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Shining a light on sustainable power: how clean energy is helping to improve camps for displaced people

UN SGDs - sex, 14/06/2019 - 23:10
Hauwa, from Borno State in north-eastern Nigeria, fled her home village of Adamari with her husband and four children in March, when violence struck. Now, she is in the relative safety of a UN-run camp but, with little electricity available at night, lighting is scarce, and darkness can mean danger. However, thanks to a solar-energy initiative from the UN migration agency IOM, that is beginning to change.
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Los glaciares se derriten y la contaminación del aire es una causa

IPS español - sex, 14/06/2019 - 13:29

Lago Humantay, en Perú. Crédito: Giacomo Buzzao

Por Corresponsal Fao
PANAMÁ, Jun 14 2019 (IPS)

En las profundidades de las capas de hielo de la cordillera de los Andes en Perú hay evidencias de la contaminación del aire causada por el hombre.

Igualmente, en el núcleo del glaciar Quelccaya, de 1.200 años de antigüedad, los científicos encontraron rastros de plomo y mercurio, químicos utilizados después de la ocupación española en las minas de plata de Potosí, en Bolivia.

“Los glaciares reciben elementos traza exclusivamente de la atmósfera y, por lo tanto, pueden usarse para evaluar con precisión el posible impacto a gran escala de las actividades antropogénicas a través del tiempo”, dice el informe del Centro Byrd de Investigación Polar y del Clima de la estadounidense Universidad de Ohio.

“Hoy en día, no hay glaciares en la Tierra donde no se pueda detectar la deposición atmosférica de origen antropogénico”, añade.

Los glaciares han estado en retirada durante varias décadas, pero lo que los científicos están aprendiendo ahora es el factor importante que juega la contaminación del aire en su declive.

Según la investigación realizada por el Instituto Nacional de Investigación sobre Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) en Perú, el carbono negro fomenta el derretimiento de la nieve o el hielo en los glaciares de la Cordillera Blanca, ya que intercepta y absorbe la luz solar, favorece el aumento de temperatura.

“El origen del carbono negro que se deposita sobre los glaciares es de diferente procedencia. Puede ser de los incendios forestales, la quema de pastos y residuos agrícolas, así como del parque automotor”, dijo Jesús Gómez, director de Investigación de Glaciares del Inaigem.

“Los resultados también evidencian que la concentración de carbono negro es mayor en los glaciares cercanos a las grandes ciudades, como es el caso de Huaraz, en comparación a los más lejanos, como es el caso del (glaciar) Yungay”, explicó.

A medida que los glaciares se derriten, las ciudades y pueblos cercanos tienen inicialmente más agua.

Pero con el tiempo, el suministro de agua de los glaciares disminuirá, y en algunos lugares pueden incluso experimentarse avalanchas e inundaciones.

Los efectos en Perú pudieran ser de más amplio alcance y amenazan los medios de vida de millones de personas, especialmente en lo que respecta a la agricultura peruana y el suministro de agua dulce de Lima, su capital.

En Colombia, los glaciares suministran solo entre cuatro y ocho por ciento del agua en las cuencas altoandinas, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam).

Pero, como en el resto de los países andinos, además de sus aportes ecosistémicos, los glaciares tienen un valor cultural y turístico.

“En Colombia, para las comunidades indígenas los glaciares son sitios sagrados, para los deportistas de montañas son escenarios deportivos, para los investigadores son laboratorios, para la mayoría de los colombianos tienen un valor paisajístico”, dijo Jorge Luis Ceballos, encargado del monitoreo de los glaciares en el Ideam.

“Pero, sobre todo, el glaciar se considera un indicador de los cambios que se suceden en la alta montaña”, añadió.

Los investigadores de Ohio admiten que a pesar de que la contaminación del aire causada por el hombre en la región andina se remonta a la conquista española, las transformaciones que podemos encontrar en el siglo XX no tienen precedentes “en toda la historia de la humanidad”.

La mayoría de los glaciares del mundo se han reducido en las últimas décadas debido al aumento de la temperatura global, pero el fenómeno es especialmente rápido en los Andes tropicales desde la década de 1950, según el Atlas de Glaciares y Aguas Andinos, publicado recientemente por la UNESCO y GRID Arendal.

El único glaciar que todavía queda en Venezuela debería desaparecer de aquí a 2021, y en Colombia, es probable que para mediados del presente siglo solo resistan los glaciares más grandes situados en los picos más altos, indica el informe.

Gómez, al igual que otros científicos, cree que el derretimiento de los glaciares podría frenarse si, además de reducir las emisiones que causan el calentamiento global, tomáramos medidas para minimizar la contaminación del aire e invirtiéramos en la conservación de los ecosistemas de montañas con cabeceras glaciares.

“El solo hecho de evitar los incendios forestales, y la quema de pastos y rastrojos de la agricultura, y aumentar el control sobre la emisión de gases de los vehículos y la industria, se estaría reduciendo en gran medida la cantidad de partículas de carbono negro, entre otras, que se depositan en los glaciares”, afirmó.

Los gobiernos y las autoridades también pueden considerar mejorar la gestión de los recursos hídricos, con sistemas de riego más eficientes, aumentar la calidad del agua en ríos cercanos a las ciudades, y reforestar los ecosistemas de montaña con especies nativas que contribuyan a regular las funciones hídricas.

ONU Medio Ambiente trabaja en Perú y en otros países de la región para desarrollar y mejorar las políticas que benefician la salud de los ecosistemas. Estas incluyen programas para fomentar los estándares de los combustibles, la movilidad eléctrica, los sistemas de transporte público sostenibles y la gestión de la calidad del aire.

“A nivel nacional, un paso clave para controlar la contaminación del aire es poder medirla”, dijo Sean Khan, jefe de la Unidad del Sistema de Monitoreo Global del Medio Ambiente de ONU Medio Ambiente.

“Comprender sus fuentes, patrones y tendencias es importante para comprender si queremos reducir su impacto en las personas y los ecosistemas. Perú ya está explorando la idoneidad de la tecnología de sensores de bajo costo para medir gases traza y partículas finas en el aire e identificar puntos de contaminación”, añadió.

Este artículo fue originalmente publicado por ONU Medio Ambiente América Latina y el Caribe, con quien IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial para la difusión de sus materiales.

RV: EG

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Guatemala, un socio incierto de México para frenar la migración

IPS español - sex, 14/06/2019 - 12:56

La propaganda de Erik Súñiga para su reelección como alcalde de Ayutla, una localidad fronteriza con el estado mexicano de Chiapas, domina sus paredes, pese a que el tribunal electoral anuló su candidatura para los comicios generales del domingo 16 en el país. Crédito: José Ignacio de Alba/En el Camino

Por José Ignacio De Alba
AYUTLA, Guatemala, Jun 14 2019 (IPS)

Raúl Morales dice que votará para alcalde por Erik Súñiga en este municipio de Guatemala, en la frontera con México, a pesar de que el candidato está acusado de narcotráfico y de que lo busca la DEA.

Como razón explica que Súñiga prometió que construirá un cine en la cabecera municipal de Ayutla y el joven de 24 años piensa que así ya no tendrá que cruzar ilegalmente a México, atravesando el fronterizo río Suchiate, cada vez que quiera ver una película.

El único cine al que Morales puede asistir en Guatemala está a tres horas de aquí, en el departamento de Retalhuleu. El muchacho se dedica a vender medicinas naturistas en la calle. Viste un chaleco negro, a pesar del calor, y es un entusiasta de la biblia, especialmente de la parte apocalíptica.

El cinéfilo Morales cuenta que la última película que vio en Tapachula fue Endgame de los Avengers; jura que fue en 3D. El domingo 16, piensa acudir a votar, pero solo lo hará por el candidato a la presidencia municipal (alcalde) de Ayutla, Erik Súñiga.

“Los demás, incluido el presidente, son lo mismo”, dice.

El joven aún no sabe que el Tribunal Supremo Electoral revocó la candidatura de Erik Súñiga. Las autoridades guatemaltecas también le quitaron la posibilidad de participar en las elecciones a Otoniel Lima, que contendía en otro municipio.

De todos modos es probable que Morales vote por Súñiga, pues a estas alturas sería imposible cambiar las boletas electorales. Además la publicidad del político sigue tapizando las calles con el lema de su campaña: La seguridad de Ayutla está en tus manos.

En abril, Súñiga fue acusado por la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) de tráfico de estupefacientes. Según el gobierno estadounidense, Súñiga trabajó para el Cártel de Sinaloa desde 2008. Incluso, las autoridades norteamericanas piden la extradición del candidato.

Y no solo los gobiernos locales tienen problemas serios con la infiltración del crimen organizado en Guatemala.

Desde la clandestinidad, Súñiga encabezaba las preferencias para reelegirse en esta región de Guatemala.

Una larga lista de exfuncionarios de primer nivel están encarcelados por corrupción y un repertorio de delitos en Guatema. Entre ellos, los expresidentes Otto Pérez Molina, Alfonso Portillo y Álvaro Colom. Crédito: José Ignacio de Alba/En el Camino

La historia de Ayutla, una localidad de 40.000 habitantes que está en la frontera con México, muestra muy bien las complicaciones que tiene el gobierno mexicano por estos días.

El ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha negociado con Estados Unidos sentar las bases para un desarrollo económico en América Central que detenga el flujo migratorio que este año alcanzó récords históricos.

El gobierno mexicano tiene un límite de 45 días para demostrar que, al menos, es posible pensarlo, según lo acordado con Washington.

Pero el problema visto desde aquí es un poco más difícil. Guatemala, el principal país con el que Ebrard tiene que negociar las condiciones para detener el éxodo, celebra elecciones este domingo, en una jornada en que escogerá a al próximo presidente, vicepresidente, diputados y 360 alcaldes.

Y la corrupción tiene de cabeza a este país al sur de México.

También el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, es señalado por violaciones en el financiamiento de su campaña. El político bloqueó la operación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que investigaría a su hijo y a su hermano por fraude.

Guatemala es la puerta de entrada a México por la frontera sur. Por aquí tienen que pasar, forzosamente, salvadoreños y hondureños, entre muchas nacionalidades. El país se convierte en un embudo para el paso de personas, pero también de mercancías ilícitas.

El caso de Ayutla ejemplifica bien los problemas que tendrá el gobierno mexicano para aplicar, en lo local, su ambicioso plan de desarrollo para la región.

El gobierno mexicano busca intercambiar la militarización por el desarrollo, según ha explicado el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo una premisa sencilla: detonar las economías de los países expulsores para que las personas no tengan necesidad de salir.

El plan, sin embargo, no parece tan sencillo visto desde el sur.

Súñiga, el alcalde que hasta el lunes 10 tenía más posibilidades de ganar las elecciones en el municipio colindante con la ciudad mexicana de Tapachula, en el estado de Chiapas, buscaba reelegirse por cuarta ocasión.

Su administración ha durado 11 años, durante los cuales alcanzó una gran popularidad, al grado de que pudo formar su propio partido político: Crecer.

El círculo más cercano al ahora excandidato buscado por la DEA podría reemplazar la candidatura, incluso su hija, que fue Miss Guatemala en 2017. Durante el concurso de belleza Miss Universo, en el que participó a los 22 años, la modelo dijo que una de sus aspiraciones en la vida era ser política.

Gabriel de la Rosa, otro poblador de Ayutla, advierte: “como quiera gana don Erik”.

Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

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Ciudades de luz para refugiados contrarrestan política de Trump

IPS español - sex, 14/06/2019 - 11:34

Una manifestación a favor de la acogida a los refugiados de las que se producen periódicamente en ciudades del estado de Nueva York. Crédito: Dominio público

Por Emily Thampoe
NUEVA YORK, Jun 14 2019 (IPS)

Mientras que el gobierno de Estados Unidos restringe el acceso a los migrantes y endurece su política con los refugiados, en algunas de sus ciudades en el estado de Nueva York realizan esfuerzos para integrar en sus comunidades a los refugiados y solicitantes de asilo.

Específicamente, en las ciudades de Utica, Búfalo y Siracusa están dando la bienvenida a los refugiados para que vivan y trabajen en ellas. Son urbes que comparten la frontera con Canadá y que, por ello, se han habituado durante muchos años a facilitar a los solicitantes de asilo a que ingresen a sus comunidades.

En 2018, había en Búfalo 69.058 residentes inmigrantes en su área metropolitana, según un informe de la organización no gubernamental New American Economy, que monitorea los movimientos migratorios.

La apertura a migrantes y refugiados de la ciudad contrasta con las restrictivas medidas contra la migración de la administración de Donald Trump, desde que asumió la presidencia en enero de 2017, especialmente en la frontera sur, con México. Igual sucede con los refugiados, cuyas cuotas anuales se reducen cada vez más.

Eva Hassett, la directora ejecutiva del Instituto Internacional de Búfalo, dijo a IPS que “la  administración de Trump redujó drásticamente el límite de admisión para los refugiados que ingresan a Estados Unidos, así que hay un número mucho menor de refugiados que llegan a Búfalo,  en el estado de Nueva York. Son números históricamente bajos para un programa que el país comenzó en 1980″.

Eso incluye a Búfalo y las otras urbes del estado con políticas similares, que las incluye en la categoría de “ciudades de  luz”, un concepto acuñado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Así categoriza al número creciente de ciudades en el mundo que decidieron acoger a refugiados y hacerlo de una manera cálida y amigable, brindándoles oportunidades y recursos que serán beneficiosos tanto para las comunidades como para quienes llegan para integrarse a ellas.

Se trata de colaborar en que los refugiados pueden llevar vidas más seguras de las que tenían en su lugar de origen y que forzaron su huida.

Según Acnur, las soluciones comunes para los refugiados incluyen la repatriación voluntaria a su país de origen,  el reasentamiento en otra nación y la integración en la comunidad de acogida.

Liz Throssell, portavoz  de Acnur para Estados Unidos y Europa, dijo a IPS que “para los refugiados que no pueden volver a su hogar, la integración en su comunidad local puede proporcionar una solución duradera, lo que les brinda la oportunidad de construir una nueva vida. La integración suele ser una tarea compleja y proceso gradual, con dimensiones legales, económicas, sociales y culturales “.

“Establece demandas considerables tanto para el individuo como para la comunidad de acogida. Pero cuando los refugiados se integran, esto puede traer beneficios para todos, ya que la persona puede contribuir económica y socialmente a la comunidad”, declaró.

Una de las imágenes que forman parte de la campaña de la ciudad estadounidense de Búfalo para promoverse como tierra de acogida para las personas refugiadas. Crédito: Alcaldía de Búfalo

Las últimas cifras de Acnur sitúan el número de refugiados por desplazamiento forzoso de sus países en 20, 2 millones de personas, mientras que se calcula que aproximadamente 1,1 millones de los solicitantes de asilo se han convertido en ciudadanos de los países de acogida.

En ello cumplen un papel esencial las ciudades de luz, al hacer sentir a los refugiados seguros y bienvenidos a través de medidas y políticas especiales, que incluyen formas de mantener su identidad cultural mientras se les ayuda a adaptarse a un nuevo entorno.

