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Atualizado: 23 minutos 58 segundos atrás

De noticias falsas a muerte falsa en Ucrania

2 horas 48 minutos atrás

El periodista Arkady Babchenko, quien montó un simulacro de su asesinato en connivencia con el servicio de seguridad de Ucrania. Crédito: Wikimedia Commons

Por Ed Holt
KIEV, Jun 18 2018 (IPS)

Cuando el 29 de mayo se supo que habían asesinado al periodista Arkady Babchenko en Ucrania, se criticó la falta de seguridad que padecen los profesionales de la prensa en este país.

Pero cuando menos de 24 horas después, se supo que había sido un montaje del servicio de seguridad ucraniano (SBU), surgieron dudas sobre la credibilidad de los periodistas en este país del este de Europa.

El director de la Reporteros Sin Fronteras (RSF) para Asia central y Europa oriental, Johann Bihr, dijo a IPS: “Eso desacredita a los periodistas y dificulta los esfuerzos para protegerlos con eficacia”.

Babchenko, un exsoldado ruso que luchó en Chechenia, critica al Kremlin desde hace años. Huyó de Rusia el año pasado porque temía por su vida y finalmente se mudó a Kiev, donde trabaja para el canal de televisión tártaro ATR.

En cuanto se supo de su muerte surgieron especulaciones sobre la participación rusa, una teoría que las autoridades ucranianas rápidamente confirmaron.

Pero Moscú enseguida negó su vinculación con el hecho y, cuando Babchenko apareció vivo, arguyeron que el episodio era una prueba de la propaganda antirusa de Kiev.

Y cuando Babchenko apareció en una conferencia de prensa organizada por los servicios de seguridad ucranianos al día siguiente de su presunta muerte, dejando al descubierto su cooperación con el SBU en una operación para exponer a quienes supuestamente planeaban su asesinato, motivó el enfado de las organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

“Un circo total”, criticó Philippe Leruth, de la Federación Internacional de Periodistas (FIJ), quien dijo a las autoridades ucranianas que era “intolerable mentir a los periodistas del mundo y confundir a millones de ciudadanos”.

Por su parte, el secretario general de RSF, Christophe Deloire, opinó: “No hay argumentos a favor de montar la muerte de un periodista”.

La estrategia “no ayudará a la causa de la libertad de prensa”, apuntó. “Es patético y lamentable que la policía ucraniana haya jugado con la verdad, cualquiera sean sus motivos para el truco”, agregó en un tuit.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) alertó que eso podría “socavar la confianza pública en los periodistas y silenciar el malestar cuando efectivamente haya un asesinato”.

El SBU y Babchenko siguieron defendiendo la operación, y el periodista incluso agradeció que la misma le hubiera salvado la vida.

Por su parte, RSF, CPJ y FIP señalaron: “Estamos felices de que Babchenko esté vivo y no hay dudas de que las amenazas que recibió fueron reales. Pero esperamos que el gobierno de Ucrania presente pruebas contundentes que le hayan permitido sacar conclusiones. Hasta ahora no lo han hecho”, precisaron.

La situación de la prensa no es buena en Ucrania. Los periodistas sufren acoso de forma regular y agresiones físicas, así como “doxing”, la publicación de información privada.

Siete periodistas fueron asesinados en los últimos cuatro años en Ucrania, el último fue un ruso nacido en Belarús, Pavel Sheremet, quien perdió la vida en un atentado con coche bomba en julio de 2016.

La investigación está estancada por la falta de esfuerzo de los investigadores y por la participación ucraniana en el hecho, criticaron defensores de la libertad de prensa.

Tras el montaje del asesinato de Babchenko, Larysa Sargan, portavoz del fiscal ucraniano, Yuriy Lutsenko, publicó en Facebook una lista de periodistas que, según ella, eran “traidores” por criticar la operación.

Por su parte, los periodistas tuvieron opiniones divididas, algunos la elogiaron como la mejor forma de salvarles la vida y exponer la conspiración rusa, pero muchos otros criticaron la operación y hasta hubo quienes la vincularon con la grave falencia de las instituciones de poder para garantizar la seguridad y la libertad de prensa.

Olga Rudenko, jefa de edición del diario Kyiv Post, dijo a RFE/RL: “Los periodistas ucranianos se sienten menos seguros de lo que se sentían antes. Para que sea un lugar más seguro, las autoridades deben investigar los delitos contra los periodistas”.

“Todo el complot para asesinar a Babchenko, si presumimos que existió, solo fue posible porque hubo tantos asesinatos antes y porque siguen sin investigarse los ataques contra los periodistas, lo que crea un ambiente de impunidad”, arguyó.

“¿Quién se anotaría para matar a un periodista conocido si supieran que se encontró a otros asesinos y se los castigó?”, planteó.

Anna Babinec, fundadora de la agencia de periodismo de investigación, Slidstvo.Info, dijo que el incidente hizo que muchos periodistas perdieran lo que les quedaba de confianza en las autoridades ucranianas.

“Como periodista de investigación, que trabajó toda la noche en la escena del ‘crimen’, fue una gran prueba a mis capacidades. Ahora sabemos que tenemos que chequear todo lo que dicen las autoridades no dos veces, sino tres o cuatro”, observó.

“Tenemos que chequear no solo si la policía hace su trabajo adecuadamente, sino si mienten sobre los crímenes”, apuntó.

“Como periodista y ser humano, estoy feliz de que mi colega esté vivo, pero todavía hay muchas preguntas que el servicio de seguridad y Arkady deben responder sobre la operación especial”, añadió.

La desconfianza creció desde la operación, pues el SBU se niega a dar más detalles y tanto el presunto asesino como el que lo contrató sostienen que vienen trabajando con el servicio secreto.

Una lista con unas 47 personas “blanco de ataque”, supuestamente descubierta por el SBU durante la operación, agranda la confusión.

La lista, que incluye periodistas y activistas, contiene a muchos críticos del gobierno ucraniano, entre otros, pero es llamativo que no figura Babchenko.

Y nuevamente, hay visiones encontradas sobre su veracidad.

Al hablar sobre RFE/RL, tres periodistas de la lista dijeron que el SBU los había contactado y les había mostrado una lista con sus nombres que, al parecer, es similar a la que se filtró a los medios, pero con distinto orden y, en algunos casos, distinta ortografía.

Uno de los periodistas incluso dijo que lo habían interrogado sobre sus opiniones políticas.

Mientras, la periodista rusa Tanya Felgenhauer declaró al diario británico The Independent: “Esa historia ha sido un triunfo del mundo posfactual y dificulta todavía más nuestro trabajo”.

“Una de las pocas ventajas que tenemos sobre las redes sociales y los medios estatales es la exactitud y la comprobación de los hechos. En este caso, el modelo de comprobación de hechos no fue suficiente, y nuestra credibilidad se vio muy afectada”, se lamentó.

Por su parte, Bihr, de RSF, dijo a IPS: “Ayuda a las organizaciones que siembran dudas y propagan información errónea y que desdibujan las líneas entre la verdad y la ficción. Aviva a los gobiernos represivos y a los medios que hacen propaganda con el fin de coartar la libertad de expresión”.

Traducción: Verónica Firme

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Manejo sostenible del suelo, la receta contra desertificación

dom, 17/06/2018 - 20:39

Parte de los ministros, autoridades y representantes internacionales que participaron en la celebración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación, el 17 de junio, en la Ciudad de la Mitad del Mundo, en Ecuador, el primer país en hospedar esta conmemoración anual. Crédito: Ela Zambrano/IPS

Por Ela Zambrano
CIUDAD MITAD DEL MUNDO, Ecuador, Jun 17 2018 (IPS)

La conservación y el manejo sostenible del suelo son las recetas que con diversos ingredientes representan la base para combatir la degradación de los suelos, coincidieron este domingo 17 en Ecuador los participantes en el acto de celebración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación (DMLD).

Con la consigna “las tierras tienen un valor real, invierte en ellas” un país latinoamericano fue por primera vez anfitrión de la celebración de este Día Mundial, celebrado en la Ciudad Mitad del Mundo, en Ecuador, un país que destaca por algunas de sus iniciativas para la sostenibilidad de sus suelos.

Ese lema del DMLD para 2018, de hecho, se vincula con la propuesta ecuatoriana de recuperar el concepto de bioeconomía, en el sentido de que “no se puede extraer sin límite; el compromiso debe ser conservar y tener un manejo sostenible de a tierra”, dijo a IPS el coordinador para América Latina y el Caribe de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), José Miguel Torrico.“El rol de la mujer en la sostenibilidad del suelo es esencial, puesto que las mujeres son una mayoría campesina en Asia, África, según datos de 2017, por lo tanto para ellas debe haber capacitación, tecnología, entrenamiento, información”: Tarja Halonen.

En la jornada realizada simbólicamente en la Mitad del Mundo, a unos 25 kilómetros del centro de Quito, participó como máxima representación de la CNULD, también conocida por su sigla en inglés UNCCD, su secretario ejecutivo adjunto, el indio Pradeep Monga.

“Hay una estrecha relación entre el suelo y el agua; entre el suelo y el clima; entre el suelo y la biodiversidad; conexiones que las culturas tradicionales disfrutan juntas y es algo que podemos aprender del Ecuador”, subrayó Monga durante un coloquio internacional que fue parte central de la celebración del DMLD, que se realiza desde 1995.

Todo lo que se produce y se consume en el mundo usa recursos que salen de la tierra, aseguró, y puso como ejemplo que para elaborar una bicicleta se necesitan 10 metros cuadrados de tierra. “Hay una huella en la tierra que no podemos cuantificar”, advirtió.

La embajadora internacional de buena voluntad de la CNULD y expresidenta de Finlandia (2000-2012), Tarja Halonen, presentó una estimación de la afectación en la economía, al destacar que “la desertificación golpea, a nuestros países en un nueve por ciento del PIB (producto interno bruto), lo cual supone 23 billones (millones de millones) de dólares anuales”.

Halonen subrayó también que es fundamental que en la lucha contra la desertificación se incorpore una perspectiva de género.

“El rol de la mujer en la sostenibilidad del suelo es esencial, puesto que las mujeres son una mayoría campesina en Asia, África, según datos de 2017, por lo tanto para ellas debe haber capacitación, tecnología, entrenamiento, información”, dijo.

Joao Campari, directivo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés) destacó entre los elementos que presionan a los suelos y fomenta su degradación. “Estamos consumiendo demasiado”, sentenció.

“Se echa a la basura 40 por ciento de la comida, todos los días, en algunos países del mundo se consume más de lo que se necesita y, en otros, no hay nada de comer”, así que se requiere reducir la presión en los ecosistemas, adujo.

Por su parte, John Preissing, representante en Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señaló que el combate a la desertificación de la tierra está ligado estrechamente con la lucha contra el hambre.

De izquierda a derecha, John Preissing (FAO), Tarsicio Granizo (Ministro de Ambiente), José Valencia (Ministro de Relaciones Internacionales), Pradeep Monga (secretario ejecutivo adjunto de la CNULD) y Arnaud Peral (ONU-Ecuador), posan con carteles de diferentes ODS durante el coloquio sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, en Ecuador. Crédito: Ela Zambrano/IPS

Por eso es necesario avanzar, por ejemplo, en una “ganadería inteligente, una de las causas principales de la degradación, pero, al mismo tiempo, una de las fuentes principales de alimentación de la población”.

Uno de los anfitriones de la celebración del DMLD,  el ministro ecuatoriano de Ambiente, Tarsicio Granizo, subrayó, por su parte, que la degradación de los suelos, “no es solamente un problema ambiental; es un problema que tiene que ver con la soberanía y seguridad alimentaria”.

Granizo recordó que Ecuador, como otros países latinoamericanos y de otras regiones del Sur en desarrollo vive una realidad poco alentadora, porque “se estima que 47 por ciento de los suelos está con problemas de degradación y un 20 por ciento de áreas seriamente desertificadas”.

Pero, como se comentó durante el coloquio, frente a ese panorama, Ecuador destaca por su propuestas para enfrentar al problema, como la iniciativa BioEcuador, donde incorpora un manejo sostenible de la tierra mediante la bioeconomía, y el plan de Gestión Integrada de Lucha contra la Desertificación, Degradación de la Tierra y Adaptación al Cambio Climático.

Esos proyectos, dijo el ministro local de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, José Valencia, son algunas de las credenciales con que el país muestra su determinación a favor de un desarrollo sostenible.

El canciller ecuatoriano también resaltó “como muestra de voluntad política el que 110 países han establecido metas nacionales en la lucha contra la desertificación, cuyos impactos afectan al ser humano, a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos”, dentro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De hecho, durante el coloquio se puso en valor que reducir la degradación de los suelos es una meta transversal en varios de esos 17 objetivos.

Torrico, en tanto,  destacó que en materia de movilidad humana,  la desertificación genera consecuencias diferetes en las regiones del Sur.

En América Latina y el Caribe hay problemas de desplazamientos de la población dentro de sus fronteras, con excepción del caso de Haití, mientras que en África, el continente con mayor problema de desertificación, el fenómeno ha generado los mayores problemas de pobreza y de emigración forzada, explicó.

En cuanto a las medidas, el coordinador regional de la CNULD, citó que “en la escala Latinoamericana hay una iniciativa importante que es la 20/20; recuperar 20 millones de hectáreas degradadas o deforestadas para el año 2020”.

“Todos los países latinoamericanos y del mundo están determinando sus problemas (de degradación), donde están localizados y como pueden solucionarlas, con lo cual han logrado fijar metas concretas”, aseguró.

En los actos de la celebración del DMLD participaron varios ministros del área del Caribe, además de delegados de gobiernos de Europa y América Latina y representantes de organizaciones ambientales y sociales.

El ministro Granizo consideró que el intercambio Sur-Sur es un elemento que debe sumarse a la lucha contra la desertificación. “Hay experiencias locales que han sido exitosas en unos países, que podrían funcionar en otros, pero que se quedan de experiencias locales”, explicó.

La mayoría de los participantes coincidió en alertar que hay que correr en neutralizar la degradación. Si para 2050 no se han hecho suficientes avances, “50 por ciento de las tierras van a estar en procesos de degradación y habrá una disminución de los alimentos entre un 15 y un 20 por ciento”, resumió Torrico.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Defensores del agua en Chile: empapados de valentía y amedrentados por su lucha

sex, 15/06/2018 - 16:21

La activista chilena en defensa del derecho al agua Verónica Vilches. Crédito: Amnistía Internacional

Por Ilsen Jara
SANTIAGO, Jun 15 2018 (IPS)

Junto con Rodrigo Mundaca y Verónica Vilches, miembros del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), caminamos sobre el río La Ligua de la provincia de Petorca, en Chile.

Así es, junto a estos defensores del derecho al agua, caminamos con nostalgia sobre lo que fue el río que hace unos 20 años inundaba de alegría y vida a quienes disfrutaban de sus aguas.

La sequía en la provincia de Petorca es dramática y cruel. En 2015 un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos alertó sobre la situación hídrica y la violación de este derecho tan fundamental para los habitantes de Petorca.

El documento establece que la escasez de agua no solo estaría asociada al fenómeno de la sequía, sino que también a las actividades empresariales en la zona, especialmente al uso de los suelos en el intenso cultivo de paltos y cítricos.

La escasez de agua para las labores cotidianas y básicas de los habitantes de la provincia  -principalmente de la zona rural de La Ligua, Petorca y Cabildo- desconcierta a tal nivel que cuesta entender cómo se permitió llegar a estas circunstancias.

La directora de comunicaciones de Amnistía Internacional Chile, Ilsen Jara. Crédito: Amnistía Internacional

Sin embargo, como si esta grave vulneración no fuera suficiente, personas de la zona que han alzado la voz en defensa del derecho al agua han sido hostigadas, amedrentadas e incluso amenazadas de muerte por su labor.

Amnistía Internacional ha sostenido en los últimos años que defender los derechos humanos en las Américas es uno de los trabajos más peligrosos, particularmente para quienes defienden los derechos relacionados a la tierra, el territorio y el medioambiente.

En Chile, miembros de Modatima han vivido en carne propia la intimidación por visibilizar y denunciar los conflictos por el agua en Petorca. El impacto de esto es devastador, tanto para su propio bienestar físico, mental y emocional, como también para el de sus familias.

“Muchos de los defensores medioambientales han perdido sus fuentes laborales, otros siguen encontrándose con obstáculos para acceder a un empleo, algunos han tenido que huir de la provincia, y los que se han quedado han tenido que aprender a vivir con el miedo constante”, nos detallan los integrantes de Modatima.

Verónica Vilches es una mujer amable, cálida y fuerte. Esto le ha permitido poner todo el coraje para enfrentar las intimidaciones de las que ha sido víctima. Ella desde 2015 es la presidenta del sistema de abastecimiento de agua potable rural de San José, comuna (municipio) de Cabildo, pero lleva casi 20 años movilizándose a favor de esta causa.

Verónica dedica entre cuatro y cinco horas del día a trabajar de manera voluntaria en un sistema de cooperativa de agua. Su trabajo -y el de otras personas comprometidas-permite abastecer de este recurso hídrico a más de mil personas de su comunidad.

