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Las ciudades, el campo de batalla donde se ganará o perderá la contienda climática

IPS español - sex, 11/10/2019 - 16:06

Vista de la ciudad de Lima, la capital de Perú. Crédito: Banco Mundial

Por Estrella Gutiérrez
COPENHAGUE, Oct 11 2019 (IPS)

“Las ciudades son el lugar donde en gran parte se ganará o se perderá la batalla climática”, afirmó en Copenhague el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, este viernes 11, en la Cumbre Mundial de Alcaldes, conocida como C40, una red de urbes comprometidas en la lucha contra el cambio climático.

El máximo funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó a los corregidores la carga que pesa sobre sus hombros debido a la “enorme huella climática” que emiten las ciudades, su alto consumo de energía -más de dos tercios a nivel mundial- y su responsabilidad en más de 70% de las emisiones mundiales de CO2.

“Las decisiones que se tomen sobre infraestructura urbana en las próximas décadas -construcción, vivienda, eficiencia energética, generación de energía y transporte- tendrán una enorme influencia en la curva de emisiones. Por lo tanto, estoy encantado de dirigirme a un grupo comprometido con la transformación que necesitamos en nuestro mundo”, aplaudió.

Pese a mostrarse esperanzado por el impacto que puedan ejercer, ya que “ustedes son los primeros en responder a la emergencia climática”, reconoció que ésta representa una amenaza a la viabilidad de las comunidades humanas y que por ello es necesario estabilizar en 1,5 grados la temperatura media del planeta.

“Para lograrlo, debemos reducir las emisiones (de dióxido de carbono) al menos en un 45% para 2030 y lograr la neutralidad climática para 2050 (…) sin embargo, los actuales planes de acción nacionales sobre el clima no nos acercan en absoluto a estos objetivos. Nos dirigimos a un aumento catastrófico de 3 grados o más”.

Una situación que se podría revertir ya que, según Guterres, actualmente poseemos los “conocimientos, la tecnología” y contamos con los “recursos” para responder a la emergencia climática y fomentar el desarrollo sostenible, pero que lo que todavía falta es la “voluntad política” en numerosos ámbitos.

Justo por esa razón manifestó haber convocado la reciente Cumbre de Acción Climática en Nueva York donde recordó que más de 70 países se comprometieron a reducir las emisiones netas de dióxido de carbono para el año 2050 pero, y recalcó la importancia de ese pero, los principales emisores todavía no lo han hecho.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se dirige a la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 2019 en Copenhague, Dinamarca. Crédito: ONU

“Todavía hay grandes partes del mundo adictas al carbón. Todavía hay un número absolutamente inaceptable de nuevas centrales eléctricas de carbón planeadas para los próximos años, especialmente en Asia, pero también unas pocas en otras partes del mundo, aunque hay que reconocer que aquí en Europa, varios países ya han decidido eliminar el carbón próximamente”.

Hay que aprovechar el momento

Guterres recordó que durante ese foro 70 países y 100 ciudades anunciaron su intención de mejorar sus planes nacionales para 2020, aunque sin especificar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, y agradeció las contribuciones ejercida por muchos de los miembros de la red C40 durante el encuentro.

Por eso, y visto el liderazgo y la velocidad con que se mueven en la actualidad las ciudades, las empresas y la sociedad en relación con los Gobiernos, destacó la importancia de continuar ejerciendo la mayor presión posible sobre las administraciones para conseguir hacer realidad las emisiones neutras de carbono para el año 2050.

“Para modificar la curva de emisiones, las naciones deben seguir aumentando su ambición climática y presentar nuevos y mejores planes de acción nacionales sobre el clima para 2020”.

Y un rol central, señaló, lo jugarán los alcaldes ya que en el año 2050 casi siete de cada diez personas vivirán en zonas urbanas y más del 90% de este crecimiento tendrá lugar en los países en desarrollo.

“Sin una planificación urbana respetuosa con el clima, las consecuencias serán profundas”, resaltó; para, a continuación, agradecer varias iniciativas lideradas por la red C40 como el reciente compromiso de catorce ciudades con las políticas alimentarias sostenibles en respuesta a la emergencia climática, entre ellas Barcelona, Guadalajara y Lima.

“El consumo de alimentos es responsable del 13% de las emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades del C40, y el consumo de carne y productos lácteos supone el 75% de ese total”, resaltó.

Finalmente, Guterres solicitó el liderazgo de los alcaldes en varias áreas de actuación como por ejemplo la coordinación de sus procedimientos en materia de infraestructuras, ordenación territorial y planificación urbana, los sistemas de transporte, la eliminación de residuos y las inversiones en relación con el Acuerdo de París, la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este artículo fue publicado originalmente por ONU Noticias.

RV: EG

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Sindicatos alertan sobre graves consecuencias de crisis de liquidez de la ONU

IPS español - sex, 11/10/2019 - 15:44

Los 6.400 empleados de la ONU en su sede en Nueva York viven con creciente preocupación la crisis de liquidez del Organismo, como sus demás trabajadores a lo largo del mundo. Crédito: ONU

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Oct 11 2019 (IPS)

La crisis de liquidez que está cocinándose en la ONU y que amenaza los sueldos del personal y los pagos a los proveedores, sacude a los más de 6.400 empleados que trabajan en el emblemático edificio acristalado de 93 pisos de la Secretaria General en Nueva York.

Los recortes de gastos propuestos, que también incluyen a unos 37.500 empleados de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en todo el mundo, excluyendo sus más de 25 agencias, han puesto el foco en varios temas, incluida una “inflada burocracia”, y más críticamente, en el tiempo y el dinero gastados en viajes internacionales constantes de algunos altos funcionarios, que están permanentemente “en el aire”.

Guy Candusso, ex vicepresidente primero del Sindicato del Personal de la ONU, dijo a IPS que la escasez de liquidez en la década de los 90 fue mucho peor, pero el subsecretario general Joe Connor logró solventarla.

“En los últimos 10 años, la ONU se ha convertido en una organización desmesurada, especialmente en la cima. Si la crisis de liquidez se considera tan grave ahora, debería haber una congelación completa de la contratación junto con las otras medidas anunciadas”, dijo Candusso, un antiguo miembro del personal del organismo, hasta su reciente retiro.

Patricia Nemeth, presidenta del Sindicato del Personal de las Naciones Unidas en Nueva York, dijo a IPS que el personal del organismo está alarmado por la crisis de flujo de fondos que enfrenta.

“Además de la ansiedad que sentimos con respecto al salario del próximo mes, la incertidumbre financiera constante limita nuestra capacidad de cumplir con nuestros mandatos o prestar servicios a los más vulnerables”, explicó.

Ese sindicato ha estado trabajando estrechamente con el secretario general adjunto de Estrategia, Política y Cumplimiento de la Gestión, así como el Contralor de la ONU, para mantener informado al personal sobre la evaluación de la situación.

Entre las diversas medidas de mitigación, el sindicato acoge con satisfacción la instrucción de limitar todos los viajes oficiales a actividades esenciales.

“En este espíritu, esperamos que los altos funcionarios lideren con el ejemplo, ya que estamos juntos en esto”, dijo Nemeth, quien también como vicepresidenta para las Condiciones del Servicio en Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones Internacionales del Personal del Sistema de las Naciones Unidas (CCISUA, en inglés).

“Lo que es más importante, en nombre de nuestros más de 15.000 integrantes (personal de Nueva York y personal local en las misiones de paz)”, dijo, es que los países aún no han hecho sus pagos, los realicen cuanto antes, “para que el trabajo de las Naciones Unidas pueda continuar, con los recursos necesarios para cumplir los mandatos que ellos mismos nos han dado”.

“Contamos con los líderes mundiales para apoyar el valioso trabajo de la ONU, mejorando la vida de las generaciones actuales y futuras”, añadió.

Ian Richards, presidente del CCISUA, con 60.000 miembros, dijo a IPS que “obviamente, el personal está muy preocupado por lo que está sucediendo”. Consideró positivo que ante la crisis, el secretario general, António Guterres, haya priorizado el pago de salarios y que les haya pedido asesoría sobre que reuniones se pueden posponer hasta que haya más fondos.

Pero si las cosas empeoran, advirtió Richards, esto tendrá graves consecuencias. “El personal tiene que pagar el alquiler y otras facturas, y para aquellos que trabajan en lugares peligrosos, debemos poder continuar pagando por su seguridad”, afirmó.

También podría perjudicarse la capacidad de la ONU para entregar alimentos a los más necesitados y proteger los derechos de los más vulnerables.

Sobre los mandatos del organismo, Nemeth alertó que el mundo se enfrenta a innumerables problemas apremiantes, como conflictos violentos o desastres naturales, en los que la ONU tendría para asistir, al igual que en todas las actividades encomendadas para impulsar el desarrollo sostenible.

Las Naciones Unidas son la fuerza principal en los esfuerzos humanitarios; en el mantenimiento de la paz y la seguridad; y en ofrecer apoyo y esperanza a los más vulnerables, aquellos que aspiran a satisfacer sus necesidades más básicas: vida, libertad, dignidad, paz, seguridad y justicia.

“Sin embargo, nuestro trabajo crítico en todo el mundo se ve obstaculizado actualmente por demoras en el pago de las contribuciones de los Estados miembros, agravadas por normas financieras demasiado restrictivas”, aseguró la lideresa sindical.

Nemeth pidió a Guterres y su equipo que, “si la situación no mejora”, tome medidas junto con los sindicatos para encontrar soluciones prácticas y que “el personal esté protegido”.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo a los periodistas que la Secretaría podría enfrentar un incumplimiento en los salarios y pagos de bienes y servicios a fines de noviembre a menos que más Estados miembros paguen sus cuotas en su totalidad.

Por lo tanto, el secretario general solicitó medidas adicionales inmediatas, incluidas nuevas reducciones en los viajes oficiales; posponer el gasto en bienes y servicios; y la interrupción de eventos programados fuera del horario de reunión oficial en la sede.

Además, el calendario de conferencias y reuniones puede tener que posponerse o ajustarse, dijo Dujarric, quien puntualizó que se están estudiando opciones en ese sentido.

Guterres ya ha escrito a los Estados miembros sobre “la peor crisis de liquidez que enfrentan las Naciones Unidas en casi una década” y que cumplir con las cuotas es una obligación establecida en la Carta de la ONU.

También agradeció a los países que están al día en sus contribuciones, que hasta ahora alcanzan a 129, e instó a los que están en mora a ponerse al día con urgencia.

Al concluir septiembre, los Estados miembros habían pagado solo 70 por ciento del del presupuesto ordinario, en comparación con 78% de un año atrás. Desde enero la Secretaría ha ido tomando medidas para alinear sus gastos con el flujo de ingresos.

Los 64 Estados que aún tienen que pagar las cuotas del presupuesto de este año son: Afganistán, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Bangladesh, Belice, Benin, Brasil, Burkina Faso, Burundi, República Centroafricana, Comoras, Congo, Costa Rica , República Popular Democrática de Corea, República Democrática del Congo, Djibouti, Ecuador, Eritrea, Estados Unidos, Gambia, Grenada, Guatemala, Guinea-Bissau, Honduras, Irán, Israel, Kiribati, Líbano, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malí, Mauritania, México, Mozambique, Níger, Nigeria, Omán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, República de Corea, Rumania, San Cristóbal y Nevis, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Suriname, Tayikistán, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Uruguay, Venezuela y Yemen.

T: MF

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Por trás do Alimento agora tem boletim em áudio semanal sobre agrotóxicos

Pública - sex, 11/10/2019 - 15:00

O Por Trás do alimento, parceria da Agência Pública com a Repórter Brasil para investigar o uso de agrotóxicos no país agora tem um boletim semanal em áudio sobre o tema. O boletim do Por trás do Alimento é distribuído para mais de 300 rádios pela Agência Radioweb, nossa parceira para divulgação, e também via WhatsApp.

Toda semana, será possível ouvir pelas parceiras da Radioweb e também pelos canais da Pública (veja a playlist abaixo) um resumo de uma das reportagens do especial Por Trás do Alimento, que desde o fim do ano passado tem revelado histórias importantes sobre o uso de agrotóxicos no Brasil.

Quer receber reportagens sobre os impactos dos agrotóxicos diretos no seu e-mail? Inscreva-se na nossa newsletter!

Na estreia do boletim, os jornalistas Lucas Weber, Clarissa Levy e Pedro Grigori contam que em três meses meio bilhão de abelhas morreram por conta do uso de agrotóxicos, informação revelada em reportagem publicada em março pelo Por trás do alimento.

Esta é uma forma que encontramos de fazer com que informações que afetam diretamente a saúde de todos cheguem a ainda mais pessoas. Acompanhe o boletim nos canais de distribuição da Pública (Spotify, Apple Podcast e Google Podcast) ou mande um oi para (11) 94551-6388 para receber pelo WhatsApp.

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La austeridad es “la nueva normalidad”

IPS español - sex, 11/10/2019 - 14:00

Mejorar el empleo, en especial en los países del Sur en desarrollo, debería ser una de las estrategias que impulsen las autoridades financieras durante las reuniones del FMI y el Banco Mundial que tendrán lugar en Washington entre el 14 y el 20 de octubre. Crédito: PNUD

Por Isabel Ortiz y Matthew Cummins
WASHINGTON, Oct 11 2019 (IPS)

Mientras ministros de finanzas y economistas llegan a Washington para afrontar los desafíos económicos mundiales, en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, la mayoría de la población mundial vive con recortes de austeridad y ve cómo se deteriora su nivel de vida.

Los líderes mundiales deberían ver cómo revertir esta tendencia en las reuniones que comenzarán el lunes 14 y se prolongarán hasta el día 20.

Desde 2010, la mayoría de los gobiernos, tanto en países de altos ingresos como en desarrollo, han estado implementando políticas de austeridad, reduciendo el gasto público. Sorprendentemente, se espera que esta tendencia continúe al menos hasta 2024, según un estudio global que acaba de publicar la Iniciativa para el Diálogo en la Universidad de Columbia, las centrales sindicales internacionales y las organizaciones de la sociedad civil.

La austeridad se ha convertido en “la nueva normalidad”.

Isabel Ortiz

Con base en las proyecciones fiscales del FMI (Fondo Monetario Internacional), el estudio encuentra que un nuevo shock de ajuste fiscal comenzará en 2020. Para 2021, los gastos en términos del PIB (producto interno bruto) disminuirán en 130 países, de los cuales casi tres cuartas son países desarrollo del Sur.

El alcance de la austeridad es asombroso: cerca de 6.000 millones de personas se verán afectadas en 2021.

¿Cómo están recortando los presupuestos los gobiernos e implementando reformas de austeridad?

En la práctica, las medidas de ajuste más comúnmente consideradas en 2018-19 incluyen: reformas de pensiones y seguridad social (en 86 países); recortar o limitar los gastos salariales del sector público, incluido el número y los salarios de maestros, trabajadores de la salud y funcionarios que prestan servicios públicos (en 80 países); reformas de flexibilización laboral (en 79 países).

También incluyen la reducción o eliminación de subsidios (en 78 países); racionalizar y/o focalizar aún más la asistencia social (en 77 países); aumentar los impuestos regresivos al consumo, como los impuestos a consumo (en 73 países); el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas (las APP, en 60 países); la privatización de bienes y servicios públicos (en 59 países); y reformas sanitarias (en 33 países).

 

Matthew Cummins

Todas estas medidas tienen impactos sociales negativos.

Como resultado, en muchos países las personas mayores tienen pensiones más bajas; no hay suficientes maestros, personal médico y de atención, y la calidad de los servicios públicos se ve afectada; hay menos trabajos y las personas trabajan en condiciones más precarias; los precios aumentan mientras los salarios no; y las clases bajas y medias se ecuentran muy afectadas, bajo presión.

En perspectiva, las políticas macroeconómicas y fiscales realizadas por los gobiernos durante la última década son alarmantes. Solo el Grupo de los 20 (G20) comprometió 10 billones (millones de millones) de dólares para apoyar al sector financiero en respuesta a la última crisis financiera mundial, y luego pasó los costos de ajuste a las poblaciones, con millones de personas que fueron empujadas a la pobreza y a niveles de vida más bajos.

Se puede esperar que el impulso mundial hacia la austeridad o la consolidación fiscal agrave la crisis de crecimiento y empleo y disminuya el apoyo público en un momento de altas necesidades de desarrollo, elevando las desigualdades y el descontento social.

La austeridad también se está utilizando como un caballo de Troya para inducir a las políticas del “Consenso de Washington” a reducir las políticas públicas y el estado de bienestar.

Una vez que los presupuestos se están contrayendo, los gobiernos deben observar políticas que minimicen el sector público y expandan la prestación de servicios del sector privado, incluidas las APP. Hay claros ganadores y perdedores de este renovado Consenso de Washington, y los gobiernos deben evaluar y cuestionar estas políticas.

La austeridad y los recortes presupuestarios no necesitan ser “la nueva normalidad”.

Existen alternativas, incluso en los países con mayores niveles de pobreza.

Los gobiernos pueden encontrar espacio fiscal adicional para financiar servicios públicos y políticas de desarrollo a través de al menos ocho opciones, que van desde el aumento de los ingresos fiscales progresivos, la conención de los flujos financieros ilegales, la mejora de la gestión de la deuda y el uso de reservas fiscales y de divisas.

O la adopción de medidas macroeconómicas acomodativas a priorizar el gasto público y, para los países de bajos ingresos, presionar por una mayor ayuda.

Todas estas opciones están respaldadas por las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales.

Es hora de que los líderes mundiales abandonen la miopía en las políticas macroeconómicas y fiscales que benefician solo a unos pocos y, en cambio, busquen espacio fiscal y oportunidades de financiamiento para fomentar una recuperación mundial sólida y la prosperidad para todos.

T: MF

 

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El último acto de la tragedia colonial en la Amazonia brasileña

IPS español - sex, 11/10/2019 - 12:27

Ribera del río Iaco, tributario del gran río Purus, uno de principales afluentes del Amazonas, en los márgenes de la ciudad de Sena Madureira, que surgió durante la bonanza del caucho natural a fines del siglo XIX. Aunque en decadencia, la pesca sigue como importante fuente de ingresos en este municipio de 45.000 habitantes del estado amazónico de Acre, en Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Oct 11 2019 (IPS)

“El interés por la Amazonia no es por el indígena ni el árbol, sino por los minerales”, dijo el presidente Jair Bolsonaro, al rechazar supuestas intenciones coloniales europeas, que en realidad más bien proyectaba sus propias obsesiones sobre la neurálgica ecorregión brasileña. 

Sus planes más reiterados incluyen abrir las tierras indígenas a la minería y explotar el niobio en la cuenca amazónica del Rio Negro, por más inviable que sea extraer ese mineral de uso siderúrgico en un yacimiento remoto, cerca de la frontera con Colombia y Venezuela.

El apoyo del presidente a la explotación minera y agrícola, incluso en áreas de protección ambiental e indígenas, contribuyó al auge de los incendios forestales en agosto que movilizaron gobiernos y activistas del mundo en defensa de la Amazonia.“El objetivo es reorientar políticas, para que la Amazonia no siga como reserva de recursos naturales en una lógica colonial, que atiende a intereses externos en desmedro de sus pueblos”: Francisco Loebens.

El conflicto, ahora realzado por el Sínodo Panamazónico, que tiene lugar en el Vaticano desde el domingo 6 y hasta 27 de este mes, puede definir el destino de la cuenca que ostenta los más extensos bosques tropicales y la mayor biodiversidad del mundo, en el marco de la crisis climática.

La deforestación de la Amazonia brasileña se acerca a 17 por ciento y al “punto de no retorno”, cuando sus bosques perderían capacidad de autosostenerse y degenerarían en sabanas, explicó Carlos Nobre, climatólogo brasileño, al presentar ante el sínodo el informe “Marcos científicos para salvar la Amazonia”, firmado por 44 especialistas.

“Los incendios disminuyeron en septiembre, en parte porque vinieron las lluvias, pero principalmente debido a las presiones nacionales e internacionales”, reconoció Ane Alencar, directora de Ciencia del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia.

Además el gobierno, temiendo sanciones comerciales, decretó la moratoria del fuego por 60 días y movilizó militares para apoyar a los gobiernos de los nueve estados amazónicos en el combate a la quema de bosques y desechos agrícolas.

“Los hechos comprueban que el problema es político, primero los estímulos del gobierno alentaron los que usan las quemas para adueñarse de tierras públicas. Al invertirse el mensaje los incendios bajaron a menos del promedio histórico de septiembre”, destacó Alencar a IPS, desde Brasilia.

“Eso no significa preservación de bosques, la deforestación ocurrió antes y debe alcanzar este año la mayor extensión desde 2008, o más de 10.000 kilómetros cuadrados”, advirtió, al lamentar el retroceso en los esfuerzos de una década.

“Él Sí”, destaca un cártel detrás del cacique Raoni, reconocido mundialmente por su defensa de las tierras indígenas y recibido en olor de multitud por legisladores en Brasilia, tras ser atacado por el presidente Jair Bolsonaro en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando menospreció su liderazgo, frente al de otros caciques que respaldan la minería y la agricultura convencional. Crédito: Alessandro Dantas/Fotos Públicas

Se trata de “una pérdida desnecesaria de recursos naturales” provocada por los “grileiros”, apodo local para quienes se apoderan ilegalmente de tierras y no se debe confundir con “el agronegocio moderno”, cuyos intereses son dañados por la deforestación, aclaró la activista.