Entre esas ciudades de luz conocidas mundialmente están Yakarta, Kigali (Ruanda), Viena, São Paulo, Erbil (Iraq), Altena (Alemania) y Gdansk (Polonia).

A nivel de los gobiernos centrales, no solo en Estados Unidos sino también en países europeos se imponen crecientes restricciones a la acogida de migrantes y refugiados.

Pero, en contraste,  “cada vez más ciudades están trabajando para empoderar a los refugiados y aprovechar las oportunidades que brindan”, se congratuló Throssell.

“Los alcaldes, las autoridades locales, las empresas sociales y los grupos de ciudadanos están en la primera línea de la respuesta mundial respecto a los refugiados, fomentando la cohesión social y protegiendo y ayudando a los desplazados por la fuerza”, afirmó.

En el caso de Búfalo, los beneficios han incluido “la accesibilidad, el papel acogedor de la comunidad,  la defensa de los derechos y la inclusión, además de una gran cantidad de infraestructura de apoyo, buenos empleos y ciudades  fáciles de recorrer”, destacó Hassett.

Similares medidas y positivos efectos sociales se han percibido en Utica, Siracusa y la propia ciudad de Nueva York.

Por esa razón, mientras el tope de refugiados para este año se redujo en Estados Unidos a 30.000 por imposición de la administración de Trump, el estado de Nueva York se mantiene como un foco de acogida para ellos y los migrantes en general.

Hassett recordó que el “refugiado es un estatus migratorio, otorgado a una persona por el Departamento de Estado”, así que “los refugiados llegan documentados y autorizados para trabajar”, después de ser evaluados y sometidos a diferentes verificaciones por distintos organismos de seguridad.

Parte de ellos “se naturalizarán para ser residentes permanentes legales”, concluyó.

El Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos, establecido en 1980y varias veces modificado, ofrece 90 días de respaldo y apoyo financiero quienes ingresen con ese estatus, pero sus alcances han sido reducidos drásticamente por Trump.

Pero en las urbes del estado de Nueva York esas medidas del gobierno federal se contrarrestan con la promoción de empleo, así como servicios para el aprendizaje de inglés o para la ubicación de viviendas para nuevos refugiados o aquellos que ya estaban en otras partes de Estados Unidos.

La publicidad sobre el estado como tierra de acogida se realiza en gran parte a través de campañas de video efectuadas por  agencias de reasentamiento, grupos de Facebook, charlas en WhatsApp y medios impresos y digitales dirigidos por refugiados.

La política de las ciudades de este estado da una oportunidad a los refugiados, pero también permite al estado ampliar su población y su desarrollo.

El hecho de que más personas se muden a ciudades como Búfalo, Siracusa y Utica ha convertido áreas inutilizadas e inseguras en centros llenos de vida, cultura y diversidad.

T: MF

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Escándalo debilita al “héroe” de la anticorrupción en Brasil

IPS español - qui, 13/06/2019 - 16:08

Un muñeco inflable de 20 metros, con la imagen del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, como Superman, durante una manifestación en Brasilia, el 26 de mayo, parte de las concentraciones que se realizaron ese día a favor del gobierno en varias ciudades de Brasil. La imagen de súper héroe de Moro se desinfla por el escándalo sobre su indebida connivencia con los fiscales en las investigaciones sobre corrupción, que encabezó como juez. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 13 2019 (IPS)

Con un  gigantesco muñeco hinchable de Superman con su rostro, cientos de manifestantes reconocieron el 26 de mayo al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, como la fuerza moral del gobierno de Brasil. Pero un escándalo desinfló parcialmente ahora esa imagen de héroe y podría hacerlo del todo muy pronto.

Moro sostuvo diálogos indebidos con fiscales del Ministerio Público, cuando era el juez que ganó honores de héroe por condenar a centenares de políticos y empresarios acusados de corrupción en negocios de la empresa petrolera estatal Petrobras y otras grandes empresas locales, reveló el 9 de junio en su portal The Intercept Brasil, un grupo de periodismo de investigación.

Debería renunciar al ministerio, según algunos juristas y analistas políticos, considerando que actuó en complicidad con los acusadores y no como juez imparcial, cuando sus fallos fueron decisivos en las elecciones de 2018, en que triunfó el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, que luego lo designó como ministro.

“No creo que Moro renuncie y veo difícil su destitución, ya que Bolsonaro gobierna para sus adeptos, no para el país”, evaluó a IPS el abogado y ex defensor público Lizst Vieira, en referencia a que el gobierno actual se concentra en la relación con sus fieles, conectados por las redes sociales.

Las revelaciones pueden traducirse, según los críticos a Bolsonaro, en la anulación del juicio que llevó a la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), el 7 de abril de 2018, condenado por negociar favores de una constructora, en la forma de un departamento playero, en contraprestación a contratos de la Petrobras.

Otros juristas, incluido Moro, no identifican en las revelaciones nada que descalifique el juicio a Lula ni a la Fuerza Tarea de la operación Lava Jato o sobrepase los límites de diálogos normales entre juez y fiscales, especialmente en la tradición judicial brasileña.

Esas conversaciones provienen, según Intercept, de una fuente anónima que accedió a la memoria de los teléfonos celulares de Moro y los fiscales de la operación Lava Jato (autolavado de vehículos), que desde 2014 investiga la corrupción en Petrobras y otras grandes compañías de Brasil, como la constructora Odebrecht.

En esas conversaciones por la aplicación de mensajería Telegram, el juez orienta a Deltan Dalagnol, jefe del equipo operativo, indica un posible testigo para incriminar a Lula y sugiere caminos de la investigación, incluso mediante el uso de ardides.

Si se verifica la autenticidad de esos diálogos, en que el juez “aconseja” a los fiscales y toma partido en la acusación, habría razones para la nulidad del juicio a Lula, según juristas de variadas corrientes de pensamiento, principalmente abogados.

Moro habría violado las reglas judiciales, que imponen imparcialidad al juez. Los diálogos desnudan una complicidad entre el juzgador y los acusadores, además de la disposición previa en enjuiciar y condenar al expresidente.

Es como un árbitro de fútbol que aconseja a uno de los equipos como defenderse, que jugadores sustituir o, “en la peor hipótesis, inventando un penalti o un fuera de juego”, comparó el abogado Walfrido Warde, presidente del Instituto para Reformar Relaciones entre Estado y Empresa, en una entrevista con el diario Valor Económico.

Luiz Inácio Lula da Silva, durante una entrevista concedida en la cárcel de Curitiba, donde está preso desde abril de 2018. El expresidente podría lograr la libertad, al menos temporalmente, si se anula la sentencia que lo condenó a casi nueve años de cárcel, por la parcialidad evidenciada por Sergio Moro, que instruyó su caso y lo juzgó en primera instancia. Crédito: PT

Improbables consecuencias jurídicas

Pero es difícil que la revelación periodística por escandalosa que sea, conduzca a la anulación de juicios y sentencias. No son judicialmente válidas pruebas obtenidas ilegalmente, como la escucha no autorizada y las grabaciones obtenidas por Intercept.

La batalla entre Moro y Lula, eje político de la historia de corrupción destapada por Lava Jato, debe proseguir con nuevos vaivenes.

Dentro de algunas semanas, el Supremo Tribunal Federal (STF) juzgará un pedido de Lula, anterior al nuevo escándalo, para anular todo el proceso en que fue condenado, exactamente por “sospecha” inhibitoria o impedimento de Moro para juzgar el caso, ante su “parcialidad”.

Los diálogos revelados suman argumentos a la defensa de Lula, que siempre alegó inocencia y ausencia de pruebas en la acción judicial que lo condenó. Nunca fue propietario ni disfrutó el apartamento que le habría regalado la constructora OAS, arguye.

Pero testigos en contra de su afirmación, sus visitas al edificio y otros indicios fueron suficientes para la sentencia de Moro, ratificada por un tribunal de apelación y otro superior. La condena varió de nueve a 12 años entre la primera y segunda instancia, para quedar firme en ocho años y 10 meses.

“Es probable que el STF anule el proceso, es cuestión de tiempo”, vaticinó Vieira, basado en el Código del Proceso Penal brasileño que señala como “sospechoso” el juez que “haya aconsejado a cualquiera de las partes”.

“Pero buscarán alguna alternativa jurídica que no dañe la operación Lava Jato ni al exjuez”, matizó.

Moro “cometió un delito, por ello el juicio de Lula es nulo de pleno derecho y no hay dudas de que él es un preso político”, sostuvo el abogado, exfuncionario del sector ambiental en los gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), presididos por Lula y Dilma Rousseff de 2003 a 2016.

La anulación sería un triunfo pasajero. Lula responde a otras siete acciones judiciales, en una de las cuales fue ya condenado a 12 años de cárcel en primera instancia, también por haber recibido sobornos de constructoras por medio de obras en la finca de un amigo, usada por el expresidente.

A los 73 años, es poco probable que Lula vuelva a ser el candidato natural de la izquierda a la presidencia de Brasil, en las elecciones de 2022, pese a la gran popularidad que mantuvo aún después de ser condenado y encarcelado por  corrupción.

Las encuestas lo apuntaban como favorito en las elecciones de octubre de 2018. Por eso sus seguidores encaran la operación Lava Jato como una conspiración para  impedir el retorno de Lula al poder.

Varios deslices de Moro y de los fiscales en este gran caso alimentaron esa creencia, ahora fortalecida por las revelaciones de Intercept.

Los trascendidos debilitan a Moro entre políticos, medios jurídicos y observadores bien informados, incluso entre los que aplauden el exitoso combate a la corrupción, pero rechazan atropellos a las normas de la Justicia.

La población, sin embargo, permanece mayoritariamente indiferente a esas sutilezas legales e indignada con la corrupción, y difícilmente renegará de su héroe, exjuez y el ministro más popular del actual gobierno, más incluso que el presidente, según las encuestas.

“Si cae Moro, habrá crisis porque se trata de un sostén del gobierno”, según Alessandra Aldé, profesora de Comunicación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

Todo apunta a mayor polarización de la política, entre el gobierno de extrema derecha y la oposición de izquierda, sin diálogo posible.

“Los bolsonaristas parecen vivir en un universo paralelo”, que se alimenta de informaciones e ideas que circulan entre ellos por redes sociales, principalmente por videos en YouTube, observó Aldé a IPS, basada en estudios de su grupo de investigación.

La izquierda también tiene sus narrativas propias que poco convive con ciertas realidades.

En ese cuadro, la difusión de los diálogos entre operadores de la Lava Jato seguirá intensificando los antagonismos en la política brasileña.

Glenn Greenwald, uno de los fundadores de The Intercept Brasil, anunció que su publicación recibió masivo material y solo difundió una pequeña parte. “Secretos explosivos” serán conocidos gradualmente, prometió.

El periodista estadounidense residenciado en Brasil es también abogado y conoce bien el periodismo local para decidir la mejor forma de divulgar lo que tiene en sus manos, evaluó Aldé.

Greenwald se hizo mundialmente conocido al publicar en el diario británico The Guardian, en 2013, secretos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, revelados por su exagente Edward Snowden.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Disputa por terra pode ter levado a assassinato de sindicalista no Pará

Pública - qui, 13/06/2019 - 12:06

Em silêncio, trabalhadores rurais sentados em um arco de cadeiras de plástico evitavam olhar o caixão colocado no meio da sala de reuniões do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Rio Maria (STTR de Rio Maria), município que fica na região sul do Pará, localizado a 960 quilômetros da capital Belém. A salinha de piso de concreto batido em tons amarelados e forro de plástico branco esburacado era o palco do velório de Carlos Cabral Pereira, 58 anos, presidente do sindicato, morto a tiros na última terça-feira, com claros sinais de execução, segundo a Polícia Civil. Aos poucos, a sala foi se enchendo. Alguns carros de som circularam pelas ruas do município durante todo o dia seguinte após a morte convidando a população a despedir-se de Carlos no velório realizado nesta quarta-feira, 12 de junho. Em um dos momentos mais emocionantes, familiares e amigos entoaram orações e cânticos em memória do sindicalista.

Carlos — ou Cabral, como era conhecido — foi baleado à queima roupa com dois disparos na cabeça e um no braço, em uma rua transversal à rodovia PA 155, que corta Rio Maria ao meio, no bairro Planalto, já quase na saída da cidade. Segundo relato de testemunhas à Polícia Civil de Rio Maria, os tiros foram disparados por dois pistoleiros que chegaram em uma moto preta. Ele morreu a poucos metros da casa onde morava com a esposa e as duas filhas de seu segundo casamento. Até o fechamento desta reportagem, os executores não haviam sido localizados.

Desde 1986, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) contabiliza 39 episódios de assassinato, tentativas de assassinatos e ameaças de morte em Rio Maria contra 15 vítimas diferentes. Cabral é o terceiro presidente do STTR de Rio Maria a ser assassinado desde 1986. Os outros dois — João Canuto e Expedito Ribeiro, também mortos a tiros — são figuras tidas como simbólicas por movimentos e organizações ligados à luta pela reforma agrária no Pará.

A Polícia Civil de Rio Maria recebeu o reforço de policiais da Delegacia de Conflitos Agrários (Deca), do município vizinho de Redenção (PA), e dos núcleos de Apoio à Investigação (NAI) e de Inteligência Policial (NIP) para investigar a morte do sindicalista. Por enquanto, existem duas linhas principais de investigação: a primeira é que a morte de Cabral poderia estar relacionada a denúncias feitas por ele à gestão anterior do sindicato e a segunda se refere à relação do sindicalista com uma ocupação de trabalhadores situada dentro da Terra Indígena Apyterewa, em São Félix do Xingu (PA).

José Cícero da Silva/Agência PúblicaAmigos e familiares se reúnem no cemitério municipal de Rio Maria para acompanhar o sepultamento de Carlos Cabral, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria Mortes impunes — Luzia perdeu o pai, dois irmãos e o ex-marido, executados

Até 1982, os lavradores sindicalizados do município de Rio Maria eram representados pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR) de Conceição do Araguaia. No final dos anos 1970, a entidade era comandada por Bertoldo Lira — um fazendeiro e “presidente biônico”, termo usado para caracterizar gestores empossados por determinação expressa dos militares. Em 1980, a primeira morte: o líder da oposição sindical do STR de Conceição do Araguaia Raimundo Ferreira Lima, conhecido como “Gringo”.

Arquivo CPTCarlos Cabral Pereira, 58 anos, presidente do sindicato, morto a tiros na última terça-feira (11/06), com claros sinais de execução, segundo a Polícia Civil

Em 1982, Rio Maria ganha um sindicato de trabalhadores próprio. Três anos depois, o presidente da entidade, João Canuto, é morto com 14 tiros disparados por dois pistoleiros. O ano era 1985, quando ainda no governo Sarney fora aprovado o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária e as ocupações proliferavam no sul do Pará. A morte de Canuto gerou uma condenação ao Estado brasileiro na Organização dos Estados Americanos (OEA). Em 1990, o dirigente do STTR de Rio Maria Braz Antônio de Oliveira e seu sócio Ronan Rafael Ventura também foram mortos a tiros. No mesmo ano, três filhos homens de João Canuto: Orlando, Paulo e José foram sequestrados. Os dois últimos foram executados por pistoleiros que se passaram por policiais. Orlando fugiu.