“En la vida nos pueden quitar todo, menos el agua. Por eso estoy pendiente de que a ningún vecino o vecina le falte este elemento tan vital; por ellos es mi lucha”, nos relata Verónica mientras recorremos el río que nos sumerge en la añoranza de lo que fue este caudal hace dos décadas atrás.

Verónica contó a Amnistía Internacional que el año pasado personas no identificadas se estacionaron cerca de su casa y desde el interior de un vehículo sin patente, le gritaron todo tipo de insultos y amenazas.

En otra ocasión, el agosto pasado, Verónica recibió una llamada de personas que se identificaron como Policías de Investigaciones (PDI) de Santiago, diciendo que necesitaban conocer el funcionamiento del pozo que ella administraba para abastecer de agua a sus vecinos.

“Una vez que seis funcionarios de la PDI llegaron a la planta, me insistieron mucho a que hiciera funcionar el pozo y en cada momento tocaban sus armas, parecía que me querían confundir y atemorizar. Más tarde me dijeron que yo

-desde ese momento- pasaba a ser imputada por sustraer agua para la comunidad de San José y me hicieron firmar unos papeles”, nos relata, mientras nos muestra unos documentos que evidenciaban la existencia de esa visita.

Sin embargo, según las averiguaciones que ha hecho Amnistía Internacional en la Fiscalía Nacional, no existe registro de que se haya abierto nunca una causa en contra de Verónica Vilches.

Rodrigo Mundaca, del chileno Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente. Crédito: Amnistía Internacional

Entonces ¿por qué la PDI habría ido a investigar a Verónica? ¿Qué objetivo tenía ese episodio? ¿Quiénes están detrás de este hecho? Con todo esto, la incertidumbre aumenta y la necesidad de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos se hace un imperativo que no podemos soslayar.

Mientras seguimos nuestro recorrido por las tierras de Petorca, Verónica nos cuenta que a veces se quiebra y llora, que en ocasiones no sabe si al salir de su casa va a volver con vida.

“Tenemos mucho dolor por no tener agua para el consumo humano, el agua es la primera necesidad de una persona”, nos dice.

Dicha necesidad es la fuente de motivación que la empapa de valor para seguir adelante, pese a los riesgos que eso puede significar.

“Tengo mucha fe en que un día los ríos volverán, que vamos a volver a tener nuestros animales, nuestros árboles frutales, nuestra leche… Creo que si hay voluntad de las autoridades esto puede cambiar”, añade.

Mientras caminamos por las calles de Petorca, una vecina desde su casa levanta su puño y grita unas palabras de apoyo a Rodrigo Mundaca, uno de los líderes más conocidos de la lucha por recuperar el agua. Rodrigo no la conoce, pero devuelve el saludo con una sonrisa de agradecimiento.

“Gestos como éste hacen entender que todo vale la pena”. Luego, añade que no todas las personas manifiestan públicamente su apoyo, pues “muchos tienen temor y prefieren no involucrarse”.

“Gente de la provincia de Petorca recibe agua en camiones aljibes, se bañan “por presas” y en situaciones de aguda escasez de agua han tenido que hacer sus necesidades en bolsas de plástico”, cuenta  Rodrigo, quien empezó a denunciar la extracción ilegal de agua por parte de personas y empresas en 2012.

A consecuencia de ello, las autoridades abrieron cuatro causas penales en su contra.

Entre 2012 y 2014, Rodrigo nos cuenta que fue llamado a declarar 24 veces a tribunales distintos y en diferentes ciudades de Chile. “Durante esos dos años en que estuve yendo a tribunales sentí el claro intento de criminalizar y silenciar la lucha por el agua”.

En una de las causas lo condenaron a 61 días de prisión. Aunque la sentencia fuera suspendida, tuvo que acudir la ciudad de La Ligua a firmar mensualmente durante un año y pagar una multa de 140 mil pesos que, a través de una campaña, fue pagada en monedas de 1 peso.

En 2015, durante un viaje a Santiago, Rodrigo recibió una golpiza por la espalda por personas desconocidas.

Esto fue posterior a un reportaje de un medio danés que visibilizó la crisis del agua en la zona. Luego, el 28 de marzo del año pasado, recibió una llamada telefónica de una persona que no se identificó y que le amenazó de muerte si continuaba denunciando el conflicto hídrico de la provincia.

En muchos países, utilizar porfiadamente las leyes con el fin de criminalizar a los defensores de derechos humanos es tan usual como las campañas de difamación en su contra. “Somos estigmatizados y declarados enemigos del desarrollo, incluso nos han dicho extremistas, eso nos parece muy grave”, añade Mundaca.

Las personas defensoras denuncian y ponen en evidencia a quienes abusan de su posición de poder y autoridad.

Cuando se hostiga y desprestigia a los defensores y defensoras de derechos humanos, lo que se hace es intentar cultivar una evidente hostilidad hacia ellos, incluso -en ciertas ocasiones- al interior de sus mismas comunidades.

Amnistía Internacional ha documentado casos en diferentes países de América en que la retórica demonizadora en contra de estas personas la hacen ver como “terroristas”.

Estas afirmaciones pueden ser peligrosas, pues no sólo se intenta acallar a las personas que alzan su voz, sino también se intenta ocultar el conflicto que hay de fondo.

El Estado de Chile no puede seguir haciendo la vista gorda en esta situación. La labor de quienes defienden los derechos humanos no sólo es necesaria, sino además debe estar adecuadamente protegida. La valentía de los activistas medioambientales de Petorca les está llevando a un escenario en que día a día están asumiendo más y más riesgos.

Asumir el problema que viven estas personas y redoblar los esfuerzos para protegerlos es el primer paso que deben dar las autoridades. Sólo así se irá cimentando un ambiente seguro y propicio para quienes se sitúan en primera línea de la lucha por los derechos humanos.

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ONU lucha contra desigualdad estructural de género

sex, 15/06/2018 - 13:18

Purna Sen es la nueva coordinadora ejecutiva y portavoz para Acoso Sexual y y Otras Formas de Discriminación. Crédito: ONU.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 15 2018 (IPS)

La nueva coordinadora ejecutiva y portavoz para Acoso Sexual y Otras Formas de Discriminación de la ONU, Purna Sen, aprovechará la campaña del secretario general para “encontrar soluciones duraderas y frenar, prevenir y responder al acoso sexual tanto dentro como fuera de la Organización de las Naciones Unidas”.

En el marco de la política de tolerancia cero contra la explotación y el abuso sexual en el sistema de la ONU, lanzada por el secretario general, ONU Mujeres designó el 11 de abril a Sen para buscar revertir la situación.

La decisión del secretario general, António Guterres, obedeció a las crecientes denuncias dentro del foro mundial.

En 2015, ONU Mujeres, creada cinco años antes para empoderar a la población femenina, recibió una denuncia de acoso sexual de parte de un contratista, la que se confirmó y llevó a la agencia a concluir de inmediato el contrato vigente, indicó Sen.

En 2016 hubo dos denuncias que no se confirmaron y, en 2017, hubo otra por mala conducta sexual de una funcionaria de ONU Mujeres, que todavía está en etapa de investigación.

Sen comenzó su trabajo con dos llamados: primero, pidió a las mujeres que compartieran sus experiencias de agresión y acoso sexual y, segundo, pidió ejemplos de buenas prácticas, políticas y leyes para hacer frente al problema, que se pueden enviar por correo electrónico: end.sexualharassment@unwomen.org

“ONU Mujeres se creó para proteger y promover los derechos de las mujeres. Tenemos un papel único al encabezar la acción para establecer responsabilidades”, señaló la directora ejecutiva Phumzile Mlambo-Ngcuka al nombrar a Sen.

“Eso significa tolerancia cero a la violencia y al acoso, y acciones para garantizar el apoyo a las víctimas. Actualmente, hay normas culturales y prácticas que habilitan el acoso y penalizan a las víctimas. Eso tiene que cambiar”, sentenció.

IPS: ¿Cuál es su respuesta a las acusaciones de altos funcionarios que denuncian que el personal femenino subalterno se les tiran encima a sus jefes como forma de promover sus carreras?

PURNA SEN: Decodifiquemos esa información. ¿Se aduce que las mujeres ofrecen favores sexuales a cambio de empleo o promociones? Si es así, hay respuestas claras.

Ensuciar el profesionalismo, las capacidades y la contratación con cuestiones de comportamiento sexual es inapropiado y no es defendible.

Eso es así, ya sean altos cargos con poder (la mayoría hombres) o personal joven, por lo general mujeres, jóvenes y personal local. Favores sexuales a cambio de promover una carrera es, por supuesto, inaceptable.

Esa posibilidad o práctica no debe distraer de la grave y generalizada discriminación de género estructural en función del sexo que se manifiesta en el acoso sexual, abuso, agresión o represalia por las acusaciones.

Esos hombres en altos cargos que hacen esas acusaciones, sin duda, tuvieron la oportunidad de usar sus puestos para plantear el asunto a lo largo de sus carreras. ¿Lo hicieron? ¿O lo plantean ahora que las mujeres reclaman responsabilizar a los abusadores?

Tratar al acoso sexual como incidentes aislados o como actos incomprensibles de personas (como sugiere la formulación de la pregunta) es problemático.

Lleva a la ofuscación o a la negación de la base estructural y sistémica de las desiguales en las estructuras de poder, en las que hombres poderosos (predominantemente) concentran la autoridad y el control sobre el personal más joven (probablemente más mujeres y locales) de forma tal que pueden incidir en sus carreras o experiencias de trabajo.

La negación, la distracción y las excusas para la agresión y el acoso ilustran culturas donde la seriedad y el daño del acoso no se reconocen ni se priorizan.

IPS: Una resolución de la Asamblea General de la década de los años 70, reafirmada posteriormente, llama a lograr la igualdad de género en el personal de la ONU, en especial en los cargos de decisión.

¿Cómo se ajusta ONU Mujeres a esa resolución? ¿Qué proporción tiene de hombres y mujeres?

PS: ONU Mujeres apoya los esfuerzos hacia la igualdad de género del secretario general a través de su mandato único para liderar y coordinar el trabajo del sistema de la ONU, así como promover la responsabilidad, que incluye monitorear regularmente el avance en todo el sistema.

ONU Mujeres también sirve de guía sustantiva en materia de igualdad de género y otros asuntos relacionados para el sistema de la ONU, y de repositorio de buenas prácticas, ofrece pautas y herramientas, y analiza las tendencias en la ONU para identificar obstáculos y agentes de cambio y así  avanzar hacia una representación equitativa.

Además, ONU Mujeres respalda la colaboración y el intercambio de información entre agencias, así como la construcción de capacidades a través de redes de género en todo el sistema, que incluye Puntos Focales de Género, la Red Interagencial sobre la Mujer y la Igualdad de Género (IANGWE) y el Plan de acción para todo el sistema sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU-SWAP).

Otra iniciativa importante de ONU Mujeres es la elaboración de las Pautas de Ambientes Propicios, con recomendaciones y medidas prácticas para todo el sistema para crear un ambiente laboral sin discriminación, acoso y abuso de la autoridad, así como apoya a las mujeres en su desarrollo laboral mediante políticas que contemplan la familia, el equilibrio entre vida personal y laboral y programas de desarrollo profesional.

En este momento, la razón de género es 71 por ciento de mujeres y 29 por ciento de hombres.

IPS: ¿Cuál es su respuesta al argumento de que los puestos de trabajo en la ONU deben ser para los más calificados y más competentes y no definirse en base al género?

PS: El problema con esa pregunta es que asume una contradicción entre ser “el más calificado y el más competente”, por un lado, y la búsqueda de la equidad de género, por otro. Es una premisa falsa. Asume que el objetivo de la equidad de género es echar por la borda la capacidad y la buena calificación.

Detrás de esa afirmación está la creencia (porque en general se designa a un gran número de mujeres como medida de equidad) de que no pueden ser las más calificadas ni las más competente.

Eso refleja creencia asociada al género sobre la incompetencia esencial de las mujeres, a diferencia de la innata capacidad de los hombres. Rechazo esa suposición, y hay muchos ejemplos que lo respaldan.

En definitiva, las mujeres pueden ser, y son, tanto competentes como calificadas. Más pertinente es la pregunta, ¿por qué no se eligen a las mujeres competentes y calificadas?

El mismo supuesto de género que presupone que las mujeres no pueden ser ninguna de las dos cosas es lo que frena que se reconozcan y se recompensen sus verdaderos talentos, habilidades y capacidades. Las culturas de la desigualdad de género son perniciosas y están vencidas desde hace tiempo.

Traducción: Verónica Firme

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Reconocimiento, deuda con afrodescentientes cubanos en su decenio

sex, 15/06/2018 - 11:48

Myrna Padrón, promotora del proyecto autónomo y comunitario Casa Tomada Mirarte, organiza algunas obras de la artista Daimy Izquierdo, que muestran rostros y cuerpos con los rasgos propios de la población afrodescendiente, en su vivienda en La Habana, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jun 15 2018 (IPS)

El aire y la luz del sol se cuelan por las oquedades en la desgastada puerta de la casa de Myrna Padrón, quien desde marzo emprendió un proyecto en su barrio de la capital cubana a favor del reconocimiento de las personas negras y mestizas.

La activista abre las puertas y ventanas de su hogar a medio reparar en una planta baja, para que los transeúntes puedan ver desde la acera las enormes cartulinas colgadas en las paredes de su sala, en el municipio de Marianao, en La Habana.

De colores contrastantes, los cuadros de la joven artista Daimy Izquierdo muestran rostros y cuerpos con los rasgos propios de la población de ascendencia africana.“No es real decir que nuestra población es blanca en más de 60 por ciento: ese dato se encuentra sesgado por el llamado fenómeno del blanqueamiento, o sea, por las personas en nuestro país, que, no siendo blancas, no se autoreconocen como negras ni mestizas”: Esteban Morales.

Esta vez Padrón, promotora cultural de 53 años y con un amplio trabajo en el área, busca con su proyecto autónomo y comunitario Casa Tomada Mirarte “hacer acciones artístico culturales y educativas de respeto a la diversidad, conciencia racial, con énfasis en los derechos económicos”, con apoyo de pequeños fondos colectivos.

“El problema del reconocimiento (como afrodescendiente) no está muy investigado en Cuba”, dijo Padrón, quien aún sondea cómo se comporta el fenómeno en su comunidad, que es negra en su mayoría con inmigrantes del oriente cubano, “aunque en el censo no se refleje así”.

“En los últimos 10 años, he trabajado con artistas de altísimo nivel de identidad pero la realidad es otra en las comunidades”, valoró la lideresa barrial a IPS.

Padrón ofrece talleres artísticos para niños y niñas, exposiciones, intercambios y ayudas específicas a adolescentes y adultas mayores, junto a artistas que abordan en su obra la influencia de África y su diáspora.

Con sus particularidades, el activismo antirracista en Cuba trabaja en el complejo asunto del reconocimiento, una de las deudas que el Decenio Internacional para los Afrodescendientes -declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 2015 a 2024- convoca a revisar junto con la justicia y el desarrollo de este grupo vulnerable.

Según especialistas, el concepto de reconocimiento incluye la parte personal de asumir la herencia africana tras siglos de procesos de blanqueamiento y despojamiento de su cultura, además de la visibilidad estadística y por parte de los Estados de los aportes y situación vulnerable de este segmento poblacional.

De hecho,  la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indica que la región  afronta grandes retos en ese sentido, al punto que muchas de sus naciones aún se oponen a usar el término afrodescendiente.

Tres mujeres jóvenes, de rasgos mestizos, se toman una foto durante un acto cultural el espacio expositivo del Pabellón Cuba, en el municipio de Vedado, en La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

En conjunto, en la región se contabilizan 130 millones de personas afrodescendientes, que representan 21 por ciento de la población total, aunque se estiman que la cifra real sea muy superior.

Esta franja, “cuyos antepasados fueron esclavizados y sometidos a trabajos forzosos, sigue padeciendo mayores niveles de pobreza, menores niveles de educación, mayor exposición a los efectos negativos de la segregación territorial y una inserción ocupacional en los nichos más precarios del mercado laboral”, reitera la Cepal.

Y, junto a las deudas arrastradas desde épocas de la esclavitud, nuevos flujos migratorios como la creciente población haitiana en Chile recomponen el escenario regional.

“Nuestras estadísticas nacionales son aún muy deficientes en ese tema”, subrayó a IPS el politólogo Esteban Morales, que ha llevado a debate público en Cuba el problema e instó a las autoridades competentes previo a la realización del último censo de población y viviendas, en 2012, a corregir el sistema estadístico diseñado.

“No es real decir que nuestra población es blanca en más de 60 por ciento: ese dato  se encuentra sesgado por el llamado fenómeno del blanqueamiento, o sea, por las personas en nuestro país, que, no siendo blancas, no se autoreconocen como negras ni mestizas”, explicó el también activista antirracista.

