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La rendición de cuentas en tiempos de desinformación en América Latina

IPS español - sex, 05/07/2019 - 09:45

Por Luis Felipe López-Calva
PANAMÁ, Jul 5 2019 (IPS)

La transparencia es un elemento crítico para hacer que la gobernabilidad sea más efectiva. Al hacer que la información esté disponible, crea una base para una mayor rendición de cuentas a los ciudadanos. En las últimas décadas, la transparencia ha aumentado en América Latina y el Caribe (ALC).

De acuerdo con los datos del Índice Global de Derecho a la Información, 23 países de la región tienen leyes que garantizan el derecho de acceso a los ciudadanos a la información. Colombia fue el primer país en la región en aprobar una ley de este tipo en 1985, y San Cristobal y Nevis fue el último en hacerlo en 2018.

Si bien la transparencia es una condición necesaria para promover la rendición de cuentas, no es una condición suficiente. Podemos pensar en la transparencia como un primer paso.

Luis Felipe López-Calva, director regional del PNUD. Crédito: PNUD

Si la transparencia hace que la información esté disponible, también en necesario la publicidad para que la información sea accesible, y mecanismos de rendición de cuentas (conocidos en su conjunto como “Accountability”) para que la información sea procesable.

La información,en sí misma, no es nada sin publicidad y rendición de cuentas, y si no llega a las audiencias interesadas, su efecto es insignificante. De igual manera, incluso cuando la información llega al público, si no conlleva consecuencias, su efecto no solo es insignificante sino también potencialmente dañino.

Por ejemplo, hemos visto lamentablemente muchos casos en nuestra región donde las personas pueden acceder a información detallada sobre casos de corrupción, pero no les pasa nada a los responsables. Esto lleva a la frustración y destruye la confianza.

Podemos pensar en esta progresión de la transparencia a la rendición de cuentas como la “cadena de valor de la información“. Recientemente, una forma en la que se ha roto la cadena de valor de la información en América Latina y el Caribe es la creación intencional y la difusión de información falsa (lo que se sabe como “desinformación”).

En muchos casos, los pseudo informes se crean con fines políticos y se dirigen a audiencias específicas, con la intención de inducir ciertos resultados (por ejemplo, al influir en el comportamiento de la votación).

Este sistema se ha denominado como la industria de las “noticias falsas” o “fake news”—un término ampliamente utilizado por los políticos en los últimos tiempos. Es importante tener en cuenta que la información falsa también se puede difundir involuntariamente (lo que se conoce como “información errónea“).

El aumento de la desinformación y la información errónea se ha visto facilitado por el avance   tecnológico. La tecnología—en particular el aumento de penetración de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería—ha reducido el costo de la difusión de información a audiencias masivas.

Esto ha hecho que la industria de la “publicidad” sea más competitiva y ha creado una nueva dinámica social en la que las personas a menudo tienen acceso a la información como equivalente al conocimiento.

Si bien el conocimiento es difícil de construir y actualizar constantemente, la información se ha vuelto fácil de obtener, y los debates públicos se basan cada vez más en información falsa—y con frecuencia deliberadamente falsa.

De hecho, un estudio reciente realizado por académicos en el MIT encontró que las noticias falsas se difunden mucho más rápidamente que las verdaderas noticias, y este efecto es particularmente importante para las noticias políticas falsas (en comparación con las noticias falsas sobre temas como el terrorismo, los desastres naturales, la ciencia y las leyendas urbanas o información financiera).

Según el Informe digital del Instituto Reuters de 2018, los ciudadanos de los países de la región se enfrentan a una gran exposición a información falsa, y están muy preocupados por las noticias reales y las noticias falsas en Internet.

En cada uno de los cuatro países de ALC incluidos en el estudio (Brasil, Chile, México y Argentina), más de 35% de los encuestados declararon que habían estado expuestos a noticias completamente inventadas en la última semana, alcanzando 43% de los encuestados de la muestra en México.

Además, más de 60% de los encuestados manifestaron que están muy o extremadamente preocupados por lo que es real y lo que es falso en Internet cuando se trata de noticias—llegando a alcanzar 85% de la muestra en Brasil.

Este alto nivel de preocupación es consistente con las experiencias recientes de desinformación política en la región, por ejemplo, mediante el uso de bots automatizados para influir en la opinión pública en BrasilArgentina y Venezuela.

Este problema conlleva la preocupación por consecuencias potenciales más amplias, como la profundización de la polarización política o la erosión de la confianza en los medios de comunicación.

De hecho, en las últimas décadas, la difusión de información falsa por parte de los partidos políticos y los niveles de polarización político-social han aumentado en tándem en ALC.

Esto representa un desafío no solo en ALC, sino en muchas regiones del mundo reflejándose en el tema elegido para el Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año—que se centró en el periodismo y las elecciones en tiempos de desinformación.

Varios países de América Latina celebran elecciones presidenciales a fines de este año: Argentina, Bolivia, Guatemala y Uruguay.

Existe una preocupación en la región acerca de cómo las campañas de desinformación, combinadas con el envío de mensajes políticos focalizados y la publicidad sofisticada a través de las redes sociales y las plataformas en línea, podrían afectar el resultado de las elecciones.

Hay mucho que podemos hacer en esta área para proteger la cadena de valor de la información y la calidad de las elecciones— como los acuerdos de “campaña limpia” entre los partidos políticos, la creación de servicios independientes de verificación de datos, una mayor aplicación por parte de las compañías de medios sociales y la promoción de la alfabetización informacional entre los ciudadanos.

En América Latina, estas iniciativas aún son incipientes, pero están creciendo.

Sin embargo, es importante reconocer que combatir el desafío de las campañas de desinformación requerirá la acción coordinada de múltiples partes interesadas, como los tribunales electorales, los medios de comunicación, la sociedad civil, el mundo académico y las empresas de tecnología (como Facebook, Google, WhatsApp y Twitter).

Sin una coalición fuerte de actores, será difícil reparar con éxito la cadena de valor de la información e inducir una rendición de cuentas efectiva.

RV: EG

 

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Acnudh urge a detener graves violaciones de DDHH en Venezuela

IPS español - qui, 04/07/2019 - 16:42

Durante su visita a Caracas, entre el 19 y el 21 de junio, Michelle Bachelet se reunió con dirigentes y activistas de organizaciones de derechos humanos en Venezuela, cuya información ha apoyado el trabajo de la oficina alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y de la misión técnica de su oficina que estuvo en el país en marzo. Crédito: Cortesía Guillermo Suárez /Cofavic

Por Corresponsal Fao
GINEBRA, Jul 4 2019 (IPS)

El informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), publicado este jueves 4, insta al gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.

El informe de la Acnudh advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.

En el informe, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”.

Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos.

En el documento se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.

El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el presidente de la Asamblea Nacional, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares.

Tras la visita, un equipo de dos oficiales de la Acnudh permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.

“Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, declaró la alta comisionada Bachelet.

“El gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia—y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión”, añadió.

“La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas. Estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades competentes y a seguir promoviendo los derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones políticas”, dijo Bachelet.

El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década.

En el periodo que abarca el informe, tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La Oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del gobierno o a los colectivos.

La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada, según señala el informe.

En 2018 el gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.

El informe indica también que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la (legislativa) Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Si bien la alta comisionada acogió con beneplácito la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos, también pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales.

El informe hace hincapié en que la mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada.

“Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa el informe.

Quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a obstáculos omnipresentes y, en la mayoría de los casos, a investigaciones que se estancan.

“El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos”, indica el documento.

En cuanto a la libertad de expresión, el informe señala que el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido, mediante la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de periodistas independientes.

“En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”, precisa.

Aunque la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores, en el informe se afirma que las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos de la crisis.

Además, señala, el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.

La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas (filas)  para comprar alimentos.

A pesar de que el gobierno ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales, amplios sectores de la población carecen de acceso a la distribución de comida y las personas entrevistadas acusaron a las autoridades de excluirles porque no eran partidarias del gobierno.

La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos.

En el informe se cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019, que llegó a la conclusión de que, de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros.

El informe también aclara la repercusión desproporcionada de la situación humanitaria sobre la población indígena y cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados.

“La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar,… ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, medios de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra”, señala el documento

En el informe se formula un conjunto de recomendaciones dirigidas al gobierno en relación con las principales violaciones de derechos humanos documentadas por la Acnudh.

“Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”, afirmó Bachelet.

“Un sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”, añadió la alta comisionada.

“Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”, concluyó.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.

 RV: EG

El artículo Acnudh urge a detener graves violaciones de DDHH en Venezuela fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Tragedia en Libia: ¿Por qué encerrar a los migrantes?

IPS español - qui, 04/07/2019 - 14:20

Vista parcial de los daños del devastador bombardeo del 3 de julio en el centro de detención de migrantes y refugiados de Tajura, en los suburbios de la capital de Libia, en que murieron al menos 44 personas. Crédito: Moad Laswed/OIM

Por James Reinl
NACIONES UNIDAS, Jul 4 2019 (IPS)

El bombardeo contra un centro de detención para migrantes y refugiados en Libia, el miércoles 3, en que murieron decenas de retenidos en el recinto, reavivó el debate sobre el maltrato que reciben las personas que transitan por el turbulento país, mayoritariamente africanas, en su intento de llegar a Europa.

Las Organización de las Naciones Unidas (ONU) demandó que se investigue el ataque contra el centro de detención de Tajura, a 15 kilómetros de Trípoli, en que había unos 630 detenidos, como parte de un coro mundial que condenó la acción en que murieron al menos 44 personas y otras 130 resultaron heridas.

El Gobierno de Unidad Nacional, reconocido por la ONU como la autoridad legítima de Libia, atribuyó el ataque a Khalifa Haftar, el mariscal rebelde que desde abril inició un asedio sobre la capital del país. El centro se encuentra en un hangar dentro de un campamento militar y resultó alcanzado por los proyectiles aéreos en la madrugada del miércoles 3, hora libia.

El ataque fue precedido de repetidas advertencias sobre la vulnerabilidad de la ubicación de algunos centros de detención de migrantes y refugiados libios, por estar situados cerca de áreas en conflicto entre las facciones que se disputan el control del país del norte africano.

Las inquietudes sobre estos centros donde organizaciones de la ONU y de asistencia humanitaria indican que se producen “horrores inimaginables” se han reavivado con este ataque y alcanzan a dudar sobre su propia existencia.

“Esta no es la primera vez que los migrantes y refugiados se ven atrapados en el fuego cruzado, con múltiples ataques aéreos en o cerca de los centros de detención en Trípoli desde que comenzó el conflicto en la ciudad”, dijo Prince Alfani, coordinador médico en Libia de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras.

“Lo que se necesita ahora no es una condena vacía, sino la evacuación urgente e inmediata de todos los refugiados y migrantes que se encuentran en centros de detención fuera de Libia”, añadió.

Se estima que uos 3.800 migrantes y refugiados se encuentran recluidos en centros de detención administrados por el gobierno en Trípoli y en otros lugares de Libia, en condiciones mayoritariamente inhumanas, según coinciden agencias de la ONU y organizaciones humanitarias.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se declaró “consternada” por el ataque y solicitó una investigación como crimen de guerra sobre el ataque.

“El hecho de que las coordenadas de este centro de detención y el conocimiento de que albergaba a civiles fueran comunicadas a las partes en el conflicto indica que este ataque puede, dependiendo de las circunstancias, constituir un crimen de guerra”, señaló desde la sede de su oficina en Ginebra.

Además, Bachelet reiteró su petición “del cierre de todos los centros de detención de migrantes en Libia, en los que el personal de derechos humanos de las Naciones Unidas documentó graves casos de hacinamiento, tortura, malos tratos, trabajos forzados, violaciones y desnutrición, entre otras graves violaciones de las garantías fundamentales”.

Libia es uno de los principales puntos de partida para los migrantes africanos, que huyen de la pobreza y la guerra, tratando de llegar a Europa desde las costas norafricanas libias mediante una peligrosa travesía por el mar Mediterráneo en precarias embarcaciones.

Pero muchos son interceptados durante esas travesías por la guardia costera de Libia o de países de la Unión Europea, especialmente de Italia, principal punto de destino, y devueltos al territorio libio y encarcelados en algunos de sus más de 34 centros de detención.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) condenaron “enérgicamente” el bombardeo en un comunicado conjunto, donde dijeron que en los últimos meses habían reubicado a 1.500 refugiados o migrantes de los enclaves situados en los puntos más vulnerables a instalaciones en zonas más seguras.

“Incluyendo a las víctimas en Tajura, unos 3.300 migrantes y refugiados permanecen detenidos arbitrariamente dentro y alrededor de Trípoli”, subrayaron.

“Además, los migrantes y los refugiados enfrentan mayores riesgos a medida que los enfrentamientos se intensifican en las cercanías. Estos centros deben cerrarse”, insistieron.

En mayo, Acnur ya había demandado que se evacuara el centro de Tajura después de que un proyectil cayó a unos 100 metros de distancia, hiriendo a dos migrantes. La metralla de esa explosión atravesó el techo del reclusorio y casi golpeó a un niño.

El ataque del día 3 fue el que tuvo el mayor saldo de víctimas desde que las fuerzas bajo el mando de Haftar lanzaron su ofensiva sobre Trípoli el 4 de abril, desde su bastión del este del país.

Sus fuerzas del Ejército Nacional Libio, que controla un gobierno paralelo al de Trípoli, tiene ya posiciones sólidas cerca de la capital y sostiene que los ataques aéreos son necesarios tras agotarse lo que denominan “medios tradicionales” de la guerra civil que sostienen.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró “indignado” por el “terrible incidente” y pidió una “investigación independiente” para procesar a los responsables de lo que muchos observadores llaman un crimen de guerra, dijo su portavoz Stephane Dujarric.

“Este incidente subraya la urgencia de proporcionar a todos los refugiados y migrantes un refugio seguro hasta que sus solicitudes de asilo puedan procesarse o puedan repatriarse con seguridad”, dijo Dujarric el mismo miércoles 3.

El intento de Haftar de capturar Trípoli ha desbaratado los esfuerzos de la ONU para colaborar con el fin del caos y la devastación en que se mantiene el país del norte de África, rico en petróleo, desde el brutal derrocamiento del régimen de  Muammar Gadafi en 2011, en un proceso respaldado por Estados Unidos.

T: MF

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Lançamos as Microbolsas Lava Jato

Pública - qui, 04/07/2019 - 12:30

A Operação Lava Jato está no centro das atenções da política brasileira, agora mais do que nunca. Uma investigação de corrupção sem precedentes no Judiciário Brasileiro, levou à prisão doleiros, empresários e políticos e teve, apenas no Paraná, mais de 2.400 procedimentos instaurados ao longo de 5 anos de existência, com 99 acusações criminais contra 437 pessoas.

Mas as recentes revelações sobre os seus bastidores mostram que, do ponto de vista jornalístico, há muito o que se investigar ainda sobre episódios e personagens relacionados à operação.

Empolgada com o impacto e alcance da operação, que jogou luz sobre a prática corrupta entre empreiteiras e políticos, a imprensa deixou de buscar o contraditório – essencial na exposição pública dos fatos. Não se aprofundou sobre os casos julgados, nem sobre o histórico de corrupção de empresas e políticos envolvidos, as condições de acordos de leniência, os benefícios a delatores – incluindo criminosos contumazes – com enormes redução de pena, muitas vezes sem comprovar com fatos o que denunciaram em juízo. Também deixou de examinar os argumentos de defesa, incluindo ilegalidades cometidas durante a operação, denunciadas exaustivamente por advogados, réus e juristas. A operação teve, também, impactos econômicos para o país.

Por isso, nessa 10ª edição do programa Microbolsas de Reportagem que desde 2012 concede bolsas a jornalistas investigativos através de edital, a Agência Pública elege a Lava Jato como tema e convida profissionais experientes em apurações de fôlego para apresentarem seus projetos de investigação relacionados ao tema – da pauta (com pré-apuração) ao planejamento da execução da reportagem.

A originalidade, relevância pública e viabilidade das pautas, bem como a capacidade do profissional em executar o que propõe, serão os critérios da equipe da Pública para selecionar 4 projetos que receberão bolsa de R$ 7 mil para realizar suas investigações.

Os repórteres selecionados trabalharão em conjunto com os editores da Agência Pública dentro da mais estrita ética jornalística – da apuração à publicação da reportagem.

Desde 2012, a Pública já realizou 9 edições das Microbolsas, distribuindo 191 mil reais que garantiram a produção de 36 reportagens. Seis reportagens foram finalistas de prêmios nacionais e internacionais, como Prêmio Gabriel Garcia Marques, Prêmio Roche de Jornalismo e Saúde e Prêmio Iberoamericano de Jornalismo. Dessas, duas foram vencedoras dos prêmios Délio Rocha e Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental, ambos em 2016.

As inscrições começam no dia 04/07 e se encerram dia 05/08.

Inscreva-se!

Leia o regulamento.

