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“Cada día consideramos que vivimos un milagro”

IPS español - qua, 05/06/2019 - 18:21

Francisco y Sofia, nombres ficticios, llegaron a pie procedentes de Venezuela. Vivieron un mes en la calle de Boa Vista y les robaron todas sus pertenencias. “La ropa se puede volver a comprar. Pero nuestros documentos, no”. Crédito: João Machado/Acnur

Por Victoria Hugueney
MANAOS, Brasil, Jun 5 2019 (IPS)

Ya había caído la noche cuando la amazonense Irajane Souza recibió una llamada de su hermano, que trabaja en el aeropuerto internacional de Manaos, en el norte de Brasil: una familia venezolana de 17 miembros acababa de descubrir que les habían engañado. Los billetes de avión que habían comprado eran falsos y no tenían forma de continuar su viaje. Su hermano quería ayudar a la familia, pero no sabía cómo.

Al igual que gran parte de los 3,7 millones de personas que han abandonado ya Venezuela en busca de protección y de una oportunidad para volver a empezar, la familia había vendido todo lo que tenía para comprar los billetes y solo llevaban consigo algunos objetos.

Cuando Irajane recibió aquella llamada, en agosto de 2017, se encontraba en el grupo de estudios bíblicos en el que participa con otros jóvenes manauaras. Al compartir la noticia con ellos, los amigos se movilizaron para acoger a la familia.

“En aquel momento nos miramos unos a otros y decidimos que íbamos a traerlos para acá”, afirma Caio Andrade, voluntario de Oásis, abogado e integrante del grupo de estudios.

Las 17 personas procedentes de Venezuela pasaron provisionalmente la noche en la oficina de uno de los integrantes del grupo, y la noche siguiente en un hotel que pagó otro de los miembros del grupo de estudios.

Además de dar cobijo a la familia, Irajane y sus amigos se movilizaron para suavizar su pérdida económica. En menos de 48 horas consiguieron comprar 17 nuevos pasajes de avión y la familia estaba lista para continuar con su viaje.

Irajane, que trabaja en el sector del turismo, encontró billetes baratos y movilizó a socios y conocidos que donaron dinero y millas aéreas para que la familia pudiera proseguir viaje.

Este fue el primero de otros casos de familias venezolanas que fueron engañadas en una trama de venta de billetes falsos, por lo que no pudieron realizar la conexión en el aeropuerto de Manaos, la capital del norteño estado brasileño de Amazonas.

“El personal del aeropuerto acabó conociéndonos, y cada vez que llegaba un grupo en estas condiciones nos llamaban”, cuenta Irajane. Hasta este momento, su red de amistades ha ayudado ya a más de 200 personas procedentes de Venezuela, cuyo sur es fronterizo con este y otros estados brasileños.

Desde que sucedió este episodio, Irajane y sus amistades empezaron a ofrecer comida, productos de higiene básica, ropa y acogida en sus casas a aquellas personas procedentes de Venezuela que se encontraban en situación de vulnerabilidad en la capital del Estado de Amazonas.

La implicación del grupo fue creciendo a medida que aumentaba el número de personas venezolanas que llegaban a la ciudad, y hoy coordinan la casa de acogida Oásis, en la región centro-sur de Manaos. “De ahí surgió nuestra motivación para tener un espacio de acogida”, nos cuenta Irajane.

Isabela, Irajane y Soraya dirige el albergue desde agosto de 2018. Todo, desde los alimento al mobiliario ha llegado por medio de donaciones. “Cada día consideramos que estamos viviendo un milagro”, aseguran. Crédito: João Machado/Acnur

Oásis

La casa de acogida se inauguró en agosto de 2018 y son Irajane, Soraya, Isabela, Magali, Jhonatan y Amália quienes llevan las riendas.

“Un día antes de conseguir la casa teníamos seis  platos, tres ollas y una nevera pequeña”, recuerda Irajane.

“A medida que fueron llegando los enseres, fuimos acogiendo familias. Y así, hasta hoy. Ahora tenemos la casa completa. Acaban de llegar el frigorífico, el congelador y los aparatos de aire acondicionado. Todo donaciones. Tenemos una zona para estudiar y alimentos para todas las comidas. Todos los días llega algo nuevo, y siempre es lo que estábamos echando de menos. Es verdad que cada día consideramos que estamos viviendo un milagro”, añade.

Según datos oficiales de la Policía Federal, en 2018, 10.500 personas solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado en el estado de Amazonas, lo que lo convirtió en el segundo estado de Brasil con mayor número de solicitudes, solo por detrás de Roraima, otro estado fronterizo con Venezuela.

Las iniciativas de organización de la sociedad civil forman una parte importante del proceso de acogida, albergue e integración social.

Desde su inauguración, el albergue se sostiene a través de donaciones voluntarias y Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, apoya la casa mediante la donación de productos necesarios y el acompañamiento de casos de protección.

Más de 90 personas han sido ya acogidas por este grupo desde que abrió sus puertas y, en la actualidad, unas 40 familias que están fuera del albergue siguen recibiendo el apoyo de Oásis. ´

Allí han recibido asistencia psicológica y orientación sobre la regularización de documentos y la inserción sociolaboral. Irajane, Soraya, Isabela y otros voluntarios trabajan a diario para construir un ambiente acogedor y seguro para niños, niñas y personas adultas que, poco a poco, consiguen superar las dificultades del camino hasta Brasil.

En la actualidad, 13 personas adultas y 7 niños y niñas procedentes de Venezuela viven en la casa, entre los que hay dos recién nacidos. Gran parte de las familias acogidas vivían en las calles, como Francisco, ingeniero de gas y petróleo de 27 años, y Sofía, estudiante de medicina de 20 años, ambos con nombres ficticios por su seguridad.

Durante el día, niños y niñas reciben clases de apoyo escolar y aprenden portugués. “Hablan mucho y mejor que nosotros”, afirma la madre de una de las niñas. Crédito: João Machado/Acnur

El equipo de Oásis los rescató de la estación de autobuses de Manaos en septiembre de 2018, donde llevaban durmiendo cinco días y sin apenas nada que comer. Llegaron a la ciudad después de un mes durmiendo en una chabola en la ciudad de Boa Vista y de que les robaran todas sus pertenencias.

“Conseguimos llegar aquí desde Boa Vista en un auto compartido. Nos fuimos de allí porque habíamos perdido todo lo que teníamos”, nos cuenta Francisco.

“Una noche, después de intentar conseguir algo de dinero vendiendo chicle en la calle, volvimos a la chabola y vimos que la puerta estaba abierta de par en par: se habían llevado todo lo que teníamos. La ropa se puede volver a comprar. Pero nuestros documentos, no. Nuestros pasaportes venezolanos, mi título de ingeniería, mis antecedentes penales en Venezuela y en Brasil… los documentos de asistencia prenatal de ella, su certificado de ingreso en la escuela de medicina… todo”, recuerda el joven sin consuelo.

Cuando llegó al albergue Oásis, Sofía estaba embarazada de seis meses y, desde ese momento, encontró las condiciones necesarias para cuidarse a sí misma y atender su embarazo, que fue diagnosticado como de riesgo.

“Anduve demasiado para llegar a Brasil. Mucho, muchísimo. Hasta que un día empecé a notar contracciones. Aquí en Manaos el médico me dijo que había sido por haber caminado tanto. Me mandó reposo absoluto, algo que pude conseguir gracias al albergue”, dice.

Tras concluir la estancia prevista de tres meses, Francisco consiguió un empleo formal y la familia se pudo mudar a su propia casa, en la que su hijo nació en condiciones de seguridad. Sofía nos cuenta que dejar a su familia en Venezuela fue lo más difícil.

“Vinimos solo nosotros dos pensando en nuestro hijo. Queríamos quedarnos, pero el dinero no alcanzaba ni para comer, así que imagine comprar pañales”, nos explica. Hace poco consiguieron financiar la venida de su madre y la de Francisco a Brasil en condiciones de seguridad.

En medio de tantas adversidades, la casa de acogida se convirtió en un verdadero oasis en Manaos para las duras y turbulentas jornadas de las personas procedentes de Venezuela que buscan un lugar seguro para vivir.

Además de los actuales 20 moradores, la casa recibe durante el día diversos visitantes venezolanos que participan en las comidas, preparadas colectivamente, y asisten a clases de portugués impartidas por una persona voluntaria distinta cada día de la semana.

Caio es uno de los voluntarios y entusiastas de este proyecto. Además de ceder una hora a la semana de su tiempo para las clases con adultos, apoya varias necesidades de la casa y ayuda a movilizar a nuevos voluntarios que se puedan adherir a la red de acogida.

“Hasta conseguí que mi madre se uniera al proyecto. Es profesora jubilada y estaba en casa sin hacer nada. Ahora, viene todos los lunes a dar clase. La gente dona muy poco, pero significa mucho para quien lo recibe”, afirma el abogado.

Los residentes se organizan a diario para cocinar y limpiar la casa. Todos se reparten las actividades domésticas. Crédito: João Machado/Acnur

El programa de clases de portugués fue elaborado por una pedagoga voluntaria y tiene como objetivo promover el intercambio cultural entre Venezuela y Brasil, así como ayudar a la integración sociolaboral de las personas acogidas.

“No se trata de un proceso de desapropiación de su cultura, sino de la incorporación de una nueva cultura”, afirma Caio. “Tenemos mucho cuidado de no quitarles Venezuela, porque Venezuela es suya. En vez de eso, se trata de incluir Brasil. Siempre decimos: ‘Si algún día pueden volver, ya tendrán este bagaje. Pero ahora, tienen la oportunidad de tener otro país que los apoya’”, asegura.

Con planes para el futuro, el grupo está aprovechando su creatividad y su unión para conseguir pagar gastos fijos como agua, electricidad y gas a finales de cada mes.

Con la donación de una cocina industrial y de un segundo frigorífico, una de las habitaciones de la casa se está convirtiendo en una cocina en la que personas acogidas y voluntarias pondrán en marcha un pequeño negocio de entrega de comida en tarteras en horario comercial de almuerzo.

“Queremos aprovechar que estamos en una zona muy comercial para incentivar la generación de ingresos y la autonomía de las familias”, concluye.

Para Irajane, lo más gratificante es ver que los habitantes del albergue consigan recuperar su autonomía y su autoestima.

“Dejan atrás mucho más que cosas materiales. Dejan a sus familias, sus sueños, una vida entera de trabajo… Las personas que acogemos aquí llegaron con la mirada perdida y desesperada… Y en el día a día se puede notar su transformación, ya que sienten que son recibidos y saben que tienen personas a quienes les importan”, afirma.

Este artículo fue publicado originalmente por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). IPS-Inter Press Service lo publica por un acuerdo general con la Organización de las Naciones Unidas para la redifusión de sus contenidos.

RV: EG

El artículo “Cada día consideramos que vivimos un milagro” fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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World Bank downgrades global growth forecasts, poorest countries hardest hit

UN SGDs - qua, 05/06/2019 - 17:10
The World Bank has lowered its expectations of global economic growth for this year in a new report. It says that, although the picture for poorer countries is expected to stabilize in 2020, economic momentum remains weak.
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É possível eliminar resíduos de agrotóxicos da água e dos alimentos?

Pública - qua, 05/06/2019 - 12:00

O brasileiro nunca consumiu tanto agrotóxico quanto hoje. O número de produtores que usam pesticidas na plantação cresceu 20% em 10 anos, segundo o IBGE, enquanto a aprovação para comercialização dos químicos subiu 135% em uma década, conforme mostrado nos novos registros publicados pelo Ministério da Agricultura. Apenas este ano, a pasta aprovou 169 novos produtos agrotóxicos e publicou a liberação de outros 197 registros.

Hoje são 2.263 produtos agrotóxicos no mercado, e um uso anual de mais de 500 mil toneladas, segundo o Ibama. Os venenos podem entrar no corpo por meio de contato com a pele, mucosa, pela respiração e pela ingestão. O risco é crescente devido à dificuldade em retirar os pesticidas dos alimentos e até mesmo da água.

Segundo pesquisadores consultados pela reportagem, ainda não há no mercado métodos que retirem totalmente o agrotóxico da água – o que reforça a importância de as autoridades monitorarem a qualidade da água.

Já no caso dos alimentos, deixar os produtos de molho na água sanitária, bicarbonato de sódio ou vinagre pode ajudar a retirar os tóxicos impregnados nas cascas – mas a medida não tem efeito nos casos em que o veneno chega à parte interna do produto.

Segundo dados do Ministério da Saúde dentro do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua), mais de 1.300 cidades encontraram resíduos de agrotóxicos na água que sai das torneiras em medições feitas entre 2014 e 2017. Embora a maioria esteja abaixo do limite legal permitido no Brasil, não existem estudos sobre o potencial da mistura de diferentes agentes químicos.

O levantamento também descobriu que dentre os 5.570 municípios brasileiros, 2.931 não realizaram testes na sua água entre 2014 e 2017.

A maioria dos filtros encontrados no mercado, como o de barro, não têm capacidade de retirar os agrotóxicos. “Uma vez que o pesticida chega na água, ainda não se tem um processo bem substanciado e que garanta que o cidadão possa usá-lo para fazer a purificação”, diz o professor Antônio da Hora, que ministra disciplina de Recursos Hídricos no Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente da Universidade Federal Fluminense (UFF).

O motivo são as transformações sofridas pelo pesticida. “Quando o princípio ativo cai na água de um rio, que pode servir de fonte de abastecimento, as moléculas sofrem vários processos químicos e microbiológicos. A degradação se dá via luz do solar, além da oxidação, e a molécula produz outros compostos, chamados de subprodutos. Um agrotóxico pode ter um, dois, três ou até mais subprodutos”, explica a professora e pesquisadora do Departamento de Química da Universidade Estadual de Londrina Maria Josefá Yabe.

Porém, o professor de Recursos Hídricos da UFF Antônio da Hora informa que a população não precisa entrar em pânico sobre a presença de pesticida na água. “Não vejo esse sintoma a nível nacional. Talvez em uma região pontual ou outra, próximas às áreas de produção [agrícola]. Se você vê as resoluções do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) que dão o limite máximo de agrotóxico na água, vemos que estamos bem abaixo”, explica.

De acordo com dados do Sisagua, 0,3% de todos os casos de pesticidas detectados na água entre 2014 a 2017 ultrapassaram o nível considerado seguro para cada substância, de acordo com o limite legal brasileiro. Os limites brasileiros, porém, são inferiores aos europeus. Do total de torneiras brasileiras contaminadas, 12% estavam acima do limite considerado seguro na União Europeia.

Água engarrafada

Segundo especialistas, nem mesmo a água mineral seria totalmente segura, pois o recurso é retirado de mananciais subterrâneos ou nascentes, que não deixam de ser suscetíveis a contaminação. Entretanto, no caso de água mineral engarrafada, o produto precisa passar por uma avaliação criteriosa antes de chegar ao mercado. A cada três anos as empresas precisam apresentar à Anvisa uma análise completa da mercadoria.

A Resolução nº 274 de 22 de setembro de 2005 da Anvisa, que regulamenta a venda de águas envasadas e gelo no Brasil, define limites máximos permitidos das substâncias químicas que representam risco à saúde, inclusive de agrotóxicos. O glifosato, por exemplo, tem como tolerância 500 micrograma por litro.

Porém, um novo fabricante que pretenda vender água mineral não precisa passar por um processo de registro para colocar o produto no mercado, basta comunicar o órgão de vigilância local sobre o início da fabricação. “Para as águas envasadas, o foco das ações sanitárias está no controle pós-mercado, quando já estão em comercialização. Ressalta-se que todo estabelecimento que exerce atividade na área de alimentos deve ser inspecionado e licenciado pela vigilância sanitária local”, informou a Anvisa à reportagem.

A fiscalização do produto pode ocorrer durante a realização de atividades programadas ou como resultado denúncias, diz a agência fiscalizadora.

Cuidados que podem ser tomados com os alimentos em casa

Diferentemente da água, há modos simples de retirar os agrotóxicos impregnados em alimentos. A própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem um guia na página oficial onde dá recomendações, mas destaca que os métodos não surtem efeito nos casos em que o pesticida são absorvidos para a parte interna do alimento.

Na página, a agência ligada ao Ministério da Saúde recomenda “adquirir alimentos orgânicos ou provenientes de sistemas agroecológicos, assim como os chamados alimentos da ‘época’ (safra), que costumam receber, em média, carga menor de agroquímicos”. O guia explica que os pesticidas podem ser classificados em dois modos de ação, os sistêmicos e de contato. O primeiro grupo atua no interior das folhas e polpas, penetrando nelas. Já os de contato agem, principalmente, nas partes externas do vegetal, embora uma quantidade possa ser absorvida pelas partes internas. Com isso, lavar e retirar as cascas e folhas contribuem para a retirada de parte dos pesticidas, porém são incapazes de eliminar aqueles contidos no interior do alimento.

Os produtos sistêmicos são preferidos por muitos agricultores, e são usados principalmente quando a necessidade de atingir o alvo (erva daninha, fungo ou praga) é maior. O produto também rende mais. Enquanto é necessário mais de 70 gotas por centímetro quadrado de um fungicidas de contato, a quantidade usada do sistémico varia entre 30 e 50 gotas.

A Anvisa indica a imersão prévia dos alimentos por 20 minutos em água com hipoclorito de sódio (água sanitária), que pode diminuir também a contaminação por germes e micróbios.

Segundo a a professora Maria Hosana Conceição da Faculdade de Farmácia da Universidade de Brasília (UnB), o ideal é usar a água sanitária tradicional, ou seja, que contém apenas hipoclorito de sódio. Isso porque há diferentes versões com elementos que podem fazer mal à saúde.

“O hipoclorito de sódio é um bom oxidante, auxilia na preservação do alimento que vai ser consumido in natura e na retirada dos agrotóxicos que não penetram no fruto. Com isso, os pesticidas concentrados na casca são minimizados”, explica a professora Maria Hosana Conceição da Faculdade de Farmácia da Universidade de Brasília (UnB). A professora destaca que o cloro é prejudicial a saúde humana, por isso depois de deixar o alimento de molho é necessário lavá-lo com água corrente para retirar totalmente os resíduos.

Além disso, a especialista indica também a utilização do bicarbonato de sódio. “É um produto que vai proteger o alimento e pode reagir com alguns agrotóxicos que não penetram o fruto, diminuindo a exposição alimentar. E o bicarbonato tem uma base fraca. Usado até mesmo para minimizar a acidez do estômago, ele não traz o risco à saúde que consumir o cloro traz. Não vai danificar o alimento e ainda minimiza o risco de exposição aos pesticidas”, pontua.

Projetos promissores

Com o avanço da tecnologia, produções científicas estão sendo desenvolvidas no Brasil e no mundo para tentar acabar totalmente com a contaminação causada por agrotóxicos nos alimentos e nos líquidos ingeridos.

Um desses projetos é o GlyFloat, uma espécie de filtro-boia com microrganismos programados biologicamente para degradar resíduos de glifosato, o agrotóxico mais utilizado no Brasil, com mais de 173 mil toneladas vendidas apenas em 2017.

O projeto é da Equipe de Biologia Sintética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), um jovem time de 17 alunos dos cursos de Biotecnologia, Biologia, Engenharia Física e Design de Produto com média de idade entre 20 e 22 anos.

A estudante de biotecnologia Deborah Schafhauser, 22 anos, explica que a ideia do projeto surgiu quando eles perceberam a dificuldade que as estações de tratamento de água tinham para retirar o glifosato no Rio Grande do Sul. “Vimos a oportunidade de alinhar o nosso conhecimento com as ferramentas que tínhamos dentro da universidade para criar o produto”, explica.

