Internacionais

Keeping cool in the face of climate change

UN SGDs - dom, 30/06/2019 - 08:00
As global temperatures reach record highs, providing cooling systems which are effective, sustainable and which do not harm the environment is increasingly essential for everyday life. That’s according to Rachel Kyte, Chief Executive Officer of Sustainable Energy for All, and Special Representative of the United Nations Secretary-General for Sustainable Energy for All (SEforALL).
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Create conditions for ‘harmony between humankind and nature’, UN chief says on sidelines of G20 in Japan

UN SGDs - sab, 29/06/2019 - 15:09
The world needs to create conditions for “harmony between humankind and nature”, Secretary-General António Guterres said in Osaka, Japan, during a meeting on Saturday with the Foreign Ministers of China and France, on the margins of the G20 summit.
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Strawberries and child support; a Thai partnership

UN SGDs - sex, 28/06/2019 - 23:00
Mother of three, Mhee Saesong, a strawberry farmer from Chiang Mai in the north of Thailand, has always struggled alongside her husband to provide for her family. She describes how, in the past, when her two older children became sick, she was unable to afford to take them to hospital.
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Strawberries and child support; a Thai partnership

UN SGDs - sex, 28/06/2019 - 23:00
Mother of three, Mhee Saesong, a strawberry farmer from Chiang Mai in the north of Thailand, has always struggled alongside her husband to provide for her family. She describes how, in the past, when her two older children became sick, she was unable to afford to take them to hospital.
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Más allá de Arabia Saudita: el mundo le está fallando a los periodistas

IPS español - sex, 28/06/2019 - 15:44

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, informó al Consejo de Derechos Humanos que su investigación determinó que Arabia Saudita es "responsable" del asesinato "extrajudicial" del columnista Jamal Khashoggi. Crédito: Manuel Elias/Acnudh

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jun 28 2019 (IPS)

El columnista saudí Jamal Khashoggi fue víctima de “una ejecución premeditada y deliberada perpetrada” por funcionarios de Arabia Saudita y los periodistas de todo el mundo sufren en forma creciente parecida suerte, determinó una alta funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas.

Después de una investigación de seis meses, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, concluyó que Arabia Saudita es “responsable” del asesinato “extrajudicial” de Khashoggi, columnista del Washington Post.

“Este asesinato fue el resultado de una misión planificada que involucró una amplia coordinación e importantes recursos humanos y financieros. Fue supervisada, planificada y respaldada por funcionarios de alto nivel y fue premeditada”, dijo el 26 de junio en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos, el máximo órgano de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

Se trató de “una ejecución premeditada y deliberada, un asesinato extrajudicial del cual es responsable el Estado de Arabia Saudita”, sentenció la alta funcionaria sobre el crimen del crítico del reino saudí que tuvo lugar en Estambul en octubre de 2018.

“El derecho a la vida es un derecho en el centro de la protección internacional de los derechos humanos. Si la comunidad internacional ignora los asesinatos selectivos diseñados para silenciar la expresión pacífica, pone en riesgo la protección de la que dependen todos los derechos humanos”, agregó Callamard.

Como ocurrió en un consulado en Turquía, el asesinato no puede considerarse un “asunto interno” y viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, así como la prohibición del uso extraterritorial de la fuerza en tiempos de paz, por lo que es un crimen internacional.

Callamard señaló la necesidad de establecer una investigación criminal dentro de la ONU para garantizar la administración de justicia, y señaló que la investigación realizada por las autoridades saudíes no fue la adecuada y dejó fuera a “altos mandos del país” y a “los autores intelectuales del crimen, de forma directa o indirecta”.

“La investigación llevada a cabo por las autoridades saudíes no ha abordado la cadena de mando. No es solo una cuestión de quién ordenó el asesinato: la responsabilidad penal se puede derivar de la incitación directa o indirecta o de la falta de prevención y protección”, dijo la relatora especial.

El gobierno de Arabia Saudita continúa negando su participación y rechazó el nuevo informe, afirmando que se basa en “prejuicios e ideas prefabricadas”.

Si bien el asesinato de Khashoggi fue brutal, su historia es solo uno de los muchos casos de ataques contra periodistas en todo el mundo.

“Esta ejecución es emblemática de un patrón global de asesinatos selectivos de periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas políticos”, dijo Callamard.

Según Reporteros sin Fronteras (RSF), 80 periodistas fueron asesinados, 348 encarcelados y 60 secuestrados tan solo en 2018, lo que refleja un nivel sin precedentes de violencia contra los profesionales de la comunicación.

Javier Valdez, un periodista mexicano que investigó la actividad de los carteles de la droga, fue asesinado en mayo de 2017.

Pocos días después, los colegas y la viuda de Valdez comenzaron a recibir mensajes infectados con un programa espía conocido como Pegasus, que fue comprado por el gobierno mexicano a la compañía israelí de guerra cibernética NSO Group.

NSO Group solo vende ese programa espía a los gobiernos con el propósito de combatir el terror e investigar el crimen. Sin embargo, el regulador digital Citizen Lab encontró 24 objetivos cuestionables, incluidos algunos de los periodistas más destacados de México.

El programa también ha sido utilizado en otros lugares por gobiernos represores de la libertad de expresión, como los Emiratos Árabes Unidos, que atacaron y encarcelaron al defensor de los derechos humanos Ahmed Manor por sus publicaciones en las redes sociales.

En Canadá, un operador vinculado a Arabia Saudita también ha infectado con el programa espía al crítico del régimen saudí y amigo de Khashoggi, Omar Abdulaziz, según denuncias.

Si bien un sospechoso fue arrestado en 2018 por el asesinato de Valdez, no está claro si son los principales culpables de su muerte.

“El arresto de un sospechoso en el asesinato de Javier Valdez Cárdenas es un paso bienvenido, pero instamos a las autoridades mexicanas a identificar a todos los responsables del asesinato, incluido el autor intelectual”, dijo el representante de México en el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Jean-Albert Hootsen.

“Con demasiada frecuencia, las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas mexicanos se estancan después de que los sospechosos de bajo nivel hayan sido arrestados, lo que permite que la impunidad prospere”, agregó.

El gobierno mexicano también inició una investigación sobre el uso indebido de la tecnología de vigilancia, pero hasta ahora nadie ha sido castigado.

Callamard instó a Arabia Saudita a liberar a los encarcelados por su opinión o creencia y a realizar una evaluación en profundidad de las instituciones “que posibilitaron el crimen contra Khashoggi”.

También hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las leyes para proteger a las personas contra los asesinatos selectivos, incluido el intercambio de información si una persona está en riesgo.

“Hay signos claros de tácticas cada vez más agresivas por parte de los Estados y actores no estatales para silenciar de manera permanente a quienes los critican. La comunidad internacional debe evaluar estos entornos hostiles, debe hacer un balance de los hallazgos de mi investigación sobre el asesinato de Khashoggi”, dijo Callamard en el  Consejo de Derechos Humanos, en el que Arabia Saudita es uno de sus integrantes.

“Las denuncias son importantes, pero ya no son suficientes. La comunidad internacional debe exigir la rendición de cuentas y la no repetición. Debe fortalecer las protecciones y la prevención con urgencia. El silencio y la inacción solo causarán más injusticia e inestabilidad global”, agregó.

T: MF

El artículo Más allá de Arabia Saudita: el mundo le está fallando a los periodistas fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Ampliar el espacio fiscal es vital para financiar el desarrollo latinoamericano

IPS español - sex, 28/06/2019 - 13:39

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, durante la presentación del informe sobre la Situación Fiscal de América Latina y el Caribe 2019, en el Centro para el Desarrollo Global, en Washington. Crédito: Sardari Group Inc/ Cortesía del CGD

Por Corresponsal Fao
WASHINGTON, Jun 28 2019 (IPS)

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, reafirmó la importancia de fortalecer los ingresos públicos para tener mayor capacidad de movilizar recursos internos que permitan financiar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y los requerimientos de desarrollo de la región.

La máxima representante del organismo regional de las Naciones Unidas hizo este planteamiento durante la presentación del informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019 realizada el jueves 27 de junio en el Centro para el Desarrollo Global, en Washington.

Bárcena propuso reforzar el espacio fiscal fortaleciendo los ingresos tributarios, para lo que resulta fundamental reducir el alto nivel de evasión y elusión tributaria – que alcanzó 6,3% del producto interno bruto (PIB) en 2017, lo que equivale a 335.000 millones de dólares-, hacer más progresiva la recaudación y explorar otras fuentes ingreso como la tributación de la economía digital, impuestos ambientales e impuestos para mejorar salud pública.

La secretaria ejecutiva de la Cepal hizo estas propuestas durante el encuentro titulado “Desafíos fiscales en América Latina: Medidas de políticas para un crecimiento sostenible e inclusivo”, que contó con la participación de reconocidos expertos del Centro para el Desarrollo Global, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el panel de discusión estuvieron presentes Sanjeev Gupta y Nancy Birdsall, del Centro para el Desarrollo Global; Marcello Estevão, director global de Macroeconomía, Comercio e Inversión del Banco Mundial; Eric Parrado, economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del BID; y Jorge Roldos, director asistente para el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

Bárcena presentó una serie de recomendaciones para ampliar el espacio fiscal de los países, promover el gasto y la inversión pública, y fortalecer las relaciones multilaterales y regionales para cerrar asimetrías en las políticas.

En su presentación, Bárcena detalló que para ampliar el espacio fiscal se debe reducir la evasión tributaria y los flujos financieros ilícitos producto de la manipulación del comercio internacional de bienes -que llegaron a los 85.000 millones en 2016, es decir, 1,5% del PIB regional-; adoptar impuestos ambientales y de salud, así como en la economía digital;  repensar los gastos tributarios para alinearlos con los resultados de la inversión; y fortalecer la tributación sobre la renta y propiedad personal.

En el campo del gasto y la inversión pública, la secretaria ejecutiva de la Cepal dijo que se debe proteger la doble inclusión (social y laboral) de las personas sobre la base del gasto social; orientar las inversiones públicas hacia tecnologías innovadoras basadas en los recursos naturales; fomentar los acuerdos público-privados para impulsar la infraestructura y las energías renovables; y rediseñar los incentivos fiscales para las políticas industriales.

En el campo regional y multilateral, Bárcena indicó que es necesario forjar acuerdos regionales y globales para reducir la evasión, elusión y los flujos ilícitos; reducir la nociva competencia tributaria; revisar y alinear los incentivos tributarios para la inversión; y disminuir las asimetrías globales junto con fortalecer el diálogo con las empresas transnacionales.

“Uno de los mayores problemas de América Latina y el Caribe es la evasión: 335.000 millones de dólares. ¡Eso es mucho dinero! Debemos fortalecer el espacio fiscal robusteciendo los ingresos tributarios”, enfatizó.

“La deuda de la región ha aumentado pese de los esfuerzos de consolidación fiscal. En nuestra región no hay solo países de ingresos medios que deberían ser graduados (de la asistencia oficial para el desarrollo). Todavía tenemos muchas brechas por cerrar”, advirtió.

Junto con reconocer que las cifras de desigualdad en la región han mejorado entre 2002 y 2014 gracias a la aplicación de políticas públicas y reformas tributarias, Bárcena remarcó que es necesario prestar atención también a la evolución de los ingresos personales y la riqueza.

“Por ejemplo, en el triángulo norte de América Central existe una diferencia de salarios de diez veces con los Estados Unidos. ¡Diez veces! Además, el ingreso del 10% de las personas con mayores recursos en Centroamérica es 70 veces más alto que el ingreso del 10% con menores recursos. ¿Cómo decirle, entonces, a la gente de esos países que no migre? ¿Cómo se maneja este problema?”, dijo.

En este contexto, Bárcena hizo un llamado a los principales organismos multilaterales que operan en América Latina y el Caribe (como el FMI, Banco Mundial, BID y la Cepal) a generar un gran debate sobre estas cifras y a trabajar juntos para presentar estos problemas al más alto nivel político.

En el marco de su visita a Washington, Bárcena asistió además el jueves 27 a una reunión de la Junta de Directores del Diálogo Interamericano, en donde participaron también destacadas personalidades como los expresidentes de Brasil, Chile, Costa Rica, México y Panamá, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, Laura Chinchilla, Ernesto Zedillo y Martín Torrijos, respectivamente.

Este artículo fue publicado originalmente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo especial con la CEPAL.

RV: EG

El artículo Ampliar el espacio fiscal es vital para financiar el desarrollo latinoamericano fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Manoel Santos: regulamentar o lobby “não diminui desigualdade política”

Pública - sex, 28/06/2019 - 12:27

“Sistemas democráticos precisam de equilíbrio mútuo, todo mundo tem que estar disposto a jogar o jogo”, afirma o pesquisador Manoel Santos, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), um dos principais estudiosos do lobby no Brasil: “Se há grupos ou segmentos sistematicamente excluídos do processo, o sistema vai quebrar”. Por isso, ele destaca, precisa haver um certo “grau de igualdade” na democracia, e quando se fala em lobby essa igualdade passa pelo acesso aos tomadores de decisão do Estado – os poderes Executivo e Legislativo e até Judiciário, em alguns casos.

Mas igualdade de acesso, segundo Santos, é exatamente o problema se o assunto é espaço e voz diante de parlamentares, servidores públicos e gestores. “Qualquer pessoa de bom senso está disposta a aceitar que grupos economicamente mais poderosos têm mais influência, e aqueles com mais acesso político também”, indica. Por isso, ele argumenta, “algo em que devemos apostar é como criar condições objetivas para que o acesso que os grupos mais organizados e com mais recursos têm também seja possível aos que não os têm, esse sim é um problema que precisa ser pensado”.

Em entrevista à Pública durante o encontro sobre o tema em São Paulo, Santos explica que a defesa de interesses junto a agentes públicos é uma atividade prevista na Constituição, mas que é urgente “trazê-la à luz”, o que pode ocorrer com a aprovação do projeto de lei de regulamentação do lobby (1202/2007), pronto para votação no plenário da Câmara. Para ele, o caminho ideal é tornar públicos os encontros entre lobistas e integrantes do Estado para que a sociedade possa consultá-los e “ter acesso a quem está conversando com quem e sobre o quê”.

Lucas Braga/UFMGManoel Santos, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), um dos principais estudiosos do lobby do Brasil

O que é lobby, por definição?

Existem muitas definições de lobby, é um termo da arquitetura que passa para a política [o ex-presidente dos EUA Ulysses S. Grant chamava de lobistas as pessoas que o abordavam com pedidos diversos no lobby do hotel Willard, em Washington]. O lobby é uma ação de defesa de interesses junto a um tomador de decisão, no poder público, mas também fora dele, entre empresas privadas ou no campo pessoal. É uma atividade absolutamente comum e corriqueira, todos fazem; a confusão está relacionada ao fato de o termo ter assumido uma carga pejorativa ao longo do tempo. Quando se fala sobre o assunto, o termo está sempre associado a algum tipo de atividade sub-reptícia, que procura influenciar por meios não muito legítimos. Não sem razão, a antiga American League of Lobbyists [Liga Americana dos Lobistas, em português], nos Estados Unidos, mudou de nome e hoje se chama Association of Government Relations Professionals [Associação dos Profissionais de Relações Governamentais]. No Brasil, as duas associações que reúnem esses profissionais utilizam a mesma nomenclatura [Instituto de Relações Governamentais – Irelgov – e Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais – Abrig. Não porque os profissionais tenham problemas com isso [a palavra “lobby”] – não a maioria, mas muitos, inclusive, acham que o nome deveria ser esse –, o problema é que a batalha pela profissionalização da atividade passa também pela escolha de um nome que realmente reflita a atividade.

Quais os tipos de lobby são mais proeminentes no Brasil?

O Brasil ainda guarda uma estrutura que preserva um modelo corporativista de representação de interesse. Sindicatos, federações e confederações formam grandes confederações nacionais, que são poderosos atores na articulação política – exemplos são a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Há também um lobby que se organiza em nível nacional, mas é feito fortemente por entidades de servidores públicos: na Ctasp [Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público], encontram-se confederações de servidores. Se você vai na Comissão de Justiça, há a forte presença, por exemplo, da AMB – Associação dos Magistrados Brasileiros. São organizações que congregam servidores públicos, carreiras poderosas, que acabam também desenvolvendo uma atividade de representação de interesses. O lobby, por exemplo, da OAB [Ordem dos Advogados do Brasil], é muito presente no Congresso Nacional. A novidade interessante é a grande organização, em nível nacional, de novos atores: na sociedade civil, há grupos ambientalistas muito profissionalizados. Há também os de defesa do consumidor, que não representam interesses pessoais, mas difusos. O movimento negro está presente, o movimento feminista está muito bem organizado em nível nacional e atua em Brasília, o mesmo acontece com algumas ONGs internacionais, como o Greenpeace ou a Transparência Internacional. Ou ainda o Instituto Sou da Paz, brasileiro, com uma pauta na área da segurança pública, que faz um trabalho de acompanhamento da atividade parlamentar e do governo, emite opinião, apresenta estudos, contribui para o debate, também faz lobby. Os profissionais dessa área que trabalham no terceiro setor preferem dizer que fazem advocacy ou defesa de interesse público. Problemas semânticos à parte, não há muita diferença na ação, são as agendas que mudam significativamente. Em boa medida, a ideia de advocacy tenta se afastar do termo, que tem uma carga semântica pejorativa.