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Regulamento: Microbolsas – Lava Jato

Pública - qui, 04/07/2019 - 12:30

Regulamento para seleção de candidatos a microbolsas para a produção de reportagens investigativas sobre a Operação Lava Jato. O Concurso de Microbolsas é um projeto da Agência Pública que chega a sua décima edição.

Objetivos

A Pública, primeira agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos do Brasil, tem como missão incentivar, produzir e difundir conteúdo jornalístico de qualidade pautado pelo interesse público, resgatando o papel do jornalismo como ferramenta da sociedade.

Buscando qualificar o debate democrático sobre temas importantes para o país, a Pública trabalha para estimular a produção e a cobertura de pautas que contribuam para a transparência pública, a justiça social e a defesa intransigente dos direitos humanos.

O projeto das microbolsas de reportagem faz parte dos esforços para alcançar esses objetivos gerais, com o foco específico nos repórteres que pretendem produzir jornalismo investigativo independente, inovador e em sintonia com as discussões mais relevantes para a população.

As microbolsas destinam-se, portanto, a jornalistas com experiência em reportagem e interesse em trabalhar com temas de interesse público de maneira independente. Nesta edição, trataremos da Operação Lava Jato.

Nesta décima edição das Microbolsas de Reportagem, pretendemos explorar histórias da Lava jato não cobertas pela imprensa e os impactos da operação no país, incentivando jornalistas de todo o país a investigar o assunto.

Inscrições

Os projetos apresentados por jornalistas profissionais, diplomados ou não, com comprovada experiência em realização de pautas de maneira independente, são elegíveis a 4 (quatro) microbolsas no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para produção de reportagem investigativa.

As inscrições devem ser feitas até o dia 05 de agosto de 2019 através do formulário de inscrições. Os responsáveis pela proposta receberão a confirmação das suas inscrições por e-mail.

As propostas de reportagem inscritas podem ter um ou mais autores, devidamente identificados.

A Agência Pública se compromete a não divulgar os projetos de reportagem.

Como se inscrever

Os projetos inscritos devem, de acordo com os requisitos do formulário, conter todas as seguintes informações:

a) informações de contato;
b) pequena biografia do jornalista proponente focada na experiência profissional, com link de reportagens investigativas realizadas;
c) proposta de pauta inédita detalhada: 1. Pesquisa inicial; 2. Contexto, 3: Possíveis fontes.
d) plano de trabalho, incluindo tempo de pesquisa, viagens, métodos jornalísticos a serem empregados e produtos a serem entregues (texto, fotos, vídeo, infográficos);
e) plano de orçamento, incluindo todos os custos (passagens, transportes, diárias) e o pagamento do repórter, na proporção que ele escolher;
f) uma referência profissional com telefone de contato.

 

Do julgamento

A Comissão Julgadora levará em conta os seguintes critérios:

– consistência na pré-apuração;
– originalidade e relevância da pauta;
– experiência do repórter e capacidade de realizar reportagens de forma independente;
– segurança e viabilidade da investigação;
– recursos e métodos jornalísticos a serem utilizados.

A direção da Agência Pública vai selecionar as melhores pautas e entrevistar os finalistas.

Da premiação

Os vencedores serão anunciados no dia 14/08 no site da Agência Pública. Os selecionados receberão também uma comunicação por e-mail acompanhada de um termo de compromisso que deve ser assinado em duas vias e devolvido à Agência Pública.

O termo de compromisso não constitui vínculo empregatício. A Pública não se responsabiliza por quaisquer questões de saúde, previdência ou impostos por parte dos vencedores durante a produção do trabalho.

Os vencedores receberão metade da verba total (R$ 3.500) a título de adiantamento e a segunda metade depois da realização da reportagem. O pagamento do repórter fica a seu critério, de acordo com o plano de orçamento apresentado no ato da inscrição. Os recursos das Microbolsas podem ser utilizados para gastos com viagens e pesquisas, por exemplo, da maneira que os propositores decidirem.

O prazo de realização da reportagem não deve exceder três meses. No caso de o projeto não ser concluído no prazo, o vencedor deverá devolver integralmente o valor recebido.

Os premiados farão reuniões de planejamento e acompanhamento das reportagens com os editores da Agência Pública regularmente, em datas a serem combinadas. As reuniões podem ser realizadas remotamente. Na impossibilidade desse contato – viagens para locais distantes por exemplo – serão fixadas novas datas, sem exceder o prazo máximo de 10 dias.

Caso a pauta apresente risco à segurança do repórter/equipe, serão discutidas soluções em conjunto com a direção da Agência Pública, podendo, inclusive, levar à suspensão da reportagem. A Agência Pública desencoraja os repórteres a cometer quaisquer infrações à lei.

A Agência Pública se reserva o direito de editar o conteúdo final das reportagens em contato com o repórter, dentro do espírito colaborativo que vigora na organização. Todas as reportagens serão revisadas pelo departamento jurídico da Agência Pública.

Respeitadas todas as etapas previstas neste regulamento e no projeto de investigação jornalística, depois da publicação da reportagem, os selecionados receberão um certificado de participação no projeto Microbolsas da Agência Pública.

As reportagens geradas pelas propostas vencedoras serão publicadas no site da Agência Pública e seus republicadores.

Os autores cederão à Agência Pública o direito sobre o conteúdo publicado, que pode ser reproduzido em outros produtos (livro, web, cd etc.). As reportagens serão registradas com licença Creative Commons e, portanto, todas as reportagens poderão ser republicadas livremente por outros veículos sem ferir direitos autorais. A divulgação será planejada em parceria com os autores.

Para dúvidas ou mais informações: contato@apublica.org.

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Sri Lanka sigue en alerta tras la cadena de atentados de abril

IPS español - qui, 04/07/2019 - 12:06

Uno de los templos católicos atacados en Sri Lanka, en los atentados el 21 de abril, en el domingo de la Pascua cristiana. Crédito: Flickr

Por Emily Thampoe
NUEVA YORK, Jul 4 2019 (IPS)

Sri Lanka permanece en alerta de seguridad 11 semanas después de la devastación causada por una serie de atentados el domingo de la Pascua cristiana de este año, que el 21 de abril causaron 290 muertos y más de 500 heridos en este país insular del sur de Asia.

Raisa Wickrematunge, editora del portal digital srilanqués  Groundviews, dijo a IPS que desde aquella jornada “ha habido un endurecimiento de la seguridad. Ahora se están llevando a cabo controles de seguridad fuera de los hoteles y centros comerciales, ya sea a través de escáneres o revisiones  de carteras y de los propios cuerpos de las personas”.

“En la (católica) Iglesia de San Antonio, donde ocurrió la primera explosión, se revisan a los fieles y lo que lleven encima antes de que puedan entrar al templo, y los bolsos que poten los feligreses se dejan fuera de las instalaciones.  Muchas iglesias y algunas escuelas también han aumentado su seguridad”, explicó desde Colombo.

Los ataques con explosivos del domingo 21 de abril se produjeron contra tres templos cristianos y cinco hoteles de lujo en Colombo y otras localidades de Sri Lanka y dos días después el radical grupo islamista Estado Islámico se atribuyó los atentados, perpetrados por un grupo seguidor local.

Desde entonces, el gobierno estableció toques de queda y promulgó temporalmente el boicot al acceso a las redes sociales, para evitar que se difundieran las crudas imágenes de los atentados.

Cientistas sociales destacan que son muchas las secuelas sicológicas que estos atentados dejaron en la población srilanquesa, más de 21 millones de personas, que apenas se ha repuesto del trauma de la guerra civil que vivió el país por un cuarto de siglo, hasta 2009.

Estos ataques resultaron inesperados para la minoría cristiana de Sri Lanka y también para el propio gobierno, pese a que había recibido alertas sobre su preparación que no fueron atendidos por descoordinación interna.

Rohan Dominic, sacerdote de la congregación misionera católica de los Claretianos, dijo a IPS que “durante bastante tiempo, hubo ataques contra minorías musulmanas y cristianas por parte de budistas extremistas. En lugares, donde los budistas eran la mayoría, los cristianos vivían con miedo”.

Por eso dejó en shock que fuera uno de esos grupos religiosos minoritarios, el de un grupo extremista ligado a la religión musulmana, el que perpetró los ataques del domingo de Pascua.

Los siete detenidos por realizar los ataques pertenecían a un grupo islamista local, National Thowpheeth Jama’ath, según destacaron autoridades gubernamentales.

Como reacción, se ha establecido la prohibición de que las mujeres musulmanas vistan burkas (vestimenta que cubre completamente su cuerpo) o niqabs (velos que cubren el rostro) y se ha negado la entrada a diferentes establecimientos de las que porten cualquier prenda que tape parcialmente el rostro, e incluyo el hiyab, que es un velo o pañuelo que no lo hace.

Aunque la religión predominante en Sri Lanka es el budismo también hay una gran población que sigue la religión hindú, a la que siguen las minorías cristianas y musulmanas.

El padre Dominic dijo también desde Colombo que “la Iglesia católica en Sri Lanka pudo recuperarse del ataque rápidamente y ayudó a los sobrevivientes y las familias de las víctimas a consolarlos y cuidarlos”.

“La Iglesia también ha guiado a la comunidad cristiana en momentos de enojo y violencia”, para aplacar sus ánimos, afirmó.

“Buscamos manejar su frustración, controlar sus emociones y no culpar a los musulmanes. Esta posición de la Iglesia ha ayudado a prevenir reacciones de violencia y ha creado un entendimiento común y una armonía religiosa”, tras la dramática jornada del 21 de abril.

Según la periodista Wickrematunge, ha habido mucha asistencia para ayudar a la comunidad a adaptarse a la vida después de los ataques y para reconstruir todo lo destruido y dañado.

Otros esfuerzos han sido liderados por organizaciones humanitarias como la Cruz Roja y congregaciones católicas y de otros credos cristianos, con base en Sri Lanka o en otros países de Asia e incluso de América del Norte.

Es Estado, por su parte ha brindado apoyo financiero a los afectados, que comenzó a entregarse el 21 de junio.

Además,  se ha establecido un fondo fiduciario para los niños que perdieron a sus padres u otros familiares en los atentados.

Algunas de las industrias afectadas, como la del turismo, han recibido préstamos subsidiados para que puedan mantener su nómina de empleados.

También se proporciona a los ciudadanos afectados apoyo sicológico y recursos educativos y de otras características para ayudarles a recuperar sus vidas.

Aunque la tranquilidad no ha vuelto al país del golfo de Bengala, 11 semanas después los pasos hacia la recuperación de la normalidad ciudadana se consideran firmes por parte de los especialistas, aunque muchas vidas y familias quedaron rotas aquel 21 de abril.

T: MF

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La desaparición de los vencidos por López Obrador en México

IPS español - qua, 03/07/2019 - 12:29

Concentración a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo de Ciudad de México, el 1 de julio, un año después de su triunfo electoral. Crédito: Ximena Natera/Pie de Página

Por Ernesto Núñez Albarrán
MÉXICO, Jul 3 2019 (IPS)

La noche del 1 de julio de 2018, mientras Andrés Manuel López Obrador celebraba su triunfo en el Zócalo de Ciudad de México, Ricardo Anaya y José Antonio Meade arriaron banderas, se despidieron de sus seguidores y se marcharon a su casa.

Con 12,6 millones y 9,2 millones de votos respectivamente, Anaya y Meade se borraron del mapa político, dejando a sus partidos derrotados, maltrechos y sin liderazgos.

Desde entonces, a la oposición le ha costado trabajo levantar cabeza para convertirse en un auténtico contrapeso al presidente y su denominada “cuarta transformación” (4T).

A diferencia de lo que ocurre en otras democracias, donde los candidatos presidenciales derrotados se convierten en líderes de sus partidos, referentes en el debate público y principales críticos del gobierno electo, aquí los excandidatos suelen guardar silencio, retirarse de la vida pública y dilapidar su capital político, construido por cierto con recursos públicos.

El autor Ernesto Nuñez Albarrán

Dos excepciones a esa regla no escrita del sistema político mexicano son Cuauhtémoc Cárdenas, que fue candidato en 1988, 1994 y 2000, y el propio López Obrador, candidato en 2006, 2012 y 2018.

Después de sus derrotas, ambos políticos se mantuvieron vigentes durante dos sexenios, encabezaron a la oposición e insistieron en sacar adelante el proyecto de nación que le propusieron al electorado en sus campañas.

El PAN (Partido de Acción Nacional) y el PRI (Partido Revolucionario Institucional), en cambio, desecharon a sus candidatos, a pesar de los millones de pesos invertidos en construirles una imagen, un discurso, una campaña.

¿No tenían Anaya (PAN) y Meade (PRI) un proyecto de nación?, ¿un programa de gobierno?, ¿un equipo y un partido para ponerlo en marcha?

Su retiro voluntario confirma que en realidad no tenían una idea clara de país o, al menos, no una idea compartida por un número suficiente de ciudadanos dispuestos a seguir peleando por ese proyecto nacional desde la oposición.López Obrador se regodea en la ausencia de liderazgos opositores y proyectos alternativos a su “cuarta transformación. Se inventa sus propios datos para convertir sus fracasos en logros y magnificar sus aciertos. Sin contrapesos efectivos, incluso se da el lujo de convertir el 1 de julio en fiesta nacional, para encabezar un mitin político disfrazado de informe de gobierno…No es bueno un gobierno de un solo hombre; tampoco, un país sin opositores.

La ausencia de Anaya y Meade es la ausencia de oposición a López Obrador. Su silencio es el silencio de unos partidos que, derrotados, actúan como si no tuvieran nada más qué proponerle a México. Sus apariciones esporádicas en Twitter son tan efímeras como sus biografías.

“Hubo una vez un tecnócrata que quiso ser presidente…”, podría ser el párrafo que consigne el paso de cualquiera de los dos en la historia contemporánea de México.

Cuando Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña gobernaron, ahí estuvieron el ingeniero Cárdenas y López Obrador para articular una oposición crítica y consistente.

Hoy, frente a López Obrador, hay una oposición testimonial, un vacío que comienza a ser llenado por actores informales, no aglutinados alrededor de un proyecto político, sino en torno a algún interés específico: cúpulas empresariales, “think tanks”, partidos en busca de un registro y un sinfín de espontáneos haciendo contrapeso de Twitter o desplegado.

Hace más ruido Alejandra Morán Ramírez con sus marchas “fifí” (conservadoras, término utilizado por López Obrador para referirse a sus críticos) y sus Chalecos Mx, que el Consejo Nacional del PAN.

Son más notorios y aplaudidos los tuitazos de Fox y Calderón, que los discursos de Marko Cortés (el dirigente nacional del PAN).

Tiene más efecto el litigio estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que los pronunciamientos del Consejo Político Nacional del PRI.

El colectivo #NomásDerroches defiende mejor las obras de infraestructura iniciadas en el “peñismo”, que Claudia Ruiz Massieu (la actual presidenta del PRI) o el próximo dirigente priista, Alejandro Moreno.

Generan más oposición las críticas de Gustavo De Hoyos, presidente de la Coparmex (Corporación Patronal de la República Mexicana), que las convocatorias de Chuchos y Galileos para reciclar las siglas del PRD (Partido de la Revolución Democrática).

Los gobernadores del PAN y del PRI, y el excandidato presidencial independiente que desde 2015 ocupa la gobernación de estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, tampoco se han constituido en bloque o contrapeso.

Defensores de sus presupuestos, asediados por la violencia y la inseguridad, los gobernadores prefieren moverse al ritmo de la 4T, que intentar su propia melodía.

Si bien los gobernadores de Aguascalientes, Durango y Tamaulipas se resistieron a la ola de Morena (el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional)  en las elecciones regionales del 2 de junio, sus victorias se debieron más a una operación política local que a una estrategia partidista nacional.

A ese atisbo de oposición podría sumarse la aparición conjunta de los dirigentes del PAN, PRI, MC (Movimiento Ciudadano) y PRD en defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra de la revocación de mandato, el 19 de junio en la Cámara de Diputados.

Quizás sea ese no a una reforma electoral improvisada e impuesta desde Morena (el nuevo partido oficial), el germen de una oposición más efectiva y mejor organizada. Aunque eso tendría que trascender la mera defensa de sus partidos y sus financiamientos públicos, para convertirse en alternativa. Esto se sabrá a partir de septiembre, cuando inicie el segundo año de la 64 Legislatura parlamentaria.

Hoy, un año después del “histórico” 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador se sabe solo en el espectro político, y quizás por eso busca a sus opositores en la “prensa fifí”, en el conservadurismo, en la reacción… fantasmas que no terminan de cobrar forma.

López Obrador se regodea en la ausencia de liderazgos opositores y proyectos alternativos a su “cuarta transformación. Se inventa sus propios datos para convertir sus fracasos en logros y magnificar sus aciertos. Sin contrapesos efectivos, incluso se da el lujo de convertir el 1 de julio en fiesta nacional, para encabezar un mitin político disfrazado de informe de gobierno.