“El Sínodo tiene lugar en un momento oportuno para reforzar la importancia de conservar los bosques, sin los cuales indígenas y comunidades amazónicas “engrosarían los bolsones de pobreza en las ciudades”, opinó.

El debate en el Vaticano hace más visibles los riesgos “agravados por el gobierno brasileño” y “fuerza la Iglesia católica a proponer otra visión de la Amazonia, en defensa de la vida, la cultura y el futuro de los pueblos locales”, según Francisco Loebens.

“El objetivo es reorientar políticas, para que la Amazonia no siga como reserva de recursos naturales en una lógica colonial, que atiende a intereses externos en desmedro de sus pueblos”, sostuvo el miembro del Equipo de Apoyo a los Pueblos Indígenas Aislados o Libres del Consejo Indigenista Misionero.

“El gobierno critica a los europeos como colonialistas, pero se alinea con Estados Unidos. Y asusta lo que dijo el ministro de Medio Ambiente (Ricardo Salles), que la ‘Amazonia necesita más capitalismo’, es decir más explotación, depredación y violencia contra los pueblos”, lamentó a IPS desde Manaos por teléfono.

 

Área deforestada en el estado amazónico de Acre, donde en los años 70 y 80 se talaron grandes extensiones de bosques para la cría ganadera muy poco productiva. El estado, sin embargo, es conocido por la preservación forestal, gracias a la lucha de Chico Mendes, líder de los extractores de caucho natural, asesinado en 1988. Crédito: Mario Osava/IPS

Ante los estímulos oficiales a la “apropiación privada de las tierras”, Loebens es pesimista, cree que la tendencia de aumento de la deforestación seguirá el próximo año. Bosques degradados se incendian más fácilmente en un círculo vicioso que puede hacer irreversible la destrucción forestal.

“La Amazonia aún sufre los efectos del Plan Nacional de Desarrollo del general Ernesto Geisel”, resumió Lucio Flavio Pinto, un premiado periodista y profundo conocedor de la región, en referencia al presidente que gobernó Brasil de 1974 a 1979, durante la dictadura militar (1964-1985).

El colonialismo real es interno, en su evaluación. Los gobernantes militares y los que les siguieron en Brasil siempre encararon la Amazonia como territorio a colonizar con objetivos extractivos.

La lógica colonial rigió incluso durante los gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores (2003-2016), que impulsaron la construcción de Belo Monte, la gigantesca central hidroeléctrica que es un “ejemplo acabado” de proyecto impuesto por intereses dominantes y ajenos a la Amazonia, apuntó Pinto a IPS, desde Belém, la capital del estado amazónico de Pará donde vive.

Construida en la Amazonia oriental, su energía es llevada al Sureste, la región de mayor consumo nacional, por una línea de transmisión de 2.500 kilómetros hasta Río de Janeiro. Otra gran central, Tucuruí, inaugurada en 1984, quedó rodeada de pueblos sin electricidad hasta 20 años después.

Pará, estado que acoge esas dos centrales, sufre también los impactos ambientales de su producción de mineral de hierro, sin beneficiarse de su exportación.

Tierras baratas, madera, minerales y ríos de energía son los atractivos a esa economía desarraigada. Bosques, áreas de conservación, indígenas y exigencias ambientales son obstáculos.

Madera requisada por autoridades ambientales a fines de septiembre, tras su tala ilegal en la Amazonia. Los extractores ilegales brasileños se sintieron “autorizados” a intensificar su actividad, ante declaraciones del presidente Jair Bolsonaro que condenó las multas y represión contra ellos, al igual que la de los deforestadores que incendian zonas amazónicas para “limpiar” y apropiarse de tierras públicas. Crédito: Secom/Fotos Públicas

Los indígenas siguen pobres viviendo sobre suelos ricos, según dijo Bolsonaro para defender la minería y agricultura en gran escala en sus tierras, a fin de que, a su juicio, prosperen como los blancos.

Estimula con sus palabras el “garimpo”, la minería ilegal de oro y otras piedras preciosas, origen de numerosas tragedias indígenas, como enfermedades que desconocían y contaminación de los ríos, especialmente por mercurio.

Así también el avance de la ganadería, volcada más a la conquista de tierras que a producir carne o leche, además de grandes proyectos de expansión del “progreso”, como carreteras.

La biodiversidad poco importa, pero es clave para el futuro desarrollo amazónico en la propuesta de científicos como Carlos Nobre, que apuesta a combinar biotecnología y conocimientos tradicionales, especialmente indígenas.

Pinto, autor de más de 20 libros sobre la Amazonia, es escéptico sobre ese futuro. La lógica de la expansión permanece y la deforestación avanza. El estado de Amazonas, el corazón del bioma, perdió en los últimos años extensas áreas boscosas deforestadas en el sur, señaló a IPS.

Las protestas nacionales e internacionales y el Sínodo pueden provocar cambios, pero solo “cosméticos”, sin parar el desastre, admitió.

Ese proceso se aceleró con la ocupación agrícola impulsada por la dictadura militar, que creó en 1970 el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria para promover oleadas de migración interna hacia el norte y oeste de Brasil.

El sur, donde escaseaba la tierra ante la explosión demográfica, proveyó el flujo que pobló la Amazonia de numerosos apellidos alemanes e italianos.

La justificación de los militares era la seguridad nacional, se trataba de poblar la Amazonia para rechazar posibles invasiones extranjeras. El espantajo de la codicia externa fomentó la colonización interna.

Eso se refuerza nuevamente ahora, pero en una aparente disyuntiva, su reflujo o el colapso de la Amazonia forestal.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Quem vai estar no Festival 3i

Pública - sex, 11/10/2019 - 12:05

O que um aplicativo chamado Cocôzap, um site conhecido por receber vazamentos e uma empresa que aposta em Podcasts desde antes de virar moda têm em comum? São expoentes de uma nova geração de jornalistas e comunicadores que apostam na inovação como ponto de partida essencial para seu trabalho. E vão se encontrar, pela primeira vez, no Festival 3i de jornalismo inovador, inspirador e independente, que acontece no Rio de Janeiro nos dias 18, 19 e 20 de outubro.

A ideia do festival é reunir as pessoas criativas que estão pensando nas soluções, e não nos problemas, do jornalismo de hoje em todo o continente. E por trás dessa ideia está a visão de 13 organizações que estão se destacando no jornalismo digital brasileiro de que os desafios enfrentados nesse novo caminho ainda não chegaram às faculdades ou aos congressos de jornalismo. Clique aqui para comprar seu ingresso para o Festival 3i.

Um email enviado por uma estudante de jornalismo do Rio de Janeiro resume: “Há poucos conteúdos na graduação sobre jornalismo digital e entendo que é de extrema importância para a minha formação profissional”. A reflexão é verdadeira não só pra quem está estudando, mas pra quem quer conhecer aqueles que estão inventando como será o jornalismo no futuro.

Fonte: José Cícero da Silva/Agência Pública

Neste imagem: O Festival 3i acontece nos dias 18, 19 e 20 de outubro no Rio de Janeiro

O line-up do Festival, na sua segunda edição, é impressionante. Uma das convidadas é Giannina Segnini, jornalista da Costa Rica responsável entre outras coisas, pela condenação à prisão de dois ex-presidentes do seu país, e que hoje é diretora da unidade de dados da Universidade de Columbia. No festival, ela vai debater com Glenn Greenwald, fundador do The Intercept Brasil, e Marcel Gomes, da Repórter Brasil, sobre como os dados e vazamentos podem ajudar as investigações de impacto. Na mesa seguinte, a jornalista Maria Teresa Ronderos vai se juntar ao jornalista especialista em dados e agora estrela do Podcast “Foro de Teresina” José Roberto Toledo sobre como e para quê servem as colaborações entre jornalistas, entre veículos e entre diferentes países, mais uma tendência inescapável do jornalismo investigativo. Os dois terão a companhia da premiada jornalista Kátia Brasil, do site Amazônia Real, que cobre com afinco os problemas da região que hoje atrai atenção do mundo todo.

Outras mesas vão discutir como chegar melhor às audiências, como aliar tecnologia com os programas de apoio de leitores e como fazer as redações mais diversas em um mundo que cada vez mais pede diversidades de olhares e de pautas. Destaco Darryl Holliday, do projeto City Bureau de Chicago, que cobre as comunidades minoritárias naquela cidade, e Pedro Borges, do Alma Preta, especializado na temática racial aqui em São Paulo.

Para falar de tipos de financiamento, o Festival vai receber ninguém menos que Janine Warner, uma das idealizadoras do Velocidad, a primeira aceleradora de start-ups de jornalismo na América Latina, e Thiago Barra, do Cappra Institute for Data Sciences, que usa dados para entender como a audiência interage com o jornalismo e como monetizar esse interesse.

O Nexo, que em breve vai lançar uma nova revista digital que promete chacoalhar o mercado, a Gama, vai mediar uma mesa sobre como engajar a audiência com Millie Tran, editora de plataformas do The New York Times e também de offline, e Danisbel Gómez, do site venezuelano Efecto Cucuyo, que promove encontros cara a cara com a comunidade de emigrantes venezuelanos exilados em diversos países do continente.

Startups do Brasil todo e transição digital marcam as atrações dos intervalos

A uma semana do Festival, anunciamos uma série de atrações extra que terão espaço nos intervalos, promovidos pelos parceiros Google News Initiative e Facebook Journalism Project.

Os desenvolvedores do Cocôzap, um aplicativo que rastreia, no Rio de Janeiro, áreas que não são atendidas pelo saneamento básico, vão estar lá, assim como a produtora Gato Mídia, que faz vídeos em 360º sobre a vida nas favelas do Rio. Além deles, o Fiquem Sabendo, uma agência especializada em pedidos pela Lei de Acesso à Informação, e uma agência de dados de Alagoas, a Agência Tatu, estarão no Espaço Google News Initiative, disponíveis para conversas e trocas durante o Festival. A curadoria foi feita pela Énois.

Ali do lado, no Espaço Facebook Journalism Project, os participantes do festival vão poder conhecer de perto a transição digital do Estadão, jornal centenário, o trabalho de jornalismo comunitário da Agência Mural, e a visão do novíssimo projeto Uol Mov, que aposta em vídeos para se comunicar com o público mais jovem.

Com um line-up diverso de iniciativas surpreendentes, o Festival 3i chega para celebrar o que está mais que claro: estamos vivendo um “boom” de criatividade no jornalismo digital brasileiro. Só não vê (e só não vai no 3i conhecer essa ebulição de ideias) quem não quer.

Veja toda a programação do Festival 3i.

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Cuba reestructura su gobierno, con agudizada crisis como prioridad

IPS español - qui, 10/10/2019 - 20:28

La pantalla de un televisor en una cafetería de La Habana, muestra a Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y al presidente Miguel Diaz–Canel, cuando se disponían a votar durante la sesión extraordinaria de La Asamblea Nacional del Poder Popular, el parlamento local. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Oct 10 2019 (IPS)

Cuba echó a andar su nueva estructura gubernamental que incluye la restauración de cargos como el de presidente de la República, en un clima marcado por graves dificultades económicas y la recrudecida agresividad de la administración estadounidense de Donald Trump.

En una votación secreta efectuada este jueves 10 en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tal como estaba previsto Miguel Díaz-Canel, de 59 años, fue electo como presidente, mientras Salvador Valdés Mesa, de 74 años, quedó designado como vicepresidente.

“Sin sorpresas. Más bien ocurrió un ejercicio de ratificación de los cargos y el Consejo de Estado quedó para reunir a representantes de las organizaciones más masivas de la sociedad civil legitimada por el Estado”, dijo a IPS el jurista Raudiel Peña, al conocer los resultados de las votaciones de 575 diputados.

Díaz-Canel gobernaba el país desde abril de 2018 con los cargos formales de presidente del Consejo de Estado y de Ministros.

Asimismo, el parlamento cubano seguirá presidido por Esteban Lazo, de 75 años, Ana María Mari Machado como vicepresidenta y Homero Acosta como secretario. Esta misma tríada liderará el Consejo de Estado, ahora de 21 puestos, que sumó cuatro nuevos integrantes con la salida de veteranos como Ramón Machado Ventura.

Los parlamentarios sufragaron según las nominaciones presentadas por la Comisión Nacional de Candidaturas que, de acuerdo al procedimiento establecido por la Ley Electoral vigente desde julio, presentó las boletas de votación luego de consultas con todos los miembros de la Asamblea Nacional, el parlamento local.

Peña consideró que “la  nueva estructura de gobierno representa, desde el punto de vista político y jurídico-constitucional, la transformación más profunda ocurrida en este sentido desde 1959”, en referencia a la distribución de funciones y cargos entre Estado y gobierno según la Constitución vigente desde abril.

El Consejo de Estado tiene carácter colegiado y rinde cuentas de sus actividades a la Asamblea Nacional. La Constitución establece que no pueden integrar este órgano de gobierno los miembros del Consejo de Ministros, ni las máximas autoridades de los órganos judiciales y de control estatal.

Por disposiciones transitorias de la ley fundamental, el ahora presidente tiene un plazo de tres meses para proponer al parlamento unicameral la designación del primer ministro, viceprimeros ministros, un secretario y los demás miembros del Consejo de Ministros.

Según el artículo 133 de la Constitución, el Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el gobierno de la República.

La bandera cubana decora el interior de un establecimiento que presta servicios de reparaciones a equipos electrónicos, en el municipio capitalino de Centro Habana. Los negocios privados como este se incrementa en Cuba, pero su desarrollo afronta ahora la prueba de la agudización de la crisis económica. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

La figura de un primer ministro es una de las novedades de la nueva nomenclatura gubernamental cubana.

Este cargo fue ocupado por el exgobernante Fidel Castro (1926-2016) de 1959 a 1976, cuando desapareció por el nuevo ordenamiento establecido en la Constitución aprobada ese año. Desde entonces, la jefatura del Estado y del obierno se concentró en una sola persona, quien ha sido el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Bajo ese cargo ejercieron Fidel Castro (1976-2008), Raúl Castro (2008-abril de 2018) y, hasta este momento de ser designado presidente,  Miguel Díaz-Canel.

“Estamos hablando de un cambio radical, pues los cargos que anteriormente ocupaba una persona, ahora serán desempeñados por tres”, precisó Peña, sobre las funciones ahora del presidente, presidente del Consejo de Estado, primer ministro y primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Aunque formalmente no sea parte de la estructura del gobierno, no se puede olvidar la existencia del primer secretario del PCC”, focalizó, sobre el principal cargo, que hasta 2021 ocupará Raúl Castro, en un país con sistema de partido único definido constitucionalmente como “fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”.

No obstante, el propio Castro anunció que, con su retiro en 2021, el presidente estará también al frente del PCC.

En su discurso de posesión de este jueves, transmitido de forma diferida por la televisión estatal, Dìaz-Canel advirtió que hay “muchas leyes, indispensables para hacer más eficiente el gobierno, que precisan de modos más expeditos de revisión, aprobación e instrumentación”.

Rodeado de una situación tensa en lo interno y externo, el mandatario especificó que sus prioridades serán la economía y la defensa del país, cuando se recrudecen las sanciones por parte de Washington, que anunció el 9 de octubre nuevas medidas contra La Habana por su apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Dos clientes escogen productos agrícolas junto a la imagen del extinto líder de la revolución cubana Fidel Castro, en un expendio estatal de alimentos, en un barrio de La Habana. El abastecimiento de alimentos se resiente en Cuba, que dependen altamente de las importaciones. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Sin embargo, al hacer un balance de lo que su gobierno definió como crisis coyuntural, debido al súbito déficit de combustible en septiembre causado por agresivas disposiciones de Estados Unidos y el desbasto de alimentos por la reducción de importaciones, indicó que la economía se sobrepone aunque con austeridad.

Las expectativas respecto al impacto de la nueva estructura del gobierno resultan variables.

“Hay un escenario posible de mayor movimiento en los órganos de Estado y de Gobierno, y otro de inercia”, sopesó para IPS la jurista cubana Mylai Burgos, radicada en México, desde donde sigue cuestiones locales como el derecho constitucional y los derechos humanos en su país natal.

La experta identifica en la nueva estructura “un avance en el sentido que se supone que el legislativo pueda tener cierta fuerza y concentración del Consejo de Estado en la función de legislar”, aunque observa limitantes como “las formas de elección, por ejemplo la presidencial es indirecta, que no permiten procesos de competencia política”.

La sesión parlamentaria extraordinaria sucedió en un día feriado en Cuba, donde las calles de la capital se mantuvieron apenas transitadas debido también al menor tráfico de vehículos que persiste por las restricciones en la disponibilidad de combustible.

La vulnerabilidad de Cuba por la alta dependencia externa de hidrocarburos, que compromete todas las esferas de la vida, puso al desnudo la urgencia de profundizar la reforma económica iniciada en 2008 por el gobierno de Raúl Castro y que parece detenida desde 2018.

“El asunto no es de estructura de gobierno, sino de estrategia de gobierno, que hasta el momento es difusa”, dijo a IPS la economista Ileana Díaz. “No creo que el cambio de estructura de gobierno modifique sustancialmente el proceso de reformas”, añadió, sobre el área que preocupa más a la población de 11,2 millones de habitantes.

A su juicio, “que exista presidente y primer ministro ayudará a un mayor control de las decisiones, pero no necesariamente a la calidad de las mismas”.

“La reforma económica cubana es aún inconclusa: no se han logrado resolver ninguno de los principales desequilibrios macroeconómicos existentes ni se han desatado las potencialidades de las fuerzas productivas que permita un crecimiento de la economía”, acotó el economista Omar Everleny Pérez.

El especialista indicó que, a partir de ahora, “sí debe ser lógico que cambien las carteras donde se hayan obtenido menores resultados económicos, o el presidente que se elija, debe contar en su equipo con cuadros preparados, que permitan darle continuidad o poner en vigor lo ya acordado”.

Para su despegue, la economía cubana requiere inversiones extranjeras anuales por 2.500 millones de dólares, que no se han logrado hasta el momento, a fin de que el producto interno bruto pueda crecer en tasas superiores al cinco por ciento.

Con aportes de Patricia Grogg desde La Habana

Edición: Estrella Gutiérrez

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Trump fuerza a países centroamericanos a ser sus muros migratorios

IPS español - qui, 10/10/2019 - 15:44

Migrantes centroamericanos atraviesan en medio de la noche uno de los ríos que deben sortear para alcanzar su meta de llegar a Estados Unidos, en un azaroso recorrido de miles de kilómetros. Crédito: Cortesía de Fonamih

Por Edgardo Ayala y Claudia Marroquín
SAN SALVADOR, Oct 10 2019 (IPS)

La política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump ha pasado a forzar a los gobiernos al sur de su frontera a que sean ellos los que detengan a sus propios ciudadanos pobres y desesperanzados, en su intento de ingresar sin documentos a la nación del norte.

Para ello ha establecido acuerdos bilaterales de “terceros países seguros” con las naciones del llamado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) para que funcionen como muros de contención a los migrantes.

“La firma de este tipo de acuerdos bilaterales refleja una marcada intención de retención y detención de migrantes, lo que convierte a los países del Triángulo Norte en centros de contención de población”, dijo a IPS, desde Tegucigalpa, la activista Karen Valladares, del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (Fonamih).

Esa categoría de tercer país seguro aplica a aquellas naciones que brindan asilo o protección a personas que huyen de sus países de origen.

Esa protección está vigente desde 1951, a partir de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y establece que cuando una persona deja su país para solicitar asilo en otro, pero este se lo niega, lo puede remitir a un tercero que ofrezca las mismas condiciones de protección.

“No contamos con la infraestructura para poder ser un tercer país seguro”, añadió Valladares, una opinión generalizada en toda el área centroamericana.

Ante las críticas de organizaciones de derechos humanos, sobre la inviabilidad de esos convenios, los firmantes eluden denominarlos acuerdos de terceros países seguros para llamarlos pactos bilaterales en el tema migratorio.

En Honduras, el acuerdo fue suscrito el 26 de agosto entre el presidente Juan Hernández y el secretario interino del departamento estadounidense de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, el mismo funcionario que aseguró un arreglo similar con Guatemala, un mes antes, el 26 de julio.

La Administración Trump presionó fuertemente a Guatemala para que fuera la primera nación del Triángulo de Norte en convertirse en tercer país seguro.

“Guatemala tiene tasas de impunidad muy altas y una institucionalidad muy débil”, dijo entonces a IPS desde Ciudad de México, Adeline Neau, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional.

Por su parte, la organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) advirtió el 26 de septiembre que El Salvador, dado sus altos niveles de criminalidad, tampoco ofrece las condiciones para convertirse en un país que reciba a solicitantes de asilo.

“Los niveles de violencia en El Salvador, de los que son testigos nuestros equipos, deberían impedir que este Estado pueda ser considerado un país para acoger con garantías suficientes a solicitantes de asilo o migrantes deportados”, señaló MSF.

El Salvador enfrenta una ola de criminalidad que ha llevado al país centroamericano a ser considerado uno de los más violentos del mundo, de acuerdo con informes nacionales e internacionales.