De onde vem a associação entre o lobby e atos ilícitos – corrupção, tráfico de influência etc.?

Qualquer atividade relacionada à defesa de interesses pode degenerar em uma relação escusa e inaceitável como tráfico de influência ou corrupção. Mas, por definição, o lobby não é corrupção – corrupção e tráfico de influência estão tipificados no Código Penal. A carga pejorativa está mais associada a um sentimento muito comum entre a população em geral de que há influência desequilibrada dos mais poderosos em detrimento daquilo que se convenciona chamar de interesse público. Ora, o dinheiro faz diferença: grupos econômicos mais poderosos de fato têm recursos que outros grupos não têm, por isso não é incomum encontrar grupos mais influentes que outros. Para quem se sente perdedor – e é justo que se sinta –, é natural a interpretação de que isso é uma interferência indevida do poder econômico no sistema democrático. Esse desequilíbrio de poderes entre setores da sociedade gera uma sensação de que grupos minoritários ou sem recursos para atuar politicamente sempre saem perdendo. Como vivemos numa democracia, nosso esforço é incluir, então precisamos pensar em como constituir mecanismos que deem voz também aos setores historicamente alijados do processo decisório, o que é um problema para a democracia.

Quais seriam esses mecanismos?

Não acredito que seja possível igualar [o acesso de todos os grupos às instâncias de decisão], não tenho a crença de que a democracia vai tratar todo mundo igual, mas também não acredito que possamos abandonar a ideia de que é possível diminuir as diferenças. Há alguns exemplos – tornar a atividade mais transparente é uma delas. Se a sociedade e a opinião pública, diante de uma tomada de decisão, sabem quem esteve envolvido no processo, fica relativamente fácil entender quem perdeu e quem ganhou. Do ponto de vista, por exemplo, do eleitorado, faz sentido que eu me engaje para escolher representantes que, uma vez no poder, me deem acesso. A União Europeia, por exemplo, nasce com um déficit de legitimidade, precisa reunir uma série de países, imagina o que seria um grupo de agricultores do interior de Portugal sair a Bruxelas para defender seus interesses no Parlamento Europeu? A lei que regula atividade na Comissão Europeia oferece recursos e meios para que as pessoas possam participar do processo. Em alguma medida, é preciso pensar em mecanismos que promovam o debate, e acredito muito que é possível, através das tecnologias da informação, incluir mais gente no processo.

Distribuir recursos para grupos que não dispõem de poder financeiro seria suficiente para diminuir as diferenças?

Parlamentares e a sociedade precisam promover recursos para financiar essa atividade para aqueles que não têm condições de viabilizá-la. Qualquer grupo que não tenha capacidade de mobilizar recursos para desenvolver a atividade, que não é barata, deve contar com apoio nesse sentido. A regulamentação do lobby em si se torna a atividade mais transparente, teoricamente cria as condições para que qualquer grupo, uma vez sabendo que o ministro da Infraestrutura se reuniu com empresas de navegação e portos, tenha o direito de pedir também uma audiência, de chegar lá e colocar seu ponto de vista. Se isso acontece fora do radar, em ambientes informais, é problemático. Não vale a pena alimentar a crença de que a regulamentação do lobby pode diminuir a desigualdade política; ela pode oferecer transparência, pode criar condições para decisões mais justas, mas a desigualdade econômica se projeta no sistema político. O grande desafio, na minha opinião, é como lidar com isso. Tem uma frase que diz “a quem pode, o poder; a quem não pode, a participação”, ou seja, participar simplesmente não garante que você seja levado em consideração, isso acontecerá na medida em que existam instituições nas quais você está representado. Por isso é tão importante, por exemplo, ter uma representação de mulheres que obedeça a nosso critério demográfico – e não só, há poucos negros e trabalhadores no Congresso, a comunidade LGBT lá representada está restrita a três ou quatro parlamentares. Se existe uma maneira de que a democracia promova o acesso desses grupos de forma um pouco mais equilibrada é garantir que estejam representados lá, porque a desigualdade econômica não será resolvida a curto prazo em um país como o nosso.

De que forma deve ocorrer a regulamentação do lobby, na sua opinião?

Há um longo debate sobre como fazê-lo. Em linhas gerais, poderíamos dividi-lo em dois: é possível fazer uma regulamentação a la Estados Unidos, onde regulamenta-se o que chamam indústria da influência, uma regulamentação pesada que exige cadastramento, relatórios, acompanhamento. A outra alternativa que, na minha opinião, é mais adequada para o Brasil é a regulamentação mais soft, basicamente no estilo do que foi feito no Chile: o cadastro surge naturalmente a partir das interações dos profissionais com os agentes de governo. É responsabilidade desse agente registrar com quem encontrou, que assuntos foram tratados, e isso vai para um portal público. Assim, é possível ter informações sobre quem está atuando politicamente, o que já dá uma transparência muito grande ao processo. A regulamentação nos Estados Unidos parece que errou a mão, ficou muito pesada. Muitos profissionais foram para as sombras – são chamados de shadow lobbyists –, e isso é grave; a regulamentação pode dar um efeito positivo em termos de transparência, mas pode provocar o efeito contrário também. Você começa a tornar o negócio proibitivo e isso gera um sub-registro, o que é ruim, pois essas pessoas não vão parar de atuar – o direito de petição, de falar com um parlamentar e exercer influência sobre, ele é constitucional. O que é preciso fazer para trazer a atividade à luz, que é a parte mais importante, é dar transparência aos relacionamentos.

Como isso é possível?

Talvez o melhor exemplo seja a Anvisa, que tem um espaço chamado Parlatório: se você quer marcar uma reunião com um técnico ou alto burocrata, alguém importante para o seu setor a quem você deseja apresentar uma proposta ou ideia, só pode fazê-lo via internet, pelo formulário online. O encontro se dá nesse Parlatório [na sede da Anvisa, em Brasília] e fica tudo registrado. Se você se encontrou com um agente público, fez o registro e nele consta o que vocês trataram, para mim está resolvido, penso isso com toda franqueza. A legislação dos Estados Unidos é tão forte, por exemplo, que o profissional ou o escritório tem que dizer quanto ganhou naquele ano, quem pagou, de quem são os interesses que representou. É um processo muito engessado e burocrático que, na minha opinião, não resolve o problema, pois quem está a fim de cometer desmando não vai se registrar. A melhor forma seria optar por um modelo de regulamentação que permitisse à opinião pública, aos eleitores e a outros grupos de interesse ter acesso a quem está conversando com quem e sobre o quê. Um exemplo: a reforma da Previdência. Quem foi que o secretário especial da Previdência recebeu esta semana? Saberíamos com quem está falando. Se eu tenho interesse nisso, vou lá e digo “a proposta desse setor com quem você está conversando é contrária à nossa, o senhor que ouvi-la?”. O servidor público ou parlamentar tem que ouvir vários lados. O problema está em trocar o resultado por vantagem. Quando digo isso, estou olhando pelo lado do parlamentar e do servidor público: “Eu faço isso se você me der isso”, ou, pelo lado de quem está exercendo influência: “Eu faço isso se você me der isso”. Você não pode tirar vantagem ou usar de tráfico de influência para tentar induzir uma determinada decisão pública.

Quais os principais problemas atrelados ao lobby no Brasil atualmente?

O problema do Brasil é a corrupção endêmica, que precisa ser combatida. Uma regulamentação daria transparência à atividade e segue o jogo, pois ela é salutar à sociedade. Algo em que devemos apostar é como criar condições objetivas para que o acesso que os grupos mais organizados e com mais recursos têm também seja possível aos que não os têm. Esse sim é um problema que precisa ser pensado. Sistemas democráticos precisam de equilíbrio mútuo, todo mundo tem que estar disposto a jogar o jogo. Se há grupos ou segmentos sistematicamente excluídos do processo, alijados de participar de uma parte considerável da produção de riqueza, cultura e acesso, o sistema vai quebrar. Esses grupos, uma hora, desistem de jogar o jogo e buscam outras vias para entrar no poder. Por isso a democracia exige algum grau de igualdade – ou que se persiga isso.

Em sua pesquisa, você analisa a capacidade do poder econômico em determinar resultados políticos de duas maneiras: por meio do financiamento de campanha e do lobby. Quais as conclusões?

Os resultados são ambíguos. Qualquer pessoa de bom senso está disposta a aceitar que grupos economicamente mais poderosos têm mais influência e aqueles com mais acesso político também. O problema é que o fato de você ter influência ou não é um componente do resultado político. Um lobista pode fazer um trabalho de um ou dois anos no Congresso para tentar aprovar uma lei. Se um dia antes a Esplanada dos Ministérios estiver lotada, ele vai perder – o Congresso não vai dar um tiro no pé, o parlamentar não vai se expor. Num regime democrático, existem múltiplas forças atuando. As pessoas dizem às vezes que os empresários mandam no governo, não é tão simples. O setor empresarial tem mais influência que os outros? Sim. Mas o Estado não está capturado por ele.

Em maio, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou texto via WhatsApp dizendo que o Brasil é ingovernável devido aos interesses predominantes de “corporações” que impedem qualquer medida ou política contrária aos seus interesses.

São múltiplos interesses corporativos. Não há um grupo que manda no Brasil, há grupos que se beneficiam mais que outros. Numa democracia como a nossa, cheia de pontos de vetos, isso não é verdade. Fica muito difícil você atribuir um resultado político a uma ação específica. É óbvio que é importante decifrarmos os atores relevantes ao processo político, mas daí a dizer que eles capturaram o governo não é verdade. Precisa ter cuidado, é uma generalização muito forte.

O lobby do agronegócio é considerado um “case de sucesso” por conseguir articular muito bem seus interesses junto à Frente Parlamentar da Agropecuária – ou bancada ruralista. Por que isso é possível?

Talvez não haja hoje, no Congresso Nacional, uma bancada tão forte quanto a ruralista. Historicamente, o setor agrícola ocupou fortemente o Congresso, é uma bancada muito grande e articulada, e resolveu jogar o jogo lá, provavelmente também porque, nos últimos anos, não deve ter tido muito acesso ao Executivo — se estou com as portas fechadas no Poder Executivo, vou para o Parlamento, é uma questão de estratégia. Veja só que interessante: os movimentos feminista e LGBT perceberam muito cedo que a descriminalização do aborto não sairia de uma lei. Por isso, judicializaram a questão, e hoje, por exemplo, o aborto está descriminalizado [em caso de anencefalia do feto] por decisão judicial. O casamento de pessoas do mesmo sexo é outra coisa, não está em lei, mas há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que garante às pessoas esse direito. Cada um joga na arena que lhe é mais favorável – houve um esforço no sentido de pressionar, na opinião pública, o STF de participar de audiências públicas e tentar induzir o voto do magistrado nessa direção. No Parlamento, para formar uma maioria e aprovar uma pauta que mexe com costumes e valores morais, é difícil.

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O que querem os lobistas

Pública - sex, 28/06/2019 - 12:27

A sala de convenções de um luxuoso hotel na zona Sul de São Paulo estava cheia na manhã de quinta-feira, 13 de junho. Homens e mulheres de traje executivo se distribuíam ao longo de grandes mesas dispostas em formato linear. À sua frente, um palco onde se revezavam palestrantes que faziam apresentações num telão. Ao fundo, a mesa do café servia de ponto de encontro. Dos microfones aos murmúrios, o assunto discutido era um só: lobby — o ato de defender interesses junto a um tomador de decisão.

Em volta do pescoço um crachá com o nome da empresa identificava os presentes. Danone, Porto Seguro, Cielo, Ambev, Roche, Syngenta e Dow Chemical eram algumas das corporações representadas no Congresso de Relações Governamentais (ConRelGov), um dos nomes alternativos dados à atividade com o intuito de afastar a carga pejorativa atrelada ao título original. Para assistir ao evento, realizado pela primeira vez, os 197 participantes pagaram inscrições que podiam chegar a mais de R$ 4.500. Entre eles, a Pública não encontrou integrantes de movimentos sociais ou representantes do terceiro setor.

Em dois dias de palestras — foram 12 no total —, ficou evidente que os lobistas brasileiros querem tirar seu ofício das sombras. Convencidos de que é legítimo — o artigo 5 da Constituição garante o direito à petição aos Poderes Públicos —, os lobistas não escondem o que fazem e falaram abertamente sobre seu trabalho, que consideram “essencial à democracia”. Nada parecido com o estereótipo do negociante que age por baixo dos panos e mantém seus interesses ocultos.

Esses profissionais se reúnem em duas entidades: a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig), criada em 2007, e o Instituto de Relações Governamentais (Irelgov), fundado em 2015. Este último, que se descreve como um think tank para o campo, foi o organizador do congresso acompanhado pela Pública.

Segundo o site do instituto, um de seus pilares de atuação é valorizar a profissão de relações governamentais, objetivo encerrado no eixo “reputação”, motivo de preocupação para a categoria: em pesquisa feita pelo Irelgov em 2017 com 157 lobistas, 66% dos entrevistados responderam acreditar que sua atividade não é bem vista pela opinião pública. “O lobby foi sempre muito vinculado à corrupção”, disse Cátilo Cândido, presidente da Abralatas, associação que reúne fabricantes de latas de alumínio e defende os interesses do setor. “Para mim, só existe um lobby, o lobby do bem. O que chama de lobby do mal não é lobby, é corrupção, tráfico de influência, é crime”, disse durante um dos painéis.

Ao lado de Cândido estava Fabio Rua, diretor de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios da multinacional IBM na América Latina. Ele entrou na discussão dizendo que os lobistas brasileiros têm um “problema sério de autoestima”, já que ele mesmo “nunca foi hostilizado, maltratado ou sofreu bullying”. “Temos que fazer o lobby pelo lobby, mas temos uma séria dificuldade de nos comunicarmos”, afirmou. “O governo sacou o poder das redes sociais muito antes da gente. Os caras foram eleitos pelas redes sociais, se comunicam com a população o dia inteiro por elas, exercem o mandato pelas redes sociais, não estão nem preocupados com o que estão discutindo no plenário, querem dizer o que estão fazendo e defendendo. E a gente não pode falar nada, escrever nada, tem que continuar falando baixinho e se reunindo secretamente com a, b ou c. Não, gente!”

Utilizar as plataformas digitais para se comunicar com seu público é algo que Rua tem feito: começou protagonizando vídeos sobre tecnologia em um dos canais da IBM no YouTube e hoje tem o seu próprio. Engajado no tema, cofundou o movimento Brasil, País Digital, liderado pela Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), que agrega entidades na luta “por uma agenda de transformação digital para o Brasil” – área de interesse da empresa em que trabalha.

BlueprinttFábio Rua (esq.), Andrea Cristina Oliveira Gozetto e Cátilo Cândido (dir.) em painel no Congresso de Relações Governamentais A lei tarda

Se é consenso que o lobismo sofre uma prolongada crise de imagem, as explicações para ela são diversas. A professora da Fundação Getulio Vargas Andrea Cristina Oliveira Gozetto, especializada em relações governamentais, lobby e advocacy — o lobby feito por movimentos sociais e terceiro setor –, argumenta que, pela teoria da comparação social (segundo a qual indivíduos constroem suas avaliações em comparação com outros), “nos comparam com os membros do poder público, com o governo, que é entendido como o [setor] mais corrompido no Brasil”. Há quem coloque a culpa na falta de informação na atividade. Outros dizem que malfeitos cometidos no passado são responsáveis por essa percepção.

Lobista da filial brasileira da Biotronik, multinacional alemã que produz dispositivos médicos, Viviane Gonçalves conta que investigações de esquemas de corrupção influenciaram a prática do lobby no Brasil .”No meu mercado especificamente, houve um grande impacto com a investigação da Máfia das Próteses, de grande divulgação em 2015. As empresas sérias olharam para dentro e disseram: a gente precisa estabelecer um programa de compliance corporativo sério e real. Eu entrei lá nessa mudança, para fazer diferente”, narra.

