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Auge de nacionalismos de derecha socava DDHH en el mundo

IPS español - ter, 14/05/2019 - 14:06

Movimientos ultraderechistas, racistas y xenófobos entre otras características violatorias a los derechos humanos se han expandido en países donde se han establecido gobiernos populistas y neoconservadores, tanto en el Norte industrial como el Sur en desarrollo. Crédito: Dominio público

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, May 14 2019 (IPS)

La expansión del nacionalismo de derecha y la proliferación de gobiernos de corte autoritario han socavado los derechos humanos en varios países de Europa, Asia, África, Medio Oriente y América Latina.

Como resultado, algunos de los expertos internacionales en derechos humanos, designados como relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han sido excluidos, se les ha negado el permiso para visitar países en “misiones de investigación” o han sido amenazados con la expulsión, junto con la suspensión de los permisos para su labor.

El gobierno de Filipinas, un vociferante régimen autoritario, ha renovado las acusaciones contra Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

El jefe de Estado Mayor Adjunto para Operaciones Cívico-Militares de ese país, el general de brigada Antonio Parlade, dijo a la prensa que las Naciones Unidas habían sido infiltradas por el Partido Comunista de Filipinas a través de Tauli-Corpuz.

“Las nuevas acusaciones contra Tauli-Corpuz están claramente en represalia por su inestimable labor en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el mundo y en Filipinas”, dijo un grupo de expertos de la ONU sobre el ataque contra la relatora especial.

Anna-Karin Holmlund, defensora sénior de la ONU en Amnistía Internacional, dijo a IPS que “hemos presenciado varios ataques personales profundamente preocupantes por parte de los Estados miembros de la ONU contra expertos independientes, incluidos ataques personales, amenazas de enjuiciamiento, agitación pública y violencia física en el último año”.

En ocasiones, señaló, esos ataques han sido realizados por alguno de los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tienen la obligación expresa de mantener los estándares más altos en la promoción y protección de los derechos humanos.

“Tales ataques son parte de una tendencia inquietante de achicar cada vez más el espacio para el trabajo de derechos humanos en muchos lugares del mundo”, declaró Holmlund.

Por ejemplo, el gobierno de Burundi cerró en abril la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, lo que desencadenó una protesta de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Ginebra.

Mientras, bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos ha dejado de cooperar con algunos de los relatores sobre diferentes temas de derechos humanos de las Naciones Unidas, y específicamente una investigación sobre la difícil situación de los migrantes en la frontera con México, donde algunos han sido agredidos sexualmente, sin que haya habido denuncias.

El gobierno de Myanmar (Birmania) prohibió un experto de la ONU visitar el país para investigar el estado de los refugiados rohinyás.

En marzo, el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, debió posponer una visita oficial a Marruecos porque el gobierno “no ha podido garantizar un programa de trabajo en acuerdo con las necesidades del mandato y la términos de referencia para visitas a países por procedimientos especiales”.

La visita estaba programada “para examinar el impacto de las medidas destinadas a garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial y los fiscales, y el ejercicio independiente de la profesión jurídica”.

“Es muy lamentable que el gobierno no haya tenido plenamente en cuenta las sugerencias de lugares para visitar y el calendario de trabajo. Es una condición previa esencial para el ejercicio del mandato del relator especial, que yo pueda determinar libremente mis prioridades, incluyendo lugares para visitar”, dijo García-Sayán entonces.

Robert Colville, portavoz de la alta comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, realizó un pronunciamiento el 10 de mayo, para denunciar que “estamos muy preocupados por el alto número de defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido asesinados, hostigados y amenazados en Colombia, y por el hecho de que esta terrible tendencia parece estar empeorando”.

“Llamamos a las autoridades a hacer un significativo esfuerzo para enfrentar el patrón de hostigamiento y ataques dirigidos contra los representantes de la sociedad civil y a que tomen todas las medidas necesarias para enfrentar la impunidad endémica en torno a estos casos”, prosiguió.

Tan solo en el primer cuatrimestre del año, detalló, se produjeron 51 asesinatos de personas que posiblemente defendían derechos humanos o eran activistas, según las denuncias de la sociedad civil, organismos del Estado y la propia Defensoría del Pueblo.

Esta altísima cifra continúa una tendencia negativa que se intensificó durante 2018, cuando el personal de la Oficina en Colombia de ACNUDH, documentó el asesinato de 115 defensores y defensoras de los derechos humanos.

Desde agosto de 2017, en Colombia gobierna Iván Duque, que los analistas internacionales afilian al grupo del neopopulismo y neonacionalismo conservador, que está creciendo en América Latina.

Mientras,  el mes pasado, Israel revocó el permiso de trabajo de Omar Shakir, el director de la organización Human Rights Watch para Israel y Palestina, una decisión protestada por las Naciones Unidas.

“Esta decisión amenaza la promoción, la investigación y la libre expresión para todos y refleja una resistencia preocupante al debate abierto”, dijo un grupo de expertos de la ONU. “Es un revés para los derechos de los defensores de derechos humanos en Israel y en el territorio palestino ocupado”, añadió.

Palitha Kohona, expresidenta del Comité Especial de la ONU sobre Prácticas Israelíes, encargado de vigilar las violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por Israel, aseguró a IPS que las visitas oficiales a Cisjordania estaban prohibidas por Tel Aviv, “y no por falta de intentos” de llevarlas a cabo.

“En 2011, esperamos un día adicional en Amman con la esperanza de obtener la aprobación, que nunca llegó. Una visita ministerial de delegados del Movimiento de Países No Alineados a Cisjordania fue detenida en el puente Allenby por Israel”, recordó sobre alguna de las iniciativas frustradas del Comité para cumplir su misión.

Con Gaza la situación fue otra durante un tiempo, después que el cruce de Rafah pasó a ser controlado por Egipto y las autoridades del territorio palestino. La entrada a Gaza para el Comité se realizó por el paso de Sinaí, después de un largo viaje en autobús desde El Cairo a través del desierto, dijo Kohona, quien fue representante permanente de Sri Lanka ante la ONU.

“Visité Gaza dos veces en 2010 y 2011 con el Comité. Creo que estas fueron las únicas dos ocasiones en que el Comité pudo visitar Gaza”, afirmó.

Según un reportaje publicado en The New York Times el 10 de marzo, Leilani Farha, relatora especial sobre vivienda adecuada de las Naciones Unidas,  se mostró “sorprendida” al descubrir que algunos de los egipcios que entrevistó en los asentamientos pobres de El Cairo “habían sufrido represalias por hablar con ella”.

“Algunos fueron expulsados ​​de sus hogares por funcionarios, sus pertenencias esparcidas en las calles. Otros fueron acosados ​​por los servicios de seguridad o se les prohibió salir de Egipto”, detalló el artículo del corresponsal del The New York Times en El Cairo, Declan Walsh.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a Farha de fabricar historias e insinuó que era una simpatizante del terrorismo, empeñada en difamar a Egipto”, contó el periodista.

Según el periódico, esa visión defensiva y conspirativa ha llegado a la ciudadanía, debido a que es la estándar en los canales de televisión egipcios, cuya política editorial es muy seguidora de las posiciones del regimen del general Abdul Fatah al Sisi.

Las Naciones Unidas cuentan actualmente con 38 relatores especiales o expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, máxima instancia intergubernamental de ACNUDH, para investigar violaciones de los legítimos derechos políticos, económicos y legales de personas y minorías en todo el mundo, dentro de un sistema introducido en 1982.

Las misiones de investigación, efectuadas por relatores de la ONU, cubren una amplia gama de temas, como investigaciones sobre tortura, ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzosas, racismo, xenofobia, esclavitud moderna y abuso contra los derechos de los migrantes y pueblos indígenas.

La sudafricana Urmila Bhoola,  relatora especial sobre Formas Contemporáneas de la Esclavitud, detalló a IPS que durante 2018 visitó en misión especial a Níger, Bélgica, Nigeria, El Salvador, Mauritania, Paraguay e Italia, por ese orden.

Recordó que “las visitas a los países solo se realizan por invitación de los gobiernos”.

“He emitido solicitudes para visitas a muchos países, pero debido al nombre (de la relatoría) y al enfoque del mandato, los Estados miembros a menudo se muestran reacios a invitar a realizar una visita a quienes tienen un sobre formas contemporáneas de esclavitud”, detalló

Los Estados miembros, puntualizó, no pueden rechazar abiertamente una visita, pero pueden no responder a las solicitudes de visitas a los países.

Según la Oficina de ACNUDH, los Estados miembros generalmente cooperan con los expertos independientes en derechos humanos en los llamados Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Se trata del mayor órgano de expertos independientes en el sistema de ONU en derechos humanos y se dedican a monitorear situaciones concretas en el tema.

El número de Estados que nunca han recibido la visita de un relator especial de los que operan dentro de ACNUDH, ha caído a 22. Y el número de Estados que han emitido una “invitación permanente” a los Procedimientos Especiales ha llegado a 120 Estados miembros y un Estado Observador no miembro.

Algunos Estados reciben más de una visita por año. Cada año, en promedio, los Procedimientos Especiales realizan alrededor de 80 visitas a diferentes países.

En este momento, dijo un portavoz, “no hemos sido notificados de ningún cambio relacionado con la cooperación con los Procedimientos Especiales por parte de la misión permanente de Estados Unidos aquí en Ginebra. De hecho, han estado en contacto con varios titulares de mandatos recientemente”.

En diciembre de 2017, el gobierno de Myanmar informó a la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Yanghee Lee, que se le negaba acceso al país y se le retiraba toda cooperación mientras durara su mandato, descontento con su último informe, pese a que hasta entonces había realizado dos visitas anuales el país desde 2014.

T: MF

El artículo Auge de nacionalismos de derecha socava DDHH en el mundo fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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UN health agency highlights lifestyle choices that can prevent onset of dementia, as millions more succumb each year

UN SGDs - ter, 14/05/2019 - 12:06
Key lifestyle choices such as getting regular exercise, not smoking or drinking too much, can reduce the risk of dementia and cognitive decline, the UN health agency said on Tuesday.
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El desatendido desplazamiento interno requiere acciones urgentes

IPS español - seg, 13/05/2019 - 18:27

Familias desplazadas en la provincia de North Kirvu, en República Democrática del Congo reciben algunos productos domésticos. Crédito: Martin Lukongo/NRC

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, May 13 2019 (IPS)

Más personas que nunca en la historia viven en la actualidad desplazadas dentro de las fronteras de sus propios países y el pronóstico es que la cifra seguirá subiendo si no se produce una acción urgente para evitarlo, según alerta un nuevo estudio.

Elaborado por el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, en inglés), perteneciente al no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), el último Informe Global sobre Desplazamiento Interno presenta un panorama sombrío sobre un tema con graves y crecientes consecuencias.

“El informe de este año es un triste recordatorio de la recurrencia del desplazamiento y de la gravedad y urgencia de las necesidades de los desplazados internos”, dijo la directora del IDMC, Alexandra Bilak.

Para la especialista, “los hallazgos” del informe, lanzado este mes de mayo, representan un “llamado de atención a los líderes mundiales”.

“El año pasado, millones de personas obligadas a huir de sus hogares, a los que están fallando gobiernos nacionales ineficaces y una diplomacia internacional insuficiente”, aseguró el secretario general del NRC,  Jan Egeland.

Pero, subrayó, “debido a que no han cruzado una frontera, reciben  poca atención”, a niveles mundiales y regionales.