No es bueno un gobierno de un solo hombre; tampoco, un país sin opositores.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

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Fuerzas kurdas en Siria acuerdan cese del uso de niños en la guerra

IPS español - qua, 03/07/2019 - 10:40

Un niño herido descansa en junio de este año en el suelo de un campamento improvisado en la aldea de Aqrabat, a 45 kilómetros al norte de la ciudad de Idlib, cerca de la frontera de Siria con Turquía. Crédito: Unicef

Por James Reinl
NACIONES UNIDAS, Jul 3 2019 (IPS)

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), respaldadas en forma intermitente por Estados Unidos, llegaron a un acuerdo con las Naciones Unidas para dejar de utilizar a niños soldados en zonas del este del país bajo su control, liberar a todos los jóvenes de sus filas y cesar otras violaciones a sus derechos.

El general Mazloum Abdi, comandante de las FDS, una alianza árabe-kurda de grupos armados encabezada por las Unidades de Protección Popular (YPG, en kurdo), firmó el acuerdo el sábado 29 de junio, junto con la representante especial del secretario general de la ONU para las cuestiones de los niños y los conflictos armados, Virginia Gamba.

En el Plan de Acción para prevenir y poner fin al reclutamiento y la explotación de niños menores de 18 años en Siria, rubricado en la sede las Naciones Unidas en Ginebra, las kurdas YPG y los demás grupos se comprometieron a cesar todo abuso de la población infantil y a castigar a los oficiales que incumplan las nuevas reglas.

Hasta ahora y desde 2014,  YPG estaba dentro de la “lista de la vergüenza” que cada año realiza la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre los grupos que reclutan y mantienen entre sus efectivos a niños soldado.

En su estudio anual más reciente, el foro mundial confirmó la existencia de al menos 224 casos de niñas y niños reclutados por el grupo en 2017.

“es un día importante para la protección de los niños en Siria y marca el comienzo de un proceso, ya que demuestra el gran compromiso por parte de las Fuerzas Democráticas Sirias para lograr que no se reclute o explote a ningún niño, por parte de ninguna entidad que opere bajo su paraguas”,dijo Gamba el lunes 1.

El acuerdo fue el resultado de meses de conversaciones entre las Naciones Unidas y las FDS, que ahora debe identificar a los niños y niñas entre su fuerza y ​​enviarlos de vuelta a sus familias.

Las condiciones para los niños en Siria están entre las “más graves” del conflictivo escenario, dijo Gamba al dar a conocer el acuerdo.

En 2017, la representante especial confirmó que las fuerzas del presidente sirio Bashar al Assad habían cometido al menos 6.000 violaciones contra niños y jóvenes.

Peor aún, el anárquico mosaico de rebeldes, terroristas y otras milicias armadas que luchan en la caótica guerra civil de Siria cometió más de 15.000 violaciones a los derechos de niños y niñas, desde reclutamiento hasta agresiones sexuales, asesinatos, mutilaciones y el bombardeo de escuelas.

Personal de las Naciones Unidas en Nueva York sostiene carteles con fotos de niños y niñas en que subrayan que no son objetivos bélicos. El foro mundial alcanzó un acuerdo con las Fuerzas Democráticas de Siria para que dejen de usar a las niñas y niños como soldados y liberen a todos los menores de 18 años de sus filas. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres

Además de YPG, la ONU ha incluido en la lista de la vergüenza a las fuerzas del régimen sirio, al rebelde Ejército Sirio Libre, al islamista Estado Islámico (IS), al grupo islamista Ahrar al Sham, a Jaish al Islam y a Tahrir al Sham, además de al Frente al Nusra, aliado de Al Qaeda.

Después de liberar a todos los niños y niñas soldado y cumplir con los términos del Plan de Acción, se puede eliminar a un grupo armado de la lista de la vergüenza de la ONU, como sucedió con las milicias en la República Democrática del Congo, Chad o Costa de Marfil en los  últimos años.

“Los planes de acción como este representan una oportunidad para que las partes cambien su actitud y comportamiento para que se detengan las violaciones graves contra los niños y se les impida mejorar de forma duradera la protección de los niños y niñas afectados por los conflictos armados”, dijo Gamba.

“Los planes de acción representan una buena oportunidad para que las partes puedan modificar su actitud y comportamiento con el objetivo de acabar con las graves violaciones contra los niños y mejorar de manera permanente la protección de los niños afectados por los conflictos armados”, explicó Gamba.

Las FDS controlan el área de Siria al este del río Éufrates después de ser obligadas a retroceder, tras perder una serie de zonas que controlaron en 2015, en un repliegue que culminó en marzo con la derrota del grupo en Baghouz, cerca de la frontera iraquí.

El apoyo de Washington a las FDS, que ha sido intermitente desde enero de 2018, siempre fue problemático, ya que Turquía ve a ese grupo liderado por YPG como una rama del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK en kurdo), que impulsa la independencia de ese territorio repartido entre cuatro países y que Ankara cataloga como terrorista.

Los niños se encuentran entre las víctimas del aumento en los combates en la provincia de Idlib en Siria, el último bastión que queda para los rebeldes contrarios al régimen de Al Assad, y donde una inestable tregua negociada por Rusia y Turquía parece irse desmoronando.

Miles de mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños se encuentran entre las 330.000 personas que huyen del conflicto en ese área del noroeste de Siria, dijo el lunes 1 la organización de asistencia a la infancia World Vision International.

“Es difícil imaginar el trauma, la angustia y el costo físico que tienen los ataques aéreos y las bombas en las familias de Idlib. Y es aún peor para las mujeres embarazadas y las que tienen bebés y niños pequeños”, planteó Mays Nawayseh, una de las voluntarias de la organización asistencial de iglesias evangélicas.

La guerra en Siria, que algunos consideran la primera guerra de alcance mundial del siglo XXI y que  vive su noveno año, ha matado a cientos de miles de personas y ha desplazado a millones desde que comenzó en marzo de 2011 con la violenta represión de las protestas contra el gobierno.

T: MF

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Milícias avançam sobre reserva ambiental no Rio de Janeiro

Pública - qua, 03/07/2019 - 10:04

“Você acha que eu não tenho medo? Tenho. Eles sabem quem eu sou. Agora, não é só eu que tem medo”, diz a professora Marlucia Santos de Souza, curvando-se sobre a mesa para chegar mais perto do gravador, como se tivesse receio de ser ouvida. Não havia mais ninguém no local. “Todo mundo sabe, já é público e notório que São Bento é controlado pelas milícias. Então nós, moradores, temos que lidar com essa ausência de alternativa. Mas também temos que defender direitos. Fazer denúncias é um caminho para criar uma possibilidade de abertura de solução”, completa. Marlucia é uma mulher de estatura baixa e ar de destemida: os óculos azuis contrastam com os cabelos negros, lisos até o ombro e as roupas largas, neutras.

Em 7 de março deste ano, agentes da Polícia Federal (PF) pediram a essa mulher destemida que os acompanhasse em uma diligência policial.

Isso porque, além de ser professora de ensino médio em uma escola pública da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, Marlucia é coordenadora do Centro de Referência Patrimonial e Histórico de Duque de Caxias e atua também como secretária executiva do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema).

Os policiais queriam apurar um esquema de grilagem de terras denunciado pelos moradores do Guedes, comunidade também conhecida como Novo São Bento, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Cercada pelo rio Iguaçu e pelo rio Sarapuí, o Guedes parece estar brotando de um oásis verde, já que a área é cercada de manguezais e taboal, uma planta que cresce em regiões pantanosas. A comunidade é rodeada por dois grandes rios, o Rio Sarapuí, que tem 36 km e corta quatro municípios da Baixada Fluminense, e o Rio Iguaçu que tem 43 km de extensão e deságua na Baía de Guanabara.

Desde agosto de 2015 os moradores reclamam aos órgãos públicos que as milícias avançam na comunidade onde moram mais de cem famílias, segundo lideranças locais. O objetivo: lucrar com a venda ilegal de terrenos.

Em quatro meses de apuração, a Pública reuniu documentos, ouviu testemunhas e conversou com os órgãos públicos à frente de investigações. A reportagem descobriu que os moradores convivem com o medo e o vaivém constante de caminhões de entulho que são usados pela milícia para aterrar e lotear mais terrenos ilegais. Para piorar, a prefeitura construiu uma ponte no local que facilita a entrada dos caminhões de entulhos. Um inquérito policial que investigava o avanço de grilagem de terras no Guedes foi arquivado pelo Ministério Público Federal (MPF), embora relatório da PF comprove as denúncias. Resultado? Os moradores agora estão cada vez mais à mercê das milícias.

SMMAPlanta atual da APA São Bento

Um despacho do MPF emitido em julho de 2012 deixou claro que novas construções não são permitidas no local porque “é proibida a venda de lotes em toda a área do São Bento, já que o terreno é público”. O documento do MPF explica que desde 2004 a região do São Bento pertence ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), do governo federal. De acordo com o INCRA, o terreno onde fica o Guedes foi adquirido pela União, ou seja, é terra pública, desde 1931.

Além disso, o Guedes fica dentro da Área de Preservação Ambiental (APA) São Bento, com mais de mil hectares, que abriga um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica próxima ao centro urbano de Duque de Caxias. A APA foi estabelecida como espaço ecológico pelo Decreto Municipal 320 de 1997 – quando já havia a comunidade do Guedes por ali – e, segundo o decreto, “não são permitidas atividades que venham a degradar ou a causar impactos ambientais”.

Mas, mesmo que o loteamento e a venda de terrenos no local sejam ilegais, as práticas persistem há quase três décadas.

PF contradiz decisão do MPF

Durante a diligência policial, Marlucia e os policiais visitaram o local das construções e conversaram com moradores. Onze dias depois da vistoria, porém, o inquérito IPL nº433/2015, que tramitava desde 2015, foi arquivado.

Moradores da comunidade convivem com o vaivém constante de caminhões de entulho que são usados pela milícia para aterrar e lotear mais terrenos ilegais

Um despacho emitido pelo MPF afirmava que a PF não conseguira ao longo dos últimos quatro anos “localizar o local do loteamento irregular e as pessoas envolvidas com o ilícito”.

Porém, a Pública obteve um relatório da diligência da PF que contradiz esse despacho.

O documento só foi apresentado para o MPF depois do arquivamento do processo. E revela a gravidade das irregularidades em curso no Guedes.

“Trata-se de área em processo de aterramento, na qual já existem edificações de alvenaria e sinais de avanços de aterro em sentido às margens do rio, local e no sentido contrário também”, diz o relatório da PF.

O parecer da PF relata ainda que, em uma das entrevistas feitas na diligência, “foi possível obter informações de que a área é controlada por milicianos e que os mesmos possuem influência na Prefeitura e cartórios da região para legalizarem as áreas invadidas e que há outras áreas da reserva sendo aterradas”.

As constatações foram tão alarmantes que o procurador Julio José Araujo Junior, do MPF em São João de Meriti, pediu em abril a reabertura das investigações. “Essa prática [de grilagem de terras] se renovou, e agora a gente tem um outro inquérito a partir dos dados recentes da diligência que foi feita”, explica o procurador.

O novo inquérito policial tramita agora sob o número IPL 328/19. “Em relação à investigação, ela é incipiente, então a gente não sabe como é que vai caminhar. Agora o que eu acho importante é que os órgãos estejam atentos à realidade daquela população, porque viraram as costas pra ela”, alerta Julio Araujo.

Famílias que moram no local dizem ter sido enganadas por milicianos, quando adquiriram suas casas. Hoje, convivem com o medo em uma zona controlada – e com planos de expansão.

Enganados e em área de risco

A apropriação ilegal das terras da APA São Bento pelas milícias não é nenhuma novidade. Afinal, o próprio Guedes foi fundado por milicianos.

No final da década de 1990 e ao longo do início dos anos 2000, as milícias lotearam e venderam os terrenos para cerca de 80 famílias, que permanecem há quase três décadas no local. O próprio MPF pediu, em 2012, que os moradores encaminhassem os títulos de propriedade registrados em cartório no São Bento, “já que é possível que eles tenham sido falsificados pelos vendedores”.

“A gente acredita, né? A gente foi no cartório, primeiro ofício, reconheceu firma. Para gente era tudo legal”, diz um morador do Guedes que não quis revelar sua identidade.

Temendo correr risco de vida, três moradores conversaram com a Pública sob condição de anonimato. Eles pediram para se encontrar com a reportagem em um local fora da sua comunidade, por segurança. Segundo eles, só descobriram a natureza irregular do terreno quando o MPF esteve no local em 2011.

De acordo com eles, a propriedade foi adquirida por meio de uma antiga associação de moradores do bairro. No ato da compra, os vendedores não apresentaram o Registro Geral de Imóveis (RGI), documento que assegura a propriedade do terreno.

“Na verdade, naquela época a gente não sabia que não podia comprar um pedaço de terra, um imóvel, sem RGI. Todo mundo comprava”, disse um dos moradores. “Eu paguei o cara lá. Ele foi lá no cartório, registrou e pronto. Dizem que é documento, mas não é documento. O documento da minha casa sou eu mesmo, que estou morando lá. É o que eu tenho pra provar que a casa é minha”, conclui.

Muitas dessas famílias vieram do Nordeste à procura de trabalho no Rio de Janeiro e chegaram com o sonho de construir uma casa própria.

“No início, você está construindo um sonho. Para gente era uma área rural, era uma fazenda que foi loteada. Então você pensa: ‘Poxa, eu vou com a minha família para um lugar tranquilo, com verde. Vai ser um lugar sossegado, o nosso recanto’. Só que não foi bem assim. A realidade desconstruiu tudo”, relata mais um morador.

Os cartórios, que expediram os títulos para os moradores, também são foco de uma investigação que tramita no MPF pelo Inquérito nº70/2015-89. Uma recomendação expedida pelo MPF em 2016 pede que o Cartório de Registro de Imóveis do 1º Oficio de Duque de Caxias “se abstenha de realizar registro de desmembramentos e de alienações referentes a imóveis de propriedade do Incra na região do Núcleo Colonial São Bento”.

A recomendação demanda ainda que o cartório “adote as providências cabíveis para a retificação dos registros públicos de imóveis de propriedade do INCRA em nome de terceiros.”

O Incra, por sua vez, também foi acionado na mesma recomendação do MPF para realizar um levantamento cartorário dos seus imóveis no São Bento, com o objetivo de identificar e anular todos os registros ilegais encontrados.

Em nota enviada para a Agência Pública, o INCRA informou que foi criado um grupo de trabalho para tratar do tema, o que “resultou na elaboração do Relatório sobre a situação ocupacional de áreas remanescentes do Núcleo Colonial São Bento, bem como no encaminhamento de ofícios aos cartórios e na expedição de uma série de notificações a ocupantes irregulares (pessoas físicas e jurídicas) visando a reintegração da posse de áreas do Incra.”

Um despacho de 2012 do MPF já apontava que “em vistoria recente feita pelo Ministério Público Federal, foi constatada a construção de diversas novas casas, com aterro de vegetação nativa e em áreas alagadiças, sem devidas autorizações”. E o despacho não para por aí. Além da grilagem de terras, o terreno em si foi avaliado como área de risco, sujeita a inundações, por ser uma área de transbordamento dos rios Sarapuí e Iguaçu. “As pessoas que estão construindo nestes locais estão se submetendo a risco e aumentando o risco de enchentes no resto das áreas já ocupadas do bairro do São Bento e também dos bairros vizinhos”, diz o documento.

O Guedes fica localizado em cima de um pôlder, uma área de inundação natural. Quando chove, a água dos rios transborda para o Guedes, enchendo a casa dos moradores. “Se está chovendo muito, o rio enche, aí faz ressaca. Então, se já tiver chovendo muito, ressaca, pode ter certeza que a casa da gente vai inundar”, conta uma moradora.

Em 2012, o órgão de fiscalização ambiental do estado, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), em parceria com o Ministério das Cidades, prometeu integrar os moradores do Guedes ao programa de moradia Projeto Iguaçu, realocando-os para um local mais seguro. Com investimentos da Caixa Econômica Federal, o programa previa o reassentamento de 2,5 mil famílias que vivem em áreas de risco de inundação nas margens dos rios.

Outros moradores receberiam unidades no complexo do Minha Casa Minha Vida próximo do local atual, na avenida Teixeira Mendes.

O cadastramento foi realizado entre julho de 2015 e janeiro de 2016. Porém, em junho de 2017, os moradores receberam a notícia de que o projeto tinha sido cancelado.

“O Projeto Iguaçu vai perdendo os recursos [da Caixa Econômica Federal]”, resume o procurador Julio José Araujo. “O Inea sai de cena e a prefeitura assume o conjunto habitacional e, quando assume, não destina as casas para aquelas pessoas.”

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Planejamento Habitação e Urbanismo de Duque de Caxias não respondeu aos questionamentos da Pública sobre os planos para o futuro do projeto.

