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La mayor red comunitaria de Cuba lucha por sobrevivir

IPS español - seg, 12/08/2019 - 11:41

Integrantes de Snet congregados en el Parque de Comunicaciones, el sábado 10 de agosto, posan luego de pedir a las autoridades el mantenimiento de la primera y mayor red inalámbrica de Cuba, en el municipio Plaza de la Revolución de La Habana. Crédito: Ivet González/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Aug 12 2019 (IPS)

La primera red comunitaria inalámbrica que surgió en Cuba, con 40.000 computadoras conectadas fuera de línea, creció con altas y bajas en la última década en su capital, donde sus integrantes protagonizan ahora un diálogo con las autoridades para seguir existiendo.

“Es completamente una iniciativa social, no tiene nada malo, no hay manera de verle un lado negativo”, dijo a IPS Luis Leonardo Hernández, que administra en un municipio periférico de La Habana un nodo con 900 usuarios de Snet, o la llamada red de la calle, de la que estiman se sirven al menos 120.000 personas en la capital.

El domingo 11 representantes de la red se reunieron con funcionarios del Ministerio de las Comunicaciones y a partir de este lunes 12 comienzan las pruebas técnicas para una posible legalización de la red metropolitana,  indicaron a IPS fuentes cercanas a la administración general de Snet.

Esta red y otras similares de menor alcance en otras ciudades -como Santa Clara Camagüey, Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba-, resultan atípicas en el resto del mundo, pues fueron construidas con cables y transmisores punto a punto como alternativa a la limitada conectividad a Internet, sobre todo para jugar en red.

Sus integrantes más innovadores crearon además servicios propios como foros, bibliotecas, chats, sitios de clasificados y un grupo de desarrollo de programas, llamado Netlab, que convierten a la red en una comunidad compleja con identidad propia, forjada a partir de un proyecto colaborativo sustentado con fondos colectivos.

“¿Qué de malo tiene la forma en que hemos trabajado todos estos años?”, se preguntó Hernández, que pertenece al segmento partidario de mantener Snet “como hasta ahora”. Mientras el optometrista Jorge Luis Alfonso remarcó que “es un fenómeno social y como eso tienen que tomarnos en cuenta”.

A pesar de algunos decomisos de equipos de tenencia ilegal detectados por inspectores o debido a la venta ilícita de Internet, Snet evolucionó bajo la mirada mayormente tolerante de las autoridades, al punto que actualmente conecta hogares de las provincias de Artemisa y Mayabeque, que colindan con La Habana.

Pero todo cambió en mayo con la publicación de las resoluciones 98 y 99 del Ministerio de Comunicaciones, destinadas al ordenamiento del espacio radioeléctrico cubano y su uso por personas naturales, que entró en vigor el 29 de julio y establece 60 días para legalizar los equipos permitidos y respetar los límites impuestos.

La norma legalizó por primera vez las redes privadas, entre otros avances, aunque con parámetros incompatibles con Snet, que es la mayor de todas ellas.

“Cumplir la legislación a totalidad sería el fin de una organización que hemos ido creando, que tiene un ambiente sano para nosotros”, dijo a IPS el taxista Juan Durán, organizador de la red, sobre la norma que fija la potencia de irradiación hasta 100 milivatios y permite el uso de transmisores solo a las personas jurídicas.

Imagen del perfil de Facebook de Snet, la llamada red de la calle. Fue la primera red inalámbrica comunitaria que surgió en Cuba y se fue expandiendo los últimos 10 años por La Habana, sobre todo entre los jóvenes, hasta convertirse en la mayor independiente existente en el país. Crédito: Snet

Entonces administradores de la red comenzaron un diálogo con funcionarios de la cartera de comunicaciones, que tuvo un punto de cambio el sábado 10, cuando decenas de integrantes de Snet se congregaron en un parque frente a la sede, en señal de inconformidad por el anuncio la víspera de que la red debía desaparecer.

Con pulóveres con el logo Somos Snet, creado para una campaña en redes sociales a favor del proyecto, o carteles artesanales con el mensaje “Todo por Snet. Somos una familia”, sus integrantes fueron llegando al lugar hasta que dos funcionarios les informaron que retomarían las conversaciones con la administración de la red.

Sudoroso y con voz desgastada, Durán estuvo entre los concentrados e indicó a IPS que habían pasado por el lugar alrededor de 300 usuarios. Algunos permanecieron allí para informar a las otras personas que seguían llegando al parque.

“No va haber ningún cambio en la ley, solo algunas concesiones en la práctica”, explicó Durán sobre la alternativa propuesta por las autoridades en respuesta a la presión ciudadana y que deben poner a prueba técnica en lo adelante, además de conocer los detalles.

La solución consiste en una fusión de la red con los Joven Club de Computación, que son 600 centros estatales tecnológicos en el país. “Se planteó que se iban a mantener los servicios y tener flexibilidad para resolver los problemas que vayan apareciendo”, continuó.

“Estamos de acuerdo en unirnos siempre y cuando mantengan lo que logramos por 10 años, con sacrificios”, valoró un chico, que no quiso identificarse. “La parte positiva es podernos conectar con el resto del país, cosa que por nuestros medios no podemos lograr”, apuntó.

Jóvenes, en su mayoría varones, escuchan a los administradores de Snet congregados en un parque frente al Ministerio de las Comunicaciones, sobre la solución propuesta por las autoridades para mantener la existencia de la red comunitaria que abastece a unas 120.000 personas en La Habana, en Cuba. Crédito: Ivet González/IPS

Pero algunos se mostraron escépticos y reservados a la espera de más detalles sobre las garantías y tiempos dados por las autoridades para la fusión, que cuando de concretarse sentaría un precedente en el país todavía muy centralizado por el Estado.

El conflicto alrededor de la intranet pone al descubierto otros problemas del país caribeño de carácter interno y hasta externo.

“Yo no tengo dinero todos los meses para pagar Internet y conectarme a un servidor internacional”, contó Heidi Margarita Betancourt, alias Gipsi, que coordina un foro donde interactúan 300 personas cada día sobre temas de actualidad, a excepción de asuntos sensibles o prohibidos como política, religión, terrorismo o pornografía.

Aunque ya 56 por ciento de la población cubana se conecta a Internet, mayormente por teléfonos móviles, según el Informe Digital 2019 de la plataforma internacional Hootsuite, todavía constituye un algo prohibitivo y en muchos casos de uso limitado debido a los altos costos del servicio.

“Esto es nuestro, los creamos para nosotros, nuestra familias, es la manera de conectarnos”, continuó Betancourt, que asegura que en su hogar toda la familia se favorece de los servicios de Snet. “Hasta mi nieta, de nueve años, hace las tareas de la escuela con la Wikipedia”, puso como ejemplo.

Otra cara de la moneda expuso el joven informático Yosvani Pérez, con el sobrenombre de Vano. “A muchos juegos en Internet, por la cuestión del bloqueo (que Estados Unidos impone a Cuba desde 1962), no podemos acceder porque somos cubanos, por eso en la red hemos creado juegos similares”, explicó.

“Snet viene a suplir todas esas cosas: es una plataforma creada por nosotros para no tener dependencia de nadie”, resumió otro informático, que se identificó solo como Luis, en respuesta al pronóstico de especialistas de que la red comunitaria desaparecería por sí sola cuando Internet sea un servicio asequible en el país.

Las redes comunitarias, que cuentan con amparo en muchos países de América Latina para ampliar el acceso a Internet, suelen constituirse de forma espontánea y colaborativa a partir de la necesidad de reducir la brecha digital, sobre todo en zonas alejadas de los centros urbanos adonde los operadores tradicionales no ofrecen servicios.

Edición: Estrella Gutiérrez

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¿Pagarán los refugiados palestinos el costo de los errores de UNRWA?

IPS español - sex, 09/08/2019 - 14:03

Un camión con ayuda para los refugiados palestinos, de Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente. Crédito: UNRWA

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Aug 9 2019 (IPS)

Se teme que la crisis que amenaza el futuro de la UNRWA tenga un impacto devastador para la credibilidad de las Naciones Unida y, peor, para la vida de cinco millones de refugiados palestinos cuya supervivencia depende de los servicios humanitarios proporcionados por esa agencia de la ONU con sede en Ammán y Gaza.

Mouin Rabbani, investigador principal del Instituto de Estudios de Palestina, dijo a IPS que “esta crisis debe resolverse en forma veloz, de acuerdo con los procedimientos organizativos adecuados”.

Algo imperioso, subrayó, por el propio bien de la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente), como para garantizar que esos refugiados no paguen “el costo de lo que es indiscutiblemente una campaña política dirigida por Estados Unidos e Israel para eliminar a los refugiados palestinos y sus derechos de la agenda internacional”.

Rabbani dijo que la crisis de UNRWA se debe mirar desde una doble perspectiva: organizativa y política.

Visto desde el lado organizativo, consideró, el comisionado general de la UNRWA, Pierre Krahenbuhl, está formalmente acusado de concentrar ilegítimamente poder para restringir la toma de decisiones en un pequeño círculo de colaboradores cuidadosamente seleccionados y poder cometer así abusos de autoridad extremadamente graves.

Significativamente, señaló Rabbani, estas acusaciones han emanado desde dentro de UNRWA, y también desde la Oficina de Ética de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que afirma tener evidencia “creíble y corroborada” sobre las irregularidades.

Esa Oficina presentó un detallado informe al secretario general de la ONU, António Guterres, que lo consideró lo suficientemente sólida como para pedir una investigación formal por parte de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU (OSSI).

Mientras continúan las investigaciones, Bélgica, Holanda y Suiza suspendieron sus contribuciones a UNRWA, después que ya, desde enero de 2018, la administración estadounidense de Donald Trump decidió, principalmente por razones políticas, retener un aporte a la Agencia de 65 millones de dólares, de un paquete de ayuda 125 millones, lo que desencadenó su crisis financiera.

Un exalto funcionario de la ONU, que habló bajo condición de anonimato, expresó su alarma por el hecho de que algunos Estados miembros se apresuraron a suspender sus contribuciones, vitales para UNRWA, con lo que castigan a palestinos inocentes, con lo que decenas de miles de niñas y niños serán víctimas de nuevas privaciones.

“Dar un paso tan drástico, con base en la cobertura mediática de un informe interno confidencial que no está disponible para los Estados miembros y que ellos saben que la OSSI todavía está investigando, es demasiado duro, especialmente en un momento en que incluso la separación de un solo niño refugiado de sus padres es considerado inaceptable “, declaró a IPS.

El diplomático manifestó su alarma por la demonización de los altos funcionarios de la UNRWA sobre la base de las filtraciones a los medios del informe confidencial de la Oficina de Ética, que son necesariamente selectivas pero también podrían ser erróneas, engañosas o francamente maliciosas, al ser un asunto que incluye a Palestina e Israel.

Puntualizó que la Oficina de Ética es una unidad clave de la ONU diseñada para verificar los abusos, y sus informes se toman en serio.

Pero acotó que no tiene el mandato ni los recursos para realizar investigaciones definitivas, por lo que reúne y presenta información y evidencia a la OSSI para su verificación.

El diplomático enfatizó que incluso si la OSSI encontrara graves fallas e irregularidades de los directivos de la UNRWA, los refugiados palestinos no deberían sufrir las consecuencias.

A su juicio, UNRWA recibió un golpe catastrófico cuando Trump canceló la contribución anual de 360 ​​millones de dólares de Estados Unidos. Pero una intensa y continua campaña de UNRWA había recaudado el mes pasado más 110 millones de otros países.

“Si UNRWA estuviera plagado de graves disfunciones en la parte superior, no puedo imaginar que los Estados miembros no estuvieran totalmente conscientes y hubieran sido tan excepcionalmente solidarios”, declaró el antiguo alto funcionario del foro mundial.

Según la UNRWA, su financiamiento proviene casi en su totalidad por contribuciones voluntarias. La única excepción es un subsidio muy limitado del presupuesto ordinario de la ONU, que se utiliza exclusivamente para gastos administrativos.

“El trabajo de UNRWA no podría llevarse a cabo sin contribuciones sostenidas de los gobiernos de los Estados y las regiones, la Unión Europea (UE) y otros socios gubernamentales, que representaron  93,28 por ciento de todas las contribuciones en 2018”, indicó la Agencia.

En 2018, añadió en un informe, 50 por ciento de los compromisos totales de aportes, de unos 1.270 millones de dólares, provino de los Estados miembros de la UE, que contribuyeron con 643 millones de dólares, incluida la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque.

La UE (incluida la Comisión Europea), Alemania y Arabia Saudita fueron los principales donantes individuales, aportando acumuladamente 40 por ciento de la financiación total de la Agencia. Gran Bretaña y Suecia también se encontraban entre los cinco principales donantes.

E l investigador Rabbani planteó a IPS que lo correcto para Krahenbuhl es renunciar de inmediato si sabe que estas acusaciones tienen fundamento.

O separarse temporalmente de su cargo de comisionado general hasta que concluya la investigación de la OSSI, si considera que son acusaciones falsas o interesadas de un entorno hostil, en vista de su gravedad.

Si se niega a hacerlo, como parece ser el caso, Guterres debería ejercer su responsabilidad y colocar a Krahenbuhl en licencia administrativa con efecto inmediato hasta que se resuelva el asunto.

“Esto es lo que cabría esperar que suceda, y de hecho a menudo se hace, tanto en el sector público como en el privado”, planteó.

A su juicio la renuncia de varios subordinados de Krahenbuhl y el nombramiento de un director adjunto interino para la UNRWA “es una respuesta insuficiente que podría decirse que solo sirve para profundizar la crisis y aumentar el daño tanto a UNRWA como a la ONU”.

Además, no favorece a la imagen de la ONU y de su Secretaria General que se haya sabido que el informe de la Oficina de Ética y las acusaciones contra Krahenbuhl se le comunicaron en diciembre de 2018 y que, desde entonces, no se adoptó ninguna medida relevante hasta el que documento se filtró a los medios en julio.

Es este punto el que más subrayan los donantes que suspendieron sus contribuciones a la Agencia y otros Estados que anunciaron que estudian medidas similares.

Desde una perspectiva política, dijo, es vital tener en cuenta que esta crisis ha estallado en un momento crítico para la UNRWA, cuando la administración Trump ataca la existencia misma de la Agencia y se prevé que usará la crisis para liquidar la asistencia a los refugiados palestinos.

Además, el mandato de UNRWA debe renovarse en los próximos meses y son muchos los que recelan de la confluencia de las filtraciones sobre su irregular manejo y la intensificación de la campaña de Estados Unidos y su aliado Israel contra la Agencia y los refugiados a los que asiste.

El contexto político es el que hace aún más urgente una actuación de la ONU sobre la permanencia de Krahenbuhl como comisionado general, cargo que ejerce desde 2014.

Para Rabbani, la prioridad tiene que ser la de los refugiados palestinos, que son el sector más vulnerable de un pueblo en permanente crisis.

“Esta crisis, y la respuesta ante su estallido, es la prueba definitiva de su compromiso (de Krahenbuhl) con este mandato, y si falla, los altos cargos de la ONU deben intervenir en forma clara y sin más demoras, para preservar los intereses de la propia ONU, de la UNRWA y de los refugiados palestinos a los que sirve”, subrayó.

Sin perjuicio de la gravedad de las acusaciones, el especialista en asuntos palestios dijo que es importante tener en cuenta cuatro elementos:

a) Las acusaciones se han dirigido contra individuos dentro de UNRWA y no contra la agencia misma.

b) El propio informe de ética de UNRWA señala que la decisión de Estados Unidos de terminar las contribuciones a UNRWA y hacer campaña para la eliminación de la Agencia, así como la crisis resultante dentro de la Agencia, forman el contexto en el que ocurrieron los presuntos abusos de autoridad.

c) Los abusos de autoridad y otras conductas inapropiadas que se detallan en el informe no son exclusivos de UNRWA, y se han documentado abusos similares y más discutibles en otras agencias de la ONU a lo largo de los años.

d) Las acusaciones se refieren principalmente a altos funcionarios ajenos al personal palestino (Krahenbuhl es suizo y su asistente principal estadounidense). El único miembro del personal palestino implicado ya ha sido despedido.

T: MF

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Nasce o cinema olavista

Pública - sex, 09/08/2019 - 12:06

No dia 20 de julho deste ano, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) publicou um decreto anunciando mudanças na estrutura administrativa do cinema brasileiro. A Agência Nacional de Cinema (Ancine) foi do Rio para Brasília, e o Conselho Superior de Cinema teve sua composição alterada, além de ser transferido do Ministério da Cidadania, que englobou o antigo Ministério da Cultura, para a Casa Civil. O número de membros do setor audiovisual no Conselho foi reduzido pela metade – de seis para três – e da sociedade civil, de três para dois. Os demais são funcionários do governo.

As mudanças foram justificadas pela necessidade de combate ao que é visto pelo Executivo como produções cinematográficas “de esquerda” que haviam sido aprovadas para captação de recursos via lei de incentivo. “O ativismo é uma coisa que não podemos permitir”, justificou Jair Bolsonaro em coletiva a jornalistas.

A fala de Bolsonaro se aproxima do discurso de Olavo de Carvalho. Para ele, existe um movimento global pela destruição da “cultura ocidental” movido por “esquerdistas” que tentam conquistar a hegemonia através da cultura, ocupando os espaços intelectuais, como as escolas e as universidades. Para vencer os fantasmas do “marxismo cultural”, é necessária uma “guerra cultural”, segundo o autoproclamado filósofo.

Muito antes das mudanças na Ancine, algumas produtoras brasileiras de cinema, inspiradas nas ideias de Olavo de Carvalho, já atuavam incansavelmente em prol da tal “guerra cultural”. O professor ganhou espaço no audiovisual através de diretores como Josias Saraiva Monteiro Neto, conhecido como Josias Teófilo, que criou a Lavra Filmes, de Mauro Ventura Alves, sócio da Ivin Films, e da produtora gaúcha Brasil Paralelo.

Ainda em 2015, quando manifestantes com camisas verde e amarelas da CBF saíam pelas ruas do país pedindo o impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT), Teófilo organizava seu movimento por trás das lentes. Em setembro e outubro daquele ano, ele, o produtor e montador Matheus Bazzo, o assistente de direção Mauro Ventura e o diretor de fotografia Daniel Aragão foram para Virgínia, nos Estados Unidos, gravar um filme sobre Olavo de Carvalho, que já estampava timidamente algumas camisetas nos protestos pelo impeachment, com a frase: “Olavo tem razão”.

