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La brecha digital empobrece la democracia en América Latina

IPS español - qui, 16/05/2019 - 12:25

La colombiana Amalia Toledo presenta la campaña antimachista latinoamericana para medios digitales Alerta Machitroll, el 15 de mayo, en una conferencia previa al Foro de Internet de Estocolmo, el SIF 2019, realizada en la sede de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Crédito: Ivet González/IPS

Por Ivet González
ESTOCOLMO, May 16 2019 (IPS)

América Latina dejó de priorizar la reducción de la brecha digital, en una región donde apenas 44 por ciento de los hogares tienen Internet, lo que provoca una desigualdad más preocupante aún, la democrática, según organizaciones sociales congregadas en un foro internacional en la capital sueca.

“Ya no es prioridad y, desafortunadamente, cuando se le menciona, se hace desde su ángulo económico y no desde todos los otros donde el acceso a Internet es esencial para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales”, dijo a IPS la abogada guatemalteca Renata Ávila, participante en la capital sueca en el SIF 2019.

Esas son las siglas en inglés del Foro de Internet en Estocolmo, una plataforma apoyada por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo que aboga por una red de redes libre, abierta y segura para el desarrollo, que en su edición de dos días de este año ha acogido a más de 500 participantes de todo el mundo.“Si ni siquiera se cuenta con acceso a Internet, tampoco se puede avanzar en una agenda de derechos en los grupos socioeconómicos en desventaja, como las mujeres, que son las más desconectadas”: Renata Ávila.

“El principal reto es el declive de la democracia”, dijo este jueves 16, en la inauguración del SIF 2019,  Margot Elisabeth Wallström, ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, quien hizo un balance global de los problemas en materia de derechos humanos, acceso, equidad, libertad de expresión y activismo, además de los avances en la era de Internet.

Entre la amplia participación latinoamericana en el foro, estuvo Ávila, quien compartió los resultados del trabajo de la Fundación Ciudadanía Inteligente, de la que es directora ejecutiva.

Con sedes en Santiago de Chile y Río de Janeiro, esta fundación promueve un uso ciudadano de Internet en 17 de los 33 países de la región catalogada como la más desigual del planeta.

“Detectamos en la región que, unido al abandono de la lucha contra la brecha digital, se está creando una nueva brecha, que es la democrática”, remarcó la especialista.

Como ejemplo, remarcó el hecho de que “las campañas electorales están pasando totalmente a ‘online (en línea)’… en pueblitos donde antes llegaba al menos un cartelito, ya no llega nada”.

“Cuando ya no existe la misma información disponible para el electorado ‘offline (fuera de línea)’ y online  hay nuevas desigualdades debido al acceso distinto a información crucial para el destino político de cada persona”, evaluó la directiva de Ciudadanía Inteligente, que investiga el efecto de la brecha de Internet en las elecciones.

Ávila alertó que  “si ni siquiera se cuenta con acceso a Internet, tampoco se puede avanzar en una agenda de derechos en los grupos socioeconómicos en desventaja, como las mujeres, que son las más desconectadas”, antes de detallar que las mujeres indígenas y negras resultan las más afectadas.

Especialistas latinoamericanos consultados por IPS en el foro coincidieron en que el problema ahora mismo en la región con respecto al acceso a Internet, depende de que los gobiernos y las empresas inviertan en infraestructura para llegar a más lugares y con mejor calidad, además de que se subsidie el servicio para franjas poblaciones en situación de desventaja.

“Nadie menciona algo que es evidente: los gobiernos y las empresas que están concesionadas tienen que invertir en infraestructura”, sostuvo Eliana Quirós, que coopera con organizaciones como Más y Mejor Internet para Bolivia, dedicada a elevar la infraestructura para este servicio básico en ese país andino.

Participantes en el Foro de Internet de Estocolmo, el SIF 2019, reciben consejos sobre seguridad informática durante el encuentro que ha congregado a 500 especialistas llegados de todo el mundo, y que ha acogido el 16 y 17 de mayo el City Conference Center de la capital sueca. Crédito: Ivet González/IPS

 

Las compañías de telefonía presentes en la región ya llegaron a los clientes que pueden pagar Internet, por lo que extender las capacidades no resulta rentable para ellas, comentó la especialista boliviana.

“Ahora depende de generar presión: los gobiernos tienen que invertir en infraestructura, pero falta un poco de conciencia ciudadana sobre la ventaja de estar en Internet”, evaluó.

Para Quirós, existen otros factores que atentan contra la respuesta a la brecha digital. “Tampoco se agenda como prioridad porque ya no es un problema muy grande en los países del Norte, que son los que financian iniciativas de sociedad civil en el Sur”, valoró.

De los 3.700 millones de usuarios de Internet que hay en el mundo actualmente, 10 por ciento corresponden a América Latina, con 386 millones de personas conectadas de sus 632,24 millones de habitantes, según un informe realizado por la española Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas.

Esta investigación concluyó que la pobre infraestructura y el limitado acceso a un servicio de alta velocidad frenan la creatividad y la innovación en el espacio digital.

“Esa es la otra cara de la brecha: la falta de habilidades para que, una vez que estás dentro de Internet, saber cómo navegar, o postear, y hacerlo con seguridad. También se necesita generar ambientes que promuevan que el uso de Internet sea creativo y sostenible”, destacó.

Solo 27 por ciento de la población latinoamericana y caribeña está cubierta por redes 4G, que son las que permiten la mayor velocidad de conexión, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que insta a modernizar la gobernanza de las telecomunicaciones y reducir la brecha para impulsar el desarrollo.

La entidad interamericana calcula que un aumento de 10 por ciento en la penetración de servicios de banda ancha en América Latina y el Caribe traería asociado un incremento promedio de 3,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) y una mejora de la productividad de 2,6 puntos porcentuales.

Este pudiera ser un argumento más para ejercer presión en los gobiernos de una región en desaceleración económica, con proyecciones de crecer solo 1,3 por ciento en 2019, entre otras causas, por su fuerte dependencia de la producción de materias primas y escasa participación en la innovación digital.

El BID, en su estudio La Gobernanza de las Telecomunicaciones. Hacia la Economía Digital, publicado en 2018,  constató que hay niveles de desarrollo muy dispares dentro de la región.

Mientras en el Caribe prácticamente no hay 4G, la cobertura en el Cono Sur cubre de 36 por ciento de la población, en América Central llega a 22 por ciento y en los países andinos a 20 por ciento, es uno de los ejemplos de disparidades evidenciadas.

“La brecha digital en la región es innegablemente grande, con desigualdades entre países y dentro de los países, entre las zonas urbanas y rurales, y entre grupos socioeconómicos también”, sostuvo la abogada colombiana Amalia Toledo, de la Fundación Karisma, que promueve los derechos humanos en el universo digital.

“Hay problemas de infraestructura, recursos y aproximaciones: no se está hablando sobre cómo hacer una conexión efectiva, donde internet sea una herramienta de participación ciudadana”, amplió.

La activista digital se lamentó de que “aunque hay políticas en casi todos los países que tratan de cerrar la brecha digital, muy pocas tienen enfoque de género”.

Toledo presentó en SIF 2019 la experiencia de la campaña para medios digitales que desde 2015 despliega llamada “Alerta Machitroll”, que usa el humor para sensibilizar sobre el machismo y la violencia que sufren las mujeres hasta en los espacios digitales, con base en un estudio que realizaron en 10 capitales latinoamericanas.

La campaña, que se enfoca en Colombia pero ha sido bien acogida en otros países de la región, incluido Brasil, ayuda a las mujeres a que identifiquen y sepan cuidarse de la violencia machista en Internet, además de crear respuestas para sensibilizar a los hombres.

Con intercambios de experiencias y conferencias, SIF 2019 se focalizó en esta edición en el tema central de “La reducción del espacio demócrata en línea: movilizarse para una Internet libre, abierta y segura”, que incluyó una pequeña feria de proyectos, como una clínica de seguridad informática.

Edición: Estrella Gutiérrez

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La devastadora epidemia de crimen e inseguridad en América Latina

IPS español - qua, 15/05/2019 - 20:00

Dos mujeres conversan con dos agentes de seguridad en San Salvador. Crédito: PNUD El Salvador

Por Luis Felipe López-Calva
PANAMÁ, May 15 2019 (IPS)

El desarrollo es un proceso desigual, acompañado de resultados heterogéneos entre sectores, entre regiones y entre grupos de ingresos. Dicho proceso, como fue elegantemente establecido por Albert Hirschman hace más o menos 60 años, genera tensiones frecuentes y exige la retribución de recursos y poder.

En este sentido, el conflicto es inherente al desarrollo.

Los resultados en el largo plazo, en términos de prosperidad, equidad y paz siempre dependerán de la forma en que dichas tensiones se procesen.

De hecho, como se resuelven tales tensiones depende de la forma en que los actores interactúan; depende de una gobernanza efectiva. Si las tensiones se resuelven mediante la exclusión sistemática de algunos grupos, es más probable que la inequidad y la violencia caractericen a las sociedades.

Luis Felipe López-Calva, director regional del PNUD. Crédito: PNUD

En América Latina y el Caribe, ciertamente vemos la violencia se ha convertido en un mecanismo de adaptación a estas tensiones y en una manera de procesar conflicto.

El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano” mostró la manera en la cual la delincuencia y la inseguridad comprometen el desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC).

El crimen deteriora en bienestar de los ciudadanos y frena el crecimiento económico (Enamorado et al, 2013). A pesar de recientes progresos en la seguridad ciudadana y disminuciones marginales en la violencia, ALC continúa siendo la región más violenta en el mundo.

De hecho, un informe publicado recientemente por el Instituto Igarape indica que, si bien América Latina es el hogar de ocho por ciento de la población mundial, 33 por ciento de todos los homicidios se cometen en esta región.

Además, 17 de los 20 países con las tasas de homicidio más altas del mundo se encuentran en ALC.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica más de 10 homicidios por 100.000 personas como una epidemia, el promedio regional de homicidios en ALC fue de 24 por cada 100.000 en el 2016, y se redujo marginalmente a 21,6 en el 2018.

Como se muestra en la figura de abajo, las tasas de homicidios en la región y en particular para algunos países en América Central y el Caribe, son mucho más altas que aquellas en países con niveles similares en el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante. 

Por ejemplo, Honduras y Congo tienen tasas similares de PIB por persona, sin embargo, Honduras sufre 56,6 homicidios por cada 100.000 habitantes mientras que Congo sufre 9,3.

De igual manera, mientras que México sufre cerca de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, Montenegro, con un PIB por persona similar sufre 4,5. En Brasil la tasa de homicidios alcanza los 30 por 1.000 habitantes, mientras que en Líbano es de cuatro.

¿Qué explica estas altas tasas de delitos violentos en ALC?

Villalta, Castillo y Torres ofrecen un panorama de las teorías existentes para responder a esta pregunta en la región.

La óptica económica sostiene que los individuos sopesan los costos (de los posibles castigos) y los beneficios para decidir si se involucran en la delincuencia o no.

La perspectiva socio-estructural considera que las fluctuaciones en la delincuencia y la violencia son el resultado de cambios en las estructuras sociales, culturales e institucionales.

Esta teoría respalda la idea de que los aumentos en las tendencias delictivas son una consecuencia de cambios en las condiciones del mercado laboral, marginación y crisis económicas.

La perspectiva política sostiene que el reciente progreso en los países ALC, tales como las transiciones hacia la democracia, cambios en las agendas políticas o incluso la “Guerra Contra las Drogas”, han debilitado el control gubernamental y ha dejado a gobiernos locales ineficientes a cargo de la protección civil.

Finalmente, la teoría de la desorganización social sostiene que los comportamientos delictivos y antisociales son aprendidos mediante procesos de socialización del mismo modo que el lenguaje, roles y expectativas sociales.

Según este enfoque, las áreas que están dentro de ciudades caracterizadas por bajos niveles de ingresos, diversidad racial e inestabilidad residencial, son más propensas a experimentar desorganización social.

Dependiendo del contexto del país, una combinación de estas teorías ayuda a explicar el crimen en ALC.

 

Investigaciones empíricas respaldan las diferentes teorías: la sensación de impunidad en algunos países alienta a los infractores de la ley a participar en actividades delictivasla falta de confianza en la policía y los sistemas de justicia en ocasiones impide que las víctimas reporten los crímenes. Además, no es inusual que policías corruptos colaboren con el crimen organizado en algunos países por dinero o miedo.

El apoyo a la violencia extralegal es considerablemente más alto en sociedades donde los sistemas políticos existentes reciben poco apoyo; y la falta de oportunidades económicas tiene un rol puesto que se ha detectado que existe una correlación fuerte entre la delincuencia y el desempleo juvenil.

La evidencia también demuestra el impacto que tiene la desigualdad en el crimen (el caso de México es estudiado por Enamorado et al, 2016).

Como ya he mencionado, el pavimento del desarrollo en ALC requiere de una gobernanza efectiva como precondición para mejorar la productividad, inclusión y resiliencia.

La gobernanza efectiva consiste en crear oportunidades socioeconómicas, en el fortalecimiento de instituciones y fomento de la seguridad ciudadana.

Estas son tareas desafiantes según lo indican estas cifras. Iniciativas basadas en evidencia tales como Infosegura, la cual apunta a promover y mejorar la calidad de la información sobre seguridad ciudadana en la región, son instrumentos de política pública esenciales para abordar este desafío.

RV: RG

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Aumentan trabajo autónomo e informalidad en América Latina

IPS español - qua, 15/05/2019 - 16:13

El trabajo informal y por cuenta propia crece en América Latina. Crédito: OIT

Por Corresponsal Fao
SANTIAGO, May 15 2019 (IPS)

La expansión del trabajo por cuenta propia, el surgimiento de nuevas formas de trabajo intermediadas por plataformas digitales y, en varios países, una mayor informalidad del empleo asalariado, indican nuevos retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe.

Así lo señalan la a Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una nueva edición de su publicación conjunta Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe.

Según el documento, dfundido el martes 14, debido a la baja tasa de crecimiento económico proyectada para 2019 (1,3% promedio de la región), a nivel regional las tasas de ocupación y desocupación no registrarán grandes cambios durante 2019.

Específicamente, las tasas de desocupación urbana y nacional se ubicarían de nuevo alrededor de un 9,3% y un 8,0%, respectivamente (mismas cifras anotadas en 2018). Asimismo, con la excepción de los países con fuerte presión inflacionaria, los salarios reales seguirán relativamente estables, predominando situaciones con aumentos modestos.

Sin embargo, el débil crecimiento económico incidiría nuevamente en una lenta generación de empleo asalariado por lo que se prevé que aumentarán los trabajos de mala calidad media, especialmente cierto tipo de trabajo por cuenta propia, que contribuirá con gran parte de los nuevos puestos que se generen.

Por lo tanto, los organismos de las Naciones Unidas temen que seguirá en aumento la informalidad laboral, tanto por la debilidad en la generación de empleo asalariado, como por la informalización de empleos existentes en algunos países.

En consecuencia, es de suponer que la situación laboral se deteriorará, sobre todo en países que en 2019 pasen por una crisis económica, como Argentina, Nicaragua y Venezuela.

En el análisis del desempeño laboral de la región en 2018 se destaca una reducción de las brechas entre hombres y mujeres en relación con las tasas de participación y ocupación, pero no así en la tasa de desocupación, y el aumento del trabajo femenino se da en circunstancias en que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo son de mala calidad.