El estudio estima que 41,3 millones de personas sobrevivían como desplazados internos a fines de 2018 y de ellos 28 millones eran nuevos desplazamientos. Esos nuevos casos se originaron en 61 por ciento por desastres naturales y 39 por ciento restante por conflictos de distinto tipo.

“La evacuación de personas salva sus vidas, pero no significa que no permanezcan desplazadas después de que termine la crisis, especialmente si sus casas han sido destruidas”, dijo a IPS la jefa de Política y Defensa de IDMC, Bina Desai.

Por ejemplo, solo Filipinas registró casi cuatro millones de desplazamientos, más que cualquier otro país del mundo. Una parte significativa se desplazó como resultado de las evacuaciones preventivas para mitigar los impactos de los tifones entre julio y diciembre de 2018.

Desai manifestó su preocupación de que, a pesar de la inversión en la reducción del riesgo de desastres, las comunidades siguen muy expuestas y vulnerables.

“El desplazamiento está dejando de ser un problema puntual para convertirse en una experiencia cada vez más cíclica y repetida para las personas”, dijo.

De los 41,3 millones de desplazados internos, dos terceras partes, lo que equivale a 30,9 millones, se concentran en 10 países: Siria, Colombia, República Democrática del Congo, Somalia, Afganistán, Yemen, Nigeria, Etiopía, Sudán e Iraq, por ese orden.

Un caso particular es el de Colombia, que se mantiene como el segundo país en número, con 3,8 millones de desplazados internos, pese al acuerdo de paz logrado en 2016 entre el gobierno y la ya extinta guerrilla de las FARC. De hecho, los enfrentamientos con otros grupos armados provocaron en el país latinoamericano 145.000 nuevos desplazados en 2018.

Las urbes, foco de desplazamiento

Del estudio también emergió que el desplazamiento interno es un fenómeno cada vez más urbano, en particular en el caso de los originados en conflictos.

Eso sucede por ejemplo en comunidades que por la guerra en Yemen buscan refugio en ciudades como Hodeidah,  o que por conflictos de diferente orden en Somalia se desplazan a urbes como a  Mogadiscio.

Los desplazamientos a las urbes tienen algo de círculo vicioso, destacó Desai, porque los que llegan hasta ellas en busca de seguridad, frecuentemente son forzados a convertirse otra vez en desplazados.

En Somalia, las autoridades han desalojado por la fuerza a miles de desplazados internos que a menudo se instalan en asentamientos informales y han llegado a demoler las viviendas, dejándoles nuevamente sin hogar.

Uno de los peores incidentes de desalojo masivo ocurrió en diciembre de 2017, cuando 35.000 personas que vivían en 38 asentamientos de desplazados internos fueron desalojados luego de una disputa sobre la propiedad de la tierra.

A medida que las ciudades continúan siendo el destino de éxodos interno, su crecimiento se vuelve exponencial, lo que hace que sus residentes enfrenen un mayor riesgo de desplazamiento, cuando suceden desastres naturales en los cada vez más extensos territorios urbanos.

El IDMC calcula que aproximadamente 17,8 millones de personas corren el riesgo de ser desplazadas por las inundaciones cada año en el mundo. De ellas,  80 por ciento  vive en áreas urbanas o periurbanas.

Desai destacó la necesidad de planes e inversiones a largo plazo para ayudar a prevenir el desplazamiento como primer objetivo, con la construcción de infraestructuras resistentes a la climatología entre otras muchas.

A su juicio, comprender los riesgos de desplazamiento debe ser un componente esencial en los planes de desarrollo.

“Cualquier decisión de inversión que se tome en la planificación del desarrollo, ya sea en educación o en infraestructura de salud o en medidas de seguridad, tendrá un impacto en el riesgo futuro, porque lo incrementará o reducirá”, dijo a IPS.

“No es como un evento externo, que empuja a las personas a abandonar sus hogares, pero es la forma en que están expuestos o son vulnerables a ese evento y determinará si están en riesgo de ser desplazados”, agregó Desai.

Sin embargo, la financiación para la reducción del riesgo de desastres (DDR, en inglés) sigue siendo lamentablemente insuficiente.

Según el Instituto de Desarrollo de Ultramar, solo 0,4 por ciento del monto total gastado en asistencia internacional se destinó a DDR en las últimas dos décadas.

Al final del día, la solución es en gran parte política.

“En última instancia, si los gobiernos nacionales no tienen un interés y un incentivo para invertir y reducir el desplazamiento interno, eso no sucederá”, dijo Desai, señalando la necesidad de proporcionar datos sólidos y pruebas que conecten los desplazamientos con las prioridades políticas.

A juicio del IDMC, la mayoría de los gobiernos siguen concentrando su preocupación en los flujos de refugiados, pero es imperativo centrarse también en los desplazados internos que a menudo se convierten en refugiados cuando no les quedan soluciones u opciones.

“Creemos que los desplazados internos merecen mucha más visibilidad … la urgencia es clara porque hemos visto esos lugares donde tenemos datos sólidos de que no solo las personas mismas se ven inmensamente afectadas, sino que también se están erosionando los avances en el desarrollo”, dijo Desai.

Para la especialista, las comunidades de destino y los países que tienen altos niveles de desplazamiento interno no podrán lograr sus objetivos de desarrollo nacional o los internacionales Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que deben cumplirse para 2030.

“Todas las personas desplazadas tienen derecho a la protección y la comunidad internacional tiene el deber de garantizarla”, concluyó Egeland, por su parte.

T: MF

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‘Disaster resilient’ farming reduces agriculture risks, yields economic gains, says new UN agriculture agency report

UN SGDs - seg, 13/05/2019 - 17:48
A scale of economic gains through easy-to-implement "disaster resilient" farming practices was revealed on Monday at the launch of a new study by the United Nations agriculture agency.
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Activismo LGBTI cubano redobla visibilidad por sus derechos

IPS español - seg, 13/05/2019 - 15:48

Activistas de la comunidad LGBTI participan el 11 de mayo en una caminata por Paseo del Prado de La Habana, autoconvocada en por las redes sociales, en coincidencia con las actividades de las 12 Jornadas Cubanas de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia, pero independiente a ellas. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, May 13 2019 (IPS)

Con acciones comunitarias y la primera marcha masiva sin autorización oficial, el activismo de gays, lesbianas, bi, trans e intersexuales (LGBTI) entra en una nueva etapa que calificaron de decisiva para mantener y ampliar sus derechos en Cuba.

“La lección ha sido grande… al final te das cuenta que detrás de todo esto hay mucha manipulación. Pero yo no me puedo rendir ni dejar presionar… tengo que seguir luchando por mis derechos”, dijo a IPS la artista Siria González, del proyecto comunitario Casa Tomada Mirarte.

Con una bandera multicolor en la mano, González estuvo entre las primeras personas que llegó en la tarde del sábado 11, al Parque Central, en el municipio de La Habana Vieja, donde decenas de activistas, personas LGBTI y solidarias con esa causa protagonizaron la caminata, que fue convocada a través de las redes sociales.

Luego de que los primeros activistas hicieron ondear sus banderas en el Parque Central y respondieron a preguntas de la prensa internacional y alternativa, el grupo fue creciendo con más personas y otras que miraban desde cierta distancia, como la empleada en un centro gastronómico Aylin González.

“Hace tiempo que participamos en las congas y nos quedamos sorprendidas con la noticia de que estaban suspendidas. No sabemos en realidad por qué”, dijo a IPS. “Hay un poquito de temor a que se vuelva a cómo era tiempos atrás, que hasta ahora se ha luchado bastante”, valoró antes de unirse a la marcha.

Todo comenzó el 6 de mayo, cuando el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) comunicó que por decisión del Ministerio de Salud Pública, al que se adscribe esta institución, quedaban suspendidas las dos congas (marchas festivas) previstas en la 12 Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia.

Ese es el nombre al programa anual de actividades educativas, de activismo y sensibilización, que desde 2007 el Cenesex coordina en la capital y una provincia seleccionada como sede central alrededor del 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.

El texto original del programa incluía una marcha el sábado 11 en La Habana y otra en la ciudad de Camagüey, que fueron canceladas, según Cenesex, “por la agresividad contra Cuba y Venezuela” y grupos que “pretenden utilizar nuestra Conga para desacreditar, dividir y sustituir el verdadero sentido de esta actividad” .

Con banderas y arengas como “El anillo pa’ cuando”, “Viva la Revolución” y “Cuba diversa”, el grupo congregado en el Parque Central caminó pacíficamente por la antigua avenida del Paseo del Prado, donde los autos lo recibieron con bocinazos y la policía detuvo el tráfico por un kilómetro hasta la intersección con el malecón habanero.

Agentes de seguridad detienen a dos participantes en una marcha autoconvocada por activistas pro los derechos del colectivo LGBTI en La Habana, en coincidencia con las 12 Jornadas Cubanas de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia , el sábado 11 de mayo.
Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

En ese punto, agentes policiales informaron que no podían continuar. En momentos confusos, al menos sucedieron cinco detenciones con resistencia. Desde antes de la marcha trascendió en las redes sociales que varios activistas que confirmaron su asistencia fueron detenidos previamente y otros advertidos de no asistir.

Tras el incidente violento, varios manifestantes se sentaron en el suelo del parque y algunas parejas se subieron sobre los bancos para besarse en la boca, aupadas por gritos y aplausos.

Otros participantes comentaron que irían a la Fiesta por la Diversidad, que el Cenesex organizó en un centro recreativo en el barrio habanero de Vedado.

“La Constitución fue escrita con las manos, el corazón, inteligencia y sabiduría del pueblo cubano”, dijo la sexóloga Mariela Castro Espín, coordinadora del Cenesex,  a los asistentes a la Fiesta por la Diversidad, que recibió cobertura de la televisión estatal.

“Ahí están nuestros derechos, de todas las personas”, enfatizó la diputada, que aboga por la vía estatal para el logro de derechos.

Bajo críticas y apoyos en las redes sociales, el domingo 12 Castro Espín calificó en su perfil de Facebook  a la marcha alternativa de “show convocado desde Miami y Matanzas, respaldado por funcionarios de la embajada de Estados Unidos y cubierto por la prensa extranjera”, en tiempos de confrontación entre La Habana y Washington.

Pero el intenso debate sobre la caminata pacífica y derechos humanos en Cuba continúa en las redes sociales en un país cada vez más conectado a Internet, que vive un complejo escenario respecto a postergadas demandas LGBTI como el matrimonio y la adopción igualitaria desde que en julio de 2018 comenzó la reforma constitucional.

El proyecto de ley fundamental incluía una definición del matrimonio como “la unión voluntaria entre dos personas”, en el artículo 68. Pero,tras la consulta popular, el parlamento cambió  por “una de las formas de organización de las familias”, a definir en un futuro nuevo Código de Familia, que será sometido a consulta y plebiscito.

Algunas parejas de la comunidad LGBTI se besan en unas esalinatas, en una reivindicación de sus derechos, incluido el manifestar su orientación sexual en los espacios públicos, durante una caminata por La Habana, convocada a través las redes sociales el 11 de mayo. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Sectores sociales rechazaron el artículo 68, que hubiera allanado más el camino al matrimonio igualitario, en especial iglesias evangélicas, que organizaron campañas, recogidas de firmas y continúan realizando acciones masivas en espacios religiosos, que hasta se han desbordado a zonas públicas para hacer valer sus posturas.