O projeto consiste em utilizar uma bactéria isolada da espécie Escherichia coli da linha K12 – que habita naturalmente no intestino de humanos e de alguns animais. Trata-se de uma das bactérias mais utilizadas na bioengenharia e microbiologia industrial.

“Identificamos que o metabolismo dessa bactéria possui a capacidade de degradar o glifosato. Então, o objetivo do projeto é fazer com que a bactéria sinta necessidade de degradar o herbicida e assim conseguimos removê-lo da água”, explica. A bactéria é colocada dentro de um filtro. “Elas ficaram fixas no filtro, que vai ficar um rio ou estação de tratamento, como uma boia”, completa.

O projeto ainda está em fase de desenvolvimento, mas em outubro deste ano ganhará o mundo em uma das maiores competições de biologia sintética do planeta, o International Genetically Engineered Machine, a Competição Internacional de Engenharia de Sistemas Biológicos, em Boston. Para bancar a viagem aos Estados Unidos e os custos do projeto, a equipe fez uma campanha de financiamento coletivo pela internet, onde conseguiram arrecadar cerca de R$ 32 mil.

“Após a competição, continuaremos as discussões sobre o futuro do projeto. Gostaríamos de aplicar no mercado, levar as companhias de saneamento e assim tentar fazer o projeto chegar à população. Mas antes disso estamos focados em identificar os pontos a serem concluídos para entregar o melhor material”, conclui Deborah.

Arquivo UFRGSO GlyFloat é uma espécie de filtro-boia com microrganismos programados biologicamente para degradar resíduos de glifosato, o agrotóxico mais utilizado no Brasil Espuma que absorve agrotóxicos

Outro projeto inovador vem da Universidade Federal de Minas Gerais e é liderado pela pós-doutoranda em Engenharia Metalúrgica e de Materiais Marys Braga Almeida. Consiste em utilizar poliuretano – conhecido pelo uso em espumas, como nas buchas para banho – para retirar agrotóxicos da água e de alimentos. “A ideia começou a ser executada no meu doutorado. O objetivo era criar esse material que pudesse retirar contaminantes orgânicos da água, como o pesticida, e que também fosse sustentável, podendo ser utilizado mais de uma vez”, explica.

Sua equipe conseguiu desenvolver uma espuma com reagentes de poliuretano de origem vegetal. “A metodologia consiste em imergir a espuma dentro do sistema, onde ele fica em contato com a água. Deixamos por um determinado prazo, e depois retiramos a espuma. No caso de alimentos, os colocamos dentro da água, junto da espuma”, completa a pesquisadora Marys Braga.

Após isso, os exames comprovaram a remoção dos contaminantes da água. “Com vários testes fomos aperfeiçoando o projeto. Hoje, é possível remover os herbicidas sem afetar os nutrientes dos alimentos. Conseguimos também utilizar a mesma esponja diversas vezes sem saturar o material, garantindo que ela continua a remover os resíduos”, afirma. A primeira etapa de testes foi feita com os herbicidas Atrazina e Trifluralin, utilizado em diversos plantações, como as de alho, berinjela, cebola, cenoura, couve-flor, feijão e tomate.

O projeto continua em desenvolvimento. “A pesquisa precisa avançar mais para chegar até o consumidor. Temos contato com empresas privadas e companhias de saneamento para analisar a sua viabilidade em grande escala. É um estudo que precisa avançar, mas estamos conseguindo ótimos resultados”, avalia a pesquisadora.

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El mundo ha perdido su brújula

IPS español - ter, 04/06/2019 - 16:32

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, durante la rueda de prensa que brindó el 27 de mayo, tras el éxito de su partido, la Liga Norte, en las elecciones europeas. Crédito: Liga Norte

Por Roberto Savio
ROMA, Jun 4 2019 (IPS)

La terrible sensación que tuve al despertarme y ver los resultados de las votaciones italianas en las elecciones europeas del 26 de mayo fue que, de repente, mi país se había llenado de extraños. ¿Cómo podría la mayoría de los italianos reconfirmar a un gobierno que ha sido el más ineficiente de la historia, riñendo por cualquier cosa día tras día y observando con total indiferencia el creciente problema de cómo establecer el próximo presupuesto sin chocar con la Unión Europea ni mortificar a los ciudadanos italianos?

 

El irresponsable debate que sostienen sobre las finanzas italianas ha llevado a una brecha de 290 puntos en el margen financiero (diferencia de valor) con los bonos alemanes.

Además, los resultados han recompensado al ministro del Interior, Matteo Salvini, quien en casi un año ha dedicado un gran total de 17 días a las funciones de su cargo (no de un ministerio marginal… ¿debería eliminarse ahora?), y todos los demás ¿a una campaña electoral?

Bueno, los italianos duplicaron sus votos: de 17 por ciento a 34 por ciento, mientras que redujeron a la mitad los de los desordenados socios gubernamentales del Movimiento 5 Estrellas (cuyo líder, Luigi Di Maio, llegó al puesto de viceprimer ministro, aunque el único trabajo que ostenta en su CV es el de administrador del estadio de fútbol de Nápoles).

¿Qué ha hecho Salvini concretamente, además de bloquear puertos para inmigrantes, exhibir rosarios, biblias y crucifijos en los mítines e imitar el lenguaje corporal de Benito Mussolini?

Entonces, por supuesto, uno puede darse cuenta de que Salvini no está solo y que probablemente mi generación, que se basa en los valores consagrados en la Constitución (solidaridad, justicia social, equidad, paz y cooperación internacional), no puede entender los tiempos en que vivimos.

El 31 de octubre de 2017, el Corriere del Trentino publicó una entrevista en la que afirmé que necesitábamos populistas en el gobierno de Europa lo antes posible para que pronto se haga evidente que, si bien sus denuncias son correctas, no tienen respuesta a los problemas. Y cuando el entrevistador observó que las próximas elecciones venideras eran las elecciones italianas, respondí que como italiano estaba triste pero como europeo estaba feliz, porque los populistas italianos fracasarían miserablemente.

Pues bien, bajo la lógica normal, han fallado. El caótico gobierno ha cumplido pocos puntos de su programa e Italia es el país europeo con un crecimiento cercano a 0 por ciento, pero la mayoría de la población italiana ha visto las cosas de otra manera… así que esto se abre a una pregunta crucial.

Aquellos que luchan por la democracia (observen a Polonia y Hungría con la eliminación progresiva de controles y equilibrios, tribunales, medios de comunicación, sistemas de enseñanza, etc.); por la transparencia y la responsabilidad (piensen en la negativa del presidente de  Estados Unidos, Donald Trump, a revelar sus declaraciones de impuestos); por la justicia social (hoy día solo 80 multimillonarios poseen tanto como 2.300 millones de personas); por la paz (la carrera de armamentos alcanzó la cifra sin precedentes de 1,7 billones de dólares en 2018); y así sucesivamente, ¿entienden realmente por qué nos convertimos en una minoría en muchos países y a nivel global?

Anticipando la muy probable reelección de Trump y el avance de Marine Le Pen sobre Emmanuel Macron en Francia, ¿estamos seguros de que entendemos la nueva política y de que podemos proporcionar una respuesta válida? La pregunta es aún más importante porque la marea es impresionante. Detrás de los que están en el poder (los Trumps, Orbans, Kaczynskis, Erdogans, Putins, Salvinis, Bolsonaros, Dutertes, etc.) acechan los que esperan (como Marine Le Pen, Geert Wilders, Jussi Halla-aho, etc.).

Por supuesto que todos responden a diferentes realidades. Si llamamos nacionalistas a la nueva ola, deberíamos agregar a Narendra Modi, Shinzō Abe, Xi Jinping y a la gran mayoría de los ciudadanos del mundo.

Pero, al menos en Europa, se llaman soberanistas. Esto facilita su comprensión, ya que básicamente comparten una serie de puntos: a) nacionalismo, teñido de racismo; b) xenofobia, dentro de la cual se incluyen minorías y LBGTI; c) el uso de la superioridad moral para representar al adversario como un enemigo del pueblo a quien representan; d) la lucha contra cualquier tratado y estructura internacional que, según afirman, le ha quitado la soberanía a su país; y e) haciéndose eco de Trump: mi país primero. Entonces, la lucha no es entre la izquierda y la derecha; es entre los que están por su nación y los que están asociados con la globalización.

El autor, Roberto Savio

Por cierto, esta es una burda manipulación. Las naciones son la base sobre la cual construimos las relaciones internacionales y son la base de nuestra identidad. El nacionalismo es un extremismo construido sobre un concepto legítimo. Y los principios sobre los cuales se construyeron las Naciones Unidas, por ejemplo, fueron el concepto de desarrollo, que es exactamente lo opuesto a la globalización en el concepto y la estrategia para eliminar la soberanía nacional para aprovechar al máximo el libre flujo de capitales e inversiones y apoyar el sistema transnacional. El desarrollo fue un concepto basado en la idea de que, al final, todos los que participaran en él lograrían más: mientras que la globalización en la idea de que, al final, todos tendrían más.

Un mundo en el que el costo de la publicidad per cápita supera al de la educación y el sistema financiero alcanza volúmenes 40 veces superiores a los de la producción de bienes y servicios, es un mundo claramente en contra del concepto de desarrollo. Claramente, no encajan con el soberanismo esos paraísos fiscales con al menos 40 billones de dólares, cuyos impuestos, si se pagaran a las naciones, sumarían más que el costo total de todos los programas a largo plazo de las Naciones Unidas.

Y recordemos también que antes de la crisis económica de 2008, creada por un sistema bancario corrupto, no había ningún partido soberano a la vista, excepto el de Le Pen en Francia. Sin embargo, el nuevo sistema político apenas ha luchado contra el dramático poder de las finanzas: el primer año de gobierno de Trump tuvo un gabinete con la mayor participación de banqueros en la historia de Estados Unidos (los que luego fueron reemplazados por figuras militares).

No contamos aquí con suficiente espacio para un debate conceptual. Simplemente pongamos nuestra atención en el hecho de que los votantes parecen haber llegado a un punto en el que ignoran el elemento más básico de la acción política: desconfiar de quienes le han mentido, independientemente de cuál sea su inclinación política. Tomaré sólo tres ejemplos: Italia, Gran Bretaña y Lituania.

Como ya se dijo, Italia está ahora en recesión, sin crecimiento a la vista. El gobierno ya ha tratado de ignorar el límite de un máximo impuesto por la Comisión Europea de tres por ciento en el déficit presupuestario. De hecho, esto fue impuesto por el Consejo de Ministros.

Vale la pena recordar que el Consejo, formado por los gobiernos, es el organismo que toma las decisiones que deben ser ejecutadas por la Comisión Europea. El Parlamento Europeo fue creado para introducir el muy necesario principio de los controles y balances. Pero los políticos de todas las tendencias presentaron convenientemente medidas y leyes impopulares que aprobaron en la reunión del Consejo como provenientes de la Comisión.

Salvini y Di Maio se han visto obligados a replegarse de forma ignominiosa y a recortar el déficit del presupuesto italiano después de haber intentado obligar a la Comisión a aceptar un presupuesto desequilibrado. Ahora Salvini afirma que, sumándose a los otros soberanistas europeos, forzará a la Comisión a cambiar las reglas y a aceptar el próximo presupuesto italiano, que no ignora la economía sino las matemáticas.

Hubo un reciente debate televisivo entre la recientemente nombrada viceministra de Economía, Laura Castelli, una joven graduada en administración de empresas, y Carlo Padoan, un respetado economista, profesor universitario, miembro del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Banco Mundial.

Cuando Castelli dijo que no le causaría temor que el margen financiero que separa a Italia de Alemania siguiera creciendo, porque eso no tenía ningún impacto en la economía real ni en el aumento del interés en la enorme deuda italiana, un sobresaltado Padoan trató de corregirla. Pasado un rato, el moderador intentó cambiar el tema, observando que Padoan era una autoridad mundial en el tema. La respuesta de Castelli fue emblemática de la desconfianza de los nuevos políticos con las élites: «¿Por qué? Porque ha estudiado más, ¿significa eso que sabe más que yo?»

Luego, parece que los italianos confían más en Castelli que en Padoan. Después de las elecciones, Salvini anunció que destinará 30 mil millones de euros para la rebaja de impuestos, un claro regalo para el sector empresarial del norte de Italia. Eso significa encontrar al menos 80 mil millones de euros de ingresos para el próximo presupuesto, lo cual es claramente imposible sin un aumento en los impuestos y una reducción seria en los gastos actuales.

Como de costumbre, la educación, la investigación y la salud se verán afectadas, a menos que la Unión Europea acuerde que la regla de tres por ciento se deje a un lado.

En fin, aquí hay una predicción fácil: Salvini descubrirá que sus compañeros de viaje, los soberanistas  de Austria, Holanda, los países nórdicos, los países de Europa Central y del Este, para no olvidar a Alemania, no aceptarán destinar su dinero a salvar el presupuesto italiano. ¿Les mostrará eso a los italianos que no es útil confiar en los mitos en lugar de las realidades?

Salvini ganó por el miedo a la inmigración. Pues bien, según las Naciones Unidas, la población italiana ha estado en declive desde 2015. El año pasado, perdió 160,000 personas, y las proyecciones dicen que perderá 1,8 millones de personas para 2025.

Italia ahora tiene cinco millones de extranjeros, que incluye a 500.000 estudiantes italianos nacidos de padres extranjeros. Se estima que hay 670.000 extranjeros ilegales, contra los cuales Salvini no tomó ninguna acción real: su carta electoral ganadora fue la de cerrar los puertos a los inmigrantes.

Sin embargo, bajo el gobierno anterior, la inmigración era de apenas 119.000 personas en 2017 y 20.120 a mediados de septiembre de 2018. Los inmigrantes representan  7,5 por ciento del total de la población italiana, que en 2018 se estimó en 59,9 millones (de los cuales 71,8 por ciento son urbanos). Según las estadísticas oficiales, Italia tiene 1.673 muertes por día y 1.353 nacimientos… y  22 por ciento tiene 65 años o más, mientras que solo 13,5 por ciento es menor de 15 años.

Los inmigrantes africanos y árabes representan 1,5 por ciento de la población italiana y  2,5 por ciento son europeos. Sin embargo, según una encuesta, los italianos piensan que los inmigrantes representan entre 15 y 25 por ciento de la población. Y creen que la gran mayoría son musulmanes, cuando en realidad son ortodoxos.

Claramente, sin inmigración, la economía italiana y el sistema de pensiones no son viables. Pero es inaceptable decirlo… y no ayuda asegurar que en Japón, el país donde la identidad y la cultura se defienden como intocables, el envejecimiento de la población y la pérdida de productividad han obligado a Abe a aceptar a 230.000 inmigrantes este año.

El segundo ejemplo es Gran Bretaña, hogar de la madre de los parlamentos, considerado un país políticamente civilizado. Pues bien, todo el mundo conoce la saga del Brexit. Pero lo que es impresionante es que, en las recientes elecciones europeas, Nigel Farage ganó más votos que los partidos Conservador y Laborista juntos. Creó el Partido Brexit hace apenas seis meses.

Farage fue fundamental para forzar el famoso referéndum Brexit en 2016. Ese referéndum se basó en mucha información claramente falsa y Farage lo admitió después de ganar. Parte de esta información hecha por Farage fue que 76 millones de turcos se unirían a Europa e invadirían Gran Bretaña, pero Turquía no tiene ninguna posibilidad de unirse a la Unión Europea.

Boris Johnson afirmó que todas las semanas Gran Bretaña daba a la Unión Europea 350 millones de euros, lo que debería ir en su lugar a reforzar el Servicio Nacional de Salud del país: otra cifra tan falsa que está siendo llevado ante los tribunales. Los británicos dieron a Farage 31,6 por ciento de los votos (a los laboristas 14,1 por ciento y a los conservadores 9,1 por ciento) y Boris Johnson está en position de convertirse en el próximo primer ministro. Por supuesto, hay muchas explicaciones para eso, pero todas excluyen cualquier consideración acerca de la elegibilidad de mentirosos probados.

El tercer ejemplo es Lituania, que tuvo elecciones generales justo antes de las elecciones europeas. Lituania tenía 3,7 millones de personas cuando llegó a su fin la Unión Soviética. Para el 2018 se había reducido a dos millones debido a la constante emigración, especialmente por parte de los jóvenes. El partido de la Unión de Agricultores y Verdes blandió la bandera contra la inmigración y ganó fácilmente.

El año pasado, la “invasión” fue en realidad de 54.000 personas, de las cuales 69 por ciento eran lituanos que regresaban. De los inmigrantes reales, todos básicamente de Europa Oriental y Central, los árabes de África fueron un total de 208, de los cuales 120 ya han abandonado el país. Como excusa para los lituanos, podemos decir que tienen un historial de invasiones, represión y resistencia, y que la identidad es un sentimiento fuerte, como en otras partes de Europa Central y Oriental.

Por cierto, el territorio de la antigua Alemania Oriental es el corazón de la extrema Alternative fur Deutschland (AfD) y tiene pocos inmigrantes, a diferencia de Alemania Occidental, donde la AfD no logró mucho. Pero, desde cualquier punto de vista lógico, es difícil creer que los sentimientos y no la realidad puedan desempeñar un papel primordial.

Por supuesto, hay muchas preguntas difíciles. Observemos a Ucrania, donde  73 por ciento de los votantes eligió a un comediante no probado, Volodymyr Zelenksy. Eso demuestra que los sentimientos son, de hecho, una realidad. Pero entonces, ¿por qué en los Estados Unidos, cuna del feminismo, 43 por ciento de las votantes de Trump eran mujeres que eligieron a un claro defensor de la misoginia y un mujeriego conocido?

En otras palabras, la realidad ya no es un factor en las elecciones. Otros factores como los sentimientos son más importantes. Y si bien no tenemos espacio para presentar un análisis serio de esto, solo ofrezcamos algunas consideraciones sobre las cuales reflexionar.

1) Los historiadores están de acuerdo en que la codicia y el miedo son probablemente los elementos más importantes del cambio. Si es así, recordemos que con el derrumbe del Muro de Berlín en 1989 y con las ideologías declaradas muertas, los ganadores introdujeron la globalización como la ruta para la cual no había alternativas (TINA, Margaret Thatcher). Esto se incluyó en el llamado Consenso de Washington, que redujo la función del Estado en la medida de lo posible para dar paso libre al movimiento de capitales. Los costos sociales se consideraron improductivos y luego se eliminó la diferencia entre los bancos de depósito y los bancos de inversión (Clinton, 1999), lo que dio origen al sistema de finanzas que ahora sufrimos. Entre otros cambios para la codicia no regulada, no olvidemos la Tercera Vía de Tony Blair, una aceptación de la globalización desde la izquierda para darle un rostro humano y hacerlo menos dañino. El resultado ha sido una separación de la izquierda europea de su base y la progresiva desaparición de un debate basado en los valores que habían puesto a los humanos en el centro, a favor de los nuevos valores: la competencia, el éxito individual, la riqueza como la base de las relaciones sociales y los mercados como centro de las relaciones internacionales.

