as for-hire assassins.

These death squads arrived in full force in the 1970s. After awhile, civilians began to emerge as the leaders of death squads—but they were always tied to government agents. This was in the 1980s. With democratization, these same assassins from the 1980s started getting elected in the 1990s. They become mayors, city councilors, and state representatives.

Between 1995 and 2000, we saw the emergence of the prototype of what would later become the militias in the Baixada, in the West Zone, and across Rio de Janeiro. They are associated with urban land occupations. They are leaders who emerge from these occupations and who are directly connected to land issues in the Baixada Fluminense. From 2000 onward, these militia members became organized as they are today. They are Military and Civil Police officers, firefighters, and security agents. They are active in areas that previously had a drug trafficking presence and engage in a conflictual relationship with traffickers. At the same time, they establish a power structure built on collecting fees [extortion] and selling basic services and urban commodities such as water, landfill sites, and land.

Is there public support for the militias?

The militia emerged with the discourse of countering drug trafficking. This rhetoric still works. However, as time passes, people begin to realize that they kill anyone who opposes them. And they start to control many businesses [including drug trafficking]. So the population gets scared and doesn’t support them as much. That’s always the story with militias.

What’s the story of Rio das Pedras?

Rio das Pedras is a growing community home to many poor people [originally] from Brazil’s Northeast. There are plots of land there where you can’t build anything because the conditions are inadequate—too unstable—so there is only one specific stretch of land where you can build. These are informal plots of land, unoccupied public land, or land owned by people who couldn’t stay. So the militia starts controlling, seizing, and legalizing land ownership—sometimes even through the City by paying property taxes. The land system is not regulated, giving these militia members easy access to information in order to go ahead and take over these areas and then start to sell them.

Was Rio’s first militia in Rio das Pedras?

It’s not exactly like that. The way I see it, the militia began in different places at the same time. So there is one in Rio das Pedras, but there is also a militia presence across Rio’s West Zone and in Duque de Caxias, in the Baixada Fluminense, for example.

In my view, 1995 to 2000 was roughly the period in which these urban land occupations emerged—not yet a militia prototype but rather a form of local leadership that resembled control by violence, a more authoritarian style of political control.

But in Rio das Pedras this emerged much more quickly. That is where the tendency to collect fees [extort] began, which wasn’t happening yet in other places. Local business owners are the ones who pay them.

It is a deprived and impoverished community that continues to grow with the influx of migrants from Brazil’s Northeast. And the community faces a group of militia members who are being called to provide protection and prevent drug trafficking from entering. But the truth is that their intention is to protect the commercial interests of these shopkeepers and businessmen who have established themselves in Rio das Pedras and who are financing these guys.

How many militias are there in Rio de Janeiro?

I have the sense that they are many. For example, there are many that are active in São Bento and in Pilar—the second largest neighborhood in Duque de Caxias. They are in Nova Iguaçu and in Queimada. Practically every municipality in the Baixada Fluminense has the presence of militias. Seropédica, for example, is a city controlled by militia members these days. They control security fees levied from businesses [extortion]. There are many sand quarries, where lots of sand is extracted—much of it illegally. So they also charge fees [extort] there. Motorcycle taxi drivers have to pay R$80 (US$20) a week so they can work. Popcorn vendors have to pay R$50 (US$12.50) a week. It’s crazy.

They say that it’s for safety and protection—that they are supposedly protecting these businesses. But then they control the distribution of water, cooking gas, cigarettes, and liquor. There are stories of people who didn’t accept the way things were and ended up getting killed, for example.

In addition, they are paid to conduct summary executions. So there is a market that has been moving millions for a while now.

They also deal with drug traffickers—with specific factions. The Third Pure Command (TCP) operates here in some of the cities in the Baixada by dealing with the militias. They make agreements with the traffickers and also make money from them. They charge rent for some areas. It’s the same relationship that the police has with the traffickers: you can only operate there if you pay a bribe.

José Cláudio Souza Alves, author of the book From the Barons to Extermination: A History of Violence in the Baixada Fluminense

Press coverage of Operation Untouchables cited the Death Bureau, a for-hire extermination group. Is this common?

Yes. I’ve never heard of a militia that doesn’t practice summary executions. Normally, the militia has a team or group responsible for these executions. When there’s a business owner who doesn’t want to pay or a resident who doesn’t want to pay for the real estate they acquired—any problem or disagreement with the militia’s interests—this armed division is put into action to kill.

The new thing about the militia is the array of services that they manage beyond summary executions and security. It’s everything: cooking gas, cable TV, informal transportation, land, real estate. Now the militia isn’t just tied to shopkeepers and businessmen. They have become more sophisticated in their management.

What other illegal businesses are militia members involved in?

In Duque de Caxias, they steal oil from the pipelines of Petrobras [Brazil’s state-run oil company] and build miniature distilleries at people’s houses. It’s all illegal and highly risky. Then they sell adulterated fuel. They build clandestine landfills in the middle of the region with dredgers and tractors and charge people to bury their waste. It’s R$1,000 (US$250) per truck, no matter where the waste comes from. It can be contaminated, industrial, or hospital waste. They build clandestine landfills throughout the region.

The militia also has control over public goods like landfills and they appropriate theses spaces in order to carry out illegal activities…

The foundation of the militia is the militarized control of geographic areas, so urban space is in itself a source of profit. If you control this urban space militarily—with the use of arms and by means of violence—you are going to make a profit on it. How? You sell real estate. For example, you have the Minha Casa Minha Vida public housing program. You build housing complexes. Then the militia comes and militarily assumes control of the area and determines who is going to occupy the houses, even charging fees [extortion] from residents.

In another area, they sell real estate and make money off the land, which is either public or belongs to other people. So the militarized control of these spaces is the foundation of the militia. How do they get ahold of this information? They have information from inside the political system.

You need political support to do this. I’ll give you an example. In Duque de Caxias, a fair number of public schools aren’t supplied by the State Water and Sewerage Utility (CEDAE). Water doesn’t get there. How do those schools function? They are supplied by water trucks. Who sells them that water? Who won the public tender to distribute water at absurd prices with these water trucks? People connected to militias. So there you have a connection to public services—we’re talking about a lot of money—and it comes down to the political interests of a certain group within the city government who stands to benefit from this information and make money from it.

The Baixada and Rio de Janeiro are huge labs for illicit and illegal activities that collude to strengthen a political, economic, cultural, and geographically established power structure predicated on violence and armed control.

Did the militias emerge in Rio de Janeiro due to the government’s absence?

The government is consistent. Assassins get elected. Militia members get elected. They have direct relationships with the government. They are government agents. They are the government. So don’t tell me that the government is absent. It is the government that determines who is going to operate the militarized control and security in the area. Because they, themselves, are government agents. Assassins and militia members are also representatives and city council members. A militia member is the Environment Secretary.

As I always say: it’s not a parallel power, so don’t use this term. It’s the power of the government itself.

I’m talking about a government that is becoming involved in illegal operations—becoming more powerful in illicit activities than it is in the legal sphere. This way, it can rule over your life in a totalitarian way. And you can’t oppose that.

But on the other hand, it’s the people who elect members of the militia…

Don’t come telling me that residents are conniving criminal accomplices. Did these people elect Flávio Bolsonaro, who is known to possibly have connections to these groups? They did. But in what conditions are these people living to reach this point? This population is subject to misery, violence, and poverty imposed on them.

Five decades of death squads resulted in 70% of voters supporting Bolsonaro in the Baixada Fluminense.

In its three terms heading the federal government—fourteen years in power—the Workers’ Party (PT) didn’t scratch the surface of this structure. They provided [public assistance through] Bolsa Família and many political groups became linked to the PT, but the party did not change anything about this structure. The PT built political alliances and sought out support among these groups.

Since you mentioned the Flávio Bolsonaro story: what connects a politician’s office to a militia member, as was his case with the mother and wife of Adriano Magalhães da Nóbrega?

It’s the Bolsonaro family’s discourse, which started some time ago with the father [Jair Bolsonaro] and later was politically projected onto his sons. They are the heirs of police commissioner Sivuca [José Guilherme Godinho Sivuca Ferreira, who was elected as a federal representative for the Liberal Front Party (PFL) in 1990], the guy who coined the expression “a good thug is a dead thug;” of Emir Larangeira, who was also elected a federal representative in 1990; and of members of the old guard—the political division of the death squads.

This rhetoric has been perpetuated and consolidated. Of course, militia members will back up this discourse and strengthen themselves with it. In the public security plan proposed by Bolsonaro during his presidential campaign, he said that Military Police officers are national heroes, that the officers need to be supported and backed up and should receive awards.

And they will be supported by the law by being granted impunity for killing in the name of self-defense. It’s in Bolsonaro’s governance plan. So you have sectors that have operated illegally since the military dictatorship conducting summary executions who are hearing this kind of rhetoric. It’s music to their ears.

It’s no coincidence that Flávio Bolsonaro mentioned and awarded these militia members, who were later arrested, in the state legislature.

Beyond this symbolic discourse, do you also see financial ties between the militias and politicians?

There’s an operation inside the official political system. For example, in Duque de Caxias, there’s a general registry of publicly owned land. There are militia members who look in the City’s files for plots of land or buildings with an accumulation of unpaid taxes. This militia member starts paying off the debt and then requests for the property to be transferred to his name. The City agrees. It’s a simple procedure. Then, the old owner will never have the nerve to demand the property back because it becomes militarily controlled.

Without these elements, these individuals, and this direct connection to the political system, there wouldn’t be militia activity to the extent that there is today. It is critical for the structure to be this way. It’s essential. That’s why I say that it’s not a parallel power—it is the government.

And there are politicians who are elected to office with that money. The militia’s money finances the power of politicians like Flávio Bolsonaro, whose political power, in turn, helps the militia make more money. It’s a two-way street. It’s essential for the system to be this way. This is how it is perpetuated.

Is it common to see cases like that of Adriano Magalhães de Nóbrega, whose mother and wife were hired as staffers in Flávio Bolsonaro’s office?

Yes, it’s very common. You create a connection based on power and money with these people. Through his wife and mother, this guy creates an immediate tie to Flávio Bolsonaro, which gives him strength. These two people are creating an immediate, personal family connection between Nóbrega and Bolsonaro. This connection gives him power in his community. Now he will be called upon in the community: ‘He’s the guy who has power up there with the representative. If we need anything sorted out, just talk to him. He will talk to his mother or wife and they’ll speak directly to Flávio [Bolsonaro]. Problem solved.’”

They’re creating a power structure built around family ties. You see: it is what they support. They [the Bolsonaros] support the family structure. If you investigate further, you’ll see that it’s religion-based too. Evangelical churches are connected to this structure. So it’s a perfect structure—it’s traditional and conservative and it utilizes religious language, which is a highly credible language.

It also shows how these people operate. They’re not operating in hiding. Nóbrega, Flávio Bolsonaro, Bolsonaro himself, the assassins in the Baixada. These groups that deal with violence, summary executions, and organized crime aren’t keeping a low profile.

In Brazil, what you have is overexposure. I could come up and say up front: “I’m the man, I’m the killer, I have connections with so-and-so. I work in this or that office.” This is to make it very clear what you’re up against if you try anything.

It’s entirely based on fear. And not only fear—it’s real.

On their political capital: do they also have the power to manipulate the public vote during elections? Is there an organized network for this?

Actually, the militias sell the votes of entire communities. Here in the Baixada as a whole and in the West Zone. They sell “packages” of votes. They have control. They have precise control of voter ID, polling stations for each ID, how many votes they will get there. They can identify who didn’t vote for them.

But aren’t steps being taken to dismantle this structure, as seen in Rio das Pedras?

Operation Untouchables might be among the more historic operations. But I have been very critical of this type of operation. The militia is a network—a very big network—so for each person arrested, you have one hundred others to fill their spot. Because if you keep the structure working, it will be perpetuated economically and politically.

Nobody touches these guys. Usually, they only bother the drug traffickers. And traffickers aren’t the most powerful. Militias have more power than traffickers. Militia members get elected, traffickers don’t. The militia’s economic base is expanding—it hasn’t been touched. The surface hasn’t even been scratched. This isn’t the case with drug traffickers—they are always killing and being killed. The militia is the government.

Yet more, you look at the faces of arrested militia members and there is a tendency for all of them to be white. There’s going to be one or another who is brown, but they don’t tend to be black. And they aren’t skinny—they’re well fed. I’m sure that the class to which militia members belong is different from that of the drug trafficking gangs. They aren’t as poor. They aren’t as black. They aren’t as peripheral.

Beyond this political relationship, is there also a financial one? How do militia members move money through these political connections? What was the role of [Fabrício] Queiroz in Flávio Bolsonaro’s cabinet, for example?

Well, there was a large suspicious bank transaction of R$7 million (US$1.75 million). From there, you can deduce. This guy [Queiroz] might just be a middleman. He was a staffer, but at the same time, he had two roles. He gets political support from Flávio Bolsonaro. He is the link between this office and the militia—between the interests of this militia, those who are served by it, and this office. At the same time, he moves up within the militia’s hierarchy.

