Leitor de feeds

Humanidad amenazada: un millón de especies en peligro de extinción

IPS español - seg, 06/05/2019 - 20:46

El 40% de las especies de anfibios está en peligro de extinción. Crédito: Jing Zhang/ONU

Por Corresponsal Fao
NACIONES UNIDAS, May 6 2019 (IPS)

Alrededor de un millón de especies de animales y plantas están ahora en peligro de extinción y muchas podrían desaparecer en tan solo décadas, lo que representa una amenaza de una dimensión sin precedentes en la historia de la humanidad, revela un histórico informe de la ONU.

El adelanto del documento, revelado este lunes 6 por la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas (IPBES), indica que la tasa global de especies extintas ya es por lo menos de diez a cientos de veces mayor que la tasa promedio en los últimos 10 millones de años y se está acelerando.

Según el informe, patrocinado por varias agencias de la ONU (Organización de las Naciones Unidas),  75% de los ecosistemas terrestres y  66% de los marinos ya están “gravemente alterados”. Más de un 85% de los humedales que existían en 1700 se han perdido.

¿Qué hemos hecho los humanos para que una de cuatro especies esté hoy en día amenazada? Más de 400 expertos en 50 países han clasificado, de mayor a menor, por primera vez los cinco impulsores directos del cambio en la naturaleza con mayor impacto en nuestro planeta hasta la fecha.

  1. Cambios en el uso de la tierra y el mar

Actualmente los humanos extraen más recursos y producen más desperdicios que nunca. A nivel global, el cambio del uso de la tierra ha tenido el mayor impacto en los ecosistemas terrestres y de agua dulce.

Aunque el ritmo de la expansión agrícola varía de país a país, se han producido pérdidas de ecosistemas intactos principalmente en los trópicos, donde se encuentran los niveles más altos de biodiversidad en el planeta. En total se han sacrificado más de 100 millones de hectáreas de bosque tropical: en América Latina, por ejemplo, debido a la ganadería y en Asia Oriental, principalmente por el cultivo de aceite de palma, entre otros.

Cerca un tercio de la superficie terrestre del mundo y casi tres cuartas partes de los recursos de agua dulce disponibles se destinan a la producción agrícola o ganadera. La producción de cultivos se produce en el 12% de las regiones libres de hielo y el pastoreo sobre el 25%.

Además, un 25% de los gases de efecto invernadero proviene de la deforestación, la producción de cultivos y la fertilización. Los alimentos a base de animales son los más contaminantes, pero la agricultura también ha incrementado la producción de comida a costa de la naturaleza.

Los hábitats costeros, entre ellos estuarios y deltas críticos para la biota marina y los economías regionales han sido gravemente afectados por el desarrollo de las costas y la acuicultura en alta mar, entre otras razones, así como por la expansión urbana.

Vacas en un establo. Crédito: Carly Learson/FAO

La minería oceánica, aunque relativamente pequeña, se ha expandido desde 1981 con hasta 6500 instalaciones de petróleo y gas en 53 países, el 60% en el Golfo de México, y es probable que continúe creciendo a medida que el hielo se derrite en las regiones ártica y antártica.

Asimismo, las áreas urbanas se han duplicado desde 1992, haciéndose paso a costa de la biodiversidad.

A nivel mundial, se proyecta que las longitudes de las carreteras pavimentadas aumentarán en 25 millones de kilómetros para 2050, con nueve décimas partes de toda la construcción en los países en desarrollo. También se espera que aumente el número de represas.

Las expansiones de carreteras, ciudades, represas hidroeléctricas y gasoductos pueden conllevar altos costos ambientales y sociales, incluida la deforestación, la fragmentación del hábitat, la pérdida de biodiversidad, el acaparamiento de la población, el desplazamiento de la población y la interrupción social, incluso para los pueblos indígenas y las comunidades

  1. Explotación directa de organismos

La población humana global ha aumentado de 3.700 millones a 7.600 millones de personas desde 1970 de manera desigual en todos los países y regiones, lo que tiene importantes implicaciones para la degradación de la naturaleza.

El consumo per cápita también ha crecido, y también es desigual, con una amplia variación en los estilos de vida y el acceso a los recursos en todas las regiones y dentro de ellas, además de las consecuencias para la naturaleza que se distribuyen a nivel mundial a través del comercio.

Actualmente se explotan unos 60.000 millones de toneladas de recursos renovables y no renovables anualmente a causa del aumento de la demanda de plantas, animales, combustibles fósiles, minerales, material de construcción, etc.

La abundancia promedio de especies nativas en la mayoría de los principales hábitats terrestres ha disminuido en al menos un 20%, en su mayoría desde 1900. Al menos 680 especies de vertebrados fueron llevadas a la extinción desde el siglo XV, entre ellas la tortuga gigante de pinta de las islas Galápagos en 2012.

Más de 9% de todas las razas domesticadas de mamíferos utilizados para la alimentación y la agricultura se extinguieron en 2016, con al menos 1.000 razas más amenazadas.

Las actividades humanas han tenido un gran impacto generalizado en los océanos del mundo. Estas incluyen la explotación directa, en particular la sobreexplotación de peces, mariscos y otros organismos.

El jaguar, una de las especies en peligro de extinción. Crédito: Dominio público

En los ecosistemas marinos, la pesca ha tenido el mayor impacto en la biodiversidad en los últimos 50 años. Las capturas de peces se han mantenido a través de la expansión geográfica y la penetración a aguas más profundas. Una proporción cada vez mayor de las poblaciones de peces marinos está sobre explotada, 33%, mientras que 60% está casi al punto de ser insostenible.

  1. Cambio climático

El cambio climático ya está teniendo un impacto en la naturaleza y es un impulsor directo de la disminución de la biodiversidad que se exacerba cada vez más. Se estima que los seres humanos han causado un calentamiento global de 1,0 ° C en 2017 en relación con los niveles preindustriales, con temperaturas promedio en los últimos 30 años que aumentaron en 0,2 ° C por década.

La frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, y los incendios, las inundaciones y las sequías que pueden provocar, han aumentado en los últimos 50 años, mientras que el nivel medio global del mar ha aumentado de 16 a 21 cm desde 1900, a una tasa de más de 3 mm por año en las últimas dos décadas.

Estos cambios han contribuido a los impactos generalizados en muchos aspectos de la biodiversidad, incluidas las distribuciones de especies, la fenología, la dinámica de la población, la estructura de la comunidad y las funciones de los ecosistemas.

Según la evidencia observada, los efectos se están acelerando en los ecosistemas marinos, terrestres y de agua dulce y ya están afectando a la agricultura, la acuicultura, la pesca y las contribuciones de la naturaleza a las personas.

La mitad de los arrecifes de coral se ha perdido desde 1870, con una pérdida acelerada en las últimas décadas debido al calentamiento de los océanos. Casi la mitad, (el 47%) de los mamíferos terrestres amenazados, excluyendo los murciélagos y una cuarta parte (23%) de las aves en peligro de extinción habrían sido afectadas negativamente por el cambio climático.

Grandes reducciones y extinciones locales de poblaciones de animales están generalizándose. Esto indica que muchas especies son incapaces de contrarrestar localmente al rápido ritmo del cambio climático, ya sea a través de procesos evolutivos o de comportamiento, y que su existencia dependerá de la medida en la que puedan migrar para encontrar condiciones climáticas adecuadas.

Muchos de estos cambios pueden tener impactos significativos en varios sectores económicos importantes y efectos en cascada para otros componentes de la biodiversidad. Las naciones insulares, en particular las de Asia oriental y la región del Pacífico, serán las más vulnerables al aumento del nivel del mar, de un metro, según lo previsto.

  1. Contaminación

La contaminación es la causa y la consecuencia transversal a todos los impulsores de la pérdida de biodiversidad. Aunque las tendencias globales son variadas, la polución del aire, el agua y el suelo ha seguido aumentando en algunas áreas.

La contaminación debida a los  plásticos se ha multiplicado por diez desde 1980, 300-400 millones de toneladas de metales pesados, solventes, lodos tóxicos y otros desechos de instalaciones industriales se descargan anualmente en las aguas del mundo, y los fertilizantes que ingresan a los ecosistemas costeros han producido más de 400 “zonas muertas” en los océanos, que representan un total de más de 245,000 km2, una superficie combinada mayor que todo el Reino Unido.

Las aves han sido una de las especies más afectadas por el cambio climático. Crédito: Jing Zhang/ONU

La acidificación de los océanos, debido al aumento de los niveles de dióxido de carbono, afecta en gran medida a las aguas poco profundas, con los ecosistemas del Pacífico subártico y el Océano Ártico occidental particularmente afectados.

Las micropartículas plásticas y las nanopartículas están entrando en las redes alimenticias de manera poco conocida. Las aguas costeras contienen los niveles más altos de metales y contaminantes orgánicos persistentes de las descargas industriales y la extracción de residuos agrícolas, envenenando comunidades de peces enteras. Además, los efectos severos del exceso de concentración de nutrientes en ciertas ubicaciones incluyen daños a los peces y la biota del fondo marino.

Todos estos cambios en los océanos han afectado al menos 267 especies, incluyendo el 86% de las tortugas marinas, el 44% de las aves marinas y el 43% de los mamíferos marinos. Los humanos también se ven afectados a través de las cadenas alimenticias.

Las emisiones de gases de efecto invernadero, los desechos urbanos y rurales no tratados, los contaminantes de las actividades industriales, mineras y agrícolas, los derrames de petróleo y los vertidos tóxicos han tenido fuertes efectos negativos en la calidad del suelo, el agua dulce y marina y la atmósfera global.

Además, el transporte de mercancías y personas a larga distancia, incluso para el turismo, ha crecido dramáticamente en los últimos 20 años con consecuencias negativas para la naturaleza en general.

Entre 2009 y 2013, la huella de carbono causada por el turismo aumentó en un 40% a 4,5 gigatones de dióxido de carbono y, en general, el 8% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero provienen del transporte y el consumo de alimentos relacionados con el turismo. La demanda de turismo basado en la naturaleza, o ecoturismo, también ha aumentado, con efectos mixtos sobre la naturaleza y las comunidades locales, incluidas algunas posibilidades de contribución a la conservación local, en particular cuando se lleva a cabo a escalas menores.

  1. Especies exóticas invasoras

Finalmente, el aumento del transporte aéreo y marítimo, incluido el aumento triple de los viajes de países desarrollados y en desarrollo en particular, ha aumentado la contaminación y ha aumentado significativamente las especies exóticas invasoras.

Los registros acumulativos de especies exóticas han crecido en un 40 por ciento desde 1980, asociados con el aumento del comercio y la dinámica y las tendencias de la población humana.

Una tortuga marina nada en un arrecife de coral en las Islas Maldivas. Crédito: Jayne Jenk/Coral Reef Image Bank

 

Casi una quinta parte de la superficie de la Tierra está en riesgo de invasiones de plantas y animales, afectando a las especies nativas, las funciones del ecosistema y las contribuciones de la naturaleza a las personas, así como a las economías y la salud humana. La tasa de introducción de nuevas especies exóticas invasoras parece más alta que nunca y sin signos de desaceleración.

La única solución: transformar nuestra interacción con la naturaleza

El informe, de 1800 páginas, asegura que esta tendencia se puede frenar, pero sólo “con cambios transformadores” en todos los aspectos de nuestras interacciones con la naturaleza.

Tras la adopción de este informe histórico, nadie podrá afirmar que no lo sabía”, dijo la directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura durante la presentación del documento en París.

“Ya no podemos seguir destruyendo la biodiversidad. Esta es nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras”, aseguró.

Destacando la importancia universal de la biodiversidad, la diversidad dentro de las especies, entre las especies y de los ecosistemas, Azoulay dijo que protegerla “es tan vital como luchar contra el cambio climático”.

El Informe presenta una lista ilustrativa de posibles accionesy vías para detener la destrucción de la biodiversidad:

  • En agricultura, el informe destaca, entre otros aspectos: la promoción de buenas prácticas agrícolas y agroecológicas y una gestión integrada intersectorial. También señala la importancia de una participación más profunda de todos los actores en todo el sistema alimentario (incluidos los productores, el sector público, la sociedad civil y los consumidores) y una gestión más integrada del paisaje y las cuencas hidrográficas; conservación de la diversidad de genes, variedades, cultivares, razas, y especies; así como enfoques que empoderan a los consumidores y productores a través de la transparencia del mercado, la mejora de la distribución y la localización, que revitaliza las economías locales, las cadenas de suministro reformadas y la reducción del desperdicio de alimentos.
  • En sistemas marinos, se destacan los enfoques basados ​​en los ecosistemas para la gestión de la pesca; la ordenación del territorio; cuotas efectivas; áreas marinas protegidas; proteger y gestionar áreas clave de biodiversidad marina; reducir la contaminación de la escorrentía en los océanos y trabajar en estrecha colaboración con los productores y consumidores.
  • En los sistemas de agua dulce, las opciones y acciones políticas incluyen, entre otras: una gobernanza más inclusiva para la gestión colaborativa del agua y una mayor equidad; una mejor integración de la gestión de los recursos hídricos y la planificación del paisaje a través de escalas; también promover prácticas para reducir la erosión del suelo, la sedimentación y la escorrentía de la contaminación; aumentar el almacenamiento de agua; promover inversiones en proyectos hídricos con criterios claros de sostenibilidad; así como abordar la fragmentación de muchas políticas de agua dulce.
  • En áreas urbanas, se necesita la promoción de soluciones basadas en la naturaleza; aumentar el acceso a los servicios urbanos y un entorno urbano saludable para las comunidades de bajos ingresos; mejora del acceso a espacios verdes; producción y consumo sostenibles y conectividad ecológica dentro de espacios urbanos, particularmente con especies nativas.

El Informe también reconoce la importancia de incluir diferentes sistemas de valores y diversos intereses y cosmovisiones en la formulación de políticas y acciones. Esto incluye la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la gobernabilidad, la reforma y el desarrollo de estructuras de incentivos y asegurar que las consideraciones de biodiversidad se prioricen en toda la planificación sectorial clave.

“Ya hemos visto los primeros movimientos de acciones e iniciativas para un cambio transformador, como políticas innovadoras de muchos países, autoridades locales y empresas, pero especialmente de jóvenes de todo el mundo. Desde los jóvenes detrás del movimiento #VoiceforthePlanet, hasta las huelgas escolares por el clima, hay una base para comprender que se necesitan medidas urgentes si queremos asegurar algo que se aproxime a un futuro sostenible. El Informe de evaluación global de IPBES ofrece la mejor evidencia disponible para ayudar a informar estas decisiones, políticas y acciones, y proporciona la base científica para el marco de la biodiversidad y los nuevos objetivos decenales para la biodiversidad, que se decidirá a finales de 2020 en China, bajo los auspicios de El Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica”, expresó Robert Watson el presidente del Panel realizador del informe.

Este artículo fue publicado originalmente por  originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

RV: EG

El artículo Humanidad amenazada: un millón de especies en peligro de extinción fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

UN and African Union in ‘common battle’ for development and climate change financing

UN SGDs - seg, 06/05/2019 - 18:48
UN Secretary-General António Guterres has called for a “quantum leap” in funding for development and climate change for Africa, speaking to journalists on Monday, following the plenary meeting of the latest United Nations-African Union (AU) Conference, which took place in New York.
Categorias: Internacionais

Mejorar tratamiento de aguas residuales, crucial para salud

IPS español - seg, 06/05/2019 - 16:16

El Ganges, el río sagrado y más contaminado de India. Crédito: Wikimedia

Por Corresponsal Fao
PANAMÁ, May 6 2019 (IPS)

El agua contaminada plantea riesgos significativos de diarrea, infecciones y malnutrición, que ocasionan 1,7 millones de muertes al año a nivel mundial, la mitad de ellas en niños.

Un 90 por ciento de estos fallecimientos ocurre en países en desarrollo y principalmente a causa de la ingestión de patógenos fecales de humanos o animales.

A nivel global, el volumen de aguas residuales aumentará con el crecimiento de la población. Y a medida que se expanda la economía y los ingresos globales, el contenido de sustancias químicas peligrosas, tóxicos y desechos asociados al estilo de vida moderno también será mayor.

El problema es particularmente grave en áreas densamente pobladas que carecen de instalaciones de tratamiento.

Un ejemplo es el río Ganges, en India. Este cuerpo de agua abastece a alrededor de 500 millones de personas, lo que aproximadamente equivale a la población de Canadá, Estados Unidos y Rusia juntos.

El Ganges, además de proporcionar agua para cocinar, bañarse, irrigar cultivos y mantener los medios de subsistencia, tiene para muchas personas gran valor espiritual y cultural.

Un estudio de enero de 2018 publicado en Water Research encontró que la concentración de coliformes fecales en el agua está fuertemente relacionada con la densidad de población aguas arriba, y que el río recibe aproximadamente 100 veces más aguas residuales por habitante en las poblaciones urbanas que en las rurales.

Según la organización Ganga Action Parivar, las plantas de tratamiento de aguas residuales en el Ganges son costosas y se pueden desbordar fácilmente durante los monzones; 30 por ciento no estaba operativa en 2013, y otras utilizaban menos de 60 por ciento de la capacidad instalada.

Además, no pueden tratar los desechos tóxicos de metales pesados, sustancias farmacéuticas o productos de cuidado personal; suelen desactivarse por cortes de energía y, con frecuencia, están inactivos debido a los altos costos operativos y de mantenimiento.

Planta de tratamiento en Lucknow, India. Crédito: Flickr

El caso del Ganges retrata los desafíos que enfrentan la mayoría de los países en desarrollo. El proceso de tratamiento de aguas residuales necesita un suministro de electricidad constante y confiable, un servicio que muchos países en desarrollo no tienen.

Además, se requiere invertir en la infraestructura para llevar a las plantas de tratamiento las aguas que deberán ser tratadas. Ambas etapas son cruciales para garantizar que los residuos contaminantes no lleguen al medio ambiente.

“La urgencia de invertir, no solo en alcantarillas, sino en el tratamiento de las aguas residuales nunca ha sido mayor. Construir más alcantarillas sin el respectivo tratamiento de aguas, empeorará la contaminación de los ríos”, advierte Birguy Lamizana, especialista en aguas residuales de la ONU Medio Ambiente.

Sin dejar a nadie atrás

El tratamiento eficaz de las aguas residuales es esencial para la buena salud pública.

En 2010, las Naciones Unidas reconocieron “el derecho al agua potable limpia y segura y al saneamiento como un derecho humano que es esencial para el pleno disfrute de la vida y todos los derechos humanos.

Más de 80 por ciento de las aguas residuales del mundo se vierten en el medio ambiente sin tratamiento, una cifra que alcanza 95 por ciento en algunos países menos desarrollados.

Hoy día, solo 26 por ciento de los servicios urbanos y 34 por ciento de los servicios rurales de saneamiento y aguas residuales previenen efectivamente el contacto humano con las excretas en toda la cadena de saneamiento y, por tanto, pueden considerarse seguros.

La buena salud y el bienestar están contempladas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que incluye estas metas:

  • Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.
  • Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo

ONU Medio Ambiente está colaborando con aliados para prevenir la degradación y la contaminación causada por las aguas residuales, a través del Programa de acción mundial para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra.

La Iniciativa Global de Aguas Residuales, apoyada por ONU Medio Ambiente, también trabaja para que las personas transiten de un enfoque de eliminación de residuos y hacia un enfoque de recuperación de recursos.

Otra rama de la labor de ONU Medio Ambiente en este sector se centra en África, donde tiene lugar el Proyecto de Gestión de Aguas Residuales y Saneamiento, con el apoyo del Banco Africano de Desarrollo.

Este artículo fue originalmente publicado por ONU Medio Ambiente América Latina y el Caribe, con quien IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial para la difusión de sus materiales.

RV:EG

El artículo Mejorar tratamiento de aguas residuales, crucial para salud fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

La resistencia de pueblos mexicanos que vienen del mar

IPS español - seg, 06/05/2019 - 15:08

Una mujer se preocupa de mantener el fuego, durante una ceremonia de tributo al río Verde que los comuneros de Paso de la Reina le rinden al amanecer, en el municipio de Jamiltepec. Crédito: Antonio Mundaca/Pie de Página

Por Antonio Mundaca
JAMILTEPEC, México, May 6 2019 (IPS)

El despojo a los pueblos chatinos, mixtecos y afromexicanos ha sido detenido, al menos por ahora, en el suroeste de México. Los ejidos costeños del estado de Oaxaca se organizaron cuando descubrieron que el cauce del río Verde Atoyac era codiciado por empresas y por gobierno.

El 31 de enero ganaron un amparo y el 12 de marzo interpusieron un recurso de revisión que salvaguarda 300 cuencas de aguas mexicanas, convirtiendo a la comunidad de Paso de la Reina, ubicada en el municipio oaxaqueño de Jamiltepec, en un símbolo nacional de la lucha contra los megaproyectos.

Con ello, detuvieron en la Costa Chica el decreto presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-diciembre 2018), emitido el 6 de junio de 2018, que buscaba levantar la veda de esta cuenca hidrológica.

De haberse consumado el atropello federal, el río, que alimenta a 24 comunidades de seis municipios, habría quedado listo para la privatización a través de concesiones a la industria minera.

La extracción de hidrocarburos y el uso de la tecnología de la fractura hidráulica, el fracking, afectando con ello a 17.000 habitantes en la ribera del río e indirectamente a otros 97.000 de la costa oaxaqueña.

El triunfo legal ha sido celebrado con varias festividades. Además, se han adherido otros pueblos, aun contra la voluntad de caciques históricos. Se han ido dando cuenta que no hay diferencias entre ellos: son hijos espirituales del agua.

Las comunidades de la costa oaxaqueña se han organizado desde 2007 en la agrupación regional denominada Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), y sus liderazgos saben que enfrentan la pugna por el control de sus minerales y la generación de electricidad, mediante una alianza añeja entre señores feudales y los poderes políticos federales de sexenios que promueven la inversión extranjera.

Tributo de miembros de la comunidad Paso de la Reina al río verde, en Jamiltepec, Oaxaca. Crédito: Antonio Mundaca/Pie de Página

Frenaron la concesión del agua. Ahora quieren frenar la construcción del Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina porque este ha violado el derecho colectivo al territorio indígena, saben que de eso dependen 3.000 hectáreas de cultivo de núcleos agrarios, su forma cultural de entender la vida, el paso de los hombres y mujeres por la tierra, la supervivencia.

Los chatinos que vienen del mar

El camino de Jamiltepec, cabecera municipal, a Paso de la Reina es de 35 kilómetros sobre piedras de río y arena. El concreto termina en la desviación de una pequeña comunidad llamada La Humedad, que está en el filo de la Carretera Federal 200 que atraviesa los límites costeros de Oaxaca y el vecino estado de Guerrero.

Llegamos a Paso de la Reina después de 12 horas viaje desde la Ciudad de Oaxaca. A la entrada, en la calle principal se levantan guarniciones de hilos de púas que defienden edificaciones de madera y palma donde hay brasas de carne de pescado en la leña.

Es una comunidad chatina metida en la selva de la costa del océano Pacífico. Paso de la Reina es un pueblo arcilloso detenido en el tiempo. Sus casas parecen hilos de polvo colocadas unas frente a otras con colores chillantes y grandes patios donde brotan árboles de naranja y encino. Es una comunidad pobre. No tiene acceso a telefonía o Internet o canales tradicionales de información. Los niños montan bicicletas gastadas con los pies descalzos y sucios.

Un grupo de señoras ofrece agua y comida a los visitantes. Charolas con cangrejos de río, a los que llaman congas, que sirven fritos, condimentados con guajillos y chiles rojos. Las mujeres que caminan por la calle llevan sobre sus cabezas lienzos con tortillas, sus blusas son blancas, con bordados infinitos de flores de colores en el pecho.

Los hombres con el sol del día por terminar sobre sus cabezas, van de la friega del campo al salón de usos múltiples a reunirse para tomar acuerdos como ejido –la figura mexicana de tierra de propiedad y explotación colectiva-, preparar, junto al Consejo de ancianos y representantes del Copudever, las festividades anuales del río.

Ha caído la noche. El polvo en el cuerpo ahora es un poco de sal. Dice doña Coty Cruz –que nos ha dado un lugar en su casa para dormir– que es porque Paso de la Reina es un pueblo que vino del mar.

La Costa Oaxaca, una región en disputa

En Oaxaca los procesos no se pueden entender sin la historia, deben ser procesos a largo plazo hasta que la gente asuma que es necesario organizarse para hacer posibles esos derechos, afirma Ana María García Arreola, integrante del Comité Directivo de Servicios para la Educación Alternativa (Educa) que lleva años unida como abogada a la resistencia de Paso de la Reina.

El río Verde es la fuente de vida principal de 26 municipios y 24 comunidades de Oaxaca. Crédito: Antonio Mundaca/Pie de Página

Para ella la Cuenca Hidrológica de la Costa de Oaxaca es una región en disputa. Sostiene que hay una riqueza enorme pero también hay una historia de mucha opresión y autoritarismo, se trata de la concentración del poder en pocas familias que han sometido a pueblos indígenas y afromexicanos. Sus afirmaciones tienen un sustento documentado periodísticamente desde al menos hace 30 años.

Los municipios de Jamiltepec y Pinotepa Nacional han sido gobernados por caciques históricamente señalados de asesinar a cientos de líderes campesinos y ejercer una represión sin precedentes para poder apoderarse de los bosques madereros, la industria del café, el cultivo del tamarindo, la palma y el coco o el cultivo de papaya y el ganado, además de ejercer control sobre el corredor costero que comunica con Guerrero y el Pacífico.

En las comunidades se señala a una vieja dinastía, la familia Iglesias, cuyo patriarca fue Francisco Iglesias Meza en la década de los 80 y 90, e incluye al finado Gabriel Iglesias Meza o “Chulindo” en la última década del siglo pasado.

Esta familia siempre ha estado ligada al PRI (Partido Revolucionario Institución); y lo que en las comunidades se sabe es que los Iglesias son precursores del Proyecto Hidroeléctrico a través de un contubernio de beneficios con directivos de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A pesar de esa resistencia empresarial–gubernamental a que las comunidades ejerzan sus derechos con libertad, la activista García Arreola señala que se han alcanzado algunos cambios en el control del poder local. Pero la apuesta es que se modifiquen los usos del poder abusivo.

“La educación colectiva es una amenaza para los poderes fácticos que gobiernan ciertas regiones, porque por años han controlado todo el poder económico, los sistemas electorales, las decisiones de las comunidades y han hecho alianza con poderes estatales y federales para acabar los liderazgos comunitarios y su autonomía”, sentenció.

‘Le ganamos a Peña Nieto’

Son las 5:00 de la mañana y las riberas del río de Paso de la Reina arrojan una ventisca fría. Habitantes de la comunidad han desayunado tamales de camarón, café de olla y pan que terminaron de hacer entre todos en la madrugada. En fila y casi a oscuras desfilan con lámparas de mano, parten de la plaza al embarcadero a rendirle honores al dios de sus abuelos, el Río Verde Atoyac.

Desde niños, en la costa oaxaqueña se les inculca la resistencia comunitaria y la defensa de los recursos naturales. Crédito: Antonio Mundaca/Pie de Página

El ritual de velas y albahaca es el primer acto para celebrar desde la espiritualidad el Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida y el sexto Festival Cultural por la defensa del Río Verde. Chamanes, curanderos, mayordomos, siembran el ombligo. Aún no amanece y se escucha el ruido nítido de los pájaros.

Además de los habitantes de Paso de la Reina, en la festividad hay comuneros originarios de San Pedro y Santa Ana Tututepec, Santa Cruz Zenzontepec y Santiago Ixtayutla que se unieron a la defensa del agua y hoy tienen una red comunitaria de 40.000 personas.

Los pueblos de la Sierra Sur de Tataltepec de Valdés y Santa Cruz Tepenixtlahuaca han cruzado el río. Llevan velas grandes de cera de la Virgen de Juquila que huelen a miel. Se arrodillan frente al río y, mientras amanece, puede verse la danza de los hombres frente al fuego.

“Con este proceso de articulación regional de un movimiento no violento por la defensa del Río Verde, los pueblos costeños se han reencontrado con sus familias, nos han contado que hace mucho tiempo no veían a los suyos que viven en otras comunidades y han podido visibilizarse peleando juntos a la cultura mixteca, chatina y afro que vive en esta zona”, explica Angélica Castro Rodríguez, miembro de Educa, responsable del área de Incidencia Pública y Participación Ciudadana.

Dijo que por ahora los pueblos celebran el amparo por el levantamiento de la veda, pero este tipo de encuentros también sirve para acordar las luchas que vienen y llevar el tema del megaproyecto hidroeléctrico a sus propios criterios y protocolos comunitarios.

Angélica Castro cree que la única vía para encontrar la paz entre los gobiernos y las resistencias es respetando el derecho de autodeterminación y autonomía de los pueblos afectados.

Sostiene que el Copudever tiene como eje de trabajo la capacitación, la vinculación y, por supuesto, la vía jurídica. A través de esta ruta se han logrado tres reglamentos internos en las comunidades de Paso de la Reina, San Lúcas Atoyaquillo y Tataltepec de Valdés.

Tributo de miembros de la comunidad Paso de la Reina al río Verde, en Jamiltepec, Oaxaca. Crédito: Antonio Mundaca/Pie de Página

“Los pueblos no creen en la consulta que viene hecha por el gobierno, porque tienen experiencia en lo que han vivido con las eólicas. En sus reglamentos tienen como prioridad la protección y defensa del territorio y no permitir en ellos ningún tipo de desarrollo de infraestructura”, subraya la especialista.

De los rituales de invocación a los espíritus del río han pasado a la misa católica. Iniciada la tarde, las mujeres llevan canastas de pétalos de flores que ofrendan en el agua, mientras el sacerdote los bendice. Los niños nadan, los hombres aplauden. La temperatura asciende a los 35 grados centígrados.

El pueblo está de fiesta y baila mojado al sol. “Le ganamos al gobierno”, sostiene un hombre con rasgos afromexicanos, “le ganamos a Peña Nieto”, sonríe. El río verde es un gigante costeño que parece devorarse las cumbres.

Cenobio, el iniciador de la resistencia

En la multitud de hombres felices por el amparo ganado, resalta con su camisa roja Cenobio Chávez Quiroz. Él es fundador y líder moral de la resistencia de Paso de la Reina.

En unas horas, cuando acabe el día, tomará cervezas, insistirá que a su pueblo “no se le ha acabado la batería y para que el gobierno haga su obra los tendrá que revolcar con la arena porque no se van a salir de su comunidad”.

Ofrendas al río Verde, durante el tributo de los comuneros a sus aguas, en Jamiltepec, en el suroeste de México. Crédito: Antonio Mundaca/Pie de Página

También bailará chilenas, será un hombre de edad, riéndose azotado por los dolores de rodillas, nos habrá contado su creencia en el Génesis de la biblia y recordará que fue amenazado de muerte porque hubo caciques que, cuando inicio el movimiento, buscaron pistoleros para matarlo.

Cenobio Chávez empezó la movilización de ejidatarios contra el proyecto hidroeléctrico en 2006. Eran veinte valientes. Tuvo que pasar un año, y al tener un grupo de 30 hombres representantes convocaron al pueblo. Al principio los grupos originarios y mestizos vecinos no los apoyaron.

“No entendían qué era luchar contra esa fuerza de gobierno, de empresas, que no traían un proyecto para beneficiarnos, sino para el despojo”, precisa.

A los 71 años sigue siendo un referente de esta lucha. Le ha dado a sus hijos, a sus nietos, el bastón de mando.

