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Atualizado: 1 hora 8 minutos atrás

El comercio mundial se debilita por el proteccionismo de Washington

qui, 21/02/2019 - 16:25

La venta de vehículos es uno de los que ha sufrido una caída según el indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial, que anticipa la persistencia de malos tiempos para el intercambio de mercancías, debilitado por el proteccionismo de Estados Unidos. Crédito: Ginebracomercio.com

Por Gustavo Capdevila
GINEBRA, Feb 21 2019 (IPS)

La tirantez de las relaciones comerciales internacionales repercute en los indicadores del intercambio y “es probable que la debilidad del comercio persista” durante el primer trimestre de 2019, reconoció la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El “descenso simultáneo de varios indicadores relacionados con el comercio debería poner a los responsables de la formulación de políticas en guardia contra una desaceleración más acusada si las tensiones comerciales actuales no se resuelven”, previno la organización con sede en Ginebra.

El último Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial (WTOI, en inglés) de la OMC, divulgado el 19 de febrero, muestra abruptas caídas en los índices que componen el WTOI y que “aparecen bajo presión de las crecientes tensiones comerciales”.

De un punto de referencia de valor 100 para cada índice del WTOI, el último registro de las órdenes de exportaciones  alcanzó el nivel 95,3; el transporte aéreo de mercancías, 96,8; la producción y venta de automóviles, 92,5; la de componentes electrónicos, 88,7, y la de productos básicos primarios de la agricultura, 94,3.

Todos esos casos han presentado las desviaciones más marcadas que se asemejan, aproximan o superan a los descensos registrados durante la crisis financiera internacional estallada en 2008.

Solo el índice de movimiento en los puertos de contenedores mostró signos positivos, de 100,3, con mínima tendencia creciente, dijo la OMC.

El informe estimó que “factores temporales” han influido en algunos de los índices. Mencionó que la “carga adelantada de importaciones en anticipación de (la guerra de) aranceles entre Estados Unidos y China puede haber alentado en alguna medida los embarques de contenedores”.

También citó que “problemas del sector automovilístico en Alemania pueden haber contribuido al debilitamiento de la producción y venta de autos”.

Los componentes del Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial muestran un descenso simultáneo que pronostica la persistencia de la ralentización del intercambio. Crédito: OMC

“La constante pérdida de impulso resalta la urgencia por reducir las tensiones en el comercio que, junto a los persistentes riesgos políticos y a la inestabilidad financiera podrían presagiar un deterioro económico más extenso”, previno la OMC.

Cuando la OMC alude a “las tensiones comerciales” o a “factores temporales” se refiere al ambiente espeso en que se desenvuelven las actividades de la institución desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, aplica su política comercial proteccionista bajo el lema “Estados Unidos primero”.

La ofensiva de Washington alcanzó a socios estrechos, como la Unión Europea y Canadá, aunque el blanco preferido es China, la potencia emergente. Y las últimas andanadas apuntaron a destinos inesperados como India, Sudáfrica y hasta Argentina y Chile.

Washington y Beijing sostienen en estas semanas negociaciones apresuradas pues el 2 de marzo vence una tregua que ha interrumpido la escalada de medidas proteccionistas programada contra la economía china.

En mayo de 2018, con la excusa de promover un equilibrio en la balanza comercial mutua, Estados Unidos estableció una serie de condiciones que sugieren, según el académico estadounidense Michael T. Klare, que “la intención primordial de Washington no ha sido rectificar el desequilibrio comercial sino impedir el crecimiento económico de China”.

En un artículo publicado por el blog TomDispatch, creado por el escritor y editor Tom Engelhardt, Klare resume las principales exigencias de Estados Unidos a China:

  • detener todas las subvenciones gubernamentales a las industrias del programa Hecho en China 2025, un plan que abarca 10 sectores económicos clave, como la industria aeronáutica, la de autos eléctricos, la robótica, la de microchips y la de inteligencia artificial, entre otros.
  • aceptar las restricciones que impone Estados Unidos sobre inversiones en tecnologías sensibles, sin tomar represalias.
  • abrir los sectores de servicios y de agricultura (áreas donde las empresas chinas tienen una ventaja intrínseca) a la competencia estadounidense.

Klare apunta que el académico Eswar Prasad, profesor de Economía de la Universidad de Cornell, describió “acertadamente” la demanda estadounidense al afirmar que “la lista se parece más a los términos de una rendición que a las bases de una negociación”.

Pero la conclusión central del ensayo de Klare es de que “Estados Unidos y China ya están en guerra uno contra el otro. Aunque su actual conflicto de efecto retardado pueda no producir la devastación inmediata de una guerra candente, a largo plazo sus consecuencias podrían resultar más funestas”.

La última avanzada del gobierno de Trump en la OMC va dirigida a un amplio número de naciones, los países en desarrollo, a quienes pretende despojar de un antiguo derecho que les reconoce el sistema comercial, el Trato Especial y Diferenciado, que los coloca en situación ligeramente más favorable en caso de una negociación con los países ricos.

Ese derecho se remonta a la década del 60, en pleno periodo de descolonización, cuando las jóvenes naciones independizadas daban sus primeros pasos. Era la época del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), que la OMC reemplazó en 1995.

Ahora Estados Unidos reclama que el trato especial y diferenciado sea otorgado solamente a los países menos adelantados, un total de 48 naciones de África, Asia y Caribe.

De prosperar, la iniciativa de Washington excluiría de ese beneficio, entre otros, a países como China, India, México, Israel, Chile, Argentina, Corea del Sur, Turquía, Indonesia, Singapur, Sudáfrica, Croacia y Arabia Saudita.

Para leer más artículos de Gustavo Capdevila sobre los movimientos del comercio mundial, visite la página especial del autor sobre el tema: https://ginebracomercio.com/

RV: EG

El artículo El comercio mundial se debilita por el proteccionismo de Washington fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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“En esta lucha voy a dar la vida”: asesinado activista mexicano

qui, 21/02/2019 - 14:47

El asesinado líder comunitario mexicano Samir Flores. Crédito: Ana Cristina Marcano/Pie de Página

Por Daliri Oropeza y Al-Dabi Olvera
MÉXICO, Feb 21 2019 (IPS)

Cuatro días antes de la consulta sobre la entrada en operación de una planta termoeléctrica en la localidad de Huexca, en el centro de México, fue asesinado Samir Flores, uno de los dirigentes más visibles de la articulación de las resistencias y la defensa del territorio contra los megaproyectos en la región.

El campesino, locutor, líder comunitario y defensor de derechos humanos  fue asesinado con dos balazos en la cabeza a las cinco de la mañana del miércoles 20 de febrero, en la puerta de su vivienda, ubicada en el pueblo de Amilcingo, en el estado surcentral de Morelos.

Flores murió en vísperas de que el 23 y el 24 de febrero el gobierno del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador realice una consulta pública para decidir si opera o no la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), y un día después de que se manifestara en un foro conducido en Jonacatepec por Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal en la entidad.

De acuerdo con diversos compañeros suyos, Flores era uno de los precursores y puntos nodales de resistencia en contra del PIM, una red construida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-diieembre 2018), compuesto por un gasoducto que cruza los campos de diversos pueblos (incluido Amilcingo), un acueducto en Cuautla y Villa de Ayala y una termoeléctrica en la comunidad de Huexca.

“Todo el tiempo se distinguió por ser una persona honesta, ética, que ama a su tierra y a la gente. Siempre buscó compartir, enseñar; siempre fue muy solidario: trabajaba con todos, la comunidad, los niños, los campesinos. Cuando había un problema la gente lo buscaba y apoyaba. Se distinguió por tener un gran corazón, una gran mente. Estamos enojados e indignados”, cuenta Samanta César, compañera de Flores en Radio Comunitaria Amiltzinko 100.7 FM.

“Las últimas semanas Samir fue muy activo por esto de la consulta, y esta consulta, si se hace, se va a hacer con sangre”, agrega.

Samantha César cuenta que su compañero de 36 años tenía varias amenazas, incluso en la radio. Samir tenía cuatro hijos.

“Lo buscaron en la madrugada. Salió porque de por sí lo iba a buscar la gente. Y fueron cuatro balazos, dos lo mataron”.

Durante su última intervención pública, en un foro organizado por el gobierno federal en Jonacatepec, Samir Flores encaró al delegado en Morelos, Hugo Éric Flores Cervantes, también presidente nacional del partido Encuentro Social, quien fue una voz clave en la defensa de los paramilitares inculpados en la masacre de Acteal.

Frente al podio donde se encontraba sentado Hugo Eric, Samir responsabilizó a las empresas europeas Abengoa, Enagas y Bonati por ser beneficiarias del gasoducto que pasa por su comunidad. También dijo que el PIM es inconstitucional y advirtió que podría tener efectos en la salud y traer varios peligros, ya que las obras se encuentran al pie del volcán Popocatépetl.

Con el micrófono, denunció las irregularidades de la termoeléctrica y cómo afecta al pueblo. Al final del evento, se acercaron dos asistentes de Hugo Eric Flores que también estaban en el podio y tomaron los datos de Samir, de ningún otro de sus compañeros.

Samantha César opina que la intención de este asesinato es “desvanecer y meter miedo”, pero también “un llamado o aviso a quienes estamos luchando contra este proyecto”.

El presidente  López Obrador lamentó el asesinato en su conferencia de prensa, “es un crimen vil, cobarde, ésa es la información que tengo hasta ahora. Vamos, desde luego, a tener más información y a investigar y a proceder para que se esclarezca este crimen, reprobable, lamentable (…) La consulta la tenemos que continuar, porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea. Ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla”.

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, en una entrevista radiofónica, explicó que la línea de investigación que siguen es que se trata de “la delincuencia organizada”. Sin embargo, la asamblea de Amilcingo responsabiliza a los gobiernos municipal, estatal y federal.

El 10 de febrero, durante la presentación de la consulta para la termoeléctrica, el presidente López Obrador descalificó a varios defensores llamándolos “radicales de izquierda: para mí no son más que conservadores”.

Samir fue quien logró improvisar una tarima para que el mandatario pudiera verlos y escucharlos. En diferentes fotos se le ve con un sombrero café, gritando y sosteniendo una manta.

Como respuesta a los calificativos del presidente, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala señaló en un comunicado que la actitud del presidente contra los defensores de la región podrían generar un ambiente de violencia.

A cambio, lanzaron la campaña #YoPrefieroLaVida. También agregaron que muchas personas en Morelos votaron por López Obrador debido a sus promesas de cancelar la termoeléctrica en 2014 y 2018, y ahora se sienten traicionados.

Samir y un grupo de personas en Amilcingo fueron los primeros en viajar a Huexca en 2012 para avisar y advertir sobre el megaproyecto que se les venía.

Teresa Castellanos, habitante del lugar donde fue impuesta la termoeléctrica, lo recuerda: “era un hombre muy sabio, traía sus ideales bien puestos, no era ningún cobarde. Siempre fue un guerrero muy valiente. Y hasta las últimas consecuencias. Él nos dijo que iba a dar su vida pero nunca iba a traicionar a su pueblo, y ahí está, ya dio su vida”.

“Entonces hay que prepararnos los que estamos aquí enfrente, porque los próximos vamos a ser nosotros, pero no vamos a rajarnos, vamos a seguir en la lucha así tengamos que caer”, sostiene con voz agitada Castellanos, otra de las caras más visibles de la lucha en la región.

López Obrador ha explicado que su cambio de postura sobre la continuidad del PIM obedece a que administraciones anteriores firmaron contratos con vigencia de hasta 25 años, con empresas extranjeras, que obligan al gobierno mexicano a pagar por Indemnización y mantenimiento por estas obras inacabadas, entre las que se encuentran.

Samir Flores era indígena náhuatl y delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI).

El abogado del CNI, Carlos González, lo recuerda como dirigente de su pueblo: era quien organizaba todas las luchas de la comunidad, no sólo contra el gasoducto sino contra la imposición del ayudante municipal por parte de la Central Campesina Cardenista, en defensa de la escuela comunitaria que hicieron, era de la sociedad de padres de familia.

“Él era quien articulaba”, dijo.

El caso de Samir Flores no es aislado, la violencia contra activistas ambientales y defensores del territorio en México es permanente. De acuerdo con una investigación de la periodista Laura Castellanos, en la última década han sido asesinados 125 luchadores ecologistas, de los cuales 82 eran indígenas.

Amilcingo se ha distinguido por llevar una lucha autonómica indígena para gobernarse sin partidos políticos desde hace seis años, recuerda Samantha César. Esta autonomía se desarrolló a partir de la defensa del territorio generada cuando se enteraron que un gasoducto pasaría por su campo. Esto le ha valido incursiones policiacas, además la creación de grupos de choque internos. Sin embargo, la asamblea de pobladores, la radio y una escuela autónoma llamada Emiliano Zapata continúan activos.

“Somos una comunidad súper organizada que ha defendido sus derechos y ésta es una forma de amedrentar a nuestra comunidad. No lo vamos a permitir. Si algo dejó Samir es la enseñanza y la lucha, por eso vamos a continuar”, agrega Samantha César.

“Fue hijo de zapatistas, nacido en tierra zapatista, a cien años de su muerte, acaban de matar a otro luchador social”, concluye.

El asesinato del activista se da también en el contexto del centenario del asesinato de Emiliano Zapata, jefe de la resistencia campesina en la región durante la Revolución mexicana. En entrevista con Pie de Página el pasado 10 de enero, Flores hizo una serie de reflexiones al respecto:

“Es lamentable lo que hoy menciona Andrés Manuel, me recuerda en aquellos años cuando Madero toma el poder y le da la espalda al general Zapata. Me recuerda a esas páginas de la historia. Hoy está haciendo a un lado, de manera ‘denostativa’, a quienes nos sentimos agraviados desde el 2012”.

El defensor habló también del megaproyecto impuesto en Morelos y de la consulta:

“El proyecto no fue consultado. Quizás hoy la consulta está de más porque ya el proyecto ya está hecho, pero (López Obrador) debería enfocarse más en las cuestiones técnicas de la Cupreder, la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), otros científicos que han emitido un punto de vista técnicamente y que pareciera que no lo está tomando tan en cuenta.

Es lamentable para una Cuarta Transformación apuntarle hacia el mismo objetivo neoliberal. Esperemos que las cosas no se compliquen, de lo contrario lo que va a pasar es que se va a topar con la resistencia de los pueblos”.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

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Sectores marginados de Kenia buscan ser escuchados

qui, 21/02/2019 - 13:15

Hombres y mujeres de la localidad de Kalawa, en el condado de Makueni, en Kenia, participaron de un foro de diálogo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchos participantes se quejaron de que los proyectos no incluyen su visión de la realidad ni sus aportes. Crédito: Justus Wanzala/IPS

Por Justus Wanzala
MAKUENI, Kenia, Feb 21 2019 (IPS)

Unas 100 personas participaron en un foro de diálogo en Kenia que busca ayudar a los sectores marginados de la sociedad a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en este país africano. 

“Las mujeres tienen un papel cada vez más importante levantando sus hogares, a diferencia de antes, pero necesitan acceso a préstamos asequibles de instituciones financieras y capacidades para gestionar sus propias empresas”, explicó Julia Mutua, de la semiárida localidad de Kalawa, en condado de Makueni, en diálogo con IPS.

Cuando mira a su alrededor ve pobreza, así como las dificultades que muchos habitantes de este país afrontan para acceder a servicios como agua corriente y atención médica. La pobreza también impide el acceso a la educación, pues muchos padres no pueden pagar los costos escolares.

A Mutua, quien pertenece a una organización de campesinas que lleva adelante un proyecto avícola, también le preocupa la situación de las personas con discapacidades, pues “hace tiempo que han quedado marginadas, junto con las mujeres y las niñas pobres. Para que todo el mundo participe en los esfuerzos para lograr los ODS, necesitas intervenciones específicas para atender sus problemas concretos”, subrayó.

Pero entiende la necesidad de asociarse y de colaborar para lograr las metas de desarrollo.

Mutua pertenece a un grupo de 100 hombres y mujeres de la localidad de Kalawa que a fines de enero participó en un foro de un día sobre los ODS, llamado “Sin dejar a nadie atrás”.

El diálogo se concentró en la participación efectiva de la población local en la implementación de los ODS. Además de los residentes de la zona, también había representantes de la Unidad de Planificación de los ODS del Tesoro Nacional, del Servicio de Voluntarios en el Extranjero (VSO, en inglés) y de las organizaciones Islamic Relief y Caritas Internacional.

La iniciativa forma parte del programa del Centro Internacional de la Sociedad Civil, que trabaja con gobiernos, ciudadanos de a pie y organizaciones para reunir datos sobre comunidades marginadas, pero aportados por ellas mismas.

El proyecto, que todavía está en la etapa piloto, se lleva adelante en Bangladesh, India, Kenia, Nepal y Vietnam.

Mientas, en el condado keniata de Makueni, el foro de diálogo realizado es uno de cinco que se tendrán lugar en todo el país, y que comenzaron en diciembre.

El primero se organizó en el asentamiento irregular de Kibera, en Nairobi. Y a fines de este mes, habrá un foro nacional.

Pero en Makueni, los temas tratados fueron comprensión de las condiciones que promueven la exclusión y la marginación de varios grupos de la sociedad, las categorías de los grupos marginados y las formas de asegurar su participación en la toma de decisiones en lo que respecta a los ODS.