I don’t know what his story is. But maybe he was already in the militia and moving money. Then, for example, if he is a “front” or an associate—a guy who is part of the organization charging security fees, for example, and moving money. Lots of money. Then suddenly, he transfers part of that money into his personal account. This is an organized crime strategy that he used. So that might explain these R$7 million.

May this be only one transaction among many?

It’s just the tip of the iceberg. What I really want is to see this case be investigated. They would find something much bigger.

Regarding Marielle’s case: the case is back in the spotlight because the militia members arrested [in January] during Operation Untouchables were part of the Crime Bureau, a group suspected to be involved in Marielle’s death. At the end of last year, Rio’s State Secretary of Public Security Richard Nunes stated that the murder is related to illegal land-grabbing. Do you believe that she was killed because she got in the militia’s way?

There are two connections. There is the fact of getting in the way and harming their interests. Marielle Franco had the power to cause them harm by organizing a Parliamentary Commission of Inquiry (CPI) to force the government and the media as a whole to address this issue. If she repeated what Marcelo Freixo did in 2008 in the Rio de Janeiro City Council, she would expose them. She had Freixo’s support, so Marielle had uncompromising political support that would not sell out to special interests. So she was a threatening figure to them.

Another aspect is the fact of her being a woman—a very intense, truthful woman who was not intimidated. She stood up against them, face-to-face. She never subordinated herself. They can’t stand women with these qualities—that’s the truth.

Marielle Franco, Patrícia Acioli (who was also murdered); and Tânia Maria Sales Moreira (a District Attorney here in Duque de Caxias who received many death threats, but died of cancer)—these three women share this profile. They are very brave women with lots of determination and the truth on their side. They don’t accept subordination and don’t give in. These guys can’t stand this kind of woman. They will eliminate them. It’s total misogyny; they don’t accept any woman treating them like this.

Since the start, I called it: the murder was committed by death squads closely connected to militia members. It’s their M.O.

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Shining a light on sustainable power: how clean energy is helping to improve camps for displaced people

UN SGDs - sex, 14/06/2019 - 23:10
Hauwa, from Borno State in north-eastern Nigeria, fled her home village of Adamari with her husband and four children in March, when violence struck. Now, she is in the relative safety of a UN-run camp but, with little electricity available at night, lighting is scarce, and darkness can mean danger. However, thanks to a solar-energy initiative from the UN migration agency IOM, that is beginning to change.
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Los glaciares se derriten y la contaminación del aire es una causa

IPS español - sex, 14/06/2019 - 13:29

Lago Humantay, en Perú. Crédito: Giacomo Buzzao

Por Corresponsal Fao
PANAMÁ, Jun 14 2019 (IPS)

En las profundidades de las capas de hielo de la cordillera de los Andes en Perú hay evidencias de la contaminación del aire causada por el hombre.

Igualmente, en el núcleo del glaciar Quelccaya, de 1.200 años de antigüedad, los científicos encontraron rastros de plomo y mercurio, químicos utilizados después de la ocupación española en las minas de plata de Potosí, en Bolivia.

“Los glaciares reciben elementos traza exclusivamente de la atmósfera y, por lo tanto, pueden usarse para evaluar con precisión el posible impacto a gran escala de las actividades antropogénicas a través del tiempo”, dice el informe del Centro Byrd de Investigación Polar y del Clima de la estadounidense Universidad de Ohio.

“Hoy en día, no hay glaciares en la Tierra donde no se pueda detectar la deposición atmosférica de origen antropogénico”, añade.

Los glaciares han estado en retirada durante varias décadas, pero lo que los científicos están aprendiendo ahora es el factor importante que juega la contaminación del aire en su declive.

Según la investigación realizada por el Instituto Nacional de Investigación sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) en Perú, el carbono negro fomenta el derretimiento de la nieve o el hielo en los glaciares de la Cordillera Blanca, ya que intercepta y absorbe la luz solar, favorece el aumento de temperatura.

“El origen del carbono negro que se deposita sobre los glaciares es de diferente procedencia. Puede ser de los incendios forestales, la quema de pastos y residuos agrícolas, así como del parque automotor”, dijo Jesús Gómez, director de Investigación de Glaciares del Inaigem.

“Los resultados también evidencian que la concentración de carbono negro es mayor en los glaciares cercanos a las grandes ciudades, como es el caso de Huaraz, en comparación a los más lejanos, como es el caso del (glaciar) Yungay”, explicó.

A medida que los glaciares se derriten, las ciudades y pueblos cercanos tienen inicialmente más agua.

Pero con el tiempo, el suministro de agua de los glaciares disminuirá, y en algunos lugares pueden incluso experimentarse avalanchas e inundaciones.

Los efectos en Perú pudieran ser de más amplio alcance y amenazan los medios de vida de millones de personas, especialmente en lo que respecta a la agricultura peruana y el suministro de agua dulce de Lima, su capital.

En Colombia, los glaciares suministran solo entre cuatro y ocho por ciento del agua en las cuencas altoandinas, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam).

Pero, como en el resto de los países andinos, además de sus aportes ecosistémicos, los glaciares tienen un valor cultural y turístico.

“En Colombia, para las comunidades indígenas los glaciares son sitios sagrados, para los deportistas de montañas son escenarios deportivos, para los investigadores son laboratorios, para la mayoría de los colombianos tienen un valor paisajístico”, dijo Jorge Luis Ceballos, encargado del monitoreo de los glaciares en el Ideam.

“Pero, sobre todo, el glaciar se considera un indicador de los cambios que se suceden en la alta montaña”, añadió.

Los investigadores de Ohio admiten que a pesar de que la contaminación del aire causada por el hombre en la región andina se remonta a la conquista española, las transformaciones que podemos encontrar en el siglo XX no tienen precedentes “en toda la historia de la humanidad”.

La mayoría de los glaciares del mundo se han reducido en las últimas décadas debido al aumento de la temperatura global, pero el fenómeno es especialmente rápido en los Andes tropicales desde la década de 1950, según el Atlas de Glaciares y Aguas Andinos, publicado recientemente por la UNESCO y GRID Arendal.

El único glaciar que todavía queda en Venezuela debería desaparecer de aquí a 2021, y en Colombia, es probable que para mediados del presente siglo solo resistan los glaciares más grandes situados en los picos más altos, indica el informe.

Gómez, al igual que otros científicos, cree que el derretimiento de los glaciares podría frenarse si, además de reducir las emisiones que causan el calentamiento global, tomáramos medidas para minimizar la contaminación del aire e invirtiéramos en la conservación de los ecosistemas de montañas con cabeceras glaciares.

“El solo hecho de evitar los incendios forestales, y la quema de pastos y rastrojos de la agricultura, y aumentar el control sobre la emisión de gases de los vehículos y la industria, se estaría reduciendo en gran medida la cantidad de partículas de carbono negro, entre otras, que se depositan en los glaciares”, afirmó.

Los gobiernos y las autoridades también pueden considerar mejorar la gestión de los recursos hídricos, con sistemas de riego más eficientes, aumentar la calidad del agua en ríos cercanos a las ciudades, y reforestar los ecosistemas de montaña con especies nativas que contribuyan a regular las funciones hídricas.

ONU Medio Ambiente trabaja en Perú y en otros países de la región para desarrollar y mejorar las políticas que benefician la salud de los ecosistemas. Estas incluyen programas para fomentar los estándares de los combustibles, la movilidad eléctrica, los sistemas de transporte público sostenibles y la gestión de la calidad del aire.

“A nivel nacional, un paso clave para controlar la contaminación del aire es poder medirla”, dijo Sean Khan, jefe de la Unidad del Sistema de Monitoreo Global del Medio Ambiente de ONU Medio Ambiente.

“Comprender sus fuentes, patrones y tendencias es importante para comprender si queremos reducir su impacto en las personas y los ecosistemas. Perú ya está explorando la idoneidad de la tecnología de sensores de bajo costo para medir gases traza y partículas finas en el aire e identificar puntos de contaminación”, añadió.

Este artículo fue originalmente publicado por ONU Medio Ambiente América Latina y el Caribe, con quien IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial para la difusión de sus materiales.

RV: EG

El artículo Los glaciares se derriten y la contaminación del aire es una causa fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Guatemala, un socio incierto de México para frenar la migración

IPS español - sex, 14/06/2019 - 12:56

La propaganda de Erik Súñiga para su reelección como alcalde de Ayutla, una localidad fronteriza con el estado mexicano de Chiapas, domina sus paredes, pese a que el tribunal electoral anuló su candidatura para los comicios generales del domingo 16 en el país. Crédito: José Ignacio de Alba/En el Camino

Por José Ignacio De Alba
AYUTLA, Guatemala, Jun 14 2019 (IPS)

Raúl Morales dice que votará para alcalde por Erik Súñiga en este municipio de Guatemala, en la frontera con México, a pesar de que el candidato está acusado de narcotráfico y de que lo busca la DEA.

Como razón explica que Súñiga prometió que construirá un cine en la cabecera municipal de Ayutla y el joven de 24 años piensa que así ya no tendrá que cruzar ilegalmente a México, atravesando el fronterizo río Suchiate, cada vez que quiera ver una película.

El único cine al que Morales puede asistir en Guatemala está a tres horas de aquí, en el departamento de Retalhuleu. El muchacho se dedica a vender medicinas naturistas en la calle. Viste un chaleco negro, a pesar del calor, y es un entusiasta de la biblia, especialmente de la parte apocalíptica.

El cinéfilo Morales cuenta que la última película que vio en Tapachula fue Endgame de los Avengers; jura que fue en 3D. El domingo 16, piensa acudir a votar, pero solo lo hará por el candidato a la presidencia municipal (alcalde) de Ayutla, Erik Súñiga.

“Los demás, incluido el presidente, son lo mismo”, dice.

El joven aún no sabe que el Tribunal Supremo Electoral revocó la candidatura de Erik Súñiga. Las autoridades guatemaltecas también le quitaron la posibilidad de participar en las elecciones a Otoniel Lima, que contendía en otro municipio.

De todos modos es probable que Morales vote por Súñiga, pues a estas alturas sería imposible cambiar las boletas electorales. Además la publicidad del político sigue tapizando las calles con el lema de su campaña: La seguridad de Ayutla está en tus manos.

En abril, Súñiga fue acusado por la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) de tráfico de estupefacientes. Según el gobierno estadounidense, Súñiga trabajó para el Cártel de Sinaloa desde 2008. Incluso, las autoridades norteamericanas piden la extradición del candidato.

Y no solo los gobiernos locales tienen problemas serios con la infiltración del crimen organizado en Guatemala.

Desde la clandestinidad, Súñiga encabezaba las preferencias para reelegirse en esta región de Guatemala.

Una larga lista de exfuncionarios de primer nivel están encarcelados por corrupción y un repertorio de delitos en Guatema. Entre ellos, los expresidentes Otto Pérez Molina, Alfonso Portillo y Álvaro Colom. Crédito: José Ignacio de Alba/En el Camino

La historia de Ayutla, una localidad de 40.000 habitantes que está en la frontera con México, muestra muy bien las complicaciones que tiene el gobierno mexicano por estos días.

El ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha negociado con Estados Unidos sentar las bases para un desarrollo económico en América Central que detenga el flujo migratorio que este año alcanzó récords históricos.

El gobierno mexicano tiene un límite de 45 días para demostrar que, al menos, es posible pensarlo, según lo acordado con Washington.

Pero el problema visto desde aquí es un poco más difícil. Guatemala, el principal país con el que Ebrard tiene que negociar las condiciones para detener el éxodo, celebra elecciones este domingo, en una jornada en que escogerá a al próximo presidente, vicepresidente, diputados y 360 alcaldes.

Y la corrupción tiene de cabeza a este país al sur de México.

También el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, es señalado por violaciones en el financiamiento de su campaña. El político bloqueó la operación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que investigaría a su hijo y a su hermano por fraude.

Guatemala es la puerta de entrada a México por la frontera sur. Por aquí tienen que pasar, forzosamente, salvadoreños y hondureños, entre muchas nacionalidades. El país se convierte en un embudo para el paso de personas, pero también de mercancías ilícitas.

El caso de Ayutla ejemplifica bien los problemas que tendrá el gobierno mexicano para aplicar, en lo local, su ambicioso plan de desarrollo para la región.

El gobierno mexicano busca intercambiar la militarización por el desarrollo, según ha explicado el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo una premisa sencilla: detonar las economías de los países expulsores para que las personas no tengan necesidad de salir.

El plan, sin embargo, no parece tan sencillo visto desde el sur.

Súñiga, el alcalde que hasta el lunes 10 tenía más posibilidades de ganar las elecciones en el municipio colindante con la ciudad mexicana de Tapachula, en el estado de Chiapas, buscaba reelegirse por cuarta ocasión.