Guatemala y Honduras sufren también el mismo fenómeno de violencia, causada en su mayor parte por la actividad criminal de las pandillas.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Triángulo Norte sufre altos niveles de violencia proveniente de grupos delictivos organizados, incluyendo un aumento en los índices de homicidios, violencia sexual, desapariciones, reclutamiento forzado en las pandillas y extorsión.

La ministra salvadoreña de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, primera a la derecha, durante una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, donde el 7 de octubre debió explicar el polémico acuerdo migratorio con Estados Unidos, que le obliga a contener el flujo de salvadoreños a ese país, con una nueva patrulla de 1.000 agentes. Crédito: RREE

El gobierno salvadoreño del presidente Nayib Bukele suscribió el 20 de septiembre con Estados Unidos un acuerdo similar a los pactados con Guatemala y Honduras, y aunque no lo llama directamente tercer país seguro, en la práctica lo es, insisten especialistas en derecho y organizaciones humanitarias.

El Salvador también desplegó unos 1.000 agentes de una nueva patrulla fronteriza financiada por Estados Unidos para frenar la migración irregular.

En contrapartida, Trump ha otorgado a las tres naciones visas temporales para trabajadores agrícolas, y la esperanza de ampliar el programa a otros sectores de la economía.

A El Salvador también le rebajó el 28 de septiembre la alerta de viaje que el Departamento de Estado mantenía en el “nivel 3”, el que supone que se pide a sus ciudadanos que reconsideren viajar al país por estar abatido por la criminalidad.

Ahora situó a esta nación centroamericana en el “nivel 2”, donde se recomienda que los viajeros tomen medidas de precaución al visitarla.

A México Trump también le dobló el brazo, amenazándolo con imponerle aranceles a las importaciones mexicanas, si no actuaba también como otro anillo de seguridad para detener a los migrantes.

El gobierno de Andrés López Obrador envió en junio un contingente de unos 6.000 miembros de la nueva y militar Guardia Nacional a vigilar su frontera sur con Guatemala, como parte de su compromiso para frenar la migración irregular.

Eso después que ya desde enero México había suscrito con Washington el Protocolo de Protección al Migrante (PPM), mejor conocido como “Permanezcan en México”.

Ese mecanismo permite devolver hacia México a aquellos indocumentados que llegan a la frontera estadounidense a solicitar asilo para que esperen en territorio mexicano, mientras que se resuelve su caso.

En septiembre, la mexicana Secretaria (ministerio) de Relaciones Exteriores informó que producto del acuerdo se redujo en 56 por ciento el flujo migratorio a partir de junio.

Esa cancillería pronosticó entonces que, de seguir la tendencia, el flujo migratorio a Estados Unidos desde México, país, tanto de tránsito como de origen de migrantes, retornaría a sus niveles históricos, antes de que se produjera la crisis de las caravanas de centroamericanos en 2018.

En total, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estableció en un informe que en 2018 había en Estados Unidos unos tres millones de ciudadanos de los tres países del Triángulo Norte, en su mayoría en condición irregular y la mayor parte procedentes de El Salvador, seguidos de Honduras y de Guatemala.

La visión de los migrantes

“Estados Unidos lo que más tiene es dinero y con dinero se arreglan las cosas”, dijo a IPS el salvadoreño Luis Méndez, desde Nueva York, donde vive desde hace 37 años.

Con su poder y dinero, la administración estadounidense puede arreglar pactos “con estos tres países y ponerle la presión a México”, acotó Méndez.

Este migrante llegó como indocumentado en 1983, ya entrada de la guerra civil que asolaba al país desde 1980, y que perduró hasta que en 1992 se alcanzó un acuerdo de paz.

Por su parte, Omar Henríquez, otro salvadoreño radicado en Estados Unidos, consideró que las presiones por parte de Trump obedecen a no haber conseguido la construcción del muro en la frontera con México.

Ello lo ha llevado a tomar medidas más extremas, amenazando a sus vecinos del sur para que se conviertan ellos en muros.

Las actitudes de Trump “obedecen a su política migratoria racista y de supremacía blanca de él y de su base”, recalcó Henríquez.

El 7 de octubre, la ministra salvadoreña de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, afirmó que el gobierno no firmaría algo que no sea de beneficio para la población, y negó que lo suscrito con Estados Unidos sea un acuerdo de tercer país seguro.

Según Hill, la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos se ha reducido en  60 por ciento en los últimos meses.

“Pero esa disminución no quiere decir que los problemas estructurales que provocan la migración están solucionados: el desempleo, la inseguridad, la reunificación familiar, entre otros”, dijo a IPS el especialista salvadoreño en temas migratorios César Ríos.

Recalcó que la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la estadounidense Cámara de Representantes que visitó en septiembre El Salvador y Guatemala, enfatizó que la solución a la migración no es la instauración de “terceros países seguros”.

Sin embargo, especialistas en política exterior concuerdan en que los países del Triángulo Norte, e incluso México, no han tenido otra opción que ceder a las presiones políticas de la administración Trump y lo que parece la última adaptación del “gran garrote”, la doctrina de Washington hacia los países latinoamericanos, nacida a comienzos del siglo XX.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Nueva crisis humanitaria en el horizonte por ofensiva turca en Siria

IPS español - qui, 10/10/2019 - 13:41

El Consejo de Seguridad de la ONU analizó esta semana la nueva situación en Siria, mientras organizaciones internacionales de ayuda que actúan en el noreste de Siria extremaban su alarma sobre las bajas civiles y la crisis humanitaria que provocaría la ofensiva militar de Turquía contra milicias turcas en la zona. Crédito: Manuel Elias/ONU

Por James Reinl
NACIONES UNIDAS, Oct 10 2019 (IPS)

Las organizaciones de asistencia internacional que actúan en el noreste de Siria alertan con gran alarma sobre las bajas civiles y una inminente crisis humanitaria que provocaría la ofensiva militar de Turquía contra fuerzas kurdas que operan al otro lado de su frontera.

Médicos sin Fronteras (MSF), Human Rights Watch (HRW) y otros grupos humanitarios  advirtieron que los ataques aéreos y terrestres turcos podrían provocar desde nuevos flujos masivos de refugiados hasta un recrudecimiento de la larga y caótica guerra civil siria.

Fuerzas turcas comenzaron el miércoles 9 una ofensiva en el noreste de Siria para despejar de la zona a las milicias kurdas y devolver allí a refugiados sirios, pocos días después de la controvertida decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar las tropas estadounidenses de ese turbulento territorio sirio.

Los equipos de MSF “permanecen listos para brindar atención médica después de que el ejército turco comenzó las operaciones” y “se están preparando para un posible aumento de pacientes vinculados al conflicto”, dijo el grupo el mismo miércoles.

“Hemos visto personas desplazadas de diferentes localidades a lo largo de la frontera debido al conflicto y estamos extremadamente preocupados de que la intervención militar amenace la seguridad y el bienestar del pueblo sirio”, dijo la organización en un comunicado.

Las operaciones militares contra las milicias kurdas se iniciaron con ataques aéreos que sacudieron la ciudad fronteriza siria de Ras al Ain con grandes explosiones, mientras Turquía movía tanques, artillería y obuses en preparación para ampliar la ofensiva.

El portavoz de las Naciones Unidas, Farhan Haq, dijo que los grupos de ayuda habrían “aumentado en un momento de crisis” e instó a las fuerzas armadas de la región a mantener abierta la frontera entre Turquía y Siria para que los vehículos de ayuda puedan transportar  alimentos, medicamentos y otros equipos a los afectados por los combates.

Ankara busca argumenta que su objetivo es crear una “zona segura” para devolver a millones de refugiados a suelo sirio y poner fin a un “corredor del terror” en la frontera sur de Turquía.

Para el gobierno turco, las milicias kurdas de las llamadas Unidades de Protección Popular (YPG, en kurdo) que operan en el noreste de Siria, son terroristas debido a sus vínculos con los grupos kurdos que operan dentro de su territorio.

Turquía se había estado preparando para avanzar hacia el noreste de Siria desde que las tropas estadounidenses comenzaron a retirarse del área, en una medida adoptada por Trump que ha sido ampliamente condenada en Washington, por considerarse como una traición a los aliados armados kurdos de Estados Unidos en la guerra siria.

Eric Schwartz, presidente de Refugees International,  criticó tanto el cambio de política de Trump, como el ataque “sorprendentemente irresponsable” del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que “pondrá en riesgo muchas vidas”.

“La decisión de Trump de dar luz verde a Turquía para lanzar una incursión en el noreste de Siria podría tener importantes consecuencias humanitarias”, insistió el responsable de la organización humanitaria, quien fue en el pasado funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Podría abrir nuevos frentes en el conflicto y desplazar  a cientos de miles de civiles, en un área que ya se encuentra bajo una crisis humanitaria”, planteó Schwartz en un comunicado, quien añadió que la ofensiva turca, además, obligará a los grupos de ayuda internacional a evacuar a sus activistas en el terreno “justo cuando más se necesitan”.

Doz, una organización de ayuda juvenil, dijo que el objetivo declarado de Ankara de reasentar a unos dos millones de refugiados sirios desde Turquía a su tierra natal equivalía a una operación  de “ingeniería demográfica y limpieza étnica”.

En un comunicado, Doz instó a la Unión Europea, las Naciones Unidas y Estados Unidos a tratar de “prevenir esta guerra” que la ofensiva turca podría provocar y que tendría “consecuencias dramáticas como una nueva migración forzada en masa y que afectaría directamente la vida de seis millones de civiles”.

Doz alertó con alarma que los combates en el noreste sirio podrían “revivir” las acciones del fundamentalista grupo Estado Islámico (EI) y “provocar la liberación” de unos 12.000 de sus militantes más radicales, actualmente detenidos por las milicias  kurdas en al-Hol y otros campos en el noreste de Siria.

HRW, la organización humanitaria con base en Nueva York,  dijo que los militantes del EI detenidos por los kurdos en siete centros en el noreste incluyen a  4.000 combatientes extranjeros que deberían ser repatriados a sus países de origen.

“Miles de personas, incluidos los niños, están atrapados en lo que equivale a cárceles sorprendentemente superpobladas bajo sospecha de ser del EI, pero nadie acepta responsabilizarse por ellos”, dijo Letta Tayler, investigadora de crisis de HRW.

Para la activista, “cualquier autoridad que controle efectivamente estas cárceles informales está legalmente obligada a mejorar urgentemente las condiciones y garantizar que todos y cada uno de los detenidos sean retenidos legalmente”.

T: MF

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Viveiros de Castro: “Estamos assistindo a uma ofensiva final contra os povos indígenas”

Pública - qui, 10/10/2019 - 13:04

Um dos mais influentes antropólogos do planeta, Eduardo Viveiros de Castro não se dá tanta importância. “Talvez seja uma conjunção aleatória, um contingente de fatores que fez com que eu me tornasse uma pessoa em evidência dentro da academia e, depois, fora”, diz com a franqueza habitual.

Escolhido pelos leitores aliados da Agência Pública como entrevistado do mês, Viveiros de Castro recebeu na semana passada nossos repórteres para uma conversa de mais de duas horas, em seu apartamento, no Rio de Janeiro. A sua primeira entrevista após a eleição de Jair Bolsonaro havia sido aceita com uma dose de contragosto. “Não tenho visões especialmente inéditas e profundas sobre tudo o que está acontecendo. Estou apenas perplexo, como todo mundo”, disse, ao descrever o cenário atual como “um momento em que a palavra perdeu o fôlego, inclusive o valor. A gente não consegue mais distinguir a verdade da mentira”. Para ele, a verdade se tornou inacreditável.

Apesar das necessárias ressalvas, Viveiros de Castro conversou com a Pública sobre diferentes temas da atualidade — da resistência indígena à destruição da Amazônia. Do governo Lula-Dilma a Bolsonaro e os militares. Da reforma agrária a Belo Monte. Do terraplanismo à mamadeira de piroca. Da questão climática ao fim do mundo. No início do papo, ao tentar classificar sua perplexidade, ele afirma: “A gente chegou numa situação no Brasil em que você tem que usar um vocabulário da psicopatologia”. A seguir, os principais trechos da entrevista.

Fonte: AF Rodrigues/Agência Pública

Neste imagem: Eduardo Viveiros de Castro, 68 anos, é antropólogo e professor do Museu Nacional da UFRJ

Thiago Domenici — Um sujeito que o senhor admira, que é o Claude Lévi-Strauss, tem uma frase assim: “Meu desejo é um pouco mais de respeito para o mundo que começou sem o ser humano e vai terminar sem ele. Isso é algo que sempre deveríamos ter presente”. Até que ponto o que ele diz se refere ao momento que a gente está vivendo?

Essa frase está num livro publicado em 1955, Tristes trópicos, o livro talvez mais conhecido dele fora da antropologia mais especializada. É um livro que reflete várias coisas, desde um certo pessimismo filosófico muito importante dentro da imaginação lévi-straussiana, como uma observação, em primeiro lugar, absolutamente verdadeira. É interessante como é uma observação que é, digamos assim, uma obviedade, porque o mundo começou sem o homem e vai terminar sem ele, e, ao mesmo tempo é uma obviedade que precisa ser lembrada. Primeiro porque é em cima do esquecimento dela que muitas vezes se constroem vidas e, em segundo lugar, porque nesse momento em particular algo que foi dito há 50 anos, 60 anos ganha, de repente, uma atualidade até certo ponto inesperada.

E mesmo que o Lévi-Strauss já tenha advertido para o fato de que a marcha da chamada civilização ocidental, necessariamente, envolvia uma destruição de suas próprias condições materiais de existência e, portanto, ela era um projeto civilizacional suicida, ele frequentemente localiza mais especificamente na civilização ocidental de origem europeia essa ideia de que é uma civilização que consome quantidades absurdas de matéria e energia, e que está produzindo entropia, está produzindo desorganização do cosmos terrestre e que, portanto, não poderá prosseguir dessa forma. Ela, na verdade, está colaborando para o fim da espécie, num certo sentido.

Essa ideia de que o mundo começou sem o homem e que, sabemos bem, vai terminar sem ele, toda questão diz respeito a quão rápido vai ser esse término. Vai terminar quando sem ele? A impressão que se tem é que esse término está se aproximando de nós com mais velocidade do que se imaginava. Mas, ainda que isso seja verdade, a ideia de que a crise atual, a mudança climática, a crise de todos os sistemas geofísicos, geoquímicos, do planeta, implique, necessariamente, a desaparição da espécie humana, talvez seja um pouco exagerado dizer isso. Porque é provável que não desapareça toda a espécie e que as condições de vida vão ser muito mais difíceis do que elas foram nos últimos 10 mil anos, que é o tempo que se tem de história, o chamado Neolítico da história, essa fase climática dentro da qual todas as coisas das quais nós nos orgulhamos enquanto civilização surgiram: escrita, cidade, artes etc.

E essas condições vão, muito provavelmente, implicar um choque populacional na espécie que não se sabe exatamente quando, como e o que vai acarretar. Então, a frase do Lévi-Strauss é uma frase sombria, sobretudo, porque ganhou uma urgência, uma qualidade que talvez não tivesse em 1955, e pudesse ser vista como uma frase poética — sombria, mas apenas poética. O tempo verbal se tornou, de repente, mais complicado. Não é, talvez, “vai terminar”, mas “está terminando”.

Thiago Domenici — Em algumas entrevistas, já vi o senhor declarar que é um pessimista, mas em que momento da sua trajetória o senhor foi menos pessimista? E como é que o senhor se caracterizaria hoje?

Acho que sou pessimista, sim, em vários níveis e de maneiras diferentes. Num certo plano, sou pessimista num sentido que o Lévi-Strauss era pessimista ao falar que a espécie estava colaborando com sua própria extinção, a partir dos representantes da espécie que se consideram os mais avançados, os mais evoluídos, na vanguarda, e que são justamente aqueles que estão contribuindo da maneira mais radical para a deterioração das condições materiais de sobrevivência da espécie.

Em outro sentido, sou pessimista pois não vejo com grande esperança a capacidade dos Estados-nação, dos governos mundiais, de efetivamente mudar com a radicalidade que se impõem as condições de existência das sociedades avançadas — em particular, as tecnologicamente avançadas — para que você diminua a velocidade de deterioração do sistema termodinâmico da Terra.

Então, é um pessimismo num sentido de que não ponho muita fé na passagem da racionalidade individual, isto é, pessoas que são capazes de perceber que as coisas estão indo muito mal do ponto de vista das condições de existência, para a racionalidade coletiva e, portanto, para que movimentos sociais, governo, ONU, seja quem for, efetivamente tomem medidas que envolvem uma mudança drástica, radical, dramática, do modo de vida que nós consideramos como sendo o ideal e que, entretanto, é precisamente aquele que está produzindo a destruição do planeta.

Tô falando de carro, tô falando de petróleo, tô falando de uso de energia elétrica, tô falando do consumo de energia, seja ela fóssil, seja ela de outras fontes, o consumo em geral, per capita, de energia, o desperdício, produção de dejetos e assim por diante.

É nesse sentido que eu sou pessimista.

Além do que nós estamos vendo algo que ninguém imaginava, talvez, que é uma maré fascista mundial encabeçada pela principal potência mundial [Os Estados Unidos], em breve, segunda potência mundial. A outra [China] sempre foi o que é, há 5 mil anos, sempre foi um regime autocrático, sempre foi um regime imperial, num certo sentido.

O Brasil, pra mim, é um grande motivo de pessimismo, desde o fato de nós jamais acertarmos as contas com a ditadura — é uma vergonha o Brasil não ter feito o que fez a Argentina, o Chile… — e o fato de que nós vivemos — e hoje está mais claro do que há dez anos — como uma democracia tutelada, “consentida” pelos militares até certo ponto. Desde a proclamação da República foi mais ou menos sempre isso que aconteceu. O que é mais patético ainda, porque saímos de uma monarquia estrangeira para uma república tutelada pelos militares. Então, realmente não temos muito o que comemorar.

De outro lado, esse é um país que continua marcado por uma estrutura profunda da sua natureza, a escravidão. Que continua, de certa maneira, girando em torno de um modo de ser, de pensar, de agir, que se contém à memória da escravidão. Não só o racismo, mas a relação do poder público do governo com as populações negras, pobres, do Brasil, o genocídio entusiasmado praticado por governantes.

E agora a gente chegou numa situação no Brasil em que você tem que usar um vocabulário da psicopatologia para falar dos que estão no governo. Esse governador [do Rio, Wilson Witzel] é um psicopata, esse presidente é louco, e coisa desse gênero. Cada vez mais você vê um vocabulário… “As pessoas estão loucas.” “Isso é loucura.” Então, o que que aconteceu para que de repente a política tivesse virado na psicopatologia?

Thiago Domenici — É o que me pergunto todo dia.

Tem que chamar um psicanalista para fazer análise política hoje. É que nem o Reich [Wilhelm Reich, autor e psicanalista] fez do fascismo. Para analisar isso aqui, só uma pessoa que trabalha com questões de psicopatologia.

Ciro Barros — Em 2013, eu tinha 23 anos e foi um momento de certa empolgação com o momento. E hoje se vê muito a análise — principalmente vindo da esquerda mais petista que estava no poder — de que, de alguma maneira, os protestos iniciaram uma onda de acontecimentos que resultaria no governo que está hoje.

Você tinha uma situação em que o PT se comportou de uma maneira, no meu entender, completamente equivocada. Em vez de incorporar as bandeiras que estavam sendo levantadas em 2013, nas jornadas, ele soltou uma Garantia da Lei e da Ordem e começou a se comportar como se estivesse diante de baderneiros, terroristas, seja lá o que for. Com isso, ele jogou o movimento nos braços da direita. A direita se tornou revolucionária e a esquerda virou conservadora.

Entendendo-se o PT como um partido de esquerda, que eu sempre achei uma associação um pouco apressada; só no Brasil se diz que o Lula é um personagem da extrema-esquerda, quando na verdade o PT é um partido social-democrata, enquanto chamar o PSDB de um partido social-democrata é um absurdo, porque é um partido de centro-direita.

O projeto do PT era, na verdade, melhorar as condições de vida da população brasileira sem tocar nas chamadas relações de produção e, se possível — e ele até fez isso —, sem tocar nos lucros da classe dominante, do grande capital. Tanto é que a burguesia, os bancos, o agronegócio, todos eles lucraram muito, se deram muito bem durante o governo do PT. Então, o que o PT queria era simplesmente que caísse mais migalhas da mesa no chão para que o povo pudesse comer mais dessas migalhas. Mas nunca pensou em pegar o bolo, dividir e entregar, redistribuir o bolo radicalmente. Você tinha uma redistribuição moderada e, sobretudo, sem meter a mão no bolso dos ricos.

Como é que se conseguiria fazer um projeto de melhorar as condições de vida da porção mais miserável da população brasileira sem mexer no bolso dos ricos? Tinha que tirar de algum lugar. Você tirou de onde? Da natureza. Das florestas, das águas. Aí aumenta desmatamento, aumenta a exploração da Amazônia, a devastação da Amazônia, aumentam os grandes projetos que vão destruir organizações sociais tradicionais, as populações tradicionais.

Eu acho que o PT cometeu um erro histórico, e acho que o principal foi o de não ter assumido o espírito das jornadas de 2013 e, ao contrário, ter se colocado do lado da polícia, literalmente, e com isso jogou o movimento na mão da direita oportunista e na mão da fração considerável da classe média, que é reacionária, que sempre foi admiradora da ditadura, que sempre saiu na rua levantando cruzes e bandeiras, na Marcha pela Família com Deus pela Liberdade, vestindo camisa do Brasil.