“El color está asociado a nuestra pirámide poblacional, jerarquía, acceso a la riqueza, reconocimiento social, prejuicios, discriminación y racismo, que se mantienen después de más de cuatro siglos de colonialismo esclavista y neocolonialismo, que casi 60 años de revolución radical no han logrado eliminar”, dijo Morales sobre el caso cubano.

Entre los países latinoamericanos, Cuba es, según la Cepal, el segundo con más habitantes afrodescendientes, con 36 por ciento de personas negras y mestizas en su población de 11,2 millones de habitantes. Solo lo supera Brasil y le siguen Colombia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, México, Venezuela y Perú, en un listado que no incluye a las naciones caribeñas que no son de habla hispana.

El último censo realizado en este país insular caribeño estableció que la persona encuestada es quien se adscribe a algún grupo étnico, siguiendo la práctica estándar internacional.

Un grupo de adolescentes afrodescendientes juega al fútbol en una calle del barrio de Cayo Hueso, en La Habana, en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Esa definición del propio entrevistado, así como las diferentes clasificaciones relativas a la identificación étnica por países, atenta contra el registro real de los afrodescendientes en Cuba y en general en América Latina y el Caribe, critican especialistas locales en el tema.

La situación es mucho más compleja por lo que algunos países incluyeron la variable racial y afrodescendiente en forma específica en sus censos, a partir de los 2000.

Para el período censal de 2020, la Cepal propone a los países aspectos claves para alcanzar la armonización de la región, entre ellos la desagregación en población afrodescendiente, que es imprescindible para cumplir con parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, convenidos en la ONU para 2030.

“Va ganando lugar la autoestima a nivel social de los afrodescendientes que, todavía es poca en relación con los millones que somos”, evaluó el sociólogo cubano Fernando Romeu. “Se aprecia en el aumento de la imagen afro que asumen especialmente en sus peinados y pelados (cortes de cabello) los jóvenes”, detalló.

No obstante, señaló que en este país, tanto a nivel social como por parte de las autoridades, existe resistencia a reconocer la discriminación racial. “Todavía falta mucho para el logro de una equidad racial en Cuba, a pesar de las políticas sociales de la Revolución (cubana de 1959)”, apuntó en diálogo con IPS.

A su juicio, “es necesario desprejuiciar el asunto (de la discriminación racial), desmitificarlo”. Lamentó que, “sin embargo, ya se abordan abiertamente el problema de la mujer, la homofobia”, que en el pasado estuvieron bajo el mismo velo de tabú y silencios que aún cubren los rezagos de racismo.

En su discurso al dejar la presidencia, el 19 de abril, Raúl Castro dedicó un inusual y amplio espacio a resaltar lo positivo de la mayor presencia en el parlamento y la televisión estatal de personas negras y mestizas, en una mención que algunos criticaron pero que otros valoraron como un reconocimiento oficial al problema.

Con labios prominentes y rojos, cabellos rizos, pómulos sobresalientes y cuerpos fornidos, la artista Daimy Izquierdo pinta a sus personajes y se refiere cariñosamente a ellos como “mis negras y mis negros, que también son los blancos y los mestizos porque al final todos tenemos los mismos sentimientos”.

“Soy descendiente de cubanos y haitianos… el tema de la identidad ha estado presente en mi familia tanto en lo carnal, espiritual como religioso… en mis cuadros está más que evidente”, compartió con IPS la artista,  una de los cinco artistas de la red de apoyo a Casa Tomada Mirarte.

Activistas y especialistas consultados por IPS consideran que los países de América Latina y el Caribe aún no se han movilizado para darle un vuelco a la situación actual de este grupo poblacional durante el Decenio Internacional de los Afrodescendientes.

Edición: Estrella Gutiérrez

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¡Eres más poderoso de lo que piensas!

qui, 14/06/2018 - 15:17

Mujeres africanas cuidan su siembra en los surcos de una tierra degradada. Crédito: CNULD

Por Monique Barbut
BONN, Jun 14 2018 (IPS)

¿Estás abrumado por las deprimentes noticias que te llegan todos los días? Conflictos, migraciones forzosas, hambre, inundaciones, huracanes, extinción de especies, cambio climático, amenazas de guerra… una lista aparentemente interminable. Puede que te sorprendas, pero realmente puedes hacer que cambien muchos de estos problemas.

Al igual que cada gota de lluvia cuenta para un río y cada voto cuenta en unas elecciones, también lo hace cada elección que hacemos en lo que consumimos. Con cada producto que compramos, aumentamos el caudal del río de la sostenibilidad o de la insostenibilidad. Es un voto a favor de políticas que difunden bienes sociales como la paz y la erradicación de la pobreza o males sociales como el conflicto o la pobreza extrema.

Dependemos mucho de los gobiernos, olvidando que son ellos los que establecen políticas que nos incitan a tomar decisiones específicas. Así de poderosas son nuestras elecciones de estilos de vida.

Monique Barbut, secretaria ejecutiva de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertifiación. Crédito: CNULD

Imagina qué pasaría si los más de 7.000 millones de consumidores del mundo nos comprometiéramos, cada año, a un solo cambio de estilo de vida que respalde la provisión de bienes provenientes de tierras gestionadas de manera sostenible.

Cada Año Nuevo hacemos buenos propósitos de cambio. ¿Por qué no incluir entre esos propósitos  un cambio en nuestros hábitos que nos transforme en consumidores con un estilo de vida inteligente y sostenible? Sin ninguna intervención del gobierno, podemos tomar decisiones que ayuden a poner fin a la deforestación, la erosión del suelo y la contaminación o a reducir los efectos de la sequía o las tormentas de arena y polvo.

Sin embargo, para acertar en el cambio de estilo de vida,  cada uno de nosotros debe primero averiguar dónde se cultivan y procesan los bienes que consumimos. Por ejemplo, si están vinculados a conflictos en regiones con tierras o bosques que se degradan rápidamente o con aguas o suelos contaminados. Conociendo esa información, seremos capaces de elegir aquellas alternativas que se produzcan de manera sostenible. Es un cambio pequeño y realizable que podemos proponernos  todos los años.

Cada país y producto tiene una huella del suelo. Lo que comemos, lo que vestimos, lo que bebemos. El fabricante o proveedor de los productos que consumimos. Las marcas relacionadas con estos proveedores que apoyaremos. En este sentido, deberíamos priorizar la compra a los propietarios de pequeñas explotaciones locales para reducir nuestra huella ecológica global.  Como consumidores tenemos muchas opciones. Entonces el eslabón perdido vital sería el consumidor informado.

A través de las aplicaciones para teléfonos móviles, cada vez es más fácil rastrear de dónde provienen los productos que consumimos. También es cada vez más fácil encontrar proveedores alternativos de nuestra elección, puesto que el sector privado también está adoptando poco a poco la idea del negocio ético. La información que necesitamos está literalmente en el teléfono móvil, en la palma de nuestra mano.

Pero debemos creer en nuestro propio poder para cambiar el mundo. El efecto global en el mercado podría sorprendernos.

Premiaremos a los productores de alimentos, los administradores de recursos naturales y los especialistas en planificación territorial que luchan contra viento y marea para mantener la tierra sana y productiva. Esta es la forma más económica de ayudar a cada familia y comunidad en el mundo para que prosperen, y así evitar el daño y la pérdida de vidas que resultan de la degradación ambiental y de los desastres.

El 17 de junio, se celebra el Día mundial de lucha contra la desertificación y la sequía. Hagamos de esa fecha nuestra cita con la naturaleza. Nos encontramos prácticamente en la mitad año y es un buen momento para revisar el progreso que estamos logrando en nuestros buenos propósitos de Año Nuevo para alcanzar un estilo de vida sostenible.

En 2030, cuando la comunidad internacional evalúe su logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, podremos decir que con nuestros cambios de estilo de vida, hemos contribuido a favor de las generaciones presentes y futuras.

Eres más poderoso de lo que piensas. Toma tu poder y actúa.

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Conflictos africanos entre los más desatendidos del mundo

qui, 14/06/2018 - 13:12

Un grupo de hombres , mujeres y niños desplazados se refugiaron en una iglesia en las afueras de la aldea de Nyunzu, en el este del Congo. Y Pastor Mbuyu (en primer plano) se ocupa de ellos. Crédito: Christian Jepsen/NRC.

Por Will Higginbotham
NACIONES UNIDAS, Jun 14 2018 (IPS)

Los conflictos han desarraigado a millones de personas en varios países africanos, las que se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad, y llevó a una organización de derechos humanos a reclamar que no se las olvide.

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) realizó el reclamo al publicar su lista anual de crisis de desplazamientos más desatendidas del mundo.

“Es un triste patrón que vemos otra vez, que las crisis en el continente africano rara vez ocupan los titulares de la prensa o un lugar en la agenda de la política exterior hasta que ya es muy tarde”, observó el secretario general del NRC, Jan Egeland.

En el informe de este, la organización concluye que seis de los 10 conflictos más desatendidos se desarrollan en África.

La República Democrática del Congo, donde años de guerra civil desplazaron a más de cinco millones de personas, está al inicio de la lista. Y Sudán del Sur, República Centroafricana, Burundi y Etiopía están entre los cinco primeros.

¿Por qué esos conflictos no llaman la atención?

Entre los principales motivos de preocupación se destaca la falta de voluntad política y diplomática.

“Nosotros (Occidente) somos buenos haciendo la vista gorda cuando no tenemos un gran interés geopolítico”, explicó la portavoz del NRC, Tiril Skarstein, en diálogo con IPS.

“Los países de la lista se consideran menos importantes desde el punto de vista estratégico, y por eso no hay un interés internacional en encontrar soluciones”, apuntó.

Skarstein explicó que en algunos países, sucede lo contrario, hay muchos actores con intereses políticos encontrados que participan en los conflictos, como sucede en Yemen y Palestina, donde los réditos políticos se ponen por delante de la vida de las personas.

La falta de voluntad política para trabajar en la búsqueda de una solución es uno de los tres criterios para medir las crisis e incluirlas en la lista.

Los medios dan vuelta la cara

Según el NRC, la difícil situación de los refugiados africanos se borra de forma consistente de la “conciencia de Occidente” porque los medios occidentales no muestran sus penurias ni aparecen en las noticias.

Y si aparecen, no las cubren, por cierto, como a otras crisis humanitarias.

Skarstein comparó la situación de Siria y de República Democrática del Congo, cada uno con alrededor de 13 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria.

“Muchas personas no saben eso. ¿Por qué? porque ambos casos tuvieron una exposición internacional totalmente diferente”, explicó a IPS.

Como muchos de los refugiados de Siria huyeron del régimen de Bashar al Assad hacia Europa, en Occidente, muchas personas tuvieron que “afrontar y asumir la difícil situación”, añadió.

“Vemos a esas personas literalmente llegar a nuestra puerta. En los medios, sus historias aparecen en las crónicas, en la televisión, en Internet y en las redes sociales. Cuando la gente puede ver a otros y conoce su situación, suele importarles más y hace que actúen”, apuntó.

En cambio, en el caso del conflicto de República Democrática del Congo y de otros países africanos es común que las personas huyan hacia las naciones vecinas.

“No llegan a las playas turísticas; cruzar de una frontera africana a otra no genera el mismo nivel de exposición”, explicó Skarstein.

Menos dinero, más problemas

La falta de voluntad política y de atención de los medios hace que los recursos humanitarios no lleguen a muchas de las crisis africanas.

“Las crisis que no concentran mucha atención y rara vez se mencionan en los medios, tampoco suelen recibir apoyo económico para cubrir las graves necesidades humanitarias”, explicó.

La República Democrática del Congo es la segunda de las crisis más grandes que menos recursos económicos recibe, pues reunió menos de la mitad de los 812 millones de dólares solicitados para hacer frente a la situación.

Otro problema es el “cansancio de los donantes”, un fenómeno en el que cuanto más dura un conflicto, más difícil es reunir fondos.

“Hay conflictos que se extienden durante años, a veces hasta décadas, y hay gente que piensa que es un caso imposible, otra vez. Necesitamos luchar contra eso”, indicó.

¿Qué puede sacar a esos conflictos africanos de la lista de crisis descuidadas?

El NRC señala que lo más importante es que los donantes ofrezcan asistencia en función de las necesidades humanitarias y no políticas.

La organización de derechos humanos también subrayó el papel de los medio a la hora de llamar la atención sobre los desastres humanitarios desatendidos.

“La exposición es fundamental, que se oiga y se escuche a la gente también es clave. Cuanto más hablemos sobre esas crisis y más las veamos, más podrá hacerse”, señaló Skarstein.

Y esa lista debe oficiar de recordatorio para todos.

“Solo porque no veamos el sufrimiento de las personas, no significa que sea menos real; lo importante es que no nos exonera de nuestra responsabilidad de actuar”, concluyó.

La violencia escaló en varias partes de República Democrática del Congo en 2015, lo que obligó a dos millones de personas a abandonar sus hogares solo en 2017.

Entre otros países que este año figurarán en la lista de las Crisis de Desplazamientos más Desatendidas del Mundo están los territorios palestinos, Myanmar (Birmania), Yemen, Venezuela y Nigeria.

Traducción: Verónica Firme

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Del cielo cae solución hídrica para México

qui, 14/06/2018 - 11:56

Fotomontaje de la organización Isla Urbana, pionera en la promoción de la captación de agua de lluvia como parte de un nuevo modelo en el manejo del abastecimiento y consumo hídrico en México, donde se recrean los beneficios del sistema para el acceso al recurso en asentamientos precarios del oeste de la capital. Crédito: Isla Urbana

Por Emilio Godoy
MÉXICO, Jun 14 2018 (IPS)

Hace 25 años, el ingeniero mexicano Gustavo Rodríguez decidió recolectar agua de lluvia para enfrentar la escasez del líquido en su vivienda y contribuir con el cuidado de los recursos naturales.

“Lo hicimos para buscar una mejor integración con el cuidado de la naturaleza. Queríamos tener una casa sostenible”, dijo a IPS este residente en el pueblo indígena de San Bartolo Ameyalco, en el oeste de Ciudad de México.

Rodríguez instaló un techo receptor, una cisterna, filtros y canalización, un sistema con el cual retiene 90 metros cúbicos de agua y satisface al menos siete meses al año las necesidades hídricas de las 12 personas que viven en tres viviendas en su terreno.

“Usamos entre 80 y 90 litros por persona diarios”, estimó Rodríguez, que también ha incorporado un biodigestor para generar biomasa como energía, para incrementar la sostenibilidad de su predio.

San Bartolo Ameyalco, que significa “lugar de manantiales” en lengua náhuatl y donde viven unas 20.000 personas, se surte de agua de un manantial conectado a la red hídrica local al que alimenta. Pero muchos habitantes carecen del servicio, a pesar de esa fuente y de pagar por ella.

“Hay comercio de agua en pipas (camiones cisterna) y eso ha originado tensiones con su manejo. Hay acceso al agua, pero no toda la gente la recibe y no lo hace porque hay manipulación de las válvulas para que la gente pague favores políticos” por el suministro, denunció Rodríguez, al que no llega agua de la red hace cuatro meses.

La lluvia puede ayudar a este país latinoamericano de 130 millones de habitantes a enfrentar la crisis hídrica proyectada por los expertos a partir de 2030, mientras que actualmente origina inundaciones, deslaves y acaba generalmente en el desagüe.

Al mismo tiempo, puede contribuir a que México alcance el objetivo de agua limpia y saneamiento para toda la población, el sexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben cumplirse para 2030.

El país recibe por año un estimado de 1,45 mil millones de metros cúbicos (m3) del recurso en forma de precipitación, según las Estadísticas del Agua en México 2017.

De los aguaceros, 72 por ciento se evapora y regresa a la atmósfera, 21 por ciento escurre por cuerpos hídricos y 6,3 por ciento se infiltra en el subsuelo y recarga los acuíferos, de los cuales 105, de un total de 653, están sobrexplotados.

En México, la lluvia termina en los desagües, cuando su recolección podría abastecer del líquido a hogares que carecen del servicio. En la imagen, una tromba azota Ciudad de México el 28 de abril de 2018. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Entre 1981 y 2010, cayeron sobre esta nación 740 milímetros anuales de chaparrones y en 2016 esa precipitación subió ligeramente hasta 744.

Datos de la estatal Comisión Nacional del Agua indican que la disponibilidad natural media del recurso cayó de 18.035 m3 anuales por habitante en 1950 a 3.687 en 2016.

Pese a su disminución, la disponibilidad no es un problema, según los parámetros de la Organización de las Naciones Unidas, que establece que un país con menos de 1.000 m3 anuales por habitante tiene escasez y aquel con un rango entre 1.000 y 1.700 m3 por persona soporta dificultades hídricas.

Datos de la no gubernamental Oxfam de México indican que casi 10 millones de personas carecen de agua en sus hogares, en violación al derecho al agua contemplado en la Constitución desde 2012.

Aunado a ello, México es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, como sequías prolongadas y precipitaciones intensas en un ciclo húmedo que tradicionalmente se extiende de mayo a octubre. Varios estudios vislumbran crisis hídrica para 2040, especialmente del centro al norte del país.