Las deliberaciones también incluyeron el impacto de las políticas en resultados vinculados al desarrollo de los grupos marginados.

Los 100 participantes, la mayoría de los cuales pertenecen a organizaciones comunitarias que tienen que lidiar con problemas de desarrollo, coincidieron en que el diálogo ofreció una gran oportunidad para debatir cuestiones que afectan a los grupos marginados.

“La escasez de agua afecta más a las mujeres y a los niños”, precisó Patricia Mutuku, funcionaria de la Asociación de Usuarios de Agua (WRUA, en inglés), llamada Thwake Kalawa, que lleva adelante proyectos para represas de arena, gestión de manantiales, plantación de árboles y reclamos de tierras degradadas.

“Tenemos previsto plantar árboles específicamente para recargar el agua subterránea. Uno de nuestros compañeros visitó Etiopía y aprendió cómo se pueden usar los árboles para mejorar la recarga, una iniciativa que estamos deseosos de replicar”, explicó.

Fred Odinga, de VSO, dijo que el diálogo ofreció a su organización la oportunidad de comprender cómo los diferentes grupos y comunidades perciben los ODS.

“Observamos en estos foros en todo el país, que los sectores más marginados de la sociedad, como las mujeres, que nunca participaban en los procesos de desarrollo, tuvieron la oportunidad de ser escuchadas por funcionarios estatales”, destacó Odinga, en diálogo con IPS.

Pero la participación pública en proyectos vinculados a los ODS, si bien es muy apreciada, presenta problemas que requieren atención.

Los participantes se mostraron frustrados porque las opiniones recabadas para los proyectos locales rara vez se usaban en los planes finales. También se lamentaron de que a la hora de tomar decisiones, rara vez su visión quedaba reflejada porque el proceso implicaba muchos niveles de aportes.

Además, varias personas no realizaron sus aportes porque en muchos casos solo se reunían las contribuciones procedentes de las ciudades, las que para muchos son de difícil acceso.

“Eso quiere decir que sus ideas nunca se consideran en el proceso de desarrollo”, precisó Odinga.

Como organizadores, pudimos desmitificar los ODS, acotó. “Cuando comenzamos (de mañana), no muchas personas parecían comprender los ODS. Unos cuantos había escuchado hablar de ellos, pero no lo relacionaban con sus problemas”, precisó.

“Por desgracia, solo es un debate con 100 personas en una localidad con un millón de habitantes. Necesitamos muchos foros similares para aprehender los desafíos que encuentran en el cumplimiento de los ODS”, remarcó. Todo el mundo tiene que formar parte del desafío y nadie debe quedar atrás, subrayó Odinga.

Charles Nyakundi, de VSO y quien presidió una sesión de participación ciudadana para la implementación de los ODS, observó que las principales dificultades son el monitoreo, la evaluación y la rendición de cuentas.

“Para garantizar un cambio positivo necesitamos dejar que las comunidades se hagan cargo económicamente de los proyectos de sostenibilidad, en vez de iniciarlo, implementarlo y luego retirarse”, explicó.

En los primeros foros de diálogo sobre los ODS, en otras localidades, notaron que los sectores más marginados abarcaban a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, observó Nyakundi.

“En algunas culturas, los hombres toman las decisiones y las mujeres no aportan ideas”, recordó.

Un enfoque de la base hacia arriba, en lo que se refiere a identificar y ejecutar proyectos comunitarios, es la estrategia preferida por la población local. Por ejemplo, Musau es un líder de opinión en la localidad de Kalawa, un exprofesor que participó en la mayoría de los comités locales que trataron sobre desarrollo.

A pesar de ser una región propensa a las sequías, el condado de Makueni logró un avance enorme y mejoró la vida de su población, después de que Kenia adoptara el sistema de devolución hace seis años.

La devolución es un acuerdo constitucional donde la toma de decisiones se concede a las unidades administrativas locales o condados, liderados por gobernadores, a los que el gobierno nacional asigna recursos.

Stephen Odhiambo, de la Unidad ODS del Tesoro Nacional, instó a mejorar la colaboración y la asociación en todos los niveles del gobierno y con actores no estatales.

Se creó un grupo técnico intergubernamental para supervisar la implementación de los ODS en los servicios nacionales y en los de los condados, explicó.

Al señalar que el foro de diálogo fue un éxito, Odhiambo apuntó: “los ciudadanos no deben achicarse a la hora de reclamar servicios”.

“Trabajamos para recolectar datos comunitarios”, destacó.

“El Tesoro Nacional, la Oficina Nacional de Estadística, organizaciones de la sociedad civil en colaboración con la agencia alemana GIZ, entre otras entidades, apoyan la iniciativa”, acotó. “Se recogen muchos datos generados por la ciudadanía en los condados, pero rara vez se aprovechan”, se lamentó Odhiambo.

Se necesita un enfoque multisectorial para mapear y llegar a los sectores marginados para involucrarlos en las iniciativas de desarrollo.

Pero a Crispus Mwanzoya, administrador de una localidad dentro de otro condado, le preocupa la sostenibilidad de los proyectos ODS. Aunque según él, contribuir con esos objetivos podría ser tan sencillo como mejorar y redirigir la canaleta de una casa para recoger el agua de lluvia.

“Necesitamos cambiar nuestra mentalidad para lograr los ODS porque no nos faltan recursos sino ideas. El gobierno no puede hacer todo, tenemos un papel central”, subrayó.

Traducción: Verónica Firme

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Sociedad civil cubana expectante ante referendo constitucional

qui, 21/02/2019 - 11:39

Algunos viandantes pasan junto a un gran cartel donde destaca el lema “Reforma constitucional, mi voluntad, mi Constitución”, en que se promueve la participación en el referendo sobre el texto de la nueva Constitución, que se realizará en Cuba el domingo 24 de febrero. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Feb 21 2019 (IPS)

Bajo una fuerte campaña a favor del “sí” en los medios estatales y espacios públicos, el electorado cubano se apresta a pronunciarse en el referendo constitucional del 24 de febrero, sobre un proyecto con avances y temas pendientes para la sociedad civil, un término ausente en su texto final de 229 artículos.

De los 11,2 millones de habitantes, suman más de ocho millones las personas con derecho al sufragio, que tienen ante sí la decisión de aprobar una nueva ley fundamental o permanecer con la vigente desde 1976, las que parecen ser las dos únicas opciones en este país de gobierno socialista y sistema unipartidista.

“No me cabe duda sobre la aprobación”, dijo a IPS la reverenda Rita María García, quien dirige el no gubernamental y ecuménico Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba, desde la ciudad de Cárdenas, a 150 kilómetros al este de La Habana, y valoró desde el activismo el proyecto constitucional a referendo en 25.345 colegios comiciales.

“Ningún grupo, proyecto, denominación religiosa, instituciones de la que llamamos sociedad civil independiente, porque otras no lo son tanto pues de alguna manera pertenecen a estructuras del Estado, hará mayoría para un no”, evaluó la activista, sobre el  resultado de la votación, que dirimirá al menos la mitad de los sufragios válidos.

Si como se espera, los electores refrendan el texto, la nueva Constitución entrará en vigor en cuanto sea publicada en en la Gaceta Oficial.

A partir de entonces el parlamento iniciaría la reforma y elaboración de leyes priorizadas por la reforma: Electoral, Código de Familia, Código Civil, de Tribunales Populares, Defensa Nacional, Código Penal, Procedimiento penal, Control Constitucional, Educación, Salud, Municipios, Empresa, Cooperativa y Ciudadanía.

Sin acceso a los espacios públicos, una campaña a favor del “no” circula en las redes sociales de Internet, liderada por voces de la oposición tradicional al gobierno socialista y otras críticas pero no disidentes, que despliegan su activismo virtualmente en un país donde pese a las dificultades hay cada vez más acceso a Internet.

Incluso algunas entidades como la Iglesia Católica o el sitio web independiente El Toque contribuyeron con el voto informado de la población, a través de declaraciones, paneles de especialistas y aplicaciones móviles que analizaron las luces y sombras del proyecto, pero sin condicionar el voto del electorado.

Coordinadores de un colegio electoral en el municipio de Playa, en La Habana, participan en un simulacro, el 17 de febrero, del referendo para aprobar el texto de la nueva Constitución de 229 artículos. Destacan los carteles que llaman a votar por el Sí dentro del local de sufragio. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Un tercer grupo apoya la abstención en las urnas, donde aparecen rostros de los diversos signos políticos existentes en el país, que resultaron más evidentes en la reforma constitucional, que comenzó en junio de 2018 y tuvo un momento cumbre durante la consulta popular del 13 de agosto al 15 de noviembre pasados.

“Ya sabíamos que esto sucedería, que el término (sociedad civil) no aparecería”, opinó García, para quien esta omisión no causará afectaciones. “Los tiempos ya no son los mismos: hoy hay un activismo que se une, discute, discrepa y apoya cuando decide que es pertinente”, valoró.

Especialistas locales y extranjeros discrepan al definir la sociedad civil cubana.

Los conceptos más amplios incluyen las asociaciones fraternales, culturales y deportivas; sociales de masas; iglesias y congregaciones religiosas; organizaciones no gubernamentales de desarrollo; centros de investigación y publicaciones académicas; movimientos comunitarios; cooperativas, nuevos actores económicos y grupos disidentes, que operan en la ilegalidad.

“A veces inquieta la ausencia de un concepto”, reconoció el sociólogo y activista por la no discriminación racial Fernando Romeu, sobre el impacto que podría tener este hecho en caso de que se cumplan los pronósticos de aprobación de una nueva Constitución cubana.

Luego de analizar la propuesta, Romeu consideró a IPS “que la no mención del término no constituye una amenaza de desconocimiento o no legalización por parte del Estado, quien por medio de la propia ley reconoce el conjunto de asociaciones de diferentes tipos y clases (científicas, filosóficas, fraternales, mercantiles y otras)”.

Un cártel con la consigna #YoVotoSí, desplegado en una céntrica zona de La Habana, parte de la masiva campaña del gobierno a favor del voto afirmativo en el referendo sobre una nueva Constitución, que se celebrará en Cuba el domingo 24. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Pero los grupos fuera de la órbita legal ven la situación de otra manera.

“Las libertades civiles y políticas no aparecen plasmadas de manera suficientemente explícitas, por lo que es de augurar que no habrá protección para quienes nos organizamos de manera independiente al Estado”, valoró el ecologista Isbel Díaz y coordinador del proyecto El Guardabosques.

Para Díaz, la propuesta de ley fundamental “amplía el espectro de grupos protegidos, destacando a las personas con orientación sexual y/o identidad de género diversas”, pero esos derechos están limitados a cuestiones tan abarcadoras como “la seguridad colectiva, el bienestar general y el respeto al orden público”.

Justo en el reconocimiento explícito de grupos vulnerables, realizado en el artículo 42 y en general en el título V sobre “Derechos, deberes y garantías”, activistas y especialistas consultados por IPS observan la restitución de antiguas demandas del activismo social.

“El artículo 42 es uno de los mejores: reconoce desde diferencias tradicionales hasta por discapacidad, territorio, raza, género, origen étnico, entre otras”, evaluó la socióloga y experta en género Reina Fleitas. “Muestra que hay un mayor nivel de conciencia sobre la igualdad que ahora queremos, que es superior a la del igualitarismo”, completó.

“Ojalá se convierta en un referente para después mejorar los enfoques de las políticas sociales”, plantea la investigadora sobre el desarrollo local.

Imagen en una pantalla de un teléfono celular de una convocatoria de la campaña #YovotoNo, que pide rechazar el texto de la nueva Constitución en el referendo del domingo 24 en Cuba. Los opositores a la reforma se han visto restringidos a las redes sociales y otras iniciativas de corto alcance para dar a conocer su posición. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

El referendo tuvo una antesala el 16 y 17 de febrero con el funcionamiento de 122 circunscripciones electorales especiales con 1.051 colegios en 130 países, pero solo para el personal diplomático y en misiones oficiales, que en Venezuela sumaron más de 22.000 votantes.

La comunidad emigrada cubana, que según cifras oficiales es de 1,4 millones en 120 países, con un grueso importante en Estados Unidos, no pudo acceder a las urnas establecidas fuera de Cuba y para ejercer el derecho al sufragio deberá estar este domingo en el territorio cubano.

Contexto internacional

La votación sucederá en un panorama nacional complejo, luego del paso el 27 de enero por cinco municipios habaneros de un tornado, que dejó 10.000 desplazados; y un escenario hostil regional, por la confrontación entre el gobierno estadounidense de Donald Trump y el venezolano de Nicolás Maduro, un estrecho aliado de Cuba.

Washington respalda al presidente de la Asamblea Legislativa, el opositor Juan Guaidó, como mandatario legítimo de Venezuela, al igual que un grupo de países latinoamericanos y europeos, mientras desconoce a Maduro.

La Habana hace lo contrario, cuando la atención internacional se focaliza en la peligrosa configuración de fuerzas en América Latina.

Trump aseguró el lunes 18 en Miami, que desea una transición pacífica del poder en Venezuela, pero a la vez reiteró que “todas las opciones están abiertas”.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, advirtió al día siguiente en conferencia de prensa que Estados Unidos prepara “una acción militar con pretexto humanitario”, y calificó de “infame” el aserto de Trump de que La Habana tiene en Caracas “un ejército privado de cubanos” para respaldar a Maduro.

Guaidó marcó para la entrada a su país de la ayuda humanitaria el 23 de febrero, cuando se cumple un mes de que se proclamó presidente encargado del país, y un día antes del referendo constitucional en Cuba. Maduro rechaza el ingreso de esa asistencia que considera como la antesala para una intervención militar estadounidense.

Con aportes de Patricia Grogg desde La Habana.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Violencia sexual se dispara en Sudán de Sur

qua, 20/02/2019 - 13:09

“Hay muy poca rendición de cuentas en Sudán del Sur para un problema crónico y endémico de violencia sexual contra mujeres y niñas”: el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnur), Rupert Colville. Crédito: Jared Ferrie/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Feb 20 2019 (IPS)

Aun tras la firma del acuerdo de paz, mujeres y niñas del norte de Sudán del Sur siguen soportando el enorme impacto del persistente, brutal y elevado grado de violencia sexual reinante, concluye un nuevo informe realizado por investigadores de la ONU.

El acuerdo de paz ya tiene casi cinco meses de firmado, sin embargo, investigadores de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) concluyeron que hay un crecimiento “endémico” de la violencia sexual en el norteño estado de Unidad.

“Hay muy poca rendición de cuentas en Sudán del Sur para un problema crónico y endémico de violencia sexual contra mujeres y niñas”, señaló el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Rupert Colville.

“Hay una impunidad prácticamente total desde hace años, por lo que no hay nada que desincentive a esos hombres a hacer lo que hacen”, añadió Colville, en la presentación del informe.

La alta comisionada Acnudh, Michelle Bachelet, también se mostró preocupada por el problema.

“La volatilidad de la situación en Sudán del Sur, sumada a la falta de responsabilidad por las violaciones y los abusos cometidos en todo Unidad, probablemente lleve a los actores armados a creer que pueden salirse con la suya y violar y cometer otras formas atroces de violencia sexual”, declaró.

Entre septiembre y diciembre de 2018, por lo menos 175 mujeres y niñas sufrieron episodios de violencia sexual y física. De las cuales, 64 eran niñas, y algunas hasta de tan solo ocho años.

Investigadores de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (Unmiss) y de Acnudh concluyeron que la mayoría de las víctimas sufrieron ataques cuando caminaban en busca de leña, alimentos o agua, entre otros bienes, que son limitados desde el comienzo del conflicto en 2013.

La ONU instó al presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, en 2109, que investigara la violencia sexual en el norte del país. Crédito: Elias Asmare/IPS.

“Las mujeres no tenemos opción. Si vamos por el camino principal, nos violan. Si vamos por el monte, nos violan. No íbamos por el camino porque escuchamos historias horribles, que agarran a las mujeres y a las niñas cuando pasan caminando y las violan, pero lo mismo nos pasó a nosotras. No hay escapatoria, nos violan a todas”, insistió una sobreviviente.

La mujer de 30 años fue violada en tres ocasiones distintas, siempre en la misma zona, yendo o regresando de sitios de distribución de alimentos, en Bentiu, capital del estado de Unidad.

Además, casi 90 por ciento de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual fueron violadas por más de un hombre, y a menudo durante varias horas, señala el informe.

Los investigadores también señalaron que muchos de los ataques fueron premeditados y organizados. “La crueldad de los agresores parece ser una característica consistente de la violencia sexual documentada”, precisa el documento.

En un incidente ocurrido en noviembre, una mujer con dos meses de embarazo sufrió un aborto tras ser víctima de una violación grupal.

Numerosas sobrevivientes también describieron que les pegaron con culatas, palos y cables cuando intentaban resistirse o después de ser violadas.

Otra sobreviviente de 50 años relató a los investigadores que la golpearon después de tratar de impedir que unos hombres armados se llevaran a su hija de 25 años.

“Algunos de ellos me lanzaban puñetazos y patadas porque no les dejaba llevarse a mi hija. Esos hombres armados eran como mis hijos, pero eran tan crueles. No tenían piedad”, prosiguió.

Entre los factores que contribuyeron al aumento de los ataques contra las mujeres y las niñas se destaca el gran número de combatientes “en espera”, que aguardan la desmovilización y la retirada.