En tanto, la expansión del trabajo por cuenta propia contribuyó aproximadamente en 49% al aumento del número de ocupados en el mercado laboral el año pasado, mientras que la generación de empleo asalariado aportó solo un 37%.

Otras categorías de ocupación contribuyeron el 14% de nuevos empleos restantes.

Esta composición de la generación neta de empleo durante 2018 indica que la mayor parte representa trabajo de baja calidad, con lo cual se constataría un nuevo deterioro de la calidad media del trabajo en la región, señalan.

En la Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, CEPAL y OIT afirman que en el horizonte de un mediano o largo plazo como el que establece la Agenda 2030, los avances hacia el cumplimiento del ODS 8 se ven afectados por una serie de tendencias que tendrán un impacto profundo en los mercados laborales.

Ese ODS busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Entre las tendencias que impactan su cumplimiento, destacan el acelerado envejecimiento, los grandes movimientos migratorios y la transformación de la estructura productiva para alcanzar un crecimiento ambientalmente sostenible.

Otra tendencia que está afectando los mercados laborales en la región –y lo va a hacer de manera aún más fuerte en el futuro– son las transformaciones tecnológicas, caracterizadas como cambio tecnológico 4.0, agrega la publicación.

Recientemente, bajo la orientación “encauzar y administrar la tecnología en favor del trabajo decente”, la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo convocada por la OIT ha destacado la relación entre las nuevas tecnologías y el trabajo como uno de los aspectos que requieren un esfuerzo renovado de diálogo y de regulación.

A nivel regional, en tanto, la CEPAL coordina las Conferencias Ministeriales sobre la Sociedad de Información de América Latina y el Caribe, en cuyo marco se promueve el desarrollo de políticas para un uso productivo e inclusivo de las nuevas tecnologías y cuya séptima versión tendrá lugar en 2020.

“En este vigésimo número del informe conjunto CEPAL/ OIT se analiza un aspecto específico muy relevante para la relación entre las nuevas tecnologías y el trabajo decente. Las plataformas digitales crean nuevas oportunidades laborales tanto a nivel local como en mercados digitales globales.

Sin embargo, en muchos casos las nuevas formas de trabajo se desarrollan fuera de las regulaciones existentes, de manera que estos trabajadores no gozan de los derechos laborales y sociales establecidos por la legislación correspondiente”, advierten Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y Juan Hunt, director regional interino de la OIT, en el prólogo del documento.

En este informe se hace hincapié en que las plataformas digitales generan diferentes modalidades de trabajo las cuales tienen aspectos novedosos, así como también otros que recuerdan a otras formas de empleo conocidas en la región, como el trabajo de jornaleros agrícolas intermediados por enganchadores o el trabajo a domicilio.

De esta forma, el debate actual sobre la regulación adecuada de las nuevas formas de trabajo debe tomar en cuenta las características específicas de las nuevas modalidades del trabajo, pero al mismo tiempo puede beneficiarse de los lineamientos que se desarrollaron en el pasado respecto a aquellas relaciones de trabajo.

Ambos organismos indican que la regulación de estas nuevas formas de trabajo debe ser resultado de un diálogo social que incluya a todos los actores relevantes.

Este artículo fue publicado originalmente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo especial con la CEPAL.

El artículo Aumentan trabajo autónomo e informalidad en América Latina fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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EAU lidera camino hacia energía termosolar en el Golfo

IPS español - qua, 15/05/2019 - 14:17

Los Emiratos Árabes Unidos lideran dentro del Golfo la apuesta por la novedosa tecnología termosolar de concentración, diferente a la fotovoltaica, dentro de su meta de que en 2030 al menos 30 por ciento de su generación eléctrica provenga de fuentes limpias

Por Sania Aziz Rahman
DUBÁI, May 15 2019 (IPS)

Para mediados de este siglo, la mitad de la generación de electricidad en el mundo provendrá de fuentes renovables y alrededor de 86 por ciento de la demanda de energía podrá abastecerse con esas fuentes, anticipa un último estudio sobre el sector.

La Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) estableció en el informe “Hoja de ruta hasta 2050”, publicado en abril, que el peso de las fuentes limpias va a ser determinante en un próximo futuro.

¿Qué representaría esa realidad  para los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) que han cimentado su riqueza sobre la explotación de los combustibles fósiles, cuyo peso va a ser muy declinante en la matriz energética mundial? ¿Cómo se adaptarían ellos mismos a esta transición?

En primer lugar, parece haber un cambio determinante en las políticas económicas y tecnológicas de la región del Golfo, que conforman Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Omán y Qatar.

El caso más notable es el de los Emiratos que ha establecido su programa Visión 21, que incluye la sostenibilidad como uno de los principales objetivos del país, y que parece que se lo está tomando muy en serio.

Su gran meta es lograr que para 2030, al menos 30 por ciento de sus necesidades energéticas sean abastecidas por energías renovables.

La meta podría no parecer tan ambiciosa, si se compara con la de otros países, como la de Dinamarca, que con un producto interno bruto (PIB) ligeramente menor del de EAU, se ha trazado el objetivo de que su energía eólica represente 50 por ciento del total para el mismo 2030.

Sin embargo, la meta de los Emiratos es importante por establecer un liderazgo en la región que es una potencia en los combustibles que se pretenden vaporizar por su peso en las emisiones de gases de efecto invernadero, y porque los EAU se centran en la utilización de la tecnología de energía termosolar de concentración, conocida por la sigla inglesa CSP.

La CSP utiliza espejos gigantes para dirigir la luz solar hacia un receptor, que lo convierte en calor. Hay varios tipos de espejos, que pueden ser parabólicos o platos redondos, o torres de energía.

Países del Consejo de Cooperación del Golfo

Esa tecnología de concentración se considera más efectiva que la fotovoltaica, basada en paneles solares, porque estos pueden funcionar solo cuando hay luz solar, lo que significa que la electricidad solo se genera mientras la irradiación del sol cae sobre los paneles.

La CSP, por otro lado, almacena la luz solar como calor, que luego se transforma en electricidad, incluso cuando no haya luz solar,  algo que la diferencia netamente con la fotovoltaica, que aunque sea de tipo concentrada, que es convertida directamente en electricidad mediante un efecto fotoeléctrico.

De hecho, esta tecnología opera como cualquier otra central térmica. La única diferencia es que el material de calefacción para todas las demás centrales térmicas son combustibles fósiles, mientras en las centrales nucleares el agente térmico suele ser el uranio.

Susan Kraemer, editora de noticias de SOLARPace, una red internacional para la investigación de CSP, dijo a IPS que esta tecnología “tiene una ventaja integral sobre la energía fotovoltaica”.

Como fuente de energía térmica, puede almacenarse “en grandes tanques de sales fundidas y por lo tanto es una forma de energía solar capaz de entregarse durante todo el día, no solo mientras el sol brilla “, destacó la especialista.

Un parque solar de paneles fotovoltaicos “tendría que agregar una batería, para proporcionar energía despachada como la CSP”, detalló Kraemer. Esas baterías tienen una vida útil limitada, por lo que deberían cambiarse regularmente, mientras que la CSP tiene un almacenamiento térmico que puede ser reutilizado indefinidamente, recordó.

La desventaja de la CSP es que es más costosa que la fotovoltaica, por la complejidad de su construcción.

Ese obstáculo puede subsanarse si se utiliza una combinación de las dos, para beneficiarse de sus mutuas ventajas. “La CSP es la energía solar nocturna más barata y la energía fotovoltaica, por su parte, es la energía solar diurna más barata”, comentó Kraemer.

Los Emiratos son en la actualidad el único país del Consejo del Golfo que cuenta con una generación de electricidad mediante tecnología CSP. Comenzó a hacerlo en 2013 y en la actualidad cuenta con una capacidad instalada del tipo CSP de 100 megavatios (MW) y una generación eléctrica de 261 gigavatios hora (GWh).

Eso convierte a los EAU en pioneros en el Golfo en la energía termosolar de concentración, con una de sus mayores inversiones en el Parque Solar Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, que se ubica en el emirato de Dubai.

Sus promotores se jactan de que es el parque solar localizado en un lugar único más grande del mundo, y pretende alcanzar una capacidad de 1.000 MW para 2020 y 5.000 MW para 2030.

El parque pertenece a la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (Dewa, en inglés), que ha explicado que la instalación contará con tecnología combinada de CSP y fotovoltaica y contará con un centro de investigación y una planta de desalinización de agua, a base de energía solar.

Es difícil calcular exactamente cuántos hogares abastecerá este parque porque los megavatios solares dependen de la cantidad de luz solar que recibe y del ángulo en el que se establece el receptor.

Hasta ahora, solo 19 países en el mundo tienen capacidad instalada a base de energía solar de concentración.

Dentro del Consejo del Golfo, todos los países están en fase de estudiar opciones para utilizar esa tecnología y son tres, además de los EAU, los que ya desarrollan proyectos termosolares.

Arabia Saudita, la potencia regional, adquirió la tecnología CSP apenas en  2018 y su capacidad instalada es de 50 MW, aunque no tiene generación todavía.

Kuwait completó su primera planta de energía CSP en mayo de 2018, mientras que Omán tendrá su primera red eléctrica operada por CSP para 2023.

T: MF

El artículo EAU lidera camino hacia energía termosolar en el Golfo fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Professores acusam Laureate de forjar documentos para obter o reconhecimento de cursos EAD no Brasil

Pública - qua, 15/05/2019 - 12:33

Em dezembro de 2018, 150 professores foram demitidos da rede Laureate Brasil, um dos maiores grupos educacionais do mundo, com mais de 270 mil alunos no país, espalhados em 12 instituições por oito estados brasileiros.

Contratados para atuar na área de educação a distância (EAD) do grupo educacional, 12 professores demitidos revelam à Pública irregularidades nos cursos EAD da Laureate, em situações que vão de atas que teriam sido forjadas para o reconhecimento de cursos no MEC à atuação de docentes em cursos fora de sua área de formação, e sem que os alunos soubessem.

Gabriel Teixeira, 33 anos, é um dos professores demitidos. Foi dele a iniciativa de reunir os colegas para produzir um relatório sobre os problemas pelos quais passaram e que ensejou representações no último dia 9 de maio – com apoio do mandato do deputado estadual por São Paulo, Carlos Giannazi, do Psol – em órgãos como Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho.

Gabriel permitiu publicar seu nome. Os outros entrevistados preferem não se identificar. “Quanto mais a gente discutia, mais a gente entendia as irregularidades”, afirma o docente, que é cientista social e foi responsável, entre fevereiro de 2018 até sua demissão, por disciplinas presentes na grade de vários cursos EAD da Laureate.

Atualmente, a Laureate oferece 60 cursos a distância no país, muitos deles ofertados desde o ano passado, um feito comemorado em fevereiro pelo diretor de ensino digital do grupo numa rede social: “34 novos cursos de graduação em 5 meses?? TEMOS!!”.

Gabriel fez parte da “curadoria docente” da chamada Equipe Multidisciplinar, uma exigência do MEC para cursos EAD.

José Cícero da Silva/Agência PúblicaGabriel e outros educadores reuniram 170 páginas de denúncias contra a Laureate. Documento foi protocolado na MPF e MPT

Essa equipe elabora e valida, por exemplo, o material didático da instituição ou curso e tem obrigação de se reunir semestralmente. Essas reuniões, quando ocorrem, precisam ser registradas em atas e servem como parte da documentação necessária para que o MEC faça o reconhecimento do curso.

Em qualquer curso de graduação no país, o reconhecimento deve ser solicitado quando o curso tiver completado 50% de sua carga horária. “Você pede o credenciamento, o curso abre, apresenta a grade curricular e depois chama o MEC na hora de reconhecer”, resume Jorge*, outro professor demitido pela Laureate.

Ter o curso reconhecido é obrigatório para seu funcionamento e validação do diploma, além de um incentivo na hora de conquistar novas matrículas. Não à toa, muitas universidades se utilizam deste reconhecimento como estratégia de marketing.

Quem acessa a página da EAD Laureate, por exemplo, se depara com a imagem da cantora Ivete Sangalo anunciando cursos a partir de R$ 159 mensais e com matrícula grátis. “Cursos de graduação e pós a distância reconhecidos pelo MEC”, destaca a propaganda.

O grupo, com origem nos EUA, tem pouco mais de 1 milhão de estudantes matriculados em 80 instituições de ensino superior pelo mundo.

No Brasil desde 2005, a rede mantém o complexo Educacional FMU, Universidade Anhembi Morumbi, Universidade Potiguar (UnP), Universidade Salvador (Unifacs), Faculdade dos Guararapes (FG), Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), entre outras.

“Reunião de alinhamento”

Gabriel explica que a partir de e-mails da Diretoria Nacional de Regulação e Suporte Acadêmico do grupo educacional é que “percebeu que a Laureate forjava atas a fim de cumprir as exigências do MEC” para o reconhecimento dos cursos.

Em 17 de agosto de 2018, por exemplo, um e-mail enviado pela Diretoria de Regulação a mais de 40 destinatários da Laureate afirma: “Conforme anunciado no semestre passado, vamos retomar a demanda da Equipe Multidisciplinar, pois a partir da próxima semana receberemos visitas in loco do MEC e precisaremos estar alinhados”.

No dia seguinte, 18 de agosto, um novo e-mail foi enviado com a orientação de “informar a equipe de Regulação Local os membros que devem ser nomeados (2018/1 e 2018/2) – planilha disponível no one drive”.

A orientação prossegue: “Pegar no one drive o template das duas atas dessa equipe e adaptá-las, considerando os itens destacados no arquivo. O prazo de realização desta demanda é 31/08, caso não tenha visita in loco agendada antes dessa data”.

Gabriel diz que a orientação de pegar o template e adaptá-lo “dá uma receita” para nomeações retroativas sem que eles, os nomeados, “tenham trabalhado de fato”. E explica como aconteceu com ele, no caso de sua nomeação para a curadoria docente de equipes multidisciplinares de duas instituições: a Faculdade Internacional da Paraíba (FPB) e da Universidade Potiguar (UnP).

Os documentos indicam que as datas de ingresso de Gabriel nas equipes multidisciplinares de FPB e UnP são contraditórias. A nomeação do docente registra datas de “1 de agosto de 2018” e “7 de agosto de 2018”. Ou seja, períodos retroativos ao e-mail citado que trata das nomeações. Além disso, as próprias datas de nomeação são posteriores à primeira reunião das duas instituições – realizada, em tese, três meses antes, no dia “7 de maio de 2018”.

As atas a seguir obtidas pela Pública, uma da FPB e outra da UnP, referentes à segunda reunião do semestre de 2018, datam de 17 de agosto de 2018 – coincidentemente, o mesmo dia da “reunião de alinhamento”.

Nestas atas, registra-se que Gabriel esteve presente às 9 horas e de forma simultânea tanto na reunião da FPB quanto da UnP. A mesma situação se dá nas atas da primeira reunião, que datam de 7 de maio de 2018. Citado como presente via “webconferência”, Gabriel afirma que nunca participou de nenhuma delas.

Espelhados, os documentos mostram conteúdo similar e com trechos idênticos. “As minhas atas já prontas, depois de passar por esse processo, são control C, control V“, denuncia. “2018 foi o ano em que eles conseguiram credenciar 30 cursos. Então, eles estavam na correria e precisavam constituir esse grupo multidisciplinar para todas as IES [Instituição de Ensino Superior]”, diz.