“Nos quisieron engañar, ya teníamos una experiencia previa con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), cuando nos construyeron derivadoras para riego sin consultarnos, solamente los caciques sabían de esa pared que le quitó a esta región la comida en abundancia que nos daba el río, ahora nos quieren engañar con una hidroeléctrica, con una cortina de 155 metros de altura, que se ubicaría a tan solo un kilómetro arriba de Paso de la Reina”, sostiene.

Cenobio fue uno de los precursores para que en 2009 Paso de la Reina cerrase el paso a los extraños y se convirtieran en un territorio cercado por legítima defensa y poder evitar que personal de la CFE levantara datos del río y se avanzara el proyecto hidroeléctrico.

A pesar de su pobreza, Santiago Ixtayutla es una comunidad que resiste desde hace seis años contra un proyecto hidroeléctrico. Crédito: Antonio Mundaca/Pie de Página

Cuando cuenta su historia las manos le tiemblan. Lamenta, bromista, haber perdido el vigor de la juventud, pero está orgulloso de estar en el Consejo de Ancianos y haber tenido todos los cargos de servicio que son importantes en los pueblos chatinos. Cree en el poder de su comunidad que se rige por usos y costumbres.

“Lo que hemos aprendido es que las leyes los gobiernos las violan, pero también con esas mismas leyes tenemos un poder y el poder más fuerte es la unión de los pueblos que se convierte en una ley legítima”, insiste.

Ixtayutla, defenderán el río y la montaña

El camino a Santiago Ixtayutla está repleto de voladeros pétreos. Casi nula es la carretera asfáltica en las cuatro horas y media de trayecto que separan a Paso de la Reina de este municipio regido por usos y costumbres. Al llegar pueden verse tres cruces gigantes anunciando el pueblo, las personas caminan descalzas en la tierra hecha añicos por la piedra.

Es un municipio fronterizo entre la costa y la sierra sur de Oaxaca, y tiene uno de los mayores índices de pobreza en el país.

Santiago Ixtayutla ocupó el octavo lugar nacional en marginación según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en 2016 con un 86 por ciento de población indígena de origen mixteco, de los cuales el 78.5 por ciento viven en condiciones de pobreza extrema.

La cabecera municipal hace la Asamblea Comunitaria de Pueblos Mixtecos y Chatinos convocada por el Copudever.

Se informó a los representantes comunitarios del amparo ganado al gobierno federal y se dieron detalles de cómo la CFE insiste en un proyecto con una cortina de 180 metros de altura que propiciaría la inundación y pérdida de tierras en varios municipios vecinos, incluido Santiago Ixtayutla.

Asamblea en las Trojes, en Oaxaca, para unirse a la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico que afectaría a todas las comunidades de la cuenca. Crédito: Antonio Mundaca/Pie de Página

En el quiosco y el salón social hay decenas de hombres y mujeres vestidos con ropa de manta. Escuchan por varias horas los acuerdos. Miguel Cruz Quiroz, el presidente municipal que deberá entregar el cargo comunitario este año, reconoce las dificultades de la lucha.

“El gobierno federal nos ha negado la información del proyecto, nos dicen que sí tienen hechos estudios y después dicen que no es posible decirnos nada”, habla en español, habla en mixteco y mientras se lamenta frente a ellos, el calor del cerro va menguando.

Acordaron una reunión próxima para definir las estrategias de defensa; posibles manifestaciones masivas, marchas.

A pesar de la falta de recursos, se han organizado para darles de comer a todos los invitados que vienen de agencias municipales alejadas. Hay frijoles y tortillas gigantes para comer mirando los precipicios. Desde el mercado principal, elevado de la plaza como una torre para mirar el mundo, las montañas de Santiaglo Ixtayutla parecen luz de lava.

Las Trojes y San Lucas Atoyaquillo, adentro de la sierra

Adentro de la sierra, se encuentra Las Trojes, una comunidad mixteca y chatina, con habitantes de pieles oscuras que visten de colores brillantes. Es un valle pequeño, de unas cuantas casas, pero estratégica en la resistencia de toda la Costa Chica.

Junto a San Lucas Atoyaquillo, un poblado intermedio, presentaron en marzo de 2018 un reglamento interno en el que se establecen las disposiciones para la protección del territorio, sus bienes naturales y el fortalecimiento de su organización interna. Sentaron las bases para hacer valer la Constitución Política Mexicana que otorga la autonomía a los pueblos indígenas sobre el control de sus territorios y sus recursos naturales existentes.

A pesar de su visible aislamiento, Las Trojes es un pueblo limpio y ordenado. “Hay en estos pueblos una sabiduría escondida, donde es posible recuperar la cultura ante un escenario de depredación de recursos naturales”, comenta Ana María García Arreola.

Diego Sánchez Cortés, presidente local del Copudever en Paso de la Reina fue a Las Trojes a contar su experiencia en la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico: “Estamos en contra de la consulta porque nos va a traer prejuicios, pueden llamar a más gente que no esté de acuerdo y nos pueden quitar la mayoría que tenemos y tendríamos que luchar más”, dice.

Las organizaciones civiles Educa y Tequio Jurídico, que asesoran al Consejo de Pueblos Unidos, han acompañado el proceso ante el Registro Agrario Nacional (RAN), órgano que valida el control de la tenencia de la tierra en el país.

Reunidos en el límite del cerro hablan de los derechos electorales de los pueblos indígenas, de la lucha de los líderes comunales que, sin dinero, lo hacen por servicio a la comunidad.

El presidente de México desde diciembre, Andrés Manuel López Obrador, durante la campaña les prometió que cancelería la hidroeléctrica de la Cuenca del Rio Verde, pero Diego Sánchez teme que el pacto sellado en Puerto Escondido el 30 de mayo de 2018 no sea cumplido.

“Él nos dijo que el día que llegara al poder iba a desaparecer el proyecto, lamentablemente ahorita no tenemos ningún acercamiento desde que se sentó en la silla presidencial, quisiéramos una audiencia, ahí le vamos a exigir el compromiso que hizo con los pueblos chatinos y mixtecos”, afirma.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

El artículo La resistencia de pueblos mexicanos que vienen del mar fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Negros são mais condenados por tráfico e com menos drogas em São Paulo

Pública - seg, 06/05/2019 - 12:00

Em dezembro de 2017, Eliane foi condenada por tráfico de drogas. Mulher negra, seu crime, enquadrado no artigo 33 da Lei de Drogas, foi carregar no cós da calça 1,4 grama de maconha. Eliane visitava o filho, que cumpria pena na Fundação Casa, em São Paulo, quando foi flagrada na revista íntima.

Sem antecedentes criminais, Eliane confessou que a droga foi um pedido do menor, ameaçado dentro da unidade. “Eu fiquei com medo, acabei levando. Estou arrependida”, justificou ao juiz.

Em sua defesa, a Defensoria Pública afirmou que a quantidade de maconha era insignificante para uma condenação em regime fechado. A droga encontrada com Eliane equivale a um sachê de sal.

Mas o que poderia ser um atenuante de pena com a confissão espontânea parece ter se tornado um agravante diante das afirmações do magistrado. Para ele, o regime fechado era a única decisão “compatível com a gravidade da conduta”, além de ser necessário para que a acusada pudesse “refletir sobre o erro e mudar os seus valores”.

Além disso, um importante detalhe não passou despercebido no julgamento. A ré estava grávida de nove meses. E por ser gestante “deveria ter pensado melhor” antes de praticar o crime, disse o juiz na sentença que a condenou a um ano, onze meses e dez dias. A ré, no entanto, pôde responder em liberdade.

A história de Eliane ilustra alguns dos casos levantados pela Pública na análise de mais de 4 mil sentenças de primeiro grau para o crime de tráfico de drogas julgados na cidade de São Paulo em 2017.

Ao longo de quatro meses, as sentenças foram classificadas por raça e cor nas categorias: absolvição, condenação, condenação em parte e desclassificação – quando o réu é acusado de tráfico, mas é condenado apenas por “posse de drogas para consumo pessoal”. Além disso, foram tabuladas as quantidades de drogas apreendidas nesses processos, que envolvem diretamente 4.754 réus.

Negros, mais condenados e em maior proporção

Os dados revelam que os magistrados condenaram proporcionalmente mais negros do que brancos na cidade de São Paulo. Setenta e um por cento dos negros julgados foram condenados por todas as acusações feitas pelo Ministério Público no processo – um total de 2.043 réus. Entre os brancos, a frequência é menor: 67%, ou 1.097 condenados.

Enquanto a frequência de absolvição é similar – 11% para negros, 10,8% para brancos –, a diferença é de quase 50% a favor dos brancos nas desclassificações para “posse de drogas para consumo pessoal”: 7,7% entre os brancos e 5,3% entre os negros.

 

“Mesmo o fato do acusado ser negro ou branco não constar explicitamente como um dado para fundamentar uma decisão judicial, o que a gente percebe olhando os dados é que há uma criminalização maior dos negros”, avalia Isadora Brandão, do Núcleo de Diversidade e Igualdade Racial da Defensoria Pública de São Paulo, que analisou os dados do levantamento exclusivo.

Negros são processados com menores quantidades

De maneira geral, os negros também foram processados por tráfico com menos quantidade de maconha, cocaína e crack do que os brancos.

Entre os réus brancos foram apreendidas, na mediana, 85 gramas de maconha, 27 gramas de cocaína e 10,1 gramas de crack. Quando o réu é negro, a medida é inferior nas três substâncias: 65 gramas de maconha, 22 gramas de cocaína e 9,5 gramas de crack.

As proporções e diversidade de drogas em posse do acusado variam entre as ocorrências. Quando foi apreendido com o suspeito somente um tipo de entorpecente, a diferença nas quantidades se acentua entre as cores para maconha e cocaína e se inverte na apreensão de crack.

Nos casos de apreensão de somente um tipo de droga, os negros foram proporcionalmente mais condenados portando quantidades inferiores de entorpecentes. No caso da maconha, 71% dos negros foram condenados, com apreensão mediana de 145 gramas. Já entre os brancos, 64% foram condenados com apreensão mediana de 1,14 quilo, ou seja, uma medida quase oito vezes maior.

Ainda entre as apreensões somente de maconha, a diferença ocorre também nos casos em que a acusação é desclassificada pela Justiça para “porte de drogas para consumo pessoal”: 9,3% dos negros foram considerados usuários, e a mediana das apreensões nesses casos foi de 39,4 gramas. Já entre os brancos, 15,2% foram considerados usuários, com apreensão mediana de 42,8 gramas de maconha.

Nas ocorrências envolvendo somente crack, a mediana das apreensões nos processos que levaram à condenação é semelhante entre as cores: 11,1 gramas para os brancos e 10,2 gramas para os negros. No entanto, as frequências de condenação são bem diferentes: 67% entre os negros e 50% entre os brancos.

Nos casos de apreensão de cocaína, a frequência de condenação foi de 66% entre os brancos, e a mediana, 34,2 gramas. No caso dos negros, 68% foram condenados, e a mediana das apreensões nesses processos foi de 26 gramas.

 

Ao todo, nesses processos foram identificados 1.547 réus com apenas uma droga apreendida – 679 para maconha, 186 para crack e 650 para cocaína.

É o caso de Mali, homem negro, condenado a cinco anos por portar 1,6 grama de cocaína. Sem antecedentes, ele foi sentenciado em primeiro grau com base no testemunho de dois policiais civis que alegam que o viram “de longe em atitude suspeita”.

O réu alegou em juízo ser usuário, enquanto os policiais afirmaram que Mali foi abordado por outras pessoas, mas os agentes não identificaram os supostos compradores da cocaína.

“Dadas tais circunstâncias, que cercaram a prisão do acusado, revela-se não se cuidar, aqui, do pequeno traficante que a Lei 11.343/2006 quis, certamente, privilegiar”, sentenciou a juíza.

O que define um traficante?

A lei em questão citada pela julgadora de Mali é a Lei de Drogas, de 2006, que aguarda debate final no STF sobre definição da constitucionalidade de um de seus artigos, o que trata da descriminalização do porte para uso pessoal.

Sem haver parâmetros objetivos para diferenciar traficante de usuário, na hora do julgamento costuma prevalecer o entendimento da tríade formada por polícia, Ministério Público e magistrados.

Cristiano Avila Maronna, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), explica que a lei prevê dois crimes: a posse e o tráfico. A diferença, segundo ele, é que quem tem a posse da droga com o objetivo de vender a terceiros, comercializar, ter lucro é o traficante. Quem tem a droga para uso pessoal é usuário. “Só que na prática essa diferenciação é muito tênue”, avalia Maronna. O motivo? “A lei permite que as pessoas sejam condenadas por tráfico de drogas apenas com base em presunção. Não se exige prova de que a pessoa vendia”, afirma.

A retomada do julgamento no STF está prevista para daqui um mês, em 5 de junho. Já se sabem as justificativas do relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, e de seus colegas Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, sobre a inconstitucionalidade do artigo 28, que considera crime punível com penas alternativas: “comprar, portar ou transportar drogas para consumo pessoal”.

Mendes, por exemplo, votou para liberar o porte de todas as drogas para uso pessoal. Fachin e Barroso restringiram liberar o porte para maconha. No caso de Barroso, ele sugere que se considere porte para uso pessoal até 25 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas.

Levando-se em conta a sugestão de Barroso, a reportagem fez o cruzamento dos dados com as quantidades apreendidas nos julgados de 2017. Ao menos 103 réus poderiam ser enquadrados neste limite de 25 gramas para “posse de drogas para consumo pessoal”. Destes, 60% são negros e 40% são brancos.

Nesse recorte, que selecionou somente os processados por tráfico com apreensões de até 25 gramas de maconha, os dados indicam que a diferença nos índices de condenação, absolvição e desclassificação entre as cores se acentuam. Entre os negros, 66% foram condenados; entre os brancos, 43%.

As acusações que foram desclassificadas para o crime de “porte para uso pessoal” beneficiaram 15% dos negros e 38% dos brancos.

Em fevereiro deste ano, uma comissão criada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), entregou um relatório com propostas para atualizar a Lei de Drogas. O anteprojeto propõe critérios objetivos para descriminalizar o usuário e define alguns tipos penais.

No relatório final, o grupo defendeu penas mais duras para grandes traficantes ligados a organizações criminosas, mas sugeriu a descriminalização do uso pessoal de uma quantidade de até dez doses. A definição de unidade para cada droga, propôs a comissão, seria definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para maconha, o limite sugerido é de 10 gramas para o usuário. Nesse exemplo, o levantamento nas sentenças de 2017 indica que ao menos 30 réus poderiam ser enquadrados no limite sugerido pela comissão formada por advogados, professores de direito e membros do Ministério Público. Dos 30 réus, metade foi condenada: 68% deles são negros (13 réus) e 18% brancos (2 réus).

A posição do governo Jair Bolsonaro vai no sentido contrário da defendida pela Comissão de Juristas e pelos primeiros votos no STF. O documento com a Política Nacional sobre Drogas, divulgado no mês passado, traz posição contrária à descriminalização, sobretudo da maconha. “A orientação central da Política Nacional sobre Drogas considera aspectos legais, culturais e científicos, especialmente, a posição majoritariamente contrária da população brasileira quanto às iniciativas de legalização de drogas”, diz o texto.

Maioria das apreensões é inferior a 100 gramas

Entre os casos de tráfico julgados em 2017, 12% registram apreensões inferiores a 10 gramas, considerando-se apenas a soma de maconha, crack e cocaína, que são as mais comuns.

Em 58% do total (2077 processos), a quantidade apreendida não chegou a 100 gramas. Em 86% das ocorrências, as apreensões foram inferiores a 1 quilo.

Nos casos em que houve apreensão de apenas uma droga, as quantidades também costumam ser inferiores a 100 gramas. No caso de crack e cocaína, 62% e 30% dos processos são apreensões de até 10 gramas, respectivamente. No caso de maconha, as quantidades apreendidas foram maiores: 6% registraram até 10 gramas e 40% não passaram dos 100 gramas.

Em parte dos países onde existe legislação para consumo da maconha, a quantidade permitida está no intervalo entre 10 e 100 gramas. Na Espanha, por exemplo, o limite de maconha tolerado por pessoa é de 75 a 100 gramas. Já no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de 40 gramas mensais.

De 0,2 grama a 15 toneladas

As drogas mais apreendidas na cidade de São Paulo, de acordo com as sentenças de 2017, foram maconha, com 23,8 toneladas, seguida da cocaína, com 1,9 tonelada, e do crack, com 152 quilos.

Também foi possível identificar os casos de condenação com maior e menor quantidade entre as sentenças analisadas.

O de menor quantidade condenou Silvanil, 26 anos. Natural do Paraná, o rapaz portava 0,2 grama de crack, uma “pedra”, segundo o processo. Ele foi preso, na região da cracolândia, com base no testemunho de dois guardas civis. Sua condenação: seis anos e nove meses de prisão em regime fechado.

Segundo os policiais, ele foi pego passando a pedra de crack para outro homem por R$ 10, que também nega o ocorrido. Morador de Guarulhos, Silvanil estava desempregado e tinha antecedentes criminais por roubo, mas negou ser traficante.

Na decisão, o juiz afirma que, mesmo tendo negado a autoria, a versão de Silvanil ficou isolada. “Não resiste à força de convencimento produzida pelos sólidos testemunhos policiais […], nada havendo de concreto a indicar que não mereçam credibilidade, muito menos uma possível falsa e sórdida incriminação”, registra a sentença.

Já o caso de maior apreensão envolve três réus e um menor de idade. O caso é de setembro de 2015, mas foi sentenciado em 2017.

A sentença conclui que o grupo mantinha no Jardim São Luís, zona sul da cidade, um depósito com mais de 15 toneladas de maconha distribuídos em 1.430 tijolos prensados. Além disso, o grupo coordenava uma central clandestina de venda de sinal de TV a cabo da empresa Net Serviços para cerca de 130 moradores da região.

Mulher foi presa por maconha que pertencia a seu agressor

No caso dos absolvidos, os números indicam que negros (11%) e brancos (10,8%) têm índices próximos. Em um dos casos, Monaliza chamou a Polícia Militar por causa de agressões do companheiro, mas durante a averiguação os PMs encontraram uma “estufa” de maconha dentro da residência, no bairro do Tremembé. Segundo Monaliza, a estufa pertencia a seu companheiro, que fugiu antes de a polícia chegar ao local.

Durante o julgamento, a juíza absolveu a acusada sob a justificativa de que ambos os policiais não só foram indagados como confirmaram que a própria ré os chamou ao local, “conduta esta que não se coaduna com a de quem se dedicava a traficância”.

É importante lembrar que num julgamento não somente a quantidade de droga apreendida é fator que determina a conclusão da sentença. Outros aspectos são considerados em juízo, tais como depoimentos de testemunhas, antecedentes criminais, local da ocorrência e diversidade de entorpecentes em posse do acusado.

O gráfico abaixo mostra como os índices de condenação crescem conforme a variedade das substâncias apreendidas em poder dos réus.

Testemunho policial: “a rainha das provas”

Depoimentos de testemunhas são peças fundamentais num processo de tráfico de drogas. São frequentes os casos em que as provas produzidas se limitam aos laudos de apreensão de drogas e às fichas de antecedentes criminais dos acusados, em geral, aliados aos depoimentos dos envolvidos na ocorrência.

A Pública analisou os processos referentes a apreensões de até 10 gramas para maconha, cocaína e crack. Em 83,7% dos casos, as únicas testemunhas ouvidas em juízo foram os próprios policiais envolvidos na ocorrência. Isolando-se os casos com réus negros, o índice é de 85,3% e o de brancos, 81%.

Quando somente policiais prestaram depoimento em juízo, foram condenados 59% dos acusados. Já nos processos com testemunhas civis, o índice de condenação caiu para 44%. A diferença também ocorre no índice de absolvição: quando foram ouvidas testemunhas civis, 21% dos réus foram absolvidos. Quando havia somente testemunhas policiais, este número caiu para 14%.

Durante a apuração, uma equipe policial foi identificada com frequência nas sentenças. Três investigadores da Polícia Civil, registrados no Distrito Policial da Sé, sozinhos foram responsáveis pela prisão de ao menos 16 pessoas julgadas em 2017. Mas em nenhum dos casos os policiais apresentaram testemunhas civis. Em apenas um caso a defesa identificou uma testemunha.

Em relação às quantidades, os acusados pela equipe foram presos com menos de 10 gramas de cocaína ou crack e, em média, com menos de R$ 20 no bolso. Dos dezesseis réus, quatorze são negros e dois são brancos.

Além da cor da pele, os acusados têm outra característica em comum: são pobres e não tinham condições de financiar a própria defesa com um advogado particular. Cinco disseram estar em situação de rua e um morava numa ocupação.

Nos depoimentos desses policiais, a narrativa segue um padrão, considerado comum por especialistas no tema. Ficaram em campana observando a movimentação da rua. Ao identificarem uma pessoa em atitude suspeita, faziam a abordagem. Em alguns casos, eles admitem que nem sequer presenciaram uma ação de traficância. “O acusado olhava demasiadamente para os lados”, relata um dos agentes, o que os levou a abordar o indivíduo. Os policiais então alegam ter encontrado drogas em posse do suspeito, e que este lhes confessou informalmente o tráfico.

Na delegacia, os primeiros depoimentos formais dos acusados apresentam versão diferente. Apenas um dos suspeitos manteve a suposta “confissão informal” durante a abordagem. Posteriormente, ouvidos também em juízo, 14 deles negaram as acusações de tráfico.

O defensor público Luis Ruffino, responsável pelo caso de um rapaz chamado Júlio, acusado de portar 3,9 gramas de crack para tráfico, preso pela mesma equipe do Distrito da Sé, argumentou durante a defesa de seu cliente: “O Poder Judiciário não pode mais chancelar o trabalho absolutamente inócuo nos inúmeros inquéritos policiais de tráfico de drogas. Os policiais não detêm nenhum usuário, nem o escutam como testemunha, não tiram foto ou filmam a ação do suposto traficante. Assim, temos tão somente um inquérito policial de poucas folhas, na qual consta a afirmação de que um policial civil viu a droga com o indivíduo ou viu alguém – que nunca é identificado – comprar com o indivíduo. Não é possível que isto baste para condenar alguém por tráfico de drogas”.

Além de Júlio, outras 14 pessoas detidas pela mesma equipe de policiais foram condenadas. Somente um dos réus foi considerado “usuário”. Ninguém foi absolvido.

Num outro caso, no julgamento de Bruno, flagrado por PMs com 1,8 quilo de maconha, dos dois agentes que o prenderam um foi ouvido do presídio Romão Gomes, onde cumpre pena por crime relacionado ao artigo 288 do Código Penal, que se refere a associação criminosa.

Na sentença que condenou o réu a cinco anos em regime fechado, a juíza explicou que o depoimento do policial, mesmo preso, tinha credibilidade. “Os depoimentos dos Policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas assim como as demais, salientando que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos.”

Isadora Brandão, da Defensoria Pública de São Paulo, afirma que “insistentemente” a questão do depoimento exclusivo da polícia é problematizada nas peças da defensoria. “A testemunha é quem toma conhecimento dos fatos por algum meio. A princípio, é equidistante em relação às partes. Quem são as partes? O Estado acusador de um lado, o acusado de outro. No nosso entendimento, o testemunho dos policiais não pode servir exclusivamente para amparar condenações, porque um policial não goza da imparcialidade necessária para figurar como testemunha”, avalia.

Magistrados se utilizam do artigo 304 do Código de Processo Penal para justificar a fala de policiais como prova. Também segundo entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, “os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.”

Cristiano Avila Maronna, do IBCCrim, discorda desse entendimento. “Eu costumo dizer que o testemunho policial é a rainha das provas”. “Vejo o Judiciário como o principal responsável, pois é ele quem deveria garantir o devido processo legal. É ele quem deveria analisar o depoimento do policial com reserva.”

Em seu posicionamento sobre a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, o ministro Gilmar Mendes afirmou que “a palavra do policial não pode ter valor absoluto”.

Mais negros na Justiça do que na população local

Entre os julgados no município de São Paulo em 2017 por tráfico, 63,6% eram negros e 36,4%, brancos. Essa proporção se inverte em relação à população local da cidade, onde 37% são negros e 61%, brancos, o que mostra uma sobrerrepresentação da população negra na comarca do município. A sobrerrepresentação existe também na maioria das comarcas do estado, como mostrou a reportagem: “Como a Justiça paulista sentenciou negros e brancos para tráfico“.

Na avaliação de Maronna, “enquanto o próprio juiz não se compreender como um garantidor de direitos, nada disso tem qualquer chance de mudar. Porque é parte dessa engrenagem de guerra, de perseguição dos inimigos que é, no fundo, no fundo, a gestão penal da miséria. Gente pobre, negra, que mora na favela, e que vai para o sistema de uma forma ou de outra”.

Metodologia

A pesquisa é amostral e trata-se de um recorte de um ano com base nos processos julgados e disponíveis para acesso público online e digitalizados no portal do Tribunal de Justiça (TJ-SP) para a cidade de São Paulo no ano de 2017.

Foram encontrados mais de 4 mil processos referentes a crimes de “tráfico ilícito de drogas e condutas afins”. É a tipificação criminal que teve a maior participação em nossa pesquisa.

No levantamento foram consideradas apenas sentenças que concluíram pela “condenação”, “condenação em parte”, “desclassificação” e “absolvição”. Estas somaram 3.882 processos únicos.

Sentenças que indicam cumprimento de pena, prescrição, petições de habeas corpus e correções não foram incluídas. Também não entraram no levantamento 130 processos em que as sentenças concluíram em sentidos opostos, casos em que uma sentença decide pela absolvição de um acusado e condenação de outro, por exemplo. Essa decisão ocorreu em razão da dificuldade em classificar as informações dos sentenciados.

A pesquisa ainda buscou encontrar no portal do TJ-SP documentos que informassem a cor dos sentenciados nesses processos. Essas informações foram obtidas nos autos dos processos digitais, em documentos como planilhas de qualificação dos réus, laudos do Instituto Médico Legal, ofícios de comunicação, alvarás de soltura, entre outros.

Entre as sentenças analisadas, foi possível identificar mais de 4.754 réus. Destes, não conseguimos encontrar informações de cor para 96 pessoas. Houve, também, casos com informações conflitantes para a cor dos réus – e todos os casos identificados foram tabulados como “indefinidos”.

Fizemos ainda um levantamento das apreensões de droga nos processos julgados no município de São Paulo. As informações das quantidades apreendidas foram obtidas nas sentenças e em laudos do Instituto de Criminalística, anexados nos autos do processo. A reportagem conseguiu identificar as apreensões em 4.011 processos que envolvem 4.754 réus na capital.

Para obtermos as frequências de condenação, adotamos a seguinte equação: (Total de Negros Condenados pelo Total de Negros Julgados) e (Total de Brancos Condenados pelo Total de Brancos Julgados).

Categorias: Internacionais

La delgada línea entre tradición y trata infantil en África occidental

IPS español - seg, 06/05/2019 - 11:55

Hadijatou Mani fue liberada este año de su condición de esclavitud como “quinta esposa” de un anciano musulmán de Níger, que la “adquirió” por un puñado de dinero para ser sirvienta y esclava sexual. Crédito: Anti-Slavery International

Por Issa Sikiti da Silva
COTONOU, Benín, May 6 2019 (IPS)

Cuatro adolescentes nigerianas de 15 y 16 años se sientan juntas en un autobús en Cotonou, la capital comercial de Benín, para emprender la última parte de su viaje a Malí, donde se les ha asegurado que sus nuevos esposos las aguardan.

Partieron de sus hogares en el  este de Nigeria, donde, según le dijeron sus padres, concertaron su matrimonio con connacionales que viven en Malí.

“Cuatro compatriotas me pidieron que les trajera esposas jóvenes porque quieren casarse. Estoy seguro de que serán felices”, dice a IPS un traficante de personas, que solo se identifica como Wiseman, mientras el autobús donde ya abordaron las cuatro chicas se apresta a partir hacia Bamako, la capital maliense. A IPS no se le permite hablar con las adolescentes, que parecen ansiosas.

Wiseman aseguró que “negocié con los padres y les di un pago inicial como dotes, eso seguramente les ayudará a comenzar un pequeño negocio o compran semillas para la agricultura. Estas chicas son afortunadas porque trabajarán y realizarán los deberes de las esposas, por lo que sus vidas deberían mejorar mucho”.

Pero en realidad, nadie sabe sus verdaderas intenciones tanto de él como de los hombres que le “encargaron” encontrar a las chicas, si es que ellos existen.

Pathfinders Justice Initiative (Iniciativa de Exploradores por la Justicia), una organización internacional no gubernamental dedicada a la prevención de la esclavitud sexual, dice que Nigeria es un país de origen, tránsito y destino de la trata de mujeres y niñas, una actividad que tiene su foco en la Ciudad de Benin, en el sureño estado nigeriano de Edo, considerada un centro de tráfico sexual.

Nigeria se ubica en el puesto 32 de entre 167 países con el mayor número de personas en situación de esclavitud (1,38 millones), según el informe del Índice Global de Esclavitud  2018. Si bien Nigeria cuenta con leyes contra el tráfico y la trata, al menos un millón de personas son víctimas de estos delitos cada año, según la Agencia Nacional para la Prohibición del Tráfico de Personas (Naptip, en inglés).

Naptip, que opera en colaboración con las autoridades de Malí, considera que casi 20.000 niñas nigerianas fueron obligadas a prostituirse en Malí, donde trabajan en hoteles y clubes nocturnos tras ser vendidas a redes de trata y prostitución por traficantes de personas.

La población infantil, la más vulnerable

En África occidental, niñas y niños siguen siendo los más vulnerables a la trata.

El último Informe global sobre la trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) encontró que los niños y niñas y adolescentes se encontraban entre las mayores víctimas de tráfico y trata dentro de la región.

A fines de abril, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) rescató a 216 víctimas de la trata, incluidos 157 niñas y niños, oriundos de Benín, Burkina Faso, Níger, Nigeria y Togo. Interpol integra un grupo de trabajo mundial, conformado para abordar el delito de la trata.

Algunas de las víctimas de la trata laboraban como trabajadoras sexuales en Benín y Nigeria, mientras que otras lo hacían en jornadas interminables en mercados y locales de comida. Varías de las rescatadas tenían apenas 11 años, tenían señales de haber sido golpeadas y se les había asegurado que nunca más verían a sus familias.

Cuarenta y siete personas fueron arrestadas.

La pobreza juega un gran papel en el tráfico y la trata de mujeres y niñas en África occidental. Crédito: Linda de Volder/CC 2.0

“Muchas niñas y  niños se envían a estos mercados para realizar trabajos forzados. Se trata de grupos del crimen organizado que solo buscan hacer dinero. No les importa que los menores sean forzados a la prostitución, trabajen en condiciones terribles o vivan  en las calles”, dijo el director de Interpol para el crimen organizado y emergente, Paul Stanfield. “Todos están detrás del dinero”, remarcó.

Benín, punto de tránsito del tráfico

Benín, un país de bajos ingresos, siempre ha sido un punto de tránsito para los migrantes de África occidental que buscan llegar en forma irregular a Marruecos, Argelia y Túnez, y desde ahí, finalmente, a Europa.

La ciudad de Cotonou parece ser un punto de tránsito del tráfico de niñas y mujeres hacia África occidental y del norte, que pasan por esta ciudad desde el sur cuando son transportadas a sus países de destino.

Togo, Burkina Faso, Benín y Malí tienen leyes contra el tráfico y la trata infantil, pero nada cubre la trata de personas mayores de 18 años, según datos  la ONUDD, también conocida por su sigla en inglés, UNODC. Níger no tiene leyes contra estos delitos.