El acuerdo de paz se firmó en septiembre de 2018, pero el nuevo gobierno de transición no se hará efectivo sino hasta mayo, lo que deja a numerosos combatientes en una especie de limbo.

“Muchos de esos jóvenes, fuertemente armados, no hacen más que esperar. Es una mezcla muy tóxica, y también hay jóvenes milicianos con los que se alían algunos grupos oficiales y no se sabe exactamente quiénes son, y también han estado muy activos”, explicó Colville.

La impunidad y la falta de responsabilidad también llevaron a la normalización de la violencia contra mujeres y niñas, y tanto Unmiss como Acnudh urgieron al presidente Salva Kiir que ordene investigaciones y se haga justicia con las sobrevivientes.

A raíz de varios informes con un gran número de denuncias, una comisión sursudanesa lanzó una investigación para aclarar lo sucedido, pero negó la situación y declaró que las violaciones “no eran verdaderas”.

El actual acuerdo de paz parece volátil, pero es cada vez más urgente que el nuevo Sudán del Sur tome medidas para proteger a mujeres y niñas.

“Lamentablemente, seguimos recibiendo denuncias de violación y de violaciones en grupo en Unidad desde el comienzo de este año”, informó Bachelet.

“Insto al gobierno de Sudán del Sur a que tome las medidas adecuadas, incluidas las del acuerdo de paz, para proteger a las mujeres y niñas, y para investigar pronto y de forma exhaustiva las acusaciones de violencia sexual, y que realice juicios justos para castigar a los responsables”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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Agresión a defensores de DDHH es pan de cada día en América Latina

ter, 19/02/2019 - 19:17

Medio centenar de defensores de derechos humanos de América Latina realizaron un encuentro en Ciudad de México, en las instalaciones del Club de Periodistas, para intercambiar estrategias y analizar los retos que enfrentan en la región más letal para los activistas. En la reunión participaron relatores especiales sobre indígenas, desplazados y libertad de expresión. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
MÉXICO, Feb 19 2019 (IPS)

“Vivimos una situación muy difícil. Hay una militarización a nivel regional, violencia de género. Estamos en riesgo, eso no lo podemos silenciar”, denunció la guatemalteca Aura Lolita Chávez en un encuentro en la capital mexicana de defensores de derechos humanos de América Latina.

La activista del pueblo indígena quiché y lideresa del Consejo de Pueblos K’iche’s por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio, señaló a IPS que el gobierno de Guatemala “ha dicho que somos bochincheros, que ejercemos la violencia, pero defendemos nuestro territorio y decimos no a las mineras”.

Chávez fue finalista del Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo, en 2017, y ganadora ese mismo año del Premio Ignacio Ellacuría de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, y participa en el rechazo de las comunidades originarias del oeste guatemalteco contra la presencia en la zona de empresas mineras, hidroeléctricas y de productoras de palma africana.

Por esa campaña, la indígena ha recibido amenazas de muerte y agresiones que la obligaron a refugiarse en España en 2017.

Pero su caso está lejos de ser una excepción, tanto en Guatemala como en el resto de América Latina, la región más letal para los defensores de derechos humanos según diferentes informes, en especial los vinculados con la tierra y el ambiente.

Con ese contexto cada vez más alarmante,  Chávez y medio centenar de activistas de Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Uruguay participaron en Ciudad de México, entre el 15 y el 18 de febrero, en el Encuentro Internacional de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo el lema “Defender es no olvidar”.

A la reunión asistieron como invitados la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz; la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, la también filipina Cecilia Jiménez-Damary, y el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el uruguayo Edison Lanza.

Los defensores humanitarios identificaron amenazas comunes como la intromisión de empresas mineras y petroleras en territorios indígenas, campañas gubernamentales en su contra, persecución judicial, violencia de género y sociedades polarizadas que no suelen reconocer la defensa de los derechos humanos.

Evelia Bahena, defensora del sureño estado mexicano de Guerrero, deploró ante IPS “el sufrimiento y la destrucción” padecidas a manos de “empresas que hacen ganancias a costa de la vida de otros”.

En su territorio en el municipio de Cocula, Bahena ha enfrentado proyectos mineros, lo que ocasionó amenazas y demandas en su contra, lo que forzó su huida de su comunidad, una suerte que se repite para activistas que luchan contra megaproyectos que perjudican el tejido social de las localidades donde se construyen, sus derechos y sus recursos naturales.

La galardonada indígena guatemalteca Aura Lolita Chávez, lideresa del Consejo de Pueblos K’iche’s, se ha visto forzada a refugiarse en España por las amenazas de muerte y agresiones, debido a su lucha contra las actividades de grupos empresariales que afectan el ambiente y los territorios indígenas en su país. Crédito: Cortesía ETB

Varios informes dan cuenta de la situación en que se desempeñan los defensores en la región. En el informe “¿A qué precio?”, publicado en julio de 2018, la organización internacional Global Witness determinó que del total de los 201 asesinatos de defensores ocurridos en el mundo el año precedente, 60 por ciento fue en América Latina.

Brasil registró la mayor cantidad de homicidios de activistas que cualquier otro país, 57. En México, la cifra fue de 15, cinco veces más que el año anterior, mientras Nicaragua registró la mayor tasa de asesinatos de activistas en relación a su población, con cuatro, según la organización basada en Gran Bretaña.

El “Análisis global 2018”, elaborado por la también organización internacional Frontline Defenders, ofrece igualmente un panorama crítico, al contar 321 asesinados en 27 países, nueve activistas más que en 2017. Del total de homicidios, 77 por ciento involucró a defensores de la tierra, del ambiente e indígenas.

En el continente americano la violaciones más comunes consistieron en amenazas y campañas de difamación, según la organización con sede en Irlanda. En Colombia, 126 defensores fueron asesinados, en México, 48; en Guatemala, 26; en Brasil, 23, y en Honduras, 8.

Para Ana María Rodríguez, representante de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, las condiciones difíciles persisten en su país donde en lo que va de 2019 ya fueron asesinados 20 activistas humanitarios.

“Seguimos sin una respuesta efectiva del Estado” para garantizar la seguridad de los defensores, resumió Rodríguez a IPS.

Las víctimas más numerosas son líderes y lideresas sociales de zonas otrora controladas por la extinta guerrilla de ñas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), trastocadas en un partido político con representación en parlamento, que suscribió con el gobierno los acuerdos definitivos de paz en 2016, que pusieron fin a medio siglo de conflicto interno.

Relatores especiales sobre diferentes aspectos de derechos humanos participan en la clausura, el 18 de febrero, del encuentro latinoamericano de defensores de derechos humanos y periodistas, en Ciudad de México. Crédito: Cortesía de CMDPDH

 

“Hay retrasos e incumplimiento de los acuerdos”, lo cual contribuye a la indefensión de los protectores de derechos humanos, a criterio de la abogada.

En México, este año ya ha reclamado su cuota mortal, con al menos seis defensores y tres periodistas asesinados.

A ese récord se suman las crisis persistentes en Nicaragua y Venezuela, la llegada a la presidencia en enero del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil, con abiertas amenazas en contra de la sociedad civil, y los pronunciamientos del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, mandatario de México desde diciembre, en contra de organizaciones de la sociedad civil y periodistas críticos.

Los relatores presentes, en visitas no oficiales a México, escucharon los testimonios de los activistas y recordaron que los gobiernos de la región tienen obligaciones internacionales que respetar, como garantizar los derechos de los indígenas, personas desplazadas y periodistas, así como proteger a los defensores.

“Uno de los derechos básicos es la consulta y la obtención del consentimiento previo, libre e informado”, especialmente en el desarrollo de megaproyectos, enfatizó para IPS la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Tauli-Corpuz, perteneciente al pueblo originario filipino de los kankanaey igorot.

En el informe sobre México que presentó en octubre, la relatora especial cuestionó el incumplimiento de los derechos ancestrales, especialmente el de consulta sobre proyectos energéticos, inmobiliarios o turísticos en sus territorios.

El gobierno de López Obrador proyecta construir un tren sobre cinco estados del sur y sureste del país y la interconexión terrestre de las costas pacífica y atlántica y que cruzan tierras originarias, proyectos que ya le enfrentan a  comunidades afectadas.

Por su parte, Lanza, el relator especial de la CIDH, señaló que las recomendaciones del informe conjunto divulgado en junio de 2018 con David Kaye, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, deben ser el punto de partida para las medidas a adoptar por el gobierno mexicano.

“Lo importante es que el Estado cumpla con las recomendaciones. Estamos en ese seguimiento”, dijo a IPS. En marzo, su relatoría presentará el anual informe regional sobre la libertad de expresión.

Jiménez-Damary, por su parte, resaltó que Colombia es el caso más crítico de desplazamiento interno forzado, con unos 6,5 millones de víctimas acumuladas hasta 2017, mientras en México unas 345.000 personas han tenido que abandonar sus residencias y 296.000 habitantes en El Salvador.

“Una persona desplazada ya es demasiado. El Estado tiene la principal responsabilidad” en ese tipo de casos, denunció a IPS la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los desplazados internos.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Doce años en la cocina, la vida de un inmigrante en Nueva York

ter, 19/02/2019 - 13:16

Cuando se abrió una vacante en la cocina, un compañero del restaurante le enseñó a Pedro a usar la plancha para que pudiera trabajar. Crédito: Carmen Arroyo/IPS.

Por Carmen Arroyo
NUEVA YORK, Feb 19 2019 (IPS)

Tras una breve charla con su amigo Hilarino, el mexicano Pedro le comunicó a su esposa Camila, embarazada de su segunda hija, que dejaba Oaxaca rumbo a Estados Unidos. En noviembre de 2005, para él la felicidad estaba del otro lado de la frontera. “Estaba tan emocionado, ‘híjole’, no se imagina”, recordó.

Hilarino regreso de Estados Unidos a México ese mes para llevarse a su amigo, y acordaron irse por la ruta del Golfo de California hacia Arizona.

“Tienes trabajo aquí”, le espetó su esposa. “Si quieres irte, vete, pero tienes trabajo aquí. Tienes familia aquí”, imploró. Pero Pedro ya no escuchaba.

Doce años después de cruzar la frontera como “mojado”, Pedro cocina en un restaurante del barrio Upper Manhattan, en Nueva York, y es uno de los 775.000 inmigrantes irregulares residentes en esta ciudad estadounidense, según datos de 2018.

Al igual que muchos inmigrantes, él llegó a este país lleno de sueños y dejando a su familia en México, pero sobre todo, albergaba la esperanza de ser feliz.

De lunes a sábado, Pedro pasa ocho horas en la cocina, frente a la plancha, prepara sandwiches, esparce queso en “bagels” y a veces cocina hamburguesas y bistec o agrega especias como chile, ajo o comino.

Los amigos de Pedro en el restaurante también son mexicanos, con historias parecidas a la de él. Samuel llegó en 1999, a los 15 años, y ahora ya está casado y tiene tres hijos.

Los conocí en 2017, cuando me mudé a Nueva York, relata.

Pedro tiene miedo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues “no es bueno con los inmigrantes, solo es rico”. En cambio, le caía bien Hillary Rodham Clinton y simpatiza con el actual mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, “tiene grandes ideas, va a marcar una diferencia”, opinó.

A los 23 años, Pedro había vivido toda su vida en Oaxaca. Con el sueldo de policía apenas podía mantener a su esposa y a su hija de tres años y no le alcanzaba para nada más. El joven estaba cansado y aburrido, además de que su trabajo, en el que hacía cuatro años que estaba, era peligroso.

“Si me hubiera quedado, dudo que estuviera vivo”, aseguró, pues nunca se sabía cuando los “narcos” sobornarían agentes o matarían por represalia. Así que en contra de la decisión de su esposa que le rogó que no se fuera, Pedro se marchó.

En la mañana del 3 de marzo de 2006, Hilarino y Pedro partieron rumbo a Estados Unidos, junto con otros 10 hombres y dos mujeres, en un autobús que los llevó de Oaxaca a la frontera de México con Arizona, todo arreglado por un “coyote”, como se conoce a los que ingresan  inmigrantes indocumentados a este país de forma irregular.

Desde que Trump llegó al gobierno, los coyotes aumentaron el costo de la travesía, que actualmente cuesta entre 8.000 y 12.000 dólares. En cambio, en su momento, Pedro pagó 1.300 dólares.

Tras dos días de autobús, los amigos llegaron a la frontera, a más de 2.800 kilómetros de su casa. Habían comprado más de 15 litros de agua, coca-colas y bebidas energizantes Red Bull para soportar la travesía desértica.

En cuestión de horas, se convirtieron en mojados, como se conoce a los indocumentados y no deseados.

La caminata en el desierto llevó cuatro días, caminaban de noche y dormían de día para evitar el calor. El primer día caminaron de seis de la tarde a cinco de la mañana. “Fue una caminada recia”, recordó, pues una vez que se está en el desierto, puede pasar cualquier cosa.

El primer día fue una pesadilla, temieron por la “migra”, agentes estadounidenses de migraciones que andaban cerca de donde ellos estaban, pero el coyote los tranquilizó y solo terminaron apurando el paso.

El tercer día en el desierto, se quedaron sin agua, y uno de sus 14 compañeros se desmayó, y hubo que cargarlo hasta llegar a la ciudad de Phoenix, en Arizona. Habían caminado más de 380 kilómetros en más de 80 horas, comiendo tortillas de maíz y frijoles en lata.

En Phoenix, los esperaba un microbús que los llevó hasta la ciudad de Los Ángeles, en California, gracias a los arreglos del coyote.

“Era un hombre bueno. Hizo todo lo que prometió, nos llevó a los 14 hasta Los Ángeles”, relató Pedro.

Los narcos no son el único problema acechando a los inmigrantes latinoamericanos en 2018.

En el marco de la Ley Frontera Segura, promulgada por el presidente George W. Bush, en octubre de 2006, el gobierno construyó un muro de 1.120 kilómetros desde San Diego hasta Nuevo México, que dificultó el cruce a pie.

Y desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, aumentó el número de detenciones por las autoridades migratorias, a los inmigrantes los procesan como delincuentes y se elevó el presupuesto para la guardia de fronteriza.

Pedro considera que tuvo suerte por haber llegado a Estados Unidos en 2006.

Una vez en California, Hilarino y Pedro consiguieron documentos falsos y trabajo como recolectores de fruta por 420 dólares por semana, parte de los cuales Pedro enviaba a su esposa Camila en México.

Durante los tres primeros años, apenas podía hablar por teléfono con ella. Ahora con Facebook, Facetime y Whatsapp, se comunican con más frecuencia.

“La primera vez que las vi, lloré mucho, fue increíble”, recuerda con una sonrisa. Pero luego acota: “Todavía es muy duro. Muy difícil, muy difícil”.

Pedro solo trabajó seis meses recogiendo fruta porque no le gustaba y decidió pagar 200 dólares para llegar a Montgomery, en el estado de Alabama, para trabajar en la construcción por 600 dólares por semana. Pero no pudo trabajar más de seis meses porque con la llegada del invierno, menguó la actividad.

Entonces decidió marcharse a Nueva York y consiguió quien lo llevara por 400 dólares. Tras 17 horas de ruta, llegó a la “Gran Manzana”, toda nevada en pleno invierno y, sin embargo, se sintió más en casa que en los otros lugares.

En Nueva York se alojó en casa de una pareja amiga en la calle 125, la que tenía un amigo, José, quien le consiguió el trabajo en el restaurante en el que está actualmente.

Entonces, Pedro sabía mucho inglés porque los compañeros de trabajo que había tenido hablaban español.

El primer mes y medio trabajó como repartidor y haciendo tareas de mantenimiento. Finalmente, se sintió feliz, aunque le costó acostumbrarse al acelerado ritmo neoyorquino. Pero siguió buscando trabajo porque no ganaba mucho. Pero cuatro meses después, se abrió una vacante de cocinero. Y como no sabía cocinar, le enseñaron a usar la plancha para que pudiera pasar a la cocina.

El nuevo trabajo le gustaba mucho más, podía aprender inglés y ganaba más. Como cada vez que se trasladaba de una ciudad a otra, llamó a su esposa para darle la buena noticia. Camila lo alentó a esforzarse, y así lo hizo para seguir enviándole dinero.

Dos años después, su amigo Samuel, quien lo ayudó a ascender, le avisó que le aumentaban el salario.

Actualmente, Pedro comparte una habitación con un ecuatoriano en Upper Manhattan, por la que paga 300 dólares al mes. Además, manda 2.000 dólares a su familia en México a través de Western Union.

“Hace un par de años, Camila me llamó y me dijo: ‘vamos a comprar unas tierras”, relató contento. “No habría sido posible si no me hubiera venido. Ahora tienen todo”, destacó.

Pero su esposa sigue queriendo que se vuelva a México y él desea regresar. Todavía extraña a su familia. Sus hijas ya tienen 13 y 15 años. De pequeña, la menor le cantaba en el teléfono.

“Hablo con ella y me canta. Solo canta”, contó con alegría. Después de hablar media hora con ellas cuando se levanta al mediodía, se prepara para su turno en el restaurante, que comienza a las cuatro de la tarde.

Los domingos escucha rancheras, pasea y se junta a tomar cerveza con amigos mexicanos. Cada tanto, lee El Diario de Nueva York para enterarse de las noticias sobre inmigrantes y también El Diario de México, donde leyó sobre la derrota de el Partido Revolucionario Institucional y del triunfo de López Obrador.