“Durante la consulta se hicieron muy pocas cosas por parte de la comunidad LGBTI”, evaluó el joven activista Jancel Moreno, que coordina el proyecto en formación Dame la mano, una de las iniciativas autónomas representadas en la marcha y que realizan pequeñas acciones contra la homofobia en espacios comunitarios e Internet.

Aunque personas como Moreno prefieren la definición de matrimonio definitiva y otros la del eliminado artículo 68, la decisión parlamentaria de que el Código de Familia sea sometido a referendo resulta rechazada. “Una mayoría que no conoce del tema, que tiene muchos prejuicios, no puede plebiscitar los derechos de una minoría”, dijo.

En busca de visibilizar más a la comunidad LGBTI, algunas iniciativas autónomas como Dame la mano, Alianza Afrocubana, Dame tu pulóver, CineClubCuir, Casa Tomada Mirarte, la campaña “Acepto”, la plataforma 68Va, Riera Studio, entre otras, realizan pequeñas acciones comunitarias de cara al referendo de la ley de familia.

Por su parte, Cenesex aseguró que el resto del actual programa, que incluye trabajo educativo y de sensibilización, continuará hasta completar las 29 actividades previstas.

Un largo camino queda pendiente, aunque se observan avances, en la lucha por la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en la población de 11,2 millones habitantes, según las últimos resultados de estudios representativos.

Al menos 63,8 por ciento rechaza la unión legal entre personas del mismo sexo, de la muestra representativa de 39.318 personas, de 12 a 64 años, entrevistadas en la Encuesta sobre Indicadores de Prevención de Infección por el VIH/sida 2017, disponible desde marzo en el sitio de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

El cuestionario, aplicado ese año, encontró también que 59,3 por ciento de las personas acepta la diversidad sexual o al menos a los hombres que tienen sexo con otros hombres, mientras que 40,7 por ciento manifiesta reticencias o disímiles actitudes de rechazo.

Antes, la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (Enig-2016), con una muestra representativa de 19.189 personas de 15 a 74 años, encontró el dato más inclusivo de los conocidos hasta el momento: 77 por ciento de las y los entrevistados considera que las personas LGBTI deben disfrutar de iguales derechos.

Pero cuando el cuestionario preguntó por los principales derechos demandados por esta comunidad, los resultados fueron contrastantes: solo 49,1 por ciento de la muestra consideró que “se les debería permitir casarse” mientras que entre 31 y 34,6 por ciento está a favor de que una pareja del mismo sexo adopte un niño.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Sudafricanos encomiendan a Ramaphosa recuperar economía y democracia

IPS español - seg, 13/05/2019 - 14:18

Miembros del Consejo Nacional Africano, el partido que gobierna Sudáfrica desde hace medio siglo festejan el triunfo de su líder, Cyril Ramaphosa, en las elecciones generales del 8 de mayo, aunque haya sido con la peor votación de su historia. Crédito: CNA

Por Crystal Orderson
CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica, May 13 2019 (IPS)

Los sudafricanos ansían que el gobierno que emergió de las elecciones del 8 de mayo genere empleos, recupere la estancada economía, ponga fin a la rampante corrupción y regenere la democracia y para ello ratificaron en las urnas a Cyril Ramaphosa, el presidente interino, aunque con una confianza en claro declive.

En las sextas elecciones democráticas, el Congreso Nacional Africano (CNA) volvió a obtener la máxima votación entre los nada menos que 28 partidos en liza, como se repite desde el fin del apartheid o segregación racial, en 1994. Pero lo hizo con el peor porcentaje de votos desde entonces: algo menos de 58 por ciento.

El economista Dawie Roodt dijo a IPS que lo urgente ahora es saber los planes de Ramaphosa, de 66 años, actual líder de CNA y quien como vicepresidente asumió la jefatura interina del gobierno y el Estado, ante la renuncia a que se vio forzado Jacob Zuma (2009-febrero de 2018) por los escándalos de corrupción.

Justamente, afrontar los altos niveles de corrupción y reconstruir la economía son las dos grandes promesas que deberá cumplir, planteó ea especialista, para quien lo primero será saber el gabinete que lo acompañará, en especial en las carteras de finanzas, cuando la Asamblea Nacional legislativa lo invista en junio para un mandato de cinco años.

“Los desafíos son desalentadores y hay que lidiar con algunas prioridades clave, como  la crisis de (la compañía estatal eléctrica) Eskom y otras en el ámbito económico, en especial el muy elevado desempleo y los niveles de deuda del Estado”, afirmó en una entrevista desde Pretoria el economista jefe de Efficient Group

Un mandato para el cambio

La votación para el CNA representa una importante caída respecto a 2014, cuando el partido obtuvo 62,5 por ciento de los sufragios.

También se redujo la participación, con 65 por ciento del padrón electoral frente a 73,5 por ciento de hace cinco años, un dato sorpresivo y que para los analistas se explica por el desencanto de la población, en este país de 54 millones de personas.

Esa desilusión del electorado en la política y en sus líderes presiona a Ramaphosa para lograr cambios económicos en un plazo no mayor de dos años, coinciden los politólogos y los economistas sobre lo que evidencian los resultados electorales.

Para ello, aducen, cuenta con su historial. Economista y militante desde el comienzo de la lucha contra el apartheid, “hijo predilecto” del líder histórico Nelson Mandela, primero sindicalista y luego empresario exitoso, sus dotes negociadoras se confirmaron como coordinador de la redacción de la actual Constitución.

“Tiene un margen de 12-24 meses para cumplir las promesas de trabajo y la gente lo cuestionará si va a hacer lo correcto o no”, subrayó el economista Khaya Sithole a emisoras locales.

Roodt considera que los sudafricanos dieron un voto condicionado a CNA y a Ramaphosa, en esta república de sistema parlamentario y 54 millones de habitantes, que se considera la potencia emergente de África.

Se le eligió, planteó, para que haga los cambios que urgen y cumpla con sus promesas, entre ellas un gabinete más pequeño y centrado en avanzar en la transformación económica y la regeneración democrática.

Cyril Ramaphosa, presidente interino de Sudáfrica desde febrero de 2018, vota en los comicios del 8 de mayo, en que este economista, político, rico empresario y activista sindical de 66 años y quien coordinó la redacción de la actual Constitución del país, fue ratificado para dirigir el país los próximos cinco años. Crédito: Cyril Ramaphosa.

Pero más allá de una reducción de los ministerios, para Roodt lo fundamental en que al frente de ellos se coloque “a  personas eficientes para cada cargo, porque a menudo los ministros son designados por sus lealtades y no por su desempeño”.

Todas las miradas sobre Ramaphosa

Ramaphosa aseguró durante la jornada electoral que estos comicios tenían ecos de las históricas elecciones de 1994. Lo hizo en la localidad de la que es originario, Sowetto, el gran asentamiento de población negra a las afueras de Johannesburgo, que fue emblemático en la lucha contra el apartheid desde los años 70 y hasta lograr su derrumbe.

“En 1994 nuestra gente estaba tan emocionada como esta que vota aquí ahora, porque estaban anunciando una nueva era, un nuevo futuro para nuestro país y hoy esto es lo que estoy recogiendo”, afirmó.

Ramaphosa hizo una especie de crítica al afirmar que “durante los últimos 25 años, hemos logrado mucho, pero aún no hemos llenado el vaso. El vaso está medio lleno”, antes de reafirmar que “no tendré tolerancia con la corrupción”.

Los sudafricanos están desesperados por un cambio. En muchos de ellos creció el enojo y la desilusión a medida que se revelaban los niveles de corrupción de Zuma, que contrastaban con la situación de la mayoría de la población.

En los últimos años, los sudafricanos se han vuelto más pobres, luchando por mantener a sus familias con una economía estancada. Con una de cada tres personas sin empleo, hay una creciente desesperación porque el cambio llegue.

Y todos los ojos están puestos en el presidente de CNA desde 2017, cuya presión para que ponga a flote el barco cuanto antes aumenta, ahora que ha recibido un voto de confianza de las urnas, que aunque desgastado aún le asegura una mayoría absoluta en el parlamento.

Economía enferma

Si bien lo más urgente para los sudafricanos es que Ramaphosa cree puestos de trabajo, este es solo parte del paquete de problemas económicos que deberá afrontar el gobernante desde junio.

Entre esos problemas destacan un endeudamiento que alcanzará más de 60 por ciento del producto interno bruto (PIB) para el bienio 2023-2024. El PIB sudafricano se situó al finalizar 2018 en 790.934 millones de dólares.

Eso pesa como una losa en el crecimiento del PIB, que en 2019 ya ha debido revisarse a la baja en dos décimas, para situarlo en un pobre 1,5 por ciento.

Para dar la vuelta a la situación, Ramaphosa se ha propuesto la ambiciosa tarea de atraer 100.000 millones de dólares en inversiones.

Eskom, una soga alrededor del cuello

Pero también tendrá que afrontar el colapso de entidades estatales, en especial la compañía de electricidad Eskom, que simboliza los 25 años de gestión de CNA: tras lograr llevar el suministro a más de 85 por ciento de la población, ahora la castiga con cada vez más frecuentes apagones y el déficit eléctrico bloquea el tan necesario crecimiento económico.

Detrás hay una historia de mala gestión y gran corrupción en la que ha sido la empresa con mayor utilidad en África y ahora es una soga alrededor del cuello del gobierno de Ramaphosa.

El gobierno ha tenido que asistirla ya con cientos de millones de dólares de los contribuyentes y sanearla va a requerir miles más. La empresa carga con una deuda de más de 28.000 millones de dólares y las agencias de calificación de riesgo la colocan en el más alto de la economía más industrializada de África.

Cuando CNA comenzó a gobernar este país bajo la presidencia de Mandela, en 1994, y se pusieron fin a cinco décadas de apartheid, la electricidad solo llegaba a la mitad de la población, la gran mayoría blanca, y al comenzar 2018 el suministro alcanzaba a más de 85 por ciento, pero en medio Eskom había colapsado.

Roodt considera que las energías de Eskom ahora se concentran “simplemente sobrevivir”, para lo que necesitan miles de millones, lo que será una “amenaza” para los esfuerzos de reanimación económica.

El saneamiento de Eskom pasa también por otro problema que tiene todo el aparato público: un nivel desbordado de personal.

“Hay un exceso de personal salarios desmesurados y una plantilla de entre 20.000 y 30.000 personas que trabajan allí, hay que reducir a Eskom”, planteó.

Pero recortar la plantilla de Eskom y en general del sector estatal, con las altas cotas de desempleo actuales, se traduciría en tensiones sociales y crisis con los sindicatos que han sido soporte tradicional del CNA.

Como Ramaphosa jugará las marcadas cartas con las que contará cuando el parlamento le entregue el mandato en junio es algo que se desconoce, aunque sus votantes confían en su gran experiencia negociadora.

T:MF

El artículo Sudafricanos encomiendan a Ramaphosa recuperar economía y democracia fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Podcast Histórias que Ninguém Te Conta

Pública - seg, 13/05/2019 - 12:00

O podcast Histórias Que Ninguém Te Conta é uma série de reportagens produzidas pela Agência Pública sobre a zona portuária do Rio de Janeiro. A série foi inspirada no aplicativo Museu do Ontem, que mistura jornalismo, arte e tecnologia e permite ao usuário explorar o Porto Maravilha.