Isso só tirou esse pessoal do armário, no qual eles estavam desde o fim da ditadura e, sobretudo, depois que o PT ganhou a eleição em 2002. Ganhou, aliás, apenas porque o PT se obrigou a fazer concessões. A Carta aos Brasileiros do Lula, em 2002, falou: não vamos tocar no sistema. E, apesar disso, ele [o PT] foi apeado do governo por um golpe. Em parte por causa, evidente, da crise econômica mundial.

De fato eu não sou especialmente otimista, acho que a gente nunca esteve tão mal, do ponto de vista político, quanto agora. A situação é propriamente surreal. Eu há pouco tempo fiz uma brincadeira nas redes sociais dizendo que o sucesso nas fake news no Brasil se deve ao fato de que a verdade se tornou inacreditável. As notícias verdadeiras são inacreditáveis, então você acredita nas falsas.

O Senado chamou o Steve Bannon pra falar no Senado. Isso é inacreditável. O Bolsonaro fala que o garimpo é fantástico e tem que acabar com os índios e não sei o quê. Isso é inacreditável. Então, você tem que acreditar em mentiras. Está mais fácil acreditar em mamadeira de piroca do que no Steve Bannon.

Thiago Domenici — Tem uma entrevista que o Celso Furtado deu para a revista Caros Amigos antes da primeira eleição do Lula [2002]. E ele disse que, da visão dele, seria uma tarefa fundamental do PT, se eleito, tentar impedir o processo de desagregação do Brasil. O senhor já discorreu um pouco disso, mas quais outros pecados o PT cometeu nesse caminho? E Belo Monte?

Primeiro, eu queria fazer uma ressalva. Não é nem dizer que não é o momento de fazer essas críticas, mas é questão de dizer que perto do que está aí o PT era o paraíso, em termos de qualidade das relações políticas, relações sociais. Aliás, com toda a picaretagem, a mamata, a propina, a negociação no Congresso, o mensalão e tudo, que o PT fez, não foi o primeiro partido de esquerda a fazer isso na história.

Ele fez um pacto com o diabo para poder governar, e o diabo cobrou a conta, como sempre cobra.

Com o impeachment foi isso. Ele fez um pacto com as forças mais reacionárias, mais corruptas do sistema político para poder governar, e conseguiu isso até certo ponto. Dali pra frente, a conta veio. E a conta vem da maneira mais atroz, mais absurda, essa prisão do Lula, essa exposição do fato de que o sistema jurídico é envenenado por pessoas de má qualidade ideológica, de má qualidade cultural e de má qualidade política.

Isso tudo, evidentemente, faz com que a gente tenha que criticar o PT, mas dizendo “olha, vejam bem”. Lula livre pra começar — essa eleição foi fraudada nesse sentido de que o Lula foi preso para evitar que ele ganhasse. Nem todo mundo que votaria no Lula — e ele teria ganho em primeiro turno — era petista, e todo mundo sabe. Assim como nem todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsominion, mas muitas das pessoas que votaram no Bolsonaro teriam votado no Lula se o Lula estivesse solto.

Isso, em parte, passa por um certo imaginário brasileiro que envolve a figura do líder poderoso, do líder salvador, que foi transferida do Lula para o Bolsonaro, ainda que eles encarnassem figuras muito diferentes ao representar a esperança. O Lula era, essencialmente, o pai dos pobres, de alguma forma, o Bolsa Família, e o outro é, essencialmente, a figura do capitão, do policial que vai matar, prender e arrebentar, como dizia o Figueiredo. E foi o policial que ganhou.

Estou usando “o policial” para não usar outra palavra, dos amigos dele, pessoal que sai em fotografia com ele em tudo que é lugar. Então nós estamos numa situação de um regime criminoso. Não sei como definir de outra forma. Não estou falando da criminalidade clássica da política, que é a criminalidade dos contratos, dos grupos de favorecimento, que sempre houve e que o PT também praticou, mas numa criminalidade num sentido de porta de delegacia, criminalidade de assassinato, extorsão de populações pobres… Essa criminalidade está no poder. Isso é uma coisa inacreditável.

E está no poder, em parte, com o apoio e, em parte, com a perplexidade do Judiciário, que está aparelhando todo o sistema, toda a máquina pública, com as piores pessoas possíveis.

Você tem uma espécie de critério que é simples: dado um determinado ministério, alguma tal secretaria, quem é a pior pessoa possível pra colocar ali? É essa pessoa que vai.

Então, você tem uma espécie de perversidade, e perversidade quase no sentido psicopatológico mesmo, por isso que falei em psicopatia. É uma espécie de perversidade de você colocar exatamente a pessoa inimiga daquele tema para tocar a política de Estado sobre aquele tema.

Isso está acontecendo no meio ambiente, nos direitos humanos, o direito da mulher, da família, está acontecendo, de certa maneira, na economia.

Thiago Domenici — E Belo Monte?

Bom, uma das grandes divergências, um dos grandes problemas que eu tenho com o PT é Belo Monte, que foi enfiada pela garganta adentro dos ribeirinhos, dos indígenas da região, pelo Lula, pela Dilma. Então, eu não consigo aceitar um partido, um governo que fez Belo Monte. Daí não se segue que eu tenha que aceitar o que está no poder agora, muito pelo contrário, mas Belo Monte não tem perdão.

Eu trabalhei lá, conheço lá, não tem perdão o que eles fizeram ali. Aquilo representa uma ideia de Brasil em que, num certo sentido, há uma continuidade em algum nível entre o projeto do PT e o projeto desse governo no que diz respeito à relação com a Amazônia, com os povos tradicionais, com o Brasil profundo.

Tem que modernizar, tem que civilizar, tem que industrializar, tem que derrubar, tem que gerar renda, tem que gerar valor, gerar emprego, e a gente ouve isso há séculos e só vê o pessoal se fodendo.

Lula livre, sim; Belo Monte, não. Belo Monte jamais.

Thiago Domenici — O governo Bolsonaro elegeu alguns inimigos diretos, seja territorialmente, seja de pessoas ou grupos sociais. Estou falando da Amazônia e dos indígenas. Por que este governo tem tanto medo dos índios?

O problema dos índios, para esse governo e para as frações da sociedade brasileira que ele representa — em particular, o grande capital, o agronegócio —, é que as terras dos índios não estão no mercado fundiário. E o projeto desse governo é de privatizar 100%. Se possível, o Brasil inteiro.

Parque nacional, reserva ecológica, todas as terras que têm uso especial estão na mira desse governo. Daí a importância do Ministério do Meio Ambiente para destruir os sistemas de terras protegidas e para o ataque aos povos indígenas. Esse ataque, na verdade, exprime um desejo de transformar o Brasil inteiro em propriedade privada.

É um Estado cujo objetivo é retirar do Estado a sua soberania efetiva sobre seu território, ou melhor, transformar a soberania em apenas poder de supervisão, mas entregar as terras ao capital privado, seja nacional, seja estrangeiro.

Daí essa conversa para boi dormir dos militares: “Ah, a invasão da Amazônia pelos estrangeiros”. Eles estão vendendo as terras da Amazônia para um monte de proprietário estrangeiro, o problema deles não é esse. Isso é mentira.

O problema dos índios é que as terras dos índios são terras da União, e o objetivo do governo é privatizar. E mais do que do governo, das classes que o governo representa, das quais ele é o jagunço, porque é isso que ele é: o jagunço da burguesia.

O segundo motivo, acho, está numa declaração absurda que o Mourão, o vice-presidente, deu há pouco tempo, louvando as capitanias hereditárias e os bandeirantes, dizendo que aquilo é o melhor da nossa origem, o melhor da nossa história, empreendedorismo e tal.

Isso soa como uma provocação, uma provocação especificamente anti-indígena, porque ele está celebrando o genocídio ameríndio, celebrando o bandeirante, que é uma figura que foi transformada, evidentemente, a partir de São Paulo, em herói da nacionalidade, quando o que ele fez, efetivamente, foi arrancar o Brasil da mão dos seus ocupantes originais. Não conseguiu arrancar todos, ainda tem 13% aí de terra [indígena].

E o objetivo, agora, é completar o processo iniciado com a invasão da América pelos portugueses. Isso é muito claro.

Os militares, agora, estão se identificando com a Europa. É muito estranho, se você for olhar a composição racial das Forças Armadas brasileiras. Não vai achar muito louro. A começar pelo Mourão, que é mestiço de índio. Mas pelo jeito não gosta.

Então, você tem uma concepção que vê o Brasil como um país essencialmente europeu, num sentido assim, do que é o melhor da nossa formação, da nossa história. Como diz o Mourão, o melhor é a Europa. É isso que ele está dizendo.

Talvez o momento culminante do filme Bacurau, que está fazendo sucesso, é o momento do diálogo em que os gringos assassinos dizem pros dois puxa-sacos brasileiros que eles não são brancos coisa nenhuma. O Mourão, na verdade, estava falando como aquele motociclista: o melhor da nossa história são as capitanias. Aí vem o gringo: “Pra começar, português nem é branco. E, segundo, você não é nem português”. Então, bum!

E as celebrações do caráter mestiço, no meu entender, são pura demonstração de hipocrisia. O que se chama de mestiçagem no Brasil, o nome certo é branqueamento.

Então, você tem um ódio do não branco no Brasil, racismo contra os negros, e um racismo dobrado, de um racismo territorial, em relação aos índios. Essas são as razões principais, eu diria.

Ciro Barros — E a Amazônia?

A Amazônia é um objeto imaginário, complicadíssimo no Brasil. Primeiro que a gente precisa sempre lembrar: a Amazônia não é brasileira. A Amazônia é de nove países.

As cabeceiras, as formadoras do Solimões e de grande parte dos afluentes da Amazônia, estão fora do território brasileiro. Se o Peru, a Colômbia, a Bolívia resolverem fechar a torneira, seca.

Vão sobrar os rios que são formados no Cerrado, no Brasil central, o Xingu, Tocantins, Araguaia, Tapajós… Que estão sendo destruídos. O Cerrado está sendo arrebentado, esses rios também estão ferrados.

O escândalo sobre a França falando da Amazônia… A Guiana Francesa é francesa. A França é amazônica, o que vão fazer com isso? Podemos fazer nada. Podemos tentar invadir a França, que nem a Argentina fez com as Malvinas, vai dar super certo…

E a Amazônia tem essa coisa: você, ao mesmo tempo, utiliza aquilo como um cartão de visitas, como um orgulho — “Olha só o verde, o paraíso, muitas árvores…” — e, de outro lado, você quer destruir a Amazônia para os outros não pegarem.

Então você tem aquela atitude de um infantilismo absurdo: “A Amazônia é nossa, e eu faço dela o que quiser. Então vou tocar fogo nela porque ela é minha”. Eu posso fazer que nem a criança que vai quebrar o brinquedo porque o brinquedo é dela, entendeu?

É um pouco isso que os militares falam, que não tem que se meter com a Amazônia, a Amazônia é nossa. Nossa pra fazer o quê?

Por que as Forças Armadas não quiseram intervir em três denúncias recentes de ataque de garimpeiros ao Ibama? Porque eles estão do lado dos garimpeiros.

Não é só essa admiração ridícula do Bolsonaro pelo garimpo, que vem desde a amizade dele, em Serra Pelada, com o Curió, não. Isso é só a parte mais, digamos assim, grotesca. Mas a ideia de utilizar a população pobre, miserável, desesperada, como carne de canhão, pra entrar lá, pegar malária, matar índio, ser morto, destruir, ferrar e tudo, é uma ideia que na verdade está na cabeça dos militares.

Na verdade, isso faz parte da ideologia nacional. O garimpeiro é mais brasileiro do que o índio para o militar. Agora, quando você chega nesse pessoal que está fora, tipo os índios, a população tradicional, os ribeirinhos, os caboclos, os sertanejos, o pessoal cujo modo de vida é contraditório, no sentido forte da palavra, a esse projeto de país, aí a coisa pega.

O que está acontecendo, também, é que em parte esse genocídio que está sendo praticado no Rio de Janeiro em cima das favelas, com a polícia atirando de helicóptero, é porque, em larga medida, o chamado “proletariado” se tornou meio dispensável. Não é preciso tanto trabalhador assim, e você tem uma quantidade de pessoas, hoje, que são consideradas supérfluas dentro do sistema econômico. E essas pessoas estão sendo massacradas.

Fonte: AF Rodrigues/Agência Pública

Neste imagem: “Tem que chamar um psicanalista para fazer análise política hoje”, afirma Viveiros de Castro

Ciro Barros — Um grande traço desse governo que me parece diferente dos anteriores é essa coisa de apresentar lideranças e populações como “ah, olha aqui, os Paresi [etnia do Mato Grosso] querem plantar soja”. Essa narrativa do índio do século 21.

De um lado, acho que nós estamos assistindo a uma espécie de ofensiva final contra os povos indígenas.

É a grande onda agora, e vai por todos os lados. Se não for comprando eles com dinheiro, vai ser metendo os evangélicos malucos lá pra quebrar, pra proibir pajelança, fazer o diabo, acusar os índios das coisas mais loucas.

Porque é o seguinte: índio não é santo. Ninguém é. Tem filho da puta entre os índios, não sei se tanto quanto, mas eles não estão excluídos, digamos, do hall da filhadaputice humana. Então sempre vai ter algum índio, alguma pessoa indígena, que vai servir de traidor, como é o caso dessa moça, essa mulher Kalapalo que o Bolsonaro arrastou pra lá e pra cá e que foi, inclusive, renegada pela sua aldeia, pelo seu povo.

Sem contar outra coisa: os povos indígenas raramente possuem uma estrutura política que tem um porta-voz, uma pessoa que fala em nome da população. Então, o que acontece é que se tem um cara que fala alguma coisa, vai chegar outro que vai dizer o contrário, porque tem as lutas políticas internas. Se não é luta política interna, o fulano de tal se alia com o agronegociante pra ferrar o outro. Ele vai fazer isso.

Pra começar, os povos indígenas são trezentos e poucos no Brasil. Chamar todos eles de indígenas não diz muita coisa sobre eles, diz muito mais sobre a Constituição brasileira, sobre legislação, que chama de indígena uma coisa. A noção de indígena, na verdade, é uma palavra, principalmente, de significado jurídico.

Daí a confusão: isso é índio, isso não é índio, não sei o quê. Quando, na verdade, índio é uma forma de relação com o Estado. É claro, tem uma dimensão histórica, são populações descendentes, remanescentes, e que se pensam como ligadas às comunidades pré-colombianas. Mas são também comunidades que têm uma certa relação de exterioridade em relação ao Estado nacional e à etnia dominante, que é uma relação muito particular. E essa relação passa, principalmente, por uma certa relação com a terra.

E que, na verdade, é o nó do problema, porque o que acontece é o seguinte: a Amazônia é a parte do Brasil que representa o que era todo o Brasil em 1500. Não que ela seja exatamente igual, longe disso. Mas essa é a parte que ainda não foi destruída, que ainda não foi civilizada, que ainda não foi “conquistada”. E agora é: “Temos que acabar os serviços começados em 1500”.

E como a Amazônia virou um foco de atenção internacional por conta do fato de que é a maior floresta tropical do mundo, porque tem uma importância grande no equilíbrio geoquímico e termodinâmico do planeta, evidentemente está todo mundo olhando pra ela.

Esse seria o momento em que o Brasil poderia, se tivesse uma diplomacia menos alucinada do que a desses malucos que estão no ministério… Ela estaria naturalmente faturando, no sentido positivo da palavra, utilizando isso como um trunfo importante na sua posição no cenário internacional. Mas, ao contrário, eles estão batendo o pé, fazendo uma birra absolutamente ridícula. E vão sofrer as consequências. Agora eles têm um inimigo importante, que é o papa, que, evidentemente, não tem tantas legiões, como dizia o Stálin, não tem um exército, mas exerce um poder grande sobre a opinião pública.

Thiago Domenici — O senhor falou da questão da liderança indígena, que não tem uma voz que fale por todos, mas a gente tem a figura do Raoni, por exemplo. Eu queria que o senhor comentasse o papel dele nesse processo da resistência indígena atualmente. E, sobre a questão da terra, queria que o senhor falasse do papel que tem a reforma agrária.

A reforma agrária é um caso especialmente importante. O Brasil não fez reforma agrária, e tudo o que acontece no Brasil, em parte, se explica por isso. Se optou por jogar a população rural nas cidades e entregar o campo à agricultura mecanizada e concentrada. O que acontece na Amazônia é que você ainda tem uma porção grande de população tradicional, ribeirinhos, que não sei o que vai ser dela, porque a soja já chegou na Amazônia faz tempo. A fronteira econômica está subindo e, à medida que ela sobe, vai expulsando gente, jogando fora árvore, colocando boi — o Brasil tem mais boi do que gente. E esse boi, evidentemente, não vai todo para a barriga da população brasileira. Então nós estamos, na verdade, alimentando o mundo. E o engraçado é que vejo, frequentemente, o governo se orgulhar de que o Brasil está alimentando o mundo. Devia estar alimentando os brasileiros, né? Pra começar.

Thiago Domenici — A fome voltou

É, a fome voltou, e nós nos orgulhamos de que estamos alimentando a China. Que orgulho é esse? Se a população brasileira inteira estivesse, de fato, em saúde nutricional espetacular, você poderia se dar ao luxo de se orgulhar de também estar alimentando outros países, né?

Na verdade, nós estamos queimando os móveis da casa para nos aquecermos, digamos assim. A gente está destruindo o Brasil, exportando água, exportando solo para fora do Brasil, e estamos mais ricos por causa disso? A desigualdade diminuiu depois de anos de destruição do Cerrado, da Amazônia? O ciclo do ouro, o ciclo do café, o ciclo da borracha, o ciclo da soja, todos esses ciclos com a mesma estrutura, a saber: o Brasil como exportador de produtos primários para as metrópoles capitalistas. Estamos na mesma posição em que estávamos em 1500. É uma colônia de exportação de commodities.

Agora é commodities high-tech, né? Não é mais o braço escravo, não é mais o índio amarrado, agora é a colheitadeira, é o grande trator, é a feira de Barretos.

O Brasil continua sendo uma colônia que consegue o prodígio de ser uma autocolônia, colônia dos outros e a colônia de si mesmo.

Enfim, e a reforma agrária, o que aconteceu com o MST? Acho que o MST se deu mal no governo Dilma. Ele perdeu o fôlego, perdeu o pique, perdeu a capacidade política, em parte porque ficou nas mãos da sua relação com o governo do PT.

Eu sou otimista numa coisa: acho que o Trump não vai ser reeleito. Mas eu falei que o Bolsonaro não ia ser eleito, e ele foi, né? Eu falei que, se ele fosse eleito, eu saía do país. Eu não saí, né?

Mas, se o Trump não for reeleito, a situação do Brasil vai mudar muito, porque não tem mais um outro maluco. Essa aposta total da Presidência numa relação carnal com os EUA do Trump é bem arriscada.

Thiago Domenici — Essa extrema-direita mundial aflorando assim parece que é algo cíclico, né?

O fato é que isso está ligado, evidentemente, a uma crise econômica mundial, a crise do capitalismo. Não por acaso teve a crise de 1929, em seguida tem o fascismo. E hoje você tem a crise que começou em 2008 e que, na verdade, não acabou. Esse é um ponto de mudança: estamos numa crise econômica mundial, que está se manifestando no Brasil de uma maneira particularmente dramática — não se sabe o que vem depois dela. Essas reações de extrema-direita são claramente reações, parece que são movimentos reativos diante de uma crise, de uma precarização, em relação às condições de vida, e também uma reação à crise ambiental.

Boa parte dos refugiados que estão saindo dos seus países de origem estão saindo por causa de questões de destruição das condições materiais: secas brutais, enchentes. Então, são refugiados do clima, em larga medida. Esse pessoal que está indo para os Estados Unidos, tentando pular o muro de qualquer jeito, em grande medida, é refugiado do clima.

O que me preocupa mais de tudo é a crise ecológica. O problema é que ela atinge o que a gente pode chamar de condições realmente materiais de existência. Não é o salário; é o ar. Não é o emprego; é a água.

Então, são coisas que atingem um nível de fundamentalidade para animais reais, pessoas reais, como nós somos, que precisam de ar, de água, de uma porção de coisas materiais. É nesse nível que a crise se manifesta. No esgotamento dos recursos pesqueiros, na acidificação dos oceanos, na subida no nível do mar, no aquecimento da temperatura, que provoca secas, que provoca enchentes, que provoca furacão, que provoca refugiados.

Esse tipo de crise é uma crise que, para que se possa sobreviver a ela, você precisa de uma radicalidade nas mudanças da forma que se tornou hegemônica no mundo.

Mudanças muito radicais, que não vão ser três torres eólicas que vão resolver. Vai precisar de muito mais que isso, vai precisar de uma mudança radical nos padrões de consumo, das sociedades desenvolvidas, de uma redistribuição radical dos recursos pela população do planeta.

Mas é mais fácil, em vez de acontecer isso, que aconteça outra coisa, guerras genocidas, extermínios maciços de população, destruições gigantescas de meio ambientes inteiros… É por isso que eu não sou muito otimista, né?