ReproduçãoDaniel Aragão, Matheus Bazzo e Josias Teófilo nas gravações de “O Jardim das Aflições”

As filmagens resultaram no longa-metragem O jardim das aflições, lançado em março de 2017, com a direção de Teófilo. O documentário estreou sob polêmica, após sete cineastas retirarem seus filmes do festival Cine PE em boicote à participação do diretor pernambucano. Feito parcialmente por alunos e entusiastas de Olavo de Carvalho, o documentário apresenta a obra e o pensamento do escritor.

O sucesso levou Teófilo a criar em 2018 a Lavra Filmes, sua produtora audiovisual, e a fazer outros projetos. Um deles foi anunciado em julho através de seu Twitter, com o nome de Nem tudo se desfaz, e pretende tratar da história recente do Brasil – desde as manifestações de 2013 até a eleição de Jair Bolsonaro.

ReproduçãoPôster de divulgação do filme “Nem Tudo Se Desfaz”, de Josias Teófilo

Assistente de direção de Teófilo em O jardim das aflições, Mauro Ventura estreou como diretor em junho de 2018, com o filme Bonifácio: o fundador do Brasil. O documentário conta a história do luso-brasileiro José Bonifácio de Andrada e Silva, apontado pela produção como “um dos mais importantes brasileiros da história” e Patriarca da Independência. A Ivin Films, de Ventura, produziu também curta-metragem sobre o livro de Olavo de Carvalho O imbecil coletivo e sua repercussão. A produtora atualmente está realizando o filme Brasil: alma portuguesa, que pretende apresentar os vínculos entre Brasil e Portugal.

Fundada em 2016, a gaúcha Brasil Paralelo é outra produtora que tem ligações com o pensamento de Olavo de Carvalho. Produtora de cursos, séries e filmes documentais que propõem uma “solução paralela” para a cultura e educação no Brasil, a Brasil Paralelo lançou em 2019 seu primeiro longa-metragem nos cinemas, 1964: o Brasil entre armas e livros. Ele reúne depoimentos de especialistas ligados à direita que questionam a versão apresentada pela historiografia. Entre eles, a ideia de que havia de fato uma ameaça comunista, usada em diversos momentos pelos generais para recrudescer a repressão, e a relativização da censura.

Entre as outras iniciativas da produtora está a série O teatro das tesouras, que parte da tese defendida por Olavo de Carvalho de que “não há oposição entre os grandes partidos” do Brasil. A Brasil Paralelo produziu também a série Congresso Brasil Paralelo, que analisa a história brasileira e traça um panorama do presente e do futuro.

Por trás das séries e dos documentários estão equipes formadas majoritariamente por entusiastas e alunos de Olavo de Carvalho. A influência do autoproclamado filósofo também está nos bem-sucedidos financiamentos coletivos – as produtoras realizaram os três maiores crowdfundings do cinema brasileiro.

Além de Carvalho, as produtoras também têm buscado estabelecer relações próximas com políticos, especialmente com a família Bolsonaro. O próprio presidente prestigiou algumas das produções da Lavra Filmes e da Brasil Paralelo em posts nas suas redes sociais.

Prestígio na política

No dia 17 de junho deste ano, o cineasta Mauro Ventura, sócio da Ivin Films, foi recebido pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB). A reunião, que contou também com a participação de membros da Cúpula Conservadora das Américas, tinha como pauta “tratar da Lei do Audiovisual, das suas produções e do seu impacto na promoção do Brasil internacionalmente”. Na agenda do ministro, também foi listado como presente Cristian Derosa, editor do site Estudos Nacionais, que não aparece nas fotos.

ReproduçãoMauro Ventura com o Ministro Osmar Terra e membros da Cúpula Conservadora das Américas

Em resposta a pedido de Lei de Acesso à Informação movido pela Agência Pública, o Ministério da Cidadania disse não dispor de ata da reunião, mas enviou documento de “memória” da reunião, no qual não consta o nome de Derosa.

LAIMinisteriodaCidadania

Um mês depois do encontro, o site Estudos Nacionais publicou um documento assinado pelo movimento “Brasil 2100”, que propõe “sugestões imediatas para romper o ciclo viciante, desmoralizante e vexatório da cultura brasileira”. O manifesto lista projetos aprovados para captação de recursos via Ancine que, segundo os autores, “não deveriam ter sido aprovados”. Os autores do documento não foram identificados e não há outros indícios da existência do movimento “Brasil 2100”. No site, Cristian Derosa afirmou desconhecer os autores do manifesto. Mas, à Folha, disse conhecê-los mas negou-se a dar os nomes.

Sejam quem forem os autores, fato é que pelo menos uma das sugestões apresentadas pelo documento inspirou mudanças reais no cinema brasileiro na mesma semana. A transferência da Ancine para Brasília era uma das demandas do “Brasil 2100”. O documento sugere também a criação de uma “nova política cultural brasileira”, sem especificar do que se trata.

Em discursos sobre as mudanças, Bolsonaro citou alguns dos filmes rejeitados pelo manifesto, como produções sobre a vida de “Bruna Surfistinha”.

Além de ter sido prestigiado em uma reunião com um ministro de Estado, Ventura teve seu filme Bonifácio: o fundador do Brasil divulgado por Eduardo Bolsonaro, o filho zero três do presidente, no Twitter.

ReproduçãoEduardo Bolsonaro divulgou em seu Twitter documentário da Ivin Films

Ventura e Eduardo participaram de sessão solene na Câmara em homenagem a José Bonifácio por ocasião das comemorações do bicentenário da Independência do Brasil, em 2022. No evento, o historiador Rafael Nogueira, entrevistado para a produção de Bonifácio, aluno de Olavo e palestrante do Brasil Paralelo, discursou em homenagem ao personagem histórico e mencionou a importância do filme. Também participaram da sessão outros olavistas, como o deputado Luiz Phillipe de Orleans e Bragança (PSL-SP), membro da “família imperial brasileira” e também palestrante do Brasil Paralelo, e a deputada Caroline de Toni (PSL-SC).

ReproduçãoEduardo Bolsonaro e Rafael Nogueira em sessão de homenagem a Bonifácio na câmara dos deputados

As produções da Lavra Filmes e da Brasil Paralelo são amplamente divulgadas e elogiadas por membros do governo Bolsonaro.

O filme O jardim das aflições foi repetidamente divulgado pelo deputado federal e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, bem como por seu irmão Flávio, no Twitter. Segundo Daniel Aragão, que participou do filme, Eduardo e Teófilo se aproximaram após a produção. O documentário de Teófilo foi exibido no auditório do Trump International Hotel, em Washington, durante a visita de Jair Bolsonaro a Trump, segundo a Folha de S.Paulo. Além do próprio Olavo de Carvalho e do ex-estrategista de Trump, Steve Bannon, os ministros Fernando Azevedo, Sergio Moro, Paulo Guedes e Marcos Pontes também assistiram à sessão.

Em janeiro deste ano, Eduardo Bolsonaro publicou foto dando depoimento para o novo documentário de Josias Teófilo, Nem tudo se desfaz. A conta do diretor da Lavra Filmes é uma das 338 seguidas por Jair Bolsonaro no Twitter.

Reprodução/TwitterEduardo Bolsonaro e Josias Teófilo gravando para o filme “Nem Tudo se Desfaz”

O presidente segue também o perfil oficial da Brasil Paralelo na rede social. A produtora, que tem depoimentos de Jair e Eduardo em suas produções, é a mais mencionada pela família: Eduardo tuitou sobre os filmes e séries da empresa em mais de 20 ocasiões. O documentário 1964: o Brasil entre armas e livros foi visto por Bolsonaro no avião presidencial, enquanto o mandatário retornava de viagem oficial a Israel.

Reprodução/TwitterFilme do Brasil Paralelo sendo exibido no avião presidencial Financiamento olavista

O compartilhamento de conteúdos das produtoras por políticos foi fundamental para o sucesso dos filmes, já que grande parte deles foi financiada através de campanhas de crowdfunding na internet. A Brasil Paralelo, a Ivin Films e Josias Teófilo têm as três maiores campanhas de financiamento coletivo do cinema brasileiro, respectivamente.

Olavo de Carvalho divulga amplamente os filmes e suas campanhas de financiamento, inclusive publicando anúncios patrocinados em página do Facebook.

Reprodução/FacebookPágina de Olavo de Carvalho no Facebook patrocinou propaganda de crowdfunding do Brasil Paralelo

Ventura conta que optou pelo crowdfunding nas outras produções acreditando no engajamento da sua rede de contatos ligada ao professor, que conta com quase 600 mil seguidores no Facebook e 175 mil no Twitter. Mas a maior influência que o escritor exerce é sobre os mais de 3 mil alunos que já passaram por seu Curso On-line de Filosofia, que tem aulas semanais.

“O próprio público que a gente estava lidando tem uma composição concêntrica a partir do professor Olavo, assim a gente tem um alcance efetivo de bastante gente”, afirma.

ReproduçãoMauro Ventura, diretor da Ivin Films, e Olavo de Carvalho em sua casa na Virgínia

Durante as produções de O jardim das aflições, o professor não poupou elogios aos diretores. Para a produção de Bonifácio e Milagre, o escritor deu depoimentos em vídeo elogiando os filmes – dos quais ele próprio participa.

ReproduçãoOlavo de Carvalho divulga vendas do filme “Milagre”, do qual ele participa, da Ivin Films.

Além disso, a grande maioria das empresas doadoras de crowdfunding é de alunos de Olavo, que investiram milhares de reais nessas produções.

Em 2017, o filme Jardim das aflições foi bancado por uma campanha online de crowdfunding em três fases – a maior da história até então, com R$ 315 mil arrecadados, vindos de 5 mil pessoas anônimas e quatro empresas.

Um ano depois, o recorde foi superado pela produção com a direção de Mauro Ventura, por meio de sua recém-fundada produtora Ivin Films. Bonifácio: o fundador do Brasil, lançado em junho de 2018, recebeu doações de 2.800 investidores individuais e seis corporativos, totalizando R$ 387 mil, arrecadados via campanha online que convocava os doadores a “participar da guerra cultural” e “ajudar o Brasil a resgatar sua verdadeira alma”.

A Brasil Paralelo superou os dois recordes com sua primeira campanha de crowdfunding, que, ainda em andamento, tem como objetivo a produção e a distribuição gratuita na internet e em escolas. O projeto “A Última Cruzada: O Filme” vai transformar em longa-metragem a série de seis episódios Brasil: a última cruzada, que revisita o período imperial brasileiro para reforçar os laços com os portugueses colonizadores. A campanha já arrecadou mais de R$ 450 mil, batendo a primeira meta.

Uma das empresas que contribuem para essas campanhas é a Pereda Incorp, do empresário Luiz Pereda, aluno do curso de Olavo. Ele doou para Bonifácio e Milagre, produções da Ivin Films. Segundo o empresário, a decisão de investir nos trabalhos partiu de um ensinamento do seu professor. “Uma coisa que ele fala bastante é que o amor ao conhecimento é uma coisa muito rara no Brasil”, afirma.

O empresário ressalta que seus investimentos não tiveram como objetivo promover sua empresa, mas sim uma visão de mundo. “Eu acredito que o papel de um bom empresário, além de fazer a economia crescer, de empregar, de enfim, produzir pro mundo, que é de, especialmente no Brasil, contribuir para uma das coisas mais falhas que a gente tem que é a falta de inteligência”, afirma Pereda.

O filme Bonifácio também recebeu investimento do blog “Como Educar Seus Filhos”, do empresário e atual secretário de Alfabetização do Ministério da Educação (MEC), Carlos Nadalim. O crowdfunding contou ainda com apoio do Movimento Avança Brasil, grupo conservador pró-Bolsonaro do qual Olavo de Carvalho é conselheiro; do escritório de advocacia Panichi Advogados, do jurista conservador e olavista Raphael Panichi; e do Instituto Realitas, do sociólogo conservador Edgard Leite.

A empresa de arquitetura Arquiteco, de Paulo Coutinho, aluno do curso de Olavo, também doou. Aparecem também como apoiadoras as empresas CriarLOG, que atua em transportes, logística e distribuição de cargas, e a 4IT Smart Solutions, que presta consultoria em tecnologia da informação.

Reprodução/Ivin FilmsEmpresas parceiras da IVIN Films, de Mauro Ventura

Outra empresa que aparece como apoiadora é o Café Patriota, que fica no bairro da Aldeota, em Fortaleza, no Ceará. O café, que quer a “preservação e disseminação dos valores fundamentais da sociedade brasileira”, também é parceiro da Brasil Paralelo, oferecendo descontos para quem for assinante do conteúdo da produtora – 30 dias de café expresso grátis e desconto de 20% em todo o cardápio. À Pública, Anapuena Havena, sócia do Café Patriota, disse que a empresa não fez nenhum tipo de contribuição financeira para o filme Milagre. “O que aconteceu foi apoio na divulgação”, disse.

A Ivin ainda fez um curta-metragem em 2018 sobre o livro O imbecil coletivo, de Olavo de Carvalho, que não contou com financiamento coletivo. Os custos do filme foram pagos com a distribuição – a produtora vende a versão online do filme por R$ 14,90.

A Pública procurou todas as empresas mencionadas na reportagem, perguntando os valores doados, mas não obteve respostas.

Mas algumas pistas podem ser depreendidas do crowdfunding realizado para O jardim das aflições. A campanha tinha três categorias de recompensas para empresas interessadas em doar altas quantias: quem investisse R$ 10 mil teria sua logomarca exibida nos créditos iniciais junto com outras três investidoras; para quem investisse R$ 20 mil, a logomarca apareceria sozinha com destaque nos créditos iniciais; se doasse acima de R$ 40 mil, a empresa teria maior tempo de exibição nos créditos iniciais.

ReproduçãoRecompensas oferecidas a empresas doadoras no site do filme “O Jardim das Aflições”

O filme conseguiu patrocínio de quatro empresas. A “Como Educar Seus Filhos”, de Carlos Nadalim, investiu ao menos R$ 20 mil na produção e teve a logomarca exibida nos primeiros minutos de filme. Em seguida, aparece a logomarca de Victor Gamarra, empreendedor de marketing digital e criptomoedas, com mesmo tempo de exibição. Em entrevista à Pública, Gamarra confirmou o valor investido e afirmou que a doação se deu pela crença na importância da obra de Olavo. “O professor Olavo tem uma mensagem muito importante a transmitir, sobretudo num país contaminado pelo coitadismo, pela burrice generalizada, pela histérica adoração a diplomas, pela crença de ausência de inteligência fora do ambiente universitário”, afirma.

O filme contou também com o patrocínio da Andrade CG Advogados, especializada em atendimento a empresas, e da editora Concreta, que investiram ao menos R$ 10 mil cada uma. Germano Costa Andrade, sócio da Andrade GC, confirmou o valor investido e ressaltou que foi uma contribuição modesta e que não recebeu nenhum benefício fiscal ou financeiro com a doação. “O filme pareceu alinhado à nossa sede por mudanças dessa realidade”, afirmou.

Todas as empresas que financiaram o filme são gerenciadas por olavistas. Nadalim é aluno do curso e seu blog propaga o homeschooling, ou ensino domiciliar, uma das muitas pautas defendidas por Carvalho. Gamarra também é admirador do escritor, conforme indicado em suas redes sociais. A editora Concreta, que vende livros de cultura clássica, catolicismo e protestantismo, também é administrada por um aluno de Carvalho, Renan Martins dos Santos. Já a Andrade CG tem como sócios dois alunos, Germano Costa Andrade e sua esposa, Carolina Ribeiro Botelho.

No total, a produção arrecadou R$ 315 mil – R$ 155 mil além da meta de R$ 160 mil estabelecida. Pelo menos R$ 70 mil vieram de empresas e o restante, de doações individuais, a partir de R$ 60 por pessoa. Os doadores físicos foram recompensados também com materiais de divulgação do filme e nome nos agradecimentos.

Brasil Paralelo ganha com assinaturas

Orgulhosa por não utilizar dinheiro público, a Brasil Paralelo financia suas atividades através de assinaturas digitais por seu conteúdo. “Ficar dependente de grandes patrocinadores, incentivos de lei não era uma alternativa. O conflito de interesses nesses casos é iminente”, afirmou um dos sócios, Filipe Valerim, em entrevista ao site Boletim da Liberdade. O plano básico, que custa R$ 478,88 por ano, oferece acesso a todos os conteúdos exclusivos das séries e filmes da produtora. Já o plano “Master” custa R$ 687,48 e oferece, além dos conteúdos exclusivos, acesso a aulas ao vivo; ao chamado “Núcleo de Formação” da plataforma, com cursos e palestras; e a encontros presenciais com outros assinantes, membros da equipe e palestrantes.

Em entrevista para o blog Saída pela Direita, em fevereiro, a empresa afirmou ter mais de 20 mil assinantes, o que resultaria em uma receita anual de pelo menos R$ 9,6 milhões, considerando o plano mais básico. Não há divulgação de empresas apoiadoras, à exceção do grupo Liberta, que realizou a série O dia depois das eleições, em parceria com a produtora em 2017.

O grupo foi fundado por Leandro Ruschel, economista aluno de Olavo de Carvalho, palestrante da Brasil Paralelo e irmão de um dos fundadores da produtora, Bruno Ruschel.

ReproduçãoCréditos da série “O Dia depois da eleição”, do Brasil Paralelo, em parceria com o grupo Liberta, de Leandro Ruschel

Em seu Facebook, Carvalho convidou seus seguidores a se tornarem membros do Brasil Paralelo e a doarem para o crowdfunding da produção A última cruzada através de post patrocinado. O professor replicou o conteúdo da produtora diversas vezes.

Reprodução/FacebookPágina de Olavo de Carvalho no Facebook patrocinou propaganda de crowdfunding do Brasil Paralelo

 

As polêmicas leis de incentivo

Por conta das dificuldades logísticas que encontrou para fazer campanhas de crowdfunding, Josias Teófilo resolveu criar uma empresa para tentar captação em leis de incentivo. A Lavra Filmes conseguiu a aprovação de dois projetos pela Ancine em 2019, via lei de incentivo ao Audiovisual. A lei possibilita que empresas e pessoas físicas abatam parte do imposto de renda direcionando recursos para produções audiovisuais.

Um dos projetos de Teófilo que conseguiu aprovação é Nem tudo se desfaz, registrado sob o nome de “Sinfonia nº 2” na Ancine. Trata-se de “um documentário de longa-metragem sobre a história recente do Brasil (entre 2013 e 2018) e as crescentes tensões políticas e agitações sociais que levaram a uma alteração de eixo da política nacional, e uma crise de representatividade sem precedentes – tanto da população para com o governo, como da população em relação à mídia”. O projeto foi aprovado para captar R$ 530 mil até o fim deste ano. O diretor pretende ainda fazer a distribuição por intermédio de um crowdfunding.