2) Eso fue acompañado por un declive del multilateralismo, la paz y la cooperación internacional. Los Estados Unidos fueron el principal motor para la creación de las Naciones Unidas, con un compromiso para proporcionar su sede y pagar el 25% del presupuesto. Pero, en 1981, Ronald Reagan tomó distancia, declarando que su país no podía aceptar tener un voto como los demás y que no aceptaría resoluciones vinculantes de una mayoría compuesta por los países más pequeños. Y luego Trump llegó con la última gota que rebosó la copa, con la campaña “América Primero”, que en realidad significa “América Sola”, predicando que los Estados Unidos no tenían amigos o aliados que limitaran su acción. Este fue el acto final contra el multilateralismo.

3) En 2008, la crisis económica se extendió a todo el mundo desde el sistema bancario e Estados Unidos, creando una ola de temor, desempleo, rebaja de salarios, pérdida de puestos de trabajo y precariedad, todo lo cual el sistema político no pudo afrontar en gran medida porque su dimensión global iba más allá de la capacidad de respuesta nacional, además de un marcado deterioro de la competencia política. Esto sucedía acompañado por un aumento de la corrupción, a medida que la política se limitaba al corto plazo y se orientaba a problemas administrativos, sin ningún marco ideológico.

4) Trump ha creado una situación ondulante, con la Nueva Derecha (o Derecha Alternativa, como la llama Steve Bannon), libre de las consideraciones morales y éticas que surgieron de la Segunda Guerra Mundial. La Nueva Derecha puede conducir una política basada en la codicia y mucho más miedo, utilizando a los inmigrantes y las minorías como el enemigo que hay que combatir para defender las identidades e historias nacionales. Esta narrativa ha creado nuevas divisiones: rural contra urbana; la élite como enemiga de las personas comunes; cualquier acuerdo internacional como camisa de fuerza de la nación; la recuperación de un pasado glorioso como base para el futuro. Trump ha legitimado el comportamiento que antes se consideraba inaceptable y, durante su muy probable segundo término, cambiará aún más el mundo que hemos creado a partir de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial.

5) Internet ha seguido un curso equivocado. En lugar de ser el nuevo instrumento para la comunicación horizontal y el intercambio, se ha convertido en un creador de mundos virtuales y fragmentados donde las personas se agrupan a lo largo de líneas partidistas y ya no intercambian puntos de vista e ideas. Es un escenario de insultos y odio, manejado por identidades falsas con noticias falsas, donde los ciudadanos son vendidos como consumidores por una serie de logaritmos basados en la maximización de las ganancias. Ha creado las fortunas más grandes en la historia de la humanidad: billonarios que no se sienten responsables de los valores e intereses sociales. Esto ha ayudado a crear una pérdida en la calidad del debate político y a acudir al recurso de los sentimientos y las agallas, en lugar de la racionalidad política. Trump tiene 60 millones de seguidores en Twitter, más que todos los medios estadounidenses combinados. Ellos no compran periódicos y creen lo que dice Trump. Esto conducirá a su reelección, a menos que se produzca un error grave, pero con la barra de tolerancia cada vez más alta.

Vamos a detenernos aquí. Hay, por supuesto, muchos más puntos de reflexión pero, cualquiera que sea esta reflexión, recordemos que las ideas políticas van y vienen en la historia. Ciertamente, el soberanismo no está tan estructurado como el comunismo o el fascismo. Era normal que los políticos escribieran libros. Ahora, Trump incluso se jacta de no leerlos para evitar que sus ideas se vean influidas. La Nueva Derecha está básicamente libre de contenido, aunque es experta en movilizar los sentimientos de las personas. Por tanto, esta oleada también terminará.

La pregunta es: ¿podrá la humanidad crear de nuevo un sistema político basado en valores? Y, antes de que eso suceda, ¿llevará la Nueva Derecha a guerras y sangre con su nacionalismo extremo? Mirando la movilización sobre el cambio climático, liderada por una joven sueca que es una carta ganadora en las elecciones europeas, hay razones para alimentar la esperanza (aunque ahora el cambio climático se ha convertido en un tema de la izquierda).

Nos enfrentamos a un riesgo dramático: si fracasamos, una vez que la mitología del soberanismo se derrumbe ante una realidad dramática sin resolver, las personas que han perdido la esperanza y la confianza en la política tenderán a buscar la salida del caos en un Hombre Providencial, como el papa Pío XI llamó a Benito Mussolini.

Periodista italo-argentino, Roberto Savio  fue cofundador y director general de Inter Press Service (IPS), de la que ahora es presidente emérito. En los últimos años también fundó Other News, un servicio que proporciona “información que los mercados eliminan”. 

RV:EG

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México frena flujo migrante

IPS español - ter, 04/06/2019 - 14:48

Crédito: Ángeles Mariscal/En el Camino

Por Ángeles Mariscal
TAPACHULA, México, Jun 4 2019 (IPS)

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que México detenga la “invasión” de migrantes bajo penas de cargas arancelarias despertaron de nuevo discurso humanitario por parte del gobierno de este país.

“Todos los migrantes merecen nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra mano fraterna”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la amenaza de Trump del 30 de mayo, sobre la súbida de los aranceles desde cinco a 25 por ciento, a partir del 10 de junio, si el gobierno mexicano no impide el pase de migrantes a territorio estadounidense.

Sin embargo, un recorrido por la frontera sur refleja otra realidad: La contención y control migratorio pega todos los días. De ello pueden dar cuenta más de 1.600 migrantes de África y Haití que se encuentran detenidos en una estación migratoria provisional, en condiciones que semejan a un campo de refugiados, donde no tienen la opción de salir yni comunicarse porque su pasaporte y teléfono fueron requisados.

También lo pueden atestiguar otros cientos de personas que habilitaron chozas en las calles de Tapachula, con cartones, láminas y plástico. Tienen la intención de regularizar su estatus migratorio, pero han esperado semanas enteras sin ser recibidos por personal del Instituto Nacional de Migración (INM).

O quienes quedaron atrapados en municipios fronterizos porque únicamente lograron conseguir “tarjetas de visitantes regionales”, que les impiden avanzar en su ruta rumbo a Estados Unidos; y los cientos que están siendo víctimas de operativos de cateos en hoteles, transportes y calles.

Escapar, intentar avanzar rumbo al norte, es hoy un riesgo que se multiplica. En tan sólo 150 kilómetros que van de la frontera del río Suchiate al municipio de Mapastepec, elementos de la Policía Militar que integran un sector de la Guardia Nacional se sumaron a agentes de migración en al menos ocho puntos de contención. Cerrarles el paso a los migrantes es la consigna.

Militares, con permiso para intervenir

El pasado 20 de mayo una centena de policías militares y elementos de la Secretaría de Marina bajaron con escudos antimotines y armas largas en mano, frente a la Estación Migratoria Siglo XXI. Instalaron un campamento. Luego fueron extendiendo su presencia a lo largo de la frontera, en puestos de control que también se fueron multiplicando en la región.

El INM dijo que formaban parte de la Guardia Nacional y que apoyarían en el resguardo de estos lugares.

Una semana después, el 27 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley de la Guardia Nacional, instancia que según el artículo 9, entre sus atribuciones, “actuará en aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades responsables (…) Realizará en coordinación con el Instituto Nacional de Migración la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras a fin de verificar su estancia regular”.

Crédito: Ángeles Mariscal/En el Camino

Es decir, “ahora habrá una persona con una arma intimidatoria que le podrá preguntar a los migrantes de dónde vienen, a dónde van, cuáles son sus documentos, una situación que hasta el momento no se había visto”, explica Fernando Ríos, integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT).

Alethia Fernandez, especialista del Seminario Universitario de Desplazamiento Interno Migración, Exilio y Repatriación (Sudimer), y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), detalla que esta medida refleja “una enorme incongruencia en el discurso que hemos escuchado constantemente de que México es un país que no reprime, que México es un país con una política migratoria con un enfoque en derechos humanos”.

Ríos y Fernández forman parte de las y los representantes de más de 100 organizaciones de la sociedad civil de México, Centroamérica y Estados Unidos, académicos de la UNAM, UNACH y Universidad Iberoamericana, observadores de derechos humanos -entre ellos el  Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, el Grupo Impulsor Contra la Detención Migratoria y la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica, y la Red TDTT- y periodistas, quienes entre el 29 y 31 de mayo realizaron un recorrido desde la frontera que inicia en el río Suchiate, hasta los municipios que migrantes recorren en su ruta.

En ese recorrido de observación cuando se disparó de nuevo el debate verbal entre los presidentes de Estados Unidos y México, por el tema de la migración. La verificación en campo no dio lugar a dudas sobre cómo viven las personas migrantes, más allá de los discursos políticos.

“Hay una contradicción del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando asegura que hay condiciones dignas para los migrantes, mientras opera todo un sistema para perseguirlos, para controlarlos, para condicionarlos, para meterlos en estaciones migratorias que son entornos torturantes”, subrayó Fernando Ríos, al analizar la acción de agentes militares y la estructura militar que está fortaleciendo la estrategia de contención a la migración.

Lo que pareciera únicamente una presencia disuasoria “eventualmente tiene un impacto en el actuar cotidiano del funcionario de migración, al aumentar los niveles de maltrato, criminalización, porque está trabajando al lado de un militar. Esto genera un enfoque muy diferente de lo que era un enfoque administrativo (quienes ingresan sin documentar su estancia en México cometen, según la ley, una falta administrativa), a un proceso de criminalización”, acotó la especialista de la UNAM.

La llegada de militares para hacer trabajos de contención a la migración tomó por sorpresa no sólo a la población en tránsito, sino a los militares mismos. Así lo manifestó un coronel asignado al centro de control de Huehuetán.

“Ustedes tienen claro su trabajo, lo que tienen que hacer. Nosotros no. Nosotros fuimos entrenados para obedecer en situaciones extraordinarias. Acá no sabemos cuál es nuestro papel aquí”, confió, molesto, el uniformado a una de las integrantes del grupo de observación.

La espera en campos de refugiados

En 2018, poco más de 18.000 migrantes solicitaron refugio en México. En los primeros cuatro meses de 2019, la cifra ya alcanza 16.000, según información de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). El refugio, es uno de los recursos a los que tienen acceso migrantes que huyen de sus países para escapar de la guerra, la violencia, la persecución.

Crédito: Ángeles Mariscal/En el Camino

El refugio es una alternativa para quienes entran a México provenientes de países como El Congo, Camerún, Nigeria, Angola, La India o Haití. Pero México ocupa el lugar 123 a nivel mundial en recibir a refugiados.

En 2018 solo dio refugio al 8 por ciento de las personas que lo solicitaron, según datos estadísticos de la Secretaría de Gobernación. La Comar tenía pendiente resolver a 7 de cada 10 solicitudes, bajo el argumento de que estaban rebasados en su capacidad de respuesta.

Cada uno de los días de este año, decenas de personas solicitantes de refugio hacen fila afuera de las oficinas de la Comar de Tapachula. En el contexto de emergencia humanitaria que se vive en la frontera sur de México, quienes realizan la solicitud pueden considerarse afortunados.

No es el caso de los miles de migrantes originarios de África, Asia y Haití, quienes durante más de tres meses esperaron, día y noche, afuera de la estación migratoria Siglo XXI, para iniciar sus solicitudes. Poco lo han logrado.

Con la llegada de la Guardia Nacional al lugar, fueron “persuadidos” para que se trasladaran a hacer la espera en el interior de las instalaciones de la Feria Mesoamericana.

Bajo cinco inmensas galeras de techo de lámina, el gobierno mexicano colocó colchonetas de 180 x 65 centímetros, una junto a la otra, como único espacio propio al que migrantes pueden acceder en este lugar.

Aniska nació en este lugar. Ella y su madre, Enite, duermen en una de esas pequeñas colchonetas, al lado otros hombres y mujeres quienes apenas se conocen.

La única norma que medianamente se respeta en este lugar es la agruparse por continente o nacionalidad. Los más privilegiados se hicieron de una silla para sentarse, otros de pequeñas casas de campaña que pueden darles un poco de intimidad.

Enite habla algo de inglés y así logra explicar que lo prioritario para ella en este momento es tratar de comer algo de fruta porque la dieta con base en atún y arroz que le dan en este lugar le impide a su cuerpo generar leche suficiente para amamantar a la recién nacida.

Junto a Aniska, una niña de unos 3 años se rasca intensamente las piernas y la cabeza. Para los 1.600 migrantes solo hay disponible dos docenas de baños y unos 10 lavaderos.

Hay miles de niños y niñas en estos centros de detención, con graves problemas sanitarios y en condiciones que fomentan que enfermen y propaguen enfermedades. El hacinamiento, altas temperaturas y lluvias, son una constante.

Salir de aquí parece lejano, más si no se tiene acceso a un traductor que les explique el procedimiento que tienen que llevar, si ni siquiera les permiten acercarse a los agentes del INM. Guardias privados fueron contratados para cuidar el interior del recinto.

“Hay más gente todo el día, más gente todo el día. Algunos días ellos (agentes del INM) llaman 20 africanos, 20 haitianos, 20 de la India. Hay mujeres africanas, niños africanos, mujeres embarazadas. Cuando muchas personas entran juntas no saben qué va a pasar. Así las cosas nos dejaron a nosotros aquí, no sabemos cuando vamos a salir. Nosotros no tenemos acceso a nada, se quitan los teléfonos, se quita el pasaporte” al entrar, explica Jordan, originario de Haití.

Él llegó a la frontera sur de México el 28 de marzo y aún espera realizar su solicitud de refugio, como otros miles que se sumarán a las largas listas de la Comar. Los días transcurren uno tras otro en este lugar que en los hechos es un campo de refugiados habitado por migrantes que no han podido hacer una solicitud para regularizar su estancia en el país. En la espera nada cambia salvo el estado de ánimo que se deteriora cada día.

Daniella Burgi, de la organización Latinoamérica Working Group, ubica claramente estos obstáculos burocráticos que complican y alargan los proceso de espera, como parte de una estrategia de desgaste y contención que disuadir a las personas migrantes para que desistan.

Crédito: Ángeles Mariscal/En el Camino

“Esto es doblemente grave porque las personas ya vienen de un contexto de trauma y de violencia en sus países (…) las autoridades han manifestado sentirse rebasadas, sin recursos económicos, y esa falta de recursos suficientes se toma como pretexto para  permitir las actuales situaciones en las que se encuentra la población migrante”, advierte.

Inmovilizados

Afuera la espera no parece ser diferente porque en los hechos, salvo que se tomen rutas de extravío por lugares controlados por la delincuencia organizada, las personas migrantes están atrapadas en la región, de una u otra forma.

Josué es cubano. El 23 de marzo se integró a la caravana de migrantes de El Caribe y Centroamérica. Fue la primera en donde la población migrante de Cuba tomó un papel protagónico. Cansados de largas esperas en las oficinas migratorias, un día decidieron protestar; la respuesta de las autoridades fue la cancelación de los trámites de regularización. Por ello unas 3 mil personas emprendieron la marcha rumbo al norte, a pie.

No avanzaron más de 150 kilómetros cuando fueron interceptados y obligados a permanecer en un albergue provisional instalado en un campo deportivo del municipio llamado Mapastepec.

También ahí tuvieron que esperar varias semanas hasta que intentaron nuevamente avanzar, entonces vinieron las detenciones masivas. A partir de ese momento más de medio millar de migrantes cubanos han sido detenidos y deportados.

Josué y unas 80 de sus compatriotas optaron por aceptar recibir tarjetas de visitantes regionales, documento que les permiten trabajar, pero los confinan a permanecer en el estado de Chiapas. Si salen del estado serán deportados.

La amenaza los ha inmovilizado. Se sienten atrapados física y psicológicamente en el pequeño poblado de apenas una veintena de calles. Cada día, explica Josué, él y un grupo de jóvenes migrantes se acerca a las instalaciones deportivas donde ahora solo hay una carpa rasgada que colocó la Unicef, y unos techados de palma donde cuelga un cartel que dice “migrante”.

“Vengo para ver si pasa algo, si alguien viene (…) a nosotros nos dijeron que nos iban a dar la tarjeta de visitante por razones humanitarias y con esa sí podemos seguir el camino. Yo ví las tarjetas, sí nos la iban a dar pero después las cambiaron. A lo mejor si decimos que nos las dieron y las perdimos, las podamos obtener”, dice como para si mismo. De momento la ilusión de que esa tarjeta haya existido y en algún momento pueda acceder a ella, es el único escape que tiene.

Los impactos emocionales no se perciben pero forman parte de esa otra forma de control que busca inmovilizar a la población migrante. La incertidumbre, el caos, la inseguridad de dar un paso que lleve a la deportación, acompaña no sólo las percepciones sino la cotidianidad de cada migrante varado en la frontera sur.

Kenout, su esposa y su bebé de meses, originarios de África, ya habían conseguido que el gobierno mexicano les diera un pase de salida del país con vigencia de 20 días. Este documento les ordena abandonar México por cualquiera de sus fronteras. Es un recurso utilizado por la población migrante para llegar hasta la frontera norte sin ser detenidos, y pedir asilo en Estados Unidos.

Sin embargo, el viernes 24 de mayo, cuando juntaban recursos económicos para avanzar, su esposa fue recluida en las instalaciones de la Feria Mesoamericana. La falta de un traductor hizo imposible que ella explicara que ya tenía el pase de salida.

Kenout quedó en la calle con su bebé lactante, quien no para de llorar por la falta de alimento. A sus 26 años, los ojos de este joven migrante también se tornan acuosos por el llanto cuando con ayuda de una misionera logra explicar su situación a una integrante de la Red Jesuita con Migrantes.

A Velky Berotera se le quiebra la voz cuando explica que la mañana del 31 de mayo su esposo Gerald Zavala y sus hijos de 8 y 10 años, fueron bajados del transporte público en la ciudad de Tapachula, y recluidos en el interior de la estación migratoria Siglo XXI.

La familia hondureña compuesta por cinco miembros tiene iniciada ante la COMAR una solicitud de refugio, y ello los faculta para transitar en la región libremente. Eso no importó a los agentes migratorios y policías que los detuvieron cuando se dirigían al centro de la ciudad.

La situación de Kenout, Velky no son una excepción sino la regla. El discurso oficial haciendo llamados para que migrantes entren al país de forma documentada se confronta con la cotidianidad que cada día viven miles de personas en tránsito.

Basta detenerse unos minutos afuera de las estaciones y oficinas migratorias para dar cuenta de decenas de personas que intentan ser migrantes regulares y son nuevamente vulnerados en sus derechos. La regla es entonces el caos, la incertidumbre, el miedo que inmoviliza. De una u otra manera, el gobierno mexicano busca frena el paso de migrantes en la frontera sur.

Organismos humanitarios que recorrieron la zona llamaron al Estado mexicano a transitar de una política migratoria basada en seguridad nacional a una centrada en la seguridad humana, que respete los derechos de las personas que migran, y que no coloque a las personas en tránsito como moneda de cambio de acuerdos económicos.

Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

El artículo México frena flujo migrante fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Pedaleando por un aire limpio en América Latina

IPS español - ter, 04/06/2019 - 13:34

Ciclorruta recreativa en Bogotá. Crédito: Municipalidad de Bogotá

Por Corresponsal Fao
PANAMÁ, Jun 4 2019 (IPS)

El transporte produce 25 por ciento de las emisiones en América Latina y el Caribe. Mientras el aire de la mayoría de las capitales de la región ha llegado a ser casi irrespirable, el ciclismo ha capturado la imaginación de miles de latinoamericanos.

Cuatro de las principales urbes de la región han tomado medidas para promover opciones de movilidad sostenible que reduzcan la contaminación del aire y están fomentando el uso de la bicicleta como una medida concreta para limpiar el aire.