Forjar atas era “hábito”

Quando entrou no grupo Laureate, em 2016, a psicóloga Flávia* fazia a função de tutora na Anhembi Morumbi antes de se tornar professora da FMU no ano seguinte.

“Em 2017, assim que assumi como professora do EAD, a coordenação apareceu com algumas atas e pediu para eu assinar. Eu nem sabia que fazia parte dos NDEs [Núcleos Docentes Estruturantes]. Assinei porque foi solicitado. Reuniões das quais eu não tinha participado. É um hábito, infelizmente”, afirma.

Além das reuniões das equipes multidisciplinares, os NDEs citados por Flávia têm papel central nos cursos de qualquer graduação no país. E também são uma exigência do MEC para o reconhecimento dos cursos.

Além do NDE, existem os colegiados. Em geral, o primeiro está diretamente ligado à criação, implantação e consolidação do projeto pedagógico do curso, enquanto o colegiado é o órgão consultivo e deliberativo, responsável, por exemplo, pela discussão das políticas acadêmicas e sua gestão.

“Então você tem duas coisas: O NDE e o colegiado. Um aprova o que o outro delibera. Mas isso, na verdade, nunca ocorreu. O NDE não fazia absolutamente nada. E o colegiado também não fazia nada. Era tudo de fachada”, afirma Flávia.

Ela relembra que em muitos cursos os participantes do NDE e do colegiado eram os mesmos. “Eu participei disso. Quer dizer, eu mesma aprovo o que eu deliberei. Eu era NDE e colegiado de muitos cursos”, afirma.

Ela própria afirma que precisou forjar atas na ausência do coordenador de sua área. “No final de 2018, o coordenador de negócios teve que ser afastado por questões de saúde. Eu o auxiliava, porque quatro cursos iam passar por reconhecimento do MEC”, diz.

Segundo ela, os cursos de gestão ambiental, gestão hospitalar, negócios imobiliários e gestão pública tiveram atas de NDE e colegiado forjadas.
“Quando a regulação veio, disseram [da Diretoria Nacional de Regulação e Suporte Acadêmico] ‘tem que ter essas atas aqui’. Tinha que ter atas desde o começo do curso, e não tinham. Eu fabriquei em cima do que já tinha sido feito antes. Peguei as atas anteriores, vi o que estava escrito, fui na mesma linha. Fiz para os quatro cursos”, diz.

Como se sentiu fazendo isso? “Eu sabia que não era legal, mas o que eu posso fazer também? Que poder que eu tinha?”, argumenta. Flávia diz que todos que assinaram sabiam que a ata era forjada. “O curso já estava há três anos rodando e tinham atas não assinadas. Eu tive que falar com pessoas que não estavam nem trabalhando mais na Laureate pra elas assinarem.”

Uma dessas pessoas é Joana*, advogada, que trabalhou como professora na Laureate durante um ano e meio. “A Flávia chegou aqui na minha casa era mais de meia-noite, de uma quinta pra sexta, e precisava da minha assinatura do NDE de uma reunião que não conheço, que nunca participei, porque o MEC iria fazer a visita no dia seguinte”, afirma.

Joana conta que só assinou atas de reuniões que não existiram para ajudar uma colega em apuros. “Ela falou que, se o curso não fosse aprovado, a nossa cabeça estaria na degola. Falei: ‘Ok, então vamos’”, relembra.

Segundo Flávia, Joana assinou atas forjadas dos cursos de gestão pública e negócios imobiliários. Os quatro cursos com atas “fabricadas” pela docente constam no sistema e-MEC como “em atividade”.

Gestão pública e negócios imobiliários aparecem no sistema com “análise concluída” em relação ao reconhecimento, e gestão hospitalar e gestão ambiental constam como “em análise”.

“Teve um avaliador que pegou muito no pé por causa dessas atas. O curso era de gestão pública, e ele caiu matando. Ele percebeu que alguma coisa estava errada”, conta a psicóloga.

O avaliador, ela diz, queria saber sobre um membro discente do colegiado, que deveria ser um aluno convidado pelo coordenador. “O avaliador ficou muito puto porque dizia que através da ata não conseguia perceber a participação do aluno nessas reuniões de colegiado e ele queria saber, justamente, como aquilo era feito”, conta. “Mas como não tem reunião ele [o aluno] não participa. Mas na ata é colocado que ele participa via webconferência”, revela.

“Isso é problema teu, Jorge”

Jorge* trabalhou na Laureate entre 2015 e 2018 e conta que já era coordenador da FMU para o EAD de pedagogia quando da visita de reconhecimento do MEC no ano passado.

“Eles precisaram das atas de NDE e colegiado de todo o histórico do curso na FMU, mas eu era coordenador somente de 2017 em diante. Então, eu tinha as atas de NDE e colegiado que eu havia feito. As outras eu não tinha e não sabia onde estavam. A responsável da coordenadoria acadêmica dizia que eu tinha que ter essas atas, que era minha responsabilidade. ‘Isso é seu trabalho, cadê as atas, Jorge?’ Ela ficava muito brava. Dizia coisas desagradáveis”, relembra.

“Eu falei: ‘Essas atas não existem’. Ela falou: ‘Esse não é um problema meu, Jorge, é um problema seu’. Eu disse ‘Esse é um problema da instituição’. ‘Não, não, esse é um problema seu que você tem que resolver. Você é o coordenador desse curso.’ ‘Você não está entendendo. Não existem essas atas, a professora anterior não fez.’ ‘Jorge, eu já entendi o que você está falando, só que esse não é um problema meu, é um problema seu.’ ‘Bom, você está sugerindo que eu falsifique essas atas?’ ‘Claro que não, eu não disse isso.’ ‘Então o que eu tenho que fazer?’, perguntei. ‘Jorge, já vou dizer pela vigésima vez, esse problema é um problema seu e trate de resolver.’ Eu ficava, pô, vou resolver como? ‘Olha, se você falar que é pra eu falsificar as atas, eu falsifico; se não, a gente vai ficar sem atas.’ Ela falou: ‘Pois saiba que você é um irresponsável. Você tem que cuidar do teu curso, o que você está fazendo é desleixo, você tem que providenciar essas atas’.”

Jorge conta que uma manobra para forjar a ata do curso de pedagogia foi sugerida por uma outra colega coordenadora que já havia passado pelo mesmo problema.

Ela sugeriu pegar atas do curso de pedagogia de outra instituição da Laureate, a Unifacs, e adaptá-la para a FMU. “Copia o texto, troca os nomes das pessoas, troca o nome da universidade, troca o endereço e tal, a gente vai ver pela nomeação quem eram os professores, a gente vai atrás das pessoas para assinarem as atas”, receitou a colega.

“Como ela deixou claro que era isso pra fazer, eu fiz. Troquei a ata que tinha os textos, troquei os nomes das pessoas, coloquei lá o colegiado e tudo o mais, ela entrou em contato com a coordenadora que era anterior a mim, a coordenadora foi lá, assinou. Entramos em contato com professores que nem estavam mais lá pra eles assinarem aquelas atas de reuniões que eles sequer tinham participado”, conta o docente. “E isso foi apresentado ao MEC. Um documento falso”, afirma o ex-coordenador.

“Produzimos uma cena pro MEC”

Jorge conta ainda como se deu a visita do MEC após as atas terem sido falsificadas. O docente afirma que “produziram uma cena só para o MEC ver”.

“Teve um momento que fui visitar o lugar antes, e me disseram: ‘Essa aqui é sua sala’. Mas eu não ficava lá. Eu não tenho essa sala”, recorda. “A verdade é que a visita do MEC não foi onde o curso é. Mas ia ser num polo perto onde nenhum professor do curso fica realmente. O prédio onde estão todas as universidades EAD juntas é da Anhembi Morumbi. Como a visita é na FMU, você não pode levar o cara pra visitar o prédio da Anhembi Morumbi”, explica.

“A coisa foi feita, então, num prédio da FMU, mas nada acontece ali, a não ser um polo, com uns computadores, umas salas, e a gente fez uma brinquedoteca que o curso de pedagogia precisava ter. Fiz um regulamento que foi colado dois dias antes na parede. Produzimos uma cena só pro MEC ver”, confessa.

Durante a visita, Jorge diz que não mentiu aos avaliadores. “Levaram os caras e mostraram a sala dos professores. E aí o sujeito vira pra mim: ‘Esses são os seus professores?’. Eu digo: ‘Não’. ‘Cadê os seus professores?’ ‘Não ficam aqui.’ ‘Onde eles estão?’ ‘Eles ficam na rua Quatá, 67.’ ‘Por que a gente está vendo essa sala dos professores? Os professores não vêm pra cá?’ ‘Não, nunca vêm.’ ‘E onde é que o senhor fica?’ ‘Lá na Quatá também.’ ‘O senhor não fica aqui?’ ‘Não, não fico.'” A atitude, ele diz, gerou confusão. “Acho que parte da minha demissão foi cavada nesse momento”, conta.

Eram dois os examinadores do MEC para avaliar o curso de pedagogia EAD. Quando chegam, os examinadores olham a documentação e fazem reuniões com professores e coordenação. “Você tem que justificar o curso. Apresentar a faculdade, entregar as pastas com documentos, essas coisas”, diz Jorge.

No sistema e-mec, o curso EAD de pedagogia consta como “em atividade” e com “análise concluída” no seu reconhecimento.

José*, doutor em letras, pediu demissão da Laureate depois de três anos, em 2018. Sentia-se lesado pelo grupo educacional. “No começo eu participava das reuniões do MEC e depois parei de ir, por questão ética, achava um absurdo”, relembra.
“No fim eu também assinei atas”, revela. “Participei em quatro, cinco reuniões em quase três anos, e o número de atas que assinei foi muito maior do que isso.”

Segundo José, o MEC é só uma “instituição reguladora” para a Laureate. “Então, se você produzir os documentos que têm que ser produzidos para passar, tá ótimo”, afirma. “O que tem é uma demanda por matrícula. É uma indústria. Então, no fim, é o lucro que importa. E todos os problemas da Laureate são em função disso, de otimização de custos.”

A má experiência de José o levou a se tornar um avaliador do MEC em 2019. Indagado se é uma forma de amenizar a consciência, ele responde que é uma forma de “tentar mudar…”. E, após uma pausa, diz: “De fazer com que essas instituições se adequem. Independente da instituição ser do jeito que é, havia uma complacência dos professores, igualmente a minha, embora tenha inúmeras justificativas do emprego, do salário, do momento de crise do país que você aceita certas coisas… todos, todos, tinham consciência de que aquilo era ruim, era ilegal, que não estavam criando nenhum benefício para si mesmo, para a instituição, para a educação”, desabafa.

A professora Vitória* foi outra docente que diz ter assinado atas forjadas de NDEs e colegiados no período em que trabalhou no grupo educacional. Mestre em ciências humanas, ela ficou na Laureate entre 2016 e 2018 e participou de quatro visitas do MEC.

“As visitas eram um acontecimento muito maquiado”, conta. “A gente era obrigado a mentir na hora que o MEC perguntava determinada coisa. A gente dava entrevista, mas antes dessa entrevista passava por reuniões e nos pontuavam coisas que a gente precisava falar. Por exemplo, como a gente amava trabalhar na Laureate, como o plano de carreira é algo consistente, que existe, quando não existia”, relembra.

Vitória não se recorda de quantas atas precisou assinar. “Muitas atas. Assinei muitas atas”, afirma. “Eu tava lá no computador, tranquila, aí chega uma professora, igual a mim, com um calhamaço de atas pra assinar de reuniões que eu nunca participei, forjadas”, relembra. “Mas como a professora está no mesmo patamar que eu, como todo mundo estava no mesmo barco, eu assinava”, justifica.

Um áudio revelador

Marta* tem formação em pedagogia com especialização em libras. Deixou a universidade em que trabalhou durante cinco anos para uma nova experiência na Laureate. Porém, nada saiu como ela planejou.

Contratada em 3 de dezembro de 2018 para a tutoria da disciplina de libras, Marta foi demitida em 1o de fevereiro deste ano – menos de dois meses após sua contratação.

Marta afirma que, durante a conversa que resultou na sua demissão, a coordenadora acadêmica da Laureate deixou escapar que sua contratação tinha sido “só por conta do MEC”. “Eu fiquei enlouquecida: ‘Por acaso vocês me contrataram só por causa da visita do MEC?’, perguntei. ‘É, então, é que o MEC estava pedindo…”, ela disse. Daí perdi a paciência e comecei a falar um monte pra ela, falei que era uma palhaçada”, relembra.

A história ganhou os corredores da Laureate e muitos tutores se solidarizaram com Marta em sua despedida. Semanas antes, havia ocorrido a demissão de mais de cem professores.

Preocupada, a docente Mônica* foi conversar com a coordenadora que havia demitido Marta. E por precaução resolveu gravar a conversa com o celular, sem que ela soubesse. O áudio, obtido pela Pública, confirma a versão de Marta.

Mônica está na sala de atendimento aos professores na rua Quatá, 67, no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo, quando pergunta:

– Fiquei sabendo que uma menina admitida um mês atrás foi demitida…
– Sim.
– Como isso?
– Pra minha surpresa, ela pediu desligamento de uma faculdade que ela estava há cinco anos para entrar aqui, você acredita?
– Jesus! A menina tinha cinco anos num lugar…
– Num lugar… e pediu demissão para entrar aqui. Só que não fui eu que fiz a entrevista com ela…
– E ela entrou aqui por que um mês atrás? Um mês atrás era férias…
– Não era ainda. Por quê? Era por causa do MEC, tinham que contratar às pressas. Só que daí, o que aconteceu? Tinha muito tutor, muito professor na área dela. Não tinha como achar disciplina pra ela. Como ela tava em experiência, desligou…

A docente demitida, sem saber da existência do áudio, desabafou: “O que fizeram comigo é uma bela de uma sacanagem. Em princípio, fiquei me sentido perdida. A primeira semana depois de demitida fiquei me sentindo um lixo. O que eu fiz de errado? Eu cumpri tudo que eles pediram. Aí você começa a ver que o erro não foi seu”.

O caso UniNorte

A docente Mônica, citada acima, é mestre e doutora em serviço social e ingressou na Laureate em agosto de 2018. O pouco tempo de casa, no entanto, foi suficiente para outra “experiência dolorosa”, ela diz.

Mônica também foi solicitada a assinar atas de participação em NDEs e colegiado do curso híbrido em serviço social da UniNorte (UNN), que se pretendia reconhecer no MEC. E-mails de novembro passado tratam de uma reunião de alinhamento.

Durante a reunião, Mônica foi informada de que teria participação na avaliação do curso pelo MEC e se surpreendeu ao saber que estava vinculada ao NDE e ao colegiado. Um dos e-mails orienta que docentes imprimam, assinem e repassem a documentação aos coordenadores e supervisores da UniNorte.
“Mandaram as atas para que eu e os outros professores assinassem dizendo que a gente participou das reuniões virtuais. Só que eu nunca participei. E aí, no dia da visita do MEC, eu também não participei da reunião. Eu me recusei a assinar a ata”, afirma.

ReproduçãoO pedido para assinar atas de reuniões das quais não participaram foi negado pelas docentes Mônica e Tânia

Além de Mônica, Tânia*, doutora em antropologia, se negou a assinar as mesmas atas da UniNorte. “Eu só soube que eu estava participando desde agosto, quando em dezembro eles pediram para participar de uma reunião geral para falar com o MEC. Aí mandaram um monte de atas retroativas e citavam como se eu tivesse participado desde agosto. Eu não assinei nada. Atas mentirosas”, reclama.