El libre movimiento de bienes y personas dentro de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental parece facilitar esta situación, ya que los oficiales de inmigración corruptos hacen la vista gorda por unos pocos dólares, en los puestos fronterizos.Tráfico y trata, delitos diferentes

Los delitos de tráfico y trata de personas están conectados en ocasiones, pero tienen características y fines diferentes, según la Oficina de las Naciones Unidos contra la Droga y el Delito (ONUDD).

El tráfico es siempre transfronterizo e implica el traslado ilícito de personas de un país a otro, realizado “en condiciones peligrosas o degradantes”, a cambio de beneficios financieros o de otro tipo.

La trata puede producirse dentro del propio país de la víctima o en otro país y es "la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad” para obtener un beneficio económico.

Su fin, precisa la ONUDD, es “de explotación, que incluye prostitución, explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud, retirada de órganos y prácticas semejantes”.

Una gran diferencia de los dos delitos es que en el tráfico, las personas migrantes “consienten”, mientras que las víctimas de la trata, por el contrario, “nunca han consentido o, si lo hicieron inicialmente, ese consentimiento ha perdido todo su valor por la coacción, el engaño o el abuso de los traficantes”.

Sobre los controles fronterizos, Wiseman soslaya profundizar en el tema y solo dice que sabe “cómo manejarlos”. En cuanto a su responsabilidad en el bienestar de las chicas que traslada precisa: “No soy un trabajador social, soy un hombre de negocios y un asistente. Ayudo a las personas a obtener buenas esposas y a las familias de las niñas a salir de la pobreza por el dinero que reciben a cambio. El resto es historia”.

Cuando IPS le cuenta el caso de las cuatro chicas nigerianas a Hassan Badarou, un promotor comunitario y líder religioso de Benín, este asegura que “podrían ser utilizadas como esclavas sexuales por esos hombres que las adquirieron, o ser vendidas a sindicatos del crimen para servir como prostitutas en Mali o mucho más lejos, en el norte de África”.

“Es una pena que los padres permitan que sus hijas se vayan del país a cambio de unos pocos dólares. Todo esto no sucedería si no fueran pobres”, reflexionó.

Pobreza, cultura y trabajo infantil

La pobreza desempeña un papel muy importante en el tráfico y la trata de mujeres y niñas en la región. Pero también la cultura.

En 2014, una amiga de la familia de Suzie vino a recoger a la niña de 12 años de su casa en el norte de Benín.

“Ella prometió ayudarme a asistir a la escuela después de trabajar en su casa durante un año, pero no lo hizo”, dijo Suzie a IPS en el idioma local, el fon, a través de un traductor.

“Las cosas empezaron a ir mal cuando comencé a recordárselo. Ella dejó de pagarme mi salario y aumentó mi carga de trabajo y redujo mis comidas de dos a una por día. También comenzó a golpearme cada vez que protestaba”, dijo esta adolecente de 16 años que vive en Cotonou.

Además, con el paso del tiempo, los miembros masculinos de la familia para la que trabajaba, comenzaron a acosarla sexualmente. Suzie rechazaba sus crecientes avances como podía, hasta que finalmente escapó porque no soportaba más la situación.

Policía, no por favor

Pero para ella acudir a la policía para denunciar estos incidentes no era una opción. Al preguntarle porque no lo hizo, explica que “no podía hacer eso, la mujer que me trajo es como una tía, así que denunciarla hubiera generado un conflicto entre su familia y la nuestra”.

Badarou, el líder religioso, cuanta que le ha tocado mediar en varios casos como el de Suizie.

“Si vieses la forma en que estas mujeres maltratan a estas chicas, te haría llorar. He documentado muchos casos de abuso y he tratado de mediar entre algunas de estas mujeres y las chicas”.

Pero por muy abusiva que sea la situación, lo que Badarou nunca va a hacer es meter por medio a la policía.

“Todos somos hermanos y hermanas de este país y creemos en resolver nuestros problemas en armonía y paz a través del diálogo. Además, no es nuestra cultura informar de nuestros problemas a la policía”, detalla sobre una cultura institucionalizada en África occidental que reconoce que es muy difícil de romper.

“Ante esta cultura profundamente arraigada de ‘ayuda mutua’ mediante ‘la entrega’ de sus niñas a una persona bien establecida que vive en las ciudades, incluso las Naciones Unidas y las organizaciones de ayuda a la infancia no tienen más remedio que hacer la vista gorda”, dice el líder religioso.

No es que no hagan nada al respecto, puntualiza, “pero no se puede romper la cultura social, especialmente en una región como esta donde prevalecen las condiciones de pobreza”.

Richard Dossou parece estar de acuerdo. Explica a IPS que el amigo de su tío, un padre de 18 hijos, está buscando “buenos samaritanos” de Benín que reciban a algunas de sus hijas, ya que él no puede mantenerlas.

“Planeo viajar a su aldea para negociar con él con miras a tomar incluso una, no como esposa, sino como sirvienta. Luego veremos cómo nos va. Nos ayudamos mutuamente de esta manera como defensa de la pobreza y la miseria en la región”, dice Dossou.

En Benín, la pobreza afecta a 40 por ciento de la población de casi 11 millones, mientras que en Nigeria viven en situación de pobreza extrema 88,9 millones de los 188 millones de habitantes, un 47 por ciento, según un informe publicado en  2018 por el Reloj Mundial de la Pobreza, un índice que actualiza la situación del problema a nivel global.

Jakub Sobik, gerente de comunicaciones de Anti-Slavery International, una organización que trabaja por el fin de la esclavitud moderna en el mundo, comentó a IPS que existe una delgada línea entre las normas culturales y el tráfico y la trata infantil.

Sobre si práctica en África occidental de “entregar” a las niñas se puede considerar una costumbre cultural y una forma de ayudar a las familias a salir de la pobreza, Sobik es tajante: “Esos son casos de trata infantil, así es cuando las niñas son reclutadas o albergadas con el fin de explotarlas”.

“La esclavitud no ocurre en el vacío, está sustentada por muchos factores, entre ellos la pobreza, la discriminación, la falta de acceso a la educación y las oportunidades de trabajo decente, la falta de Estado de derecho y las prácticas que son aceptadas culturalmente en las sociedades”, explica en un diálogo electrónico desde Londres, sede de su organización.

A menudo, considera, los padres son “engañados acerca de las condiciones que tendrán sus hijos, y los entregan con la genuina creencia de que tendrán una mejor oportunidad de educación y mejores oportunidades de vida en las ciudades, en otros círculos sociales”.

Añade que en algunas sociedades se acepta que los niños trabajen, porque ha sido la norma durante generaciones. “Tenemos mucho que hacer para cambiar esa situación y ofrecerles a los niños y niñas infancia, educación y las oportunidades de vida que merecen”, reflexiona.

Pero por ahora, las cuatro chicas nigerianas inician ya su viaje en el autobús que les quitará “la pobreza” o “la libertad”. Mientras, en Cotonou, Suzie recorre las calles oscuras de la ciudad con Zemidjan, un conductor de moto-taxi, que parece tener entre 40 y 50 años y que ella presenta como su novio.

T:MF

El artículo La delgada línea entre tradición y trata infantil en África occidental fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

World is ‘on notice’ as major UN report shows one million species face extinction

UN SGDs - seg, 06/05/2019 - 11:40
A hard-hitting report into the impact of humans on nature shows that nearly one million species risk becoming extinct within decades, while current efforts to conserve the earth’s resources will likely fail without radical action, UN biodiversity experts said on Monday.
Categorias: Internacionais

Não fazemos conjectura nem levantamos suspeita: nós investigamos

Pública - seg, 06/05/2019 - 10:00

Você conhece a Agência Pública, já leu nossas reportagens e talvez até já tenha apoiado nosso jornalismo no passado. Deve saber que a Pública nasceu do sonho de jornalistas mulheres há oito anos. O Brasil era outro, mas uma coisa já era clara: o jornalismo tradicional não estava investigando o que governantes, congressistas e empresários estavam fazendo para lucrar mais, prejudicando a vida de comunidades inteiras no caminho.

Nós sempre acreditamos que dava para investigar coisas super importantes que a imprensa deixava de lado, e com isso mudar o jornalismo brasileiro. Naquela época havia muitos sites de opinião, muitos blogs, muita especulação e pouco fato. Por isso, desde o começo nos dedicamos 100% a fazer apenas jornalismo investigativo. Fomos as primeiras a ter essa ousadia, e por isso eu lembro que um articulista importante chegou a se referir à Pública como “auto-denominada” agência de jornalismo investigativo. Machismo, claro.

Oito anos depois, continuamos fiéis a esse princípio. Não publicamos opinião, apenas fatos. Não fazemos conjectura nem levantamos suspeitas: nós investigamos. E quando publicamos algo, é porque temos provas.

Disso você já sabe. O que talvez você não saiba é que nossas reportagens são publicadas por mais de 700 veículos no Brasil e no exterior, chegando potencialmente a 26 milhões de pessoas. E furando a bolha: os sites publicam nossas investigações para todo tipo de público – desde os leitores engajados do blog Combate Racismo Ambiental até os executivos que lêem a Revista Exame, ou os ingleses que se dedicam às páginas do The Guardian.

Nossa estratégia de republicação é tão eficaz que rendeu uma matéria no site militarista “Sociedade Militar” comentando como as nossas reportagens de espalham.

Foi furando bolhas e mostrando bom jornalismo que nossa cobertura ajudou a transformar o tema de gênero em uma pauta principal na agenda da imprensa. Um exemplo: demos nome aos bois ao chamar a morte de Eliza Samúdio de feminicídio.

Fomos nós que trouxemos para o Brasil os documentos vazados pelo WikiLeaks, um marco na imprensa brasileira. Também foi uma de nossas reportagens que ajudou a levar o então governador de São Paulo a proibir as revistas vexatórias nos presídios.

Teve muito mais. A Pública foi o primeiro site a investigar a fundo e in loco as relações corruptas da Odebrecht e da Vale com os governos de Angola e de Moçambique; provamos como a Vale espionava ativistas que protestavam contra ela para calá-los; encontramos restos de bombas de Napalm que foram atiradas pela ditadura sobre o Vale do Ribeira, onde havia população civil e animais; provamos que foram os grupos de direita que espalharam os atentados terroristas em 1968 que foram usados pelos militares para decretar o Ai-5.

Fizemos a primeira investigação sobre a articulação de direita nas redes sociais e a manipulação do discurso público, quando nem existia ainda o termo “Fake News”. E provamos que o MBL nasceu com financiamento da ultradireita americana. Ufa!

Ganhamos 42 prêmios nacionais e internacionais e fomos finalistas de todas as premiações relevantes do continente.

Cada história da Pública passa por duas edições, uma revisão jurídica e uma revisão de texto – no mínimo. Publicamos todas as fontes e documentos que nos permitem fazer afirmações como “Este adolescente foi assassinado pelo Exército por engano. E a Justiça Militar considerou ‘um erro escusável’”, ou “Apoiadores de Bolsonaro realizaram pelo menos 50 ataques em todo o país”, ou ainda: “Documento revela descaso da Vale com o risco de morte em ferrovia”.

Você já deve ter reparado que não publicamos mais do que uma reportagem por dia. E não é porque não temos material: é porque só publicamos quando temos, de fato, a história completa, as provas e os documentos. E isso dá muito, muito trabalho.

Desde as eleições presidenciais, demos uma guinada na nossa cobertura, em busca de tornar nossa produção mais dinâmica, mais “quente” e mais certeira: queremos investigar as consequências do governo Bolsonaro sobre a população brasileira.

E aí você pergunta: mas tem história suficiente? Ô se tem. Pauta sobra, mas faltam braços.

Por isso, precisamos de mais repórteres em Brasília, mais repórteres pelo Brasil afora, pelos rincões onde o excesso de armas e a euforia causada pelo apoio irrestrito aos donos de terra já causa um acirramento da violência. E precisamos do seu apoio, para construir essa nova Pública.

Conheça nosso Programa de Aliados!

Categorias: Internacionais

Um menino manchado de petróleo

Pública - sex, 03/05/2019 - 12:01

Se Deus pudesse lhe conceder um desejo, Osman Cuñachí, um menino indígena awajún, pediria um smartphone. Ou uma bola de futebol. Ou trocar seus chinelos de plástico por umas alpargatas fosforescentes. No entanto, se ele pensasse um pouco mais, pediria uma casa de cimento e tijolos como as que viu uma vez em Lima, capital do Peru, mais resistentes às tormentas que as cabanas de madeira e teto de folhas que abundam em Nazareth, onde vive. Por isso Osman, 11 anos, magrinho como um cabo de vassoura, camiseta desbotada do Homem-Aranha, pensa em se mudar para a capital para estudar arquitetura, ter uma esposa e um só filho, pois sabe que criar três, quatro ou cinco, como é comum em sua aldeia, significa passar fome e necessidade. Isso foi o que lhe disse seu pai, um professor aposentado que alimenta cinco bocas com a sua aposentadoria mensal de 400 soles, uns US$ 130: nem a metade do salário mínimo. O pai prefere que Osman seja engenheiro químico para que saiba tudo sobre petróleo e assim tenha um futuro melhor que ele. Porque, desde que um enorme oleoduto corroído derramou cerca de 500 mil litros desse combustível aqui, neste pedaço na selva úmida e montanhosa do Amazonas, a segunda região mais empobrecida do país, alguns adultos dizem que um mês limpando o petróleo do rio paga sete vezes mais que um mês cultivando a terra. Apesar de temerem estar envenenados.

Omar Lucas/Revista5w‘Zona zero’ do derrame de Chiriaco. Os trabalhadores levaram quase um mês para fechar o gasoduto, instalado há 42 anos

É uma tarde chuvosa de junho de 2016, seis meses depois de ter mergulhado em um rio cheio de petróleo, e Osman Cuñachí, membro da nação indígena mais numerosa da floresta ao norte do Peru, faz uma careta e se sente esquisito ao ver o seu rosto em um enorme cartaz pendurado no muro da casa comunal. É o lugar onde os awajún discutem assuntos importantes sobre a vida da aldeia: eleger uma autoridade, construir um caminho, castigar um ladrão. O letreiro anuncia uma campanha de saúde, realizada pela Coordenadora Nacional de Direitos Humanos e outras ONGs, para avaliar 25 meninos e meninas que asseguram estar doentes por haver recolhido petróleo em troca de dinheiro. Na imagem, Osman, metro e meio de estatura, tem manchados de negro o rosto, os braços, os pés, a camiseta vermelha que leva em letras brancas a palavra “Peru”. O menino sorri enquanto carrega um balde sujo.

– Você saiu bem feio – zomba um amigo, de cabelos espetados, bola debaixo do braço, camiseta do Barça, e Osman esconde o rosto com as mãos.

A foto que o envergonha e os peruanos e a imprensa internacional comentariam com indignação foi tirada por uma vizinha com o seu celular no dia em que Nazareth deixou de ser a maior comunidade do estado de Bagua, com seus 4 mil habitantes, seu rio marrom e milhões de árvores altas rasgando o céu, para protagonizar “o pior desastre ecológico da última década”, como descreveram os jornais.

Os engenheiros

Na tarde em que se manchou com petróleo, Osman Cuñachí praticava tiros livres com um amigo, quando dois engenheiros da Petroperú, a companhia estatal mais rentável do país, chegaram a Nazareth em uma caminhonete branca 4×4. Desde cedo um vapor ácido se expandia desde a margem do rio Chiriaco e se colava às cabanas de madeira como uma nuvem invisível de gasolina. Uma fissura de 11 centímetros em um trecho corroído do Oleoduto Norteperuano – uma serpente de cobre que transporta petróleo da floresta para a costa ao longo de mais de 800 quilômetros – havia derramado em uma ravina próxima petróleo suficiente para encher quase meia piscina olímpica. Nativos contratados pela Petroperú improvisaram uma barreira de troncos e lonas de plástico que conteve o óleo por alguns dias, mas ninguém calculou que a violência de uma tormenta durante a madrugada faria com que transbordasse rio abaixo, espalhando-se como um catarro negro que no caminho tragava insetos, raízes de árvores, canoas, cultivos de banana, cacau e amendoim. Os animais fugiam da corrente. As mães se lamentavam junto às suas chácaras arruinadas. Cadáveres de peixes flutuavam sobre a água escura. Catorze vazamentos de petróleo contaminaram a selva peruana em 2016 devido a essa cobra metálica que se dessangrava com regularidade. Nazareth era só o primeiro elo de uma cadeia de desastres.

No seu livro de ciências de sexta série, Osman Cuñachí havia lido que o petróleo é uma substância pré-histórica, feita do mesmo material que os fósseis de dinossauro. E, em algum episódio de Tom e Jerry, ele o havia visto brotar das profundidades da terra como um jorro negro e irrefreável que fazia saltar de alegria o sortudo que o encontrasse. Só soube recentemente que o petróleo valia dinheiro, na tarde do derramamento, quando os engenheiros da Petroperú chegaram em seu jipe para anunciar às famílias que pagariam a quem ajudasse a recolher o combustível do rio.

Se um agricultor de banana ganhava normalmente uns 20 soles diários – U$$ 6 –, agora, juntando petróleo em um balde, podia ganhar 150 soles, o dobro do salário de um médico da região Amazonas. Em uma zona onde sete em cada dez pessoas são pobres, onde não há água potável nem banheiros, onde as mulheres ficam doentes de anemia por desnutrição crônica, onde é mais frequente que uma criança menor de 5 anos morra de malária do que pela picada de uma cobra, onde ventanias frias e secas inesperadas tornam mais difícil encontrar terra fértil para cultivar, o valor oferecido pela Petroperú era mais do que qualquer awajún jamais tinha imaginado ganhar em uma semana.

Os engenheiros não avisaram que seria perigoso. Não deram trajes especiais nem disseram quem podia fazê-lo e quem não podia. Naquela tarde houve famílias que foram ao rio recolher todo o petróleo possível.

Omar Lucas/Revista5wTrabalhadores, principalmente do grupo étnico Awajún, observam a área do vazamento em Chiriaco, Peru

Quando Osman Cuñachí e seus três irmãos chegaram ao rio contaminado, viram crianças, mães grávidas, avós e meninos submersos na água ou montados em canoas juntando o petróleo em baldes e garrafas de plástico. O mesmo rio onde costumavam banhar-se e em cujas margens construíam castelos de barro, onde haviam aprendido a nadar e a pescar bagres e curimatãs agora emanava um odor metálico que lhes dava náuseas. Coçava a garganta. Os olhos choravam. Roycer, seu irmão de 4 anos, se rendeu primeiro. Depois Omar, o de 7, e Naith, sua irmã de 14. Submerso na corrente, Osman decidiu ficar até encher o seu balde, ignorando que esse líquido inflamável que grudava nas suas mãos é o que permite que as cidades funcionem.

Quase nunca prestamos atenção ao petróleo, exceto pelo cheiro acre que flutua nos postos de gasolina quando enchemos o tanque do carro. Mas o petróleo não é algo que possamos separar de nós mesmos ao sairmos de perto da bomba de gasolina e tapar o nariz. Graças ao petróleo e às indústrias derivadas, durante o último século construímos todo o nosso sistema de vida baseado em seu poder. Esquentar nossos prédios e fazer funcionar nossas máquinas e veículos – pensemos em uma fábrica de televisões ou no avião que tomamos para sair de férias – consome 84% do petróleo que se extrai anualmente no mundo. Os 16% restantes se transformam em insumos para fabricar milhões de coisas. Sem o ouro negro – e essa alquimia moderna chamada petroquímica –, seria impossível mascar um chiclete ou dirigir um carro, não existiriam as alpargatas, nem a pasta de dentes, nem o desodorante, nem as lentes de contato, nem as estradas asfaltadas, nem os pneus, nem a mala com rodinhas, nem os perfumes, nem o batom, nem os óculos de sol, nem o detergente, nem o enxaguante bucal, nem o creme hidratante, nem as próteses dentárias, nem as meias de náilon, nem as panelas de teflon, nem o gel de cabelo, nem o esmalte de unhas, nem o bloqueador solar, nem o guarda-chuva, nem o saco de lixo, nem as válvulas cardíacas, nem as aspirinas, nem os remédios para câncer, nem os fertilizantes agrícolas, nem os conservantes de alimentos, nem os copinhos de poliestireno, nem o lubrificante íntimo, nem as vitaminas em cápsulas, nem a fibra ótica, nem o cimento, nem a escova de dentes, nem o xampu, nem as cortinas de chuveiro, nem as mangueiras, nem os laptops, nem o papel fotográfico, nem o sabonete, nem a tinta de cabelos, nem as canetas, nem a tinta impressa nos livros, nem os aparelhos de raio X, nem as garrafas de água mineral, nem as flores artificiais, nem as toalhas de mesa, nem os tapetes, nem a cola, nem as perucas, nem os fósforos, nem os extintores, nem o colete salva-vidas, nem a dinamite, nem os cílios postiços, nem a tampa do vaso sanitário, nem os CDs de música, nem os fones de ouvido, nem as banheiras, nem os botões da camisa, nem o papel higiênico, nem os preservativos, nem quase tudo que é feito de plástico: desde peças de naves espaciais até uma Barbie; desde as bolas de futebol até qualquer dos quase 3 bilhões de smartphones que existem no mundo, como aquele que Osman Cuñachí, criança awajún, pensava em comprar com o dinheiro que os engenheiros da Petroperú haviam lhe prometido pelo seu balde de petróleo.

Omar Lucas/Revista5wBalde cheio de óleo no salão comunal da cidade de Nazaré, como prova de que os colonos foram contratados pela Petroperú sem qualquer proteção

Era noite quando Osman e seus irmãos regressaram à sua casa de madeira. Ao vê-los, a mãe brigou com eles por terem saído sem permissão. Então correram para o pátio, onde as roupas são estendidas para secar e as galinhas cacarejam, e tentaram tirar o petróleo do corpo com água e sabão, mas não conseguiram. Usaram detergente e não funcionou. Esfregaram o rosto, os braços, as pernas com um esfregão e sabão em pó. Mas nada. Até que um primo, que também havia estado no rio, disse que se lavassem com gasolina de moto. Naquela noite, Osman não pôde dormir bem pela coceira e o ardor de tanto ter esfregado o corpo. Na manhã seguinte, os engenheiros da Petroperú voltaram a Nazareth no seu 4×4. O ar ainda fedia a gasolina. Uns 30 awajún esperavam com seus baldes cheios de petróleo ao lado da estrada. Haviam oferecido a eles 150 soles, US$ 46, por recipiente. Mas no final, apesar das reclamações das pessoas, os engenheiros só pagaram 20 soles, ou US$ 6. Osman se lembra de que um engenheiro perguntou a sua idade, anotou seu nome em uma caderneta e lhe deu 2 soles, sessenta centavos de dólar, como gorjeta pelo balde que ele tinha juntado: o recipiente, disse o engenheiro, tinha mais água que petróleo. Osman, cujo nome significa “aquele que é dócil como um pombo”, não protestou como as outras crianças. Quando voltou à sua casa, deu uma moeda para a sua mamãe e, com a outra, foi com amigos comprar uma Pepsi e uns biscoitinhos com desenhos de animais.

Virou notícia

E um dia, de repente, você é uma criança que vira notícia. Todo mundo se interessa por você, mas quase nada sabe sobre você.

Jornais, canais de TV e comitivas de ONGs viajam 26 horas por estrada desde Lima, cruzam os Andes, percorrem curvas vertiginosas e vales quentes ladeados por muralhas de vegetação até chegar a Nazareth, a comunidade indígena onde você nasceu. Querem conhecer você. Olham, perguntam: “Teve medo? Como mergulhou no rio? Onde está a sua roupa manchada de petróleo? Pode mostrar?”.

Parecem competir para ver quem conta algo mais terrível, sabendo que essas tragédias interessam sobretudo a quem não as viveu, a quem mora nas cidades viciadas em plástico, aliviado por não ser você. O menino manchado de petróleo.

– Meu papai diz que as pessoas só vêm aqui quando acontecem coisas ruins –, diz Osman Cuñachí enquanto olha a sua foto no cartaz da campanha de saúde na aldeia. – Eu quero que me vejam defendendo gols, não quero que tenham pena de mim.

Omar Lucas/Revista5wOs irmãos Cuñachí – Osman, Omar e Segundo – trabalharam para a Petroperú coletando petróleo bruto sem qualquer proteção

Às seis da tarde o céu sobre Nazareth se aproxima do púrpura mais escuro. Dizer que chove seria pouca coisa: a chuva aqui acontece como jatos de água irrefreáveis que, misturados com trovões, estremecem os jambos. Na casa comunal, gotas grossas se filtram pelo teto de chapa metálica e formam pequenas poças no chão. Por um defeito no gerador, não há luz elétrica, mas nessa penumbra o médico Fernando Osores, um quarentão alto e robusto, força a vista: recolhe amostras de sangue e urina e corta mechas do cabelo de 25 meninos e meninas awajún, de 6 a 15 anos, que recolheram petróleo no rio.

Enquanto os pais assinam autorizações, seus filhos passam, um a um, a uma barraca de campanha levantada dentro da casa. O médico de Lima recolhe as amostras que logo enviará ao laboratório do Instituto Nacional de Saúde Pública do Quebec, no Canadá, onde serão analisadas. De acordo com as leis de saúde, médicos do Estado peruano deveriam ter feito esse trabalho no dia seguinte ao vazamento. Já se passaram seis meses – em breve passará um ano e mais outro – e nada. “Com certeza estão muito ocupados”, me diz o médico Osores, que dá um sorriso fingido. Logo um menininho esquálido foge do consultório, horrorizado pelas agulhas. Seu pai grita algo em awajún e sai correndo atrás dele. O médico, empapado em suor, pede que alguém ilumine com a lanterna de um celular para que ele possa continuar o trabalho.

Osman Cuñachí não é do tipo de menino que espera sentado. Quando a chuva para, aguarda a sua vez junto aos amigos e seu cachorro negro, Lucky, em um descampado de terra caçando escorpiões e outros bichos, que logo queimará vivos com um fósforo. A alguns metros dali, Jaime Cuñachí, pai de Osman, de 66 anos, passa o dia sentado em um banco de madeira, tecendo uma rede de pesca. Um chapéu cinza cobre a calvície. Suas calças verdes curtas deixam ver um toco onde antes havia a perna direita. Faz dois anos que a amputaram por uma gangrena agravada pela diabete, uma doença frequente entre os awajún e difícil de tratar devido à dieta pobre e à falta de remédios.

– Não tenho perna, mas sim uma boa memória – ri o senhor Cuñachí, antigo chefe de Nazareth, com os poucos dentes que lhe sobram, enquanto espanta os mosquitos do rosto com um trapo.

Diz que o campo de futebol onde agora o filho está brincando é um antigo cemitério de máquinas e tubos usados no final dos anos 1960 para construir o Oleoduto Norteperuano, umas das maiores obras de engenharia da história do Peru. A ditadura militar do general Juan Velasco Alvarado investiu cerca de US$ 1 bilhão e o trabalho de 2 mil homens no projeto que levaria o Peru ao Primeiro Mundo, essa promessa de sempre.

Em Nazareth, alguns anciãos awajún já conheciam o petróleo de tempos passados. Respeitados pelo seu caráter guerreiro – os primeiros cronistas os chamavam de jíbaros “redutores de cabeças” –, foram uma de tantas nações amazônicas que nem os incas nem os soldados espanhóis puderam conquistar. Permaneceram isolados durante centenas de anos até que, em meados do século 20, as indústrias extrativas e os apach muun, homens brancos, chegaram com máquinas gigantes para perfurar o subsolo.

O senhor Cuñachí era um menino que não sabia castelhano quando chegou o oleoduto por ali. Nazareth era então um punhado de cabanas de madeira e folhas espalhadas entre a floresta e um rio marrom que se precipitava por um leito de pedras lisas e enormes. Os awajún vestiam túnicas marrons de algodão e colares de sementes. Pintavam o rosto com a tinta vermelha das sementes de urucum. Tomavam ayahuasca para comunicar-se com os espíritos da selva. A gente dos Andes, desde séculos atrás, os chamava “aguarunas”: do quéchua awajruna, “homem que tece”. Mas eles, no seu idioma, sempre se definiram como liaénts: “os verdadeiros homens”.

“Eu me banhei no rio Chiriaco e tudo bem”

Um dia uns engenheiros chegaram com suas famílias e levantaram um acampamento para construir um trecho do oleoduto. O senhor Cuñachí costumava caçoar dos forasteiros com os seus filhos: as crianças brancas. Trocava mamões por carrinhos de plástico, zarabatanas de caça por estilingues de borracha. Aprendia castelhano. Quando a construção do oleoduto começou, helicópteros militares vinham todos os dias carregando enormes tubulações. Enquanto os adultos abriam trilhas a facão para dar passagem às máquinas, as crianças awajún corriam e brincavam de esconde-esconde dentro das tubulações ainda por instalar.

Quando as obras terminaram, a empresa estadunidense Williams, a cargo da construção, decidiu sepultar todo o material restante debaixo do campo de futebol onde agora brincam Osman e os amigos, pois ficava mais barato enterrá-lo do que transportá-lo. Um dia os engenheiros se foram. Então, um grupo de famílias deixou o monte para assentar-se no acampamento abandonado, repleto de formigas negras que devoravam ratos e afugentavam as cobras. Ali fundaram a sua primeira escola.

Logo chegariam a estrada, a luz elétrica, a televisão a cabo, o posto médico e centenas de indígenas e forasteiros atraídos pela aparente prosperidade.

Omar Lucas/Revista5wO rio Chiriaco – um afluente do rio Maranón – conecta-se diretamente com a Amazônia

Quase meio século depois, Nazareth é uma aldeia de pescadores, agricultores, pequenos comerciantes e mototaxistas que fazem a sua vida ao redor do rio Chiriaco. Agora mesmo, como qualquer criança awajún, Osman Cuñachí poderia estar pescando ou banhando-se ali. Mas não deve. Desde o vazamento, as autoridades ambientais proibiram essa atividade pela quantidade de chumbo e cádmio que há nas águas e nos peixes. O chumbo é um veneno que, mesmo em níveis baixos de exposição, pode afetar o desenvolvimento do cérebro das crianças e causar anemia, hipertensão e efeitos irreversíveis no sistema nervoso central. O cádmio pode danificar os rins, ossos e pulmões e causar câncer.

Os awajún dizem que esses metais tóxicos provêm do petróleo. A Petroperú diz que o petróleo tem quantidades ridículas desses metais. Germán Velásquez, comandante aposentado da Polícia Nacional, assessor de empresas e por esses dias presidente da companhia, assegura que os metais são provenientes do esgoto e do lixo – garrafas de plástico, fraldas descartáveis sujas, baterias usadas, óleo de motor – que os povos próximos jogam nas margens do rio Chiriaco.

– Se alguém ali tem a opção de receber algum tipo de indenização econômica, dirá que o petróleo lhes faz chorar – me disse Velásquez, um cinquentão grisalho, numa tarde em um café de Lima, enquanto acomodava meio sorriso abaixo dos seus óculos tartaruga. – Eu investiguei: para que o petróleo contamine, você teria que ter estado metido em um barril por três ou quatro dias. Eu me banhei no rio Chiriaco e tudo bem.

A versão oficial, a empresarial, é otimista. A da ciência não.

– Quem disser que o petróleo é inofensivo mente – me diria semanas depois o médico Fernando Osores, enquanto descansava, depois de atender durante dez horas seguidas meninos e meninas das comunidades afetadas.