Se trata de cuatro iniciativas exitosas que están cambiando la manera en que los latinoamericanos se mueven en sus vidas diarias.

Transformando la movilidad de una megaciudad

En 2010, el servicio de bicicletas públicas Ecobici irrumpió en las calles congestionadas de la Ciudad de México, una de las urbes con mayor contaminación del aire en América Latina.

Ecobici ofrece una alternativa de bajo costo para reducir el uso del vehículo en la capital mexicana, por donde circulan unos 5 millones de autos.

En la actualidad, 170.000 personas se han afiliado al sistema y se han realizado 60 millones de viajes. Un 20 por ciento de los usuarios dejaron de usar automóviles particulares o taxis, y ahora privilegian la bici como su medio de transporte. Un 95 por ciento cree que gracias a este sistema la movilidad urbana ha mejorado, de acuerdo con una encuesta oficial.

Ecobici inició operaciones con 85 cicloestaciones y 1.200 bicicletas. Ahora cuenta con 480 estaciones y más de 6.800 unidades, de las cuales 340 tienen pedaleo asistido e incluyen pantallas táctiles con mapas en tiempo real y cargadores USB.

El servicio llega a 55 colonias (barrios) de la ciudad, en un área de 38 kilómetros cuadrados.

La red de bicicletas públicas de Ciudad de México es la mayor de América Latina y el Caribe, una región donde el automóvil ha sido tradicionalmente un símbolo de prestigio, pero donde la bici va ganando popularidad.

En la región, un total de 12 ciudades tiene servicios públicos como estos, según un estudio de 2015 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El sistema público y gratuito de bicicletas de Buenos Aires, también llamado Ecobici, cuenta con 2.500 unidades repartidas en 200 estaciones, y BiciQuito, en la capital de Ecuador, ya tiene más de 1.000 bicicletas en 25 estaciones.

Un niño disfruta sobre su bicicleta en la capital de Colombia. Crédito: Laura Dixon/ONU Medio Ambiente

La bici, parte del estilo de vida de Bogotá

El ciclismo se ha convertido en parte de la vida de miles de habitantes de Bogotá.

La capital de Colombia tiene el esquema de ciclorrutas más grande de América Latina, con 540 kilómetros de carriles exclusivos para bicicletas. En 2015, al menos cinco por ciento de los viajes se realizaban en bicicleta, según el BID.

Bogotá, al igual que otras capitales de la región, fue diseñada para los automóviles. Pero desde la década de 1970, las autoridades entendieron la importancia de promover el uso de bicicletas y comenzaron a construir los primeros carriles exclusivos. Hoy en día, alrededor de 2 millones de personas utilizan estas ciclovías.

El ciclismo es parte de un estilo de vida más saludable, especialmente entre los niños. Un estudio reciente descubrió que los niños de entre 6 y 10 años que usan los domingos las rutas recreativas de Bogotá tienen, en promedio, seis minutos más de actividad física vigorosa por día que los que no lo hacen.

Sin embargo, debido a que algunos de los carriles para bicicletas están abiertos solo los domingos, muchos critican el programa por enfocarse más en la recreación que en el transporte sostenible.

Por lo tanto, las autoridades de la ciudad han decidido dar un paso audaz y abrir un proceso de consulta para construir una política sobre el uso de las bicicletas.

La alcaldía de Bogotá espera alcanzar los 580 kilómetros de carriles exclusivos para ciclistas a fines de 2019 como parte de su plan para convertir a Bogotá en la “capital mundial de la bicicleta”.

Ciclistas recreativos por una de las calles de la capital de Argentina. Crédito: Gobierno de Buenos Aires

Ciencia ciudadana contra la contaminación en Buenos Aires

Las bicicletas también pueden ayudar a monitorear la calidad del aire. En Buenos Aires, 30 ciclistas voluntarios están midiendo las concentraciones de material particulado a través de sensores instalados en sus bicis.

El dispositivo, facilitado por la iniciativa Open Seneca de la Universidad de Cambridge, permite precisar la ubicación de las mediciones para determinar los lugares donde las personas están expuestas a una mayor contaminación.

Uno de los objetivos de del proyecto “es presentar un reporte con los resultados al Congreso de la Nación para que legisle en materia de polución del aire”, dijo Matías Acosta de la Universidad de Cambridge, la institución que promueve la iniciativa con el apoyo de las embajadas de Canadá y Gran Bretaña en Argentina, y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Open Seneca, un proyecto de ciencia ciudadana, aspira a que personas de distintas partes del mundo desarrollen y usen estos sensores de bajo costo para visibilizar el problema de la contaminación y ofrecer a los gobiernos datos confiables que impulsen medidas concretas en favor de un aire limpio.

“Hoy estamos iniciando una nueva etapa. Han salido voluntarios con sus bicicletas a monitorear la calidad del aire, de manera tal de que podamos entre todos cuidar del ambiente y de la salud de la gente”, dijo en mayo  Sergio Bergman, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La información que recaben los ciclistas se incorporará a las mediciones de la red automática de monitoreo atmosférico de Buenos Aires. Los datos de esta red se publican diariamente en el sitio web del Gobierno de la ciudad.

Costa Rica: las bicicletas en el centro de una política nacional

Costa Rica ofrecerá incentivos fiscales a las empresas que promuevan el uso de bicicletas entre su personal. Así lo determinó una reciente ley que regula el uso de bicicletas como parte de la estrategia para descarbonizar el país antes de 2050.

Cada vez más empresas cuentan con espacios exclusivos de estacionamiento, duchas y vestuarios para sus empleados, entre otras instalaciones.

El transporte genera más de 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la nación centroamericana.

Para reducir los contaminantes relacionados con el transporte, el gobierno está apostando por una movilidad limpia, y la ley sobre el uso de bicicletas es uno de los primeros pasos en esa dirección.

La ley exige una mejor infraestructura para los ciclistas y educación sobre seguridad vial, una materia que será obligatoria para todos los estudiantes en escuelas públicas y privadas. El documento también alienta y regula los sistemas municipales de bicicletas compartidas.

Las iniciativas públicas y privadas que promueven las bicicletas ya están en auge en el país. BiciBus, una compañía que brinda asesoría a quienes desean reemplazar sus autos con bicicletas, es una de ellas. Otra es la insignia de Ciclo-Incluyente, que se otorga a las empresas amigables con los ciclistas.

El año pasado, un equipo apoyado por ambos grupos recorrió 917 kilómetros en bicicleta desde San José hasta Ciudad de Panamá para crear conciencia sobre el papel de las bicicletas en la construcción de sociedades más limpias y saludables.

Este artículo fue originalmente publicado por ONU Medio Ambiente América Latina y el Caribe, con quien IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial para la difusión de sus materiales.

RV: EG

El artículo Pedaleando por un aire limpio en América Latina fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Entrevistas escolhidas pelos Aliados

Pública - ter, 04/06/2019 - 13:06

Todo mês, os participantes do nosso programa de Aliados sugerem e votam em nomes para serem entrevistados pela nossa equipe. Nesta página, você pode ler todas as entrevistas. Quer escolher quem vamos entrevistar? Seja Aliado da Pública!

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Dominic Barter: “Nossa cultura tem medo do conflito”

Pública - ter, 04/06/2019 - 13:05

“Contraintuitivamente se eu fizesse aquilo que me dava mais medo eu iria, na verdade, me tornar mais seguro”, comenta o britânico Dominic Barter sobre sua experiência ao subir os morros cariocas há 27 anos. Nome escolhido pelos Aliados da Pública para a entrevista do mês, Barter trabalha com Comunicação Não-Violenta (CNV), Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas.

Para ele, diálogo e escuta empática são premissas da CNV. “Comunicação Não-Violenta é como se fosse o sistema operacional e mediação e justiça restaurativa são como programas desse sistema”, exemplifica.

Colega e pupilo de Marshall Rosenberg, psicólogo precursor das pesquisas em CNV, Barter avalia que o conflito é um aspecto saudável de qualquer relação que vale a pena. “Se vale a pena, em algum momento, a gente vai ter conflito”.

Perguntado se é possível valorizar a empatia quando o outro não costuma ser prioridade ele diz que a única resposta honesta é que “não sabemos”. E alerta: “A ausência de diálogo — com nós mesmos, com o outro, na sociedade — está produzindo formas de viver insustentáveis. Não há futuro coletivo sem diálogo”.

University of RochesterBarter: referência na pesquisa e prática da Comunicação Não-Violenta

O que é Comunicação Não-Violenta (CNV) e como a define?

É um processo de pesquisa e ação que busca criar as condições necessárias para que as pessoas possam colaborar e se entender, construindo as condições mais propícias para a vida, seja na relação delas com elas mesmas, seja nas relações interpessoais. Ou, no terceiro nível, seja na nossa atuação e nossa responsabilidade para criar e manter os sistemas sociais. A CNV é uma proposta de ver esses três elementos intimamente interconectados.

Tem alguns termos usados neste universo que acho importante esclarecer. Tem a mediação de conflitos, círculos restaurativos e a próprio CNV. Onde se enquadra cada um?

Eu penso que Comunicação Não-Violenta é como se fosse o sistema operacional, e mediação e justiça restaurativa são como programas desse sistema.

Como isso chega em você?

O que faço hoje em dia começou antes de conhecer a Comunicação Não-Violenta. Eu tinha chegado no Rio em 1992 e fiquei impressionado como qualquer estrangeiro fica com a beleza, a cultura e com as pessoas. Mas também profundamente chocado com a realidade social. Eu lembro que se eu tivesse chegado em Johanesburgo [África do Sul], em 1992, estaria tão chocado quanto chegar no Rio. Mas eu sabia o que era apartheid.

O que me chocou duplamente no Rio era o extremo apartheid social e o discurso das pessoas que encontrei de que não isso não existia. “Tem pobreza, tem violência, é difícil, mas é todo mundo junto”. E eu: “mas como assim? Não tô vendo todo mundo junto, estou vendo terríveis abismos de entendimento entre diferentes grupos sociais”. Eu vi isso se manifestar de muitas formas mas não sabia o que fazer. Eu não tinha conhecimento, não tinha dinheiro, não tinha ONG, não tinha colegas, não tinha nem segundo grau completo e apenas 40 palavras de português…

O que você fez?

Eu não tolerava viver na cidade desse jeito, então quando meu visto terminou fui embora. E consegui voltar um ano depois com oferta de trabalho por uma temporada pequena. E dessa vez tentei fazer alguma coisa. Mas as pessoas justificavam: “olha, além de tudo que a gente falou antes, é incrivelmente perigoso. Você vai morrer”. Aí me submeti a esse medo. Anos depois li que quando um jornalista perguntou a Gandhi qual o oposto da não-violência — talvez pensando que ele iria falar agressão, violência, repressão — Gandhi falou: “o oposto de não-violência é submissão ao medo”. E foi exatamente esse o estado em que eu estava: submetido ao meu medo. O medo da minha incompetência, o medo do desespero da situação.

Quando voltei ao Brasil pela terceira vez em 1995 cheguei mais perto da situação que me doía tanto. Precisava sair dos lugares onde eu tinha andado até então. E comecei a pegar os ônibus até o final da linha, pegar o trem até Japeri, e sair para conhecer os lugares onde outras pessoas me disseram: “olha, você vai lá e pode acontecer alguma coisa”.

Eu queria chegar mais perto porque minha hipótese para testar era de que talvez a violência tivesse sido antes meramente um conflito. E antes disso uma tentativa frustrada de dialogar. Pensei que a violência era como se fosse um grito que precisa ter esse volume por causa da distância entre as pessoas. Por causa da negação do conflito social.

O grito e a violência é uma maneira de dizer: “não, eu vou provar pra você que a gente vive juntos. Eu vou provar pra você que nosso bem estar está intimamente entrelaçado e não existe tranquilidade pra um se não existe tranquilidade pro outro”. Se eu chegar mais perto o grito vai voltar a ser meramente conflito. Mais perto ainda, meramente diálogo. Então comecei a subir os morros.

Qual foi o primeiro morro que você subiu?

Santa Marta, depois Vidigal, Tavares, Prazeres… foi ao longo de uma série de meses que fui conhecendo diferentes lugares.

Quando você subia os morros o que você tinha em mente?

Contraintuitivamente se eu fizesse aquilo que me dava mais medo eu iria, na verdade, me tornar mais seguro. Se eu me aproximasse do que era me apresentado como sendo uma ameaça, conhecendo as pessoas do outro lado, talvez essa ameaça se transformasse. Queria testar essa hipótese.

E deu certo?

Foi estranho. Foi desconfortável entrar na comunidade de outras pessoas sem propósito, ou sem o que parece um propósito. As pessoas, normalmente, pensavam que tinha ido lá para comprar drogas. Que é esse gringo vagando pelo morro? Eu explicava que não estava lá para isso e eles me olhavam meio torto e iam embora… tinham mais o que fazer. Mas um grupo de crianças, não. Ficamos sentados lá no meio-fio batendo papo comigo. Eu comecei a frequentar mais os lugares e quando o fazia parecia mais um passo de proximidade. Parecia que dava liga. E essa liga estava transformando minha experiência de estar no Rio.

E como você foi moldando tudo isso?

O desafio maior para mim era vibrar com a perturbação de uma outra pessoa, ser solidário com uma experiência de tensão, de ameaça ou de conflito. Como você se conecta com alguém que está passando por alguma dificuldade? E a tentativa de fazer isso, de ouvir essa dificuldade, se desenvolveu nos círculos restaurativos, que acabaram sendo a primeira prática de justiça restaurativa brasileira, depois de nove anos de experimentação no nível comunitário, algo que foi solicitado pelo Ministério de Justiça nos primeiros projetos pilotos de justiça restaurativa da Secretaria da Reforma do Judiciário. E, de repente, a gente estava fazendo isso, algo desenvolvido por mim e essas crianças de sete, oito anos, dentro da vara de infância, dentro da Fundação Casa etc.

Como o Marshall Rosenberg, psicólogo precursor das pesquisas em CNV, surge na sua trajetória?

No desenvolvimento dos círculos restaurativos que conheci o Marshall, mais ou menos um ano e meio depois de começar a passar tempo com esses jovens nos morros. E quando conheci Marshall foi incrível, porque ele tinha conceitos, linguagem e 35 anos de prática fazendo coisas diferentes de mim mas dentro do mesmo campo de pesquisa.

Eu não tinha nada, não tinha experiência, nunca tinha ouvido falar de justiça restaurativa, não sabia o que era mediação na prática. Então conhecer Marshall naquele momento foi uma salvação.

O fato de ser o Rio de Janeiro é interessante por ser, em muitos aspectos, uma cidade com muita violência, o que traz esse aspecto negativo…

Negativo e positivo. Eu sempre penso que o Rio é o imaginário do Brasil. É como se fosse uma ficção real que a gente tem do Brasil.

Na sua opinião o conflito é um aspecto natural da vida das pessoas?

Acho que é um aspecto saudável de qualquer relação que vale a pena. Se vale a pena, em algum momento, a gente vai ter conflito.

Do que entendi, a sua atuação é até para colocar um olhar positivo sobre o conflito. É uma questão cultural evitar o conflito?

É cultural e não é limitado ao Brasil. Se você pensar, até muito pouco tempo atrás, você vivia sua realidade social de uma forma muito compartilhada. Se surgiam conflitos entre pessoas isso era um acontecimento significativo. Era uma ruptura no tecido social seríssima. Então, por bons motivos, a gente aprendeu a considerar conflito como sendo algo muito impactante e potencialmente perigoso.

Hoje em dia nossa realidade social é diferente. A gente vive cada vez mais perto mas a lacuna, em termos de nossa experiência de mundo, é cada vez maior. O tecido social é extremamente frágil.

Para você era golpe ou impeachment? É um mundo com uma diversidade de opções de opiniões muito diferentes. Se você quer viver democraticamente você precisa abraçar exatamente o surgimento de diferentes ideias. Você precisa cultivar a possibilidade de diferenças de diversidade e tudo mais. Você precisa fazer as pazes com o conflito. Conflito não é mais um contexto de perigo que anuncia a chegada de violência. É o oposto. O conflito é aquilo que possibilita que todas as diversidades têm voz e têm vez. É a aversão ao conflito que cria o perigo. Quanto mais distante mesmo vivendo juntos e com saudáveis diferenças de opinião, mais alto você tem que falar para compensar a minha distância. Então a gente está usando uma lógica que pertence a uma realidade social totalmente distinta daquela que a gente diz que deseja.

A gente tem uma cultura que tem muito medo de conflito. E quem teme conflito tem fantasias totalitárias. Quem tem medo de conflito está sonhando ocultamente com a chegada de uma solução única. De um grande mandante que vai dar um basta, que vai impor ordem, que vai limpar aquilo que é sujo, aquilo que é confuso. E daí você começa a desejar para o país políticas públicas que são totalmente totalitárias.

Então, a questão da nossa relação com o conflito atualmente é realmente uma questão de vida ou morte pensando na realização de um futuro democrático.

Nas últimas eleições os conflitos, as diferenças de opinião, se acirraram de maneira a promover rompimentos entre familiares e amigos. E a polarização política no Brasil está evidente. Você avalia que a eleição poderia ter sido amenizada se a Comunicação Não-Violenta fosse mais presente no dia a dia das pessoas? Você trabalha pra isso?

Eu mais ou menos trabalho para isso. Por que tem dois aspectos aqui. Um é que eu quero a palavra pública de volta. Por diferentes motivos históricos esse poder foi cedido para o Estado e o Estado está demonstrando extrema dificuldade em dar conta dos anseios da população. Quando a gente troca de governo, a gente não espera transformações significativas em várias questões básicas de nossa convivência diária. E essa ideia de que o Estado não está dando conta é uma das influências por trás desse movimento mais recente na direção da direita. A direita vem com esse discurso de diminuir o Estado mas não propõe claramente o que vai ficar no lugar.

Então, quando a gente constrói sistemas sociais dialógicos como, por exemplo, o sistema comunitário de justiça restaurativa ou fazemos uma intervenção dentro da justiça formal para colocar mecanismos de diálogo, estamos em parte respondendo a isso. Eu não estou lá como indivíduo oferecendo ou vendendo meu serviço.

Isso é importante para que a Comunicação Não-Violenta não seja cooptada como técnica ou metodologia para facilitar as coisas que não estão funcionando. Por que meu propósito não é fazer com que os conflitos decorrentes das condições em que a gente vive vão embora. Eu não quero pacificar ou harmonizar aquilo que faz mal. Conflito é um mecanismo de feedback, ele está dando um retorno. Quero promover o diálogo que leve a mudança das condições sociais dentro do qual essa dor surgiu. Por que os conflitos existem no mundo por um motivo e as dores e brigas estão lá exatamente pra lembrar a gente de que não estamos vivendo de uma forma sustentável.

O conflito é um alerta de uma situação de incômodo?

O conflito é um mecanismo de retorno. Um aviso de que alguma coisa mudou e que a situação atual está desatualizada. É como aquela mensagem que aparece na tela do celular falando: você tem uma atualização, deseja instalar? E você tem um botão sim ou não. Conflito é a mesma coisa.

Poderia contar algum caso que você tenha vivido de uso de Comunicação Não-Violenta?

Seria legal dar um exemplo tanto intrapessoal, interpessoal e sistêmico para não deixar as pessoas pensando que é apenas um dos três. Então, intrapessoalmente notei que vivendo aqui, assolado por tanta notícia desafiante, que se eu não tenho espaço para reconectar com o significado que isso tem pra mim, vai começar a acumular em mim.