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Podcast: “Isso aqui é osso de gente”

Pública - seg, 13/05/2019 - 11:59

 

 

 

Juliana Russo/Agência PúblicaO podcast Histórias Que Ninguém Te Conta narra a história da zona portuária carioca

Nos últimos meses, as repórteres da Agência Pública mergulharam na Zona Portuária do Rio de Janeiro para desvendar histórias pouco conhecidas sobre o passado do Rio e do Brasil.

O resultado é o podcast Histórias Que Ninguém Te Conta, que publicamos nas próximas semanas, sempre nas segunda-feiras ao meio dia.

O porto do Rio de Janeiro tem um passado rico e cheio de histórias que vão além do que está nos livros escolares. Foi ali que desembarcou a família real portuguesa em 1808; que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, em 1888, acabando com a escravidão; e onde foi proclamada a República, em 1889. Mas foi ali também que funcionou o maior porto negreiro das Américas, que recebeu mais de 700 mil negros escravizados, e ali pertinho fica o local onde o presidente João Goulart fez o comício da Central, usado como desculpa para o golpe militar de 1964.

No episódio de hoje, Mariana Simões e Gabriele Roza caminham pelo porto em busca de fatos e marcos da época da escravidão, e se deparam com fantasmas que ainda assombram o porto e a memória coletiva dos brasileiros.

O Podcast tem como ponto de partida o aplicativo Museu do Ontem, que mistura jornalismo e gamificação para explorar essa região tão rica de histórias que ninguém te conta. Saiba mais e baixe o aplicativo aqui.

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EQUIPE HISTÓRIAS QUE NINGUÉM TE CONTA

Direção e Roteiro: Mariana Simões, Gabriele Roza

Produção e Apresentação: Mariana Simões e Gabriele Roza

Supervisão e Edição do Roteiro: Natalia Viana

Participação/ Sonoras: Anelis Assumpção

Captação e Mixagem: Filipe Peçanha

Ilustrações: Juliana Russo

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Climate action: 4 shifts the UN chief encourages Governments to make

UN SGDs - dom, 12/05/2019 - 22:30
Speaking to young Māoris and people of the Pacific islands in New Zealand on Monday, UN Secretary-General António Guterres said “nature does not negotiate” and emphasized four key measures that Governments should prioritize in order to reach carbon neutrality by 2050.
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World Migratory Bird Day highlights deadly risks of plastic pollution

UN SGDs - sab, 11/05/2019 - 14:15
Saturday marks World Migratory Bird Day which, this year, is raising awareness about the serious threats that plastic pollution poses to bird life, with a call for urgent measures to end the problem. 
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Ensuring the ‘lungs of the planet’ keep us alive: 5 things you need to know about forests and the UN

UN SGDs - sex, 10/05/2019 - 15:41
Forests are vitally important for sustaining life on Earth, and play a major role in the fight against climate change. With the 2019 session of the United Nations Forum on Forests wrapping up on Friday in New York, we delve deeper into the subject, and find out what the UN is doing to safeguard and protect them.
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Recortes presupuestarios minan a gobierno de Brasil

IPS español - sex, 10/05/2019 - 14:58

Estudiantes brasileños durante una de las manifestaciones de protesta que se han sucedido este mes de mayo contra los recortes al presupuesto de las universidades anunciado por el gobierno de Jair Bolsonaro. Crédito: PT

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, May 10 2019 (IPS)

La crisis fiscal colaboró en la elección como presidente de Brasil del ultraderechista Jair Bolsonaro, pero se ha vuelto ahora en una amenaza para su gobierno, al agravar los daños sociales de la recesión económica de 2015-2016, a la que siguió un estancamiento que todavía se prolonga.

Masivas protestas estudiantiles se suceden en las universidades públicas después que el Ministerio de Educación y Cultura les impuso un recorte del presupuesto para gastos corrientes, que varía según las instituciones pero que promedia 28,5 por ciento y alcanza 50 por ciento en las más castigadas.

Esa poda no afecta a los gastos obligatorios, como sueldos, que son los más abultados, por eso se traduce en “solo 3,5 por ciento” del presupuesto total de cada universidad, matizó el ministro Abraham Weintraub, un economista sin experiencia en la gestión en educación, que asumió el cargo apenas el 9 de abril, tras la defenestración de su predecesor por Bolsonaro, en el poder desde el 1 de enero.

Pero la medida se suma a una retención de contingencia aplicada usualmente en el inicio del año, de menor proporción, que afecta al mantenimiento, agua, luz, laboratorios y otros servicios indispensables.

“Es devastador para las universidades, que ya vivían en penuria”, evaluó para IPS Cristovam Buarque, quien fue rector de la Universidad de Brasilia (1985-1989), ministro de Educación (2003-2004) y senador (2002-2018) siempre volcado al tema educacional.

“Será imposible mantener las actividades en el segundo semestre”, advirtieron varios rectores de las universidades federales, que son las financiadas por el gobierno nacional y suman 67 en todo el Brasil, con un total de dos millones de alumnos, en un país con una población de 209 millones.

Los institutos federales, cruciales para llevar al interior de este país de dimensiones continentales la enseñanza técnica secundaria combinada con la universitaria, también perdieron parte de sus recursos, al igual que instituciones que conceden becas para postgrado e investigaciones científicas.

“El norte amazónico será más duramente afectado, porque nuestras universidades están en proceso de consolidación, tienen estructuras más precarias, menos equipos y menos alumnos que los del centro-sur de Brasil”, destacó Marcela Vecchione, del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará.

“Las universidades cumplen acá un papel inductor del desarrollo local, de generación de empleos, sus alumnos están inseridos en la promoción del desarrollo inclusivo, educación y políticas públicas, especialmente ambientales”, explicó a IPS la doctora en ciencia política que coordina en ese núcleo el Programa de Posgrado en Desarrollo Social del Trópico Húmedo.

Brasil vive en este siglo un proceso de interiorización de la enseñanza universitaria, especialmente en la Amazonia y el Nordeste, las regiones más pobres del país, que puede interrumpirse por los recortes presupuestarios.

Los recortes alcanzaron a todos los ministerios, con intensidades distintas, en un total de 30.600 millones de reales (7.750 millones de dólares). El de Educación encabeza la lista con la mayor suma, equivalente a 1.450 millones de dólares, al cambio actual.

Pero los ministerios de Defensa y de Ciencia y Tecnología soportan los recortes más brutales en proporción, 44 y 42 por ciento respectivamente. Será necesaria mucha disciplina para evitar reacciones en el estamento militar, que se queja de escasez de recursos hace mucho tiempo.

El ministro de Educación y Cultura, Abraham Weintraub, explica en una audiencia en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en Brasilia, los recortes presupuestarios en su sector, que están provocando protestas masivas y crecientes en las universidades y otras instituciones educativas. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

También faltarán fondos para reparar y pavimentar carreteras, para construcción de viviendas sociales, saneamiento básico y el censo oficial de 2020, cuya preparación vio reducido su presupuesto en 13 por ciento.

El déficit fiscal, que debe sobrepasar el límite fijado en el presupuesto nacional de este año, obliga a reducir los gastos, justificó el presidente Bolsonaro.

Brasil cuenta desde 2000 con una ley de Responsabilidad Fiscal cuya violación puede costar al mandatario su inhabilitación política, como pasó con sucedió en su segundo mandato a la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016).

El presupuesto de 2019 se aprobó con base en un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 2,5 por ciento, y está ahora en revisión, porque ya no se espera que supere 1,5 por ciento y, además, el gobierno sufre una caída aún más fuerte en sus ingresos.

“El odio a la universidad es el verdadero motivo” en el caso de los recortes en educación, cree Buarque, aunque reconoce la gravedad de la crisis fiscal. “A los actuales gobernantes no les gusta la intelectualidad independiente”, reforzó.

Esa es una impresión acentuada por el mismo ministro Weintraub desde su llegada. Nada más asumir el ministerio anunció su intención de reducir cursos de Filosofía y Sociología, por “no ofrecer retorno inmediato a la sociedad, como hacen medicina y veterinaria”. Bolsonaro lo respaldó.

Luego el ministro anunció un recorte de 30 por ciento a tres universidades, porque promueven “el alboroto” y tienen un bajo desempeño. Tras protestas y la información de que las tres están entre las mejores universidades brasileñas, admitió que la medida alcanza a todas las instituciones federales.

Bolsonaro y otras autoridades defienden una “escuela sin partido”, para combatir lo que denominan “marxismo cultural”, supuestamente dominante en la enseñanza. Weintraub lo ejemplificó con la persecución de grupos izquierdistas que dijo haber sufrido en la universidad donde estudió.

Así las medidas en desmedro de las universidades se perciben también como un castigo y el deseo de someterlas a sus creencias.

La mala suerte para Weintraub es que su ministerio batalla con multitudes concentradas en universidades, en general con decenas de miles de estudiantes. Los recortes despertaron un movimiento masivo de estudiantes y científicos.

Su colega del Medio Ambiente, Ricardo Salles, es también execrado por los ambientalistas, por medidas que apuntan a la demolición de su propio ministerio. Pero la resistencia es dispersa, depende de ocasiones singulares y protestas internacionales, que ya empezaron.

Esas luchas sectoriales pueden acelerar la pérdida de credibilidad del actual gobierno, que ya sufrió una gran erosión en sus cuatro primeros meses, según las encuestas.

El aprieto fiscal ahora anunciado puede ser potencialmente más desestabilizador, al ampliar el descontento. Nuevos recortes están en estudio ante una mayor frustración del crecimiento ya reconocida por las autoridades económicas.

El actual gobierno heredó una economía que creció a un ritmo anual de solo 1,1 por ciento desde 2017, sin recuperarse de la caída de 3,5 y 3,3 por ciento en 2015 y 2016, respectivamente.

La expectativa de que la confianza en un nuevo gobierno de orientación económica liberal impulsaría una recuperación, no se concretó, al menos por ahora.

La reforma del sistema de previsión social, encarada como el factor decisivo para revertir la situación, avanza entre incertidumbres en sus trámites legislativos. Se teme que los cambios terminen por ser insuficientes para asegurar un futuro equilibrio fiscal.

El índice oficial de desempleo subió a 12,7 por ciento en marzo, lo que se traduce en 13,4 millones de desocupados. La industria sigue perdiendo dinamismo y participación en el PIB.

Los recortes presupuestarios, es el pronóstico generalizado, agravarán ese cuadro.

“No se pude recortar todo, habría que definir prioridades. Reducir inversiones en educación es sacrificar el futuro, cuando se gasta mucho más en subsidios, por ejemplo, a la producción de automóviles, que es solo para el presente”, lamentó Buarque.

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo Recortes presupuestarios minan a gobierno de Brasil fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Dulce Pandolfi: “Fui objeto de uma aula de tortura”

Pública - sex, 10/05/2019 - 14:11

“Este é um momento político muito oportuno para relembrar que existiu uma ditadura civil-militar no Brasil”, introduz a repórter Tatiana Merlino, sobrinha do jornalista Luiz Eduardo Merlino, morto e torturado pelos militares em 1971. A convite da Pública, Tatiana entrevistou ao vivo Victória Grabois, do Grupo Tortura Nunca Mais, e parente de desaparecidos políticos da Guerrilha do Araguaia, e Dulce Pandolfi, historiadora que foi torturada no DOI-Codi da Tijuca.

A conversa foi em meio aos recentes fatos que envolvem o governo Jair Bolsonaro, que, três meses após tomar posse, determinou que fossem comemorados os 55 anos da ditadura militar no Brasil.

Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade estipulou pelo menos 434 mortos e desaparecidos no período de exceção. Segundo o Human Rights Watch, mais de 20 mil pessoas foram torturadas pelos militares brasileiros.