Su administración ha durado 11 años, durante los cuales alcanzó una gran popularidad, al grado de que pudo formar su propio partido político: Crecer.

El círculo más cercano al ahora excandidato buscado por la DEA podría reemplazar la candidatura, incluso su hija, que fue Miss Guatemala en 2017. Durante el concurso de belleza Miss Universo, en el que participó a los 22 años, la modelo dijo que una de sus aspiraciones en la vida era ser política.

Gabriel de la Rosa, otro poblador de Ayutla, advierte: “como quiera gana don Erik”.

Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

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Ciudades de luz para refugiados contrarrestan política de Trump

IPS español - sex, 14/06/2019 - 11:34

Una manifestación a favor de la acogida a los refugiados de las que se producen periódicamente en ciudades del estado de Nueva York. Crédito: Dominio público

Por Emily Thampoe
NUEVA YORK, Jun 14 2019 (IPS)

Mientras que el gobierno de Estados Unidos restringe el acceso a los migrantes y endurece su política con los refugiados, en algunas de sus ciudades en el estado de Nueva York realizan esfuerzos para integrar en sus comunidades a los refugiados y solicitantes de asilo.

Específicamente, en las ciudades de Utica, Búfalo y Siracusa están dando la bienvenida a los refugiados para que vivan y trabajen en ellas. Son urbes que comparten la frontera con Canadá y que, por ello, se han habituado durante muchos años a facilitar a los solicitantes de asilo a que ingresen a sus comunidades.

En 2018, había en Búfalo 69.058 residentes inmigrantes en su área metropolitana, según un informe de la organización no gubernamental New American Economy, que monitorea los movimientos migratorios.

La apertura a migrantes y refugiados de la ciudad contrasta con las restrictivas medidas contra la migración de la administración de Donald Trump, desde que asumió la presidencia en enero de 2017, especialmente en la frontera sur, con México. Igual sucede con los refugiados, cuyas cuotas anuales se reducen cada vez más.

Eva Hassett, la directora ejecutiva del Instituto Internacional de Búfalo, dijo a IPS que “la  administración de Trump redujó drásticamente el límite de admisión para los refugiados que ingresan a Estados Unidos, así que hay un número mucho menor de refugiados que llegan a Búfalo,  en el estado de Nueva York. Son números históricamente bajos para un programa que el país comenzó en 1980″.

Eso incluye a Búfalo y las otras urbes del estado con políticas similares, que las incluye en la categoría de “ciudades de  luz”, un concepto acuñado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Así categoriza al número creciente de ciudades en el mundo que decidieron acoger a refugiados y hacerlo de una manera cálida y amigable, brindándoles oportunidades y recursos que serán beneficiosos tanto para las comunidades como para quienes llegan para integrarse a ellas.

Se trata de colaborar en que los refugiados pueden llevar vidas más seguras de las que tenían en su lugar de origen y que forzaron su huida.

Según Acnur, las soluciones comunes para los refugiados incluyen la repatriación voluntaria a su país de origen,  el reasentamiento en otra nación y la integración en la comunidad de acogida.

Liz Throssell, portavoz  de Acnur para Estados Unidos y Europa, dijo a IPS que “para los refugiados que no pueden volver a su hogar, la integración en su comunidad local puede proporcionar una solución duradera, lo que les brinda la oportunidad de construir una nueva vida. La integración suele ser una tarea compleja y proceso gradual, con dimensiones legales, económicas, sociales y culturales “.

“Establece demandas considerables tanto para el individuo como para la comunidad de acogida. Pero cuando los refugiados se integran, esto puede traer beneficios para todos, ya que la persona puede contribuir económica y socialmente a la comunidad”, declaró.

Una de las imágenes que forman parte de la campaña de la ciudad estadounidense de Búfalo para promoverse como tierra de acogida para las personas refugiadas. Crédito: Alcaldía de Búfalo

Las últimas cifras de Acnur sitúan el número de refugiados por desplazamiento forzoso de sus países en 20, 2 millones de personas, mientras que se calcula que aproximadamente 1,1 millones de los solicitantes de asilo se han convertido en ciudadanos de los países de acogida.

En ello cumplen un papel esencial las ciudades de luz, al hacer sentir a los refugiados seguros y bienvenidos a través de medidas y políticas especiales, que incluyen formas de mantener su identidad cultural mientras se les ayuda a adaptarse a un nuevo entorno.

Entre esas ciudades de luz conocidas mundialmente están Yakarta, Kigali (Ruanda), Viena, São Paulo, Erbil (Iraq), Altena (Alemania) y Gdansk (Polonia).

A nivel de los gobiernos centrales, no solo en Estados Unidos sino también en países europeos se imponen crecientes restricciones a la acogida de migrantes y refugiados.

Pero, en contraste,  “cada vez más ciudades están trabajando para empoderar a los refugiados y aprovechar las oportunidades que brindan”, se congratuló Throssell.

“Los alcaldes, las autoridades locales, las empresas sociales y los grupos de ciudadanos están en la primera línea de la respuesta mundial respecto a los refugiados, fomentando la cohesión social y protegiendo y ayudando a los desplazados por la fuerza”, afirmó.

En el caso de Búfalo, los beneficios han incluido “la accesibilidad, el papel acogedor de la comunidad,  la defensa de los derechos y la inclusión, además de una gran cantidad de infraestructura de apoyo, buenos empleos y ciudades  fáciles de recorrer”, destacó Hassett.

Similares medidas y positivos efectos sociales se han percibido en Utica, Siracusa y la propia ciudad de Nueva York.

Por esa razón, mientras el tope de refugiados para este año se redujo en Estados Unidos a 30.000 por imposición de la administración de Trump, el estado de Nueva York se mantiene como un foco de acogida para ellos y los migrantes en general.

Hassett recordó que el “refugiado es un estatus migratorio, otorgado a una persona por el Departamento de Estado”, así que “los refugiados llegan documentados y autorizados para trabajar”, después de ser evaluados y sometidos a diferentes verificaciones por distintos organismos de seguridad.

Parte de ellos “se naturalizarán para ser residentes permanentes legales”, concluyó.

El Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos, establecido en 1980y varias veces modificado, ofrece 90 días de respaldo y apoyo financiero quienes ingresen con ese estatus, pero sus alcances han sido reducidos drásticamente por Trump.

Pero en las urbes del estado de Nueva York esas medidas del gobierno federal se contrarrestan con la promoción de empleo, así como servicios para el aprendizaje de inglés o para la ubicación de viviendas para nuevos refugiados o aquellos que ya estaban en otras partes de Estados Unidos.

La publicidad sobre el estado como tierra de acogida se realiza en gran parte a través de campañas de video efectuadas por  agencias de reasentamiento, grupos de Facebook, charlas en WhatsApp y medios impresos y digitales dirigidos por refugiados.

La política de las ciudades de este estado da una oportunidad a los refugiados, pero también permite al estado ampliar su población y su desarrollo.

El hecho de que más personas se muden a ciudades como Búfalo, Siracusa y Utica ha convertido áreas inutilizadas e inseguras en centros llenos de vida, cultura y diversidad.

T: MF

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Escándalo debilita al “héroe” de la anticorrupción en Brasil

IPS español - qui, 13/06/2019 - 16:08

Un muñeco inflable de 20 metros, con la imagen del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, como Superman, durante una manifestación en Brasilia, el 26 de mayo, parte de las concentraciones que se realizaron ese día a favor del gobierno en varias ciudades de Brasil. La imagen de súper héroe de Moro se desinfla por el escándalo sobre su indebida connivencia con los fiscales en las investigaciones sobre corrupción, que encabezó como juez. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 13 2019 (IPS)

Con un  gigantesco muñeco hinchable de Superman con su rostro, cientos de manifestantes reconocieron el 26 de mayo al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, como la fuerza moral del gobierno de Brasil. Pero un escándalo desinfló parcialmente ahora esa imagen de héroe y podría hacerlo del todo muy pronto.

Moro sostuvo diálogos indebidos con fiscales del Ministerio Público, cuando era el juez que ganó honores de héroe por condenar a centenares de políticos y empresarios acusados de corrupción en negocios de la empresa petrolera estatal Petrobras y otras grandes empresas locales, reveló el 9 de junio en su portal The Intercept Brasil, un grupo de periodismo de investigación.

Debería renunciar al ministerio, según algunos juristas y analistas políticos, considerando que actuó en complicidad con los acusadores y no como juez imparcial, cuando sus fallos fueron decisivos en las elecciones de 2018, en que triunfó el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, que luego lo designó como ministro.

“No creo que Moro renuncie y veo difícil su destitución, ya que Bolsonaro gobierna para sus adeptos, no para el país”, evaluó a IPS el abogado y ex defensor público Lizst Vieira, en referencia a que el gobierno actual se concentra en la relación con sus fieles, conectados por las redes sociales.

Las revelaciones pueden traducirse, según los críticos a Bolsonaro, en la anulación del juicio que llevó a la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), el 7 de abril de 2018, condenado por negociar favores de una constructora, en la forma de un departamento playero, en contraprestación a contratos de la Petrobras.

Otros juristas, incluido Moro, no identifican en las revelaciones nada que descalifique el juicio a Lula ni a la Fuerza Tarea de la operación Lava Jato o sobrepase los límites de diálogos normales entre juez y fiscales, especialmente en la tradición judicial brasileña.

Esas conversaciones provienen, según Intercept, de una fuente anónima que accedió a la memoria de los teléfonos celulares de Moro y los fiscales de la operación Lava Jato (autolavado de vehículos), que desde 2014 investiga la corrupción en Petrobras y otras grandes compañías de Brasil, como la constructora Odebrecht.

En esas conversaciones por la aplicación de mensajería Telegram, el juez orienta a Deltan Dalagnol, jefe del equipo operativo, indica un posible testigo para incriminar a Lula y sugiere caminos de la investigación, incluso mediante el uso de ardides.

Si se verifica la autenticidad de esos diálogos, en que el juez “aconseja” a los fiscales y toma partido en la acusación, habría razones para la nulidad del juicio a Lula, según juristas de variadas corrientes de pensamiento, principalmente abogados.

Moro habría violado las reglas judiciales, que imponen imparcialidad al juez. Los diálogos desnudan una complicidad entre el juzgador y los acusadores, además de la disposición previa en enjuiciar y condenar al expresidente.

Es como un árbitro de fútbol que aconseja a uno de los equipos como defenderse, que jugadores sustituir o, “en la peor hipótesis, inventando un penalti o un fuera de juego”, comparó el abogado Walfrido Warde, presidente del Instituto para Reformar Relaciones entre Estado y Empresa, en una entrevista con el diario Valor Económico.

Luiz Inácio Lula da Silva, durante una entrevista concedida en la cárcel de Curitiba, donde está preso desde abril de 2018. El expresidente podría lograr la libertad, al menos temporalmente, si se anula la sentencia que lo condenó a casi nueve años de cárcel, por la parcialidad evidenciada por Sergio Moro, que instruyó su caso y lo juzgó en primera instancia. Crédito: PT

Improbables consecuencias jurídicas

Pero es difícil que la revelación periodística por escandalosa que sea, conduzca a la anulación de juicios y sentencias. No son judicialmente válidas pruebas obtenidas ilegalmente, como la escucha no autorizada y las grabaciones obtenidas por Intercept.

La batalla entre Moro y Lula, eje político de la historia de corrupción destapada por Lava Jato, debe proseguir con nuevos vaivenes.

Dentro de algunas semanas, el Supremo Tribunal Federal (STF) juzgará un pedido de Lula, anterior al nuevo escándalo, para anular todo el proceso en que fue condenado, exactamente por “sospecha” inhibitoria o impedimento de Moro para juzgar el caso, ante su “parcialidad”.

Los diálogos revelados suman argumentos a la defensa de Lula, que siempre alegó inocencia y ausencia de pruebas en la acción judicial que lo condenó. Nunca fue propietario ni disfrutó el apartamento que le habría regalado la constructora OAS, arguye.

Pero testigos en contra de su afirmación, sus visitas al edificio y otros indicios fueron suficientes para la sentencia de Moro, ratificada por un tribunal de apelación y otro superior. La condena varió de nueve a 12 años entre la primera y segunda instancia, para quedar firme en ocho años y 10 meses.

“Es probable que el STF anule el proceso, es cuestión de tiempo”, vaticinó Vieira, basado en el Código del Proceso Penal brasileño que señala como “sospechoso” el juez que “haya aconsejado a cualquiera de las partes”.

“Pero buscarán alguna alternativa jurídica que no dañe la operación Lava Jato ni al exjuez”, matizó.

Moro “cometió un delito, por ello el juicio de Lula es nulo de pleno derecho y no hay dudas de que él es un preso político”, sostuvo el abogado, exfuncionario del sector ambiental en los gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), presididos por Lula y Dilma Rousseff de 2003 a 2016.