Ciro Barros — No seu livro Há mundo por vir?, que você escreveu com a Débora [Danowski, filósofa e companheira de Viveiros de Castro] se fala que essa catástrofe climática impõe ao ser humano uma mudança metafísica de não pensar o mundo inteiro a partir de si mesmo, com uma centralidade no homem.

Não basta ficar dizendo: “Ah, a culpa é do cristianismo, a culpa é de quem botou o homem acima de outras criaturas”. Isso tudo não deixa de ser verdade, mas acho que o fundamental não é isso.

Acho que o que marca a modernidade ocidental é uma certa confiança de que o homem, através da tecnologia, é capaz de resolver qualquer problema que surja, de que sempre haverá uma solução. O pessoal está cada vez mais aceitando que há uma crise ecológica, mas [pensa que] alguém vai dar um jeito nisso. E se não der? Por que tem que dar? Nem tudo tem solução.

Acho que a crise ecológica não tem solução no sentido de manter o status quo atual. Isso é fora de questão. E todo mundo sabe: se o mundo inteiro consumisse a quantidade de energia per capita que consome um cidadão americano, você precisava de cinco planetas Terra para sustentar a humanidade inteira. Qual é a alternativa?

Fonte: AF Rodrigues/Agência Pública

Neste imagem: Viveiros de Castro foi escolhido pelos Aliados da Pública para a entrevista do mês

Ciro Barros — Você falou que a gente deveria perguntar aos índios a respeito do fim do mundo porque o mundo deles está acabando desde 1500. Que lições concretas os povos indígenas podem nos dar a respeito dessa convivência com esse fim do mundo, que é gradual, não acontece de uma vez?

É evidente que os 7 bilhões de pessoas humanas que vivem no planeta Terra não podem viver como vivem, hoje, uma população de 500 pessoas na Amazônia. Mas os povos indígenas, em geral no mundo inteiro, e não só os povos indígenas brasileiros, têm uma relação com o resto da realidade, particularmente com a realidade biológica, viva, outros seres vivos, que é muito diferente daquela que está implícita no nosso modo de vida e explícita em várias doutrinas religiosas, filosóficas etc.

Qual é essa relação? Essas populações se veem como parte de um universo no qual elas estão no mesmo nível que os demais seres. Não quer dizer que eles preferem ser outros seres. Eles só se percebem como no mesmo nível, como sujeitos às mesmas condições metafísicas de existência, digamos assim.

O que acontece na modernidade ocidental é que o homem se considera como um ser de exceção. Ele é um animal, mas ele tem alguma coisa que os animais não têm. Antigamente chamava de alma, agora é cultura, ciência, tecnologia… Mas é alguma coisa que torna o homem metade animal, metade anjo, alguma coisa assim. E o lado extra-animal, superanimal do homem, compensa, cancela, libera a espécie dessa imanência terrestre — transcende a realidade material.

Já os povos tradicionais, porque a história os conduziu a outra direção, não se veem acima das demais criaturas. Eles podem achar que os homens são mais inteligentes do que os jacarés, mas eles não acham que essa diferença é uma diferença de grau, não é uma diferença de natureza.

Para nós, é uma diferença de natureza. É uma espécie de hipocrisia. Porque a gente tem essa sensação de que a gente é dotado de alguma coisa que nos tira de qualquer problema, que as outras espécies vão se extinguir, mas a nossa não — quando a gente sabe que vai se extinguir também.

É como se a espécie humana fosse o único animal que, porque ela sabe que é um animal, ela não é um animal. Porque, como ela sabe que é um animal, isso a torna diferente de todos os outros animais e, portanto, não é animal.

O que é uma contradição em termos. Ao saber que é um animal, devia torná-la mais atenta às condições que a aproximam dos outros animais: da necessidade de um ambiente tolerável pela espécie.

Thiago Domenici — O senhor até usou a expressão de que a espécie humana está se suicidando.

Num certo sentido. Talvez toda espécie se extinga porque se suicide, a menos que caia um meteoro na cabeça dela, é claro. Quando a gente fala “espécie”, também precisa ter cuidado, porque, quando a gente fala “espécie”, nove vezes em dez está falando é dos países superdesenvolvidos, seu modo de vida superdesenvolvido.

Essa é outra palavra que eu gosto de usar, que é superdesenvolvimento. O que a gente chama de [país] desenvolvido, na verdade, é superdesenvolvido, no sentido de excessivamente desenvolvido. No sentido de que consome muito mais do que é necessário, muito mais do que é razoável e muito mais do que é possível, dadas as condições materiais deste planeta. Então, esses países são países superdesenvolvidos.

Eles têm que se “desdesenvolver” para que outros países, outros povos, possam se desenvolver um pouco mais, de modo a equalizar um pouco as condições de existência de Bangladesh com a Califórnia.

Quer dizer que Bangladesh tem que virar a Califórnia? Não. Quer dizer que a Califórnia tem que virar Bangladesh? Também não. Mas tem que haver um meio-termo aí, tem que haver uma certa aproximação entre esses dois povos, entre o camponês de Bangladesh, a favela carioca e os condomínios de luxo de Miami e de Los Angeles. Porque, se não aproximar, o planeta vai explodir.

O Brasil é um país que está sendo usado pelo sistema econômico mundial para fazer um experimento científico, que é: o quanto você pode ferrar uma população sem produzir uma insurreição sangrenta? Até quando você pode ir tirando direitos, ferrando, explorando, expropriando, matando, jogando na informalidade, sem que isso produza um motim, uma revolução, uma explosão de violência popular? É quase como se fosse um experimento científico: o quanto eu posso torturar esse bicho antes dele morrer, sem que ele morra?

E a gente sabe que a humanidade aguenta muita coisa, então é difícil imaginar… Tem a famosa ideia de que um dia o morro vai descer… Mas e se não descer?

Thiago Domenici — E tem a resistência indígena…

Você me perguntou do Raoni, esqueci de responder a isso. O que acontece é o seguinte: sim, o Raoni se tornou um símbolo, esse símbolo é capaz de catalisar a luta indígena, ele é um símbolo essencialmente para fora, um símbolo para os não índios, sobretudo. Em parte, por causa do visual que é muito marcado, em parte porque ele é um senhor, já está há muito tempo na luta, literalmente. E os índios estão se vendo obrigados a construir alianças, causas comuns. Eu me lembro de uma frase do Daniel Munduruku, que é um escritor: “Eu não sou índio, eu sou Munduruku. Índio é uma coisa de vocês, eu sou Munduruku”. Tem toda a razão.

Mas os Munduruku agora estão se juntando com, sei lá, Kayapó, com os Araweté, com os Parakanã… Para que todos esses povos, que não são uma coisa só, possam apresentar uma frente só diante de um outro lado, que, esse sim, é uma coisa só, nós, o Estado brasileiro, a etnia dominante, que é branca.

Por que eles nos chamam de brancos? Inclusive, palavra que, muitas vezes, pode ser aplicada a um negro? Porque o problema não é de cor. Uma metonímia, branco pra falar de brancos, negros, amarelos e azuis, mas ao mesmo tempo é porque o branco é de fato a figura central. O branco é uma coisa só pra eles: é o Estado.

As sociedades indígenas situadas no Brasil sempre foram sociedades com grande potencial anárquico. No sentido de que, dadas as condições demográficas e ecológicas do Brasil pré-colombiano, numa sociedade indígena, se você não está satisfeito com a aldeia, com o teu pessoal, você pega as tuas coisas, pega a rede e vai embora, faz a aldeia do outro lado. Ou seja, eram sociedades que não tinham necessidade de produzir sistemas políticos piramidais com um líder fundamental. Porque, se não está contente com o líder, vai embora e faz outra aldeia. Isso permanece nas sociedades indígenas como um impulso refratário a qualquer pessoa que fale em nome do todo, que, ao mesmo tempo, é contraditório com o que eles precisam agora, que são nomes que possam falar em nome deles todos contra esse Estado etnocida.

Os índios estão, de fato, numa situação complicada. Eles têm ao mesmo tempo que produzir lideranças, às vezes até supraétnicas. O Raoni, por exemplo, que é um Kayapó, mas não está falando ali em nome dos Kayapó. Ele está falando em nome dos índios, de todos os povos indígenas, e, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que vai um pouco na contramão da própria sensibilidade política indígena. E eles têm que negociar isso, não vai ter outro jeito, porque eles estão enfrentando um inimigo que os obriga a se unir. Eles só estão unidos por causa dos brancos. São os índios que estão segurando a Amazônia da força destrutiva do agronegócio, do grande capital e desses malucos militares que acham que Brasil bom é criar um deserto, que governar é criar um deserto.

Ciro Barros — Hoje a gente vê um obscurantismo que chegou ao ponto de se questionar o formato da Terra.

Acho que tudo está naquela frase do Darcy Ribeiro, que todo mundo cita com razão, que é: a má educação no Brasil, a destruição, o péssimo sistema educacional no Brasil, não é um defeito, é um projeto. Acho que existe, sim, um projeto de deseducar a população brasileira, exceto quando se trata de formar mão de obra qualificada para certas funções específicas do mercado de trabalho capitalista. Mas, do ponto de vista do que a gente chama de cultura em geral, acho que existe um projeto de impedir o povo de aprender.

Por que esse ataque às universidades está se dando agora que a política de cotas entrou para valer? Tem cursinho de pré-vestibular na Maré, aprovando todo mundo no vestibular das universidades públicas. “Não pode isso. Se esse povo começar a pensar, vai dar um problema.” Tem que manter a população sob controle.

E agora você tem essas coisas loucas, tipo terraplanismo, revisionismo histórico, negacionismo climático. De onde é que vem isso? Principalmente dos Estados Unidos, vem do [Steve] Bannon, vem do alt-right, vem da nova direita. E vem junto com o quê? Com uma certa fantasia da Idade Média, cruzados e Deus-vult e não sei o quê. Então acho que existe uma espécie de projeto de regressão histórica alucinada, mítica.

Acho que não é por acaso que chamam o Bolsonaro de “mito”, porque existe aí uma mobilização de certas estruturas míticas que são politicamente reacionárias e que estão sendo difundidas, no meu entender, deliberadamente, por uma elite que, evidentemente, não acredita nisso. Você acha que o Olavo de Carvalho acha que a Terra é plana? Claro que não.

Acho que em parte tem um projeto deliberado de introduzir a confusão, o terraplanismo, negacionismo e tal, e que passa por um projeto político mais amplo, de regressão cultural antiliberal, antidemocrático.

O artigo Viveiros de Castro: “Estamos assistindo a uma ofensiva final contra os povos indígenas” apareceu pela primeira vez na Agência Pública.

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Maltrato durante el parto es un abuso común en países de bajos ingresos

IPS español - qua, 09/10/2019 - 18:01

Sanitarios ayudan a una mujer embarazada en el centro de maternidad del campo de refugiados de Nayapara, en Bangladesh. Crédito: Allison Joyce/UNFPA

Por Corresponsal Fao
NACIONES UNIDAS, Oct 9 2019 (IPS)

Un nuevo estudio médico dado a conocer este miércoles 9 concluye que más de un tercio de las mujeres en cuatro países de bajos ingresos sufrieron maltratos durante el parto en centros sanitarios.

La investigación, liderada por la Organización Mundial de la Salud y publicada en la prestigiosa revista médica The Lancet, determina que fueron las mujeres más jóvenes y con menos educación las que corrieron un mayor riesgo de padecer atropellos como “abusos físicos y verbales, estigmatización y discriminación, procedimientos médicos realizados sin su consentimiento, uso de la fuerza durante los procedimientos y el abandono o la desatención de los trabajadores sanitarios durante el alumbramiento”.

La pesquisa tuvo lugar en Ghana, Guinea, Myanmar y Nigeria y reveló que 42% de las más de 2.000 mujeres que fueron parte del estudio sufrieron malos tratos físicos o verbales, estigmatización y discriminación.

Un 14% fueron víctimas de abusos físicos -como ser abofeteadas o golpeadas- y también se realizaron cesáreas no consentidas, episiotomías (cortes quirúrgicos realizados en la abertura de la vagina durante el parto) y exámenes vaginales sin conformidad.

Todos estos atropellos van en contra de las pautas de la OMS que fomenta un cuidado respetuoso de la maternidad que mantenga “la dignidad, la intimidad y la confidencialidad, garantice la ausencia de daños y malos tratos, y permita una elección informada y un apoyo continuo durante el parto y el alumbramiento”.

Alta incidencia de abuso físico y verbal

Aparte de los físicos, un 38% de las 2016 mujeres sufrieron altos niveles de abuso verbal – la mayoría de las veces sufrieron gritos o burlas y fueron regañadas. Además, once mujeres experimentaron estigma o discriminación relacionada con su raza o etnia.

Ante esta coyuntura, la Organización considera que los programas de salud “deben rendir cuentas y deben disponer de recursos suficientes para proporcionar una atención maternal de calidad y accesible, así como políticas claras sobre los derechos de la mujer. Los encargados de prestar servicios sanitarios también necesitan apoyo y capacitación para garantizar un trato compasivo y digno a las mujeres”.

Estrategias recomendadas por la OMS:

  • Reestructurar las dependencias laborales para satisfacer las necesidades de las mujeres, incluyendo la privacidad y el compañerismo laboral
  • Mejorar el sistema de consentimiento informado en todas las operaciones médicas
  • Proporcionar la orientación y el apoyo necesarios a los trabajadores para ayudarles a prestar una atención de mejor calidad
  • Permitir que todas las mujeres que lo deseen tengan un acompañante elegido por ellas durante todas las tareas del parto y el alumbramiento
  • Aumentar la presión pública de prestación de servicios de maternidad de primera calidad que proporcionen atención centrada en la mujer y que no toleren ninguna forma de maltrato

Del mismo modo, se llama a las asociaciones profesionales también a desempeñar “un papel crucial en la defensa y el apoyo de una atención respetuosa” entre las parteras, obstetras y otros proveedores de servicios maternales.

Igualmente, les insta a colaborar en la identificación y denuncia sistemática de los malos tratos durante el parto y que se apliquen las medidas apropiadas a nivel nacional.”

Los resultados del estudio deberían utilizarse para orientar las políticas y los programas con el objetivo de garantizar que todas las mujeres tengan experiencias positivas en el embarazo y el parto, con el apoyo de personal sanitario capacitado dentro de un marco de sistemas sanitarios que funcionen correctamente”, concluye la OMS.

Este artículo fue publicado originalmente por  ONU Noticias.

RV: EG

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Más embajadoras ante ONU que nunca, pero paridad de género sigue lejos

IPS español - qua, 09/10/2019 - 15:31

El Círculo de Mujeres Embajadoras ante la ONU en Nueva York alcanzó la cifra récord de integrantes, con 50 representantes permanente ante el foro mundial. Pero la paridad de género sigue muy lejos, porque sus colegas varones son 140. Crédito: CWA

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Oct 9 2019 (IPS)

Al comenzar octubre, la comunidad diplomática de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York contaba con un número récord de mujeres como representantes permanentes (PRUN), 50 en total, frente a solo entre 15 y 20 en los años 80 y comienzos de los 90. Pero aunque sea un récord, es una cifra muy distante a los 140 varones en similar cargo.

En total, son 193 los países miembros representados en la Asamblea General, el máximo órgano en la formulación de políticas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), pero los tres restantes si bien son mujeres están como encargadas interinas en sus misiones, por lo que no tienen rango de PRUN, la sigla en inglés para los representantes permanentes.

El medio centenar de PRUN femeninas son integrantes también de una asociación exclusiva: el Círculo de Embajadoras de Mujeres, un colectivo en ampliación permanente.

Solo una vez dentro de la ONU se rompió el techo de cristal que obstaculiza la paridad de género. Fue el septiembre de 2014, cuando seis de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU estaban encabezados por mujeres, en un órgano monopolizado secularmente por varones.

“Es un poco extraño que nos haya tomado tanto tiempo”, dijo entonces la embajadora Sylvie Lucas de Luxemburgo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, criticó a comienzos de octubre ante delegados en el organismo que “ningún país del mundo está en camino de alcanzar la igualdad de género para 2030, y las mujeres continúan siendo obstaculizadas por leyes discriminatorias, acceso desigual a oportunidades y protecciones, altos niveles de violencia y normas y actitudes perjudiciales”.

Por lo tanto, el logro de la paridad de género entre los embajadores hombres y mujeres puede estar muy lejos, al ser un reflejo de las políticas nacionales a favor de esta meta incluida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que componen la Agenda de Desarrollo 2030.

Anwarul K. Chowdhury, ex representante permanente de Bangladesh y ex secretario general adjunto de la ONU,  dijo a IPS que cualquier progreso hacia la igualdad “es bienvenido” y así debe verse el histórico número de embajadoras ante el organismo en Nueva York.

“Sin embargo, tenemos un largo camino por recorrer incluso para alcanzar la igualdad numérica entre 193 Estados miembros”, dijo quien impulsase la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, cuando era su presidente en 2000. Esa resolución subraya el determinante papel de la mujer en la prevención y solución de conflictos, así como en las negociaciones de paz y en la construcción de la paz.

El diplomático también recordó “el llamado a la acción de la sociedad civil” en que se instó a los gobernantes que concurrieron el 25 de septiembre de 2013 a la Asamblea General de ese año y a reuniones de alto nivel, “a tomar medidas para la igualdad de la participación de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones en cuatro áreas”.

Esas áreas eran:

  1. Nombramiento de una mujer como la próxima Secretaria General de la ONU. La realidad es que los nueve secretarios generales del organismo en sus 74 años han sido todos hombres.
  2. Nombramiento de mujeres como futuras presidentas de la Asamblea General por los Grupos Regionales. La realidad es que solo cuatro de sus 74 presidentes han sido mujeres.
  3. Elección de más mujeres como jefas de varios órganos de gobierno de la ONU. La realidad es que las mujeres están abrumadoramente subrrepresentadas en esas instancias.
  4. Nombramiento por parte de los Estados miembros de más mujeres como embajadoras ante la ONU en Nueva York y Ginebra. La realidad es que hay una enorme subrrepresentación de mujeres, pese a los avances.

En los cuatro puntos, la comunidad de la ONU necesita hacer mucho más “para poder llamarlo hacer historia”, dijo Chowdhury.

Kshenuka Senewiratne, la primera PRUN mujer de Sri Lanka en más de 63 años, dijo a IPS que el empoderamiento de género ha seguido avanzando en su país y que actualmente las mujeres  superan en número a los hombres en varios ámbitos de la vida, y particularmente en la educación superior.

A su juicio, esto también se refleja en la diplomacia esrilanquesa,  donde las mujeres han vencido a los hombres en los exámenes para el servicio exterior.

“Y es posible que las mismas tendencias continúen en muchos países en desarrollo, incluso cuando la ONU intenta avanzar en su Agenda de Desarrollo 2030, donde el empoderamiento de género sigue siendo una de las prioridades”.

Pero aun así, “todavía tengo que escuchar a mis colegas aquí decir que fue una decisión concertada a favor del equilibrio de género” la que ha impulsado a más mujeres embajadoras ante la ONU en Nueva York, disminuyendo el factor de su valía profesional, criticó.

La veterana periodista Barbara Crossette, ex jefa de la Oficina de la ONU de The New York Times, dijo a IPS que “este fenómeno de más mujeres poderosas en la diplomacia no es diferente a las mujeres que se elevan por su cuenta en la política y no solo por heredar el liderazgo como viudas, hijas u otros parentescos con hombres, como Indira Gandhi, Sirimavo Bandaranaike, Benazir Bhutto, Chandrika Kumaratunga o Cristina Fernández de Kirchner”.

En ese sentido, subrayó que ahora “hay más Angelas Merkel, Michelles Bachelet o Elizabeths Warren”, por nombrar solo algunas mujeres con reconocidos liderazgos políticos y diplomáticos.

“Las mujeres también están aumentando en agencias internacionales y organizaciones de la sociedad civil, ganando experiencia en asuntos mundiales, geopolítica y conflictos armados, a menudo en uniforme y usando una boina de mantenimiento de la paz”, dijo Crossette, editora jefe de PassBlue y corresponsal en la ONU de The Nation.

La periodista puntualizó que “no necesariamente” más mujeres al frente de las representaciones ante la ONU ayudarán a la causa de una mayor y mejor igualdad de género. A su juicio, eso dependerá de que la Secretaría General y las misiones en el terreno se enfrenten contra los denigradores y abusadores de mujeres dentro del sistema.

Parafraseando a una antigua subsecretaria general, Crossette dijo que “solo si los Estados miembros eligen a las mujeres más competentes y destacadas al hacer sus designaciones para cargos en el sistema de la ONU”, se contribuirá a impulsar la paridad de género.

“Deben ser modelos” las mujeres que ocupen cargos destacados dentro de la ONU, sentenció.

El bangladesí Chowdhury, por su parte, consideró que la importancia política de contar con más mujeres como embajadoras ante la ONU se reforzaría si ellas llamaran la atención con sus acciones conjuntas, más allá de que cada representante actúa en general con base en instrucciones de sus gobiernos.

“Su coalición puede unir esfuerzos para enfocarse particularmente en aquellos temas directamente relacionados con el empoderamiento y la igualdad de las mujeres, como el Objetivo 5 de los ODS”, el de la igualdad de género, dijo.