No sistema e-mec, o curso de serviço social EAD da UniNorte consta como “em atividade” e “em análise” no seu processo de reconhecimento.

A manobra da titulação

Segundo o MEC, é necessário um mínimo de docentes com a titulação de mestre e/ou doutor por curso, o que interfere na nota final da avaliação.

“Em vários momentos os coordenadores falavam pra professores doutores: ‘Vou te colocar aqui porque vai ter a visita do MEC”, conta a docente Flávia.

A situação é definida pelos entrevistados como “atribuição relâmpago”, já que, segundo eles, servia para melhorar a pontuação do curso durante as visitas do MEC.

José, atual avaliador do ministério, explica que, quanto mais itens você preenche, mais sobe a sua nota. “Então, o NDE que tenha cinco professores, três mestres, um doutor, gera uma nota. Se for cinco professores, quatro doutores, é outra nota”, diz. Segundo ele, “o MEC não vai buscar se esses mestres e doutores que estão nos NDEs e colegiados são aderentes ao curso. Que eu saiba, o MEC não checa. Parece, a princípio, uma coisa pressuposta. Pressupõe-se que são da área”, afirma.

Flávia, por exemplo, tem titulação de mestre e pediu a troca de uma disciplina por estar fora de sua área de formação. “Eles falaram que, se eu saísse da disciplina, não haveria possibilidade de participar da visita do MEC”, conta.

Um e-mail obtido pela Pública com data de 13 de abril de 2018, endereçado a um dos coordenadores gerais dos cursos de graduação EAD da Laureate, diz:
“Lembra da nossa conversa sobre inserir professores doutores da Faculdade Guararapes nas disciplinas online? O professor que nos lê em cópia é o coordenador de Arquitetura e vai receber o MEC semana que vem, e as duas professoras que seguem vão compor a listagem de professores”, diz o texto.

Em 16 de abril, a coordenadora de graduação acadêmica da Laureate orienta no e-mail que as duas professoras sejam, então, inseridas temporariamente nas CRTs, uma sigla que se refere às salas virtuais da Laureate.

Os alunos não sabem

“Aderência” é um termo usado pelos docentes que traz a ideia de coerência ao ministrar uma disciplina que esteja alinhada à formação acadêmica do professor.
No entanto, os professores entrevistados foram categóricos em dizer que ministraram disciplinas fora de sua área de formação e sem que os alunos soubessem.

É o caso de Flávia, que, com formação em psicologia, foi designada para a disciplina de “direito marítimo”. Ou de Tânia, que, com formação em antropologia, foi designada para disciplinas como “estudo das cores para o design da moda”, “história regional do Rio Grande Norte” e “Psicologia e comportamento”.

“Teve um dia que abri minha área de trabalho e estava lá para eu dar uma disciplina de ‘psicologia e comportamento’. Eu procurei a coordenadora e disse: ‘Olha, não me sinto bem eticamente de dar essa aula. Eu não sou psicóloga. E psicologia e comportamento é uma disciplina séria. Se eu soubesse que o meu psicanalista tivesse se formado nessa instituição que coloca uma antropóloga pra dar aula de psicologia e comportamento, eu realmente iria ficar muito brava”, relata a docente.

“Eles contratavam pessoas para dar aula em tudo. Eu, por exemplo, não sou historiador, mas dei história medieval oriental e ocidental. Tinha uma professora que era pedagoga que dava literatura brasileira I e II”, conta o ex-coordenador Jorge, doutor em letras. “O professor ficava morrendo de medo. Em história medieval oriental, acabei chamando uma colega para dar uma aula sobre Islã, por que eu não dominava de jeito nenhum”, conta.

“Eu falei: ‘Gente, eu sou psicóloga, o pessoal está num curso de pós-graduação de direito. É claro que o cara vai reclamar. Eu falei não tem como…’. O pessoal falou: ‘Se precisar, você chama um outro colega da área'”, conta Flávia.

Já Joana, formada em direito, teve de ministrar uma disciplina de “finanças internacionais e políticas macroeconômicas”. “Eu chamei um colega da área para poder ministrar a aula pra mim. Eu pedi: ‘Olha, pelo amor de Deus’. Estava chorando sem saber como ia gerir a disciplina”, relembra. “Eu fiquei preocupada que os alunos percebessem a minha insegurança ou que houvesse reclamação”, diz.

Também José, formado em letras, precisou dar disciplinas de “marketing” e “recursos humanos”, fora de sua área de formação. “As aulas eram uma reprodução das apostilas. Você conseguia preparar um conteúdo com base nas apostilas produzidas por eles mesmos”, conta.

ReproduçãoImagem da tela de atribuição de uma docente de pedagogia.

Em outro caso, a docente Mônica, mestre em ciências sociais, desistiu de elaborar questões sobre libras, a linguagem de sinais. “Eu não entendo nada de libras”, afirma.

Numa troca de e-mails com a coordenação, Mônica explica que poderia elaborar questões em áreas como antropologia e sociologia. “Uma semana antes da entrega, estava completamente angustiada, comecei a adoecer com isso. Comecei a me sentir mal porque estava fazendo algo que não era da minha área, daí desisti. Comuniquei por e-mail que eu não faria, e disseram: ‘Não, procura fulana pra te ajudar e faça’. Mas eu não fiz.” No e-mail, a coordenadora acadêmica afirma saber que o pedido é fora da área de formação de Mônica.

Coordenadora diz saber da falta de aderência da professora Mônica

Jorge, que teve sob sua coordenação 2.500 estudantes, avalia com dureza o processo pelo qual os alunos passam na Laureate. “O que eles estão fazendo é estelionato. Na verdade estão roubando o dinheiro das pessoas”, critica. “É um problema. Aquele conhecimento que está ali não dá. Eu fiz os cursos. Vou ter um certificado que num concurso eventual pode me dar 10 pontos a mais do que meu competidor. É quase como se eu tivesse comprado esse negócio”, finaliza.

O RH é um problema

Renato* ainda é professor no grupo Laureate. Ele conta que após as demissões de dezembro tutores como ele passaram, automaticamente, a ser professores. “Assumimos a função, mas as coisas não estão saindo como foram ditas para nós”, reclama o docente, que pediu para não revelar sua área.

“Durante dois dias as pessoas chegavam, eram chamadas no RH e iam embora”, recorda. “Depois teve uma reunião e foi falado que o grupo Laureate estava passando por uma transição, que era um novo formato, que não havia necessidade de tantos professores, por isso o corte.” “E tem essa questão do salário… Mais cedo ou mais tarde vamos ser demitidos”, conclui Renato, que recebe atualmente R$ 24 pela hora-aula, menos do que os professores demitidos, que recebiam R$ 26,90 a hora/aula.

Os professores relatam ainda descontos nesse valor em tarefas burocráticas, enquadradas internamente como “hora-administrativa”. O ex-coordenador Jorge explica: “Como eles na Laureate não têm interesse em fazer com que você desenvolva pesquisa, cursos de extensão etc., eles pegam essas horas e pagam metade do valor [R$ 13,45 hora/aula], e colocam você para fazer serviços de secretaria, como, por exemplo, análise curricular, o que ocupa metade da sua carga horária”.

Análise curricular é a adequação do currículo de um aluno que vem de outra instituição. “Eles [os grupos educacionais] são muito agressivos no mercado e ficam com essas promoções a R$ 100, o que faz os alunos irem de uma instituição para outra com muita frequência”, afirma.

Os professores relataram também à reportagem da Pública pagamentos com valores errados. “Era crônico. Eu recebia errado todo mês”, diz Jorge.

“A Laureate não é uma empresa honesta”, critica a docente Joana. “Teve um mês que em vez de ganhar R$ 1.500 eu ganhei R$ 87 reais. Cheguei no RH e me explicaram que aconteceu em decorrência do ajuste de carga”, diz.

Além disso, um contrato de direitos autorais, como mostra o documento acima, estabeleceu R$ 1.000 pela cessão dos direitos de imagem de professores por um período de 70 anos. Em uma das cláusulas, a Laureate promete processar aqueles professores que reclamarem, justificando “quebra do sigilo contratual”.

O Sindicato dos Professores de São Paulo (Sinpro) afirmou por meio de Celso Napolitano que ficou ciente das denúncias contra a Laureate e que fornecerá, no âmbito trabalhista e de forma individual, todo o suporte jurídico aos professores demitidos.

Procurada, a Laureate respondeu após a publicação da reportagem.

Atualização (15 de maio de 2019, às 16h40): 
A Laureate é uma rede internacional de universidades renomadas, com mais de 20 anos de tradição e de excelência no ensino superior. Muitas instituições que integram a organização possuem mais de 40 anos de história, sendo credenciadas e recredenciadas academicamente ao longo de suas trajetórias pelo Ministério da Educação (MEC). Sempre pautada na lisura de suas ações e no compromisso total com o atendimento à regulação vigente no país de atuação, a Laureate segue estritamente a legislação brasileira e mantém fortemente o seu propósito de mudar a vida das pessoas por meio da oferta de educação de qualidade. Apesar de não reconhecer o teor das informações trazidas na reportagem, a Laureate tomará as medidas cabíveis para elucidar os fatos.

Autorregulamentação

Em maio de 2017, o então presidente Michel Temer expediu um decreto que atualiza a legislação sobre a regulamentação do ensino a distância no país.

A medida retirou, por exemplo, a exigência de que o governo fizesse visitas prévias aos campi e deu autonomia às IES para a criação dos próprios polos de EAD, desde que sigam as regras de qualidade do MEC.

À época, o MEC afirmou que a nova regra exigiria, em contrapartida, padrões de qualidade mais elevados e responsabilidade dos dirigentes.

Cogitou-se ainda na pasta a criação de um Programa Nacional de Supervisão e Monitoramento de Cursos Superiores e Instituições Credenciadas e que serviria para evitar a queda na qualidade.

Com a eleição de Jair Bolsonaro, o MEC agora avalia a autorregulamentação do ensino superior privado e uma maior abertura ao EAD, situação retratada em reportagem da Pública de dezembro passado.

Procurado, o MEC não respondeu às questões enviadas pela Pública.

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UN chief outlines ‘intertwined challenges’ of climate change, ocean health facing Pacific nations on the ‘frontline’

UN SGDs - ter, 14/05/2019 - 21:03
Visiting Fiji for the first time as Secretary-General, António Guterres outlined two “fundamental challenges” facing leaders attending the Pacific Islands Forum on Tuesday, namely climate change and the world’s rising ocean, which threatens to submerge low-lying nations.
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Por un café amigo de los bosques

IPS español - ter, 14/05/2019 - 19:36

Manos de mujer sostienen unos granos de café, cultivados en cafetales en las laderas de las montañas andinas de Perú. Crédito: Adrián Portugal/PNUD Perú

Por María del Carmen Sacasa
LIMA, May 14 2019 (IPS)

En América Latina estamos muy orgullosos de nuestras comidas y bebidas. Por ejemplo, en nuestros suelos se producen algunas de las mejores variedades de café en el mundo. En Perú, Colombia y Brasil, por solo mencionar algunos ejemplos, beber buen café es una tradición que se pasa de generación en generación.

Pero para que nuestros cafés tengan su sabor tan particular, una serie de elementos tienen que estar conectados. La planta, que muchas veces se cultiva en las zonas amazónicas, requiere del agua que viene de los glaciares de las cordilleras andinas.

El suelo necesita décadas de vegetación que lo hagan fértil y resiliente. Cultivar el grano requiere el trabajo de decenas de miles de personas a lo largo de toda la región, en su mayoría proveniente de poblaciones indígenas, en situación de pobreza.

Esta historia se repite con decenas de productos de importancia económica global.

María del Carmen Sacasa. Crédito: PNUD Perú

De hecho, el continente americano posee 40 por ciento de la capacidad de ecosistemas mundiales para producir los insumos naturales que consumen las personas, no solo en la región, sino en el mundo.

Y, sin embargo, la misma biodiversidad que hace de América Latina una región clave, incrementa su vulnerabilidad.

Muchos de los países más sensibles al cambio climático se encuentran en la región, situación que pone en peligro no solo la diversidad de los alimentos en nuestros platos, sino también la seguridad alimentaria de millones de personas en todo el planeta,  las personas en condición de vulnerabilidad.

Y así como el café necesita la interconexión de diversos elementos para mantener su sabor, aroma e intensidad; nuestro planeta necesita la colaboración de diversos actores para enfrentar la mayor amenaza de nuestro tiempo: el cambio climático.

Por ello nuestro enfoque sobre los commodities verdes cobra tanta relevancia, porque propone romper barreras e iniciar diálogos constructivos entre los diversos actores que conforman la cadena de valor con el fin de encontrar formas más sostenibles y eficientes de producir.

Esta es una condición imprescindible para generar transformaciones que permitan no solo incrementar la producción, generar mayores ingresos y conservar los ecosistemas, sino sobre todo mejorar la vida de millones de pequeños productores que hoy son la pieza clave de nuestra alimentación global, y sin embargo también los más vulnerables.

En Perú, el café es el principal cultivo de exportación del país, y el sustento de más de 220 mil familias de pequeños productores.

Este es el caso de Esperanza, una lideresa indígena de la comunidad de Pangoa, a 200 kilómetros de Lima, en el medio de la Amazonía peruana. En esta comunidad el café es un motor de desarrollo, pero también de deforestación.

Gracias al liderazgo de mujeres y Esperanza, es posible impulsar desarrollo sostenible utilizando mecanismos innovadores que recogen herramientas del conocimiento tradicional.

Hoy su comunidad lidera una cooperativa cafetalera que exporta café con certificación orgánica -libre de deforestación- a Perú y el mundo. En el proceso, ha establecido una empresa próspera que emplea a más de 700 personas y genera nuevas oportunidades para toda la región.

Desde el lunes 13 y hasta el viernes 17, Perú es sede de la primera Conferencia Good Growth, un espacio global que es la representación de la potencia de este enfoque.

Más de 270 líderes de los sectores público y privado, de la academia, de la sociedad civil, de las comunidades rurales e indígenas nos reuniremos a lo largo de la semana para compartir experiencias, encontrar nuevas soluciones y fortalecer nuestra respuesta.

No es gratuito que Perú sea el espacio elegido para este encuentro único, siendo además el segundo exportador de granos de café orgánicos.

Desde la acción estatal hasta la acción comunitaria, el país está liderando esfuerzos de para avanzar en esta apuesta… donde los commodities son aliados de la lucha contra la deforestación, siendo así conductores para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), creemos que alcanzar esta ambiciosa promesa global requiere que los sectores reconozcan la profundidad de su impacto en el desarrollo. Desde las redes de juventud que activan en sus comunidades hasta las grandes empresas multinacionales que alcanzan a decenas de países.

Estas instituciones ya están generando transformaciones importantísimas en el territorio, pero si no encontramos formas de acelerar e integrar nuestro esfuerzo de manera colectiva, los ODS no se harán realidad.

Ante el cambio climático y los diversos retos que plantea la Agenda 2030, solo podemos avanzar de manera conjunta, dentro de los países y entre los países. Hacerla realidad es posible, pero solo si actuamos ahora, y esto requiere transformaciones sin precedentes en todos los sectores.

Creemos firmemente que los productores de café en Perú tienen muchísimo que aprender de los agricultores de soya en Brasil, de piña en Costa Rica, de palma aceitera en Liberia y Malasia. ¿Qué funcionó? ¿Pero fundamentalmente qué no funciono? ¿Cómo podemos seguir innovando en nuestros modelos? ¿Cuál es el siguiente paso que aún no descubrimos?