“Eu fui baleado, mas consegui escapar pela mata. Eles me procuraram, mas não conseguiram me achar”, relata à Pública Orlando Canuto, presente no velório e sepultamento de Carlos. Ele conta que após a morte do pai, João, ele se aproximou do sindicato. Para ele, sua atuação em defesa dos trabalhadores rurais e da reforma agrária na região motivou o sequestro junto dos irmãos. “Em primeiro de maio de 1990, o Expedito Ribeiro, que assumiu a presidência do sindicato, foi para a Praça da Sé, em São Paulo, denunciar os crimes que ocorreram aqui. Quando foi no primeiro de maio de 1991, eu estava no mesmo lugar denunciando a morte do Expedito”, conta Orlando. Ribeiro foi outro presidente do STTR de Rio Maria a ser executado a tiros. O executor, o pistoleiro conhecido como “Barreirito”, foi preso fora do país, nos EUA, 15 anos depois após ter sido reconhecido por brasileiros que moravam em solo americano. O reconhecimento aconteceu após a exibição de uma reportagem a respeito do caso no extinto programa Linha Direta, da TV Globo.

“Todos esses crimes geraram repercussão nacional e internacional, mas ninguém foi preso. Só no caso do Expedito que teve um pistoleiro que cumpriu pena. Quando o crime é dessa natureza, apurar o crime é muito mais difícil”, conta Luzia Canuto, irmã de Orlando. “Aqui sempre foi complexa essa questão da violência, mas na época era muito mais. Tinha uma organização entre os fazendeiros e listas dos marcados para morrer, programação das mortes”, diz. O próprio Carlos Cabral sofreu uma tentativa de assassinato logo após assumir, pela primeira vez, a presidência do STTR de Rio Maria, em 1991. “Depois de muita morte e muita denúncia, Rio Maria viveu um tempo mais de paz”, conta a professora. Luzia teme que os recentes atos de liberação de posse de armas em propriedades rurais por parte do governo Jair Bolsonaro possam agravar o quadro de violência. “A gente está percebendo um clima muito pesado dos últimos meses pra cá”, diz.

Depois de perder o pai e dois irmãos executados, Luzia lamenta a morte de seu ex-marido Carlos Cabral. Ambos tiveram duas filhas e mantinham uma boa relação. Nas memórias de Luzia, sobram elogios para descrever o antigo companheiro. “Ele era uma pessoa que tinha sonho, pensava nele e nos outros. Principalmente os mais pobres. Do que eu conheci dele, era uma pessoa muito boa, se preocupava sempre em ajudar as pessoas. Essa é a imagem que eu guardo dele”, relembra. “Perdi meu pai, perdi meus irmãos, o Carlos era o pai das minhas filhas. Em nenhum momento eu pensei em vingança. Eu só quero justiça”, desabafa durante o velório.

José Cícero da Silva/Agência PúblicaOrlando Canuto, filho do sindicalista João Canuto, primeiro presidente do sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, assassinado em 1985, ao lado do túmulo do pai no cemitério municipal da cidade Carlos denunciou gestão anterior do STTR de Rio Maria

Desde 1991, Carlos Cabral teve várias passagens pela presidência do STTR de Rio Maria. Em dezembro de 2005, deixou a presidência do sindicato. Quando voltou ao cargo, em 2012, o sindicalista passou a denunciar a diretoria anterior. O motivo era um convênio firmado pelo sindicato com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e duas construtoras.

O convênio havia sido assinado por Carlos em novembro de 2005 e previa a implantação de 15 km de estradas em assentamentos da região de Rio Maria, mas a execução ficou a cargo da gestão seguinte que assumiu o sindicato. Um acórdão do TCU publicado em 2016 para apurar o convênio concluiu que só 11% da obra foi realizada e que não houve prestação de contas dos recursos recebidos, resultando em um prejuízo de cerca de R$ 1 milhão aos cofres públicos.

Alvo da investigação dos órgãos de controle por ter assinado o convênio, Carlos Cabral se defendia dizendo que não estava à frente do sindicato quando começou a execução das obras previstas no acordo. Ele denunciou a gestão que tomou posse após ele sair da presidência durante os trabalhos de investigação. “Quando ele [Carlos] assumiu em 2012, o sindicato já estava com uma dívida muito grande. E ele estava fazendo um esforço para provar que ele não tinha relação com isso. Ele não aceitava de forma alguma ser responsável”, afirma Regiane Martins, secretária da diretoria do sindicato.

Em janeiro de 2013, ele registrou na Polícia Civil e na Promotoria Estadual de Rio Maria boletins de ocorrência e termos de declaração alegando que estava sofrendo ameaças de morte por causa das denúncias que estava fazendo à diretoria que tomou posse após seu mandato. As ameaças exigiam que ele se afastasse da presidência do órgão. A Polícia Civil investiga se os autores das supostas ameaças relatadas por Carlos podem ter relação com sua execução.

Carlos vivia em ocupação dentro de terra indígena

Em abril de 2007, o governo Lula homologou a Terra Indígena Apyterewa, situada em São Félix do Xingu (PA). Com 773 mil hectares de extensão, a TI foi homologada sobre imóveis antigos de pequenos e grandes posseiros. A criação da TI gerou uma questão até hoje não resolvida pelo governo brasileiro: a desintrusão completa da TI Apyterewa — uma das condicionantes da licença ambiental para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Pela Constituição, as terras indígenas são de uso exclusivo das populações originárias. Portanto, a lei impõe ao Estado a retirada de posseiros e habitantes não-indígenas das terras demarcadas.

No caso da TI Apyterewa, desde 2011 a Polícia Federal e a Força Nacional mantêm a chamada Operação Apyterewa — operações policiais que visam a retirada dos ocupantes não indígenas do local. A retirada não foi concluída: ainda há grupos de pequenos, médios e grandes posseiros ocupando a terra pertencente aos índios Parakanã.

Carlos Cabral mantinha uma pequena posse em uma localidade chamada Paredão, situada dentro da TI Apyterewa. Desde 2016, segundo relatos de pessoas próximas, ele havia se mudado para lá para manter a ocupação junto a outros pequenos posseiros que reivindicam a redefinição dos limites da TI na Justiça Federal por meio de uma associação de pequenos produtores. Os posseiros envolveram-se em conflitos com fazendeiros que mantém grandes propriedades na mesma área do Paredão.

“A gente sabe que os trabalhadores sofreram duas emboscadas lá dentro da área do Paredão, que é uma área que faz limite com a divisa dos índios”, afirma uma fonte próxima a Cabral ouvida sob a condição de anonimato. “Houve troca de tiros. A gente sabe que houve mobilização dos fazendeiros contra ele e outros trabalhadores. Lá é um conflito muito grande.” Todas as fontes próximas a Carlos ouvidas pela Pública afirmam que não havia conflito entre os pequenos posseiros e os indígenas. Outra linha de investigação da polícia paraense apura se os fazendeiros de São Félix podem ter mandado executar Carlos Cabral.

Na última terça-feira, Cabral saiu da área que ocupava em São Félix e veio a Rio Maria para prestar depoimento no Ministério Público do Pará pela manhã. O depoimento era referente a um episódio que envolveu um primo de Carlos conhecido como “Ivan da Marajoara”, de quem Carlos era um desafeto. Dois pistoleiros foram a casa de Ivan em Rio Maria para matá-lo. Segundo informações da Polícia Civil e do MP, os pistoleiros teriam entrado na casa errada e matado dois trabalhadores rurais. Ivan culpava Carlos pelo episódio, mas o ex-sindicalista sempre negou qualquer participação assim como seus familiares ouvidos pela Pública. Cabral foi depor ao MP na condição de testemunha e segundo fontes próximas à investigação, não foi constatado qualquer envolvimento dele no caso pelas autoridades policiais.

Quando voltava para sua casa em Rio Maria, por volta das 16h30, foi executado pelos pistoleiros. Duas testemunhas prestaram depoimentos à Polícia Civil, mas não disseram nada de conclusivo — apenas que ouviram os disparos e viram duas pessoas fugindo em uma moto preta sem placa.

70% dos assassinatos no campo do Pará ocorreram no sul e sudeste do estado

Segundo o levantamento do historiador Airton dos Reis Pereira, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), entre 1970 e 2018, mais de mil pessoas morreram em decorrência de conflitos de terra no campo paraense. As mortes, porém, concentraram-se no sul e sudeste do estado: 709 dos 1.010 assassinatos ocorreram nessa região, onde está situada Rio Maria. O levantamento de Airton é feito com base nos dados compilados pela CPT. Essa região também concentra a ocorrência de chacinas em em todo o país. De 1985 a 2019, ocorreram 49 chacinas no campo brasileiro com 229 vítimas — 44% do total no sul e sudeste do Pará.

“É uma região onde você tem um processo de concentração de terra muito grande e onde sempre houve um fluxo migratório de famílias em busca da terra. Esse é um fator”, explica Pereira. “Outro fator é a impunidade: se você pegar desses mais de mil assassinatos em razão da questão da terra no Pará e olhar o número de júris populares relativos que existiram e quem está preso é muito pequeno”, diz Pereira.

Em nota divulgada na última quarta-feira, o Ministério Público Federal do Pará informou que vai acompanhar as investigações sobre a morte do sindicalista Carlos Cabral. Também a CPT divulgou uma nota sobre a morte do sindicalista.

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Unidade de Cobertura de Conflitos no Campo (UCC)

Pública - qui, 13/06/2019 - 12:06

A Unidade de Cobertura de Conflitos no Campo (UCC) é um projeto da Agência Pública de investigação jornalística das violências relacionadas a regularização fundiária, demarcação de terras comunitárias e reforma agrária na região da Amazônia Legal

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Migrantes rurales e indígenas, los olvidados de América Central

IPS español - qua, 12/06/2019 - 18:24

Adolescentes indígenas de Guatemala cursos de adiestramiento de la Organización Internacional para las Migraciones, en una de las iniciativas para promover que tengan oportunidades laborales en sus territorios y reducir así la emigración en el país centroamericano. Crédito: OIM

Por Caley Pigliucci
NACIONES UNIDAS, Jun 12 2019 (IPS)

Las poblaciones rurales e indígenas en países como El Salvador, Guatemala y Honduras están cada vez más en movimiento, ya sea desplazándose internamente o migrando hacia otros países.

Pero el foco mediático no se pone sobre estas poblaciones, que permanecen olvidadas, mientras los embates del cambio climático les fuerzan a abandonar sus lugares de origen, lo que se suma a otras causas expulsoras tradicionales en los espacios rurales centroamericanos.

La reducción de las tierras de cultivo y la falta de fiabilidad de las cosechas debido a sequías e inundaciones, llevan a las familias campesinas de los países centroamericanos a la inseguridad alimentaria y económica, que las fuerza a migrar.

“En general, podemos decir que la mayoría de los migrantes rurales son personas pobres, pero a menudo no son las más pobres, porque estas últimas no pueden pagar los costos significativos de estos viajes”, indicó a IPS Ricardo Rapallo, oficial sénior de Seguridad Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), entre 2000 y 2010, la cantidad de migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras aumentó en un promedio del 59 por ciento y la cantidad de inmigrantes en situación irregular detenidos en Estados Unidos pasó de 50.000 en 2010 a más de 400.000 en 2016.

Elizabeth Kennedy, investigadora en Honduras de Human Rights Watch (HRW), dijo a IPS que  “cuando hablamos sobre el cambio climático, tenemos que pensar en los factores históricos y sociales que dejan a ciertos grupos más afectados que otros”.

Para la activista en temas humanitarios, son los productores de la agricultura de sobrevivencia y los dedicados a la pesca artesanal quienes resultan más maltratados por los eventos climáticos, porque son los que viven en las zonas más vulnerables.

“Comprender que los más afectados son indígenas es crítico”, porque hasta ahora ellos no han sido parte del debate sobre los impactos del recalentamiento planetario, “y debe serlo”, planteó Kennedy.

Hasta ahora, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no etiqueta a los forzados a emigrar debido al cambio climático como “refugiados climáticos”, aunque ya son muchas las organizaciones y comunidades afectadas que lo demandan.

Un cambio en esa dirección, que es mucho más que de lenguaje, requeriría un acuerdo entre los Estados miembros que altere la definición de refugiados, que actualmente se circunscribe en dentro de la ONU a “alguien que se ha visto obligado a huir de su país debido a la persecución, la guerra o la violencia”.

También se precisa que  un refugiado tiene un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular.

Sin embargo, Kennedy enfatizó que la pertenencia a un pueblo indígena es un factor de protección especial dentro de la ONU, y “esa es una razón para solicitar asilo”. Pero advierte que en el caso de la migración desde centroamericana, “muchas personas en Estados Unidos, incluidos los abogados, no son conscientes de que necesitan considerar (el factor de)  la inclusión histórica y sistémica”.

Agregó que este olvido de los derechos específicos de los indígenas como migrantes “también sucede incluso en Guatemala y Honduras. Esto es de hecho demostrativo de que el Estado no se lo toma en serio”.

Los cientistas sociales como Kennedy se sienten frustrados porque ven poca información y pocos programas que ayuden específicamente a los migrantes pertenecientes a los pueblos indígenas y las poblaciones rurales cuyo origen es América Central, una región que aún se recupera de los conflictos armados de los años 80 y 90, en que esos grupos fueron las mayores víctimas.

Muchos migrantes climáticos también quedan fuera del ojo público porque solo se mueven dentro de su propio país y cuando lo hacen a otras naciones, sus orígenes rurales y las razones de su migración quedan diluidos.

“Es importante enfatizar que, incluso si la migración internacional es la que está atrayendo la atención pública y motivando las reacciones políticas, la migración interna es mucho más grande”, dijo Rapallo, de la FAO.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó la migración externa en 2015 en alrededor de 244 millones de personas, mientras que la migración interna hasta ese año y desde 2009 se estimó en 740 millones de personas.

Muchas familias que experimentan inseguridad alimentaria envían a un miembro a otro país, para que sea el sostén desde lejos, mientras el resto permanece en el lugar de origen, recordó Rapallo.

Estudios de la FAO evidencian que en el ámbito rural “lo que se ha observado es que los jóvenes representan una parte importante de los migrantes internacionales”.

Kennedy reconoció ese fenómeno, pero añadió que también se ha visto un incremento de unidades familiares completas que emigran desde Guatemala y Honduras, lo que a su juicio “muestra que está ocurriendo una migración que supera lo necesario para proporcionar estabilidad económica al hogar”.

Rapallo subrayó que “si queremos dar opciones a las personas y generar un impacto positivo en los movimientos de migración, deberíamos trabajar en las causas de esa migración”.