O procurador Julio Araújo afirma que a prefeitura não parece interessada em reassentar os moradores. “Eu tentei reverter isso chamando a prefeitura, e foi um diálogo muito difícil, porque a prefeitura não quis cooperar. Ela tinha outros planos para a área. E aí, a partir do momento em que você não consegue dar uma solução na promoção, na concretização desse direito, a gente entra para um campo de responsabilização, buscar responsabilidade pelo que aconteceu, que é o que a gente está fazendo hoje no campo civil”, diz o procurador.

A Recomendação nº 05/2018, emitida no dia 18 de julho de 2018 pelo MPF, ressalta que o município de Duque de Caxias “tem atuado para minar políticas socioambientais na região”.

ComdemaO Guedes fica localizado em cima de um pôlder, uma área de inundação natural Encurralados na festa dos lobos

A suspensão do processo de reassentamento pela prefeitura deu um sinal claro às milícias, segundo Marlucia.

“Aí que eu acho que foi a festa dos lobos.”

Para ela, o reassentamento dos moradores teria ajudado a impor o controle do poder público sobre o local, passando assim o recado de que novas construções não seriam aturadas dali por diante. Mas, como a remoção dos moradores não se concretizou, ela diz que se abriam as portas para um novo avanço. “As milícias vêm e não têm mais freios para os seus projetos de expansão. E isso se consolida. Quando a PF veio aqui, uma das coisas que eles perguntaram é como é que esses caras conseguiram poste de luz pra cá se aqui é terra do Incra e é área de preservação ambiental? Aqui as milícias são os prefeitos do local. Eles botam placa, abrem rua. Quando eles não têm ainda endereço, eles criam associação para receber correspondência, para receber as mensalidades. Eles são o Executivo aqui”, diz.

Em outubro de 2017, membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comdema) denunciaram à Secretaria de Meio Ambiente a operação em larga escala de despejos de entulho. Segundo a denúncia, os entulhos são utilizados para aterrar novos lotes e “aqueles que já haviam realizado expropriação de terras públicas para acumular com a comercialização ilícita, aproveitaram e retomaram as suas atividades na Comunidade do Guedes”. O processo de aterramento ocorre há dois anos e continua a todo vapor, segundo apurou a Pública com moradores.

Todos os dias de madrugada, os moradores acordam com o barulho de caminhões despejando entulho no entorno de suas casas. Segundo os residentes, a ação ocorre de madrugada para passar despercebida e o objetivo do entulho seria construir a fundação de novas casas na área. Durante o dia, a população do Guedes é obrigada a conviver com lixo, poeira e caos. “Hoje o lugar pra mim é um cenário de guerra. Parece que caiu uma bomba ali. Muito feio. Ou então virou um lixão”, diz um morador.

“A gente tem vergonha de convidar as pessoas para ir onde a gente mora. Porque, quando você chega, logo de cara você já vê entulho, lixo, vaso sanitário. É uma vergonha”, completa outro residente.

A denúncia do Comdema destaca como se dá o processo de grilagem explicando que “assim, começam os incêndios, depois os entulhos em larga escala, venda de lotes por 11 mil reais”.

Segundo Marlucia, que é uma das autoras da denúncia, o processo de grilagem começa com os milicianos pondo fogo na vegetação para abrir espaço para o loteamento dos terrenos. A prática já constitui logo de cara um crime ambiental porque ela ocorre em plena área ecológica protegida por lei.

“Primeiro eles tacam fogo porque tem mata, tem vegetação, tem mangue, tem taboal, então eles botam o fogo [para limpar o terreno]”, explica Marlucia. “Usam esses entulhos para aterrar e depois vendem os lotes para os trabalhadores pobres à prestação”, continua Marlucia, completando que os entulhos também contaminam o solo.

A milícia lucra e ainda amedronta as autoridades

O relatório da diligência da Polícia Federal em março deste ano aponta para outro negócio nas mãos dos milicianos: eles estariam lucrando com o próprio despejo do entulho. O relatório diz que em uma entrevista conduzida durante a diligência “foi informado ainda que os milicianos cobram dos caminhoneiros cerca de R$ 350 por cada caçamba de entulho descarregada nos locais”.

Os caminhoneiros, que chegam diariamente com o entulho, não se identificam ao entrar no Guedes, mas o relatório da diligência da Polícia Federal confirma a versão dos moradores de que o local é controlado por milícias.

“Cabe salientar que a área diligenciada é reconhecidamente controlada por milicianos, o que inviabiliza uma equipe composta por dois policiais diligenciar realizando questionamentos sobre membros da mesma, identificando e qualificando pessoas naquela localidade, sem se expor a risco de vida desproporcionais”, diz o relatório.

A presença de milicianos não intimidou somente a PF. Mais de uma vez, as autoridades públicas afirmaram não ter a capacidade de impedir, como Marlucia diz, que os lobos fizessem a festa.

Meses depois da denúncia do Comdema, a Secretaria de Meio Ambiente fez uma vistoria no Guedes. No dia 20 de fevereiro de 2018, os funcionários da secretaria atestaram “a existência de diversos pontos com acúmulo de resíduos da construção civil”, segundo o relatório da vistoria. Na ocasião constataram também que parte desse material “é utilizado para nivelar o solo, visando a construção de novas residências”.

Mas o relatório termina dizendo que, apesar de a equipe ter conseguido fazer registros fotográficos, “em determinado momento da vistoria, a equipe foi informada por duas pessoas que não deveria continuar com a atividade e insinuou que seria melhor a equipe deixar o local. A partir desse momento, a equipe interrompeu o trabalho e deixou a região imediatamente. Ressalta-se que a área em questão apresenta atuação de milicianos, impedindo a presença e prestação de serviços pelos órgãos públicos”.

Se nem a Secretaria de Meio Ambiente nem a PF dizem conseguir atuar em território comandado por milícias, quem acaba assumindo o papel de fiscal são os próprios moradores, que descrevem como vão brotando novas construções.

“Logo na entrada você visualiza duas construções novas. Mais para frente você vê obras assim tipo muros e terrenos. Na minha rua tem mais duas sendo construídas. Eu acho que tem até morador novo na minha rua”, contou um morador à Pública.

ComdemaInquérito policial que investigava o avanço de grilagem de terras no Guedes foi arquivado pelo Ministério Público Federal A ponte que viabiliza o crime

Ao mesmo tempo que os planos para a expansão ilegal do Guedes caminham para a realização, a prefeitura parece estar mais interessada em adiantar outra obra: uma ponte de acesso cuja construção está sendo investigada pelo MPF.

Segundo relatório da diligência feita pela Polícia Federal em março de 2019, “se obteve informação da realização de obras por servidores da prefeitura no acesso a esta Área de Preservação Ambiental, com a colocação de manilhas na passagem de um valão”. Trata-se do alargamento de uma ponte dentro da APA São Bento, feita para facilitar a passagem para a comunidade do Guedes.

A obra, segundo o relatório, “possibilitou o acesso de caminhões que levam entulhos para aterramento da referida área, que, de acordo com informações, anteriormente só era acessada por carroceiros”.

Segundo contam os moradores, havia já no local uma ponte estreita construída pela própria população para a passagem de carroças para dentro da APA. Depois que melhorias foram feitas pela prefeitura, a ponte passou a comportar veículos muito maiores.

“O que a gente recebeu em relação a essa ponte é que ela vem viabilizando o tráfego de caminhões lá para despejar [entulhos] e para fazer aterramentos, e é isso que está sendo apurado agora”, explica o procurador Julio Araujo. “Inclusive para apurar como a prefeitura está vendo essa questão.”

De acordo com os moradores, em novembro do ano passado agentes da prefeitura foram até o Guedes conversar com a população do entorno sobre a construção de uma nova ponte. Eles relatam que os integrantes da prefeitura se identificaram como assessores do vereador Celso do Alba (PMDB), hoje Secretário de Meio Ambiente de Duque de Caxias.

O vereador virou secretário do prefeito Washington Reis, que em 2016 foi condenado a sete anos de prisão por crimes ambientais e loteamento irregular. O STF considerou ilegal a divisão de uma área que foi vendida a ele, Washington Reis, para a construção de um condomínio de luxo conhecido como Vila Verde, no entorno da Reserva Biológica do Tinguá, em Duque de Caxias. A irregularidade foi cometida quando era deputado estadual e durante uma parte de seu primeiro mandato como prefeito.

Quando Washington Reis foi eleito prefeito pela segunda vez, em 2016, a condenação motivou um pedido de impugnação do seu mandato. Porém, em março deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afastou a possibilidade de cassação do mandato porque a condenação aconteceu depois da eleição.

“O Município de Duque de Caxias vem se apresentando como um notório violador de normas ambientais e de destinação socioambiental a imóveis”, destacou o MPF em uma recomendação emitida no ano passado. O documento aponta ainda que Duque de Caxias é investigado em nada menos de seis inquéritos pela violação de normas ambientais envolvendo imóveis.

O próprio secretário Celso do Alba anunciou em sua página oficial no Facebook que estava à frente do projeto de construção da nova ponte. No post publicado no dia 14 de novembro, ele comemora o feito dizendo: “Estou aqui no novo São Bento conversando com os moradores a respeito das inúmeras melhorias que solicitei a Prefeitura de Duque de Caxias que fizesse. Iniciaremos com manilhamento e a construção de uma nova ponte”.

ReproduçãoCelso do Alba, Secretário do Meio Ambiente de Duque de Caxias, visitou a comunidade para discutir a construção da nova ponte no local

Mas um morador reclama: “A promessa era fazer a ponte, colocar manilhas, colocar muretas de proteção e jogar algum tipo de asfalto, uma pólvora, alguma coisa de asfalto na rua principal. Só que aí [a obra] parou com o aterro das manilhas. O mato está crescendo, mas os caminhões passam muito bem, obrigado”.

“Não houve uma melhora significativa da ponte, houve um aumento dela. Então agora estão entrando caçambas e caminhões, diz Marlucia. “Diziam que era para melhorar a circulação. Eu não quero dizer com isso que a intencionalidade era favorecer as ações milicianas, mas fato é que essa ação acabou favorecendo.”

No dia 29 de maio, o MPF emitiu um despacho pedindo que o Inea realizasse “com urgência” fiscalização no local. Pediu também à prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, que vistoriasse o local e “avalie as providências para interditar o trânsito da ponte que vem sendo utilizada para a realização do transporte de materiais para aterramento no local”. Não houve resposta até a publicação desta reportagem.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Meio Ambiente não se manifestou sobre os questionamentos feitos pela Pública sobre a construção da ponte.

Enquanto a luta para decidir o futuro das terras do São Bento continua, os moradores do Guedes assistem à cristalização do domínio das milícias.

O enredo é um exemplo de como vai se construindo um território dominado por elas, segundo o sociólogo José Cláudio Souza Alves, que estuda a expansão das milícias no Rio de Janeiro há 26 anos. “A tendência é piorar, não vai melhorar não. Você está pegando um caso que está começando e que vai expandir. Esse é o cenário que eu vejo”, explica o sociólogo.

“Qual é a prática mais rentável de uma milícia? É vender terrenos, é vender casas. Bom, para vender casas você tem que ter um terreno para construir. Então a lógica é fundiária, é a lógica de maior extração para que você possa fazer disso um ganho maior. A venda de terrenos e de imóveis é a grande prática das milícias que já existe há muito tempo. Não é de hoje. Só que agora virou uma coisa incontrolável, monstruosa”, diz José Cláudio.

“Como um bicho”

No Guedes, a milícia ainda engatinha, por meio da venda de serviços clandestinos como a distribuição de água, luz, gás e até o sinal da TV por assinatura roubada, conhecida como “gatonet”. Segundo os moradores, embora a gama de oferta de serviços venha aumentando, eles ainda não se sentem obrigados a utilizá-los.

“Por enquanto oferecem só serviços. Depois eles passam a cobrar taxas e a obrigar a usar o serviço”, diz um morador.

“O futuro ali vai ser você pagar para entrar dentro de casa. Esse futuro aí ele está bem próximo, está bem pertinho”, complementa outro.

E não há nada que eles possam fazer.

“Eu acho que, se a gente se expor mesmo, bater de frente, a gente corre risco [de vida]”, diz um morador. “Por isso que a gente preferiu conversar com você aqui, para a gente não se expor.”

A mesma pessoa diz se sentir completamente abandonada pelo poder público. “A gente se sente um bicho. Como se fosse um bicho que ninguém escutasse o nosso gemido. Porque na realidade é isso: a gente está pedindo socorro.”

Apesar disso, Marlucia vê esperança na insistência dos moradores em continuar denunciando as ilicitudes que persistem há décadas no Guedes. “Aqui tem vários que fazem denúncias ao Ministério Público. São muitos. Isso foi uma coisa boa”, diz.

“A gente sonha com um projeto para o São Bento de arborização, de recuperação do rio Iguaçu e do rio Sarapuí. Tem o potencial turístico, de pesquisa, de qualidade de vida para os moradores. A gente sonha ter os moradores com água e com luz, sem intervenção da milícia. Só que a gente vê que as nossas pernas são mais curtas. Como você vai movimentar multidões para barrar isso se existe o medo?”

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UN and civil society team up to make cities more sustainable and inclusive

UN SGDs - qua, 03/07/2019 - 09:00
How can we make sure that cities become more inclusive, with a smaller environmental footprint, and leave no-one behind? These questions will be tackled at the UN Civil Society Conference, which is due to take place in the capital of Utah, Salt Lake City, at the end of August.
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“La migración debe ser opcional y segura” en Mesoamérica

IPS español - ter, 02/07/2019 - 19:26

El director general de la FAO, durante su participación de la reunión de Alto Nivel sobre migración, desarrollo y seguridad alimentaria en Mesoamérica, en Ciudad de México, el martes 2. Crédito: FAO

Por Corresponsal Fao
MÉXICO, Jul 2 2019 (IPS)

Un programa de acción que promueva el desarrollo rural y la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, para que la migración sea una opción y no una necesidad, es el principal objetivo de la reunión de Alto Nivel sobre migración, desarrollo y seguridad alimentaria en Mesoamérica, que se inauguró este martes 2 en Ciudad de México.

“La migración debe ser un acto voluntario, y no un acto forzado. La pobreza, el hambre, el cambio climático, la inseguridad –es decir, el subdesarrollo severo– crean una tormenta perfecta en la que miles de personas solo ven una vía de salida: emigrar”, dijo el director general de la FAO, José Graziano da Silva durante la inauguración del encuentro.

“La solución de fondo a la migración obligada, es el desarrollo”, subrayó ante más de 100 delegados de El Salvador, Guatemala, Honduras y México participan en esta reunión de dos días para debatir una propuesta conjunta a los desafíos de la migración en Mesoamérica.

Graziano da Silva saludó el compromiso suscrito el pasado 1 de diciembre por los jefes de Estado de los cuatro países para impulsar un plan de desarrollo integral que combata la migración irregular.

Además, comprometió el apoyo de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) a los gobiernos de esos países para promover el desarrollo de los territorios rurales que son centros de origen de migrantes.

Por su parte, el secretario (ministro) de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos Arámbula, expresó: “En México estamos convencidos que atender las causas que originan el fenómeno migratorio es una condición para que ésta sea opcional, no forzada”.

“Esa es la vía mexicana, como la ha denominado el Presidente López Obrador, y estamos trabajando para demostrar al mundo entero que se puede prevenir y controlar este fenómeno si hay desarrollo, empleo y bienestar para todos en los lugares de origen”, afirmó Villalobos.

Asimismo, informó que los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala y Honduras han decidido construir un “Plan de desarrollo integral” que permita atender el fenómeno migratorio “con acciones que van a generar desarrollo y oportunidades a nivel local”.

El programa Mesoamérica Sin Hambre implementa diversos proyectos en Guatemala para que los productores familiares locales, del pueblo chortí, mejoren su disponibilidad y acceso a alimentos de alto valor nutricional y diversifiquen sus fuentes de ingreso, gracias a actividades que van de la cría de conejos hasta la elaboración de artesanías con cultivos nativos. Crédito: FAO

El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, agradeció a la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y al Sica (Sistema Económico Centroamericano) su apoyo decidido y comprometido con el desarrollo de la región.

Reyes señaló que, con este encuentro, la FAO pretende lograr una estrategia que conlleva un diagnóstico focalizado para cada territorio, con políticas e instrumentos específicos que promuevan alternativas a la migración. El subsecretario enfatizó que ningún país puede enfrentar este desafío compartido por sí mismo, lo que implica una solución regional.

“Estamos convencidos de que la voluntad y el esfuerzo conjunto nos permitirán avanzar por el camino correcto y vamos a demostrarle al mundo que la migración es una opción y, de ninguna manera, es una amenaza”, afirmó.

En la inauguración del evento también participaron Vinicio Cerezo, secretario general del Sica; Jorge Alberto Benítez Portillo, viceministro de Agricultura y Ganadería de Honduras; Nineth Escobar Cabrera, viceministra del Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala; y Carlos Enrique Cáceres Chávez, embajador de El Salvador en México;

El programa de acción considerará, entre otros aspectos, la resiliencia climática rural y la adaptación de la agricultura al cambio climático; la creación de empleo agrícola y no-agrícola; la generación de ingresos y la promoción de la agricultura familiar, y estará alineado con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial sobre Migración, adoptado por la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre de 2018.