E, muitas vezes, como resultado disso ou eu viro essa tensão para dentro de mim, perco minha fé, minha esperança e isso me deprime ou começo a descontar nas outras pessoas e me torno exatamente aquilo que tanto desgosto nos outros. Então, uma prática muito simples de não-violência que fortalece minha capacidade de viver alinhado com os valores que a gente compartilha é ter um espaço onde eu possa olhar para esses desafios. Por exemplo, posso fazer isso trocando uma certa qualidade de escuta com uma colega. E usando todos os sentimentos que surgem no meu dia a dia como pista para me ajudar a identificar quais são os princípios, as necessidades humanas que compartilho com todos que não são atendidos por aquilo que estou vendo.

A criação que eu tive traz a ideia de que meus sentimentos são criados pelo comportamento dos outros. Ou seja, você me faz feliz, você me irrita. A gente fala essas frases como se realmente elas descrevessem um controle mágico que a outra pessoa tem para cuidar do nosso bem estar ou mal estar. Mas isso não é fato, a outra pessoa não me faz feliz ou não me irrita. O que me faz feliz é quando o comportamento da outra pessoa está alinhado com aquilo que meu organismo precisa para estar bem.

E o que me irrita é quando o comportamento do outro sobre o que está acontecendo no mundo não está alinhado com isso.

Interpessoalmente ter essa dinâmica de cuidado comigo, não para fugir do mundo mas para engajar o mundo de uma forma mais sincera, mais completa, é uma prática de não-violência extremamente valiosa.

Pode dar um exemplo recente dessa prática?

Dias atrás eu estava junto com duas pessoas que têm posições políticas radicalmente diferentes. São pessoas que você vê na televisão, que tomam decisões e que mudam a vida que você e eu temos, mas simplesmente não posso te dizer os nomes.

São políticos?

São duas pessoas com influência política. Não tem cargo mas tem influência. Eu fiz uma pergunta muito básica, um convite para expressar com mais sinceridade do que o normal alguma coisa que estava mexendo com elas. E para o outro, pedi para ouvir. Normalmente, não queremos só falar, queremos falar e saber que você está me acompanhando, ouvindo, entendendo. E se você está em silêncio eu não sei o que você está pensando. Então pedi para essa pessoa não só ouvir, mas fazer um pequeno resumo do que estava ouvindo o outro dizer em certos momentos. Em 20 minutos, estavam rindo. Em 30 minutos, estavam se emocionando. Em 40 minutos, estavam abraçados.

Duvido muito que quando acordaram naquele dia imaginavam que estariam trocando essa qualidade de conexão humana com uma pessoa cuja opinião é tão drasticamente oposta ao do outro. Isso não é um grande mistério, bruxaria ou técnica oculta. É uma coisa que as sociedades humanas conhecem desde sempre, simplesmente a arte de aumentar o grau de sinceridade e de empatia na escuta.

A questão da empatia é fundamental nesse processo da CNV?

Tanto o aumento da verdade quanto o aumento da empatia. Um sem o outro cria desequilíbrio. Quando a gente fala de Comunicação Não-Violenta estamos falando no equilíbrio entre os dois. Na CNV, conexão é o meio e não o fim. O fim é a ação que reforça aquilo que serve a vida e transforma aquilo que não serve a vida. A empatia é entendida como um dos nossos meios mais poderosos, para criar condições para a mudança acontecer.

A sensação que tenho, até pelo modo de vida que temos, pelo sistema que nos rege, é que a empatia está retraída. Existe uma dificuldade de exercer a empatia?

Quero tomar cuidado com a palavra dificuldade. Parece uma patologia a ausência de empatia. Na verdade, acho que é uma resposta sensata a uma sociedade punitiva em que assumir seu poder, influência e capacidade de transformar é perigoso.

Vou ilustrar: posso falar do número de moradores de rua no centro de São Paulo que teve uma aumento substancial. Acabamos normalizando a realidade social. Isso é fruto de uma série de desigualdades que levam àquela situação. Mas se torna uma realidade em que a empatia se retraí, afinal, não damos conta de ajudar a todos…

A gente se protege contra os sentimentos intensos. Porque o que angustia tanto quem pede esmola quanto quem recebe o pedido de esmola é que a esmola é pouco para transformar a realidade dessa pessoa. Você sabe que a esmola faz com que a pessoa sobreviva até o novo pedido de esmola. Então, a situação cansa nossa capacidade empática porque cansa nossa fé de que o que se faz está ajudando.

Então, a Comunicação Não-Violenta tem no seu terceiro aspecto prático criar conversas que possibilitam que a gente comece a desenhar os novos conjuntos coletivos necessários para cuidar da nossa vida comunitária, de uma forma que não deixe as pessoas excluídas de aprendizagem, de justiça, de comida, seja qual for a lacuna sistêmica que está gerando o comportamento que a gente gostaria de transformar.

As manifestações pela educação estão no foco do debate público. Você também trabalha com educação. Como você vê esse momento político?

É muito clara que atual estratégia nas políticas públicas não está satisfazendo as pessoas envolvidas. Eu trabalho bastante nas escolas, já fui professor de ensino fundamental, médio, trabalhei com secretaria de educação, tenho uma filha. Eu não vejo alunos satisfeitos. Não vejo professores saudáveis, bem cuidados. Não vejo diretores de escola descansados e satisfeitos. Não vejo tranquilidade nas Secretarias de Educação. Não vejo tranquilidade no MEC. Ou seja, não vejo tranquilidade em ninguém envolvido nesse sistema. Algo não está funcionando. As atuais estratégias não estão satisfazendo o anseio das pessoas.

Então, gostaria de um maior alinhamento entre esses anseios e o que é feito na prática. E isso só acontece se agente parar e escutar quem está sofrendo, quem está envolvido, quem está impactado. Pessoalmente, gostaria de começar escutando os próprios jovens. Desde o movimento dos secundaristas ocupando as escolas, que foi um fortíssimo exemplo da não-violência levado a prática, não tenho visto o que eles falaram surtir mudanças.

A justiça é um elemento de mediação desde que o mundo é mundo, praticamente. Por que só agora a punição vem sendo repensada, talvez de forma tímida ainda, no caso da justiça restaurativa, que agora deve existir em cada tribunal do país? Como a CNV se relaciona com isso e o que pode representar no longo prazo?

São múltiplos os fatores que nos levam a experimentar formas dialógicas que permitem conflitos dolorosos ou violentos a se expressar sem aumentar sofrimento, mas sim reparando danos e restaurando relações. Essa mudança não é nova. É uma das formas que as comunidades ao redor do mundo usam desde sempre para cuidar da segurança e do tecido social.

Hoje a complexidade e diversidade das nossas formas de viver, e a incapacidade do caminho litigioso de dar conta dos conflitos que surgem neste contexto, nos exige desenvolver novas maneiras de fazer o mais simples, que é sentar com os envolvidos para entender como estamos, o que houve e o que queremos fazer para sarar os danos e diminuir a chance de algo ruim acontecer de novo.

A Comunicação Não-Violenta teve um papel central no desenvolvimento e implantação de práticas restaurativas no Brasil — mais especificamente com a criação de Círculos Restaurativos, desde sua origem nas favelas do Rio nos anos 1990 até sua implementação nos sistemas formais de justiça, de educação e nas organizações. Ela foi central em aprimorar os elementos de um sistema restaurativo, conceituar os participantes para além do binário vítima e ofensor, o uso de perguntas, a definição de diálogo utilizada pelo facilitador e a precisão do Plano de Ação em que o Círculo resulta.

As mídias sociais são mais reativas do que dialógicas, na sua opinião?

Podemos dizer que o formato da maioria das mídias sociais atuais promove mais a debate do que o diálogo, sim.

Temos o exemplo das eleições, em que o formato promovia mais o debate e a não escuta. É possível mudar essa lógica?

Precisamos experimentar para saber. As plataformas dominantes têm promovido um impressionante aumento de expressão. Resta agora estimularem igualmente a escuta.

É possível mudar essa lógica num sistema em que o outro não costuma ser a prioridade?

Talvez a única resposta honesta possível para esta pergunta neste momento é que não sabemos. Porém, se vamos sobreviver às transformações ecológicas e tecnológicas em curso de uma forma ou outra nós vamos precisar descobrir. A ausência de diálogo — com nós mesmos, com o outro, na sociedade — está produzindo formas de viver insustentáveis. Não há futuro coletivo sem diálogo.

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‘Bicycle Kingdom’ makes a comeback, as China seeks solutions to tackle air pollution crisis

UN SGDs - seg, 03/06/2019 - 21:00
Cars have replaced bicycles as the primary means of transport in many Chinese cities but, with air pollution a major problem for the country, the bike is making a comeback, thanks to digital technology, and some 21st Century thinking.
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FROM THE FIELD: Watering the parched farmland of São Tomé and Príncipe

UN SGDs - seg, 03/06/2019 - 16:35
Farmers on the island of São Tomé and Príncipe, off the western coast Africa, are being supported by the UN Development Programme (UNDP) to become more resilient in the face of climate fluctuations which have left the land parched and farmers without an income. 
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Monday’s Daily Brief: the cost of maternal healthcare, Sudan and Chad updates, sustainability in focus

UN SGDs - seg, 03/06/2019 - 15:04
This Monday, top stories includes: the “catastrophic” cost of maternal healthcare; UN condemnation following violence against protesters in Sudan and the killing of a journalist in Chad; and the urgent need for sustainability highlighted through an exhibit in Geneva and a special event in London.
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“No mínimo, é prevaricação”, diz deputado sobre desmonte da fiscalização ambiental por Ricardo Salles

Pública - seg, 03/06/2019 - 15:00
Pablo Valadares/Câmara dos DeputadosRodrigo Agostinho (PSB-SP) é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara

Ambientalista, advogado, mestre em ciência e tecnologia com ênfase em biologia e especialista em gestão estratégica pela USP, o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, Rodrigo Agostinho (PSB-SP) é homem certo no lugar certo para enfrentar a criticada política para o meio ambiente do presidente Jair Bolsonaro e de seu ministro Ricardo Salles.

“No mínimo, isso se chama prevaricação. É você saber de um ilícito e não tomar providências”, diz o deputado federal de 42 anos, em seu primeiro mandato, ao se referir às posições adotadas pelo presidente e seu ministro ao desautorizar a ação dos fiscais do Ibama na Floresta Nacional de Jamanxim, no Pará, e na Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul, fartas em irregularidades fundiárias.

Agostinho, que tem visitado as áreas mais problemáticas, lembra que o desmatamento está aumentando brutalmente na Amazônia. “Só o INPE [Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais] emitiu mais de 20 mil alertas de áreas que estão sendo desmatadas agora nesse começo de ano, um aumento de mais de 200%. E o governo não quer trabalhar com entidade nenhuma. É uma visão bem ideológica”, critica o deputado.

Ex-secretário do Meio Ambiente, vereador por dois mandatos e prefeito de Bauru (SP), Agostinho tornou-se ativista ambiental aos 14 anos e se aprofundou nos estudos sobre o tema. Ele se diz surpreso com a troca de atores na interlocução entre governo federal e ambientalistas:

“Quem está querendo discutir meio ambiente com a gente é a ministra da Agricultura [Tereza Cristina]”, diz, ao constatar que no governo Bolsonaro o grande adversário do setor já não é o agronegócio. O deputado lamenta, no entanto, que Ricardo Salles tenha fechado os canais de negociação. “A administração dele é um equívoco. Se não mudar, e permanecer no cargo, entrará para a história como o pior ministro do Meio Ambiente”, diz o deputado.

A visível mudança nas diretrizes do Ministério da Agricultura, segundo Agostinho, se deve às exigências dos mercados internacionais, que podem deixar de comprar os grãos e a carne se o Brasil não ajustar sua política ambiental interna. “Vou dar um exemplo do que ocorreu esta semana: a Rússia avisou que, se não baixar a quantidade de veneno, não compra mais a soja brasileira. O governo já liberou este ano 139 novos agrotóxicos”, aponta.

Entre os venenos em uso no Brasil, que já não servem há muitos anos para outros países, está o herbicida 24-D, o famoso agente laranja usado pelos americanos na Guerra do Vietnã.

Dois grandes desafios tomarão o tempo da Comissão do Meio Ambiente nos próximos meses: impedir retrocesso no Código Florestal e a flexibilização das regras de licenciamento ambiental, ambos sob ataque do governo e da bancada ruralista. Veja a entrevista:

Como o senhor avalia o desempenho do governo Bolsonaro na questão do meio ambiente?

É um governo que nunca escondeu, nem na campanha, que tem uma outra visão da questão ambiental, que não é a mais próxima da moderna e que busque a sustentabilidade, a conciliação da conservação do meio ambiente com a produção agrícola. A gente sempre soube que para o Bolsonaro as mudanças climáticas não existem, que é tudo uma ficção e que o Brasil ainda tem muita floresta e pode continuar derrubando. Só não esperava é que as transformações fossem tão profundas.

Por exemplo?

No Ministério do Meio Ambiente, todo o serviço que cuidava de florestas foi transferido para o Ministério da Agricultura. Todo o setor de fiscalização está numa fase que eles chamam de reorganização e a gente chama de desmonte. Então as operações de fiscalização foram reduzidas drasticamente, e isso fez com que nestes primeiros cinco meses do ano aumentassem em muito os casos de desmatamento. Só o INPE emitiu mais de 20 mil alertas de áreas que estão sendo desmatadas agora neste começo de ano – é um aumento de mais de 200%, numa linha de redução.

O desmatamento vinha sendo reduzido com consistência?

Isso data do momento que o Fernando Henrique começou a endurecer com uma política de combate ao desmatamento, com o aumento da reserva legal em 1996, depois com uma série de medidas ao longo, também, dos governos Lula e Dilma. Agora a gente está tendo um sinal de que pode rolar desmatamento à vontade, porque não tem fiscalização. Inclusive aqui no Congresso se discute hoje uma anistia para todo mundo que derrubou ilegalmente.

Quais os riscos dessas mudanças?

De um retrocesso. E a gente percebeu isso acontecer também para os outros espaços da área ambiental. Por exemplo, o setor de educação ambiental foi desmontado, os colegiados que existiam, o Comitê Gestor – o CPCD – que cuida do desmatamento, a Comissão Nacional de Biodiversidade, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, tudo isso não está se reunindo, não está discutindo, não está tendo a formulação de políticas públicas novas e está sendo uma dificuldade para o próprio ministro. Até agora o ministro do Meio Ambiente não apresentou o planejamento dele para este ano. Ele tem falado muito numa agenda ambiental que é importantíssima, que é a agenda ambiental das cidades, a questão do lixo, do saneamento, a qualidade do ar. Agora essa agenda vinha sendo conduzida pelo Ministério das Cidades. O Ministério do Meio Ambiente mal tem dinheiro para cuidar das florestas e está assumindo uma agenda que é muito pesada, uma fortuna, de trilhões. Ele está vindo com uma agenda que é importante, no lugar dessa agenda florestal, dessa agenda da fauna, mas de maneira muito clara não está tendo efetividade. O governo passado tinha feito um acordo, um Refis do ponto de vista das multas ambientais, fez um megadesconto, liquidação, todo mundo aderiu a esse programa, e arrecadaram-se quase R$ 2 bilhões de multas.

Foi com o projeto de conversão de multas?

Esse dinheiro foi destinado para a recuperação do rio São Francisco, que era algo que havia sido prometido lá na transposição e que não aconteceu. Então esse dinheiro seria aplicado no saneamento básico do rio São Francisco, para tirar esgoto do São Francisco. Seria aplicado na recuperação das nascentes, das matas ciliares, para combater as erosões. E de repente isso está tudo suspenso, não se aplica, e também não se arrecada mais. Então, assim, é algo que para nós é muito preocupante.

Para onde foi o dinheiro?

Está parado. O governo falou que não vai liberar. Vai decidir o que fazer, enquanto já tinha tido um destino, algo que foi consensual, depois de muita luta. Desde as obras de transposição do São Francisco se fala na recuperação do rio. São exemplos como esse que deixam a gente numa situação ruim.

A que o senhor atribui essa falta de definição?

Acho que é um conjunto de fatores, mas a maior parte das iniciativas de recuperação do rio seria feita por entidades locais, entidades da sociedade civil, e o governo não quer trabalhar com entidade nenhuma – é uma visão bem ideológica. Uma outra questão é desmerecer o trabalho do governo e querer criar, em tese, uma coisa nova – o passado não presta, não serve, e o que serve é o que está vindo por aqui. Foi desmontada toda uma estratégia do Brasil de mudanças climáticas que o mundo inteiro reconhecia, de educação ambiental, de licenciamento. Então nós estamos num momento complicado. E, para nossa surpresa, quem está querendo discutir meio ambiente com a gente é o Ministério da Agricultura.

Como assim? A interlocução está mudando de mãos?

O Ministério da Agricultura está sendo cobrado pelo mundo inteiro que compra nossos produtos agrícolas. O Brasil não pode continuar nessa mesma loucura, em que o país está se transformando numa nova Indonésia.

Caso o governo não mude a política, vocês, ambientalistas, podem recorrer a parceiros internacionais?

Com vários países. Inclusive tenho uma reunião agendada com o embaixador da Noruega. Já conversamos com o pessoal da Alemanha e vários países estão dizendo: “Se o Brasil continuar com esse olhar para o passado, com esse olhar atrasado, que não é uma busca pela sustentabilidade, nós vamos reagir”.

Como seria?

Acho que o mercado externo pode começar a não priorizar mais a compra de produtos brasileiros. Vários países africanos começaram a produzir soja também, o mercado externo pode adotar uma série de sanções, o mercado internacional pode deixar de colocar o dinheiro que vem colocando aqui. A Noruega e a Alemanha têm colocado muito dinheiro para a conservação de nossas florestas.

Já há sinais de descontentamento?

Vou dar um exemplo do que ocorreu esta semana. A Rússia avisou: “Se não baixar a quantidade de veneno na soja brasileira, a Rússia não compra mais a soja brasileira”. O governo já liberou este ano 139 novos agrotóxicos.

Muitos deles proibidos em outros países.

Ao longo dos últimos anos o governo foi apertando o parafuso, fechando um pouco o registro da liberação de novos venenos, porque o mercado não quer mais, as pessoas olham para a prateleira e procuram qual é sem veneno. De repente o atual governo falou assim: “Nós vamos liberar tudo que estava lá pendente”. Muitos são venenos velhos.

Quais são?

Um que chamou muito a atenção, por exemplo, foi a liberação de várias empresas para comercializar o 24-D. O que é o 24-D? É um herbicida seletivo que é utilizado em plantações e que foi usado na Guerra do Vietnã, o chamado agente laranja. Era o agente laranja da Guerra do Vietnã. O mercado lá fora fala assim: “Espera aí, isso é velho, é um produto já superado, tem um monte de coisa nova menos tóxica para o meio ambiente, coisas mais bacanas, tem controle biológico”. O Brasil está olhando para o passado, uma coisa tão velha que chegou a ser usada na Guerra do Vietnã e nós estamos continuando a usar, entendeu? A Rússia, que compra essa soja para usar na alimentação do seu gado, não quer dar essa soja para o seu gado. É uma maluquice isso.

Como mudar isso?

O que a gente quer é que o governo tenha uma outra postura. O Ministério da Agricultura, por exemplo, quer combater o desmatamento ilegal, quer introduzir no Brasil uma política de pagamento por serviços ambientais, e isso é uma estratégia que normalmente se faz.

Mas há uma mudança aí, não é?