 

Mientras, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha tomado la primera iniciativa política específica para proteger a los migrantes climáticos: la Plataforma para el Desplazamiento de Desastres (PDD).

Un representante de Acnur dijo a IPS que el PDD “promueve desarrollos normativos y no normativos para abordar las brechas en la protección de las personas en riesgo de desplazamiento o que ya están desplazadas a través de las fronteras, dentro de un contexto del cambio climático y los desastres” que el fenómeno genera.

Acnur considera que los Estados miembros y las partes interesadas tendrán la oportunidad de “aportar promesas y contribuciones concretas que promuevan los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular, y destacarán los logros clave y las buenas prácticas”, durante el foro mundial sobre el tema del 17 y 18 de diciembre.

Pero, hasta el momento, no está claro hasta qué punto el PDD ha tenido un efecto en la admisión o protección de los migrantes climáticos.

También podría ser abordado durante la Cumbre de Acción Climática de 2019, que se llevará a cabo en septiembre durante las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Luis Alfonso de Alba, enviado especial del secretario general de la ONU para esta cumbre, aseguró a IPS que “esta no es una reunión para realizar negociaciones… Entonces, creo que el tema del lenguaje seguirá siendo un problema para (tratar) los Estados miembros”.

“Obviamente estamos tomando en cuenta el impacto del cambio climático en la migración como un tema”,  pero “no estamos negociando sobre el lenguaje”, agregó.

A Kennedy le preocupa que no se está haciendo lo suficiente para atender las razones climáticas de la migración de los indígenas y pobladores rurales centroamericanos. “Necesitan programas específicos, necesitan estadísticas específicas y no se proporcionan”, dijo.

Rapallo consideró que “el derecho a migrar también implica el derecho a no migrar. La migración debería ser una opción, pero no la única opción para buscar una vida mejor, o incluso para sobrevivir”.

T: MF

El artículo Migrantes rurales e indígenas, los olvidados de América Central fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Young New Yorkers bring robots, and a glimpse of the future, to UN Headquarters

UN SGDs - qua, 12/06/2019 - 17:21
Tiny balls moved along a series of automated Lego robots, as young students from New York explained to United Nations staff the inner-workings of simple motors and engineering. 
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More funding needed to tackle child labour in agriculture says UN, marking World Day

UN SGDs - qua, 12/06/2019 - 16:42
The number of children working in agriculture has increased by 10 million since 2012, which is why on Wednesday’s World Day Against Child Labour, the UN agency for the sector is urging countries to allocate more funding to address a global surge in subsistence farming at every level. 
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Globo se posiciona sobre entrevista de Glenn Greenwald

Pública - qua, 12/06/2019 - 15:47

Após a publicação da entrevista da Agência Pública com Glenn Greenwald, emissora se manifestou por meio de “nota de esclarecimento”. Além de Glenn, David Miranda também é citado; ambos foram procurados para se posicionar a respeito.

Abaixo a íntegra da nota:

“Segue esclarecimento da Comunicação da Globo sobre a entrevista de Glenn Greenwald, publicada por seu veículo.

Glenn Greenwald procurou a Globo por e-mail no último dia 29 de maio para propor uma nova parceria de trabalho. Em 2013, a emissora já havia dividido com ele o trabalho sobre os documentos secretos da NSA referentes ao Brasil. Uma parceria que mereceu elogios dele pela forma como foi conduzido o trabalho.

Greenwald ficou ainda mais agradecido por um gesto da Globo. Nas reportagens que a emissora divulgou, em algumas frações de segundo era possível ver nomes de funcionários da agência americana, que não trabalhavam em campo, mas em escritório. Mesmo assim, tal exposição poderia levá-lo a responder a um processo em seu país natal, os Estados Unidos. A Globo, então, assumiu sozinha a culpa, declarando que, durante a realização da reportagem, Greenwald se preocupava sobremaneira com a segurança de seus compatriotas. Tal atitude o livrou de qualquer risco.

Ao e-mail do dia 29 de maio seguiram-se alguns telefonemas na tentativa de conciliar agendas (ele estava viajando) para um encontro, finalmente marcado. Ele ocorreu na redação do Fantástico no dia 5 de junho. Na conversa, insistindo em não revelar o tema, ele disse que tinha uma grande “bomba a explodir” e repetiu que queria voltar a dividir o trabalho com a Globo, pelo seu profissionalismo. Mas, antes, gostaria de saber se a emissora tinha algo contra ele, sem especificar claramente os motivos da pergunta, apenas dizendo que falara mal da Globo em algumas ocasiões. Provavelmente se referia a um artigo que seu marido, o deputado David Miranda, do PSOL, tinha publicado no Guardian com mentiras em relação à cobertura do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O artigo foi rebatido por João Roberto Marinho, presidente do Conselho Editorial do Grupo Globo, fato que deu origem a comentários desairosos do próprio Greenwald.

Na conversa de 5 de junho, ele afirmou que “tudo estava no passado”. Prontamente, ouviu que jamais houve restrição (de fato, David Miranda já foi inclusive convidado para entrevista em programa da GloboNews). Greenwald ouviu também, com insistência, por três vezes, que a Globo só poderia aceitar a parceria se soubesse antes o conteúdo da tal “bomba” e sua origem, procedimento óbvio. Greenwald se despediu depois de ouvir essa ponderação.

A Globo ficou aguardando até que, na sexta-feira à tarde, Greenwald mandou um e-mail afirmando que não recebeu nenhuma resposta da Globo e que devia supor que a emissora não estava interessada em reportar este material. Como Greenwald, no e-mail, continuava a sonegar o teor e origem da “bomba”, não houve mais contatos. Não haveria como assumir qualquer compromisso de divulgação sem conhecimento do que se tratava.

No domingo, seu site, o Intercept, publicou as mensagens atribuídas ao ministro Sergio Moro e procuradores da Lava-Jato, assunto que mereceu na mesma noite destaque em reportagem de mais de cinco minutos no Fantástico (e depois em todos os telejornais da Globo).

Na segunda, uma funcionária do Intercept sugeriu que o programa Conversa com Bial entrevistasse um dos editores do site para um debate sobre jornalismo investigativo. Como o próprio site anunciou que as publicações de domingo eram apenas o começo, recebeu como resposta que era conveniente esperar o conjunto da obra, ou algo mais abrangente, antes de se pensar numa entrevista.

Por tudo isso, causam indignação e revolta os ataques que ele desfere contra a Globo na entrevista publicada na Agência Pública. Se a avaliação dele em relação ao jornalismo da Globo e a cobertura da Lava-Jato nos últimos cinco anos é esta exposta na entrevista, por que insistiu tanto para repetir “uma parceria vitoriosa” e ser tema de um dos programas de maior prestígio da emissora? A Globo cobriu a Lava-Jato com correção e objetividade, relatando seus desdobramentos em outras instâncias, abrindo sempre espaço para a defesa dos acusados. O comportamento de Greenwald nos episódios aqui narrados permite ao público julgar o caráter dele.”

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Futuro incierto para refugiados palestinos y su agencia en la ONU

IPS español - qua, 12/06/2019 - 14:41

Funcionarios de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), en una de sus labores de asistencia. Crédito: UNRWA

Por Charlotte Munns
NACIONES UNIDAS, Jun 12 2019 (IPS)

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina ha comenzado a recibir ataques sobre su propia existencia, que anteceden al encuentro que se realizará  el 25 de este mes con los donantes,  para discutir sobre los fondos que requiere para desarrollar su labor.

El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, en inglés), el nombre histórico de la agencia creada en 1949, fue directamente atacado por Jason Greenblatt, el enviado especial de  Estados Unidos para las negociaciones internacionales, en una reunión del Consejo de Seguridad a fines de mayo.

Greenblatt confirmó entonces que el gobierno de Donald Trump mantiene el congelamiento a la realización de aportes a la Agencia, que estableció en 2018 y que es algo que ahonda su ya precaria situación financiera.

Para intentar controlar los daños provocados por las críticas y pronunciamientos de Greenblatt, la UNRWA alertó en a comienzos de este mes sobre los impactos que tendrían para la conflictiva región mediooriental los dramáticos recortes planteados por Estados Unidos.

La organización apoya a alrededor de 74 por ciento de la población de Gaza y también tiene operaciones importantes en Cisjordania y Jordania, donde residen millones de refugiados palestinos. La Agencia proporciona ayuda alimentaria, servicios sociales, educación e infraestructura.

La UNRWA requiere 1.200 millones de dólares para financiar todas sus operaciones en el próximo año y de no recibir nuevas contribuciones de inmediato, no podría mantener sus actividades en el terreno más allá de este mes, plantean en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Agencia requiere obtener al menos 60 millones de dólares para fines de este mes, para poder mantener su ayuda alimentaria a más de  un millón de refugiados palestinos, lo que parece muy incierto, tras la amenaza de Greenblatt de retirar el aporte estadounidense.

La Agencia se financia principalmente con fondos de los Estados miembros de la ONU, la Unión Europea y los gobiernos regionales, que aportan 93 por ciento del total. Además, están los aportes de fuentes privadas y no gubernamentales, que en 2018 contribuyeron con 17 millones de dólares.

Matthias Schmale, director de Operaciones de UNRWA en Gaza, señaló durante la conferencia de prensa del 4 de junio que “en este momento, estrictamente financieramente hablando, no tenemos el dinero para garantizar la apertura de escuelas en el otoño (boreal)”.

Estas preocupaciones financieras han surgido por la negativa de los Estados Unidos a continuar financiando a la organización, que Greenblatt justificó con que a juicio de Washington “el modelo de UNRWA le ha fallado al pueblo palestino”.

La Agencia, describió,  representa una “operación irremisiblemente defectuosa” y una solución de “curita (bandita)”.

Dos niñas reciben este mes sus certificados escolares, en un centro atendido por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Si no obtiene fondos urgentes, el organismo no podrá iniciar el próximo curso escolar en sus centros en Palestina. Crédito: Mohammed Khalid Adwan/UNRWA

La alternativa estadounidense es que los servicios de la UNRWA se integren a las estructuras de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que cumplen tareas de apoyo a los refugiados palestinos.

Una razón que Greenblatt incluyó en sus argumentos contra la UNRWA es el apoyo de su país a Israel. “Estados Unidos siempre estará con Israel”, subrayó el representante estadounidense.

Para los críticos de la posición estadounidense, ese planteamiento confirma que detrás de su decisión de dejar de financiar a la Agencia hay razones políticas sectarias y las alegadas críticas a su funcionamiento son solo una disculpa.

Peter Mulrean, director de la Oficina de Representación de la Agencia en Nueva York, dijo en una entrevista con IPS que “UNRWA lamenta la decisión de Estados Unidos de dejar de financiar a UNRWA después de décadas de ser el mayor donante y socio fuerte de la Agencia”.

Pero el funcionario se negó a especular sobre los motivos detrás de esa decisión.

Greenblatt sostuvo que la UNRWA se ha politizado, pese a que mantenga que actúa con una “una pretendida neutralidad”.

“Año tras año, los palestinos en campos de refugiados no han tenido la oportunidad de construir ningún futuro; fueron engañados y utilizados como peones políticos y productos básicos en lugar de ser tratados como seres humanos”, aseguró el representante estadounidense.

Ante ese argumento, Mulrean replicó que “UNRWA es una agencia humanitaria de las Naciones Unidas que no tiene ningún rol político en Palestina ni en ningún otro lugar”.

Durante la conferencia de prensa, UNRWA ya escuchó preguntas sobre si algunos de sus funcionarios estaban vinculados con el movimiento islamista palestino Hamás, debido a que se encontraron armas almacenadas en una escuela que la Agencia regenta, al igual que la existencia de túneles debajo de edificios de sus centros educativos.

La Agencia recordó que sus funcionarios fueron los que informaron de todos los incidentes de ese tipo y quienes tomaron medidas  inmediatas para retirar las armas y cerrar los túneles.

Las críticas a la UNRWA por parte de Washington, no son secundadas, de hecho, por otros miembros del Consejo de Seguridad, aparte de Israel.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general, António Guterres, recordó este mes que el máximo funcionario de la ONU ha recibido amplio apoyo sobre la actividad que cumple la UNRWA y que esa posición “no ha cambiado”.

La percepción mayoritaria recogida por Guterres, puntualizó Dujarric, es que UNRWA “es una fuerza estabilizadora en la región a través de los servicios educativos que proporciona, a través de los servicios de salud y a través de los servicios de apoyo “.

En la reunión del Consejo de Seguridad donde se trató la situación de UNRWA, Estados Unidos se quedó solo en sus críticas, porque los otros 14 miembros, permanentes y no permanentes, apoyaron a la Agencia y su papel con los refugiados palestinos.

“Eso es un reflejo del amplio apoyo que UNRWA tiene en la comunidad internacional”, analizó Mulrean a IPS.

A pesar de esto, la UNRWA ha luchado durante años para lograr un presupuesto que le permita cumplir con sus compromisos. El año pasado, alrededor de 42 países e instituciones aumentaron sus contribuciones para enjugar un déficit sin precedentes, de 446 millones de dólares.

Greenblatt señaló que a Estados Unidos se les pedía con frecuencia que llenase vacíos presupuestarios de la Agencia. Pero después de haber hecho contribuciones de unos 6.000 millones de dólares a lo largo de la existencia de UNRWA, reafirmó que Washington no seguirá haciendo estos aportes.

En contrapartida, Estados Unidos ha organizado una conferencia en Bahréin, el 25 y el 26 de junio, para un posible plan para discutir posibles soluciones a la crisis de refugiados palestinos, en lo que observadores internacionales se dividen entre los que ven como una compensación de Washington al retiro de fondos para la UNRWA y los que consideran que busca establecer una iniciativa paralela a la Agencia.

Mulrean se negó a pronunciarse sobre las intenciones de la próxima conferencia en Bahréin, pero sí afirmó que la UNRWA no ve esto como una competencia con su trabajo y funciones.

Mientras tanto, UNRWA lucha por contrarrestar las críticas de Greenblatt en distintos ámbitos, incluidos los medios de comunicación, en un contexto de una escalada de la violencia en Gaza, que algunos observadores sitúan como la peor desde 2014, y de un número cada vez mayor de refugiados palestinos.

Ello sin dejar de buscar financiamiento para solventar sus urgencias inmediatas y para poder mantener sus operaciones el año próximo.

“Esta es nuestra realidad”, resumió Mulrean, “tenemos escuelas para dirigir, clínicas para administrar, personas para alimentar y esas son nuestras prioridades”,  de una agencia que se centra en aportar alimentos, educación, salud, saneamiento y servicios sociales a la población palestina.

El oxígeno con que la UNRWA contará o no para su sobrevivencia se conocerá tras la reunión de donantes del 25 de junio en las Naciones Unidas en Nueva York.

A esa cita, Estados Unidos ha superpuesto la conferencia en Manama, la capital de Bahréin, que se celebrará los días 25 y 26, con el objetivo de implementar su polémico plan de paz para Gaza y Cisjordania, que requeriría miles de millones de dólares, y que tiene el boicot de las autoridades palestinas.