“La mayoría de mis amigos se quieren regresar. Uno se fue hace poco. Tenía una novia”, rió Pedro.

Cuando regrese a México, tiene pensado montar su propio negocio, quizá un restaurante. Pero sabe que el día que pise un avión para volverse a su país, nunca más regresará.

“Hace tres años que digo lo mismo. Algún día volveré, pero no ahora”, sonrió. Mira a su amigo Samuel y repite: “algún día”, antes de seguir cocinando.

Traducción: Verónica Firme

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Gobierno militarizado intenta reanudar megaproyectos en Brasil

ter, 19/02/2019 - 11:23

Imagen aérea de la zona donde se proyecta construir la tercera planta nuclear en Angra, al lado de las plantas Angra 1 y Angra 2, sobre una zona costera cercana a la ciudad de Angra dos Reis, al sur de Río de Janeiro, en el sureste de Brasil. Crédito: Divulgación Electronuclear

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Feb 19 2019 (IPS)

Dos iniciativas de inspiración militar conducen al nuevo gobierno de Brasil, compuesto de numerosos generales, al camino de los megaproyectos de funestos resultados en las cuatro últimas décadas.

Concluir la tercera central nuclear del país y encaminar la construcción de otras ocho es el plan en estudio, anunciado por el ministro de Minas y Energía, el almirante Bento Albuquerque.

El gobierno de extrema derecha se arriesga a repetir el desastre del programa nuclear de la dictadura militar (1964-1985), que inició en los años 70 la construcción también de nueve unidades generadoras y logró poner solo dos en operación, con un costo de decenas de miles de millones de dólares, y dejar una tercera inacabada.Una paranoia muy difundida entre los militares brasileños es la supuesta amenaza a la soberanía nacional que representan las reservas indígenas y las organizaciones no gubernamentales (ONG), que podrían llevar a declarar la independencia o la “internacionalización” de partes de la Amazonia.

Otro gran proyecto, que se ha prometido formalizar por decreto antes de abril, se destina a construir una carretera, una central hidroeléctrica y un puente fluvial sobre el mayor río del país, en una parte bien conservada de la Amazonia.

Es una vieja propuesta del general retirado Maynard Santa Rosa, titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, que la defiende principalmente por razones de seguridad nacional.

El objetivo es generar electricidad para el tramo medio de la cuenca amazónica, donde está Manaos, una ciudad de 2,1 millones de habitantes, y promover el desarrollo local para frenar las organizaciones ambientalistas e indigenistas internacionales, escribió el general en un artículo de 2013.

Una paranoia muy difundida entre los militares brasileños es la supuesta amenaza a la soberanía nacional que representan las reservas indígenas y las organizaciones no gubernamentales (ONG), que podrían llevar a declarar la independencia o la “internacionalización” de partes de la Amazonia.

El mismo presidente Jair Bolsonaro, un antiguo capitán del Ejército, identificó los peligros que acarrearía la Triple A, un corredor ecológico Andes-Amazonia-Atlántico, aunque no pasa de ser una propuesta de la ONG colombiana Gaia Amazonas, como forma de proteger la naturaleza en el extremo norte de Brasil y parte de otros siete países amazónicos.

Ese fue el motivo, según el mandatario en el poder desde enero, para que Brasil desistiese de acoger la 25 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25), que finalmente se desarrollará en Chile en enero de 2020.

El general retirado Augusto Heleno Pereira, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, con rango de ministro, ha reiterado el temor de pérdida de partes del territorio nacional si grupos indígenas, especialmente con tierras adjudicadas en la frontera, se juntan a ONG u organismos internacionales para independizarse.

El nuevo gobierno es el más militarizado de la historia brasileña, con más oficiales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea en su composición que en cualquier otro período, incluyendo el de la última dictadura militar.

Además de los ocho ministros hay más de cuatro decenas de funcionarios de origen castrense en otros cargos de dirección. Esa presencia va a ampliarse, ya que los ministros de Educación, Ricardo Vélez Rodríguez, y de Medio Ambiente, Ricardo Salles, son favorables a la militarización de las escuelas y órganos de sus carteras.

Parte reconstruida pero sin pavimentar de la carretera BR-163, en el amazónico estado de Pará, en el norte de Brasil. El gobierno de Jair Bolsonaro quiere construir un tramo de la carretera que estaba en el diseño original pero que ni siquiera se marcó su trazado en medio de los bosques amazónicos. Crédito Fabiana Frayssinet/IPS

El pensamiento militar, por ende, orienta variados sectores del gobierno. Es el caso de la ocupación amazónica por grandes obras de infraestructura. “Integrar para no entregar” la Amazonia era la consigna de la dictadura militar que vuelve a la orden del día.

En el sector energético, la opción nuclear estaba implícita en el nombramiento del almirante Albuquerque, ya que él era antes el director general de Desarrollo Nuclear y Tecnológico de la Marina.

A su cargo estaba un programa de construcción de cuatro submarinos convencionales, el primero de los cuales se lanzó al mar en diciembre, y uno de propulsión nuclear.

La Marina desarrolló un programa nuclear paralelo, oculto durante varios años, que logró dominar una tecnología de enriquecimiento del uranio, aunque Brasil asumió compromisos internacionales de renuncia a su uso bélico.

Multiplicar las centrales eléctricas de esa fuente forma parte de los planes tecnológicos y estratégicos de los militares que consideran vital el avance en el conocimiento de esa área.

Además, Brasil tiene grandes yacimientos de uranio y desarrolló una industria de equipos y combustibles nucleares que podrían consolidarse con la demanda de nuevas centrales eléctricas y los submarinos.

Pero hay gran posibilidad de repetir la frustración del programa iniciado en los años 70, por parecidas dificultades financieras. Antes de la crisis de la deuda externa de los años 80 abortó algunos megaproyectos de la dictadura militar, tildados de “faraónicos” por los críticos.

Brasil adquirió su primera central nuclear de Estados Unidos, con el reactor de la empresa Westinghouse. Se denominó Angra 1 porque fue implantada a 130 kilómetros al oeste de Río de Janeiro en línea recta, al borde del mar, en el municipio de Angra dos Reis.

Las obras se prolongaron de 1972 a 1982 y su operación comercial solo empezó en 1985, con una capacidad generadora de 657 megavatios.

Mientras, en 1975, el gobierno militar firmó un acuerdo de cooperación nuclear con Alemania, que comprendía la construcción de otras ocho centrales, con transferencia de tecnología.

Solo la primera de ellas, Angra 2, instalada en la misma pequeña bahía rodeada de montañas, se puso de pie en un turbio proceso que se prolongó hasta 2000, cuando quedó operativa, con una potencia de 1.650 megavatios.

La segunda unidad de tecnología alemana, Angra 3, comenzó su construcción en 1984, interrumpida dos años después y reanudada de 2010 a 2015.

Retomar el proyecto de costos astronómicos suena poco probable para un gobierno que fue electo con la promesa prioritaria de promover un ajuste fiscal, empezando por reducir el déficit del sistema de previsión social.

Además sería una central de vieja tecnología, realizada con equipos almacenados durante más de tres décadas, todos proveniente de Alemania, que está desactivando sus últimas unidades nucleares.

Contra la ampliación del parque nuclear conspira el costo de su energía, mucho más cara que la de fuente hídrica, abundante en Brasil, y de las alternativas solar y eólica cada día más baratas.

Sobre todo los megaproyectos tienen una historia de muchos fracasos.

La carretera que el general Santa Rosa pretende impulsar en la Amazonia es justamente el tramo más al norte y abandonado de uno de los megaproyectos viales diseñados por la dictadura militar y cuya construcción comenzó en los primeros años 70.

La BR-163 se trazó para cruzar todo el territorio brasileño del sur al norte, con 3.470 kilómetros, pero se interrumpió en Santarém, donde el río Tapajós desemboca en el Amazonas. Fue un elefante blanco durante más de dos décadas, hasta que la expansión de la soja en el estado de Mato Grosso la volvió útil.

El nuevo proyecto es completarla hasta la frontera con Suriname, pero no se justifica económicamente. El tramo que transporta la mayor producción de soja hacia los puertos de exportación sí, pero aún carece de pavimentación en 90 kilómetros, y es ahí donde las inversiones serían prioritarias.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-201), del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), también desató una oleada de megaproyectos que fracasaron en buena parte, como ferrocarriles, puertos, astilleros, refinerías y petroquímicas, y se transformaron en escándalos de corrupción.

Se concluyeron grandes centrales hidroeléctricas programadas, pero provocaron protestas de poblaciones afectadas, manchando esos proyectos. Esa reacción sería previsiblemente mayo si avanzan las obras del nuevo gobierno en la Amazonia, ya que dañarían varias tierras indígenas y de quilombolas (comunidades afrodescendientes).

Edición: Estrella Gutiérrez

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Países con bosques salvadores esperan fondos vitales

seg, 18/02/2019 - 13:17

La ministra de Relaciones Exteriores de Suriname, Yldiz Deborah Pollack-Beighle, dijo que la adopción de la Declaración Conjunta de la Krutu de Paramaribo sobre fondos climáticos para los países HFLD ya no serán los que aporten la solución al cambio climático y al recalentamiento global sin la asistencia financiera necesaria. Crédito: Desmond Brown/IPS

Por Desmond Brown
PARAMARIBO, Feb 18 2019 (IPS)

Los países con gran cobertura vegetal y poca deforestación (HFLD) cerraron la conferencia de Suriname con la Declaración Conjunta de la Krutu de Paramaribo sobre la movilización de fondos climáticos para los HFLD.

Krutu, una palabra indígena de Suriname, quiere decir reunión de importancia o de altos dignatarios, que permite algo viable.

“Es con gran placer que anuncio la adopción de la Declaración Conjunta de la Krutu de Paramaribo sobre movilización de fondos climáticos para los HFLD”, informó el presidente de Suriname, Desiré Delano Bouterse, en la segunda semana de este mes.

“La adopción de este documento es importante para continuar juntos nuestros esfuerzos y concentrarnos en resultados prácticos, pues nos permite aumentar nuestra cooperación en mecanismos relevantes internacionales y multilaterales”, prosiguió.

En la declaración, los países HFLD realizaron varios compromisos, entre ellos: reunir reconocimiento internacional sobre la contribución significativa que realizan los países en desarrollo HFLD a la respuesta global contra el cambio climático al permitir que sus bosques sirvan como vitales sumideros de carbono y mirar a la comunidad internacional para que provea del apoyo económico adecuado para ayudar a mantener ese tesoro.

Para los países en desarrollo HFLD, la naturaleza y el desarrollo están intrínsecamente conectados, subrayó Bouterse. Todos están a merced de las amenazas que suponen las actividades poco sostenibles, mientras intentan planificar un desarrollo sostenible.

Bouteres explicó que el desafío para estos países es encontrar un modelo de desarrollo que equilibre sus intereses nacionales a la vez que sigue entregando servicios ecológicos al mundo.

“Espero una voz unida y modelos innovadores que den forma a nuestros mutuos intereses. Suriname se siente honrado de haber recibido el mandato de llevar los esfuerzos de los países en desarrollo HFLD al foro internacional. Nos tomamos esta tarea con mucha seriedad y nos comprometemos a abocarnos a ella”, añadió.

“Nosotros, en tanto países en desarrollo HFLD, nos marcamos un nuevo camino. Ofrecemos a todos nuestros amigos y colaboradores la Krutu de Paramaribo para marcar el camino”, se comprometió Bouteres.

Suriname fue el primer país que reservó vastas cantidades de su territorio, 11 por ciento, como áreas protegidas cuando creó la Reserva Natural de Suriname Central, en 1988.

Bouterse declaró entonces que Suriname se había ubicado en una posición difícil porque casi la mitad de su territorio se había entregado a compañías madereras a principios de la década de los años 90.

Pero la creación estratégica de la reserva, con una superficie de 1,6 millones de hectáreas frenó de inmediato esas actividades, destacó.

“Esta decisión se tomó específicamente por razones de protección, sin siquiera prever el valor intrínseco que la reserva tendrá en los próximos años”, acotó Bouteres.

“Ahora, 20 años después, nos debemos la instancia de evaluar y cuestionar las consecuencias de esa decisión. ¿Los ecosistemas de la reserva quedaron intactos o mejoraron, como se pretendía al principio?”, planteó.

“¿Los esfuerzos de conservación contribuyen a nuestro desarrollo económico? ¿Invertimos lo suficiente en nuestra propia capacidad de ser un actor del concierto ambiental mundial?”, prosiguió interrogándose.

“¿Hacemos un suficiente uso de los fondos multilaterales disponibles y de los mecanismos financieros? Y en qué medida nuestros conciudadanos, mujeres y hombres surinameses se benefician de la reserva que abarca 11 por ciento de su territorio?”, agregó.

Bouteres también señaló que Suriname mejorará su marco legal, ajustará las políticas a sus aspiraciones para mejorar aún más.

“Es con gran satisfacción que Suriname presentó el instrumento para ratificar el Acuerdo de París, el 13 de febrero”, anunció.

“Esperamos que la comunidad internacional nos asista con instrumentos financieros adecuados, con tecnología y capacitación para que juntos podamos lograr nuestros objetivos comunes”, subrayó.

Al adoptarse la Declaración cuando algunos países celebran San Valentín (el día de los enamorados), la viceministra de Ambiente de Panamá, Yamil Sánchez, declaró: “Hoy, declaramos nuestro amor a nuestros bosques y a nuestros ecosistemas”.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Suriname, Yldiz Deborah Pollack-Beighle, comentó que la declaración expresa el compromiso de que los países HFLD ya no serán los que diseñan aporten la solución al cambio climático y al recalentamiento global sin la asistencia financiera necesaria.

“La conversación debe cambiar y debe tratar sobre que nos tienen que pagar para mantener nuestros bosques”, dijo Pollack-Beighle a IPS.

“No fue una conversación fácil, pero logramos un avance, que es que nos vamos de esta conferencia con este documento”, destacó, refiriéndose a la declaración final.

En definitiva, son los pueblos de los países HFLD que se beneficiarán de estos tres días de conversaciones, comentó sobre la conferencia realizada del 12 al 14 de este mes.

La Declaración de la Krutu redundará en beneficios tangibles para las comunidades que viven en las áreas selváticas, subrayó Pollack-Beighle. Y añadió que significará un beneficio para los países en su totalidad.

“Para Suriname, necesitamos llegar al punto en que no tengamos que rogar más por haber ofrecido al mundo una solución, nos buscarán y nos ofrecerán las oportunidades existentes”, apuntó.

“Vivimos aquí con un compromiso que necesita traducirse de tal forma que veamos cambios significativos inmediatamente después de esta conferencia”, añadió.

“Suriname tiene el papel de abogar por esto para asegurar que su declaración llegue a las más altas esferas de la agenda global, de las bilaterales, pero también de la regional”, concluyó.

Traducción: Verónica Firme

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Comercio electrónico en la OMC, aún con brechas digital y social

seg, 18/02/2019 - 12:44

A la expansión del comercio electrónico la acompaña su concentración en un puñado de empresas y de países. Crédito: Rendering

Por Gustavo Capdevila
GINEBRA, Feb 18 2019 (IPS)

Un grupo de Estados parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) comenzará en esa institución multilateral una negociación plurilateral sobre los aspectos del comercio electrónico que se vinculan con las normas del intercambio internacional.

La iniciativa, anunciada el 25 de enero, guarda relación con la inconmensurable expansión de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en las últimas tres décadas y con perspectivas semejantes que el avance de la investigación les depara.

La explotación de esas innovaciones favoreció la irrupción en pocos años de apenas un puñado de empresas, radicadas principalmente en Estados Unidos, aunque también en China, que han aprovechado fructíferamente las nuevas posibilidades hasta alcanzar posiciones monopólicas en el escenario global.

Uno de los rubros de mayor crecimiento y a la vez concentración en ese campo ha sido el de intercambio de bienes, y hasta ahora unos pocos servicios, por distintas formas de pago, todo a través de las comunicaciones electrónicas, en lo que se conoce como e-comercio.

El paisaje tan promisorio de las TIC y de otras innovaciones se interrumpe ante una brecha que a veces es muy profunda, la digital.

En los países en desarrollo, dos terceras partes de la población carecen de acceso a internet. Mientras que en Estados Unidos, la Unión Europea y el resto de naciones industrializadas la banda ancha es moneda corriente, la tasa de penetración de esa tecnología en África no alcanza al 20 por ciento.

Los precios del servicio de banda ancha, un elemento capital para el comercio en línea, son más elevados en los países menos adelantados en relación a las naciones industrializadas y a otros países en desarrollo.

En ese panorama, un grupo de 49 países, distribuyeron a través de la OMC una declaración donde manifiestan que “confirmamos nuestra intención de comenzar en la OMC negociaciones sobre los aspectos del comercio electrónico que están relacionados con el comercio internacional”.

El texto de cuatro párrafos agrega que “nos esforzaremos por obtener un resultado de alto nivel que se apoye en los acuerdos y marcos existentes en la OMC con la participación del mayor número posible de miembros de la OMC”.

“Reconocemos y tomaremos en cuenta las oportunidades y los desafíos únicos que confrontan los miembros, incluidos países en desarrollo y países menos avanzados, como también las micro, pequeñas y medianas empresas, en relación con el comercio electrónico”, prosigue.