As mulheres, embora em menor número, tiveram papel essencial nos movimentos pela liberdade e democracia e não passaram impunes pelo regime. A seguir, publicamos alguns trechos da conversa no Rio de Janeiro, no dia 27 de abril. Veja a íntegra aqui:

 

Tatiana Merlino — Para vocês, que viveram, combateram e passaram todos esses anos do período da redemocratização denunciando o que foi a ditadura, como é que viver esse momento político no Brasil?

Victória Grabois — Vivi durante 16 anos da ditadura civil-militar do Brasil na clandestinidade. A tortura física é algo imensurável. Já conversei isso com muitas mulheres, que viveram tanto a clandestinidade, como viveram e foram torturadas e sobreviveram e viveram na cadeia, e elas diziam que a pior coisa da vida é a clandestinidade porque você tem que ser outra pessoa.

Entrei na clandestinidade com 21 anos e sai aos 36. Casei durante a clandestinidade, tive um filho na clandestinidade, tive documentos falsos. E viver na clandestinidade é algo que não dá para dizer a vocês. Eu não cheguei a ser guerrilheira no Araguaia, porque dentro do partido comunista tinham uma mentalidade de que mulher não ia ficar na guerrilha, e voltei para São Paulo. Voltei para São Paulo, fiquei grávida e tive um filho. Sempre digo: meu filho salvou minha vida. Se eu não tivesse meu filho, hoje eu não estaria aqui conversando com vocês. Alguém sobrou da família? As mulheres e as crianças sobraram para contar essa história. Então eu vivi épocas muito difíceis, e agora, depois de velha, com filhos criados, com netos, estou vivendo algo que eu jamais imaginaria que voltasse, e para mim voltou de uma forma muito dura. E o que mais me chama atenção é o desmonte da educação neste país. Por enquanto esse governo não me atingiu fisicamente, mas acho que vou ser atingida. Sou do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, eles não chegaram no grupo, mas vão chegar. Tenho quase certeza de que eles vão em cima da gente.

Tatiana Merlino — Você acha que estamos vivendo um negacionismo, um revisionismo histórico?

Dulce Pandolfi — Para mim, é muito emocionante falar sobre essas coisas. Para nós, que passamos as agruras do regime militar, é muito duro estar vivendo isso no Brasil. Costumo dizer que é como se fosse um governo de ocupação. Existe um projeto, e eles estão implantando um projeto, que é de destruição e que atinge diversas áreas: a questão ambiental, a questão indígena, as universidades, a educação, a nossa área de direitos humanos. Então é muito cruel. A gente está vivendo agora uma situação de barbárie.

No meu entender, não se trata mais de uma linha divisória. Não se trata mais de democracias, nem ditaduras. A história não é um processo linear. Os direitos são mutáveis, surgem novos direitos. Cada batalha da gente tem objetivos, e a gente tem ganhos, tem algumas perdas e depois novas batalhas, com novos ganhos e novas perdas. O que a gente está vivendo hoje, também, não é um revisionismo. O que a gente está vivendo é outra coisa, é o que a gente chama de negacionismo, uma coisa completamente absurda. É quando, por exemplo, esses homens dizem que o partido do Hitler era de esquerda e nega todas as fontes que dizem o contrário.

Lembrando, também, que, no Brasil, a gente tem uma elite muito complicada, e que todos os momentos onde a gente teve governos que tentaram fazer transformações, até pequenas, mas projetos mais vinculados aos pobres, propostas mais inclusivas, esses governos foram rechaçados por essa elite. Foi assim em 64, foi assim com Vargas e foi assim agora, nesses governos de Lula e Dilma.

Tatiana Merlino — Dulce, voltando à questão do negacionismo, por que você acha que a gente chegou até aqui? A justiça de transição do Brasil foi muito tardia, ineficiente? Qual sua avaliação?

Dulce Pandolfi — Acho que tem uma relação, sim. A história é feita de rupturas e continuidades. Nenhum processo se rompe totalmente, sempre tem coisas que continuam e coisas que você rompe. Mas no Brasil, por exemplo, as continuidades, as permanências são mais fortes do que as rupturas. De um modo geral, tem sido assim a nossa história. E assim foi com a passagem, também, do regime ditatorial para o regime democrático. E a lei da anistia, que este ano está comemorando 50 anos em agosto, também complicou muitas coisas. Mas por quê?

Os que estavam fora do país voltaram e a volta foi muito comemorada. Imagine, pessoas que estavam fora do Brasil desde 64, que nem conheciam suas famílias. Conheço muita gente que não conhecia nenhum parente, porque tinha saído daqui em 64, deixando filho, mulher, e não conheceu mais ninguém. Mas a lei tem um problema muito sério: os torturadores não foram julgados no Brasil. O que quero é o reconhecimento público da tortura no Brasil. Quero é que um torturador seja reconhecido publicamente, e que a tortura seja condenada como tal, como um crime de lesa-humanidade, portanto inadmissível de ser feita contra mim, contra você e contra qualquer um de vocês, contra qualquer pessoa da sociedade brasileira.

Agência PúblicaA jornalista Tatiana Merlino entrevistou Dulce Pandolfi e Victória Grabois

Tatiana Merlino — Victória, por que você acha que o Brasil não conseguiu, ainda, punir os torturadores, apesar das muitas ações que foram movidas pelo MPF contra agentes da ditadura?

Victória Grabois — Acho que não teve vontade política de nenhum presidente que sucedeu o regime militar. Eu sinto muito de ter que falar isso. Por que Lula, no primeiro governo dele, que tinha 80% da aprovação do povo brasileiro, não teve a coragem política de abrir os arquivos da ditadura? Ele podia ter feito isso, mas não teve, em nome da governabilidade. Quer dizer, é uma questão seríssima. Nós somos uma sociedade atrasada, somos uma sociedade conservadora, e nós sentamos em cima da chamada redemocratização.

Tatiana Merlino — Dulce, você poderia contar um pouco da sua história, da sua militância e da sua tortura.

Dulce Pandolfi — Eu sou pernambucana e me engajo na luta ainda bastante jovem, quando o estado era governado por Miguel Arraes. Era um governo bastante avançado. Pernambuco foi um centro importantíssimo no período. É de lá que surgiu o Paulo Freire, Francisco Prenan, as ligas camponesas, o Julião, Gregório Bezerra, que também era líder dos trabalhadores rurais, Pelotas Silveira… Enfim, toda uma liderança que fez do governo Arraes um governo muito particular. Então, no dia do golpe, eu tinha 13 para 14 anos, e aquilo foi uma marca muito forte na minha vida. Meu pai era um liberal de esquerda, professor da universidade, e lembro lá os amigos reunidos, queimando livro, escondendo livro, enfim, as pessoas em pânico.

Entro na universidade em 67, ou seja, sou dessa geração de 68, que é uma geração muito especial. Entrei para fazer ciências sociais, que o Bolsonaro odeia, e fui fazer sociologia. Esse curso considerado, hoje, menor. Fui uma jovem do movimento estudantil, do diretório estudantil, depois do diretório central dos estudantes e depois ingresso na ALN – Aliança Libertadora Nacional. Eu sou presa em 1970, aqui no Rio de Janeiro, e fui barbaramente torturada.

A repressão também tinha sua escala, né? A ALN era uma organização dirigida por Carlos Marighella, que era considerado o inimigo mortal da ditadura. Fui de fato supertorturada, um período muito duro, difícil.

Eu passei três meses no DOI-Codi, totalmente ilegal, uma prisão que não tinha rastros, vamos dizer assim, que podiam ter desaparecido comigo… Fui para o Dops, depois para Bangu, depois vou para Recife, porque também tinha processo lá…

Mas enfim, depois desse período, depois da legalidade, a gente frequentava as auditorias militares, onde os processos rolavam. E lá a gente era interrogada sobre os nossos processos e, no final, os militares, aquela coisa bem solene, perguntavam se você tinha alguma coisa a acrescentar. E várias pessoas, entre elas eu, mas vários outros companheiros, a gente fazia denúncia das torturas. Enfim, contava os detalhes da tortura, e aquilo era assinado por nós e pelos militares, pelos auditores. Aquilo tudo ficou selado, é um negócio realmente impressionante. Não é à toa que, quando começa a se discutir a anistia, os advogados vão lá, pegam aquela documentação, e isso redundou numa coisa preciosíssima, que são os arquivos do Brasil: Nunca Mais.

Então, meu caso é um caso, digamos assim, bastante badalado, porque eu também fui objeto de uma aula de tortura. Eu, depois como professora, quando penso nisso, é uma coisa, assim, que me dói da cabeça até o dedo do pé. Você saber que você está sendo uma cobaia onde as coisas eram explicadas para os alunos. Qual tortura mais eficiente, fazendo assim, fazendo assado. Eu já estava presa há um tempo, quase dois meses. Foi uma barra super pesada.

Acho que o caso da Victória também é um caso muito emblemático, muito duro, mas eu queria marcar uma pequena diferença, porque eu acho, Victória, que tudo isso, que os avanços que a gente conseguiu, foram em função de uma luta, de uma disputa. Não foi o presidente da república A, B, C ou D. A gente não teve condições. A sociedade brasileira não abraçou a nossa causa como a gente queria.

Então, por exemplo, acho que a Comissão da Verdade foi um grande ganho. Claro que se avançou pouco do ponto de vista dos mortos e desaparecidos, entendo sua dor. Porque nós temos uma dor que jamais será apagada. Até digo: a tortura, como o desaparecimento, é uma tatuagem, que eu levo comigo até a morte.

As pessoas não falavam de tortura e foi a partir da Comissão da Verdade que a gente conseguiu socializar essa discussão. Acho que o grupo dos familiares dos mortos e desaparecidos e o grupo Tortura Nunca Mais são heroicos, tiveram papel fundamental. Lutaram com unhas e dentes o tempo inteiro. É uma luta incansável. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer também os avanços, e se a gente não avançou mais é porque a sociedade brasileira, exatamente por nossa história, pela escravidão, pelo tipo de colonização que a gente teve, pelo tipo de transição que a gente teve, pelo tipo de direitos humanos que tem no Brasil, não conseguiu avançar mais.

Victória Grabois — Primeira coisa: não sou vítima, sou sobrevivente. Eu nunca fui vítima. Eu até brinco com as minhas amigas que eu devo ser um ser à parte, porque o que vejo do sofrimento das pessoas…

No grupo Tortura Nunca Mais, nós tivemos uns 15 anos com um projeto clínico-psicológico em que nós atendemos os familiares de mortos e desaparecidos políticos e os companheiros que foram torturados. Você ir no grupo Tortura Nunca Mais é um choque quando você entra. E consegui sobreviver a isso, de viver na clandestinidade, de criar meu filho, de reconstruir a minha vida, de ser militante. Eu sou uma sobrevivente da ditadura militar. Eu não quero que ninguém ache que eu sou uma vítima.