Edgard Usuy, lobista há 13 anos, tem a mesma percepção sobre a Lava Jato. Dono de uma consultoria em Florianópolis com atuação na região Sul – entre seus clientes, estão, por exemplo, a Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina e a seccional da Sociedade Brasileira de Dermatologia no estado –, afirma que, com a operação, “criou-se um abismo, porque o político tinha medo de conversar com empresário e empresário tinha horror de conversar com político. Ninguém sabia como fazer, e nós, ‘RelGovs’, é que ocupamos esse espaço: tem que conversar, mas agora de maneira correta”, afirmou. “A regra do jogo era: todo mundo faz, é relativamente normal, não é legal, mas só funciona se for assim. Agora não, o bicho pegou, tem gente presa.”

Seja qual for a origem do problema, o aumento da transparência é apontado como uma das soluções. “É como se fosse uma barata dentro de casa. Você não vai matar todas as baratas do mundo, mas pode abrir um facho de luz sobre ela”, compara Cândido. “Quando chega um fiscal, deputado ou parlamentar pedindo dinheiro, a primeira coisa que tem que dizer é: ‘Tenho um sistema de integridade e preciso dar transparência em tudo. Se eu tiver que te pagar, vou ter que colocar no Twitter’.”

Definir regras para a realização do lobby no Brasil é um caminho para torná-lo mais transparente. No Legislativo, o assunto é discutido desde 1990, quando o à época senador Marco Maciel, posteriormente vice-presidente de Fernando Henrique Cardoso, apresentou o primeiro projeto de lei acerca do tema, que dispunha sobre “o registro de pessoas físicas ou jurídicas junto às casas do Congresso Nacional”. Barrado na Comissão de Constituição e Justiça, o PL não vingou, mas Maciel, apoiador da regulamentação, ganhou em 2018 um prêmio com seu nome, dado pela Abrig a instituições que “colaboram com o fortalecimento da atividade”. Assim como Maciel, 70% dos lobistas entrevistados pelo Irelgov em 2017 são favoráveis à criação de um marco legal para seu ofício.

Hoje, o projeto com mais chances de ser votado encontra-se pronto para apreciação no plenário da Câmara. Proposto em 2007 pelo deputado Carlos Zarattini, do PT de São Paulo, o PL disciplina o lobby e define obrigações aos profissionais que o exercem, como o credenciamento em órgãos que controlam sua atuação e a prestação anual de gastos ao Tribunal de Contas da União (TCU). “Ele era baseado nas leis de lobby dos Estados Unidos e Europa. Partimos dessas duas legislações que já eram consolidadas e tinham bom funcionamento”, explica Zarattini.

Na CCJ, foi aprovado um substitutivo à versão inicial em 2016, elaborado pela ex-deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), relatora da matéria, após intensa negociação com as organizações de lobistas. O texto atual, menos rigoroso, retira, por exemplo, as obrigações de cadastramento e prestação de contas. Questionado pela Pública, o Irelgov manifestou apoio à regulamentação, mas não especificamente ao projeto, e ressaltou que o foco do marco legal deve “estar nos processos e procedimentos de participação das partes impactadas durante a criação e revisão de políticas públicas, com definição de boas práticas e de sanções para aplicação às más práticas”.

Ainda assim, a votação do projeto está emperrada. Zarattini diz que existe um “lobby pela não votação”. “De 2007 até agora, são 12 anos, foi preponderante o lobby dos que não querem votar, a turma que fala ‘é melhor não ter essa lei, deixa para lá'”, revela, referindo-se a setores de lobistas que, de acordo com ele, não estão interessados em aumentar a transparência da atividade.

O pesquisador Manoel Santos, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), um dos principais estudiosos do lobby no Brasil, defende que a transparência vá além do que o lobista pode ou não pode fazer, mas se traduza também na publicação de informações sobre encontros com agentes públicos. “É responsabilidade desse agente registrar com quem se encontrou, que assuntos foram tratados, e isso vai para um portal público. Assim, é possível ter informações sobre quem está atuando politicamente, o que já dá uma transparência muito grande ao processo”, disse em entrevista à Pública.

Esse é o modelo de legislação adotado em 2014 pelo Chile, que criou uma plataforma na qual se concentram registros de reuniões de autoridades – com especificação de quem esteve presente e o que foi discutido –, viagens e doações recebidas. Depois de uma visita do presidente Jair Bolsonaro ao país vizinho em março, o governo brasileiro anunciou que trabalharia para propor decreto com sugestões de mudanças ao projeto em trâmite na Câmara. A ideia, de acordo com o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU) Wagner Rosário, é criar um sistema unificado “à chilena” no Brasil.

Bancada ruralista, o case de sucesso

A regulamentação é só uma das áreas sensíveis aos lobistas. Ao longo dos dois dias de reunião em São Paulo, entre palestras, coffee breaks e almoços no restaurante do hotel, ouviam-se discussões sobre como desenvolver planos de ação para clientes, dicas de ferramentas para monitorar os trabalhos das casas legislativas em nível municipal, estadual e nacional – essa é outra prerrogativa do “profissional de RelGov”, como alguns preferem ser chamados – e sugestões sobre como medir resultados. Um dos 12 painéis do congresso foi inteiramente dedicado à utilização do Key Performance Indicator, ou KPI, indicador que avalia a efetividade dos processos de uma empresa.

A profissionalização de quem desempenha o lobby esteve entre os assuntos debatidos: coordenadores do MBA em Relações Governamentais da FGV falaram sobre as competências que um profissional do campo precisa ter. A estruturação de uma área de relações governamentais também foi tema de palestra e, nesse quesito, as multinacionais se mostraram à frente. Laila Pinheiro, chefe de assuntos externos da suíça Syngenta, gigante do ramo de insumos agrícolas, disse à Pública que coordena uma equipe de oito pessoas, divididas no acompanhamento dos cenários nacional e estaduais. “Na maioria das vezes, a gente realmente acaba ampliando [a atuação] para algo setorial”, explica. “Então, [por exemplo] é importante para o setor que a inovação tenha um ambiente de negócios bom. Isso não favoreceria só a empresa, mas todas aquelas que têm investimentos em inovação. Na maioria das vezes, a gente acaba conjuntamente entendendo temas importantes e definindo ações para aquilo acontecer.”

Exemplos de lobby bem-feito também foram abordados. O destaque foi o Instituto Pensar Agro (IPA), que teve representantes em duas mesas. Um deles, o coordenador Gustavo Carneiro, disse que o sucesso do IPA se deve ao fato de “ninguém saber que ela existe”. Logo em seguida, fez a apresentação: o instituto é a “área de relações governamentais” da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), ou bancada ruralista, que reúne atualmente 257 deputados e senadores. “É o que a gente chama de lobby institucionalizado: o instituto foi criado para que associações [de produtores rurais] tivessem voz única perante o governo. O instrumento para ter essa voz única seria a Frente Parlamentar”, explicou.

Carneiro contou que o IPA foi fundado em 2011, representando apenas quatro associações de produtores rurais, e hoje, de acordo com ele, reúne 45. É o instituto quem mantém a mansão do Lago Sul em Brasília, conhecida também como “bunker ruralista”, onde parlamentares da bancada se encontram normalmente às terças-feiras para “preparar o discurso”, como descreveu o diretor executivo da organização, João Henrique Hummel, em palestra que fechou o congresso. “A gente aprendeu uma coisa que tentamos fazer hoje: tenho que politizar meu problema e botar na cabeça que ele é uma solução para a sociedade. Quem tem que contar [para a sociedade] que esse meu problema econômico pode virar social é o interlocutor designado pela Constituição, que é o parlamentar. Essa tem sido a essência do nosso trabalho”, disse.

BlueprinttJoão Henrique Hummel (dir.), do Instituto Pensar Agro, o departamento de lobby da bancada ruralista, no ConRelGov

Engajado na função de lobista, Hummel já se infiltrou entre os deputados para votar, mesmo sem mandato, uma proposta favorável à FPA na Câmara. O episódio aconteceu no ano passado, quando uma comissão especial discutia a flexibilização da lei de agrotóxicos, pauta de interesse dos ruralistas. Na época, a Pública entrevistou o engenheiro agrônomo que se transformou no maior estrategista do agronegócio no Parlamento. Entre os colegas, ele não escondeu que reza a cartilha da clientela: defende, por exemplo, o uso de defensivos agrícolas – não usa o termo “agrotóxico”, porque “as pessoas olham [de forma] muito ruim para o controle de doenças na agricultura, mas ninguém acha ruim o controle de doenças para o ser humano ou para seus animais de estimação”.

À plateia de lobistas, Hummel falou sobre a escolha do Legislativo como arena política para o lobby rural. “Um dia chegamos no governo do PT e tivemos que conversar um problema. Teve porta aberta? Não. Conseguimos buscar interlocutores? Não. Foi quando fizemos esse diagnóstico: temos uma Constituição parlamentarista, o poder está nas mãos do Congresso”, narrou. Se antes 90% do trabalho era “reativo, só correr atrás do prejuízo e tentar resolver”, hoje, garante, “mais de 60% do que a gente faz é propositivo, somos nós que escrevemos”.

Tão bem-sucedida foi a tática que agora, ele diz, “nosso parlamentar não tem medo de falar que é da bancada ruralista”. E, para Hummel, o presidente Jair Bolsonaro, de cujo governo o agronegócio é grande fiador, encampou a estratégia. “A sociedade não entendeu o recado do presidente. Ele está falando o seguinte: se eu for depender dos funcionários públicos para fazer a mudança do Brasil, não vai mudar”, declarou. “Se a sociedade organizada não sentar, fizer o seu trabalho e levar para dentro do Congresso, a ruptura solicitada pela sociedade não vai ocorrer”.

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“Horrores inimaginables” en los centros de detención de migrantes de Libia

IPS español - sex, 28/06/2019 - 12:06

El desolador estado de un centro de detención de migrantes en el norte de Libia. Crédito: ONU

Por Daniel Yang
NACIONES UNIDAS, Jun 28 2019 (IPS)

Para más de 10.000 migrantes que llegan a Libia huyendo de la guerra y de la violencia en sus países, su destino muy a menudo se reduce a obtener alguna indulgencia de los traficantes de personas o a una inhumana estancia en los centros de detención.

La costa norte de Libia, el mayor punto de partida para los migrantes africanos en su éxodo a Europa, es un caldo de cultivo para la esclavitud moderna. Capturados en tierra, interceptados en el mar, heridos y esposados por milicias y traficantes de personas, los migrantes son enviados a centros de detención y expuestos a todo tipo de abusos.

“Desde el momento en que (los migrantes) pisan suelo libio, se vuelven vulnerables a ser objeto de homicidio, torturas y otros malos tratos, detención arbitraria, privación ilegal de libertad y otras violaciones (de sus derechos)”, según un informe de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL, en inglés).

Sin embargo, las autoridades libias no han tomado medidas para abordar sistemáticamente el problema y tampoco ha ampliado su capacidad de detención de migrantes con la ayuda de los gobiernos europeos.

Amenaza grave de salud

Los centros de detención, controlados por el Ministerio del Interior de Libia y custodiados por las milicias del Gobierno del Acuerdo Nacional (GNA, en inglés) respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a menudo alojan a cientos de migrantes en espacios súper hacinados, que carecen de ventilación  o agua potable.

“En algunas partes del centro, los inodoros están desbordados y necesitan reparaciones urgentes. Como resultado, los desechos sólidos y la basura se han acumulado dentro de la celda durante días y representan una grave amenaza para la salud”, describió la situación de una instalación un portavoz de la agencia de refugiados de la ONU (Acnur).

El saneamiento deficiente ha provocado un deterioro de las condiciones de salud dentro de los centros de detención, causando múltiples brotes de enfermedades.

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) calificó la situación como “un desastre”, y señaló que cientos de migrantes detenidos usan “cuatro inodoros que apenas funcionan, sin ducha y solo un acceso esporádico al agua”, según observaron algunos de sus miembros durante una visita al centro de detención de Zintan, la principal ciudad del noroeste de Libia.

Hussein Hassan, coordinador de emergencias de la oficina en Libia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo a IPS que “La tuberculosis con otras infecciones respiratorias, el VIH y las enfermedades de la piel son algunas de las afecciones que sufren los migrantes en más de 34 centros”.

En enero se realizó una campaña de detección de tuberculosis (TB) en el centro de Zintan, pero quienes dieron positivo de esta infección contagiosa permanecieron junto con el resto. Según Hassan, 16 migrantes contagiados con TB se agravaron por las interrupciones del tratamiento y la falta de un sistema de referencia adecuado.

Un informe interno de la ONU al que tuvo acceso  el diario irlandés The Irish Times indicó que más de 80 por ciento de los migrantes en el centro de detención de Zintan pueden haber sido infectados con TB.

Pero la tuberculosis no es la única enfermedad presente dentro de la crisis de salud de los centros, según MSF.

Un migrante de Eritrea muestra las enfermedades de la piel que contrajo en un centro de detención de Libia. Crédito: Alessio Romenzi/Unicef

“Muchos de ellos sufren de desnutrición, infecciones de la piel, diarrea aguda, infecciones del tracto respiratorio y otras enfermedades, así como tratamiento médico inadecuado”, destacó MSF en un comunicado. “Los niños son retenidos junto con los adultos en las mismas condiciones miserables”, añadió.

Sin embargo, la ayuda no está cerca. La ley libia prohíbe a los no ciudadanos el acceso a los servicios de salud pública y niega de hecho a los migrantes la atención médica adecuada. Además, las organizaciones humanitarias tienen acceso restringido a los centros, lo que crea retrasos en el tratamiento.

“Hemos sido abandonados aquí, no puedo regresar y nadie nos quiere en ninguna parte”, dijo un refugiado eritreo a MSF. “No sé dónde está mi lugar en la tierra”, añadió con total desaliento.

“Estamos muriendo”

Explotados por traficantes de seres humanos y comercializados como mercancías, los migrantes temen por su supervivencia diaria.

“Los migrantes retenidos en los centros libios son sometidos sistemáticamente a la hambruna y a severas golpizas, quemados con objetos metálicos calientes, electrocutados y sometidos a otras formas de maltrato con el objetivo de extorsionar a sus familias a través de un complejo sistema de transferencias de dinero”, indica el informe de la UNSMIL.

Después de la sangrienta guerra civil en 2011 que derrocó al régimen de Muammar Gadafi, Libia cayó en manos de facciones rivales y grupos islamistas. Dos fuerzas instaladas en el oeste y el norte libio se enfrentaron por el control de los campos petroleros del país.

La ilegalidad propició  el contrabando y el tráfico a lo largo de sus fronteras y costas.

La mayoría de los inmigrantes ingresan por la frontera sur del país. Pero la guerra entre las milicias del Ejército Nacional de Libia y el GNA respaldado por la ONU ha dejado al sur de Libia sin ley y sin fuerzas de seguridad.

Los traficantes de personas y las milicias bien armadas interceptan a los migrantes en su ruta a Trípoli, comprando a los funcionarios del gobierno para vender la mano de obra migrante por unos pocos cientos de dólares.

Los traficantes han creado un mercado en línea para armas ilegales a pesar del embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que agrega más caos e incertidumbre a la situación política.

“Al parecer, el suministro ilimitado de armas alimenta la creencia errónea de una solución militar al conflicto y contribuye a la falta de voluntad de los actores en el terreno para acordar un alto el fuego”, dijo Jürgen Schulz, representante permanente adjunto de Alemania ante la ONU en Nueva York.

En medio del caos, los migrantes se quedan indefensos.

El informe de UNSMIL detalla que “innumerables migrantes y refugiados perdieron la vida durante su cautiverio por los traficantes, después de recibir disparos, ser torturados hasta morir o simplemente morir por inanición o negligencia médica”.

“Por toda Libia, se hallan con frecuencia  cuerpos no identificados de migrantes y refugiados con heridas de bala, marcas de tortura y quemaduras, en contenedores de basura, lechos secos de los ríos, fincas agrícolas o el desierto”, describe el drama.

“Estamos muriendo”, dijeron detenidos en algunos de los centros al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). “Vivimos como animales; nos ganan todos los días”, añadieron.

Algunas de las mujeres confinadas en un centro libio de detención de migrantes. Crédito: OIM

Peor para las mujeres

La abrumadora mayoría de mujeres y adolescentes que atraviesan Libia y caen en los centros de detención son violadas por milicianos, pandilleros o traficantes contaron a la  UNSML en sus entrevistas.

Además, en los 11 centros donde se detienen a mujeres migrantes o refugadas se registran maltratos y violaciones perpetrados por los propios guardias de seguridad.

La las detenidas, cuenta el informe a título de ejemplo, frecuentemente se las desnuda y se las somete a controles corporales ante la presencia de hombres. La falta de personal femenino entre la guardia de los centros incrementa el riesgo de agresión sexual y explotación.

La UE, cómplice de la tragedia

La ley libia agrupa a migrantes, refugiados políticos y solicitantes de asilo en la misma categoría bajo la supervisión del Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal (DCIM, en inglés) del Ministerio del Interior.