T: MF

 

El artículo Futuro incierto para refugiados palestinos y su agencia en la ONU fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Associação de juristas evangélicos fundada por Damares Alves amplia lobby no governo

Pública - qua, 12/06/2019 - 13:35

“Com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, eu pergunto: existe algum, entre os 11 ministros do Supremo, evangélico? Cristão assumido? Não me venha a imprensa dizer que eu quero misturar a Justiça com religião. Todos nós temos uma religião ou não temos. E respeitamos, um tem que respeitar o outro. Será que não está na hora de termos um ministro no Supremo Tribunal Federal evangélico?”, disse o presidente Jair Bolsonaro no dia 31 de maio durante um evento realizado na congregação Madureira da igreja Assembleia de Deus.

A declaração, motivada pelo julgamento da criminalização da homofobia, atualmente em trâmite no STF, foi recebida com aplausos pelos presentes. No mesmo dia, em concordância com o presidente, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure) emitiu uma nota pública comentando a fala de Bolsonaro: “[…] a ANAJURE entende, em consonância ao Presidente Bolsonaro, que há um crescente e preocupante ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal (STF) nos últimos anos, em especial, acerca de questões morais de impacto social”, diz a nota. No documento, a associação declara que não pretende necessariamente que um protestante venha a se tornar um dos membros do órgão de cúpula do sistema judicial “a fim de influenciá-lo por sua condição de religioso”. No entanto, afirma que almeja que o STF e demais órgãos de cúpula do Poder Judiciário “tenham juízes que respeitem e se balizem pela Constituição Federal do nosso país, professem eles uma religião ou não, eximindo-se de aderir, sem a devida reflexão” ao que chama de uma onda “pouco democrática, do ativismo judicial”.

A Anajure, que hoje conta com cerca de 700 membros, foi fundada em 2012, no Auditório Freitas Nobre, na Câmara dos Deputados em Brasília, por um grupo de juristas evangélicos. Entre eles estava a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que foi homenageada na ocasião pelos “mais de 20 anos de atuação em favor de causas cristãs e do direito à vida e da família”. Entre os objetivos da Anajure está o de “defender as liberdades civis fundamentais”, o de “constituir-se como uma entidade de auxílio e defesa administrativa e jurisdicional das igrejas e denominações evangélicas, em especial, nos casos de violação dos direitos fundamentais de liberdade religiosa e de expressão” e o de “constituir-se como um fórum nacional de discussão sobre o ordenamento jurídico brasileiro, sobre os projetos de lei em tramitação, sobre as propostas de políticas públicas governamentais, especialmente no que diz respeito aos deveres e direitos humanos fundamentais”. Nesse sentido, a organização tem atuado de forma incisiva nas Câmaras Legislativas, colaborado em projetos de lei, ajudado a impedir votações, participado de audiências no STF – principalmente em pautas como a descriminalização do aborto e a criminalização da homofobia – e angariado aliado poderosos no governo Bolsonaro, como a agora ministra Damares Alves, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A Anajure, aliás, lançou nota em apoio ao ministro depois que reportagens do The Intercept Brasil divulgaram sua relação de proximidade com o procurador Deltan Dallagnol, chefe da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. Moro e Damares participaram juntos do 6o Congresso Internacional sobre Liberdades Civis Fundamentais da Anajure, no último dia 8 de maio no auditório do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília.

Reprodução AnajureVI Congresso Internacional sobre Liberdades Civis Fundamentais da Anajure Congresso com Moro e Damares

Na manhã daquela quarta-feira, o público lotou o auditório do STJ em Brasília para acompanhar a sexta edição do congresso promovido anualmente pela Anajure em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Moro, Damares e o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida, estiveram na mesa de abertura do evento, que até então nunca havia contado com a presença de um ministro de Estado.

Renato Menezes / Ascom AGUAdvogado-geral da União André Luiz de Almeida no VI Congresso Internacional da Anajure

O saldo do congresso foi positivo para Moro: na ocasião, seu pacote anticrime recebeu apoio da Anajure. O presidente da associação, Uziel Santana, entregou a ele uma nota oficial assinada por mais de 700 juristas, entre os quais diretores, coordenadores e associados. Antes disso, o ministro falou sobre os principais pontos da proposta – como o excludente de ilicitude para policiais em serviço, um de seus itens mais polêmicos – e garantiu que, apesar de ter “plena convicção” de que crime não se combate somente com mudanças legislativas, “a mudança na lei tem um valor, traz instrumentos melhores para que os agentes da lei possam enfrentar esse problema”.

Mas apoio não foi só o que Moro ganhou no evento: integrantes da associação evangélica Gideões Internacionais lhe deram um exemplar do Novo Testamento e oraram junto ao ministro. O advogado-geral da União, André Luiz de Almeida, que também é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília, ganhou o mesmo presente.

Já Damares Alves, uma das fundadoras da Anajure, afirmou que sua gestão vai “trabalhar muito na defesa de todos os templos” e que “todos têm direito ao culto e à liberdade religiosa nessa nação”. A Anajure aproveitou a ocasião para entregar a ela o texto-base do quarto Plano Nacional de Direitos Humanos, desenvolvido por uma comissão escolhida e formada pela associação após solicitação da própria ministra. O texto, agora, está sob análise do ministério.

Reprodução AnajureMoro recebendo carta de apoio ao projeto anticrime Aliados no Congresso

Na Câmara dos Deputados, a Anajure é membro fundador especial da Frente Parlamentar Mista da Liberdade Religiosa, Refugiados e Ajuda Humanitária (FPMLRRAH), uma reformulação da Frente Parlamentar Mista para Refugiados e Ajuda Humanitária (FPMRAH), fundada em 2015 por requerimento do então deputado federal Leonardo Quintão. Na época, Quintão, que presidiu a FPMRAH, e o deputado Roberto de Lucena investiram R$ 500 mil de suas emendas individuais no Orçamento da União para que a frente fosse criada. Hoje, a FPMLRRAH é presidida por Lucena e tem como diretor executivo Uziel Santana, presidente da Anajure. De acordo com seu texto de apresentação, a frente leva como um de seus objetivos “inserir o Brasil no contexto internacional da liberdade religiosa”.

Em 2015, os juristas da Anajure participaram da criação, novamente com o deputado Leonardo Quintão, do Projeto de Lei (PL) 1.219/15, que instituía o Estatuto Jurídico da Liberdade Religiosa no Brasil. O PL, com mais de 20 páginas de texto e 50 artigos, discorre sobre as diferentes formas de liberdade religiosa que devem ser respeitadas pelo Estado. Em parágrafo único do artigo 7º, a proposta diz que “a colaboração de interesse público com organizações religiosas, realizada na forma da lei, não configura discriminação ou privilégio”. No artigo 27º, fica “vedado ao Estado e seus poderes públicos imporem limitações quanto ao exercício da liberdade religiosa das comunidades indígenas, mesmo que sob a justificativa de manutenção das tradições locais”. Em audiência pública a respeito do projeto e outros apensados, representantes da Anajure expressaram preocupação sobre suposta inibição pela Funai da presença missionária cristã em comunidades indígenas.

O PL 1.219/15 acabou sendo retirado pelo próprio autor, embora tenha recebido apoio do então vice-presidente Michel Temer, mas outros três projetos, antes apensados, continuam em tramitação.

São eles os PL 6.314/05, PL 1.089/15 e PL 2.909/15. O primeiro pretende excluir dos crimes de difamação e injúria “a opinião de professor ou ministro religioso no exercício do magistério ou de seu ministério”. O segundo dispõe sobre a liberdade religiosa, garantindo que “a divulgação, na esfera pública ou privada, de ideias contrárias a um determinado comportamento social ou a uma crença professada por determinado grupo, religioso ou não, desde que feitas sem incitação à violência, não constitui ilícito civil nem penal”. O terceiro pretende “proibir a intervenção estatal em organização religiosa”. Os três projetos de lei foram desarquivados em fevereiro deste ano.

Em junho de 2015, a Anajure emitiu um parecer técnico no qual apresentava fundamentos jurídicos diretivos para que a Procuradoria-Geral de República (PGR) ajuizasse uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) contra o Ministério da Educação (MEC) por inserir as chamadas “ideologias desconstrucionistas do ethos nacional, ou ideologia de gênero, em documentos que visavam a elaboração dos Planos Estaduais e Municipais de Educação”.

O parecer da Anajure visava também servir como base jurídica para deputados estaduais e vereadores apresentarem projetos de lei sobre o tema. De acordo com o documento, a abordagem de orientação sexual e identidade de gênero trazida em planos municipais e estaduais não corresponde às diretrizes constantes no Plano Nacional de Educação então aprovado pelo Congresso.

“Teorias como a da identidade de gênero, dominação etária, orientação sexual, ferem, dentro do sistema de educação nacional, princípios e preceitos constantes dos mais importantes tratados, pactos e declarações de direitos humanos fundamentais”, destaca o parecer técnico. Mais adiante, o documento afirma que “o propósito de inserir nos planos de educação uma ideologia de gênero é o de promover um distanciamento dos pais em relação aos filhos”, e conclui afirmando que a inserção da ideologia de gênero na educação brasileira representa “uma clara violação à dignidade humana da criança e do adolescente”.

No Executivo, a associação também tem aumentado seus laços. Em 2019, foi convidada por Damares a contribuir tecnicamente com o texto do novo Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH 4), que servirá de base à formulação de políticas públicas, “afetando diretamente a promoção e defesa das Liberdades Civis Fundamentais em áreas afins”, como explica em seu site.

De olho na reforma da Previdência, a associação criou a Comissão de Direito Previdenciário das Igrejas e suas Entidades e dos Ministros de Confissão Religiosa, “considerando os direitos e interesses das Igrejas e suas Entidades e dos Ministros de Confissão Religiosa pertencentes ao segmento evangélico e que são apoiados pela ANAJURE”. O objetivo do grupo é a “elaboração de Estudo e Parecer Técnico sobre a Reforma da Previdência e suas consequências para as Igrejas, suas entidades e seus ministros, considerando a necessidade de atualização das normas para que se adequem às necessidades do fenômeno religioso”. Os documentos formulados pela comissão deverão ser entregues ao Congresso “a fim de subsidiar as discussões, por meio de parlamentares sensíveis aos temas propostos”, diz a associação em nota.

A Anajure tem atuado também no Senado Federal. Na primeira quarta-feira de junho, 5, os juristas evangélicos articularam com a senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) e conseguiram suspender a votação do PL 672/2019, do senador Weverton (PDT-MA), que versava sobre a criminalização da homofobia. Em nota publicada em seu site, a associação disse estar trabalhando “junto aos parlamentares para demonstrar a importância de se resguardar a liberdade religiosa e de crença”. O presidente da associação, Uziel Santana, tem viajado a Brasília para articular com parlamentares e angariar apoiadores como “o Senador Marcos Rogério (DEM/RO) e a Senadora Simone Nassar Tebet (MDB/MS)”.

Atual presidente da Comissão da Infraestrutura no Senado, Marcos Rogério já compôs o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Na época, em 2015, ele foi investigado pela Operação Lava Jato por ter recebido R$ 100 mil da construtora Queiroz Galvão, suspeita de ter participado de cartel e superfaturar obras da Petrobras. A doação foi intermediada pelo então partido do parlamentar, PDT. Rogério é denunciado também pela imprensa regional de Rondônia por ter triplicado seu patrimônio entre as eleições de 2010, quando declarou apenas R$ 260 mil, e de 2018, quando declarou mais de R$ 1 milhão. Entre as principais polêmicas por trás do enriquecimento do Senador está a compra de uma aeronave, no nome de empresa fundada pelo Senador, a CMD Locação Aérea e Turismo Ltda., abastecida por meio de verbas de seu gabinete.

Reprodução AnajureDamares recebendo texto base do PNDH4 No STF, as pautas morais

No Judiciário, a Anajure participa com frequência de audiências públicas do STF, especialmente naquelas que tocam nas chamadas “pautas morais”. No caso da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol), que versava sobre a descriminalização do aborto, a associação publicou nota contrária ao projeto e direcionou aconselhamento, como amicus curiae [amigo da corte], à ministra Rosa Weber, relatora responsável. A associação defendeu que, além de crime contra a vida, “a descriminalização do aborto também atinge diretamente a liberdade religiosa e a laicidade brasileira”. A Anajure tem como aliada a organização não governamental Brasil Sem Aborto.

Durante o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26, que discutia se havia ou não omissão legislativa para a criminalização da homofobia, a Anajure fez uma sustentação oral. Também na condição de amicus curiae, a associação fez defesa contrária à ação, levantando, entre outros argumentos, “a falta de definição das formas de homofobia e transfobia e o conflito com a liberdade religiosa”.

Academia Anajure e a formação da cosmovisão cristã

A cosmovisão “são as lentes pelas quais a nossa mente enxerga toda a realidade”, definiu Mauro Meister durante entrevista concedida à Pública em meados de março. Meister é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, na Barra Funda, em São Paulo, e professor de Antigo Testamento no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Há dois anos, Meister participa do Academia Anajure, um programa de treinamento criado em 2017, que tem como objetivo ensinar, para estudantes e recém-formados em direito, a relação entre a lei bíblica e a contemporânea.

O evento acontece em formato de internato. Neste ano, 50 selecionados participarão do treinamento durante uma semana do mês de julho, no acampamento Mackenzie Cabuçu, localizado no interior de São Paulo. Durante os dois primeiros anos, quem abrigou juristas cristãos foi a UniEvangélica, em Anápolis, Goiás. Para a inscrição, além de Currículo Lattes, carta de motivação e recomendação de um professor, os interessados precisam enviar uma carta de recomendação escrita por um pastor, ministro ou outro líder espiritual.

Meister, além de já ter escrito artigos sobre a lei na Bíblia, é membro do conselho consultivo da Anajure e ajuda os juristas evangélicos a “pensar e refletir” o trabalho jurídico em “uma visão cristã”. Os palestrantes da academia são, em sua maioria, membros da Anajure. Por lá já passaram pastores, professores universitários, teólogos e até mesmo procuradores e desembargadores importantes, como Fábio Dutra, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e Rogério Greco, do Ministério Público de Minas Gerais.

Até 2015, a Anajure mantinha uma parceria institucional com a Alliance Defending Freedom (ADF), associação estadunidense “baseada na fé” que também se diz na luta pela defesa das liberdades fundamentais. A ADF se envolveu recentemente em polêmica ao defender confeiteiro que se recusou a fazer bolo de casamento para um casal homossexual nos EUA. O caso chegou à Suprema Corte, insuflado pela ADF e com o apoio de parlamentares republicanos, que deu vitória ao confeiteiro no ano passado.

Na parceria com a Anajure, os norte-americanos da ADF custeavam bolsas para que estudantes brasileiros de direito fossem até o Arizona, nos Estados Unidos, para participar do programa de treinamento Blackstone.