Osores é especialista em toxicologia ambiental e doenças tropicais. Há 20 anos trata casos de contaminação causada por minas e empresas de gás e petróleo no Peru. Quando ocorre um vazamento – explica –, milhões de moléculas de hidrocarbonetos evaporam e se expandem rapidamente como gases venenosos. Basta que alguém as respire durante uns minutos para ter dor de cabeça, tontura ou dor no abdômen. Se alguém se expõe ao petróleo sem proteção durante dias, é ainda pior: aparecem alergias na pele, irritação na garganta, dificuldades para respirar. O petróleo é uma mistura complexa de centenas de hidrocarbonetos. Alguns deles, como o benzeno e o xileno, podem danificar o sistema nervoso e, com o passar dos anos, causar câncer. O petróleo derramado na correnteza de um rio é outro problema. Ele se divide em gotas minúsculas que se misturam com partículas de barro e se sedimentam no leito do rio. Assim começa a reação em cadeia: as partículas contaminadas alimentam as bactérias; as bactérias contaminam minúsculos organismos aquáticos chamados plânctons; os plânctons, os peixes; os peixes, os humanos. Quando passa o tempo, a contaminação pelo petróleo é imperceptível à vista. Não tem forma, nem cheiro, nem som. É incorpórea como átomos invisíveis. Os nossos sentidos não servem para perceber o dano.

O médico Osores pode resumir tudo em uma frase:

– Estamos diante de um desastre químico.

“Esterco do demônio” Omar Lucas/Revista5wUm caminhão-tanque cheio de petróleo que foi recuperado do vazamento, pronto para ser transferido para a refinaria de Talara, na costa norte do Peru

Os últimos 150 anos de consumo global de petróleo são apenas o presente e o passado imediato de um vínculo tão antigo como os mitos pré-hispânicos. O petróleo – do latim petroleum, óleo de pedra – foi descoberto e aproveitado em muitas épocas e lugares com fins práticos, festivos, religiosos ou mágicos. Na América, a substância teve pelo menos dois nomes com genealogia registrada. Os astecas o chamaram choppotli. O segundo nome nasceu dos poços de breu, um petróleo viscoso, que existiam na costa norte do Peru. Os antigos peruanos chamavam copé essas poças fedidas e perdidas nos confins do deserto, cuja origem remontava a uma era ainda mais antiga, a idade dos gigantes, personagens que, segundo as lendas, haviam escavado esses poços inexplicáveis.

O historiador Pablo Macera destacou essa visão supersticiosa do petróleo: substância misteriosa, desconhecida, quiçá por isso maligna. Era chamada de “esterco do demônio”.

Hoje, vários séculos e guerras e avanços científicos depois, nossa dependência do petróleo alcança uma dimensão tão escandalosa que se tornou um tema de debate frequente entre políticos e ambientalistas. Em 2007, durante o Congresso Mundial de Energia, se anunciou que a Terra armazenava reservas de petróleo para mais um ou dois séculos. “O mundo não tem que se preocupar por muito tempo com o fim do petróleo”, assegurou Abdallah S. Jumah, então presidente da Saudi Aramco, companhia petrolífera estatal saudita, a maior do planeta.

Apesar de toda essa confiança empresarial, a Agência Internacional de Energia, que monitora as reservas energéticas da Terra, prognosticou que o mundo necessitará do equivalente às reservas petrolíferas de seis Arábias Sauditas para cobrir a demanda até 2030. Fatih Birol, especialista em energia e diretor executivo da agência, implora: “Devemos abandonar o petróleo antes que ele nos abandone”.

O Peru foi pioneiro na América Latina em explorar o ouro negro comercialmente. Em 1924, quando a Venezuela debutava como nação petroleira, o Peru já era líder na região. Quase um século depois, a Venezuela produz 1 milhão e meio de barris diários, informa a Organização de Países Exportadores de Petróleo. O Peru gera quase 3% dessa quantidade. O sonho nacionalista de ser uma potência petrolífera acabou em fiasco: hoje o Oleoduto Norteperuano funciona com 10% de sua capacidade. O petróleo disponível – que se extrai da Amazônia peruana onde vivem os awajún e outras etnias, e que é mais denso e caro de refinar do que o do Oriente Médio – se esgota, mas a população aumenta e, com ela, o consumo de combustível. O Peru está entre os 20 países “mais viciados” em petróleo, segundo a publicação Relatório Estatístico da Energia Mundial, publicada pela British Petroleum. E é o quarto país de América mais vulnerável aos danos causados pelo aquecimento global e o uso de combustíveis fósseis. Com o petróleo ocorre o mesmo que com a indústria da carne: os países ricos ganham muito mais por consumi-lo do que os países pobres por produzi-lo.

É uma necessária obviedade dizer que a multimilionária indústria do petróleo é uma das mais sujas que existem. Mas que a sua energia tenha substituído a tração humana e animal é uma melhora extraordinária, um dos grandes inventos deste mundo. Os cientistas, no entanto, insistem: se, para a segunda metade do século 21, os países não mudarem suas fontes de energia para outras menos destrutivas para o planeta, é muito provável que a natureza e o sistema econômico atual colapsem.

A razão vai além do tema ecológico e está condicionada pela força da realidade: o petróleo que nos sustenta acabará e não poderemos evitar.

Os amigos não queriam brincar com ele

Osman Cuñachí entende pouco de política ambiental e nunca escutou o senhor Birol, mas sabe como é difícil tirar o petróleo do corpo quando se fica manchado com ele. Pouco depois de ter recolhido o óleo e arrancá-lo da pele com gasolina de motocicleta, Osman desmaiou enquanto marchava em um desfile escolar. Sua professora contou aos pais que o menino estava deitado na carteira e dormindo na aula. Durante dias ele vinha sentindo intensas dores de cabeça e enjoos. Tinha irritações nos braços e nas pernas, e não parava de se coçar. Por esses dias tinha viralizado nas redes sociais a sua foto. “O pior desastre ecológico da última década”, diziam. A Petroperú lamentava o ocorrido, mas negava ter contratado crianças para esse trabalho. Mas a foto de Osman era uma prova que afundava a empresa no escândalo.

Um dia, dois engenheiros dessa companhia foram buscá-lo em casa. Com autorização do senhor Cuñachí e acompanhado pela tia, levaram Osman a uma clínica privada de Piura, região da costa norte do país, sede da principal refinaria da Petroperú. Analisaram seu sangue. Tiraram radiografias. Levaram-no para passear pela praça. Para comer frango na brasa. Hospedaram-no em um hotel que tinha um computador no qual ele podia jogar Zumbis vs. Plantas, um de seus games favoritos. Uma semana e meia depois, ele voltou para casa com umas vitaminas, umas cartelas de paracetamol, um unguento para a erupção cutânea e um certificado de saúde. O menino, dizia o médico, só tinha anemia.

De volta a Nazareth, Osman procurou os amigos, mas não queriam mais brincar com ele.

– Por que a empresa só atende você? – um reclamou. – Nós também recolhemos petróleo e ninguém vem nos buscar. Com certeza te deram dinheiro.

Osman esteve triste por vários dias. Até que Yolanda, sua mãe, lhe deu umas moedas e ele comprou doces para os amigos. Assim se reconciliaram.

Yolanda Yampis tem uns 30 anos, o cabelo negro longo até a cintura, e sorri toda vez que fala, como se estivesse com vergonha. Como a maioria dos awajún, Yolanda tem uma risada aguda, rítmica, contagiante – jijijijiiiii –, como se cantasse ou imitasse o canto de uma ave desconhecida. Ela conta que, durante os dias seguintes ao vazamento, vários adultos de Nazareth e de outras comunidades próximas abandonaram suas chácaras para trabalhar para a Petroperú.

Yolanda também trabalhou. O ano escolar estava por começar e ela necessitava do dinheiro. Depois de a terem contratado, os engenheiros da Petroperú a vestiram como nos filmes de catástrofes radioativas: um macacão branco de plástico, um capacete laranja, óculos protetores, botas de borracha, luvas e uma máscara dessas que os enfermeiros usam, mas que não evitava que respirasse os gases tóxicos que emanavam do petróleo. Durante um mês, junto a dezenas de homens e mulheres, Yolanda escavou com uma pá a terra contaminada. Arrancou os restos da vegetação manchada de petróleo e guardou em sacos. Assim ela ganhou quase 4 mil soles, US$ 1.500, dez vezes a aposentadoria que recebe o marido. Com o dinheiro comprou uma geladeira para vender refrigerantes e cervejas, material escolar para os quatro filhos, um tronco de árvore para construir mais um quarto na sua casa e pagou peões para colher a banana da sua chácara, de quase meio hectare.

Omar Lucas/Revista5wOs limpadores pegam o óleo do rio em baldes e o colocam juntos em barris

– Mas o dinheiro termina – me disse ela, a voz fininha, o castelhano com sotaque.

Yolanda estava de pé na casa comunal junto com outros pais, com os braços cruzados. O riso de antes tinha virado um gesto duro de lábios apertados. Observava nervosa o médico Osores, na penumbra, que tirava amostras de sangue de Osman, o segundo dos seus filhos.

– O derramamento me deu oportunidade, mas para quê, se ao final você fica contaminada? Talvez meus filhos estejam doentes. Talvez eu também. Nós não sabemos.

Por juntar petróleo em um balde, diz a mãe, Osman Cuñachí tem irritações nas pernas e nos braços. Seu irmão Omar, o terceiro de quatro, tem dores de cabeça e diarreia. Assim como eles, várias crianças de Nazareth começaram a sentir mal-estar depois de terem recolhido petróleo do rio. Em uma assembleia convocada uma semana depois do vazamento, a comunidade enviou um comunicado ao então presidente Ollanta Humala e ao ministro da Saúde reclamando atenção imediata. Incluía uma lista com os nomes das crianças que se encontravam doentes depois de terem recolhido petróleo. Somente nesta comunidade eram mais de 50. A Petroperú doou toneladas de víveres e água engarrafada e começou campanhas de saúde para atendê-los. No entanto, até janeiro 2017, um ano depois do vazamento, ninguém neste pedaço de floresta tinha um certificado médico do Estado que provasse se tinha sido contaminado ou não pelo contato com petróleo. O governo nunca foi até Nazareth ou às outras comunidades afetadas para examinar rigorosamente a saúde das famílias.

– Parece que as autoridades estão esperando que passem dez, 20 anos, até que as pessoas morram, para vir averiguar o que aconteceu de fato – me disse o médico Osores enquanto fechava em caixas com gelo seco as amostras de cabelo, sangue e urina a serem enviadas de avião a um laboratório no Canadá naquela mesma noite.

Essas provas seriam a primeira tentativa de averiguar o nível de contaminação dos meninos de Nazareth. Porém, com o passar dos meses, o petróleo derramado afetaria não só a saúde das pessoas, mas também os pensamentos de alguns. Sobretudo desde quando, para além de espalhar temor, o desastre lhes ofereceu a possibilidade de ganhar algum dinheiro.

“Um salário que nunca na vida vão encontrar”

Um homem awajún sem o braço esquerdo vigia o acampamento da Petroperú, próximo à ravina onde ocorreu o vazamento. Se trata de uma fila de barracas azuis e verdes plantadas ao lado de uma estrada asfaltada que leva até o centro de Chiriaco, o maior povoado da região, a dez minutos de Nazareth em mototáxi. Dentro das barracas há operários consultando mapas, algumas engenheiras analisando arquivos de Excel nos seus laptops, uma médica novinha muito maquiada e entediada morrendo de calor diante de dois ventiladores elétricos a toda velocidade. Essa é a equipe que planeja a limpeza do vazamento. A maioria é de Lima ou de outras cidades da costa.

Na entrada, um enorme letreiro vermelho com letras brancas, garrafais, adverte:

PROIBIDA A CONTRATAÇÃO DE MENORES DE IDADE

É uma medida da companhia, explicam, para evitar “o falatório na imprensa”.

– Aqui na Petroperú nós fazemos as coisas direito.

O engenheiro da Petroperú que supervisiona a limpeza do derramamento em Chiriaco é um cinquentão de nariz afilado e fala eloquente, que me lembra a cada 20 minutos de não mencionar seu nome nessa história porque tem medo de perder o emprego. Viajamos em uma furgoneta cheia de sacos de arroz, feijão, latas de atum e garrafas de água. São doações da empresa para algumas escolas de dez comunidades que, antes, se abasteciam das águas do rio agora contaminado.

É uma manhã calorenta que provoca uma preguiça úmida, agoniante. O engenheiro anônimo me conta que fizeram todo o possível para deixar tudo como era antes e que os trabalhos de limpeza estão para terminar.

– Demos trabalho a mais de 800 pessoas, com um salário que nunca na sua vida vão encontrar.

Sentada ao meu lado, Yesenia Gonzales, a assistente do engenheiro, diz que é verdade e me conta tudo o que conseguiu trabalhando para a Petroperú. Yesenia vive em Chiriaco, mas nasceu em Piúra, cidade da costa norte do Peru, de onde vieram homens e mulheres nas últimas décadas para trabalhar nas roças e nos comércios da selva peruana. Ela tem 24 anos, o corpo esbelto por causa do trabalho físico e um rosto no qual brilham dois olhos negros e vigilantes.

Quando ocorreu o derramamento, Yesenia vivia em um quartinho alugado com o marido pedreiro e as duas filhas. Trabalhava em um carrinho de sucos e ganhava 20 soles, US$ 3, por 12 horas de trabalho. Uma tarde, uma amiga avisou que a Petroperú estava contratando operários para limpar o vazamento. Durante dez dias, ela e o marido se levantaram de madrugada para ir ao acampamento onde meia centena de pessoas, entre nativos e forasteiros, esperavam uma oportunidade.

Já faz três meses que ela está trabalhando na empresa e já fez de tudo: recolheu petróleo submersa no rio, carregou sacos com terra contaminada, limpou pedra por pedra com jatos de água a pressão. Às vezes, por curiosidade, colhia um pouco de petróleo entre os dedos: observava sua cor estranha, sentia a sua viscosidade, como a de um chiclete negro derretido pelo sol. Para cada dia de trabalho, das sete da manhã até as seis da tarde, ganhou 150 soles, US$ 46, e o dobro aos domingos. Yesenia ganha mais que um professor da região.

– Ninguém paga assim aqui – diz, abrindo os olhos. – Eu estou muito agradecida à Petroperú porque trabalhando no petróleo consegui ganhar meu dinheiro.

Omar Lucas/Revista5wA pele de um trabalhador é limpa com cuidado para evitar a contaminação da pele Tesouro nas entranhas

Não foi a primeira vez que essa ideia do petróleo como um generoso barril sem fundo aparecia nesta região. O entusiasmo de Yesenia lembra outro entusiasmo mais antigo: de quando se imaginava a selva peruana como o espaço onde a promessa de prosperidade se cumpriria graças ao recurso que escondia nas entranhas.

Na primeira vez que se explorou um poço de petróleo na Amazônia peruana, em 17 de novembro de 1971, a capa do El Comercio – o principal jornal do país, na época expropriado pelo governo militar – anunciava:

“Banharam-se em petróleo”

500 operários que trabalham na região Trompeteros [na floresta de Loreto, norte do Peru] com equipamentos pertencentes à empresa petroleira do Estado, cantaram, dançaram e se banharam com petróleo, arrebatados pela alegria de haver realizado (às 7h15 da manhã, precisamente) uma descoberta de importância transcendental para a economia do nosso país. Durante toda a manhã houve uma grande festa em Trompeteros […]. A par do sucesso, o presidente da República, general da Divisão EP Juan Velasco Alvarado, expressou telefonicamente suas felicitações a quem havia tornado possível o referido jorro petrolífero.

Em um surto de confiança, o presidente da Petroperú de então, Marco Fernández Baca, general do regime, jurava: “O futuro econômico do Peru está garantido”.

Desde a metade do século 20, com o auge sangrento da borracha, a selva peruana nunca havia sido tão cobiçada. As sociedades amazônicas sempre haviam produzido tudo o que necessitavam: caçavam, pescavam, coletavam, faziam a terra germinar. Não dependiam do exterior para seu sustento. Nem podiam ter acesso a produtos que não produziam. Anos mais tarde, a corrida do petróleo e a construção do Oleoduto Norteperuano causaram uma enorme demanda por mão de obra. Com os salários das empresas, os índios compravam rádios, espingardas, remédios. Não eram poucos os que gastavam tudo com cerveja e prostitutas. Comunidades nativas inteiras deixaram de ser autossuficientes para depender do dinheiro ganho das companhias de petróleo. Mudaram-se para as cidades, para os acampamentos de trabalhadores em busca de um futuro melhor. Alguns esqueceram sua língua e seus costumes. Na cidade, acreditaram, poderiam ser alguém.

Quatro décadas depois dessa explosão petroleira, enquanto caminhamos nas ruas encharcadas de Chiriaco, se escutam os sons de um povoado em movimento. Motores de ônibus buscando passageiros. Vozes de garotas com jeans justos vendendo comida na rua. Discos piratas de reggaeton tocando em barracas de camelô, na TV a cabo. Louvores à porta de uma igreja evangélica. Golpes secos de trabalhadores sem camisa partindo pedras para construir uma casa. Bebês chorando nos braços das mães enquanto fazem fila fora de um banco. Autofalantes anunciando a cada dez minutos: “Precisa-se de duas pessoas para descarregar um caminhão. Apresentar-se à loja Rosita”. Desde o dia do vazamento, Chiriaco se parece com qualquer bairro popular de Lima: cada vez mais barulhento, cada vez mais cheio de cimento. “Trabalhar no petróleo” duplicou o número de mototáxis, lojas e barracas de comida. Encheu de clientes as lanchonetes, pensões e puteiros. Há trabalhadores que, enquanto bebem cerveja em um bar, brincam com a ideia de “fazer um furo no oleoduto” para que o emprego não acabe. O trabalho que centenas de nativos e camponeses conseguiram aqui limpando o petróleo pôs dinheiro nos bolsos de todos. Ou quase.

Yesenia Gonzales conta que vários de seus amigos trabalharam recolhendo petróleo e resolveram seus problemas. Um deles operou a vista. Uma amiga levou a filha a Lima para operar o coração. Outra, mãe solteira, comprou um apartamento em Chiclayo, uma das cidades mais povoadas da costa, famosa por suas praias de cartão-postal.

– Apesar dos danos, tem gente que se sente feliz pelo que passou.

Alguém poderia pensar que é oportunismo.

Um economista diria “externalidade positiva”.

Mas não, me diz Gonzales: é sobreviver.

Ao meio-dia o calor esmaga tudo neste pedaço da floresta amazônica. A furgoneta da Petroperú na qual percorremos o povoado faz sua última entrega de víveres. Estacionamos às margens do rio, em frente à comunidade awajún de Wachapea, uma das dez que o Estado apontou como afetadas pelo derramamento. Para a limpeza, além da coleta manual e extração com motobombas, os operários usam um produto biodegradável chamado Orange – pelo cheiro que tem da fruta – que faz com que o petróleo restante se dissolva sobre a superfície do rio, aparentemente. O engenheiro anônimo me diz que por isso toda esta zona que vemos já está limpa, que quiçá há “ligeiras manchas inofensivas, como se uma gota de óleo caísse em todo o rio”.

Na margem do rio Chiriaco, uma mulher branca e grisalha nos recebe com um crucifixo de madeira no peito. É Rosa Villar, diretora do colégio Fe y Alegría 62 San José, um internato para meninas mestiças e filhas de famílias awajún. Ela pergunta se suas alunas já podem se banhar e brincar no rio.

– É que algumas tomam banho de qualquer jeito – diz a religiosa. – Imagine, são mais de 500 jovenzinhas. Depois do almoço, lá vão. O rio é o seu mundo.

– Isso eu não posso dizer, você já sabe – responde o engenheiro.

– Há algum tempo, eu teria mergulhado 40 vezes no rio! Agora, se ainda há partículas de petróleo nas raízes das árvores, que mais eu posso fazer? Virar a ravina de ponta-cabeça?

A religiosa, preocupada, contorce a boca. Não diz nada. O engenheiro tenta convencê-la com boas intenções corporativas. Mas não tem dinheiro que conserte um ecossistema ferido de um dia para o outro. Seria necessário esperar décadas e décadas, segundo especialistas, para um vale contaminado por um vazamento se recuperar naturalmente. Seria necessário esperar para saber como e quanto a saúde das pessoas seria afetada no futuro. Esperar e esperar. Só que a vida humana é mais curta.

Dez anos de salário em quatro meses

Depois da entrega de víveres, regressamos por uma avenida de terra até o acampamento da Petroperú. Yesenia Gonzales, a assistente do engenheiro, aponta uma casa enorme de cimento e telhado de duas águas.

– Olha, essa é a minha casa! As pessoas me dizem que, se aos 24 anos já tenho casa própria, mais para a frente o que não vou ter!

Em quatro meses de trabalho na Petroperú, Yesenia e o marido construíram a sua casa. Receberam juntos cerca de 30 mil soles, cerca de US$ 9 mil. Para ganhar o mesmo no carrinho de sucos no mercado, ela teria que trabalhar dez anos seguidos e guardar cada centavo. Com o salário do petróleo pagaram também as dívidas, compraram uma tevê de tela plana, um som, um congelador, um mototáxi. Compraram bonecas e scooters para as duas filhas. Agora ela tem sua própria barraquinha de suco.

Quando a visitei, me contou que um amigo de seu marido acabava de avisar de um derramamento em outra área do Oleoduto Norperuano que cruza a ravina de Uchichiangos, outra comunidade awajún a duas horas de distância. Um relatório da Organização de Avaliação e Fiscalização Ambiental, encarregada de investigar a causa do vazamento, avaliou que havia sido provocado “por terceiros”, com um corte de motosserra. Yesenia pensava que, como já tinha experiência, podia conseguir trabalho ali e assim economizar para terminar o quintal da casa.

– As pessoas me dizem: “Não vá até o petróleo, ali você vai morrer. Esperem quatro ou cinco anos e verão, vão morrer!” – me disse Yesenia com seu sorriso tímido. – Eu os escuto, mas não tenho medo. Ao contrário, estou contente. Olhe para mim, estou sadia, nada dói! E agora tenho tudo o que sempre sonhei.

Terra arrasada

Edith Guerrero, amante dos bambus e professora de nutrição, diz que jamais esquecerá da vez que um engenheiro da Petroperú tentou convencê-la de que o petróleo era bom para sua plantação.

Ela está de pé debaixo da chuva, sobre a desembocadura da ravina Inayo, onde o petróleo manchou o Chiriaco, o rio dos Awajún. Até o dia do derramamento, Edith tinha aqui 800 pés de bambu, vacas pastando, ameixeiras e altos louros, e um riacho limpo onde os awajún também pescavam. Mas quatro meses após o acidente seu sítio de 40 hectares parecia ter sido arrasado por uma dúzia de escavadeiras. As árvores mais altas foram cortadas pelos trabalhadores para fazer pontes. Todas as mudas de bambu foram arrancadas durante o processo de limpeza do solo. Seu plano para plantar arroz foi arruinado. Ele teve que levar suas vacas para outras pastagens vizinhas. A água da ravina, que costumava irrigar e dar de beber ao seu gado, está contaminada. Vista do céu, a ravina se estende como uma cicatriz profunda e oleosa em meio aos seus domínios.

Omar Lucas/Revista5wSacos cheios de folhas e terra morta devido ao derramamento armazenado perto do rio Chiriaco

– Os nativos não são os únicos afetados – reclama a agricultora de pernas longas e olhos saltados, nascida na serra de Cajamarca, enquanto caminhamos pelo barro. – A chuva transformou o terreno nu em um enorme charco laranja, onde as botas afundam, atolam. Os trabalhadores arrancaram meus bambus sem permissão. Me diziam: “Não se preocupe, senhora, a Petroperú vai pagar”.

Edith conta que, apesar das suas reclamações, e diferentemente de outros agricultores que foram indenizados, a empresa até este momento não reconheceu o seu prejuízo.

Um dia de fevereiro, uma semana depois de o petróleo derramado ter arruinado sua chácara, Edith foi ao acampamento da Petroperú pedir explicações. Mas a engenheira que a atendeu disse não saber de nada.

– Também não sabe onde estão recolhendo o petróleo? – preguntou Edith com ironia.

– Na ravina – respondeu a engenheira. – E a ravina é do Estado.

Edith engoliu a raiva. Saiu do acampamento e subiu na sua motocicleta. Ao chegar ao seu terreno, gritou com todos os trabalhadores da empresa. No dia seguinte, regressou muito cedo com o marido. Fecharam o caminho com arames farpados. Quando os trabalhadores chegaram, Edith os esperava com um pau e galhos de urtiga, longos como chicotes. Depois de uma semana, um engenheiro da Petroperú a visitou. Ela insistiu que ele assinasse um documento no qual a empresa prometeu pagar todas as despesas, embora não especificasse valor ou data.

Agora, sobre o terreno cheio de poças, há 800 cilindros com o óleo recolhido da ravina, cobertos com lonas de plástico azul. Alguns homens com botas de borracha e capacetes laranja vêm e vão recolhendo o pouco que ainda restou do petróleo. Há uma pilha de sacos de terra e mato contaminado. Umas barreiras amarelas de plástico atravessam o canal e retêm os restos do petróleo: são como películas de azeite na superfície da água.

Edith se lembra de que, quando as autoridades ambientais chegaram para ver o dano, recolheram amostras do solo contaminado com luvas especiais. Usaram máscaras porque diziam que o cheiro era tóxico. Não era a primeira vez que enfrentavam um caso assim. Entre 2011 e 2018, os últimos sete anos de vida do oleoduto, houve 61 vazamentos de petróleo e outros hidrocarbonetos: cerca de 60% deles causados por corrosão ou falhas operativas e 40% por sabotagens. Só em 2016, contando o desastre de Nazareth, ocorreram 14, segundo o Organismo de Avaliação e Fiscalização Ambiental. Naquele ano, o ministro do Meio Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, denunciou que a Petroperú continuava bombeando petróleo quando estava proibido que fizesse isso, enquanto fazia manutenção do sistema. “O oleoduto está obsoleto”, criticou o ministro na televisão. Dias depois, o presidente da Petroperú apresentaria sua renúncia e um balanço amável da sua gestão: a empresa havia faturado US$ 5 bilhões no ano dos vazamentos. No informe, não havia uma só linha sobre a catástrofe ambiental.

Segundo os peritos da agência estatal que fiscaliza o oleoduto, este não recebe manutenção integral e adequada desde 1998. A empresa diz que isso se deve a “políticas de austeridade”, que não convém mudar todo o duto porque seria muito caro. Em um cenário turvo e fedorento como o do petróleo, não é despropositado pensar que vá ocorrer outro derramamento.

Naquela vez que fui visitá-la, Edith me contou que a Petroperú havia ligado para negociar com ela. A empresa necessitava construir uma estrada que atravessaria a sua chácara para tirar os 800 barris que estão armazenados ali. Os nativos de Yangunga, a comunidade awajún localizada na frente de suas terras, na outra margem do rio, tentaram convencê-la: construir a estrada lhes traria emprego, poderiam colocar um ponto de mototáxis e inclusive transportar mais rápido suas bananas para vender na cidade. Mas Edith lhes disse que não ia permitir que a estrada passasse pelas suas terras se a Petroperú não pagasse 70 mil soles, mais de US$ 21 mil, que é o que ela está pedindo pelo que perdeu.

– Do contrário, sou capaz de atirar os barris no rio, para ver se assim eles entendem, esses sem-vergonha!

– E o que o último engenheiro que veio te buscar falou? – perguntei.

– “Não sabe, senhora, que o petróleo é fertilizante para o seu arroz?”

Omar Lucas/Revista5wAntonio Pujupat, 71, observa sua plantação de banana afetada pelo vazamento Inauguração de banheiros

Enfeitado com um colar de sementes e o rosto pintado com linhas vermelhas, Tatsuya Kabutan, embaixador do Japão no Peru, segue o ritmo dos tambores com lerdeza. Cercado por mulheres e crianças awajún com saias e coroas de penas, o sr. Kabutan – empertigado e arrumadíssimo, de camisa branca e calça preta – acaba de chegar a Epemimu, uma região montanhosa da comunidade de Nazareth, na outra margem do Chiriaco.

Nesta manhã de julho, sete meses depois do vazamento, a ira do sol não impede que seja um dia de festa: a rua de terra está adornada com flores alaranjadas, folhas de palmeiras, globos brancos e vermelhos por causa do mês patriótico, em que o Peru celebra sua independência da Espanha. Cerca de cem pessoas – moradores, funcionários, policiais – acompanham o sr. Kabutan e Francisco Dumler, ministro de Habitação, até um pequeno palco para inaugurar uma obra que suas instituições construíram em equipe: mais de cem banheiros com privadas novinhas, chuveiros e uma rede de canos que transportariam a água de um córrego para cada uma das 180 famílias que moram aqui. A comparação com a cidade era inevitável: os nativos não teriam mais que andar longas distâncias para coletar água em baldes ou garrafas de plástico. Agora bastava abrir o cano para beber água, lavar roupa ou tomar banho.

– No começo deste governo, apenas um em cada três peruanos em comunidades indígenas ou áreas rurais tinha acesso a água potável – informa de cima do palco o ministro Dumler, robusto, com um rosto largo e um bigode bem cuidado. Sua voz retumba por alguns autofalantes. – Agora acabaremos o ano com dois em cada três!

Palmas e mais palmas. Minutos depois, baixam para cortar uma faixa rubro-branca, o ato de inauguração. Depois, ao lado de algumas crianças, o ministro bebe água potável do novo encanamento. “Está deliciosa”, diz. O embaixador Kabutan, ao seu lado, seca o suor do rosto com um lenço. Olha para o ministro, mas não se anima a beber. Sorri, isso sim, para a foto oficial. Palmas e mais palmas, por favor.

Quando o evento termina, pergunto ao ministro sobre o rio contaminado, se ele sabe quando poderá ser usado de novo. “Deixe eu conversar com o ministro da Saúde, vou fazer chegar a ele essa preocupação”, responde de passagem, e um de seus guarda-costas o leva ao seu jipe, onde o espera o sr. Kabutan. A assessora de imprensa – com o cabelo tingido de loiro, óculos de sol, botas negras – marca meus dados no seu iPhone com uma capa da Starbucks. Antes de ir, promete enviar a resposta do seu chefe por WhatsApp. Nunca chegou.

A enfermeira Janet Tuyas, que observava o ato do outro lado da rua de terra, protegida do sol por um guarda-chuva, me dirá que “Tudo é encenação”, que desconfia das obras do governo. Janet é uma awajún de olhos rasgados e figura atlética que trabalha no centro de saúde de Nazareth. Para ela, que vive aqui desde adolescente, é preocupante que até agora ninguém saiba quando voltarão a usar o rio.

– Podemos ter tudo isso, água, esgoto encanado, mas o nosso rio está praticamente morto – diz a enfermeira, com tristeza. – Faz meses que ninguém toma banho aqui… bom, quase ninguém.

Janet tira da sua mochila um caderno de controle e confirma: alguns meses depois do derramamento de petróleo, atendeu 35 pacientes com febre, problemas para respirar, inflamação nas amígdalas, ardor na garganta, urticária, fungos. Ela tratou também de três garotas cujos corpos estavam cheios de pontos vermelhos, como picadas de mosquitos. Quase todos admitiram ter mergulhado e comido peixes do rio.

Doença de petróleo

Nesta tarde, Janet deve cumprir a sua ronda de vacinação de bebês e crianças. Vamos em um mototáxi que chacoalha por um caminho íngreme de terra e pedra. Enquanto subimos a montanha, a cada tanto aparecem entre as cabanas e arbustos grupos de três ou quatro meninos descalços, com roupas empoeiradas, brincando com paus ou bolas ou garrafas plásticas. Alguns, ao me verem, me apontam – ¡apach muun, apach muun! – e riem de mim. Por muito tempo, a comunidade parece habitada apenas por crianças. Ou por jovenzinhas trazendo bebês nos braços ou amarrados às costas com uma manta, como se fossem uma mochila. Na selva peruana, três de cada dez mulheres ficam grávidas ou têm um filho antes de ter um documento de identidade.