Incluso si los migrantes logran escapar de los traficantes de personas y la búsqueda y captura del DCIM a lo largo de la costa norte, los barcos patrulla europeos los interceptan cuando intentan cruzar el mar Mediterráneo y devuelven sus embarcaciones a Libia.

La Unión Europea (UE) ha invertido millones de euros en la Guardia Costera de Libia bajo el argumento de una “gestión eficiente de las fronteras”, pese a conocer muy bien que los forzados al retorno a territorio libio solo les espera la esclavitud y los abusos sin tregua.

Decenas de organizaciones internacionales humanitarias, entre ellas Oxfam y Human Rights Watch (HRW), han condenado la actuación de la UE, calificando su política de “cómplice” en la tragedia humanitaria de los migrantes, en una carta abierta publicada en enero.

“Las acciones de los gobiernos europeos han hecho que sea extremadamente difícil para las organizaciones de búsqueda y rescate continuar con su labor de salvar vidas”, dijo la carta, que pidió poner fin a la devolución de migrantes a Libia.

Desde 2009, Italia, donde desembarcan la mayoría de migrantes procedentes de Libia cuando logran atravesar el Mediterráneo, trata de interceptar todas las embarcaciones de migrantes y de transferir a los migrantes de regreso a Libia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró en 2012 que esa actuación de Italia es una violación de los derechos de los migrantes, pero desde entonces el gobierno del país ha intensificado sus operativos para impedir que los migrantes africanos lleguen a sus costas.

En 2017, el parlamento italiano estableció una ley que permite el despliegue de su armada en aguas libias, con el objetivo de ayudar a la Guardia Costera del país del norte de África a “luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas”.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 10.000 personas han muerto tratando de cruzar el Mediterráneo desde 2014.

Sin embargo, para los migrantes que huyen de lo insoportable, ese tramo marítimo sigue representando una esperanza, la única en sus manos.

T: MF

El artículo “Horrores inimaginables” en los centros de detención de migrantes de Libia fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Amidst ‘high political tension’, UN chief appeals to G20 leaders for stronger commitment to climate action, economic cooperation 

UN SGDs - sex, 28/06/2019 - 12:05
The annual G20 summit of leaders from the largest and fastest-growing economies, got underway on Friday in Osaka, Japan, against a backdrop of what UN Secretary-General António Guterres described as “a moment of high political tension”.
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¿Puede frenar el acoso laboral un convenio internacional no vinculante?

IPS español - qui, 27/06/2019 - 20:36

Algunos delegados en la Conferencia Internacional del Trabajo celebran la adopción del histórico Convenio sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Crédito: OIT

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 27 2019 (IPS)

Los países miembros de la OIT acordaron un nuevo convenio internacional para proteger a los trabajadores del acoso y la violencia en el ámbito laboral, que es calificado de histórico pero sobre el que  hay discrepancias en cuanto a su efectividad por el carácter voluntario de su implementación.

La Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) concluyó su sesión anual en Ginebra, el 21 de junio, con la aprobación del nuevo Convenio sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo), cuya actuación emana de las CIT, precisó que la nueva norma internacional entrará en vigor 12 meses después de que al menos dos Estados miembros lo hayan ratificado, junto con las recomendaciones, que no son jurídicamente vinculantes, pero que proporcionan directrices sobre cómo aplicarlo.

Rothna Begum, investigadora principal de derechos de la mujer en la organización Human Rights Watch (HRW) en su oficina en Ginebra, puntualizó que otro requisito del Convenio 190 de la OIT es que cada Estado debe ratificarlo para que entre  en vigor dentro de su territorio.

A su juicio, eso es una debilidad porque muchos los Estados firman convenciones internacionales y luego no las ratifican, así que las de carácter obligatorio con tan solo la firma facultan en que el organismo responsable, en este caso la OIT, cuente con instrumentos para su cumplimiento.

Un caso diferente, adujo, es el de las de las recomendaciones, que “proporcionan la orientación necesaria para comprender las obligaciones establecidas en el Convenio”.

La especialista de HRW señaló que también hay una resolución que, una vez adoptada, ordenará a la OIT tener una estrategia para llevar a cabo una campaña de ratificación y ayudar a los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores a implementarla.

Paula Donovan, activista por los derechos de las mujeres y codirectora de la campaña del Código Azul contra los abusos sexuales en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, destacó el gran valor del Convenio 190.

“Es impresionante darse cuenta de que hace menos de una década, pocos podía imaginar que un convenio tan progresista podría ser adoptada en la OIT”, dijo en diálogo con IPS.

Como punto negativo resaltó la ironía de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la que la OIT es una de sus agencias, quede excluida del mandato del Convenio, lo que le da inmunidad en sus lugares de trabajo, incluidos los de los países que sí ratifiquen el tratado.

“Pero la gran victoria alcanzada debería inspirar la esperanza de que la ONU pueda elegir cambiar con el tiempo y unirse a la revolución que defiende”, declaró.

Palitha Kohona, exjefe de la Sección de Tratados de la ONU, dijo a IPS que “la cuestión de si la convención de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo es obligatoria o voluntaria dependerá de sus propias disposiciones”.

En general, los convenios de la OIT, 189 hasta ahora, permiten a los Estados parte implementar sus propias obligaciones para cada tratado, con sus propios mecanismos.

Los tratados, reflexionó con base en su experiencia, se implementan mejor cuando los estados parte se sienten obligados a incluirlos en sus jurisdicciones nacionales porque la implementación es en su propio interés.

A su juicio, la aplicación voluntaria produce los mejores resultados. Cuando un tratado tiene disposiciones obligatorias, su cumplimiento requiere la creación de una gama de mecanismos internacionales para su aplicación que no son fáciles, dijo Kohona, quien también fue representante permanente de Sri Lanka ante las Naciones Unidas.

María Victoria Cabrera Balleza, directora ejecutiva de la  Red Mundial de Mujeres Constructoras de la Paz, dijo a IPS que la adopción del nuevo Convenio de la OIT representa un hito crucial  en la lucha para eliminar la violencia y el acoso contra las mujeres en el trabajo.

A su juicio, la plena y efectiva aplicación de esta norma internacional cambiará las vidas de las mujeres en todo el mundo.

“Cuando las mujeres sepan que están seguras, serán más productivas, estarán más inspiradas y más motivadas. Eso será beneficioso para todos, para las propias mujeres, para el movimiento laboral, para el sector empresarial y para los gobiernos”, dijo la activista de origen filipino.

Para Cabrera, “esto también demuestra que el movimiento #MeToo puede tener un carácter diverso”.

“No es solo para mujeres blancas en América del Norte y Europa. Espero sinceramente que más mujeres, especialmente en lugares de trabajo en países en desarrollo, hablen sobre el hostigamiento y la violencia cometidas contra ellas, y también que todos los agresores se enfrenten a la justicia”, afirmó Cabrera.

Señaló que el nuevo tratado ha demostrado que el movimiento #MeToo (yo también) realmente puede dar lugar a un #WeToo (nosotras también). El siguiente paso es lograr que todos los gobiernos ratifiquen el tratado y se obliguen a instrumentar leyes locales para su instrumentación.

“La sociedad civil de todo el mundo debe unirse y movilizarse para garantizar que ningún gobierno se salga con la suya sin ratificarlo. Igualmente, si no es más importante, garantizar que los gobiernos, los empleadores, los sindicatos y las asociaciones de trabajadores sean responsables del cumplimiento de este tratado pionero”, afirmó.

Por su parte, un portavoz de la OIT dijo a IPS que además de su aplicación por los Estados que lo ratifiquen, el Convenio 190 “también podrá ser utilizado como referencia establecer políticas en organizaciones internacionales” contra el acoso y la violencia laboral.

El Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres dijo en un comunicado que el Convenio representa pasar de una toma de conciencia sobre la violencia de género en el mundo del trabajo, a un mecanismo que obligue a rendir cuentas y acabar con ella.

“Estas nuevas normas reconocen una definición amplia de ‘trabajadora’ y ‘mundo del trabajo’, que tiene el potencial de abordar la amplia gama de realidades laborales de las mujeres”, expresa el Centro, para el que el nuevo Convenio impactará en forma positiva a millones de mujeres en todo el mundo.

En la aplicación del Convenio, añade, se requerirá un enfoque “interseccional”, aquel que incluye el género, la etnia, la clase u orientación sexual como categorías sociales construidas e interrelacionadas. De esa manera, aduce, se garantizará que las normas sean inclusivas y tengan en cuenta a trabajadoras marginadas y situaciones vulnerables.

“Buscaremos que los Estados y los empleadores desarrollen prácticas auspiciosas” para cumplir los nuevos estándares, y también para que estos reflejen los derechos humaos de las mujeres y su derecho a condiciones de trabajo decente, añadé.

El nuevo Convenio, que se negoció por dos años, obligará a los países que lo ratifiquen a desarrollar leyes nacionales que prohíban la violencia en el lugar de trabajo y tomen medidas preventivas, como campañas de información, así como que las empresas tengan políticas laborales sobre la violencia.

El tratado también obliga a los gobiernos a monitorear el problema y proporcionar acceso a recursos mediante mecanismos de denuncia, medidas de protección de testigos y servicios a las víctimas, además de proporcionar medidas para su protección contra las represalias.

El artículo ¿Puede frenar el acoso laboral un convenio internacional no vinculante? fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Madagascar villagers learn dangers of outdoor defecation

UN SGDs - qui, 27/06/2019 - 16:09
The discussion with villagers starts early in the morning. Volunteers are invited to draw a map of their village on the ground with chalk. One woman’s sketch shows 17 families – a total of 65 people – living in 11 red clay houses. She explains they share the three latrines that have been there for some time.
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Violencia criminal cae en Brasil mientras desempleo sube

IPS español - qui, 27/06/2019 - 14:22

Después de una ola de ataques en Ceará, la Fuerza Nacional de Seguridad Pública fue enviada a su capital, Fortaleza, en apoyo a los agentes de seguridad del Estado de la región del Nordeste de Brasil. Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 27 2019 (IPS)

Brasil se mantiene como campeón mundial de homicidios, pero celebra una fuerte reducción de la criminalidad desde 2018, pese a las elevadas tasas de desempleo, producto de la recesión económica de 2015-2016 aún sin una recuperación plena.

El récord histórico de 65.602 homicidios, que corresponde a 31,6 casos por cada 100.000 habitantes, se propaló como una noticia alarmante por todo el mundo, cuando el 5 de junio se divulgaron los resultados del Atlas de la Violencia 2019.

Pero eran datos rezagados, de 2017, ya que el Atlas, publicación del gubernamental Instituto de Investigación Económica Aplicada,  en conjunto con el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), una asociación de interesados en el tema, maneja estadísticas consolidadas de años anteriores.“La clave para entender la violencia criminal es que la vida no se ve como una cuestión social, no importa a la sociedad. Homicidio es solo un problema sociológico, de investigación. La policía atiende a demandas de seguridad de la élite, de las áreas ricas, no de las periferias ajenas al turismo”: Ricardo Moura.

En 2018 hubo una caída de 12,8 por ciento en los asesinatos y esa tendencia se acentuó en los cuatro primeros meses de 2019, con rebaja de 23 por ciento, en comparación con igual período del año anterior, según el Monitor de la Violencia, que acompaña el tema mensualmente.

Se trata de un observatorio de G1, portal periodístico del mayor grupo de comunicación en Brasil, Globo, asociado al mismo FBSP y al Núcleo de Estudios de Violencia de la Universidad de São Paulo.

Un dato negativo, las “muertes por intervención policial” que el Monitor registra a parte aumentaron 17,9 por ciento, de 5.225 a 6.160, entre 2017 y 2018.

Refleja “el modelo y la lógica adoptada en una política de seguridad bélica”, basada en una represión cada día más violenta, observó Ricardo Moura, investigador del Laboratorio de Estudios de Violencia de la Universidad Federal de Ceará.

El caso de Ceará, ¿un modelo?

En Ceará, un estado del Nordeste brasileño con nueve millones de habitantes, es donde se registró la reducción más espectacular de muertes violentas, 53 por ciento, en el primer cuatrimestre de este año, cuando hubo 759 víctimas, según el Monitor de la Violencia.

En  2018 ocurrieron en ese estado 4.498 homicidios, una caída de 12,4 por ciento respecto al año anterior.

Ese éxito, por lo menos en Ceará, es engañoso, porque 2017 fue “un año fuera de la curva”, de excepcional mortandad en la guerra entre tres bandas criminales por el control del narcotráfico local, explicó Moura a IPS.

“La comparación con un nivel anterior tan elevado de muertes genera la falsa impresión de que se puede contener la violencia”, matizó.

“Este año parece mejor, con reducción más acentuada que quizás se mantenga, algo que se verá en el segundo semestre”, concedió el también periodista, que firma una columna sobre seguridad pública en el diario local O Povo.

Los avances de este año en el combate a la criminalidad en Ceará se deben a tres factores principales, en su evaluación.

Primero porque “los líderes de las facciones (del narcotráfico) decidieron no pelear entre ellos y considerar el Estado como enemigo principal y común”.

En la práctica eso se tradujo en una oleada de ataques con armas de fuego y bombas contra sedes gubernamentales, comercios, bancos y viaductos, además del incendio de decenas de autobuses, en los dos primeros meses del año.

Fue una represalia a las medidas del nuevo secretario de Administración Penitenciaria, Mauro Albuquerque, para intentar controlar las organizaciones criminales dentro de las prisiones y quitarles las condiciones de operar desde las cárceles.

El “acuerdo de paz”, que venían negociando desde el semestre anterior, promovió la “suspensión de la rivalidad” y de las cruentas batallas entre facciones.

El segundo factor fue el Programa Proteger del gobierno de Ceará, que comprende la “ocupación de áreas vulnerables, donde ocurren muchos homicidios” por unidades policiales. Iniciada en 2017, esa ocupación obtuvo “cierto éxito” en contener la violencia, reconoció Moura.

Por último el gobierno intervino el sistema penitenciario, dificultando la comunicación entre los líderes presos y sus redes criminales, lo que limitó sus acciones.

Los resultados pueden ser pasajeros, teme el investigador, si la ocupación de las prisiones y barrios violentos no se hace permanente, ya que “exige muchos recursos y efectivos policiales”.El desempleo como contexto

En Brasil, el desempleó comenzó a trepar desde 2014, cuando se produjeron los primeros síntomas de la desaceleración económica, hasta alcanzar su récord en el periodo marzo-mayo de 2017, cuando afectó a 13,3 por ciento de la población económicamente activa, para reducirse hasta 12,4 por ciento en el último lapso del que hay cifras oficiales, de diciembre a febrero de este año.

Eso representa 13,1 millones de personas desempleadas, que se eleva hasta 27,9 millones si se suman aquellas subempleadas o que dejaron de buscar trabajo, que actualmente enfrentan dificultades de sobrevivencia, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

El escenario social no favorece la pacificación en la región, con “más de 400.000 desempleados y otro tanto de desalentados”, aquellos que ya desistieron de buscar empleo ante la crisis económica.

 

En Fortaleza, la capital de Ceará, “del cuadro de fragilidad laboral se aprovecha el crimen organizado, cuya capacidad de reclutamiento encuentra condiciones favorables, especialmente en su periferia”, lamentó Moura.

La región metropolitana de Fortaleza concentra más de cuatro millones de personas, cerca de 45 por ciento de la población del estado, y la mayoría de los homicidios.

“La clave para entender la violencia criminal es que la vida no se ve como una cuestión social, no importa a la sociedad. Homicidio es solo un problema sociológico, de investigación. La policía atiende a demandas de seguridad de la élite, de las áreas ricas, no de las periferias ajenas al turismo”, concluyó Moura.

La criminalidad creció escandalosamente en el Nordeste y el Norte, las dos regiones más pobres de Brasil en este siglo, mientras se mantuvo estable o disminuyó en estados ricos del Sur y Sudeste.

En Ceará los homicidios se multiplicaron por 2,8 de 2007 a 2017, cuando alcanzó un total de 5.433 y una tasa de 60,2 por 100.000 habitantes, contra un promedio mundial de 6,4 por 100.000, en este país sudamericano de dimensiones continentales y 210 millones de personas.

En el norte amazónico, el poco poblado estado de Acre, con 870.000 habitantes, también bajó al infierno en 2017 por sus fronteras con la producción de cocaína en Bolivia y Perú, y logró bajar la mortandad al año siguiente al endurecer las condiciones carcelarias.

En Brasil hay un virtual consenso entre los analistas de que el brutal aumento de la criminalidad, especialmente los homicidios, en las últimas décadas se debió básicamente al narcotráfico, dividido entre facciones en conflicto por el control territorial del negocio ilícito.

La expansión de los grandes “comandos” nacidos en las cárceles y barrios pobres de las grandes metrópolis del Sudeste, Río de Janeiro y São Paulo, incrementó la violencia en el Nordeste y Norte, convertidas en nuevas rutas del narcotráfico internacional.