También pueden solicitar mayor participación de liderazgo en la implementación de la Resolución sobre la mujer y la paz y la seguridad o adoptar iniciativas conjuntas a favor de la paridad de género en los altos cargos de la ONU, tanto en sus sedes como en el terreno.

“Las mujeres embajadoras podrían crear estrategias para convertir esta mejora numérica recién obtenida en una coalición efectiva para alcanzar los objetivos globales de igualdad y empoderamiento de las mujeres”, argumentó.

Además del aumento en el número de embajadoras, otro acontecimiento alentador fue que tres embajadoras consecutivas fueron elegidas como presidentas del Consejo Económico y Social (Ecosoc). En 2017 lo fue una representante de la República Checa, en 2018, de San Vicente y las Granadinas, y 2019 desde Noruega.

Esto ha mejorado un poco el triste historial de Ecosoc, quien desde 1946 tuvo solo hombres al frente, hasta que en 2003 fue elegida como su presidenta la embajadora finlandesa Marjatta Rassi. En total, hasta ahora ese trascendente Consejo ha tenido cinco presidentas.

Mientras tanto, en un almuerzo de trabajo en abril del Círculo de Mujeres Embajadoras, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien fue presidenta de la  Asamblea General en 2018 instó a que la ONU actúe con el ejemplo, al recordar que solo una cuarta parte de representantes permanentes eran mujeres en ese momento y que solo una de las comisiones principales de la Asamblea General tiene presidencia femenina.

En su informe anual sobre “El mundo de la organización”,  publicado a comienzos de este mes, Guterres aseguró, no obstante, que la ONU continúa progresando significativamente hacia la paridad de género.

Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, “hemos logrado la paridad de género en el Grupo de Alta Dirección y entre los coordinadores Residentes, y estamos casi a la paridad entre los altos cargos de liderazgo en toda la Organización, mucho antes de mi fecha objetivo de 2021 “, aseguró.

T: MF

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Sem apoio do Exército e com silêncio do Ibama

Pública - qua, 09/10/2019 - 12:54

A apreensão de 60 balsas de garimpo ilegal nos rios que serpenteiam o vale do Javari e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Cujubim, no oeste do estado do Amazonas, na fronteira do Brasil com Peru e Colômbia, entre os dias 10 e 13 de setembro, é mais um capítulo da resistência do governo Jair Bolsonaro à lei que permite a destruição de equipamentos usados em garimpos ilegais.

A Agência Pública teve acesso a uma Ação Civil Pública (ACP) impetrada no fim de julho pelo Ministério Público Federal (MPF) à Justiça Federal de Tabatinga, no Amazonas, onde o Ibama, autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, figura como réu, acusado de se omitir na aplicação da Lei 9.605 e do Decreto 6.514, de 2008, que autorizam seus fiscais a destruir balsas, dragas ou qualquer veículo ou equipamento apreendidos em locais de difícil acesso, sem condições de transporte ou que implique risco aos agentes.

A operação Korubo – referência a uma das etnias do vale do Javari de contato recente – durou cinco dias e foi encerrada em 13 de setembro. Envolveu cinco meses de planejamento entre a localização das embarcações e o início da ação e causou prejuízos estimados em até R$ 30 milhões aos empresários que financiam os garimpos ilegais. No mesmo período, entre 11 e 15 de setembro, os fiscais do Ibama incendiaram retroescavadeiras encontradas em garimpos na Terra Indígena (TI) Trincheira Bacajá, no rio Guamá, e ao longo da BR-163, no Pará. No caso da Korubo, foram empregados 60 homens das tropas de elite da Polícia Federal, Ibama e Funai. O Comando Militar da Amazônia (CMA) chegou a participar do planejamento, mas no fim não se incorporou à operação, mesmo com a presença de tropas do Exército na região cumprindo missão de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), determinada por decreto de Bolsonaro para combater as queimadas.

Fonte: Bruno Fonseca/Agência Pública

Neste imagem: Javari: das “áreas protegidas mais insubstituíveis do mundo” abriga diversos povos desconhecidos, agora ameaçados

Adiamentos por recusa do Exército

Um fiscal do Ibama, que pediu que seu nome não fosse revelado, disse à Pública que, ao contrário de outros momentos, o Exército tem se recusado a apoiar os órgãos de controle federal, o que resultou no adiamento da Operação Korubo. Um documento interno, encaminhado à cúpula do Ibama por seus fiscais, relata que o Comando Militar do Norte (CMN) também se recusou, em três ocasiões, a empregar tropas do Exército nas ações do órgão no Pará, sob o argumento de que poderiam resultar em destruição de bens num momento em que estava em curso negociações com garimpeiros que naqueles dias haviam bloqueado a BR-163. Procurados pela reportagem, os comandos militares não comentaram.

Num documento de 17 de junho, em que detalha os passos do planejamento inicial da Operação Korubo, o procurador da República Valdir Monteiro de Oliveira Júnior escreveu que a Funai e o Ibama estavam contando com um helicóptero Black Hawk do Exército (aeronave com capacidade para transportar até quatro toneladas de equipamentos e 12 pessoas, utilizado para descer e retirar tropas em locais de difícil acesso) para “infiltração e exfiltração de agentes e embarcações” nos garimpos, mas desistiram depois que o CMA alegou, por questões técnicas, que apenas poderia deixar os agentes na selva.

“Após interlocução com o CMA, foi possível garantir apenas a infiltração, e, ainda assim, sem o transporte das embarcações”, registra o procurador, o que motivou, segundo ele, um novo e último planejamento da operação, dessa vez sem nenhuma presença militar. Segundo Oliveira Júnior, em 2014 e 2017, em circunstâncias semelhantes, o Exército atuou com o Ibama para destruir balsas e dragas em garimpos ilegais no rio Jandiatuba e afluentes, no mesmo vale do Javari.

Embora os relatos da Ação Civil Pública envolvam o CMA, o alvo do MPF é o Ibama, que tem a prerrogativa de decidir em quais casos se aplica a destruição de veículos e equipamentos. Oliveira Júnior emitiu uma recomendação formal dirigida ao presidente do Ibama em Brasília, Eduardo Fortunato Bim, ao diretor de Proteção Ambiental, Olivaldi Azevedo, e ao superintendente interino da autarquia no Amazonas, Leslie Tavares, para que o órgão autorizasse seus fiscais a destruir balsas e dragas. No dia 30 de julho, diante do silêncio do órgão, o procurador entrou com a Ação Civil Pública para exigir, por ordem judicial, que a medida administrativa fosse cumprida.

No próprio governo o tema causa confusão. No dia 9 de setembro, o então superintendente do Ibama no Pará, Evandro Cunha dos Santos, nomeado dias antes pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi demitido por ter revelado, numa audiência pública em Altamira, que recebeu ordem para não destruir nada que causasse prejuízos ao patrimônio dos infratores.

Num procedimento que pode nortear futuras operações na região, o MPF pede que a Justiça Federal determine ao Ibama que se abstenha de nomear os infratores como fiéis depositários e autorize a destruição de tudo o que for encontrado em garimpos ilegais. Caso o juiz federal de Tabatinga, Bruno Hermes Leal, atenda o MPF no julgamento de mérito, a decisão pode valer para toda a região Norte, levando a pauta para os tribunais superiores.

Lei manda destruir

A operação foi deflagrada pelo menos três meses depois que o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), órgão ligado ao Ministério da Defesa, flagrou, por imagens de satélite de alta resolução, uma grande quantidade de balsas em atividade garimpeira nos rios Jutaí, Jutaizinho, Curuena, Igarapé do Lobo, Boia e Mutum, que fazem parte da RDS Cujubim.

A reserva ecológica se liga ao vale do Javari através da aldeia Jarinal, cujo acesso se dá pelo alto dos rios Jataí e Juruá e onde vivem os indígenas Kanamary e Tyohom-Dyapah – etnia de contato recente – e pelo menos outros 14 grupos de índios isolados, alguns dos quais não querem contato. Juntos, os dois territórios somam quase 11 milhões de hectares.

O alerta da Funai sobre a “situação extremamente grave urgente de garimpo ilegal” foi dado no dia 29 abril, o que motivou a integração entre os órgãos federais e resultou numa ampla reunião promovida em Manaus no dia 16 de junho, período em que a operação deveria ter sido deflagrada. A opção dos órgãos de controle, desde o início, era destruir as balsas e dragas, uma vez que os únicos acessos aos garimpos eram por ar e rios. Nessa região de selva densa, uma viagem de barco entre a foz do rio Jutaí e a aldeia Jarinal dura ao menos dez dias. Mesmo com bases instaladas no Javari, a Funai só foi à aldeia Jarinal apenas duas vezes nos últimos sete anos.

A ação de garimpeiros na região próxima aos índios isolados não é recente, mas se acentuou desde a eleição de Bolsonaro. Uma denúncia encaminhada ao MPF por um promotor de Jutaí, anexada à ação civil, dá conta de que a movimentação aumentou a partir de novembro do ano passado, não por coincidência, logo depois da eleição, alcançando um total de 122 balsas e 90 dragas em plena atividade nos meses que antecederam a Operação Korubo.

Entidades ambientalistas e indigenistas já haviam alertado que os recados emitidos pelo governo estimulavam os invasores e inibiam os fiscais. O procurador trata a polêmica com sutileza na ação civil. “De fato, a forma como certos veículos repercutem algumas declarações de membros do governo induziu certos agentes públicos a terem receio de represália na seara correcional, mesmo nas hipóteses em que plenamente aplicável a destruição in loco”, escreve Valdir Monteiro de Oliveira Júnior.

No relatório, ele afirma que a posição do governo favorável à regulamentação dos garimpos não é um “liberou geral” aos criminosos: “O mais factível é que as manifestações do governo tenham sido no sentido de não banalizar o ato de destruição: sendo possível apreender a destruir, deve-se apreender”, diz o procurador.

Convencido, no entanto, de que a única opção era inutilizar os equipamentos, e amparado em pedido semelhante cuja liminar foi acatada pela Justiça Federal de Rondônia, em abril deste ano Oliveira Júnior queria que o juiz federal de Tabatinga, Bruno Hermes Leal, concedesse uma liminar num pedido de tutela de urgência, o que obrigaria a cúpula do Ibama a autorizar a operação de destruição, cumprindo a lei. Como a autarquia acabou acatando a recomendação do MPF antes da abertura da ação civil, iniciada em 2 de agosto, o juiz negou por considerar prejudicada eventual ordem judicial. Mas o pleito do MPF continua tramitando.

“O que se quer é a formação de título executivo judicial consistente nas obrigações de fazer”, frisa o procurador. Ou seja, segundo ele, a possível condenação do Ibama criaria segurança jurídica e ratificaria “a atuação dos agentes ambientais no exercício do poder de polícia”, obrigando servidores a agir de acordo com a lei em situações futuras semelhantes.

Fonte: Ibama

Neste imagem: A destruição de equipamentos utilizados no garimpo ilegal é autorizada pela legislação ambiental

“Tirem o pé”

Três dias depois de a Operação Korubo ter sido deflagrada, um grupo de parlamentares e representantes de garimpeiros da região amazônica foi recebido no Palácio do Planalto pelo ministro Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, para reclamar da destruição de retroescavadeiras usadas em garimpos clandestinos à margem da BR-163, o que havia motivado o bloqueio da rodovia como protesto contra a fiscalização.

A Korubo era, segundo o fiscal do Ibama ouvido pela reportagem, a primeira operação de vulto autorizada pela cúpula do Ibama.

Entre os congressistas brasileiros, alguns apoios explícitos aos garimpeiros estão registrados em vídeos e áudios. É o caso do ex-senador Ernandes Amorim e do deputado federal José Medeiros (Pode-MT), que numa declaração em vídeo aparece ao lado de um advogado dos garimpeiros, Fernando Brandão, tratando os fiscais federais como “inimigos do governo”. Medeiros orientou: “Eles vão tentar de tudo nos próximos dias, pode ter certeza, queimar máquinas, fazer de tudo. Se você puder, até o dia 2 [de outubro] tira o pé do acelerador, guarda essa máquina no barracão, pra evitar”, diz o parlamentar. Em seguida ele explica que o governo não tem como impedir a destruição porque os fiscais estão amparados numa lei que ele chama de “gambiarra legislativa”. No final, Medeiros diz que o grupo que apoia os garimpeiros está “firme para derrubar” a legislação.

Medeiros nega que tenha defendido ou estimulado os infratores. Ele explicou à Pública, por meio de sua assessoria, que seu objetivo é encontrar uma alternativa legal que proteja pequenos trabalhadores que buscam regularizar a atividade. O deputado diz que órgãos como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) e Ibama agem por ideologia.

Aldeia invadida

A mineração ilegal na RDS Cujumim, documentada pelo Sensipam em imagens obtidas por satélite, degradou intensamente um dos principais rios da região, o Boia. Segundo denúncia anônima recebida por um promotor de Jutaí e encaminhada ao MPF, esgotado o minério, os garimpeiros “migraram” do Boia para o rio Mutum e deste para o Jataí e seus afluentes, atracando suas balsas nas proximidades da aldeia Jarinal, no vale do Javari.

Segundo denúncia encaminhada ao MPF pelas entidades que representam as etnias do Javari, a União dos Povos do Vale do Javari (Univaja) e a Associação dos Kanamary do Vale do Javari (Akavaja), no dia 10 de julho um grupo de 30 garimpeiros, ocupantes de dez balsas atracadas nas margens do rio Jataí, no marco demarcatório da TI do Javari, invadiu a aldeia Jarinal. Embriagados, desrespeitaram a liderança do cacique Tupyana Kanamary, promoveram festas com alto consumo de álcool, entraram nas casas e assediaram mulheres indígenas. O relato dá conta de que os garimpeiros chegaram a tocar “nas partes e seios” das mulheres.

“O cacique informou ainda que os invasores querem construir suas casas dentro da aldeia Jarinal como uma forma de induzir as lideranças prometendo construir escola e farmácia, se a comunidade deixar tirarem ouro em sua terra/aldeia”, diz a Akavaja em documento encaminhado à Funai. Segundo as entidades, os invasores argumentaram que o governo vai abrir todas as terras indígenas à mineração.

A Jarinal já havia sido invadida no dia 25 de fevereiro deste ano. Cinco homens armados, falando em nome de um dono de garimpo, queriam autorização do cacique para atracar balsas e instalar dragas nas proximidades da aldeia, duas das quais foram vistas por profissionais de saúde em funcionamento no curso do rio Juruá. Alguns dias depois, quatro crianças Kanamary morreram por desidratação causada por vômitos e diarreia. Segundo relato da Secretaria Especial de Saúde Indígena, da Funai, encaminhado ao MPF no dia 25 de julho, as suspeitas são de que tenham bebido água contaminada por produtos usados na garimpagem de ouro.

Na aldeia Jarinal vivem atualmente 192 índios, 150 deles Kanamary e os outros 42, Tyohom-Dyapah, etnias de pouco contato. Nas regiões dos rios Boia, Curuena e alto Jutaí, a Funai identificou a presença de nove grupos isolados e investiga sinais de outras três etnias também desconhecidas.

“Estes indígenas se caracterizam por não possuir contato com a sociedade majoritária envolvente, desconhecendo completamente nossos códigos e condutas, estando, portanto, em extrema vulnerabilidade a contatos eventuais com pessoas de fora de seus grupos, que poderiam transmitir doenças triviais, mas que para eles poderiam ser fatais”, diz o trecho de um comunicado de alerta distribuído pela Funai à véspera da Operação Korubo. No mesmo texto, os sertanistas ressaltam os riscos de “ataques com armas de fogo por parte dos garimpeiros”, com alta probabilidade de os encontros resultarem em massacres.

Sob ataques intermitentes iniciados antes mesmo de ser demarcada, em 2001, a TI do Vale do Javari se transformou, desde o governo Bolsonaro, num dos focos de invasão de garimpeiros, ladrões de madeira, caçadores e pescadores ilegais em busca de tracajá (tartaruga de água doce) e pirarucu nas calhas dos rios Ituí, Itacoaí, Curuçá e afluentes do Javari.

A principal base da Frente Etnoambiental do Javari, na confluência dos rios Ituí e Itacoaí – portal de entrada para a área onde vivem 5 mil índios de sete etnias (Marubo, Mayoruna, Matis, Tüküna – ou Kanamary –, Kulina, Korubo e Tyohom-Dyapah), além dos isolados –, foi atacada a tiros pelo menos seis vezes desde novembro do ano passado, quatro delas nos últimos dois meses. A mais recente ocorreu na madrugada de 21 de setembro, com vários disparos contra os servidores da Funai e indígenas que vigiam a base.

Fonte: Ibama/PF

Neste imagem: Após três adiamentos e ação do MPF, Operação Korubo desmobilizou garimpo ilegal próximo ao Vale do Javari

Assassinato e medo

“O controle e fiscalização da nossa terra estão gravemente em risco, uma vez que o atual governo de Jair Bolsonaro tem mantido e fortalecido uma política de desmonte, desestruturação e sucateamento do principal órgão indigenista do país, a Funai”, alerta a Univaja, em nota de 24 de setembro, em que denuncia a omissão do governo diante dos ataques. A entidade chama atenção também para a presença de missionários estrangeiros, que se aproveitam da fragilidade dos controles para buscar contato, sem nenhuma autorização, com índios isolados. A nota diz que um desses missionários, Andrew Tolkim, já entrou clandestinamente várias vezes na TI do Vale do Javari, para fazer proselitismo religioso, o que afronta a cultura e a crença dos índios.

Um caso ainda insolúvel, o assassinato a tiros do colaborador da Funai Maxciel Pereira dos Santos, no dia 6 de setembro, na principal avenida de Tabatinga, aumentou a tensão na TI do Javari e assustou servidores da autarquia encarregados da proteção aos índios nas bases da Frente Etnoambiental. Recentemente, segundo servidores e indígenas ouvidos pela Pública, aos menos cinco funcionários pediram remoção para seus locais de origem, com medo de represálias. Logo depois do crime, circularam boatos sobre uma suposta lista de pessoas marcadas para morrer. Para confundir, segundo servidores da Funai ouvidos pela Pública, traficantes são listados ao lado de funcionários públicos da autarquia.

Fonte: Arquivo pessoal

Neste imagem: Maxciel Pereira dos Santos, o colaborador da Funai assassinado em 6 de setembro

Ex-militar da Aeronáutica, nos dias em que foi assassinado Santos seria nomeado chefe da base Ituí-Itacoaí, onde trabalhara nos últimos 12 anos e era conhecido pelo rigor com que reprimia os infratores que invadiam a área indígena. Quem conheceu sua atuação sabia que era um homem ameaçado de morte. “Ele ficou muito conhecido por combater os grupos invasores que vinham de Atalaia do Norte, Tabatinga e Benjamin Constant. A morte foi comemorada por pescadores e caçadores nos três municípios”, disse à Pública Varney Thodá Kanamary, vice-coordenador da Univaja, para quem o desafio da polícia, agora, é provar que o assassinato não tem relação com o trabalho de Santos.

O caso está sendo investigado pelas polícias Civil e Federal de Taguatinga. O que se sabe até agora é que o piloto da motocicleta e o garupa que fez os disparos contra Santos, que também pilotava uma moto na avenida mais movimentada da cidade, foram identificados, mas estão foragidos. A polícia busca o mandante e a motivação do crime. A principal linha de investigação aponta invasores contumazes da TI, mas a polícia não descarta também a possibilidade de Santos ter ferido interesses de traficantes, já que a região abriga facções criminosas e é rota internacional de cocaína, a mesma usada por contrabandistas de minério, madeira, peixes e caça retirados clandestinamente das terras protegidas.

“Ele me disse que recebeu recados com ameaças. Numa das últimas vezes que falamos, contou que sabia que estava arriscando a vida. A gente também tem medo quando ouve alguém comentar que há uma lista de pessoas que podem ser mortas e que a próxima vítima será fulano de tal”, diz Thodá. Segundo ele, o clima de tensão e os riscos que isso representa com o desmonte da Funai já foram relatados ao presidente da Funai, Marcelo Xavier da Silva, mas o governo até agora não tomou providências.

Em junho, no mesmo período previsto para deflagrar a operação, segundo informe anexado no planejamento da Korubo, o ministro da Justiça, Sergio Moro, chegou a avaliar a possibilidade de visitar Tabatinga para conhecer a tríplice fronteira. A viagem não se realizou, mas ele nem chegou a falar em incluir na pauta as questões indígenas, cuja política é atribuição do Ministério da Justiça.

“Há muita preocupação nas aldeias. Ninguém está satisfeito com a fala do governo”, afirma Thodá, referindo-se aos sucessivos discursos do presidente Jair Bolsonaro sustentando que não vai demarcar nenhum centímetro a mais de terra indígena e que pode rever algumas demarcações, além de abrir as áreas para exploração econômica. A posição assumida por Bolsonaro, segundo o indígena, estimula invasões. Desde abril, ele diz, garimpeiros têm assediado as aldeias, oferecendo vantagens que os caciques recusam porque não querem a presença de não índios em suas terras.