O outro projeto é Espelhos do tempo, que foi aprovado para captar R$ 1.306.660,60 até 31 de dezembro de 2019 e se trata de uma série sobre a arquitetura de cidades brasileiras “de Ouro Preto a Brasília”. À Pública, Teófilo disse que não vai levar adiante a captação para esse projeto.

Josias Teófilo considera as leis de incentivo positivas, mas faz ressalvas. “Está havendo um grande questionamento do cinema nacional no atual governo, e isso é resultado de péssimo uso das leis, inclusive com irregularidades. Mas isso tudo não inviabiliza a própria lei em si. Ela é boa. A lei de incentivo, ao invés de o empresário pagar imposto para o governo, é preferível que ele doe para projeto cultural. Você privatiza a escolha dos projetos culturais”, afirma.

Diferentemente da Brasil Paralelo, os diretores da Ivin também não são contrários aos incentivos públicos. “As leis [de incentivo] em si não são boas ou más. Eu vejo de forma positiva que existam contradições, mas é necessário quebrar essa hegemonia da esquerda”, defende Ventura.

Crítico das leis de incentivo à cultura, o presidente Jair Bolsonaro reprovou o uso desses recursos para o filme Nem tudo se desfaz. “Recentemente tomei conhecimento sobre a liberação para captação de R$ 530 mil via Ancine para produção de um filme sobre minha campanha nas eleições. Por coerência, sugeri que voltassem atrás nessa questão. Não concordamos com o uso de dinheiro público também para estes fins”, publicou em seu Twitter. Ele anunciou interesse de extinguir a Ancine, mas voltou atrás na decisão.

Na ocasião, Carvalho saiu em defesa de seu aluno. “Primeiro: o filme não é sobre o Bolsonaro. Segundo: a Ancine não deu nem vai dar um só tostão ao Josias. Só deu a autorização legal para ele tentar obter patrocínio privado”, publicou em seu Facebook.

O diretor da Lavra Filmes comemorou o recuo do presidente sobre a extinção da Ancine. “A direita brasileira inteira tem preconceito contra as leis de incentivo, inclusive não entendem exatamente como a coisa funciona.”

Ventura também é contra a ameaça de extinção da Ancine. “O nosso cinema não é grande. Ele ainda precisa se desenvolver, ainda precisa ganhar corpo. […] Quando a gente abre mão de uma das únicas formas de obter alguma vantagem nesse jogo, a gente está realmente, aí sim, entrando num retrocesso”, diz, ressaltando que não vê com bons olhos o estabelecimento de filtros na instituição.

O diretor da Ivin Films afirma que pensa em utilizar recursos estatais. “A gente tem o plano de utilizar todos os meios, inclusive os meios de fomento estatal”, diz. No entanto, sua produtora ainda não apresentou projetos com captação por leis de incentivo.

Guerra audiovisual

“Participe da guerra cultural”, convida a Ivin Filmes em vídeo promocional com Olavo de Carvalho para a campanha de financiamento do filme Bonifácio. Com discurso parecido, Filipe Valerim, sócio-fundador da Brasil Paralelo, agradece aos assinantes por ajudarem a Brasil Paralelo a despertar “a consciência de pessoas que jamais teriam a uma visão sistêmica dos problemas que o Brasil enfrenta e da revolução cultural que passamos”.

ReproduçãoCampanha de arrecadação para Bonifácio chama doadores para a “guerra cultural”

Indagado pela Pública sobre o que sua campanha quis dizer com “guerra cultural”, Ventura aponta uma hegemonia da esquerda na cultura e diz que “os filmes da produtora se inserem nessa lógica na medida que eles oferecem pro público algo que não está sendo privilegiado há algum tempo”.

Josias Teófilo não abraça completamente a ideia de guerra cultural, mas admite que seus filmes podem ser usados dentro dessa retórica. “Eu tenho reservas quanto a isso da guerra cultural, mas ao mesmo tempo eu noto que existe uma guerra cultural, contra mim, contra filmes. E você se afirmar é também entrar na guerra, né”.

Com equipes formadas majoritariamente por entusiastas e alunos de Olavo de Carvalho, as três produtoras passeiam por temas relevantes dentro da “guerra cultural” do professor, como a história do Brasil, e a religião. Além dos temas, as produções também repetem alguns dos entrevistados, entre eles o professor Olavo de Carvalho, o deputado federal Luiz Philippe de Orléans e Bragança e o professor de filosofia e história Rafael Nogueira, aluno do curso.

Contrário à rotulação de sua produtora em um espectro político, Mauro Ventura esclarece: “Nós não produzimos direita, nós produzimos cinema”, diz. E completa: “As pessoas estão imbuídas daquilo que elas acreditam e por mais que o trabalho delas seja técnico, elas vão acabar colocando algo daquilo que elas acreditam no trabalho. Imparcialidade total não existe, mas existe sinceridade de fato”.

Para Teófilo, suas produções também tentam fugir de ideologias. “A retórica começa a matar a arte, são raras as obras de arte que conseguem sobreviver a propaganda de qualquer coisa que seja. Então no caso do Nem Tudo Se Desfaz, eu quero ser o mais descritivo possível, e adjetivar o mínimo. Tentar ao máximo dar uma experiência pras pessoas, e não informação pras pessoas”, diz.

Procurada por telefone e mensagem, a Brasil Paralelo não respondeu à Pública até a data de publicação.

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Mujeres mexicanas sacan la cocina al sol

IPS español - sex, 09/08/2019 - 11:04

Reyna Díaz revisa la cocción de cerdo marinado en una olla solar, en su vivienda en un barrio popular de Vicente Guerrero en el municipio de Villa de Zaachila, en el estado de Oaxaca, en el suroeste de México. El uso de estas cocinas ya permite a 200 mujeres ahorrar combustible y dejar de usar leña, con beneficios ambientales y de salud. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
VILLA DE ZAACHILA, México, Aug 9 2019 (IPS)

Reyna Díaz cocina frijoles, pollo, cerdo y postres en su olla solar, que instala en el patio abierto de su casa, en un barrio pobre de la periferia de este municipio del suroeste de México.

“A mi familia les gusta cómo quedan. La uso a casi diario, me ha beneficiado mucho”, dijo Díaz a IPS, mientras mezclaba los ingredientes de cochinita pibil (tradicional platillo de cerdo marinado con especias y achiote, un colorante natural), que luego colocó sobre las láminas de aluminio del horno, alrededor de la olla, que reflejan la radiación que calienta el receptáculo.

Antes de recibir en marzo esta cocina u olla solar, esta vendedora de atole (tradicional bebida caliente mexicana a base de masa de maíz o trigo) y jefa en solitario de un hogar con un hijo y una hija, descreía de la posibilidad de cocinar con los rayos del sol.“Fui aprendiendo con las señoras. Fue difícil, nos tocó picar piedra, era totalmente desconocido. Ahora hay más apertura de la gente, porque hay más información sobre el potencial solar. En las áreas rurales, la gente lo entiende más”: Lorena Harp.

“No sabía que se podía, me preguntaba si se iba a cocer la comida. Cosa más admirable”, relató esta pobladora de la colonia (barrio) popular Vicente Guerrero, en  Villa de Zaachila, este municipio con  unos 43.000 habitantes, situado en el estado  de Oaxaca, a unos 475 kilómetros al sur de Ciudad de México.

A los habitantes de Vicente Guerrero les une la pobreza, con viviendas que cuentan  con electricidad y agua potable y donde las mujeres que alternan sus trabajos informales con el cuidado de sus familias.

Antes, Díaz guisaba con leña y gas licuado de petróleo (GLP), cuyo consumo ahora ha limitado y le dura más tiempo. “He ahorrado bastante”, aseguró.

Vecinas de este barrio, donde abundan las casas de chapas de latón y las calles sin pavimentar y sin alcantarillado, recibieron capacitación sobre la cocina, su utilización y sus beneficios, y al obtenerlo, se convirtieron en sus promotoras. También organizan demostraciones en sus casas para intercambiar recetas, degustar sus platillos y difundir los cambios positivos que le han aportado los aparatos.

Las cocinas solares son dispositivos que permiten preparar alimentos con la radiación como fuente de energía, pues funcionan como un invernadero que, al concentrar el calor, cuecen la comida. Disponen de un hueco u olla rodeada de unos alerones, captura lo radiación solar con su forma parabólica y la refleja hacia el recipiente con la comida.

Entre sus ventajas figuran ser otra alternativa para la cocción rural, porque permite guisar sin necesidad de electricidad o combustibles sólidos o fósiles; pasteurizar agua para potabilizarla; evitar la tala y contaminación; respirar humo del fogón y utilizar energía renovable.

Pero estas cocinas no funcionan en días lluviosos o nublados, el proceso de cocción es largo, comparado con las estufas tradicionales, y se tienen que utilizar al aire libre.

En México, un país con 130 millones de habitantes, unos 19 millones utilizan combustibles sólidos para cocinar, hábito que ocasionó unas 15.000 muertes prematuras en 2016 por la ingestión de partículas nocivas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lorena Harp (I), responsable de promover las cocinas solares en México, muestra cómo armar el dispositivo a la maestra jubilada Irma Jiménez, en el barrio popular de Vicente Guerrero, en el municipio de Villa de Zaachila, en el sureño estado de Oaxaca. Crédito: Emilio Godoy/IPS

El principal material consumido por 79 por ciento de esos hogares es el GLP, seguido por la leña o carbón (11 por ciento) y gas natural (siete por ciento).

En Oaxaca, el gas y la leña representan cada uno 49 por ciento del consumo familiar, mientras que el resto recae en otros combustibles.

De los más de cuatro millones de habitantes del estado, 70 por ciento vivía en pobreza en 2016 y casi 27 por ciento sufría pobreza extrema, según el Inegi. El 26 por ciento padecía carencia por calidad y espacios en la vivienda y 62 por ciento, por acceso a servicios básicos.

Asimismo, aparece entre los tres estados mexicanos con mayor pobreza energética, cuando un hogar destina más de 10 por ciento de su ingreso a la compra de insumos energéticos.

Un proceso cocinado lentamente

La olla solar puede combatir algunos de esas precariedades.

En 2004 arrancaron los primeros intentos por repartirlas en Oaxaca. En 2008, activistas crearon la iniciativa “Energía solar para puestos de comida móviles en México”, con patrocinio de tres instituciones suizas: la ciudad de Ginebra, la cooperativa SolarSpar y la no gubernamental GloboSol.

Así nació en 2009 Cocina Solar México, un colectivo dedicado al aprovechamiento y uso de energía solar en la cocina y procesos alimentarios. Con el apoyo de la no gubernamental Solar Household Energy (SHE en inglés), con sede en Washington, se construyó un prototipo, económico y elaborado con materiales ligeros.

En 2016, SHE inició un proyecto piloto en comunidades indígenas para evaluar el grado de adopción.

“Fui aprendiendo con las señoras. Fue difícil, nos tocó picar piedra, era totalmente desconocido. Ahora hay más apertura de la gente, porque hay más información sobre el potencial solar. En las áreas rurales, la gente lo entiende más”, expresó a IPS la responsable de la iniciativa, Lorena Harp.

La olla, de cuatro litros de capacidad y cuya vida útil oscila entre cinco y 10 años, cuesta unos 25 dólares, de los cuales SHE aporta la mitad. En 10 comunidades ha entregado unas 200 de estas estufas.

Para Harp, es un tema de género, porque “la mujer se empodera, en sus familias han ganado respeto”.

El estado de Oaxaca desaprovecha su gran potencial para generar electricidad con la radiación solar. En la imagen, un techo solar en una fábrica de paneles fotovoltaicos en la ciudad de Oaxaca, capital del estado del suroeste de México. Crédito: Emilio Godoy/IPS

A pesar de su potencial, Oaxaca no aprovecha su óptima radiación solar. A junio pasado, el estado aparece entre los 10 estados mexicanos con menor generación distribuida (descentralizada), menor a 500 kilovatios, conectada a la red eléctrica nacional, según datos de la gubernamental Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En el primer semestre, Oaxaca tuvo una capacidad instalada fotovoltaica de 6,69 megavatios con 747 contratos de interconexión, en un país donde es solo fotovoltaica la generación distribuida.

Este país latinoamericano registró 17.767 contratos por casi 125 megavatios (Mw), casi el mismo volumen que en el mismo lapso de 2018 -cuando totalizaron 35.661 por 233,56 Mw, aunque con más permisos. Desde 2007, CRE ha inscrito 112.660 contratos por 817,85 Mw solares.

Para Luís Calderón, presidente del Clúster de Energía de Oaxaca, la evolución ha sido positiva en poco tiempo.

Pero “falta información precisa y confiable y certeza sobre los ahorros que se logran con la generación distribuida, que se genera para el autoconsumo y suministro del remanente a la red. Además, no hay política” estadal, aclaró a IPS el también integrante de la Asociación Nacional de Energía Solar.

En 2018, México registró una capacidad instalada total de 70.000 Mw, tres por ciento más que el año precedente. Las plantas de ciclo combinado alimentadas con gas contribuyeron con 36 por ciento, la térmica convencional, 17 por ciento; la hidroeléctrica, 18 por ciento; el carbón, casi ocho por ciento; eólica, casi siete por ciento, y la solar fotovoltaica solo 2,6 por ciento.

Pero el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre, promueve la explotación fósil y frena la expansión renovable.

En ese contexto, modificará la iniciativa del Ecocrédito Empresarial, dirigido por el gubernamental Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica a micro, pequeñas y medianas empresas para la adquisición de aparatos eficientes. Las medidas incluyen eliminar el subsidio de 14 por ciento y un límite de unos 20.000 dólares de financiamiento, pero el gobierno aún no define su futuro.

Además, el plan del gobierno de Oaxaca, de crear dos cooperativas de energía para riego agrícola, aún no cuenta con los 1,75 millones de dólares de recursos requeridos para dos plantas solares de 500 kilovatios cada una en el municipio de San Pablo Huixtepec, para atender a 1.200 agricultores de 35 unidades de riego.

Las cocineras solares no miran atrás, en un barrio ideal para desplegar paneles y calentadores de agua solares. “Vamos a seguir usándola, ya vimos que funciona. Vamos a promoverla”, adelantó Díaz, mientras revisaba que su guiso no se quemase.

La evaluación de SHE halló buena adopción e impacto entre las usuarias, pues casi la mitad redujo el uso de cocinas contaminantes en más de 50 por ciento. Algunas utilizaron la olla hasta seis veces por semana, les ahorró tiempo y ha probado ser un utensilio de alta calidad, poderoso, duradero y accesible.

Para Harp, se requiere de socios y de apoyo gubernamental. “Falta mucho, hay muchas carencias. Algo falta para generar un uso masivo, quizás una política integral”, analizó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Dário Kopenawa: “São 20 mil garimpeiros explorando a nossa casa”

Pública - qui, 08/08/2019 - 14:00

“Sempre denunciamos, mas garimpeiros continuam lá”, diz Dário Kopenawa, filho do líder histórico yanomami David Kopenawa nesta entrevista à Agência Pública. “Ele [Bolsonaro] não está prejudicando só os Yanomami, ele está arrumando problema pro Estado brasileiro”, critica o jovem vice-presidente da associação Hutukara Yanomami, em Roraima.

Atualmente, mais de 15 mil garimpeiros ilegais exploram ouro na maior terra indígena brasileira. O ouro se tornou em 2019 o segundo maior produto de exportação de Roraima sem que o Estado tenha uma única mina operando legalmente, segundo reportagem da BBC Brasil. Dário pede a retirada imediata dos garimpeiros ilegais: “mas como o governo Bolsonaro é a favor [da exploração] isso dificulta muito. E só o governo que pode fazer essa desintrusão”, avalia.

Não é a primeira vez que há invasão garimpeira no território. Em 1986, 40 mil garimpeiros estiveram na TI. Reportagem do jornal O Globo revelou como essa nova corrida pelo ouro na região deixa um rastro de “tensões, violência, conflitos e destruição ambiental” — atualmente, são cerca de 23 mil yanomamis vivendo em Roraima e no Amazonas. “Uma coisa que quero deixar bem clara é que as lideranças que estão denunciando estão correndo risco. Eles dizem: ‘se você continuar denunciando a gente vai pegar você, vai bater em você, vai matar você’, é assim que os garimpeiros estão falando para alguns amigos deles para deixar recado para quem está denunciando o garimpo”, revela.

Dário conta que entregou ao Ministério Público Federal de Boa Vista um Plano de Gestão Territorial Ambiental (GTA). “São protocolos de consulta. Quando algum projeto ou empreendimento estiver querendo fazer mineração em terra indígena, por exemplo, no protocolo consta que antes tem que consultar os Yanomami. Quando tiver um interessado [em explorar a terra indígena] ele tem que enviar um projeto para Funai de Brasília, a Funai de Brasília vai consultar as regionais que vai consultar as organizações [indígenas], que fala com as lideranças locais que conversa com a comunidade”, explica. “Esse tem que ser o procedimento do protocolo que a gente fez. Esses protocolos servem para reforçar a necessidade prática da proteção ambiental do nosso território e monitorar o desmatamento, o impacto ambiental, e destruição, enfim, mostra como cuidamos do nosso território”.

Atualmente, o governo Bolsonaro prepara um projeto para legalizar a mineração em terra indígena, o que pode afetar um terço das TIs no país. Prevista na Constituição de 1988, a atividade nestes territórios nunca foi regulamentada e é alvo de discussão no Congresso.

Dário afirma ainda que uma comissão das organizações e lideranças também foi até Brasília entregar o Plano de Gestão Territorial Ambiental. “Entregamos para nossa grande guerreira Joênia [Wapichana], Deputada Federal e depois entregamos no Ministério da Defesa e na Secretaria do Governo: Ibama, ICMBio, Ministério da Educação e a Funai. Também entregamos em Manaus, no Ministério Público Federal do Amazonas e na Comando Militar da Amazônia. Está todo mundo sabendo como se deve agir, quando se fala de garimpo ilegal em terra indígena Yanomami”. Leia a seguir os principais trechos da entrevista.

Arquivo pessoalDário Kopenawa é vice-presidente da associação Hutukara Yanomami

Seu pai, David Kopenawa, está denunciando o garimpo ilegal há muitos anos e você continua fazendo essas denúncias. Como você se sente?

Quando eu era criança, meu pai já lutava muito. Na década de 1980, quando grande número de garimpeiros entrou na terra Yanomami, tinha 40 mil garimpeiros. Ele lutou bastante. Tinha muita coisa errada e denunciou muita gente. Nessa época, nosso território não era demarcado. Meu pai está com 40 anos de luta. Denunciando o garimpo. Falando das consequências, da vulnerabilidade do território Yanomami.