Queria dizer, também, que 68 foi marcante, porque a gente teve um movimento na França, um movimento que eclodiu no mundo e veio refletir no Brasil. E eu sou da geração de 64, eu sou mais velha que você. Eu era estudante da Faculdade Nacional de Filosofia, hoje é o IFCS, e tinha um diretor que chamava Eremildo Viana. Quem lê o Elio Gaspari, vê lá: Eremildo, o idiota. É o próprio. E na época, nós fizemos um movimento para que o novo diretor da Faculdade Nacional de Filosofia fosse eleito, e nisso 15 alunos foram suspensos por tempo indeterminado. Eu sou uma dos 15 alunos e, quando veio o golpe em abril, eles expulsaram os 15 e mais quatro, então são 19. E um dos expulsos é o Elio Gaspari. Dulce, toda vez que mudava um governo, vinha um ministro da Justiça novo, nós íamos para Brasília conversar com os ministros e escutamos sempre: em nome da governabilidade, nada pode ser feito. O pior ministro que recebeu os familiares de mortos e desaparecidos políticos, em cinco minutos, foi o ministro Márcio Thomaz Bastos. Me desculpem falar isso, não é mágoa que eu tenho, não. Mas é um mínimo de respeito por aquelas senhoras que perderam seus filhos. Vocês não podem imaginar o que é a perda de um filho. A gente sabe perder pai e mãe, mas perder filho? E tem mães dos desaparecidos que perderam três filhos. A família Petit perdeu três na guerrilha. Então, é o mínimo que esses governos que se diziam democratas, que se diziam do nosso lado, teriam que nos receber com dignidade. Esses casos precisavam ser esclarecidos, e no Brasil não foi. O Lula só mandou projeto da Comissão da Verdade porque nós estávamos na Costa Rica, porque os ministros, os juízes da CIDH [Comissão Interamericana de Direitos Humanos] iam falar que era o país mais atrasado que tem no mundo. Quantos desaparecidos no Brasil? 136? Total 434? Não é verdade. E a matança dos indígenas? Cadê os indígenas na Comissão da Verdade? Sempre dissemos que a tortura no Brasil era uma política de Estado… A Comissão da Verdade é um ganho? É. Porque eles disseram: era uma política de Estado, dito pelo próprio Estado brasileiro. Mas isso é muito pouco. Você vai no Araguaia e vê índio louro de olho verde. Os militares brasileiros estupravam as índias durante a guerrilha. As coisas que eles faziam lá… A Comissão da Verdade não colocou isso. Mal e porcamente colocou lá a questão dos camponeses que foram torturados, que até iam receber uma indenização pecuniária que o Bolsonaro mandou cortar, entendeu? Esse papo não é de mágoa, não, é questão política. Vou dizer uma coisa: a esquerda só se une na cadeia. A união da esquerda é na cadeia porque você vê o Bolsonaro, tem o grupo dos militares, o grupo do Paulo Guedes, o grupo dos filhos, o grupo do Moro… Eles estão se engalfinhando, mas eles estão lutando, e nós não.

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¿De sancionar a Irán a ir a la guerra?

IPS español - sex, 10/05/2019 - 12:08

El mundo se pregunta si las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán son parte de una escalada belicista o un juego de simulación para terminar sentando a Teherán en una mesa de negociación, en condiciones de debilidad. Crédito: Cortesía de Countercurrents.org

Por Haider A. Khan
DENVER, Estados Unidos, May 10 2019 (IPS)

Con los recientes movimientos militares anunciados de forma peculiar por la Casa Blanca, el mundo está siendo testigo con creciente fascinación de lo que podrían ser los primeros pasos hacia una guerra contra Irán. ¿Qué tan plausible es este escenario y qué es probable que ocurra geopolíticamente si la beligerancia de Estados Unidos lleva a una verdadera confrontación militar con Teherán?

Ya se ha visto antes que las relaciones entre Washington y Teherán se hundan en una espiral negativa, que en esta ocasión comenzó con la salida unilateral de Washington del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), el miércoles 8 de mayo hizo un año, sin el consentimiento de sus aliados europeos y con el resultado de una división entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre las políticas hacia Irán.

Además, Estados Unidos restableció las sanciones contra Irán, pero dio un tiempo para que los aliados, necesitados de energía, importen hidrocarburos de Irán durante un plazo determinado. Algunos como Japón cumplieron a regañadientes con los pedidos de Washington. Otros, particularmente China e India, continuaron importando energía iraní.

Recientemente, Estados Unidos incrementó su presión sobre Irán al prohibir que los países que todavía importan petróleo de ese país lo sigan haciendo. Si alguien hace negocios que rompan las sanciones con Irán, será castigado adecuadamente, ha amenazado la administración de Donald Trump.

Las sanciones pueden no funcionar tan bien como aseguran los analistas cercanos a Trump y la maquinaria de propaganda del gobierno de Estados Unidos, pero incluso si sus efectos resultasen parciales,  podrían ser un toque para que Irán despierte.

Haider A. Khan

Sin embargo, contrariamente a la ilusión de Trump, este llamado de atención para Irán la comenzó a obtener como respuesta la decisión de Teherán de no negociar bajo un estado de capitulación las demandas de Estados Unidos.

Las sanciones, junto con los movimientos militares más recientes, ya se han producido, según los informes de todos los observadores neutrales, una respuesta de “unificación en torno a la bandera” por parte de la mayoría de la población iraní.

Contrariamente a las afirmaciones de algunos grupos disidentes pro-estadounidenses de Irán, lobistas pro-israelíes y propagandistas de Arabia Saudita, las sanciones no han debilitado políticamente al régimen de Teherán.

Irónicamente, las sanciones han aislado, de hecho dividido, a los auténticos críticos pro democracia de la República Islámica dentro de Irán y han fortalecido políticamente a los partidarios de la línea dura.

Y la situación solo puede empeorar, a medida que esta escalada profundiza en la retórica de amedrentamiento, acompañada por hechos netamente intimidatorios como movimientos militares de la flota estadounidense y anuncios de la administración, encabezados por John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Si esta estrategia prosigue, los partidarios de la línea dura hacia Irán dentro de la administración Trump seguramente se duplicarán y se prepararán para una guerra asimétrica, algo que ya han anunciado como un posible escenario.

Dada la debilidad militar de Irán con respecto a Estados Unidos y sus aliados regionales, tal respuesta parecerá a esas mentes militares que rodean a Trump que es una estrategia muy racional en términos de tácticas militares.

Cualquiera que esté familiarizado con los desarrollos recientes en la teoría del juego no cooperativo podrá entender esta respuesta como una deducción lógica dentro del entorno que Estados Unidos ha ido creando con la serie de movimientos que comenzó con su retiro unilateral del PAIC.

La respuesta asimétrica de Irán (los estrategas militares iraníes lo han dejado claro) también atraerá al grupo chiita libanés Hezbolá y otros activos militares con que Teherán cuenta en la región, fuera de sus fronteras.

Por lo tanto, en este punto no se puede descartar una futura participación en ese conflicto de los sirios e incluso de Turquía.

Dada la importancia estratégica geopolítica de Irán y Siria para Rusia, incluso si Turquía no se involucra, Moscú seguramente tendrá que considerar sus opciones en términos de sus intereses estratégicos geopolíticos a largo plazo.

Como potencia creciente, la República Popular China puede no involucrarse directamente en ese conflicto asimétrico, pero se puede apostar con seguridad que Beijing ayudará a Irán financieramente y también a Rusia, al suministrar algunos tipos de equipos y armas, en particular aviones y misiles tierra-aire.

Si Trump piensa que atacar a Irán traerá a los chinos a la mesa de negociación para hacer mayores concesiones reales a Washington, es muy probable que esté fantaseando.

Con ese contexto,  ¿qué ganará realmente Estados Unidos geopolíticamente? Según los analistas políticos, hay dos grupos dentro de la formulación de políticas de alto nivel en Washington al respecto.

En el primer grupo se dice que Trump es un líder orientado a las transacciones y que lo que pretende es que Irán llegue a la mesa negociadora en un estado de debilidad después de sufrir pérdidas, para así obtener un trato mejor para los intereses estadounidenses.

Pero los detalles de cómo podría desarrollarse este proceso y cuál es el acuerdo a que aspira Trump no se han revelado.

El segundo grupo, del círculo cercano a Bolton, según los analistas geopolíticos, quiere llevar a Irán a una confrontación militar si las sanciones económicas por sí mismas no conducen a un cambio de régimen.

Incluso en mi peor escenario económico para Irán, un cambio de régimen mediante las sanciones por sí solas no parece probable. Entonces, ¿los Estados Unidos o sus representantes como Israel y Arabia Saudita se involucrarán en una operación militar real?

La posibilidad misma es alarmante. Pero los cálculos más serios y serenos no parecen alentadores para una operación militar, a la luz de los resultados de las intervenciones en Iraq, Afganistán o Libia. No hay posibilidad de una victoria rápida contra Irán y cualquier intervención prolongada desestabilizará aún más la ya conflictiva región.

Tampoco está claro cuáles serán las respuestas militares chinas y rusas a medio plazo. El conflicto puede convertirse en una guerra regional e incluso en una guerra extrarregional, dependiendo de algunas de estas respuestas.

Por lo tanto, sin sonar alarmista, uno tiene que esperar que Trump esté jugando al engaño, aunque Bolton y los neoconservadores de los que forma parte, no lo estén.

Pero incluso si Trump ejerce una falsa presión hasta cuando no es necesario y en último término no funciona, con el fin de lograr un mejor trato para Estados Unidos -signifique esto lo que sea-,  dentro de una lógica militar, los iraníes serían tontos de actuar bajo el supuesto de que  hay una diferencia sustancial entre Trump y Bolton, que finalmente llevará al presidente a acabar con los pasos de Estados Unidos hacia una guerra o una situación bélica.

Para tener una mirada lúcida sobre esta amenaza, con base a las evidencias disponibles, los estrategas iraníes se están preparando para no caer en una trampa tendida por Washington, que los lleve a actuar primero y provocar una respuesta militar estadounidense que iniciaría una guerra.

Sin embargo, una vez que en Teherán piensen que Estados Unidos está a punto de comenzar a bombardear a Irán, seguramente tomarán lo que consideren acciones asimétricas apropiadas. Y ahí radica el peligro de una conflagración que puede salirse fácilmente del control de cualquier gran potencia.

Puede contactar con Haider A. Khan en este correo electrónico: hkhan@du.edu

T:MF

El artículo ¿De sancionar a Irán a ir a la guerra? fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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“Não estamos para confrontar ninguém, mas não podemos nos omitir da nossa missão”, diz presidente do Cimi

Pública - sex, 10/05/2019 - 10:00

Havia o prenúncio de uma guinada conservadora nas eleições da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), mas o resultado satisfez boa parte dos membros do clero católico de linha progressista, como o presidente do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), dom Roque Paloschi. Ele confia na continuidade do apoio ao trabalho das pastorais da Igreja por parte da próxima diretoria da entidade. “Tenho plena convicção disso. Todos são homens sintonizados com o caminho da Igreja no Brasil e aliados aos caminhos que o papa nos pede”, avalia dom Roque, arcebispo metropolitano de Porto Velho (RO). Na assembleia geral do órgão, realizada no início deste mês em Aparecida (SP), dom Walmor Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, foi eleito presidente da entidade. Os dois vice-presidentes escolhidos foram dom Jaime Spengler e dom Mário Silva, arcebispo de Porto Alegre e bispo de Roraima, respectivamente. E o secretário-geral eleito foi dom Joel Portella Amado, bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Eles triunfaram sobre nomes de linha mais conservadora que também estavam no páreo, como dom Odilo Scherer, cardeal e arcebispo de São Paulo.