– Eu quis outra coisa para mim – diz Janet, de 39 anos, sem filhos. – Nem todas têm essa opção.

Em Nazareth, me conta, os homens awajún se recusam a usar camisinha e também não deixam as parcerias usarem contraceptivos. Dizem que não querem que suas mulheres os traiam. “Não precisamos disso” – brincam quando a enfermeira insiste –, “nós vamos cuidar melhor”. Mas para Janet isso nem é o mais grave: desde o dia do vazamento, além dos casos de doenças como dermatite, febres e diarreias, aumentaram os casos de HIV.

A região do Amazonas onde está Nazareth tem a maior população indígena infectada por esse vírus: segundo dados do Ministério da Saúde, de 35 casos em 2011 passou para 240 em 2017. Entre eles, 46 eram mulheres adolescentes. Janet diz que, além da falta de informação, isso se deve a que muitos homens, quando têm mais dinheiro no bolso, vão a bares e bordéis da cidade ou de comunidades vizinhas. Ali se contagiam e, ao voltar, contagiam as suas mulheres. O problema é mais grave porque há homens infectados que desconfiam da ciência: não estão doentes, juram, foram alvo de bruxaria.

Um colega de Janet, enfermeiro em Lima, contou que, depois de ele ter revelado o diagnóstico, um casal não aceitou o tratamento com retrovirais e ainda o ameaçou de morte: pensaram que era um bruxo que tinha “jogado feitiço”. O enfermeiro teve que pedir transferência para outro centro de saúde. Por isso, diz Janet, agora são muito cuidadosos com as explicações. Por precaução, protegem a identidade dos pacientes, usam nomes-chave.

Os enfermeiros chamam isso de Código Branco.

Os awajún dizem jata susamu, o que está enfeitiçado.

Assim como os vírus, invisíveis no seu ataque, o mal que deixou o petróleo também não se pode ver. “É como se algo se tivesse metido na terra, na água, no ar.” Alguns anciãos awajún, diz Janet, acreditam que se trata de “um espírito mau”. Nas suas revelações com ayahuasca viram: são seres negros que se movem sobre a água, como uma mancha de óleo.

– Na cosmovisão amazônica, o espírito do petróleo sempre existiu – me explicou o antropólogo italiano Emanuele Fabiano, que passou seis anos convivendo com indígenas urarinas na selva do rio Corrientes, no norte do Pero, para estudar o impacto dos derramamentos nessas aldeias. – Esses espíritos eram “bons vizinhos” quando ninguém os importunava. Mas com as atividades das petroleiras e os derramamentos, esses acordaram, ficaram bravos, saíram dos seus territórios tradicionais. Agora vivem nas comunidades.

Os urarinas – que, como os awajún, têm sido mão de obra barata para limpar os derramamentos de petróleo do Oleoduto Norteperuano – dizem que o espírito do petróleo se enrosca no corpo como uma serpente. Se trabalhar limpando o combustível do rio, ele seguirá você até a sua casa. Então adoecerá a sua mulher e seus filhos, vai fazer surgirem erupções na pele, sua cabeça vai doer, você não será capaz de respirar bem. Com o tempo você perderá a vontade de trabalhar, de estar em família. Você pode ter dinheiro, alertam os urarinas, mas ficará doente de tristeza.

Deus é grande

Em Nazareth, o mototaxista que nos leva, Asterio Pujupat, pai de nove filhos, que rejeita os contraceptivos, me diria depois que tem vários conhecidos assim e que é fácil reconhecer aqueles que fizeram bom proveito do salário da Petroperú. Diante de sua cabana feita de folhas e paus, me mostrou uma casa três vezes maior, de dois andares, feita com tábuas de madeira novas e folhas de flandres. Uma pequena antena de televisão a cabo coroava o telhado. “Esse trabalhou com petróleo”, disse Asterio com o pouco castelhano que sabe. Lamentava-se por não haver conseguido um posto nos trabalhos de limpeza porque tinha perdido seu documento de identidade. Outros awajún que conheceria com o passar dos dias – uns 60 adultos de Nazareth foram contratados pela Petroperú – teriam mais sorte. Ou talvez não.

– Meus filhos agora vão estudar na cidade. E estou construindo a minha casa, já comprei o piso – diz Américo Taijín, pedreiro, que passou três meses limpando a ravina com mangueiras de pressão.

– Antes fazia só uns trabalhinhos, de repente chega o vazamento e nos deu oportunidades. Se mais tarde eu vou ficar doente, não sei – duvida Abel Wanputsang, soldador, que montou um bar com luzes de discoteca, um aparelho de som e uma geladeira para vender cervejas.

– Deus é grande porque aqui estávamos sofrendo, não tínhamos trabalho. O cacau não dava bem e a banana tampouco – lembra Nino Cuñachí, agricultor, que com o que ganhou fez em sua casa uma loja de roupas que trouxe do Gamarra, uma loja de Lima.

– Não chamaria isso de oportunidade, não é um trabalho saudável. Disse para meu filho não ir, mas ele não me ouviu –lamenta-se Salomón Awanansh, dirigente awajún e admirador de Che Guevara. Seu filho agora tem um mototáxi, refrigerador e uma tevê de tela plana de 36 polegadas.

– Limpamos o petróleo com um produto especial, mas meus professores dizem que o óleo só se assentou no rio. Eu parei porque comecei a sentir enjoo, fraqueza – conta Lenin Taijín, estudante do 5º ano de engenharia ambiental, que assim pagou a universidade e terminou de construir um quarto para seu futuro filho.

– O derramamento nos deu trabalho, mas agora quero fazer um exame médico, quero saber se eu tenho algo. Eu vi dois amigos desmaiarem – preocupa-se Leonardo Pujupat, agricultor de bananas, que comprou sementes, uma motosserra, pintou sua casa de azul e fez o teto com folha de flandres.

– Meu companheiro não tinha trabalho, mas agora ganha bem – me conta a enfermeira Janet Tuyas, enquanto avançamos pela picada na sua ronda de vacinação. – Agora construímos uma casinha. O problema é que teve que chafurdar lá.

No começo, quando o marido regressava do trabalho de juntar petróleo no rio, Janet notava que o traje de proteção dado pela Petroperú não servia para nada: sua roupa estava toda manchada de negro. Assim, para não se sujar, ele começou a usar a roupa de proteção sem nada por baixo, apenas a cueca. Todas as noites chegava em casa cheirando a combustível. Janet diz que agora o marido quer ir limpar outro derramamento, em Morona, na selva de Loreto, a alguns dias de barco. Cerca de 300 mil litros de petróleo contaminaram esse vale pelo desgaste de outro trecho do oleoduto. O marido quer juntar dinheiro para pôr portas e janelas na casa deles.

– Só espero que ele não tenha algo genético por estar todo dia no petróleo – suspira a enfermeira, que não desistiu do desejo de ser mãe em alguns anos. – Imagina, e se meu filho nasce doente?

Depois das seis da tarde, a lanterna de nossos celulares apenas serve para evitar as poças do caminho. Assim, depois de termos visitado algumas famílias, Janet e eu chegamos à última casa: a de um Código Branco.

Dentro da cabana de madeira coberta de folhas, um par de velas ilumina tudo desde um canto e projeta sobre o chão de terra nossas sombras distorcidas. Há um fogão a lenha. Há uma estante enferrujada com pratos e panelas. Há uma mala com comprimidos em uma mesa de plástico vermelha. Há uma plataforma de madeira com um colchão e, sobre ela, uma menina. Uma cortina de gaze branca nos separa e protege dos mosquitos. Um recém-nascido dorme ao lado do peito. Algumas mulheres cuidam dela, suas vizinhas, que conversam em awajún com a enfermeira. Na penumbra, apenas dá para ver o rosto abatido da jovem, seu corpo pequeno. Sua voz é um sussurro. Faz cinco dias que deu à luz, me diz Janet. Tem 17 anos. Não devo escrever seu nome.

Antes de chegarmos, a enfermeira me contou do seu caso. O marido, um awajún que trabalhou limpando o petróleo, deixou-a grávida e contaminada. Depois de ter pegado o salário da Petroperú, desapareceu. As amigas da jovem juram que ele fugiu com outra mulher para a cidade. Janet diz à jovem mãe que não dê de mamar ao bebê para não contagiá-lo. Mas, alguns minutos depois de falar com ela, a enfermeira lamenta.

– Já deu o peito ao neném. Ela diz que não tem nada mais para dar a ele.

De noite, quando caminhávamos de volta ao centro de saúde onde deixaria a mochila com as vacinas, Janet pensava nas alternativas existentes para ajudar o seu povo. Com o vazamento de petróleo, muitas coisas haviam mudado, algumas para melhor, mas os problemas que já existiam somente se agravaram. Diante da precariedade de muitas famílias e da indiferença do Estado, na selva de Nazareth estavam alteradas até mesmo as formas de amar e sobreviver.

Da última vez que a vi, Janet me contou que algumas vezes, quando visitava mães e avós awajún, elas lhe davam bagres ou curimatã assado, que pescavam no Chiriaco, o rio contaminado. Para não ser mal-educada, a enfermeira mentia: prometia comer o peixe em casa, mas o jogava fora. Antes, pedia que elas esperassem que o rio estivesse limpo de novo, até que uma delas, cansada, disse: “E o que vamos comer então se não temos dinheiro?”. Desde então a enfermeira Janet, que ganha pouco, mas o suficiente para comprar peixes na cidade, decidiu calar-se.

Meninos envenenados

O Chiriaco é uma extensa estrada de água cor de barro. Preocupa que oito meses depois do derramamento, em um domingo ensolarado de setembro, haja alguns moradores pescando aqui, que ainda possam viver de peixes aqui, neste rio contaminado. Pessoas lavam roupa, se banham ao largo dos seus mais de 10 quilômetros. O Chiriaco serpenteia imperturbável e sobre ele correm canoas, algumas manchadas de negro, e deslizam pedaços de troncos e sacos plásticos e o corpo morto de algum pequeno animal.

Osman Cuñachí, criança awajún, olha para o rio e admite que tem saudade, mas desde o dia do vazamento não se atreve a mergulhar. À primeira vista, não há rastro do petróleo na água. Mas até que as autoridades o anunciem de maneira oficial, seu pai proibiu. Ou vai castigá-lo.

– Alguns comem o peixe porque não têm onde comer. Na minha casa não se come isso, mesmo que seja de presente. Agora tenho que comer mais verduras, e não gosto.

“Comer mais verduras”, diz Osman, é uma recomendação entre tantas outras que o médico deu essa manhã para sua mãe, depois de ter explicado a ela o que estava acontecendo com seu corpinho magro de 11 anos por ter tido contato com o petróleo.

Como tinha prometido, o médico Fernando Osores regressava a Nazareth com uma comitiva de Coordenadora Nacional de Direitos Humanos e o Centro Amazônico de Antropologia e Aplicação Prática para dar os resultados dos exames analisados em Quebec, Canadá: as amostras de sangre, urina e cabelo de 25 meninos e meninas que recolheram petróleo no rio.

As análises do laboratório revelaram o que Osores, especialista nesse tipo de desastre, suspeitava: os menores avaliados tinham cádmio, chumbo, arsênico e mercúrio no organismo. Em uma assembleia reservada somente para famílias awajún, Osores explicou a situação: o normal é que nenhum ser humano tenha no sangue uma partícula sequer desses metais tóxicos, mas esses resultados indicam que essas crianças têm mais do que a Organização Mundial da Saúde estabelece como limite máximo.

– Agora o Estado deve fazer um acompanhamento profundo e determinar se a nossa conclusão é uma exposição pontual ou persistente – me explicaria Osores mais tarde. – Se é persistente, então essas pessoas estão envenenadas.

Se se comprovar a hipótese do médico, quando se tornarem jovens, talvez em cinco ou dez anos, essas crianças – sobretudo os debilitados pela anemia e a desnutrição – poderiam sofrer danos em seu sistema nervoso e na sua capacidade para aprender, ter hipertensão, insuficiência renal e também câncer ao chegar à idade adulta. Diante dessa possibilidade, o Estado deveria avaliar o perigo e tomar medidas imediatas. Mas o passar dos meses demonstraria que pouco ou nada se faria para atender a essa emergência.

Enquanto isso acontecia em Nazareth, a mais de mil quilômetros dali, em sua sede – um edifício brutalista no centro financeiro de Lima, que imita a forma de uma plataforma de petróleo –, os diretores da Petroperú tentavam dar explicações à imprensa. Em comunicados oficiais, a empresa afirmava que dos 14 vazamentos ocorridos na Amazônia em 2016 – a maior quantidade da última década –, nove foram causados por sabotagens de terceiros. Sugeriam a possibilidade de que nativos gananciosos fossem os responsáveis por causar rupturas no oleoduto com serras.

Mas uma comissão do Congresso que investigou esses derramamentos em 2017 concluiu, entre outras coisas, que não existiam indícios razoáveis para responsabilizar as comunidades indígenas pelos derramamentos. Ao contrário: havia evidência de “possíveis delitos e atos de corrupção ou pelo menos uma inadmissível incapacidade dos funcionários da Petroperú”. O relatório final – enviado ao Ministério Público para ser investigado – reconhecia que a raiz do problema era a falta de manutenção do oleoduto.

E dava um dado: nos últimos nove anos, essa serpente de óleo havia derramado pelo menos 4 milhões de litros de petróleo na Amazônia. É como se tivessem esvaziado duas piscinas olímpicas desse combustível nos rios e nos vales onde vivem milhares de famílias como os awajún.

Que perverso esse paradoxo do desenvolvimento: que algo tão terrível como um vazamento de petróleo e a morte de um rio se converta em algo temporariamente proveitoso para uma comunidade. É uma realidade que não costuma aparecer nas notícias, que causa curtos-circuitos, que nos deixa diante de nossas contradições. A história de Nazareth é só um pequeno espelho no qual podemos nos ver refletidos.

Enquanto deixamos o Chiriaco para trás e vemos a sua casa, Osman me conta que o médico falou com a sua mãe e que a deixou muito preocupada. Ele não entendeu muito bem o que ele disse, nem sua mãe. Osman só entende que tem “alguma coisa, uma doença”, mas agora não se sente mal.

– E o que você falou a sua mamãe? – pergunto.

– Se eu tiver uma doença e morrer, eu morro, ué – sorri Osman, antes de ir brincar com os amigos.

A ideia da morte ainda é distante para ele.

E não poderia ser diferente.

Na última vez que nos falamos, em fevereiro de 2017, um ano depois do vazamento, Osman Cuñachí acabava de fazer 12 anos. No celular de seu pai, me contava que já começara as aulas do fundamental 2. Continuava levantando às cinco da manhã para montar na sua bicicleta e sair para o colégio. Regressava à uma da tarde para almoçar, brincar com os seus cachorros Lucky, Bobby e Micky, fazer a lição de casa, ajudar a mamãe com a roça, ver Dragon Ball na televisão com os irmãos, caçar escorpiões com os amigos. Já não sentia tantas tonturas: só restavam pequenas cicatrizes nos braços e nas pernas por ter se coçado tanto. “Só quero estar saudável como qualquer menino, não ter medo de um tumor”, me disse. Ainda queria se mudar para Lima algum dia e seguir seus planos: ser arquiteto ou goleiro profissional. Aprender caratê. Tomar banho de mar. Ir ao cinema. Ser menos tímido com as meninas. Ter, enfim, seu próprio smartphone.

Tem 12 anos.

Tem ainda, deveria ter, toda uma vida pela frente.

Categorias: Internacionais

¿Trabajadores migrantes son seres humanos o mercancias?

IPS español - sex, 03/05/2019 - 11:38

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, May 3 2019 (IPS)

La ONU estima que los trabajadores migrantes de todo el mundo contribuyeron con 466.000 millones de dólares a las economías de sus países de origen durante 2017, un monto que se considera que fue más alto aún el año pasado.

Estas remesas, procedentes principalmente de Estados Unidos, Europa occidental y las naciones del Golfo, van en gran parte a países de ingresos bajos y medios, “ayudando a sacar a millones de familias de la pobreza”, según lo afirma el secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Antonio Guterres.

Pero se sabe que la mayoría de estos trabajadores migrantes pagan un precio muy alto, que trabajan principalmente en condiciones de trabajo esclavo o cercanas a él, al ganar salarios bajos, carecer de pensiones y seguridad social, y recibir una atención médica mínima.

La difícil situación de los trabajadores migrantes es uno de los temas que persigue la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la  agencia de la ONU con sede en Ginebra que celebra su centenario este año, centrada en la promoción de la justicia social a nivel mundial.

En un informe publicado en diciembre de 2018, la OIT asegura: “Si se aplican las políticas correctas, la migración laboral puede ayudar a los países a responder a los cambios en la oferta y la demanda de trabajo, estimular la innovación y el desarrollo sostenible, y transferir y actualizar habilidades”.

Sin embargo, aún hay que abordar la falta de estándares internacionales sobre conceptos, definiciones y metodologías para medir los datos de migración laboral, advirtió.

Pero mucho más desalentador es el estado actual del mercado laboral de migrantes que ha estado plagado de violaciones flagrantes de todas las normas de un lugar de trabajo ideal.

El embajador Prasad Kariyawasam, miembro del Comité de las Naciones Unidas de protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes, dijo a IPS que el creciente populismo nacionalista en países determinantes del mundo está generando una retórica de acusaciones infundadas y evaluaciones irracionales sobre el valor de los trabajadores migrantes en las economías de muchos receptores.

Dado que los trabajadores migrantes permanecen sin voz, sin derecho a voto o sin derechos políticos en muchos de estos países receptores, no pueden movilizar la opinión política para contrarrestar las afirmaciones en su contra, analizó.

“Los trabajadores migrantes ahora son tratados en algunos países como productos de importación y exportación según se requiera, no como seres humanos con derechos y responsabilidades”, `planteó Kariyawasam, ex representante permanente de Sri Lanka ante la ONU.

A menos que estas tendencias se inviertan pronto, advirtió, no solo disminuirá el valor humano en su conjunto, sino que también puede conducir a trastornos sociales inesperados que afecten el bienestar económico y social de algunas comunidades, tanto en los países de origen como en los de destino.

Guy Ryder, director general de la OIT, consideró el 10 de abril que el centenario de la agencia es un hito para reafirmar que el mandato y los estándares establecidos por ella siguen siendo de extraordinaria importancia y relevancia para la gente en todo el mundo.

Pidió un futuro donde el trabajo no sea una mercancía, donde se valore el trabajo decente y la contribución de cada persona, donde todos se beneficien de lugares de trabajo, seguros, justos  y libres de violencia y acoso, y en los que la riqueza y la prosperidad beneficien a todos.

Tara Carey, gerente sénior de contenido y relaciones con los medios de la organización Equality Now, dijo a IPS que la pobreza y las malas oportunidades de empleo son un factor que impulsan la trata y el tráfico sexual.

Son muchos los casos en que a mujeres y las niñas de países africanos se les promete un trabajo legítimo y luego son traficadas para la prostitución. Esto ocurre dentro de los propios países, y a través de las fronteras, y desde África a países de Europa y Oriente Medio, señaló.

La policía de Nigeria, por ejemplo, estimó recientemente que 20.000 mujeres y niñas del país habían sido vendidas a la esclavitud sexual en Mali.

“A la mayoría les dijeron que las llevaban a Malasia y se encontraron en Mali. Les dijeron que estarían trabajando en restaurantes de cinco estrellas donde se les pagaría 700 dólares por mes”, explicaron portavoces policiales de ese país africano.

La cifra total de migrantes se estima en más de 240 millones en todo el mundo. Y un número cada vez mayor de países, entre ellos Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), son el destino de la mayoría de los trabajadores migrantes de Asia.

En una sesión informativa en abril sobre las razones y antecedentes del fenómeno migratorio, , la OIT remarcó que deben mejorarse las condiciones laborales de unos 300 millones de trabajadores pobres, forzados a sobrevivir con 1,9 dólares al día.

Millones de hombres, mujeres, niñas y niños son víctimas de la esclavitud moderna. Demasiados aún trabajan horas excesivamente largas y millones mueren cada año por accidentes de trabajo.

“El incremento salarial no ha seguido el ritmo del crecimiento de la productividad y la proporción del ingreso nacional que se destina a los trabajadores ha disminuido. Las desigualdades persisten en todo el mundo. Las mujeres siguen ganando alrededor de 20 por ciento menos que los hombres”, resume la OIT sobre el contexto de la migración.

En la documentación entregada por la agencia se afirma también que “a pesar de que el crecimiento ha disminuido la desigualdad entre los países, muchas de nuestras sociedades se están volviendo más desiguales. Millones de trabajadores siguen privados de sus derechos, privados de derechos fundamentales e incapaces de hacer oír su voz”.

En su monitoreo sobre los Derechos Humanos en Medio Oriente y Norte de África en 2018, Amnistía Internacional (AI), con su sede central en Londres,  dijo que hubo algunos avances positivos a nivel legislativo en Marruecos, Qatar y EAU con respecto al trabajo migratorio y/o doméstico.

Pero aun así, los trabajadores migrantes continuaron enfrentándose a la explotación en estos y otros países, incluidos Arabia Saudita, Bahrein, Jordania, Kuwait, Líbano y Omán, en gran parte debido a los sistemas de “patrocinio” para poder viajar a ellos como trabajadores temporales, que limitan su capacidad para escapar de condiciones laborales abusivas.

En Qatar, por ejemplo, una nueva ley eliminó parcialmente el requisito del permiso de salida, lo que permite a la gran mayoría de los trabajadores migrantes amparados por la Ley del Trabajo a abandonar el país sin necesidad de solicitar el permiso de sus empleadores.

Sin embargo, la ley retuvo algunas excepciones, como la potestad de los empleadores de controlar los permisos de salida en el tope de cinco por ciento de su fuerza laboral. Los permisos de salida aún son necesarios para los empleados fuera de los que norma la ley laboral, como los más de 174.000 que trabajan en el servicio doméstico o el sector gubernamental.

En los EAU, las autoridades introdujeron varias reformas laborales que podrían beneficiar a los trabajadores migrantes, incluida la posibilidad de que algunos trabajadores labores para varios empleadores, una regulación más estricta de la contratación de trabajadores domésticos, un seguro en caso de pérdida de empleo en el sector privado, según AI.

Mientras tanto, como lo señaló la OIT en un informe en mayo de 2017, los regímenes actuales de patrocinio en Oriente Medio han sido criticados por crear una relación de poder asimétrica entre los empleadores y los trabajadores migrantes, lo que convierte a estos en vulnerables al trabajo forzoso.

Un factor esencial en esa vulnerabilidad, explica AI,  es que el patrocinador de los trabajadores migrantes en la región controla una serie de aspectos en materia de movilidad dentro del mercado laboral interno, como el ingreso, la renovación de la estadía, terminación o transferencia del empleo y, en algunos casos, su salida del país.

Este informe de Amnistía demuestra que la reforma de los acuerdos de patrocinio actuales que rigen la migración laboral temporal en el Oriente Medio tendrá beneficios de gran alcance, desde mejorar las condiciones de trabajo y satisfacer mejor las necesidades de los empleadores, hasta impulsar la economía y la productividad del mercado laboral.

T: EG

El artículo ¿Trabajadores migrantes son seres humanos o mercancias? fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Demolición del sistema ambiental en Brasil ya enfrenta reacciones

IPS español - sex, 03/05/2019 - 07:00

Un proyecto de ley pretende eliminar o flexibilizar las figuras legales de conservación ambiental en Brasil, lo que pondría en peligro de muerte a biomas como la de la Mata Atlántica, que ya perdió 90 por ciento de sus bosques originales, para abrirlos a la explotación de sus recursos. Crédito: Ibama

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, May 3 2019 (IPS)

El gobierno de extrema derecha aceleró en abril la demolición del sistema de gestión y protección ambiental, desarticulando sus propios órganos del sector y despertando alarmadas reacciones internas e internacionales.

“Lo más grave está por venir, es el desmantelamiento de reglas ambientales, como la reserva legal”, advirtió a IPS en una entrbista Paulo Barreto, investigador asociado del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente del Amazonia (Imazon), en referencia a la parte que cada propiedad rural debe mantener preservada por ley.

Esa reserva alcanza 80 por ciento en la región forestal amazónica, baja a 35 por ciento en el Cerrado (la sabana brasileña), el segundo mayor bioma del país, y a 20 por ciento en otras ecorregiones.

Esa exigencia, implantada por el actual Código Forestal, vigente desde 1934 pero varías veces actualizado, tuvo los porcentajes de preservación fijados en 1965 y confirmados en una revisión de la ley en 2012. A la reserva legal se suman las áreas de preservación permanentes, como las ribereñas y las montañosas.

Un proyecto de ley presentado por el senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, que pretende revocar la reserva legal, arguyendo que se trata de restablecer el pleno “derecho constitucional de propiedad” y eliminar un obstáculo al desarrollo.

La propuesta, enviada al Senado el 16 de abril y que tiene al senador Marcio Bittar como coautor, sostiene que la medida destrabaría el aprovechamiento potencial de 15 billones (millones de millones) de dólares en recursos minerales y energéticos, ocho billones de dólares en biodiversidad y de inmensas áreas de expansión agrícola.

“Si se aprueba, la situación queda muy fea”, reconoció Barreto.

Pero es poco probable que una medida tan radical, que echaría por tierra todo el esfuerzo de muchas décadas para evitar mayores daños a la naturaleza. En Brasil el bioma Mata (bosque) Atlántica perdió más de 90 por ciento de sus bosques originales y la Amazonia cerca de 20 por ciento.

“Es hora de implementar, no de modificar” el Código Forestal, reaccionó la Coalición Brasil Clima, Forestas y Agricultura, un movimiento que congrega 194 empresas, asociaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y centros de investigación.

La actual versión del Código, aprobada en 2012 tras cinco años de debates, “es el primer paso para fortalecer la producción agropecuaria y a la vez la conservación ambiental”, beneficiando al sector agrícola, cuya “productividad es muy dependiente de las condiciones climáticas”, manifestó la Coalición.

De ese grupo forman parte la estadounidense Cargil y la brasileña Amaggi, dos de las corporaciones transnacionales que dominan el comercio agrícola mundial, junto con la Asociación Brasileña del Agronegocio y la Asociación de Criadores de Ganado Zebú.

“Es tan agresiva la acción del gobierno contra el medio ambiente que encendió la señal de alerta”, no solo en Brasil, observó Barreto.

Antes de su toma de posesión el 1 de enero, Bolsonaro había anunciado su intención de abolir el Ministerio de Medio Ambiente. No lo hizo, pero redujo sus funciones, transfiriendo el Servicio Forestal y la gestión de recursos hídricos a otros ministerios, además de eliminar los órganos internos que se ocupaban de cambio climático y desertificación.

El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, durante una reunión con la Comisión de Ambiente del Senado para explicar sus planes. Allegado a los intereses de la gran agricultura y la expansión ganadera en la Amazonia, su prioridad son los temas urbanos, como saneamiento y contaminación del aire. Sus primeras medidas apuntan al desmantelamiento del sistema de gestión y protección ambiental. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

En cambio, el Ministerio de Agricultura amplió sus poderes con los temas forestales y la demarcación de tierras indígenas, aunque sus intereses productivos se opongan a las nuevas funciones. El negocio agropecuario protege el ambiente, arguyó el presidente, ignorando la deforestación promovida por el sector, especialmente de la ganadería.

Los denominados “ruralistas”, representantes del gran agronegocio que tienen una fuerte bancada en el parlamento, fueron importantes para el triunfo electoral de Bolsonaro. Cuentan, en consecuencia, con un poder avasallador en el gobierno.

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, un aliado incondicional de los ruralistas, decapitó las principales agencias ejecutoras de políticas ambientales.

El 28 de febrero despidió a los superintendentes del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), órgano de regulación e inspección en 21 de los 27 estados del país. Dos meses después no hay sustitutos.

Además, Salles ordenó el 26 de abril un recorte de 24 por ciento en el presupuesto de Ibama, ya afectado por grave carencia de recursos humanos y financieros, rebajando su capacidad de evaluar grandes proyectos que exigen licencia ambiental.

Dirigentes del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), que gestiona 334 unidades de conservación y 14 centros de investigación, renunciaron por discrepar sobre las medidas del ministro y sus amenazas contra funcionarios.

Para reemplazarlos, Salles designó a cuatro policías militares del área ambiental del estado de São Paulo, con experiencia limitada y dudosa calificación para los nuevos desafíos.

Militarizar la administración pública es una orientación de Bolsonaro para varios ministerios, desde educación a infraestructura, energía e incluso turismo.

“Limpiar” el Ibama y el ICMBio es la tarea de Salles, dijo el 29 de abril presidente en Agrishow, una feria de tecnología agrícola, en Ribeirão Preto, un polo azucarero a 310 kilómetros de São Paulo.

Allí celebró con los agricultores la armonía entre los ministros de Medio Ambiente y Agricultura, y reiteró su aversión a los órganos ambientales, por ser una “industria de multas” y estar dominados por activistas radicales.

Toda esa presión antiambientalista dentro del gobierno aún no se reflejó en el aumento de la deforestación amazónica porque hubo mucha lluvia en los primeros meses del año en la región, lo que dificultó la depredación. “Pero la tendencia futura preocupa”, lamentó Barreto.

“Es un tiro en el pie, además del impacto ecológico, se daña la salud, con problemas respiratorios”, debido al humo de los incendios, y otras enfermedades, acotó el investigador de Imazon, una organización no gubernamental que monitorea la deforestación amazónica con celeridad.

Contraponer preservación forestal al desarrollo tampoco es buena opción. Hay estudios que han confirmado que se puede producir más, sin deforestar, y que una ganadería sustentable genera trabajadores más satisfechos y con mejores sueldos, arguyó.

Esa realidad la reconoce un sector “moderno” de los agricultores, pero hay otros con “ideas atrasadas que estorban y confunden todo” y se alinean con el gobierno, que “no logra comprender la Amazonia” en su papel climático y menos aún en su “dimensión simbólica”, según Barreto.

La ofensiva gubernamental contra el ambientalismo parece “orquestada con ataques a la ciencia, la prensa” y otras áreas, evaluó. La enseñanza de filosofía y sociología también es rechazada. Se debe priorizar “veterinaria, ingeniería y medicina”, asignaturas de “retribución inmediata a los contribuyentes”, según Bolsonaro.

Las reacciones comenzaron a surgir en el exterior,  como la carta de 602 científicos pidiendo que la Unión Europea condicione la importación de productos brasileños al respeto de compromisos ambientales y de derechos indígenas.

El Museo de Historia Natural de Nueva York se negó a acoger un acto en que el presidente brasileño, seria homenajeado por la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos como uno de los personajes del año.

Dentro de Brasil, por ahora la resistencia consiste en una labor de comunicación, de “información básica” sobre cuestiones ambientales, climáticas y sus efectos económicos, “empezando casi de cero”, plantea Barreto.

Lo decisivo, probablemente, será una reacción del sector privado, ya que “este gobierno no escucha a las ONG”, concluyó.

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo Demolición del sistema ambiental en Brasil ya enfrenta reacciones fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

Tarda en llegar la justicia para periodista asesinado en Sierra Leona

IPS español - qui, 02/05/2019 - 18:04

La libertad de prensa está sujeta a continuas agresiones y presiones en Sierra Leona, incluso bajo el gobierno del presidente Julius Maada Bio, que trajo aires esperanzadores al país. Crédito: Alan & Flora Botting/ CC por 2.0

Por Lahai J. Samboma
LONDRES, May 2 2019 (IPS)

Ibrahim Samura, propietario y editor de New Age, un periódico independiente de la capital de Sierra Leona, fue golpeado brutalmente durante las elecciones presidenciales de marzo 2018, frente a efectivos de la policía y el ejército. Murió a causa de las heridas tres meses más tarde y más de un año después sus agresores están identificados pero siguen libres.