En la capital viven 8,8 millones de personas, que se elevan a más de 20 millones al sumar su área conourbana y tiene el problema de que se extraen en promedio casi 16 m3 diarios por habitante y solo se reponen unos 11.

La escasez de agua llevó a Matilde Jiménez a buscar la captación de lluvia para su casa del asentamiento irregular Cerrada del Bosque Xochitonalá en el barrio Santa Cruz Alcapizca en la alcaldía de Xochimilco, una de las 16 demarcaciones de Ciudad de México, en el sur de la metrópoli.

“No teníamos agua, una vecina oyó de la organización Isla Urbana, su gente nos visitó y apuntó a varios vecinos para que les instalaran recolectores”, narró a IPS esta mujer que se ocupa de la atención de su hogar y estudia creación literaria.

Luego de pagar unos 148 dólares, su vivienda, donde reside con su esposo y tres hijos, cuenta con un sistema de captación que les ha dotado desde su instalación de unos 11.000 litros, que les alcanza para más de cinco meses de consumo. Además, ya no tienen que gastar en comprar agua de los camiones cisterna.

Un gran tanque de captación de agua de lluvia que sirve para el riego, el consumo de animales y, una vez purificada adecuadamente, también para el consumo humano. Neta Cero ha instalado más de 2.000 de estos sistemas en cuatro estados de México. Crédito: Neta Cero

La lluvia reduce la necesidad de obtener o importar agua de fuentes convencionales, permite crear abasto en un punto exacto y no depende del sistema tradicional, lo cual disminuye el círculo viciosos de dependencia y crisis.

Siete de 16 demarcaciones capitalinas sufren precariedad hídrica, calculada a partir de grado de marginación, acceso a agua y reparto del recurso, según la no gubernamental Isla Urbana, pionera en la promoción de captación de lluvia en el país.

Cáculos de esa organización estiman que 21.693 hectáreas de azoteas aportarían 16 millones de m3 mensuales. La ciudad consume 32 m3 por segundo, por lo cual la precipitación podría aportar 20 por ciento de esa demanda.

La escasez hídrica ha llevado a varias organizaciones a desarrollar sistemas de captura de lluvia a zonas apartadas del país, como la empresa social Neta Cero.

“Hay comunidades sin acceso a agua. Lo que hacemos es resolver esos problemas con estos sistemas que representan una fuente muy impotante para esas comunidades”, explicó a IPS su fundador, el estadounidense Tirian Mink.

Este emprendedor social, que creó la organización en 2013, recordó cómo él mismo construyó el primer techo-manantial  ese año en la localidad de Palo de Marca, en el municipio de Huautla de Jiménez, que cuenta con más de 31.000 personas y se sitúa en el sureño estado de Oaxaca.

“Fue en una escuela preescolar, fue un aprendizaje muy importante. Lo montamos en un par de semanas con materiales locales, se llenó el tanque en menos de una semana”, relató Mink, que escogió ese lugar por la alta carencia hídrica y fuerte precipitación pluvial y donde ya operan nueve sistemas que abastecen del servicio a la comunidad.

El agua se almacena en cisternas de capacidad entre 200.000 y 500.000 litros, a un costo entre 4.800 y 146.000 dólares, según la complejidad y el tamaño de la instalación, y con capacidad total para colectar hasta cinco millones de litros. Neta Cero ya conectó 2.315 sistemas en cuatro estados desde 2013.

El gobierno mexicano ejecuta el Programa Nacional Para Captación de Agua de Lluvia y Ecotecnias en Zonas Rurales, que en 2017 se aplicó en 94 localidades de alta marginación en ocho de los 32 estados del país, con la instalación de 944 sistemas de captación de lluvia.

También el gobierno de Ciudad de México ha instalado cientos de sistemas pluviales, en un intento por paliar la crisis que amenaza con agudizarse a largo plazo.

El ingeniero Rodríguez propuso la promoción de la captura de lluvia. “Hay poca conciencia, alimentada por el clientelismo político. Es necesario que los políticos tengan conciencia y que conozcan el problema y la solución. El problema no es técnico, es social, de gobernanza. Faltan incentivos”, señaló.

Mink planteó mayor financiamiento para colocar sistemas y dar mantenimiento.

“Buscamos intervenciones con mayor impacto con la menor inversión. El mayor impacto se logra con sistemas grandes, pero una dificultad es que no se paga por el servicio de agua y entonces ya no se da mantenimiento. Ése es un reto, y tener sistemas sostenibles” ambiental y financieramente, alertó.

Jiménez lamentó que la lluvia se desperdicie. “Ayudamos a utilizarla. Se necesita más información y de lo que realmente implica y hacer esfuerzos de pagar algo, porque los beneficios son muchos”, resaltó.

Edición:Estrella Gutiérrez

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Nuevo héroe contra la degradación del suelo

qua, 13/06/2018 - 13:15

En vez de talar la selva para hacer carbón, estas mujeres chinas usan bambú que vuelve a crecer. Crédito: Cortesía de Inbar.

Por Manipadma Jena
NUEVA DELHI, Jun 13 2018 (IPS)

Mientras el gobierno de India se esfuerza por revertir la agravada degradación del suelo, que le costará unos 23 billones de dólares al mundo en los próximos 30 años, aparece un nuevo héroe: el humilde bambú.

El llamado “acero vegetal” es un recurso estratégico que muchos países utilizan para recuperar el suelo y revertir los peligros de la desertificación.

“Las 1.640 especies de bambú tienen un sólido sistema de raíces que las agarran al suelo; son las plantas de crecimiento más rápido, lo que las convierte en las mejores para recuperar tierras cultivables no productivas, controlar la erosión y mantener la estabilidad del suelo”, señaló Hans Friederich, director general de la Red Internacional para el Bambú y el Rotén (Inbar, en inglés), dijo a IPS desde la sede de Beijing.

“Nuestros miembros se comprometieron a recuperar cinco millones de hectáreas degradadas con plantaciones de bambú para 2020 en el marco del Desafío de Bonn en 2015. Las promesas políticas ya superaron el compromiso y se acercan a las seis millones de hectáreas”, indicó.

“Pero plantadas en la tierra son muchas menos, porque hay que crear los viveros, y plantar vastas extensiones lleva unos años”, acotó Friederich, quien antes fuera director para Europa de la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La organización no gubernamental Inbar cuenta con 43 países miembros que buscan promover los beneficios ecosistémicos y los valores del bambú y el rotén (mimbre).

El Desafío de Bonn es un esfuerzo global para recuperar 150 millones de hectáreas, tres veces la superficie de España, de tierras deforestadas y degradadas, para 2020, y 350 millones de hectáreas para 2030.

Hans Friederich en una plantación de bambú en China. Crédito: Cortesía Inbar.

El deterioro del suelo genera inseguridad alimentaria, la migración forzada y conflictos

Según la última revisión de la Convención de las Naciones Unidas para Lucha contra la Desertificación (UNCCD), en mayo, implementar acciones urgentes y frenar la tendencia alarmante costaría 4,6 billones (millón de millones) de dólares, menos de una cuarta parte de las pérdidas estimadas para 2050 de 23 billones de dólares.

Hay 169 países afectados por la degradación del suelo o la sequía o ambas.

En promedio, las pérdidas actuales representan nueve por ciento del producto interno bruto (PIB), pero para los países más perjudicados, como República Centroafricana, las pérdidas totales se estiman en 40 por ciento del PIB.

África y Asia son los más afectados y registran las mayores pérdidas anuales, unos 65.000 millones de dólares y 84.000 millones, respectivamente.

“Un suelo saludable es el principal valor del sustento de muchas personas, desde alimentos a trabajo e ingresos decentes”, destacó Juan Carlos Mendoza, director del Mecanismo Global de la UNCCD, que ayuda a los países a estabilizar el suelo y la salud ecosistémica.

“Vivimos una crisis de proporciones nunca antes vistas: 1.500 millones de personas, principalmente en los países más pobres, están atrapadas en tierras cultivables degradadas”, precisó.

La magia del bambú en tierras cultivables arrasadas por hornos de ladrillo

En la década de los años 60, la construcción despegaba en India.

El arroz, la caña de azúcar y los brillantes campos amarillos de flores de mostaza se extendían más allá del horizonte en zonas del estado de Uttar Pradesh. Los agricultores, atraídos por el dinero, arrendaron sus tierras fértiles a fabricantes de ladrillos. En una década, más de 150 hornos de ladrillo sobresalían del suelo en unas 5.000 hectáreas entre 0,9 metros a poco más de tres metros.

Pero cuando la tierra se agotó, se fueron, dejando suelos estériles y medios de vida arruinados. Con la capa superficial del suelo destruida, hubo graves tormentas de polvo, recursos hídricos agotados y se perdió la vegetación.

La plantación de bambú comenzó en 100 hectáreas en 1996 y, en la actualidad, la organización no gubernamental Utthan, la comunidad perjudicada e Inbar recuperaron unas 4.000 hectáreas en 96 pueblos.

El bambú se planta aquí con moringa, guava y otros árboles frutales, banana, cultivos básicos, verduras, plantas medicinales, donde también hay pavos reales, bueyes y ovejas.

Todos los años, el bambú agrega casi 18 centímetros de humus de hojas al suelo, y ayudó a aumentar la capa freática en 15 metros en 20 años.

Con la venta de bambú, los campesinos aumentan sus ingresos en 10 por ciento.

Pero el mayor beneficio es para las mujeres, 80 por ciento de la cocina se realiza con biogás, y no más carbón ni leña.

La mayor parte de los desperdicios del bambú terminan en los gasificadores de biomasa que funcionan de 10 de la mañana a 1 de la tarde, alimentando a 120 generadores que permiten el funcionamiento de refrigeradores, que conservan vacunas y medicamentos fundamentales cuando hay cortes de electricidad.

Una familia de artesanos de bambú vende artículos para el hogar en el distrito de Satkhira, en Bangladesh. El bambú ofrece un medio de vida sostenible para las comunidades más pobres de Asia y África. Crédito: Manipadma Jena/IPS.

El mercado mundial del bambú multifuncional asciende a 60 millones de dólares

Hay pequeñas comunidades que ya se benefician de los usos no tradicionales del bambú.

“Cuanto más se beneficien del mercado creciente de bambú y del rotén, más podrán formar parte de los esfuerzos de conservación”, explicó Friederich.

En China, por ejemplo, cuando las devastadoras inundaciones del Yangtsé de 1998 y la severa sequía de 1997 en la cuenca del río Amarillo, el gobierno chino comenzó un programa enorme de recuperación mediante la reforestación de tierras degradadas con bambú, que en la actualidad involucra a 32 millones de hogares campesinos en 25 provincias.

Una mujer en la central provincia china de Guizhou fabricó muebles; a medida que amplió su actividad, los pedazos más grandes iban al horno para generar electricidad y calefaccionar, pero le quedó una montaña de polvo del bambú en la que aprovechó para cultivar hongos, una delicia que se disputan los restaurantes.

Las hojas de bambú sirven de forraje para sus 20.000 pollos gordos que andan sueltos.

Un estudio de 2017 concluyó que la fibra de bambú agranda el tracto digestivo de los pollos, lo que les permite consumir más y aumentar su peso hasta 70 por ciento más que los alimentados con dietas orgánicas estándares.

El colorante de las hojas de bambú deja los huevos con una tonalidad azul similar a los codiciados de pato; los consumidores pagan más por sus huevos azulados.

Todo eso elevó sus ingresos anuales a unos cinco millones de dólares.

El bambú en la construcción

“Perú, Ecuador, Colombia  y otras regiones propensas a terremotos cambiaron su normativa en materia de construcción para habilitar al bambú como material estructural. Se ha visto que después de los desastres, las estructuras de bambú se pueden rajar o dañar, pero no se caen tan seguido como las de concreto”, indicó Friederich.

Nepal reconstruye unas 6.000 aulas todavía destruidas tras el terremoto de 2015 con paredes de tierra y techos de bambú, lo que le da flexibilidad a la edificación cuando la tierra tiembla.

Además, el bambú sirve para fabricar otros productos sólidos como pisos, vigas y hasta cañerías para el agua.

Sumideros naturales de carbono

Gracias a su rápido crecimiento, si se corta regularmente, el bambú vuelve a crecer y a secuestrar más carbono. Los gruesos bambúes de China pueden captar entre 100 y 400 toneladas de carbono por hectárea.

Y su potencial para secuestrar carbono aumenta entre 200 y 400 toneladas del gas por hectárea si reemplaza a más materiales como el cemento, el plástico o los combustibles fósiles, según Friederich.

En colaboración con el Fondo para el Desarrollo Agrícola desde el inicio, Inbar participa en un proyecto estratégico como intra-África, que busca compartir conocimientos entre Ghana, Camerún, Madagascar, Etiopía, regiones a las que les urge reverdecer.

El Congreso Mundial del Bambú y el Ratán, que comienza el 25 de este mes en Beijing, registrará el inicio de ese proyecto. También contará con mesas de debate sobre innovaciones vinculadas a esos recursos, aplicaciones con bajas emisiones de carbono, además de cómo el bambú ha promovido y puede contribuir más con estrategias climáticamente inteligentes en agricultura y creación de empleo.

Traducción: Verónica Firme

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Se necesitan más de dos para el tango: plataforma para alcanzar los ODS

ter, 12/06/2018 - 16:54

Argentina necesita un nuevo paradigma para combatir una serie de desafíos de desarrollo. Crédito: Wikimedia Commons

Por Silvia Morimoto
BUENOS AIRES, Jun 12 2018 (IPS)

Buenos Aires es una ciudad encantadora; rica en historia, magnífica arquitectura, un alma y una música que pueden llevarte al tango en un abrir y cerrar de ojos.

Pero la asombrosa belleza de la ciudad y su abundante cultura lucha contra los desafíos. La tasa de pobreza promedio de Argentina se encuentra en 25,7 por ciento en la actualidad.  El núcleo duro de la pobreza ha promediado alrededor de 20 por ciento en las últimas décadas, distribuido desigualmente a lo largo del país, concentrándose en las áreas urbanas.

Argentina necesita un nuevo paradigma para combatir una serie de desafíos de desarrollo. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) cree que esos desafíos de desarrollo requieren un enfoque de plataforma, utilizando la tecnología y la innovación, para atacarlos, incluso, de modo más rápido.

Una de las máximas favoritas de los expertos en desarrollo es que todo es complejo e interconectado. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fueron adoptados por todas las naciones manifiestan esos fuertes vínculos.

Para lidiar con esos vínculos complejos, estamos desarrollando una plataforma en Argentina para mediar en las conexiones entre una gama sin precedentes de actores, para ayudar al país a alcanzar los ODS.

Silvia Morimoto. Crédito: @silviamorimoto

El objetivo de dicha plataforma es intensificar el apoyo al gobierno para hacer frente a los desafíos del desarrollo, a la vez que proporciona espacio para construir relaciones más allá de los socios tradicionales.

La idea es asociarse con los llamados “sospechosos inusuales” para convocar, conectar y participar en la creación conjunta de soluciones innovadoras y recaudar los recursos necesarios para financiarlas.

Esto fomentará la colaboración activa entre los organismos de las Naciones Unidas, así como una gama de instituciones, incluidas las agencias gubernamentales, el sector privado, las instituciones financieras internacionales, la academia, los sindicatos, las instituciones religiosas y las organizaciones de la sociedad civil.

Rene Mauricio Valdez, coordinador residente de la ONU en Argentina, ve al PNUD como una plataforma que permite interconectar a diferentes actores, sectores e incluso otras plataformas para generar políticas y programas más sólidos. El desafío de la plataforma es servir y capturar de manera efectiva los aportes individuales en soluciones de sinergia y desarrollo.

Nuestra visión es tratar de enfocarnos en los llamados “problemas malvados”, problemas que parecen imposibles de resolver. En Argentina, esto significa, por ejemplo, enfrentar el desafío del río Matanza-Riachuelo que serpentea por el extremo sur de Buenos Aires.

Ese otrora somnoliento y fangoso río -como lo describió el escritor argentino Jorge Luis Borges-, en cuyas orillas residen más de cinco millones de personas, es ahora un canal tóxico, contaminado por fábricas, tenerías y aguas residuales.

Tiene altos niveles de arsénico, cadmio y otros contaminantes que están afectando las vidas de cientos de miles de personas, especialmente los niños que viven a lo largo de las riberas de los ríos. Tienen plomo en su torrente sanguíneo y sufren de una serie de problemas respiratorios y gastrointestinales. El PNUD está dispuesto a apoyar al gobierno para transformar las vidas de las personas que viven junto al río.

Es el tipo de problema que corresponde al pensamiento de plataforma. Requiere abandonar el control y abrir el espacio para que los procesos creativos prosperen. Esto significará alejarse de los negocios como de costumbre en una organización llena de tradiciones y procesos, lo que permite una apertura y libertad sin precedentes, para aprovechar las respuestas integradas a los problemas económicos, sociales y ambientales.

Estamos preparados para ese desafío, ya que adaptarnos e innovar en una escena cambiante de desarrollo ha sido, durante mucho tiempo, parte de nuestra razón de ser. Un enfoque de plataforma para nuestro trabajo representa esa evolución.