Mientras, São Paulo, el estado más rico y poblado de Brasil, con 45 millones de habitantes, vive una caída sostenida de asesinatos desde 2009, atribuida al monopolio del narcotráfico local por el Primer Comando de la Capital (PCC), ya con tentáculos en todo el país.

En medio a los avances nacionales contra la criminalidad general, hay retrocesos, como el aumento del feminicidio y la violencia contra homosexuales y transgéneros, además de la letalidad policial.

La juventud, especialmente la negra, es la gran víctima de la mortandad, con una tasa de 69,9 homicidios por 100.000 jóvenes de 15 a 29 años. Entre los de 15 a 19 años, 51,8 por ciento de sus muertes se debe a asesinatos.

Un peligro para el futuro es la intención del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro de ampliar el acceso y el porte de armas de fuego, que responden por 71 por ciento de los homicidios.

“La conquista de 2018 puede haber sido solo un respiro de un país enfermo y afectado por el miedo”, pero Brasil no puede perder la oportunidad de civilizarse, sostienen Renato Lima y Samira Bueno, directores del FBSP en un artículo sobre las prometedoras estadísticas.

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo Violencia criminal cae en Brasil mientras desempleo sube fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Justiça Militar investiga civis por desacato mas poupa soldados que matam

Pública - qui, 27/06/2019 - 12:00

Naquela noite, Adriano da Silva Bezerra não conseguiu dormir. O braço, enfaixado, doía muito, e ele não tinha uma cama para descansar. Mesmo quando outro rapaz na cela em que estava preso em Bangu cedeu um colchão para o novato descansar por algumas horas, ele só cochilou: foi acordado por uma barata andando pelo seu corpo. “Eu não desejo um negócio daquele ali pra nenhum inimigo meu”, diz.

Aquela foi a única noite que Adriano passou na prisão, em 13 de fevereiro de 2015. Ele foi levado direto do Hospital Getúlio Vargas, na zona norte do Rio de Janeiro, para uma delegacia pelos militares que o acusavam de tentativa de homicídio e de desobediência. A razão: durante a ocupação da Maré pelo Exército, Adriano, morador da favela, não teria parado quando os soldados dizem ter mandado ele parar. Mas nem ele nem os 4 amigos que estavam no carro durante aquela madrugada viram qualquer soldado na rua. Por isso, não pararam. De repente foram baleados por 6 tiros de fuzil. O que acertou o braço de Adriano foi apenas um estilhaço de bala 7.62. O amigo Vitor Santiago Borges recebeu dois tiros e ficou paraplégico na hora.

Adriano saiu de Bangu no dia seguinte, mas seu périplo pela Justiça Militar ainda duraria quatro anos. Apesar da Promotoria Militar ter rejeitado a versão dos soldados de que o carioca teria tentado atropelá-los, manteve a denúncia por desobediência. Adriano, que jamais tinha entrado em uma cadeia, quem dirá em uma corte militar, passou quatro anos entre idas e vindas à 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, na Ilha do Governador. Só foi inocentado em março deste ano porque o crime prescreveu. “Eu vou falar pra você, eu tava angustiado com isso. Pensava todo dia nisso”, diz o vendedor de coco. Depois do ocorrido, ele mudou-se da Maré e do Rio de Janeiro. “Eu acho que o Exército tá muito mal preparado para entrar dentro da comunidade. Nem todo mundo que mora dentro da comunidade é bandido, é vagabundo. Tem muito trabalhador”.

A Justiça Militar difere da civil porque os juízes são em sua maioria militares fardados. Desde o ano passado, quem julga civis na primeira instância são juízes civis, monocraticamente; porém, se o condenado quiser recorrer, o Superior Tribunal Militar, a corte de apelação, é formada por 15 ministros, sendo 10 militares.

144 civis nas cortes militares

Se o caso de Adriano é extremo pela violência com que ele foi tratado pelos militares, não o é na forma e no conteúdo da acusação. Desde que os membros do Exército começaram a atuar em operações de Segurança Pública no Rio de Janeiro, as chamadas GLOs (operações de Garantia da Lei e da Ordem), mais de 140 civis foram denunciados e investigados na Justiça Militar por variados crimes. O mais frequente é desacato (artigo 199 do Código Penal Militar), seguido de desobediência (artigo 301) – o crime que levou Adriano ao tribunal – e resistência (artigo 177).

Ou seja: não apenas civis foram detidos e julgados em tribunais militares, mas a maioria dos crimes dos quais são acusados são crimes de hierarquia, tendo como principal peça acusatória a palavra de soldados.

O defensor Thales Treiger, da Defensoria Pública da União, analisa que a figura do desacato “traz uma desigualdade entre o poder público e o particular” e impede que o poder público se aprimore porque, segundo ele, “qualquer desavença acaba sendo resolvida com a criminalização de quem reclama”.

“Nossa postura é defender as pessoas que são imputadas por desacato pelos mais variados motivos: ‘ah, me chamou de periquito’, ‘estranhou porque pediu a identidade’, começou uma discussão… Som alto já foi motivo de prisão também”, descreve.

Os dados de processos de civis em cortes militares, obtidos pela Agência Pública através de diversos pedidos de lei de Acesso à Informação, demonstram que a maioria dos casos se refere a situações deste tipo.

No total, foram 144 processos em que civis são acusados por crimes militares em operações de segurança pública desde 2011, quando ocorreu a primeira grande operação do tipo, no Complexo do Alemão. Desses, 77 foram condenados.

O artigo 299, que descreve desacato a militares, levou 2014 pessoas aos tribunais militares. 60 foram condenados a penas que vão até 6 meses de prisão. Outros 27 civis foram processados pelo artigo 301, ou seja, desobediência, metade dos quais foi condenada a penas de seis meses a um ano.

Outra acusação frequente foi o artigo 177: resistência, ou, nos termos da lei, “opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor”. Houve 22 civis acusados formalmente e 13 condenados.

Embora tenham sido condenados à pena de reclusão, menos da metade acabou indo de fato para a prisão, o que ajuda esses procedimentos a permanecerem acontecendo sem alarde. 47 deles receberam o benefício “Sursis”, ou seja, uma suspensão da pena privativa de liberdade, desde que o réu seja primário e a pena seja inferior a 4 anos.

Nesses casos, o condenado tem que cumprir determinadas condições, como se apresentar ao tribunal de tempos em tempos. O que não significa que eles tenham ficado livres: são detidos e condenados pela Justiça Militar, deixando de ser réus primários. Além disso, como todos os criminosos no país, têm seus direitos políticos suspensos – não podem votar – e não podem sair do Brasil durante o período da pena.

Centenas de civis detidos

Além dos civis que foram de fato levados à Justiça Militar, há centenas que foram detidos por militares durante operações de segurança pública. Um relatório elaborado pelo STM em 2012 mostrou que houve mais de 300 ocorrências registradas na Delegacia de Polícia Judiciária Militar durante a ocupação do Alemão, entre novembro de 2010 e julho de 2012 – mais de dois terços por desacato, desobediência ou resistência.

Em 5 de fevereiro de 2011, na Vila Cruzeiro, na Penha, João Luís foi abordado agressivamente por um grupo de militares. Segundo a denúncia, João teria se comportado de forma bruta e, em um dos movimentos que fez, acertou o rosto de um dos militares. Exaltado, o militar deu um soco em João, derrubando o civil sobre um carro e quebrando seu dente. Os dois tiveram que ser separados, mas João conseguiu fugir por alguns metros; o sargento disparou com arma não letal, acertando suas costas. Ambos foram processados, mas apenas João Luís foi condenado.

Entre 2014 e 2015, durante a ocupação da Maré, o Comando Militar do Leste chegou a anunciar que houve 114 prisões em flagrante por desacato, desobediência e resistência, dos quais apenas 39 viraram procedimentos na Justiça Militar.

No dia 28 de agosto de 2014, Diogo Duarte de Lima foi abordado no Complexo por militares de maneira “bruta”, segundo testemunhas. Os soldados afirmam terem sido xingados pelo acusado de “zé ruela” e “cuzão”. Em seguida, os soldados tentaram revistá-lo; segundo testemunhas, ele não quis ser revistado porque já havia apresentado documentos e levantado a camisa. Já os soldados alegam que o acusado resistiu duramente à revista, se debatendo e agindo de forma agressiva. Diogo criticou a abordagem dos militares abertamente, relatando, inclusive, que um deles teria o ameaçado com chutes se não colocasse a mão na parede.

Diogo chegou a ser absolvido na primeira instância, mas o Ministério Público Militar entrou com uma ação para mudar a sentença — no fim, foi condenado a sete meses de detenção, com benefício de sursis de dois anos.
“Me parece que esses três tipos penais que são os mais recorrentes guardam uma mesma lógica: o agir do agente público, no caso os militares, não pode de forma alguma ser contestado, sob pena de ser qualificado como um crime”, explica Guilherme Pontes, da organização Justiça Global.

Para ele, o crime de desacato “viola o princípio fundamental de um sistema democrático, que é sujeitar o governo ao controle popular”.

Desde 1994, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos decretou que o crime de desacato é incompatível com o Artigo 13 da Convenção, explica ele. “Isso porque ele se presta a abusos como meio de silenciar protestos contra ideias impopulares”.

Outro ponto bastante questionado por especialistas é o próprio fato de civis serem julgados em tribunais militares, mais de 30 anos depois do fim da ditadura militar. “O entendimento já consolidado no Sistema interamericano é que os Tribunais Militares não devem julgar civis. Em estados democráticos não pode haver tribunais de exceção. E se alguém é processado na Justiça Militar, a primeira instância civil na qual poderá recorrer é o STF”, diz Guilherme.

Impunidade para militares

Embora as operações de GLO sejam cada vez mais comuns, são poucos os militares processados criminalmente por atos contra civis nessas operações, ainda que pesem sobre as Forças Armadas acusações de invasões de casas, ameaças, uma chacina e até tortura praticada dentro de um quartel, como choques elétricos, prática que remonta à época da ditadura.

Segundo o levantamento realizado pela Agência Pública, no mesmo período analisado houve 29 processos criminais envolvendo militares em GLOs. Desses, 13 foram condenados, e 10 receberam o recurso “Sursis”.

Por outro lado, a série de reportagens Efeito Colateral levantou pelo menos 34 homicídios dos quais militares foram acusados em operações GLO. E não houve nenhuma condenação.

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Dentre os casos denunciados na série, diversos são arquivados ainda durante a investigação, feita pelos próprios militares, que na maioria das vezes ouvem como testemunhas apenas soldados. Raramente a família da vítima é ouvida. Em todos os casos apurados, os familiares indicam falta ou demora de socorro; há ainda relatos de ameaças contra as vítimas ou familiares que tentam pedir explicações.

Por sua vez, os soldados costumam dizer que houve atentado à sua vida e que agiram em legítima defesa – e o caso de Adriano é apenas um deles.

Matheus Martins da Silva, de 17 anos, foi morto em fevereiro de 2017 quando voltava da casa da tia, em Cariacica, no Espírito Santo. Os soldados que acertaram sua cabeça com uma bala 7.62 de fuzil disseram que ele estava armado e eles agiram em legítima defesa. Não conseguiram provar. “Eles falaram que meu filho era vagabundo, criminoso. Foi uma covardia.”, diz a sua mãe. A juíza da Justiça Militar determinou na sua sentença que apenas a sensação que estavam sendo atacados era o suficiente. Foi um “erro escusável”, disse ela. E inocentou os soldados.

Em 2018, no mesmo bairro em que morreu o músico Evaldo Rosa – cujo carro recebeu mais de 60 tiros em abril deste ano – outro jovem, Diego Ferreira, de 25 anos, foi morto também com um tiro de fuzil, quando voltava de um posto onde fora comprar gasolina. Diego estava de moto na rua de trás da sua casa, onde morava com os avós. Os militares alegaram que ele avançou tentou atropelá-los. A investigação, feita pelo Exército, chegou à conclusão que os militares agiram em legítima defesa. O caso foi arquivado pela Justiça Militar.

Mesmo assim, desde o final de 2017, os casos de homicídios cometidos por militares são julgados pela Justiça Militar, ao contrário do que acontecia antes – esses casos tinham que ir para o Tribunal do Júri na Justiça federal.

“O que se considera crime militar vem sendo alargado”, explica Guilherme Pontes. “A lei 3491, de 2017, inclusive foi apelidada de ‘licença para matar’ pela sociedade civil brasileira”. Para ele, considerar homicídios cometidos por militares como crimes militares “atenta contra os princípios basilares do estado democrático de direito”.

O defensor público Thales Treiger concorda. Para ele, homicídios de civis por militares, em tempos de paz, “não têm nada a ver com atividades militares propriamente ditas”.

“Isso não deveria ser julgado na justiça militar. Tem questionamentos no Supremo sobre essa lei, pois é muito perigoso esse precedente. A impunidade desses casos está ligada não só por essa ligação umbilical da Justiça militar e os militares em si”, diz.

O advogado João Tancredo, que defende na esfera civil vítimas do Exército, como Vitor Santiago – que estava no carro com Adriano – e os familiares do músico Evaldo Rosa, vai além. Ele acredita que o “corporativismo” leva a decisões favoráveis aos militares. “O julgamento de um caso pelos integrantes da própria força que tenham participado da corporação acaba de certa forma gerando um corporativismo ou uma compreensão deturpada daquele comportamento. O militar vai enxergar em determinados casos uma conduta normal para aquela atividade, quando um outro órgão civil julgar vai ver que não, que houve excessos, erros etc. Em vez dos peritos da polícia civil, quem faz a perícia de fato são os próprios militares nomeados pelo encarregado do inquérito. A chance de isso dar erro, de dar decisões ou informações com esse viés corporativo é enorme”, explica.

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Consumo de opioides se dispara y producción de cocaína alcanza récord

IPS español - qua, 26/06/2019 - 17:37

Quema de más de 20 toneladas de drogas ilícitas y alcohol en las afueras de Kabul, ordenadas por los Ministerios del Interior y de Lucha contra los Estupefacientes de Afganistán. Crédito: Eric Kanalstein/UNAMA

Por Corresponsal Fao
NACIONES UNIDAS, Jun 26 2019 (IPS)

El consumo de drogas a nivel mundial sigue en aumento y se dispara la cifra de consumidores de opioides. La fabricación e incautación de cocaína alcanzaron niveles récord y el cannabis sigue siendo el estupefaciente más consumido.

El Informe Mundial sobre Drogas 2019 lanzado este miércoles 26 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) indica que la cifra de personas afectadas por trastornos debido al consumo de drogas aumentó hasta los 35 millones en relación a la última estimación, que era de  30,5 millones, y que también creció el número de fallecimientos, alcanzando las 585.000 defunciones.

Asimismo, destaca que la prevención y el tratamiento son “insuficientes” para atender a las obligaciones que se producen en distintas partes del mundo, especialmente dentro de las instituciones penitenciarias donde los reos son vulnerables al consumo de drogas y tienen una mayor probabilidad de contraer hepatitis C y el VIH.

“Las conclusiones del Informe Mundial sobre las Drogas de este año completan y complican aún más el panorama mundial de los problemas de las drogas, subrayando la necesidad de una cooperación internacional más amplia para promover respuestas equilibradas e integradas en materia de salud y justicia penal a la oferta y la demanda”, dijo Yury Fedotov, el director ejecutivo de la ONUDD, también conocida por su sigla en inglés UNODC.

El estudio señala que durante 2017 el 5,5% de la población mundial entre 15 y 64 años consumió drogas el año anterior, una cifra similar a la anterior estimación, pero  30% mayor que en 2009.

Los opioides, un problema en aumento

Uno de los grandes problemas observados en este estudio fue el gran aumento de consumidores de opioides que subió hasta los 53 millones, una cifra superior en un 56%  a las valoraciones anteriores.

Los opioides representan las dos terceras partes del número total de fallecimientos “en un contexto marcado por el número creciente de muertes por sobredosis en América del Norte y la expansión del tráfico de fentanilo y sus análogos en Europa y otras regiones”.

En Estados Unidos fallecieron 47.000 personas por sobredosis de opioides durante el año 2017, mientras que en Canadá la cifra de muertes -4000- aumentó un 33% en relación con 2016.

Alijo de cocaína. Crédito: UNODC

El estudio reclama prestar atención al “uso con fines no médicos” del analgésico tramadol, especialmente en África. Aparentemente, esta droga llega al continente africano procedente de Asia meridional donde se fabrica de manera ilícita. Las incautaciones de tramadol a nivel global alcanzaron una cifra récord de 125 toneladas en 2017.

Sin embargo, la droga con mayor consumo global sigue siendo el cannabis con 188 millones de usuarios.