Mas agora o governo brasileiro tem que cumprir o papel de retirar os garimpeiros. Quando eles demarcaram a terra Yanomami em 1992, o governo federal tirou todos os garimpeiros da nossa terra. Agora a gente tem que ter uma ação pesada para retirar os garimpeiros imediatamente. Mas como o governo Bolsonaro é a favor [da exploração] isso dificulta muito. E só o governo que pode fazer essa desintrusão. Vai precisar de mais de 300 homens para tirar esses garimpeiros da terra Yanomami. Tem que ser uma operação muito grande. Tirar eles de lá é dever do Estado, em respeito aos direitos dos povos indígenas, está na constituição de 1988, artigo 231, isso está claro e o presidente tem que cumprir o seu dever, que na minha opinião está descumprindo porque 20 mil garimpeiros estão nas terras Yanomamis e não tem como esconder 20 mil pessoas.

Você têm formalizado novas denúncias sobre a exploração de ouro no território?

Denúncias a gente sempre faz. Tem uma pilha, uma tonelada de denúncias. E a Funai não resolve isso, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal ou Exército. No mês passado, a gente fez denúncias graves nos órgãos públicos. Fomos na Funai, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e Procuradoria Geral da República. Sempre denunciamos, mas garimpeiros continuam lá.

Qual o teor das denúncias?

Mais e mais denúncias de garimpo ilegal na terra Yanomami.

Como está a exploração no território?

Hoje tem uns 20 mil garimpeiros na terra Yanomami trabalhando lá. São muitos homens [garimpeiros] explorando a nossa casa. E isso não é a mineração, é o garimpo ilegal na terra Yanomami. Mineração não chegou ainda, mas já está prejudicando o nosso território. Onde está mais grave é na região do Rio Uraricoera, ali tem comunidades correndo risco.

Como vocês tem certeza que são 20 mil garimpeiros? Como chegaram nesse número?

A gente recebe informações através das denúncias das comunidades. Cada comunidade faz uma contagem “por cima”. A gente não chegou a ir lá [no garimpo] e contar garimpeiro por cabeça, não. Se a gente vai, a gente é morto. Também tem os dados da Polícia Federal e do Exército que chega nesse número. Desde 2011 vem aumentando. Mas 2019 está bastante. Estamos com 20 mil garimpeiros.

Chegam ameaças até vocês?

Onde tem a presença de garimpeiros, acontece muito. Eles ameaçam as mulheres, crianças e os adultos também. Eles têm arma de fogo. Tem ameaça, sim. Uma coisa que quero deixar bem clara é que as lideranças que estão denunciando estão correndo risco. Eles dizem: “se você continuar denunciando a gente vai pegar você, vai bater em você, vai matar você”, é assim que os garimpeiros estão falando para alguns amigos deles para deixar recado para quem está denunciando o garimpo. Mas a gente tem que denunciar, porque o garimpo está dentro do nosso território, eles estão presentes dentro do território Yanomami. E a nossa terra está demarcada. Eles estão perto das comunidades. Tem alguns que estão a cinco quilômetros. O garimpo está ao redor das comunidades.

Como são as estruturas do garimpo e o local onde o garimpeiros ficam?

Eles têm os barracões que são as casas deles. Cada garimpo leva os seus equipamentos. Rede, alimentação, barco, maquinários, combustível, levam tudo. Quem está apoiando com equipamentos são os empresários, eles bancam tudo. Os motores e barcos são bancados por empresas.

E como eles acessam a Terra Indígena?

Eles têm três possibilidades: sobem de barco, fretam avião particular, ilegalmente, e helicóptero também, ilegalmente. Para poder chegar na localidade, eles têm pista clandestina. Tem radiofonia. Tem wi-fi, internet. Os garimpeiros estão equipados.

Qual é a região mais problemática?

Hoje, a parte de cima do Rio Uraricoera e também o Rio Mucajaí é a parte mais problemática. Os principais são esses. Eles estão subindo até os igarapés, onde os Yanomami estão morando. Lá eles têm pistas clandestinas. Eles mesmos fazem.

Como é a vida das pessoas que vão até o garimpo e vivem lá para conseguir o ouro?

Não é para eles viverem lá. Eles fazem atividade de garimpo ilegal, ficam cavando os rios com maquinário pesado. Colocam canos nos rios para puxar água. Cortam a terra, enchem os rios de poluição com mercúrio. Tem uso de prostituição e alcoolismo. Aliciamento dos Yanomami. Eles têm alimentação, rádio, televisão. Eles chegam na comunidade e prometem muito. Dão arroz, cachaça, comida, espingarda, cartucho. Falam para eles [indígenas] que são garimpeiros bons. A maioria dos Yanomami são contra, é a minoria que cai no aliciamento.

Rogério Assis/Instituto SocioambientalVista aérea de garimpos ilegais na TI Yanomami, próximo à comunidade Ye’kwana

Você sabe o que acontece com ouro que sai da terra Yanomami?

O ouro extraído da nossa casa, eles levam para Boa Vista. Lá eles fazem uma espécie de lavagem e mandam para outros estados e depois para Europa. São vários empresários que compram ouro, mas a gente não conhece, não temos acesso. Há três ou quatros anos, aqui em Boa Vista a Polícia Federal investigou alguns empresários. Segundo ela, o caminho do ouro que sai da terra Yanomami vai para Boa Vista, depois para Manaus, Maranhão, e do Maranhão para São Paulo. O ouro Yanomami anda por esses caminhos.

Uma das bandeiras do governo é liberar a mineração em terras indígenas. Essa postura do governo favorece o aumento de garimpeiros no território?

Quando ele [Jair Bolsonaro] se candidatou ele disse logo que queria negociar com o governo americano a legalização de mineração nas terras indígenas. Ele já falou isso. Realmente, o interesse dele é explorar a mineração, não é garimpo. Garimpo é um pouco fraco e agora o interesse do governo Bolsonaro é onde tem os minérios. Mas também ele está criando muito problema pro Estado brasileiro. Ele não está respeitando as hierarquias. Ele não está prejudicando só os Yanomami, ele está arrumando problema pro Estado brasileiro.

Uma característica do projeto de lei que visa permitir a exploração dos mineiros em terra indígena é a necessidade de prévia autorização por parte dos indígenas daquele território. Como os Yanomami enxergam isso?

No contexto geral, os povos indígenas do Brasil são contra a mineração em terras indígenas. Porque a política indígena não é a favor da mineração. A minoria, alguns parentes, são envolvidos com os políticos. São manipulados por políticos.

A justiça determinou que a Funai abrisse as bases de proteção etnoambiental no território. Você tem acompanhado a reabertura?

No planejamento de abertura, são três bases [no território]. A gente processou o Estado e conseguimos recursos para fazer a reativação das bases, onde os garimpeiros estão entrando. Temos que bloquear a entrada dos garimpeiros de barco. A Funai está se organizando para fazer a reinstalação. Era pra ter feito no ano passado, mas não deu certo, porque — não sei se a Funai vai dizer bem isso, mas eu estou dizendo, nós conseguimos por meio da ação judicial as reativações das bases e gente permanente para ficar lá.
Segundo a coordenadora regional da Funai de Roraima, eles estão subindo para reabrir as instalações. Essa é uma responsabilidade da Funai. Eles não passaram um prazo oficial, mas acho que em 90 dias vai reabrir. Eles estão montando a estrutura para ir pra até lá.

Qual o seu papel na associação?

Em 2004, os Yanomami começaram a atuação da [Associação] Hutukara e desde o início estou trabalhando com a associação. Durante 15 anos venho lutando e denunciando garimpo no nosso território. Também atuamos com saúde e educação do nosso povo. Hoje sou vice-presidente da associação Hutukara Yanomami e um porta-voz do povo.

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El cambio climático pondrá en riesgo el agua y la comida del planeta

IPS español - qui, 08/08/2019 - 10:07

Hay riesgos muy altos de escasez de agua y de inestabilidad en el sistema alimentario, incluso con un aumento de temperatura de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales. Crédito: PNUD Somalia

Por Corresponsal Fao
NACIONES UNIDAS, Aug 8 2019 (IPS)

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático publicó este jueves 8 su informe sobre La Tierra y el Cambio Climático, en el que destaca, entre otras cosas, cómo el clima está afectando la disponibilidad, el acceso, la nutrición y la estabilidad de los alimentos.

La seguridad alimentaria se verá cada vez más afectada por el cambio climático futuro a través de la disminución del rendimiento agrícola, especialmente en los trópicos, con el aumento de los precios, la reducción de la calidad de los nutrientes y las interrupciones de la cadena de suministro”, asegura Priyadarshi Shukla, una de las autoras del informe.

“Veremos diferentes consecuencias en diferentes países, pero habrá un impacto más drástico en los países de bajos recursos en África, Asia, América Latina y el Caribe”, añade.

Comer más verduras y desperdiciar menos

El estudio del Grupo, conocido por su sigla en inglés, IPCC, destaca que actualmente alrededor de un tercio de la comida se pierde o se desperdicia. Las causas difieren entre países desarrollados y en desarrollo, pero reducir su ocurrencia disminuiría las emisiones de gases de efecto invernadero y la inseguridad alimentaria.

“Algunas dietas requieren más agua y más tierra, y causan más emisiones de gases que aumentan el calentamiento global. Las dietas balanceadas con más alimentos a base de granos, legumbres, frutas y verduras y con alimentos animales producidos de manera sostenible, presentan oportunidades para limitar el cambio climático”, revela la experta Debra Roberts.

Las industrias y la ganadería generan gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Crédito: Banco Mundial/John Hogg

El informe también asegura que hay maneras de abordar los riesgos y reducir las vulnerabilidades en los sistemas de producción y distribución de la comida y de gestión de la tierra.

La reducción de riesgos puede aumentar la resiliencia de las comunidades ante eventos extremos, lo cual tiene un impacto en la seguridad alimentaria. Un ejemplo puede ser cambios en la dieta y en los alimentos que se cultivan para prevenir la degradación de la tierra.

Reducir la desigualdad, aumentar los salarios y asegurar el acceso a la comida en regiones donde la tierra ya no produce también influyen en adaptarse a los impactos negativos del cambio climático.

La tierra como un recurso crítico en la lucha contra el cambio climático

La tierra ya está bajo una presión humana creciente y el cambio climático se está sumando, mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados solo se puede lograr reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los sectores, incluidos la tierra y los alimentos.

La tierra juega un rol muy importante en el sistema climático. La agricultura, la silvicultura y otros tipos de uso representan 23% de las emisiones de efecto invernadero. Al mismo tiempo los procesos naturales de la tierra absorben dióxido de carbono equivalente a casi un tercio del emitido por los combustibles fósiles y las industrias”, asegura el experto Hans-Otto Portner.

Una mujer agricultora de la India. Crédito: Ray Witlin/Banco Mundial

Manejar los recursos de manera sostenible puede ayudar a abordar el cambio climático. “Las elecciones que hacemos en este manejo pueden ayudar a reducir y en algunos casos hasta reversar los impactos”, expresa el científico del Grupo Kiyoto Tanabe, quien añade que la tierra que ya está siendo usada puede alimentar a la población mundial y al mismo tiempo proveer biomasa para la energía renovable, pero se necesita acción temprana y extensa para lograrlo.

La degradación de la tierra y los riesgos añadidos al calentamiento global     

Cuando la tierra se degrada se hace menos productiva y se reduce su capacidad para absorber carbono, lo que influye en el cambio climático, que en retorno contribuye más a su degradación.

“En un futuro, con lluvias más intensas, aumentará el riesgo de erosión del suelo en las tierras de cultivo. La gestión sostenible de la tierra es una forma de proteger a las comunidades de los efectos perjudiciales de la erosión del suelo y deslizamientos de tierra. Sin embargo, hay límites para lo que se puede hacer, por lo que en otros casos la degradación puede ser irreversible “, añade Tanabe.

Aproximadamente 500 millones de personas viven en áreas que experimentan la desertificación. Las áreas secas son más vulnerables al cambio climático y a los eventos extremos, incluidos la sequía, las olas de calor y las tormentas de polvo, con una creciente población mundial que proporciona más presión.

El informe establece opciones para abordar la degradación de la tierra y también examina los impactos de los diferentes niveles de calentamiento global.

Vista aérea del Lago Chad que muestra claramente los efectos de la desertificación. En los últimos 50 años, la cuenca del Lago Chad se ha reducido de 25.000 kilómetros cuadrados a 2.000. Crédito: Jea Damascene Hakuzim/PNUD Chad

Hay riesgos muy altos de escasez de agua, riesgos por incendios, degradación del permafrost y de inestabilidad en el sistema alimentario, incluso con un aumento de temperatura de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. El riesgo se hace mucho más intenso con un aumento de 2 grados, aseguran los expertos.

Recomendaciones

Un enfoque general en sostenibilidad combinado con acciones tempranas ofrece las mejores oportunidades para luchar contra el cambio climático. Esto incluye, un menor crecimiento de la población, la reducción de desigualdades, una mejor nutrición y un menor desperdicio de comida.

Si se logra un sistema alimentario más resiliente se puede tener más tierra disponible para crear energías limpias, y al mismo tiempo proteger los bosques y los ecosistemas naturales. Sin embargo, si no se actúa pronto, más tierra podría necesitarse para generar energía y esto conduciría a desafiantes decisiones sobre su uso y el sistema alimentario.

“Las políticas que apoyan la gestión sostenible de la tierra, aseguran el suministro de alimentos para personas vulnerables y mantienen el carbono en el suelo mientras reducen las emisiones de gases de efecto invernadero son importantes”, agrega Eduardo Calvo, coautor del informe.

Otras políticas fuera del sector alimentario y de los suelos, como el transporte y en medio ambiente, también hacen una diferencia crítica en la lucha contra el cambio climático. “Actuar rápidamente costará menos, ya que evitará más perdidas”, advierte el informe.

“Hay cosas que ya estamos haciendo, utilizando tecnología y buenas prácticas, pero hay que aumentarlas y usarlas donde no se están aplicando”, afirma Panmao Zhai, presidente de un grupo de trabajo del IPCC.

“Hay un gran potencial a través del uso sostenible de la tierra, reducir el consumo excesivo y el desperdicio de comida, evitar que los bosques sean quemados, prevenir el cultivo excesivo de madera para combustible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, concluye

El informe fue preparado por 107 expertos de 52 países, y se trata del primero en que la mayoría de los científicos son de países en desarrollo y hay una participación de un 40% de mujeres.

El documento será un aporte científico clave en las próximas negociaciones sobre el clima y el medio ambiente, como el de Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP14) en Nueva Delhi, en septiembre, y la Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) en Santiago, Chile, en diciembre.

El informe concluye que una mejor gestión de la tierra puede contribuir a combatir el cambio climático, pero no es la única solución.

En 2015, los gobiernos respaldaron el objetivo del Acuerdo de París de fortalecer la respuesta global a cambio climático al mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de 2 grados por encima de los niveles pre-industriales y perseguir esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados.

Este artículo fue publicado originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

El artículo El cambio climático pondrá en riesgo el agua y la comida del planeta fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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World food security increasingly at risk due to 'unprecedented' climate change impact, new UN report warns

UN SGDs - qui, 08/08/2019 - 09:26
More than 500 million people today live in areas affected by erosion linked to climate change, the UN warned on Thursday, before urging all countries to commit to sustainable land use to help limit greenhouse gas emissions before it is too late.
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Sanciones de EEUU afectan ayuda a víctimas de inundaciones en Irán

IPS español - qua, 07/08/2019 - 17:25

El Consejo Noruego para los Refugiados y la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní (IRCS) alertaron que las sanciones estadounidenses contra Irán están paralizando asistencia clave a las víctimas de las inundaciones y a los refugiados en el país. Crédito: Cortesía de IRCS

Por James Reinl
NACIONES UNIDAS, Aug 7 2019 (IPS)

Dos importantes grupos humanitarios alertan que las sanciones de Estados Unidos contra Irán están deteniendo los flujos de efectivo para el trabajo humanitario vital en el país, lo que suma otra complicación a la creciente brecha entre Washington y Teherán.

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní (IRCS) se quejaron de que la llamada campaña de “máxima presión” sobre Irán del presidente de  Estados Unidos, Donald Trump, está paralizando en ese país del Medio Oriente la asistencia clave para las víctimas de las inundaciones y los refugiados.

Jan Egeland, secretario general del NRC y exfuncionario de las Naciones Unidas, advirtió que el apoyo a unas 82.000 personas en Irán podría interrumpirse a mediados de agosto porque su grupo no puede ingresar fondos a la república islámica.

“Hemos intentado, durante un año completo, encontrar bancos que puedan y estén dispuestos a transferir dinero de donantes occidentales para apoyar nuestro trabajo para los refugiados afganos y las víctimas de desastres en Irán, pero estamos golpeando paredes de ladrillo por todos lados”, dijo Egeland

A su juicio, “las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán son tan amplias que los bancos no están dispuestos a facilitar las transferencias para el trabajo humanitario”.

“Si todos los canales bancarios están bloqueados, entonces también lo está la entrega de ayuda crítica a las personas vulnerables”, insistió el directivo del NRC.

Mientras tanto, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (FICR) y de la Media Luna Roja, con sede en Ginebra, ha recaudado fondos para atender las consecuencias de las inundaciones en el mundo, que no puede transferir a su equipo local, el IRCS.

“Debido a las sanciones de Estados Unidos, el IRCS no ha podido recibir contribuciones en efectivo de tres millones de euros” que “la  Cruz Roja y de la Media Luna Roja han donado a las personas afectadas por las inundaciones de Irán”, explicaron  la FICR y la Media Luna Roja en un comunicado.

En 2018, Trump retiró a Estados Unidos de un acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales clave, suscrito en 2015, y luego aumentó las sanciones para presionar a Teherán mediante su estrangulación económica.

Trump dijo que el acuerdo histórico negociado por su predecesor, Barak Obama,  no fue lo suficientemente lejos para evitar que Irán construya armas nucleares o ni estableció medidas para detener su apoyo a las milicias extranjeras y el desarrollo de misiles balísticos.

Funcionarios de la Casa Blanca defienden que las sanciones están dirigidas al sector energético de Irán y a la cúpula del régimen de los ayatolás, y no se aplican a artículos esenciales como alimentos, medicinas y ayuda humanitaria, aun cuando estos hayan sido afectados indirectamente.

Alemania y Francia y Gran Bretaña han tomado medidas para contrarrestar las restricciones de Washington, como el establecimiento de un instrumento financiero de apoyo al intercambio comercial (Intex), destinado a facilitar el comercio y los negocios entre Irán y los países europeos, soslayando al sistema financiero estadounidense.