Garantizaría que los programas y proyectos se implementen de manera más eficiente y con mayor transparencia y responsabilidad. Y generaría un acervo creciente de conocimiento, experiencia y mejores prácticas de todo el mundo, pero especialmente entre los estados del Mercosur.

El nuevo Plan estratégico del PNUD establece una visión de las aspiraciones de la organización, para los próximos cuatro años, que refleja la naturaleza centrada en las personas de la Agenda 2030.

El PNUD Argentina ya ha contribuido a mapear la información disponible sobre desarrollo sostenible a través del Informe Nacional de Desarrollo 2017, y ha lanzado una plataforma en línea con información estadística sobre los puntos de referencia y los objetivos para indicadores seleccionados.

Las evaluaciones de los recursos del país para alcanzar los ODS permitirán identificar las brechas de financiamiento para las metas priorizadas y ayudar a recaudar recursos para cerrar esas brechas.

Esto fortalecerá y acelerará aún más el proceso de integración de la Agenda 2030 en los planes y políticas de Argentina. El objetivo es crear una Argentina más próspera en todos los niveles. Argentina muestra que se necesitan más de dos para bailar tango y para “No dejar a nadie atrás”.

El artículo Se necesitan más de dos para el tango: plataforma para alcanzar los ODS fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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La mayor reducción en trabajo infantil peligroso fue en América Latina

ter, 12/06/2018 - 15:22

Más de 10 mil niños y niños trabajan en América Latina y el Caribe, la mitad de ellos en la agricultura. Crédito: FAO

Por Corresponsal Fao
SANTIAGO, Jun 12 2018 (IPS)

La caída más importante en el trabajo infantil peligroso a nivel global se dio en América Latina y el Caribe, señaló este martes 12 la oficina regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) durante el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

El último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo peligroso indica que entre 2012 y 2016, la región registró una reducción de 2,4 puntos porcentuales en su proporción de niños y niñas ocupados en trabajos peligrosos.

La caída en América Latina y el Caribe fue la mayor del mundo, seguido de Asia y el Pacífico. El tercer declive más importante se produjo en África subsahariana.

Pero América Latina y el Caribe no sólo redujo las formas más peligrosas de trabajo infantil, sino el trabajo infantil como un todo.

Según las últimas cifras de la OIT, el porcentaje de niños y niñas entre los 5 y los 17 años que trabaja se redujo de 8,8 por ciento en 2012 a 7,3 por ciento en 2016, una caída de 1,5 por ciento.

El porcentaje de trabajo infantil en la región en 2016 era similar al de Asia y Pacífico (7,4 por ciento) pero muy inferior al de África Subsahariana (22,4 por ciento).

Esto significa que si en 2012 más de 12.500 niños y niñas trabajaban en la región, para 2016 sólo lo hacían 10.461.

“La reducción del trabajo infantil y sobre todo de sus formas más peligrosas es una gran noticia para todos. El trabajo infantil es inaceptable desde todo punto de vista, y es muy positivo que en nuestra región estemos avanzando para erradicarlo. Eso sí, podemos ir más rápido con un poco más de esfuerzo de nuestros gobiernos y de las empresas del sector agroalimentario”, dijo el representante regional de la FAO, Julio Berdegué.

Según la FAO, la mitad de los niños que trabaja en América Latina y el Caribe lo hace en la agricultura. A nivel global esa cifra es aún mayor: tres de cada cuatro niños y niñas que trabajan lo hace en la agricultura. 108 millones se dedican a la agricultura, la ganadería, la silvicultura o la acuicultura.

“Para lograr que ningún niño o niña tenga que trabajar, los gobiernos deben desarrollar políticas específicas enfocadas en el trabajo infantil agrícola. Pero, además, las empresas del sector deben hacer la parte que les toca, que no es poca”, señaló Berdegué.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO

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La Argentina de Macri viaja de la ilusión a la desesperanza

ter, 12/06/2018 - 14:01

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, y el presidente de Argentina, Mauricio Macri, se encontraron el 9 de junio en Canadá, durante la cumbre del Grupo de los Siete, en que el mandatario argentino asistió como invitado. Crédito: Presidencia de Argentina

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES , Jun 12 2018 (IPS)

Argentina pasó de las promesas de que el crecimiento económico aguardaba a la vuelta de la esquina a un llamado a la austeridad que derrumbó en pocas semanas el ánimo colectivo y afectó las esperanzas que una parte significativa de la sociedad puso en el presidente Mauricio Macri.

El gobierno anunció su compromiso de realizar un drástico recorte del gasto público, en el contexto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un préstamo de 50.000 millones de dólares, hecho público el 7 de este mes.

 

Es el final de una negociación que arrancó a comienzos de mayo, luego de que una devaluación de la moneda nacional, el peso, de 25 por ciento en 30 días y una masiva salida de dólares del país sacudieran la economía y decidieran al gobierno a recurrir a un remedio particularmente amargo para los argentinos.“Había que elegir entre cosas malas. Pero si aguantamos lo que se viene, podremos después salir adelante, como hicieron otros países. A veces tocar fondo te hace reaccionar y hacer los cambios que nunca te animaste a hacer”: Claudio Zuchovicki.

 

La sola mención del FMI altera los nervios de casi todos los habitantes de este país sudamericano, que vivió una fenomenal crisis económica y social que barrió al gobierno de Fernando de la Rúa en 2001, cuando la institución financiera multilateral se negó a conceder un rescate, después, que había impuesto su receta de ajuste y endeudamiento durante los dos años anteriores.

 

El resultado más inmediato de este nuevo acuerdo con el FMI, aun en la visión de economistas que respaldan al gobierno, será un aumento de la pobreza y el desempleo y una reducción en general de la actividad económica en una nación que a principios del Siglo XX era una de los más ricas del mundo y en las últimas décadas ha vivido innumerables crisis económicas.

 

La propia directora gerente del FMI, Christine Lagarde, admitió en un comunicado la posibilidad de que las condiciones sociales en Argentina empeoren y aseguró que en ese caso está previsto un aumento de las partidas presupuestarias destinadas a ese fin.

 

“La corrección del déficit fiscal será muy dolorosa. La devaluación del peso y la inflación van a ser más altas que los aumentos de salarios, por lo que todos perderemos calidad de vida y la situación social será muy complicada en el corto plazo”, dijo a IPS el analista financiero Claudio Zuchovicki.

 

La que es la tercera economía latinoamericana se comprometió a reducir su déficit fiscal a un ritmo anual de 1,4 por ciento de su producto interno bruto (PIB), hasta llevar las cuentas públicas al equilibrio en 2020.

 

Cada punto del PIB representa 8.000 millones de dólares y, aunque no se dieron precisiones sobre cómo se logrará el objetivo, se dejó trascender que habrá un drástico recorte de la obra pública.

 

Zuchovicki, gerente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, no cuestionó el acuerdo con el FMI porque considera que en la actualidad el país ya no tiene otras fuentes que le permitan financiarse a tasas razonables para sostener su deficitaria economía.

 

“Había que elegir entre cosas malas. Pero si aguantamos lo que se viene, podremos después salir adelante, como hicieron otros países. A veces tocar fondo te hace reaccionar y hacer los cambios que nunca te animaste a hacer”, agregó.

 

La situación social ya es delicada en Argentina, donde más de un cuarto de su población de 44 millones de personas es pobre.

 

El presidente Macri, de centroderecha y en el cargo desde diciembre de 2015, anunció en marzo, en lo que presentó como un éxito de su política económica, que la pobreza había descendido en 2017 a 25,7 por ciento de la población contra un 30,3 del año anterior.

 

Uno de los datos más delicados es que la pobreza es mucho mayor entre los menores de 14 años: cayó del 45,8 al 39,7 entre un año y otro.

 

Aun con ese escenario de avances módicos, aquel momento mostraba a un Macri todavía con la imagen de fortaleza que le había dejado su triunfo en las elecciones legislativas de medio término, en octubre anterior.

 

De hecho, también en marzo dijo en su mensaje anual al Congreso Nacional que “lo peor ya pasó” y anunció que a partir de ese momento Argentina ingresaba en un sendero de descenso de la inflación (con una tasa de 25 por ciento en 2017) y crecimiento.

 

Sin embargo, en los últimos meses todo empeoró.

 

La inflación siguió castigando a las clases media y baja, empujada por desmedidos aumentos de las tarifas de electricidad, gas y agua, que habían estado congeladas durante el gobierno de Cristina Fernández (2015-2017), de centroizquierda.

 

En los dos años y medio de gestión de Macri, los incrementos en los servicios públicos superaron en algunos casos 500 por ciento.

 

El descontento popular hizo que el Congreso, con mayoría opositora, sancionara en mayo una ley que retrotrajo las tarifas a noviembre y vinculó los futuros aumentos al índice de variación salarial.

 

Macri acusó a la oposición de “irresponsable” y vetó la ley en menos de 24 horas.

 

“Yo lo voté a este gobierno en 2015 y en 2017, pero ya no lo voy a votar más. Entiendo que las tarifas tenían que aumentar, pero de manera razonable”, dijo a IPS Miguel Silva, de 48 años casado y con tres hijos, a quien, como a tantos otros, las cosas se le pusieron más difíciles en los últimos meses.

 

Silva trabaja desde hace nueve años como camarero, durante ocho horas diarias, en un bar del barrio de Almagro, a dos cuadras de la tradicional avenida Corrientes de Buenos Aires.

 

Desde el mes pasado comenzó a laborar también los viernes, sábados y domingos en un garaje para el aparcamiento de vehículos cercano al bar, para reforzar sus ingresos y los de su esposa, quien trabaja en una oficina donde le acaban de recudir su horario de ocho a seis horas.

 

“Los dueños del garaje vienen siempre a tomar café y ya hace tiempo les había dicho que me avisaran si necesitaban a alguien. Cuando me ofrecieron la oportunidad no pude decir que no, aunque ya no puede descansar los fines de semana. Ya el año pasado tuve que vender mi auto”, explicó.

 

Con la devaluación del peso, se espera una mayor aceleración de la inflación, que estudios privados proyectan para este año cercana a 30 por ciento, lo que deja en ridículo la previsión oficial que se había hecho de 12 por ciento.

 

Se trata de un golpe al corazón de las promesas electorales de Macri, quien había anunciado que terminaría con las altas tasas de inflación y ahora atraviesa su peor momento en cuanto a popularidad, según muestran las encuestas.

 

En un promedio de los últimos estudios de opinión pública, la imagen positiva del presidente cayó a alrededor de 35 por ciento y la desaprobación de la gestión supera por primera vez 50 por ciento.

 

Pero tal vez lo más significativo que reflejan los sondeos es que, a diferencia de lo que pasaba durante la primera etapa del gobierno de Macri, hoy la mayoría no cree que la situación vaya a mejorar en el futuro.

 

“Estimamos que en los últimos dos años cerraron en la Argentinas unas 7.500 pequeñas y medianas empresas (pymes)”, dijo a IPS Daniel Moreira, presidente de la Asociación PYME, una cámara empresaria que reúne a unas 2.000 compañías de este tipo.

 

Moreira agregó: “La situación es muy difícil. Hoy muchos trabajadores en la Argentina ganan 15.000 pesos (algo más de 550 dólares), cuando los propios números oficiales indican que una familia necesita 17.000 pesos para no ser pobre”.

 

“Ese es el mayor drama: que incluso muchos que tienen trabajo son pobres”, sentenció.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Gran Muralla Verde siembra esperanza en el Sahel

ter, 12/06/2018 - 13:16

Se espera recuperar 100 millones de hectáreas para 2030 y secuestrar 250 millones de toneladas de carbono. Crédito: Greatgreenwall.org

Por Issa Sikiti da Silva
DAKAR, Jun 12 2018 (IPS)

Esperanza, sonrisas y nueva vitalidad parecen instalarse de forma lenta, pero segura en varias partes del Sahel, donde el desierto del Sahara degradó grandes porciones del territorio, destruyó medios de subsistencia y dejó a muchas comunidades en la pobreza extrema.

El inesperado alivio llegó de la mano de la Iniciativa para la Gran Muralla Verde del Sahara y el Sahel, un proyecto de 8.000 millones de dólares de la Unión Africana (UA).

La iniciativa cuenta con apoyo de la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD), y respaldo del Banco Mundial, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El Sahara, de 9,2 millones de kilómetros cuadrados, es el mayor desierto “caliente” del mundo, donde viven 70 especies de mamíferos, 90 de aves residentes y 100 de reptiles, señala la organización DesertUSA.

Recuperación de paisajes

La Gran Muralla Verde se propone recuperar tierras degradadas de África y transformar millones de vidas en una de las regiones más pobres del mundo. Eso se logrará, entre otras actividades, plantando una muralla de árboles en más de 20 países, desde el oeste de Gambia hacia el este hasta Yibuti, con más de 7.600 kilómetros de largo y 15 de ancho.

Los países involucrados son Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Etiopía, Eritrea, Senegal y Yibuti. Además, participan Argelia, Benin, Egipto, Gambia, Eritrea, Somalia, Camerún, Ghana y Togo.

Una niña aprende del proyecto de la Gran Muralla Verde gracias a unas gafas de realidad virtual. Crédito: Greatgreenwall.org

Popularidad

El coordinador de la iniciativa de UA, Elvis Paul Nfor Tangem, dijo a IPS que el proyecto avanzaba bien, que tenía cada vez mayor popularidad y que generaba otras ideas a medida que cobraba impulso.

También dijo que la UA comenzó a trabajar con la secretaría de la Comunidad de Desarrollo de África Austral y el gobierno de Namibia para extender el concepto a las tierras áridas de África austral.

Namibia, que limita con Sudáfrica, se ubica entre los desiertos de Kalahari y de Namibia, y se cree que es el más viejo del mundo.

El mayor proyecto de la historia

Si la Gran Muralla Verde se extiende a África austral, habrá más de 20 países participando en el proyecto, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo.

La búsqueda de fondos se hace a través de negociaciones bilaterales, así como a través de inversiones nacionales, señala la UA.

Los socios internacionales, entre los que está la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Fondo Verde para el Clima, el Observatorio del Sahara y el Sahel, entre otros, también desempeñan un papel fundamental para garantizar que el proyecto sea un éxito, y cuando concluya en 2030 será la mayor estructura viviente y una nueva maravilla del mundo.

El ícono de la Gran Muralla Verde muestra el recorrido de la misma. Crédito: Greatgreenwall.org

Seguridad alimentaria

Se espera que la Gran Muralla Verde genere miles de puestos de trabajo y mejore la seguridad alimentaria y la resiliencia al cambio climático en el Sahel, una de las regiones más secas del mundo, y donde, según la FAO, la inseguridad alimentaria afecta a 29,2 millones de personas.

Para 2030, el objetivo es recuperar 100 millones de hectáreas de tierras actualmente degradadas y secuestrar unas 250 millones de toneladas de carbono.

“La implementación de la iniciativa es antes que nada a escala de país, es decir que cada uno comienza la implementación a nivel local”, explicó Elvis.

“Pero el factor común entre todos los países es que sus actividades se basan en la Estrategia Regional Armonizada y en sus Planes de Acción Nacional (PAN). Apoyamos la producción de los PAN en Camerún y en Ghana y también trabajamos en la región de la SADC”, añadió.

Regreso a casa

En Senegal, ya se crearon 75 puestos de trabajo directos y 1.800, indirectos, que incluyen los viveros y las huertas multipropósito, en los últimos seis años, según estadísticas oficiales.

En ese país, donde la desertificación redujo 34 por ciento de su superficie, la muralla verde recuperó poco más de 40.000 hectáreas, de las 817.500 hectáreas previstas.

Esa es una buena noticia para Ibrahima Ba y su familia, que dejaron su tierra para mudarse a Dakar, en busca de pasturas más verdes. Pero ahora analiza la posibilidad de regresar a su tierra.

“Tengo previsto regresar a fin de año para reconstruir mi vida destrozada. El Sahara no le hizo nada bien a nadie al quitarnos el sustento”, se lamentó Ba, un granjero fulani del norte de Senegal, en diálogo con IPS.

Unas 300.000 personas viven en tres provincias atravesadas por la muralla verde en Senegal.

Enfoque participativo

La especialista ambiental de la Iniciativa Derechos y Recursos, Marine Gauthier dijo a IPS que es necesario un enfoque participativo si se quiere que el proyecto resulte exitoso.

“En una región conflictiva, donde la gente depende de la tierra para subsistir y donde hay mucha actividad de trashumancia de pastores fulani, quienes podrían verse impactados con el proyecto, se necesita un cuidadoso enfoque participativo”, precisó Gauthier.

“Ya hubo conflictos hace unos años con los fulanis (pastores nómadas a quienes se les restringió el movimiento)”, recordó.

“Como cualquier otro proyecto de protección ambiental, su capacidad de involucrar a las comunidades locales para que sean las primeras beneficiarias del proyecto, es clave para su éxito a largo plazo”, puntualizó.

“El mapeo participativo es una herramienta muy exitosa que se ha usado en otros proyectos y que podría ser de gran ayuda para definir y crear la Gran Muralla Verde”, añadió.