Dar prioridad al Corredor Seco Centroamericano

El director general de la FAO llamó a los gobiernos a dar mayor apoyo al Corredor Seco Centroamericano, una zona de gran vulnerabilidad climática y altos índices de pobreza, cuyo deterioro está impulsando la migración.

Según la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, más de dos millones de personas han visto sus medios de vida severamente afectados, y 1,4 millones de ellas necesitan asistencia alimentaria ahora mismo a consecuencia de los efectos climáticos del pasado año.

En El Salvador, la FAO está apoyando la implementación del proyecto Reclima, el cual obtuvo financiamiento del Fondo Verde del Clima y beneficiará a 225.000 personas, trabajando con la gran mayoría de los municipios del Corredor Seco de ese país.

“Debemos proponemos la meta de que todos los municipios de esta región, en todos los países, cuenten con un programa centrado en la resiliencia climática para las poblaciones rurales”,  dijo Graziano da Silva.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

RV: EG

El artículo “La migración debe ser opcional y segura” en Mesoamérica fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Estados Unidos e Irán en juego peligroso para acuerdo nuclear

IPS español - ter, 02/07/2019 - 17:15

Países que suscribieron en 2015 el acuerdo nuclear sobre Irán, del que Estados Unidos se retiró en 2018. Crédito: Dominio público

Por Kelsey Davenport y Daryl G. Kimball
WASHINGTON, Jul 2 2019 (IPS)

El anuncio de Irán de que superó el límite de 300 kilogramos de reservas de uranio poco enriquecido, establecido por el acuerdo nuclear de 2015, es una respuesta esperada pero preocupante a la imprudente y mal concebida campaña de presión del gobierno de Estados Unidos para matar ese acuerdo, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).

Es crítico que el presidente Donald Trump no reaccione de manera exagerada y aumente aún más las tensiones, ante esta violación anunciada por Teherán el lunes 1 de julio y confirmada por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) el mismo día.

Cualquier violación del acuerdo es una preocupación importante pero, en sí mismo, un aumento en las reservas de uranio poco enriquecido (UH6) de Teherán, por encima del límite de 300 kilogramos de uranio enriquecido del 3,67 por ciento, no representa un riesgo de proliferación a corto plazo.

Kelsey Davenport

Irán necesitaría producir aproximadamente 1.050 kilogramos de uranio enriquecido a ese nivel, enriquecerlo aún más hasta el grado para las armas (más de 90 por ciento de uranio-235) y luego armarlo.

Las inspecciones constantes e invasivas que lleva a cabo el OIEA proporcionarían una alerta temprana de cualquier otra medida por parte de Irán para violar el acuerdo.

Teherán no está en una carrera insensata para producir una bomba, sino que por el contrario los líderes de Irán están buscando tener elementos para poder contrarrestar la campaña de presión de los Estados Unidos, que le niega sistemáticamente cualquier beneficio por cumplir con el de cumplir con el PAIC.

A pesar de la comprensible frustración de Irán con la nueva imposición de sanciones por parte de Estados Unidos, sigue siendo de interés para Teherán cumplir plenamente con los límites del acuerdo y abstenerse de realizar más acciones que violen el acuerdo.

Si Irán cumple con su amenaza de reanudar niveles más altos de enriquecimiento el 7 de julio, eso supondría un riesgo de proliferación más grave.

Daryl G. Kimball

El almacenamiento de uranio enriquecido a un nivel superior acortaría el tiempo que le llevaría a Irán producir suficiente material nuclear para poder fabricar una bomba, una línea de tiempo que actualmente se mantiene en 12 meses como resultado de las restricciones del acuerdo nuclear.

La fallida política de la administración de Trump en Irán está a punto de producir una nueva crisis nuclear, pero todavía hay una oportunidad para salvar el acuerdo y reducir las tensiones.

La Comisión Conjunta del PAIC, que está compuesta por las partes del acuerdo (Alemania, China, Francia, Gran Bretaña, Rusia, la Unión Europea e Irán) y supervisa su implementación, se reunió el 28 de junio.

La reunión fue una oportunidad crítica para que los Estados parte presionen a Irán para que cumpla plenamente con el acuerdo nuclear y se comprometa a redoblar los esfuerzos para cumplir con las obligaciones de alivio de las sanciones.

Por su parte, la Casa Blanca debe evitar pasos que aumenten aún más las tensiones con Irán. Trump debe dejar de hacer vagas amenazas militares y abstenerse de tomar medidas como revocar exenciones para proyectos clave de cooperación nuclear que realmente benefician las prioridades de no proliferación de los Estados Unidos.

Si Trump no cambia el rumbo, corre el riesgo de colapsar de verdad el acuerdo nuclear y provocar un conflicto en la región, de imprevisibles consecuencias.

T: MF

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Violencias contra migrantes aviva maltrato intrafamiliar a mujeres

IPS español - ter, 02/07/2019 - 15:13

Una madre africana con sus hijos en un campamento de refugiados. Crédito: ONU Mujeres

Por Caley Pigliucci
NACIONES UNIDAS, Jul 2 2019 (IPS)

Las mujeres refugiadas y migrantes a menudo enfrentan una violencia invisible en el hogar donde pasan a vivir. Y esa potencial forma íntima de violencia de género se ve agravada y en algunos casos impulsada por las crisis humanitarias y la inseguridad laboral que padecen sus familias y ellas mismas.

El informe sobre “El Progreso de las Mujeres del Mundo 2019-2020: Familias en un mundo cambiante”, publicado por ONU Mujeres, destaca que un factor que contribuye a la violencia en el ámbito del hogar es la disminución de las oportunidades en el trabajo, especialmente para los migrantes.

El informe destaca, por ejemplo,  que en Camboya, cuando “los hombres luchaban por encontrar trabajo, (esto) estaba relacionado con el aumento de la prevalencia de la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas”.

Las mujeres migrantes no solo enfrentan una mayor violencia en el hogar, sino que a menudo no pueden escapar de esta violencia. Las mujeres que confían en sus parejas masculinas para permanecer en un país no tienen la independencia otorgada a sus compañeros, señala el documento lanzado el 25 de junio.

Esto es “particularmente peligroso cuando las mujeres enfrentan, por ejemplo, violencia contra ellas, violencia doméstica, en la familia”, dijo a IPS Shahra Razavi, jefa de Investigación y Datos de ONU Mujeres.

“Entonces, es muy importante que tengan el derecho de permanecer independientes de esa relación en particular”, agregó.

El informe recomienda por ello que se adopte un enfoque que priorice las políticas y regulaciones que respaldan a las familias migrantes y los derechos de las mujeres dentro de esas familias.

El informe también señala que “los estados pueden tomar decisiones normativas y políticas que fortalezcan el poder de negociación de las mujeres”.

Esto puede tomar varias formas. Las mujeres registradas separadamente de los hombres de su familia, o que reciben una residencia independiente de los hombres con quienes emigran y a los que están unidos como pareja o lazos familiares, tienen menos probabilidades de mantenerse en relaciones violentas para permanecer en un país de destino.

Modelos de progreso

El informe cita las políticas recientes de Indonesia como un paso adelante en la protección de las mujeres migrantes.

En 2017, el gobierno de Yakarta aprobó una legislación que establece que “por primera vez, se garantizan algunos derechos básicos a los trabajadores que emigran a través de los canales oficiales”, destaca el estudio.

La nueva ley incorpora protecciones como programas de seguridad social, protecciones contra el tráfico y la violencia e igualdad de género.

De unos nueve millones de indonesios que trabajaban en el extranjero en 2016, aproximadamente la mitad eran mujeres.

Migrant Care, una organización que colabora con ONU Mujeres, agregó que 10 países  miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) agregaron protecciones a los trabajadores migrantes a través de la firma del Consenso sobre la protección y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes, alcanzado en 2017.

Esos países son: Brunei Darussalam, el Reino de Camboya, la República de Indonesia, la República Democrática Popular Lao, Malasia, la República de la Unión de Myanmar, la República de Filipinas, La República de Singapur, Tailandia y  Vietnam.

Uno de los principios en el consenso plantea la meta de “promover un trato justo con respecto al género y la nacionalidad, y proteger y promover los derechos de los trabajadores migrantes, en particular de las mujeres”.

Pero el progreso no se ha visto en todas partes.

Nicole Behnam, directora técnica superior de la Unidad de Prevención y Respuesta a la Violencia del no gubernamental Comité Internacional de Rescate (IRC, en inglés) dijo a IPS que “las tasas de violencia basada en el género (VBG) son sorprendentemente altas en todos los contextos”, pero que esto “aumenta durante y por las crisis de migrantes”.

IRC  destaca en un estudio sobre el drama de las novias infantiles que, por ejemplo, 41 por ciento de las jóvenes sirias desplazadas en Líbano, están casadas antes de cumplir 18 años.

En las comunidades de refugiados sirios en Jordania, las tasas de matrimonios infantiles casi se triplicaron entre 2011 y 2014, pasando de afectar a 12 por ciento de las niñas sirias en esa condición a  32 por ciento.

Esto sucede a pesar de que existen leyes para proteger a las mujeres refugiadas en el ámbito del hogar y la familia.

En Jordania, de hecho, es ilegal casarse antes de los 18 años, pero el IRC asegura que pese a ello “el complejo proceso para registrar un matrimonio y el hecho de que muchos refugiados carezcan de identificación oficial significa que las niñas que no pueden probar su edad resultan aún más vulnerables”.

Otra preocupación para muchos países viene con la rápida derogación de las protecciones para las mujeres en las familias.

Con su informe, ONU Mujeres pretende impulsar políticas de protección familiar que en algunos casos son aún raras en muchos países del Norte industrial, como el permiso parental remunerado.

Pero Razavi manifestó a IPS que la mayor preocupación es que no se retroceda en algunas situaciones de especial vulnerabilidad para las mujeres.

“Creo que algunos de esos temas obviamente serán diferentes para los países desarrollados”, dijo la jefa de Investigación y Datos de ONU Mujeres.

Se trata de diferencias sobre todo en la dimensión del problema.

“Muchos países donde algunos de estos sistemas de protección se habían establecido, desde 2008 en el contexto de austeridad (tras estallar la crisis financiera global), han visto como esas políticas se han ido revirtiendo”, afirmó Razavi.

“En particular, los servicios de violencia contra las mujeres han tenido que reducirse en algunos países”, se lamentó.

Behnam cree que tanto para los países del Norte industrial como del Sur en desarrollo debe haber “un claro reconocimiento de cuán serio y generalizado es el problema y debe haber similar una urgencia para prevenir y responder a la VBG”, la violencia basada en el género.

El IRC ve la necesidad de: una participación continúa y en incremento de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para abordar los problemas locales, mejorar el seguimiento y la presentación de informes que hagan más transparente tanto el rabajo como la inversión.

Behnam considera que estas mejoras son particularmente necesarias para las mujeres en familias migrantes y refugiadas, pero también para las mujeres en todos los contextos.

“La violencia está presente en la vida de las mujeres, es la realidad de cada día, y no solo los extraños cometen actos de violencia contra las mujeres. A menudo, sus agresores son las personas en quienes más deberían confiar: sus familiares”, dijo Behnam.

Agregó que “no podemos ignorar la violencia porque sucede fuera de nuestra vista o se solapan bajo otras; de hecho, esa es la violencia por la que debemos luchar y a la que más debemos informar y dar respuesta, porque  es la que está muy oculta”, como sucede, insistió, con las que viven “dentro de sus familias las mujeres migrantes y refugiadas”.

T: MF

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Paraguay promueve crecimiento verde para sus productores y bosques

IPS español - ter, 02/07/2019 - 14:50

Paraguay promueve una actividad agropecuaria sostenible mediante la iniciativa de Paisajes de Producción Verde. Crédito: PNUD Paraguay

Por Silvia Morimoto
ASUNCIÓN, Jul 2 2019 (IPS)

Las estadísticas son alarmantes. Para 2050, el mundo requerirá un crecimiento estimado de 60 por ciento en la producción agrícola para satisfacer la demanda de alimentos de una población de cerca de 9.000 millones de personas.

Si bien aumentamos la producción para garantizar la seguridad alimentaria, es crucial que este incremento tenga un impacto mínimo en el medio ambiente y los bosques. Esto es vital para preservar los bosques tropicales y para cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

El reciente reporte del Panel Intergubernamental sobre Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Ecosistemas (IPBES, en inglés) reveló que entre 1980 y 2000, más de 100 millones de hectáreas de bosques tropicales fueron devastadas a nivel mundial.

Más de 40 por ciento de esta pérdida ocurrió en América Latina, principalmente debido a la expansión de la ganadería.

Entonces, lo que hagamos en un sector sin duda afectará al otro.

Silvia Morimoto. Crédito: @silviamorimoto

Alrededor de 24 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ahora son causadas por la agricultura y la deforestación, y aproximadamente 33 por ciento de los esfuerzos para mitigar el cambio climático dependen de la conservación de los bosques y la restauración de los ecosistemas.

Paraguay está en el corazón de esta historia.

Es el hogar de grandes franjas de humedales y bosques. El país es el cuarto mayor exportador mundial de soja y el octavo mayor exportador de carne vacuna. Ambos sectores contribuyen a más del 30 por ciento del producto interno bruto (PIB) local.

Ahora, en un esfuerzo por enfrentar esos desafíos, Paraguay está liderando el camino en la región para abordar las causas de la deforestación.

Está presentando una estrategia de “Bosques para el crecimiento sostenible” y está promoviendo nuevas alternativas para la producción sostenible de soja y carne vacuna que se han diseñado junto a los actores clave.

La meta general es colaborar para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12: Producción y consume responsables, y el ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres.

Para avanzar en este frente, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible  ha implementado la iniciativa Paisajes de Producción Verde, en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de su Green Commodities Programme, desde el 2015.

El mismo tiene como objetivo proteger el Bosque Atlántico de Alto Paraná en la región oriental del país mediante la promoción de la sostenibilidad en la cadena productiva de los productos básicos como soja y carne.

Esta iniciativa financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, cofinanciada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Forestal Nacional, la Mesa de Finanzas Sostenibles, ADM Paraguay SRL, Louis Dreyfus Company y Cargill, tiene como objetivo apoyar a agricultores como Juan Antonio Secchia.

En 1990, Secchia recibió 600 hectáreas de tierra de su abuelo en Caazapá, un departamento ubicado en la región oriental del país, donde se encuentra el Bosque Atlántico de Alto Paraná.

Cuando Secchia comenzó a trabajar en su finca llamada San Isidro, tenía alrededor de 300 cabezas de ganado que producían leche.

En el 2012, en un esfuerzo por aumentar su productividad, Juan Antonio decidió innovar, para optimizar el uso de su tierra invirtiendo en el sistema silvopastoril. Este sistema de producción alternativa combina árboles, pastura y animales para preservar el medio ambiente.

En 2018, el sector privado y el Gobierno Nacional lo apoyaron para que pudiera expandir el sistema silvopastoril en otras 40 hectáreas de su establecimiento. Ahora, ha duplicado sus cabezas de ganado de 300 a 600, aumentando la producción de leche en 100 litros por día.

Además de Secchia, otras tres fincas han recibido apoyo para adoptar el sistema silvopastoril.

Más de 133.000 plantines fueron donados para plantar árboles, proteger el suelo y proporcionar un mejor ambiente para la cría de ganado.

El éxito del sistema ha llevado a un nuevo objetivo: duplicar el área silvopastoril a 400 hectáreas, este año, para avanzar en la conservación de los recursos naturales y mejorar la producción de carne vacuna.

El gobierno, en conjunto con el PNUD, ha creado una Plataforma Nacional de Commodities Sustentables, un espacio de diálogo que reúne a las partes interesadas por primera vez para discutir necesidades y acciones y así lograr la sostenibilidad en la cadena productiva de los productos básicos y proteger el medio ambiente.

Estos esfuerzos se expandieron a la Región Occidental a través del Proyecto Green Chaco.

El Chaco es el segundo ecosistema forestal más grande de América Latina, con una rica biodiversidad, que representa aproximadamente el 60 por ciento del territorio paraguayo, donde vive menos del tres por ciento de la población. Sin embargo, alberga el 45 por ciento de la producción nacional de leche y una gran parte de las fincas ganaderas del país.

Estas iniciativas han llevado a la difusión de las mejores prácticas, y las discusiones sobre la plataforma están generando nuevas ideas.

Las sugerencias para soluciones concretas se incluirán en un Plan de Acción Nacional de Soja Sustentable y en un Plan de Acción Regional de Carne Sustentable.

Estas soluciones son importantes porque el trabajo conjunto conduce a mejores políticas.

Para el gobierno paraguayo, abordar la deforestación promete múltiples ganancias para el cambio climático, para el desarrollo sostenible inclusivo, para el crecimiento económico y para los productores. Pero el éxito vendrá solo si actuamos todos juntos, ahora.