La Asociación de Periodistas de Sierra Leona (SLAJ, en inglés) solicitó al gobierno del presidente Julius Maada Bio el procesamiento inmediato de todos los presuntos agresores del periodista.

El ataque a Samura y al menos otros dos reporteros se produjo a plena vista de agentes de seguridad, ya que los periodistas cubrían el discurrir de la jornada electoral en un suburbio de Freetowon, apenas a unos pasos de la estación de policía.

“La prolongada demora en llevarlos ante la justicia está ayudando a una cultura de impunidad”, dijo a IPS el secretario general nacional de SLAJ, Ahmed Sahid Nasralla. “Estamos pidiendo a la policía y al gobierno que actúen. La investigación ya se realizó. Depende de las autoridades actuar ahora. Seguiremos presionándolos para que lo hagan”, afirmó.

Según SLAJ, la muerte de Samura está directamente relacionada con la paliza que recibió con “cadenas y pesados palos de metal pesados”, lo que causó una hemorragia intracerebral que le produjo finalmente la muerte.

Expertos médicos puntualizaron que Samura no sufrió algún “traumatismo por una fuerza brusca similar en la cabeza” desde el momento de la despiadada golpiza, por lo que es “totalmente seguro” que sus agresores en aquel incidente son los causantes de su deceso.

Las investigaciones realizadas confirmaron que entre los cinco presuntos homicidas, los llamados “los súper potentes hooligans”, estuvo Ibrahim Washingai Mansaray, un antiguo viceministro del entonces gobernante y tradicional partido del Congreso de Todo el Pueblo (APC, en inglés), que fue desalojado del poder en aquellos comicios.

Además, participaron el exalcalde de Freetown, Herbert George Williams, el presidente de un club de fútbol local, Sanusi Kargbo, un portavoz del entonces gobierno del APC, Abubakarr Daramy, y Dankay Koroma, hija del entonces presidente, Ernest Bai Koroma (2007-2018).

Diez meses después de la muerte del periodista, ninguno de los infames “cinco de Samura”, como se les conoce en el país, ha sido arrestado, aunque la policía asegura que ha emitido las órdenes de arresto en su contra.

Algunos periodistas atribuyen esta anomalía al hecho de que antes de su muerte, Samura había aceptado públicamente una “disculpa” del APC, lo que para algunos suponía un “perdón preventivo” a sus presuntos homicidas.

Pero el editor de Sierra Express Media, Adeyemi Paul, fijo una posición que es secundada por la mayoría de los periodistas sierraleoneses. “Puede haberlos perdonado, pero un crimen es un delito. El papel de la policía y los tribunales es arrestar y procesar a los delincuentes, no ofrecer perdón”, planteó.

Amara Samura (sin relación con el periodista asesinado), editora del periódico The Vision, dijo que “los que golpearon a Ibrahim Samura deberían ser llevados ante la justicia, porque esa golpiza causó su muerte, haya habido disculpa o no”.

Fayia Amara Fayia, del periódico Standard Times, dijo que hubo rumores de que Samura había aceptado una “compensación” del expresidente Koroma, cuya hija integró presuntamente al grupo atacante. “Los periodistas no deben entrar en tales acuerdos con sus agresores, porque esto impulsa la impunidad”, dijo.

Muchos periodistas esperaban que la llegada de Bio a la presidencia, el 4 de abril de 2018, fuera un buen augurio para la libertad de prensa en Sierra Leona, pero se han visto decepcionados.

La realidad es que el hostigamiento, la intimidación y las golpizas a periodistas han continuado bajo el gobierno de su Partido Popular de Sierra Leona (SLPP, en inglés).
Apenas un mes después de que Bio asumiera el cargo, los partidarios de SLPP atacaron a Yusuf Bangura, un reportero de la emisora radial Sierra Leone Broadcasting Corporation. Sus atacantes dijeron que era una “recompensa” por sus “informaciones negativas” sobre el SLPP y Bio durante la campaña electoral.

Luego, en septiembre, Fayia Amara Fayia fue arrestado en el estudio de televisión de AYV Media durante una transmisión en directo. Su detención la ordenó el viceministro de Información, quien afirmó que el reportero había desprestigiado al presidente en una de sus piezas. Fayia fue liberado más tarde sin cargos.

Ese mismo mes, varios periodistas fueron atacados y su equipo fue dañado por matones pertenecientes presuntamente al SLPP, mientras cubrían una actividad en el distrito norte de Kambia.

Ya en enero de este año, el editor de medios de Sierra Express, Alusine Bangura, fue golpeado en su oficina por hombres que, dice, no solo se identificaron como simpatizantes del SLPP, sino que también llevaban camisetas alusivas al partido gobernante. El periodista sufrió graves heridas en su cabeza y torso, mientras tres de sus colegas lograron escapar de los agresores.

“Reconocí a uno de los hombres, un tipo fuerte, un matón popular de los militantes del SLPP”, dijo Bangura a IPS. “Había alrededor de 13 de ellos. Si no hubiera sido por los muchachos del área, quienes llegaron para ayudarme, me hubieran matado”, contó.

Según Bangura, este fue el segundo ataque a sus oficinas. El primero ocurrió en abril de 2018, nada más asumir Bio el cargo. “Nos atacan porque dicen que somos demasiado críticos con el gobierno”, continuó.

“También dijeron que los criticábamos cuando estaban en oposición. Pero ese es nuestro deber, mantener a los políticos en estado de alerta. Siempre somos críticos con la acción del gobierno, de cualquier gobierno”, afirmó.

Las agresiones contra los periodistas por cumplir justamente su función es vista como parte de una cultura de impunidad, una percepción que alimenta el fracaso en detener y enjuiciar a los presuntos homicidas de Samura.

Muchos creen que si se establece un precedente, donde quienes agreden a los periodistas son castigados, sería un gran paso a favor de romper esa cultura de impunidad, mientras se apoyaría al periodismo independiente.

Como dijo Bangura, “yo mismo podría haber resultado fácilmente asesinado en enero por esos matones”.

Tal vez una de las razones por las que el actual gobierno del SLPP esté reacio a procesar a los asesinos de Samura sea porque significará que también tendrán que procesar a sus propios partidarios que habitualmente golpean a los periodistas.

Pero el presidente debería recordar sus propias palabras a los miembros del SLAJ cuando se dirigió a ellos en diciembre pasado.

Bio dijo entonces que “me gustaría que recordáramos el heroísmo de alguien que no está aquí con nosotros esta noche: Ibrahim Samura … Nunca más deberíamos tener un gobierno o políticos que renuncien a su deber de proteger a los periodistas y se conviertan en los autores de la violencia contra ellos”.

Mientras SLAJ solicita al gobierno de Bio que actúe contra los llamados “cinco de Samura”, sus miembros también esperan que el gobierno cumpla su promesa de derogar las leyes penales de difamación, que los gobiernos anteriores han utilizado para controlar a los medios y para castigar a los periodistas independientes.

Desde Sudáfrica, Angela Quintal, coordinadora del Programa de África en el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), dijo a IPS que “el presidente Bio debe actuar con rapidez para garantizar que la ley sobre la difamación criminal y sediciosa sea finalmente revocada, algo a lo que se comprometió cuando llegó al poder el año pasado”.

Quintal agregó: “También debe enviarse un mensaje de que las autoridades no tolerarán los ataques a los periodistas y la única manera de garantizar esto es garantizar que los responsables [de la muerte de Samura] sean responsables a través de la fiscalía”.

A su juicio, el presidente Bio “se ha comprometido públicamente a defender la libertad de prensa y esta es una forma de demostrar que sus planteamientos no son mera retórica”.

T: EG

Artículos relacionados

El artículo Tarda en llegar la justicia para periodista asesinado en Sierra Leona fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Categorias: Internacionais

O que está por trás do livro que Assange segurou ao ser preso?

Pública - qui, 02/05/2019 - 14:00

Quando o ativista Julian Assange foi arrastado por policiais para fora da Embaixada do Equador em Londres, em 11 de abril, pondo fim a sete anos de exílio, um fato chamou a atenção de quem assistiu à cena ao redor do mundo: o fundador do Wikileaks segurava, entre as mãos algemadas, o livro “Gore Vidal: History of The National Security State”. Trata-se de uma coleção de entrevistas do falecido romancista e ativista político norte-americano Gore Vidal. A obra, até então pouco conhecida, rapidamente se tornou um best-seller.

O livro, publicado em 2014, é uma parceria entre Gore Vidal e o jornalista Paul Jay, editor do site americano The Real News Network, conhecido por uma linha editorial progressista. Em entrevista à Agência Pública, Jay explicou a tese trazida pelo livro brandido por Assange: como a militarização dos EUA após a Segunda Guerra Mundial criou uma narrativa do medo que aponta ameaças internacionais, exigindo constante investimentos na indústria armamentista – e como o Estado americano se tornou dependente dessa narrativa.

Para Jay, “não há dúvidas de que querem pegar Assange” para mandar uma mensagem de que não se pode “ferrar” com a indústria militar norte-americana. “O que Chelsea Manning expôs e o Wikileaks divulgou foi direto no coração dessa ameaça ao Estado de Segurança Nacional. Eles não querem que o povo norte-americano saiba quão bárbaros os soldados americanos e a guerra americana são”, afirmou.

As acusações contra Assange nos EUA, que estão por trás da disputa internacional pela sua extradição, se referem justamente ao vazamento, por meio do Wikileaks, de inúmeros documentos que provam crimes de guerra praticado pelas Forças Armadas norte-americanas no Iraque e do Afeganistão.

Leia a entrevista.

Você pode resumir o conceito de Estado de Segurança Nacional dos EUA e o termo da Presidência Imperial, na visão de Gore Vidal?

Depois da Segunda Guerra Mundial os EUA emergiram como o único superpoderoso do mundo. E, em vez de reduzir o tamanho das Forças Armadas, do investimento para elas, e voltar à chamada “era de paz” os EUA se encontraram em uma posição em que poderiam, essencialmente, dominar o mundo.

O país construiu um complexo industrial militar que teve início na Primeira Guerra, mas em maior escala na Segunda Guerra. Muito da economia norte-americana foi militarizada e isso permaneceu por muitas razões. A primeira é que o gasto militar era visto como uma forma de lidar com a potencial recessão do pós-guerra. Mas, principalmente, eles viram que poderiam encontrar grande vantagens econômicas em controlar a Europa, o Japão e, até mais importante, a Ásia, a África e a América Latina. A justificativa para criar esse complexo militar era que a União Soviética representava uma ameaça e os EUA tinham que se defender. Eles chamam de Departamento de Defesa, mas um dos argumentos de Gore é poderia se chamar Departamento de Ataque. Isso porque a postura militar buscava uma hegemonia global e não a defesa.

É muito claro que toda a ideia de que a União Soviética era uma ameaça militar era bobagem. Mas isso ajudou a justificar gastos massivos na construção do arsenal nuclear dos EUA e de todo o complexo militar. Então o argumento de Gore é como esse Estado Nacional de Segurança se tornou uma parte predominante tanto da economia quanto do Estado. E para justificá-lo, eles precisam continuar tendo ameaças.

O fundamental aqui é que a questão é ganhar dinheiro e não defender o povo americano. É taxar e extorquir o povo norte-americano a pagar por tudo isso. Porque isso dá vantagens comerciais para corporações norte-americanas e quantidades enormes de dinheiro para as indústrias dos EUA. E isso defende interesses estratégicos, como petróleo no Oriente Médio ou na Venezuela. A questão é a oligarquia dos Estados Unidos mantendo sua posição como a mais rica e poderosa oligarquia do mundo. Essa é a principal função do Estado Nacional de Segurança.

Você acredita que, com a eleição de Trump, esse Estado Nacional de Segurança, um estado de exceção criado pelo medo como ideologia, foi aprofundado?

Acredito que está em uma posição mais agressiva e desafiada. Isso porque os EUA não são mais, realmente, o único grande poder do mundo.

Hoje não sei se o Estado Nacional de Segurança está mais profundo agora, só está lidando com uma situação na qual, especialmente a China tem uma economia que está se tornando próxima do tamanho da economia dos EUA. De acordo com analistas militares dos EUA, as Forças Armadas Chinesas estão alcançando as estadunidenses. Talvez seja verdade. Acredito que a China tem um poder regional. Regionalmente a China já está a par do que os EUA podem fazer com forças convencionais na Ásia.

Então não acho que o Estado de Segurança Nacional está aprofundado, está apenas lidando com uma nova situação. Ele está muito poderoso. A proposta de orçamento do Pentágono era menor do que o orçamento destinado pelo próprio Trump e pelo Congresso para a área. Eles estão construindo toda uma nova geração de armas nucleares, têm porta-aviões que custam 14 bilhões de dólares cada. A única razão de ter esses porta-aviões é projetar poder. Não tem nada defensivo em um porta-avião.

A maior parte das indústrias militares garante que produzam armas em todos os estados dos Estados Unidos de forma com que todos os estados tenham empregos dependentes disso. Então quando você fala sobre cortes no orçamento militar, todos os estados, em teoria, perderiam empregos.

O mais perigoso disso no momento é que eles precisam do “quase-guerra”. Eles gostam de “quase-guerra” no Oriente Médio, e no momento o alvo principal é o Irã. E quanto mais perigoso fica mais armamentos os estadunidenses compram, mais armamentos os sauditas compram, os israelenses, os egípcios… Os militares de todo o mundo vão à loucura.

Você acredita que a própria perseguição ao Assange e ao Wikileaks são consequências desse Estado Nacional de Segurança?

Com certeza. O ponto sobre as guerras norte-americanas, o pior pelo menos, é que a maior parte delas cometem crimes de guerra. A guerra do Iraque, do Vietnã, ambas foram crimes de guerra por si sós, apenas por terem sido conduzidas. Não foram guerras defensivas. De acordo com a ONU, a única guerra legítima é quando você está em ameaça iminente de ser atacado. Nenhuma das guerras americanas desde a Segunda Guerra Mundial aconteceram porque os EUA estavam sob ameaça de ataque iminente. Então foi uma guerra ilegal atrás de outra. A cultura das Forças Armadas estadunidenses é ser super-ultra-agressiva. E tudo isso depende do segredo. O povo americano claramente se opôs à Guerra do Vietnã, e quando ouviu as histórias das atrocidades, isso inflamou a opinião pública.

O que Chelsea Manning expôs e o Wikileaks divulgou foi direto no coração dessa ameaça ao Estado de Segurança Nacional, porque eles não querem que o povo norte-americano saiba quão bárbaros são os soldados americanos e a guerra americana. Então o Estado de Segurança Nacional dos EUA não quer apenas evitar que [esse vazamento] aconteça de novo. Realmente quer mandar uma mensagem de que não se pode ferrar com eles. Não há dúvidas de que querem pegar Assange para provar esse ponto.

Ele está sendo acusado pelo que fez com Chelsea Manning. E neste ponto, como um jornalista, e pensando no trabalho jornalístico do Wikileaks, havia uma obrigação de expor os crimes de guerra. E toda essa bobagem sobre documentos classificados e como isso prejudicou os EUA… Não, os crimes de guerra feriram os EUA! Os crimes de guerra em nome do povo norte-americano feriram a América. A única diferença é que o Pentágono alega que Julian ajudou Chelsea a conseguir os documentos, e isso o fez um pouco mais proativo do que só receber a informação. É bobagem. A questão fundamental é que eles expuseram crimes de guerra e muitos jornalistas fazem muitas coisas para conseguir seus furos.

ReproduçãoQuando foi retirado do embaixada, Juliana Assange segurava o livro “Gore Vidal: History of The National Security State”

 

Como jornalista e editor-chefe de um veículo jornalístico independente, você acredita que a prisão de Assange é uma ameaça à liberdade de imprensa?

É definitivamente uma ameaça para delatores. Houve mais prisões de delatores durante o governo de Obama, então isso é uma política real do Estado de Segurança Nacional: assustar os delatores. Para os jornalistas, sim e não. É certamente uma mensagem de que se você ajudar a fonte de alguma forma eles irão contra você. Mas eles não foram atrás de nenhum dos jornais que trabalharam com o Wikileaks, o que incluiu o New York Times, o Washington Post, jornais na Alemanha, no Brasil e em todas as partes do mundo que foram parceiros do Wikileaks. Nenhum deles foi denunciado porque eles não podem provar que qualquer um desses jornais ajudou Chelsea. Então ainda não está claro. Mas isso fará com que as pessoas que fazem essas decisões nesses veículos deem um tempo [nas publicações do tipo].

O grande perigo aqui não é a prisão de Assange, apesar de ser uma mensagem para delatores.

Qual a relação entre o conceito do Estado de Segurança Nacional e as pessoas que acreditam que os EUA são a maior democracia do mundo e que, portanto, teria o dever de “levar democracia” para o resto do mundo?

Essa é toda a mitologia. Gore Vidal foi o melhor ideólogo nesse sentido, ele chama os EUA de Estados Unidos da Amnésia. Não há memória histórica na cultura de massas aqui. Quando o Vietnã foi realmente exposto e as pessoas entenderam o quão agressivo e sem princípios essa guerra foi, com o passar dos anos, as pessoas esqueceram sobre, porque a mídia corporativa não fala sobre. O mesmo com a Guerra do Iraque. As pessoas descobriram quão bárbara foi essa guerra, mas com o passar dos anos, até o Obama, que supostamente era contra essa guerra, passou a defendê-la. A liderança do Partido Democrata hoje está tão ligada ao Estado de Segurança Nacional quanto os republicanos. Eles sempre têm que trazer essa mitologia de volta, de que os EUA trazem democracia para o mundo. Se você vive na Ásia, na África ou na América Latina, você pensa que os EUA trazem ditaduras para o mundo. Mas os americanos não vivem lá, eles entendem o mundo pela mídia, por Hollywood, que na sua maioria está alinhado com esse Estado. Se você quer produzir um filme de guerra a única forma de conseguir navios e aeronaves é pelo Pentágono. E eles têm que autorizar o roteiro.

Em algumas entrevista você disse que não sabia que Julian estava lendo seu livro, mas que acredita que ele escolheu segurá-lo durante o momento de sua prisão para passar uma mensagem.

Considerando que ele teve muito tempo para pensar no dia que seria preso e que nos três dias antes de sua prisão estava bem óbvio que estava para acontecer, eu não acho que ele apenas pegou algo para ler. Ele fez um esforço de mostrar para todos enquanto ele estava algemado. Ele está dizendo ao mundo que o Estado de Segurança Nacional norte-americano está chegando nele, e isso porque ele expôs seus segredos.

Mudando o foco para o Brasil. Bolsonaro foi eleito com um discurso patriótico, focado na segurança. Você acredita que os conceitos trazidos em seu livro podem ser aplicados à atual conjuntura política brasileira?

O modelo da narrativa norte-americana, a narrativa do Estado de Segurança Nacional é facilmente exportado e adaptado. Não é novo o que está acontecendo no Brasil. A ditadura militar de direita com o passar dos anos sempre se baseava na ideia de que havia uma ameaça comunista, de que tinham que prender comunistas porque a União Soviética estava vindo. A mesma histeria para justificar o que é essencialmente uma forma fascista de governar, não é novo. E muito foi orquestrado pelo Estado de Segurança Nacional norte-americano. Então o que está acontecendo no Brasil, o que os estadunidenses gostariam de fazer na Venezuela, o que eles parecem estar tendo certo sucesso no Equador, é o velho guia, você usa uma ameaça externa para criar uma histeria de segurança nacional e então cria um Estado fascista.

Acho que muito do que está acontecendo no Brasil e na América Latina no geral, é que querem chutar a China para fora do continente. Se você quer entender a política externa norte-americana, muito tem a ver com a China. Quando o Secretário de Defesa foi ao Congresso defender o novo orçamento militar, ele disse que há três palavras para explicá-lo: China, China e China.

Você tem alguma ideia do que acontecerá com Assange? Acredita que os EUA realmente vão se esforçar para levá-lo à julgamento em seu território?

Acho que o governo Trump e o Estado de Segurança Nacional gostariam de trazê-lo para cá, fazê-lo de exemplo, jogá-lo na cadeia e jogar a chave fora. Mas a acusação atual não é séria, então teriam que mudá-la. Mas eu acredito que eles não querem um julgamento público. Talvez os norte-americanos prefeririam deixar esse processo de extradição demorar, e deixá-lo sentado em uma cadeia britânica por muito tempo. Porque se ele subir ao Tribunal para testemunhar isso será manchete por dias a fio. E ele denunciaria justamente o Estado de Segurança Nacional. Ele é muito articulado, não acho que queiram que ele testemunhe.

Categorias: Internacionais

Agrotóxicos podem ser a causa de casos de câncer e malformação?

Pública - qui, 02/05/2019 - 10:19

O menino Kalebi Luenzo tinha pouco mais de dois anos quando, de repente, começou a andar com dificuldade. Preocupada, Elisângela, sua mãe, levou a criança ao médico: ele tinha leucemia. Kalebi cresceu próximo a uma plantação de algodão, em Lucas do Rio Verde, conhecida no Mato Grosso como capital da agroindústria.

Lunaé Parracho/Agência Pública/Repórter BrasilA força do agronegócio no estado seria um dos motivos para a falta de políticas de atenção às vítimas dos agrotóxicos, aponta ex-coordenadora do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador em Sinop

O mecânico de tratores Antonio Correa mudou-se para Tangará da Serra em busca de oportunidade de emprego no crescente setor agropecuário mato-grossense. Depois de dois anos trabalhando em fazendas de soja, teve sua primeira filha, Emanuelly, que nasceu com espinha bífida – tipo de malformação congênita que provoca problemas motores e compromete o funcionamento da bexiga e do intestino.

Giovana Carvalho trabalhava como coordenadora do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador de Sinop, também no Mato Grosso, quando começou a sentir dores na região da lombar e nas costas. Cerca de um mês depois, descobriu um tipo raro de câncer no pulmão: que acomete mulheres não fumantes entre 30 e 39 anos.

Os três casos têm muito em comum. Primeiro, ocorreram na zona rural de alguns dos mais ricos municípios do estado que é líder na produção de grãos do Brasil, assim como no consumo de agrotóxicos. Outro ponto que as histórias têm em comum é que essas famílias estiveram expostas a diferentes pesticidas, incluindo o glifosato e a atrazina. Embora estejam entre os mais consumidos no país, essas substâncias estão associadas ao desenvolvimento de câncer e à malformação fetal por pesquisas no Brasil e no mundo.

Uma taxa mais alta de malformação foi encontrada em regiões com maior uso de agrotóxicos como a atrazina, segundo análise publicada em artigo da Universidade Federal do Paraná. O herbicida está proibido desde 2004 pela União Europeia, que associa a substância à ocorrência de distúrbios endócrinos, problema que afeta o sistema hormonal.

Já o glifosato, classificado como “provável cancerígeno” pela International Agency for Research on Cancer, está em meio a intenso debate internacional sobre seus efeitos negativos à saúde. Em março, um júri nos Estados Unidos o apontou como um “fator importante” na relação com o desenvolvimento do câncer em um homem de 70 anos.

A equipe da Repórter Brasil e da Agência Pública, em conjunto com pesquisadores da Public Eye, visitou três cidades no interior do Mato Grosso em busca dos possíveis efeitos dessas substâncias. Embora não seja possível concluir que os casos encontrados estejam relacionados a esses agrotóxicos, há diversos pontos que ligam as histórias de Kalebi, Emanuelly e Giovana a uma das grandes questões colocadas por médicos e pesquisadores de todo o mundo: estariam os agrotóxicos silenciosamente contribuindo para o desenvolvimento de algumas das piores enfermidades enfrentadas pela nossa geração?

Névoa de algodão sobre a casa de Kalebi Lunaé Parracho/Agência Pública/Repórter BrasilO menino Kalebi foi diagnosticado com leucemia nove meses depois que seu pai começou a trabalhar como mecânico de tratores usados na pulverização. A família também morava perto de plantações de algodão

A relação da família de Kalebi com pesticidas ficou intensa a partir de 2015, quando seu pai começou a trabalhar como mecânico de tratores usados para a pulverização na fabricante de máquinas agrícolas John Deer. Nove meses depois que ele conseguiu o emprego, seu filho foi diagnosticado com leucemia.

A mãe de Kalebi lavava as roupas de trabalho do marido em casa, na mesma máquina usada pela lavar a roupa de Kalebi e os outros dois filhos. A família morava atrás de uma algodoeira, bem perto do local onde se lavava e embalava o algodão. “O pó do algodão caía em cima de casa, parecia uma névoa”, diz Elisângela dos Anjos. “Quando meu marido soube da doença do Kalebi, ele ficou desesperado. Acho que se sentiu culpado porque trabalhava com isso e, mesmo sabendo que não podia, ele abraçava as crianças quando chegava do trabalho com a roupa contaminada”, lembra. A mãe está convencida de que essa múltipla exposição aos agrotóxicos levaram seu filho a desenvolver a leucemia.

As suspeitas não são infundadas. As regiões Central e Sul do Mato Grosso, que inclui Lucas do Rio Verde, apresentaram uma maior incidência de leucemias e linfomas segundo pesquisa coordenada pela Universidade Federal do Mato Grosso, a UFMT. Nesses locais, o estudo aponta que entre os 20 agrotóxicos mais utilizados estão o glifosato e a atrazina. O mesmo levantamento observa que há maior quantidade de pessoas de regiões com alta produção agrícola entre os pacientes internados com câncer infanto-juvenil no Hospital de Câncer de Mato Grosso.

Mas a família nunca falou sobre essa suspeita em alto e bom som em Lucas do Rio Verde. O algodão é um dos setores em expansão na região e movimenta a economia local. O estado deve liderar a produção da fibra nacionalmente segundo previsão do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária para a safra de 2018 e 2019. Apesar de gerar mais empregos, a alta do setor também significa ainda mais agrotóxicos para a população local: a quantidade de vezes que se pulveriza o algodão pode ser até três vezes maior do que em plantações de soja e milho. E isso inclui o uso da atrazina e do glifosato.

Lucas, como é chamada pelos habitantes locais, tem hoje 63 mil pessoas, que vivem no centro de um território cercado de lavouras de soja, milho e algodão por todos os lados. Grandes multinacionais do agronegócio, a exemplo da Bunge, Louis Dreyfus, Cargill e Cofco, possuem sede no município. O setor de suínos e avinos também é destaque. “Na época [do diagnóstico de Kalebi], nenhum médico de Lucas fez essa relação do agrotóxico com a doença do meu filho, mas acho que eles não falam porque estão numa área do agronegócio”, opina Elisângela.

Na cidade onde Kalebi cresceu, o glifosato aparece como o mais vendido na Agrológica Agromercantil, com o nome comercial ZAPPQ1. A loja é revendedora exclusiva da Syngenta, empresa suíça que tem no Brasil o seu principal mercado consumidor. Na mesma loja, a atrazina é a quarta mais vendida com os nomes comerciais de Atrazina Grda e Gesaprim. A cidade tem posição de destaque no uso de agrotóxicos. Em 2015, a exposição por habitante no país era de 3,6 litros por ano, mas para os moradores de Lucas a média saltava para 136 litros anuais, de acordo com cálculo de pesquisa feita pela UFMT.

A reportagem procurou os principais setores produtivos que usam o glifosato e a atrazina no Mato Grosso. Em resposta, as associações de produtores rurais enviaram uma nota por meio da Agrosaber, plataforma online que representa o setor e fabricantes de agrotóxicos e que foi lançada no dia 23 de abril durante reunião da Frente Parlamentar Agropecuária em Brasília. Questionado sobre a associação dos pesticidas à malformação e ao câncer, o grupo afirma que “se utilizados dentro das recomendações de uso, os defensivos agrícolas são seguros à saúde humana e aos trabalhadores no campo”. O comunicado diz ainda que não existe “outra maneira eficaz de combater pragas sem agrotóxicos” e que o não uso dos químicos poderia gerar uma “perda de 20% a 40% de toda a produção nacional” (Leia a íntegra da nota).

Após a publicação da reportagem, a Agrosaber enviou outra nota à redação afirmando que estudos em andamento na França e nos Estados Unidos “mostraram que os agricultores tendem a ser mais saudáveis e têm menos câncer, em geral, quando comparados com outros grupos”. A segunda nota afirma ainda que a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar revisou 164 publicações concluindo que “embora alguns estudos tenham revelado associações entre a exposição ocupacional a defensivos e um câncer específico, como linfoma, leucemia e câncer de próstata, outros estudos não o fizeram. Os revisores da EFSA recomendaram estudos adicionais para avaliar exposições na infância e leucemia antes de tirar conclusões finais”. (Leia a segunda nota da Agrosaber na íntegra)

Emanuelly, contaminada durante a gestação? Lunaé Parracho/Agência Pública/Repórter BrasilEmanuelly, filha de Antonio Corrêa, nasceu com um tipo de malformação. Durante sua gestação, a família morava perto de plantações e seu pai era exposto à pulverização no trabalho

Quando deixou Cuiabá rumo a Tangará da Serra, a 240 quilômetros da capital, Antonio tinha o objetivo de buscar um novo caminho profissional. “Na época [2014], Cuiabá estava ruim de emprego e lá era uma região que estava crescendo”, explica. Logo, ele conseguiu um trabalho como “bandeira”, que consistia em ficar em pé na lavoura segurando uma bandeira vermelha para indicar o local onde o avião deveria pulverizar. Seis meses após a chegada em Tangará, sua companheira engravidou, mas somente depois do nascimento foi descoberto que Emanuelly, hoje com cinco anos, tinha espinha bífida.

“A cidade não é muito grande, mas lá é região de cana de açúcar e soja, ou seja, rodeada de plantações. Na época, além de trabalhar em fazendas, eu também morava perto de uma plantação de cana”, relembra Antonio. Tangará da Serra, nas duas últimas décadas, tem se destacado pelo crescimento econômico. Graças ao agronegócio, o PIB do município saltou de R$1,4 bilhão em 2010 para R$2,9 bilhões em 2016.

Antonio lembra que, na época, ele trabalhava com pouca proteção e sentia no corpo os efeitos do uso dos químicos. “O cheiro era insuportável na época da pulverização. No trabalho, eu usava uma máscara simples, tipo cirúrgica, e algumas coisas de plástico para proteger o cabelo, mas nenhum equipamento a mais”, conta. “Eu sentia náusea e dor de cabeça depois do trabalho e eles falavam que era por causa do sol. Eu nem sabia qual era o tipo que eles usavam porque eles colocavam seguranças armados protegendo os barracões onde se armazenavam os agrotóxicos”, revela.

Além da pesquisa que analisou dados do Paraná, a relação dos pesticidas com a malformação também foi acompanhada por pesquisadores da UFMT. Em 2011, os especialistas da universidade compararam dados de todos os hospitais públicos, privados e de referência que atendem gestantes no Mato Grosso e encontraram evidências que relacionavam a exposição aos agrotóxicos com a doença. Em outro levantamento da mesma universidade, os pesquisadores analisaram a exposição de mulheres antes de engravidar e no início da gestação aos agrotóxicos nos oito municípios do estado que mais usaram agrotóxicos entre 2000 e 2009. Mais uma vez, foi identificada uma correlação entre a incidência da doença e o uso de agrotóxicos nessas cidades.