Lograr empoderar a las comunidades sería muy interesante para la iniciativa.

“Se requeriría un gran esfuerzo, consultas y recursos económicos y humanos. Pero es la única forma de garantizar que el proyecto, del que la gente habla desde hace más de 10 años, logre su objetivo”, precisó.

“Porque cuando se empodera a las comunidades y se garantizan sus derechos a la tierra se beneficia directamente el ambiente y se preserva la tierra de daños mayores”, explicó.

Traducción: Verónica Firme

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Ser potencia agrícola deteriora la alimentación en Brasil

ter, 12/06/2018 - 10:47

Una plantación de soja en Tocantins, un estado del centro de Brasil, donde ese monocultivo empieza a ocupar las mejores tierras, siguiendo los pasos del vecino estado de Mato Grosso, el mayor productor y exportador nacional de soja y maíz, que en cambio debe “importar” los alimentos que consume de zonas lejanas. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 12 2018 (IPS)

Brasil está entre los mayores productores y exportadores agrícolas del mundo, pero su alimentación sufre graves deficiencias por inseguridad, insostenibilidad y mala nutrición, según distintas evaluaciones.

Una semana de huelga nacional de camioneros, iniciada el 21 de mayo, basto para desnudar la fragilidad del abastecimiento alimentario, que prácticamente colapsó en las grandes ciudades brasileñas por lo menos en la oferta de productos perecederos, como hortalizas y huevos, destacó la red Articulación Nacional de Agroecología.

Brasil ocupa solo el 28 lugar entre los 34 países clasificados por el Índice de Sostenibilidad Alimentaria (ISA), desarrollado por la italiana fundación Centro Barilla para la Alimentación y la Nutrición , junto con la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist."(La agricultura de monocultivos), sin interacción con los ecosistemas, se basa mucho en importación de insumos incluso petroleros, degrada el ambiente, provoca erosión y deforestación, en contraste con la agricultura antigua que valoraba nutrientes del suelo”: Paulo Petersen.

Mejor desempeño, entre los países latinoamericanos, presentan Colombia (13), Argentina (18) y México (22), según la evaluación basada en 58 indicadores que miden tres pilares: la agricultura sostenible, los desafíos nutricionales y el desperdicio de alimentos.

Pero también Estados Unidos, el mayor productor agrícola mundial ocupa solo el puesto 21 en el ISA, lo que refleja esa discrepancia entre agricultura y alimentación sostenible, que tampoco tiene relación directa con el nivel de ingresos por persona de los países.

“El sistema alimentario brasileño es insostenible en las dimensiones ambiental, social y económica”, sentenció Elisabetta Recine, presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), órgano asesor de la presidencia del país con dos tercios de sus 60 miembros provenientes de la sociedad civil.

“La producción se concentró, así como también el comercio. De esa forma los alimentos tienen que ser transportados desde lejos, encareciéndolos y acentuando el consumo de aquellos durables, industrializados y menos saludables, en las ciudades”, observó a IPS la también profesora de nutrición en la Universidad de Brasilia.

Lo ejemplifican bien los cuatro supermercados de la red Kinfuku, en la región de Alta Floresta, en el norte del estado de Mato Grosso, la frontera sur de los bosques amazónicos. Allí venden alimentos transportados semanalmente en camiones desde el sureño estado de Paraná, a más de 2.000 kilómetros, confesó a IPS su propietario, Pedro Kinfuku en uno de sus establecimientos.

Mato Grosso es el mayor productor nacional de maíz y soja, monocultivos destinados principalmente a la exportación o a la industria de alimentación animal y que acaparan las tierras locales y expulsan la siembra de alimentos humanos.

Ese “largo circuito de producción y consumo” es parte del sistema cuya inseguridad quedó evidente ante el paro de camiones en pocos días, subrayó Recine.

Un grupo de niños almuerza en una escuela de Itaboraí, a 45 kilómetros de Río de Janeiro, en Brasil, donde el Programa Nacional de Alimentación Escolar permite a todos los estudiantes de las escuelas públicas alimentarse de hortalizas y alimentos frescos, provenientes de la agricultura familiar local. Crédito: Mario Osava/IPS

Además concentra riqueza, genera poco empleo y aumenta la desigualdad social en el país, y en lo ambiental exacerba el uso de agroquímicos, acotó.

Brasil, que había logrado salir del Mapa del Hambre de Naciones Unidas en 2014, volvió a registrar un aumento de la desnutrición y la mortalidad infantil, ante “recortes en los programas sociales, el desempleo y empobrecimiento general de la población”, lamentó la nutricionista.

A la vez “la obesidad aumenta en todas las edades y regiones del país, en relación directa con la mala calidad de la alimentación y la falta de acciones preventivas, como la creación de ambientes alimentarios saludables, con regulaciones que restrinjan ciertos productos”, sostuvo la presidenta de Consea.

“Hay que considerar el sistema alimentario desde la tierra, la semilla hasta el postconsumo, el desperdicio”, defendió.

El “problema estructural” del modo de producción, transporte, distribución y consumo de alimentos en el mundo hoy, particularmente en Brasil, resulta de “dos desconexiones, una entre agricultura y naturaleza y otra entre producción y consumo”, sintetizó el agrónomo Paulo Petersen, vicepresidente de la Asociación Brasileña de Agroecología.

Esa agricultura de monocultivos, “sin interacción con los ecosistemas, se basa mucho en importación de insumos incluso petroleros, degrada el ambiente, provoca erosión y deforestación, en contraste con la agricultura antigua que valoraba nutrientes del suelo”, señaló en diálogo con IPS.

Para Petersen, el consumo se aleja de la producción agrícola en distancia física y también por la cadena de procesamientos, que va generando desperdicios y “homogeneizando hábitos  con alimentos ultraprocesados y exceso de azúcar, sodio, grasas y conservantes, que conducen a la obesidad y las enfermedades no transmisibles”.

Una gran fila de camiones enlentece el tránsito en Anápolis, un polo logístico en el centro de Brasil, en un cruce de carreteras, por donde pasan diariamente miles de camiones que transportan alimentos, productos industriales e insumos en todas las direcciones de este país de dimensiones continentales. Crédito: Mario Osava/IPS

Todo eso, apuntó, está relacionado al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, a los crecientes problemas de salud, a la concentración de la propiedad de la tierra y el poder dominante del agronegocio y las grandes corporaciones.

“Es necesario reorganizar el sistema alimentario, cambiar su lógica, y eso es obligación del Estado”, sentenció Petersen, también coordinador ejecutivo de la organización no gubernamental ASPTA-Agricultura Familiar y Agroecología y miembro del núcleo ejecutivo de la red Articulación Nacional de Agroecología.

Brasil puso en marcha acciones positivas en el sector de alimentos, como el gubernamental Programa de Alimentación Escolar, que establece un mínimo de 30 por ciento de productos de la agricultura familiar en la comida que ofrecen las escuelas públicas a sus alumnos, mejorando así su calidad nutricional.

Además, se reconoció a la agricultura familiar como productora de la mayor parte de los alimentos consumidos en el país y se creó un programa de crédito a ese sector con intereses reducidos.

El problema, según Petersen, es que esa financiación a veces fomenta los mismos vicios de la agricultura industrial, como el monocultivo, el uso de agroquímicos.

Hay un creciente conocimiento sobre los males del “agronegocio” y la necesidad de prácticas agroecológicas, además de iniciativas diseminadas por el país, pero el sector agrícola dominante ejerce su poder de una forma que bloquea cambios, reconoció.

El grueso del crédito agrícola, la asistencia técnica, la tierra concentrada en pocos propietarios, la influencia en el poder estatal, todo favorece a los grandes agricultores, que también tienen la mayor bancada parlamentaria para aprobar “sus” leyes, advirtió Petersen.

Una huerta en Santa Maria de Jetibá, de la Cooperativa de Agricultores Familiares de la Región Serrana, que tiene 220 socios y es la mayor proveedora de verduras y frutas para las escuelas del municipio de Vitoria, en el sudeste de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS

En Brasil hay 4,4 millones de familias agricultoras, que engloban 84 por ciento de los establecimientos rurales y producen más de mitad de los alimentos de la canasta básica del país, según cifras oficiales.

Pero se trata de un colectivo con escasa influencia en el Estado ante el poder de algunas decenas de los grandes productores.

También los Bancos de Alimentos constituyen un ejemplo de buenas acciones, aunque limitadas, para reducir el desperdicio y los riesgos de desnutrición en grupos más vulnerables de la población.

Surgieron por iniciativas aisladas en los años 90 y solo fueron adoptadas como programa de gobierno en 2016, con la creación de la Red Brasileña de Bancos de Alimentos, bajo coordinación del Ministerio de Desarrollo Social.

También el Servicio Social del Comercio (SESC), constituido por empresas del sector, empezó en 1994 a crear bancos de alimentos en su propia red, que denominó Mesa Brasil y que al finalizar 2017 contaba con 90 unidades en operación en 547 ciudades.

Ese año la red atendió a 1,46 millones de personas por día y distribuyó 40.575 toneladas de alimentos.

Es la mayor red de esos centros en el país, pero resulta escaso en un país de 208 millones de habitantes y 5.570 ciudades.

Mesa Brasil capta alimentos que ya no serían vendidos por las empresas, por sus normas comerciales, pero “en perfectas condiciones de consumo”, y los entrega a instituciones asistenciales.

“Además promueve acciones educacionales a trabajadores y voluntarios de entidades sociales y colaboradores de las empresas donadoras”,  sobre seguridad alimentaria y nutricional, según Ana Cristina Barros, gerente de asistencia de SESC a nivel nacional.

“Una de nuestras mayores dificultades son las trabas legales que impiden donaciones de empresas de alimentos, que están cada día más persuadidas de hacerlas”, lamentó a IPS.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El uso inteligente de la tierra trata de abrirse paso en América Latina

seg, 11/06/2018 - 15:28

Unos campesinos son capacitados en el manejo sostenible de la tierra en la región de Coquimbo, en el norte de Chile, colindante con Atacama, donde se encuentra el desierto más árido del planeta. Iniciativas como esta son parte de las medidas para luchar contra la degradación de los suelos en América Latina. Crédito: CONAF

Por Orlando Milesi
SANTIAGO, Jun 11 2018 (IPS)

Los consumidores pueden ser aliados en controlar los procesos de desertificación en América Latina, donde se impulsan diferentes iniciativas para ponerle freno, como el manejo sostenible de la tierra, el avance hacia la neutralidad en la degradación de la tierra o la incorporación de la bioeconomía.

Ecuador es puesto como un ejemplo en la región de estas políticas, por su incentivo al consumo inteligente y saludable y la promoción de prácticas de uso sostenible de la tierra, por productores y consumidores.

Algo importante porque esa nación sudamericana tiene 47,5 por ciento de su territorio en proceso de desertificación y los mayores problemas están en el centro de su zona costera sobre el océano Pacífico.“La inacción frente a la degradación de la tierra, provocará que en los próximos 25 años se podría reducir la producción mundial de alimentos en más de 12 por ciento, lo que provocaría un incremento de 30 por ciento en los precios de los mismos”: José Miguel Torrico.

El viernes 15, se va a lanzar en dos de las provincias de esa zona, Loja y Manabi, la segunda etapa de un proyecto de Manejo Sostenible de Tierras (MST), promovido por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), con financiamiento de Corea de Sur, que ejecutan la FAO y el Ministerio de Ambiente.

El plan promueve el fortalecimiento de la capacidad de las comunidades afectadas por la degradación, después de que en la primera fase se invirtieron 348.000 dólares.

Juan Calle López, de la oficina en Ecuador de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), dijo a IPS desde Quito que el objetivo del proyecto es “mejorar las capacidades de los actores locales, tanto comunitarios como institucionales, para abordar e implementar el MST en paisajes degradados”.

“El proyecto busca que sitios piloto sirvan de referencia para que las comunidades verifiquen los esfuerzos sobre MST y la potencialidad de las mismas para adaptarse a las condiciones locales”,  detalló.

“También se busca que dichas prácticas tengan un enfoque de paisaje que integre el manejo de los ecosistemas remanentes y de las zonas agrícolas para mantener a largo plazo los servicios ambientales locales como regulación del ciclo hidrológico y un uso sostenible de la tierra”, subrayó.

Calle López explicó que “la intervención del proyecto trabajará conjuntamente con los gobiernos locales municipales y parroquiales y las asociaciones de productores para definir conjuntamente las mejores prácticas para cada zona dependiendo de las condiciones sociales y ambientales de cada sitio”.

“Los productores locales serán los socios directos del proyecto ya que su involucramiento es un requisito para desarrollar las diferentes prácticas en sus fincas”, en un proceso en que se aprovecharán herramientas ya experimentadas por la FAO y los resultados de la Evaluación Nacional de Degradación de la Tierra, realizada en el país en 2017.

Ecuador es también el país donde este año se va a celebrar el Día Internacional de Lucha contra la Desertificación, el 17 de junio, que en 2018 tiene como tema el papel de los consumidores en la gestión sostenible de las tierras, mediante sus elecciones de compra y sus inversiones.

Con el eslogan de “Las tierras tienen un valor. Invierta en ellas”,  se trata, entre otros objetivos, de “incitar a los usuarios de las tierras a hacer uso de las prácticas de gestión de las mismas que mantienen las tierras productivas”, ha explicado Monique Barbut, secretaria ejecutiva de la CNULD, también conocida como UNCCD, su sigla en inglés.

Simbólicamente, el acto de la jornada se realizará en el monumento de la Mitad del Mundo, el lugar exacto de la línea ecuatorial, del que el país andino toma el nombre, para simbolizar la unión de los dos hemisferios, que se sitúa a unos 35 kilómetros de Quito, detalló a IPS el coordinador para América Latina y el Caribe de la CNULD, José Miguel Torrico, con sede en Santiago de Chile.

Se reconoce así, también, la apuesta de Ecuador por iniciativas novedosas para luchar contra la degradación de los suelos y la sostenibilidad del manejo de la tierra, que también incluyen avances en la bioeconomía.

Tarcisio Granizo, su ministro de Ambiente, definió la bioeconomía como “un modelo económico basado en los recursos biológicos renovables, alejado de los recursos fósiles”, lo que tiene especial valor en un país que por décadas ha tenido en la exportación de petróleo uno de los pilares de su economía.

“Los expertos coinciden en que este modelo aúna el progreso económico con el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad”, planteó durante el Segundo Encuentro Global de Bioeconomía, efectuado  en Berlín, en abril.

El ministro advirtió, empero, que “no es una cuestión de corto plazo. Recién estamos empezando a desarrollar un andamiaje para transitar por la bioeconomía”.

Mientras, en Santiago, Torrico recordó que “la desertificación conlleva pérdidas por ingresos mundiales anuales por 42.000 millones de dólares, mientras las acciones de  recuperación de tierras tienen un costo entre  40 y 350 dólares por hectárea”.

“Por otra parte, los retornos de acciones contra la degradación a nivel mundial son de cuatro a seis dólares por cada dólar invertido”, subrayó al explicar los beneficios de los proyectos para amortiguarla.

Eso también se aplica en América Latina y el Caribe, donde se estima que 50 por ciento de la tierra agrícola  podría estar afectada por la desertificación.

En esta región, “13 por ciento de la población reside en tierras degradadas, lo cual varía de acuerdo a los países, teniendo a Uruguay como país donde 33 por ciento de la población vive en áreas degradadas, en comparación a Guyana donde solo es el dos por ciento”, precisó el coordinador regional de la CNULD.

“Los costos anuales de degradación de la tierra se calculan para Latinoamérica y el Caribe en 60.000 millones de dólares anuales mientras que a nivel mundial se calculan en 297.000 millones”, agregó.

Advirtió, asimismo,  que “la inacción frente a la  degradación de la tierra, provocará que  en los próximos 25 años se  podría reducir la producción mundial de alimentos en más de 12 por ciento, lo que provocaría un incremento de 30 por ciento en los precios de los mismos”.

“En términos directos, 40 por ciento de la población mundial (más de 2.800 millones de personas) habita regiones en procesos de desertificación y alrededor de 900 millones de personas carecen de acceso a un agua  segura”, aseveró.

“Las estimaciones indican que para abastecer a la población el año  2050, (que se proyecta alcance los 9.000 millones), la producción agrícola se tendrá que incrementar en un 70 por ciento a nivel mundial y en un 100 por ciento en los países en vías de desarrollo”, precisó.

De no ser así, 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con absoluta escasez de agua y dos tercios de la población mundial (5.300 millones) podrían vivir bajo condiciones de estrés hídrico. Ello conllevara, que para el año 2045, 135 millones de personas tendrían que migrar como consecuencia de la desertificación”, añadió.

Según Torrico, “en América Latina y el Caribe las urgencias más inmediatas tienen que ver con la forma de enfrentar las sequías, para lo cual se ha implementado la  Iniciativa de Sequía en ocho países de la región: El Salvador, Paraguay, Venezuela, Bolivia, República Dominica, Colombia, Ecuador y Grenada”.