Y concluye diciendo que “continuamos alentando a todos los miembros de la OMC a participar con el fin de reforzar las ventajas del comercio electrónico para las empresas, los consumidores y la economía mundial”.

La declaración fue discutida y aprobada en Davos, el centro de turismo invernal suizo donde se realiza la reunión de relaciones públicas y cabildeo, con asistencia de altos gobernantes y empresarios, que convoca en enero de cada año el Foro Económico Mundial (FEM), asentado a su vez en Ginebra.

La lista de firmantes de la declaración, en la versión divulgada por la OMC, suma 49 miembros. Sin embargo, la OMC precisó más tarde que los firmantes llegaban a 76 y que en total acumulan un 90 por ciento del comercio mundial. La OMC cuenta con 164 miembros.

India, Sudáfrica y numerosos países en desarrollo han opuesto objeciones a esa idea, alegando, entre otras razones, que la OMC inició en 1998 un programa de trabajo sobre e-comercio.

Esa decisión encomendó las negociaciones a cuatro órganos del sistema: el Consejo del Comercio de Servicios, el Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Comité de Comercio y Desarrollo. Todo supervisado por el Consejo General de la OMC.

La propuesta de una agenda favorable al e-comercio mereció una crítica inmediata del movimiento obrero sindicalizado internacional que advirtió de que “la OMC no es el lugar apropiado para negociar normas vinculantes sobre estos temas”.

Las nuevas propuestas presentadas pondrán “restricciones severas a la capacidad de los gobiernos de regular a favor de los intereses de los trabajadores”, dijo una declaración de la Confederación Sindical Internacional (CSI) distribuida en su sede de Bruselas, apenas conocido el anuncio de Davos.

En el FEM, “un número de gobiernos, predominantemente de economías avanzadas, ha anunciado sus intenciones de lanzar negociaciones comerciales sobre e-comercio, expuso la CSI.

Con ese paso “pretenden consolidar el acceso a los mercados para compañías digitales. Amazon, Alphabet (Google), Facebook y otras corporaciones multinacionales en línea se posicionan como las ganadoras”, evaluó.

El mensaje obrero añade que “los temas del manejo de los datos son fundamentales en la propuesta expansión negociadora de la OMC.

Al garantizar un flujo desbordante de datos a través de las fronteras, imponen mayores limitaciones a la soberanía de los países sobre los datos y sobre el espacio que disponen los gobiernos para afrontar los abusos.

Los cambios que se proponen podrían introducir disciplinas directas a la capacidad de regulación pública y prohibir a los gobiernos que requieran a las compañías la apertura de oficinas locales y de instalar servidores en su territorio.

Sin una presencia local de las compañías, no hay una entidad a la cual perseguir y así fundamentalmente se desafía la capacidad de los tribunales nacionales para hacer cumplir las normas laborales y otros derechos”.

Las cuestiones en discusión “no se limitan a detalles prácticos del comercio, son asuntos de derechos laborales, son asuntos referidos al gobierno de los datos y son asuntos de la vida privada”, advirtió la CSI.

“No debemos permitir un futuro en que la capacidad de los trabajadores para enjuiciar la responsabilidad de los gigantes de la economía digital sea limitada por acuerdos comerciales”, planteó la confederación sindical.

La secretaria general de la CSI, la australiana Sharan Burrow, observó que “hemos visto como los Uber y los Amazon de este mundo explotan los resquicios legales para deteriorar las condiciones de la población obrera”.

“En vez de facilitar este tipo de comportamientos irresponsables, los gobiernos deberían redoblar sus esfuerzos para cerrar esos resquicios”. “La única respuesta es un nuevo contrato social con una garantía laboral universal”, proclamó Burrow.

Para leer más artículos de Gustavo Capdevila sobre los movimientos del comercio mundial, visite la página especial del autor sobre el tema: https://ginebracomercio.com/

RV: EG

 

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Ayuda internacional alimenta esperanza y confrontación en Venezuela

sex, 15/02/2019 - 15:25

“Ayuda humanitaria ya. La necesitamos”, clamaba una pancarta durante una multitudinaria manifestación en Caracas y otras 50 ciudades de Venezuela, el 12 de febrero, en que se reclamó que se permita el ingreso de la asistencia internacional, bloqueada en la frontera de países vecinos, durante una actividad de apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado y de rechazo al mandatario Nicolás Maduro. Crédito: Humberto Márquez/IPS

Por Humberto Márquez
CARACAS, Feb 15 2019 (IPS)

La ayuda internacional en alimentos y medicinas que aguarda por ingresar a Venezuela desde sus vecinos Colombia, Brasil y Curazao se convirtió en eje de la lucha por el poder que mantienen las fuerzas del mandatario Nicolás Maduro y su rival opositor Juan Guaidó, reconocido como “presidente legítimo” por medio centenar de gobiernos.

La situación actual “le ofrece ventajas a Guaidó. Está intentando lograr un quiebre del lazo entre Maduro y la Fuerza Armada vía la presión para recibir la ayuda humanitaria”, dijo a IPS el analista argentino Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, una red académica latinoamericana.

Serbin advirtió de seguidas que Guaidó debería asegurar la hasta ahora reacia participación de la Cruz Roja y las Naciones Unidas en el ingreso de los auxilios pues “por definición la ayuda humanitaria no puede tener como propósito cumplir con objetivos políticos”, omnipresentes en la cooperación ofrecida por gobiernos de América y Europa que desconocen a Maduro.

“No es ninguna ayuda humanitaria sino un regalo podrido, que trae por dentro el veneno de la humillación contra nuestro pueblo y sirve como antesala para una intervención militar. Si Estados Unidos nos quiere ayudar, que cese el bloqueo, la persecución financiera y las sanciones económicas en contra de Venezuela”, ha sostenido el presidente Maduro.“Ese pleito por la ayuda hace ver a muchos vecinos aquí que hay esperanza de que esta vez la oposición consiga que las cosas cambien, se ve que ahora hay luz al final del túnel”: Nadine Cubas.

El presidente estadounidense Donald Trump y varios de sus colaboradores para la política hemisférica repiten como un mantra que “Maduro debe irse”, y que Washington “no descarta ninguna opción, incluida la militar” con respecto a Venezuela.

La Fuerza Armada venezolana ha reiterado su lealtad a Maduro, está desplegada en simulacros de defensa territorial desde finales de enero, bloqueó los accesos carreteros desde Colombia y se alista para impedir todo intento de que ingresen los polémicos cargamentos de ayuda.

Guaidó anunció en medio de una de las multitudinarias manifestaciones callejeras que consiguió la oposición en las últimas semanas que “la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí. He dado la orden a la Fuerza Armada para que permita el ingreso”, que pautó para el próximo 23 de febrero.

La inédita situación de Venezuela con dos presidentes se debe a que la oposición y muchos gobiernos consideran inválida la elección de mayo de 2018 con base en la cual Maduro (56) juró para un nuevo sexenio el 10 de enero, y por ello desconocen al mandatario.

Como réplica, la Asamblea Nacional, el parlamento dominado por la oposición y considerado en rebeldía por los demás poderes públicos, decidió que su presidente Guaidó (35) se convirtiese desde el pasado 23 de enero en cabeza del Ejecutivo, como mandatario encargado.

A la ciudad fronteriza de Cúcuta (noreste de Colombia) llegaron ya 500 toneladas de medicinas y suplementos nutricionales, mientras Guaidó anunciaba nuevos centros de acopio en el estado de Roraima (norte de Brasil) y en la vecina isla holandesa de Curazao, donde se esperan 90 toneladas provenientes de Francia, según dijo a corresponsales el diputado opositor Stalin González.

La ayuda acumulada hasta ahora “consiste en medicamentos y suplementos necesitados de emergencia para niños menores de tres años con problemas de desnutrición severa, madres embarazadas o lactantes y personas de la tercera edad”, dijo a IPS Julio Castro, dirigente de la organización no gubernamental (ONG) Médicos por la Salud.

Los aportes, según Castro “un 10 por ciento de lo que se necesita con urgencia”, para unos 300.000 pacientes, se destinarán a hospitales públicos y se distribuirán desde ONG y organizaciones religiosas, con soporte de miles de voluntarios convocados por la oposición.

González dijo que ya son 250.000 en todo el país, de ellos unos 10.000 profesionales de la salud.

Jóvenes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela se concentraron en el centro de Caracas el 12 de febrero para expresar respaldo al presidente Nicolás Maduro. Crédito: AVN

Un efecto inmediato de la puja por el ingreso de auxilios ha sido que el gobierno incrementase en los últimos días la entrega de medicamentos e insumos, aparentemente almacenados, a varios hospitales públicos, según reportaron trabajadores de varios de esos centros en Caracas y otras ciudades.Ayudar con música

Para dar más vistosidad a este capítulo de la larga crisis venezolana, el magnate británico Richard Branson, propietario de la compañía Virgin, anunció que financiará un concierto en la ciudad de Cúcuta, con artistas como los colombianos Fonseca, Juanes y Carlos Vives, el puertorriqueño Luis Fonsi, los españoles Miguel Bosé y Alejandro Sanz y los venezolanos Nacho y Ricardo Montaner, para recolectar unos 100 millones de dólares que se destinarán a asistencia humanitaria para Venezuela.

El concierto se prevé para el 22 de febrero, la víspera de la fecha pautada para el ingreso de la ayuda internacional que puede aliviar a miles de familias venezolanas y quizá acelerar el desenlace de la actual lucha por el poder en Venezuela.

Gente como Natalia Vargas, de 39 años, empleada bancaria y paciente de diabetes, espera que “si llega ayuda de emergencia luego puedan venir otras medicinas que están escasas porque son importadas. Y cuando se consiguen son demasiado caras”.

“Espero que los políticos y los militares se pongan de acuerdo para que entren esos auxilios”, según dijo a IPS en su residencia de La Candelaria, un tradicional sector de clase media baja en el centro de Caracas.

Las iniciativas de ayuda internacional responden al hundimiento social y económico ocurrido en Venezuela desde la llegada de Maduro al poder en 2013, con niveles inéditos por suceder en un país rico en petróleo y por la velocidad del desmoronamiento, sin haber sucedido una catástrofe natural o una guerra.

Durante los últimos cinco años y mientras migraban unos tres millones de personas, más de 80 por ciento de sus 31 millones de habitantes quedaron en condición de pobreza e imposibilitados de adquirir suficientes alimentos y las medicinas que necesitan, a lo que se sumó desde 2017 una explosiva y persistente hiperinflación, según el Estudio sobre Condiciones de Vida hecho por tres de las principales universidades del país.

En el mismo lapso la economía se redujo a la mitad, el producto bruto cayó 56 por ciento, cerraron 210.000 de las 490.000 empresas que había en el país, opera la mitad del parque industrial y a 20 por ciento de su capacidad, y el agro local apenas puede proveer 25 por ciento de los alimentos necesarios, según el informe de cierre de 2018 de la central patronal Fedecámaras.

El déficit de medicinas en farmacias se mantiene desde el año pasado en 85 por ciento, declaró el miércoles 13 el presidente de la Federación de Farmacéuticos, Freddy Ceballos.

Desde la población de Cúa, zona cercana al este de la capital, Nadine Cubas, de 71 años, quien sufre de hipertensión y glaucoma, dijo a IPS que “estamos lejos de la frontera, esa ayuda posiblemente no llegue hasta los valles del (río) Tuy, donde estamos, pero si abastece a la gente de occidente entonces hay más oportunidad de conseguir medicinas aquí”.

Cubas agregó que “ese pleito por la ayuda hace ver a muchos vecinos aquí que hay esperanza de que esta vez la oposición consiga que las cosas cambien, se ve que ahora hay luz al final del túnel”.

La apuesta de la oposición es: si el gobierno deja pasar la ayuda mostrará debilidad y fractura en el apoyo de los militares, con un impredecible efecto dominó, y si no permite el ingreso quedará como una cúpula de gente deshumanizada que solo busca retener el poder, según resumieron en diálogos con corresponsales los diputados opositores Julio Borges y Juan Miguel Matheus.

Esa postura calza con las demandas de que el ingreso de la ayuda sea un primer paso para que la crisis venezolana desemboque en elecciones para un nuevo gobierno, como reclaman Estados Unidos y el Grupo de Lima (12 países del hemisferio) y la mayoría de la Unión Europea, con reticencia u oposición de otros gobiernos, como los de China, Cuba, Irán, Rusia y Turquía, y la búsqueda de algún punto intermedio ensayada por México y Uruguay.

Borges y González destacaron que la ayuda humanitaria ya acumulada será seguida de mayores auxilios a medida que se desenvuelva el juego político en Venezuela.

Gobiernos como los de Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Francia y Puerto Rico, más la Organización de Estados Americanos han ofrecido aportes que ya pasan de 200 millones de dólares.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El cambio climático pone en riesgo la paz y la seguridad mundial

sex, 15/02/2019 - 13:16

Ministra de Ambiente y Cambio Climático de Canadá, Catherine McKenna. Crédito: Cortesía.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Feb 15 2019 (IPS)

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debatió sobre las nuevas amenazas a la paz y a la seguridad derivadas de los destrozos causados por el cambio climático.
IPS conversó con la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Canadá, Catherine McKenna, sobre este asunto y la posición de su país.

“Independientemente de que el tema sea la desertificación en partes de África, las migraciones forzadas de comunidades vulnerables en América Central, los conflictos por la escasez de agua o el aumento del nivel del mar y las tormentas tropicales en los pequeños estados insulares, la dimensión de seguridad instalada por el cambio climático es acuciante y multifacética”, alertó.

Como parte de los 2.650 millones de dólares comprometidos por Canadá para ayudar a los países en desarrollo en sus esfuerzos de mitigación y adaptación, el gobierno canadiense aumentó su apoyo a la adaptación de las poblaciones más vulnerables a los impactos del cambio climático.

Ese fondo incluye paquetes para los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID), como Maldivas, Tuvalu y Kiribati, que están en peligro de desaparecer del mapa por la elevación del nivel del mar.

IPS: ¿Cómo caracteriza los desafíos que plantea el cambio climático para la paz y la seguridad?

CATHERINE MCKENNA: El impacto del cambio climático va más allá del ambiente. Tiene un efecto significativo en las economías, el desarrollo social, la paz y la seguridad, y en particular en contextos frágiles, donde multiplica las amenazas a las dificultades de gobernanza.

La mayor frecuencia, severidad y magnitud de los eventos climáticos extremos en todo el mundo, uno de los resultados inmediatos y visibles del cambio climático, probablemente continúen generando crisis humanitarias.

Canadá también reconoce que mujeres y niñas sufren de forma desproporcionada los efectos adversos de la variabilidad climática, y subrayamos la importancia de hacer frente a sus necesidades mientras los países se reconstruyen.

La Política Internacional de Defensa y Asistencia,de Canadá reconoce que el cambio climático supone un serio desafío a la seguridad y que debe atenderse para sostener el desarrollo y los logros en materia de paz y seguridad.

El gobierno de Canadá cree que un enfoque integral para hacer frente al cambio climático es esencial para explicar las consecuencias sociales, económicas, políticas y de seguridad a escala global, y que el consenso multilateral es clave para lograr el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, además de la importancia de involucrar a mujeres y niñas en la toma de decisiones en cuestiones ambientales y de acción climática.

IPS: ¿Cree que la comunidad internacional, y en especial la ONU, responden de forma adecuada a estos peligros con acciones concretas en materia de resiliencia climática y fondos para la adaptación?

CM: En la COP21 (21 Conferencia de la Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), de París, la comunidad internacional se reunió para fortalecer la respuesta global al cambio climático mejorando la capacidad adaptativa y reduciendo la vulnerabilidad a ese fenómeno, así como suministrando recursos económicos para apoyar a los países en desarrollo en su transición hacia un futuro con menos emisiones de carbono y manteniendo el aumento de la temperatura global por debajo de los dos grados (centígrados), respecto de la era preindustrial, a la vez que nos esforzamos para que no suba más de 1,5 grados.

Con la adopción del Acuerdo de París en 2018, todos los países, incluidas las economías fuertes, avanzan hacia esos compromisos.

En el marco de los 2.650 millones de dólares que Canadá destina a los países en desarrollo para apoyar sus esfuerzos de mitigación y adaptación, también aumentó su apoyo a la adaptación de las poblaciones más pobres y más vulnerables que sufren el cambio climático, que incluye a las de los PEID.

Canadá destina 60 millones de dólares para crear un Programa de Energía Renovable en los PEID, del Banco Mundial, para apoyar la planificación y la construcción de infraestructura de energía renovable, eficiencia energética y soluciones de almacenamiento de pilas.

Canadá suministra 300 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima para promover proyectos que apoyen la transición de los PEID, de los países menos adelantados (PMA) y de los estados africanos hacia economías más limpias y resistentes al cambio climático.

Canadá vuelca 30 millones de dólares para responder a las necesidades urgentes de adaptación de los países en desarrollo a través del Fondo para los PMA. Hasta 2016, el fondo aprobó 1.000 millones de dólares para proyectos en 40 países, entre ellos nueve PEID como Tuvalu, Maldivas y Kiribati.

IPS: ¿Qué monto de los 2.650 millones de dólares, comprometidos para un plazo de cinco años por el primer ministro Justin Trudeau en 2015, se vertió y quiénes son los beneficiarios? ¿Habrá más subsidios después de 2020?