A ADF alega ter treinado, com seu Blackstone, e em sua mais de uma década de existência, pelo menos 2 mil estudantes provenientes de todo o globo. A Anajure caminha de forma mais lenta rumo ao marco de 130 alunos, mas a cada ano aumenta a quantidade de vagas oferecidas em seu curso.

As bolsas para o Blackstone eram custeadas pela ADF e, sem inclusão de passagem e hospedagem, beiravam os R$ 25 mil (R$ 6.300). Sob responsabilidade da Anajure, ficavam somente o recrutamento e a seleção dos alunos. No entanto, embora não arcasse com gastos, a associação não estava satisfeita: o número de bolsas, três por ano, era muito pequeno, o que significava que treinava poucos estudantes.

Foi assim que os juristas, como contou o advogado e um dos idealizadores da Academia Valmir Nascimento, perceberam que para aumentar o aprimoramento de seus membros precisariam de seu próprio programa de treinamento, oferecendo a um maior número de futuros juristas as técnicas, ferramentas e reflexões da cosmovisão cristã no direito. Dessa necessidade, em 2016, nasceu a Academia Anajure.

Valmir Nascimento justifica a aplicação de sua cosmovisão com o argumento de que, como cristão, se é cristão em todos os lugares e esferas. “É muito comum uma pessoa religiosa, até mesmo dentro do cristianismo, acreditar que há uma separação entre a vida religiosa dela e a vida pública enquanto profissional ou enquanto estudante. De uma perspectiva de cosmovisão de cristianismo, nós não fazemos essa separação. Nós vemos a pessoa de maneira integral, inteira. Nesse sentido, a fé que ela professa na igreja, ela precisa extrair dessa fé princípios para aplicar na esfera pública também”, disse à Pública.

Nascimento é autor do livro O cristão e a universidade – Um guia para a defesa e o anúncio da cosmovisão cristã no ambiente universitário. Logo em seu primeiro capítulo, a obra compara a universidade a um campo de batalha, mas destaca que ela não deve ser evitada por cristãos. “Devemos nos preparar para entrar no combate e, assim como o apóstolo Paulo, dizermos, ao término da graduação, que combatemos o bom combate e guardamos a fé.” Nascimento continua afirmando que “o servo do Senhor não foi forjado para fugir das pelejas, mas enfrentá-las frontalmente”.

Procurada diversas vezes por e-mail e telefone, a Anajure não respondeu à reportagem.

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Justiça recebeu mais de 200 denúncias de propaganda religiosa irregular nas últimas eleições

Pública - qua, 12/06/2019 - 13:34

“Senhor, eu te louvo, porque esse homem tem valores cristãos. Que nem os hackers, Senhor, consigam mudar aqueles votos da urna. Que ninguém consiga, ó Deus, de alguma maneira, desfazer o propósito melhor para nossa nação. Capacita Jair Bolsonaro, dá palavras sábias, dá saúde. Blinda o teu filho até de uma gripe. Querendo o Senhor, que, no dia 1º de janeiro, esse homem possa subir a rampa do Planalto.”

Essa foi uma das declarações do pastor Josué Valandro Jr., da Igreja Batista Atitude, durante as eleições 2018. Do alto do púlpito multimídia no templo da Barra da Tijuca, o pastor orou pelo então deputado, chamou-o de justo e correto, criticou a falta de credibilidade de outros candidatos, rebateu fake news contra Bolsonaro — “isso é sem-vergonhice, não é amor” — e ainda afirmou que não é preciso concordar com tudo que ele pensa para amá-lo e para que Deus interceda por ele. Valandro, inclusive, chamou a atual primeira-dama, Michelle Bolsonaro, para subir ao palco e ser igualmente ungida — ela é membro do ministério de surdos da Igreja.

A atuação do pastor (veja video abaixo) não passou despercebida: ao menos quatro pessoas registraram denúncias no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), acusando a atuação do religioso de propaganda irregular — a legislação eleitoral não prevê o crime de abuso de poder religioso, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem caracterizado a prática como abuso de poder econômico. O próprio TRE do Rio havia afirmado que uma das prioridades das eleições de 2018 era “combater o abuso do poder religioso para garantir a competitividade entre os candidatos e a higidez eleitoral, assim como o combate às fake news”, disse o procurador regional eleitoral Sidney Madruga. Contudo, as quatro denúncias sobre apoio do pastor Valandro a Bolsonaro foram arquivadas pelo tribunal.

Além das quatro denúncias acima, a Igreja Batista Atitude foi citada em mais 45 relatos de apoio a Bolsonaro durante cultos — todas as denúncias também foram arquivadas.

A Pública procurou o pastor, que não respondeu até a publicação da reportagem. Em matéria da Época, Valandro afirmou que nunca fez campanha para Jair ou outros candidatos, apesar de reconhecer ter rezado por deputados federais e estaduais — e durante um culto, para o governador Wilson Witzel, com a presença do próprio político. Segundo a reportagem, a Igreja Batista Atitude teria mais de 10 mil fiéis e vem batizando mil novos membros a cada ano.

Os casos envolvendo a Batista Atitude são cerca de metade das denúncias que se relacionam a Jair Bolsonaro. Ele é o candidato mais citado nos relatos, com 89 casos junto a líderes evangélicos e católicos. Ao todo, a reportagem listou mais de 200 denúncias de apoio político em igrejas ou envolvendo líderes religiosos durante o ano passado. O partido de Bolsonaro, o Social Liberal (PSL), também é o mais mencionado — há 94 denúncias contra a legenda, seguido pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB), com 25. Os relatos abarcam 13 dos 26 estados brasileiros.

Apesar da quantidade de denúncias, poucas se transformam em processos contra os partidos e candidatos — das 226, 200 foram arquivadas na própria unidade que recebeu a denúncia. Os motivos, segundo a reportagem apurou, são variados. Há denúncias com poucas informações, acusações sem provas (fotos, vídeos ou áudios que registrem o que é denunciado), relatos sem data da ocorrência ou sobre eventos futuros, mas há também casos que não foram apurados pelos tribunais apesar de descreverem, com clareza, pedidos de votos por lideranças religiosas, como os envolvendo o atual presidente.

Nem todas as denúncias, contudo, são sobre pregações explícitas como as da Atitude. Uma delas envolvendo a Igreja Universal, de Edir Macedo, descreve referências indiretas a Jair Bolsonaro. “Dentro da Igreja Universal, até mesmo durante o culto, pastores buscam influenciar os votos dos fiéis em favor do candidato a presidente Jair Bolsonaro. Mas a propaganda é feita de forma dissimulada, pois os pastores costumam se referir ao candidato Jair Bolsonaro como ‘aquele que levou a facada’”, diz a peça, arquivada pelo TRE-RJ.

Outra denúncia, dessa vez envolvendo a Igreja Católica, afirma que padres da região de Magé, no Rio, teriam pedido apoio a Jair Bolsonaro utilizando argumentos da sua campanha, como as insinuações de envolvimento de Fernando Haddad com o “kit gay”. “Todos os padres de Magé estão fazendo campanha para Bolsonaro. Estão ameaçando as pessoas dizendo que quem vota a favor do kit gay e aborto não é bem-vindo na igreja e está em pecado mortal. […] Os padres e líderes religiosos estão intimados a fazer áudios e divulgar no WhatsApp. Solicito presença de fiscalização nos horários de missas e com gravação das missas”, aponta o relato.

A Universal unge seus candidatos

O PRB, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, é a segunda legenda com mais denúncias no levantamento da Pública — 25 no total. Elas citam apoio de religiosos a diversos políticos eleitos pelo Rio de Janeiro: em 2018, o PRB elegeu 30 deputados federais e 42 estaduais, além de um senador em Roraima e um vice-governador do Maranhão.

A situação mais frequentemente relatada pelas denúncias é a de orações para candidatos do partido comandadas por líderes religiosos. “O candidato [Carlos Macedo, candidato a deputado estadual] é mencionado pelos pastores da igreja no momento das orações para que eles sejam abençoados. Sendo que antes é ensinado aos membros da igreja da importância em votar em bons candidatos de origem evangélica”, diz uma das denúncias, que foi arquivada.

Há também denúncias que acusam os pastores de divulgar notícias falsas durante os cultos, para incentivar o voto em candidatos apoiados pela igreja. Um relato acusa pastores da Universal de dizer que “se não votar no Bolsonaro, as crianças vão passar a receber o kit gay, e ainda virar homossexuais”.

Existem também relatos de panfletagem na porta de templos. “A Igreja Universal do Reino de Deus está fazendo campanha e distribuição de adesivos e panfletos dentro do templo religioso e na porta do mesmo. Para evitar serem flagrados estão guardando material de campanha em uma casa próxima e distribuindo aos membros nos finais de culto”, diz a denúncia, que acusa a Universal no Rio de propaganda irregular. “Pastores também usam do púlpito nos cultos para pedir votos para candidatos do PRB no Senado, Dep. Federal e Dep. estadual. Jovens da igreja inclusive menores de idade estão sendo estimulados a panfletar para os candidatos em ruas próximas.” A denúncia trazia ainda os horários de início e término nos cultos da igreja acusada.

Poucas denúncias geram processos, poucos processos levam a condenação

Entre as mais de 200 denúncias reunidas pela Pública, apenas duas não foram arquivadas — uma acabou em condenação e a outra gerou multa ao denunciado.

Em Santa Catarina, na Igreja do Poder de Deus, houve um dos poucos casos de líderes religiosos condenados por propaganda irregular. O ministro de confissão Emerson Júnior Ferreira foi multado em R$ 2 mil por fazer propaganda favorável a Jatir Balbinot, candidato a deputado estadual pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Segundo o processo, o ministro insistiu que os fiéis votassem no candidato da igreja e convencessem os familiares. “É claro, só o seu voto, o seu voto é importante, é importantíssimo, mas tem que ser o seu voto e da sua família. Quem tá entendendo? Tem que ser o seu voto e da sua família. Eu quero que você lute pra conseguir, no mínimo, dez votos. No mínimo! Ah, se eu falar pro meu familiar de política, ele vai achar ruim. Deixa achar ruim, o importante é você não ficar calado. Fazer sua parte. […] Meu Pai consagra a vida do senhor Jatir, o nosso candidato estadual, como também o senhor Manoel Dias, o federal”, relata o processo.

Na defesa, o religioso argumentou que, por ter vindo de anos de trabalho em Portugal, “desconhecia as vedações impostas pela legislação eleitoral”.

Já no Piauí, o Ministério Público Federal expediu uma recomendação para a Igreja Assembleia de Deus, recomendando que “não faça propaganda eleitoral a qualquer candidato durante seus cultos e em seus templos”. A ação ocorreu após denúncias que a igreja apoiava as candidaturas de Ciro Nogueira (Progressistas) e Wilson Martins (PSB) ao senado, além de Idoneil Mesquisa (PHS) para deputada federal e Tiago Vasconcelos (PHS) para deputado estadual.

“É importante que a nossa legislação passe por uma revisão”

Em junho de 2018, o Ministério Público Eleitoral recomendou aos líderes religiosos que não fizessem propaganda eleitoral no local destinado aos cultos. A recomendação explicou que a prática pode configurar abuso de poder econômico, visto que o abuso de poder religioso não está previsto como crime na legislação.

Como explica o especialista em direito eleitoral e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) Fernando Neisser, denúncias de apoio religioso a candidatos têm sido julgadas com base na previsão de abuso de poder econômico — um parâmetro amplo — além de multas aplicadas a políticos por propaganda em local inadequado. “Para que exista abuso, você tem que ter um nível de gravidade maior. Uma fala isolada em um culto não seria considerada como abuso”, comenta. “A falta de parâmetros [sobre abuso] joga no colo da Justiça Eleitoral uma subjetividade muito grande.”

Em agosto de 2018, o TRE-SP concluiu a cassação do mandato do vereador Anderson Pereira (PSDB), de Limeira, no interior paulista. O processo partiu de denúncias sobre a participação do ex-vereador em cultos. Inicialmente, a Justiça Eleitoral havia julgado improcedente a acusação contra o político, afirmando que seria “temerário” que cidadãos que comungam da mesma crença não possam se organizar para eleger representantes que tenham as mesmas convicções.

“Quanto mais aberta e subjetiva a legislação, mais espaço tem para os viés pessoal do julgador ou julgadora influenciar nesse processo”, explica Neisser. “É importante que a nossa legislação passe por uma revisão”. Essa revisão, segundo ele, não deve ser feita apenas para incluir o crime de abuso religioso, mas também para refletir sobre o que não seria classificado como abuso — e as implicações disso para o cenário eleitoral. “Um juiz ou magistrado que é totalmente contra a influência da religião na política pode ver abuso em qualquer coisa, enquanto um juiz que concorda pode não ver abuso em nada.”

Segundo a legislação eleitoral, candidatos e partidos políticos não podem receber doação direta ou indireta de entidades religiosas.

A Pública entrou em contato com as igrejas e pastores citados na matéria. Apenas a Universal respondeu, afirmando que “no período eleitoral, dentro daquilo que a lei permite, a Universal apenas incentiva a todos os cristãos, de todas as denominações, que escolham candidatos comprometidos com os valores da família e da fé”.

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Glenn Greenwald: “a Globo e a força-tarefa da Lava Jato são parceiras”

Pública - ter, 11/06/2019 - 19:21

“Se você não quer esses riscos, você não deve fazer jornalismo”, afirma Glenn Greenwald sobre a série do The Intercept Brasil que revelou no último domingo trocas de mensagens nada republicanas entre o então juiz federal Sérgio Moro e a força-tarefa da Lava Jato.

As revelações, frutos de documentos enviados por uma fonte anônima, podem ter influenciado os rumos das últimas eleições no país e seu conteúdo dinamitou uma série de reações em todas as esferas de poder e da opinião pública.

Na entrevista à Pública, Greenwald fala sobre as reações dos envolvidos e trata da cobertura da imprensa sobre a Lava Jato antes e depois das reportagens do The Intercept Brasil. “Quando a grande mídia transforma Moro e a Força-Tarefa em deuses ou super heróis, se torna inevitável o que aconteceu. Os jornalistas pararam de investigar e questionar a Lava Jato e simplesmente ficaram aplaudindo, apoiando e ajudando”, avalia.

Segundo ele, há exceções como a Folha de S. Paulo e jornalistas independentes. E pondera: “preciso falar que depois de publicar o que publicamos, acho que com uma exceção, que é a Globo, a grande mídia está reportando o material de forma mais ou menos justa, com a gravidade que merece”.

Fernando Frazão/Agência BrasilGlenn: “Para mim foi muito parecido com a reportagem que fizemos com o caso Snowden”

Durante o processo de recebimento do material da fonte anônima e da própria produção das reportagens quais foram os momentos mais complicados na tomada de decisão jornalística? Como foi esse processo para vocês?