En el PNUD tenemos el compromiso firme de servir y contribuir a plataformas como esta, que abran esos diálogos y generen nuevas respuestas, pero también nuevas preguntas.

Como la relación de elementos que permiten que el café sea especial, el mundo del siglo XXI es complejo e interconectado, nuestra respuesta a sus principales desafíos también debe serlo.

Somos la última generación que podría tener la capacidad de hacer una diferencia, así que no hay tiempo que perder.

RV: EG

 

El artículo Por un café amigo de los bosques fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Robotox, o robô que tuíta sempre que o Governo Federal libera um registro de novo agrotóxico

Pública - ter, 14/05/2019 - 19:00

De janeiro até hoje, o Governo Federal publicou no Diário Oficial da União as aprovações de 166 novos registros de agrotóxicos. Desses, 48 são classificados como extremamente tóxicos. Desde 2016, as liberações têm batido recordes: só no ano passado 450 pesticidas passaram a ser vendidos de formas diferentes no Brasil. Embora os ingredientes ativos dos produtos já fossem vendidos, os novos registros autorizam uso em novas culturas, fabricação por novas empresas ou combinações com outros químicos.

Para deixar o cidadão a par de todas essas liberações, o projeto Por Trás do Alimento, parceria da Agência Pública com a Repórter Brasil, lança hoje o Robotox, um robô que vai publicar no Twitter todas as novas liberações de agrotóxicos concedidas pelo Governo Federal. Basta seguir a conta @orobotox, ou www.twitter.com/orobotox.

Bruno Fonseca/Agência PúblicaO Robotox vai publicar no Twitter todas as novas liberações de agrotóxicos concedidas pelo Governo Federal

A fonte das informações do Robotox é o Diário Oficial da União. “Criamos essa ferramenta para os cidadãos poderem acompanhar, de perto de com informações oficiais, todos os novos produtos agrotóxicos que forem liberados no mercado brasileiro. É preciso que essa política tenha mais transparência e seja mais debatida com a população”, explica Natalia Viana, co-diretora da Pública.

O Robotox também vai informar o número total de agrotóxicos aprovados, grau de toxicidade, nome do produto e da empresa. Um levantamento do Por Trás do Alimento revela que dos 166 pesticidas com registros aprovados neste ano, apenas 5% são totalmente produzidos em solo nacional. Isso mostra que estamos nos tornando cada vez mais não só consumidores, mas importadores de agrotóxicos.

O robô vai fazer postagens todos os dias. Caso não haja novas aprovações, vai informar o número de pesticidas liberados desde o início do ano e quantos produtos são comercializados no Brasil atualmente.

Quando houver liberação, o Robotox vai disparar tuítes com a marca do produto, cidade sede da empresa, nome comercial, classificação toxicológica e as culturas indicadas para uso.

“Essa é a segunda ferramenta com dados sobre agrotóxicos que lançamos esse ano, a primeira foi o mapa sobre a contaminação da água que chega às torneiras dos brasileiros. Nos dois casos, trabalhamos para dar transparência a dados que são públicos”, afirma Ana Aranha, jornalista da Repórter Brasil.

Sobre a Agência Pública: A Agência Pública tem como missão produzir reportagens de fôlego pautadas pelo interesse público, visando o fortalecimento do direito à informação, à qualificação do debate democrático e a promoção dos direitos humanos. Em 2018, nossas reportagens foram reproduzidas por mais de 700 veículos, sob a licença creative commons. A Pública também atua para promover o jornalismo investigativo independente no Brasil e na América Latina. Site da organização: https://apublica.org/

Sobre a Repórter Brasil: A Repórter Brasil é uma agência de jornalismo investigativo, fundada em 2001, que denuncia violações de direitos humanos, trabalhistas e socioambientais no país. Especializada na cobertura sobre trabalho escravos e em investigação das cadeias produtivas de setores do agronegócio, a organização investiga, em parceria com a Agência Pública, os diversos impactos do crescente uso dos agrotóxicos nas plantações brasileiras. Site da organização: www.reporterbrasil.org.br

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Aprovações de agrotóxicos no governo Bolsonaro beneficiam empresas estrangeiras

Pública - ter, 14/05/2019 - 19:00

Os agrotóxicos recém aprovados que chegarão à mesa do brasileiro virão de fora. Levantamento inédito da Agência Pública e Repórter Brasil identificou que, dos 166 pesticidas com registros aprovados e publicados no Diário Oficial da União neste ano, apenas 64 foram para empresas brasileiras. Mas a participação nacional é ainda menor na fabricação dos produtos. Só 36 registros têm pelo menos uma cidade brasileira como endereço de fabricação do agrotóxico ou do ingrediente ativo. E somente nove – ou 5% – são totalmente produzidos no Brasil. Ou seja: o país continua a tendência de importar pesticidas.

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Para garantir registro de comercialização de agrotóxico no Brasil a empresa deve ter uma sede no país, segundo o Ministério da Agricultura. Além disso, tem que estar presente no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Mas ter um endereço no Brasil não significa que o produto é feito aqui. Por exemplo, a Syngenta, uma das líderes do mercado mundial de agrotóxicos, tem sede em São Paulo. Mas, como endereço de fabricação do fungicida Elatus Trio — um dos cinco produtos da multinacional aprovados neste ano – constam localidades na Alemanha, Reino Unido, Suíça e China. Nenhuma no Brasil.

Apenas cerca de 26% dos produtos ativos (matéria-prima para o agrotóxico) usados na agricultura brasileira são produzidos no país, segundo quadro de Produção, Importação, Exportação e Vendas de Ingredientes Ativos de 2017 publicado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O quadro mostra que 199.375 toneladas foram importados pelo Brasil, enquanto apenas 71.669,34 toneladas foram produzidos aqui. Ainda não estão disponíveis os dados de 2018.

Empresas de países como China, Índia, Japão e Estados Unidos estão entre as que garantiram novas permissões de comercialização no Brasil em 2019.

Segundo companhias brasileiras e especialistas ouvidos pela reportagem, a pouca participação nacional no mercado é resultado do menor custo para produção dos produtos vindos de fora, da falta de tecnologia e de equipamentos para sintetizar os ingredientes ativos no Brasil.

Além disso, há a dificuldade de competir com gigantes do mercado de agrotóxicos, atraídas por incentivos fiscais. Desde 2004, a Lei nº 10.925 reduziu a zero as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS para importação e comercialização de fertilizantes e agrotóxicos.

Os pesticidas têm, ainda, redução de 60% da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

Fatia estrangeira até mesmo nas empresas brasileiras

Apenas neste ano, 48 empresas conseguiram novos registros de comercialização de agrotóxicos aprovados pelo Ministério da Agricultura, Ibama e Anvisa. Dessas companhias, 29 são estrangeiras. Até o momento, a companhia chinesa Adama é a que mais obteve permissões: 13. A empresa nasceu no Paraná em 1970, mas em 2001 foi vendida para uma companhia israelense, e em 2011 incorporada ao ChemChina, uma das maiores companhias de produtos químicos da China e do mundo. Embora a sede da Adama ainda seja em em Londrina, no Paraná, os produtos são fabricados em sua maioria na província de Jiangsu, na China, segundo os registros de comercialização.

Dentre as empresas registrantes, 19 se definem como brasileiras, o que não impede a participação de estrangeiros no quadro de acionistas e na produção dos agrotóxicos. Como é o caso da Companhia das Cooperativas Agrícolas do Brasil, a CCAB Agro. A empresa, que tem pouco mais 10 anos de vida, é formada por agricultores brasileiros.. Em 2016, começou a ter participação francesa, quando o grupo InVivo passou a integrar o grupo de acionistas da companhia.

“A CCAB entende que a competência e aptidão (do Brasil) é produzir alimentos e não fabricar produtos para controlar as pragas”, afirmou à reportagem Jones Yasuda, CEO da CCAB Agro. Os sete agrotóxicos da CCAB Agro aprovados neste ano são produzidos em fábricas da China, segundo informações do registro de comercialização. “A China teve como política de país o desenvolvimento do parque industrial químico”, completa.

O empresário destaca também que o mercado dos pesticidas é “altamente concentrado”. “Parte das empresas que o dominam são centenárias, que estiveram na base da própria revolução industrial”, pontua.

Mercado de poucos líderes

Desde 2012, o Brasil é o maior importador de agrotóxico do mundo, conta Victor Pelaez, doutor em Sciences Economiques pela Université de Montpellier, na França, e professor do departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). “Como o país produz muita soja, o parque industrial não conseguiu atender toda a demanda por agrotóxico”, diz ele.

BASF, Bayer, Dow AgroSciences, Du Pont e Syngenta são as líderes no mercado brasileiro. Juntas, as cinco são donas de cerca de um quarto dos agrotóxicos aprovados no Brasil, segundo o Atlas do Agronegócio, uma iniciativa das fundações alemãs Heinrich Boll e Rosa Luxemburgo lançada em setembro de 2018.

“O mercado é controlado por um grupo pequeno de empresas multinacionais. Elas fazem um comércio intra-empresarial. Uma tem alguns ingredientes ativos especializados em uma planta, e eles repassam para plantas de outros países. Há uma dinâmica, e assim um grupo restrito define o mercado mundial”, explica o professor da UFPR Victor Pelaez. Em nível mundial, a companhia alemã Bayer é dona de um quarto de todo mercado, segundo o Atlas do Agronegócio.

Para a Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos (Aenda), que representa empresas de agrotóxico no Brasil, a crise da participação nacional na fabricação dos pesticidas data da década de 90. “Foi o efeito da redução de impostos de importação promovida pelo Presidente Fernando Collor”, conta o engenheiro agrônomo e diretor-executivo da Aenda, Tulio Teixeira.

A importação ficou livre de impostos a partir da Lei Nº 8.032/90, e regulamentada pelo decreto nº 6.759 de 2009. A legislação, para Tulio, fez o mercado nacional “desmoronar”. “Os agrotóxicos eram fabricados ou formulados aqui em torno de 80%. A indústria aqui instalada desmoronou. Mas, mostrou que nossa produção tinha custo mais elevado que lá fora, e, até o momento isso não foi revertido”, diz.

Tulio diz que hoje no Brasil só se faz a formulação dos agrotóxicos. “É a tecnologia mais simples, de juntar ingredientes ativos importados com solventes, suspensores, etc. Não é tecnologia de síntese que envolve reações químicas. Neste contexto, o Brasil regrediu”.

A professora da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (UnB) Cristina Schetino acrescenta que o Brasil ficou para trás no mercado também devido à falta da “química fina” — que é a síntese e a produção industrial de produtos químicos. “A parte da formulação se consegue fazer no Brasil, mas a síntese do ingrediente ativo não. E a grande maioria dos agrotóxicos utilizados são sintetizados. Então, por aqui, só conseguimos produzir os produtos que não requerem esse ato”, explica.

Só 10% são pouco tóxicos

Dos nove agrotóxicos recém aprovados e inteiramente produzidos no Brasil, apenas oito foram classificados como de baixa toxicidade. São três da Biovalens (Bio-Imune, BT-Turbo Max e Bio-Hulk), três da TZ Biotech (Trychonyd FR 25, Purpureonyd FR 25 e Metarhryd FR 25), um da Excellence (Excellence Mig-66), um da Ballagro (BF30.001). O outro produto nacional, o Bio Zenon da Simbiose, recebeu classificação de Medianamente Tóxico.

Do total de 166 agrotóxicos aprovados em 2019, apenas 16 receberam a classificação de “Pouco Tóxico” segundo classificação da Anvisa. Enquanto isso, 33 foram avaliados como “Extremamente Tóxico”, o nível mais alto de toxicidade — todos são parcialmente ou totalmente produzidos fora do Brasil.

Segundo Cristina Schetino, “não temos a tecnologia, não temos os equipamentos para fazer a síntese. E isso é negativo, fragiliza a principal fonte de renda da economia brasileira, que é a agricultura. Nos torna dependentes”.

Para o diretor da AENDA, Tulio Teixeira, o número de empresas brasileiras que conseguiram registros neste ano pode ainda ser menor do que o apontado pelo levantamento da Agência Pública e Repórter Brasil devido à participação de empresários de outros países nas companhias nacionais. “[Ter] um nome brasileiro não significa que a empresa é brasileira. Posso afirmar que nem 40 registros [dos 166] foram para empresas realmente nacionais. Com a expansão da agricultura brasileira, todas as internacionais vieram com força para cá, compraram diversas brasileiras fizeram fusões entre elas, e ocuparam os espaços do mercado com um poderoso serviço de marketing”, explica.

MonsantoApenas 26% os produtos ativos (matéria-prima para o agrotóxico) usados na agricultura brasileira são produzidos no país Polêmica na indústria brasileira

A empresa brasileira a mais garantir permissões de comercialização em 2019 é a Nortox, fundada em 1954 pelo empresário Osmar Amaral no município de Arapoanga, no Paraná. Foram 10 registros, incluindo o Flutriafol Nortox, indicados para culturas de algodão, aveia, banana, batata, café, feijão, mamão, melão, soja e tomate. O grupo está em expansão, tendo a América Latina como foco. Em 2018 iniciou operações no Paraguai e neste ano quer chegar ao Chile.

A companhia também está envolvida em escândalos e investigações na Justiça do Paraná. Em 2015, o então diretor da Nortox, Humberto Amaral, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná no âmbito da Operação Publicano, que investiga esquema de corrupção na Receita Estadual do Paraná. Ele e outras 124 pessoas (entre empresários, funcionários públicos e políticos) foram denunciados por fazer parte de um esquema de pagamento de propina em troca de sonegação fiscal e redução da imposição de penalidades tributárias.

A reportagem teve acesso à ação que a empresa responde na Justiça do Paraná. Humberto e a Nortox são réus em ação civil de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito que tramita na 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Londrina.

Na denúncia, o MP/PR afirma que entre os meses de março e maio de 2011 auditores fiscais ligados à Receita Estadual do Paraná solicitaram ao diretor e ao contador da Nortox um pagamento de aproximado de R$ 750 mil para que multassem a empresa “em valor irrisório, cobrando apenas parcialmente o tributo devido, de modo a encobrir a omissão de recolhimento de tributos efetivamente devidos ao FISCO e ao mesmo tempo conferir aparência de legalidade à fiscalização já iniciada pela Receita Estadual de Londrina”.

Em nota, a Nortox garante que o nome da empresa, do seu então diretor superintendente e do contador foram inseridos indevidamente na fase II da Operação Publicano.

A Nortox questiona o Acordo de Colaboração Premiada feito entre o Ministério Público do Paraná e o então auditor fiscal Luiz Antônio de Souza. Segundo a nota, o acordo “resultou em uma precipitada denúncia com base apenas nas falsas declarações do Colaborador Premiado”.

A Nortox destaca que o acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)julgou procedente“os Recursos em Habeas Corpus impetrados com o objetivo de trancamento da respectiva Ação Penal”. E que a Ação Civil de Improbidade Administrativa, “que foi ajuizada sem qualquer prova do ilícito imputado ao diretor e ao contador da companhia”, terá o mesmo destino. “Deverá ser julgado extinto”, finaliza. Leia a nota na íntegra.

Questionada sobre a baixa participação de empresas brasileiras no mercado de agrotóxicos e dificuldades do setor, a Nortox não respondeu.