La anulación sería un triunfo pasajero. Lula responde a otras siete acciones judiciales, en una de las cuales fue ya condenado a 12 años de cárcel en primera instancia, también por haber recibido sobornos de constructoras por medio de obras en la finca de un amigo, usada por el expresidente.

A los 73 años, es poco probable que Lula vuelva a ser el candidato natural de la izquierda a la presidencia de Brasil, en las elecciones de 2022, pese a la gran popularidad que mantuvo aún después de ser condenado y encarcelado por  corrupción.

Las encuestas lo apuntaban como favorito en las elecciones de octubre de 2018. Por eso sus seguidores encaran la operación Lava Jato como una conspiración para  impedir el retorno de Lula al poder.

Varios deslices de Moro y de los fiscales en este gran caso alimentaron esa creencia, ahora fortalecida por las revelaciones de Intercept.

Los trascendidos debilitan a Moro entre políticos, medios jurídicos y observadores bien informados, incluso entre los que aplauden el exitoso combate a la corrupción, pero rechazan atropellos a las normas de la Justicia.

La población, sin embargo, permanece mayoritariamente indiferente a esas sutilezas legales e indignada con la corrupción, y difícilmente renegará de su héroe, exjuez y el ministro más popular del actual gobierno, más incluso que el presidente, según las encuestas.

“Si cae Moro, habrá crisis porque se trata de un sostén del gobierno”, según Alessandra Aldé, profesora de Comunicación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

Todo apunta a mayor polarización de la política, entre el gobierno de extrema derecha y la oposición de izquierda, sin diálogo posible.

“Los bolsonaristas parecen vivir en un universo paralelo”, que se alimenta de informaciones e ideas que circulan entre ellos por redes sociales, principalmente por videos en YouTube, observó Aldé a IPS, basada en estudios de su grupo de investigación.

La izquierda también tiene sus narrativas propias que poco convive con ciertas realidades.

En ese cuadro, la difusión de los diálogos entre operadores de la Lava Jato seguirá intensificando los antagonismos en la política brasileña.

Glenn Greenwald, uno de los fundadores de The Intercept Brasil, anunció que su publicación recibió masivo material y solo difundió una pequeña parte. “Secretos explosivos” serán conocidos gradualmente, prometió.

El periodista estadounidense residenciado en Brasil es también abogado y conoce bien el periodismo local para decidir la mejor forma de divulgar lo que tiene en sus manos, evaluó Aldé.

Greenwald se hizo mundialmente conocido al publicar en el diario británico The Guardian, en 2013, secretos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, revelados por su exagente Edward Snowden.

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo Escándalo debilita al “héroe” de la anticorrupción en Brasil fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Disputa por terra pode ter levado a assassinato de sindicalista no Pará

Pública - qui, 13/06/2019 - 12:06

Em silêncio, trabalhadores rurais sentados em um arco de cadeiras de plástico evitavam olhar o caixão colocado no meio da sala de reuniões do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Rio Maria (STTR de Rio Maria), município que fica na região sul do Pará, localizado a 960 quilômetros da capital Belém. A salinha de piso de concreto batido em tons amarelados e forro de plástico branco esburacado era o palco do velório de Carlos Cabral Pereira, 58 anos, presidente do sindicato, morto a tiros na última terça-feira, com claros sinais de execução, segundo a Polícia Civil. Aos poucos, a sala foi se enchendo. Alguns carros de som circularam pelas ruas do município durante todo o dia seguinte após a morte convidando a população a despedir-se de Carlos no velório realizado nesta quarta-feira, 12 de junho. Em um dos momentos mais emocionantes, familiares e amigos entoaram orações e cânticos em memória do sindicalista.

Carlos — ou Cabral, como era conhecido — foi baleado à queima roupa com dois disparos na cabeça e um no braço, em uma rua transversal à rodovia PA 155, que corta Rio Maria ao meio, no bairro Planalto, já quase na saída da cidade. Segundo relato de testemunhas à Polícia Civil de Rio Maria, os tiros foram disparados por dois pistoleiros que chegaram em uma moto preta. Ele morreu a poucos metros da casa onde morava com a esposa e as duas filhas de seu segundo casamento. Até o fechamento desta reportagem, os executores não haviam sido localizados.

Desde 1986, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) contabiliza 39 episódios de assassinato, tentativas de assassinatos e ameaças de morte em Rio Maria contra 15 vítimas diferentes. Cabral é o terceiro presidente do STTR de Rio Maria a ser assassinado desde 1986. Os outros dois — João Canuto e Expedito Ribeiro, também mortos a tiros — são figuras tidas como simbólicas por movimentos e organizações ligados à luta pela reforma agrária no Pará.

A Polícia Civil de Rio Maria recebeu o reforço de policiais da Delegacia de Conflitos Agrários (Deca), do município vizinho de Redenção (PA), e dos núcleos de Apoio à Investigação (NAI) e de Inteligência Policial (NIP) para investigar a morte do sindicalista. Por enquanto, existem duas linhas principais de investigação: a primeira é que a morte de Cabral poderia estar relacionada a denúncias feitas por ele à gestão anterior do sindicato e a segunda se refere à relação do sindicalista com uma ocupação de trabalhadores situada dentro da Terra Indígena Apyterewa, em São Félix do Xingu (PA).

José Cícero da Silva/Agência PúblicaAmigos e familiares se reúnem no cemitério municipal de Rio Maria para acompanhar o sepultamento de Carlos Cabral, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria Mortes impunes — Luzia perdeu o pai, dois irmãos e o ex-marido, executados

Até 1982, os lavradores sindicalizados do município de Rio Maria eram representados pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR) de Conceição do Araguaia. No final dos anos 1970, a entidade era comandada por Bertoldo Lira — um fazendeiro e “presidente biônico”, termo usado para caracterizar gestores empossados por determinação expressa dos militares. Em 1980, a primeira morte: o líder da oposição sindical do STR de Conceição do Araguaia Raimundo Ferreira Lima, conhecido como “Gringo”.

Arquivo CPTCarlos Cabral Pereira, 58 anos, presidente do sindicato, morto a tiros na última terça-feira (11/06), com claros sinais de execução, segundo a Polícia Civil

Em 1982, Rio Maria ganha um sindicato de trabalhadores próprio. Três anos depois, o presidente da entidade, João Canuto, é morto com 14 tiros disparados por dois pistoleiros. O ano era 1985, quando ainda no governo Sarney fora aprovado o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária e as ocupações proliferavam no sul do Pará. A morte de Canuto gerou uma condenação ao Estado brasileiro na Organização dos Estados Americanos (OEA). Em 1990, o dirigente do STTR de Rio Maria Braz Antônio de Oliveira e seu sócio Ronan Rafael Ventura também foram mortos a tiros. No mesmo ano, três filhos homens de João Canuto: Orlando, Paulo e José foram sequestrados. Os dois últimos foram executados por pistoleiros que se passaram por policiais. Orlando fugiu.

“Eu fui baleado, mas consegui escapar pela mata. Eles me procuraram, mas não conseguiram me achar”, relata à Pública Orlando Canuto, presente no velório e sepultamento de Carlos. Ele conta que após a morte do pai, João, ele se aproximou do sindicato. Para ele, sua atuação em defesa dos trabalhadores rurais e da reforma agrária na região motivou o sequestro junto dos irmãos. “Em primeiro de maio de 1990, o Expedito Ribeiro, que assumiu a presidência do sindicato, foi para a Praça da Sé, em São Paulo, denunciar os crimes que ocorreram aqui. Quando foi no primeiro de maio de 1991, eu estava no mesmo lugar denunciando a morte do Expedito”, conta Orlando. Ribeiro foi outro presidente do STTR de Rio Maria a ser executado a tiros. O executor, o pistoleiro conhecido como “Barreirito”, foi preso fora do país, nos EUA, 15 anos depois após ter sido reconhecido por brasileiros que moravam em solo americano. O reconhecimento aconteceu após a exibição de uma reportagem a respeito do caso no extinto programa Linha Direta, da TV Globo.

“Todos esses crimes geraram repercussão nacional e internacional, mas ninguém foi preso. Só no caso do Expedito que teve um pistoleiro que cumpriu pena. Quando o crime é dessa natureza, apurar o crime é muito mais difícil”, conta Luzia Canuto, irmã de Orlando. “Aqui sempre foi complexa essa questão da violência, mas na época era muito mais. Tinha uma organização entre os fazendeiros e listas dos marcados para morrer, programação das mortes”, diz. O próprio Carlos Cabral sofreu uma tentativa de assassinato logo após assumir, pela primeira vez, a presidência do STTR de Rio Maria, em 1991. “Depois de muita morte e muita denúncia, Rio Maria viveu um tempo mais de paz”, conta a professora. Luzia teme que os recentes atos de liberação de posse de armas em propriedades rurais por parte do governo Jair Bolsonaro possam agravar o quadro de violência. “A gente está percebendo um clima muito pesado dos últimos meses pra cá”, diz.

Depois de perder o pai e dois irmãos executados, Luzia lamenta a morte de seu ex-marido Carlos Cabral. Ambos tiveram duas filhas e mantinham uma boa relação. Nas memórias de Luzia, sobram elogios para descrever o antigo companheiro. “Ele era uma pessoa que tinha sonho, pensava nele e nos outros. Principalmente os mais pobres. Do que eu conheci dele, era uma pessoa muito boa, se preocupava sempre em ajudar as pessoas. Essa é a imagem que eu guardo dele”, relembra. “Perdi meu pai, perdi meus irmãos, o Carlos era o pai das minhas filhas. Em nenhum momento eu pensei em vingança. Eu só quero justiça”, desabafa durante o velório.

José Cícero da Silva/Agência PúblicaOrlando Canuto, filho do sindicalista João Canuto, primeiro presidente do sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, assassinado em 1985, ao lado do túmulo do pai no cemitério municipal da cidade Carlos denunciou gestão anterior do STTR de Rio Maria

Desde 1991, Carlos Cabral teve várias passagens pela presidência do STTR de Rio Maria. Em dezembro de 2005, deixou a presidência do sindicato. Quando voltou ao cargo, em 2012, o sindicalista passou a denunciar a diretoria anterior. O motivo era um convênio firmado pelo sindicato com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e duas construtoras.

O convênio havia sido assinado por Carlos em novembro de 2005 e previa a implantação de 15 km de estradas em assentamentos da região de Rio Maria, mas a execução ficou a cargo da gestão seguinte que assumiu o sindicato. Um acórdão do TCU publicado em 2016 para apurar o convênio concluiu que só 11% da obra foi realizada e que não houve prestação de contas dos recursos recebidos, resultando em um prejuízo de cerca de R$ 1 milhão aos cofres públicos.

Alvo da investigação dos órgãos de controle por ter assinado o convênio, Carlos Cabral se defendia dizendo que não estava à frente do sindicato quando começou a execução das obras previstas no acordo. Ele denunciou a gestão que tomou posse após ele sair da presidência durante os trabalhos de investigação. “Quando ele [Carlos] assumiu em 2012, o sindicato já estava com uma dívida muito grande. E ele estava fazendo um esforço para provar que ele não tinha relação com isso. Ele não aceitava de forma alguma ser responsável”, afirma Regiane Martins, secretária da diretoria do sindicato.

Em janeiro de 2013, ele registrou na Polícia Civil e na Promotoria Estadual de Rio Maria boletins de ocorrência e termos de declaração alegando que estava sofrendo ameaças de morte por causa das denúncias que estava fazendo à diretoria que tomou posse após seu mandato. As ameaças exigiam que ele se afastasse da presidência do órgão. A Polícia Civil investiga se os autores das supostas ameaças relatadas por Carlos podem ter relação com sua execução.

Carlos vivia em ocupação dentro de terra indígena

Em abril de 2007, o governo Lula homologou a Terra Indígena Apyterewa, situada em São Félix do Xingu (PA). Com 773 mil hectares de extensão, a TI foi homologada sobre imóveis antigos de pequenos e grandes posseiros. A criação da TI gerou uma questão até hoje não resolvida pelo governo brasileiro: a desintrusão completa da TI Apyterewa — uma das condicionantes da licença ambiental para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Pela Constituição, as terras indígenas são de uso exclusivo das populações originárias. Portanto, a lei impõe ao Estado a retirada de posseiros e habitantes não-indígenas das terras demarcadas.

No caso da TI Apyterewa, desde 2011 a Polícia Federal e a Força Nacional mantêm a chamada Operação Apyterewa — operações policiais que visam a retirada dos ocupantes não indígenas do local. A retirada não foi concluída: ainda há grupos de pequenos, médios e grandes posseiros ocupando a terra pertencente aos índios Parakanã.

Carlos Cabral mantinha uma pequena posse em uma localidade chamada Paredão, situada dentro da TI Apyterewa. Desde 2016, segundo relatos de pessoas próximas, ele havia se mudado para lá para manter a ocupação junto a outros pequenos posseiros que reivindicam a redefinição dos limites da TI na Justiça Federal por meio de uma associação de pequenos produtores. Os posseiros envolveram-se em conflitos com fazendeiros que mantém grandes propriedades na mesma área do Paredão.