CM: Hasta ahora se destinaron 1.500 millones de dólares a distintos proyectos en forma de subsidio y de préstamos en condiciones muy favorables. Ese compromiso cubre el período 2015/16 a 2020/21.

Aquí encontrará los últimos anuncios al respecto.

Los fondos para después de 2020/2021 requerirán de una decisión del gobierno de Canadá.

IPS: La escasez de agua ha llevado a conflictos como los que enfrentan a Israel y Jordania, India y Pakistán, Egipto y Etiopía, Palestina e Israel, (sin olvidarse de Bolivia, Perú y Chile). ¿Cree que la situación puede llegar a empeorar?

CM: Canadá reconoce que el agua, si no se gestiona de forma eficiente y justa y de manera inclusiva, puede ser un elemento favorable para los conflictos.

La abundancia de agua puede generar inundaciones, mientras que la escasez causa sequías, las que tienen significativas consecuencias políticas, sociales, ambientales y económicas.

Regiones que ya tienen problemas, como pobreza, tensiones sociales, degradación ambiental y/o instituciones políticas frágiles, son particularmente vulnerables a esos efectos.

Canadá también reconoce que las mujeres son las más susceptibles a cargar con las consecuencias de esos cambios y de los posibles conflictos.

La escasez de agua, la mala calidad o las inundaciones pueden llegar a exacerbar cada vez más las tensiones sociales. Eso puede socavar el desarrollo económico en varios países y puede aumentar el riesgo de inestabilidad.

Pero a pesar de la complejidad de los problemas, el agua también es un recurso para la colaboración. Si bien en los últimos 50 años hubo 40 casos de conflictos muy violentos, también hubo más de 150 tratados sobre agua en el mundo.

IPS: Los fenómenos climáticos extremos han creado la nueva categoría de “refugiados climáticos”, ¿cree que debería enmendarse y actualizarse la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951?

CM: Las decisiones sobre las acciones que el gobierno de Canadá pueda tomar en caso de desastres naturales se deciden caso a caso.

Por consultas sobre enmiendas a una convención de la ONU, por favor contactar directamente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

IPS: ¿Cómo son las políticas ambientales de Canadá en relación con las emisiones de carbono, la contaminación, la tecnología limpia, las energías renovables y la conservación marina, así como su contribución al Fondo Verde para el Clima (FVC)?

CM: El Marco Pancanadiense sobre Cambio Climático y Crecimiento Verde (PCF) es el plan de Canadá para tomar medidas ambiciosas en la lucha contra el cambio climático.

El PCF se basa en cuatro pilares: 1) poner un precio a la contaminación con carbono; 2) tomar acciones complementarias para reducir las emisiones en toda la economía; 3) tomar medidas de adaptación y resiliencia climática; 4) desarrollar tecnología limpia, innovación y empleo, que incluye más de 50 acciones concretas que cubren todos los sectores de la economía canadiense.

El PCF se planteó reducir los gases invernadero, para cumplir con su compromiso en el marco del Acuerdo de París, en 30 por ciento para 2030, por debajo de los niveles de 2005.

Las reducciones adicionales vendrán de la mano de medidas que todavía no se han modelado, e incluyen el aumento del secuestro de carbono a partir de los bosques y de tierras cultivables, inversiones en infraestructura verde, tránsito público y tecnología limpia e innovación, así como acciones futuras de los gobiernos, federal, provinciales y territoriales.

En el PCF, Canadá se comprometió a convertirse en líder global en materia de innovación en tecnologías limpias.

El gobierno federal anunció desde entonces 2.300 millones de dólares en inversiones en tecnologías limpias, incluidos casi 1.400 millones de dólares en fondos dedicados a apoyar empresas de tecnologías limpias y 400 millones de dólares para el desarrollo y la demostración de tecnologías limpias.

Ochenta por ciento de la electricidad de Canadá ya procede de fuentes no contaminantes, como la energía hidroeléctrica, la energía solar y la energía eólica, y este país se fijó el objetivo de elevar esa proporción a 90 por ciento para 2030. Con ese fin, destinó 26.900 millones de dólares a infraestructura verde, los que se destinarán a apoyar proyectos de energía renovable.

Además, Canadá trabaja para reducir las emisiones contaminantes de sus fuentes de generación eléctrica a base de combustibles fósiles, tras aprobar un marco legal en diciembre de 2018 que reducirá de forma paulatina la electricidad tradicional, generada a partir del carbón, antes de 2030 y limitará los gases invernadero emitidos por la generación de electricidad a partir del gas natural.

Traducción: Verónica Firme

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No llegan fondos climáticos a países con bosques salvadores

qui, 14/02/2019 - 13:17

El vicepresidente de Suriname, Michael Ashwin Adhin, inaugura la conferencia internacional sobre fondos para el clima para países con alta cobertura forestal y baja deforestación, países HFLD. Crédito: Cortesía: Desmond Brown.

Por Desmond Brown
PARAMARIBO, Feb 14 2019 (IPS)

Suriname, el país más forestado del mundo, organizó esta semana una gran conferencia internacional sobre recursos económicos para ayudar a los países con gran cobertura vegetal y baja deforestación a hacer frente a los desafíos climáticos.

La conferencia, realizada entre el 12 y el 14 de este mes, buscó crear conciencia en la comunidad internacional sobre la gran importancia de los países con extensa cobertura vegetal y baja deforestación (HFLD, en inglés) y su papel en la lucha contra el cambio climático.

Otros países en esa categoría incluyen a Panamá, Colombia, República Democrática del Congo, Perú, Belice, Gabón, Guyana, Bután, Zambia y Guayana Francesa.

La reunión de alto nivel también buscó fortalecer la estructura de pago para los servicios de los ecosistemas para luego promover un desarrollo sostenible, a la vez que mitigar el riesgo de destrucción forestal y de pérdida de biodiversidad.

“Los bosques dan placer a nuestras vidas. Cerca de la cultura y el ocio, nos proveen de, entre otras cosas, alimento, madera, aire puro y oxígeno. Pero también tienen beneficios importantes, como la mitigación y la adaptación al cambio climático”, destacó el vicepresidente de Suriname, Michael Ashwin Adhin, en su discurso inaugural.

“Quisiera subrayar el hecho de que Suriname hace tiempo que mantiene la cobertura vegetal en 93 por ciento de su territorio, la que provee de múltiples beneficios a la comunidad global, en particular, en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, para las generaciones actuales y las futuras”, destacó.

Adhin también recordó que el cambio climático y el aumento del nivel del mar son una gran amenaza para este país caribeño, con una costa baja y donde se ubica más de 75 por ciento de su población y donde está la mayor parte de la infraestructura económica y social.

“Tenemos que encontrar remedios a esos problemas que no causamos. Somos conscientes de la situación similar en la que se encuentran muchos otros países”, acotó.

Por último, reiteró la intención de Suriname de seguir siendo un país HFLD. Según sus antecedentes, se sienten obligados a promover esa causa en la agenda internacional, así como en otros ámbitos.

“Tomamos la iniciativa de esta conferencia porque reconocemos que juntos como países HFLD, somos más fuertes y constituimos una masa crítica, encabezando un movimiento para el reconocimiento de nuestro aporte a la comunidad global y para la cooperación que apunta a aumentar la contribución de la deuda, mientras que gozamos de un crecimiento económico sostenible y equitativo”, explicó.

“Los desafíos son enormes”, admitió, en especial para movilizar recursos económicos, entre otros.

“Desde hace tiempo, Suriname mantiene la cobertura vegetal en 93 por ciento de su territorio, la que provee de múltiples beneficios a la comunidad global, en particular, en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, para las generaciones actuales y las futuras”: vicepresidente de Suriname, Michael Ashwin Adhin. Crédito: Desmond Brown/IPS.

El representante para cuestiones ambientales de Suriname, Winston Lackin, dijo que hace dos años, el gobierno tomó la decisión de comprometerse a mantener su posición de estar entre los países más forestados del mundo y los que tienen una huella de carbono neutral.

“Cuando nos comprometimos en noviembre de 2017 en la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Bonn, también dijimos que no estaríamos en posición de hacerlo solos, necesitaríamos cooperación técnica, experiencia, apoyo económico, alianzas durables y voluntad política a escala nacional, pero también internacional”, recordó Lackin en diálogo con IPS.

“Sabemos que 30 por ciento de las tierras emergidas del mundo son bosques”, puntualizó.

“De ese 30 por ciento, casi una cuarta parte está en los países HFLD en desarrollo. Cuando conocemos el valor y el papel que desempeñan los bosques en la mitigación y la adaptación y los efectos añadidos del cambio climático, sentimos que es hora de otro tipo de debate en lo que respecta al acceso a fondos”, observó.

Al señalar que solo ocho por ciento de los recursos económicos internacionales se destinaron a los países HFLD en desarrollo en la pasada década, Lackin dijo que uno no puede esperar que esos países en desarrollo cumplan con sus compromisos enmarcados en el Acuerdo de París sobre cambio climático, cuyos objetivos incluyen impulsar la adaptación y limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de los dos grados centígrados.

Vale destacar, según él, que los países HFLD hace tiempo que contribuyen a la mitigación de los efectos negativos del recalentamiento global, de hecho mucho antes de la existencia de conferencias sobre cambio climático.

Esos países estaban tienen grandes dificultades para resolver problemas de desarrollo económico y social, mientras que al mismo tiempo padecen los efectos negativos de un fenómeno del que no son responsables, recordó.

“Tenemos la obligación de dejar un mundo para los jóvenes, para la próxima generación. Es nuestra responsabilidad común, una responsabilidad conjunta de todos nosotros”, apuntó.

Esta conferencia es el fruto de la estrecha colaboración entre el gobierno de Suriname y múltiples entidades de las Naciones Unidas, destacó Shantanu Mukherjee, jefe del sector Análisis de Políticas, de la División para Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

La reunión de Suriname es muy oportuna porque las últimas investigaciones claramente demuestran que los países HFLD contribuyen de forma significativa a la salud del planeta, pero por desgracia también sufren una gran falta de fondos, observó. Es algo que se pasó por alto durante muchos años, acotó.

“Está en juego el papel que desempeñan los bosques de los países HFLD en el almacenamiento de carbono, así como en la provisión de alimentos, agua, refugio y fuentes de ingreso para decenas de millones de personas”, añadió Mukherjee.

“Si no se atiende la brecha económica, pronto los países HFLD quedarán en la desafortunada situación de tener que elegir entre su papel global en la lucha contra el cambio climático, por un lado, y sus aspiraciones legítimas en materia de desarrollo de sus pueblos, por otro. Muchos ya se encuentran en la acuciante situación de necesitar apoyo económico para allanar el camino hacia un futuro verde más sostenible en el que nadie quede rezagado”, añadió.

Mukherjee recordó que la conferencia se realizó a continuación de importantes descubrimientos científicos sobre la importancia de los bosques de los países HFLD en la lucha contra el cambio climático y al principio de un año repleto de hitos y de debates internacionales sobre el recalentamiento global.

“Haremos lo máximo para llevar los mensajes (de los países HFLD) a otros eventos climáticos y a próximas reuniones de desarrollo”, se comprometió Mukherjee, al expresar el total apoyo del foro mundial a ese grupo de naciones.

Traducción: Verónica Firme

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El potencial económico de la espesura de los bosques en Cuba

qua, 13/02/2019 - 14:45

Algunos trabajadores sierran troncos con maquinaria obsoleta en El Aserrío, la pequeña y centenaria planta procesadora de la estatal Empresa Agroforestal Guamá, en el municipio montañoso de Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba, en el este del país insular caribeño. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS https://c2.staticflickr.com/8/7927/33208291618_9294326580_o.jpg

Por Ivet González
LA HABANA, Feb 13 2019 (IPS)

Un ruido ensordecedor y nubes de polvo rodean a los trabajadores que con viejas máquinas cortan tablones de un ancho tronco transportado hasta el aserradero de Guamá, un municipio montañoso y costero en el este de Cuba.

Con movimientos ágiles y esforzados, los operarios faenan bajo la larga nave de altos techos y sin paredes de esta pequeña planta, situada en un extenso descampado bordeado de casas, elevaciones y árboles, que muestran las grandes reservas de esta localidad, con 52 por ciento de su territorio cubierto por bosques.

“Si se lograra extraer 10.000 metros cúbicos anuales, tendríamos madera para 20 años sin afectar el bosque”, reveló Ramón Velázquez, el director de la estatal Empresa Agroforestal Guamá, a cargo de la producción agrícola del municipio de 35.442 habitantes, que obtiene madera, carbón vegetal, café, leche, miel, frutas y hortalizas.

“Ahora estamos produciendo con apenas dos camiones y un aserrío (aserradero) de más de 100 años”, dijo sobre la causa por la que extraen cada año apenas 2.500 metros cúbicos de maderas, fundamentalmente de pino. “Estamos entre las cinco empresas forestales del país que tienen mayor nivel de bosques que se pueden talar”, detalló a IPS.

Como resultado de un programa conservacionista, Cuba ostenta hoy en día un territorio cubierto por árboles en 31,2 por ciento.

Las mayores extensiones se registran en la provincia de Santiago de Cuba, adonde pertenece Guamá, seguida de Pinar del Río, en el extremo occidental del país y el tradicional polo forestal. En contraste,  en provincias como La Habana, Cienfuegos y Las Tunas, los índices de cobertura boscosa resultan bajos.

Partiendo de una vasta deforestación, propia de un país de tradición azucarera, las autoridades cubanas lograron repoblar de árboles gran parte del territorio nacional en un escenario de depresión de la industria forestal, que el sector aspira a revertir para lograr los planes de desarrollo.

 

Exterior de la nave donde funciona el aserradero de la estatal Empresa Agroforestal Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba, en el este del país, al lado de una de las boscosas montañas que caracterizan al municipio de Guamá. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

El balance entre conservación y economía adquiere nuevos retos a medida que avanza la reforma económica iniciada en 2008, que persigue elevar las producciones locales para reducir importaciones, dispara la demanda de materiales de la construcción y busca que 24 por ciento de la generación de electricidad en 2030 provenga de fuentes renovables.

Voces especializadas estiman que se requiere llevar a los anaqueles cubanos al menos 500.000 metros cúbicos anuales de madera y derivados para restituir el abastecimiento previo a la crisis económica que comenzó en 1991 y perdura hasta hoy, aunque entonces se lograba con importaciones del extinto bloque soviético.

La industria forestal de Cuba,  que arrastra una crónica obsolescencia tecnológica, apenas logra 131.000 metros cúbicos anuales con problemas de eficiencia y aprovechamiento.

Al parecer el país importa un discreto volumen anual situado en torno a 15.000 metros cúbicos de madera, aunque no existen cifras públicas actualizadas al respecto.

“Nuestras plantaciones se desfasan, se demoran más años de lo establecido en ser taladas”, lamentó Velázquez. “Tenemos pinos que cuatro hombres no los abracan y eso nos dificulta luego aserrarlos”, continuó el director, que espera por financiamiento para construir un nuevo aserradero y adquirir buldóceres, camiones y equipamiento extractivo.

Un operario corta tablones en el aserradero de la estatal Empresa Agroforestal Guamá, en ese municipio de la región de Oriente, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Conocido como el municipio más largo de este país insular caribeño, Guamá dispone de “un alto potencial maderero”, consideró Omardín Samardín, el director de El Aserrío, que pertenece a la empresa agroforestal y emplea a 211 trabajadores, de los cuales 36 son mujeres y varias participan en la silvicultura.

A su juicio, no hay que temerle al crecimiento de la actividad maderera: “hacemos buen manejo del bosque, por cada árbol que cortamos, sembramos 40 nuevos”.

El patrimonio forestal cubano está compuesto en 23 por ciento por bosques de conservación, que no pueden ser tocados. El resto se divide en 46,3 por ciento de bosques protectores de aguas y suelos y 30,6 por ciento de bosques productores, de los que se extrae madera aserrada, resina de pino y carbón vegetal.

“El Aserrío tiene una capacidad de ocho metros cúbicos, pero produce de nueve a 11 metros cúbicos diarios”, explicó Samardín a IPS, sobre la planta que obtiene cada año 2.500 metros cúbicos de madera aserrada, 1.800 metros cúbicos de madera rolliza y 30.000 envases. Además, siembra 450 hectáreas de nuevos árboles.

Este sobresfuerzo se realiza para cumplir con los planes establecidos y en busca de mejorar los ingresos de los trabajadores, que ganan más si producen más.

Cubierto de polvillo,  Diolvis Céspedes lija tablones en el aserradero, adonde regresó luego de probar suerte en otro sector. “Estoy en el mismo puesto de trabajo, me queda cerca de la casa y gano en dependencia de la producción”, dijo el joven, que es natural de Guamá, donde resultan limitadas las opciones laborales.

En una carreta tirda por un caballo, dos hombres transitan por una carretera en una zona rural del municipio montañoso de Guamá, en el este de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Cuando se logre la modernización tecnológica de la industria, la directora de capital humano de la empresa agroforestal, Lourdes Perdomo dijo que reduciría la plantilla vinculada a la producción de madera para fortalecer “la actividad netamente productiva de los bosques y dar continuidad a ese proceso industrial”.