Gigantes asiáticos

No Brasil as empresas chinesas e indianas representam grande fatia do mercado de agrotóxicos. Dos registros emitidos neste ano, 41 foram para empresas lideradas por empresários de um dos dois países. E 145 produtos são totalmente produzidos na China ou na Índia ou tem pelo menos o ingrediente ativo vindo de lá.

Além de serem os maiores fabricantes de defensivos agrícolas do mundo, a China é também o maior consumidor por volume. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) a média anual de consumo do país entre 1990 e 2016 foi de 1,3 milhão de toneladas, deixando Estados Unidos em segundo (406.603) e Brasil em terceiro (210.057).

Na média por pessoa, o Brasil assume o primeiro lugar, segundo levantamento de 2015 da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) publicado no “Dossiê Abrasco: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde“. Usando dados de associações de empresas agrícolas e do Ministério da Agricultura, o estudo afirma que, por aqui, são consumidos 7,3 litros de agrotóxico por pessoa a cada ano.

Já no mercado global de agrotóxicos a participação chinesa é cada vez maior. “China e Índia se especializaram em sintetizar os produtos. Com uma área química de grande qualificação eles conseguiram gerar os ingredientes ativos utilizados na formulação dos agrotóxicos e fornecem para o mercado”, explica Victor Pelaez, doutor em Sciences Economiques pela Université de Montpellier e professor do departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O crescimento é tamanho que hoje companhias dos dois países asiáticos estão comprando diversas empresas de agrotóxicos pelo mundo. No ano passado, a americana Arysta LifeScience foi vendida por US$ 4,2 bilhões para a indiana UPL Corporation — que atua agora em 124 países, sendo a quinta maior companhia do setor global. Um ano antes, em 2017, a ChemChina (a mesma que adquiriu a Adama Brasil), comprou por US$ 43 bilhões o grupo suíço Syngenta.

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La histórica ola migrante que acecha a México

IPS español - ter, 14/05/2019 - 15:15

En la estación ferroviaria de Arriaga, en el estado mexicano de Chiapas, migrantes esperan la salida del tren que recorrerá 153 kilómetros hasta llegar a Ixtepec, Oaxaca, por un tramo en que las unidades solo pueden ir a 18 kilómetros por hora, por la precariedad de las vías. Los migrantes arriesgan su vida en estos trayectos con la esperanza de llegar a la frontera norte del país e intentar entrar a Estados Unidos. Crédito: Isabel Mateos/En el Camino

Por Alberto Nájar
ARRIAGA, México, May 14 2019 (IPS)

Desde noviembre de 2018 México enfrenta una inédita ola migratoria, que según estimaciones oficiales podría representar el mayor éxodo de personas en la historia reciente.

Entre enero y abril del 2019, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, más de 400.000 personas cruzaron la frontera sur de manera irregular.

Al menos la tercera parte de ellos son niños y adolescentes. Muchos viajan no acompañados o se mueven con lo que queda de su familia.

La mayoría proviene de América Central, especialmente de Honduras, pero en el río humano también se mezclan personas de Asia, África, Medio Oriente, América del Sur y el Caribe.

Prácticamente todos se dirigen a la frontera norte con la esperanza de cruzar a Estados Unidos, con el que este país comparte 3.169 kilómetros de frontera.

De hecho el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de ese país reporta que entre enero y abril detuvo a unas 100.000 personas cada mes, en promedio.

Es, pues, una migración que proviene de medio mundo, y que por momentos sorprendió a las autoridades mexicanas.

La cantidad de migrantes es mayor a todas las cifras registradas hasta ahora. En los momentos de mayor intensidad en el éxodo migrante, la década pasada, por la frontera entre el sureño estado de Chiapas y Guatemala cruzaron entre 140.000 y 400.000 personas al año.

En los primeros meses de este 2019 el ingreso rompió el récord y de mantenerse la tendencia al finalizar el año, México habría atestiguado el paso de por lo menos 1,2 millones de personas.

En esta danza de números, llama la atención el origen de los datos. Hasta el año pasado eran las organizaciones no gubernamentales las que estimaban el flujo de migración irregular.

Ahora, el gobierno de México es quien reconoce el tamaño de la voluntad de la gente de salir de su propio país por la situación de violencia y empobrecimento que predomina.

De hecho, la secretaria de Gobernación (ministra de Interior), Olga Sánchez Cordero, estima que, a diciembre de este año, unos 900.000 migrantes irregulares habrán llegado a la frontera norte del país.

¿Por qué esta inédita oleada de migrantes? Hay varias razones.

Honduras

En el caso de Honduras existe un acelerado proceso de deterioro en la vida cotidiana del país centroamericano, que se profundizó a partir de la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, en los comicios de noviembre de 2017, que desembocó en una crisis política.

El país centroamericano enfrenta una añeja crisis de seguridad por el acecho de bandas de narcotráfico y pandillas de maras (grupos del crimen organizado). Pero, además, el último proceso electoral se acompañó de ataques a organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.

El conflicto político agravó todavía más la situación interna del país. Y al mismo tiempo apareció en el escenario el fenómeno de las caravanas.

Es una nueva forma de caminar hacia el norte que tiene su origen en el viacrucis migrante de 2014, iniciado en el estado Oaxaca, en el suroeste de México, y que derivó en una marcha multitudinaria hacia la frontera norte.

Muchos de quienes acompañaron la caminata lograron su objetivo, quedarse en Estados Unidos a partir de un asilo humanitario. La noticia se esparció rápidamente en la región centroamericana.

Desde entonces se han realizado otros viacrucis similares. Después apareció el fenómeno de las caravanas a finales de 2018.

Los migrantes descubrieron que es más seguro viajar en grandes grupos, además, se multiplica la posibilidad de llegar a la frontera norte.

El fenómeno, sin embargo, también ha sido aprovechado por bandas de tráfico de personas. La Secretaría de Gobernación insiste en que hay un proceso de organización en las recientes oleadas de migrantes que emprenden el camino desde Honduras al norte.

De hecho el gobierno mexicano solicitó a las autoridades hondureñas que investiguen la forma en cómo se promueven las caravanas, pues creen que podría haber bandas internacionales de trata en el proceso.

La sospecha surge en los puntos de revisión fronterizos. Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) ha detectado a menores que viajan con adultos que se hacen pasar por sus familiares.

Esta situación es más evidente en el caso de los migrantes extracontinentales, quienes desde hace algunos años cambiaron su ruta de viaje a Europa –donde las restricciones fronterizas se profundizaron- y se enfilaron a Estados Unidos.

En lo que va del año el INM ha detectado ciudadanos de países como Afganistán, Eritrea, Bangladesh, Nepal, Pakistán, India, China o Nigeria, entre otros, así como del sudamericano Brasil.

En este nuevo camino cruzan por México, apoyados por bandas de tráfico de personas, dice Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

“Hay una recomposición de los flujos migratorios internacionales asociados a grupos delictivos en el tráfico de personas”, explica.

Cuba

En este nuevo río humano también se registra un aumento importante en la cantidad de cubanos que cruzan irregularmente la frontera sur mexicana.

“Es un notable incremento en el número de nacionales de Cuba”, dice la secretaria Sánchez Cordero. “Pasan por Nicaragua y posteriormente entran a nuestro país en tránsito a Estados Unidos”, detalla.

Esto representa una variación en la tradicional ruta migratoria que seguían los cubanos.

A partir de 2016, miles de personas abandonaron la isla con rumbo a Estados Unidos. Lo más usual era viajar a Venezuela o Ecuador y desde allí emprender el camino hacia el norte según documentaron organizaciones civiles.

Esto ocurrió después que el entonces presidente estadounidense Barack Obama canceló la posibilidad de que los cubanos obtuvieran residencia legal con solo pisar el territorio de su país.

A esa política se le conocía como “pies mojados, pies secos” pues la mayoría de quienes emprendían ese camino cruzaban el estrecho entre Cuba y Florida.

Actualmente, según el INM, existen más de 1.000 cubanos varados en la frontera sur del país y al menos otros 2.000l en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, a la espera de solicitar asilo en territorio estadounidense.

La situación puede agravarse, reconocen las autoridades, pues no hay señales de que el flujo migratorio se detenga.

Y en ello, coinciden especialistas, existe una alta probabilidad de que el gobierno del izquierdista presidente Andrés Manuel López Obrador aliente de alguna manera el éxodo.

En los sexenios anteriores la estrategia fue restringir el paso de personas en situación migratoria irregular. Inclusive, a partir de 2014 el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) desplegó a cientos de soldados, marinos y policías para contener a los migrantes centroamericanos.

Fue el llamado Plan Frontera Sur que no detuvo el flujo pero lo desvió a lugares más peligrosos. Ahora la situación es distinta:

Quienes pretendan entrar a México solo deben registrarse ante las autoridades migratorias, y con ello pueden incluso obtener una tarjeta de visitante temporal que les permite obtener empleo en el sureste del país.

Hace unas semanas, de hecho, se extendió el beneficio a los originarios de Honduras y El Salvador con lo cual se incluye a prácticamente todos los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que incluye también a Guatemala.

Antes el salvoconducto era exclusivo para los migrantes de Belice y Guatemala, los vecinos más inmediatos.

Al mismo tiempo el gobierno de López Obrador promueve una política de inversión y desarrollo en los países centroamericanos, una especie de Plan Marshall (similar al aplicado en Europa tras la Segunda Guerra Mundial) con el que se pretende cancelar los motivos de la migración irregular.

No está claro si la estrategia puede funcionar pues las caravanas y el éxodo de hondureños se mantiene.

Hace varios años, ante las peticiones de organizaciones civiles para cancelar el requisito de visa para los países del Triángulo Norte, algunos especialistas y autoridades advirtieron que dar ese paso podría provocar un éxodo masivo de personas.

Honduras podría vaciarse, dijeron algunos. Ahora la profecía parece cumplirse.

Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

 

El artículo La histórica ola migrante que acecha a México fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Auge de nacionalismos de derecha socava DDHH en el mundo

IPS español - ter, 14/05/2019 - 14:06

Movimientos ultraderechistas, racistas y xenófobos entre otras características violatorias a los derechos humanos se han expandido en países donde se han establecido gobiernos populistas y neoconservadores, tanto en el Norte industrial como el Sur en desarrollo. Crédito: Dominio público

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, May 14 2019 (IPS)

La expansión del nacionalismo de derecha y la proliferación de gobiernos de corte autoritario han socavado los derechos humanos en varios países de Europa, Asia, África, Medio Oriente y América Latina.

Como resultado, algunos de los expertos internacionales en derechos humanos, designados como relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han sido excluidos, se les ha negado el permiso para visitar países en “misiones de investigación” o han sido amenazados con la expulsión, junto con la suspensión de los permisos para su labor.

El gobierno de Filipinas, un vociferante régimen autoritario, ha renovado las acusaciones contra Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

El jefe de Estado Mayor Adjunto para Operaciones Cívico-Militares de ese país, el general de brigada Antonio Parlade, dijo a la prensa que las Naciones Unidas habían sido infiltradas por el Partido Comunista de Filipinas a través de Tauli-Corpuz.

“Las nuevas acusaciones contra Tauli-Corpuz están claramente en represalia por su inestimable labor en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el mundo y en Filipinas”, dijo un grupo de expertos de la ONU sobre el ataque contra la relatora especial.

Anna-Karin Holmlund, defensora sénior de la ONU en Amnistía Internacional, dijo a IPS que “hemos presenciado varios ataques personales profundamente preocupantes por parte de los Estados miembros de la ONU contra expertos independientes, incluidos ataques personales, amenazas de enjuiciamiento, agitación pública y violencia física en el último año”.

En ocasiones, señaló, esos ataques han sido realizados por alguno de los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tienen la obligación expresa de mantener los estándares más altos en la promoción y protección de los derechos humanos.

“Tales ataques son parte de una tendencia inquietante de achicar cada vez más el espacio para el trabajo de derechos humanos en muchos lugares del mundo”, declaró Holmlund.

Por ejemplo, el gobierno de Burundi cerró en abril la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, lo que desencadenó una protesta de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Ginebra.

Mientras, bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos ha dejado de cooperar con algunos de los relatores sobre diferentes temas de derechos humanos de las Naciones Unidas, y específicamente una investigación sobre la difícil situación de los migrantes en la frontera con México, donde algunos han sido agredidos sexualmente, sin que haya habido denuncias.

El gobierno de Myanmar (Birmania) prohibió un experto de la ONU visitar el país para investigar el estado de los refugiados rohinyás.

En marzo, el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, debió posponer una visita oficial a Marruecos porque el gobierno “no ha podido garantizar un programa de trabajo en acuerdo con las necesidades del mandato y la términos de referencia para visitas a países por procedimientos especiales”.

La visita estaba programada “para examinar el impacto de las medidas destinadas a garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial y los fiscales, y el ejercicio independiente de la profesión jurídica”.

“Es muy lamentable que el gobierno no haya tenido plenamente en cuenta las sugerencias de lugares para visitar y el calendario de trabajo. Es una condición previa esencial para el ejercicio del mandato del relator especial, que yo pueda determinar libremente mis prioridades, incluyendo lugares para visitar”, dijo García-Sayán entonces.

Robert Colville, portavoz de la alta comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, realizó un pronunciamiento el 10 de mayo, para denunciar que “estamos muy preocupados por el alto número de defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido asesinados, hostigados y amenazados en Colombia, y por el hecho de que esta terrible tendencia parece estar empeorando”.

“Llamamos a las autoridades a hacer un significativo esfuerzo para enfrentar el patrón de hostigamiento y ataques dirigidos contra los representantes de la sociedad civil y a que tomen todas las medidas necesarias para enfrentar la impunidad endémica en torno a estos casos”, prosiguió.

Tan solo en el primer cuatrimestre del año, detalló, se produjeron 51 asesinatos de personas que posiblemente defendían derechos humanos o eran activistas, según las denuncias de la sociedad civil, organismos del Estado y la propia Defensoría del Pueblo.

Esta altísima cifra continúa una tendencia negativa que se intensificó durante 2018, cuando el personal de la Oficina en Colombia de ACNUDH, documentó el asesinato de 115 defensores y defensoras de los derechos humanos.

Desde agosto de 2017, en Colombia gobierna Iván Duque, que los analistas internacionales afilian al grupo del neopopulismo y neonacionalismo conservador, que está creciendo en América Latina.

Mientras,  el mes pasado, Israel revocó el permiso de trabajo de Omar Shakir, el director de la organización Human Rights Watch para Israel y Palestina, una decisión protestada por las Naciones Unidas.

“Esta decisión amenaza la promoción, la investigación y la libre expresión para todos y refleja una resistencia preocupante al debate abierto”, dijo un grupo de expertos de la ONU. “Es un revés para los derechos de los defensores de derechos humanos en Israel y en el territorio palestino ocupado”, añadió.

Palitha Kohona, expresidenta del Comité Especial de la ONU sobre Prácticas Israelíes, encargado de vigilar las violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por Israel, aseguró a IPS que las visitas oficiales a Cisjordania estaban prohibidas por Tel Aviv, “y no por falta de intentos” de llevarlas a cabo.

“En 2011, esperamos un día adicional en Amman con la esperanza de obtener la aprobación, que nunca llegó. Una visita ministerial de delegados del Movimiento de Países No Alineados a Cisjordania fue detenida en el puente Allenby por Israel”, recordó sobre alguna de las iniciativas frustradas del Comité para cumplir su misión.