Para a toxicologista e médica do trabalho Virginia Dapper, diversos estudos têm mostrado a relação entre pesticidas e os efeitos negativos na saúde de crianças. “A exposição pré-natal a agrotóxicos, mesmo em baixas doses como aquelas provenientes de resíduos em alimentos, pode sim provocar alterações no desenvolvimento neurológico das crianças expostas”, afirma.

Com o diagnóstico da doença, Emanuelly começou a fazer tratamento no Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília, referência nacional em problemas motores. Segundo Antonio, os médicos que atendiam a criança falaram para ele sobre a possível associação entre os químicos e a espinha bífida. “Os médicos perguntavam se eu morava na cidade ou no interior e sobre o contato direto com agrotóxicos. Eles já falavam da possibilidade de ter ligação entre a espinha bífida e o veneno”, diz o pai de Emanuelly.

A cuidadora que adoeceu

Os casos de Kalebi e Emanuelly não são isolados, suspeitas similares rondam também profissionais que trabalham diretamente com a prevenção dos efeitos dos agrotóxicos. Esse foi o caso de Giovana Carvalho, ex-coordenadora do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador em Sinop, onde atendia empregados rurais de 14 municípios. “A gente via que muitos trabalhadores lavavam as roupas que usavam na aplicação do veneno junto com as peças do resto da família ou lavavam os vasilhames dos produtos em água corrente” relembra Giovana. Segundo ela, os trabalhadores não entendiam os riscos aos quais estavam expostos: “quando sentiam enjoos ou dores de cabeça, achavam que era em decorrência do trabalho no sol”.

Lunaé Parracho/Agência Pública/Repórter BrasilNa cidade de Kalebi, o glifosato é o mais vendido em revendedora exclusiva da Syngenta, empresa suíça que tem no Brasil o seu principal mercado consumidor

No ano passado, a própria Giovana recebeu diagnóstico de um tipo raro de câncer de pulmão. “É algo tão novo para a medicina que sequer tem nome, atinge mulheres que nunca fumaram”, explica. Ea faz tratamento no Hospital de Barretos, interior de São Paulo, onde conhece outros dez pacientes provenientes da mesma cidade, Sinop.

A reportagem esteve na cidade, onde a loja DDB Agronegócios vende atrazina na forma comercial de Primoleo e Gesaprim. ALém do glifosato, com o nome comercial de ZAPPQI.

Giovana sempre viu relação entre a alta prevalência de doenças na sua região e o uso das substâncias. Durante o período no Cerest, alertava os trabalhadores sobre os riscos. “Existem bairros em Sinop que são praticamente dentro de lavouras e em que o avião pulveriza próximo das casa, das escolas”, diz. “No Mato Grosso não existe fiscalização, é preciso mudar isso. Existe relação das doenças com agrotóxicos sim”, alerta.

Mesmo com a variedade de estudos sobre os riscos que os agrotóxicos representam à saúde humana, especialistas alertam que as políticas públicas ainda não mudaram de acordo com essas evidências. Em alguns casos, as mudanças parecem acontecer na direção oposta.

No Mato Grosso, decreto de 2013 reduziu as distâncias permitidas para aplicação terrestre de agrotóxicos. Ou seja, hoje é permitido aplicar ainda mais perto de povoados, cidades e cursos d´águas. A distância mínima autorizada era de no 200 metros no estado, e em 2013 foi reduzida para 90. Outras mudanças implementadas no mesmo ano reduziram a transparência sobre o uso das substâncias. O Indea, órgão estadual que antes publicava as substâncias e as quantidades de agrotóxicos utilizadas em cada município, hoje não divulga mais esse monitoramento.

Entre os críticos dos agrotóxicos, alguns defendem que as políticas só vão mudar quando mais estudos forem feitos. “É preciso de mais pesquisas científicas para conseguir encontrar essa prova definitiva da relação dos agrotóxicos com doenças como câncer e malformação congênita”, afirma João de Deus, biólogo e especialista em segurança do trabalho do Ministério da Saúde, que atualmente mora em Sinop. “Mas, quando se corta recursos para a ciência, fica cada vez mais complicado provar”. Ele se refere ao corte, feito no ano passado pelo governo Michel Temer, de R$400 milhões no orçamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).

Lunaé Parracho/Agência Pública/Repórter BrasilPulverização de agrotóxicos em plantação de soja no norte do Mato Grosso

Outros pesquisadores entendem que os estudos existentes são o suficiente para mudanças nas políticas públicas, como ocorreu na União Europeia, que proibiu a atrazina e hoje debate a possível proibição do glifosato. “As evidências científicas disponíveis em nível mundial e nacional são concretas, já nos auxiliam no processo de transição para novos modos de produção e de minimização dos efeitos nocivos dos agrotóxicos na saúde humana”, afirma a pesquisadora da UFMT e enfermeira especialista em enfermagem obstétrica, Mariana Soares. “Porém os interesses políticos e econômicos do Brasil passam por cima de quaisquer estudos”.

Categorias: Internacionais

FROM THE FIELD: Stopping aquatic hitchhikers to safeguard environments at sea

UN SGDs - qua, 01/05/2019 - 16:53
A plan to protect the global marine environment from the dangers of non-indigenous invasive aquatic species has been launched by the UN Development Programme (UNDP) and the UN’s International Maritime Organization (IMO).
Categorias: Internacionais

Como o Itamaraty instruiu embaixadores a defender o impeachment de Dilma Rousseff

Pública - ter, 30/04/2019 - 15:15

“Cumpri instruções”. Assim começa uma série de correspondências escritas por diplomatas brasileiros no exterior. Da representação do Brasil em Washington ao embaixador na minúscula e paradisíaca ilha de Santa Lúcia, no Caribe, oficiais brasileiros obedeceram à ordem clara e rigorosa do Ministério das Relações Exteriores do recém-iniciado governo de Michel Temer (MDB): rechaçar qualquer questionamento ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) vindo de outros diplomatas, de órgãos internacionais ou mesmo da imprensa estrangeira, além de manter informado o governo Temer de onde partiriam eventuais críticas.

A ordem partiu do também recém-empossado ministro José Serra (PSDB), no dia 24 de maio — apenas 12 dias após o afastamento inicial de Dilma pela Câmara dos Deputados. As informações estão presentes em mais de cem comunicados transmitidos pelas embaixadas do Brasil entre maio e setembro de 2016, aos quais a Pública teve acesso através de pedidos pela Lei de Acesso à Informação. Segundo os documentos, era crucial aos embaixadores brasileiros rebater qualquer afirmação sobre erros de conduta durante o julgamento, que citasse “jogos de interesse” ou apontasse de manobra política no processo. Termos como “golpe de Estado” e “manipulação política” também constaram nos exemplos de “posturas equivocadas”.

O embaixador brasileiro em Cuba, Cesário Melantonio Neto, foi rápido em cumprir as determinações do chanceler tucano. Em nota enviada ao Itamaraty em maio de 2016, o diplomata afirmou ter conversado “com diversas autoridades locais para corrigir percepções errôneas sobre o processo de impeachment e evitar manifestações incorretas no tratamento de temas da realidade brasileira”, disse. No texto, Neto afirma que o afastamento de Dilma “observa estritamente os ditames e ritos previstos na legislação brasileira” e diz ter se encontrado com representantes do governo cubano para os quais argumentou que as violações à lei orçamentária configurariam crime de responsabilidade. ”Creio que as autoridades locais entenderam a argumentação”, finaliza.

O diplomata também acompanhou a VII Cúpula da Associação dos Estados do Caribe, realizada em junho na ilha cubana. Na ocasião, relatou Neto ao governo brasileiro, os presidentes de Cuba, Raúl Castro, Venezuela, Nicolás Maduro, e o vice-presidente da Nicarágua, Omar Halleslevens, criticaram duramente o afastamento de Dilma.

Já o embaixador do Brasil na Organização dos Estados Americanos (OEA), José Luiz Machado e Costa, utilizou a sua representação para questionar países que haviam se manifestado contra o impeachment. “Ao final da sessão ordinária do Conselho Permanente ocorrida ontem, 7 de setembro, pronunciei intervenção pela qual rechacei críticas ao processo de impedimento da Presidente Dilma Rousseff”, resume o diplomata. Na carta, ele comemora: após sua fala, as delegações da Bolívia, Equador, Nicarágua e Venezuela, contrárias ao impeachment, não tiveram apoio. México, Estados Unidos, Argentina, Chile e Colômbia se posicionaram a favor do embaixador brasileiro e endossaram o argumento de Costa, que o julgamento “conduzido de modo totalmente pacífico pelo Congresso Nacional observou o devido processo legal e os valores e princípios do Estado Democrático de Direito”, afirmou.

Costa foi nomeado representante permanente do Brasil na OEA em 2015, com apoio do PSDB de Serra e do Democratas e após o preferido de Dilma, Guilherme Patriota, ser rejeitado pelo Senado.

Depois de discursar na OEA, a peregrinação do embaixador prosseguiu. Em 14 de setembro, Costa passou notas à Organização dos Estados Americanos e à Organização PanAmericana da Saúde (OPAS) sobre o fim do processo de impeachment. Já em 21 de novembro, foi a vez de argumentar com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para a qual o representante encaminhou informações do governo brasileiro sobre manifestações contrárias ao afastamento de Dilma.

Por sua vez, Mário Vilalva, embaixador brasileiro em Portugal, aproveitou-se do seminário “Investimentos Estrangeiros no Brasil”, organizado pela Câmara de Comércio e Indústria LusoBrasileira (CCILB), para defender o impeachment. Em nota enviada ao Itamaraty em junho de 2016, o diplomata conta que “nos termos das instruções transmitidas por Vossa Excelência” prestou “detalhados esclarecimentos sobre a tramitação do processo de impeachment no Brasil, ressaltando que este observa rigorosamente os ditames da Constituição brasileira”.

Vilalva ainda utilizou o evento para propagandear medidas econômicas adotadas pelo governo Temer “com vistas a conter o aumento dos gastos públicos” e passou informações sobre o andamento dos preparativos para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, “convidando os presentes a visitar o Brasil durante esses eventos desportivos, momento oportuno também para a realização de negócios”, relatou.

Marcelo Camargo/Agência BrasilBaixadores foram instruídos a defender todo o processo de impeachment que só terminou em 31 de agosto de 2016 em votação no Senado Federal Itamaraty divulgou ordens a embaixadores cerca de uma semana após afastamento temporário de Dilma

A argumentação dos embaixadores brasileiros seguia a circular “Circtel 101296”, enviada em 24 de maio pelo Itamaraty — 12 dias após o afastamento temporário de Dilma. O texto apresentava “a versão correta” do impeachment, compilava argumentos que a legislação brasileira estava sendo cumprida rigorosamente e afirmava que o Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF) sustentavam a lisura do processo. A circular foi novamente citada em setembro, quando nova mensagem do Ministério das Relações Exteriores reforçou: “se consultado a respeito do processo de afastamento da ex-PR Dilma Rousseff por representantes governamentais, diplomáticos, da imprensa ou da academia, Vossa Excelência deverá recorrer aos termos da Circtel 101296”.

A circular do Itamaraty listava argumentos de autoridades governamentais e dirigentes de organismos internacionais que deveriam “ser enfrentados com rigor e proficiência”. A seleção começava pela própria OEA — que em abril havia declarado que o julgamento não se enquadrava nas regras que sustentam o impeachment —, seguia pela Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA), a União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e incluiu os governos da Bolívia, Cuba, Venezuela, Equador e El Salvador.

No texto original, o julgamento na Câmara dos Deputados de 15 de abril de 2016, marcado pelo votos “por Deus e por minha família” e pela exaltação do torturador Ustra feita por Jair Bolsonaro, é definido como um ato “precedido de exercício extenuante de informação — factual, técnica e jurídica — dos parlamentares brasileiros sobre os fatos denunciados”, diz a circular. Já sobre o Supremo, o texto reafirma o papel da corte de guardiã da Constituição e assegura que o órgão tem realizado “supervisão atenta” do julgamento, “com todo o rigor, como deve ser”.

Na caracterização do processo de impeachment, o documento explica o que é um crime de responsabilidade e o porquê dele não ser uma condenação penal — e, portanto, estritamente político. O Ministério reforça que as instituições estrangeiras têm dificuldade em entender a lógica do crime de responsabilidade, citando como exemplo, um questionamento da Bolívia que não havia crime, logo, o julgamento seria apenas uma articulação política.

No texto, o Ministério das Relações Exteriores se dedica a combater o argumento que o afastamento de Dilma invalidaria o voto de mais de 50 milhões de brasileiros. Na contra-argumentação do ministério, “os votos recebidos por um presidente da república não constituem barreira à instauração de processo de impeachment” visto que “os deputados e senadores brasileiros receberam igualmente milhões de votos para cumprir suas funções constitucionais”.

Governo Temer agiu para rebater movimentos sociais e imprensa estrangeira

As correspondências dos embaixadores brasileiros revelam ainda outra preocupação do Governo Federal: reverter ações tomadas durante o governo de Dilma para questionar o processo de impeachment.

O principal exemplo é a “Carta aos Movimentos Sociais da América Latina”, publicada em março de 2016 por uma série de entidades ligadas à esquerda, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e o Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH). O texto foi enviado pelo Itamaraty ainda durante governo Dilma a delegações na África, Ásia e Oceania. Na carta, os movimentos a favor da destituição da presidente são explicados como uma resposta dos partidos derrotados nas eleições de 2014 junto a setores do Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal para impor uma agenda de reformas liberais e conservadoras que não haviam sido escolhidas pela população.

Além disso, no governo Temer, os embaixadores brasileiros também atuaram para notificar o Itamaraty de repercussões negativas do impeachment na imprensa.

A TV Venezuela entrou na mira, bem como jornais e sites na Bolívia e Argentina.

Uma publicação de parlamentares britânicos ligados ao Partido Trabalhista no jornal The Guardian despertou o alerta dos embaixadores brasileiros. No texto, publicado na seção de cartas dos leitores no dia 27 de maio, diversos parlamentares criticam veemente o afastamento de Dilma e afirmam que o governo Temer mostrou “suas verdadeiras cores ao empossar um ministeriado de homens brancos, lançando mão de políticas neoliberais que irão ferir milhões de trabalhadores e brasileiros pobres”.

Em resposta, o embaixador brasileiro no Reino Unido, Eduardo dos Santos, exigiu espaço de resposta ao Guardian no qual escreveu ser “inaceitável que o impeachment fosse tratado como manobra política contra a vontade do eleitor”. O texto copiava trechos inteiros da circular 101296, do Ministério das Relações Exteriores.

Jornais da Austrália que haviam publicado textos críticos ao impeachment também foram monitorados pelos embaixadores brasileiros. Um artigo chamado “A vingança da direita brasileira”, escrito pelo professor da Universidade Nacional da Austrália Sean Burges, é citado pelo embaixador do Brasil em Camberra, Manuel Innocencio de Lacerda Santos Jr. Em comunicado ao Itamaraty, o diplomata pergunta se poderia responder ao jornal que leu o artigo com desgosto, visto que se tratava de “uma abundante demonstração de falta de informação” vinda de alguém que, tendo em vista sua posição, “deveria ser melhor informado”. Em uma longa crítica, o Santos Jr. chega a afirmar que a análise do professor australiano transita entre “mal-intencionada ou apenas mera estupidez”.

Já o embaixador do Brasil na Malásia, Carlos Martins Ceglia, informou que o jornal de língua inglesa de maior circulação no país, o “The Star”, publicou na edição de domingo de 22 de maio um artigo de opinião que classifica de golpe o impeachment de Dilma e conclamou o apoio da comunidade internacional para o processo democrático no Brasil. O diplomata questiona o Itamaraty se poderia enviar carta ao editor do periódico para “esclarecer os pormenores legais do processo, à luz da Constituição Federal e com a observância dos ritos estabelecidos pelo STF”. A carta, chamada “processo não é golpe”, foi publicada no dia 28 de maio no mesmo jornal.

Em setembro, o embaixador em La Paz, na Bolívia, relatou que o fim do julgamento de Dilma foi tratado como decisão história na imprensa local, que destacou a decisão do presidente Evo Morales de convocar o embaixador boliviano que estava no Brasil. Segundo o comunicado, internamente, “a convocação do embaixador foi amenizada por políticos oficialistas e criticada por oposicionistas”. O cenário, contudo, era promissor a Temer: de olho na renovação do contrato de mais de US$ 1,3 bilhão de venda de gás natural com o Brasil, o governo boliviano não deveria tomar atitudes mais duras.

Categorias: Internacionais

A Agricultura de Benin teve uma boa temporada, mas não foi fácil

IPS português - ter, 30/04/2019 - 10:56

COTONOU, Benin,  30 de Abril de 2019 (IPS) –  Théophile Houssou, um agricultor de milho de Cotonou, passou noites sem dormir, deitado e preocupando-se com os vários desastres que poderiam acontecer com qualquer agricultor, frequentemente pensando: “o que vai acontecer se chover forte e toda minha plantação for levada embora?”, ou “o que aconteceria se minha fazenda fosse invadida por lagartas, que acabassem comendo toda a minha plantação e não me deixassem nada?”.

A colheita de milho em Benin, como também no mínimo em 28 países da África, está sendo ameaçada pela lagarta de outono, uma praga invasiva que ataca 80 espécies diferentes de cultivos. Houssou é grato por não ter acontecido uma infestação. E agradece a “Deus por uma boa temporada, mas não foi fácil”, contou à IPS.

A produção de milho em Benin atingiu um recorde de 1,6 milhões de toneladas durante a temporada 2017-2018, comparada com 1,2 milhão de toneladas de dois anos atrás, de acordo com os dados do Ministério de Agricultura.

No centro da cidade de Cotonou, a capital comercial do país, cinco homens estão ocupados carregando abacaxis em um caminhão de dez toneladas, enquanto cinco veículos mais pesados aguardam para também serem carregados. A produção será levada para vários países da região, incluindo a Nigéria, que recebe 80% de todas as exportações de Benin.

Benin é o quarto maior país da África na exportação de abacaxi, produzindo entre 400 mil e 450 mil toneladas anualmente. As exportações para a União Europeia (UE) aumentaram de 500 toneladas para quatro mil toneladas entre 2000 e 2014, de acordo com dados oficiais.

Mais longe, o famoso mercado Dantokpa está inundado de produtos agrícolas, incluindo tomate, quiabo, soja, feijões, manga, laranja, pimentão verde, limão e todos os tipos de verduras e frutas. A competição é feroz e os preços de venda são muito baixos, mesmo em uma excelente temporada agrícola.

 

Espaço para melhorias

Apesar de o setor agrícola parecer animado, ele ostenta várias falhas. Mesmo sendo, na maioria das vezes, de subsistência, a agricultura contribui com aproximadamente 34% para o Produto Interno Bruto (PIB) das nações da África ocidental. Mais ou menos 80% das 11,2 milhões de pessoas em Benin obtêm sua renda da agricultura, de acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). A FAO acrescenta que os agricultores do país encontram desafios como infraestrutura precária e inundações, que podem destruir cultivos e estoques de sementes.

Nos documentos Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Setor Agrícola (PSDSA) 2025 e Plano Nacional para Investimentos na Agricultura e Segurança Alimentar e Nutrição (PNIASAN) 2017-2021, o governo de Benin admitiu que a renda e a produtividade no setor está baixa, e que a força de trabalho só é recompensada parcialmente, fazendo que os produtos agrícolas sejam menos competitivos.

“A maioria dos agricultores utiliza muito pouco insumos melhorados e envolvem-se em práticas de mineração que acentuam a degradação dos recursos naturais”, aponta o documento.

“Podemos fazer melhor que isso”, opinou à IPS Marthe Dossou, um pequeno agricultor que supervisionava o descarregamento de milhares de caixas de tomates de um caminhão em condições precárias. Esses tomates vão ser exportados para a Nigéria, mas ele sente que, considerando a alta qualidade da colheita, Benin pode produzir mais para exportar. “Isso se pudermos receber ajuda, como mais recursos, incluindo empréstimos, novas técnicas de agricultura e domínio das técnicas de consumo de água”, disse.

Tamo Manuele, representante de Benin no Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA), destacou à IPS que a inovação agrícola “é fundamental para erradicar a pobreza, a fome e a má nutrição, principalmente nas áreas rurais, onde a maioria da população mais pobre do mundo vive”.

“Inovação pode, primeiro de tudo, aumentar a produtividade e a renda de pequenos agricultores e, em segundo lugar, diversificar a renda de agricultores por meio do desenvolvimento da cadeia de valor. E, por último, criar mais e melhores oportunidades de diminuir a pobreza rural”, ressaltou Manuele.

 

O IITA lançou o projeto de biocombustível à base de jatrofa em 2015, em Benin, envolvendo o desenvolvimento de uma cadeia de biocombustíveis para criar pequenos negócios lucrativos e viáveis. Essas mulheres fazem sabão da árvore de jatrofa. Cortesia: International Institute for Tropical Agriculture (IITA)

 

“Agricultores, ou no mínimo atores na cadeia de valor agrícola, precisam de suporte para a conservação e o tratamento das commodities agrícolas. Com a e-agricultura, produtores podem manejar melhor a sua produção e, especialmente, estar informados sobre as oportunidades do mercado. Inovações como o sistema de garantias (um sistema de crédito de estoque no qual os agricultores, em vez de vender seus produtos, usam-nos como garantia para obter crédito do banco) e a venda em grupo podem também resolver esse problema. ONGs e outros especialistas em agricultura têm a força e apoiam de perto os agricultores”, enfatizou Manuele.

Sediado em Ibadan, na Nigéria, o IITA tem estado presente em Benin desde 1985 e apoia a pesquisa nacional em agricultura e a extensão desses serviços. “Pesquisa é uma das principais ligações que levam à inovação. Vários estudos reportam que comunidades localizadas perto de centros de pesquisas são mais informadas, expostas a inovações e mais supervisionadas por cientistas. Portanto, a vontade deles para adotar inovações é extremamente significante. Assim, o IITA Benin está mais presente no campo, com várias inovações que estão sendo testadas e gerenciadas por cientistas”, acrescentou Manuele.

Alguns agricultores dizem que estão conscientes das tecnologias agrárias, mas reclamam sobre a falta de promoção dessas inovações nas áreas em que operam. Koffi Akpovi Justin, um agricultor de temporada, foi introduzido ao método 4R, no qual quatro princípios científicos são usados para garantir que a terra esteja no nível certo de nutrientes para plantar.

“Todos vangloriam-se de que a terra na África é fértil… Eu estava frustrado e quase desisti da agricultura porque acreditava fortemente nos modos naturais de fazer as coisas. Eu só arava a terra, plantava sementes (muitas delas), começava o processo doloroso de molhá-las e, no fim, obtinha poucos resultados. Agora não mais”, comemorou Justin.

Todavia, a África subsaariana é o mercado de fertilizantes mais caros do mundo, onde pequenos agricultores compõem mais ou menos 70% da população. “Se você os usa, deve usar com cuidado, porque, se não praticar o método dos 4R, pode derramar tudo sobre os campos, poluir recursos de água que estão por perto e lençóis freáticos. Eu vivi isso muitos anos atrás, mas agora sou mais esperto”, declarou Justin.

Justin acrescentou que vários agricultores que vivem nas áreas longínquas não conseguem ter acesso a informações sobre inovações agrícolas. “Vários deles, a maioria em lugares muito remotos, sempre dizem: ‘sabemos que essas coisas existem e gostaríamos de usá-las, mas onde podemos encontrá-las?’. Talvez as organizações internacionais, como a ONU e o IITA, possam fazer mais para garantir que mais agricultores possam ter acesso a inovações agrícolas para impulsionar a produção de alimentos e lutar contra a fome”, destacou.

Monique Soton é uma dessas agricultoras. Ela mora no noroeste de Benin, mais ou menos a 500 quilômetros de Cotonou. “Nós estamos em áreas remotas e lá nossas vidas são concentradas em apenas sair para trabalhar na nossa plantação de manhã e voltar à tarde. Não tem rádio, não tem tevê, não tem eletricidade. Nós podemos perder informações importantes sobre os novos métodos de agricultura ou desenvolvimentos que estão acontecendo no setor, como por exemplo se um censo é feito para determinar o número de agricultores que precisam de ajuda financeira. Isso é triste”, observou à IPS essa agricultora de tomate.

Outro obstáculo importante que pequenos agricultores enfrentam em Benin é a falta de mercados. “O único mercado local que eu usava para vender meus produtos é em Dantokpa, em Cotonou. Imagina a distância da nossa área (mais ou menos 500 quilômetros)!”, enfatizou Soton, indicando que não existem estradas ou veículos para levar os produtos até lá. “Várias vezes o veículo precário que usamos para transportar nossos produtos quebra no meio de um terreno sem dono, à noite, e isso é muito assustador”, disse.

 

Inovação agrícola

O IITA tem feito contato com várias comunidades. Em Benin, em 2015, lançou um projeto de produção de biocombustível a partir de jatrofa (arbusto também chamado de pinhão manso, do mesmo gênero da mamona), que incluiu o desenvolvimento de uma cadeia de biocombustíveis para criar pequenos negócios lucrativos e viáveis.

“Especialmente, está consolidando a rentabilidade e a sustentabilidade da cadeia de valor da jatrofa, por meio da abordagem de parceria público-privada que cria trabalho para pessoas jovens, mulheres e homens. O projeto é configurado de acordo com a cadeia de valor, incluindo produção de jatrofa, extração do seu óleo, produção de sabão, moagem de grãos, eletrificação rural e outras”, explicou Manuele.

Desde o começo do projeto, 2.050 produtores, incluindo 538 mulheres, têm sido beneficiados. À parte do projeto jatrofa, o IITA informou que implementou vários outros projetos que contribuem com a segurança alimentar e a nutrição, e também melhoram a renda de vários lares rurais.

 

Solução mágica?

Embora as inovações na agricultura tenham sido bem-sucedidas, Jeroen Huising, um cientista do solo da Nigéria, advertiu que essa não é a “solução mágica” para Benin. “Eu não acredito em soluções mágicas e agricultura (inovação) certamente não é mágica. A questão sobre a pobreza rural tem pouco a ver com a inovação agrícola. Existem fatores econômicos que determinam isto”, pontuou à IPS.

“Além disso, se as inovações podem aumentar a produção de pequenos agricultores, isso não resolveria os problemas deles. A produção tem a ver, principalmente, com o uso de insumos e, mesmo assim, os preços são frequentemente muito baixos para se ter uma vida decente”, enfatizou Huising.

Soton concorda que fatores econômicos têm um enorme papel no sucesso de um pequeno agricultor, explicando que “a falta de apoio financeiro é um problema grave”. Ela ressaltou que bancos não consideram pequenos agricultores para empréstimos, “porque não preenchemos nenhum dos critérios necessários para que nos emprestem dinheiro. Então, a gente usa o dinheiro que ganhamos do tontines (um plano de investimento) e da venda de algumas das nossas propriedades. Nós temos a terra, mas falta tudo, desde sementes até fertilizantes, e o dinheiro que é preciso para contratar trabalhadores”.

The post A Agricultura de Benin teve uma boa temporada, mas não foi fácil appeared first on IPS em português.

Categorias: Internacionais

Deus vult: uma velha expressão na boca da extrema direita

Pública - ter, 30/04/2019 - 10:37

“Deus vult”, expressão do latim que em português significa “Deus quer”, vem estampando camisetas, textos, tatuagens e tweets da extrema direita mundial desde que Donald Trump resolveu se lançar candidato à presidência dos EUA, em 2016.

O termo, que data do início do milênio passado (1095), faz referência ao grito do povo em resposta ao papa Urbano II, quando do anúncio da Primeira Cruzada pelo pontífice, explica Paulo Pachá, professor de história medieval da Universidade Federal Fluminense (UFF) nesta entrevista à Pública.

Pachá, autor do artigo “Por que a extrema direita brasileira ama a Idade Média europeia”, avalia que esse discurso medieval envolve uma série de preconceitos como racismo, homofobia, islamofobia e machismo. “Essa Idade Média aparece como um passado idealizado por esses grupos, onde você teria uma sociedade que é majoritariamente, se não exclusivamente, branca, cristã e patriarcal.”

No Brasil, essa referência cruzadista tem sido utilizada por bolsonaristas na esteira da direita alternativa norte-americana, também conhecida como alt-right. “Está decretada a nova cruzada. Deus vult!”, comemorou no Twitter o analista político Filipe Garcia Martins quando da vitória de Bolsonaro. Aluno de Olavo de Carvalho e atual assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Martins escreveu durante a posse: “A nova era chegou. É tudo nosso! Deus vult!”.

Além dele, outros apoiadores bolsonaristas têm feito uso da expressão. “Precisamos de um São Bernardo de Claraval [abade encarregado pelo papa de pregar a Segunda Cruzada] para animar novas Cruzadas. CHEGA”, escreveu o tuiteiro e youtuber Bernardo P. Küster, após ataques de terroristas muçulmanos contra cristãos no Sri Lanka em 21 de abril deste ano.

A produtora Brasil Paralelo, por exemplo, autora do documentário que relativiza o golpe militar, “1964 – O Brasil entre armas e livros”, produziu recentemente uma série documental chamada “Brasil – A última Cruzada”, na qual apresenta uma interpretação de personalidades e pesquisadores de direita sobre a história brasileira. Também o portal Senso Incomum publicou no início de abril o podcast “Deus vult – As Cruzadas salvaram o mundo”, narrado pelo influenciador digital Flávio Morgenstern.

Apesar de estudar um período longínquo, Pachá acredita que “o discurso sobre o passado não é inócuo, ele tem consequências no nosso presente” e explica a seguir esse fenômeno que avalia não como revisão, mas sim negação da história e da ciência.

Arquivo pessoalPaulo Pachá é professor de história medieval da Universidade Federal Fluminense

Vemos recorrentemente no discurso da extrema direita referências às Cruzadas e a uma “nova Cruzada” que estaria ocorrendo hoje. O que eles querem dizer com isso?

A primeira coisa é entender qual é o papel da Cruzada ou dessa nova Cruzada no pensamento da extrema direita, que é semelhante no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e na Nova Zelândia. Isso vem aparecendo de maneira congruente, o que é um pouco assustador.

Essas ideias de Cruzada e de Idade Média têm a ver com uma visão bastante idealizada e bastante parcial do que foi o período. O que atrai esses grupos é pensar que foi um tempo patriarcal, branco e cristão. Essa Idade Média nunca existiu, mas tem esse papel no pensamento desses grupos.

As Cruzadas são especialmente exaltadas porque são um momento no qual esses três elementos [patriarcal, cristã e branca] estão muito bem representados. Nessa visão das Cruzadas, você teria um movimento bélico liderado por um grupo visto como majoritariamente masculino; um elemento que envolve a questão religiosa – as Cruzadas como primordialmente um conflito religioso entre cristianismo e islamismo – e, além disso, a ideia de uma disputa plurissecular entre Ocidente e Oriente.

Recuperar as Cruzadas é desenvolver [uma narrativa sobre] como esses três elementos desempenharam papel fundamental durante a Idade Média. Você teria uma defesa da religião cristã contra o islamismo, um movimento militar – e, aí, todas as características de masculinidade, de virilidade, de força – e essa questão Oriente versus Ocidente, que leva à construção de uma ideia de civilização ocidental.

O que de fato são as Cruzadas?

As Cruzadas são um processo histórico extremamente complexo. A princípio, quando se fala em Cruzadas, se fala do movimento que envolve a retomada de antigos territórios do Império Bizantino, mas há uns 20, 30 anos outros movimentos de expansão cristã também vêm sendo enquadrados por historiadores como parte disso, como, por exemplo, a chamada Reconquista, na península Ibérica.