Sin embargo, los informes indican que los temores sobre sobre el alcance de las sanciones estadounidenses han provocado que los agentes financieros occidentales no utilicen el Instex, por lo que el instrumento solo ha atraído a una pequeña cantidad de recursos de las empresas europeas, dejando a Irán sin recursos.

Según Egeland, los banqueros de Europa están demasiado asustados para mover dinero a Irán a pesar de las exenciones al régimen de las propias sanciones.

“Los bancos noruegos, europeos y de otro tipo tienen demasiado miedo de las sanciones de Estados Unidos para transferir el dinero que los gobiernos europeos han dado para nuestro trabajo de ayuda vital”, dijo Egeland en otro comunicado.

“Nos quedaremos sin efectivo en dos semanas y ya no podremos brindar ayuda a las familias afganas pobres”, agregó, en referencia a los más de tres millones de afganos que huyeron al vecino Irán de los conflictos, pobreza y desastres naturales en su país.

El posible cierre de las operaciones de ayuda en Irán es solo el último derrame de una escalada de tensiones entre Washington y Teherán, en medio de los temores generalizados de que podría convertirse en un enfrentamiento militar.

En medio de la crisis, Trump suspendió los ataques aéreos contra Irán en el último minuto de junio después de que las fuerzas de la república islámica derribaron un avión no tripulado de vigilancia militar estadounidense en el Golfo con un misil tierra-aire.

Trump ha reiterado públicamente que está dispuesto a mantener conversaciones con las autoridades iraníes, pese a sus críticas sobre su incompetencia, el peligro que representan para su aliado, Israel, la seguridad regional y los intereses estadounidenses.

T: MF

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Festival 3i acontece em outubro no Rio de Janeiro

Pública - qua, 07/08/2019 - 15:59

O Festival 3i – Jornalismo Inovador, Inspirador e Independente cresceu. O conselho curador do festival, que já contava com sete organizações, agora é composto por 13 veículos nativos digitais brasileiros. ((o))eco, Congresso em Foco, ÉNois, Marco Zero Conteúdo, Poder360 e Projeto #Colabora juntam-se a Agência Lupa, Agência Pública, Jota, Nexo, Nova Escola, Ponte e Repórter Brasil para organizar o festival. Neste ano, o Festival 3i será realizado nos dias 18, 19 e 20 de outubro no Rio de Janeiro.

O evento também ficou maior: desta vez, o Festival 3i será realizado na Fundição Progresso, com mais lugares disponíveis. Os ingressos começam a ser vendidos online no dia 19 de agosto. Outra novidade é que o festival terá três dias de duração, um inteiramente dedicado à realização de workshops dados pelas organizações do conselho curador e também pelos patrocinadores do evento. Como sempre, convidados internacionais que estão inovando nos seus meios estarão presentes.

O Festival 3i tem como parceiro desde sua fundação o Google News Initiative. Para a edição de 2019, o evento anuncia também uma parceria com o Facebook.

“O Festival se torna maior e mais representativo da nova geração de meios digitais que estão causando uma verdadeira revolução do cenário jornalístico brasileiro”, comenta Natalia Viana, codiretora da Agência Pública, e secretária executiva do Festival 3i.

Para a edição de 2019, o conselho do 3i está preparando uma palestra de abertura para a sexta-feira, dia em que serão realizados os workshops e oito mesas de debate — quatro no sábado e quatro no domingo — sobre os desafios mais atuais do jornalismo, com exemplos de experiências inovadoras.

“Como sempre, o Festival é internacional, e traremos algumas das melhores cabeças que estão inovando e trazendo soluções para problemas de quem faz jornalismo no nosso tempo — vale para as redações nativas digitais e também para quem está em veículos tradicionais e está interessado nas novidades tecnológicas”, conta Natalia. A programação do Festival 3i será divulgada no dia 19 de agosto, quando for iniciada a venda dos ingressos.

A primeira edição do Festival 3i foi em 2017, também no Rio de Janeiro, teve convidados como a americana Claire Wardle, diretora do First Draft News; a vencedora do prêmio Pulitzer Angie Holan, do Politifact, o maior site de checagem do mundo; Daniel Valencia, do premiado site El Faro de El Salvador e o ator Gregório Duvivier, que apresenta o Greg News no canal HBO, primeiro jornal satírico da tevê brasileira.

Em 2018, o 3i viajou pelo Brasil em edições menores, com apenas um dia de duração. As edições regionais do 3i foram realizadas em Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife, sempre em parceria com universidades.

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Riesgos ambientales presionan a agricultores cubanos

IPS español - qua, 07/08/2019 - 15:39

El agricultor Joel Fernández recolecta zanahorias cultivadas en su finca Soledad III, en Las Caobas, en las inmediaciones de la ciudad de Gibara, en la oriental provincia cubana de Holguín. Por tradición y por necesidad, en esta y otras fincas del área se práctica la agricultura ecológica. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LAS CAOBAS, Cuba, Aug 7 2019 (IPS)

El viento que sopla desde la costa se cuela por las puertas y ventanas abiertas de las humildes casas del barrio rural de Las Caobas, en el este de Cuba, donde sus habitantes dependen de una agricultura en condiciones climáticas adversas.

Como banderolas, las cortinas a flores se agitan dentro de algunas viviendas, la mayoría de madera o ladrillos al descubierto con techos ligeros. Una chica transporta hierba en un carro a caballo y se tapa los ojos por la nube de polvo que provoca el paso de un automóvil por el único camino, sin pavimentar, del lugar, donde el Estado anunció la construcción de una carretera que no termina de llegar.

En esta comunidad del municipio de Gibara, de 71.000 habitantes, vive Maité Sarmiento, que guarda en el cobertizo botellas con jalea de mango. “En 2007, aprendí a hacer conservas y hoy abastecemos el hogar y vendemos en la ciudad”, explicó a IPS en la finca familiar Soledad III, de 3,3 hectáreas.

“Este año no se pudo hacer puré (pulpa en conserva) porque el tomate salió malo por las plagas”, lamentó Joel Fernández, que el esposo de Sarmiento y dueño de la finca asociada a la Cooperativa de Créditos y Servicio Abel Santamaría, que suma 514 hectáreas entre sus 137 integrantes, de las cuales apenas 160 son cultivables.

Con su familia arraigada en el lugar y productor desde los 17 años, Fernández describió que este “es un lugar seco, el agua disponible para riego no es buena de acuerdo con los análisis realizados, aplicamos hasta 60 por ciento de materia orgánica por encima de la media del país y las plagas han aumentado y son más agresivas”.

El cambio climático resulta cada vez más un riesgo evidente para el sector productivo de este país insular caribeño, en especial las pequeñas fincas establecidas en lugares vulnerables como Las Caobas.

Aquí, las familias campesinas tienen la tradición, en parte por necesidad, de producir ecológicamente, con prácticas como mejorar los pedregosos suelos con toneladas de estiércol y acopiar agua en cavernas subterráneas naturales.

“Antes sembrábamos maíz y había que fumigar, si acaso, una vez”, ejemplificó Fernández. “Ahora hay que fumigar tres o cuatro veces. Usamos productos ecológicos para las plagas, pero en otras ocasiones hay que recurrir a químicos, que están escasos y caros”, describió sobre la finca que cosecha pequeños volúmenes de vegetales y frutas.

Maité Sarmiento muestra las conservas que elaboras a partir de mangos cultivados en la finca familiar Soledad III, en el barrio rural Las Caobas, en las inmediaciones de la ciudad de Gibara, en el este de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Pese a todos los esfuerzos, reconoció que  “en los últimos cinco años hemos perdido varias producciones, ha sido un desastre”.

“Gracias al Proyecto de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) aprendimos a probar y comparar, buscar nuevas semillas y diversificarnos”, explicó Fernández.

El agricultor se refiere a una iniciativa que comenzó en 2000, gracias al esfuerzo conjunto de entidades cubanas con la cooperación internacional, sobre todo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, que hoy llega a 75 de los 168 municipios cubanos con propuestas de innovación y empoderamiento de jóvenes y mujeres.

“Muchos productores están conscientes de que es real la situación del cambio climático”, compartió la agrónoma Miriam Rojas, sentada en la sala del hogar de la familia de Fernández y Sarmiento. Ella brinda asistencia científico-técnica a las 79 entidades productivas de Gibara, de las cuales siete cooperativas integran el PIAL.

“Pero resulta más lento el proceso de conversión y concientización de los productores, que el impacto del cambio climático”, valoró la especialista en extensión agraria, que ayuda a aplicar los conocimientos técnicos a los productores.  “Debemos desarrollar una labor más fuerte”, propuso.

En medio de su maizal, con las plantas mecidas por el viento que llega del mar, el campesino Alexis Bauta, presidente de la cooperativa Abel Santamaría, en las inmediaciones de la ciudad de Gibara, en el este de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Investigaciones cubanas señalan que las variabilidades del clima como las cada vez más frecuentes y severas sequías y el aumento de la temperatura mínima del aire y del nivel del mar, presionan al sector productivo.

El estudio “Propuesta de medidas de adaptación al Cambio Climático en el sector agropecuario local en Cuba”, publicado en 2017 en la revista Ingeniería Agrícola, identifica nueve medidas como reforestación, conservación de suelos, modernizar las tecnologías de riego, cultivares más tolerantes y enfrentar las plagas con bioproductos.

“El tema ambiental juega un papel importante”, sostuvo el ingeniero en mecanización agropecuaria Norge Díaz, que coordina el PIAL en la provincia de Holguín, donde se sitúa Gibara. “A los productores hay que hablarles de diversidad, porque si falla algo, se continúa con otro cultivo y la economía de la casa no decae”, apuntó.

Justamente, el PIAL es pionero en organizar las llamadas Ferias de la Diversidad, donde las y los productores se reúnen para intercambiar semillas, experiencias y otras mercancías más elaboradas como los alimentos en conservas y artesanías, de modo que la familia campesina tenga ingresos sostenibles.

“Tenemos varias experiencias en adaptabilidad al cambio climático, manejo integrado de cultivos  y el trabajo con las fincas agroecológicas, entre otras”, continuó Díaz, sobre el proyecto que en Holguín llega a 25 cooperativas de siete municipios. “Y estamos haciendo sinergia con las acciones de la Tarea Vida”, amplió.

Tarea Vida es el nombre más conocido del primer plan del Estado cubano para afrontar el cambio climático, que fue aprobado por el gobierno en 2017 y establece medidas a corto, mediano y largo plazo, con especial énfasis en las zonas costeras del archipiélago.

Un hombre conduce una carreta tirada por caballo por el camino sin pavimentar que une las pequeñas parcelas agrícolas de Las Caobas, en las inmediaciones de la ciudad de Gibara, en la oriental provincia de Holguín, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Semillas de cebollín (Allium schoenoprasum) se secan al sol sobre los techos de la vivienda y otras precarias instalaciones de la finca El Mirador, también en Las Caobas, donde los sembradíos reverdecen a pesar de la sequía gracias a la dedicación y experiencia del productor Alexis Bauta, que junto a sus dos hermanos trabaja una parcela de 8,5 hectáreas de tierra.

“Los campesinos tenemos que buscarle alternativas a esta situación de la sequía, y el cambio climático en general, con cultivos que sean de ciclo corto, aplicar mucha materia orgánica para no erosionar el suelo, poner barreras vivas y muertas para minimizar los daños al suelo”, propuso el campesino, que preside la cooperativa Abel Santamaría.

Con una fuerte brisa proveniente del mar donde termina la finca, Bauta detalló a IPS que apuestan por el plátano (banano para cocinar) para sembrar “por ser más resistente a la sequía, pero no a gran escala”, junto a yuca, boniato (batata), frijol, pepino y ajíes, que en conjunto suman en el año hasta 12 toneladas de cosecha.

“Las autoridades deben apoyar más al campesino, con recursos y capacitación, ya que cada año es más difícil lograr las cosechas”, agregó Bauta, que identifica otras limitantes como la ausencia o pésimo estado de las carreteras y acceso a medios de transporte.

Economistas consultados por IPS señalan que el sector agropecuario cubano debe considerar cada vez más los riesgos ambientales en su planificación, sobre todo los pequeños productores. Junto a las medidas de adaptación, recomiendan mejorar otros mecanismos existentes como el aseguramiento de ganado y cosechas.

Las cooperativas gestionan 67 por ciento de las tierras cultivables en Cuba y logran  80 por ciento de la producción de leche, tubérculos, hortalizas, maíz, frijol y frutales, en un país donde todavía se importa cada año hasta 70 por ciento de los alimentos para la población de 11,2 millones de habitantes.

Edición: Estrella Gutiérrez

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O dia em que não deu mais: “Ou eu saía ou eu morria”

Pública - qua, 07/08/2019 - 12:00

“Com quem a gente mexeu, só Deus na causa pra gente estar contando essa história aqui para o senhor. A gente passou coisas terríveis, de dormir no mato muitas vezes com os pistoleiros procurando a gente…”

“O senhor gostaria de um dia voltar pra lá?”

“A gente pode ter vontade, mas não pode voltar. Eu não gosto nem de falar…”

Contendo a emoção, D. O., 58 anos, gesticula pouco e quase sussurra enquanto rememora as ameaças que o obrigaram, junto com a família, a deixar a luta por um quinhão de terra no Pará. Acomodado numa cadeira de plástico vermelha, num quarto com um colchão na casa de três cômodos que agora abriga a família de mais de 20 pessoas, o maranhense de Boa Vista de Gurupi recebeu a reportagem da Agência Pública ainda sob o impacto de deixar para trás a vida no sudoeste paraense.

Sob os olhares da mulher e de dois filhos, D.O explica que está há pouco mais de dez dias neste novo endereço, que, por questões de segurança, não será revelado. Pelo mesmo motivo, colocamos apenas as iniciais de seu nome. “A gente está mais seguro. Acredito que os ameaçadores não vão saber tão cedo onde a gente tá…”, diz o ex-presidente da Associação de Agricultores Familiares de Mata Preta. “Alguns companheiros sentiram o choque da nossa saída. Mas, por outro lado, eles olharam e se conscientizaram que eu precisava sair. Ou eu saía ou eu morria. Eles iam me perder de qualquer maneira.”

Mata Preta está localizada no município paraense de Anapu, na gleba pública federal Bacajá, um imenso território de mais de 80 mil hectares criado em 1983, onde a missionária norte-americana Dorothy Stang foi assassinada com seis tiros há 14 anos. Em Anapu, a luta pela terra não dá trégua. Foi a região com maior número de assassinatos no país no ano passado em decorrência dos conflitos fundiários: três mortes, segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT).

O total de assassinatos chega a 20 desde o ano 2000, além de 16 tentativas de homicídio e 34 ameaçados de morte, como D.O.

Antes de chegar a Anapu, ele desembarcou em Altamira durante o fluxo de mão de obra para a construção da hidrelétrica de Belo Monte. “Lembro até hoje: 10 de dezembro de 2011. A cidade que a gente morava no Maranhão, cidade carente, não tinha emprego.” No ano seguinte, durante um curso de rolo compactador para trabalhar na barragem, recebeu a dica. “Um colega me chamou: ‘Você trabalha de quê?’. Expliquei que trabalhava mais de agricultura. Ele disse: “Se arrumasse um alqueire de terra pro senhor trabalhar, seria bom?’.”

Um alqueire era tudo que ele gostaria para recomeçar. “Não é confusão?”, perguntou. “‘Não, não é’. Ele fez até um mapa no papel pra gente chegar. E daí o destino levou a gente até lá.”

Ao chegar, D.O. não fazia ideia do imbróglio em que se envolveria nos anos seguintes. A Gleba Bacajá é uma das regiões mais conflituosas do país quando se trata da disputa fundiária entre pequenos agricultores sem-terra, grileiros, grandes fazendeiros e madeireiros da região. É lugar onde quase sempre prevalece a lei da pistolagem.

União x fazenda Santa Helena

Os lotes 69, 71 e 73 da Gleba Bacajá — onde D.O. e a família cultivavam cacau, pimenta, mandioca, laranja, urucum — se tornaram uma das frentes judiciais contra o combate à ocupação irregular de terra em 2013, numa ação civil pública proposta pela União e pelo Incra contra a agropecuária Santa Helena Participações Ltda., do proprietário Carlos Roberto Fleck.

A ação pedia a reintegração de posse da área após levantamento ocupacional do Incra ter indicado que a empresa detinha ilegalmente a área pública. Como determina a Constituição, essa terra deveria ser destinada à reforma agrária. Isso porque em 1997 outra ação decretou o cancelamento dos registros imobiliários existentes sobre o lote 69 da Gleba Bacajá. Esse lote havia sido adquirido por outro proprietário na ditadura militar (1976), durante o programa de ocupação da Amazônia desenvolvido pelos militares. À época, os lotes eram vendidos a preços baixos para que os agricultores ocupassem a região e a tornassem produtiva. Essa era a condição dos contratos de propriedade dos lotes. Quando por meio de fiscalização o Incra constatou que o lote estava abandonado, anulou o contrato e, em consequência, os registros imobiliários existentes também foram cancelados.

Esse é o ponto central da argumentação do Incra e da União na ação de reintegração de posse movida em 2013 para reaver aproximadamente 12 mil hectares de área. A Santa Helena Participações alega nos autos que “adquiriu” a terra desse proprietário em 2002, ou seja, após o cancelamento da matrícula originária – com trânsito em julgado em 1997.

A partir daí, com a possibilidade iminente de a empresa perder a propriedade, a temperatura esquentou em Mata Preta. Os agricultores decidiram se organizar enquanto aguardavam a decisão sobre a reintegração. D.O conta que um outro lote, o 68, já possuía uma associação de agricultores que optou por não incorporar as famílias dos lotes 69, 71 e 73. D.O. e outros companheiros criaram então a própria associação em 2015. O presidente escolhido foi Didácio Alves de Souza, que já era uma liderança consolidada. “Aí então eles me apontaram nessa hora para a vice-presidência, mesmo eu dizendo que não queria.” Ele conta que outro companheiro declinou por não saber escrever o próprio nome. “Eles falaram que não precisava de eu estar todo dia, mas eu disse: ‘Olha, quando a gente vai entrar na luta, a gente tem que abraçar ela’.”

D.O morava a oito quilômetros da sede da fazenda Santa Helena, o epicentro do conflito agrário. “O advogado da fazenda pediu em audiência em 2015 que a gente desocupasse a terra. A gente estava no Fórum, tava o juiz, tava todo mundo. Mas a partir da hora que foi divulgado que a gente poderia permanecer – e nós não saímos mesmo – começou um clima diferente.”