Gracias a su excelente adaptación al clima de Guamá, los pinares engrosan los bosques productivos del municipio, aunque el sector forestal local incursiona en la siembra del muy codiciado cedro y la baría (Cordia gerascanthus), además de otras variedades más duras con destino a la elaboración de carbón vegetal.

Otra perspectiva de manejo, que equilibre economía y ecología, parece cernirse sobre los bosques cubanos, casi abocados en los últimos tiempos a los servicios ambientales.

“El mayor impacto del sector forestal en la economía es la protección ambiental”, explicó Bernardino Prieto, responsable de Economía del gobierno provincial de Santiago de Cuba.

“Aquí nunca se ha visto como un negocio lucrativo, aunque hay una producción importante de madera por nuestro escenario natural”, detalló a IPS.

Tras décadas sin exportar casi productos forestales, el ramo vende en el exterior 30.000 toneladas de carbón vegetal por un valor de 9,6 millones de dólares y 650 toneladas de resina de pino.

Además, abastece con producciones madereras locales al mercado interno, lo que ahorra en importaciones el equivalente a 20,3 millones de dólares, según datos oficiales.

Y en busca de más participación de las fuentes renovables de energía, las autoridades trabajan en la creación de bosques energéticos, que deben producir 3.277.000 toneladas de madera para abastecer a 25 bioeléctricas por construir en el país.

El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, entre otras funciones, paga a los productores que creen o conserven pequeños bosques como servicio ambiental para la protección del agua y los suelos.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Reforma previsional decidirá la suerte de nuevo gobierno en Brasil

qua, 13/02/2019 - 11:06

El ministro de Economía, Paulo Guedes (D) y el nuevo presidente del Senado, Davi Alcolumbre, tras un encuentro en Brasilia. El papel de Alcolumbre es determinante en el proceso para aprobar la reforma del sistema previsional de Brasil, que necesita el voto de tres quintas partes de las dos cámaras del parlamento, al requerir una enmienda constitucional. Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Feb 13 2019 (IPS)

Reformar el sistema de previsión social será la primera y decisiva batalla del nuevo gobierno de Brasil, cuyo desenlace se espera para para mediados de este año y debe dictar el futuro de la extrema derecha en el poder.

Con esa reforma se asegura un crecimiento sostenible de la economía por una década, prometió Paulo Guedes, al tomar posesión el 2 de enero como ministro de Economía, un cargo creado para concentrar los poderes que antes se distribuían entre varias carteras, con una amplitud sin precedentes.

Una recuperación económica y una neta reducción del desempleo le daría al gobierno fuerza y cohesión para impulsar la agenda ultraconservadora en otras áreas, como la educativa, ambiental, de costumbres y seguridad pública, es decir el alma de los grupos que triunfaron en las elecciones de octubre.“La reforma previsional es impopular, trata de revisar derechos adquiridos a que las personas no aceptan renunciar, al creer que el déficit se debe a la corrupción y a privilegios de otros. Por eso articular apoyo político es indispensable”: Luis Eduardo de Assis.

“Si no se aprueba la reforma previsional en el (legislativo) Congreso Nacional, se agrava la crisis económica y no avanza la pauta moral”, sostuvo Luis Eduardo de Assis, profesor de economía de la Universidad Católica de São Paulo y exdirector de política monetaria del Banco Central.

Esa premisa condujo los coordinadores políticos del gobierno a postergar los trámites de las demás iniciativas para después de la esperada aprobación parlamentaria de cambios en la previsión social, que en este país de 209 millones de personas engloba las jubilaciones y pensiones.

Aún no se conoce los términos de la propuesta que presentará el gobierno. Como se trata de una enmienda constitucional, el proyecto tendrá que obtener mayoría de tres quintos de los diputados y de los senadores, en dos votaciones en cada una de las cámaras legislativas.

Trascendieron algunas versiones discutidas entre autoridades económicas y políticas, pero el proyecto que se presentará ante el parlamento solo se formalizará con el visto bueno del presidente Jair Bolsonaro, precisó Guedes.

El mandatario deberá dar su última palabra sobre el tema tras salir del hospital en São Paulo, donde estuvo estuvo internado desde el 27 de enero hasta este miércoles 13, recuperándose de una cirugía de recomposición de los intestinos, sometidos a una colostomía desde septiembre, cuando sufrió una ataque a cuchillo durante la campaña electoral.

Una neumonía prolongó su hospitalización más de lo esperado, lo que provocó altibajos en el mercado cambiario y de acciones, un reflejo de la ansiedad entre los agentes económicos.

Guedes adelantó que, si se aprueba la reforma, el sistema previsional ahorrará cerca de un billón de reales (270.000 millones de dólares, al cambio actual) en los próximos 10 años.

No se espera que salga la decisión definitiva del parlamento antes de julio.

En Brasil hay en la actualidad un mayoritario consenso sobre la necesidad de cambios en la previsión social, tras la dura recesión económica de 2015 y 2016, cuando el producto interno bruto cayó 3,5 y 3,3 por ciento respectivamente.

Desde entonces la economía brasileña se recupera pero a un ritmo muy débil, con crecimiento de uno por ciento en 2017. La tasa de desempleo, que alcanzó 12,7 por ciento como promedio en ese año, bajó solo a 12,3 por ciento en 2018.

El déficit fiscal es señalado como el gran obstáculo a una recuperación más fuerte y se debe principalmente al creciente desequilibrio en el sistema de previsión social.

Brasil, con 209 millones de habitantes, tiene un sistema considerado demasiado generoso, especialmente para los funcionarios públicos.

Hay trabajadores, como las maestras y profesoras de la educación pública, que se jubilan con su salario integro con menos de 50 años, porque ganan ese derecho al cumplir 25 años de trabajo y pueden empezar a laborar a los 16 años.

Un punto central en las actuales propuestas fija una edad mínima para la jubilación, aún ausente en las reglas brasileñas. Se habla de 65 años para todos o solo para los varones, bajando el límite a 62 años para las mujeres.

Bolsonaro planteó como hipótesis 62 y 57 años, respectivamente, con un aumento gradual de esa edad mínima en el futuro próximo.

Sin embargo, hay muchos rubros en discusión, como los regímenes distintos para el sector privado y el público, las pensiones de viudedad, de otros dependientes y de discapacitados, además de la jubilación de los trabajadores rurales.

Los militares, por su parte, pretenden un trato especial, porque no consideran que dentro de las fuerzas armadas se produce una jubilación, sino un tránsito a la reserva que supone la posibilidad de movilización en cualquier momento.

Por eso, al igual que otros funcionarios público, ganan el mismo sueldo de los activos, a veces incluso bastante más.

A tales privilegios, criticados como una “transferencia de ingresos” hacia los mejor remunerados que amplia desigualdades, se les pondrá fin, según el ministro de Economía.

Los militares, con siete oficiales entre los 22 ministros del actual gobierno y otras decenas de representantes en el segundo rango, aceptaron al parecer participar en los “sacrificios”, al aumentar de 30 a 35 años su tiempo de actividad y sus contribuciones al sistema.

El déficit previsional en el sector militar es el que más crece, alcanzando el equivalente a cerca de 11.000 millones de dólares anuales, una suma similar a la de los funcionarios públicos civiles y cerca de un quinta parte del déficit total registrado en el régimen general, del sector privado, en 2018.

La diferencia es que los militares “inactivos” ganan 17 veces más, como promedio, que los jubilados civiles del sector privado. Mientras el régimen general tiene 29 millones de beneficiarios, el de los militares solo 380.000.

El gobierno tiene “una oportunidad de oro, fantástica” para promover una profunda reforma previsional, en contraste con intentos anteriores que se frustraron, por rechazo parlamentario o por metas demasiado limitadas, destacó Assis a IPS.

Además de la legitimidad con que cuenta el gobierno por su reciente triunfo electoral, ha habido un largo debate sobre el tema en los últimos años y la oposición está debilitada para resistir.

“Pero falta articulación política, no se sabe quien coordina la acción parlamentaria, cual es la propuesta oficial”, entre las varias que trascendieron, observó el economista.

“La reforma previsional es impopular, trata de revisar derechos adquiridos a que las personas no aceptan renunciar, al creer que el déficit se debe a la corrupción y a privilegios de otros. Por eso articular apoyo político es indispensable”, arguyó.

Además Assis no comparte la creencia de que la contención del principal agujero de recursos públicos produzca crecimiento económico automáticamente.

“Es condición necesaria, pero no suficiente para una recuperación económica, que exige otras medidas para promover inversiones. Es un proceso largo”, concluyó el académico.

El ministro de Economía también pretende en el futuro introducir en el sistema brasileño el modelo de capitalización, adoptado en Chile en 1981 y en revisión hoy, en que cada persona en edad activa hace sus ahorros que son administrados por empresas privadas y compondrán su jubilación futura.

Guedes, con postgrados en la Escuela de Chicago,  trabajó en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando los llamados “Chicago boys” pusieron en marcha sus políticas económicas neoliberales, incluyendo ese controversial  sistema.

Es un sistema individual, al contrario del vigente en Brasil y en la mayor parte de los países, un sistema de repartición solidaria en que todos contribuyen a un fondo colectivo.

El aporte de los trabajadores actuales permite remunerar los jubilados, pero su déficit tiende a crecer con el envejecimiento de la población y reducción de la mano de obra activa.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Drones al rescate de pequeños agricultores en África

qua, 13/02/2019 - 10:18

La empresaria tanzana del sector de tecnologías de la información y la comunicación, Rose Funja, muestra uno de los drones que usa como herramienta en su empresa de mapeo de datos. Crédito: Busani Bafana/IPS.

Por Busani Bafana
BULAWAYO, Zimbabwe, Feb 13 2019 (IPS)

Hace seis años, cuando la empresaria tanzana Rose Funja pensaba en cómo utilizar su formación de ingeniera decidió participar en una competencia con una idea que, años después, se convertiría en un negocio viable que beneficia a pequeños agricultores de Tanzania a conseguir un crédito.

En este país de África oriental, es difícil para los agricultores conseguir préstamos porque muchos no tienen activos ni antecedentes de desempeño para ofrecer de garantía. Pero Funja, especializada en tecnologías de la información y la comunicación, tuvo una idea para ayudarlos, y en particular a las mujeres, a obtener pruebas de que son propietarios de su terreno para usar como garantía y acceder a un crédito.

Fue una solución ingeniosa, que ideó sirviéndose del sistema de información geográfica (SIG) para generar datos útiles para los agricultores.

“Un agricultor puede tener un gran terreno, pero si no es propietario legalmente, no lo puede usar de forma productiva”, explicó Funja a IPS.

En 2013 ingresó en el Programa de Talentos AgriHack para África Oriental, una competencia organizada por el Centro Técnico para la Cooperación Rural y la Agricultura (CTA), con sede en Holanda.

La idea de Funja quedó en segundo lugar y recibió un premio en efectivo y mentoría del Centro de Innovación de Buni, en Tanzania. En 2015, con un socio y estudiantes de la Universidad de Bagamoyo, la ingeniera desarrolló AgrInfo y, un año después, comenzó a trabajar a tiempo completo.

AgroInfo tiene información de los agricultores, de la superficie de sus terrenos y de la ubicación, así como del tipo de cultivos que plantan. Los datos se cargan en una plataforma en línea que las instituciones financieras pueden consultar para evaluar su solvencia y si reúnen las condiciones para otorgarles un préstamo.

“Información procesable en tiempo real es clave para tomar decisiones, en especial en la agricultura”, señaló Funja, quien estudió ingeniería de sistemas e hizo una maestría en ingeniería en sistemas de información y comunicación.

El Banco de Desarrollo Africano señala que más de 12 millones de jóvenes ingresan al mercado laboral cada año y solo se crean tres millones de puestos de trabajo. Pero la agroindustria ofrece enfoques innovadores para que desarrollen los jóvenes y aporten soluciones TIC ingeniosas para pequeños agricultores.

“Las TICs son un punto de inflexión en el desarrollo de la agricultura. La tecnología ofrece a los jóvenes beneficios económicos gracias a la venta de bienes y servicios mediante plataformas en línea”, observó Funja.

AgrInfo pudo ayudar, por un precio módico, a más de 300 pequeños agricultores de Dodoma a acceder a instituciones financieras gracias al mapeo de sus terrenos.

“Ayudamos a los agricultores a conocer lo que tienen y (así) utilizar sus terrenos para conseguir créditos y comprar insumos”, precisó. El éxito es el resultado del ensayo y el error, de la pasión y de la creación de valor, destacó Funja.

La idea es aumentar el número de suscriptores del servicio a un millón, y ampliar el servicio a otros actores de la cadena de valor de la agricultura, como los servicios estatales de extensión.

Buen comienzo

Al comienzo, Funja utilizó SIG y dispositivos manuales con GPS para reunir datos.

En 2017, entró en contacto a través del CTA con sistemas aéreos no tripulados y se capacitó en la gestión empresarial del manejo de drones, los que proveen información de forma más rápida y más precisa. Incluso, Funja fue una de las pilotas pioneras en Tanzania.

El CTA colaboró con Parrot, fabricante francés de drones, para ayudar a las nuevas empresas a desarrollar la precisión necesaria para la agricultura africana. El proyecto del CTA de dos años, que comenzó en 2017, procura ayudar a crear unas 30 empresas dirigidas principalmente por jóvenes empresarios en los países africanos con una legislación favorable.

Los drones, una tecnología relativamente nueva en este continente, ofrece nuevas oportunidades para los jóvenes empresarios del sector TICs y que pueden ayudar a los agricultores a aumentar la productividad, atender sus cultivos, así como vigilar pestes y enfermedades, según la investigación del CTA.

“Teniendo en cuenta que en 2017, los drones eran una nueva tecnología en África, nuestro proyecto desempeñó un papel importante en la creación de un ambiente favorable”, coincidió Giacomo Rambaldi, coordinador de programa del CTA, en diálogo con IPS.

“Ayudó al Grupo Africano de Alto Nivel sobre Tecnologías Emergentes, de la Unión Africana (UA) a elegir ‘drones para una agricultura de precisión’ como una de las tecnologías más prometedoras que impulsará el desarrollo de África”, destacó.

En enero de 2018, el Consejo Ejecutivo de la UA recomendó que todos los miembros aprovechen la oportunidad que ofrecen los drones al sector agrícola.

África debe priorizar la adopción, el despliegue y la ampliación del uso de drones para una agricultura de precisión a través de la construcción de capacidades, apoyando la infraestructura, fortaleciendo el marco normativo y promoviendo la participación de investigadores y de otros actores, señala el estudio “Drones en el horizonte: Transformando la Agricultura de África”, de 2018.

La investigación concluye que se logró optimizar el beneficio en la agricultura pues permitió aumentar la productividad y mejorar el rendimiento gracias a la aplicación de varias innovaciones a lo largo de los años, como es el uso de drones.

“Esas intervenciones y la revolución verde, en particular, beneficiaron a muchos países en desarrollo, pero no fue el caso de África. La situación exige revisar las políticas y prácticas agrícolas, y la comprensión explícita de que deben formularse políticas que faciliten la promoción de esa tecnología”, recomienda el estudio.

Drones para el desarrollo de la agricultura

Las empresas digitales son atractivas, pero necesitan de una gestión inteligente, fondos y un compromiso total, puntualizó Funja.

“Una aplicación digital es solo una herramienta, pero el valor vende. Si no hay valor, no hay negocio”, explicó.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que los drones ofrecen varias posibilidades para atender varios de los problemas más acuciantes que tiene la agricultura para acceder a datos procesables, de calidad y en tiempo real. En los próximos cinco años, el sector será el segundo en hacer un mayor uso de drones, según investigaciones de Goldman Sachs.

La inversión en TICs podrá catalizar y acelerar la transformación de la agricultura y podrá aumentar tanto la productividad como los ingresos de los pequeños agricultores, según la consultora Dalberg Global Development Advisors.

“África tiene la mayor cantidad de tierras cultivables del mundo, pero liberar ese enorme potencial agrícola requerirá de un despliegue estratégico de capacidades en el sector TICs”, observó Johannes Enghild, consultor de la oficina de Nueva York.

“Si se aprovechan bien las nuevas soluciones de las TICs, estas pueden, por ejemplo, mejorar los vínculos de los agricultores con el mercado y atraer inversores internacionales”, apuntó.

A pesar del enorme potencial agrícola de África, sigue siendo el continente con más personas con mala nutrición y que viven con inseguridad alimentaria.

Traducción: Verónica Firme

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Rapa Nui afronta amenazas climáticas para sus recursos y sus moai

ter, 12/02/2019 - 13:23

El Ahu Tongariki, de 200 metros de longitud, es la plataforma funeraria más grande de Rapa Nui o la Isla de Pascua. Tiene 15 estatuas de piedra volcánica o moai, ubicadas en la costa suroriental pascuence, frente al volcán Rano Raraku, y sobre ellas pende la amenaza del impacto del cambio climático en el vulnerable territorio insular chileno. Crédito: Orlando Milesi/IPS

Por Orlando Milesi
HANGA ROA, Chile, Feb 12 2019 (IPS)

Activistas sociales y autoridades de Rapa Nui o la Isla de Pascua urgen a adoptar medidas para enfrentar el aumento de la temperatura del mar, la disminución de lluvias y una crecida de las marejadas que amenazan sus recursos pesqueros y sus moai, las misteriosas estatuas humanas de piedra volcánica.