Para mim foi muito parecido com a reportagem que fizemos com o caso Snowden. Quando você recebe um arquivo gigante, é muito difícil, num primeiro momento, entender o que você tem e o contexto dos documentos que estão nesse arquivo. Segundo, quais os principais documentos que você vai usar, porque, obviamente, estamos lendo conversas privadas entre pessoas, e tem a questão do direito à privacidade mas, por outro lado, essas pessoas estão usando o poder público, então também precisam de transparência — exatamente o que eles fizeram quando interceptaram e divulgaram as conversas privadas do Lula.

Como você avalia a repercussão a partir da própria imprensa brasileira? Hoje, por exemplo, você disse que “a estratégia da Globo é a mesma que os governos usam contra aqueles que revelam seus crimes” e que “a Globo é sócia, agente e aliada de Moro e Lava Jato”.

É incrível porque, para mim, o tempo todo, a grande mídia não estava reportando sobre a Lava Jato, ela estava trabalhando para a Lava Jato. Com uma exceção que é a Folha de S. Paulo. A Folha, para mim, manteve uma distância, uma independência, estava criticando, questionando… Mas a Globo, Estadão, Veja, o tempo todo estavam simplesmente recebendo vazamentos, publicando o que a Força-Tarefa queria que eles publicassem. Mas, na realidade, preciso falar que depois de publicar o que publicamos, acho que com uma exceção, que é a Globo, a grande mídia está reportando o material de forma mais ou menos justa, com a gravidade que merece.

Por exemplo, o editorial de hoje do Estadão — que era um dos maiores fãs do Moro — falando que ele deve renunciar e Deltan ser afastado. Isso mostra a gravidade das revelações.

A única exceção é a Globo mas essa é uma exceção enorme por causa do poder do Jornal Nacional que está quase tratando a história somente como um crime — e o único crime que interessa é o da nossa fonte, que eles acham que ela cometeu. Eles não têm quase nenhum interesse nas gravações e no comportamento do Moro, do Deltan. Eles estão falando sobre o comportamento da fonte e, na realidade, eles não sabem nada. Mas é interessante por que isso é comportamento de governo.

Como assim?

Quando você denuncia ações de corruptos ou trata de problemas sobre o governo, ele sempre tenta distrair falando somente sobre quem revelou essa corrupção, quem divulgou esses crimes para criminalizar pessoas, jornalistas ou fontes que revelaram o material. Essa estratégia, não dos jornalistas, é o que a Globo está usando. Porque a Globo e a força-tarefa da Lava Jato são parceiras. E os documentos mostram isso, né? Não é só eu que estou falando isso por causa da Globo. Os documentos mostram como Moro e Deltan estão trabalhando juntos com a Globo e nós vamos reportar, então eu sei disso já e a reportagem está mostrando. Mas o resto da grande mídia está tratando a história com a gravidade que merece. É impossível para todo mundo que está lendo esse material defender o que Moro fez. Impossível!

Se eu entendi, Glenn, você está me dizendo que os documentos que vocês ainda estão trabalhando vão apontar uma relação mais próxima da Globo nesse processo com Dallagnol e Moro, é isso?

Eu não posso falar muito sobre os documentos que ainda não publicamos porque isso não é responsável. Precisa passar pelo processo editorial mas, sim, posso falar que exatamente como disse hoje, a Globo foi para a Força-Tarefa da Lava Jato aliada, amiga, parceira, sócia. Assim como a Força-Tarefa da Lava Jato foi o mesmo para a Globo.

Muita gente está querendo saber qual vai ser o próximo passo do The Intercept Brasil, as próximas reportagens. Queria que você esclarecesse o que é fundamental para essa apuração estar pronta jornalisticamente, para que vocês soltem novas revelações.

Não somos o Wikileaks. Não estamos simplesmente publicando material que nós temos, sem contexto ou reportando sem entender, sem analisar, sem pesquisar. Estamos fazendo jornalismo. E esses documentos são complexos. Entendo que todo mundo queira ver o que nós temos porque esse material tem interesse público e eles [o público] têm o direito de ver. Mas, por outro lado, nós temos a responsabilidade jornalística para usar o tempo que precisarmos para confirmar que tudo que nós estamos reportando é verdade. Por que se nós cometermos um erro, eles vão usar isso contra a gente para sempre, para atacar nossa credibilidade, da reportagem, de tudo. Por exemplo, todo mundo está falando: “onde estão os áudios?”. É muito complicado reportar áudios. Precisa confirmar quem está falando, precisa confirmar o contexto sobre o que estão falando. Precisa conectar isso com outros materiais, outros documentos e isso leva tempo. Nós vamos publicar logo, mas nós não vamos correr. Nossa prioridade é confirmar que tudo que estamos reportando está informando o público e não enganando o público, como eles fizeram.

Na sua avaliação, até pelo fato de você também ser advogado, se um escândalo como esse, que envolve um ministro da Justiça, fosse nos Estados Unidos, por exemplo, você acha que o ministro conseguiria se manter no cargo? E, pessoalmente, você acha que o Moro deveria renunciar ao Ministério da Justiça?

Eu tenho um amigo, dos meus melhores amigos da vida desde os 11 anos, agora um advogado na Flórida, que depois de ler nosso material, disse: “Se um juiz fizesse o que Moro fez, sem dúvida, esse juiz seria retirado, provavelmente não seria promovido porque é uma infração muito grave, colaborando com um lado e fingindo ser neutro”. Ele me disse ainda que todas as decisões desse juiz ficariam sob dúvida e que é impensável que o juiz pudesse manter qualquer cargo público, muito menos ser ministro da Justiça. Porque agora todos nós sabemos, porque nós lemos exatamente o que ele fez, o que ele disse, que ele vai quebrar qualquer regra de ética que ele quiser para realizar os objetivos dele.
Advogados brasileiros — que não são muito políticos — ficaram chocados e ofendidos quando olharam o material e eu também — porque o juiz tem muito poder, e com esse poder vêm muitas responsabilidades, muitas regras éticas. É um poder enorme para condenar alguém e botar alguém na prisão. E o Moro não quebrou uma regra uma vez, mas o tempo todo ele estava mostrando que ele não se importa nem um pouco com essas regras. Ele achou que era totalmente acima da lei e das regras, e é impossível ter alguém como juiz ou como Ministro da Justiça com essa mentalidade.

Como você avaliou a reação do Moro? Por exemplo, o primeiro pronunciamento escrito foi tuitar sua própria nota oficial via site do Antagonista. O que isso significa?

Primeiro, ele está usando o Antagonista para muitas coisas, o tempo todo. Ele está sempre citando o Antagonista, vazando para o Antagonista, todo mundo sabe disso…

O fato de ele usar o Antagonista mostra, para mim, que agora ele sabe que é o único apoio que vai ter — a identidade dele não é mais de juiz apartidário, agora Moro sabe que é uma figura da direita extremista.

E ele vai continuar assim porque todo mundo sabe que Moro não é uma pessoa contra a corrupção mas uma pessoa que faz corrupção quando quiser. E usar o Antagonista mostra que a única preocupação é o que a direita está pensando sobre os comportamentos dele.

E a reação dele, o que achou?

Foi totalmente arrogante, ele está quase falando: “Está me incomodando ter que responder isso”. E achei muito interessante a arrogância porque é exatamente: “Eu sou Sérgio Moro, eu não devo ser questionado, muito menos acusado”. É justamente essa arrogância que causou esse comportamento antiético: porque ele acha que está acima de tudo.

O vazamento do The Intercept Brasil demonstrou mais uma vez a importância de informações vazadas para jornalistas. O caso de pedido da extradição de Julian Assange foi pouco tratado na imprensa brasileira [Assange está com pedido de extradição para os Estados Unidos com 17 acusações como de espionagem e conluio para obter informações secretas]. Isso pode abrir precedente, com implicações até mesmo fora dos EUA?

Com certeza. Esse é o perigo principal que estão mostrando outros países que tentam criminalizar o jornalismo falando que, se você publica documentos secretos, que é o papel do jornalista, você pode ser processado criminalmente como parte dessa teoria de que está conspirando com a sua fonte. Antes desses episódios, sempre os jornalistas tiveram o direito de publicar qualquer material que eles recebessem, independentemente de como a fonte conseguiu obter os documentos. E esses casos, essas apreensões, são perigosas exatamente porque eliminam essa separação entre jornalista e fonte.

Você acha que a imprensa brasileira cobriu mal a Lava Jato durante esses mais de 5 anos? Queria que você me dissesse se sim ou se não e se você acha que foi falta de capacidade de investigação ou opção política?

Não. Acho que tiveram boa intenção. Corrupção é muito comum aqui no Brasil na direita, esquerda e no centro. Todo mundo chegou no limite e não aguentava mais. Eu entendo o apoio a Lava Jato ao ver políticos poderosos e bandidos finalmente na prisão, é natural. Eu também elogiei a Lava Jato, às vezes, por causa disso. Mas, exatamente como acontece com todos os humanos, qualquer grupo de pessoas que têm poder, como a Lava Jato, também tem a capacidade de abusar desse poder. E quando a grande mídia transforma Moro e a Força-Tarefa em deuses ou super heróis, se torna inevitável o que aconteceu. Os jornalistas pararam de investigar e questionar a Lava Jato e simplesmente ficaram aplaudindo, apoiando e ajudando.

Como eu disse, com exceção da Folha, que ficou sempre um pouco mais distante e mais independente e, obviamente, muitos jornalistas independentes. Estou falando sobre a grande mídia.

Eu vi que o Antagonista publicou que “uma denúncia anônima foi protocolada junto ao Ministério Público Federal contra o The Intercept”. E a gente está vendo desde a publicação da reportagem inúmeros ataques a você, ao seu companheiro David Miranda [deputado federal pelo PSOL], ataques homofóbicos, gente pedindo a sua deportação. Enfim, questões que te atingem pessoalmente. Você, sua família e também a equipe do The Intercept Brasil têm uma estratégia de defesa legal e digital? Como vocês estão pensando a questão da segurança daqui para frente?

Sim. Eu e meu marido estivemos juntos no caso do Snowden e nós lutamos contra os governos mais poderosos do mundo e a CIA, NSA Reino Unido… Estávamos sendo ameaçados o tempo todo. Então, nós já conhecemos essas questões muito bem. Eu moro aqui no Brasil há 14 anos, então conheço o Brasil muito bem. Eu sei como funciona.

Nós ficamos muitas semanas planejando como proteger a nos e a nossa fonte contra os riscos físicos, riscos legais, riscos políticos, riscos que vão tentar sujar a nossa reputação. Nós estamos prontos. Mas não existe nenhuma vida sem riscos. Não se pode eliminar riscos, pode-se tomar medidas para minimizar. Então, a equipe do The Intercept Brasil, que não tem a proteção como alguém com a minha visibilidade, que é casado com um deputado federal… Eles são jovens, 25, 30 anos, e são muito corajosos fazendo esse trabalho destemido. Sim, é muito perigoso, obviamente, e sou alvo dessa campanha para me expulsar do país, chamando-me de inimigo do Brasil, ameaça a segurança nacional e que devo ser preso.

Mas nós sabíamos que tudo isso iria acontecer, mas o que podíamos fazer? Têm jornalistas cobrindo guerras. Têm jornalistas sem visibilidade investigando corrupção contra pessoas muito perigosas. Se você não quer esses riscos, você não deve fazer jornalismo.

Após a publicação da entrevista na terça-feira, dia 11 de junho, a Rede Globo enviou uma nota na quarta-feira, 14 de junho. Leia aqui. Glenn respondeu por meio do seu twitter na quinta-feira, 13 de junho. Leia aqui.

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Guardia nacional aún no controla migración en el sur de México

IPS español - ter, 11/06/2019 - 16:32

La vida continúa con normalidad en el río Suchiate, que sirve de frontera natural entre Guatemala y México. El flujo de personas y mercancías permanece sin presencia de la Guardia Nacional mexicana, que según el acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México, va a controlar el flujo de migrantes centroamericanos en el sur del país. Crédito: Isaac Guzmán/En el Camino

Por José Ignacio De Alba
SUCHIATE, México, Jun 11 2019 (IPS)

El guatemalteco Fernando Hernández fue a entregarse a la Estación Migratoria Siglo XXI, en el estado mexicano de Chiapas para que lo devolvieran a su país, pero las autoridades mexicanas no quisieron detenerlo. Así que el muchacho tuvo que ir al río Suchiate para deportarse solo.

Se embarcó en una balsa para cruzar la afluente que divide a México de Guatemala y desde allí el inmigrante gritó con coraje: “hijos de su pinche madre los de migración”.

El día en que Hernández se autodeportó el gobierno mexicano debía reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala con 6.000 efectivos de la Guardia Nacional.

En teoría los integrantes de la nueva policía militar se integrarían a personal de la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración para ayudar a contener la migración que llega por la frontera sur de México con Guatemala, dentro del acuerdo con la administración de Estados Unidos.

Pero en Chiapas, en el suroeste de México, poco detuvo al vibrante paso de personas.

El río Suchiate, la frontera natural, amaneció cargado de lancheros que navegan por debajo del puente que une oficialmente a Guatemala con México.

Por el pase legal algunos se forman, pero en el agua cientos de personas cruzan ilegalmente de un país a otro. Comerciantes que traen al lado mexicano principalmente verduras frescas, mientras que a Guatemala llevan atículos comestibles y de uso doméstico.

Familias enteras, televisores, bicicletas, detergentes, perros, cerveza mexicana, ventiladores, colchones, todo cabe en las balsas. El Suchiate no divide nada, es más fácil ir por el río que por el pase legal, a los lancheros les importa un comino cómo se llamen o si portan papeles. Por 25 pesos (1,3 dólares) cualquiera llega a México.

El balsero Cristian Alvarado trabaja en el Paso del Coyote, en Ciudad Hidalgo, cruza gente y mercancías de forma ilegal por el río.

Se le pregunta si le preocupa que desde este lunes 10 se empiece a desplegar la Guardia Nacional en la frontera, pero el muchacho está más preocupado de que las lluvias torrenciales hayan crecido el río. Se queja porque tiene que remar más por la misma paga.

Sonia Eloina Hernández, la presidenta municipal del municipio de Suchiate, dice en entrevista sobre el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, que “estamos esperando a la Guardia Nacional posiblemente hoy, mañana o pasado mañana”.

“No sabemos cómo va a estar, no sabemos a ciencia cierta sobre el despliegue. Lo único que reconozco al cien por ciento es la decisión del mi presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un hombre de corazón bueno, nosotros aquí en Suchiate lo amamos”, añade.

Un efectivo del Ejército toma nombres de los periodistas en el retén El Manguito, en el kilómetro 299 de la carretera de Ciudad Hidalgo, en Tapachula, en la frontera de México con Guatemala, en el suroccidental estado de Chiapas. Crédito: Isaac Guzmán/En el Camino

Las preocupaciones de la presidenta municipal, perteneciente a Morena, el partido del presidente, giran en torno a un asunto: que la política del gobierno federal en la frontera no afecte a los almacenes de comestibles y productos domésticos que venden al mayoreo.