Esa estrategia, explicó,  “busca armonizar las políticas públicas para enfrentar este fenómeno”.

“La otra urgencia tiene que ver con el cumplimiento de la Agenda 2030, donde 26 países de la región han establecido un programa de metas para logra una Neutralidad en la Degradación de Tierras”, planteó.

Ese nuevo compromiso es que “lo que yo le quito a la tierra, le pongo y mantengo la productividad”, concluyó, sobre el compromiso de alcanzar esa neutralidad en 2030, adquirido en 2015 en el marco de la CNULD por sus 195 Estados parte.

Edición: Estrella Gutiérrez

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La tolerancia cero al abuso sexual tiene excepciones en la ONU

seg, 11/06/2018 - 13:15

La Asamblea General de la ONU, el máximo órgano de decisión y con la potestad de erradicar el abuso sexual en el foro mundial. Crédito: Manuel Elias/UN photo.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 11 2018 (IPS)

Cuando se presentaron acusaciones de acoso sexual contra un secretario general adjunto en la Comisión Internacional de Servicio Civil, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció que el secretario general António Guterres no tenía jurisdicción sobre un órgano creado por la Asamblea General, que solo responde a los estados miembro.

Pero la flagrante excepción a la tan publicitada “política de tolerancia cero al abuso y la explotación sexual” también se aplica a muchos otros órganos de la ONU creados por el máximo órgano de decisión del foro mundial.

Entre ellos se destaca la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (ACABQ) y la Unidad de Inspección Conjunta, lo que constituye una burla a la lucha contra el acoso en el foro mundial.

Las excepciones también abarcarían a algunas comisiones, juntas, consejos y paneles, todos órganos subsidiarios de la Asamblea General.

“Me parece espantoso que tres entidades de la ONU que tienen la responsabilidad de garantizar el efectivo funcionamiento del sistema de la ONU pisoteen ellas mismas normas básicas, aprovechándose de una laguna legal sin supervisión del secretario general”, opinó el embajador Anwarul K. Chowdhury, ex secretario general adjunto, alto representante de la ONU y presidente de ACABQ (1997-1998), al ser consultado por IPS.

Es “extremadamente urgente” que la Asamblea General, de 193 miembros, atienda esa situación sin demora.

“Al sentirse impotente frente a es abuso y mal uso a la luz de pasadas resoluciones, la Asamblea rehuye su responsabilidad en tanto que mayor órgano de decisión intergubernamental”, añadió Chowdhury.

La política de tolerancia cero no es un adicional optativo que algunos empleadores pueden aplicar o no, puntualizó la directora de política de ONU Mujeres, Purna Sen, coordinadora ejecutiva y flamante portavoz para Discriminación y Acoso Sexual.

“Tienen que tener un alcance universal para que todo el personal pueda tener seguridad y respeto”, apuntó.

Primero cabe destacar que abuso sexual, acoso, explotación y agresión son todas formas de violencia sexual. Hay leyes contra la violencia sexual y todos los estados se comprometieron a ponerle fin para 2030 (en la Agenda para 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible).

“La obligación de poner fin a la violencia sexual depende de los estados, pero todos los actores, el sector privado, las universidades tienen la responsabilidad de que eso ocurra”, explicó.

“La Comisión Internacional de Servicio Civil (ICSC) no puede ser una excepción a la hora de hacer ese trabajo: la independencia no debe conceder impunidad”, añadió.

Segundo, la idea de que puede haber lugares donde no llegue la responsabilidad no es sostenible.

“Con un gran respeto por las mujeres que gritaron hasta que las escucharon, quisiera señalar el clamor internacional por las mujeres que señalaron a los abusadores”, apuntó.

Campañas en las redes como la de MeToo y otros reclamos de cambios promovidos por las mujeres por fin concentran la atención de todos. La responsabilidad debe ser real, tanto en la ICSC como en otros ámbitos, indicó Sen.

Por último, parece que toda excepción a las políticas de la ONU existe debido a resoluciones de la Asamblea General.

“Le corresponde, por cierto, a la Asamblea General revisar y cambiar la situación”, acotó.

La necesidad de independencia no puede triunfar sobre la necesidad de seguridad y respeto en el ámbito laboral, donde el abuso de poder y la desigualdad de género se vuelven obsoletas, apuntó.

“Creo que el presidente de la Asamblea General, con su liderazgo confiable, debe tomar medidas en consulta con el secretario general, para presentar una resolución que supere la falta de jurisdicción y de control que genera ese abuso sin ninguna supervisión superior”, explicó Chowdhury.

“La independencia de una entidad de la ONU no debe significar impunidad para menospreciar normas que representan valores centrales de la ONU”, subrayó.

Por su parte, Ian Richards, presidente del Comité Coordinador de los Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Internacionales del Sistema de la ONU (CCISUA), con 60.000 miembros, dijo a IPS: “Esperamos que todas las partes del sistema de la ONU tengan políticas y estructuras implementadas para evitar el acoso sexual, de acuerdo con la promesa de tolerancia cero del secretario general”.

“Eso permite que nuestros sindicatos ayuden a las víctimas a defender sus derechos individuales a tener un lugar de trabajo sin acoso y a lograr justicia cuando se violan sus derechos”, añadió.

“Pero actualmente no podemos asistir al personal que trabaja en organismos como el ICSC, el ACABQ y la Unidad de Inspección Conjunta, a pesar de que también tienen contratos con la ONU y son designados por el secretario general”, apuntó.

El ICSC tratará el tema en su 87 sesión, que tendrá lugar en julio, en Bonn, donde discutirá la diversidad en el lugar de trabajo, acotó.

La portavoz del presidente de la Asamblea General, Brenden Varma, dijo a IPS: “Le corresponde a los estados miembro tomar la iniciativa, no al presidente. De su parte, mantiene su posición firme contra todas las formas de acoso y abuso sexual”.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, informó el 1 de mayo que en los tres primeros meses del año, hubo 54 denuncias procedentes de todas las entidades de la ONU y sus asociados.

Pero muchas no se pudieron verificar y están en la etapa de evaluación preliminar, apuntó.

De esas 54, 14 proceden de las operaciones de mantenimiento de la paz y 18 de agencias, fondos y programas; 21 se relacionan con asociados y una con un integrante de una fuerza ajena al foro mundial.

Y de esas 54, 14 son por abuso sexual, 34 por explotación sexual y tres de naturaleza desconocida.

Las denuncias afectan a 66 víctimas, 13 niñas menores y 16 de edades desconocidas.

Dos acusaciones fueron corroboradas por una investigación, dos no fueron corroboradas, 21 están en distintas etapas de investigación, 27 en evaluación preliminar y se revisa el resultado de otra más.

Con más de 95.000 civiles y 90.000 oficiales uniformados en la ONU, el abuso y la explotación sexual no reflejan la conducta de la mayoría de las mujeres y hombres que trabajan para la organización, puntualizó Dujarric.

“Pero cada acusación que involucra a nuestro personal socava nuestros valores y principios, y el sacrificio de quienes sirven con orgullo y profesionalismo en algunos de los lugares más peligrosos del mundo”, reconoció.

“Por esa razón, combatir este flagelo y ayudar y empoderar a quienes se vieron afectados por esos actos atroces, siguen siendo prioridades para el secretario general en 2018”, subrayó.

En una reunión con el secretario general, el 3 de mayo en Londres, los directores ejecutivos de agencias de la ONU, reiteraron su “firme compromiso de defender la tolerancia cero al acoso sexual, fortalecer los esfuerzos de prevención y respuesta centrados en las víctimas y promover un ambiente laboral seguro e inclusivo”.

Además, se comprometieron a ofrecer mecanismos como líneas telefónicas de ayuda para que el personal denuncie hechos de acoso y reciba apoyo y a crear una base de datos para no recontratar a personas que cometieron abusos.

Y también se comprometieron a implementar procedimientos acelerados para recibir, procesar y atender las denuncias, contratar investigadores especializados, incluidas mujeres, aplicar una capacitación obligatoria, ofrecer pautas para directivos, armonizar las políticas e implementar encuestas de percepción entre el personal para conocer sus experiencias.

Traducción: Verónica Firme

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Tribulaciones de emigrantes que se van con un mapa y un plan

sex, 08/06/2018 - 13:17

Emigrantes retornados comen algo mientras llenan papeles para la OIM en el aeropuerto de Nsimalen, en Yaundé, Camerún. Crédito: Mbom Sixtus/IPS.

Por Mbom Sixtus
YAUNDÉ, Jun 8 2018 (IPS)

“A veces, cuando estoy solo, me vienen recuerdos de las espantosas imágenes que vi en el desierto”, confesó Njoya Danialo. “Creí que iba a morir. La gente que nos transportaba estaba dispuesta a deshacerse de nosotros si fuera necesario”, explicó, al narrar el calvario que soportó cruzando el desierto del Sahara.

Cuando el viento del desierto es muy fuerte, los traficantes de personas se protegen adentro o debajo de los vehículos, mientras los pasajeros encaramados arriba del equipaje en camiones repletos quedan a merced del mortal viento lleno de polvo, contó a IPS.

Njoya es uno de los más de 1.300 repatriados que, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para las Migraciones (OIM), regresó a Camerún desde el inicio de las operaciones de la agencia en África subsahariana, en junio de 2017.

Boubacar Seybou, el jefe de la misión de la OIM en Camerún, dijo a IPS que la Unión Europea (UE) destinó tres millones de euros (más de 3.500 millones de dólares) a las operaciones de repatriación en este país.

Trabajadores de la OIM registran emigrantes retornados al aeropuerto de Nsimalen, en Yanundé, Camerún. Crédito: Mbom Sixtus/IPS.

Las operaciones se realizan en colaboración con funcionarios de la delegación de la UE en Camerún, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Salud Pública, de Asuntos Sociales y de la Juventud y Educación Cívica.

Está previsto que el programa dure tres años, facilitando el reintegro de 850 retornados. Pero Seybou señaló que es necesario rever el programa porque se registraron más de 1.000 personas en esa situación apenas seis meses después de iniciadas las operaciones.

Njoya egresó de la escuela de fútbol Francoise Xavier Vogt, en Yaundé, pero nunca jugó profesionalmente. Según él, es necesario conocer a alguien importante o pagar un soborno para jugar en un buen equipo.

“Por eso decidí probar suerte en el extranjero, en especial después de que mi padre se enfermó con una extraña enfermedad y el negocio familiar se vino abajo. Tuve que arreglármelas solo”, relató.

Como muchos del millón de personas de África subsahariana que emigraron a Europa a partir de 2010, Njoya tenía un mapa y un plan.

Tenía esperanzas al salir de Camerún rumbo a Chad, Níger y Benin, hasta la noche en que se acurrucó en una calle de Argelia para dormir. Solo entonces se dio cuenta de que los inmigrantes indocumentados no eran bienvenidos. Y como muchos otros, se vio obligado a abandonar el país.

“La policía detuvo a muchos de nosotros y nos dejó en la frontera, en el desierto. Muchas de las personas que iban con nosotros murieron mientras caminábamos”, relató Njoya.

Agentes sospechosos

“Entre Níger y Marruecos, hay agentes llamados ‘passeurs’ (pasadores) que ofrecen tres posibilidades”, explicó.

“Te pueden ayudar a llegar al Mediterráneo, desde donde cruzas a España. Te pueden llevar a un centro de detención y llamar a tus padres para pedir rescate; o te roban y te abandonan en la selva”, precisó Njoya.

Él tuvo suerte de conseguir pasadores que lo ayudaron a viajar. Conoció a otro inmigrante de Burkina Faso que iba a España antes de que lo obligaran a pegar la vuelta en Argelia.

Los dos se las arreglaron para llegar a Niamey, donde la OIM los ayudó a retornar a sus respectivos países.

Pero Ramanou Abdou, quien también se dirigía a España desde Camerún, le dijo a IPS que no tuvo suerte.

Los agentes, siempre fuertemente armados y conocidos por violar mujeres, lo llevaron a la selva de Savannah, le robaron y se fueron. Todos tuvieron que arreglárselas para llegar a Niamey, donde la OIM podía ayudarlos, explicó.

Al igual Njoya y otros que regresaron a Camerún gracias a la ayuda de la OIM, Ramanou se benefició de un paquete que le facilita la reinserción.

Él eligió volver a estudiar geografía en la Universidad de Dschang.

“Estoy agradecido de la ayuda. Espero que puedan continuar hasta que obtenga mi título. También espero que me puedan proveer asistencia médica para la enfermedad de la piel y los problemas de estómago con los que volví. Todavía los sufro”, añadió.

Además de la enfermedad, Ramanou comentó que muchas personas tienen una mala impresión de quienes vienen del extranjero.

“La mayoría de mis compañeros de clase creen que soy un ladrón. Algunos piensan que los que retornan son vándalos o algo así. Pocos me tratan bien”, relató.

Como Ramanou, Njoya también piensa que la ayuda que le dan a los retornados debe redoblarse.

Le dieron unos 800 euros (más de 940 dólares) para empezar un negocio, que se fundió a los pocos meses. Ahora vive de cargador de vehículos.

“Ahorro dinero para viajar al exterior por la vía correcta

Mi sueño sigue vivo y lo voy a hacer enseguida. Me dan lástima los que se volvieron a ir por el mismo camino de la perdición para llegar a Europa”, añadió.

Ekani Awono, otro retornado, utilizó el capital semilla provisto por la OIM para comenzar un negocio. Abrió una cafetería, pero comentó que no es rentable para mantenerlo abierto.

Los beneficiarios que hablaron con IPS dijeron que sus compañeros que dejaron la oficina de la OIM en Niamey y regresaron a Costa de Marfil, dijeron que les dieron 3.000 euros para comenzar un negocio sostenible.

“Pero en Camerún, estamos obligados a presentar planes de negocio para recibir no más de 500.000 francos CFA (no más de 900 dólares)”, comentó otro retornado que no quiso dar su nombre.

Pero Boubacar Seybou, de la OIM, explicó que un comité directivo, integrado por donantes y ministerios, aprueba los planes de negocios.

La OIM se asegura que los paquetes de reintegración sean sostenibles. Seybou también comentó que los negocios de muchos retornados son rentables.

Además de la asistencia financiera, la OIM y el gobierno ofrecen asistencia médica y psicológica a los retornados una vez que están en su país, explicó Edimo Mbappe, del Ministerio de Asuntos Sociales.

“Algunas mujeres violadas en la selva, desiertos y campamentos llegaron aquí embarazadas. Además de niñas y niños traumados, ellas recibén apoyo psicosocial antes de que las dejemos volver a su comunidad”, explicó la joven.

La OIM y el gobierno organizaron una serie de actividades, como programas de radio y televisión, exposiciones de fotografías y conciertos para disuadir a posibles migrantes de emprender el camino peligroso.

De hecho, tratan de educar al público para que reciba a los retornados y rechacen los estereotipos que los hacen sentir incómodos.

Traducción: Verónica Firme

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Campesinos centroamericanos y brasileños unen fuerzas contra sequía

sex, 08/06/2018 - 11:14

Tras una jornada laborando en la tierra donde cultiva maíz junto con frijol, Víctor de León se sirve un poco de agua recién purificada, uno de los beneficios del proyecto de adaptación al cambio climático en la región del Corredor Seco centroamericano, en el caserío de La Colmena, en el municipio de Candelaria de la Frontera, en el occidental departamento de San Ana, en El Salvador. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Por Edgardo Ayala
CANDELARIA DE LA FRONTERA, El Salvador, Jun 8 2018 (IPS)

Tener en la mesa del comedor un recipiente de siete litros con un filtro que purifica el agua captada de la lluvia, y abrir una valvulita para llenar una taza y saciar la sed, es como una revolución para el campesino salvadoreño Víctor de León.

Por si fuera poco, contar con un estanque cavado en la tierra, un reservorio del agua de lluvia captada para asegurar que el ganado sobreviva en los períodos de sequía, también es un hecho sin precedentes en La Colmena, un caserío de este municipio rural de Candelaria de la Frontera, en el occidental departamento de Santa Ana.

“Toda nuestra vida hemos pasado yendo a los ríos o a los nacimientos para conseguir agua, y ahora es una gran cosa tenerla siempre al alcance de la mano”, contó De León a IPS, de 63 años, mientras llevaba zacate (forraje) a una de sus terneras.

Este campesino se dedica al cultivo de granos básicos y a la producción de leche, con sus 13 vacas.“Estos productores brasileños tienen mucha experiencia en el tema, están muy organizados, el motto de ellos no es combatir la sequía sino aprender a convivir con ella”: Vera Boerger.

Esta región de El Salvador, localizada en el llamado Corredor Seco de América Central, ha sufrido por años los efectos del clima extremo: sequías y exceso de lluvias que han echado a perder varias veces los cultivos de maíz y frijol, los dos rubros agrícolas principales del país y básicos en la dieta local.

Igualmente ha escaseado el agua para beber y para abrevar al ganado.

Pero ahora las 13 familias de La Colmena y otras en el municipio de Metapán, también en Santa Ana, se están adaptando al cambio climático.