Em entrevista à Pública, dom Roque reconheceu que há contestação ao clero progressista dentro da Igreja, falou sobre o embate de membros do governo à atuação indigenista do Cimi e sobre a expectativa com a realização do Sínodo da Amazônia, encontro chamado pelo papa Francisco para discutir questões relativas à Amazônia, como a preservação ambiental e a situação dos povos indígenas. “A Amazônia é uma terra em disputa em várias frentes. Há a questão da madeira, do minério, do petróleo, do agronegócio. Tudo isso vem acontecendo e nós agimos como se não tivéssemos responsabilidade”, afirma. Sobre o clima de perseguição ao Cimi, que já foi alvo de uma CPI no Mato Grosso do Sul e também bastante atacado na CPI da Funai e Incra, no Congresso Nacional, dom Roque recorre a uma metáfora bíblica. “Jesus foi caluniado, difamado, perseguido e pregado numa cruz. Se tiver que acontecer isso com o Cimi, esse é o destino também que nós temos”, afirma.

Divulgação/Cimi“Quando estamos discutindo a situação da Amazônia, não é para ir contra o governo”, afirma o presidente do Cimi sobre Sínodo da Amazônia

A polarização que a gente vê na sociedade chegou às eleições da CNBB?

A Igreja, historicamente, há 2 mil anos é acostumada a resolver as suas dificuldades nesse caminho de sinodalidade, de sentar junto e discutir. É só você pegar lá o livro de Atos dos Apóstolos e você vai ver o primeiro concílio que houve em Jerusalém, quando havia uma forte divisão na concepção sobre como evangelizar, o grupo de Pedro pensava de um jeito, o grupo de Paulo pensava de outro, e o que fizeram? Se reuniram durante um certo tempo e concluíram assim: “O Espírito Santo e nós decidimos”. E aí estabelecem as decisões que eles assumiram. Depois, nós temos aquele ensinamento de Santo Agostinho: unidade naquilo que é essencial e liberdade nas coisas secundárias, mas, em tudo, a caridade. Então eu podia dizer pra ti que esse é o clima aqui da Conferência. Há posições que não se coadunam, que são divergentes, mas há o campo do diálogo, da discussão e do discernimento. Isso é interessante: dizem que a CNBB está dividida, mas a votação para as diretrizes da ação evangelizadora foi unânime entre quase 300 bispos. Isso é um sinal de que se tenta criar uma situação que não é a realidade. Evidentemente, quem está na Amazônia olha o Brasil de um jeito. Quem está no centro de São Paulo, olha de outro. Quem está no Nordeste, olha de outro. Quem está nas periferias, olha de outro. Isso é um enriquecimento que vai acontecendo. É uma expressão bonita.

Como presidente do Cimi, como o senhor vê este momento de ataque à pauta socioambiental e indigenista no atual governo? Recentemente o Cimi foi alvo de uma CPI no Mato Grosso do Sul, há pessoas no próprio Ministério da Agricultura que se contrapõem diretamente ao órgão…

A gente tem que viver o Evangelho nos caminhos da proximidade e da solidariedade com aqueles que são os destinatários da nossa missão, como Conselho Indigenista Missionário, os povos originários. Nós levamos isso com os caminhos da fé. Porque o próprio Jesus vai dizer pra mim e pra todo cristão: “Eu estava com fome e tu não me deste de comer, eu estava com sede e tu não me deste de beber, estava nu e tu não me vestiste, eu era estrangeiro, peregrino e refugiado, e tu não me acolheste”. Em um país com tanto preconceito, com tanta exclusão, poderá dizer: “Eu era indígena e tu não me acolheste”. Hoje se trata do crescimento da consciência da responsabilidade com os pequenos grupos. Como essas pessoas são vistas, são acolhidas em uma sociedade que as observa fria e preconceituosamente. Como a Igreja precisa também ter essa ternura, esse carinho e proximidade com os irmãos e irmãs que são os primeiros habitantes dessas terras de Santa Cruz. Como a Igreja vai viver a missão junto com eles? Evidentemente não é nada prazeroso ser atacado, ter uma CPI que vasculha as vidas dos missionários do Cimi e tudo, mas eu sempre digo: a Igreja não tem nada a temer e nada a esconder. Nos anos 80, houve uma grande CPI no Congresso contra o Cimi e não deu em nada, agora a CPI do Mato Grosso do Sul também. Foi arquivada, porque objetivamente não tem nada que possa se criminalizar o Cimi pelo trabalho que faz, pelo contrário. Fora do Brasil o Cimi tem um reconhecimento imenso. Infelizmente, por parte do governo brasileiro nós somos tachados de outra maneira.

A eleição de dom Walmor, arcebispo de Belo Horizonte, para a presidência da CNBB fortalece o trabalho social da Igreja no Brasil? Há a sinalização desse suporte?

Tenho plena convicção disso. Todos são homens sintonizados com o caminho da Igreja no Brasil e aliados aos caminhos que o papa nos pede. Nós temos confiança no trabalho que eles vão conduzir.

A gente vê um grande questionamento ao trabalho das organizações ligadas à Teologia da Libertação por grupos conservadores. Como é para o senhor viver esse clima de contestação dentro da Igreja?

Que existe esse clima de contestação, existe. Mas acho que a gente tem que olhar tudo com serenidade e com os olhos da fé. Sem isso, nós acabamos nos perdendo.

Em um trecho do seu pronunciamento à assembleia da CNBB, o senhor disse que “Igrejas proselitistas, evangélicas e pentecostais, se tornaram hegemônicas em mais da metade das comunidades amazônicas”. Como a Igreja Católica poderia se contrapor a esse proselitismo na sua atuação com as comunidades?

Fundamentalmente, nós precisamos viver numa Igreja que se encarne. Como aquela expressão que aparece lá no Evangelho: “E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós”. A Igreja precisa encarnar na realidade com os rostos dos povos amazônicos, não simplesmente com bispos ordenados de fora, mas com seus próprios ministros, com a feição de si mesmos. É preciso uma Igreja que se encarne nessa realidade, que a conheça. Não é uma disputa, mas a Igreja precisa ter esse rosto e essa feição de proteção dos direitos desses povos.

Com relação ao sínodo da Amazônia, qual a importância de a Igreja pautar a Amazônia neste momento?

Esse não será um sínodo apenas para a Amazônia. É um sínodo para toda a Igreja. As decisões que o sínodo vai tomar terão implicações para o mundo inteiro. O papa, ao convocar esse sínodo especial para a porção do povo de Deus que está na Amazônia, começa a alargar o coração dele e da Igreja para realidades muito próprias de tantos lugares do mundo que vivem essa realidade. A importância é total. A Amazônia é uma terra em disputa em várias frentes. Há a questão da madeira, do minério, do petróleo, do agronegócio. Tudo isso vem acontecendo e nós agimos como se não tivéssemos responsabilidade por essa reserva biológica que é a Amazônia. Esse é o desafio. Temos a responsabilidade de cuidar de nossa casa comum. Hoje há uma preocupação com a preservação das espécies: qualquer espécie que desaparece é uma grande perda para nós. Imagina quando desaparece um povo, uma língua? É uma grande tristeza para todos. A Igreja precisa pautar isso. Qual a perspectiva para as próximas gerações? Nós recebemos um jardim, o que nós vamos devolver? Um entulho de lixo? É nossa responsabilidade. Sabemos que o desmatamento avança de forma desenfreada. Como estará a situação daqui 50, 100, 500 anos? O que a construção das hidrelétricas vai implicar na Amazônia? A evangelização passa também pela dignidade das pessoas. Não adianta dizer “ide em paz”, quando todas as pessoas são jogadas sem eira nem beira, sem seus direitos preservados. O sínodo com certeza vai fortalecer a atuação da Igreja na região. Nós temos a oportunidade de conviver e ouvir centenas de povos da Amazônia. O sínodo vai dar a oportunidade de dar seguimento a essas coisas.

Divulgação/CimiEm abril de 2018, Dom Roque Paloschi entregou o relatório “Violência contra os povos indígenas no Brasil” ao Papa Francisco em reunião preparatória para o Sínodo da Amazônia

O governo Bolsonaro deu demonstrações de se opor ao sínodo da Amazônia. Chegou a se noticiar que o GSI estaria monitorando as comunicações de bispos da região Norte, o próprio general Augusto Heleno falou que o Brasil é um país soberano, que a Igreja não teria que interferir em assuntos internos do Brasil. Como o senhor avalia esse tipo de posicionamento?

Como eu disse, não temos nada a temer. Aquilo que está sendo dito e trabalhado com relação ao sínodo é de conhecimento geral. A gente não tem nada a esconder. Quando estamos discutindo a situação da Amazônia, não é para ir contra o governo. É para buscar alternativas para fazermos o nosso trabalho em nome da vida e da esperança dos povos daquela região. Primeiro, não temos nada a temer. Segundo, não podemos nos encolher. Não precisamos ter medo da vigilância, da interferência por parte de qualquer espionagem. Terceiro, a Igreja tem que viver a missão dela. E qual é essa missão? É anunciar e viver o Evangelho. O sínodo vai auxiliar a Igreja a ter clareza sobre quais caminhos ela deve viver nesse tempo de transformações que a Amazônia vem passando.

Um dos lemas do Sínodo da Amazônia é a ecologia integral. O que significa esse conceito?

Hoje nós vemos, por exemplo, uma tendência de achar que os recursos naturais são inesgotáveis. A ecologia integral significa saber respeitar o ciclo da natureza. Também precisamos saber que, se nós envenenamos a terra, os rios, o ar, estamos envenenando a nós mesmos e que a criação é um dom para toda a humanidade, e não só para a geração de hoje, mas para todas as gerações vindouras também. A ecologia integral é saber como viver efetivamente: cuidar do rio, pescar e partilhar a pesca. Não é possível um mundo que produz tantos alimentos e que as pessoas morrem anualmente de fome. Precisamos encontrar esse caminho de equilíbrio na produção e distribuição dos frutos da terra, que vêm de toda a criação.

Numa mensagem do papa Francisco aos povos indígenas de Puerto Maldonado, ele afirmou que os povos indígenas nunca estiveram tão ameaçados como agora. O senhor concorda com essa visão? Há resistência dentro da Igreja em assumir a responsabilidade por essa pauta dos povos originários?

Eu devolvo a pergunta: na sua opinião, a questão dos povos indígenas está sendo crítica ou não? Nós temos quatro pontos: a questão da devastação da Amazônia. Em segundo lugar, a questão dos grandes projetos que são pensados de fora e são jogados lá: ferrovias, rodovias, hidrovias. Terceiro, a exploração mineral feita de maneira que traz grandes danos à população local. Em quarto lugar, essa tendência de achar que as populações originárias são um estorvo para o desenvolvimento do país. Portanto, eu concordo com a visão do papa de que nunca os povos originários estiveram tão ameaçados como agora. É só ver esse quadro. É só ver os números da violência em relação aos povos originários. Por que a Igreja também se coloca nessa perspectiva? Porque há esse cenário de apropriação da Amazônia de uma maneira fria e calculista, onde o preconceito predomina. Tudo isso é o rosto do próprio Cristo sofredor que nos questiona e nos interpela. Isso está nas primeiras páginas da Bíblia: onde está o teu irmão? Onde estão os milhões de povos indígenas que viviam aqui antes da colonização? Isso é um dilema nosso. Será que não temos responsabilidade? Isso não é um dilema nosso? Vamos deixá-los à própria sorte? Evidentemente, a Igreja é plural e há focos e visões diferentes. Mas o que eu posso dizer hoje, na condição de presidente do Cimi, é que nunca faltou apoio da presidência da CNBB para o Cimi desde a sua criação até esse momento. Vamos esperar que a nova presidência continue dando esse apoio ao Conselho Indigenista Missionário.