A Polícia Federal acompanha as investigações sobre o assassinato de Santos e abriu inquérito para apurar a responsabilidade de políticos locais, empresários e invasores que ocupavam as balsas incendiadas na RDS Cujubim e no vale do Javari. Numa das embarcações apreendidas pelo Exército, foi encontrado um termo de autorização municipal para pesquisa mineral, com a assinatura de um vice-prefeito da região, cuja finalidade é driblar os controles usurpando ilegalmente uma atribuição exclusiva da Agência Nacional de Mineração (ANM).

Com seus 8,5 milhões de hectares, o vale do Javari é a segunda maior TI do Brasil e, conforme destaca o procurador Valdir Monteiro de Oliveira Júnior, com base em estudo de organizações internacionais, uma das dez “áreas protegidas mais insubstituíveis do mundo” pela diversidade de espécies e por abrigar a maior quantidade de povos desconhecidos do planeta.

 “Os sem-rios”

O santuário amazônico encarna visões distintas de mundo: a preservacionista e de proteção aos índios isolados, o maior obstáculo aos criminosos, e a desenvolvimentista, representada pelos moradores dos municípios que circundam a TI do Vale do Javari, especialmente Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga. Os conflitos se acentuaram no fim dos anos 1990, com a criação de bases da Funai, guarnecida por sertanistas e índios para impedir invasões e, mais tarde, fortalecidas pela instalação da Frente de Proteção Etnoambiental.

Em fevereiro de 2000, um ano antes de a demarcação da TI do Vale do Javari ser oficializada, um grupo que se autodenominava “os sem-rios”, estimado em 320 homens – entre garimpeiros, caçadores, pescadores, madeireiros e políticos locais liderados pelo ex-prefeito de Atalaia do Norte Rosário Galate –, em três grandes embarcações, ladeadas por pequenos barcos a motor de popa, atracaram na base Ituí e Itacoaí, dispostos a atear fogo na principal base da Funai.

O movimento se iniciou como uma manifestação de protesto pelos rios. Mas num dos barcos estavam homens armados e com um arsenal de coquetéis-molotovs. Antes que o grupo chegasse ao porto, o delegado federal Mauro Sposito, à época chefe da delegacia da PF em Tabatinga, e o sertanista Sydney Possuelo, interceptaram o barco principal. Sposito passou uma metralhadora para Possuelo e subiu no barco para tentar negociar. Caso fosse agredido, o sertanista deveria disparar contra o grupo. “Foi um momento de muita tensão. Por sorte nossa, um helicóptero da Polícia Federal, que havia se deslocado para outro tipo de missão na região, passava pela área. Chamei pelo rádio e os colegas ficaram sobrevoando o barco”, contou Sposito à Pública. Aposentado, o delegado, que à época relatou o episódio a seus superiores, mora atualmente em Manaus.

Atualização 11 de outubro, 15h10: Após a publicação da reportagem, a assessoria de comunicação do MPF enviou a seguinte nota de esclarecimento sobre o apoio do exército. Nela, o MPF afirma que o exército não se recusou a apoiar a ação na região. “Na verdade, o que ocorreu foi inviabilidade técnica para implementar o planejamento inicial, que consistia no transporte não só de agentes, mas também de embarcações pela via aérea. Além disso, devido a restrições nas horas de voo do helicóptero Blackhawk que daria o apoio, em um primeiro momento seria feita apenas a infiltração dos agentes, enquanto a exfiltração dar-se-ia por outros meios”, diz trecho da nota.

O artigo Sem apoio do Exército e com silêncio do Ibama apareceu pela primeira vez na Agência Pública.

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Jóvenes cubanos multiplican ambientalismo con una mejor Internet

IPS español - qua, 09/10/2019 - 10:15

Residentes de la capital cubana durante una Bicicletada por el Clima, una de las actividades que se repiten en La Habana para promover el uso de la bicicleta con fines recreativos y de transporte sostenible. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Luis Brizuela
LA HABANA, Oct 9 2019 (IPS)

Los primeros domingos de cada mes, la joven cubana Viviana Díaz se suma a las decenas de ciclistas que al atardecer recorren céntricas calles de La Habana para promover el uso del recreativo, saludable y ecológico medio de transporte.

Desde septiembre de 2017, esta periodista de 26 años se integró a Bicicletear La Habana, una iniciativa ciudadana nacida dos años antes y que busca aumentar el uso de la bicicleta en este país insular caribeño de 11,2 millones de habitantes.

Ese medio se popularizó en Cuba como alternativa de transporte durante los años más duros de la crisis económica iniciada en 1991, por la desaparición de la Unión Soviética, entonces su principal socio económico. La leve mejoría de años posteriores y su asociación con la precariedad, volvió a sacarla casi por completo de las calles.

El 11 de septiembre, el gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció medidas especiales de ahorro debido a la interrupción en la llegada al país de tanqueros con diésel y otros combustibles. Calificada de “coyuntural”, la situación evidenció la necesidad de políticas para incentivar el empleo masivo, seguro y con precios económicos de las bicicletas.

Si tales razones no fueran suficientes para animarse a bicicletear, “está la posibilidad de socializar y disfrutar del paisaje citadino”, señaló a IPS la periodista Díaz, una integrante más del creciente activismo ambiental cubano, liderado en su mayoría por jóvenes y con convocatorias más masivas gracias a la mejora de la conectividad a Internet en Cuba.

“El liderazgo de la mayoría de estos proyectos ambientales se concentra principalmente en muchachas y muchachos de 20 a 35 años, incentivados por la capacidad de interacción y convocatoria de las redes sociales”, dijo a IPS la activista Patricia Díaz, sin vinculación con la periodista.

Aclaró, no obstante, que los movimientos ciudadanos ambientalistas en Cuba lo integran “personas de todas las edades, tanto adolescentes como mayores de 40 años, algunos incluso en cargos políticos y administrativos, quienes participan, ayudan, son aliados”.

En 2018, en Cuba vivían 2.236.232 personas con edades de 20 a 34 años, casi 20 por ciento de los residentes en el país, precisa el más reciente Anuario Demográfico de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

Patricia Díaz, una historiadora del Arte de 26 años, es una de las coordinadoras en Cuba de Embajada Rebirth/Tercer Paraíso , una plataforma artística promovida por el artista italiano Michelangelo Pistoletto para una Transformación Social Responsable, mediante acciones colectivas y enfocadas en el desarrollo sostenible.

Activistas del proyecto Protección Animales de Ciudad participan de la segunda edición del Festival de Arte e Innovación Social, celebrado el 31 de agosto en el barrio de Los Pocitos de La Habana, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Desde su nacimiento en 2014, el proyecto fomenta alianzas entre proyectos, instituciones, personas, oenegés y emprendimientos económicos que quieren transformar la sociedad a través del arte para lograr un equilibrio entre naturaleza, sociedad y tecnología.

Claudia González, otra de las coordinadoras de Embajada Rebirth/Tercer Paraíso, subrayó el crecimiento del voluntariado y la iniciativa individual en Cuba durante la última década.

“Muchos jóvenes se suman a estos proyectos sin cobrar un salario ni recibir beneficios económicos. En nuestro caso, resulta esencial el apoyo de grupos de voluntarios para la logística de muchas acciones”, dijo a IPS la también historiadora del Arte, de 32 años.

Puso como ejemplo la movilización ciudadana sin convocatoria oficial tras el paso de un tornado que afectó cinco de los 15 municipios de La Habana, la noche del 27 de enero. Cientos de personas acudieron a los lugares más afectados para entregar ayuda y colaborar en la recuperación y reconstrucción.

Igualmente, en lo que va de año, sucedieron diversas experiencias de saneamiento de costas y desembocaduras de ríos en La Habana, y de playas en las cercanías de la patrimonial ciudad de Trinidad, a unos 287 kilómetros al sureste de la capital cubana.

En todos esos casos, la convocatoria a través de redes sociales animó a voluntarios, oenegés, emprendedores privados e instituciones a sumarse a la campaña mundial #Trashchallenge, un desafío mundial contra la basura promovido por jóvenes.

No obstante, voces ciudadanas critican que tras el rescate de esos espacios públicos, en poco tiempo todo regresa al mismo estado deplorable. “Aprecio en Cuba un retroceso grande en la conciencia ambiental. Hay más contaminación de todo tipo”, reconoció González.

Entre los múltiples factores de esta situación, se señala desde la poca exigencia en el cumplimiento de las normas ambientales, hasta deficientes estrategias para fomentar una conciencia cívica en las familias, centros educativos y a través de los medios de comunicación.

Artistas cubanos convocados por el proyecto de arte Tercer Paraíso/Embajada Rebirth decoran fachadas de viviendas en Los Pocitos, en el municipio de Marianao, uno de los que conforman La Habana, durante la segunda edición del Festival de Arte e Innovación Social. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

González y Patricia Díaz coincidieron en la urgencia de que las autoridades dejen a un lado las sospechas hacia la iniciativa social independiente. A juicio de González, el Estado cubano debería facilitar la creación y legalización de más oenegés que respalden la protección ambiental.

Disímiles proyectos autónomos, incluidos los ambientales, aguardan por la modernización de la desactualizada Ley de Asociaciones (No.54/1985), a fin de regularizar su actividad. Al no tener personalidad jurídica, no suelen ser reconocidos como legítimos por parte de instituciones estatales y gubernamentales, y se les prohíbe el acceso a fondos de la cooperación internacional, entre otros impedimentos.

Con la realización de exitosas acciones masivas a favor del ambiente este año, contrastan hechos que muestran la persistencia de incomprensiones a las iniciativas ciudadanas.

En abril, las autoridades negaron al joven ambientalista de 21 años y estudiante de Derecho, Javier Larrea, el permiso para efectuar una marcha contra el maltrato animal en la ciudad de Santa Clara, en el centro cubano, luego de que fuera realizada una en la capital a inicios de ese mes.

El 20 de septiembre, el grupo Friday for Future (Viernes por el Futuro, también llamado Juventud por el Clima) tuvo que cancelar e Cuba una caminata en la capital, al no recibir respuesta de las autoridades al permiso solicitado el 18 de julio para que el país se sumara a los más de 150 donde se celebró, con diferentes actividades, la Semana Mundial del Clima, del 20 al 27 de septiembre.

“Mi generación ha crecido con una realidad diferente a las anteriores, y esto influye mucho en cómo los jóvenes del siglo XXI interactuamos con el problema ambiental a través de las redes sociales”, planteó a IPS el activista Rubén Darío Herrera, coordinador del capítulo cubano de Juventud por el Clima.

El movimiento que comenzó con la protesta cada viernes de la adolescente sueca Greta Thunberg, que comenzó solitariamente en agosto de 2018, cuenta con decenas de miles de seguidores en diversas naciones, entre ellas Cuba, con más de una decena de integrantes en La Habana y Santa Clara.

En un mundo urgido de políticas para frenar el deterioro ambiental y donde activistas como Thunberg ganan cada vez más seguidores y relevancia mediática, “es necesario adoptar cambios mucho más audaces, acorde con la realidad climática actual”, razonó Herrera, estudiante de 22 años.

En el marco del 74 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se realizó en Nueva York el 21 de septiembre una Cumbre de la Juventud por el Clima, que precedió a la intergubernamental Cumbre sobre la Acción Climática, dos días después.

En ambas citas Thunberg y su Movimiento por el Clima o del Viernes por el Futuro tuvieron un papel protagónico.

Edición: Estrella Gutiérrez

 

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A batalha pelo ouro roxo

Pública - ter, 08/10/2019 - 12:00

Alfredo Batista Cunha contorna o mapa com os dedos para mostrar a terra pleiteada pela comunidade remanescente de quilombo do Gurupá, na Ilha do Marajó, uma região no Pará de mais de 10 mil hectares disputada por pretos quilombolas e brancos fazendeiros. A titulação do território, já conquistada pelos quilombolas na Justiça, envolve a disputa do açaí, conhecido como “ouro roxo” paraense.

Para mostrar uma das consequências dessa disputa fundiária, Alfredo acompanha a reportagem da Agência Pública em uma viagem de mais de meia hora de rabeta, nome dado aos pequenos barcos com motor de popa, até um acampamento nas margens do rio Arari. Lá o apanhador de açaí Gilberto Amador, um homem tímido, de voz quase inaudível, mostra uma cicatriz no quadril, onde até hoje se encontra alojada a bala disparada no dia 29 de setembro de 2016 pelo administrador da fazenda São Joaquim Agropecuária Ltda., Assis da Silva Leal.

Gil, como Gilberto é conhecido, conta que cerca de 30 seguranças da fazenda chegaram em barcos, atirando com pistolas e espingardas de dois canos. “Diziam: ‘Mata esse filho da puta’. Era pra matar. Mandaram eu me deitar no chão”, completou, ainda com timidez. A mesma versão consta em seu depoimento no Boletim de Ocorrência (BO), numa investigação que ainda não foi concluída.

Gil é uma das vítimas de uma disputa de mais de meio século com a fazenda São Joaquim. Ao mesmo conflito a comunidade atribui o assassinato de dois quilombolas, um paralisado em cadeira de rodas, além de inúmeras autuações por furto do açaí em terras que a fazenda diz ser dela – ao contrário do que decidiu a Justiça. E apesar de ter conquistado, em todas as esferas, o título de demarcação, a comunidade Gurupá continua sendo ameaçada pela São Joaquim, afirmam os entrevistados pela reportagem.

Fonte: Julia Dolce/Agência Pública

Neste imagem: Gil foi uma das vítimas dos seguranças contratados pela Fazenda São Joaquim

Seus donos, o falecido Liberato Magno de Castro e seus herdeiros, se autodenominam proprietários de quase metade da área titulada, incluindo todos os açaizais margeados pelo rio Arari. Relatórios públicos já apontaram, no entanto, que a área foi grilada por Liberato.

Do processo de titulação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), resta a desintrusão, ou seja, a expulsão dos não quilombolas daquele território. A lentidão no processo levou a Advocacia-Geral da União (AGU) a entrar, no último dia 26 de setembro, com uma ação de reintegração de posse para anular o título de propriedade e cancelar os registros imobiliários da fazenda São Joaquim.

Para o Ministério Público Federal (MPF), este é um dos conflitos mais graves envolvendo quilombolas em todo o estado do Pará. A história da comunidade, localizada nas margens do rio que a nomeia [Gurupá], remonta à fuga de pessoas escravizadas em meados do século 19 em uma fazenda na beira oposta do rio Arari, onde o Gurupá deságua. Com o passar das décadas, as três famílias originárias da comunidade, uma delas a Batista, ascendência de Alfredo, tornaram-se uma comunidade de 47 famílias, cuja subsistência sempre foi tirada da floresta amazônica, retirando o açaí para consumo. No início dos anos 1970, a chegada do fazendeiro Liberato na região mudou tudo, explica Alfredo.

Advogado e pecuarista de renome no Marajó, Liberato também teve ascendentes que participaram do período escravocrata, caso de sua bisavó, a baronesa Maria Leopoldina Lobato de Miranda. Historicismo à parte, os quase 900 quilombolas de Gurupá lembram, por vivência ou por relatos, quando o fazendeiro chegou dizendo que aquelas terras rasgadas por águas lhe pertenciam, e seus empregados atearam fogo nas casas de seus familiares. À época, as famílias foram expulsas para as margens do rio Gurupá e, desde então, a fazenda explora os recursos disponíveis no resto da região. “Minha tia Joana, quando chegou da roça, viu sua casa toda em chamas e suas coisas debaixo das árvores”, conta Alfredo.

Se antes as famílias viviam espalhadas por diversos igarapés repletos de açaizais, hoje dezenas de casinhas margeiam as curvas do Gurupá, único lugar liberado pelo fazendeiro para exploração do açaí. O conflito pela “posse” do fruto se intensificou na última década com a valorização do preço, cuja polpa, principal fonte de renda da comunidade quilombola, é exportada do Pará para o mundo todo. Em 2018, o Pará exportou 2,3 mil toneladas do ouro roxo, cuja rota chega a quase todos os continentes, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado (Fiepa).

Fonte: Julia Dolce/Agência Pública

Neste imagem: Todos os quilombolas foram expulsos, nos anos 1970, para a margem do Rio Gurupá, onde vivem aglomerados

Grilagem x titulação

A safra do açaí tem início no mês de julho e vai até dezembro, e é quando os quilombolas conseguem tirar a maior parte de sua renda, dos açaizais que ficam na área protegida pelo administrador da São Joaquim, Assis da Silva Leal. Anualmente, a fazenda arrenda os açaizais para trabalhadores trazidos de outras comunidades, que trabalham como meeiros, ou seja, deixando metade do lucro para os proprietários da fazenda.

Em processo de demarcação desde 2008, a portaria de reconhecimento da Gurupá já foi publicada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em dezembro de 2014, e assinada em Decreto pela Presidência da República, em abril de 2016. A suposta propriedade da São Joaquim, por sua vez, é considerada pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) terra pública desde o final de 2017.

Fonte: Julia Dolce/Agência Pública

Neste imagem: Fazenda São Joaquim mandava comunicados para os quilombolas, reiterando sua propriedade sobre a área onde vivem

Concluiu-se que os documentos apresentados por Liberato não apenas são inválidos na atualidade, por remontarem até mesmo às cartas de sesmarias distribuídas às famílias nobres pelo império português, mas, na verdade, dizem respeito a outra área, de outro município.

Os antecedentes do fazendeiro, além de serem considerados nobres, têm um longo histórico de participação na política estadual. Já Liberato, além de proprietário da São Joaquim, foi sócio de um consórcio de fazendas chamado Itaqui Agropecuária Ltda., filiada à Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), e sócio de um escritório de advocacia em Belém. O fazendeiro chegou a ser citado no livro Donos da terra: trajetórias da União Democrática Ruralista (UDR), da historiadora Marcionila Fernandes, como membro da sede marajoara da UDR.

Apesar de sua morte no início de 2018, seus herdeiros seguem brigando pela propriedade da terra. Uma das filhas de Liberato, Consuelo Castro, foi prefeita do município de Ponta de Pedras, vizinho a Cachoeira do Arari, entre 2012 e 2016, pelo PSDB. Outro filho, Leão Neto, coleciona diversas postagens no Facebook criticando os direitos indígenas, a reforma agrária e até mesmo a repercussão internacional das queimadas na Amazônia.

Já o administrador da São Joaquim, Assis, chamado pelos quilombolas de feitor ou até de capataz, teria ainda o auxílio de seguranças da fazenda e da Polícia Civil do município de Cachoeira do Arari, onde fica a comunidade, na proteção da fazenda, segundo os quilombolas. É o que denuncia Alfredo, hoje presidente da Associação Remanescente do Quilombo de Gurupá (Arquig). “Nossa luta é travada há mais de cem anos, e, no caso desse fazendeiro que se diz dono da área, há 47 anos. Hoje a terra é decretada dos ribeirinhos e dos quilombolas, mas as pessoas que perdem não sabem perder. As pessoas levam revés porque saem para uma batalha dessa”, conta, revelando preocupação pelos quilombolas que seguem na linha de frente do conflito.

Fonte: Julia Dolce/Agência Pública

Neste imagem: Alfredo Batista é o atual presidente da associação dos quilombolas

A comunidade quilombola do Gurupá espera, há quase dois anos, que o Incra realize a desintrusão do território, já adiada diversas vezes sob alegação de falta de orçamento. Além da São Joaquim, outra fazenda, chamada Caju, e mais sete propriedades de pequenos produtores que não se consideram quilombolas estão dentro do território da comunidade Gurupá. No entanto, só essas pequenas propriedades receberão indenização para serem retiradas da área, uma vez que as fazendas consideradas “de má-fé” são griladas.

Como explica o procurador da Câmara de Comunidades Tradicionais e Povos Indígenas do MPF de Belém, Felipe de Moura Palha e Silva, a ausência de recursos não serve para justificar a não retirada da propriedade dos herdeiros de Liberato. “A desintrusão tem que acontecer para ontem, porque enquanto não retirarem [a fazenda] os conflitos continuarão acontecendo nesta safra do açaí”, explica. Contatada por telefone e e-mail, a Superintendência Regional do Incra no Pará não respondeu sobre razão do adiamento da desintrusão.

Enquanto isso, segundo Silva, o conflito na comunidade de Gurupá é “de risco de morte iminente”. “A partir do momento em que a área já foi definida para eles, e eles agem conforme a legitimidade de sua titulação, isso gera ação contrária por parte do poder político local, do fazendeiro, da polícia”, completa.

Diante da morosidade da situação, o MPF acionou a AGU, que entrou com uma ação ordinária com pedido de tutela de urgência pela efetivação da desintrusão, “determinando que a ré desocupe a área, abstenha-se de voltar a ocupá-la e/ou de impedir o acesso à mesma, inclusive mediante o uso de força policial […] sob pena de cominação [ameaça] de multa”, coloca o documento.

Marcados para morrer

A última ameaça registrada pelos quilombolas ocorreu em agosto. De acordo com relatos dos moradores, denunciados ao MPF e registrados em um ofício circular encaminhado, no dia 19 de agosto, para diversos órgãos responsáveis pela segurança da comunidade, Assis da Silva Leal, mais uma vez, estaria percorrendo as águas marajoaras para constranger e ameaçar seus membros de expulsão. Segundo o ofício do MPF, o administrador da fazenda São Joaquim estaria acompanhado por Romero Giotto do Amaral Brasil, investigador da Polícia Civil de Cachoeira do Arari.