Uma mensagem da CPT informou aos órgãos públicos sobre a situação. “No final de semana de 30-31 de maio de 2015, capangas armados serraram as duas pontas de uma ponte na vicinal que dá acesso a Mata Preta, onde estão situados os lotes 69, 71 e 73 […] Depois de ter a ponte serrada, capangas fortemente armados vigiam a área, cercam e abordam os que conseguem passar o igarapé. No dia 29 de agosto, fazendeiros, em mais de 15 carros, aterrorizaram as famílias apontando armas, gritando e ameaçando de destruição.” D.O. confirma a situação. “O povo estava com medo.”

Já no ano seguinte, em 2016, ele fora surpreendido com a morte repentina de Didácio, após um infarto. “Aí veio pra cima de mim”, relembra.

Naquele ano, a Justiça deferiu a reintegração de posse dos lotes em favor da União. Mas a primeira vitória dos sem-terra não veio sem reação.

Pistoleiros no despejo e assassinatos

O hiato de mais de um ano entre a decisão favorável à reintegração – em 2016 – e sua efetivação – em dezembro de 2017 – convulsionou Mata Preta, como mostram os registros tanto nos autos quando nas lembranças de D.O.

O desembargador Gercino José da Silva Filho, à época ouvidor agrário nacional e presidente da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, informou à Procuradoria da República o clima de tensão, com pistoleiros que pretendiam “‘despejar’, sem ordem judicial, os trabalhadores rurais sem-terra que ocupam o mencionado imóvel”.

Ao assumir a liderança, D.O precisou lidar de imediato com o assassinato de dois companheiros. “Dentro da roça de arroz haviam matado o Titela e o Marrone”, conta. Até hoje a polícia não desvendou os autores dos crimes. “Ninguém sabe se foi da parte da fazenda ou não. A polícia andou lá, mas não informou se apuraram e chegaram a alguma conclusão. Essa daí foi a primeira coisa que nós enfrentamos.”

D.O. narra a cena com o que lembra. “Chegaram a pé, de dentro do mato todo fechado. Se aproximaram e atiraram logo no Zé de Arimatéia, pegou no ombro. Ele caiu, mas não morreu. Quando ele caiu, atiraram no Titela, que correu dentro da roça mesmo, e terminaram de matar. Daí atiraram no Cícero, nas pernas dele. Ele correu, atravessou um igarapé e, já subindo, não deu mais conta e ficou lá… mas não morreu. Depois atiraram no Marrone. Deram três tiros no Marrone, ele tinha 17 anos. Ainda atiraram num rapazinho de 11 anos, mas não acertaram.”

D.O. conta ao repórter detalhes da situação de perigo que a comunidade vivenciou um mês após a morte dos agricultores. “Entrou um grupo de 30 homens armados, a mando de Zé Iran, para tirar todo esse povo que tava dentro da terra.” Com Zé Iran, ele enfatiza, “aquele que resistir, morre”.

Zé Iran é relatado nos autos do processo como um dos “chefes da pistolagem” na região de Anapu. Segundo D.O., os pistoleiros chegaram quebrando as casas. “Eles tinham ido lá pra limpar a área. Eles não estavam lá pra conversar ou negociar com ninguém. Ou você aceitava sair ou ia morrer. A conversa era essa. Agora, 30 homens armados… Que a gente ia fazer? Isso eu sempre falo e relato, o trabalhador lá dentro vive com uma foice, com um facão pra fazer o serviço. Mas pra confrontar com eles não tinha armas de fogo. Até porque as armas eram pesadas. Era fuzil, metralhadora…”

O que ele fez? Montou às pressas um barracão de lona dentro da mata e se enfiou nele com a família para não ser achado. Quando o clima amenizou, ele voltou a pedir ajuda da Justiça. Após o episódio, José Iran teve a prisão preventiva decretada pela Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá (Deca). Sua captura, no entanto, só ocorreu em janeiro de 2019 – Iran é acusado de chefiar um grupo de milícia armada no campo, financiada por fazendeiros.

Com a pistola do lado e a carabina na perna

Já D.O., ainda em 2017, teve de ingressar no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH), da Secretaria Nacional de Cidadania do Ministério dos Direitos Humanos. Ele não lembra quantas ameaças sofreu e diz que muitas delas vinham em tom de recado dado por outras pessoas. “Eles falavam pros outros companheiros: ‘A hora que nóis achar ele, nóis vai pegar’.” Em maio do mesmo ano, a CPT procurou o Ministério Público Federal (MPF) para pedir urgência para o processo de desocupação da área. “Depois de tantos meses de sofrimentos e defesa comunitária, seria triste deixar a reintegração de Santa Helena Participações terminar numa chacina. As famílias vivem sumidas e escondidas nas suas casas, esperando o final da reintegração”, dizia na mensagem enviada ao MPF.

Uma diligência realizada pela Polícia Militar verificou as denúncias in loco dois meses depois. “A equipe da PM ouviu muitos relatos de moradores extremamente desesperados com a violência a que estão submetidos por alguns pistoleiros conhecidos pelo apelido de Nego Baia, Curica, Valmir, Zezão e Carlinhos Cabeção”, descreve o comando policial. “Eles andavam com a pistola do lado e a carabina em cima da perna”, relembra D.O.

A escola de Mata Preta, Emef Sonho de Aprender, também servia às reuniões mensais da Associação dos Agricultores, mas fora incendiada dias após a diligência da PM, o que obrigou à suspensão das aulas pela Secretaria Municipal de Educação. Uma das hipóteses fala em retaliação à diligência policial.

D.O. conta que os pistoleiros não queriam que as reuniões da associação acontecessem na escola. “Um dia a gente foi fazer a reunião e eles mandaram dizer pra mim que não fizesse porque iam me matar. Aí veio um rapaz que era até professor lá: ‘Seu D.O, se eu fosse o senhor não ia fazer reunião com o pessoal’. Eu disse: ‘Se a vontade deles é me matar, vão me matar. Porque eu agendei a reunião pra lá e nós vamos fazer. Só Deus pra evitar. Em duas reuniões eles vieram, eram seis homens armados. Chegaram até uns 100 metros. Era para intimidar mesmo”, recorda.

D.O. é um homem de fé católica. “O medo a gente tinha, mas não usava ele”, diz apontando para a Bíblia. “Se você fosse ter medo, cê não saía de casa, não andava. Agora, a gente usava as estratégias que a gente tinha também”, explica. “A gente falava por lá que tinha três armadilhas, com três espingardas armadas na estrada. E as pessoas acreditavam que tinha mesmo, mas não tinha nenhuma. Eu usava esse tipo de coisa pra me defender”, revela.

Já era dezembro de 2017 quando a reintegração, de fato, aconteceu. “Salientamos a necessidade de urgência da medida, pois que há mais de um ano se aguarda a efetiva reintegração de posse da área para adoção das medidas administrativas cabíveis visando a destinar os lotes a cumprir a sua função social”, registrou o MPF um mês antes. O desembargador federal Souza Prudente afirmou na decisão em favor da reintegração que a situação tinha se agravado, chegando a ponto de existir o pedido do deslocamento da Força Nacional para a região, o que não aconteceu.

Dinheiro ou bala

A essa altura, D.O. já não podia ficar no seu alqueire no Travessão Pilão Poente II, sítio Cacaueiro. Segundo ele, o PPDDH orientou que permanecesse em Altamira, distante do foco do conflito, e também devido a um problema de saúde que requeria cuidados médicos. “Nóis saía da terra pra Altamira, sem hora marcada, só com a segurança de Deus.” O problema, ele pontua, é que, após a reintegração, além de estar na mira dos pistoleiros, ele passou a ficar também na mira de pessoas que queriam comercializar lotes da gleba de forma ilegal. “Naquele movimento me chamaram pra que eu fizesse junto com eles e dividisse os recursos. Eu disse: ‘Olha, eu não faço esse tipo de trabalho’. Eles tiraram um rapaz, eu fui lá, ajeitei, botei o rapaz para dentro da terra novamente. Eles começaram a me ameaçar de morte porque eu não tinha aceitado o negócio”, conta.

Entre esses homens estava M., então cunhado de Marciano Fosalusa, assassinado a tiros em fevereiro deste ano, num crime ainda não esclarecido.

Para D.O, M. “estava a mando de alguém” e pretendia tomar a associação para facilitar a venda das terras. “Ele chegou a pedir todos os papéis da associação. Eu não dei”, diz. “Um dia estava agendada uma reunião, eu vi o M. conversando com o Marciano. Eu já andava desconfiado dele. Na hora que M. me chamou em particular, arrumei uma faca e botei na cintura. Eu não sei a intenção dele. Eu posso morrer, mas não vou morrer só. E ele com o revólver na cintura. Cabo de fora. ‘Eu já lhe disse uma vez e vou voltar a repetir: o senhor sabia que cê não vale um cachorro?’.”

Nessa hora, o agricultor imaginou o pior. “Eu respondi: ‘Eu posso até não valer um cachorro pro senhor, mas pra outras pessoas valho mais do que um cachorro’.” D.O acredita que poderia ser morto ali mesmo não fosse a chegada da Defensoria Pública junto com a CPT para a referida reunião.

Em Altamira, a família passou a ter dificuldades de se manter. Eles sobreviviam do cultivo em Mata Preta. “A situação não estava boa. Fiquei em Altamira, mas eu não tinha do que viver. A gente estava sem ter o que comer e nosso cultivo sem ter quem cuidasse”, afirma D.O. Venderam fogão, geladeira e outros pertences. “A gente já tava passando fome e as ameaças continuavam”, conta. “Os mesmos carros que a gente via na fazenda estavam lá em Altamira, 24 horas, perto de casa. Eles perguntavam para outras pessoas sobre mim. Por onde a gente andava? Que horas saía de casa”, diz.

Diante da situação, chegou o dia em que não deu mais. “Pedi pro pessoal dos direitos humanos [PPDDH] me tirar de lá a todo custo. Pessoal disse: ‘Eu te levo, mas depois de um tempo te trago de volta’. Eu disse: ‘Olha, você vai me trazer pra boca do lobo, eu não vou querer. Se tiver como me levar e deixar longe… Mas as regras não permitiam.”

Como revelou reportagem da Pública de abril deste ano, o PPDDH sofre com limitações orçamentárias. Defensores ligados à luta pelo direito à terra e território, além de ambientalistas, são a maioria entre os atendidos pelo PPDDH: representam 348 dos 416 casos incluídos no programa, segundo dados de abril.

A Pública falou por email com o coordenador-geral de Proteção a Vítimas e Testemunhas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Wellington Pantaleão, para entender as circunstâncias do caso — leia aqui a íntegra das respostas. Segundo o coordenador, solicitar apoio financeiro para mudança definitiva não encontra amparo na regulamentação de atuação do PPDDH.

Sem a família, não

A D.O. foi oferecida uma alternativa: o Provita, Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Segundo a legislação que regulamenta o programa, é permitida a proteção não apenas da testemunha, mas também de familiares. Mas D.O conta que foi informado de que teria de partir sem a família. Por isso não aceitou. “Eu vou ficar longe da minha família e eles vão ficar correndo o risco. Aí fomos pedir pro MPF que providenciasse uma maneira da gente sair de lá…”

O procurador da República em Altamira, Sadi Flores Machado, explicou à Pública que o Fundo Brasil de Direitos Humanos forneceu, a pedido do MPF e com intermédio da CPT, uma verba emergencial para a saída da família da região. “Seu D.O era um representante assíduo, ele vinha sempre aqui trazer notícias. Era uma liderança lá na Mata Preta, só que chegou uma situação limite em que ele não se sentiu mais seguro para permanecer no local.” Paralelamente, o MPF instaurou um procedimento em junho para apurar a situação de ameaça e violência contra as lideranças que lutam pela terra na região. Machado avalia que os programas de proteção são pouco efetivos quando os casos são urgentes. “A gente tem sérias dificuldades. Eles têm um procedimento de inclusão dessas pessoas no programa, eles fazem entrevistas, depois fazem uma avaliação, passam por um comitê. Eu tenho me deparado com situações bastante restritivas. Justificativas das mais diversas”, diz. “O que a gente acaba fazendo muitas vezes é falando diretamente com o tenente-coronel da Polícia Militar solicitando apoio para dar uma resposta imediata quando possível”, esclarece.

A defensora pública agrária de Altamira, Andreia Macedo Barreto, também faz ressalvas aos programas de proteção. “Eles não conseguem proteger totalmente, demoram a responder nossas demandas”, avalia.

Para Wellington Pantaleão, “expectativas lançadas ao PPDDH extrapolam suas competências, tendo em vista que o programa necessita do apoio de agentes da segurança pública e sua função não é substituir as forças policiais. Por outro lado, as instituições do Estado precisam estar mais presentes para debelar os agentes criminosos com suas identificações e possíveis responsabilizações, como a prisão, por exemplo. O encaminhar para proteção apenas, em situações-limite de ameaça, não será suficiente se as instituições encaminhantes não atuarem em parceria com o PPDDH”, afirma o coordenador do programa.

“Saímos de cabeça erguida”

Segundo a defensora Andreia, depois da saída de D.O., ficou um “vazio de liderança” em Mata Preta. “Vou lá neste mês para mediar a conversa entre os grupos que desejam assumir a associação”, revela. Para o agricultor, sua luta em Mata Preta honrou o compromisso que fez dentro da comunidade. “Saímos de cabeça erguida. Isso pra nós é satisfação. Todo esse povo que vive lá é digno de uma vida digna”, enfatiza.

Atualmente, segundo a defensora pública, existem duas ações possessórias do “suposto proprietário da fazenda” contra os ocupantes. “E como está na pendência dessa ação, o Incra ainda não deu uma destinação efetiva para a área, ou seja, para o assentamento”, diz Andreia Barreto.

Já ao fim da conversa de mais de quatro horas, D.O avalia que no seu novo endereço as pessoas têm sido acolhedoras. Mas pondera: “Estou preocupado”. Ele e a família precisam de trabalho e de moradia fixa. “Estamos com o prazo contado. Só Jesus sabe pra onde nós vamos…”, diz.

A atual residência depende de aluguel que a partir deste mês já não poderá pagar se não estiver empregado. “Espero que a gente não passe fome”, desabafa o agricultor, para em seguida afirmar: “Mas a gente é confiante. Nós somos acostumados a dar a volta por cima. Não vai ser dessa vez que não vai dar, porque Deus vai dar essa oportunidade pra nós aqui onde estamos”.

Outro lado

A Pública encaminhou ao advogado da Santa Helena Participações Ltda. perguntas referentes ao caso, mas não houve resposta até a publicação.

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De cerdos, aves y excrementos energéticos en el suroeste de Brasil

IPS español - ter, 06/08/2019 - 16:34

Romário Schaefer, de 65 años, entre el biodigestor negro enterrado en la tierra, el depósito azul del suero lácteo que se mezcla con excrementos de los cerdos que ceba en una hilera de pocilgas (arriba a la izquierda) para producir biogás, en el municipio de Entre Rios do Oeste, en el sur de Brasil. Al fondo su fábrica de ladrillos, que consume el combustible y con el que ahorra unos 6.500 dólares mensuales de electricidad. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
ENTRE RIOS DO OESTE, Brasil, Aug 6 2019 (IPS)

El brasileño Romário Schaefer ceba 3.300 cerdos que no son suyos. Los recibe como lechones de cerca de 22 kilos y los devuelve con 130 a 160 kilos, un gran incremento en carne y ganancias para su propietario, un frigorífico local.

A Schaefer no le interesa el negocio de la proteína animal, sino un desecho incómodo de la porcicultura, los excrementos, con los que produce el biogás y la electricidad que impulsan su industria de ladrillos.

“No soy agricultor”, aclara al presentar su Cerámica Stein en medio de una propiedad rural de 38 hectáreas, en las afueras de Entre Rios do Oeste, una municipio rural de 4.400 habitantes del occidente de Paraná, uno de los tres estados de la región del Sur de Brasil, en la frontera con Paraguay.

Trata de distinguirse de sus vecinos porcicultores que producen el biogás y lo venden a la Minicentral Termoeléctrica inaugurada el 24 de julio para generar la energía que sirve a la prefectura municipal (alcaldía) de Entre Rios y todas sus instalaciones en el centro urbano y el resto del municipio.

Para ellos se trata de un nuevo producto agrícola, así reconocido en Paraná para fines comerciales y tributarios, para Schaefer es un insumo para su propia industria, que actualmente produce solo ladrillos.

Los desechos animales, que contaminan el suelo y los ríos, se van convirtiendo en un subproducto importante en el suroeste de Brasil, donde la cría porcina y avícola registró una fuerte expansión en las últimas décadas.

La Granja Haacke, en el municipio de Santa Helena, al sur de Entre Rios, aprovecha las materias fecales de sus decenas de miles de gallinas y centenares de vacunos para producir biogás, electricidad y biometano.

Su biometano, combustible derivado del refino del biogás y que sustituye el gas natural, es usado en vehículos de Itaipú Binacional, la gigantesca central hidroeléctrica compartida por Brasil y Paraguay en el fronterizo río Paraná.

En Mariscal Cándido Rondon, algunos kilómetros al norte, la familia Kohler, pionera en el uso del biogás en su hacienda, asumió otro papel en la cadena de esa energía más que limpia, limpiadora.

Parte de Cerámica Stein, cuya prosperidad y producción ecológica se debe al biogás que produce con los excrementos de 3.300 cerdos. La fábrica produce mensualmente ladrillos suficientes para construir 200 viviendas de 60 metros cuadrados, en el estado de Paraná, en la frontera de Brasil con Paraguay. Crédito: Mario Osava/IPS

Creó una industria de biodigestores, la BioKohler, presente en muchos proyectos que se multiplican en Paraná y en otros estados brasileños, también como portadora de equipos y conocimientos traídos de otros países.

La nueva iniciativa familiar que puede orientar nuevos proyectos es una central eléctrica a biogás con capacidad instalada de 75 kilovatios, construida en la hacienda en asociación con la empresa alemana Mele, con muchas innovaciones tecnológicas “tropicalizadas”.

“Una unidad así solo es viable a partir de 150 kilovatios de potencia, escala que permite diluir el costo de la inversión”, concluyó para IPS Pedro Kohler, quien lidera la rama industrial de la  familia.

Schaefer mira la cuestión por el ángulo del consumidor que genera su propia energía. “Sin el biogás mi fábrica no sería viable, no lograría competir y sobrevivir en el mercado”, admitió.

En los últimos años muchas fábricas de productos cerámicos, incluidos ladrillos, quebraron en Brasil y eso pasó también en el oeste del estado de Paraná, tras la recesión económica nacional de 2015 y 2016, que afectó especialmente el sector de construcción y que agravó el alza del costo energético.