Tudo indica uma possibilidade de acirramento e contestação ao trabalho indigenista do Cimi nos próximos anos. Como vocês estão se preparando para isso?

Estamos focados nessa presença nos próximos anos entre os povos indígenas, em manter essa presença entre irmãos e irmãs. Eles precisam ser os sujeitos das suas próprias histórias, o Cimi não está aí para tutelar ninguém, mas sim para ajudar à luz da palavra de Deus. Jesus diz: “Se vos caluniarem, vos difamarem e vos perseguirem, lembrem-se de olhar para mim”. Então, essa é a postura hoje do Cimi. Jesus foi caluniado, difamado, perseguido e pregado numa cruz. Se tiver que acontecer isso com o Cimi, esse é o destino também que nós temos. Não estamos para confrontar ninguém, mas também não podemos nos omitir da missão que o Evangelho nos pede.

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Climate change: ‘A moral, ethical and economic imperative’ to slow global warming say UN leaders, calling for more action

UN SGDs - qui, 09/05/2019 - 18:19
It is nothing less than a “moral, ethical and economic imperative” to take more action to mitigate the existential threat posed by climate change, said top executives from across the United Nations system on Thursday.
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Thursday’s Daily Brief: ambulance attack in Libya, #GlobalGoals defenders, human rights in Cambodia, Swine Fever

UN SGDs - qui, 09/05/2019 - 18:12
On Thursday, we cover: a tragic attack against an ambulance in Libya; six new advocates for the 17 Sustainable Development Goals; a call for a change in political culture in Cambodia; and how Swine Fever in China is affecting global food prices.
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New SDG Advocates sign up for ‘peace, prosperity, people’ and planet, on the road to 2030

UN SGDs - qui, 09/05/2019 - 16:33
As the UN and partners around the world push towards reaching the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030, six new influential public figures came on board as official SDG Advocates on Thursday, committing themselves to the pursuit of the 17 goals on behalf of “peace, prosperity, people, planet, and partnerships.”
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Lavado de imagen de Arabia Saudita excluye a sus mujeres

IPS español - qui, 09/05/2019 - 13:01

Las mujeres saudíes viven bajo la ausencia de derechos y la tutela de los varones que impone la ley. Las activistas que promueven mejorar la situación de las mujeres son detenidas y torturadas, contradiciendo la costosa imagen de modernización y apertura con la que el reino saudí busca maquillar su imagen. Crédito: Cortesía de las autoras

Por Uma Mishra-Newbery y Kristina Stockwood
GINEBRA, May 9 2019 (IPS)

Dentro de la enorme campaña con que se busca convencer al mundo de cuánto se está modernizando Arabia Saudita, destacó la medida del cese de la prohibición de conducir para las mujeres del año pasado. Pero en realidad el reino continúa su implacable persecución de las mujeres defensoras de derechos humanos.

Un juicio que está generando la condena internacional y ha intensificado las críticas al historial de derechos humanos del país, es el que se desarrolla contra nueve mujeres que fueron arrestadas en 2018 por hacer campaña por el derecho a conducir y el fin del sistema de tutela masculina del reino saudí.

Desde el 4 de abril,Arabia Saudita ha arrestado al menos a 13 escritores y blogueros más, incluidos dos ciudadanos sauditas-estadounidenses y una feminista embarazada, en aparente represalia contra simpatizantes de activistas detenidas el último año.

Junto con los juicios en curso, los arrestos más recientes demuestran que permitir que las mujeres conduzcan era poco más que un truco publicitario de una campaña de marketing que involucraba costosos torneos de golf, conciertos con celebridades internacionales, avales de algunas de las compañías transnacionales más poderosas del mundo.

Los últimos 12 meses han estado muy lejos de los tiempos modernos y revolucionarios que se promueven en la campaña de Visión 2030.

El príncipe heredero  Mohammed bin Salman ha encabezado una brutal represión contra la sociedad civil y los derechos de las mujeres desde que se convirtió en el hombre fuerte de la potencia del Golfo, donde la disidencia no es tolerada.

El periodista saudí Jamal Khashoggi, un frontal crítico del también ministro de Defensa, fue brutalmente asesinado en el consulado saudí en Estambul. La guerra liderada por los saudíes en Yemen prosigue y ha llevado a varios países a detener las ventas de armas a Arabia Saudita, entre ellas Alemania, Dinamarca, Finlandia y Holanda.

Las armas y los vehículos blindados también se han utilizado para reprimir violentamente las protestas públicas dentro del territorio saudí.

Israa Al-Ghomgham se convirtió en la primera activista mujer en enfrentar la pena de muerte después de que fue arrestada por participar en manifestaciones pacíficas en favor de una apertura democrática en 2015.

Aunque ya no corre el riesgo de que se la aplique la pena capital, sigue encarcelada y sus coacusados ​​aún podrían enfrentar la muerte, simplemente por protestar.

Una de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos durante 2018, sin embargo, ha sido el encarcelamiento ilegal y la posterior tortura, agresión sexual y confinamiento solitario de numerosas defensoras de los derechos humanos.

La tutela masculina sobre las mujeres saudíes se ahondó aún más con una popular aplicación que permite a los hombres rastrear y controlar la ubicación y los viajes de las mujeres bajo su control. Se trata de una aplicación que está disponible en dispositivos como Apple y Google Play, por cierto.

En lugar de protestar por la aplicación, lo que se debería hacer es presionar a Arabia Saudita para que ponga fin al sistema de tutela.

El rey Salmán bin Abdulaziz, sentado, y el príncipe heredero y hombre fuerte de Arabia Saudita, que es la expresión máxima de la intolerancia del reino por toda disidencia, incluida la de las activistas por los derechos de las mujeres. Crédito: Dominio público

Hace un año, Arabia Saudita arrestó a una docena de mujeres activistas a favor de sus derechos, apenas unas semanas antes de cuando el gobierno tenía previsto levantar la prohibición a las mujeres de conducción de vehículos.

La mayoría de estas activistas habían estado trabajando activamente durante años para ayudar a poner fin al sistema de tutela y para levantar la prohibición de conducir, públicamente promocionada como parte del plan de reformas de Salman.

Pero antes de que se levantara la prohibición, recibieron llamadas telefónicas que les decían que mantuvieran la boca cerrada y que disfrutaran del hecho de que ahora iban a poder conducir.

En junio y julio de 2018, al menos otras ocho defensoras fueran arrestadas, llevando el total a más de 20 conocidas activistas por los derechos de las mujeres que están detenidas.

No todas han sido llevadas a juicio todavía, y de otras no se puede dar el nombre. Es de gran preocupación que algunos informes pongan el número a las defensoras de los derechos humanos detenidas desde que Salman llegó al poder.

Según numerosos testimonios, algunas de las mujeres detenidas el año pasado fueron torturadas repetidamente con descargas eléctricas, azotes y sumergimientos en agua, lo que las dejaba temblando incontrolablemente, incapaces de caminar o sentarse y con moretones y rasguños que cubrían sus muslos, rostros y cuellos.

Además de la tortura, varias detenidas han sido víctimas de agresiones sexuales y acoso. Al menos una de las detenidas intentó suicidarse varias veces.

El 13 de marzo, nueve defensoras de los derechos de las mujeres finalmente fueron llevadas a la corte con otras dos mujeres. Pero a ninguna tuvo acceso a un abogado hasta la segunda sesión del juicio, dos semanas después.

Los periodistas extranjeros y los diplomáticos tampoco pudieron presenciar las sesiones en el tribunal. Durante el juicio, las mujeres descubrieron que las confesiones firmadas bajo coacción en los interrogatorios se utilizarían como prueba en su contra.

El 28 de marzo de 2019, tres mujeres fueron liberadas temporalmente, entre ellas la académica Aziza al Youssef, activista a favor de los derechos humanos hace largo tiempo, y Eman al Nafjan, con un blog sobre los derechos de las mujeres.

Aplaudir estas liberaciones solo alimenta la propaganda saudí. No cambia el hecho de que fueron torturadas severamente mientras estuvieron detenidas arbitrariamente durante meses, ni de que todavía se les acusa de activismo por los derechos de las mujeres y sus juicios se reanudarán a comienzos de junio.

Sin mencionar que el hijo de Al Youssef, Salah al Haidar, estuvo entre los arrestados en abril, junto con la escritora feminista Khadijah al Harbi, quien está embarazada.

Durante la segunda sesión del juicio, el juez dijo que más mujeres procesadas serían liberadas bajo fianza. Pero en la audiencia del 3 de abril se confirmó la detención de todas las enjuiciadas.

Para peor, otra ronda de arrestos comenzó al día siguiente.

La siguiente audiencia, cuando se creía que se emitiría el veredicto para las ocho mujeres enjuiciadas que aún no han sido liberadas, se había programado para el 17 de abril, pero se canceló inexplicablemente y no se sabe cuándo se producirá.

Arabia Saudita sigue actuando con impunidad, facilitada por el silencio de la comunidad internacional hasta hace muy poco. Las acciones del reino han sido en gran parte barridas bajo la alfombra, disfrazadas bajo la falsa afirmación de que el país se está reformando y modernizando.

Escandalosamente, Arabia Saudita es miembro desde 2015 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pese a su descarado desprecio por los derechos humanos. Esto debe cambiar.

Ante la falta de acción de los actores internacionales, la sociedad civil ha llenado ese espacio con solicitudes de que las autoridades saudíes rindan cuentas sobre los derechos de las mujeres y actuaciones para que la situación de las defensoras de esos derechos que están detenidas estén presentes en el ojo público internacional.

La coalición #FreeSaudiWomen, un grupo de siete oenegés que abogan por la liberación inmediata e incondicional de todas las defensoras de derechos humanos sauditas, creó una petición que ha sido firmada por casi un cuarto de millón de personas.

La toma de conciencia de las violaciones de los derechos humanos en Arabia Saudita es el primer paso. Pero hay más cosas que pueden hacerse y una de ellas es hacer una campaña para responsabilizar a los gobiernos, empresas, artistas y grupos deportivos que continúan comprometidos con la campaña de lavado de imagen de Arabia Saudita.

A menos que se impulse una acción sistémica de solidaridad, Arabia Saudita continuará utilizando su poder económico y militar para reprimir las libertades cívicas fundamentales de las activistas de los derechos de las mujeres en el país.

En muchos niveles, la ciudadanía democrática debería estar muy asustada de que Estados Unidos piense que está bien vender tecnología de energía nuclear a Arabia Saudita, con seis acuerdos recientemente aprobados en secreto.

La crisis saudita involucra a numerosos actores clave y una solución puede parecer inalcanzable, pero un mundo que no actúa cuando un país encarcela y tortura arbitrariamente a sus ciudadanos sienta un precedente aterrador para los líderes de todo el mundo.

En un contexto donde seis de cada 10 personas viven en países donde las libertades cívicas están restringidas de alguna forma, según el Monitor Civicus, Arabia Saudita es un claro ejemplo de lo que puede suceder cuando los Estados actúan impunemente.

Para empezar, 36 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron una declaración en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de en marzo, en la que pedían la liberación inmediata de las defensoras de los derechos de las mujeres y una investigación sobre el asesinato de Khashoggi.

Si bien deben ser elogiados por sus acciones, junto con otras partes interesadas, los Estados miembros de la ONU deben subir la apuesta: emitir una amplia resolución  en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, que responsabilice a Arabia Saudita por sus violaciones a esos derechos.

T: MF

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