Con Gaza la situación fue otra durante un tiempo, después que el cruce de Rafah pasó a ser controlado por Egipto y las autoridades del territorio palestino. La entrada a Gaza para el Comité se realizó por el paso de Sinaí, después de un largo viaje en autobús desde El Cairo a través del desierto, dijo Kohona, quien fue representante permanente de Sri Lanka ante la ONU.

“Visité Gaza dos veces en 2010 y 2011 con el Comité. Creo que estas fueron las únicas dos ocasiones en que el Comité pudo visitar Gaza”, afirmó.

Según un reportaje publicado en The New York Times el 10 de marzo, Leilani Farha, relatora especial sobre vivienda adecuada de las Naciones Unidas,  se mostró “sorprendida” al descubrir que algunos de los egipcios que entrevistó en los asentamientos pobres de El Cairo “habían sufrido represalias por hablar con ella”.

“Algunos fueron expulsados ​​de sus hogares por funcionarios, sus pertenencias esparcidas en las calles. Otros fueron acosados ​​por los servicios de seguridad o se les prohibió salir de Egipto”, detalló el artículo del corresponsal del The New York Times en El Cairo, Declan Walsh.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a Farha de fabricar historias e insinuó que era una simpatizante del terrorismo, empeñada en difamar a Egipto”, contó el periodista.

Según el periódico, esa visión defensiva y conspirativa ha llegado a la ciudadanía, debido a que es la estándar en los canales de televisión egipcios, cuya política editorial es muy seguidora de las posiciones del regimen del general Abdul Fatah al Sisi.

Las Naciones Unidas cuentan actualmente con 38 relatores especiales o expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, máxima instancia intergubernamental de ACNUDH, para investigar violaciones de los legítimos derechos políticos, económicos y legales de personas y minorías en todo el mundo, dentro de un sistema introducido en 1982.

Las misiones de investigación, efectuadas por relatores de la ONU, cubren una amplia gama de temas, como investigaciones sobre tortura, ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzosas, racismo, xenofobia, esclavitud moderna y abuso contra los derechos de los migrantes y pueblos indígenas.

La sudafricana Urmila Bhoola,  relatora especial sobre Formas Contemporáneas de la Esclavitud, detalló a IPS que durante 2018 visitó en misión especial a Níger, Bélgica, Nigeria, El Salvador, Mauritania, Paraguay e Italia, por ese orden.

Recordó que “las visitas a los países solo se realizan por invitación de los gobiernos”.

“He emitido solicitudes para visitas a muchos países, pero debido al nombre (de la relatoría) y al enfoque del mandato, los Estados miembros a menudo se muestran reacios a invitar a realizar una visita a quienes tienen un sobre formas contemporáneas de esclavitud”, detalló

Los Estados miembros, puntualizó, no pueden rechazar abiertamente una visita, pero pueden no responder a las solicitudes de visitas a los países.

Según la Oficina de ACNUDH, los Estados miembros generalmente cooperan con los expertos independientes en derechos humanos en los llamados Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Se trata del mayor órgano de expertos independientes en el sistema de ONU en derechos humanos y se dedican a monitorear situaciones concretas en el tema.

El número de Estados que nunca han recibido la visita de un relator especial de los que operan dentro de ACNUDH, ha caído a 22. Y el número de Estados que han emitido una “invitación permanente” a los Procedimientos Especiales ha llegado a 120 Estados miembros y un Estado Observador no miembro.

Algunos Estados reciben más de una visita por año. Cada año, en promedio, los Procedimientos Especiales realizan alrededor de 80 visitas a diferentes países.

En este momento, dijo un portavoz, “no hemos sido notificados de ningún cambio relacionado con la cooperación con los Procedimientos Especiales por parte de la misión permanente de Estados Unidos aquí en Ginebra. De hecho, han estado en contacto con varios titulares de mandatos recientemente”.

En diciembre de 2017, el gobierno de Myanmar informó a la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Yanghee Lee, que se le negaba acceso al país y se le retiraba toda cooperación mientras durara su mandato, descontento con su último informe, pese a que hasta entonces había realizado dos visitas anuales el país desde 2014.

T: MF

El artículo Auge de nacionalismos de derecha socava DDHH en el mundo fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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UN health agency highlights lifestyle choices that can prevent onset of dementia, as millions more succumb each year

UN SGDs - ter, 14/05/2019 - 12:06
Key lifestyle choices such as getting regular exercise, not smoking or drinking too much, can reduce the risk of dementia and cognitive decline, the UN health agency said on Tuesday.
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El desatendido desplazamiento interno requiere acciones urgentes

IPS español - seg, 13/05/2019 - 18:27

Familias desplazadas en la provincia de North Kirvu, en República Democrática del Congo reciben algunos productos domésticos. Crédito: Martin Lukongo/NRC

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, May 13 2019 (IPS)

Más personas que nunca en la historia viven en la actualidad desplazadas dentro de las fronteras de sus propios países y el pronóstico es que la cifra seguirá subiendo si no se produce una acción urgente para evitarlo, según alerta un nuevo estudio.

Elaborado por el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, en inglés), perteneciente al no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), el último Informe Global sobre Desplazamiento Interno presenta un panorama sombrío sobre un tema con graves y crecientes consecuencias.

“El informe de este año es un triste recordatorio de la recurrencia del desplazamiento y de la gravedad y urgencia de las necesidades de los desplazados internos”, dijo la directora del IDMC, Alexandra Bilak.

Para la especialista, “los hallazgos” del informe, lanzado este mes de mayo, representan un “llamado de atención a los líderes mundiales”.

“El año pasado, millones de personas obligadas a huir de sus hogares, a los que están fallando gobiernos nacionales ineficaces y una diplomacia internacional insuficiente”, aseguró el secretario general del NRC,  Jan Egeland.

Pero, subrayó, “debido a que no han cruzado una frontera, reciben  poca atención”, a niveles mundiales y regionales.

El estudio estima que 41,3 millones de personas sobrevivían como desplazados internos a fines de 2018 y de ellos 28 millones eran nuevos desplazamientos. Esos nuevos casos se originaron en 61 por ciento por desastres naturales y 39 por ciento restante por conflictos de distinto tipo.

“La evacuación de personas salva sus vidas, pero no significa que no permanezcan desplazadas después de que termine la crisis, especialmente si sus casas han sido destruidas”, dijo a IPS la jefa de Política y Defensa de IDMC, Bina Desai.

Por ejemplo, solo Filipinas registró casi cuatro millones de desplazamientos, más que cualquier otro país del mundo. Una parte significativa se desplazó como resultado de las evacuaciones preventivas para mitigar los impactos de los tifones entre julio y diciembre de 2018.

Desai manifestó su preocupación de que, a pesar de la inversión en la reducción del riesgo de desastres, las comunidades siguen muy expuestas y vulnerables.

“El desplazamiento está dejando de ser un problema puntual para convertirse en una experiencia cada vez más cíclica y repetida para las personas”, dijo.

De los 41,3 millones de desplazados internos, dos terceras partes, lo que equivale a 30,9 millones, se concentran en 10 países: Siria, Colombia, República Democrática del Congo, Somalia, Afganistán, Yemen, Nigeria, Etiopía, Sudán e Iraq, por ese orden.

Un caso particular es el de Colombia, que se mantiene como el segundo país en número, con 3,8 millones de desplazados internos, pese al acuerdo de paz logrado en 2016 entre el gobierno y la ya extinta guerrilla de las FARC. De hecho, los enfrentamientos con otros grupos armados provocaron en el país latinoamericano 145.000 nuevos desplazados en 2018.

Las urbes, foco de desplazamiento

Del estudio también emergió que el desplazamiento interno es un fenómeno cada vez más urbano, en particular en el caso de los originados en conflictos.

Eso sucede por ejemplo en comunidades que por la guerra en Yemen buscan refugio en ciudades como Hodeidah,  o que por conflictos de diferente orden en Somalia se desplazan a urbes como a  Mogadiscio.

Los desplazamientos a las urbes tienen algo de círculo vicioso, destacó Desai, porque los que llegan hasta ellas en busca de seguridad, frecuentemente son forzados a convertirse otra vez en desplazados.

En Somalia, las autoridades han desalojado por la fuerza a miles de desplazados internos que a menudo se instalan en asentamientos informales y han llegado a demoler las viviendas, dejándoles nuevamente sin hogar.

Uno de los peores incidentes de desalojo masivo ocurrió en diciembre de 2017, cuando 35.000 personas que vivían en 38 asentamientos de desplazados internos fueron desalojados luego de una disputa sobre la propiedad de la tierra.

A medida que las ciudades continúan siendo el destino de éxodos interno, su crecimiento se vuelve exponencial, lo que hace que sus residentes enfrenen un mayor riesgo de desplazamiento, cuando suceden desastres naturales en los cada vez más extensos territorios urbanos.

El IDMC calcula que aproximadamente 17,8 millones de personas corren el riesgo de ser desplazadas por las inundaciones cada año en el mundo. De ellas,  80 por ciento  vive en áreas urbanas o periurbanas.

Desai destacó la necesidad de planes e inversiones a largo plazo para ayudar a prevenir el desplazamiento como primer objetivo, con la construcción de infraestructuras resistentes a la climatología entre otras muchas.

A su juicio, comprender los riesgos de desplazamiento debe ser un componente esencial en los planes de desarrollo.

“Cualquier decisión de inversión que se tome en la planificación del desarrollo, ya sea en educación o en infraestructura de salud o en medidas de seguridad, tendrá un impacto en el riesgo futuro, porque lo incrementará o reducirá”, dijo a IPS.

“No es como un evento externo, que empuja a las personas a abandonar sus hogares, pero es la forma en que están expuestos o son vulnerables a ese evento y determinará si están en riesgo de ser desplazados”, agregó Desai.

Sin embargo, la financiación para la reducción del riesgo de desastres (DDR, en inglés) sigue siendo lamentablemente insuficiente.

Según el Instituto de Desarrollo de Ultramar, solo 0,4 por ciento del monto total gastado en asistencia internacional se destinó a DDR en las últimas dos décadas.

Al final del día, la solución es en gran parte política.

“En última instancia, si los gobiernos nacionales no tienen un interés y un incentivo para invertir y reducir el desplazamiento interno, eso no sucederá”, dijo Desai, señalando la necesidad de proporcionar datos sólidos y pruebas que conecten los desplazamientos con las prioridades políticas.

A juicio del IDMC, la mayoría de los gobiernos siguen concentrando su preocupación en los flujos de refugiados, pero es imperativo centrarse también en los desplazados internos que a menudo se convierten en refugiados cuando no les quedan soluciones u opciones.

“Creemos que los desplazados internos merecen mucha más visibilidad … la urgencia es clara porque hemos visto esos lugares donde tenemos datos sólidos de que no solo las personas mismas se ven inmensamente afectadas, sino que también se están erosionando los avances en el desarrollo”, dijo Desai.

Para la especialista, las comunidades de destino y los países que tienen altos niveles de desplazamiento interno no podrán lograr sus objetivos de desarrollo nacional o los internacionales Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que deben cumplirse para 2030.

“Todas las personas desplazadas tienen derecho a la protección y la comunidad internacional tiene el deber de garantizarla”, concluyó Egeland, por su parte.

T: MF

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‘Disaster resilient’ farming reduces agriculture risks, yields economic gains, says new UN agriculture agency report

UN SGDs - seg, 13/05/2019 - 17:48
A scale of economic gains through easy-to-implement "disaster resilient" farming practices was revealed on Monday at the launch of a new study by the United Nations agriculture agency.
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Activismo LGBTI cubano redobla visibilidad por sus derechos

IPS español - seg, 13/05/2019 - 15:48

Activistas de la comunidad LGBTI participan el 11 de mayo en una caminata por Paseo del Prado de La Habana, autoconvocada en por las redes sociales, en coincidencia con las actividades de las 12 Jornadas Cubanas de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia, pero independiente a ellas. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, May 13 2019 (IPS)

Con acciones comunitarias y la primera marcha masiva sin autorización oficial, el activismo de gays, lesbianas, bi, trans e intersexuales (LGBTI) entra en una nueva etapa que calificaron de decisiva para mantener y ampliar sus derechos en Cuba.

“La lección ha sido grande… al final te das cuenta que detrás de todo esto hay mucha manipulación. Pero yo no me puedo rendir ni dejar presionar… tengo que seguir luchando por mis derechos”, dijo a IPS la artista Siria González, del proyecto comunitario Casa Tomada Mirarte.

Con una bandera multicolor en la mano, González estuvo entre las primeras personas que llegó en la tarde del sábado 11, al Parque Central, en el municipio de La Habana Vieja, donde decenas de activistas, personas LGBTI y solidarias con esa causa protagonizaron la caminata, que fue convocada a través de las redes sociales.

Luego de que los primeros activistas hicieron ondear sus banderas en el Parque Central y respondieron a preguntas de la prensa internacional y alternativa, el grupo fue creciendo con más personas y otras que miraban desde cierta distancia, como la empleada en un centro gastronómico Aylin González.

“Hace tiempo que participamos en las congas y nos quedamos sorprendidas con la noticia de que estaban suspendidas. No sabemos en realidad por qué”, dijo a IPS. “Hay un poquito de temor a que se vuelva a cómo era tiempos atrás, que hasta ahora se ha luchado bastante”, valoró antes de unirse a la marcha.

Todo comenzó el 6 de mayo, cuando el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) comunicó que por decisión del Ministerio de Salud Pública, al que se adscribe esta institución, quedaban suspendidas las dos congas (marchas festivas) previstas en la 12 Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia.

Ese es el nombre al programa anual de actividades educativas, de activismo y sensibilización, que desde 2007 el Cenesex coordina en la capital y una provincia seleccionada como sede central alrededor del 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.

El texto original del programa incluía una marcha el sábado 11 en La Habana y otra en la ciudad de Camagüey, que fueron canceladas, según Cenesex, “por la agresividad contra Cuba y Venezuela” y grupos que “pretenden utilizar nuestra Conga para desacreditar, dividir y sustituir el verdadero sentido de esta actividad” .

Con banderas y arengas como “El anillo pa’ cuando”, “Viva la Revolución” y “Cuba diversa”, el grupo congregado en el Parque Central caminó pacíficamente por la antigua avenida del Paseo del Prado, donde los autos lo recibieron con bocinazos y la policía detuvo el tráfico por un kilómetro hasta la intersección con el malecón habanero.

Agentes de seguridad detienen a dos participantes en una marcha autoconvocada por activistas pro los derechos del colectivo LGBTI en La Habana, en coincidencia con las 12 Jornadas Cubanas de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia , el sábado 11 de mayo.
Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

En ese punto, agentes policiales informaron que no podían continuar. En momentos confusos, al menos sucedieron cinco detenciones con resistencia. Desde antes de la marcha trascendió en las redes sociales que varios activistas que confirmaron su asistencia fueron detenidos previamente y otros advertidos de no asistir.

Tras el incidente violento, varios manifestantes se sentaron en el suelo del parque y algunas parejas se subieron sobre los bancos para besarse en la boca, aupadas por gritos y aplausos.

Otros participantes comentaron que irían a la Fiesta por la Diversidad, que el Cenesex organizó en un centro recreativo en el barrio habanero de Vedado.

“La Constitución fue escrita con las manos, el corazón, inteligencia y sabiduría del pueblo cubano”, dijo la sexóloga Mariela Castro Espín, coordinadora del Cenesex,  a los asistentes a la Fiesta por la Diversidad, que recibió cobertura de la televisión estatal.