El contrato con el frigorífico para el engorde porcino le permitió evitar la quiebra, evaluó el empresario.

Pedro Kohler, quien lidera la empresa de biodigestores en el oeste del estado brasileño de Paraná, posa entre un biodigestor y depósitos de biogás y biofertilizantes de la central termoeléctrica que instaló en la hacienda de su familia, en el municipio de Cándido Rondon. Innovadoras tecnologías y equipos, aportados por su socia alemana, la empresa Mele, modernizarán el sector de biogás en Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS

“El frigorífico provee todo, alimentación, medicamentos y asistencia técnica. Mi contrapartida es el local y la mano de obra, una pareja (de trabajadores) es suficiente porque todo es automático, y me quedo con el estiércol”, explicó a IPS en su establecimiento.

Eso le permite depositar 1,8 millones de litros de desechos porcinos en el biodigestor, un gran balón cerrado de lona negra, semienterrado en una excavación de unos 10 metros de diámetro, donde se procesa la fermentación por bacterias anaeróbicas.

De allí salen el biogás que alimenta un generador que le aporta 23.000 megavatios/hora al mes, suficiente para ahorrar 25.000 reales (6.500 dólares, al cambio actual), casi la mitad de su factura eléctrica.

En realidad, su microcentral opera solo cuatro a cinco horas al día. Lo hace en las horas punta del consumo, al comienzo de la noche, el período en que es más cara la electricidad suministrada por la compañía distribuidora.

En los próximos meses Schaefer espera añadir 2.000 cerdos a su cabaña de ceba, para lo que construye nuevas pocilgas, y así ampliar la producción de biogás, tanto para generar más electricidad como para alimentar los hornos, en sustitución de la quema de briquetas y residuos de madera.

El empresario acumula 19 años de experiencia con el biogás, inicialmente centrada en su quema como sustituto de la leña,  que escaseó un tiempo, y para evitar la contaminación. Mientras lo explica, apunta con orgullo a su chimenea “sin humo”.

En 2013, el alza de costos prácticamente lo forzó a ampliar el biodigestor e instalar la generadora eléctrica.

De la misma forma tuvo que automatizar su fábrica para sobrevivir. “En el pasado empleaba hasta 90 trabajadores, hoy son solo 20 y se triplicó la producción”, destacó.

Largas pocilgas para el engorde de miles de cerdos comienzan a ser parte habitual del paisaje de las áreas rurales de Entre Rios del Oeste, en el suroeste de Brasil, donde se inauguró el 24 de julio una Minicentral Termoeléctrica. Su combustible es el biogás producido por una red de 18 fincas porcicultoras y abastece a las instalaciones pertenecientes a su alcaldía. Crédito: Mario Osava/IPS

Mucha persistencia, correcciones de fallos y asistencia de terceros están detrás de sus avances. A veces estuvo a punto de desistir, confesó. Algunas soluciones le llegaron casualmente, como el mezclador para biodigestión recomendado por un funcionario de la embajada alemana en Brasil, durante una visita a su empresa.

De forma similar conoció las ventajas de incorporar suero lechero desechado en la producción de quesos. Su aprovechamiento ofreció un descarte seguro a la industria láctea y evita contaminaciones.

La principal fuente de aprendizaje, apoyo técnico y empuje de los variados proyectos en el oeste de Paraná es el Centro Internacional de Energías Renovables-Biogás (CIBiogás), instalado en el Parque Tecnológico Itaipú.

Fundado en 2013 como una asociación sin fines de lucro de 27 instituciones nacionales, locales e internacionales, CIBIogás cuenta con un laboratorio especializado e implantó 11 proyectos de biogás en propiedades agrícolas y agroindustrias.

Se trata de una fuente energética de usos e insumos variados que exige un largo aprendizaje y con modelos de negocios y mercados aún por definir, no consolidados como ocurre con otras fuentes, observó Rafael González, director de Desarrollo Tecnológico de CIBiogás.

Cada proyecto tiene sus singularidades. Alteraciones en la alimentación animal, que prioritariamente buscan mejorar la producción de carne o huevos, por ejemplo, pueden afectar de forma negativa la producción de biogás.

“Las hormonas en los puercos cambian sus desechos y el biogás”, ejemplificó González en diálogo con IPS.

Hay diferencias entre los desechos animales, los de vacunos son más productivos, pero contienen mucho ácido sulfhídrico (H2S) que provoca corrosión, exigiendo más refino, acotó Daiana Martinez, analista de Informaciones de CIBiogás.

El biometano es actualmente el combustible de 82 automóviles de Itaipú y ya fue aprobado en pruebas con tractores, autobuses y otros vehículos grandes, es mejor producirlo a partir de los excrementos de las aves, que facilitan la retirada del ácido sulfhídrico y el gas carbónico, detalló el director de Desarrollo Tecnológico.

El biogás puede atender hasta 36 por ciento del consumo de electricidad de este país sudamericano de dimensiones continentales y 210 millones de habitantes, estima CIBiogás.

Ese potencial se divide básicamente entre los residuos agrícolas, en que se destacan la ganadería y la vinaza de caña de azúcar, y los desechos urbanos, sumando el desagüe y los depósitos de basura.

Además de evitar la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero, la experiencia local comprueba que el biogás promueve el desarrollo local, agregando proyectos energéticos y una cadena de negocios, como industria de equipos, servicios y arreglos productivos, concluyó González.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Niñas del lago Chad requieren especial apoyo y empoderamiento

IPS español - ter, 06/08/2019 - 14:45

Las niñas están entre las mayores víctimas de los 10 años de conflicto en la región de la cuenca del lago Chad, con el permanente riesgo de abuso sexual y explotación de todo tipo. Crédito: Plan International

Por Lakshi De Vas Gunawardena
NACIONES UNIDAS, Aug 6 2019 (IPS)

A medida que la región de la cuenca del lago Chad entra en su décimo año de conflicto, millones de niñas son utilizadas y maltratadas de muchas maneras.

MariaSole Fanuzzi, especialista en protección infantil del lago Chad de  la organización Plan International, recordó que “La ciudad de Nueva York tiene 8,25 millones de personas, así que cuando hablamos de las niñas en la crisis del lago Chad, hay que imaginar que toda la ciudad donde estamos ahora estuviese completamente llena de niños, y la mitad  fuesen niñas”.

Ella participó en un foro organizado conjuntamente a fines de julio por la Misión Permanente de Bélgica ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, el gobierno de Níger y Plan International, que promueve los derechos de las niñas en las diferentes regiones del mundo.

En Nigeria, Camerún, Níger y Chad, los cuatro países que comparten la cuenca del lago, la crisis es compleja, atribuida a la pobreza extrema, el cambio climático, el subdesarrollo y los ataques del grupo yihadista radical Boko Haram, que en 2014 despertó la atención internacional con el secuestro de 276 niñas de una escuela nigeriana.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, en inglés) asegura que parte de la región, en particular el noroeste de Nigeria, Camerún, Chad y Níger, está luchando con “el impacto compuesto del cambio climático, la pobreza profunda y el extremismo violento”.

Un informe de Plan International reveló que más de 15 por ciento de las niñas de entre 10 y 19 años habían estado casadas al menos una vez o lo estaban en la actualidad. Como resultado, los niveles de educación de las niñas en la región cayeron drásticamente.

Además, hay una grave falta de información sobre la salud sexual y reproductiva. La cuenca del lago Chad tiene una de las tasas más altas de mortalidad materna del mundo, con alrededor de 773,4 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

“Los conflictos y los desastres amplifican esta relativa impotencia de las niñas”, dijo Fanuzzi, para quien la crisis afecta a las niñas de manera desproporcionada. Se enfrentan a situaciones, como la privación de las necesidades básicas, la violencia sexual y de género, la trata, el ser forzadas a actuar como terroristas suicidas o a matrimonios infantiles.

Las que sobreviven y logran regresar a sus hogares se enfrentan a la discriminación y la estigmatización de sus comunidades e incluso son acusadas ​​de brujería, dijo.

“Se considera que de alguna manera han absorbido al demonio del enemigo, que de alguna manera han dado su consentimiento para lo que las pasó”, explicó. “Y los hijos que podrían haber concebido durante su cautiverio no son deseados, no son reconocidos y alejados”, añadió.

Fanuzzi narró, como ejemplo, la historia de una niña de Camerún que declaró que “si una niña queda embarazada fuera del matrimonio, y no importa si lo consentimos o no, es un signo de fatalidad terrible, que caerá en sobre su casa y su familia”.

Pero también consideró que “se han tomado algunas iniciativas importantes” para romper con la realidad que soporta la población infantil femenina en la conflictiva región.

Estas iniciativas incluyen el fortalecimiento del aprendizaje social y emocional de las niñas; la construcción de confianza; la creación de entornos seguros para ellas en sus comunidades, el empoderamiento económico y educación adecuada.

Para la especialista, esas iniciativas educativas deben incluir también a los niños.

“La participación de hombres y niños es crucial para abordar las normas sociales de género. El cambio no puede suceder si la masculinidad continúa siendo vista como la afirmación de un predominio sobre el otro género”, dijo Fanuzzi a IPS.

Los derechos de los  niños y los hombres también son violados constantemente en el mundo, y los conflictos exasperan aún más su explotación de una manera u otra, se indicó durante el foro.

“Son explotados como niños trabajadores, son traficados, y cuando se les priva de los derechos de salud sexual y reproductiva también se les priva de su propio derecho a una paternidad positiva”, afirmó a IPS la especialista de Plan International.

“Los niños y niñas comparten un destino común y por mucho que reconozcamos las diferentes perspectivas de uno y otro, nuestro objetivo final es empoderarlos a ambos para que vivan libres de la opresión y libres para expresar su propia personalidad humana al máximo y más grande extensión “, declaró.

Cuando se le preguntó qué papel tendrá Plan International en el futuro, Jessica Malter, asesora sénior de Comunicaciones y Defensa de Plan International, dijo a IPS que esta organización “está comprometida en trabajar junto con socios internacionales y entidades locales para promover los derechos de las niñas en la cuenca del lago Chad y en todo el mundo ”

También señaló que se están desarrollando programas integrales “que aborden los problemas complejos e interconectados que afectan a los adolescentes, como la falta de educación, el matrimonio infantil, el embarazo temprano, el trabajo infantil y la explotación sexual”, entre otros aspectos.

“No podemos seguir abordando estos problemas con respuestas de un solo sector o intervenciones ad hoc”, insistió.

También enfatizó la importancia de incorporar a la generación joven, afirmando que “incluir a las jóvenes en la toma de decisiones que impactan sus vidas es absolutamente crítico”.

“Todavía no escuchamos lo suficiente a la las jóvenes, y particularmente a las adolescentes que a menudo son invisibles”, dijo Malter, quien subrayó que es raro que las niñas tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista.

Pero hay maneras de abordar el problema.

Malter dijo que “una forma de abordar esto es con la campaña ‘Girls Get Equal’, que tiene alcance mundial y brinda a las niñas y adolescentes las herramientas y los recursos que necesitan para exigir poder, libertad y representación. También los datos desglosados ​​por edad, para fortalecer la evidencia y mejorar informar a los programas”.

“Las niñas y las mujeres no pueden limitarse al papel de las víctimas y deben desempeñar un papel importante en la reconstrucción de sus propias vidas siempre que los conflictos hayan interrumpido el flujo de su existencia y sacudido sus cimientos anteriores”, subrayó Fanuzzi por su parte.

Con esto en mente, será una victoria observar el crecimiento y el éxito de estas niñas si esto sucede.

“Son el principio y el fin de su propia historia”, insistió.

T: MF

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Mais tempo para inscrever sua pauta nas Microbolsas Lava Jato!

Pública - ter, 06/08/2019 - 12:00

Repórteres interessados em investigar a operação Lava Jato têm mais uma semana para inscrever suas pautas! O prazo foi prorrogado até 23h59 da segunda-feira, dia 12 de agosto. As recentes revelações sobre os bastidores da Lava Jato mostram que, do ponto de vista jornalístico, há muito o que se investigar ainda sobre episódios e personagens relacionados à operação.

É por isso que nesta 10ª edição das Microbolsas, a Agência Pública elege a Lava Jato como tema e convida profissionais experientes em apurações de fôlego para apresentarem seus projetos de investigação relacionados à operação – da pauta (com pré-apuração) ao planejamento da execução da reportagem.

A originalidade, relevância pública e viabilidade das pautas, bem como a capacidade do profissional em executar o que propõe, serão os critérios da equipe da Pública para selecionar 4 projetos que receberão bolsa de R$ 7 mil para realizar suas investigações. O resultado será anunciado no dia 19/08, no site e redes sociais da Pública. As inscrições devem ser feitas através deste formulário.

Antes de propor sua pauta, indicamos que leia o regulamento das Microbolsas e também as perguntas frequentes sobre o projeto. Caso ainda tenha dúvidas, escreva para contato@apublica.org.

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Agentes da fronteira dos EUA fazem piadas online sobre imigrantes e postam memes sexistas

Pública - ter, 06/08/2019 - 10:00

Membros de um grupo secreto no Facebook para atuais e antigos agentes da Patrulha Fronteiriça americana fizeram piadas sobre mortes de migrantes, falaram de jogar burritos em deputadas latinas que visitariam um centro de detenção no Texas e publicaram uma montagem vulgar em que a congressista americana Alexandria Ocasio-Cortez faz sexo oral em um imigrante detido, de acordo com imagens obtidas pela organização ProPublica.

Em uma discussão, membros respondem com indiferença e piadas à publicação de uma notícia sobre a morte de um migrante guatemalteco de 16 anos enquanto estava sob custódia policial em uma estação da Patrulha de Fronteira em Weslaco, Texas. Um dos membros publicou um GIF com Elmo, personagem da Vila Sésamo, dizendo “Oh well” (expressão como “fazer o quê”). Outro respondeu com uma imagem e as palavras “Se ele morreu, ele morreu”.

Criado em Agosto de 2016, o grupo, chamado “Eu sou 10-15” (código da Patrulha para “estrangeiros sob custódia”), conta com aproximadamente 9,5 mil membros em todos os Estados Unidos. Na apresentação, descreve-se como um fórum para discussões “engraçadas” e “sérias” sobre o trabalho na Patrulha. “Lembre-se de que você nunca está sozinho nesta família”, diz o texto de apresentação.

ReproduçãoCaptura de tela mostrando o título do grupo no Facebook à esquerda e sua descrição, à direita

Responsável pelo policiamento das fronteiras norte e sul dos Estados Unidos, a Patrulha da Fronteira tornou-se alvo de intenso escrutínio desde que o governo Trump decidiu tomar medidas mais agressivas para deter o fluxo de migrantes ilegais pela fronteiras com o México. Aproximadamente 20 mil agentes servem a Patrulha, que faz parte da agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP). A CBP, criticada por supostos maus tratos a crianças e adultos sob sua custódia, está em desordem desde a renúncia de seu último diretor, John Sanders, em junho.

A ProPublica recebeu imagens de diversas discussões recentes no grupo 10-15 e conseguiu ligar os participantes dessas conversas a perfis aparentemente legítimos de agentes da Patrulha Fronteiriça no Facebook, incluindo um supervisor na cidade de El Paso e um agente em Eagle Pass, ambos no Texas. A reportagem não conseguiu contato com ele os membros responsáveis pelas publicações.

A ProPublica também questionou três assessores da CBP sobre o grupo de Facebook e informou os nomes dos três agentes que parecem ter participado das conversas, mas ainda não obteve respostas.

“Esses comentários e memes são extremamente perturbadores”, disse Daniel Martinez, sociólogo da Universidade de Arizona em Tucson, que estuda a fronteira. “Eles são claramente xenófobos e sexistas”.

Para ele, as postagens refletem o que “parece ser uma cultura disseminada de crueldade contra os imigrantes dentro do CBP. Estes não são apenas poucos agentes fora de controle ou ‘ovelhas negras’”.

O grupo de Facebook da Patrulha de Fronteira é mais um exemplo recente de mau comportamento, em espaços digitais públicos e privados, de agentes de segurança pública dos Estados Unidos. Uma investigação feita pela organização de jornalismo investigativo Reveal descobriu centenas de policiais ativos e aposentados que frequentavam círculos extremistas no Facebook, incluindo grupos de supremacistas brancos e grupos anti-governo. Uma equipe de pesquisadores chamada “Plain View Project” (Projeto À Vista de Todos) recentemente publicou uma base de dados com postagens ofensivas feitas por atuais e ex-agentes no Facebook.

Além disso, no início de 2018, investigadores federais encontraram uma grande quantidade de mensagens de texto perturbadoras e ofensivas enviadas por agentes da Patrulha de Fronteira no sul do Arizona quando inspecionavam o telefone de Matthew Bowen, um agente acusado de atropelar um migrante da Guatemala com uma pick-up Ford F-150. As mensagens, submetidas à corte federal em Tucson, descreviam migrantes como “guats” (apelido pejorativo, abreviado de guatemaltecas), “wild ass shitbags” (literalmente “sacos de bosta selvagens”, figurativamente, algo como “imprestáveis estúpidos”), “beaners” (apelido pejorativo dado a mexicanos, derivado de feijão) e “sub-humanos”. As mensagens incluíam discussões sobre queimar os imigrantes.

Muitas das postagens analisadas pela ProPublica referem-se à visita planejada por membros da bancada hispânica no Congresso, incluindo Alexandria Ocasio-Cortez e a deputada Veronica Escobar, a uma unidade da Patrulha nos arredores de El Paso. Agentes do complexo, em Clint, no Texas, são acusados de manter crianças em condições negligentes e desumanas.

ReproduçãoCaptura de tela de uma das postagens no grupo. Embaixo de uma notícia sobre a visita das congressistas ao centro de detenção de Clint, lê-se “Vamos começar uma vaquinha para que um agente corajoso o suficiente jogue um burrito 10-15 em alguma dessas vadias. Quem fizer isso leva o dinheiro”

Membros do grupo do Facebook não ficaram animados com a visita , lembrando que Ocasio-Cortez, uma democrata, havia comparado unidades da Patrulha de Fronteira com campos de concentração nazistas. Já Veronica é uma democrata novata que representa El Paso.

Um membro encorajou agentes a arremessarem um “burrito nessas vacas”. Outro, aparentemente um supervisor de patrulhas, escreveu “Fodam-se essas putas”. “Não deveria haver publicidade midiática para essas escórias”, publicou um terceiro membro.

Alexandria Ocasio-Cortez é alvo das postagens mais perturbadoras. Entre elas, uma montagem da congressista fazendo sexo oral em um homem no centro de detenção de imigrantes. O texto que acompanha a imagem chama o imigrante de “sortudo”, numa alusão a um filme sexual em que Alexandria seria uma atriz pornô.