RV: EG

El artículo Paraguay promueve crecimiento verde para sus productores y bosques fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Para as indígenas da Amazônia, parir é um ato comunitário

Pública - ter, 02/07/2019 - 12:07
Caco Bressane/Agência Pública.

“Aqui morreram três filhos meus”, comenta, econômica nas palavras, Lourdes Araújo Firmino. Era de manhã e acabávamos de passar em frente ao hospital militar, na avenida principal da cidade de Tabatinga, no Amazonas. Os dois primeiros, Francisquinho e Francisco, nasceram com complicações e morreram após o parto. Mas foi Maria, a última, quem mais deixou marcas na sua vida. Lourdes, então com 36 anos, obesa e diabética, tivera uma gravidez considerada de risco pelos médicos militares. Ainda assim, Maria chegou saudável ao final da gestação.

No dia em que a bolsa estourou, Lourdes, ticuna, parteira indígena por profissão, decidiu que queria ter um parto natural. Os médicos não lhe deram ouvidos. “Estava cedo para puxar ela. Eu falava, mas eles se faziam de surdos.” Naquela época, no começo dos anos 2000, era proibido às parturientes levar acompanhantes para a sua hora em hospitais públicos. O marido brigou: ficou do lado de fora do centro cirúrgico e foi impedido pelos funcionários de entrar na sala para acompanhar a mulher. Conseguiu vê-la só após a constatação do óbito de Maria.

Pouco depois, na cozinha de sua casa de alvenaria com parte do teto por terminar, Lourdes, agora com 52 anos, mostra ao repórter as fotos que tirou da bebê após o parto, com lacerações nos braços e no pescoço. “Olha ela toda machucadinha. Foram impacientes, puxaram muito ela”, lamenta. E coloca as fotos em uma sacola rosa, estampada com um desenho de princesa. O marido ainda hoje não consegue olhar para as fotografias.

Nada mais distante do que ela tem como princípio para a profissão que escolheu. “Um bom parto tem que ser feito pela mulher, no tempo dela, com ela se descobrindo. Não pode forçar nada. A gente tem só que acompanhar e cuidar dela nessa travessia”, diz.

Cinco décadas e nenhum reconhecimento

No dia em que morreu a parteira mais antiga da aldeia Umariaçu, Lourdes fazia o parto de um bebê, mais um entre os “mais de 200” que ela lembra de memória.

Só pôde ir chorar a morte de Raimunda Coelho quando o velório estava no final.

A amiga de décadas falecera aos 78 anos enquanto dormia. Foi enterrada no cemitério improvisado da aldeia onde vivem 8.400 ticunas, colada à cidade de Tabatinga, a mais de mil quilômetros a leste de Manaus. Ao longo de todo o dia, crianças, jovens, adultos e idosos entravam na casa de Raimunda, agachavam-se de costas para a parede e de frente para o caixão aberto no chão da sala, acendiam uma vela e prestavam condolências ao viúvo. Conversavam em voz baixa: eram todos ticunas, a maior população indígena da Amazônia brasileira (45 mil, segundo o censo de 2010), que vive espalhada pela fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru.

Lourdes chegou às 13 horas, de mãos dadas com o filho adotado – além dele, ela tem mais seis filhos naturais – relutante em ver o corpo. Passou pela porta da casa modesta, onde um mico-preto de estimação andava pela viga do teto, e acendeu também uma vela no pé do caixão. Do lado esquerdo encontravam-se amontoados um colchão, um balde, shampoo, saia, porta-retrato, uma sacola da Natura com frase sobre empoderamento feminino e a rede na qual Raimunda costumava dormir depois do almoço. Apesar de a maioria dos ticunas terem se tornado católicos ou evangélicos, acreditam que velar e enterrar os mortos com suas posses lhes pode ser útil no além.

Lourdes detém o olhar sobre a amiga, coberta dos pés ao pescoço por um lençol branco, e se senta ao lado de outras três parteiras. Especulam sobre as causas do falecimento: se havia sido por causa do jambo, uma fruta leitosa, que comera na selva; se pela precariedade do hospital; se por causa do médico que ignorou a gravidade do caso e a mandou de volta à aldeia ainda doente.

Mas isso não era motivo de preocupação. Vivenciar o começo e o fim da vida é uma experiência recorrente para esse grupo de mulheres. A preocupação maior das parteiras naquela sala era que Raimunda morrera sem ser reconhecida e gratificada pelo Estado brasileiro.

Afinal, foram mais de cinco décadas trazendo ao mundo os bebês de Umariaçu.

Desconfiadas do sistema público de saúde, as indígenas da aldeia se fiam nas parteiras para passar pelas incertezas e dores da gestação e do parto. São essas mulheres, em sua maioria idosas, analfabetas e que aprenderam o ofício com suas antepassadas, que conduzem o momento no qual, para elas, a menina morre para que a mulher, transformada em mãe, possa nascer.

No ano passado, metade dos 82 partos em Umariaçu foram feitos pelas parteiras na aldeia, de forma natural, segundo os cálculos do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) responsável pela região.

Desde 2015, as profissionais de saúde do DSEI começaram a pedir às 14 parteiras cadastradas que anotem os partos, apesar de saberem que poucas conseguem escrever o próprio nome. Também deram kits para melhorar as condições de higiene e pediram a elas que acompanhassem a equipe de saúde no exame pré-natal realizado de porta em porta. Acenaram também com a possibilidade de uma remuneração. Criou-se a expectativa, mas não há previsão de formalização da atividade.

O esboço de inclusão dessas mulheres na equipe de saúde contrasta com a lógica do sistema de saúde brasileiro. Cinquenta e seis por cento dos partos no país em 2017 – últimos dados disponíveis no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) – foram realizados com cirurgia cesariana. Na rede privada de São Paulo, cidade mais rica do país, oito de cada dez paulistanos chegam ao mundo através da cesariana.

O Brasil é o país do mundo que mais usa o procedimento e por isso figura na vanguarda de um péssimo fenômeno global.

O uso da cesárea vem se disseminando rapidamente no mundo – duplicaram no século 21 –, e a Organização Mundial da Saúde (OMS) pede aos países que se esforcem para que seus sistemas de saúde façam mais partos normais, uma vez que, segundo a literatura médica, não mais de 15% dos nascimentos efetivamente requerem essa intervenção cirúrgica.

Rodrigo Pedroso/Agência PúblicaVelório da parteira Raimunda Coelho

Porém, um em cada três nascimentos no mundo ainda é feito pelas parteiras, de acordo com o Fundo de População das Nações Unidas.

Os países que conjugaram melhor tradição e modernidade apresentam melhores resultados. Na Inglaterra, um quarto dos partos de baixo risco é feito em casa e supervisionado pelo sistema público de saúde. A Holanda tem uma política que dispensa anestesia e se apoia nas parteiras em vez de médicos. Contabiliza 65% dos partos como domiciliares e um índice de cesáreas abaixo dos 15%.

No Brasil, as parteiras, mesmo quando o sistema se esforça para incluí-las, são desconsideradas pelas equipes de saúde. Em sua tese de mestrado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-AM), “O cuidado oferecido por parteiras tradicionais”, Ticiane Melo de Souza analisou estudos que tratavam dessa relação e encontrou profissionais que tendem a discriminar essas mulheres e os seus conhecimentos sobre o antes, durante e depois do parto porque rejeitam sua visão de mundo.

De geração para geração

As parteiras da Umariaçu aprenderam o ofício sem manual. Arminda Gomes diz que a prática vem de gerações na família e que começou ajudando as grávidas em Cuchillo Cocha, na margem peruana do rio Amazonas.

Estreou no ofício quando deu à luz seu primeiro filho. O marido e os irmãos tinham ido pescar. Única familiar presente na aldeia naquele dia, a sogra a abandonou. Tinha 16 anos e estava sozinha. “Me apoiei, em pé, na rede, não sabia o que fazer e nem como fazer. Me senti muito sozinha. É um rito de passagem para a mulher, por isso a gente [as parteiras] tem que estar com ela para guiar”, afirma.

Já Nazaré Gralindo credita a uma tia os ensinamentos recebidos. Teve 11 filhos, todos em casa. “Sempre com as comadres [parteiras] me ajudando. No hospital tratam mal, puxam a criança. Usam só a força do médico e deixam a mulher em segundo plano.”

A ticuna Páscoa Farias participou do primeiro parto aos 13 anos, levada pela mãe. “Demora até se acostumar, há muito sangue, choro. Homem em geral não aguenta acompanhar tudo. Tem que ter paciência e carinho. Um parto demora 7, 9, 11 horas”, diz.

As parteiras ticunas em geral articulam pouco o português, vivem em casas modestas e passam o tempo acompanhando grávidas, que às vezes lhes dão comida como forma de agradecimento. Para o governo, estão oficialmente “desempregadas”.

Os laços de parentesco as aproximaram desse mundo, mas o diploma foi dado pela comunidade, que as procura quando há algum problema. Algumas falam em “dom” para ser parteira. Todas falam em tradição. O certo é que elas atuam em uma das profissões mais antigas da humanidade.

Lourdes Firmino, que foi despedir-se da companheira Raimunda, é a líder das parteiras do Umariaçu e as representa em encontros regionais sobre o tema.

Mãe de sete ticunas, ela nasceu em uma oca no povoado de Santa Rosa, no lado peruano da fronteira.

Quando tinha seis meses, sua mãe, Margarita Carneiro, suicidou-se tomando estricnina. O pai, Humberto Firmino, era alcoólatra e batia na mãe, que se destacava pela beleza. Em dias de fúria, a proibia de sair de casa temendo ser traído. Depois do suicídio da mulher, o pai de Lourdes conheceu outra indígena, do rio Javari – um braço do rio Amazonas –, e se mudou para lá.

A criação de Lourdes ficou a cargo da avó materna. “Ela também cuidou dos filhos das minhas tias e duas crianças órfãs. Era aceitou e criou todo mundo. Acabei puxando a ela”, diz a indígena, que se perde ao datar os acontecimentos da sua vida, mas declama com facilidade o nome das árvores e folhas que encontra pelo caminho na aldeia.

A família vivia naquela época como os antepassados: sem roupas de algodão para vestir ou panelas de metal para cozinhar ou casa de madeira para morar. Subsistiam do roçado e do que conseguiam pescar nos igarapés.

Lourdes, de cabelos negros ondulados, mais alta que o marido e de mandíbula sobressalente, destaca-se das outras parteiras ticunas, miúdas e de cabelos lisos. Seus traços traem a afirmação de que ela seria dessa etnia, apesar de desconversar sobre o tema. Nem a tia revela qual a sua etnia original.

Quando Lourdes tinha 13 anos, sua avó procurou um marido ticuna para ela. Conversou com uma conhecida, que indicou o neto como par compatível. Chamava-se João Coelho Araújo, tinha 17 anos e viria a ser o homem com quem até hoje ela divide a vida.

Nem Lourdes nem João sabiam do arranjo até serem apresentados um para o outro, em 1980. “Precisava de alguém para me proteger, ensinar a criar um lar, me sustentar. Minha avó já tinha feito o trabalho dela, agora era com ele”, diz.

João narra que havia ido pescar no dia em que a conheceu e que, quando regressou, as duas famílias estavam na sala de sua casa: explicaram-lhe que eles, os mais velhos, tinham feito um acordo e que a decisão estava tomada. “Eu rejeitava a ideia, porque era uma estranha. Mas antes a tradição era assim: a mãe falou, tem que obedecer. No começo ela só chorava e me xingava. Parece história de novela”, conta rindo.

De um dia para outro Lourdes passou a morar em outro país, com outro idioma e a ter marido e sogros. “Ela só sabia espanhol, demorou um ano até começar a falar com a gente”, lembra João.

Recém saída da infância, Lourdes foi introduzida ao mundo dos nascimentos como observadora, por uma tia avó parteira, para ir aprendendo. Quando tinha 19 anos, já mulher de Joao e vivendo em Umariaçu, uma cunhada entrou em trabalho de parto e, como que não havia outras parteiras mais experientes disponíveis, precisou intervir.

Ainda que as mulheres mais velhas da sua vida lhe houvessem ensinado técnicas, Lourdes lembra que naquele dia atuou comandada sobretudo pelo instinto. “A cabeça do bebê tinha saído, foi mais rodar para puxar o ombro. Na hora não sabia, mas depois fui percebendo que você poder estar ali ajudando em um momento de vida ou morte. Poder não deixar as outras sozinhas é o que me faz gostar desse trabalho”, diz.

Rodrigo Pedroso/Agência PúblicaAs parteiras ticunas, da esquerda para a direita: Francisca, Arminda e Lourdes Concepções de mundo se chocam no hospital

Umariaçu hoje é uma extensão da área urbana da cidade de Tabatinga, que, fundada como posto militar para resguardar o lado brasileiro da fronteira ante o Peru e a Colômbia, se emancipou como município nos anos 1980.

A aldeia experimenta na atualidade o choque entre tradição e modernidade como em talvez nenhum outro lugar da Amazônia. Homologada como terra indígena em 1998, a área passa por intensa urbanização a reboque das transformações de Tabatinga, que duplicou de população neste século e agora é lar de 62 mil pessoas, segundo o IBGE.

O aeroporto marca o fim da cidade e o começo da aldeia, que, por ter se transformado em força eleitoral no município, ganhou ruas esburacadas com algo de cimento, eletricidade, casas de madeira e alvenaria. Com os benefícios sociais introduzidos pelos governos do PT nos anos 2000, chegaram a televisão de tela plana por satélite, os mercadinhos e os motores para as canoas.

No final do ano passado, a prefeitura asfaltou a estrada que liga a comunidade à avenida da Amizade, a principal de Tabatinga. Isso possibilitou a entrada do transporte público – esqueletos do que um dia foram Kombis e que andam na base da “gambiarra” – e assim a área pode ser considerada um bairro periférico de uma cidade periférica em um estado periférico do Brasil.

Naquele mesmo dia em que passamos pelo Hospital Militar, Lourdes foi à maternidade da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabatinga visitar uma gestante ticuna que deu à luz. Aproveitou para conhecer o novo coordenador do lugar.

O enfermeiro Sanderson Lima foi enviado de Manaus a Tabatinga para assumir a UPA no final do ano passado. Sua missão é mudar a imagem negativa do lugar após duas investigações do Ministério Público Federal por desvios de verbas públicas nos anos anteriores. Quatro de cada dez partos no pronto-socorro são de indígenas, segundo estimativa dele. Mas as mulheres do Umariaçu têm receio de como serão tratadas pela equipe médica – sobretudo porque acreditam que serão submetidas a uma cesariana.

“A mulher vem aqui, muitas vezes nunca foi para uma cidade, fala pouco o português, fica dois dias em uma sala toda branca, fechada. É como no filme do Capitão América, quando ele acorda pensando estar na época da Segunda Guerra Mundial, abre a porta e vê a Nova York atual. Deve ser assim que elas se sentem quando abrem a porta da maternidade”, descreve.

Para o coordenador Sanderson, a dificuldade de comunicação e a visão dos indígenas sobre a saúde e o parto são inconciliáveis com o serviço do posto. Ele advoga que deveriam ser construídos centros cirúrgicos dentro das aldeias: “Seria melhor para todos”, diz. “Os órgãos indígenas [do governo federal] jogam para a gente uma responsabilidade que é deles.”

A maternidade da UPA recebe pacientes de aldeias a cinco, seis horas de barco, gestantes de Peru e Colômbia, além das tabatinguenses. O obstetra Adolfo Araújo diz que a maioria das gestantes são adolescentes pobres e que as não indígenas preferem a cesárea, pensando que vão sofrer menos. Enquanto um parto normal pode durar 12 horas, Adolfo realiza uma cesárea em 30 minutos. Naquele plantão – que durou duas semanas – fez 32 procedimentos cirúrgicos. Três bebês morreram.

Para as ticunas, parir é um ato comunitário

Mesmo quando sabem que o parto será complicado, as ticunas preferem confiar nas indígenas mais velhas. Cada vez que a bolsa de uma grávida estoura, um parente vai até a casa de uma parteira para que ela guie o nascimento.

Dependendo do estado da mãe e do bebê, outras vão sendo acionadas, muitas vezes em ordem de idade.

Dona Francisca Tomé, que se tornou a parteira mais antiga da comunidade com a morte de Raimunda, aprendeu o ofício muito antes de saber o que era um hospital. Nascida em um braço do lado brasileiro do rio Amazonas, foi uma das primeiras indígenas a ocupar, no começo dos anos 1960, o território que viria a se chamar Umariaçu. Casou-se aos 15 anos e teve 12 filhos.

Rodrigo Pedroso/Agência PúblicaFrancisca Tomé visita Luciete do Carmo, 18 anos, e o bebê Alderson Luan, que ajudara a parir dois meses antes

No primeiro parto que assistiu, a gestante e o bebê quase morreram. Ela ainda estava entrando na adolescência, mas conservou essa imagem para sempre.