É uma mudança, mas essa é uma mudança que a gente gostaria de ver sendo debatida pelo Ministério do Meio Ambiente. Acho legal que o Ministério da Agricultura esteja entrando nessa.

Mas o condutor deveria ser o Meio Ambiente.

Deveria. Agora, eu acredito que eles estão nessa estratégia muito mais pela pressão internacional do que por uma questão local.

É o interesse do agronegócio?

Acredito que sim. A gente tem hoje dois agros no Brasil. A gente tem um agro que está preocupado com essas questões, tem uma agroindústria muito forte no Brasil que quer exportar, que quer ter qualidade e que está antenada com a sustentabilidade. Se não tiver floresta, não tem água, não tem chuva, as secas no Brasil serão mais prolongadas. Uma boa parte das chuvas que tem no Brasil é a umidade que sai da floresta amazônica. Se continuar devastando a floresta você tem o impacto, aqui no Centro-Oeste, enorme na produção de grãos. Então tem um agro que está nessa preocupação. E tem um outro agro ainda muito atrasado, que quer continuar derrubando, que quer continuar desmatando.

Onde está esse agro?

Está em todo lugar, mas você tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu recebi esta semana aqui, por conta da Medida Provisória que mexe com o Código Florestal, várias lideranças do agronegócio falando: “Rodrigo, essa Medida Provisória não pode continuar. Nós temos que implementar o Código Florestal, nós temos hoje 50 milhões de hectares de área degradada no Brasil”.

Qual a razão para não utilizar o que está desmatado?

As áreas que têm floresta são mais baratas. Então continua se comprando floresta no Brasil, derrubando floresta. O pessoal já nem tira mais a madeira, o pessoal põe a floresta no chão, põe fogo e planta. A gente gostaria de ver uma mudança que busque a sustentabilidade.

Quem é o melhor interlocutor, o Salles ou a ministra?

Hoje, para a nossa surpresa, mesmo com as posições do agro, mesmo com algumas posições, a agricultura está sendo melhor interlocutora do que o Salles.

Qual é a sua avaliação sobre o papel do ministro?

Tenho convicção de que ele realmente acredita que está fazendo a coisa certa. E isso é muito preocupante, porque ele não está apenas para implantar uma política ambiental diferente. Ele tem a convicção de que está no caminho certo, embora não tenha absolutamente nada a ver com conservação. O caminho que está se desenhando dentro do Ministério do Meio Ambiente, para quem está do lado de fora e quem conhece, é o de desmonte. O Ministério do Meio Ambiente sequer tem mais o controle do próprio cadastro do Código Florestal.

Onde pega mais essa questão do desmonte em relação ao Ibama?

Tem várias situações. A hora que você segura o orçamento, as operações de fiscalização que deveriam ir a campo não estão mais indo. O próprio ministro fala: “Não vai ter fiscalização”. Nós estivemos agora na Floresta Nacional do Jamanxim [PA], que foi concessionada. Uma empresa ganhou para tirar madeira de forma organizada de lá, com manejo sustentado, e de repente a área inteira está sendo invadida. Os técnicos e os fiscais do Ibama foram lá para fiscalizar e acabaram desautorizados pelo próprio ministro e pelo presidente. Ambos disseram: “Não vai ter fiscalização lá”. Essa situação é muito grave.

Como entender a posição do governo?

No mínimo, isso se chama prevaricação, é você saber de um ilícito e não tomar providência. O próprio governo tem segurado. A reação a essas medidas tem sido muito dura, inclusive internacionalmente. Os fiscais não estão conseguindo ir a campo. Nós tivemos um caso específico muito recente na lagoa do Peixe, onde houve um processo de coação, de assédio do ministro em relação aos técnicos que trabalham lá. É a área mais importante para as espécies migratórias que chegam ao Brasil, de descanso para aves migratórias do mundo todo, no sul do Rio Grande do Sul. É um parque nacional, parte da área não regularizada ainda. As pessoas que estão lá na posse são proprietárias rurais que muitas vezes não conseguem comprovar a propriedade e não foram indenizados. Ao invés de ficar do lado da unidade de conservação e dizer que trabalharia pela regularização da indenização a quem tiver direito, o ministro foi lá e falou: “Olha, se precisar a gente acaba com esse parque”.

O ministro também entrou em atrito com fiscais do Ibama.

O que acontece? Você tem uma pessoa que produz dentro de uma área que é protegida e acha que tem toda a liberdade para fazer o que quiser dentro da área. Então a pessoa se sente constrangida a hora que recebe um auto de infração. Só que o funcionário está ali cumprindo a ordem, cumprindo a lei, e de repente chega o próprio ministro e fala: “Se continuar autuando, vou abrir processo contra todo mundo, vou abrir sindicância”. Então isso é uma situação de desequilíbrio que não pode acontecer. A gente vê que é um governo que tem um ar de autoritarismo, o ministro faz tudo da cabeça dele, ouvindo não necessariamente as pessoas que estão no dia a dia da prática do trabalho de conservação ambiental.

Qual o reflexo disso em regiões como a Amazônia?

Criam fragilidade em todo o sistema de controle do desmatamento. Vou dar alguns exemplos: inúmeras terras indígenas atualmente estão sendo invadidas porque ouviram o discurso do presidente dizendo: “Índio tem terra demais, vocês podem fazer mineração lá, vocês podem fazer garimpo, faz o que vocês quiserem. Eu estou bancando essa história”. Isso é muito ruim. Você manda uma mensagem para a sociedade de que “pode fazer que a gente segura as pontas aqui”. A Amazônia está muito próxima de um ponto que os especialistas chamam de ponto de virada. A hora que você atinge esse ponto de virada, a floresta começa a entrar em declínio. A floresta, que é úmida, passa a se tornar cada vez mais seca. Se acontecer, vai ter um processo de desertificação da Amazônia e um problema enorme para o Centro-Oeste e para o Sudeste, que usam a água da Amazônia. Quando chove em São Paulo, no Rio de Janeiro e abastece as cidades, é a água que está vindo da Amazônia. Quando chove nas plantações de soja de Goiás, do Tocantins, do Mato Grosso, é chuva que está saindo da Amazônia. Então o caminho para a sustentabilidade é um caminho diferente do que está sendo trilhado.

Quem desmata?

Uma boa parte desse desmatamento está ocorrendo em terra pública, em área não destinada, área que no passado foi de alguém que não utilizou e passa a ser considerada como devolvida – por isso é chamada terra devoluta – e hoje não está destinada. Essas áreas públicas estão sendo invadidas. Tem uma máfia de grilagem de terra pesadíssima na Amazônia, o Cadastro Rural mostrou isso. Nós chegamos ao ponto de termos uma mesma área sendo reivindicada por quatro pessoas diferentes – os quatro com documentos. Ou seja, o cartório esquentou documento para quatro pessoas diferentes, e não acontece nada.

Uma fração de terra de quatro andares, vertical.

Nós temos no Brasil inteiro situações parecidas, mas na Amazônia é muito grave a situação fundiária. Nós temos áreas que estão se sobrepondo. Uma mesma área que é terra indígena tem três, quatro proprietários que também reivindicam, mas não estão cadastrados no Incra e não pagam ITR. É uma maluquice total. Isso foi escancarado pelo Código Florestal, porque todo mundo teve que fazer o cadastro.

O que está por trás do esvaziamento do Ibama?

O governo ainda não deixou claro quais são suas intenções. Eu tenho certeza que essas estruturas vão permanecer, vão resistir. O problema é que você tem o enfraquecimento de uma estratégia que está sendo adotada há mais de 20 anos. Nós tivemos lá atrás a extinção de vários órgãos, a fusão e a criação do Ibama, que precisa ser valorizado, precisa ser reconhecido, que está longe de ser a estrutura ideal que a gente precisa para o Brasil.

Como mudar esse cenário?

O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, tem quase 60% de florestas, muitas delas bem depauperadas. A Mata Atlântica inteira foi esvaziada, não tem mais bicho, não tem mais fauna. A gente tem que usar as ferramentas que tem, e o que se vê é que o governo resolveu caminhar na direção errada. O problema é o ministro do Meio Ambiente não defender o meio ambiente.

Falta entendimento entre os órgãos estatais?

O que sempre aconteceu é que o ministro da Agricultura sentava de um lado da mesa, o do Meio Ambiente, do outro, e iam brigando, brigando, até chegar num acordo e falar: “Olha, isso aqui é o razoável. Você desmata até aqui e daqui pra frente vai virar um parque, pronto e acabou”. Hoje não tem mais essa discussão.

Falta conhecimento ou é intencional?

Acho que é intencional, mas é um intencional de forma desorganizada. O desmonte é intencional, só que até agora a gente não viu o que ele vai colocar no lugar. Cada hora ele fala uma coisa. Ele foi chamado aqui na Câmara para apresentar o planejamento do ministério e não apresentou planejamento nenhum.

Que avaliação o senhor tem do trabalho de Salles?

Eu acho que a administração dele está sendo um equívoco. Ele precisa fazer uma correção de rumo urgente. Se permanecer como ministro, ele tem o dever de mostrar um outro caminho; caso contrário, ele vai ficar na história como o pior ministro que o Meio Ambiente já teve.

Gilberto Soares/MMA“A administração dele é um equívoco. Se não mudar, e permanecer no cargo, entrará para a história como o pior ministro do Meio Ambiente”, diz o deputado Rodrigo Agostinho sobre a atuação do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles

Em 2012, por exemplo, o presidente foi multado pescando irregularmente. Até que ponto essas coisas pessoais são levadas para a institucionalidade?

A gente se sente envergonhado porque é o seguinte: quando recebo uma multa de trânsito, eu pago porque eu sei que estava equivocado, porque num determinado momento eu tinha que estar respeitando a velocidade e não estava, porque eu estava usando o celular no trânsito e não deveria. Ele estava pescando no lugar errado. Podia estar pescando no lugar errado por desconhecimento, não tem nenhuma placa, é uma ilha, podia estar pescando por desconhecimento. Mas estava errado. Podia estar pescando de forma irregular intencionalmente. Talvez era o mais provável, porque ele conhece a região, porque não é um turista numa região desconhecida. A equipe do Ibama alertou e ele falou: “Daqui não saio”. Foi autuado e conseguiu agora reverter a própria multa e o fiscal foi punido. É uma maluquice isso. Aquela reserva de Tamoios existe porque em frente dela tem uma usina nuclear. A reserva de Tamoios foi criada dentro da compensação da usina nuclear para ali ser o ponto de medição. Ali é medida a radioatividade, a qualidade ambiental do local para saber se a usina está ou não causando impacto ambiental. Ali é um lugar muito sensível, e para minha surpresa o Bolsonaro, presidente, falou nesses últimos dias que vai transformar aquilo numa Cancún brasileira. Como ele sofreu um enfrentamento naquela ilha, foi autuado por estar pescando no lugar errado, a reação é em sentido contrário e desproporcional.

Tem a ver com a promessa de acabar com a “indústria da multa”?

Acho que ele carrega muito essas coisas e usa como discurso. As pessoas que são multadas no trânsito também usam a mesma frase, mas, se estivessem na velocidade correta ou estacionado no lugar correto, não seriam multadas. O que a gente percebe é uma estratégia diferente – “Ah, fui multado, vou acabar com a fiscalização”. Isso não dá para aceitar.

Esse novo Congresso pode mudar o Código Florestal?

Nós temos quase 20 projetos tramitando, um deles encampado pelo próprio filho do Bolsonaro no Senado, acabando com o instituto das reservas legais, o que é uma vergonha, porque é o mínimo que cada propriedade tem que ter de floresta – isso é lei no Brasil desde 1934, e antes disso já tinha um outro mecanismo de proteção das nossas florestas. E nós temos agora, na pauta, na agenda do dia da Câmara, para ser votada até o dia 3 de junho uma Medida Provisória que apenas prorrogava um prazo e que de repente está sendo utilizada para desmontar a estrutura do Código Florestal com proposta de nova anistia. É uma anistia de 5 milhões de hectares para pessoas que desmataram irregularmente e que não vão precisar nem recuperar nem compensar. Isso é um tiro no Código Florestal, um sinal muito ruim para todos aqueles proprietários que resolveram cumprir a lei e fizeram a sua reserva. Quantos proprietários no Brasil fizeram a reserva? Quase todos – 90% dos proprietários brasileiros fizeram do jeito correto, deixaram a sua reserva, e de repente para esses caras vai ficar o quê? “Vocês são tontos, vocês não precisavam ter feito porque os que não fizeram serão anistiados.” A gente espera que não seja votada, mas se for, que seja mantido o texto original.

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Feminicidio en Cuba: ¿en la etapa del reconocimiento oficial?

IPS español - seg, 03/06/2019 - 13:43

Participantes en uno de los encuentros de reflexión sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas en Cuba, dentro de la campaña “Eres más”, en la sede en La Habana del Centro Oscar Arnulfo Romero. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jun 3 2019 (IPS)

Un párrafo en un informe internacional presentado por Cuba reveló por primera vez cifras oficiales de muertes de mujeres por razones de género, un tema tabú en la isla caribeña y que se incorporó al debate público gracias a un mayor acceso a Internet.

Sin más detalles por parte de las autoridades sobre el documento presentado en abril, IPS recopiló las valoraciones de especialistas y oenegés que atienden a mujeres en situación de violencia, sobre la significación e impacto que pudiera tener este hecho sin precedentes en esta nación insular caribeña  de gobierno socialista.

“El primer paso para encaminarse en la solución de un problema es el reconocimiento de su existencia”, dijo a IPS la psicóloga Mareleén Díaz, que trabaja en el no gubernamental Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), que desde 2007 organiza un programa anual de actividades y una campaña contra la violencia de género de alcance nacional.“Antes de que ocurra el femicidio, se viven muchas violencias, de años de evolución. Por lo general, las mujeres que nos llegan a la consejería están siendo violentadas entre cinco y 15 años antes, y entonces deciden venir a buscar ayuda”: Ivón Ernard.

Díaz interpreta de esta forma la información incluida por las autoridades en el “Informe Nacional sobre la implementación de la Agenda 2030”, que fue presentado en abril durante la tercera reunión del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible y que desde entonces está disponible en Internet.

El documento, entre otros temas sobre cómo Cuba afronta la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible, indicó: “En femicidios, según otras fuentes, el número de muerte ocasionadas por su pareja o expareja han disminuido entre el 2013 y 2016 en un 33,0 por ciento”.

También agregó que, en 2016, “la tasa de femicidios fue de 0,99 por 100.000 habitantes de la población femenina de 15 años y más” del país, sin agregar más especificaciones ni cómo las autoridades cubanas definen este problema, considerado grave en la región.

Según la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información, las mujeres de 15 años y más sumaban ese año 5.052.239 de una población total de 11,2 millones de habitantes. A partir de esos datos, IPS calculó que la cantidad de víctimas fatales de la violencia machista pudo ser de aproximadamente 50 en 2016.

Esa primera cifra cubana pudiera resultar baja si se compara con otros países latinoamericanos, que es considerada una región peligrosa para las mujeres, aunque especialistas aseguraron que se necesita conocer más detalles sobre el dato cubano, que pudiera remitirse solo a las asesinadas por su pareja o expareja.

El feminicidio, también denominado femicidio en varios países, entre ellos Cuba, se ha ido incorporando a las legislaciones latinoamericanas para tipificar el homicidio de mujeres por su condición de tales, a causa de machismo o misoginia. El delito se maneja con variaciones, según la magnitud del fenómeno, la sensibilidad social y la respuesta del Estado.

A partir de cifras de 19 países de 2016 y 2017, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) resumió que la mayor prevalencia de los feminicidios se reporta en El Salvador, con una tasa de 10,2 por 100.000 mujeres; Honduras (5,8), Belice (4,8), Trinidad y Tobago (3,0), Guatemala (2,6) y República Dominicana (2,2).

“En los últimos tiempos en Cuba, los medios de comunicación y periodistas han estado apuntando y visibilizando con ejemplos que este problema existe”, continuó Díaz, en referencia a los múltiples casos conocidos públicamente, que han sido más desde que en diciembre la ciudadanía tiene acceso a Internet en los teléfonos móviles.

Varias parejas jóvenes hacen fila en la entrada de un restaurante, en el barrio del Vedado, en el municipio de Plaza de La Revolución, en La Habana, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Pero no ha sido así en el caso de las cifras que han sido inexistentes o no públicas”, lamentó la experta, para quien este reconocimiento llega en un momento de cambios legislativos para avalar reiteradas demandas de activistas y feministas de incluir el feminicidio como delito específico y elaborar una ley contra la violencia de género, de la que el país carece.

En un país sin cifras ni reportes frecuentes sobre cualquier tipo de homicidio, causan preocupación entre la ciudadanía los casos de femicidio,  compartidos en las redes sociales o por la prensa, en especial la alternativa con medios especializados como la revista feminista Alas Tensas y el sitio digital de noticias sobre género Tremenda Nota.

Solo en lo que va de 2019 trascendieron las historias de Lis Obregón, de 27 años, que fue apuñaleada por su expareja en la puerta de la guardería de sus hijos; una mujer de 46 años fue asesinada por su exesposo en la comunidad rural de San Pablo de Yao y la estudiante de medicina, de 21 años, Leydi Laura García fue hallada muerta.

“Antes de que ocurra el femicidio, se viven muchas violencias, de años de evolución. Por lo general, las mujeres que nos llegan a la consejería están siendo violentadas entre cinco y 15 años antes, y entonces deciden venir a buscar ayuda”, explicó la psiquiatra Ivón Ernard, quien coordina la Consejería a Mujeres en Situaciones de Violencia.

Este servicio, en alianza con otras entidades como sector sanitario y tribunales, fue creado en 2016 en la sede de OAR en La Habana.

“Afortunadamente, de los casi 200 casos que hemos atendido, hasta donde sabemos, ninguno ha terminado en asesinato. Damos seguimiento a las mujeres cuando salen de la consejería, porque nos percatamos que esto no es suficiente y empezamos a hacer grupos de apoyo para ellas”, abundó la experta.

Especialistas y feministas reclaman que el Estado debe elaborar un sistema integral de prevención y atención a las mujeres en situación de violencia, que incluya leyes específicas, la capacitación del personal de la policía, juristas, de la salud, entre otros, refugios o casas de acogida para las víctimas y atención para los agresores.

Las psicólogas Valia Solís (I), Roció Fernández (C) y Maibenis Aderreberes (D) brindan atención especializada sobre violencia de género a las mujeres o parejas que acuden a la consulta dentro del ecuménico Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, en la ciudad de Cárdenas, en el occidente de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Con limitaciones, ofrecen alguna atención a mujeres víctimas las 174 Casas de Orientación de la Mujer y la Familia, que pertenecen a la Federación de Mujeres Cubanas,  la única organización femenina con registro legal en el país.

Otro espacio pionero se mantiene desde 2010 en el no gubernamental Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba (CCRD), en la ciudad de Cárdenas, a 150 kilómetros al este de La Habana, que consiste en una consulta especializada para mujeres víctimas dentro del Programa de Atención Psicopastoral.

“Celebrar un día no es suficiente, hacer campañas ya no es suficiente”, sostuvo Rita María García, directora del CCRD. “No hay percepción de riesgo porque no se han promulgado leyes, decretos y la base jurídica cubana no contempla fuertes condenas y un sistema para las denuncias que proteja a las mujeres”, precisó.