La funcionaria explica que el municipio de Suchiate vive esencialmente de vender productos a Guatemala, aunque algunos pasen de forma ilegal. Por eso, dice, la “Guardia Nacional debería enfocarse a tratar el tema de la migración, porque si no, se puede afectar a los comerciantes”.

Además de ser presidenta municipal, Hernández tiene una tienda de comestibles. Así que ella recomendará en reuniones que la Guardia Nacional se despliegue en las carreteras para detener migrantes y no en la orilla del Suchiate porque “seríamos afectados los comerciantes”.

El teniente de caballería del Ejército, Rogelio Bustos, encargado de la base de operaciones del municipio fronterizo Ciudad Hidalgo, rechaza ser entrevistado pero confía a los reporteros que “nosotros no sabemos nada de la Guardia Nacional”. Luego cuenta que hoy esta base opera de forma normal.

Uno de los militares encargados del apoyo a la Estación Migratoria Siglo XXI explica que no están seguros de cuándo les llegarán los brazaletes de la Guardia Nacional. Y a la pregunta de si recibirán capacitaciones, el militar responde: “nosotros ya estamos capacitados, en derechos humanos y en el uso de la fuerza”.

El lunes 10 se pudo constatar un retén donde elementos del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y el Ejército detuvieron migrantes que viajaban en transporte público en las carreteras cercanas a Tapachula. Pero estas tareas no son excepcionales y no atienden al despliegue anunciado.

El gobierno mexicano contempla que operen 23 coordinaciones de la Guardia Nacional en la frontera sur del país.

El ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró en días pasados que el lunes 10 se desplegarían 6.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera de México para contener la migración que llega del sur.

El anuncio se hizo mientras el gobierno mexicano terminaba de negociar el acuerdo con la administración de Donald Trump, que al menos por ahora evitó que Estados Unidos aplique su amenaza de establecer aranceles a productos mexicanos.

Pero esas negociaciones quedan muy lejos de las ocupaciones cotidianas de la gente que vive en esta frontera. Aquí, en el Suchiate, nadie parece entender de qué tratará la nueva política migratoria que se acordó allá en el norte. Y a nadie, tampoco, parece importarle.

Este articulo fue originalmente publicado por En el Camino,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

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Desarrollo de tecnologías para economías europeas de cero carbono

IPS español - ter, 11/06/2019 - 14:00

Por Nils Røkke
TRONDHEIM, Noruega, Jun 11 2019 (IPS)

Nunca antes medio grado centígrado ha significado tanto para la humanidad. Nos estamos comportando como si tuviéramos tiempo para enfrentar el cambio climático. Y no es cierto. El principal problema es que creemos que debemos sacrificar el crecimiento y la prosperidad por el bien de la descarbonización. Y tampoco es verdad.

Aumentar las inversiones

Podemos descarbonizar la economía y crear al mismo tiempo empleos y crecimiento. En el caso de la Unión Europea (UE), esto requiere que los Estados miembros incrementen las inversiones en investigación de energía y tecnologías de energía renovable.

Europa puede tomar la iniciativa invirtiendo en investigación y revisando sus regulaciones para hacer de la sostenibilidad una ventaja competitiva. El sector público y el privado deben trabajar juntos para crear prototipos de tecnologías rápidamente y luego transformarlos programas piloto.

Esto requiere incentivos de investigación e innovación. Para mostrar el efecto de estos enfoques, me gustaría señalar algunos ejemplos concretos.

Para aumentar las inversiones en investigación en Europa, los institutos de investigación, el sector público y el privado deben vincular la financiación nacional a los programas de la UE. Los fondos de investigación existentes deben gastarse más sabiamente.

Nils Røkke

Simultáneamente, el sector público y el privado deben planificar, trabajar y evaluar proyectos como socios reales. Estoy seguro de que esto incentivará y acelerará los negocios e ideas amigables con el clima y que funcionen en el mercado.

Un ejemplo de una asociación público-privada efectiva es el apoyo del gobierno noruego a las instalaciones de investigación para la captura y almacenamiento de carbono en múltiples ubicaciones para múltiples industrias. Esto incluye la planta de cemento Norcem, en  Breivik, y el reciclaje de energía de la planta incineradora Klementsrud, en Oslo.

Aprovechando las asociaciones público-privadas

El gobierno noruego ha entendido que para equilibrar su presupuesto nacional de carbono, el sector público necesita apoyar a la industria privada. La prueba de que este enfoque funciona es la primera solución a gran escala de captura y almacenamiento de carbono que se implementará en la planta cementera en Brevik, un suburbio de la sureña ciudad de Porsgrunn.

Los planes apoyados por el gobierno para el desarrollo de capacidades, investigación e innovación han respaldado este desarrollo planificado. Esto también ha incluido proyectos que operan bajo los programas marco de la UE para la investigación.

Necesitamos más soluciones que sean sostenibles, efectivas y realistas para el 2030. Lo que significa que también necesitamos una mayor asociación público-privada.

Cambio regulatorio

Al mismo tiempo, los países deben regular para garantizar que los proyectos y desarrollos  sostenibles se conviertan en una ventaja competitiva y que las tecnologías sostenibles se implementen y se adopten rápidamente. Un claro ejemplo positivo en el campo industrial es el mercado europeo de cuotas de carbono.

Requerir que las compañías paguen por sus emisiones los incentiva a encontrar las formas más innovadoras y efectivas de reducir sus emisiones. Las empresas que pueden reducir las emisiones de la manera más rentable serán a su vez más competitivas. Las empresas que cambien captarán cuota de mercado y crecerán.

Las regulaciones también son una forma increíblemente eficiente de impactar en el comportamiento del consumidor y del mercado y, por lo tanto, qué tecnologías se venden, son rentables y se mejoran. Un ejemplo común de esto es el enfoque del gobierno noruego para regular el mercado de vehículos particulares.

Los vehículos eléctricos están exentos de muchos impuestos y tarifas en Noruega, lo que los hace muy atractivos en comparación con los vehículos con motores de combustión interna. Todos estos incentivos han tenido un impacto significativo en los consumidores que adoptan vehículos eléctricos.

En marzo de 2019, Noruega se convirtió en el primer país del mundo en vender más vehículos eléctricos que vehículos de combustión interna.

Incentivando la investigación energética

El aumento de los fondos para la investigación energética y el cambio de los comportamientos mediante la regulación son importantes para el cambio, pero los proyectos piloto a gran escala solo se realizarán cuando se incentive la investigación energética en sí misma. Ninguna tecnología o sistema único puede generar aisladamente una sociedad de cero emisiones.

Por lo tanto, cada país debe considerar las herramientas a su disposición para incentivar la investigación en tecnologías para la energía renovable.

Este fue el telón de fondo para establecer la iniciativa de Misión Innovación, lanzada en la cumbre climática de París, de diciembre de 2015, donde se aprobó el Acuerdo de París, destinado a contener el incremento de la temperatura en el planeta.

¿Por qué solo 1,8% del financiamiento público para investigación y desarrollo se invierte en energía limpia cuando la energía limpia es una de las formas más importantes de lograr la neutralidad climática?

Misión Innovación apunta a duplicar la inversión en energía limpia para generar más inversión del sector privado. Después de todo, el dinero público no puede resolver este desafío por sí solo.

Los países necesitan trabajar juntos. En la Alianza Europea de Investigación en Energía (EERA) trabajamos arduamente para asegurarnos de facilitar la cooperación en la mayor medida posible. Un proyecto concreto al que me gustaría llamar la atención es el Programa Conjunto para Energía Solar de Concentración (JP-CSP).

El objetivo clave de la estrategia de cooperación internacional del programa es fomentar la transferencia de conocimiento y tecnología de la investigación europea avanzada a las áreas más prometedoras para la energía solar térmica.

En el marco del programa de investigación integrado STAGE-STE (Alianza científica y tecnológica para garantizar la excelencia y liderazgo europeos en energía termosolar), financiado con fondos de la UE, el JP-CSP ha integrado con éxito socios de cuatro continentes: desde Australia a Chile, Brasil, México, India, China, así como a países de Medio Oriente y Norte de África como Libia, Marruecos y Arabia Saudita.

Pero la UE siempre puede hacer más. Una recomendación concreta que me gustaría dar como vicepresidente ejecutivo de Sostenibilidad en el Instituto de Investigación Independiente SINTEF, uno de los mayores de Europa,  y presidente de EERA es aumentar el presupuesto para el próximo programa marco de investigación Horizonte Europa. La sugerencia inicial de 100.000 millones de euros debería ampliarse a 120.000 millones.

Necesitamos una sala de presupuesto para poder perseguir completamente las ideas que tienen más sentido. Además, debemos asegurarnos de que la investigación que hacemos impregne completamente la industria.

Por lo tanto, debe fortalecerse aún más el denominado “segundo pilar” de Horizonte Europa, la parte que conecta la investigación con las oportunidades industriales.

Hay muchas soluciones y tecnologías que se requieren para generar las tecnologías y técnicas para un futuro más sostenible. Todos los países y Estados miembros de la UE deben aumentar sus inversiones, regular para garantizar que la sostenibilidad se convierta en una ventaja competitiva e incentivar la investigación para realizar tantas soluciones como sea posible.

La tecnología puede mantenernos en la carrera por prevenir el calentamiento planetario, los empleos y el crecimiento económico. ¿Cómo podemos derrochar en esa inversión?

T: MF

 

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Jair Bolsonaro exonera todos os peritos do Mecanismo de Combate à Tortura

Pública - ter, 11/06/2019 - 13:12

O presidente Jair Bolsonaro exonerou, através de decreto publicado hoje, dia 11 de junho, todos os peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), órgão responsável por investigar violações de direitos humanos em locais como penitenciárias, hospitais psiquiátricos, abrigos de idosos, dentre outros.

O decreto 9.831, assinado ontem, ainda determina que a nomeação de novos peritos para o órgão precisará ser chancelada por ato do próprio presidente, e que esses novos membros não irão receber salário. Além disso, o ato de Bolsonaro ainda proíbe que os novos peritos tenham qualquer vinculação a redes e entidades da sociedade civil e a instituições de ensino e pesquisa, dentre outros.

“Fomos pegos de surpresa. É bastante claro que se trata de uma retaliação ao trabalho que a gente vem desenvolvendo”, afirmou à Pública um dos peritos demitidos, Daniel Melo. Como a Pública havia revelado, desde o início do governo Bolsonaro, os integrantes do Mecanismo vinham denunciando que a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, trabalhava para impedir a atuação dos peritos. Em fevereiro, integrantes do Mecanismo e do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT) afirmaram que a ministra impediu a vistoria a penitenciárias do Ceará para avaliar denúncias de maus tratos e tortura no sistema prisional cearense.

Acervo MNPCTApós primeira viagem ser negada pelo Ministério dos Direitos Humanos, peritos inspecionaram prisões no Ceará e denunciaram violações

Segundo o perito, o decreto também torna inviável a atuação dos futuros peritos já que, sem remuneração, dificilmente teriam capacidade de conduzir investigações extensas. “É inviável [o trabalho voluntário]. Para se ter autonomia, fazer visitas, conseguir minimamente organizar um trabalho, você precisa de sustento. O trabalho do perito não pode ser um cargo como o de um conselheiro, que você vai pontualmente a uma reunião e vai embora”, critica.

A denúncia dos peritos em fevereiro gerou uma crise no Ministério dos Direitos Humanos, que criticou o Mecanismo, mas autorizou posteriormente a inspeção nas penitenciárias do Ceará. Em abril, após realizarem as visitas, os peritos divulgaram um extenso relatório que apontou instalações superlotadas, presos com mãos e dedos quebrados e lesões na cabeça afirmando terem sido atingidos por chutes ou golpes de cassetetes, celas alagadas, tomadas por mofo, e falta de medicamentos para detentos com tuberculose e hepatite.

O relatório da inspeção ainda denunciou que presos soropositivos estavam sem acesso ao atendimento médico e impedidos de receber visita de familiares que poderiam trazer os coquetéis contra o HIV. Durante as vistorias, os peritos encontraram uma cela, nos mesmos presídios, ocupadas por detentos ex-policiais e filhos de policiais com colchão, ventilador e mosquiteiro.

A Pública procurou o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos mas ainda não obteve retorno.

Atualizado às 18h33. Resposta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos: “As medidas adotadas pelo Governo, com a edição do Decreto n. 9.831/2019 visam garantir que os trabalhos desempenhados pelos peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura sejam de natureza estritamente técnica e autônoma. Deste modo, os peritos poderão atuar normalmente, com independência funcional suficiente para a realização das perícias, o que foi reassegurado pelo novo decreto. Com a nova medida, o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura poderá ser, inclusive, ampliado, e o Governo Federal atuará nesse sentido.”

O Ministério também afirma que o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) permanece ativo e segue como órgão integrante da estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. “A exoneração dos cargos em comissão com a manutenção da função de perito, como serviço público relevante, apenas muda um paradigma, de modo que o serviço dos peritos continuará sendo desempenhado regularmente, mas sem remuneração, como afirmado anteriormente.”

Peritos devem denunciar decreto de Bolsonaro ao Ministério Público

“A gente aponta que o Estado brasileiro tem provocado a tortura e violado os direitos das pessoas privadas de liberdade. [O decreto de Bolsonaro] faz lembrar os Atos Institucionais [da Ditadura] porque somos garantidos por Lei Federal e, de repente, por meio de um decreto, somos exonerados”, critica o perito.

De acordo com o perito Daniel Melo, a demissão dos peritos será levada ao Ministério Público Federal (MPF), além de organismos internacionais. No início do ano, a denúncia que Damares havia impedido a visita do Mecanismo às prisões cearenses foi levada à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do MPF, à Organização das Nações Unidas (ONU) e à Corte Interamericana

Contudo, mesmo após as denúncias, o Ministério de Damares não recompôs o quadro de peritos, já que vários estão com mandato vencido — dos 11 peritos previstos em Lei, o Mecanismo contava apenas com sete até a publicação do decreto, sendo que dois desses ainda aguardavam nomeação.

No último relatório bianual divulgado pelo sistema de proteção contra a tortura, o grupo relatou situações degradantes durante visita a presídios do Complexo do Curado, em Recife (PE). Pavilhões que deveriam abrigar 50 presos possuíam mais de 150 detentos. Havia uma série de espaços insalubres, com vigas expostas, vazamentos, mofos e sem circulação de ar. Em Belém do Pará, o grupo havia apontado superlotação no hospital psiquiátrico do sistema penitenciário. Segundo o relatório, havia 96 leitos para mais de 180 pessoas, além de cinco pessoas que permaneciam internadas apesar de já terem a medida de restrição extinta.

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The future of work ‘with social justice for all’ tops agenda of centenary UN Labour conference

UN SGDs - seg, 10/06/2019 - 15:26
The Centenary International Labour Conference got underway on Monday at the UN in Geneva, with ILO chief Guy Ryder, calling on hundreds of delegates from around the world to help “construct a future of work, with social justice for all”.
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