Se lhe perguntam o que deve ser feito para que o nenê fique em posição para nascer ou como agir quando o cordão umbilical enrola no pescoço, Francisca, arranhando o português, diz: “Vai sentindo na mão como está o bebê dentro da barriga, ajeitando ele com massagens, vendo onde está o cordão. É assim que faz”, afirma. Cada situação é avaliada no momento, e a resposta vem de vivências acumuladas em mais de cinco décadas no ofício. “Meu pensamento é só salvar gente. Sempre assim”, diz.

Na visão prática dessas senhoras, o que é indispensável para que as coisas corram bem são mais qualidades humanas como atenção e paciência.

Pode ser por isso que Raimunda é segura, mesmo quando a morte aparece. “Eu fico triste só, porque tento fazer tudo o que posso. Às vezes você não sabe o porquê. Ninguém sabe o que acontece quando a gente morre. Não é bom nem ruim”, reflete, aos seus 70 anos, tocando o crucifixo de madeira que leva no peito.

As parteiras vistas pelo Estado

Um estudo da Fundação Perseu Abramo constatou que em um em cada quatro partos no Brasil ocorre algum tipo de violência obstétrica, seja física ou verbal. O uso da ocitocina, o hormônio do amor, a escolha de colocar a mulher deitada na cama, sem poder caminhar, o corte chamado episiotomia e o uso do ultrassom são técnicas modernas que aumentaram o poder do obstetra sobre quando e como o trabalho será feito, da resposta da mãe e do bebê, os protagonistas da situação. É daí que vem o termo “violência obstétrica” – um termo que chegou a ser banido pelo Ministério da Saúde em maio deste ano.

O crescimento paulatino de cesarianas no país a partir dos anos 1970 levou o Ministério da Saúde a estimular o parto humanizado no SUS e, na esteira dessa tentativa, redescobriu-se a função da parteira.

Mas o governo federal ignora quantas delas existem no país e também quantos cidadãos vieram ao mundo por suas mãos. Se a gestante pare fora do hospital, o Sistema de Informações de Nascidos Vivos registra o parto como domiciliar, sem discriminação dos responsáveis. O mérito fica para a equipe de saúde responsável pela área, mesmo que um parto normal, que a parteira hoje faz de graça, custe R$ 443 para o SUS quando feito dentro do sistema.

A figura da parteira existe em todo o país, mas é nas regiões empobrecidas que elas se organizam mais em associações, como em Pernambuco, no Maranhão e, mais recentemente, no Amazonas, lar de um em cada cinco indígenas brasileiros.

A secretaria estadual de Saúde amazonense contratou há dois anos a Fiocruz para fazer o cadastro dessas mulheres e fomentar oficinas de capacitação, chamadas de encontros de troca de saberes.

O pesquisador gaúcho Julio Schweickardt trabalha para decifrar como tirar o ofício do limbo burocrático, uma vez que as parteiras estão sozinhas ante a legislação. Como são analfabetas, não fabricam dados; como não há dados, o Estado não dimensiona sua importância; como não há forma de quantificar sua importância, não há argumentos para colocá-las como agentes de saúde.

Schweickardt afirma que o cadastro está trazendo uma “valorização moral”.

“A situação hoje está indefinida. Há ações locais de valorização, mas a nível nacional o tema está engessado. Reconhecê-las como agentes de saúde comunitário requer mudar a legislação nacional básica e remunerá-las. E há muita resistência a isso”, diz ele.

O que existe atualmente são estimativas da realidade. O Ministério da Saúde acredita que devam existir cerca de 60 mil parteiras no Brasil, sendo que 40 mil delas estão na região Norte. “O saber tem que receber o selo de uma profissão para ser incorporado pelo Estado. Até para agente de saúde o requisito mínimo é o ensino médio. Transformar-se em parteira ocorre fora da sala de aula. É uma função reconhecida pela comunidade que em geral tem a ideia de dom por trás. O nó está aí”, diz Schweickardt.

Novas botas e tesouras

“Dona Lourdes, chegaram botas e tesouras para vocês. Vamos entregá-las no próximo mês, em uma cerimônia, tá bom?”, diz uma enfermeira do DSEI de Umariaçu. Fazia duas semanas do velório, e Lourdes e Francisca estavam no posto da aldeia para apresentar a filha de Raimunda como substituta da falecida no cadastro na semana seguinte ao velório. A grande notícia, no entanto, foi o calçado novo, já que as parteiras têm que andar quilômetros no escuro e na chuva para chegar às casas das parturientes.

O problema, diz Lourdes, não é andar tanto, e sim os resfriados e as dores nos pés resultantes dos atendimentos e partos. Mas, quando o marido, João, a pressiona para largar o ofício de parteira, com o argumento de que não gera renda para a casa, ela responde que ninguém deve perder pais ou filhos nessa vida, e que a mulher precisa de apoio na situação-limite que é dar à luz.

Para Lourdes, a cesariana rompe com a ideia de que o nascimento, um momento radical, tem a ver com paciência e com o contato com nossa animalidade. É isso o que ela recobra com seu trabalho. “A mulher fica deitada esperando alguém dizer o que e como tem que ser feito. O homem, que acompanha, muitas vezes não consegue nem assistir ao parto. O médico quer ir embora porque tem mais trabalho para fazer.”

“A gente nasce é da força da mãe”

Parteira, no latim, era a cum matre, a mãe que acompanha o transe da maternidade. No francês, é a sage-femme, e no alemão, a Wisefrau, as mulheres sábias.

Em ticuna, é a iraaküteeruu, pessoa para dar à luz.

Naquela madrugada, a iraaküteeruu era Vilmara. A mãe dela correu para a casa de Lourdes, que acordou no meio da madrugada para atendê-la.

Lourdes levou casca de huacapuruna para a dor, que funciona como anestésico, erva-de-santa-maria para colocar na cabeça do bebê quando nascesse e folha de bananeira para forrar o chão.

No seu quarto de tijolos nus, sem janela ou móveis, Vilmara, sentada no chão, era segurada pela mãe enquanto tinha contrações e recebia orientações da parteira. O parto correu bem e a criança, ainda sem nome, nasceu saudável.

Lourdes voltou para casa para descansar. Pouco depois, avisaram da morte da amiga. Antes de dirigir-se ao velório, retornou para ver Vilmara e dar mais instruções. A mãe estreante estava deitada no chão forrado com uma manta rosa e, cercada por um mosquiteiro, tentava dar de mamar, mas o leite não queria sair. O filho chorava e ela o embalava sem muito jeito, o que aumentava o berreiro. A parteira receitou mais um chá e saiu, para velar Raimunda.

No caminho, Lourdes confessou ao repórter que estava cansada do ofício, assim como outras parteiras. Que dona Francisca, a mais velha, havia-lhe confidenciado que deixaria o ofício até o final do ano. Que ajuda essas mulheres porque elas estão sozinhas e que logo a morte a levará, assim como fez com Raimunda. “Eu estou preparada. Um dia vão me procurar e cadê eu? Já não estarei.”

Parir, não morrer, é a prova de dor dessa vida, segundo ela. “Só quem pariu é que sabe o que é: médico não sabe, marido não sabe. A gente nasce é da força da mãe.”

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Cambio climático costará 80 millones de puestos de trabajo en 2030

IPS español - seg, 01/07/2019 - 16:36

Un trabajador de la construcción en Afganistán bajo el ardiente sol de Kabul. Crédito: PJ Tavera/OIT

Por Corresponsal Fao
GINEBRA, Jul 1 2019 (IPS)

El aumento del estrés térmico provocado por el calentamiento global se prevé que traiga consigo en 2030 pérdidas de productividad en todo el mundo equivalentes a 80 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, según un informe de la OIT divulgado este lunes 1. 

Con arreglo a esas proyecciones, basadas en un aumento de la temperatura mundial de 1,5°C para finales del presente siglo, se proyecta que en 2030 se pierda  2,2% de las horas de trabajo en todo el mundo como consecuencia del aumento de la temperatura, indica la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Ese porcentaje equivalente a los 80 millones de empleos a tiempo completo, conllevará pérdidas económicas a escala mundial de 2.400 billones de dólares.

Por otro lado, en el informe se especifica que esa estimación es conservadora, al haberse tenido en cuenta que el aumento promedio de la temperatura a escala mundial no rebasará 1,5°C.

También se ha realizado la hipótesis de que el trabajo en la agricultura y en la construcción, dos de los sectores más afectados por el estrés térmico, se realiza en lugares a la sombra.

El nuevo informe de la OIT, Working on a warmer planet: The impact of heat stress on labour productivity and decent work  (Trabajar en un planeta más caliente: El impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente) se basa en datos climáticos, fisiológicos y de empleo, y proporciona estimaciones, tanto actuales como previstas, sobre pérdidas de productividad a escalas nacional, regional y mundial.

El estrés térmico guarda relación con el aumento de calor que puede soportar el cuerpo humano sin padecer degradación fisiológica. Por lo general, esta se produce a temperaturas superiores a 35°C, en condiciones de elevada humedad.

El exceso de calor en el ámbito laboral constituye un riesgo para la salud en el trabajo, al restringir las funciones y aptitudes físicas de los trabajadores y su capacidad de trabajo, y en consecuencia, disminuir la productividad. En casos extremos puede provocar insolaciones, que podrían llegar a ser mortales.

Se prevé que el sector más afectado a nivel mundial sea el agrícola. Dicho sector cuenta con 940 millones de trabajadores en todo el mundo.

Se pronostica que para 2030, el 60% de las horas de trabajo perdidas en todo el mundo como consecuencia del estrés térmico correspondan a ese sector.

El sector de la construcción también se verá gravemente afectado, y se prevé que para ese mismo año el 19% de las pérdidas de horas de trabajo a escala mundial como consecuencia del estrés térmico se produzcan en ese sector.

Otros sectores particularmente en riesgo son los de bienes y servicios medioambientales, recogida de basura, emergencias, trabajos de reparación, transporte, turismo y deportes, así como determinadas formas de trabajo industrial.

Los efectos tendrán lugar de forma desigual en todo el mundo. Se estima que las regiones en las que más horas de trabajo se perderán serán Asia meridional y África occidental, en las que se prevé que se produzca una pérdida de alrededor del 5% de las horas de trabajo en 2030, es decir, alrededor de 43 millones y nueve millones de puestos de trabajo respectivamente.

Por otro lado, cabe destacar que los habitantes de las regiones más pobres serán los que padezcan las mayores pérdidas económicas.

Se prevé que los países de ingresos de nivel medio-bajo, o de ingresos bajos, sean los que se vean afectados de manera más adversa, especialmente por disponer de menos recursos para adaptarse eficazmente al aumento de calor.

En consecuencia, las pérdidas económicas provocadas por el estrés térmico ampliarán la disparidad económica que se da en la actualidad, en particular la tasa de trabajadores pobres, el empleo informal y vulnerable, la agricultura de subsistencia y la falta de protección social.

El estrés térmico afectará a millones de mujeres, que constituyen la mayoría de los trabajadores en la agricultura de subsistencia, y de hombres, que son la mayor parte de los trabajadores del sector de la construcción. El estrés térmico puede provocar asimismo un aumento de la migración, a raíz de la mayor cantidad de trabajadores que abandonan las zonas rurales en busca de un futuro mejor.

Los retos que plantea el cambio climático constituyen un tema primordial en la nueva Declaración del Centenario de la OIT sobre el futuro del trabajo , y determinarán su programa de trabajo e investigación.

El informe pone de manifiesto el gran alcance de las consecuencias de dichos retos con respecto a la Agenda 2030 de la ONU .

En particular, se señala que “los efectos del estrés térmico en los planos económico, social y sanitario podrían dificultar la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano y, en consecuencia, el cumplimiento de la mayor parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas”.

“La incidencia del estrés térmico en la productividad laboral es una grave consecuencia del cambio climático, que provoca asimismo otros efectos adversos, por ejemplo cambios en los regímenes de precipitaciones, aumento del nivel del mar y pérdida de biodiversidad”, según señala Catherine Saget, directora de la Dependencia del Departamento de Investigación de la OIT y una de las principales autoras del informe.

“Además de los enormes costos económicos que conlleva el estrés térmico, cabe esperar un aumento de la disparidad entre los países de bajo nivel de ingresos y los países de mayores ingresos, un empeoramiento de las condiciones de trabajo de las personas más vulnerables, y desplazamientos de población.

Con objeto de adaptarse a esa nueva realidad, gobiernos, empleadores y trabajadores deben adoptar medidas acuciantes que hagan hincapié en la protección de los más vulnerables.”

En el informe se aboga por que se redoblen los esfuerzos encaminados a la formulación, financiación y aplicación de políticas a escala nacional que permitan paliar los riesgos que provoca el estrés térmico y proteger a los trabajadores.

Cabe destacar el fomento de infraestructuras adecuadas y el desarrollo de sistemas de alerta temprana para hacer frente a los fenómenos térmicos, así como la mejora de la aplicación de las normas internacionales del trabajo, en particular en la esfera de la seguridad y la salud en el trabajo, a fin de promover la formulación de políticas que permitan hacer frente a los peligros que provoca el calor.

Los empleadores y trabajadores pueden desempeñar una función idónea para evaluar los riesgos y adoptar las medidas pertinentes en el lugar de trabajo, con objeto de que los trabajadores puedan seguir desarrollando su labor fácilmente en situaciones de elevadas temperaturas.

Los empleadores deberían proporcionar agua potable y ofrecer programas de capacitación en materia de reconocimiento y gestión del estrés térmico.

El diálogo social puede constituir un medio primordial para alcanzar un consenso en relación con los métodos de trabajo más adecuados en entornos interiores o exteriores, la adaptación de los horarios de trabajo, el uso de vestimenta y de equipos, la utilización de las nuevas tecnologías, el establecimiento de lugares situados en zonas de sombra y la realización de recesos en el trabajo.

Este  artículo fue publicado originalmente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

El artículo Cambio climático costará 80 millones de puestos de trabajo en 2030 fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Gobierno cubano responde con medidas populistas a la crisis

IPS español - seg, 01/07/2019 - 14:45

Una maestra imparte clases a estudiantes de enseñanza primaria, en una escuela en la ciudad de Baracoa, en la oriental provincia de Guantánamo. Los docentes y otros empleados del aparato público del Estado de Cuba se benefician desde este mes de julio del incremento salarial decidido por el gobierno. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jul 1 2019 (IPS)

Para enfrentar la grave crisis que atraviesa Cuba, su gobierno decidió un aumento salarial para el vulnerable sector presupuestado, el de los trabajadores de la administración central del Estado, dentro de un paquete de nuevas medidas destinadas a continuar las reformas e impulsar la deprimida economía local.

Con reacciones que van desde la aprobación hasta el escepticismo, pero siempre con preguntas en las redes sociales y comentarios en sitios digitales informativos, la ciudadanía cubana recibió la noticia sobre las nuevas medidas el 27 de junio, dada por el presidente, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de Twitter y quien brindó más elementos al día siguiente en la televisión estatal.

Aún falta conocer al detalle las 30 medidas en 16 áreas de la economía, que pudieran trascender en dos emisiones del programa Televisivo Mesa Redonda Informativa, anunciadas para el martes  2 y el miércoles 3 de julio, con la comparecencia de varios ministros.

Hasta ahora el cambio más explicado es el incremento salarial a 1.470.736 trabajadores presupuestados por el Estado y conforman el aparato público, que es efectivo a partir de este mes de julio y llegará a los bolsillos en agosto. Por ejemplo, Los profesores de bachillerato ganaban el equivalente a 22 dólares (555 CUP, el peso cubano) y ahora percibirá más de 56 dólares (1.400 CUP).

“Considero que esta medida tiene un impacto social altamente positivo”, dijo a IPS la maestra Kruskaia Masa, quien imparte clases en una escuela primaria de la capital desde hace 40 años.   Más allá del beneficio personal, “tengo la esperanza de que contribuya a frenar el éxodo laboral en el sector educacional”, agregó.

Masa explicó que muchos profesores abandonaron sus puestos en busca de mayores ingresos en sectores como el turismo o el trabajo privado. “Ojalá este aumento de las remuneraciones estimule a la reincorporación de esos colegas al magisterio y también crezca el interés de jóvenes por nuestra profesión”, subrayó.

En este país caribeño de gobierno socialista, el Estado sigue siendo el principal empleador, que contrata a 3,1 millones de los 4,5 millones de personas ocupadas. Y los 1,4 millones restantes, trabajan en el sector privado y cooperativo, que están limitados a determinadas actividades.

Dentro del empleo estatal, 52 por ciento labora en empresas estatales con una política salarial que depende de los resultados, mientras que 48 por ciento trabaja en unidades del aparato público incluidas en el presupuesto, caracterizadas por bajos sueldos fijos que ahora se han elevado.

Aunque todavía resulta insuficiente para eliminar la brecha entre salario y costo de la vida, las y los trabajadores de los tribunales, educación y salud pública, órganos de gobierno, medios de comunicación, cultura y deporte, entre otros, tenían un salario mínimo del equivalente a nueve dólares, que aumentó a 16 dólares.