“A gente sabe que os trabalhadores sofreram duas emboscadas lá dentro da área do Paredão, que é uma área que faz limite com a divisa dos índios”, afirma uma fonte próxima a Cabral ouvida sob a condição de anonimato. “Houve troca de tiros. A gente sabe que houve mobilização dos fazendeiros contra ele e outros trabalhadores. Lá é um conflito muito grande.” Todas as fontes próximas a Carlos ouvidas pela Pública afirmam que não havia conflito entre os pequenos posseiros e os indígenas. Outra linha de investigação da polícia paraense apura se os fazendeiros de São Félix podem ter mandado executar Carlos Cabral.

Na última terça-feira, Cabral saiu da área que ocupava em São Félix e veio a Rio Maria para prestar depoimento no Ministério Público do Pará pela manhã. O depoimento era referente a um episódio que envolveu um primo de Carlos conhecido como “Ivan da Marajoara”, de quem Carlos era um desafeto. Dois pistoleiros foram a casa de Ivan em Rio Maria para matá-lo. Segundo informações da Polícia Civil e do MP, os pistoleiros teriam entrado na casa errada e matado dois trabalhadores rurais. Ivan culpava Carlos pelo episódio, mas o ex-sindicalista sempre negou qualquer participação assim como seus familiares ouvidos pela Pública. Cabral foi depor ao MP na condição de testemunha e segundo fontes próximas à investigação, não foi constatado qualquer envolvimento dele no caso pelas autoridades policiais.

Quando voltava para sua casa em Rio Maria, por volta das 16h30, foi executado pelos pistoleiros. Duas testemunhas prestaram depoimentos à Polícia Civil, mas não disseram nada de conclusivo — apenas que ouviram os disparos e viram duas pessoas fugindo em uma moto preta sem placa.

70% dos assassinatos no campo do Pará ocorreram no sul e sudeste do estado

Segundo o levantamento do historiador Airton dos Reis Pereira, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), entre 1970 e 2018, mais de mil pessoas morreram em decorrência de conflitos de terra no campo paraense. As mortes, porém, concentraram-se no sul e sudeste do estado: 709 dos 1.010 assassinatos ocorreram nessa região, onde está situada Rio Maria. O levantamento de Airton é feito com base nos dados compilados pela CPT. Essa região também concentra a ocorrência de chacinas em em todo o país. De 1985 a 2019, ocorreram 49 chacinas no campo brasileiro com 229 vítimas — 44% do total no sul e sudeste do Pará.

“É uma região onde você tem um processo de concentração de terra muito grande e onde sempre houve um fluxo migratório de famílias em busca da terra. Esse é um fator”, explica Pereira. “Outro fator é a impunidade: se você pegar desses mais de mil assassinatos em razão da questão da terra no Pará e olhar o número de júris populares relativos que existiram e quem está preso é muito pequeno”, diz Pereira.

Em nota divulgada na última quarta-feira, o Ministério Público Federal do Pará informou que vai acompanhar as investigações sobre a morte do sindicalista Carlos Cabral. Também a CPT divulgou uma nota sobre a morte do sindicalista.

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AMAZÔNIA SEM LEI

Pública - qui, 13/06/2019 - 12:06

A AMAZÔNIA SEM LEI é um projeto da Agência Pública de investigação jornalística das violências relacionadas a regularização fundiária, demarcação de terras comunitárias e reforma agrária na região da Amazônia Legal.

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Migrantes rurales e indígenas, los olvidados de América Central

IPS español - qua, 12/06/2019 - 18:24

Adolescentes indígenas de Guatemala cursos de adiestramiento de la Organización Internacional para las Migraciones, en una de las iniciativas para promover que tengan oportunidades laborales en sus territorios y reducir así la emigración en el país centroamericano. Crédito: OIM

Por Caley Pigliucci
NACIONES UNIDAS, Jun 12 2019 (IPS)

Las poblaciones rurales e indígenas en países como El Salvador, Guatemala y Honduras están cada vez más en movimiento, ya sea desplazándose internamente o migrando hacia otros países.

Pero el foco mediático no se pone sobre estas poblaciones, que permanecen olvidadas, mientras los embates del cambio climático les fuerzan a abandonar sus lugares de origen, lo que se suma a otras causas expulsoras tradicionales en los espacios rurales centroamericanos.

La reducción de las tierras de cultivo y la falta de fiabilidad de las cosechas debido a sequías e inundaciones, llevan a las familias campesinas de los países centroamericanos a la inseguridad alimentaria y económica, que las fuerza a migrar.

“En general, podemos decir que la mayoría de los migrantes rurales son personas pobres, pero a menudo no son las más pobres, porque estas últimas no pueden pagar los costos significativos de estos viajes”, indicó a IPS Ricardo Rapallo, oficial sénior de Seguridad Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre 2000 y 2010, la cantidad de migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras aumentó en un promedio del 59 por ciento y la cantidad de inmigrantes en situación irregular detenidos en Estados Unidos pasó de 50.000 en 2010 a más de 400.000 en 2016.

Elizabeth Kennedy, investigadora en Honduras de Human Rights Watch (HRW), dijo a IPS que  “cuando hablamos sobre el cambio climático, tenemos que pensar en los factores históricos y sociales que dejan a ciertos grupos más afectados que otros”.

Para la activista en temas humanitarios, son los productores de la agricultura de sobrevivencia y los dedicados a la pesca artesanal quienes resultan más maltratados por los eventos climáticos, porque son los que viven en las zonas más vulnerables.

“Comprender que los más afectados son indígenas es crítico”, porque hasta ahora ellos no han sido parte del debate sobre los impactos del recalentamiento planetario, “y debe serlo”, planteó Kennedy.

Hasta ahora, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no etiqueta a los forzados a emigrar debido al cambio climático como “refugiados climáticos”, aunque ya son muchas las organizaciones y comunidades afectadas que lo demandan.

Un cambio en esa dirección, que es mucho más que de lenguaje, requeriría un acuerdo entre los Estados miembros que altere la definición de refugiados, que actualmente se circunscribe en dentro de la ONU a “alguien que se ha visto obligado a huir de su país debido a la persecución, la guerra o la violencia”.

También se precisa que  un refugiado tiene un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular.

Sin embargo, Kennedy enfatizó que la pertenencia a un pueblo indígena es un factor de protección especial dentro de la ONU, y “esa es una razón para solicitar asilo”. Pero advierte que en el caso de la migración desde centroamericana, “muchas personas en Estados Unidos, incluidos los abogados, no son conscientes de que necesitan considerar (el factor de)  la inclusión histórica y sistémica”.

Agregó que este olvido de los derechos específicos de los indígenas como migrantes “también sucede incluso en Guatemala y Honduras. Esto es de hecho demostrativo de que el Estado no se lo toma en serio”.

Los cientistas sociales como Kennedy se sienten frustrados porque ven poca información y pocos programas que ayuden específicamente a los migrantes pertenecientes a los pueblos indígenas y las poblaciones rurales cuyo origen es América Central, una región que aún se recupera de los conflictos armados de los años 80 y 90, en que esos grupos fueron las mayores víctimas.

Muchos migrantes climáticos también quedan fuera del ojo público porque solo se mueven dentro de su propio país y cuando lo hacen a otras naciones, sus orígenes rurales y las razones de su migración quedan diluidos.

“Es importante enfatizar que, incluso si la migración internacional es la que está atrayendo la atención pública y motivando las reacciones políticas, la migración interna es mucho más grande”, dijo Rapallo, de la FAO.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó la migración externa en 2015 en alrededor de 244 millones de personas, mientras que la migración interna hasta ese año y desde 2009 se estimó en 740 millones de personas.

Muchas familias que experimentan inseguridad alimentaria envían a un miembro a otro país, para que sea el sostén desde lejos, mientras el resto permanece en el lugar de origen, recordó Rapallo.

Estudios de la FAO evidencian que en el ámbito rural “lo que se ha observado es que los jóvenes representan una parte importante de los migrantes internacionales”.

Kennedy reconoció ese fenómeno, pero añadió que también se ha visto un incremento de unidades familiares completas que emigran desde Guatemala y Honduras, lo que a su juicio “muestra que está ocurriendo una migración que supera lo necesario para proporcionar estabilidad económica al hogar”.

Rapallo subrayó que “si queremos dar opciones a las personas y generar un impacto positivo en los movimientos de migración, deberíamos trabajar en las causas de esa migración”.

 

Mientras, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha tomado la primera iniciativa política específica para proteger a los migrantes climáticos: la Plataforma para el Desplazamiento de Desastres (PDD).

Un representante de Acnur dijo a IPS que el PDD “promueve desarrollos normativos y no normativos para abordar las brechas en la protección de las personas en riesgo de desplazamiento o que ya están desplazadas a través de las fronteras, dentro de un contexto del cambio climático y los desastres” que el fenómeno genera.

Acnur considera que los Estados miembros y las partes interesadas tendrán la oportunidad de “aportar promesas y contribuciones concretas que promuevan los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular, y destacarán los logros clave y las buenas prácticas”, durante el foro mundial sobre el tema del 17 y 18 de diciembre.

Pero, hasta el momento, no está claro hasta qué punto el PDD ha tenido un efecto en la admisión o protección de los migrantes climáticos.

También podría ser abordado durante la Cumbre de Acción Climática de 2019, que se llevará a cabo en septiembre durante las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Luis Alfonso de Alba, enviado especial del secretario general de la ONU para esta cumbre, aseguró a IPS que “esta no es una reunión para realizar negociaciones… Entonces, creo que el tema del lenguaje seguirá siendo un problema para (tratar) los Estados miembros”.

“Obviamente estamos tomando en cuenta el impacto del cambio climático en la migración como un tema”,  pero “no estamos negociando sobre el lenguaje”, agregó.

A Kennedy le preocupa que no se está haciendo lo suficiente para atender las razones climáticas de la migración de los indígenas y pobladores rurales centroamericanos. “Necesitan programas específicos, necesitan estadísticas específicas y no se proporcionan”, dijo.

Rapallo consideró que “el derecho a migrar también implica el derecho a no migrar. La migración debería ser una opción, pero no la única opción para buscar una vida mejor, o incluso para sobrevivir”.

T: MF

El artículo Migrantes rurales e indígenas, los olvidados de América Central fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Young New Yorkers bring robots, and a glimpse of the future, to UN Headquarters

UN SGDs - qua, 12/06/2019 - 17:21
Tiny balls moved along a series of automated Lego robots, as young students from New York explained to United Nations staff the inner-workings of simple motors and engineering. 
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More funding needed to tackle child labour in agriculture says UN, marking World Day

UN SGDs - qua, 12/06/2019 - 16:42
The number of children working in agriculture has increased by 10 million since 2012, which is why on Wednesday’s World Day Against Child Labour, the UN agency for the sector is urging countries to allocate more funding to address a global surge in subsistence farming at every level. 
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Globo se posiciona sobre entrevista de Glenn Greenwald

Pública - qua, 12/06/2019 - 15:47

Após a publicação da entrevista da Agência Pública com Glenn Greenwald, emissora se manifestou por meio de “nota de esclarecimento”. Além de Glenn, David Miranda também é citado; ambos foram procurados para se posicionar a respeito.

Abaixo a íntegra da nota:

“Segue esclarecimento da Comunicação da Globo sobre a entrevista de Glenn Greenwald, publicada por seu veículo.

Glenn Greenwald procurou a Globo por e-mail no último dia 29 de maio para propor uma nova parceria de trabalho. Em 2013, a emissora já havia dividido com ele o trabalho sobre os documentos secretos da NSA referentes ao Brasil. Uma parceria que mereceu elogios dele pela forma como foi conduzido o trabalho.

Greenwald ficou ainda mais agradecido por um gesto da Globo. Nas reportagens que a emissora divulgou, em algumas frações de segundo era possível ver nomes de funcionários da agência americana, que não trabalhavam em campo, mas em escritório. Mesmo assim, tal exposição poderia levá-lo a responder a um processo em seu país natal, os Estados Unidos. A Globo, então, assumiu sozinha a culpa, declarando que, durante a realização da reportagem, Greenwald se preocupava sobremaneira com a segurança de seus compatriotas. Tal atitude o livrou de qualquer risco.

Ao e-mail do dia 29 de maio seguiram-se alguns telefonemas na tentativa de conciliar agendas (ele estava viajando) para um encontro, finalmente marcado. Ele ocorreu na redação do Fantástico no dia 5 de junho. Na conversa, insistindo em não revelar o tema, ele disse que tinha uma grande “bomba a explodir” e repetiu que queria voltar a dividir o trabalho com a Globo, pelo seu profissionalismo. Mas, antes, gostaria de saber se a emissora tinha algo contra ele, sem especificar claramente os motivos da pergunta, apenas dizendo que falara mal da Globo em algumas ocasiões. Provavelmente se referia a um artigo que seu marido, o deputado David Miranda, do PSOL, tinha publicado no Guardian com mentiras em relação à cobertura do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O artigo foi rebatido por João Roberto Marinho, presidente do Conselho Editorial do Grupo Globo, fato que deu origem a comentários desairosos do próprio Greenwald.