Então a Cruzada foi parte do processo de expansão da cristandade. Isso é diferente da ideia de um movimento de expansão do cristianismo. Essas coisas não estão diretamente vinculadas. A gente pensa na sociedade da cristandade como um todo maior, onde um elemento muito importante é o cristianismo, mas não necessariamente ele é o elemento central, que possa ser isolado dos demais.

A gente costuma ver isso sobre a Primeira Cruzada, que é mais requisitada por esses grupos e talvez a mais famosa de todas. E como esses grupos apresentam a Primeira Cruzada? Como um movimento pregado pelo papa Urbano II e promovido pelos grandes aristocratas [senhores] “europeus” – entre aspas – para defender o Império Bizantino contra o avanço muçulmano e “reconquistar” Jerusalém.

O problema é que essa é uma forma extremamente simplificada e bastante danosa de observar qualquer processo histórico, mas mais especificamente esse. O que esse tipo de visão ignora? Não existe consenso historiográfico sobre um movimento de expansão muçulmana intenso e centralmente dirigido. Existe, sim, uma longa guerra entre bizantinos e muçulmanos que dura várias décadas, nas quais houve momentos de expansão bizantina e momentos de expansão muçulmana.

A perspectiva bizantina também fica completamente ausente da narrativa da extrema direita. Você tem uma disputa claríssima, durante as Cruzadas, entre cristãos católicos [da Igreja Católica Apostólica Romana] e bizantinos [da Igreja Ortodoxa Grega], inclusive com conflitos militares em determinados momentos.

Outra coisa que fica perdida [nessa narrativa da extrema direita] é a questão do antissemitismo. A gente vai ter, nesse momento da Primeira Cruzada, massacres de comunidades judaicas pela Europa. Você tem um momento de efervescência religiosa cristã na qual uma das manifestações é a Cruzada e uma outra manifestação, o antissemitismo.

Por que você diz “europeus”, entre aspas?

Porque ainda não existia Europa nesse período. Falar em povo europeu durante a Primeira Cruzada não faz nenhum sentido, pois as pessoas não se reconheciam como europeus. E quando a extrema direita fala em povo “europeu” ela coloca [dentro disso] o povo bizantino, que tampouco se reconhecia como parte do mesmo grupo. O que se pode falar é de cristandade, um grande grupo que professava a religião cristã, mas mesmo dentro disso a gente vai ter divisões. Essa suposta unidade absoluta do cristianismo na Idade Média é falsa. E ainda dentro desse território a gente vai ter inúmeras outras religiões, além do cristianismo.

Você diz que na Europa a ideia de identidade única europeia nunca existiu, mas ao menos há uma proximidade geográfica e histórica. No Brasil, faz algum sentido essa percepção de que o Brasil também é fundado por essa sociedade que era branca, cristã e patriarcal?

Eu diria que não. A ideia de civilização ocidental é uma construção conceitual, que tem de fato uma origem na Europa e olha para esse passado “europeu” e constrói essa ideia de uma sociedade idealizada. Isso nunca existiu na Europa, e a civilização ocidental é ela mesma uma construção. Se faz sentido esses grupos da extrema direita brasileira requisitarem o seu lugar nessa civilização ocidental, recorrendo a um suposto direito de origem, via o nosso vínculo com Portugal? Eu diria que não, isso não faz sentido nenhum do ponto de vista histórico.

A partir de quando esse discurso passou a ser usado pela extrema direita?

É uma questão difícil de ser respondida. Esse fenômeno da extrema direita não está ainda bem estudado. No Brasil, talvez nos últimos dez anos, temos uma junção de certos grupos que até então estavam bastante separados. Por exemplo, quem é que recorre a essa narrativa idealizada sobre a Idade Média? Grupos cristãos conservadores. Então a Idade Média vai ser uma referência para esses grupos. Monarquistas vão tomar esse período como uma referência positiva também. Conservadores, de uma maneira geral.

A gente começa a ver hoje grupos se opondo ao Iluminismo, por mais absurdo que isso pareça, e nesse movimento de oposição volta a visão idealizada da Idade Média.

Mas quando isso começa a acontecer é difícil saber, já que a Idade Média sempre foi alvo de disputa entre agentes diversos. A própria criação de uma ideia de Idade Média está envolvida numa relação entre determinado presente e seu passado imediato. O termo “Idade Média”, que por si só já é pejorativo, nasce de uma necessidade de negativar o passado medieval para positivar um presente que se apresentava como renascimento. E aí, ao longo dos séculos XVIII e XIX, a gente vai ter um resgate, uma nova positivação da Idade Média com o romantismo, por exemplo. Então a Idade Média está sempre sujeita a ser apropriada e reapropriada de acordo com as demandas do presente.

Como esse discurso de idealização da Idade Média é adaptado à realidade do Brasil?

Isso é interessante, porque a princípio parece um contrassenso que a Idade Média desempenhe um papel tão central no debate político do Brasil. Mas isso começa a ficar mais claro, mais razoável, quando a gente pensa em como a identidade brasileira se construiu e vem sendo desenvolvida por grupos conservadores. A ideia, aqui, é pensar que o Brasil é essencialmente europeu; que, por ter sido colonizado por Portugal, de alguma maneira essa identidade europeia chega até o Brasil e se desenvolve aqui também.

O curioso é que justamente não tem nenhuma grande diferença na forma como isso é colocado na Europa, nos EUA e no Brasil, porque a ideia é de que o Brasil, ou pelo menos uma parte dele, é “branca”. Essa parte seria europeia, então ela também tem esse vínculo com a Europa medieval via Portugal. Essa ideia aparece de maneira escandalosamente clara em um texto do atual chanceler Ernesto Araújo, no qual ele fala com todas as letras que o Brasil é uma realização de Portugal e, portanto, a gente não poderia esquecer nosso berço. Eu não estou citando exatamente o que ele falou, mas o sentido é esse.

Você chega a citar no seu artigo a série de vídeos do Brasil Paralelo “Brasil – A última Cruzada”. Seria um pouco nessa lógica de que o Brasil foi a última Cruzada, a conquista final de certa forma?

Aquele vídeo do Brasil Paralelo é supostamente um documentário sobre a história do Brasil. No entanto, o primeiro episódio é uma história da Europa, principalmente uma história da Europa medieval. O principal ali, a ideia-chave, é a questão da civilização ocidental. A Grécia clássica é mencionada, a Roma antiga é mencionada. Daí a gente fecha na questão da Europa, em que tem uma parte sobre expansão islâmica, para fechar então na península Ibérica e depois progressivamente em Portugal, que é a assim chamada Reconquista. Então a ideia é – e eles estão embarcando nisso – que a chamada Reconquista na península Ibérica seria uma Cruzada. Então, essas questões sobre as Cruzadas no Mediterrâneo oriental teriam acontecido também na península Ibérica, e Portugal seria parte disso.

Uma vez posta em movimento essa expansão, que no documentário é vista primordialmente como uma expansão da fé cristã, os movimentos de expansão marítima e conquista colonial seriam parte dessa mesma lógica. A colonização do Brasil não aparece lá como um processo histórico extremamente complexo que envolve diversos elementos. Aparece primordialmente como um processo de expansão da fé cristã. E essa expansão também daria as bases para essa percepção de identidade europeia.

Quando a extrema direita recupera referências da Cruzada, como a expressão “Deus vult”, é sempre numa perspectiva de guerra. No episódio das Cruzadas, a guerra seria contra o islamismo. Mas, no Brasil, qual seria a ameaça contra a qual eles estão lutando quando usam essas referências?

Isso aí talvez seja a questão mais interessante, porque não faz sentido a gente pensar em islamofobia no Brasil. Se a islamofobia em outros lugares do mundo está associada a um contato muito intenso com populações que professam o islamismo, isso – infelizmente inclusive – não é uma realidade no Brasil. Não há esse fluxo migratório tão grande de uma população que professe o islamismo. Isso sempre me pareceu uma questão bastante curiosa. Contra quem? Quem é esse inimigo construído? Se essa narrativa sobre a Cruzada parte de uma suposta oposição entre Oriente e Ocidente, entre cristianismo e islamismo, como isso pode ser trazido para o Brasil e frutificar?

Uma hipótese que me parece correta é que essa questão no Brasil tem mais a ver com a esquerda. Por motivos variados, a gente tem, ao longo da segunda metade do século XX, a construção de certo modelo de solidariedade entre a esquerda brasileira e a Palestina. Isso em algum momento ganhou certa solidez e passa a ser visto como uma coisa mais ou menos automática. Um caminho para explicar essa ideia é pensar que falar contra o Islã, no Brasil, seria de certa forma falar contra a esquerda. Tem muitos elementos que vão entrar no meio desse bolo, e é difícil pensar como eles se encaixam, mas claramente existe uma relação. O maior é essa aproximação recente da extrema direita com Israel, que vai colocar a gente justamente nesse contexto do massacre perpetrado pelo Estado de Israel em cima da Palestina.

Se no Brasil a questão do Islã é menos presente, na Europa isso é bem presente com as imigrações. Eles enxergam que há uma nova expansão do Islã e o cristianismo precisa rebater isso de alguma forma?

Essa questão é bastante presente na retórica da direita europeia e, de maneira um pouco diferente, na retórica da direita norte-americana também. E é o tipo de ideologia que, por exemplo, fundamentava o atirador deste último massacre na Nova Zelândia. A ideia, por mais absurda que seja, é de uma substituição populacional, onde essa população “efetivamente” europeia estaria sob ameaça, agora não mais através de uma expansão militar, mas da imigração.

No Brasil, isso não faz sentido. O Brasil recebe um número ínfimo, ridículo, de imigrantes. Mas a gente teve um momento de emergência, com mais ênfase, dessa questão antimigratória com a crise da Venezuela. A gente assistiu a vários episódios de ataques contra imigrantes, e por aí vai. Há um tempo teve uma pesquisa que mostrou que o brasileiro tem uma percepção de que o Brasil recebe muito mais imigrantes do que efetivamente recebe, e isso também existe na Europa.

Então eu não acho que essa retórica anti-imigração seja diretamente aplicável ao Brasil, o que não quer dizer que a gente não tenha nenhum evento disso acontecendo, ainda que pequeno.

É que determinadas questões que são centrais para Europa a extrema direita brasileira tenta de alguma maneira trazer pro Brasil. Mas isso importa pouco, porque a retórica pode ser a mesma.

Eu analisei que vários memes brasileiros têm uma retórica islamofóbica e anti-imigração, que não faz sentido no ponto de vista brasileiro, mas não importa, porque tem certa unidade político-ideológica entre esses grupos de maneira global. Talvez isso seja o mais assustador desse desenvolvimento.

Além dessa islamofobia e xenofobia, esse discurso esbarra em algum outro preconceito quando ele combate a esquerda?

Com certeza. Acho que essa visão sobre as Cruzadas dá um tom de se associar a uma ideia de cristianismo, não mais a um cristianismo medieval, mas a um cristianismo brasileiro, onde você vai ter católicos conservadores e evangélicos no mesmo barco. E aí a pauta moral, dos costumes, tem muita força dentro disso.

Há essa representação da questão da masculinidade, das Cruzadas sendo vistas como um evento essencialmente militar, que envolve toda uma ideia de virilidade. Então, uma coisa que vai ser expressa por esses grupos é a homofobia. De maneira clara, explícita. Eu comecei há mais ou menos um ano uma pesquisa sobre como comunidades brasileiras no Facebook produzem memes sobre a Idade Média. Nos EUA é mais comum, há uma maior quantidade, mas isso existe no Brasil também. E todas as questões que a gente vem desenvolvendo aparecem aí. A centralidade dessa ideia de Cruzada e a homofobia explícita. Há uma ideia de que na Idade Média existiam, entre muitas aspas, “homens de verdade”, e agora não mais. A ideia de que a nossa sociedade estaria fragilizada para combater qualquer tipo de ameaça bélica é um elemento central desses memes.

A outra questão que também vai ser um alvo claro para esses grupos é o feminismo. Esses grupos vão numa versão parcial e absurda da Idade Média e procuram um passado idealizado. Para eles, na Idade Média os homens eram viris, eram efetivamente masculinos, poderosos, podiam defender a sociedade. E as mulheres eram, entre muitas aspas, “mulheres de verdade”, mulheres que eram submissas aos homens, que estavam preocupadas em cuidar da família. Isso reaparece nesses memes.

E um outro elemento, talvez mais importante fora do Brasil, mas que aqui vem crescendo de maneira clara, é a questão do racismo. A visão da Idade Média – que não só esses grupos, mas que de maneira geral o senso comum tem – é a visão de um mundo de pessoas brancas. Todas essas formas de opressão contra minorias vão voltar à Idade Média para encontrar lá um passado que nunca existiu, uma sociedade que nunca existiu, e usar isso como forma de legitimar determinados pensamentos no presente e projetar uma ideia de sociedade no futuro.

A gente vê muito nas redes sociais, mas isso chega à vida real? Que perigos esse discurso carrega?

Acho que é extremamente perigoso. Acho que hoje em dia a gente não pode mais ter a visão de que um discurso que aparece na internet e nas redes sociais está necessariamente restrito à internet e às redes sociais. A gente já teve vários exemplos de como as redes sociais, ainda que estejam restritas a uma parte menor da população, têm um discurso poderoso. E tem um discurso que, existindo nas redes sociais, aparece em outros âmbitos da sociedade. Se está nas redes sociais, pode aparecer na televisão, nas escolas e em comunidades variadas, nas igrejas etc. Acho que o fato de um discurso estar, inicialmente, na internet não deveria ser um conforto.

Já que você falou de escolas, no discurso dessa extrema direita há também um ataque à maneira como a história nos é ensinada nas escolas, no ensino básico. Na sua opinião, a história medieval ensinada no currículo básico é a ideal?

Pergunta bem interessante. A pesquisa sobre história medieval no Brasil é bastante recente. E mesmo a historiografia sobre a Idade Média foi até muito recentemente – não só no Brasil, mas no mundo como um todo – mais conservadora. Isso vem mudando lentamente, ainda que hoje em dia já tenha uma historiografia muito grande. Já temos muita gente trabalhando com isso no mundo todo e então vemos outras posições aparecendo.

Mas isso significa que, nas escolas de ensino básico no Brasil, a Idade Média ainda é ensinada de maneira bem tradicional. Então essas questões que a gente abordou, por exemplo a ideia de que a Idade Média não era majoritariamente branca, não é nem considerada nos livros didáticos. Ainda que isso não precise ser falado, nenhum professor vai dizer que a Idade Média era majoritariamente branca; é uma questão que está pressuposta, as pessoas já carregam essa ideia, e ela não é nem discutida.

A visão de uma proeminência do cristianismo também é quase que automática. A questão da sociedade patriarcal, que tem a ver com um papel muito reduzido das mulheres na vida social como um todo, isso tudo já está pressuposto, porque a Idade Média é vista de maneira muito tradicional. E tradicional não no sentido de conservador [no espectro político], mas no sentido de como era feito antigamente, há 50 anos ou há 100 anos. Os avanços historiográficos que aconteceram nos últimos 50 anos chegaram pouco no ensino básico.

Quando a gente tem essa história de rever o nazismo, ou de rever o golpe militar, não está falando como uma disputa na esfera pública. As pessoas tiveram aulas sobre esses temas e tiveram contato com versões historiográficas mais recentes. E aí esse discurso: ‘Ah, o seu professor de história não contou tudo, só uma parte’. Isso não acontece com a Idade Média, porque o contato que a maior parte das pessoas tem com essa temática no ensino médio é dado de maneira tradicional. Isso cria um solo fértil onde essa narrativa da extrema direita, que também é tradicional e ultrapassada, pode frutificar.

Então a idealização da Idade Média seria um discurso mais forte que o revisionismo do golpe militar e de o nazismo ser de esquerda?

Me parece que até agora sim. Essa questão do golpe é sempre uma questão central nas aulas de história do ensino básico. Existe um debate sobre esse tema na sala de aula, e o professor pode apresentar esse debate, e os alunos sabem que isso existe e conseguem entender por que é golpe e não revolução. Com Idade Média não, justamente porque é apresentada de maneira muito tradicional.

Acho que isso vem mudando e provavelmente vai mudar bastante nos próximos anos, porque nas universidades brasileiras, nos cursos de licenciatura em história, existe cada vez mais uma percepção sobre a história medieval de que esse passado tem um uso político no nosso presente e que a gente precisa estar atento a isso e abordar essa questão. A partir do momento em que isso começa a ser pensado na universidade, chega no ensino básico. Mas isso leva algum tempo. O ideal é que isso seja pensado também no ensino básico, em paralelo à universidade.

O que todos esses revisionismos históricos da ditadura militar, golpe de 64 e Idade Média têm em comum?

Uma coisa que eu acho importante pontuar é que, apesar de ser o termo mais utilizado, o mais adequado não é “revisionismo”, mas negacionismo. Porque a história, a historiografia, é essencialmente revisionista. A gente está o tempo todo revisando e reinterpretando as nossas ideias sobre o passado. A questão desses movimentos todos em relação à Idade Média, ao nazismo e ao golpe de 64 não é exatamente uma revisão, mas é negar o conhecimento histórico que existe atualmente sobre esses processos históricos.

Em relação à Idade Média, diferentemente dos outros, não é revisionismo, porque não está se propondo nada novo, mas uma interpretação que está completamente ultrapassada. A ideia, aqui, não é que a gente tem uma ideia de Idade Média diversa e complexa e está se propondo algo completamente diferente disso. O que está se propondo é voltar ao entendimento que foi abandonado com o desenvolvimento da pesquisa histórica sobre o período. E aí o que talvez seja mais interessante: essas pessoas negam todos os especialistas que estão habilitados para falar sobre isso. Por isso negacionismo.

Não é só uma negação de determinadas visões ou determinadas interpretações sobre processos e movimentos históricos. É uma negação da ciência histórica como um todo. Se formos olhar, vamos encontrar movimentos como o da terra plana ou antivacinas, e me parece que tudo isso está bastante conectado.

Tem mais algum ponto que você gostaria de abordar?

O discurso sobre o passado não é inócuo, ele tem consequências no nosso presente. O que estamos vendo nos últimos anos é como essas visões falsas e parciais sobre a Idade Média vêm sendo requisitadas para justificar atos de terror, massacres e todo tipo de opressão contra minorias. Se um discurso como esse frutificar, as consequências são essas. Existe certa responsabilidade social que envolve historiadores, mas também outros grupos, outros profissionais na sociedade, em relação a esse tipo de negacionismo sobre o passado.

Categorias: Internacionais

Encontramos mais cinco ex-assessoras de Bolsonaro que nem pisaram no Congresso

Pública - seg, 29/04/2019 - 12:00

Durante seu último mandato como deputado federal, Jair Bolsonaro empregou pelo menos cinco assessoras que não colocaram os pés nas dependências da Câmara, segundo documentos obtidos pela Pública. As secretárias – todas mulheres, empregadas de longa data do presidente – não pediram a emissão de crachás de funcionárias nem se registraram como visitantes em nenhum momento desde 2015. Em outubro de 2016, seus salários variaram de R$ 1.023 a R$ 4.188.

No ano de 2016, o gabinete de Jair Bolsonaro empregou 22 assessores, segundo registros da Casa. De acordo com os documentos obtidos via Lei de Acesso à Informação, pelo menos cinco ex-secretárias não tinham credencial de funcionária da Câmara dos Deputados, três a possuíam e em dois casos não houve resposta. Entre 2015 e 2019, período da última legislatura, o Sistema de Identificação de Visitantes da Câmara tampouco registra alguma entrada das cinco ex-funcionárias.

As ex-assessoras sem crachá nem registro de visitantes são Bárbara de Oliveira Ferraz, de 34 anos, Denise Marques Felix, de 61 anos, Patrícia Cristina Faustino de Paula, de 31 anos, Dulcineia Pimenta Peixoto, de 59 anos e Mirian Melo Lessa Glycério de Castro, de 43 anos.

As três primeiras trabalharam com Bolsonaro na Câmara dos Deputados por mais de uma década. Já Dulcineia e Mirian foram empregadas dele durante sete anos. Todas foram exoneradas entre 2016 e 2018.

Os assessores parlamentares podem trabalhar em Brasília ou nos estados de origem dos parlamentares, contanto que cumpram sua carga horária. O controle é feito pelos próprios deputados.

O expediente não é ilegal, mas a ausência completa de passagens pela Câmara e o histórico de casos semelhantes na família Bolsonaro levantam suspeitas. De acordo com apuração da Pública em distintos gabinetes em Brasília, é usual que mesmo os funcionários que trabalham no estado de origem passem pela Câmara em alguma ocasião, ainda que rara, como uma votação importante ou na cerimônia de posse. Os crachás devem ser renovados a cada nova legislatura e a Casa afirma não guardar registros sobre mandatos passados.

Alan Santos/Presidência da RepúblicaEm 2019, Jair Bolsonaro posou para foto com o crachá de presidente. Já algumas de suas ex-assessoras não poderiam fazer o mesmo, pois não emitiram a identificação funcional enquanto trabalhavam na Câmara dos Deputados Ex-funcionária é sócia de empresa de segurança privada e prima de assessor do presidente

A Pública tentou ouvir todas as cinco ex-funcionárias. Poucos minutos depois de ter buscado Mirian Melo Lessa via telefone, Waldir Ferraz fez contato. Ele é assessor de imprensa de Jair Bolsonaro desde os anos 1980 e um dos homens de confiança do presidente.

Mirian foi nomeada por Bolsonaro em 2010 e exonerada em 2016. Ela é sócia na empresa Segmir – Consultoria e Gestão em Segurança Privada, registrada em 2008. A empresa tem como endereço um imóvel em Freguesia na região de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O outro sócio da Segmir é o marido de Mirian, o coronel do Exército José Augusto Glycério de Castro, que foi exonerado do Comando Militar do Leste em 2016 e, no mesmo ano, prestou serviços de coordenador-geral da Assessoria Especial do Exército para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.

Durante a ligação, o assessor Ferraz se identificou como primo de Mirian Melo e disse que responderia às perguntas em seu nome. Antes delas, porém, afirmou já saber a razão do contato. “É para derrubar o presidente”, afirmou, desferindo em sequência críticas à imprensa sobre casos envolvendo o presidente. “Estão inventando um monte de histórias”, disse. Sobre as atribuições de Mirian, Ferraz disse que ela trabalhava atendendo às demandas de eleitores bolsonaristas no Rio de Janeiro, o que é permitido pela lei. Segundo ele, essas demandas envolvem assuntos militares.

Ferraz também é pai da ex-assessora Barbara de Oliveira Ferraz, que também não colocou os pés na Câmara durante o último mandato de Jair Bolsonaro. Ela foi nomeada em 2005 e exonerada em 2016.

“Todos os funcionários do gabinete trabalharam com assuntos militares, fatalmente. Era filho, um irmão, um parente que seja, de pensionista ou de um militar da reserva. Essa pessoa que sabe o problema que ela tem, de militar, para resolver”, disse.

Quanto ao fato de assessores atuarem fora de Brasília, disse: “A imprensa tem que entender que o cargo de comissão… Eu posso trabalhar dormindo, não preciso estar no local de trabalho. O funcionário, que é lotado em qualquer gabinete, pode trabalhar onde quiser”.

Inicialmente, Ferraz afirmou que, “claro”, Mirian ia a Brasília e à Câmara. “Todos vão à Câmara dos Deputados. São funcionários.”

Quando apresentado ao fato de a ex-assessora não ter crachá nem registro de visitantes, o assessor de Jair Bolsonaro respondeu: “Se não tem, problema deles que não tenha”. E completou depois: “Eu entro lá sem precisar de nada. Sempre entrei. Por quê? Eu conheço todo mundo”.

A Câmara dos Deputados nega que seja possível entrar na Casa sem identificação.

“Para acessar as dependências da Câmara dos Deputados é obrigatório portar crachá funcional, bottom parlamentar (parlamentares e ex-parlamentares) ou adesivo de visitante, que é obtido após apresentação de documento de identidade e registro de entrada nas portarias”, informou o órgão.

Questionado sobre o protocolo, Ferraz rebateu: “Problema da Câmara. Cada um diz o que quer”.

Ao abordar novamente a suposta presença de Mirian na Casa, o assessor mudou a versão inicial: “Não sei. Poderia frequentar. Como eu vou saber?”.

“Nada a declarar”

Em 2016, o maior salário entre as cinco ex-funcionárias identificadas pela Pública foi de Patrícia Cristina. Eram R$ 4.188 de remuneração bruta. Hoje, ela é assessora de Carlos Bolsonaro na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro.

A reportagem ligou para o gabinete de Carlos Bolsonaro e falou com uma funcionária que se identificou como Patrícia Cristina. Ela confirmou ter assessorado Jair, mas se recusou a prosseguir a conversa.

“Nada a declarar. Passar bem”, disse antes de desligar o telefone.

A ex-assessora Dulcineia Pimenta também se recusou a falar com a reportagem depois de contatada. De acordo com a apuração da Pública, ela é casada com o subtenente reformado do Exército José de Campos Peixoto. Em outubro de 2016, um mês antes de deixar o cargo, ela recebeu R$ 1.023 pelo cargo de secretária parlamentar de Jair Bolsonaro.

A Pública não conseguiu entrar em contato com as ex-assessoras Denise Marques, Bárbara Ferraz e Mirian Melo.

Denise mantém um perfil público em uma rede social onde exibe fotos ao lado do presidente Jair Bolsonaro, além de seus filhos Carlos e Flávio e a esposa, Michelle. No período em que ela foi funcionária da Câmara, o cotidiano registrado alterna fotos no Leblon, um dos bairros mais caros do Rio de Janeiro, convescotes com amigos e imagens de viagens, cliques nas praias cariocas e no Forte de Copacabana.

A reportagem solicitou o atestado de frequência de todas as cinco assessoras mencionadas, bem como informações sobre o crachá das ex-funcionárias Luciana Alves Miranda Barbosa e Marília de Oliveira Francisco. Após pedido de prorrogação, cujo prazo expirou em 25 de abril, a Câmara segue sem responder a essas solicitações.

Em janeiro de 2019, com base na Lei de Acesso à Informação (LAI), a Pública obteve uma lista de ex-assessores da família Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Em março, mostrou que dois deles foram responsáveis por doações para campanhas da família que somaram mais de R$ 100 mil em valores atualizados.

Assessoras com crachá

Entre os nomes consultados, as ex-assessoras Solange Florencio de Faria, Miqueline de Sousa Matheus e Patrícia Broetto Arantes emitiram crachá para a última legislatura.

Hoje assessora especial da Presidência, Patrícia é parente de Telmo Broetto, ex-agente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que também atuou como assessor do presidente, segundo apurou a reportagem. Em março, a Pública revelou que Telmo foi um dos principais doadores das campanhas de Jair Bolsonaro à Câmara. Em 2014, ele repassou R$ 11 mil à candidatura de Eduardo Bolsonaro, enquanto recebia R$ 10 mil de salário mensal como assessor de seu pai.

Suspeitas de fantasmas assombram família Bolsonaro

O caso das cinco funcionárias identificadas pela Pública se soma a outros já noticiados pela imprensa, que envolvem suspeitas de contratação de “funcionárias fantasmas” com recursos públicos por diferentes integrantes da família Bolsonaro. São elas: Walderice Santos, Nathalia Queiroz, Danielle Mendonça, Raimunda Magalhães e Nadir Barbosa. Muitas têm ligações diretas com militares ou policiais. Além destas funcionárias, suspeitas semelhantes foram denunciadas envolvendo os assessores Tercio Arnaud Tomaz e Wellington Romano da Silva, além de membros da própria família Bolsonaro, como Renato Antônio e Flávio, respectivamente irmão e filho do presidente.

Em janeiro de 2018, a Folha de S.Paulo publicou reportagem sobre a assessora Walderice Santos de Conceição, a Wal, que vendia açaí em Angra dos Reis (RJ) durante horário do expediente em Brasília.

Outro caso semelhante envolve Nathalia Queiroz, que trabalhou para Flávio Bolsonaro na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) desde os 18 anos, começando em 2007 e saindo em 2011. Depois, assumiu um cargo no gabinete de Jair na Câmara dos Deputados, de 2011 a 2018.

Enquanto ocupava o cargo em Brasília, Nathalia atuava como personal trainer no Rio de Janeiro. Em março de 2019, o The Intercept Brasil revelou que ela também não tinha crachá nem registro de visitantes ou vaga no estacionamento da Câmara.

Nathalia é filha do policial militar Fabrício Queiroz, amigo do presidente desde os anos 1980. Segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Queiroz fez diversas movimentações financeiras “incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica ou ocupação profissional” enquanto era assessor de Flávio Bolsonaro na Alerj. Entre janeiro de 2016 e 2017, R$ 1,2 milhão passaram por sua conta.

Queiroz assumiu que recebia salários dos demais funcionários e repassava a terceiros. Uma das beneficiadas pelos repasses de Queiroz foi Michelle Bolsonaro, esposa do presidente.

Reprodução InstagramFabrício Queiroz é pai de Nathalia Queiroz, outra ex-assessora de Jair Bolsonaro que não tinham crachá, nem visitou a Câmara

A Veja também revelou casos de assessoras da família Bolsonaro que também não tinham crachá. De acordo com a revista, Danielle Mendonça da Nóbrega nunca retirou a identificação obrigatória para os funcionários que frequentam a Alerj, durante os oito anos em que trabalhou para Flávio Bolsonaro. Ela é esposa de Adriano Magalhães da Nóbrega, um dos chefes da milícia de Rio das Pedras, atualmente foragido da polícia.

Raimunda Magalhães, mãe do miliciano foragido, também trabalhou para Flávio Bolsonaro. Ela foi nomeada em 2015, mas só pediu a emissão de um crachá dois anos depois.

Mais recentemente, em abril, reportagem da Folha revelou que o vereador Carlos Bolsonaro empregou Nadir Barbosa Goes, 70 anos. Mas ela nega ter trabalhado para o filho do presidente.

Nadir é irmã de Edir Barbosa Goes, militar e funcionário na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Sua esposa – Neula de Carvalho Goes – também foi empregada de Carlos Bolsonaro.

Há também homens na lista de possíveis “funcionários fantasmas”. Em agosto de 2018, O Globo revelou que Tercio Arnaud Tomaz, assessor de Carlos Bolsonaro na Câmara dos Vereadores, não trabalhava no legislativo carioca, mas sim para a campanha política de seu pai. Agora, ele é assessor especial da Presidência da República. Ainda no ano passado, foi revelado também que Wellington Romano da Silva passou quase 250 dias em Portugal, enquanto recebia recursos públicos para trabalhar como assessor de Flávio Bolsonaro na ALERJ.

E a prática envolve os próprios membros da família Bolsonaro. Irmão do presidente, Renato Antonio Bolsonaro foi exonerado da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) após o SBT revelar que, mesmo recebendo R$ 17 mil de salário, ele não aparecia para trabalhar no gabinete do deputado estadual André do Prado (PR). Após a publicação desta reportagem, a assessoria de imprensa do deputado enviou um nota à Pública afirmando que Renato “cumpria jornada de trabalho conforme disciplina a Resolução 806, de 2000 bem como sua atribuição estava em consonância com a Resolução nº 911 de 31 de agosto de 2016”  e que, após a reportagem do SBT, “o Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou um procedimento para apurar os fatos. Após ouvir as manifestações apresentadas, receber e analisar a documentação exigida à Assembleia Legislativa, o MP pediu o arquivamento do pedido”. Leia aqui a íntegra da nota do deputado.

Em janeiro deste ano, a BBC também mostrou que Flávio Bolsonaro fazia faculdade e estágio no Rio de Janeiro entre 2000 e 2002. No mesmo período, recebia salário para trabalhar como assistente técnico na Câmara dos Deputados, em Brasília, pelo PRB, partido ao qual seu pai estava filiado à época.

Categorias: Internacionais