La cocaína, sin freno

Tanto la producción ilícita como la incautación de cocaína alcanzaron cifras récord en 2017. La producción ilegal ascendió a un máximo histórico de 1976 toneladas, un aumento del 25% en relación al 2016; pero, al mismo tiempo, la confiscación subió un 13% con 1275 toneladas decomisadas.

La Oficina destaca que una de las claves del éxito es unir la voluntad política con la disponibilidad de recursos y pone como ejemplo los esfuerzos realizados por Colombia para reducir la producción de cocaína, tras el Acuerdo de Paz alcanzado en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“Las iniciativas de desarrollo alternativo han permitido que los campesinos de algunas de las regiones centrales del país que anteriormente se hallaban bajo el control de las FARC abandonen el cultivo de arbusto de coca y se incorporen a la economía lícita.

El resultado ha sido una reducción drástica de la producción de cocaína. Sin embargo, en otras zonas controladas anteriormente por las FARC se han instalado grupos delictivos que han ocupado el vacío dejado y han expandido el cultivo. El desarrollo alternativo únicamente puede prosperar si se le presta atención constante y se integra en objetivos de desarrollo más amplios”, destaca el informe.

Falta establecer un enfoque íntegro

Precisamente, este 26 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de drogas bajo el lema “Salud para la justicia, justicia para la salud”.

En su mensaje por la efeméride, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, aplaudió esta máxima que resalta la importancia de instaurar un enfoque integral que comprenda a la salud, los derechos humanos, la justicia penal y los servicios sociales al problema global que representan las drogas.

Del mismo modo subrayó la importancia del acuerdo logrado este año por parte de los Estados miembros en la Comisión de Estupefacientes, donde se alcanzó el compromiso de cooperar para dar una respuesta fundamentada en los derechos y la salud.

Guterres llamó al cumplimiento de esa promesa a través de una mayor cooperación internacional, el intercambio de información entre países y la prestación de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación basados en los derechos humanos y que se consideren las cuestiones relativas al género y la edad.

Este artículo fue publicado originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

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Inna de Yard, el documental que se sumerge en el alma de Jamaica

IPS español - qua, 26/06/2019 - 16:47

El cartel de Inna de Yard, el documental acerca de la música reggae y sus grandes pioneros, que este mes de junio comienza a exhibirse por los cines del mundo y que también un canto al alma de Jamaica. Crédito: Cortesía de Inna de Yard

Por A. D. McKenzie
KINGSTON/PARÍS, Jun 26 2019 (IPS)

Unos perros ladran a lo lejos, unos pájaros trinan más cerca, mientras un hombre camina entre la niebla, rodeado de una exuberante vegetación. Y por encima de todo, la voz de un hombre con un vibrato muy distintivo canta “Speak Softly, Love (habla suavemente, amor)”.

Así comienza Inna de Yard, un documental que  se puede definir como un poema de amor a la música reggae, o el “alma de Jamaica”, ya que la película está subtitulada con un juego de palabras en ese sentido.

Dirigido por Peter Webber (cuya primera película fue la aclamada La joven de la perla, de 2003), el documental llega en un momento oportuno, porque en noviembre  el reggae se sumó a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

La película se proyectó, antes de su estreno formal, en París, en la sede de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas, en una  sala donde la mayoría de los espectadores parecían conocer a los artistas y las canciones. Fueron muchos los que  se pusieron de pie para bailar cuando un grupo de músicos actuó  después de la proyección.

Inna de Yard nos conduce por las vidas de los grandes pioneros del reggae que se han unido para grabar música en un estudio en lo alto de una colina, antes de iniciar una gira de las leyendas de ese género jamaiquino. Se trata de una casa antigua y desgastada que ofrece impresionantes vistas de Kingston, la capital de Jamaica.

Está llena de discos de vinilo apilados que se salen de sus fundas medio rotas, mientras que un antiguo piano se enseñorea del porche.

El hombre que camina a través de la niebla al principio de la cinta es un afinador de piano, que les dice a los espectadores que el instrumento a veces se infecta de insectos, pero que va a dejarlo listo para que los músicos puedan usarlo. Más tarde se ve como lo hace usando alambres y otros objetos.

Entonces la música comienza en serio. Nos presentan a los artistas: Ken Boothe, Kiddus I, Winston McAnuff, Cedric Myton, The Viceroys y Judy Mowatt, mientras el vibrato de Boothe acompaña a las espectaculares tomas aéreas del paisaje.

Kiddus, quien apareció en la película de culto  “Rockers (1978)”, explicacon su voz profunda y agradable que el proyecto es “una amalgama de unos viejos tocando música acústica”, y McAnuff agrega que el objetivo es capturar la música “en su estado original”.

Mowatt, que parece una diosa urbana con su túnica estampada, dice que la casa en las colinas “se sentía como el cielo” cuando la visitó por primera vez.

En una época anterior, Mowatt actuó con I-Threes, el trío de vocalistas que acompañó a Bob Marley y los Wailers. Pero más allá de su presencia, el extenso clan Marley  no es el foco en la cita. Este documental  pone la luz sobre los otros pioneros de la creación del género del reggae.

“Algunos países tienen diamantes. Algunos países tienen perlas. Algunos países tienen aceite. Nosotros tenemos la música reggae”, dice el bajista Worm.

Con imágenes de los años 60 y 70, el documental nos lleva al principio de los orígenes del género,  mostrando cómo se desarrolló esa música, influenciada por el ritmo y el blues de Estados Unidos.

“Prestamos atención a lo que estaba sucediendo fuera de nuestras costas y lo amalgamamos con lo que estaba sucediendo aquí”, dice Mowatt a los espectadores. “La década de los 60 fue  la época romántica, pero la década de los 70 fue la era consciente”, explica.

Ella resalta que el reggae “habló sobre las realidades de la vida” y que “toda Jamaica vivía las canciones que se cantaban”, por ejemplo, sobre violencia política, penurias del día a día y represión policial contra los seguidores del movimiento espiritual rastafarí. Fue la “edad de oro” de la música, añade la interprete.

El documental le da a cada uno de los artistas un espacio para recordar, incluso cuando describen sus vidas actuales. “Echamos de menos todo lo relacionado con esos días”, dice Cedric Myton, un espíritu alegre y juguetón en la película que dijo que a sus 70 años está “subiendo la escalera”.

Durante una de las escenas más memorables del documental, lo vemos salir en un bote y bromear con los pescadores mientras canta “Row, fisherman, row”, en su emblemático falsete. La película va del mar al estudio en las colinas, a Myton, que ilumina a los espectadores sobre el origen de las distintas letras.

Al igual que muchos otros, Myton comenzó en el negocio de la música con lo que parecía un futuro brillante, pero los problemas en Estados Unidos, relacionados con los “cargos por la hierba”, significaban que no podía actuar allí. Además, todos los músicos han tenido experiencia con productores de discos sin escrúpulos, o “ladrones”, como los llama Myton.

“No nos rendimos porque sabemos que nos esperan mejores días”, dice Myton, “pero financieramente ha sido una lucha”.

Algunos de sus compañeros han tenido más luchas personales. McAnuff perdió a su hijo Matthew, también cantante, en 2012, y su descripción de esa muerte “sin sentido” se encuentra entre las secciones más conmovedoras de la película. Parecida es la historia del músico más joven, Derajah, quien perdió a su hermana, víctima de la violencia con armas de fuego. Los vemos trabajando a través de su dolor a través de la música.

“Es un mensaje para la sanación”, dice Kiddus.

El proyecto Inna de Yard contacta a las leyendas pioneras con una nueva generación de del reggae que actúan con ellos en el estudio y en la gira, porque la película también habla de esos herederos artísticos. “Aprendemos de los muchachos más jóvenes y ellos aprenden mucho de nosotros”, comenta Kiddus.

Mowatt graba con dos cantantes jóvenes y su colega Rovleta Fraser la ardiente canción   Jah 9. En forma apasionada, su letra introduce en la historia de la isla y el papel que desempeñaron los “maroons” jamaiquinos, aquellos afrodescendientes que lucharon contra la esclavitud y se convirtieron en personas libres, y su legendario líder Nanny.

Luego Rovleta y Mowatt cantan en el estudio el “primer himno en solitario” de Mowatt, la intensa “Black woman (mujer negra)”. “Es un toque de amor”, define Mowatt , al describir el afecto y la solidaridad que comunica a las intérpretes.

Acompañando a distintos músicos, el documental también lleva al espectador por áreas vírgenes de gran belleza natural de Jamaica (cascadas, piscinas naturales para bucear, zonas marinas boscosas).

Pero tampoco teme mostrar a los sectores pobres y tugurizados de Kingston, la capital,  donde nació el género musical, al igual que la degradación ecológica de algunas playas y parajes. También se puede echar un vistazo a la cultura erótica del dancehall, otro género musical bailable surgido en Jamaica en los años 70, a través de unas cuantas escenas en un bar.

Sin embargo, Webber, el director del documental no estaba interesado en mostrar escenas “que harían estallar los ojos en Occidente”, como dijo en una entrevista tras su proyección parisina. Webber agregó que la moderación en la filmación de ciertos aspectos de la cultura fue “deliberada”, ya que no “sintió la necesidad de trabajar ese aspecto”.

Debido a este enfoque, los espectadores perciben el amor y el respeto por la música, a diferencia de algunos retratos sensacionalistas de los más famosos movimientos artísticos as jamaiquinos.

Webber dijo que se introdujo en la música de la isla caribeña cuando era adolescente y vivía en Londres en Londres y rápidamente se convirtió en “un gran fanático del reggae”. Años más tarde, mientras trabajaba con el productor francés Gaël Nouaille en un proyecto para la platafoma Netflix, su colega le contó sobre los músicos y las grabaciones de Inna de Yard.

“Nunca antes había estado en Jamaica, en parte porque tenía una Jamaica en la cabeza, y sabía que si me subía a un avión, viviría una experiencia turística que no estaría a la altura de lo que imaginaba”, dijo.  “No quería pasar dos semanas en una playa en Negril. Pero esta era una manera diferente de ir”, comentó.

Cuando llegó a la isla y se reunió con los músicos, inicialmente no estaba seguro de que  realizaría un largometraje, y se preguntó si podría llegar a producir un documental que “convocara a una audiencia más general” que los tradicionales fanáticos del reggae.

También le pareció importante identificar y dar a conocer a músicos más jóvenes del reggae. Me preguntaba: “¿Son estos tipos como el último de los mohicanos?”, argumentó.

Sobre las razones por las que fue él quien terminó haciendo una película sobre el reggae, Webber explicó que “lo hice por mi amor y entusiasmo y porque tuve la oportunidad de hacerlo. Tal vez haya que preguntarse si el mundo necesitaba otro hombre blanco de mediana edad que fue a Jamaica”.

“Pero me veo a mí mismo como un medio. Soy un canal, y básicamente pongo a disposición mis habilidades técnicas y mi creatividad para contar su historia. No es una película de apropiación cultural”, subrayó.

Añadió que el documental se desarrolló en base a la “columna vertebral de la historia”, la de los músicos grabaron un álbum “en una casa en las colinas”.

La casa está de hecho en el centro del documental, pero desde allí, Webber y los músicos nos llevan en un viaje: de vuelta al pasado, alrededor de la isla, a los conciertos en París y al alma del reggae y de Jamaica. Y Webber lo hace con un toque artístico, donde hay un reflejo de su experiencia como estudiante de historia del arte.

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Quando ofensa à honra dá cadeia

Pública - qua, 26/06/2019 - 14:26

Seis meses é o tempo que o jornalista Paulo Cezar de Andrade ficou preso somando suas duas passagens pelo sistema penitenciário paulista. Responsável pelo Blog do Paulinho, focado na cobertura esportiva, o jornalista cumpriu pena na penitenciária de Tremembé II, no interior de São Paulo, entre 2015 e 2018. O jornalista foi condenado pelos chamados crimes contra a honra, uma tipificação jurídica que engloba a calúnia, a injúria e a difamação. Na manhã desta quarta-feira, 26, o jornalista foi novamente condenado, e pode voltar a Tremembé II nas próximas semanas.

Reprodução YoutubeHoje, Paulo Cezar de Andrade, responsável pelo Blog do Paulinho, foi condenado novamente

Paulinho teve uma condenação em primeira instância por difamação mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). A pena inicial, de sete meses e sete dias em regime semiaberto, foi reduzida para três meses. Paulinho e sua advogada, Danubia Azevedo Barbosa, aguardam a publicação da sentença — que dirá se o jornalista cumprirá pena no aberto ou semiaberto.

“Se for semiaberto aí nós vamos tentar um habeas corpus, senão, assim que começar a execução, eu me apresento lá. Fazer o quê? É o Brasil”, disse Paulinho ao saber da condenação.

A ação em questão é movida pelo dono da Kalunga, Paulo Garcia, por conta da reportagem “Paulo Garcia (Kalunga), que ajudou Andrés Sanches (PT), entra na campanha de André Negão (PDT)”, publicada por Paulinho em setembro de 2016. No texto, o blogueiro afirma que Garcia financiou a campanha de André Negão, à época vice-presidente do Corinthians e candidato a vereador, por meio de manobra contábil. Segundo a reportagem, a Spiral, indústria gráfica do Grupo Kalunga, foi responsável por 66,5% das despesas de Negão na campanha eleitoral. Na decisão em primeira instância, a juíza considerou que as recorrentes publicações de Paulinho sobre Garcia configuravam perseguição.

O caso de Paulinho — e outros que serão tratados ao longo da reportagem — se insere no debate de entidades ligadas à liberdade de expressão que pedem a retirada desses crimes do Código Penal brasileiro, o que originou três projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Além disso, ONU e OEA recomendaram ao Brasil que os casos como o de Paulinho sejam tratados exclusivamente na esfera cível, na qual uma eventual condenação não levaria ao encarceramento.

Desde a década de 1940, os crimes contra a honra são tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, prevendo penas de prisão e multa para aqueles que caluniarem — “imputando falsamente fato definido como crime” —, difamarem — “imputando fato ofensivo à reputação” — ou injuriarem — “ofendendo a dignidade ou o decoro”. No caso de Paulinho, as duas últimas condutas o levaram à prisão.

A presidente da Associação Juízes para a Democracia (AJD), Valdete Souto Severo, avalia que o caso de Paulinho é exemplar da necessidade de reforma do Código Penal. “Adianta punir criminalmente por um ataque à honra ou isso seria melhor resolvido na esfera cível? Deve haver uma reparação. Uma reparação é justo que se tenha, porque, se há uma ofensa concreta, a pessoa tem que reparar o que praticou. Mas qual o sentido de uma condenação penal?”, questiona.

Para o coordenador do Observatório da Liberdade de Imprensa da OAB, Pierpaolo Bottini, a discussão sobre a retirada dos crimes contra a honra do Código Penal precisa “ser aprofundada”. “Eu não acho de se descartar a hipótese de tirar do Código Penal. O direito penal, com a pena de prisão, com toda a agressividade dele, talvez não seja o instrumento mais adequado para você resolver uma ofensa à honra que é resultado de um litígio, de uma briga entre particulares, que poderia ser resolvida de uma forma monetária através do direito civil”, avalia.

Em relação a processos movidos contra jornalistas, Bottini acredita que “depende do caso concreto”. “Se aquela manifestação for uma injúria, atribuir falsamente um crime, vai incidir no Código Penal, ainda que valha discutir se é algo que merece algum tipo de reação. Agora, quando você está relatando uma história, fazendo uma crítica, o jornalista tem que ter plena liberdade de divulgar. Isso é fundamental até para o próprio Estado de direito”, aponta.

Na prisão, “o pior momento é a chegada”

Paulinho já não era réu primário quando a Justiça o considerou culpado nas ações do advogado Antonio Carlos Sandoval Catta Preta, que o processou por difamação em 2012, e do comunicador Milton Neves, por injúria, no ano seguinte. Os primeiros processos que Paulinho recebeu foram movidos pelo empresário iraniano Kia Joorabchian, ex-dirigente da MSI, parceira do Corinthians entre 2004 e 2007. Foram 23 ações, todas na esfera criminal. “No começo do blog, como eu fazia como hobbie e não como jornalismo, eu escrevia que nem louco, escrevia adjetivando, e isso acabou me gerando problemas. O Kia contratou um dos maiores advogados do Brasil e me processou com a intenção de que eu fosse condenado em vários, e isso pesou para mim na frente. Eu ia pra audiência sem advogado, falava coisas como ‘não, não faço acordo com mafioso’, e aí me ferrava”, recorda.

A segunda prisão de Paulinho, por exemplo, se deu por processo movido pelo jornalista Milton Neves por injúria, em 2013. Em sua decisão, a juíza de primeira instância considerou que ele “extrapolou o direito de expressão” e atuou “não […] como jornalista, mas como achincalhador da honra alheia”. No texto em questão, o blogueiro critica o fato de a mãe de Neves ter sido citada para nomear uma ponte em São Paulo, afirmando que o jornalista tinha sido uma “barrigada perdida”.