Na conversa de 5 de junho, ele afirmou que “tudo estava no passado”. Prontamente, ouviu que jamais houve restrição (de fato, David Miranda já foi inclusive convidado para entrevista em programa da GloboNews). Greenwald ouviu também, com insistência, por três vezes, que a Globo só poderia aceitar a parceria se soubesse antes o conteúdo da tal “bomba” e sua origem, procedimento óbvio. Greenwald se despediu depois de ouvir essa ponderação.

A Globo ficou aguardando até que, na sexta-feira à tarde, Greenwald mandou um e-mail afirmando que não recebeu nenhuma resposta da Globo e que devia supor que a emissora não estava interessada em reportar este material. Como Greenwald, no e-mail, continuava a sonegar o teor e origem da “bomba”, não houve mais contatos. Não haveria como assumir qualquer compromisso de divulgação sem conhecimento do que se tratava.

No domingo, seu site, o Intercept, publicou as mensagens atribuídas ao ministro Sergio Moro e procuradores da Lava-Jato, assunto que mereceu na mesma noite destaque em reportagem de mais de cinco minutos no Fantástico (e depois em todos os telejornais da Globo).

Na segunda, uma funcionária do Intercept sugeriu que o programa Conversa com Bial entrevistasse um dos editores do site para um debate sobre jornalismo investigativo. Como o próprio site anunciou que as publicações de domingo eram apenas o começo, recebeu como resposta que era conveniente esperar o conjunto da obra, ou algo mais abrangente, antes de se pensar numa entrevista.

Por tudo isso, causam indignação e revolta os ataques que ele desfere contra a Globo na entrevista publicada na Agência Pública. Se a avaliação dele em relação ao jornalismo da Globo e a cobertura da Lava-Jato nos últimos cinco anos é esta exposta na entrevista, por que insistiu tanto para repetir “uma parceria vitoriosa” e ser tema de um dos programas de maior prestígio da emissora? A Globo cobriu a Lava-Jato com correção e objetividade, relatando seus desdobramentos em outras instâncias, abrindo sempre espaço para a defesa dos acusados. O comportamento de Greenwald nos episódios aqui narrados permite ao público julgar o caráter dele.”

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Futuro incierto para refugiados palestinos y su agencia en la ONU

IPS español - qua, 12/06/2019 - 14:41

Funcionarios de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), en una de sus labores de asistencia. Crédito: UNRWA

Por Charlotte Munns
NACIONES UNIDAS, Jun 12 2019 (IPS)

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina ha comenzado a recibir ataques sobre su propia existencia, que anteceden al encuentro que se realizará  el 25 de este mes con los donantes,  para discutir sobre los fondos que requiere para desarrollar su labor.

El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, en inglés), el nombre histórico de la agencia creada en 1949, fue directamente atacado por Jason Greenblatt, el enviado especial de  Estados Unidos para las negociaciones internacionales, en una reunión del Consejo de Seguridad a fines de mayo.

Greenblatt confirmó entonces que el gobierno de Donald Trump mantiene el congelamiento a la realización de aportes a la Agencia, que estableció en 2018 y que es algo que ahonda su ya precaria situación financiera.

Para intentar controlar los daños provocados por las críticas y pronunciamientos de Greenblatt, la UNRWA alertó en a comienzos de este mes sobre los impactos que tendrían para la conflictiva región mediooriental los dramáticos recortes planteados por Estados Unidos.

La organización apoya a alrededor de 74 por ciento de la población de Gaza y también tiene operaciones importantes en Cisjordania y Jordania, donde residen millones de refugiados palestinos. La Agencia proporciona ayuda alimentaria, servicios sociales, educación e infraestructura.

La UNRWA requiere 1.200 millones de dólares para financiar todas sus operaciones en el próximo año y de no recibir nuevas contribuciones de inmediato, no podría mantener sus actividades en el terreno más allá de este mes, plantean en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Agencia requiere obtener al menos 60 millones de dólares para fines de este mes, para poder mantener su ayuda alimentaria a más de  un millón de refugiados palestinos, lo que parece muy incierto, tras la amenaza de Greenblatt de retirar el aporte estadounidense.

La Agencia se financia principalmente con fondos de los Estados miembros de la ONU, la Unión Europea y los gobiernos regionales, que aportan 93 por ciento del total. Además, están los aportes de fuentes privadas y no gubernamentales, que en 2018 contribuyeron con 17 millones de dólares.

Matthias Schmale, director de Operaciones de UNRWA en Gaza, señaló durante la conferencia de prensa del 4 de junio que “en este momento, estrictamente financieramente hablando, no tenemos el dinero para garantizar la apertura de escuelas en el otoño (boreal)”.

Estas preocupaciones financieras han surgido por la negativa de los Estados Unidos a continuar financiando a la organización, que Greenblatt justificó con que a juicio de Washington “el modelo de UNRWA le ha fallado al pueblo palestino”.

La Agencia, describió,  representa una “operación irremisiblemente defectuosa” y una solución de “curita (bandita)”.

Dos niñas reciben este mes sus certificados escolares, en un centro atendido por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Si no obtiene fondos urgentes, el organismo no podrá iniciar el próximo curso escolar en sus centros en Palestina. Crédito: Mohammed Khalid Adwan/UNRWA

La alternativa estadounidense es que los servicios de la UNRWA se integren a las estructuras de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que cumplen tareas de apoyo a los refugiados palestinos.

Una razón que Greenblatt incluyó en sus argumentos contra la UNRWA es el apoyo de su país a Israel. “Estados Unidos siempre estará con Israel”, subrayó el representante estadounidense.

Para los críticos de la posición estadounidense, ese planteamiento confirma que detrás de su decisión de dejar de financiar a la Agencia hay razones políticas sectarias y las alegadas críticas a su funcionamiento son solo una disculpa.

Peter Mulrean, director de la Oficina de Representación de la Agencia en Nueva York, dijo en una entrevista con IPS que “UNRWA lamenta la decisión de Estados Unidos de dejar de financiar a UNRWA después de décadas de ser el mayor donante y socio fuerte de la Agencia”.

Pero el funcionario se negó a especular sobre los motivos detrás de esa decisión.

Greenblatt sostuvo que la UNRWA se ha politizado, pese a que mantenga que actúa con una “una pretendida neutralidad”.

“Año tras año, los palestinos en campos de refugiados no han tenido la oportunidad de construir ningún futuro; fueron engañados y utilizados como peones políticos y productos básicos en lugar de ser tratados como seres humanos”, aseguró el representante estadounidense.

Ante ese argumento, Mulrean replicó que “UNRWA es una agencia humanitaria de las Naciones Unidas que no tiene ningún rol político en Palestina ni en ningún otro lugar”.

Durante la conferencia de prensa, UNRWA ya escuchó preguntas sobre si algunos de sus funcionarios estaban vinculados con el movimiento islamista palestino Hamás, debido a que se encontraron armas almacenadas en una escuela que la Agencia regenta, al igual que la existencia de túneles debajo de edificios de sus centros educativos.

La Agencia recordó que sus funcionarios fueron los que informaron de todos los incidentes de ese tipo y quienes tomaron medidas  inmediatas para retirar las armas y cerrar los túneles.

Las críticas a la UNRWA por parte de Washington, no son secundadas, de hecho, por otros miembros del Consejo de Seguridad, aparte de Israel.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general, António Guterres, recordó este mes que el máximo funcionario de la ONU ha recibido amplio apoyo sobre la actividad que cumple la UNRWA y que esa posición “no ha cambiado”.

La percepción mayoritaria recogida por Guterres, puntualizó Dujarric, es que UNRWA “es una fuerza estabilizadora en la región a través de los servicios educativos que proporciona, a través de los servicios de salud y a través de los servicios de apoyo “.

En la reunión del Consejo de Seguridad donde se trató la situación de UNRWA, Estados Unidos se quedó solo en sus críticas, porque los otros 14 miembros, permanentes y no permanentes, apoyaron a la Agencia y su papel con los refugiados palestinos.

“Eso es un reflejo del amplio apoyo que UNRWA tiene en la comunidad internacional”, analizó Mulrean a IPS.

A pesar de esto, la UNRWA ha luchado durante años para lograr un presupuesto que le permita cumplir con sus compromisos. El año pasado, alrededor de 42 países e instituciones aumentaron sus contribuciones para enjugar un déficit sin precedentes, de 446 millones de dólares.

Greenblatt señaló que a Estados Unidos se les pedía con frecuencia que llenase vacíos presupuestarios de la Agencia. Pero después de haber hecho contribuciones de unos 6.000 millones de dólares a lo largo de la existencia de UNRWA, reafirmó que Washington no seguirá haciendo estos aportes.

En contrapartida, Estados Unidos ha organizado una conferencia en Bahréin, el 25 y el 26 de junio, para un posible plan para discutir posibles soluciones a la crisis de refugiados palestinos, en lo que observadores internacionales se dividen entre los que ven como una compensación de Washington al retiro de fondos para la UNRWA y los que consideran que busca establecer una iniciativa paralela a la Agencia.

Mulrean se negó a pronunciarse sobre las intenciones de la próxima conferencia en Bahréin, pero sí afirmó que la UNRWA no ve esto como una competencia con su trabajo y funciones.

Mientras tanto, UNRWA lucha por contrarrestar las críticas de Greenblatt en distintos ámbitos, incluidos los medios de comunicación, en un contexto de una escalada de la violencia en Gaza, que algunos observadores sitúan como la peor desde 2014, y de un número cada vez mayor de refugiados palestinos.

Ello sin dejar de buscar financiamiento para solventar sus urgencias inmediatas y para poder mantener sus operaciones el año próximo.

“Esta es nuestra realidad”, resumió Mulrean, “tenemos escuelas para dirigir, clínicas para administrar, personas para alimentar y esas son nuestras prioridades”,  de una agencia que se centra en aportar alimentos, educación, salud, saneamiento y servicios sociales a la población palestina.

El oxígeno con que la UNRWA contará o no para su sobrevivencia se conocerá tras la reunión de donantes del 25 de junio en las Naciones Unidas en Nueva York.

A esa cita, Estados Unidos ha superpuesto la conferencia en Manama, la capital de Bahréin, que se celebrará los días 25 y 26, con el objetivo de implementar su polémico plan de paz para Gaza y Cisjordania, que requeriría miles de millones de dólares, y que tiene el boicot de las autoridades palestinas.

T: MF

 

El artículo Futuro incierto para refugiados palestinos y su agencia en la ONU fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Associação de juristas evangélicos fundada por Damares Alves amplia lobby no governo

Pública - qua, 12/06/2019 - 13:35

“Com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, eu pergunto: existe algum, entre os 11 ministros do Supremo, evangélico? Cristão assumido? Não me venha a imprensa dizer que eu quero misturar a Justiça com religião. Todos nós temos uma religião ou não temos. E respeitamos, um tem que respeitar o outro. Será que não está na hora de termos um ministro no Supremo Tribunal Federal evangélico?”, disse o presidente Jair Bolsonaro no dia 31 de maio durante um evento realizado na congregação Madureira da igreja Assembleia de Deus.

A declaração, motivada pelo julgamento da criminalização da homofobia, aprovada no dia 13 de junho pelo STF,  foi recebida com aplausos pelos presentes. No mesmo dia, em concordância com o presidente, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure) emitiu uma nota pública comentando a fala de Bolsonaro: “[…] a ANAJURE entende, em consonância ao Presidente Bolsonaro, que há um crescente e preocupante ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal (STF) nos últimos anos, em especial, acerca de questões morais de impacto social”, diz a nota. No documento, a associação declara que não pretende necessariamente que um protestante venha a se tornar um dos membros do órgão de cúpula do sistema judicial “a fim de influenciá-lo por sua condição de religioso”. No entanto, afirma que almeja que o STF e demais órgãos de cúpula do Poder Judiciário “tenham juízes que respeitem e se balizem pela Constituição Federal do nosso país, professem eles uma religião ou não, eximindo-se de aderir, sem a devida reflexão” ao que chama de uma onda “pouco democrática, do ativismo judicial”.