A 12 años de campañas sobre la violencia de género, alrededor de la fecha mundial sobre el flagelo del 25 de noviembre, especialistas consideran que resultan impostergables cambios en la institucionalidad cubana, que atraviesa un momento de transformaciones para implementar la nueva Constitución vigente desde abril.

“No creo que ni aun llevando las estadísticas reales, nuestro país se encuentre al mismo nivel de violencia que el resto de Latinoamérica”, estimó. “Aun así las cifras son alarmantes, no hay un día que no escuchemos o conozcamos no solo casos de feminicidio, sino de una violencia real, palpable y desesperante”, lamentó.

Justo este año fue publicado el informe final de la Encuesta Nacional de Igualdad de Género, que fue aplicada en 2016 y arrojó las primeras cifras sobre violencia de género, pero solo en la pareja. De las 10.698 mujeres entrevistadas, 26,7 por ciento declaró haber recibido algún tipo de maltrato en los 12 meses previos al sondeo.

“Este reconocimiento amplía la visión sobre violencia contra la mujer y lo particulariza a un delito que no está tipificado en nuestro Código Penal (1987). La academia pudiera reelaborar este concepto en la Cuba de hoy e incorporarlo a las reformas desde lo legal”, dijo la psicóloga Maidenys Aguerrebere, del CCRD.

“El conocimiento en la población es mínimo porque persisten muchos mitos que invisibilizan el femicidio. Este concepto es nuevo para muchas personas y en no pocos casos lo asocian a otros contextos del mundo”, estimó Valia Solís, que es una especialista fundadora de la consulta del CCRD.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Podcast: Choveu dinheiro no largo da Carioca

Pública - seg, 03/06/2019 - 11:59
Juliana Russo/Agência PúblicaNo último episódio do podcast Histórias que Ninguém te Conta as repórteres Mariana Simões e Natalia Viana investigam a corrupção presente na zona portuária do Rio de Janeiro

Imagine esta cena: em plena luz do dia em uma praça movimentada no centro do Rio de Janeiro conhecida como Largo da Carioca, uma mala recheada com 100 mil reais de propina estoura e o dinheiro sai voando pelas ruas.

Inacreditável, não é? Mas isso realmente aconteceu, em outubro de 2015. Tá registrado nos autos do Ministério Público Federal.

O dono da mala era o empresário João Bernardi Filho, que levava o dinheiro para Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras condenado por corrupção e lavagem de dinheiro pela Operação Lava Jato. Mas Bernardi não esperava ser assaltado quando saía de uma agência bancária na Rua da Assembleia com a propina em mãos, rumo ao icônico prédio da Petrobrás. Depois de ter sido perseguido por um segurança, o ladrão deixou a mala cair e o dinheiro se espalhou. Apenas 43 mil foram recuperados pela polícia e entregues a Bernardi.

É assim que começa o último episódio do podcast Histórias que Ninguém te Conta, que revela histórias pouco conhecidas sobre a zona portuária do Rio e seu entorno. Neste episódio, as jornalistas Natalia Viana e Mariana Simões seguem os rastros da corrupção que estão presentes na região desde a época em que o Brasil era uma colônia de Portugal.

Um dos maiores marcos da corrupção tem o pomposo nome de Porto Maravilha, um projeto de revitalização da antiga zona portuária que já custou R$ 6,2 bilhões de investimento público pela Caixa Federal e deve consumir mais R$ 4 bilhões. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmera dos Deputados do PMDB, foi preso pela Lava Jato por desviar 1,5% do valor para os cofres do seu partido.

O podcast Histórias que Ninguém te Conta tem como ponto de partida o aplicativo Museu do Ontem, que mistura jornalismo e gamificação para explorar a região que foi palco de grandes acontecimentos e transformações na história do Brasil.

Saiba mais e baixe o aplicativo aqui.

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With a premature death every five seconds, air pollution is violation of human rights, says UN expert

UN SGDs - seg, 03/06/2019 - 11:58
An independent UN expert said on Monday that the failure of governments across the world to ensure clear air, constitutes a “violation of the rights to life, health and well-being, as well as the right to live in a healthy environment.”
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MPF-SC investiga arquivamento de multas ambientais por presidente do Ibama

Pública - seg, 03/06/2019 - 10:23
IbamaOs documentos que a Pública teve acesso, mostram supostas irregularidades nas decisões de anulações de multas pelo atual presidente do Ibama Eduardo Bim

O Ministério Público Federal em Santa Catarina (MPF-SC) está de posse de um dossiê com uma série de documentos apontando supostas irregularidades nas decisões de anulação de multas pelo atual presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim. Os documentos – parcialmente acessados pela Pública – embasam uma investigação movida pelo MPF a respeito do arquivamento de uma série de multas pelo presidente do Ibama no dia 2 de abril deste ano.

As infrações vieram no âmbito da Operação Campereada, deflagrada em 2013 no Rio Grande do Sul, e ampliada no ano passado para Santa Catarina e Paraná, em ações de combate à supressão ilegal da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica para o plantio de grãos e pastagens exóticas. Acusados pela destruição de áreas acima de 50 mil hectares na região de Lages (SC), vários produtores foram multados.

Através de documentos que constam do dossiê, sabe-se que, logo depois das eleições, os produtores, liderados por dirigentes de sindicatos rurais, foram cobrar do ministro Ricardo Salles e do Ibama a promessa feita por Jair Bolsonaro na campanha de acabar com o que chamava de “indústria de multas” ambientais. O acordo teria sido confirmado em 30 de janeiro na sede do Ibama, em Brasília, segundo carta do Sindicato de Lages ao presidente do Ibama e outros documentos.

Da reunião participaram Bim, a equipe técnica do Ibama e um grupo de peso na política e na economia catarinenses: os donos da empresa rural multada, a Fazenda do Posto Ltda., de Lages (SC); o superintendente do Ibama em Santa Catarina, Jorge Luiz Acioli; o presidente do Instituto do Meio Ambiente (IMA) do estado, coronel Valdes Rodrigues Venâncio, que representou o governo catarinense, acompanhado do procurador jurídico do IMA, João Pimenta; o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc) e vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), José Severino Pedrozo, e o presidente do Sindicato Rural de Lages, Marcelo Pamplona, que representaram produtores e as entidades de classe do estado; e, o prefeito de Lages, Juliano Polese.

Eles pediam a ampliação do prazo – de 20 para 90 dias – para apresentação de documentos demonstrando que tinham autorização para contestar a multa, e, depois, o arquivamento de um auto de infração no valor de R$ 1,2 milhão contra o representante da fazenda, João Carlos Zanotto. Ele é acusado, no auto de infração, de “destruir 171,01 hectares de campos de altitude do bioma Mata Atlântica, objeto especial de preservação, não passível de autorização para supressão”.

No documento, sem meias palavras, o presidente do sindicato, Márcio Pamplona, cobra de Bim o cumprimento do acordo pelo arquivamento, que havia sido protocolado no Ibama de Santa Catarina no dia 8 de fevereiro, e reclama que sete dias antes, “portanto antes de vencido o prazo de 90 dias concedidos anteriores”, a fiscal que aplicou a multa, Janize Augusta Ferro de Medeiros, chefe da unidade responsável pela operação, emitira o auto de infração junto com um termo de embargo das atividades da agropecuária Fazenda do Posto.

Pamplona considera como “fatos estranhos” as decisões da fiscal que, segundo frisa, teriam contrariado “frontalmente as decisões dessa autarquia pública, com claros sinais de desobediência e insubordinação profissional”, conforme texto da carta endereçada a Bim no dia 25 de fevereiro. Em ações individuais, outros três produtores, Homero da Costa Araújo, Hugo Cordova Ramos e Aida Guedes Bianchinni, todos infratores e donos de propriedades em Lages, também cobraram do Ibama o arquivamento de multas pelas mesmas infrações.

Relatório
O lobby pelo fim das multas

O movimento para reforçar a pressão no Ibama ganhou a adesão, através de novas ações, da prefeitura e do Sindicato Rural de Lages e de mais quatro entidades ligadas à agropecuária, indústria e comércio, que representaram outros 30 produtores rurais alvos de fiscalização. Os autos de infração lavrados pelo Ibama estão sustentados em fotografias feitas por satélite, apontando que vastas extensões de vegetação nativa foram suprimidas sem autorização federal, como se fossem áreas de cultivo já consolidadas.

Relatório

As entidades sustentam que os produtores seguiram o que determina a legislação catarinense: atividades de grãos e pastagens não exigem licenciamento ambiental nem estão sujeitas às mesmas regras ambientais impostas pelas leis da Mata Atlântica. Também argumentaram que, caso a Operação Campereada não fosse interrompida, haveria “graves efeitos econômicos e jurídicos ao setor agropecuário de Santa Catarina”.

Relatório

De nada adiantaram os pareceres da unidade técnica do Ibama, confirmando que os crimes ambientais estavam plenamente caracterizados, as multas emitidas, fundamentadas em ampla legislação e que, portanto, os fiscais cumpriram seu trabalho. Os técnicos afirmam que, em vez de apresentarem os documentos de contestação ao auto de infração, conforme prometeram ao solicitar a ampliação do prazo, os proprietários da Fazenda Posto decidiram pressionar a direção do Ibama.

Em “manifestação técnica” emitida em 20 de fevereiro, os analistas ambientais Bruno Barbosa, Paulo Maués Filho e Conrado Locks Ghisi, do Núcleo de Fiscalização da autarquia em Santa Catarina, respondem, com base em leis e decretos, todos os questionamentos da Fazenda Posto. Eles sustentam que o Ibama tem a prerrogativa para fiscalizar e autuar, mostram que há necessidade de autorização federal para exploração das áreas e explicam que a autarquia, que usou fotos de satélite para identificar a vegetação suprimida, se cercou de todos os cuidados técnicos para deflagrar a operação. Os técnicos afirmam que não era necessário comunicar os órgãos estaduais.

“Resta evidente estar em curso tentativa articulada para impedir o desenvolvimento normal da ação fiscalizatória, principalmente com movimentos para pressão política e protocolização de documentos padronizados e inconsistentes, como a carta direcionada ao presidente do Ibama”, escrevem os técnicos. Eles consideraram atípica a iniciativa do produtor e das entidades catarinenses.

Os técnicos frisam que esse tipo de articulação pode abrir um precedente prejudicial ao rito administrativo de apuração de infrações ambientais, pedem que o presidente do Ibama, que ainda não havia se manifestado, permita a conclusão das ações de fiscalização e encerram informando que o caso seria comunicado ao MPF “para a adoção de procedimentos que lhe compete”, ou seja, pedem que o caso seja investigado.

O pleito dos ruralistas acabou se impondo. No dia 2 de abril, numa só canetada, o presidente do Ibama aceitou a versão dos infratores e, alegando segurança jurídica, arquivou todas as multas. Bim considerou que, ao seguirem a legislação catarinense, os produtores agiram de boa-fé, mesmo que a competência legal fosse do Ibama, o que, curiosamente, ele reconhece nos despachos.

O setor de inteligência do Ibama, conforme relato que chegou ao MPF catarinense, captou troca de mensagens por aplicativos da internet em que os produtores comemoram exultantes o arquivamento das autuações e outras conversas que comprovariam atuação coordenada do grupo, apoiado por políticos ligados ao agronegócio. Já os fiscais que emitiram as multas, temendo retaliação, silenciaram.

Relatório
Fiscal do Ibama foi assediada por produtor

Duas semanas depois da decisão do presidente do Ibama, viria a intimidação da fiscal do Ibama que lavrou a multa contra a Fazenda do Posto. Um dos donos, Irineu Zanotto, sob o pretexto de que precisava tirar dúvidas, telefonou e pediu para falar com a analista ambiental Janize Augusta Ferro de Medeiros, que já estava de volta à sua unidade de trabalho, em Bagé, no Rio Grande do Sul. O empresário perguntou o que poderia fazer para não ser mais multado por ela, insinuando que a autuação teria sido motivada por problemas pessoais ou particulares.

Zanotto disse à fiscal que o auto de infração havia sido cancelado pelo presidente do Ibama graças à mobilização de um senador gaúcho, cujo nome não citou, políticos catarinenses e entidades de classe da região de Lages. Janize conta, no documento encaminhado depois às diretorias do Ibama, que o empresário ainda contou ter recebido orientação de seu advogado para que a processasse.

“A situação da ligação [telefônica] ofensiva e até ameaçadora coloca em risco não apenas o trabalho do Ibama, mas do próprio servidor público no exercício das suas funções”, escreve a fiscal. O episódio demonstra que a Operação Campereada, pela pressão das bancadas ruralistas gaúcha e catarinense, acabou desautorizada pelo próprio Ibama, que a criou.

Procurado através da assessoria de imprensa do Ibama, Bim não quis dar entrevista e repassou o pedido para o Ministério do Meio Ambiente (MMA). Também procurado, o ministro Ricardo Salles não deu retorno.

A intimidação da fiscal ilustra o clima de terror vivido por fiscais do Ibama em todo o país, especialmente na região amazônica. Um informe divulgado entre servidores que atuam no combate aos crimes ambientais na Amazônia recomenda que os fiscais envolvidos em operações redobrem os cuidados nas operações contra o desmatamento este ano por causa dos riscos de conflito e violência. “O presidente e o ministro criticam abertamente os servidores, com um discurso que protege o criminoso e torna vulnerável o servidor. Os fiscais se sentem intimidados e impedidos de exercer seu papel”, diz o analista ambiental André Barbosa, presidente da Associação dos Servidores da Carreira de Especialistas em Meio Ambiente (Asibama) do Rio de Janeiro.

O Ibama comandado pelo MMA

“Aqueles que se tornam alvo do Ibama na Amazônia Legal não pertencem ao agronegócio, que age regularmente e se adequa às exigências do mercado. Eles fazem parte do crime organizado e têm apoio de políticos”, diz o analista ambiental José Augusto Morelli, o fiscal que aplicou uma multa por pesca ilegal contra Bolsonaro em 2012 e acabou demitido da chefia do Centro de Operações Aéreas do Ibama no final de março deste ano.

A exoneração de Morelli sinalizou uma mudança radical na condução do Ibama, que, ao contrário de governos anteriores, passou a se submeter diretamente ao ministro. Salles substituiu todos os cargos de confiança na cúpula do órgão e colocou militares – sem experiência em gestão de meio ambiente – nos postos mais importantes: para a Diretoria de Proteção Ambiental, que organiza as operações de combate ao crime, foi o major Olivaldi Alves Borges de Azevedo e, para a Diretoria de Planejamento, Administração e Logística, responsável pelas finanças, o tenente-coronel Luiz Gustavo Biagioni, ambos da PM de São Paulo.

Para a presidência do ICMBio, Salles nomeou o coronel Homero de Giorge Cerqueira, ex-comandante da Polícia Militar de São Paulo, no lugar de Adalberto Eberhard, que se demitiu depois que o ministro ameaçou processar servidores do órgão que não compareceram a um evento dominado por produtores rurais no Rio Grande do Sul. Cerqueira, que levou outros três oficiais para a direção do ICMBio, assumiu prometendo fundir o órgão com o Ibama.

“Nada contra os militares. O problema é que eles não são capacitados para dialogar com o corpo técnico dos servidores e nem têm experiência em gestão ambiental, que não funciona na linha ‘missão dada é missão cumprida’. Aqui a missão tem de ser avaliada por causa dos impactos”, diz o analista ambiental Denis Rivas, presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira Especializada em Meio Ambiente (Ascema). A PM, segundo ele, tem experiência na repressão aos crimes locais, mas não conhece a complexidade do meio ambiente.

Com as duas diretorias do Ibama sob seu controle, o ministro passou a investir contra a tal “indústria da multa”, citada insistentemente por Bolsonaro na campanha e depois dela. A de R$ 10 mil, aplicada contra o próprio presidente por pesca ilegal na Reserva Ecológica de Tamoios, em Angra dos Reis, com parecer favorável à anulação já no final do governo Michel Temer, foi arquivada pelo novo superintendente do Ibama no Rio, o contra-almirante Alexandre Augusto Amaral Dias da Cruz, nomeado pelo governo.

Salles demitiu todos os superintendentes, e até agora só preencheu sete das 27 chefias estaduais, todas ocupadas por militares, mas deixou as outras praticamente acéfalas, sob o comando de interinos. Essa política de esvaziamento dos órgãos de controle tem como pilar os ataques sucessivos a servidores da área de fiscalização.

Armas liberadas, conflitos acirrados

Com os novos decretos de Bolsonaro flexibilizando a posse e o porte de armas para eventual uso em todo o perímetro de uma propriedade rural, os riscos de conflitos se acentuaram, conforme avaliação das entidades da sociedade civil que acompanham os desdobramentos da polícia ambiental e também estão sendo isoladas. Na quinta, dia 30, o governo mudou a composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), extinguindo 18 das 22 vagas ocupadas pelas entidades. Uma delas eliminou a presença de indígenas no órgão.

Diretor de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, o ambientalista Mario Mantovani diz que o desmonte das políticas construídas nos últimos 20 anos se dá de várias formas.

“O governo elegeu as ONGs para bater. Ao mesmo tempo, implanta um regime de terror para que os técnicos não atuem na Amazônia. Lá ainda funciona a agropecuária mais atrasada do mundo. Desmatadores, grileiros e garimpeiros, que fazem parte de um grupo criminoso com cadeia de comando e é apoiado por políticos locais, se sentem à vontade. Hoje eles comemoram soltando rojões o discurso autorizativo a favor das invasões e se sentem à vontade para hostilizar fiscais do Ibama”, alerta Mantovani.

Neste primeiro semestre da gestão de Salles, o Ibama apenas cumpre, com visível esvaziamento, parte das cerca de mil operações planejadas no ano passado. Não destruiu, como fez nos últimos anos, equipamentos (trator, retroescavadeira, balsas, barcos, caminhões etc.) usados na exploração ilegal de garimpos ou para furto de madeira em áreas de desmatamento.

Essas operações, segundo as entidades ligadas aos servidores federais, representam um grande fator de risco aos fiscais. Diante da necessidade de fazer cessar os crimes eles se obrigam a destruir os equipamentos apreendidos, muitas vezes observados por infratores que se escondem na mata. Cada operação dessa natureza, que equivale a menos de 2% das ações, gera uma romaria de políticos ao Ibama e nas esferas de decisão governamental.

“A opção pela destruição só se faz em casos excepcionais e é prevista em lei [artigo 11 do Decreto 6.514]. Até hoje ninguém entrou com recurso para pedir ressarcimento”, diz a ex-presidente do Ibama Suely Araújo. Ela antecipou a saída do cargo, no início de janeiro, para facilitar a nova composição do órgão pelo novo governo e, também, em resposta a uma insinuação genérica de Ricardo Salles, que publicou em seu Twitter uma crítica a contratos de aluguel de veículos pelo Ibama. “Quase 30 milhões de reais em aluguel de carros só para o Ibama”, escreveu.

Suely respondeu que faltou conhecimento do ministro sobre os contratos. Ainda assim, deixou como contribuição um projeto de conversão indireta do montante das multas cujo infrator, em vez de simplesmente desembolsar o valor, participaria de projetos estatais estruturantes, selecionados pelo Ibama para recuperação de áreas degradadas.

WikipediaRicardo Salles é o atual ministro do Meio Ambiente R$ 30 bilhões em multas acumuladas

Segundo cálculos da ex-presidente do Ibama, há cerca de R$ 30 bilhões em multas acumuladas, dos quais apenas 5% são efetivamente pagas pelo infrator. Suely diz que a média dos valores pagos pelas infrações é de aproximadamente R$ 11 mil. Do montante arrecadado, 20% são destinados ao Fundo Nacional do Meio Ambiente e os outros 80% vão para o caixa único do Tesouro.