Nesse caso, Paulinho reconhece que errou. “Eu até acho que não devia ter falado isso, eu entenderia ser condenado nesse processo. O que é desproporcional é a pena”, afirma o blogueiro. Para o jornalista Milton Neves, que já entrou com ações contra outros jornalistas, processos “fazem parte do jogo”. “É que nem jogador de futebol, tem dia que você ganha, tem dia que perde, tem dia que você quebra a perna do adversário, tem dia que ele quebra a sua, faz parte”, afirma Neves.

Em relação à passagem de Paulinho pela prisão por conta de processo movido por ele, o jornalista esportivo afirma que não foi ele quem colocou o blogueiro na cadeia, e sim a Justiça. “[Sobre a prisão de Paulinho] eu não acho nada, quem acha é o desembargador, é o juiz de direito. Inclusive esse rapaz ele é muito inteligente, li uma matéria dele sobre o Mauro Naves espetacular. Eu só vi esse rapaz uma vez na vida, lá no Fórum, não tenho nada contra ele”, diz Milton Neves, ressaltando que já se arrependeu de outros processos que moveu e que “nunca mais quer aparecer em fórum”.

A grande quantidade de ações na Justiça faz com que Paulinho arque mensalmente com os custos de sua advogada, que o defende nos processos criminais — nos cíveis, ele não se defende por falta de recursos, afirmou.

Tanto no primeiro quanto no segundo período em Tremembé II, Paulinho ficou os dez primeiros dias em isolamento. “O pior momento é a chegada. Tanto em 2015 quanto em 2018, eu fiquei porque é obrigado, todo mundo fica. É um lugar fechado, banho gelado, a privada fica encostada na cama. Um horror. São dez dias horríveis que você vira comida de pernilongo. Eu, pra não virar comida de pernilongo, tinha que me cobrir todo”, conta.

Além dos dias em isolamento, Paulinho também fez trabalho braçal. “Em Tremembé não existe regime semiaberto de fato, está mais para semifechado. O que existe lá é a ‘ala de progressão’. As duas vezes eu fiz capinagem, num sol escaldante. É horrível lá dentro, insalubre, cheio de rato”, relata.

Paulinho tem ainda dezenas de ações na área cível, e em algumas foi condenado a pagar indenizações por danos morais, conforme preveem o artigo 953 do Código Civil brasileiro de 2002 e a Constituição Federal, que diz ser “invioláveis […] a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Além disso, o blogueiro já teve que retirar conteúdos do ar e publicar retratações por causa das ações que perdeu.

Na ação por dano moral mais recente, de 2018, movida pela dona da Crefisa, Leila Pereira, além da retirada de dois textos do blog, a Justiça determinou que Paulinho se abstenha de publicar sobre Leila e a Crefisa. Paulinho afirma ter reduzido as adjetivações em seu blog e passou a se retratar para evitar mais condenações.

Segundo ele, excessos devem ser punidos, mas não com prisão. “Se você feriu moralmente alguém, e essa pessoa se sentiu muito atingida, ela pode te processar na esfera cível, que é um meio que o cara pode ser reparado. Dinheiro, bens, sei lá o quê. Mas a prisão é um grande excesso. Não só nesse caso; em diversos outros casos, a prisão pelo cara dizer o que pensa é um grande absurdo”, avalia.

Condenado por um texto ficcional

Além de Paulinho, os jornalistas Juca Kfouri, Alex Bezerra (Tribuna de Betim, MG) e Cristian Góes (SE) também foram processados na esfera penal. Em comum nos processos está a predominância de ações movidas por figuras públicas, entre políticos, advogados, magistrados, outros jornalistas e dirigentes esportivos.

A Pública fez um levantamento no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e identificou que entre 2016 até maio deste ano mais de 11 mil processos individuais de primeiro grau foram julgados por crimes contra a honra. O número pode ser maior, já que os processos em segredo de justiça não podem ser identificados. Os casos de injúria são os mais numerosos com, aproximadamente, 7 mil processos julgados.

Com o objetivo de sensibilizar a sociedade para que os crimes contra a honra, além do crime de desacato, sejam retirados do Código Penal, cuja reforma tramita no Senado desde 2012, a ONG Artigo 19 lançou em 2014 a campanha “Solte Sua Voz”. Na ocasião, a organização de defesa da liberdade de expressão lançou o vídeo “Eu, o coronel em mim”, que conta a história de jornalistas e de um professor universitário processados por crimes contra a honra.

O nome faz referência a uma crônica homônima publicada pelo jornalista Cristian Góes em maio de 2012. O texto ficcional, escrito em primeira pessoa, menciona um “jagunço das leis”, marido da irmã do eu lírico “coronel”. Cunhado do então governador de Sergipe, Marcelo Déda, o desembargador Edson Ulisses considerou que o termo “jagunço das leis” fazia referência a ele e entrou com um processo na esfera cível e um na esfera penal contra o jornalista.

Henrique MaynartO jornalista Cristian Góes foi condenado por ter escrito um texto ficcional

Ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Sergipe e então colunista do site Infonet, Góes já havia sido processado anteriormente por reportagens – sem ter sido condenado –,
mas ficou surpreso com a ação movida pelo desembargador por causa de crônica ficcional.

Para Góes, apesar de ter sido impetrada pelo desembargador Edson Ulisses, a ação teve “motivação coletiva” de setores da política de Sergipe, que se incomodavam com sua atuação no jornalismo. “Por ser um estado pequeno, as relações entre os poderes em Sergipe são muito próximas. E aí que praticamente toda a peça acusatória, assinada por Edson Ulisses contra mim, se refere ao governador Marcelo Déda, dizendo que eu chamei o governador de coronel. [Como eu já trabalhei com Déda] era muito complicado, no meu entender, o governador do estado entrar pessoalmente em uma ação contra mim por conta de um texto ficcional”, afirma o jornalista.

Na primeira audiência do processo criminal, Góes propôs publicar, no mesmo espaço, texto afirmando que a crônica não fazia referência nem ao governador nem ao desembargador, o que foi recusado por Ulisses. “Ainda nessa primeira audiência, uma promotora de justiça que sequer era titular da vara tinha sido convocada às pressas também me denunciou. Saio da primeira audiência de conciliação oficialmente denunciado pelo Ministério Público do Estado, além do desembargador”, relata.

O processo, que teve como testemunhas de acusação um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, além dos à época presidentes da Associação dos Magistrados de Sergipe (Amase) e da Associação dos Advogados Criminalistas de Sergipe (Abracrim-SE), resultou na condenação do jornalista, em 4 de julho de 2013. Por ser Góes réu primário, a sentença de sete meses e 16 dias em regime semiaberto foi convertida em prestação de serviços comunitários. Além da derrota na esfera penal, Góes foi sentenciado também a pagar mais de R$ 50 mil ao desembargador na esfera cível, somando-se a esse montante os custos advocatícios.

Em sua decisão, o juiz de primeira instância considerou que Góes “extrapolou a liberdade de manifestação, já que ofende a honra de terceiro”. Segundo o magistrado, “ao veicular e induzir que o Desembargador seria um ‘jagunço das leis’, [Góes] deu a entender que ele estaria a serviço do Governador do Estado, botando em credibilidade não só o exercício profissional da vítima, mas descredibilizando todo o Poder Judiciário”.

O jornalista e seus advogados recorreram da condenação em primeira instância, levando o caso ao TJ-SE, que tinha à época Edson Ulisses como vice-presidente e Cláudio Déda, irmão do governador, como presidente. Apesar de o relator do caso ter votado pela absolvição de Cristian Góes, por considerar que houve “grave violação da defesa ampla” e que a Constituição Federal não recepciona o artigo do Código Penal que versa sobre injúria, a condenação foi mantida por dois votos a um. Os recursos levados pela defesa do jornalista ao STF também foram negados, sem julgamento do mérito da ação.

Dado o esgotamento dos recursos internos, as organizações Artigo 19 e Intervozes denunciaram o caso de Góes à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA), em abril de 2015. A peça acusa o Brasil de criminalizar a liberdade de expressão e violar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, além de afirmar que a legislação brasileira está em desacordo com os padrões internacionais. O documento, que está em fase de análise pela CIDH, pede que o Brasil torne sem efeito a sentença criminal de Góes, indenize o jornalista e revogue os dispositivos de crimes contra a honra do Código Penal.

Para o jornalista, além dos transtornos financeiros e pessoais, a sua condenação contribuiu também para um efeito de censura no estado. “Há colegas que sabem da condenação e pensam: ‘Pô, se Cristian, jornalista conhecido, fez um artigo ficcional e foi condenado, imagine eu, se vou fazer algum tipo de reportagem que envolva determinadas figuras’. Ou seja, há um efeito não mensurável, mas significativo, na produção da censura. A sutileza de censura e um pré-impedimento sobre determinadas coberturas”, afirma.

Na visão de Góes, o seu processo, ainda que tenha uma personificação, está dentro de uma disputa maior. “Desde 2012 eu venho insistindo que essa ação é individualizada, mas seus reflexos são coletivos. Há um ataque à liberdade de expressão de forma geral, uma criminalização por uma opinião política diferente. Tem reflexos para além. É a liberdade de expressão, muito mais do que a liberdade de imprensa, que está em jogo”, avalia.

Para ele, a liberdade de expressão é “um movimento em constante disputa”. “A gente acredita que a liberdade de expressão é uma condição natural e dada, e não é assim: ela não é um troféu que está na estante, que a gente conquistou. A liberdade de expressão é um exercício cotidiano”, aponta o jornalista.

Processado por um dos prefeitos mais ricos do país

Também o jornalista Alex Bezerra, diretor do site Tribuna de Betim, de Minas Gerais, vem sendo repetidamente processado pelo atual prefeito do município, Vittorio Medioli (Podemos). Entre 2017 e 2018, o mandatário de Betim entrou com ao menos quatro ações criminais e uma ação cível contra o jornalista.

Os quatro processos na esfera penal são por crimes contra a honra. Em um deles, o prefeito afirma que Bezerra teria lhe imputado crime que ele não cometeu – o caluniado, portanto. A ação se refere a uma reportagem publicada em agosto de 2017, que foi retirada do ar por decisão judicial no processo cível. Além da retirada do conteúdo, Medioli solicitou também que o site fosse tirado do ar.

Arquivo pessoalAlex Bezerra é diretor do site Tribuna de Betim

O texto do Tribuna de Betim fazia menção a uma operação da Receita Federal e da Polícia Federal (PF) que, iniciada no mesmo dia, cumpriria 153 ordens judiciais relacionadas à evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O texto publicado por Bezerra afirmava que a operação “poderia” levar o prefeito à prisão. Medioli foi condenado em primeira instância por evasão de divisas em 2015. “Eu coloquei isso em dúvida, porque eu tentei encontrar a informação com a PF e não consegui retorno. Como já estava em cima, eu resolvi publicar e colocar que a Polícia Federal talvez viesse a Betim. Com isso ele se sentiu ofendido, falou que era uma pessoa de bem, de ficha limpa. Como se não fosse uma pessoa pública, não tivesse processo nenhum e nem investigação”, explica o jornalista.

Em outra ação, também iniciada em 2017, Medioli acusa Bezerra de fazer e distribuir via WhatsApp uma montagem criticando mudança feita pelo político na legislação do IPTU da cidade. A ação foi arquivada após o Ministério Público propor acordo, aceito pelo juiz. O jornalista está cumprindo 60 horas de serviços comunitários.

Considerado o prefeito mais rico do país, Vittorio Medioli é presidente de conglomerado de mídia que inclui os jornais O Tempo e Super Notícia, além de emissoras de rádio. Com fortuna declarada em mais de R$ 350 milhões na eleição de 2016, ele é fundador do Grupo Sada, de transportes e armazenagens.

Para Bezerra, os processos têm um efeito de censura. “Eu comecei a evitar de publicar algumas coisas relacionadas à prefeitura. Antes o site era mais denunciativo, investigativo. Hoje está mais light em todos os aspectos. E não é só comigo, todos [os veículos] que eram contra, ou se calaram, ou fecharam. Desde muitos anos ele tem o princípio ou de comprar o veículo ou de encher de processo até a pessoa fechar, desistir de falar”, diz o jornalista. Medioli foi procurado pela Pública para comentar a declaração de Góes mas não retornou o contato da reportagem.

Para Valdete Souto Severo, da AJD, pessoas públicas têm que estar sob o crivo de “imprensa plural e livre”. “É isso que distancia uma democracia de um Estado autoritário. O uso do Estado como uma arma para poder silenciar quem tem falas contra-hegemônicas serve para quem tem poder. Não serve para divulgação de ideias, não serve para uma discussão de posições contrárias; serve para tentar silenciar o que seria a oposição”, diz.

Kfouri perdeu as contas dos processos que sofreu

Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, o jornalista Juca Kfouri já perdeu as contas de quantos processos sofreu por crimes contra a honra. Entre cíveis e criminais, Kfouri diz ter certamente mais de cem processos.

A maioria das ações contra Kfouri foi iniciada por dirigentes esportivos, alvos constantes de críticas do jornalista. Entre os que o acionaram na Justiça estão os ex-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) José Maria Marin e Ricardo Teixeira, além do ex-presidente da Fifa Joseph Blatter. Marin e Blatter estão banidos de quaisquer atividades relacionadas ao futebol, o primeiro de maneira vitalícia. Marin está preso e Teixeira não sai do Brasil há anos por causa de acusações nos Estados Unidos.

“Em regra, as pessoas que você denuncia por maus feitos tendem a querer dar uma resposta pra família, pra sociedade e buscam te intimidar, te acovardar, te levar a fazer autocensura, porque as pessoas não querem ter reveladas as suas mazelas. E é a função da imprensa revelá-las. No caso do futebol, é mais fácil ainda, porque em regra as pessoas fazem isso sem pagar advogado; quem paga é a entidade”, conta Kfouri, que faz questão de ter em seus contratos de trabalho dispositivo que determina que os custos advocatícios sejam pagos pelos veículos.

Para o jornalista, apesar de serem “perda de tempo brutal”, os processos que sofreu de dirigentes presos ou processados “enriquecem” o currículo de um jornalista. “Embora em 95% dos casos eu seja absolvido, é meio absurdo, na maior parte das vezes, que o Ministério Público dê sequência às ações. E aí às vezes chega no Tribunal Superior e você vê o jogo político, a promiscuidade que você testemunha nos corredores do Fórum”, diz.

A despeito dos transtornos acarretados pela centena de processos que já sofreu, Kfouri garante nunca ter se censurado. “É muito chato você ir ao Fórum, ter que perder tempo em audiências, quando você sabe que é uma coisa cínica, hipócrita. Em regra, o juiz também sabe e te absolve. Agora, não penso um minuto, mas nem um segundo se o que vou escrever vai resultar em um processo ou não”, afirma o jornalista.

Apesar de dizer nunca ter se retratado, por “absoluta convicção da correção” do que escreveu, Kfouri não é contrário à responsabilização de jornalistas ou pessoas públicas, inclusive já tendo movido processos contra um profissional da imprensa e contra o atualmente deputado federal Alexandre Frota (PSL-SP). Ambas as ações foram impetradas na esfera cível. “No caso que o cara errou, é acionado, reconhece que errou e admite publicamente no mesmo espaço, está resolvida a questão. Agora, também tem que se dar o mesmo espaço, porque muitas vezes a acusação é manchete e a retratação é pé da página”, diz.

Para Juca Kfouri, não há nada que justifique que um crime contra a honra leve alguém à cadeia, sobretudo pela superlotação das prisões brasileiras. “Você prender alguém por crime de opinião, como se fez com o Paulinho, é típico do século 15. Isso é absurdo, é uma coisa inominável. E apenas porque ele é desprotegido. Não aconteceria com jornalista da grande mídia, em hipótese alguma. Isso é uma covardia”, finaliza.

Pedro França/Agência SenadoO jornalista Juca Kfouri também foi processado na esfera penal

Projetos de lei

Apesar da polêmica e das campanhas pela descriminalização dos crimes contra a honra, uma comissão de juristas elaborou um anteprojeto de reforma do Código Penal entre 2011 e 2012 a pedido do então presidente do Senado José Sarney. Nele, não só se manteve a tipificação dos crimes contra a honra como se ampliou as penas. Atualmente, esses crimes preveem penas de três meses a dois anos, na maior parte dos casos, e até três anos em casos de injúria em que houver a utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência; pelo anteprojeto, todas as sanções passarão a variar entre seis meses e três anos.