En esta isla enclavada en el océano Pacífico, en la región de la Polinesia, a 3.800 kilómetros de las costas de Chile, el país del que es parte, ya son evidentes los efectos provocados por el cambio climático.

Ludovic Burws Tuki, profesor de la Aldea Educativa de Hanga Roa, donde los niños de la isla estudian educación básica y media, cuenta que con “el aumento de las temperaturas del agua algunos corales están empezando a blanquear” en las costas de Rapa Nui (rapa grande, en lengua rapanui).

“Miras la isla y ahora (febrero) debería estar amarilla, pero está verde. Hay un desfase de temporadas. Está lloviendo más en un momento en que no debería. Lluvia más fuerte, más corta y muy intensa que provoca erosión que llega al mar y cubre los corales”, relató a IPS.

“Ha subido la temperatura, pero mezclado con la basura, se ha generado una nueva alga en la profundidad de 80 metros (todavía en estudio), que empieza a crecer y a comerse el coral”, indicó Burws, quien también es asesor técnico de la organización Te Mau  o te Vaikava o Rapa Nui (Mesa del Mar de Rapa Nui).

Esa Mesa es un colectivo de 22 representantes de diversas organizaciones, que actúa desde 2014, con el objetivo de supervisar los problemas vinculados con el entorno marino de la isla de 163,6 kilómetros cuadrados, poblada por 8.000 habitantes permanentes, la mayoría del pueblo originario rapanui.

Otros daños provocados por el aumento de la temperatura es la casi desaparición del auke, una alga endémica “que antes era muy abundante”, explicó Burws.

Un problema que se une, dijo, a otro que también viene del mar y afecta a la población: “toda la basura que recibimos desde afuera se transforma en micro plástico que se comen los peces y luego comemos nosotros”.

El humedal Rano Kau, en el cráter del volcán del mismo nombre, aún no se ha secado como el situado en el cráter del Ranu Raraku. En este lugar se efectuaron ceremonias ancestrales, pero ahora el acceso está restringido pues su nivel de agua también descendió fuertemente. Crédito: Orlando Milesi/IPS

Pedro Edmunds Paoa, alcalde del municipio de Isla de Pascua, del que Hanga Roa es su capital, dijo a IPS que “desde que en 1984 se identificó la corriente de El Niño, la isla ha ido sufriendo mermas en su fauna y flora marina”.

“Hoy día se están pescando atunes chiquitos. Nosotros tenemos nombres para cada especie y cada tamaño. El que se está pescando se llama auhopu, que es un atún de 40 centímetros, un bebé atún. Porque en nuestras aguas el atún ova, nace, se cría y después migra”, contó.

“Yo quiero repoblar mi mar”, subrayó la autoridad municipal. “El mar nuestro sufrió y sufre el calentamiento global, se  calentó en cinco a seis grados sobre lo que normalmente debe tener”, describió con alarma.

Añadió que una medición, efectuada hace un tiempo por un barco científico de la estadounidense Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA), “detectó a 800 metros mar afuera de Hanga Roa y a 40 metros de profundidad, temperaturas de 29 grados (centígrados)”. Tradicionalmente, la temperatura superficial en la zona no pasaba de 24 grados y a esa profundidad era muy inferior.

Para repoblar el mar, Edmunds impulsa un acuerdo con la chilena Universidad del Norte que tiene una estación de estudio, desarrollo y reproducción de especies, desde algas hasta peces azules como el atún, la vidriola, el pez espada y otros.

El embarcadero en la plaza Hotu Matua es el centro de reunión de los rapanuis en Hanga Roa, la capital y único centro poblado de Isla de Pascua o Rapa Nui. Allí se realizó en este mes de febrero la competencia triatlón de la fiesta anual Tapati que incluye natación sobre balsas de totora y carrera con racimos de banano al cuello, y es una de las actividades tradicionales del territorio chileno en la Polinesia. Crédito: Orlando Milesi/IPS

Al alcalde le preocupa también la merma de corales, que “están acostumbrados a una cierta temperatura”. “Al matar corales se mata especies que nacen de ellos, porque los corales son vida que acoge otras vidas y a partir de ahí se va creando la  cadena de lo menor a lo mayor”, explicó.

Edmunds denuncia que el cambio climático no es el único responsable de la merma de atunes y otras especies marinas propias de la isla. La disminución, dijo, es favorecida también “por la pesca excesiva de naves extranjeras que entran a nuestras aguas, a pesar de que ellos insistan en que no pescan en nuestras aguas”.El “ombligo del mundo” quiere ser modelo

Rapanuis de la generación de 40 años, formados en el extranjero, han regresado a la isla para contribuir a enfrentar sus problemas e impulsar un desarrollo sostenible, que convierta a esta isla especialmente vulnerable en un modelo que irradie a toda la Polinesia, desde “el ombligo del mundo”, como se define al territorio por su enclavamiento en medio del Pacífico.

Ellos encabezan iniciativas para recuperar cultivos ancestrales, antiguos métodos de siembra, controlar la erosión, transformar la pesca en sostenible, aumentar la producción agrícola e incentivar la cultura ancestral y la lengua rapanui que ahora muchos jóvenes y niños ignoran.

Otros 500 rapanui están formándose fuera actualmente, con la intención de reforzar esta estrategia de rescate de un desarrollo de la isla centrado en la cosmovisión de este pueblo polinesio.

“Vamos a tener una gran escasez del recurso hídrico  y también el patrimonio se va a ver muy afectado tanto por el aumento del mar como por el de las marejadas”, pronosticó a IPS la abogada Tiare Aguilera Hey, quien trabaja en la planificación urbana y territorial.

Ese patrimonio al que hace referencia está constituido por los moai, las míticas y gigantescas estatuas volcánicas que son exclusivas de Rapa Nui, y que junto con los ahus o altares ceremoniales, también pétreos, fueron declarados patrimonio de la humanidad en 1995 por la Unesco.

Es un patrimonio que “se concentra principalmente en zonas costeras”, destacó la especialista.

Además, “van a disminuir las precipitaciones y, por lo mismo,  la erosión, la acidificación y una serie de consecuencias que irán en desmedro de la agricultura y de la pesca, principalmente”, indicó.

Aguilera es originaria de la isla, a la que retornó en 2013 después de realizar estudios en España y China. Desde entonces, asesora a la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua, un órgano de decisión indígena rapanui.

Un parque, un consejo y una zona para defender al mar

A mejorar la situación del entorno marino va a contribuir la entrada en operación del parque marino Motu Motiro Hiva, una iniciativa que quedó definitivamente plasmada en febrero de 2018,  con el decreto que lo instituyó, junto con Consejo del Mar, responsable de su manejo y cuyo plan debe estar listo en agosto.

Con 150.000 kilómetros cuadrados, el parque forma parte del Área Marina Costera Protegida de Usos Múltiples de Isla de Pascua, que se estableció en junio siguiente, que abarca 720.000 kilómetros cuadrados y es la más grande en su tipo de América Latina.

Hay más de 1.000 moai (estatuas humanas) en la Isla de Pascua (Rapa Nui en lengua indígena), construidos con roca volcánica. En el entorno del volcán Rano Raraku hay varios semienterrados que parecen salir de la profundidad de la tierra. Unos 120.000 turistas llegan cada año a la isla chilena de la Polinesia, atraídos por este mítico arte. Crédito: Orlando Milesi/IPS

También el 29 de junio de 2018 se eligió a los 11 integrantes del Consejo del Mar, que preside la gobernadora pascuence, Laura Terita Alarcón Rapu. Seis de sus miembros, como se determinó en su creación, son rapanuis y fueron electos en forma especial por su comunidad.

“Pero para un manejo que no sea de papel  se necesitan unos 8.000 millones de pesos (12,3 millones de dólares) y en el presupuesto 2019 del país no se destinan más allá  de 300 millones”, advirtió Burws, con base en estimaciones de organizaciones no gubernamentales.

El nuevo parque marino se suma al parque Rapa Nui, creado en 1996 y cuya administración el gobierno entregó en 2016 a la Comunidad Indígena Ma’u Henua.

Abarca 40 por ciento del territorio pascuense y en él se ubican las estatuas humanas moai, de uno a 10 metros, talladas en toba,  y los altares ceremoniales ahus, el mayor atractivo para los 120.000 turistas que llegan anualmente a la isla.

Aguilera destacó que la nueva administración indígena  va a contar con un departamento de cambio climático para estudiar los humedales, que disminuyeron considerablemente el nivel de agua dulce, entre otros instrumentos, dejados por el organismo gubernamental que era responsable del parque anteriormente.

“A nivel local se están adoptando muchas iniciativas desde instituciones diversas que han tomado la batuta con respecto al cambio climático”, elogió la especialista.

Aguilera citó también entre las medidas ambientales positivas surgidas en Rapa Nui, algunas promovidas por la Municipalidad (alcaldía), como una gran campaña de reciclaje o la transformación en sostenible de la fiesta anual cultural y deportiva denominada Tapati, así como acciones para reducir el uso de bolsas y bombillas plásticas y la creación de un sistema de transporte público.

Edición: Estrella Gutiérrez

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La ONU busca beneficiarse de la inteligencia artificial

ter, 12/02/2019 - 13:11

La inteligencia artificial y otras innovaciones tecnológicas pueden aportar soluciones que ayudan a mejorar el alcance y la eficiencia de programas de agencias de desarrollo, así como optimizar la asignación de recursos escasos. Crédito: Manuel Elias/UN Photo.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Feb 12 2019 (IPS)

Las innovaciones tecnológicas que lleva adelante la ONU incluyen inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático, traducciones automáticas y robótica, entre otras. Pero estas pueden llegar a reducir puestos de trabajo y es necesario preparar a los jóvenes para el futuro mercado laboral.

La ONU (Organización de las Naciones Unidas) también ha experimentado con vehículos aéreos no tripulados (drones) ni armados en operaciones de paz porque “ayuda a mejorar el conocimiento de la situación y a fortalecer la capacidad de proteger civiles”.

En una reunión del Consejo Económico y Social y su Comité Económico y Social en 2018, un robot llamado Sophia participó en una sesión interactiva con la secretaria general adjunta Amina J. Mohammed.

Entre las innovaciones tecnológicas introducidas en el foro mundial y, en especial, en los servicios de conferencias electrónicas, se destaca el uso de eLUNa, una herramienta de traducción asistida por computadora diseñada específicamente para traducir documentos de la ONU.

El secretario general, António Guterres, señaló que el avance tecnológico se produce gracias a la combinación de la potencia informática, la robótica, los macrodatos y la IA, que generan revoluciones en la salud, el transporte y la manufactura en todo el mundo.

“Estoy convencido de que estas nuevas capacidades pueden ayudar a sacar de la pobreza a millones de personas, lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y facilitar el salto de los países en desarrollo hacia un futuro mejor”, expresó Guterres.

Frente a directivos de unas 31 agencias de la ONU, en noviembre de 2018, Guterres identificó algunos de los desafíos de los avances tecnológicos, que separó en cuatro áreas distintas: IA, ciberespacio, biotecnología y el impacto de las aplicaciones tecnológicas en la paz y la seguridad “con el fin de identificar puntos de entrada específicos para la participación de la ONU y determinar áreas prioritarias en las que el sistema de la ONU puede agregar valor”.

Para conocer más de este asunto, IPS conversó con Christopher Fabian, asesor principal de la Oficina de Innovación Global del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), una de las agencias a la vanguardia en materia de IA sobre cómo utilizar este tipo de innovación con fines programáticos y operativos.

Siguiendo los “Principios de Desarrollo Digital”, la organización promueve aplicaciones y el desarrollo de aprendizaje automático e IA centradas en la equidad, ya sea a través de conjuntos de datos para capacitación justos y abiertos o mediantes discusiones sobre equidad algorítmica y pobreza de información, explicó.

Por ejemplo, Unicef desarrolla Magic Box (Caja mágica), una plataforma colaborativa que fue posible gracias a la participación de privados como Telefonica, Google, IBM, Amadeus y Red Hat, que compartieron sus datos y su experiencia por el bien común.

Al aprovechar los datos en tiempo real generados por el sector privado, Unicef puede lograr una comprensión fundamental de las necesidades de las poblaciones más vulnerables y tomar decisiones más informadas sobre cómo invertir sus recursos para responder a desastres, epidemias y otros problemas, precisó Fabian.

Además, a través de su Fondo de Innovación, el primer vehículo financiero de la ONU, colabora con innovadores de países donde está presente Unicef para construir y probar soluciones al ritmo necesario para acompañar la rápida evolución de los problemas que afectan a niñas y niños beneficiarios de la agencia.

El fondo, lanzado en 2016 con 17,9 millones de dólares, ofrece una financiación flexible para los innovadores que comienzan y permite que Unicef evalúa, financie y genere soluciones tecnológicas de código abierto con rapidez, las que podrían tener un impacto positivo en la vida de niños vulnerables, explicó Fabian.

IPS: ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la automatización? Y en particular en Unicef, ¿la eficiencia es el criterio clave?

CHRISTOPHER FABIAN: La IA puede ayudar a Unicef de varias maneras, desde algoritmos de aprendizaje profundo, que pueden aprender patrones subyacentes de imágenes satelitales para mapear cada escuela del mundo, a modelos de predicción que nos pueden ayudar a prevenir la propagación de enfermedades. Ese tipo de soluciones pueden contribuir a mejorar el alcance y la eficiencia de los programas en el terreno, así como optimizar la asignación de recursos escasos.

Pero los desafíos son muchos. Primero está la falta de capacitación de calidad. Los datos sobre las poblaciones más vulnerables suelen ser escasos y poco confiables. Como colectivo, tenemos que comenzar a destinar más recursos hacia la recolección de datos del terreno para validar los registros existentes y eliminar el sesgo de las bases de datos.

¿Qué pasa cuando tenemos una diversidad de datos de buena calidad? Tenemos que seguir trabajando juntos para asegurarnos de que estos se usan para crear algoritmos justos e inclusivos. En Unicef tenemos que asegurar nuestra participación en la conversación que se da a escala global para poder poner la voz de los niños, en particular la de los más vulnerables, sobre la mesa.

En un esfuerzo por mitigar los riesgos, Unicef es uno de los socios fundadores de la Asociación sobre IA para beneficio de las Personas y la Sociedad e integra varios grupos de trabajo como “IA justa, transparente y responsable” e “IA, Trabajo y Economía”. La asociación se creó para investigar y establecer mejores prácticas para las tecnologías de IA a fin de promover la comprensión del público y su incidencia en las personas y las sociedades.

IPS: ¿Unicef es la única, o una de las pocas, agencias de la ONU que se encamina a contar con operaciones digitalizadas o muy automatizadas?

CF:  Hay iniciativas piloto para el uso de macrodatos, IA, cadena de bloques y otras innovaciones digitales en varias agencias y programas de la ONU, y a veces a través de la colaboración.

Con el fin de compartir experiencias y aprender de los mutuos logros y fracasos, Unicef fundó junto con el Programa Mundial de Alimentos, la Red de Innovación de las Naciones Unidas, una comunidad colaborativa informal de innovadores del foro mundial interesados en compartir y promover esta innovación en el sistema de la ONU.

Asimismo, las tecnologías de vanguardia y la digitalización están entre las prioridades del secretario general. Para fortalecer la cooperación digital y presentar propuestas a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, la academia, la comunidad tecnológica y otros actores relevantes del mundo digital, se creó el Grupo de Alto Nivel para la Cooperación Digital.

Se espera que pueda crear conciencia sobre el impacto transformador de las tecnologías digitales en la sociedad y la economía, así como que contribuya a ampliar el debate público sobre cómo asegurar un futuro digital seguro e inclusivo, teniendo en cuenta normas relevantes en materia de derechos humanos.

IPS: Kai-fu Lee, autor de “Superpoderes de la IA: China, IA y el Nuevo Orden Mundial”, citado en un artículo de The New York Times, señala que la IA eliminará 40 por ciento de los puestos de trabajo en 15 años. Y un informe del Foro Económico Mundial (FEM), presentado en Davos en enero, estimó que 1,37 millones de trabajadores perderán su empleo por la automatización laboral en la próxima década. ¿Cuál es su pronóstico para Unicef?

CF: Según los últimos estudios, entre 75 millones y 375 millones de trabajadores (de tres a 14 por ciento de la fuerza laboral global) necesitarán cambiar de categoría ocupacional para 2030 si la automatización se da con un ritmo de medio a rápido. Asimismo, según el FEM, 65 por ciento de niñas y niños que ingresan a la escuela, tendrán empleos que todavía no existen. Eso significa que a pesar de que desaparecerán muchos trabajos, se crearán muchos nuevos.

Pero hay una gran evidencia de desajustes de capacidades entre los jóvenes y los empleadores; los jóvenes no están adquiriendo las capacidades que necesitan para conseguir un trabajo. Si logramos comprender las capacidades necesarias para el futuro del trabajo y podemos ajustar los sistemas educativos en consecuencia, niños y jóvenes tendrán mayor resiliencia para afrontar la automatización y estarán mejor preparados para el futuro.

Uno de los esfuerzos de Unicef apunta a la pobreza de información, una iniciativa que procura que cada niña o niño goce del derecho a la información, de oportunidad y de elección.

Se puede encontrar más información al respecto aquí.

Traducción: Verónica Firme

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El artículo La ONU busca beneficiarse de la inteligencia artificial fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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