Quem relata a história pela primeira vez é Josiel Amador, apanhador de açaí e irmão de Gilberto. Há cerca de dois meses ele, Gil e outro jovem estão vivendo “para as barracas”, ou seja, novamente acampados nas margens do Arari e seus igarapés, revezando como parte da estratégia de ocupação da área. Lá eles enchem e vendem as rasas – cestas que rendem até 7 litros de polpa do açaí – para embarcações. A ocupação temporária, apesar de ser dentro do já demarcado território quilombola, é uma retaguarda contra as investidas da fazenda.

Fonte: Julia Dolce/Agência Pública

Neste imagem: Gilberto Amador mostra a cicatriz na bacia, onde carrega uma bala alojada

“Nesse mês, Assis veio escoltado pela polícia. Foram lá dentro do Gurupá deixar uma intimação e daí pararam aqui nessa barraca. Aí falaram que nós éramos invasores, ladrões, que estávamos invadindo terra. Eu disse pra eles que a gente só saía com mandato judicial”, lembra, reafirmando sua falta de confiança nas autoridades locais. “Toda vez que a gente chega numa delegacia, para nós é um pesadelo. Quando a gente consegue alguma coisa é no MPF e na Polícia Ambiental. Quando a polícia de Cachoeira vem aqui, é para pegar os quilombolas”, reclama Alfredo.

No documento emitido pelo MPF, o procurador Felipe de Moura Palha e Silva
pede que a Delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Arari e a Delegacia de Conflitos Agrários encaminhem a relação do que tem sido feito para evitar o conflito e que evitem tomar medidas que não assegurem a integridade física da comunidade quilombola.

A Arquig quilombola registou, a partir da denúncia ao MPF, um segundo BO na própria Polícia Civil para denunciar as condutas criminais do administrador da São Joaquim. Com o reconhecimento oficial da comunidade quilombola, a associação sente que tem os elementos necessários para responsabilizar Assis, como explica Analu Batista dos Santos, graduanda em direito e uma das referências da comunidade.

“Acusamos [Assis] de difamação, ameaça e coação com a polícia. Nós teríamos muitas acusações contra ele, mas nunca foi provado nada. Eles sempre fizeram isso. Trazer a polícia para coagir foi prática constante por muito tempo. Quando a polícia começou a não vir mais, ele trouxe milícia. Pessoas encapuzadas que desciam de helicóptero em uma fazenda próxima. Às vezes com segurança da fazenda também. Isso é recorrente”, denuncia.

Analu, que é técnica em administração e graduada em letras, conta que decidiu estudar direito para defender sua comunidade. Ela trabalhou como funcionária pública na prefeitura de Cachoeira de Arari por dez anos. “Nessa década que morei lá, eu ia quase todo final de semana para a delegacia, nos tempos de safra, tentar defender os quilombolas que levavam para lá. Eu ia pela fala mesmo, porque não conhecia o direito. Perguntava o que eles tinham contra as pessoas, e eventualmente eles tinham que liberá-las.”

Analu afirma “não se considerar uma liderança” e que o interesse pelo direito começou quando ela tinha 7 anos. “Quando eu era pequena, eu achava que a figura do advogado podia fazer qualquer coisa.” Ela conta que seu pai, Osvaldo Batista, foi ameaçado de morte por muitos anos pelos feitores do Liberato. “Quem foi destinado a matá-lo só não matou porque eu ia para a roça junto com ele. Às vezes eu tinha pesadelos e não largava dele, ia junto para protegê-lo. Acho que sentiram pena, não sei”, comenta.

Fonte: Julia Dolce/Agência Pública

Neste imagem: Osvaldo Batista, ex-presidente da Arquig, passou anos sendo ameaçado pelos feitores da Fazenda São Joaquim

A primeira tentativa de denunciar formalmente o administrador da São Joaquim ocorreu justamente quando Gil foi baleado, em 2016, e também envolveu seu irmão. Na época, eles estavam acampados durante aquela safra do açaí. Ao mostrar a cicatriz da bala alojada, ele lembra que, na ocasião, conseguiu se arrastar para a mata e buscar ajuda. Foi quando os homens se voltaram contra Josiel, o algemaram e o levaram pelo rio “como refém”. “Ficavam me ofendendo, me xingando. Uma hora passamos em frente a uma casa e eu tentei gritar, mas me bateram”, lembra. No BO, o depoimento de Josiel enumera as ofensas racistas que recebeu. “Ladrão, filho da puta, patife, bando de preto ladrão.”

Segundo Josiel, ele foi deixado em uma fazenda chamada Coração, distante da comunidade, de onde os pistoleiros que o sequestraram partiram de helicóptero. O quilombola andou por horas até encontrar uma casa com telefone rural para avisar seus familiares e conseguir uma embarcação para voltar para Cachoeira do Arari. Quando chegou, foi direto à delegacia denunciar o ocorrido, enquanto Gil estava no hospital.

Segundo a Arquig, a denúncia foi arquivada por falta de provas, uma vez que os médicos que atenderam Gilberto não conseguiram retirar a bala. “A melhor justiça, pra mim, não era a bala, é o Gil que tá vivo e falando a verdade. Ele viu que foi o Assis. A prova tá aí”, critica Alfredo, presidente da associação. O delegado David Bahury afirma desconhecer o caso, que ocorreu antes de sua gestão, mas diz “acreditar que o inquérito tenha indiciado o senhor Assis”.

Apesar de emblemática, a ocasião não é exceção no histórico da comunidade. Alfredo conta que na véspera de Natal de 2014, um homem que se apresentou como Rose, filho do antigo administrador da São Joaquim, identificado apenas como Dino Feio, invadiu um dos setores da comunidade, o igarapé da Roça, junto com dois pistoleiros, com o suposto objetivo de cobrar os quilombolas que haviam pescado nos lagos da fazenda e “mexido com o peixe dele”. Da terra, o filho do feitor atirou em uma rabeta onde estavam os quilombolas e irmãos Adenilson Moraes Alexandrine e Adelson Moraes Alexandrine. O primeiro morreu na hora, e o segundo encontra-se até hoje em uma cadeira de rodas em decorrência dos ferimentos.

Alfredo acredita que os crimes ocorreram em retaliação a uma briga que os quilombolas tiveram com Dino. “Teve uma discussão aqui, por conta das acusações de furto de açaí, e os quilombolas, revoltados por tudo que estava acontecendo, pegaram o Dino e bateram nele. E teve o retorno”, opina.

Fonte: Julia Dolce/Agência Pública

Neste imagem: Barcos compram e buscam as rasas de açaí nas barracas ao longo do Rio Arari

O assassinato de Lalor

De fato, as lideranças da comunidade guardam calhamaços de documentos contendo inúmeras denúncias da violência que sofreram pelos administradores da fazenda São Joaquim e pelos policiais de Cachoeira do Arari ao longo das décadas. Da mesma forma, guardam as dezenas de intimações que já receberam por “furto de açaí” e “invasão de propriedade”.

Aos 64 anos, a funcionária pública Maria de Fátima Gusmão Batista, mãe de Analu e auxiliar de faxina na Escola Municipal Quilombola da Comunidade de Gurupá, atua como uma espécie de guardiã dos documentos. “Eu sempre guardo as declarações. Isso aqui é só intimação e BO que vinha de Cachoeira do Arari para cá, acusando a gente de furtar açaí. A polícia não saía daqui. Eu vou te dizer, já ajudei bastante nesse conflito. Ajudo quando posso, porque já tô nessa idade”, conta, sentada no chão da casa de madeira, à beira do rio Gurupá, e cercada de papéis já amarronzados do tempo. Apesar de tantos relatos, uma ocorrência específica é a que mais marca a história da comunidade quilombola e de Maria: o assassinato do líder Teodoro Lalor de Lima.

Fonte: Julia Dolce/Agência Pública

Neste imagem: Maria de Fátima Batista guarda grande parte das intimações recebidas e denúncias ao MPF feitas pelos quilombolas

“Depois que o seu Lalor morreu, todo mundo ficou com medo. E depois disso também acirrou o conflito.” Lalor era presidente da Arquig quando foi assassinado, em 2014, na capital, Belém, onde se preparava para uma rodada de reuniões com o Incra e o MPF. As circunstâncias do assassinato foram consideradas pela Justiça como apenas um “crime passional”. “Eu era muito amiga dele. Se ele fosse vivo, ainda tava na presidência, porque ele enfrentava os fazendeiros de igual pra igual”, conta Maria.

A família de Lalor foi a única que, desde os anos 1970, com a chegada de Liberato, não arredou o pé do sítio onde vivia, no igarapé Bom Jesus do Tororomba. Com as constantes intimidações para que a família se retirasse do local, que levaram à abertura pelo MPF de um processo demarcatório paralelo do sítio dos Lalor Lima, Teodoro se tornou a principal referência para os quilombolas do Gurupá.

Ao longo das décadas, chegou a ser preso na delegacia de Cachoeira do Arari diversas vezes, em ações de reintegração de posse por parte da fazenda, além de sua residência ter sido incendiada em 1993. Na época, as ameaças partiam do então feitor da São Joaquim, Coriolano Feio. Analu conta que a violência do conflito teve início com Lalor. “Era um homem pobre, preto, que ousou enfrentar esse povo. A questão de Liberato era lutar por orgulho próprio.”

Na época, o principal lucro da fazenda vinha do gado, do seringal e da extração de palmito. O açaí ainda era manejado pelos quilombolas prioritariamente para a alimentação. “O açaí não tinha esse valor na época. Para nós, antes de ser vendável, sempre foi pra beber. Então para a fazenda nunca foi determinante também, para eles é troco”, completa Analu.

A historiadora e antropóloga Rosa Acevedo Marin, professora de pós-graduação do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará (UFPA), foi uma das responsáveis pelo primeiro laudo antropológico sobre a comunidade do Gurupá, em 2008, e organizou a produção de um livro com as memórias de Lalor. “Realizamos o trabalho em meio a uma situação de conflito muito forte”, recorda.

De acordo com a quilombola Analu, todo o processo de conflito com os fazendeiros – e as últimas ações que buscam criminalizar o feitor da São Joaquim – é “concomitante” com o longo processo de titulação da comunidade remanescente de quilombo. O autorreconhecimento da comunidade como quilombola se deu em 2002, com a criação da Arquig, a certidão da Fundação Cultural Palmares foi publicada em junho de 2010 e o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), em 2012. A partir de então, como mencionado anteriormente, o Incra e a União reconheceram a desapropriação da fazenda para uso do Território Quilombola de Gurupá.

Em 2009, os quilombolas conseguiram na Justiça uma liminar que garantia a autorização para que explorassem as áreas de várzea, ou seja, as margens do rio Arari, do território exigido por Liberato. No entanto, um agravo no Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1) sustou a decisão. Apesar disso, o longo processo de demarcação, após uma década, foi concluído. Na prática, a última etapa de desintrusão da fazenda mantém os quilombolas em risco.

Fonte: Julia Dolce/Agência Pública

Neste imagem: Analu Batista, formada em letras e estudante de direito, diz ser principal “cérebro” na resistência da comunidade quilombola

A desintrusão que não vem

Segundo o procurador Silva, o atraso do Incra está relacionado a um “completo esvaziamento da política de demarcação de comunidades quilombolas”, principalmente na superintendência de Belém. “Estamos em setembro e até hoje não foi repassado um real de orçamento para dar continuidade aos processos. Estão parados desde primeiro de janeiro”, denuncia. Segundo dados do MPF, três outras comunidades quilombolas, apenas na Ilha do Marajó, também já tiveram seu processo de titulação concluído e aguardam a desintrusão dos invasores.

Entre as recomendações dadas pelo MPF no ofício circular enviado em agosto, está a insistência para que a desintrusão seja feita pelo Incra o mais rápido possível. Silva cobra a ação do Ministério Público local de Cachoeira do Arari, para coibir as atividades latentes no conflito: “Uma é a realização de notificações dos quilombolas pelo investigador da Polícia Civil sem sequer a participação do delegado e a outra é o próprio fundamento jurídico que estão dando a uma posse ilegal e ilegítima, para fundamentar inclusive ações sobre furto de açaí”, coloca.

Fonte: Julia Dolce/Agência Pública

Neste imagem: Açaí é a principal fonte de sustento da comunidade quilombola de Gurupá

O MP de Cachoeira de Arari está sem promotor titular desde abril deste ano. A promotora temporária, Paula Camacho, afirmou que a citação da participação do investigador da Polícia Civil nas denúncias de ameaças sofridas por quilombolas chamou sua atenção, mas que, segundo a polícia, a informação “não coincide com os fatos”. “Como é um conflito, há vítimas dos dois lados. Todas essas questões ainda estão sendo apuradas”, concluiu, em breve conversa por telefone.

Para o procurador, o grande problema da situação é a “força política local que as pessoas têm para impedir a tramitação dos processos e o reconhecimento e titulação da comunidade”, afirma. “Posso dizer, sem medo de errar, que a força política e econômica de quem não tem interesse que essa titulação aconteça é o responsável por essa via-crúcis”.

Após toda uma vida dedicada à demarcação da comunidade, Maria de Fátima Batista tem medo de não chegar a “ver o território” na “mão dos quilombolas”. Ela expressa revolta diante da justificativa financeira dada pelo Incra para não efetuar a expulsão da fazenda São Joaquim. “Além de ofendida, me sinto muito revoltada, porque a gente não quer nadar e morrer na praia. Quero ver esse território livre, sim senhora, espero que, se eu ainda tiver vida, consiga ver nosso território, toda a área pleiteada.”

Outro lado

Leão Neto, filho de Liberato Magno de Castro, atendeu a reportagem por telefone e prometeu providenciar algum representante da família para responder às denúncias apresentadas, mas não entrou em contato até a publicação.

Já o delegado responsável em Cachoeira do Arari, David Bahury, afirmou, por telefone, que a Polícia Civil do Estado do Pará vem combatendo, “veementemente”, as milícias existentes no estado. Sobre os relatos que denunciam que o investigador Romero Brasil estava presente nas últimas ameaças contra a comunidade feitas pelo gerente Assis da Silva Leal, o delegado respondeu que o investigador tem uma “conduta irreparável”.

Entretanto, afirmou que o que “pode ter acontecido” é que Brasil “tenha precisado de algum auxílio para chegar à comunidade, porque é um local distante”, e que isso justificaria a presença de uma das partes do conflito na lancha da Polícia Civil. O delegado concluiu a ligação dizendo que investigaria as denúncias dos quilombolas.

No dia 25 de setembro, um homem que se identificou como “Augusto” ligou para a reportagem. Em uma conversa breve, a repórter procurou esclarecer qual a ligação de “Augusto” no conflito. Ele desligou após avisar que logo a reportagem saberia “quem ele é”, bem como quem realmente são os quilombolas e os fazendeiros. O número foi identificado, de forma pública, como do investigador Romero Brasil.

Procurado, Romero Brasil respondeu por WhatsApp afirmando “não ter nada a declarar” sobre a ligação feita por “Augusto”. Sobre as acusações registradas no documento do MPF, o investigador disse que estava fazendo intimações contra os quilombolas devido ao “grande volume de reclamações feitas por parte do sr. Assis Leal e por funcionários da fazenda”; que há “invasão de pessoas que se dizem quilombolas” e que não tem como a polícia saber “quem é e quem não é quilombola”. Romero afirmou ainda que as intimações não foram feitas por barco e que, como nunca havia andado na região do Gurupá, “o sr. Assis se prontificou a nos guiar até a área de entrada da região”. O investigador destacou que não presenciou “embaraço, coação ou ameaça” durante o episódio.

O artigo A batalha pelo ouro roxo apareceu pela primeira vez na Agência Pública.

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Trece nuevos compromisos para combatir al discurso del odio

IPS español - seg, 07/10/2019 - 18:08

Una niña se manifiesta con un cartel que reza, en inglés, “todos somos humanos”. Crédito: Epa/Acnudh

Por Corresponsal Fao
GINEBRA, Oct 7 2019 (IPS)

En junio, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, presentó la Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre el discurso del odio, en la que el respeto de los derechos humanos, sin ningún tipo de discriminación, es uno de los pilares fundamentales de esta estrategia.

En una entrevista que concedió la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), el asesor especial de las Naciones Unidas sobre la prevención del genocidio, Adama Dieng, examinó la manera de combatir el discurso del odio, un problema que va en aumento.

Acnudh: Usted dirige la nueva estrategia de las Naciones Unidas orientada a combatir el discurso del odio. ¿Qué medidas específicas podemos tomar para “abordar todo el ciclo vital del discurso del odio, desde sus causas profundas hasta su repercusión social?”

Adama Dieng: En la Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas para abordar el discurso del odio se fijaron 13 compromisos, que tendrán que ejecutarse a escala mundial, pero también en el plano nacional. Estos compromisos abarcan una amplia gama de medidas, entre otras:

  • Aumentar la comprensión y el monitoreo del discurso del odio y de su repercusión sobre la sociedad.
  • Definir y elaborar programas para abordar los vectores y las causas profundas del discurso del odio.
  • Apoyar los relatos alternativos y positivos que permitan contrarrestar el discurso del odio.

Se trata de un programa enorme, que exigirá la participación de los Estados Miembros, la sociedad civil, los medios de comunicación, las empresas tecnológicas y otros interesados competentes. También es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.

Acnudh: Hoy se pone en tela de juicio, de manera radical, el concepto mismo de discurso del odio. ¿Acaso el discurso del odio es algo tan subjetivo que no permite una definición precisa? ¿Puede usted definirlo? ¿O es imposible hacerlo sin poner en peligro la libertad de expresión, que ya recibe ataques en el mundo entero? 

AD: Primero, debo decir que no existe una definición jurídica internacional del discurso de odio. La definición del odio es polémica y controvertida. Pero las Naciones Unidas han elaborado una definición de trabajo, que no es una definición jurídica internacional.

En las Naciones Unidas, entendemos que el término “discurso del odio” se aplica a cualquier tipo de expresión, tanto si es oral o escrita como si se refleja en un comportamiento, que ataca o emplea un lenguaje peyorativo o discriminatorio contra cualquier persona o grupo, por ser estos lo que son, dicho de otro modo, por motivo de su religión, condición étnica, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género o cualquier otro factor de identidad. Estas expresiones suelen basarse en el odio y la intolerancia, y al mismo tiempo generan ambos fenómenos, y en determinados contextos pueden resultar humillantes y causar división.

En las Naciones Unidas también creemos que la libertad de opinión y expresión es sagrada y que la lucha contra el discurso del odio no debe confundirse nunca con la supresión de estas libertades. El combate contra el discurso del odio no significa la limitación o prohibición de la libertad de opinión y expresión. Significa acotar el discurso del odio y evitar que degenere en algo más peligroso, especialmente, en incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia, lo que está prohibido por el derecho internacional, mediante la aplicación de los compromisos estipulados en la Estrategia y Plan de Acción.

Acnudh: ¿Cuáles son las formas de movilización social más eficaces y poderosas contra el discurso del odio? ¿Qué podemos aprender de esas modalidades?

AD: Las sociedades disponen de múltiples maneras de contrarrestar el discurso del odio y sus repercusiones. El modo más importante es asegurarse de que la población sea capaz de resistir el discurso del odio y las divisiones que éste trata de provocar. Los Estados también son responsables de velar por que las políticas y los programas de no discriminación, integración y derechos humanos se aplican correctamente. Otros agentes, tales como los medios de comunicación, los dirigentes religiosos y cada ciudadano particular tienen una función que desempeñar y una responsabilidad que cumplir para contribuir a la consolidación de sociedades pacíficas e inclusivas. Es preciso movilizar a los jóvenes e invertir en educación.

Debemos insistir en que la diversidad es una riqueza, no una amenaza. En la década de 1930, cuando el discurso del odio estaba en auge en Europa, no se tomaron medidas para atajarlo. El resultado fue el Holocausto, en el que seis millones de judíos fueron asesinados. Otro tanto vimos en Ruanda, donde en solo 100 días casi un millón de personas fueron ejecutadas debido a su condición étnica, porque eran tutsis. Y lo vemos otra vez en Myanmar, donde más de 700.000 rohinyás han tenido que huir de su país y buscar refugio en Bangladesh para escapar de la violencia. Estas situaciones de extrema violencia fueron precedidas del uso del lenguaje del odio.

Acnudh: ¿Qué puede hacer cada persona para luchar contra el discurso del odio? ¿Cuál es la mejor manera de apoyar a quienes lo combaten?

AD: Todos tenemos una función que desempeñar en la lucha contra el discurso del odio. Hoy en día, muchos estamos conectados mediante Internet. E incluso si no somos destinatarios del discurso del odio, tenemos que participar en el esfuerzo para contrarrestarlo, simplemente por solidaridad con sus víctimas. Debemos asegurarnos de que cualquier persona que se vea sometida al discurso del odio recibe nuestro apoyo. Es preciso que aunemos fuerzas para empoderar a las víctimas.

Asimismo, debemos incorporar a los planes de estudios de diversas escuelas del mundo la insistencia en los derechos humanos y las labores de prevención. Uno de los compromisos de la Estrategia y Plan de Acción sobre el discurso del odio es que las Naciones Unidas convocarán una conferencia internacional sobre educación para la prevención, a la que asistirán Ministros de Educación del mundo entero y en la que se prestará especial atención a cómo abordar y contrarrestar el discurso del odio.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

RV: EG

El artículo Trece nuevos compromisos para combatir al discurso del odio fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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