Na Câmara dos Deputados, três projetos de lei tratam dos crimes contra a honra.
A retirada de conteúdo imposta em 2019 a uma reportagem publicada nos sites Crusoé e O Antagonista pelo ministro do STF Alexandre de Moraes foi o que motivou a apresentação do PL 2.287/2019, que descriminaliza a injúria e a difamação. O PL foi proposto pelo deputado federal Vinicius Poit (Novo-SP) em abril, mesmo dia da decisão tomada por Moraes. A decisão de Moraes, considerada censura pelo diretor da Crusoé, Rodrigo Rangel, ocorreu no âmbito de inquérito criminal aberto um mês antes pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, para apurar “notícias fraudulentas”, ofensas e ameaças que atingem a “honorabilidade” dos ministros.

Além da retirada de conteúdo da reportagem publicada na Crusoé e em O Antagonista, a condenação em primeira instância por crime de injúria do humorista Danilo Gentili também motivou o congressista do Partido Novo a apresentar o projeto de lei. Gentili foi condenado a seis meses e 28 dias em processo movido pela deputada Maria do Rosário (PT-RS).

Na justificativa do PL, Poit afirma que “os dispositivos do Código Penal que preveem os crimes de difamação e injúria têm sido usados muitas vezes para reprimir o debate público, ameaçando jornalistas e formadores de opinião com prisão”. O deputado ressalta que “as condutas de difamar ou injuriar são graves e constituem ato ilícito”, mas defende que “não devem ser passíveis de pena criminal, mas de reparação civil por meio de indenização, nos termos previstos do Código Civil”.

Projetos de lei semelhantes, mas que incluem também a calúnia entre as condutas a serem descriminalizadas, foram apresentados em 2017 e em 2018 pelo então deputado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB-PB) e pela deputada Clarissa Garotinho (Pros-RJ), respectivamente. Em sua proposição, Vital do Rêgo afirma que a honra “encontra proteção suficiente em outros ramos do Direito, sobretudo no Direito Civil” e ressalta que “o direito penal somente deve atuar quando fracassarem as outras formas de sanção e de composição de conflitos previstas nos demais ramos do Direito”.

Em linha semelhante, a deputada Clarissa Garotinho justifica seu projeto afirmando que “a honra é um direito […] que, quando atingido, fere exclusivamente a moral do indivíduo que sofreu a ofensa” e que “os atos de injúria, calúnia e difamação não têm potencial ofensivo para causar danos a sociedade. Para a congressista, “o Direito Civil é muito mais eficaz na aplicação de medidas em crimes contra a honra do que o Direito Penal”.

Valdete Souto Severo, presidente da AJD, avalia que os crimes contra a honra têm um “contorno muito subjetivo” e o Brasil deveria caminhar para a descriminalização desses tipos penais. “[Muitos processos do tipo] me parecem claramente uma tentativa de silenciamento contra os setores da sociedade que têm meios para divulgar abusos de autoridade, ou ilegalidades, como a imprensa”, diz. “O direito da imprensa se manifestar e discordar, inclusive sendo mais contundente contra o posicionamento ou os atos de alguém, é uma prerrogativa de estado de direito. Se a gente quer realmente viver em um país democrático, a liberdade de expressão, especialmente de quem trabalha na imprensa, tem que ser preservada”, afirma a jurista.

Pierpaolo Bottini acredita que o direito penal é necessário quando a ofensa à honra tem alusão à raça, gênero e outras questões específicas. “Quando a conduta se aproxima de um crime de ódio, aí eu acho que o direito penal tem sim que ser chamado para interferir nessa situação, não para reparação, mas para inibição, para que aquilo não se repita”, diz.

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Mujeres continúan sometidas en muchos países, pese a avances

IPS español - ter, 25/06/2019 - 18:14

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, en el centro, al dar a conocer el estudio “El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020: Familias en un mundo cambiante”. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres

Por Corresponsal Fao
NACIONES UNIDAS, Jun 25 2019 (IPS)

En uno de cada cinco países, las niñas no tienen los mismos derechos de sucesión que los niños, mientras que en 19 Estados las mujeres están obligadas legalmente a obedecer a sus esposos. Solamente la mitad de las mujeres casadas están en la fuerza laboral, mientras que realizan una cantidad tres veces mayor de trabajo doméstico y de cuidados infantiles no remunerados que los hombres, indica un estudio publicado este martes 25.

Si bien los derechos de las mujeres han avanzado en las últimas décadas, las desigualdades de género y otras violaciones a los derechos humanos fundamentales dentro de las familias persisten, afirma el estudio “El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020: Familias en un mundo cambiante”, dado a conocer por ONU Mujeres.

El informe asegura que las familias, en toda su diversidad, “pueden ser factores determinantes de la igualdad de género, siempre que los responsables de la toma de decisiones apliquen políticas arraigadas en la realidad, de cómo vive la gente hoy, con los derechos de las mujeres en su núcleo”, dijo la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Mlambo-Ngcuka advirtió que, sin embargo, las familias también pueden ser terreno de conflicto, desigualdad y, con demasiada frecuencia, violencia.

“En todo el mundo, presenciamos esfuerzos coordinados para negar la voluntad de las mujeres y el derecho a tomar sus propias decisiones en nombre de proteger los ‘valores familiares’”, dijo.

Actualmente tres mil millones de mujeres y niñas viven en países donde no se criminaliza explícitamente la violación dentro del matrimonio. Pero la injusticia y las violaciones también toman otras formas.

En uno de cada cinco países, las niñas no tienen los mismos derechos de sucesión que los niños, mientras que 19 Estados las mujeres están obligadas legalmente a obedecer a sus esposos. Además, en los países en desarrollo, alrededor de un tercio de las mujeres casadas dicen tener poca o ninguna opinión sobre sus propias decisiones de atención médica.

Mujeres prestan tres veces trabajos domésticos no remunerados

El informe observó que la edad promedio de matrimonio ha aumentado en todas las regiones, mientras que las tasas de natalidad han disminuido, y las mujeres en general han aumentado su independencia económica.

Una madre en Makola, en Ghana. Crédito: Ruth McDowall/ONU Mujeres

Sin embargo, solo la mitad de las mujeres casadas entre las edades de 25 y 54 años participa en la fuerza laboral, en comparación con 96% de los hombres casados y dos tercios de las mujeres solteras.

El hecho de que las mujeres continúen prestando tres veces más cuidados infantiles no remunerados y quehaceres domésticos que los hombres es un factor importante de estas desigualdades, que son particularmente pronunciadas en los países en desarrollo, en los que el acceso a las infraestructuras que permiten ahorrar tiempo y a los servicios públicos es más limitado.

El estudio explica que cuando no existe disponibilidad de servicios de cuidados profesionales, se espera que las mujeres y las niñas llenen ese vacío, lo que reduce el tiempo que estas pueden destinar a sus estudios, al trabajo remunerado y a otras tareas, o provoca que las necesidades de cuidados queden desatendidas. Esta dinámica tiene consecuencias negativas para las mujeres, puesto que afecta su capacidad para acceder a un trabajo remunerado decente, así como su salud física y mental.

Además, la violencia contra las mujeres y las niñas persiste hasta alcanzar tasas abrumadoramente elevadas en todas las regiones del mundo. A menudo, la violencia dentro de  la familia es letal: se calcula que un 58 % de las mujeres que fueron víctimas de homicidio  en 2017 fueron asesinadas por un familiar. Ese año murieron asesinadas 137 mujeres por día.

“El hogar es uno de los lugares más peligrosos para la mujer”, aseguró Mlambo-Ngcuka.

Familias diversas

El informe también documenta la gran diversidad de estructuras y relaciones familiares existentes en las diferentes regiones, dentro de cada país y a través del tiempo.

A nivel mundial, 38% de los hogares son parejas con hijos; y 27%  son familias con un mayor número de miembros, incluidos otros familiares.

Los hogares monoparentales -de los cuales un 84% a nivel mundial están conformados por madres solas que viven con sus hijos- y los compuestos por parejas (heterosexuales u homosexuales) sin hijos, también son comunes en muchas regiones. En las sociedades que están pasando por un proceso de envejecimiento, los hogares unipersonales son una realidad cada vez más frecuente.

El informe arroja algo de luz positiva sobre las licencias de paternidad, con un aumento en la participación de los padres, especialmente en países donde existen incentivos específicos.

La jefa de ONU Mujeres citó investigaciones y pruebas que demuestran que “no hay un formato de familia estándar, ni lo ha habido nunca”.

Además, la cohabitación sigue una tendencia al alza y, en algunas regiones, un número creciente de mujeres  optan directamente por no casarse. Estas decisiones pueden ser consecuencia tanto de la necesidad como de la elección, ya que para algunas parejas el costo de formar una familia puede ser excesivo.

También pueden ser el reflejo de una disposición cada vez menor por parte de las mujeres a entablar relaciones en las que se espera que asuman un rol subordinado.

Recomendaciones del informe

El informe llama a los responsables de la formulación de políticas, activistas y cualquier persona a transformar las familias en espacios de igualdad y justicia, en los que las mujeres tengan voz y capacidad de elección, además de tener garantizada su seguridad física y económica y hace varias recomendaciones para lograr ese fin:

  • Modificar y reformar las leyes familiares para garantizar que las mujeres puedan elegir si, cuándo y con quién casarse; y permitir el acceso de las mujeres a los recursos familiares.
  • Reconocer las diversas formas de asociación, para proteger a las mujeres en la convivencia y las parejas del mismo sexo.
  • Invertir en servicios públicos, especialmente en salud reproductiva, para ampliar las opciones de vida de las mujeres y las niñas.
  • Fomentar los sistemas de protección social, como el permiso parental remunerado y el apoyo estatal para que los niños y las personas mayores cuiden de sus familias.
  • Garantizar la seguridad de las mujeres mediante la implementación de leyes para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y brindar justicia y apoyo a las víctimas.

Este artículo fue publicado originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

El artículo Mujeres continúan sometidas en muchos países, pese a avances fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Un problema llamado América Central

IPS español - ter, 25/06/2019 - 16:51

Efectivos militares y policiales de México han incrementado sus operativos para tratar de impedir que migrantes centroamericanos traten de atravesar el río Bravo para ingresar a Estados Unidos. Crédito: Raymundo Ruiz/En el Camino

Por Ernesto Núñez Albarrán
MÉXICO, Jun 25 2019 (IPS)

La historia se repite todos los días desde hace más de 10 años: una mujer salvadoreña acompañada de dos o tres hijos, un indígena maya guatemalteco que huye de la violencia o un joven hondureño que ya no tiene nada más que perder, pagan 1.000 o 1.300 dólares a un “pollero” (traficantes de migrantes) que promete llevarlos hasta Estados Unidos.

En su paso por México, son asaltados una o dos veces; detenidos y extorsionados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), policías municipales o estatales; secuestrados u obligados a trabajar para el crimen organizado.

Los que llegan a Tijuana (ciudad fronteriza con Estados Unidos) terminan cruzando por una zona de alto riesgo, son detenidos por la migra, interrogados por un juez estadounidense que les niega la solicitud de asilo y los devuelve a sus países, donde no quieren o no pueden seguir viviendo. Lo más probable es que intenten cruzar nuevamente, aunque eso implique volver a atravesar el infierno mexicano.

A una joven guatemalteca, madre de dos hijos, le advirtieron este mes en Estados Unidos que ahora sí, con Donald Trump en el poder, ya no tiene caso que signa intentándolo. Según crónica de la periodista Aline Corpus (Reforma, 22 de junio de 2019), el agente le dijo: “¿por qué son tan necios?, ¿por qué se vienen? ¡Ya no van a pasar!”.

El autor Ernesto Nuñez Albarrán

No es nuevo este drama migratorio. Desde hace 10 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elaboró un informe especial alertando sobe el maltrato a los centroamericanos que cruzan por México intentando llegar a Estados Unidos.

Desde entonces, se advertía que los migrantes sufren robos, abusos policiacos, discriminación, maltrato, humillaciones, golpizas, violaciones sexuales, trata, detenciones irregulares por parte de autoridades, secuestros, e incluso algunos eran entregados por la propia autoridad a bandas del crimen organizado. En aquel informe especial elaborado por la CNDH, se calculaba que, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, se habían secuestrado a 9 mil 758 migrantes.

Nueve de cada 10 víctimas padecieron amenazas de muerte y fueron amagados con armas de fuego o armas blancas… sus captores ejercían violencia sobre ellos… los amarraban de pies y brazos, los amordazaban, les tapaban los ojos, los drogaban o los quemaban en alguna parte del cuerpo. Algunos migrantes relataron expresamente haberse percatado de cómo los secuestradores violaron a mujeres, así como que hirieron y hasta mataron a otros secuestrados, tanto con armas de fuego como a golpes. De acuerdo con estos testimonios, las amenazas recurrentes eran las de violar a las mujeres, venderlos a Los Zetas o deportarlos”, se relataba en el informe de la CNDH (15 de junio de 2009).

Las advertencias de la estatal pero autónoma CNDH fueron guardadas en un cajón por el presidente Felipe Calderón (2006-2012) y su amiga Cecilia Romero, entonces directora del Instituto Nacional de Migración.

Y, un año después, el hallazgo de 72 cuerpos de migrantes que habían sido detenidos, torturados y asesinados por (el cartel del narcotráfico) Los Zetas en un ejido del municipio de San Fernando, Tamaulipas, hizo visibles las condiciones infrahumanas en las que arriesgan la vida miles de centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos.

¿Qué ha mejorado en 10 años? Nada.

Al contrario, el tránsito de centroamericanos que salen principalmente desde Honduras, El Salvador y Guatemala hacia Estados Unidos se ha convertido en uno de los flujos migratorios más grandes del mundo. Se calcula que cada año 400.000 personas tratan de entrar a Estados Unidos; se sabe que 120.000 centroamericanos son detenidos en territorio mexicano, antes de llegar a la frontera con Estados Unidos. Y, según cifras recientes del INM, las autoridades migratorias de Estados Unidos están devolviendo a México a 268 centroamericanos cada día.

Nada hace pensar que las condiciones de migración de esas personas hayan dejado de ser inhumanas.

¿Qué ha cambiado? Mucho.

Hoy, hay un déspota en la Casa Blanca que ha hecho del discurso antiinmigrante su bandera política (no sólo para elegirse en 2016, sino para reelegirse en 2020).

Imposibilitado a construir un muro de más de 3 mil kilómetros en la frontera entre México y Estados Unidos, Donald Trump parece decidido a convertir a México en un muro virtual. La amenaza de boicotear con aranceles el Tratado de Libre Comercio ha obligado al gobierno mexicano a tomarse en serio el rol de policía migratoria que, durante años, le ha otorgado Washington.

En México, hay un nuevo presidente que llegó al poder con un discurso en contra del neoliberalismo y a favor de los más pobres y desprotegidos.

Pero, presionado por Trump, Andrés Manuel López Obrador tuvo que aceptar un acuerdo que, en resumen, obliga a México a impedir que los centroamericanos sigan llegando por miles a territorio estadounidense.

A la oferta de asilo y empleo para la diáspora centroamericana, hecha al inicio de su administración, López Obrador sumó la tercera semana de junio el lanzamiento del Plan de Desarrollo Integral con Centroamérica, un nuevo programa de ayuda y cooperación para el desarrollo de la región.

Tampoco es la primera vez que se intenta. Desde el siglo pasado, al concluir la etapa de guerrillas centroamericanas, México y Estados Unidos lanzaron iniciativas que inyectaron millones de dólares para la recuperación económica de esos países.

En el año 2000, el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) lanzó el Plan Puebla Panamá (PPP), que supuestamente debía detonar proyectos de infraestructura, energéticos y de desarrollo social en beneficio del sureste mexicano y siete países centroamericanos.

En 2008, Felipe Calderón relanzó el PPP bajo el nombre de Proyecto Mesoamérica, que fue continuado por la administración de Enrique Peña Nieto.

Algo fracasó en esos proyectos, pues en 18 años no detonaron el desarrollo, la prosperidad, el empleo ni las condiciones de seguridad que hubiesen frenado la salida de miles de personas hacia Estados Unidos.

Hoy, por las presiones de Trump, el tema vuelve a estar en el primer lugar de la agenda del gobierno mexicano, y debería ser prioridad para los gobiernos de la región. El reto es impedir que los países del Triángulo Norte sigan expulsando a sus jóvenes, mujeres, niños… y lograr que México deje de ser el corredor de la muerte para ellos.

Debimos hacerlo desde hace muchos años, mucho antes de que llegara Trump a complicarlo todo.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

El artículo Un problema llamado América Central fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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World faces ‘climate apartheid’ risk, 120 more million in poverty: UN expert

UN SGDs - ter, 25/06/2019 - 15:30
Climate change “threatens to undo the last 50 years” of development, global health and poverty reduction, a United Nations expert said on Tuesday, citing the risk of a new era of “climate apartheid” where the rich buy their way out of rising heat and hunger.
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