A Anajure, que hoje conta com cerca de 700 membros, foi fundada em 2012, no Auditório Freitas Nobre, na Câmara dos Deputados em Brasília, por um grupo de juristas evangélicos. Entre eles estava a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que foi homenageada na ocasião pelos “mais de 20 anos de atuação em favor de causas cristãs e do direito à vida e da família”. Entre os objetivos da Anajure está o de “defender as liberdades civis fundamentais”, o de “constituir-se como uma entidade de auxílio e defesa administrativa e jurisdicional das igrejas e denominações evangélicas, em especial, nos casos de violação dos direitos fundamentais de liberdade religiosa e de expressão” e o de “constituir-se como um fórum nacional de discussão sobre o ordenamento jurídico brasileiro, sobre os projetos de lei em tramitação, sobre as propostas de políticas públicas governamentais, especialmente no que diz respeito aos deveres e direitos humanos fundamentais”. Nesse sentido, a organização tem atuado de forma incisiva nas Câmaras Legislativas, colaborado em projetos de lei, ajudado a impedir votações, participado de audiências no STF – principalmente em pautas como a descriminalização do aborto e a criminalização da homofobia – e angariado aliado poderosos no governo Bolsonaro, como a agora ministra Damares Alves, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A Anajure, aliás, lançou nota em apoio ao ministro depois que reportagens do The Intercept Brasil divulgaram sua relação de proximidade com o procurador Deltan Dallagnol, chefe da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. Moro e Damares participaram juntos do 6o Congresso Internacional sobre Liberdades Civis Fundamentais da Anajure, no último dia 8 de maio no auditório do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília.

Reprodução AnajureVI Congresso Internacional sobre Liberdades Civis Fundamentais da Anajure Congresso com Moro e Damares

Na manhã daquela quarta-feira, o público lotou o auditório do STJ em Brasília para acompanhar a sexta edição do congresso promovido anualmente pela Anajure em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Moro, Damares e o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida, estiveram na mesa de abertura do evento, que até então nunca havia contado com a presença de um ministro de Estado.

Renato Menezes / Ascom AGUAdvogado-geral da União André Luiz de Almeida no VI Congresso Internacional da Anajure

O saldo do congresso foi positivo para Moro: na ocasião, seu pacote anticrime recebeu apoio da Anajure. O presidente da associação, Uziel Santana, entregou a ele uma nota oficial assinada por mais de 700 juristas, entre os quais diretores, coordenadores e associados. Antes disso, o ministro falou sobre os principais pontos da proposta – como o excludente de ilicitude para policiais em serviço, um de seus itens mais polêmicos – e garantiu que, apesar de ter “plena convicção” de que crime não se combate somente com mudanças legislativas, “a mudança na lei tem um valor, traz instrumentos melhores para que os agentes da lei possam enfrentar esse problema”.

Mas apoio não foi só o que Moro ganhou no evento: integrantes da associação evangélica Gideões Internacionais lhe deram um exemplar do Novo Testamento e oraram junto ao ministro. O advogado-geral da União, André Luiz de Almeida, que também é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília, ganhou o mesmo presente.

Já Damares Alves, uma das fundadoras da Anajure, afirmou que sua gestão vai “trabalhar muito na defesa de todos os templos” e que “todos têm direito ao culto e à liberdade religiosa nessa nação”. A Anajure aproveitou a ocasião para entregar a ela o texto-base do quarto Plano Nacional de Direitos Humanos, desenvolvido por uma comissão escolhida e formada pela associação após solicitação da própria ministra. O texto, agora, está sob análise do ministério.

Reprodução AnajureMoro recebendo carta de apoio ao projeto anticrime Aliados no Congresso

Na Câmara dos Deputados, a Anajure é membro fundador especial da Frente Parlamentar Mista da Liberdade Religiosa, Refugiados e Ajuda Humanitária (FPMLRRAH), uma reformulação da Frente Parlamentar Mista para Refugiados e Ajuda Humanitária (FPMRAH), fundada em 2015 por requerimento do então deputado federal Leonardo Quintão. Na época, Quintão, que presidiu a FPMRAH, e o deputado Roberto de Lucena investiram R$ 500 mil de suas emendas individuais no Orçamento da União para que a frente fosse criada. Hoje, a FPMLRRAH é presidida por Lucena e tem como diretor executivo Uziel Santana, presidente da Anajure. De acordo com seu texto de apresentação, a frente leva como um de seus objetivos “inserir o Brasil no contexto internacional da liberdade religiosa”.

Em 2015, os juristas da Anajure participaram da criação, novamente com o deputado Leonardo Quintão, do Projeto de Lei (PL) 1.219/15, que instituía o Estatuto Jurídico da Liberdade Religiosa no Brasil. O PL, com mais de 20 páginas de texto e 50 artigos, discorre sobre as diferentes formas de liberdade religiosa que devem ser respeitadas pelo Estado. Em parágrafo único do artigo 7º, a proposta diz que “a colaboração de interesse público com organizações religiosas, realizada na forma da lei, não configura discriminação ou privilégio”. No artigo 27º, fica “vedado ao Estado e seus poderes públicos imporem limitações quanto ao exercício da liberdade religiosa das comunidades indígenas, mesmo que sob a justificativa de manutenção das tradições locais”. Em audiência pública a respeito do projeto e outros apensados, representantes da Anajure expressaram preocupação sobre suposta inibição pela Funai da presença missionária cristã em comunidades indígenas.

O PL 1.219/15 acabou sendo retirado pelo próprio autor, embora tenha recebido apoio do então vice-presidente Michel Temer, mas outros três projetos, antes apensados, continuam em tramitação.

São eles os PL 6.314/05, PL 1.089/15 e PL 2.909/15. O primeiro pretende excluir dos crimes de difamação e injúria “a opinião de professor ou ministro religioso no exercício do magistério ou de seu ministério”. O segundo dispõe sobre a liberdade religiosa, garantindo que “a divulgação, na esfera pública ou privada, de ideias contrárias a um determinado comportamento social ou a uma crença professada por determinado grupo, religioso ou não, desde que feitas sem incitação à violência, não constitui ilícito civil nem penal”. O terceiro pretende “proibir a intervenção estatal em organização religiosa”. Os três projetos de lei foram desarquivados em fevereiro deste ano.

Em junho de 2015, a Anajure emitiu um parecer técnico no qual apresentava fundamentos jurídicos diretivos para que a Procuradoria-Geral de República (PGR) ajuizasse uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) contra o Ministério da Educação (MEC) por inserir as chamadas “ideologias desconstrucionistas do ethos nacional, ou ideologia de gênero, em documentos que visavam a elaboração dos Planos Estaduais e Municipais de Educação”.

O parecer da Anajure visava também servir como base jurídica para deputados estaduais e vereadores apresentarem projetos de lei sobre o tema. De acordo com o documento, a abordagem de orientação sexual e identidade de gênero trazida em planos municipais e estaduais não corresponde às diretrizes constantes no Plano Nacional de Educação então aprovado pelo Congresso.

“Teorias como a da identidade de gênero, dominação etária, orientação sexual, ferem, dentro do sistema de educação nacional, princípios e preceitos constantes dos mais importantes tratados, pactos e declarações de direitos humanos fundamentais”, destaca o parecer técnico. Mais adiante, o documento afirma que “o propósito de inserir nos planos de educação uma ideologia de gênero é o de promover um distanciamento dos pais em relação aos filhos”, e conclui afirmando que a inserção da ideologia de gênero na educação brasileira representa “uma clara violação à dignidade humana da criança e do adolescente”.

No Executivo, a associação também tem aumentado seus laços. Em 2019, foi convidada por Damares a contribuir tecnicamente com o texto do novo Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH 4), que servirá de base à formulação de políticas públicas, “afetando diretamente a promoção e defesa das Liberdades Civis Fundamentais em áreas afins”, como explica em seu site.

De olho na reforma da Previdência, a associação criou a Comissão de Direito Previdenciário das Igrejas e suas Entidades e dos Ministros de Confissão Religiosa, “considerando os direitos e interesses das Igrejas e suas Entidades e dos Ministros de Confissão Religiosa pertencentes ao segmento evangélico e que são apoiados pela ANAJURE”. O objetivo do grupo é a “elaboração de Estudo e Parecer Técnico sobre a Reforma da Previdência e suas consequências para as Igrejas, suas entidades e seus ministros, considerando a necessidade de atualização das normas para que se adequem às necessidades do fenômeno religioso”. Os documentos formulados pela comissão deverão ser entregues ao Congresso “a fim de subsidiar as discussões, por meio de parlamentares sensíveis aos temas propostos”, diz a associação em nota.

A Anajure tem atuado também no Senado Federal. Na primeira quarta-feira de junho, 5, os juristas evangélicos articularam com a senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) e conseguiram suspender a votação do PL 672/2019, do senador Weverton (PDT-MA), que versava sobre a criminalização da homofobia. Em nota publicada em seu site, a associação disse estar trabalhando “junto aos parlamentares para demonstrar a importância de se resguardar a liberdade religiosa e de crença”. O presidente da associação, Uziel Santana, tem viajado a Brasília para articular com parlamentares e angariar apoiadores como “o Senador Marcos Rogério (DEM/RO) e a Senadora Simone Nassar Tebet (MDB/MS)”.

Atual presidente da Comissão da Infraestrutura no Senado, Marcos Rogério já compôs o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Na época, em 2015, ele foi investigado pela Operação Lava Jato por ter recebido R$ 100 mil da construtora Queiroz Galvão, suspeita de ter participado de cartel e superfaturar obras da Petrobras. A doação foi intermediada pelo então partido do parlamentar, PDT. Rogério é denunciado também pela imprensa regional de Rondônia por ter triplicado seu patrimônio entre as eleições de 2010, quando declarou apenas R$ 260 mil, e de 2018, quando declarou mais de R$ 1 milhão. Entre as principais polêmicas por trás do enriquecimento do Senador está a compra de uma aeronave, no nome de empresa fundada pelo Senador, a CMD Locação Aérea e Turismo Ltda., abastecida por meio de verbas de seu gabinete.

Reprodução AnajureDamares recebendo texto base do PNDH4 No STF, as pautas morais

No Judiciário, a Anajure participa com frequência de audiências públicas do STF, especialmente naquelas que tocam nas chamadas “pautas morais”. No caso da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol), que versava sobre a descriminalização do aborto, a associação publicou nota contrária ao projeto e direcionou aconselhamento, como amicus curiae [amigo da corte], à ministra Rosa Weber, relatora responsável. A associação defendeu que, além de crime contra a vida, “a descriminalização do aborto também atinge diretamente a liberdade religiosa e a laicidade brasileira”. A Anajure tem como aliada a organização não governamental Brasil Sem Aborto.

Durante o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26, que discutia se havia ou não omissão legislativa para a criminalização da homofobia, a Anajure fez uma sustentação oral. Também na condição de amicus curiae, a associação fez defesa contrária à ação, levantando, entre outros argumentos, “a falta de definição das formas de homofobia e transfobia e o conflito com a liberdade religiosa”.

Academia Anajure e a formação da cosmovisão cristã

A cosmovisão “são as lentes pelas quais a nossa mente enxerga toda a realidade”, definiu Mauro Meister durante entrevista concedida à Pública em meados de março. Meister é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, na Barra Funda, em São Paulo, e professor de Antigo Testamento no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Há dois anos, Meister participa do Academia Anajure, um programa de treinamento criado em 2017, que tem como objetivo ensinar, para estudantes e recém-formados em direito, a relação entre a lei bíblica e a contemporânea.

O evento acontece em formato de internato. Neste ano, 50 selecionados participarão do treinamento durante uma semana do mês de julho, no acampamento Mackenzie Cabuçu, localizado no interior de São Paulo. Durante os dois primeiros anos, quem abrigou juristas cristãos foi a UniEvangélica, em Anápolis, Goiás. Para a inscrição, além de Currículo Lattes, carta de motivação e recomendação de um professor, os interessados precisam enviar uma carta de recomendação escrita por um pastor, ministro ou outro líder espiritual.

Meister, além de já ter escrito artigos sobre a lei na Bíblia, é membro do conselho consultivo da Anajure e ajuda os juristas evangélicos a “pensar e refletir” o trabalho jurídico em “uma visão cristã”. Os palestrantes da academia são, em sua maioria, membros da Anajure. Por lá já passaram pastores, professores universitários, teólogos e até mesmo procuradores e desembargadores importantes, como Fábio Dutra, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e Rogério Greco, do Ministério Público de Minas Gerais.

Até 2015, a Anajure mantinha uma parceria institucional com a Alliance Defending Freedom (ADF), associação estadunidense “baseada na fé” que também se diz na luta pela defesa das liberdades fundamentais. A ADF se envolveu recentemente em polêmica ao defender confeiteiro que se recusou a fazer bolo de casamento para um casal homossexual nos EUA. O caso chegou à Suprema Corte, insuflado pela ADF e com o apoio de parlamentares republicanos, que deu vitória ao confeiteiro no ano passado.

Na parceria com a Anajure, os norte-americanos da ADF custeavam bolsas para que estudantes brasileiros de direito fossem até o Arizona, nos Estados Unidos, para participar do programa de treinamento Blackstone.

A ADF alega ter treinado, com seu Blackstone, e em sua mais de uma década de existência, pelo menos 2 mil estudantes provenientes de todo o globo. A Anajure caminha de forma mais lenta rumo ao marco de 130 alunos, mas a cada ano aumenta a quantidade de vagas oferecidas em seu curso.