Outra montagem exibe um sorridente Donald Trump forçando a cabeça de Ocasio-Cortez na direção de sua zona genital. O agente que postou a imagem comentou: “É isso aí, vadias. As massas falaram e hoje a democracia venceu”.

As publicações sobre Veronica Escobar e Alexandria Ocasio-Cortez são “vis e sexistas”, diz uma funcionária de Veronica. “Além disso, os comentários feitos por agentes da Patrulha de Fronteira sobre imigrantes, especialmente aqueles que perderam suas vidas, são nojentos e mostram um descaso completo para com a vida humana e a dignidade”.

O líder da bancada hispânica no Congresso, Joaquin Castro, analisou as discussões no Facebook e ficou enfurecido. “Isso confirma algumas das piores críticas feitas à Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras”, disse Castro, um democrata que representa San Antonio. “Esses são agentes que claramente se dessensibilizaram a ponto de se tornarem perigosos para migrantes e para seus colegas de trabalho”. Ele completa que os agentes que fizeram esses comentários vulgares “não merecem vestir qualquer uniforme representado os Estados Unidos da América”.

Vicki Gaubeca, diretora da Coalizão das Comunidades da Fronteira Sul (Southern Border Communities Coalition), disse que as publicações são mais evidência do sexismo e da misoginia que assola há muito tempo a Patrulha Fronteiriça. “É por isso que eles são os piores em recrutar mulheres”, diz Gaubeca, cujo grupo trabalha para reformar a agência. “Eles têm a mais baixa porcentagem de agentes ou oficiais mulheres de todas as agências federais da ordem pública”.

ReproduçãoCaptura de tela do grupo. Texto acompanhando a imagem diz “Ok, eu preciso perguntar… algum de vocês já viu flutuadores tão limpos? Não estou tentando ser um babaca mas EU NUNCA VI FLUTUADORES ASSIM, poderia essa ser mais uma foto editada? Todos nós já vimos democratas e liberais fazer umas coisas bem nojentas….. ”

Em outra postagem, um membro do grupo compartilhou a foto de um pai com sua filha de 23 meses boiando com o rosto mergulhado no Rio Grande, que cruza a fronteira entre México e Estados Unidos. Os dois se afogaram enquanto tentavam atravessar o rio e adentrar a fronteira americana; imagens dos dois têm circulado amplamente na internet, gerando indignação.

O membro questionou se a foto poderia ser falsa, porque os corpos estavam “limpos” demais (A foto foi tirada por um fotógrafo da Associated Press, e não há nenhum indício de que tenha sido encenada ou manipulada). “EU NUNCA VI FLUTUADORES ASSIM”, a pessoa escreveu, completando, “poderia essa ser mais uma foto editada? Nós todos já vimos democratas e partidos liberais fazerem algumas coisas bem nojentas…”

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Tanzania acusa ahora a periodista Kabendera de delitos económicos

IPS español - seg, 05/08/2019 - 17:07

El periodista independiente Erick Kabendera es acusado ahora por la fiscalía de Tanzania de lavado de dinero, evasión de impuestos y colaboración con el crimen organizado. El Comité para la Protección de Periodistas subraya que los cargos no tienen asidero alguno y que forman parte de la práctica de Tanzania de tomar represalias contra los periodistas críticos. Crédito: Cortesía de Amnistía Internacional

Por CPJ
Aug 5 2019 (IPS)

Los fiscales de Tanzania acusaron este lunes 5 al periodista independiente Erick Kabendera de lavado de dinero, evasión de impuestos y asistencia al crimen organizado, según una copia de la hoja de cargos. Cuando fue detenido el 29 de julio, el jefe de policía de Dar es Salaam dijo en una conferencia de prensa que la policía estaba investigando el estado de su ciudadanía.

“Parece que durante la última semana, las autoridades han estado buscando una manera de justificar su detención de este crítico periodista independiente. Primero, afirmaron que la ciudadanía de Erick Kabendera estaba en duda, hoy han formulado cargos drásticamente diferentes, lo que pone en duda su motivo para retenerlo “, dijo Muthoki Mumo, representante para África subsahariana del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)

“Los fiscales deberían retirar inmediatamente los cargos contra Kabendera y Tanzania debería poner fin a su práctica de tomar represalias contra las voces críticas”, añadió sobre el periodista que trabaja para medios locales e internacionales, entre ellos para la agencia IPS-Inter Press Service.

El pliego de cargos, al que tuvo acceso el CPJ, alega que Kabendera cometió los delitos de los que se le acusa entre enero de 2015 y julio de 2019.

Según la Ley de Procedimiento Penal de Tanzania, las personas acusadas de legitimación de capitales no califican para poder ser liberadas mediante fianza. Kabendera podría permanecer detenido mientras dure su juicio, dijo al CPJ Jones Sendodo, uno de los abogados que representa al periodista.

Si es declarado culpable de colaborar con un fraude como el que se le acusa, Kabendera podría ser encarcelado por hasta 15 años.

Desde su arresto, las autoridades registraron la casa del periodista al menos dos veces, confiscaron su pasaporte y otros documentos, e interrogaron a su madre, según informes de los medios. Además de ser interrogado sobre su ciudadanía, Kabendera también fue interrogado sobre acusaciones de delitos de sedición y ciberdelito, según la televisión británica BBC y otras informaciones.

En un comunicado la semana pasada, la Coalición de Defensores de Derechos Humanos de Tanzania dijo que los derechos de Kabendera al debido proceso habían sido violados, ya que la policía lo trasladó de una estación a otra después del arresto, negándole el acceso a representación legal y a su familia.

En un video publicado en Twitter este lunes 5, Jebra Kambole, quien también representa a Kabendera, dijo que el periodista aún no ha sido interrogado por los delitos que se incluyen en su pliego de cargos y agregó que “es el trabajo de periodismo lo que ha traído a Erick aquí”.

Kabendera estará detenido en la prisión de Segerea, en Dar es Salaam, al menos hasta el 19 de agosto, cuando está programada la próxima audiencia en su caso, dijo su abogado Sendodo.

El artículo Tanzania acusa ahora a periodista Kabendera de delitos económicos fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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La verdad incómoda de Estados Unidos

IPS español - seg, 05/08/2019 - 16:07

Captura de Patrick Crusius, quien tiroteó indiscriminadamente a las personas que la mañana del sábado 3 estaban en los almacenes Walmart, en la ciudad de El Paso, la ciudad fronteriza con México. Crédito: Pie de Página

Por Alejandra Ibarra Chaoul
MÉXICO, Aug 5 2019 (IPS)

El sábado 3 de agosto pasadas las 10 de la mañana, Patrick Crusius, un hombre blanco originario de Dallas con 21 años, entró al Walmart de Cielo Vista Mall en la ciudad de El Paso, Texas, levantó un arma larga y abrió fuego contra los clientes del supermercado. Asesinó a 20 personas y lesionó a 26 más. La población de El Paso es mayoritariamente hispana y se espera que para 2020 el 85 por ciento de los habitantes sean latinos.

Es cierto que las balaceras como la perpetrada por Crusius son cada vez más comunes en Estados Unidos. Apenas el día siguiente, antes de que se cumplieran 24 horas de la masacre en Texas, un hombre de 24 años asesinó a nueve personas y lesionó a 27 en una balacera afuera de un bar en Ohio.

El crimen del texano, sin embargo, tenía una particularidad. Antes de salir con la clara meta de acribillar a los clientes del Walmart, publicó un manifiesto intitulado “La verdad incómoda”.

En el manifiesto que el texano publicó antes de salir a masacrar latinos, Crusius escribió que la matanza que iba a realizar estaba motivada por el deseo de vengar a su país de lo que llamó una “invasión de hispanos”. Su temor más grande, escribió, era que estos migrantes obtuvieran cada vez más poder político en los Estados Unidos.

La autora, Alejandra Ibarra Chaoul. Crédito: Pie de Página

El tema de migración es y ha sido profundamente polémico en los Estados Unidos a lo largo de su historia.

Se trata de un país con una doble narrativa que cuenta, por un lado, la historia de una nación conformada por migrantes, y por otro, la realidad de un país que ha impuesto cuotas de migración por nacionalidad, que permite la naturalización de poblaciones blancas de manera más sencilla que poblaciones de color y que, en las décadas más recientes, ha normalizado la política de criminalizar y encarcelar migrantes en lugares que cada vez más frecuentemente son llamados campos de concentración.

Tal vez la historia más vieja en la contradictoria narrativa estadounidense hacia la migración es la de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos.

Más de 3.000 kilómetros al norte de El Paso, Texas, sobre una colina en West Harlem, hay una casa de madera resguardada bajo la sombra de árboles enormes que se yerguen altos entre los edificios que rodean el jardín donde está la propiedad. La zona está rodeada de casas de campo y edificios modernos donde viven, mayoritariamente, latinos.

La finca se llama The Grange y fue la casa de verano de Hamilton quien, a su vez, era también un migrante. Antes de la guerra de la revolución de Estados Unidos, Hamilton vino a Nueva York desde la isla caribeña donde nació: San Cristóbal y Nieves, entonces bajo el imperio británico, luchó por la independencia de su nueva patria y se convirtió en una figura prominente en los años fundacionales del país.

Hoy Hamilton simboliza una especie de epítome del sueño americano: un migrante que vino de lo más bajo para llegar a lo más alto. Fue el primer secretario del Tesoro, fundó el banco nacional e inició su vida política defendiendo la migración. Quería traer gente de Europa que se dedicara a las artes y la manufactura para impulsar el crecimiento económico de Estados Unidos. Escribió sobre las dificultades de dejar atrás la tierra natal y los ajustes necesarios para hacer del nuevo país una patria, un hogar.

A lo largo de los años, y conforme más se consolidaban las ideas que definirían las instituciones públicas del país, la opinión que Hamilton tenía sobre temas migratorios empezó a evolucionar. Abogó por la restricción y limitación de las políticas de naturalización.

Argumentó que permitir la participación de los inmigrantes en procesos democráticos les costaría el control político del país. “Es bien sabido”, escribió, “que si algo contribuyó a la caída de Roma, fue la precipitada comunicación de los privilegios de la ciudadanía a los habitantes del área general de Italia”. Se refería, sobre todo, al privilegio de votar.

Tan fundacionales como fueron sus ideas en temas como el tributario, el de comercio o el de un gobierno robusto con capacidades regulatorias, fueron sus ideas en el ámbito migratorio. Son parte crucial de la psique estadounidense, el reflejo de un país fundado para hombres blancos y diseñado por hombres blancos que llegaron de otras tierras.

Fueron esos mismos hombres blancos los que contaron la historia de su propia migración, sin considerar que había otra parte de la población que en ese momento estaba excluida de la participación democrática: los negros que trajeron esclavizados y las mujeres que no participaban en la vida pública. Y fueron esos mismos hombres blancos los que empezaron a resistirse a la migración, le negaron derechos políticos a los que llegaban después de ellos, a los esclavos liberados y a las mujeres sufragistas.

La finca de madera donde Hamilton pasaría sus últimos años está rodeada por casas de tres pisos que otrora eran de campo y edificios modernos con decenas de apartamentos donde cohabitan inmigrantes dominicanos y puertorriqueños. En la entrada de The Grange hay una placa que insiste en esta idea del país de migrantes en condiciones equitativas. Con letras blancas sobre un fondo gris oscuro, la placa lee: “por años, olas de inmigrantes se mudaron a estas casas de campo y apartamentos, siguiendo los pasos de Hamilton –de las islas del Caribe a un nuevo hogar en Harlem”.

En su manifiesto “La verdad incómoda”, el texano Patrick Crusius plasmó un miedo muy parecido al que había tenido Hamilton siglos antes. Ese mismo miedo que otros hombres blancos como él tuvieron desde la fundación de este país, desde esos días de escribir documentos con la ideología que sostendría las instituciones que hoy lo rigen. Ese mismo temor convertido en odio que llevó a Crusius a exterminar hispanos, a eliminarlos con tal de no concederles los mismos derechos de los que él goza.

Alejandra Ibarra Chaoul ha participado activamente en investigaciones para The New Yorker y Univision. Cubrió el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán como corresponsal para Ríodoce. En 2014 fue seleccionada como una de las diez escritoras jóvenes con más potencial para la primera edición de Balas y baladas, de la Agencia Bengala. Es politóloga egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Periodismo de investigación por la Universidad de Columbia.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

 

 

El artículo La verdad incómoda de Estados Unidos fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Arabia Saudita flexibiliza la tutela masculina, pero se necesita mucho más

IPS español - seg, 05/08/2019 - 13:05

Cuando entren en vigor las nuevas regulaciones, las mujeres sauditas podrán viajar al extranjero y sacarse un pasaporte sin requerir el permiso de su guardián masculino. Crédito: Dominio Público

Por Suad Abu-Dayyed
AMMAN, Aug 5 2019 (IPS)

Es una buena noticia que las autoridades de Arabia Saudita hayan adoptado medidas importantes que minan el sistema represivo de tutela masculina, que trata a las mujeres en el país como menores, pero se necesita mucho más.

Las mujeres ya no requerirán permiso de un tutor masculino para viajar al extranjero y pueden solicitar un pasaporte sin autorización. También se les ha otorgado el derecho de registrar nacimientos, matrimonios y divorcios, lo que les facilita un mayor control sobre los asuntos familiares. La ley también estipula que el sostén de la familia puede ser el padre o la madre en relación con los menores en la aplicación de este sistema.

Otros cambios anunciados se relacionan con las regulaciones laborales que amplían las oportunidades de trabajo para las mujeres, que representan una gran proporción de las personas sauditas desempleadas. Según el nuevo fallo, todos los ciudadanos ahora tienen derecho a trabajar sin discriminación por género, discapacidad o edad.

Otra enmienda bienvenida es que los empleadores no pueden despedir a una mujer o dar aviso de despedirla mientras está embarazada o en licencia de maternidad.

Los cambios a la ley fueron anunciados el viernes 2 de agosto por decretos reales y publicados en el semanal boletín oficial  Um al Qura del reino.

La autora, Suad Abu-Dayyed

Estos son avances hacia la eliminación de las restricciones sociales de larga data que deben ser aplaudidos, pero aún queda mucho por hacer para proteger y promover los derechos de las mujeres y las niñas en este Estado árabe profundamente conservador.

Arabia Saudita ocupó el puesto 141 de 149 países en el Ínforme de la Brecha Global de Género 2018, un índice anual realizado por el Foro Económico Mundial que mide cómo les va a las mujeres en países de todo el mundo en cuanto a participación económica y política, educación y salud.

Las mujeres en ese reino aún requieren el consentimiento de los hombres para casarse, vivir solas y salir de la prisión o de un refugio contra el abuso doméstico. Además, a las mujeres se les prohíbe transmitir la ciudadanía saudita a sus hijos y no pueden dar su consentimiento para que sus hijos se casen.

El sistema de tutela masculina es extremadamente represivo y trata a las mujeres adultas como menores bajo el control legal de sus tutores, que pueden ser marido, hermano, tío o incluso un hijo.

Las mujeres requieren permiso de un miembro masculino de la familia para hacer muchas cosas, como inscribirse en la escuela, presentar una demanda, abrir una cuenta bancaria y acceder a algunos procedimientos médicos. Las mujeres y las niñas también están sujetas a estrictos códigos de vestimenta y segregación de género.

Esto crea una sociedad opresiva, tanto dentro del entorno familiar como dentro del país en su conjunto. Las férreas y extensas restricciones han restringido los derechos humanos de las mujeres, privándolas de la libertad de tomar decisiones esenciales en su vida diaria y evitando que participen plenamente en la sociedad. Tratadas como ciudadanos de segunda clase, cada mujer y niña saudita se ve afectada desde el nacimiento hasta la muerte.

Las nuevas leyes anunciadas por el gobierno saudita han tardado en llegar y no está claro cuándo entrarán en vigencia. Es vital que estos avances se implementen de una manera que cumpla con las convenciones internacionales con las que el país se ha comprometido.

Arabia Saudita es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Como tal, ese Estado está obligado a mantener los más altos estándares para la promoción y protección de los derechos humanos y tomar medidas que pongan fin a la discriminación contra la mujer en todas sus formas.

A pesar de esto, Arabia Saudita continúa deteniendo a las defensoras de los derechos de las mujeres que han abogado por el fin del sistema discriminatorio de tutela masculina y por los cambios en la sociedad profundamente patriarcal, incluido el derecho de las mujeres a conducir, que finalmente se otorgó en junio de 2018 con algunas restricciones,  como su acceso a las autoescuelas y las tarifas que triplican el precio de las mujeres.

Numerosas activistas han sido encarceladas desde mediados de 2018 únicamente por hacer campaña pacífica por la protección y promoción de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres, en el reino. Esto ha sido acompañado por horribles informes de tortura, agresión sexual y otros malos tratos perpetrados por las autoridades contra las detenidas.

Mientras que algunas activistas fueron liberadas en forma condicional y bajo fianza a principios de año y todavía están en espera de juicio, otros permanecen en prisión. Esto incluye a Loujain Al Hathloul, la destacada activista que el 31 de julio pasó su trigésimo cumpleaños languideciendo en una cárcel saudí.

En abril de 2016, Arabia Saudita anunció su ambicioso plan “Visión 2030”, destinado a diversificar la economía del país, reducir la dependencia del petróleo y desarrollar sus sectores de servicio público. Esto incluyó programas para promover y fortalecer los derechos de las mujeres.

Sin embargo, los arrestos del gobierno contra defensoras de los derechos de las mujeres han creado un ambiente tóxico en el que muchas personas han sido silenciadas por el temor de que si expresan opiniones que podrían ser consideradas críticas con el estado, podrían enfrentar represalias por parte de las autoridades.

Los ciudadanos de Arabia Saudita deberían ser libres de ejercer sus derechos civiles en su propio país, incluida la defensa de la igualdad de género sin la amenaza de intimidación, arresto o tortura. ¡Demandar mayores derechos de las mujeres nunca debe ser tratado como un delito!

Las reformas radicales anunciadas ahora denotan un avance tangible en el desmantelamiento del sistema profundamente arraigado de dominación masculina de Arabia Saudita y son un testimonio significativo del impacto positivo que están teniendo las activistas valientes en el país, a menudo con un gran riesgo personal y sacrificio.

La mirada del mundo está fija en las autoridades sauditas para garantizar que la derogación prometida de las disposiciones legales discriminatorias se traduzca en mejoras tangibles para las mujeres y las niñas en el terreno, y que todas las defensoras de los derechos de las mujeres que han sido acusadas y encarceladas sean puestas en libertad de forma inmediata e incondicional, se retiren todos los cargos en su contra y cese su persecución.

T: MF

 

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