“Ahí están nuestros derechos, de todas las personas”, enfatizó la diputada, que aboga por la vía estatal para el logro de derechos.

Bajo críticas y apoyos en las redes sociales, el domingo 12 Castro Espín calificó en su perfil de Facebook  a la marcha alternativa de “show convocado desde Miami y Matanzas, respaldado por funcionarios de la embajada de Estados Unidos y cubierto por la prensa extranjera”, en tiempos de confrontación entre La Habana y Washington.

Pero el intenso debate sobre la caminata pacífica y derechos humanos en Cuba continúa en las redes sociales en un país cada vez más conectado a Internet, que vive un complejo escenario respecto a postergadas demandas LGBTI como el matrimonio y la adopción igualitaria desde que en julio de 2018 comenzó la reforma constitucional.

El proyecto de ley fundamental incluía una definición del matrimonio como “la unión voluntaria entre dos personas”, en el artículo 68. Pero,tras la consulta popular, el parlamento cambió  por “una de las formas de organización de las familias”, a definir en un futuro nuevo Código de Familia, que será sometido a consulta y plebiscito.

Algunas parejas de la comunidad LGBTI se besan en unas esalinatas, en una reivindicación de sus derechos, incluido el manifestar su orientación sexual en los espacios públicos, durante una caminata por La Habana, convocada a través las redes sociales el 11 de mayo. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Sectores sociales rechazaron el artículo 68, que hubiera allanado más el camino al matrimonio igualitario, en especial iglesias evangélicas, que organizaron campañas, recogidas de firmas y continúan realizando acciones masivas en espacios religiosos, que hasta se han desbordado a zonas públicas para hacer valer sus posturas.

“Durante la consulta se hicieron muy pocas cosas por parte de la comunidad LGBTI”, evaluó el joven activista Jancel Moreno, que coordina el proyecto en formación Dame la mano, una de las iniciativas autónomas representadas en la marcha y que realizan pequeñas acciones contra la homofobia en espacios comunitarios e Internet.

Aunque personas como Moreno prefieren la definición de matrimonio definitiva y otros la del eliminado artículo 68, la decisión parlamentaria de que el Código de Familia sea sometido a referendo resulta rechazada. “Una mayoría que no conoce del tema, que tiene muchos prejuicios, no puede plebiscitar los derechos de una minoría”, dijo.

En busca de visibilizar más a la comunidad LGBTI, algunas iniciativas autónomas como Dame la mano, Alianza Afrocubana, Dame tu pulóver, CineClubCuir, Casa Tomada Mirarte, la campaña “Acepto”, la plataforma 68Va, Riera Studio, entre otras, realizan pequeñas acciones comunitarias de cara al referendo de la ley de familia.

Por su parte, Cenesex aseguró que el resto del actual programa, que incluye trabajo educativo y de sensibilización, continuará hasta completar las 29 actividades previstas.

Un largo camino queda pendiente, aunque se observan avances, en la lucha por la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en la población de 11,2 millones habitantes, según las últimos resultados de estudios representativos.

Al menos 63,8 por ciento rechaza la unión legal entre personas del mismo sexo, de la muestra representativa de 39.318 personas, de 12 a 64 años, entrevistadas en la Encuesta sobre Indicadores de Prevención de Infección por el VIH/sida 2017, disponible desde marzo en el sitio de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

El cuestionario, aplicado ese año, encontró también que 59,3 por ciento de las personas acepta la diversidad sexual o al menos a los hombres que tienen sexo con otros hombres, mientras que 40,7 por ciento manifiesta reticencias o disímiles actitudes de rechazo.

Antes, la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (Enig-2016), con una muestra representativa de 19.189 personas de 15 a 74 años, encontró el dato más inclusivo de los conocidos hasta el momento: 77 por ciento de las y los entrevistados considera que las personas LGBTI deben disfrutar de iguales derechos.

Pero cuando el cuestionario preguntó por los principales derechos demandados por esta comunidad, los resultados fueron contrastantes: solo 49,1 por ciento de la muestra consideró que “se les debería permitir casarse” mientras que entre 31 y 34,6 por ciento está a favor de que una pareja del mismo sexo adopte un niño.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Sudafricanos encomiendan a Ramaphosa recuperar economía y democracia

IPS español - seg, 13/05/2019 - 14:18

Miembros del Consejo Nacional Africano, el partido que gobierna Sudáfrica desde hace medio siglo festejan el triunfo de su líder, Cyril Ramaphosa, en las elecciones generales del 8 de mayo, aunque haya sido con la peor votación de su historia. Crédito: CNA

Por Crystal Orderson
CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica, May 13 2019 (IPS)

Los sudafricanos ansían que el gobierno que emergió de las elecciones del 8 de mayo genere empleos, recupere la estancada economía, ponga fin a la rampante corrupción y regenere la democracia y para ello ratificaron en las urnas a Cyril Ramaphosa, el presidente interino, aunque con una confianza en claro declive.

En las sextas elecciones democráticas, el Congreso Nacional Africano (CNA) volvió a obtener la máxima votación entre los nada menos que 28 partidos en liza, como se repite desde el fin del apartheid o segregación racial, en 1994. Pero lo hizo con el peor porcentaje de votos desde entonces: algo menos de 58 por ciento.

El economista Dawie Roodt dijo a IPS que lo urgente ahora es saber los planes de Ramaphosa, de 66 años, actual líder de CNA y quien como vicepresidente asumió la jefatura interina del gobierno y el Estado, ante la renuncia a que se vio forzado Jacob Zuma (2009-febrero de 2018) por los escándalos de corrupción.

Justamente, afrontar los altos niveles de corrupción y reconstruir la economía son las dos grandes promesas que deberá cumplir, planteó ea especialista, para quien lo primero será saber el gabinete que lo acompañará, en especial en las carteras de finanzas, cuando la Asamblea Nacional legislativa lo invista en junio para un mandato de cinco años.

“Los desafíos son desalentadores y hay que lidiar con algunas prioridades clave, como  la crisis de (la compañía estatal eléctrica) Eskom y otras en el ámbito económico, en especial el muy elevado desempleo y los niveles de deuda del Estado”, afirmó en una entrevista desde Pretoria el economista jefe de Efficient Group

Un mandato para el cambio

La votación para el CNA representa una importante caída respecto a 2014, cuando el partido obtuvo 62,5 por ciento de los sufragios.

También se redujo la participación, con 65 por ciento del padrón electoral frente a 73,5 por ciento de hace cinco años, un dato sorpresivo y que para los analistas se explica por el desencanto de la población, en este país de 54 millones de personas.

Esa desilusión del electorado en la política y en sus líderes presiona a Ramaphosa para lograr cambios económicos en un plazo no mayor de dos años, coinciden los politólogos y los economistas sobre lo que evidencian los resultados electorales.

Para ello, aducen, cuenta con su historial. Economista y militante desde el comienzo de la lucha contra el apartheid, “hijo predilecto” del líder histórico Nelson Mandela, primero sindicalista y luego empresario exitoso, sus dotes negociadoras se confirmaron como coordinador de la redacción de la actual Constitución.

“Tiene un margen de 12-24 meses para cumplir las promesas de trabajo y la gente lo cuestionará si va a hacer lo correcto o no”, subrayó el economista Khaya Sithole a emisoras locales.

Roodt considera que los sudafricanos dieron un voto condicionado a CNA y a Ramaphosa, en esta república de sistema parlamentario y 54 millones de habitantes, que se considera la potencia emergente de África.

Se le eligió, planteó, para que haga los cambios que urgen y cumpla con sus promesas, entre ellas un gabinete más pequeño y centrado en avanzar en la transformación económica y la regeneración democrática.

Cyril Ramaphosa, presidente interino de Sudáfrica desde febrero de 2018, vota en los comicios del 8 de mayo, en que este economista, político, rico empresario y activista sindical de 66 años y quien coordinó la redacción de la actual Constitución del país, fue ratificado para dirigir el país los próximos cinco años. Crédito: Cyril Ramaphosa.

Pero más allá de una reducción de los ministerios, para Roodt lo fundamental en que al frente de ellos se coloque “a  personas eficientes para cada cargo, porque a menudo los ministros son designados por sus lealtades y no por su desempeño”.

Todas las miradas sobre Ramaphosa

Ramaphosa aseguró durante la jornada electoral que estos comicios tenían ecos de las históricas elecciones de 1994. Lo hizo en la localidad de la que es originario, Sowetto, el gran asentamiento de población negra a las afueras de Johannesburgo, que fue emblemático en la lucha contra el apartheid desde los años 70 y hasta lograr su derrumbe.

“En 1994 nuestra gente estaba tan emocionada como esta que vota aquí ahora, porque estaban anunciando una nueva era, un nuevo futuro para nuestro país y hoy esto es lo que estoy recogiendo”, afirmó.

Ramaphosa hizo una especie de crítica al afirmar que “durante los últimos 25 años, hemos logrado mucho, pero aún no hemos llenado el vaso. El vaso está medio lleno”, antes de reafirmar que “no tendré tolerancia con la corrupción”.

Los sudafricanos están desesperados por un cambio. En muchos de ellos creció el enojo y la desilusión a medida que se revelaban los niveles de corrupción de Zuma, que contrastaban con la situación de la mayoría de la población.

En los últimos años, los sudafricanos se han vuelto más pobres, luchando por mantener a sus familias con una economía estancada. Con una de cada tres personas sin empleo, hay una creciente desesperación porque el cambio llegue.

Y todos los ojos están puestos en el presidente de CNA desde 2017, cuya presión para que ponga a flote el barco cuanto antes aumenta, ahora que ha recibido un voto de confianza de las urnas, que aunque desgastado aún le asegura una mayoría absoluta en el parlamento.

Economía enferma

Si bien lo más urgente para los sudafricanos es que Ramaphosa cree puestos de trabajo, este es solo parte del paquete de problemas económicos que deberá afrontar el gobernante desde junio.

Entre esos problemas destacan un endeudamiento que alcanzará más de 60 por ciento del producto interno bruto (PIB) para el bienio 2023-2024. El PIB sudafricano se situó al finalizar 2018 en 790.934 millones de dólares.

Eso pesa como una losa en el crecimiento del PIB, que en 2019 ya ha debido revisarse a la baja en dos décimas, para situarlo en un pobre 1,5 por ciento.

Para dar la vuelta a la situación, Ramaphosa se ha propuesto la ambiciosa tarea de atraer 100.000 millones de dólares en inversiones.

Eskom, una soga alrededor del cuello

Pero también tendrá que afrontar el colapso de entidades estatales, en especial la compañía de electricidad Eskom, que simboliza los 25 años de gestión de CNA: tras lograr llevar el suministro a más de 85 por ciento de la población, ahora la castiga con cada vez más frecuentes apagones y el déficit eléctrico bloquea el tan necesario crecimiento económico.

Detrás hay una historia de mala gestión y gran corrupción en la que ha sido la empresa con mayor utilidad en África y ahora es una soga alrededor del cuello del gobierno de Ramaphosa.

El gobierno ha tenido que asistirla ya con cientos de millones de dólares de los contribuyentes y sanearla va a requerir miles más. La empresa carga con una deuda de más de 28.000 millones de dólares y las agencias de calificación de riesgo la colocan en el más alto de la economía más industrializada de África.

Cuando CNA comenzó a gobernar este país bajo la presidencia de Mandela, en 1994, y se pusieron fin a cinco décadas de apartheid, la electricidad solo llegaba a la mitad de la población, la gran mayoría blanca, y al comenzar 2018 el suministro alcanzaba a más de 85 por ciento, pero en medio Eskom había colapsado.

Roodt considera que las energías de Eskom ahora se concentran “simplemente sobrevivir”, para lo que necesitan miles de millones, lo que será una “amenaza” para los esfuerzos de reanimación económica.

El saneamiento de Eskom pasa también por otro problema que tiene todo el aparato público: un nivel desbordado de personal.

“Hay un exceso de personal salarios desmesurados y una plantilla de entre 20.000 y 30.000 personas que trabajan allí, hay que reducir a Eskom”, planteó.

Pero recortar la plantilla de Eskom y en general del sector estatal, con las altas cotas de desempleo actuales, se traduciría en tensiones sociales y crisis con los sindicatos que han sido soporte tradicional del CNA.

Como Ramaphosa jugará las marcadas cartas con las que contará cuando el parlamento le entregue el mandato en junio es algo que se desconoce, aunque sus votantes confían en su gran experiencia negociadora.

T:MF

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Podcast Histórias que Ninguém Te Conta

Pública - seg, 13/05/2019 - 12:00

O podcast Histórias Que Ninguém Te Conta é uma série de reportagens produzidas pela Agência Pública sobre a zona portuária do Rio de Janeiro. A série foi inspirada no aplicativo Museu do Ontem, que mistura jornalismo, arte e tecnologia e permite ao usuário explorar o Porto Maravilha.

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Podcast: “Isso aqui é osso de gente”

Pública - seg, 13/05/2019 - 11:59

 

 

 

Juliana Russo/Agência PúblicaO podcast Histórias Que Ninguém Te Conta narra a história da zona portuária carioca

Nos últimos meses, as repórteres da Agência Pública mergulharam na Zona Portuária do Rio de Janeiro para desvendar histórias pouco conhecidas sobre o passado do Rio e do Brasil.

O resultado é o podcast Histórias Que Ninguém Te Conta, que publicamos nas próximas semanas, sempre nas segunda-feiras ao meio dia.

O porto do Rio de Janeiro tem um passado rico e cheio de histórias que vão além do que está nos livros escolares. Foi ali que desembarcou a família real portuguesa em 1808; que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, em 1888, acabando com a escravidão; e onde foi proclamada a República, em 1889. Mas foi ali também que funcionou o maior porto negreiro das Américas, que recebeu mais de 700 mil negros escravizados, e ali pertinho fica o local onde o presidente João Goulart fez o comício da Central, usado como desculpa para o golpe militar de 1964.

No episódio de hoje, Mariana Simões e Gabriele Roza caminham pelo porto em busca de fatos e marcos da época da escravidão, e se deparam com fantasmas que ainda assombram o porto e a memória coletiva dos brasileiros.

O Podcast tem como ponto de partida o aplicativo Museu do Ontem, que mistura jornalismo e gamificação para explorar essa região tão rica de histórias que ninguém te conta. Saiba mais e baixe o aplicativo aqui.

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EQUIPE HISTÓRIAS QUE NINGUÉM TE CONTA

Direção e Roteiro: Mariana Simões, Gabriele Roza

Produção e Apresentação: Mariana Simões e Gabriele Roza

Supervisão e Edição do Roteiro: Natalia Viana

Participação/ Sonoras: Anelis Assumpção

Captação e Mixagem: Filipe Peçanha

Ilustrações: Juliana Russo

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Climate action: 4 shifts the UN chief encourages Governments to make

UN SGDs - dom, 12/05/2019 - 22:30
Speaking to young Māoris and people of the Pacific islands in New Zealand on Monday, UN Secretary-General António Guterres said “nature does not negotiate” and emphasized four key measures that Governments should prioritize in order to reach carbon neutrality by 2050.
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World Migratory Bird Day highlights deadly risks of plastic pollution

UN SGDs - sab, 11/05/2019 - 14:15
Saturday marks World Migratory Bird Day which, this year, is raising awareness about the serious threats that plastic pollution poses to bird life, with a call for urgent measures to end the problem. 
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