Com a mudança de governo, dois projetos que haviam sido selecionados em dezembro do ano passado – a recuperação das bacias dos rios São Francisco e Paranaíba –, nos quais se converteria cerca de R$ 1 bilhão em multas, foram paralisados, embora os infratores tenham manifestado interesses em discutir parcerias com os órgãos ambientais.

Suely acha que a conversão de multas poderia ser uma alternativa à mão do governo para honrar o compromisso firmado no Acordo de Paris sobre alterações climáticas. “É uma ferramenta. Está parada”, diz Suely. Até aqui o governo tem preferido, no entanto, atacar a ‘indústria da multa’, desautorizando a atuação dos fiscais.

Denis Rivas, da Ascema, afirma que os ataques do governo, segundo ele, sem consistência, tiram do ministro Ricardo Salles o papel de interlocutor com o ambientalismo, forçam as entidades a adotar estratégias para resistir e já produzem prejuízos à política ambiental. “Autoridades da Alemanha e Noruega, que são os maiores doadores do Fundo Amazônia, já divulgaram posições contrárias aos argumentos do Salles. Se os níveis de desmatamento aumentarem, esses países podem se retirar por completo da parceria”, alerta. Na semana passada, o ministro Ricardo Salles anunciou que pretende usar o dinheiro do Fundo Amazônia para indenizar desapropriações de terras em áreas protegidas.

As doações internacionais somaram nos últimos dez anos, segundo ele, cerca de R$ 4 bilhões em contribuições. Como as doações ao Fundo Amazônia são calculadas com base no índice de desmatamento, no ano passado o governo norueguês reduziu pela metade o volume de doações. Um retrocesso persistente nos controles do meio ambiente pode provocar também uma reação do mercado internacional, consumidor dos produtos brasileiros, algo que não interessa ao agronegócio, que está se afastando da posição de adversário dos ambientalistas.

“A Rússia, que compra a soja brasileira para alimentar gado, já avisou que não comprará mais se não baixarem os índices de agrotóxico. O mercado internacional está mais exigente e também não quer produtos de áreas desmatadas ilegalmente”, afirma o deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP), presidente da Comissão de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável da Câmara. Segundo ele, as posições radicais de Salles levaram à proeza de transformar a ministra Tereza Cristina, da Agricultura e Pecuária, em interlocutora oficial com o Congresso e ambientalistas – um efeito inusitado na correlação de forças que colocava em campos opostos o agronegócio e a sustentabilidade.

Na avaliação das entidades, o ministro é responsável pelo corte de 95% no orçamento da Secretaria de Mudanças Climáticas. Salles também não fez esforço para evitar o enxugamento da estrutura do próprio ministério, que, com a reforma administrativa prevista na MP 870, aprovada pelo Congresso na semana passada, pronta para a sanção presidencial, perdeu para a pasta da Agricultura o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), a Agência Nacional de Águas (ANA).

Pelo novo desenho, Meio Ambiente perde também o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), que irá para o Ministério da Integração. Na definição de políticas ambientais, o texto da lei fará referências apenas à Amazônia, e não mais à Amazônia Legal, que engloba Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão, embora o Conselho Nacional da Amazônia Legal permaneça vinculado ao MMA.

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“No soy libre. Mi comunidad no es libre. Mi país no es libre”

IPS español - sex, 31/05/2019 - 13:47

La activista rohinyá Wai Wai Un. Crédito: ACNUDH

Por Corresponsal Fao
GINEBRA, May 31 2019 (IPS)

Wai Wai Nu no había cometido delito alguno, pero a la edad de 18 años le comunicaron que tendría que ir a la cárcel. La joven acababa de empezar la carrera de Derecho, cuando a su padre le notificaron la sentencia de prisión, en la que estaban incluidos la madre de Wai Wai, su hermana, su hermano y ella misma.

La familia creyó que al cabo de algunos meses los pondrían en libertad, pero no fue así. Durante siete años tuvieron que soportar las condiciones de miseria y hacinamiento que prevalecían en la tristemente célebre prisión de Insein, en Myanmar (Birmania). A su hermano lo trasladaron a otra penitenciaría.

Según las autoridades, el delito de Wai Wai fue haber sido hija de Kyaw Min, un maestro de escuela y activista político del estado de Rakhine, en el occidente de Myanmar.

En los últimos decenios, el estado septentrional de Rakhine ha sido el epicentro de una crisis. La familia de Wai Wai forma parte de la marginada comunidad rohinyá, un grupo étnico de Rakhine que aún en la actualidad sigue siendo objeto de persecuciones y desplazamientos masivos. Desde mediados de 2017, casi un millón de rohinyás ha huido al vecino Bangladesh.

En marzo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, calificó la situación de “discriminación sistemática y restricciones generalizadas a la libertad de movimiento”, al presentar al Consejo de Derechos Humanos el informe elaborado por su Oficina.

“Cuando el juez dictó sentencia, no lloré, no quería mostrar tristeza ni debilidad. Tampoco quería que mis padres se sintieran culpables por lo que nos ocurría. Pero cuando llegué a la prisión con mi madre y mi hermana, estuvimos tres días llorando”, dijo Wai Wai.

“Cuando empezamos a cumplir la condena, me faltaban dos años para terminar la carrera de Derecho. Cada día, a la hora en que las clases deberían haber comenzado, sentía como si algo se muriese dentro de mí. Ningún joven debería ir a prisión si no ha cometido un delito. Su lugar no está en la cárcel sino en la universidad”, añadió.

Finalmente, tras salir de prisión, Wai Wai obtuvo el diploma de Derecho en la Universidad de Yangon Este. Al evocar aquella etapa de cárcel la llama “la universidad de la vida” y cree que fue una de las principales motivaciones para la labor que ahora realiza en defensa de los derechos humanos.

“Comprendí la profunda discriminación que las mujeres padecemos en todos los aspectos de la vida: el acceso a la educación, a la atención sanitaria, a la economía, a la política y a los procesos de toma de decisiones”, afirmó la activista.

En la actualidad, Wai Wai recorre el mundo y pronuncia discursos sobre la suerte de las mujeres y niñas rohinyás. En fecha reciente estuvo en Ginebra, donde leyó una ponencia ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw).

Uno de los últimos informes dados a conocer por el Comité muestra la situación devastadora en que se encuentran las niñas y mujeres rohinyás y pone de relieve las atrocidades generalizadas de las que son víctimas: violencia sexual, privación de nacionalidad, restricción de la libertad de movimiento y una grave carencia de acceso a los cuidados sanitarios, la educación y la vivienda.

En el informe se señala que, pese a las reiteradas peticiones de las Naciones Unidas y la comunidad internacional, “no hay pruebas de que se hayan adoptado medidas para prevenir y abordar eficazmente las vulneraciones de derechos humanos cometidas”.

El documento ofrece como ejemplo el hecho de que las autoridades de Myanmar siguen negando que se hayan perpetrado delitos de índole sexual y llega a la conclusión de que “no se han realizado esfuerzos genuinos para lograr que los responsables rindan cuentas de sus actos”.

El estado de Rakhine: dos mundos distintos

Wai Wai y su familia se mudaron a Yangon a principios de la década de los 90, cuando ella tenía ocho años. Sus recuerdos del estado de Rakhine son muy diferentes de la realidad actual. Entonces, sus condiscípulos en la escuela procedían de comunidades religiosas y culturales muy diversas y otro tanto ocurría con sus docentes.

“Cuando era niña, no me percataba mucho de que había un contexto de odio. Allí también vivíamos en una ciudad, de modo que estábamos lejos de lo que ocurría en las zonas más remotas”, recordó la joven.

“Pero, a principios del decenio de los 90, empezaron las expulsiones sistemáticas: los empleados rohinyás –funcionarios públicos, profesores, médicos, abogados y agentes de policía- fueron destituidos de sus cargos. En la actualidad, la situación es complemente distinta; el cambio es extraordinario y eso da miedo”, rememoró.

La joven comenzó a sentirse discriminada por su condición de rohinyá y de musulmana cuando ingresó en la escuela secundaria en Yangon.

Wai Wai era una atleta destacada, pero por ser musulmana le prohibieron participar en competiciones de ámbito nacional y estatal. E

n los planes oficiales de estudio solo figuraba el budismo de Myanmar y no se reconocía la existencia de otras religiones o culturas en el país. En la escuela también le denegaron la tarjeta nacional de identidad, aunque sí las tramitaban para los estudiantes budistas.

“El gobierno introdujo la discriminación por conducto del sistema educativo y ahora toda la sociedad la ha adoptado. En Myanmar, la discriminación es profunda y está integrada en la cultura, las mentalidades y la vida cotidiana”, afirmó.

Luchar por los derechos de las niñas y las mujeres

Wai Wai reside actualmente en Estados Unidos y el año pasado obtuvo una Maestría en Derecho en la Universidad de California en Berkeley. La joven activista asegura que el objetivo de su vida es defender los derechos de las niñas y las mujeres rohinyás que permanecen en su país de origen.

El hecho de vivir en la seguridad que le ofrece Estados Unidos no la ha llevado a desvincularse de los suyos. “No soy libre”, afirma. “Mi comunidad no es libre. Mi país no es libre. La situación de las niñas y mujeres rohinyás es indescriptible. Creo que tengo la responsabilidad de ayudarles a lograr la dignidad humana, el respeto y la libertad”.

La joven activista ha fundado dos organizaciones no gubernamentales, Women’s Peace Network-Arakan, que centra su labor en la consolidación de la paz en Myanmar, y Justice for Women, una red de abogadas que proporciona asistencia letrada a las mujeres que la necesitan.

Según Wai Wai, lo que padecen actualmente las niñas y las mujeres de Rakhine es un enorme trauma, “una discriminación muy selectiva, aplicada contra todo un grupo étnico”.

Su sueño, afirma, es que el estado de Rakhine llegue a ser un lugar donde se respete a las mujeres, donde estas vivan en seguridad y tengan los mismos derechos y las mismas libertades.

“Mientras eso no se logre, seguiré trabajando”, concluyó.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Ginebra. IPS-Inter Press Service lo publicada por un acuerdo general con la Organización de las Naciones Unidas para la redifusión de sus contenidos.

 

RV: EG

El artículo “No soy libre. Mi comunidad no es libre. Mi país no es libre” fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Governo federal fechou R$ 140 milhões em contratos sem licitação para a intervenção no Rio

Pública - sex, 31/05/2019 - 12:31
Gabinete de Intervenção Federal/ReproduçãoLevantamento inédito da Pública mostra que 11 empresas brasileiras e estrangeiras venderam armas e serviços de segurança para o governo sem licitação

Onze empresas privadas de segurança e tecnologia nacionais e internacionais assinaram cerca de R$ 140 milhões em contratos sem licitação com o governo brasileiro, todos destinados à intervenção federal no Rio de Janeiro.

O valor — resultado de um levantamento inédito da Pública — foi contratado pelo governo federal sob a justificativa de que era preciso pôr em prática ações emergenciais de curto prazo no estado. A intervenção no Rio foi decretada pelo ex-presidente Michel Temer (MDB) em fevereiro de 2018, teve início já no mês seguinte e seguiu até dezembro.

Com cerca de R$ 46 milhões contratados, a empresa que mais irá receber do governo federal é a austríaca Glock, famosa pela produção de pistolas usadas por polícias e forças armadas de diversos países – estima-se que ela tenha 65% do mercado de pistolas leves nos Estados Unidos. O Gabinete da Intervenção no Rio fechou um contrato de compra de 15 mil pistolas Glock para a Polícia Militar, 9.360 para a Polícia Civil, 3 mil para agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e mais 64 para militares do Corpo de Bombeiros. O preço médio de cada uma das armas é de R$ 1,6 mil.

No processo que dispensou a licitação para a compra das armas, o coronel da reserva Francisco de Assis Reis Fernandes se baseou no artigo 24, inciso III, da Lei das Licitações, que libera compras sem licitação “nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem”. O governo também argumentou que o contrato com a Glock atendia ao plano estratégico da intervenção e observava os critérios de “urgência, eficiência e economicidade”.

Gabinete de Intervenção Federal/ReproduçãoColetes de proteção e cartuchos de balas da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) Campeã na intervenção, Glock tem histórico de venda para órgãos públicos sem licitação

A Glock vem ganhando espaço no mercado nacional há anos, na esteira de mudanças na legislação brasileira sobre produção e comercialização de armas — em 2017, a empresa anunciou interesse em abrir uma fábrica no Brasil, logo após Temer ter liberado a instalação de uma indústria da suíça Ruag em Pernambuco.

No mesmo ano, o Senado havia aprovado a compra de cem pistolas Glock sem licitação para uso da Polícia Legislativa da casa. No contrato, no valor de R$ 161 mil, o argumento para dispensar a licitação foi que as armas da empresa eram as únicas no mundo com “um mecanismo de segurança passivo, denominado safe action” que previne “disparos acidentais, em caso de quedas ou choques bruscos”, diz o texto.

Ainda em 2017, a Glock venceu um contrato para vender 10 mil pistolas para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) — novamente com dispensa de licitação. A compra, no valor de R$ 18,5 milhões, justificou a falta de licitação por “inviabilidade de competição”.

A decisão foi polêmica: diversas outras empresas de armas que disputavam o contrato questionaram a decisão do governo em fechar o contrato diretamente com a Glock. Em audiência pública, um representante da brasileira Taurus afirmou que o edital foi “direcionado a um produto específico de fabricação exclusiva por determinada empresa do ramo, limitando a competição”. Já o representante da Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) acusou as especificações do edital de impedir fabricantes brasileiras de participar da competição e levantou a questão que, “se ao final do processo restarem poucas empresas, deixará de ser atendido o princípio da Competitividade”. A estrangeira Sig Sauer questionou diversos pontos do contrato afirmando que as especificações traziam vantagens competitivas à Glock. Todos os questionamentos foram rebatidos pelos técnicos da PRF.

A Glock vende para o governo brasileiro ao menos desde 2005, quando firmou contratos com a Polícia Federal. A Pública procurou a empresa, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Gabinete de Intervenção Federal/ReproduçãoSegundo gabinete da intervenção, a fabricante de armas brasileira Taurus doou 60 fuzis para o governo. Fora as doações, a empresa fechou contratos de R$ 57 mil sem licitação com o gabinete Mais dez empresas nacionais e estrangeiras fecharam R$ 95 milhões em contratos sem licitação

Em segundo lugar entre os maiores contratos com o governo brasileiro está a CTU Security, uma empresa de segurança baseada na Flórida, nos Estados Unidos. Ela foi citada nas revelações do WikiLeaks em 2015 sobre a Hacking Team, uma empresa italiana conhecida por desenvolver ferramentas de vigilância e espionagem cujos programas foram acusados de roubar senhas de jornalistas e espionar ativistas de direitos humanos em países como os Emirados Árabes Unidos e Marrocos. O vazamento do WikiLeaks mostrou que a CTU buscou a Hacking Team para tentar vender projetos conjuntos de vigilância para o governo do México, revelando interesse, inclusive, na implantação remota de softwares espiões em computadores.

Com o governo brasileiro, a CTU fechou um contrato de venda de 9.360 coletes à prova de bala para a Polícia Civil. O custo médio de cada colete é de R$ 4,3 mil. De acordo com o Portal da Transparência, o governo federal já pagou R$ 35,9 milhões à CTU. O pagamento coloca a CTU como o quinto maior fornecedor do governo federal na área de segurança até este momento em 2019.

A terceira colocada é a empresa mineira de vigilância e segurança privada Emive Patrulha 24 Horas, que se apresenta como a maior do ramo na América Latina. Ela fechou um contrato de mais de R$ 27 milhões para instalação de sistema de videomonitoramento nos edifícios de 54 unidades prisionais e hospitalares da Administração Penitenciária do Estado.

A dispensa para a licitação da Emive teve a mesma justificativa utilizada para a Glock: o inciso III da Lei de Licitações, que libera compras sem licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.

Fonte: Gabinete de Intervenção FederalFonte: Gabinete de Intervenção Federal TCU autorizou compras sem licitação para situações emergenciais

A dispensa de licitação para as compras do Gabinete de Intervenção foi um pedido do interventor general Walter Souza Braga Netto feito em maio de 2018 . Ele questionou o Tribunal de Contas da União (TCU), que autorizou, em junho, a compra sem licitação sob uma série de condições.

Uma delas era caracterizar a urgência da compra, nas palavras do tribunal, quando “seja impossível aguardar o tempo necessário a uma licitação convencional”. O TCU determinou também que os contratos deveriam ser restritos a atender essa demanda emergencial e não poderiam incluir compras habituais, periódicas ou programadas para atender às necessidades básicas do estado do Rio. Por fim, o gabinete precisaria explicar a razão da escolha da empresa contratada e do preço contratado.

“O fato do Estado do Rio de Janeiro estar sob intervenção não é um cheque em branco para dispensa de licitação. A intervenção não pode ser utilizada para dispensar licitação se é possível fazer o procedimento normalmente. Qualquer compra fora dessa situação é um ato de improbidade administrativa”, questiona o professor de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-RJ), Manuel Peixinho.

Na visão do especialista, a intervenção federal — um ato planejado e que durou cerca de oito meses — não pode ser utilizada como situação de exceção para dispensar licitação, como ocorreria em caso de desastres naturais imprevistos, como enchentes e deslizamentos de terra. “Nós não estamos em guerra e o que é grave perturbação da ordem? É quando o estado não consegue funcionar com normalidade, como paralisação dos serviços, greve generalizada, quando o estado não tem condição de funcionar. Essa fundamentação da intervenção para dispensar licitação não se aplica”, critica.

Segundo o professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) Guilherme Jardim Jurksaitis, contratos sem licitação não podem ser entendidos como sinônimo de corrupção. Ele explica que diversos escândalos de corrupção ocorreram em contratos licitados, por exemplo, os expostos pela operação Lava Jato. Na visão de Jurksaitis, a Lei de Licitações poderia ser menos burocrática e mais simples, nos casos de contratações licitadas, para facilitar esse tipo de contrato; porém ser mais criteriosa para as compras sem licitação, a fim de evitar prejuízos ao poder público. “A lei é muito rigorosa para fazer licitação, mas absolutamente aberta para contratações sem licitação nos casos que autoriza. O procedimento para contratar sem licitação é muito flexível. A lei poderia exigir algo mais, sem transformar a contratação direta em uma minilicitação — poderia impor ao gestor algumas condições, como ter mais transparência no processo de escolha para que não haja abuso”, pondera. Jurksaitis acrescenta que a modalidade de compras através do pregão — sobretudo o eletrônico, feito à distância — é mais simples, rápida e aberta ao escrutínio da sociedade, e poderia ser priorizada no lugar das contratações sem licitação.

O próprio interventor no Rio, o general Walter Braga Netto, afirmou que foi preciso capacitar funcionários do estado do Rio para realizarem processos licitatórios. “Muitas vezes eles não sabiam o que queriam. Precisavam, por exemplo, de pistolas. Mas não sabiam a marca, há necessidade de especificar o modelo […]. Se eu fizesse a licitação deles, teria problemas com o TCU. Paguei para eles cursos de contratos, processo licitatório, projetos… Recebi projeto que não era nem projeto”, afirmou ao Globo.

O dinheiro para custear a intervenção — um total de R$ 1,2 bilhão — foi garantido pelo ex-presidente Temer através de um crédito extraordinário aberto pela Medida Provisória 825.

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