As bolsas para o Blackstone eram custeadas pela ADF e, sem inclusão de passagem e hospedagem, beiravam os R$ 25 mil (R$ 6.300). Sob responsabilidade da Anajure, ficavam somente o recrutamento e a seleção dos alunos. No entanto, embora não arcasse com gastos, a associação não estava satisfeita: o número de bolsas, três por ano, era muito pequeno, o que significava que treinava poucos estudantes.

Foi assim que os juristas, como contou o advogado e um dos idealizadores da Academia Valmir Nascimento, perceberam que para aumentar o aprimoramento de seus membros precisariam de seu próprio programa de treinamento, oferecendo a um maior número de futuros juristas as técnicas, ferramentas e reflexões da cosmovisão cristã no direito. Dessa necessidade, em 2016, nasceu a Academia Anajure.

Valmir Nascimento justifica a aplicação de sua cosmovisão com o argumento de que, como cristão, se é cristão em todos os lugares e esferas. “É muito comum uma pessoa religiosa, até mesmo dentro do cristianismo, acreditar que há uma separação entre a vida religiosa dela e a vida pública enquanto profissional ou enquanto estudante. De uma perspectiva de cosmovisão de cristianismo, nós não fazemos essa separação. Nós vemos a pessoa de maneira integral, inteira. Nesse sentido, a fé que ela professa na igreja, ela precisa extrair dessa fé princípios para aplicar na esfera pública também”, disse à Pública.

Nascimento é autor do livro O cristão e a universidade – Um guia para a defesa e o anúncio da cosmovisão cristã no ambiente universitário. Logo em seu primeiro capítulo, a obra compara a universidade a um campo de batalha, mas destaca que ela não deve ser evitada por cristãos. “Devemos nos preparar para entrar no combate e, assim como o apóstolo Paulo, dizermos, ao término da graduação, que combatemos o bom combate e guardamos a fé.” Nascimento continua afirmando que “o servo do Senhor não foi forjado para fugir das pelejas, mas enfrentá-las frontalmente”.

Procurada diversas vezes por e-mail e telefone, a Anajure não respondeu à reportagem.

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Justiça recebeu mais de 200 denúncias de propaganda religiosa irregular nas últimas eleições

Pública - qua, 12/06/2019 - 13:34

“Senhor, eu te louvo, porque esse homem tem valores cristãos. Que nem os hackers, Senhor, consigam mudar aqueles votos da urna. Que ninguém consiga, ó Deus, de alguma maneira, desfazer o propósito melhor para nossa nação. Capacita Jair Bolsonaro, dá palavras sábias, dá saúde. Blinda o teu filho até de uma gripe. Querendo o Senhor, que, no dia 1º de janeiro, esse homem possa subir a rampa do Planalto.”

Essa foi uma das declarações do pastor Josué Valandro Jr., da Igreja Batista Atitude, durante as eleições 2018. Do alto do púlpito multimídia no templo da Barra da Tijuca, o pastor orou pelo então deputado, chamou-o de justo e correto, criticou a falta de credibilidade de outros candidatos, rebateu fake news contra Bolsonaro — “isso é sem-vergonhice, não é amor” — e ainda afirmou que não é preciso concordar com tudo que ele pensa para amá-lo e para que Deus interceda por ele. Valandro, inclusive, chamou a atual primeira-dama, Michelle Bolsonaro, para subir ao palco e ser igualmente ungida — ela é membro do ministério de surdos da Igreja.

A atuação do pastor (veja video abaixo) não passou despercebida: ao menos quatro pessoas registraram denúncias no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), acusando a atuação do religioso de propaganda irregular — a legislação eleitoral não prevê o crime de abuso de poder religioso, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem caracterizado a prática como abuso de poder econômico. O próprio TRE do Rio havia afirmado que uma das prioridades das eleições de 2018 era “combater o abuso do poder religioso para garantir a competitividade entre os candidatos e a higidez eleitoral, assim como o combate às fake news”, disse o procurador regional eleitoral Sidney Madruga. Contudo, as quatro denúncias sobre apoio do pastor Valandro a Bolsonaro foram arquivadas pelo tribunal.

Além das quatro denúncias acima, a Igreja Batista Atitude foi citada em mais 45 relatos de apoio a Bolsonaro durante cultos — todas as denúncias também foram arquivadas.

A Pública procurou o pastor, que não respondeu até a publicação da reportagem. Em matéria da Época, Valandro afirmou que nunca fez campanha para Jair ou outros candidatos, apesar de reconhecer ter rezado por deputados federais e estaduais — e durante um culto, para o governador Wilson Witzel, com a presença do próprio político. Segundo a reportagem, a Igreja Batista Atitude teria mais de 10 mil fiéis e vem batizando mil novos membros a cada ano.

Os casos envolvendo a Batista Atitude são cerca de metade das denúncias que se relacionam a Jair Bolsonaro. Ele é o candidato mais citado nos relatos, com 89 casos junto a líderes evangélicos e católicos. Ao todo, a reportagem listou mais de 200 denúncias de apoio político em igrejas ou envolvendo líderes religiosos durante o ano passado. O partido de Bolsonaro, o Social Liberal (PSL), também é o mais mencionado — há 94 denúncias contra a legenda, seguido pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB), com 25. Os relatos abarcam 13 dos 26 estados brasileiros.

Apesar da quantidade de denúncias, poucas se transformam em processos contra os partidos e candidatos — das 226, 200 foram arquivadas na própria unidade que recebeu a denúncia. Os motivos, segundo a reportagem apurou, são variados. Há denúncias com poucas informações, acusações sem provas (fotos, vídeos ou áudios que registrem o que é denunciado), relatos sem data da ocorrência ou sobre eventos futuros, mas há também casos que não foram apurados pelos tribunais apesar de descreverem, com clareza, pedidos de votos por lideranças religiosas, como os envolvendo o atual presidente.

Nem todas as denúncias, contudo, são sobre pregações explícitas como as da Atitude. Uma delas envolvendo a Igreja Universal, de Edir Macedo, descreve referências indiretas a Jair Bolsonaro. “Dentro da Igreja Universal, até mesmo durante o culto, pastores buscam influenciar os votos dos fiéis em favor do candidato a presidente Jair Bolsonaro. Mas a propaganda é feita de forma dissimulada, pois os pastores costumam se referir ao candidato Jair Bolsonaro como ‘aquele que levou a facada’”, diz a peça, arquivada pelo TRE-RJ.

Outra denúncia, dessa vez envolvendo a Igreja Católica, afirma que padres da região de Magé, no Rio, teriam pedido apoio a Jair Bolsonaro utilizando argumentos da sua campanha, como as insinuações de envolvimento de Fernando Haddad com o “kit gay”. “Todos os padres de Magé estão fazendo campanha para Bolsonaro. Estão ameaçando as pessoas dizendo que quem vota a favor do kit gay e aborto não é bem-vindo na igreja e está em pecado mortal. […] Os padres e líderes religiosos estão intimados a fazer áudios e divulgar no WhatsApp. Solicito presença de fiscalização nos horários de missas e com gravação das missas”, aponta o relato.

A Universal unge seus candidatos

O PRB, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, é a segunda legenda com mais denúncias no levantamento da Pública — 25 no total. Elas citam apoio de religiosos a diversos políticos eleitos pelo Rio de Janeiro: em 2018, o PRB elegeu 30 deputados federais e 42 estaduais, além de um senador em Roraima e um vice-governador do Maranhão.

A situação mais frequentemente relatada pelas denúncias é a de orações para candidatos do partido comandadas por líderes religiosos. “O candidato [Carlos Macedo, candidato a deputado estadual] é mencionado pelos pastores da igreja no momento das orações para que eles sejam abençoados. Sendo que antes é ensinado aos membros da igreja da importância em votar em bons candidatos de origem evangélica”, diz uma das denúncias, que foi arquivada.

Há também denúncias que acusam os pastores de divulgar notícias falsas durante os cultos, para incentivar o voto em candidatos apoiados pela igreja. Um relato acusa pastores da Universal de dizer que “se não votar no Bolsonaro, as crianças vão passar a receber o kit gay, e ainda virar homossexuais”.

Existem também relatos de panfletagem na porta de templos. “A Igreja Universal do Reino de Deus está fazendo campanha e distribuição de adesivos e panfletos dentro do templo religioso e na porta do mesmo. Para evitar serem flagrados estão guardando material de campanha em uma casa próxima e distribuindo aos membros nos finais de culto”, diz a denúncia, que acusa a Universal no Rio de propaganda irregular. “Pastores também usam do púlpito nos cultos para pedir votos para candidatos do PRB no Senado, Dep. Federal e Dep. estadual. Jovens da igreja inclusive menores de idade estão sendo estimulados a panfletar para os candidatos em ruas próximas.” A denúncia trazia ainda os horários de início e término nos cultos da igreja acusada.

Poucas denúncias geram processos, poucos processos levam a condenação

Entre as mais de 200 denúncias reunidas pela Pública, apenas duas não foram arquivadas — uma acabou em condenação e a outra gerou multa ao denunciado.

Em Santa Catarina, na Igreja do Poder de Deus, houve um dos poucos casos de líderes religiosos condenados por propaganda irregular. O ministro de confissão Emerson Júnior Ferreira foi multado em R$ 2 mil por fazer propaganda favorável a Jatir Balbinot, candidato a deputado estadual pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Segundo o processo, o ministro insistiu que os fiéis votassem no candidato da igreja e convencessem os familiares. “É claro, só o seu voto, o seu voto é importante, é importantíssimo, mas tem que ser o seu voto e da sua família. Quem tá entendendo? Tem que ser o seu voto e da sua família. Eu quero que você lute pra conseguir, no mínimo, dez votos. No mínimo! Ah, se eu falar pro meu familiar de política, ele vai achar ruim. Deixa achar ruim, o importante é você não ficar calado. Fazer sua parte. […] Meu Pai consagra a vida do senhor Jatir, o nosso candidato estadual, como também o senhor Manoel Dias, o federal”, relata o processo.

Na defesa, o religioso argumentou que, por ter vindo de anos de trabalho em Portugal, “desconhecia as vedações impostas pela legislação eleitoral”.

Já no Piauí, o Ministério Público Federal expediu uma recomendação para a Igreja Assembleia de Deus, recomendando que “não faça propaganda eleitoral a qualquer candidato durante seus cultos e em seus templos”. A ação ocorreu após denúncias que a igreja apoiava as candidaturas de Ciro Nogueira (Progressistas) e Wilson Martins (PSB) ao senado, além de Idoneil Mesquisa (PHS) para deputada federal e Tiago Vasconcelos (PHS) para deputado estadual.

“É importante que a nossa legislação passe por uma revisão”

Em junho de 2018, o Ministério Público Eleitoral recomendou aos líderes religiosos que não fizessem propaganda eleitoral no local destinado aos cultos. A recomendação explicou que a prática pode configurar abuso de poder econômico, visto que o abuso de poder religioso não está previsto como crime na legislação.

Como explica o especialista em direito eleitoral e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) Fernando Neisser, denúncias de apoio religioso a candidatos têm sido julgadas com base na previsão de abuso de poder econômico — um parâmetro amplo — além de multas aplicadas a políticos por propaganda em local inadequado. “Para que exista abuso, você tem que ter um nível de gravidade maior. Uma fala isolada em um culto não seria considerada como abuso”, comenta. “A falta de parâmetros [sobre abuso] joga no colo da Justiça Eleitoral uma subjetividade muito grande.”

Em agosto de 2018, o TRE-SP concluiu a cassação do mandato do vereador Anderson Pereira (PSDB), de Limeira, no interior paulista. O processo partiu de denúncias sobre a participação do ex-vereador em cultos. Inicialmente, a Justiça Eleitoral havia julgado improcedente a acusação contra o político, afirmando que seria “temerário” que cidadãos que comungam da mesma crença não possam se organizar para eleger representantes que tenham as mesmas convicções.

“Quanto mais aberta e subjetiva a legislação, mais espaço tem para os viés pessoal do julgador ou julgadora influenciar nesse processo”, explica Neisser. “É importante que a nossa legislação passe por uma revisão”. Essa revisão, segundo ele, não deve ser feita apenas para incluir o crime de abuso religioso, mas também para refletir sobre o que não seria classificado como abuso — e as implicações disso para o cenário eleitoral. “Um juiz ou magistrado que é totalmente contra a influência da religião na política pode ver abuso em qualquer coisa, enquanto um juiz que concorda pode não ver abuso em nada.”

Segundo a legislação eleitoral, candidatos e partidos políticos não podem receber doação direta ou indireta de entidades religiosas.

A Pública entrou em contato com as igrejas e pastores citados na matéria. Apenas a Universal respondeu, afirmando que “no período eleitoral, dentro daquilo que a lei permite, a Universal apenas incentiva a todos os cristãos, de todas as denominações, que escolham candidatos comprometidos com os valores da família e da fé”.

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