El segmento que sostiene servicios gratuitos para la población de 11,2 millones de habitantes, como los de la salud y la educación, había quedado desprovisto desde que en junio de 2014 sucedió el último aumento salarial masivo a los más 440.000 trabajadores del ramo sanitario.

Con el nuevo paquete de medidas, Díaz-Canel prosigue las reformas económicas y sociales iniciadas por el gobierno de Raúl Castro (2008-2018), que el actual mandatario reiteró que continuaría y a las que ahora parece darles impronta propia.

Un cartel gigante, en una calle de la ciudad de Cienfuegos, en el sur de la región Central de Cuba, con las imágenes de Fidel Castro, Raúl Castro y el actual presidente, Miguel Díaz-Canel, los tres líderes que han gobernado el país desde el triunfo de la Revolución en 1959. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Un cambio de salario era imprescindible para el sector presupuestado, sobre todo para la salud y educación. El éxodo de trabajadores de esas áreas es muy alto y son la base de la sociedad”, dijo a IPS la contadora María Antonia Lemes, que vive en la provincia de Mayabeque, colindante con el este de La Habana.

Lemes trabaja en una empresa estatal que presta servicios a la agricultura cañera y gana por los resultados alcanzados.

A estas entidades se enfocan algunas medidas del paquete anunciado por Díaz-Canel para enfrentar la recaída económica, que comenzó en 2016 por los recortes de suministro de petróleo de Venezuela y atraviesa una etapa grave por deficiencias internas y el regreso de las hostilidades de Estados Unidos.

En los últimos meses, la población cubana sortea escasez de medicamentos y alimentos.

“Como empresa, tenemos muchos límites: a veces los planes son incumplibles y los indicadores inalcanzables”, puso como ejemplo Lemes. “Si la empresa estatal va a tener más autonomía, quizás tenga más eficiencia y productividad, y por tanto mayores ingresos para los trabajadores”, relacionó.

Trascendió que las medidas buscan además incrementar las producciones nacionales, diversificar e incrementar exportaciones, fomentar encadenamientos productivos y la empresa estatal, autoabastecimiento municipal, proyectos de desarrollo local, inversiones circulación mercantil minorista, producciones agropecuarias y vivienda.

A su manera, la contadora Lemes se refirió a frenos en la economía cubana señalados por décadas por economistas.

Un trabajador por cuenta propia muestra billetes de pesos (CUP) y pesos convertibles (CUC), en un agromercado de La Habana. La unificación monetaria es una de las metas sin cumplir dentro de las reformas que comenzaron a aplicarse en Cuba en 2008 y a las que ahora el presidente Miguel Díaz-Canel suma un nuevo paquete de medidas. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Las medidas aprobadas responden a la lógica de que una de las posibles maneras de solventar la fuerte crisis que vive el país es desatando algunos de los nudos que estaban limitando la producción”, explicó a IPS el economista Omar Everleny Pérez.

En ese grupo, el especialista identificó el aumento salarial y los cambios para “empoderar a los directivos empresariales cubanos”,  que “tenían poco margen por la hipercentralización existente en el país”, a pesar de que la empresa estatal controla la economía.

Otra arista poco abordada de las medidas es su efecto positivo de cara a la unificación monetaria y cambiaria, un asunto pendiente en un país con varias tasas de cambio y la circulación de dos monedas: una fuerte equivalente al dólar denominada peso cubano convertible (CUC) y otra débil, el CUP.

“Todo indica que el paquete aprobado podría ir creando las bases para el fortalecimiento del CUP”, remarcó Pérez. “Ese sería un buen comienzo para avanzar hacia una única moneda, aunque falta por resolver las tasas cambiarias diversas, algo que es mucho más importante”, continuó.

El economista calificó las propuestas de “buenas medidas”, pero alertó que “para crecer a las tasas necesarias se necesitarían medidas más profundas como la implementación de las pequeñas y medianas empresas privadas, que se permita importar y/o exportar a todos los actores económicos y la creación de mercados mayoristas, entre otras”.

Con una ciudadanía cada vez más empoderada gracias a un mejor acceso a Internet, muchas personas preguntan a las autoridades cómo harán para evitar un aumento de la inflación cuando suban los salarios en el actual panorama de desabastecimiento, cómo se van a complementar las medidas y en qué tiempo se implementarán.

Las reformas del país de gobierno socialista parecen acelerarse pues, el 27 de junio, fue publicado en la Gaceta Oficial de la República del Decreto Ley No. 373 “Del Creador Audiovisual y Cinematográfico Independiente”, que responde a algunos de los reclamos reiterados de reconocimiento de cineastas independientes.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Derechos indígenas aportan soluciones a la crisis del cambio climático

IPS español - seg, 01/07/2019 - 13:23

El Foro Global de Paisajes 2019, celebrado en la ciudad alemana de Bonn, se centró en cómo dar a los derechos sobre la tierra la visibilidad necesaria para demostrar que un enfoque basado en los derechos, en particular los de los pueblos indígenas, aporta soluciones a la crisis del cambio climático. Crédito: Pilar Valbuena/GLF

Por Friday Phiri
BONN, Jul 1 2019 (IPS)

El Foro Global de Paisajes 2019, celebrado en la ciudad alemana de Bonn, impulsó un nuevo enfoque a favor de un futuro más inclusivo y sostenible, a través del establecimiento de derechos seguros y adecuados para todos, comenzando por los mayores guardianes y protectores de la naturaleza: los indígenas.

El 22 y 23 de junio, unos 600 expertos, líderes políticos, organizaciones no gubernamentales y pueblos y comunidades indígenas se reunieron en el GLF, la sigla en inglés del Foro, para deliberar sobre una metodología que enfatiza los derechos de los pueblos nativos y las comunidades locales en la gestión y la preservación de los paisajes.

El foro se realizó junto con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), durante la Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático, realizada entre el 17 y el 27 de junio.

El foro se centró en dar a los derechos sobre la tierra la visibilidad necesaria para mostrar que un enfoque de derechos es parte de la solución al fenómeno del cambio climático y para desarrollar un “estándar de oro” para los derechos indígenas al respecto.

Se cree que los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes son los administradores ambientales más importantes del mundo, pero también se encuentran entre los grupos más amenazados y criminalizados con poco acceso a los derechos.

“Estamos defendiendo el mundo, para cada uno de nosotros”, dijo Geovaldis González,  un líder campesino indígena de la ecorregión de Montes de María, en la costa del Caribe colombiano.

Pero industrias como la de los combustibles fósiles, la agricultura a gran escala, la minería y otros no solo ponen en peligro los paisajes, sino también las vidas de las personas en ellos.

Ya este año, dijo González, su región fue testigo de 135 homicidios de defensores ambientales y activistas, y agregó que el día antes del inicio de la GLF un líder local fue asesinado frente a un niño de 9 años.

Según las Naciones Unidas, la tierra que pertenece a los 350 millones de miembros de pueblos indígenas de todo el mundo es uno de los escudos más poderosos contra el cambio climático, ya que contiene 80 por ciento de la biodiversidad del mundo y captura cerca de 300.000 millones de toneladas métricas de carbono.

Es por esta razón que ante la urgencia de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la creciente amenaza climática, los debates sobre  el futuro global han comenzado a poner de relieve el hecho de que la relación y cosmovisión  de los pueblos indígenas con el mundo natural no solo son cruciales para su preservación, sino para la de toda la población.

La redacción de ese nuevo estándar de oro de derechos fue encabezada  por el Grupo Principal de Pueblos Indígenas para el Desarrollo Sostenible  (IPMG, en inglés) y la Iniciativa de Derechos y Recursos, durante los meses previos al GLF 2019.

Panorama del auditorio donde se celebró el Foro Global de Paisajes 2019. Crédito: GLF

Los debates y talleres del GLF 2019 sirvieron como un debate abierto y profundo sobre el borrador del documento final de los estándares, que debe estar listo a fines de este año, y que será la nueva guía concreta de principios y derechos para organizaciones, instituciones, gobiernos y el sector privado.

Esto incluye los derechos de consentimiento libre, previo e informado; la igualdad de género; respeto al patrimonio cultural; y educación.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Vicky Tauli-Corpuz, dijo que los territorios administrados por pobladores originarios que tienen sus derechos garantizados, presentan tasas de deforestación más bajas, mayores niveles de biodiversidad y mayor almacenamiento de carbono que las tierras de las áreas protegidas por el gobierno.

Pero Diel Mochire Mwenge, quien dirige el Programa de Iniciativa para el Desarrollo de Pygme en la República Democrática del Congo, una de las comunidades forestales indígenas más grandes de África central, dijo que ha sido testigo de la expulsión de más de un millón de personas. Parque nacional donde han vivido durante mucho tiempo.

Explicó que no se les había dado beneficios de las industrias ecoturísticas que se habían incorporado para reemplazarlos y que se habían quedado luchando para encontrar nuevas fuentes de ingresos.

“Nuestra identidad está siendo amenazada, y debemos evitar ser erradicados por completo”, dijo Mwenge.

Gladson Dungdung, un activista de India,  dijo que si prospera finalmente una enmienda a la Ley de Derechos Forestales de su país, actualmente en revisión por el Tribunal Supremo,  podría ver a 7,5 millones de pueblos indígenas desalojados de sus bosques nativos.

También afectaría la vida de al menos a 90 millones de personas que dependen de esos recursos forestales para su sobrevivencia, dijo el representante de la región india de Jharkhand, cuyos padres fueron asesinados en 1990 por participar en un caso judicial por una disputa sobre la tierra.

La enmienda, dijo Dungdung, también le daría poder absoluto a la guardia forestal nacional. Si un guardia viera a alguien que usara el bosque para la caza o la recolección de madera, podría disparar legalmente a la persona que estuviese realizando esas actividades, explicó.

“Los pueblos indígenas están justo en la primera línea de la lucha real y peligrosa por los bosques del mundo”, dijo el actor y activista de los derechos indígenas Alec Baldwin en un video dirigido a los participantes del GLF 2019.

La iluminación de las velas, una ceremonia que simboliza respeto a los diferentes elementos que incluyen el sol, la noche, los lugares fríos, el aire, el cosmos y la Madre Tierra, escenificada durante el Foro Global de Paisajes 2019, en la ciudad alemana de Bonn. Crédito: Pilar Valbuena/ GLF

Lo defensores de los derechos indígenas “son los superhéroes del movimiento ambiental”, insistió Jennifer Morris, presidenta de Conservación Internacional (CI), quien criticó que pese a este reconocimiento generalizado no se escuche a los pobladores originarios salvo que se conviertan en víctimas.

Morris planteo ante la GLF: “¿Por qué no escuchamos sobre estos líderes hasta que se hayan convertido en mártires por esta causa?”

Los ejemplos de intimidación, criminalización, desalojo y dificultades compartidos durante el GLF mostraron claramente lo que los pueblos indígenas y las comunidades locales atraviesan para preservar los bosques o los “pulmones de la tierra”.

El enfoque de derechos, de acuerdo con los convocantes del GLF, tiene como objetivo fortalecer el respeto, el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales como administradores y portadores de soluciones para la restauración, conservación y uso sostenible del paisaje.

También apunta a terminar con la persecución de los defensores de la tierra y el ambiente; crear asociaciones para mejorar la participación y el apoyo para los enfoques basados ​​en los derechos para paisajes sostenibles a través de escalas y sectores.

Además, incluye medidas para incrementar los esfuerzos para reconocer legalmente y asegurar los derechos colectivos de la tierra y los recursos a través de los paisajes.

“Al implementar un estándar de oro, podemos defender y proteger los derechos humanos y desarrollar iniciativas de conservación, restauración y desarrollo sostenible que asuman el papel clave que los pueblos indígenas y las comunidades locales ya están jugando para proteger nuestro planeta”, dijo Joan Carling, coordinador de IPMG.

Para la IPMG,  las comunidades indígenas y locales son portadoras de derechos y soluciones a desafíos comunes.

“Esto permitirá la asociación que necesitamos para allanar el camino hacia un futuro más sostenible, equitativo y justo”, agregó Carling.

El director general del Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor, en inglés), Robert Nasi, dijo que cuando se reconocen los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas, existen beneficios significativos en la lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental.

“Quienquiera que controle los derechos sobre estos paisajes tiene un papel muy importante en la lucha contra el cambio climático”, dijo.

En la vinculación entre desarrollo y mitigación y adaptación al cambio climático, en el GLF se destacó el alera de que el avance depende de  garantizar los derechos y libertades sobre la tierra de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los sectores campesinos marginados.

¿Cómo se puede esperar que estos custodios de una cuarta parte de la superficie terrestre del mundo cuiden sus tierras tradicionales si las tierras, de hecho, no les pertenecen; O, peor aún, si están criminalizados y en peligro de extinción por hacerlo? Esas fueron algunas incógnitas que sobrevolaron sobre el GLF.

Los principios básicos de un “estándar de oro” ya existen, como el consentimiento libre, previo e informado, según Alain Frechette, de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, en inglés). El Convenio  169 sobre pueblos indígenas y tribales, de la Organización Internacional del Trabajo, ya contempla ese derecho para los pueblos originarios desde 1989.

Lo que ha faltado, dijo, es la aplicación de tales principios que a su juicio podrían ser impulsados por declaraciones de alto nivel, que supondrían “impulsar una carrera hasta la cima”.

T: MF

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Deixar de publicar informações vazadas é trair o jornalismo

Pública - seg, 01/07/2019 - 12:56

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O vazamento de conversas privadas entre membros da Lava-Jato e o agora ministro da Justiça Sergio Moro ao site Intercept trouxe de volta uma questão fundamental ao jornalismo atual que parecia estar dormente nos últimos anos. Surgiram notícias dizendo que o vazamento teria relação com o hackeamento de celulares de procuradores e jornalistas. O Intercept, por sua vez, diz que a fonte é anônima. “Nunca falamos nada sobre nossa fonte, incluindo como eles conseguiram obter esses documentos incriminatórios”, escreveu Glenn.

Mas o debate voltou a toda: um jornalista deve ou não usar conteúdo hackeado como base de reportagens?

Lembro bem de quando tivemos essa discussão pela primeira vez aqui na redação da Pública. Era o ano de 2012 e havíamos recebido do Wikileaks um vazamento massivo de emails internos da empresa de inteligência estratégica Stratfor (O que faz a Stratfor? Prevê guerras e golpes de Estado através de boletins e consultorias contratadas por militares do mundo todo. Funciona quase como um serviço de inteligência privado).

A sensação de ler aquelas conversas era, para dizer o mínimo, desconfortável. Nelas, os analistas riam de líderes globais, brincavam uns com os outros e adotavam apelidos pejorativos para seus próprios clientes. Eu me sentia como se estivesse me intrometendo em um mundo privado, alheio ao meu, ao qual talvez não devesse ter acesso.

Naquele caso, decidimos publicar apenas o que interessava: embora mantenha relações com militares e serviços de inteligência de diversos países, uma das analistas da Stratfor foi recebida com pompa e circunstância no gabinete do GSI, com direito a receber informações confidenciais de funcionários do GSI que são negadas até mesmo aos brasileiros.

Depois disso, o caso mais estrondoso de hackeamento de comunicações privadas foi, claro, o dos e-mails do comitê do partido democrata, publicados pelo Wikileaks às vésperas das eleições americanas de 2016. Entre outras coisas, eles revelaram que o partido promoveu a candidatura de Hillary Clinton em detrimento do segundo candidato, Bernie Sanders. O comitê teve de pedir desculpas publicamente a Sanders.

Lembrando desses episódios, fica patente que o debate chega ao Brasil com bastante atraso.

É claro que serviços de segurança, inteligência, militares, procuradores e policiais vão dizer que não se deve usar conteúdo secreto ou hackeado. Também é inegável que qualquer informação proveniente de um expediente desses, assim como qualquer documento ou “dossiê” confidencial que chega à mesa de um jornalista, anonimamente ou com fonte em off, terá sempre um interesse por trás. Tem visão, tem lado, tem até lucro – ou prejuízo alheio – na jogada.

Mais do que isso: o analista estratégico espanhol Pedro Baños, lista o hackeamento de informações sensíveis por Estados e atores não estatais – e seu posterior vazamento a jornalistas – como mais uma modalidade de guerra não convencional adotada por nações distintas, ao lado da guerra econômica e da propaganda estatal disfarçada na imprensa.

Hoje, todo jornalista que se preze deve ter tudo isso em conta quando recebe e analisa um material vazado, até porque isso o ajudará a entender o contexto da própria reportagem e o papel do jornalismo.

Mas não há nenhuma dúvida do que ele deve fazer em seguida: checar a veracidade, analisar o conteúdo, separar o joio do trigo, e publicar tudo o que a população deve saber, com o devido contexto e o contraditório.
Qualquer coisa a menos seria uma traição ao dever do jornalismo, que é, justamente, buscar compreender a verdade a dar transparência a ela. A essência do nosso trabalho sempre foi e sempre será uma só: publicar, trazer ao público.

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