Han aprendido el manejo sostenible del recurso hídrico y de los suelos, gracias a un proyecto que ha sumado los esfuerzos de la cooperación internacional, el gobierno, las municipalidades involucradas y de las mismas comunidades.

El proyecto, con un monto de 7,9 millones de dólares, es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, en inglés) y ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el apoyo de varios ministerios y de las alcaldías.

Compartiendo experiencias

El trabajo en las localidades involucradas, iniciado en septiembre de 2014, ya está dando resultados positivos, y ello motivó la visita, en mayo, de un grupo de 13 agricultores brasileños, seis mujeres, que también viven en una región con escasez de agua.

El objetivo fue intercambiar experiencias y conocer cómo sus pares salvadoreños lidian con las sequías y las afectaciones climáticas en los cultivos.

“Fue muy interesante saber lo que están haciendo ellos allá, cómo enfrentan la escasez de agua, y nosotros les contamos lo que hacemos aquí”, dijo a IPS el campesino salvadoreño Pedro Ramos, de 36 años.

Ofelia Chávez muestra algunos de los polluelos entregados a las familias del caserío La Colmena, en Candelaria de la Frontera, en el departamento de San Ana, El Salvador, para fomentar la crianza de aves en esta aldea campesina. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

La visita fue organizada por la Articulación del Semiárido Brasileño (ASA), una red de 3.000 productores y organizaciones sociales de esa ecorregión del Nordeste de Brasil, la región más seca del país. Ahora, seis campesinos salvadoreños viajarán a ver aquella realidad entre el 26 y el 30 de junio.

“Los brasileños nos contaron que hubo un año en que lo que llovió fue apenas lo que las familias del área consumían en un día, prácticamente nada”, continuó Ramos.

La delegación brasileña conoció el proyecto que la FAO ejecuta en la zona, y visitó iniciativas similares en el municipio de Chiquimula, en el departamento del mismo nombre, en el este de la vecina Guatemala.

“Estos productores brasileños tienen mucha experiencia en el tema, están muy organizados, el motto de ellos no es combatir la sequía sino aprender a convivir con ella”, señaló Vera Boerger, oficial de Tierras y Aguas de la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica.

Los brasileños, añadió en entrevista con IPS desde Ciudad de Panamá, viven en condiciones más complicadas que los centroamericanos: en el Corredor Seco llueve de entre 600 a 1.000 milímetros al año, mientras que en la ecorregión del Semiárido, de 300 a 600 milímetros, “cuando tiene ganas de llover”.

En La Colmena la vida ha sido y es precaria, sin acceso a la electricidad y al suministro de agua por tubería, entre otras carencias.

Según cifras oficiales, el abastecimiento en El Salvador de agua por tubería en 2017 fue de  95,5 por ciento en el área urbana y de 76,5 por ciento en la rural. La pobreza en las ciudades alcanza a 33 por ciento, mientras que en el campo trepa a 53,3 por ciento, en un país de 7,4 millones de habitantes.

En La Colmena, los campesinos brasileños pudieron ver en detalle los dos reservorios construidos en el caserío para la captación del agua de lluvia.

Son unos estanques rectangulares cavados en la tierra, de 2,5 metros de profundidad, 20 metros de largo y 14 de ancho, cubiertos por una membrana de polietileno que evita la filtración y retiene el líquido. Su capacidad es de 500.000 litros.

En el caserío apenas comenzaron a llenarse, constató IPS, pues la estación lluviosa, de mayo a octubre, recién comenzó. En principio el agua será destinada para el ganado vacuno y para pequeños huertos.

Pedro Ramos, Víctor de León, Ofelia Chávez y Daniel Santos (de izquierda a derecha), ante uno de los dos reservorios de agua de lluvia construidos en su caserío, La Colmena, en el municipio salvadoreño de Candelaria de la Frontera. El estanque es parte de los beneficios de un proyecto de adaptación al cambio climático, ejecutado por la FAO. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Ofelia Chávez, de 63 años, se dedica a la ganadería en sus 11,5 hectáreas de  terreno. Con 19 vacas y terneras, es una de las principales beneficiadas con el reservorio instalado en su propiedad, aunque el agua la comparta con la comunidad.

“Con el ganado bajaba al río, y era cansado y me preocupaba en verano cuando el agua escaseaba”, narró a IPS, a la orilla del otro estanque, en la finca de De León, junto a varios vecinos que observaban, entusiasmados, cómo sube su nivel cada día, a medida que llueve.

“Nos dicen los expertos que incluso podremos cultivar tilapias aquí”, agregó Ramos sobre la posibilidad de mejorar el ingreso de la comunidad con la piscicultura.

Añadió que los brasileños les contaron que los reservorios en su país los construyen con placas de cemento, en lugar de membranas de polietileno. Pero cree que en El Salvador ese sistema probablemente no funcione porque el suelo es quebradizo y el cemento terminaría agrietándose.

“Es posible hacer (ese diseño de membrana) en algunas localidades del Semiárido, se puede experimentar acá”, aseguró por su parte uno de los brasileños que visitaron el país, Raimundo Nonado Patricio, de 54 años, quien vive en un asentamiento rural en Tururu, un municipio del estado de Ceará.

Para los productores del Corredor Seco, dijo a IPS en una entrevista telefónica desde Río de Janeiro, una experiencia útil “es nuestra diversidad de siembras y los sistemas de captación del agua de lluvia”.

En los dos países centroamericanos visitados, la producción se concentra “en dos o tres cultivos, principalmente maíz”, dijo, mientras en el Semiárido, se siembran decenas de hortalizas, frutas y granos, y se crían varias especies de animales, aun teniendo poca tierra.

En total, el proyecto salvadoreño financiado por el GEF construyó ocho reservorios, de similar capacidad.

Cada familia beneficiada recibió también dos tanques para captar lluvia, fabricados con resina de polietileno, con capacidad de 5.000 litros, así que pueden almacenar hasta 10.000 litros. Una vez purificada con el filtro provisto, el agua es apta para el consumo humano.

“Mi esposa me dice que ahora ve la diferencia, nos sentimos agradecidos, porque antes teníamos que caminar más de una hora por veredas y cerros a un manantial”, contó Daniel Santos, de 37 años, también productor de granos.

Además, en las comunidades beneficiadas se levantaron barreras vivas, con pasto, y muertas, con piedras, en las tierras inclinadas, para evitar la erosión y lograr la infiltración del agua, un esfuerzo encaminado a preservar el recurso hídrico.

Se entregaron también 300.000 árboles frutales y forestales, así como semillas para el cultivo de pasto, a fin de incrementar la cobertura vegetal.

María de Fátima Santos, de 29 años, residente en una comunidad rural de Fátima, en el estado de Bahia, dijo a IPS que de las experiencias que conoció en El Salvador y Guatemala, la que más aprovechable es “el uso del filtro de agua para beber, que es común, similar al de Brasil, pero poco valorado acá”.

Por su parte, sus pares centroamericanos, consideró, podrían adoptar el “huerto económico”, para el que se abre un gran hueco en la tierra, se coloca una lona o tela de plástico, se la cubre con la tierra removida y después unos tubos agujereados y también soterrados la proveen de irrigación por goteo subterráneo.

Con el aporte de Mario Osava desde Río de Janeiro

Edición: Estrella Gutiérrez

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La represión contra protestas enturbia el futuro de Nicaragua

qui, 07/06/2018 - 20:05

Jóvenes manifestantes nicaragüenses ocultan sus rostros detrás de una barricada en el sur de Managua, levantada con un muro en el que está impresa una imagen del presidente Daniel Ortega. La represión contra las protestas suma ya 131 personas muertas. Crédito: Jader Flores/IPS

Por José Adán Silva
MANAGUA, Jun 7 2018 (IPS)

La sangrienta represión contra las protestas callejeras que no amainan desde abril en Managua y otras ciudades de Nicaragua, con un saldo hasta ahora de 131 personas muertas, enturbian más cada día la situación económica y social de este país centroamericano.

Las protestas, lejos de debilitarse con el uso de la fuerza pública y la organización de fuerzas irregulares progubernamentales, se han multiplicado en todo el país y paraliza zonas productivas, el tráfico nacional e internacional de mercancías y el comercio formal e informal.

Carlos Alberto Pérez Zeledón, analista político del centro de pensamiento Propuesta Ciudadana, graficó para IPS la compleja situación del país ante la crisis que estalló el  18 de abril."Comienza a hacerse latente la necesidad de generar una estructura organizativa (dentro de la protesta) capaz de resumir los objetivos de lucha en una base programática y una oferta electoral. La salida de dicha crisis, en un marco democrático como el que se pretende reconstruir, es en un proceso electoral”: Alberto Pérez Zeledón.

Por un lado, explicó, la protesta social desnudó las características autoritarias y represivas del régimen y debilitó todavía más el liderazgo de “hombre fuerte” del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

En contrapartida, dijo, el gobernante del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, en el poder desde 2007, mantiene un sólido apoyo de las instituciones y fuerzas fácticas que le aseguran su permanencia en el poder.

“Ortega siempre ha tenido una base social reducida en número, pero leal y beligerante para actuar en situaciones de crisis como la que hoy vivimos”, analizó Pérez Zeledón, que estima en 150.000 ese piso de seguidores leales.

La población de Nicaragua es de 6,3 millones de habitantes, de los cuales más de 3,6 millones son votantes activos mayores de 16 años.

En 2016, cuando Ortega fue reelegido por tercera vez consecutiva hasta 2021, después de una cuestionada reforma constitucional, obtuvo 1,8 millones de votos, en unos comicios calificados como “farsa” y “fraude” por organizaciones civiles, políticas, religiosas y económicas que se ubican en la oposición.

“Si a eso le sumamos el control total de la Policía y el Ejército, así como la falta de escrúpulos que el gobierno ha mostrado al utilizar grupos delincuenciales (pandillas), se hace comprensible que apuesta a sostenerse en el poder por medio de la violencia” dijo el analista.

El detonante de la rebelión fue una reforma gubernamental de la seguridad social que obligaba a empresarios y trabajadores a incrementar los aportes al sistema, reducía sus beneficios y cortaba en cinco por ciento las pensiones jubilatorias.

La medida, que perjudicaba aproximadamente a 1,3 millones de personas, desató el reclamo de jubilados y universitarios, que pasaron a encabezar las protestas, que el presidente no logró controlar con la retirada de la reforma en los primeros días de las movilizaciones.

Durante los 50 días de movilización hasta ahora, Ortega, un exguerrillero sandinista de 73 años y presidente entre 1985 y 1990, ha apareció en escena tres veces por televisión y las protestas han alcanzado a 93 focos distintos en ciudades, municipios rurales y carreteras de los 15 departamentos del país.

En esas zonas las poblaciones locales han instalado barricadas sobre las carreteras, afectando la movilización y provocando escasez de víveres, combustibles y materias primas, en iniciativas que comienzan a caer en niveles de descontrol y anarquía, con algunos saqueos y otros pillajes.

Enrieth Martínez, estudiante de la coordinadora universitaria que lidera las protestas,  dijo a IPS que esos bloqueos son una propuesta de la sociedad civil, como medida de seguridad para evitar la movilización terrestre de las fuerzas policiales y grupos de choque.

El impacto económico de la crisis ha sido cuantificado por las diferentes cámaras de negocios en más de 800 millones de dólares, en un país con un producto interno bruto (PIB) que bordea los 14.000 millones de dólares, después de un crecimiento de 4,9 por ciento en 2017 y una previsión de incremento de cuatro por ciento para 2018.

Pero ahora, la proyección es que la economía caiga en al menos dos por ciento del PIB, si Ortega sigue en el poder en el tercer trimestre del año, según la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social.

Tras la instalación de los bloqueos en calles y carreteras y el incremento de grupos incontrolados en las protestas, recrudeció la represión desde el comienzo de este mes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó el uso de fuerza letal y cifró en 127 las víctimas morales y 1.200 los heridos, como saldo hasta el 6 de junio.

El hecho más grave ocurrió en Managua el 30 de mayo cuando una gigantesca marcha cívica en honor a las madres de víctimas de la violencia fue reprimida a balazos, en una jornada sangrienta que dejó 16 muertes registradas oficialmente por las autoridades.

Pese a la elevada cifra de muertos y heridos, la variada resistencia social, de partidos, fuerzas sociales y estudiantes, no ha logrado conformar una plataforma visible para presentarse como alternativa del cambio político, a criterio Pérez Zeledón.

“Hasta este momento se ha apostado (desde la resistencia ciudadana) por un modelo horizontal que es útil para evitar que el gobierno tenga la posibilidad de descabezar el movimiento popular. Eso representa una ventaja para garantizar que el movimiento sea lo más amplio posible y ha rendido frutos por ahora”, dijo.

“Sin embargo, comienza a hacerse latente la necesidad de generar una estructura organizativa capaz de resumir los objetivos de lucha en una base programática y una oferta electoral. La salida de dicha crisis, en un marco democrático como el que se pretende reconstruir, es en un proceso electoral”,  planteó.

De la misma manera lo ha planteado la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, integrada por líderes estudiantiles, empresarios privados y sociedad civil que se organizaron para participar en un frustrado diálogo nacional con el gobierno de Ortega.

Ese intento de negociar una salida pacífica al conflicto, auspiciada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, se ha obstaculizado por el rechazo del presidente a la propuesta de promover unas elecciones inmediatas, que calificó como un golpe de Estado.

Ante el bloqueo del diálogo y el incremento de la represión, el caso nicaragüense llegó a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se emitió una declaración, aprobada por aclamación, en la que se solicita el cese de la represión y búsqueda de salida pacífica a la crisis, promovida conjuntamente por Estados Unidos y Nicaragua.

La presión internacional contra el gobierno de Nicaragua se intensificó con condenas del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Organización de Naciones Unidas y decenas de organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, gremios políticos y sociedad civil mundial.

Todo ello lleva a pensar al exembajador de Nicaragua ante la OEA, José Luis Velásquez (2002-2007), que el gobierno de Ortega no solo está aislado internacionalmente sino debilitado política y económicamente desde que Venezuela, su principal sustento económico desde 2007, entró en su actual colapso económico.

La asistencia venezolana, aseguró a IPS, se ha reducido al máximo y “ya no puede financiar el presupuesto paralelo” que gracias a ello controla discrecionalmente el presidente, según aseguran sus críticos.

Ortega “ha perdido también capacidad de ejecución por la resistencia ciudadana en las calles y esto conlleva la pérdida de efectividad para transformar las demandas sociales en respuestas”, dijo el diplomático.

Velásqez consideró que la situación internacional de Ortega “es más grave” porque la alianza que forjó con sectores empresariales en los años de bonanza se descalabró tras la abortada reforma de la seguridad social y ahora el gran capital nicaragüense con sus socios internacionales presionan por un cambio de gobierno.

“Solo le queda la policía que cada día se desprestigia absorbiendo el costo de la represión y ya muestra síntomas de cansancio”, advirtió.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Cuestionado, el modelo agrícola argentino se pregunta cómo seguir

qui, 07/06/2018 - 15:34

Un maizal en la nororiental provincia de Santa Fe. En los últimos 20 años, el gobierno argentino aprobó la comercialización de distintas variedades transgénicas de maíz, la mayor parte modificadas para resistir herbicidas e insecticidas. Crédito: Cortesía de Aapresid

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jun 7 2018 (IPS)

Hasta hace pocos años era una preocupación exclusiva de la comunidad ambientalista y científica en Argentina. Pero hoy son también los productores los que ven con inquietud los impactos negativos del modelo agrícola de este país sudamericano, basado en el monocultivo, transgénicos y agroquímicos.

Con más de la mitad de la superficie agrícola cubierta por soja genéticamente modificada, que consume cada vez mayores volúmenes de sustancias químicas contaminantes, la actividad enfrenta ahora la resistencia social de muchas comunidades y la incertidumbre de productores, que reconocen que deben abordarse cambios.

“Está muy claro que el modelo, tal cual se venía llevando adelante, entró en crisis. En eso coinciden todos los actores. No se puede seguir igual”, dijo a IPS el ingeniero agrónomo Diego Fontenla, quien vive en Tres Arroyos, a casi 600 kilómetros de Buenos Aires y en el corazón de la Pampa Húmeda, una de las regiones más fértiles del mundo."Las proyecciones nos indican que se usan anualmente entre 360 y 400 millones de litros de agroquímicos, lo que convierte a la Argentina en el país con el mayor consumo por persona del mundo”: Marcos Filardi.

“La aplicación de agroquímicos ha crecido de manera extraordinaria y la presión que se genera sobre el ambiente es enorme. Los productores saben que están contaminando, pero desde el punto de vista económico no tienen alternativas”, agregó.

Desde hace más de 20 años, Fontanela produce en su finca de manera orgánica trigo, centeno, avena, cebada y girasol y asesora a otros agricultores de la zona que también eligieron el camino ecológico.

De todas maneras, este agrónomo admite que la producción orgánica es una variante que excluye a la enorme mayoría de los agricultores argentinos, por la dificultad para encontrar mercados dispuestos a pagar precios más elevados que por los productos convencionales.

Si se habla del modelo agrícola en Argentina, hay un antes y un después de 1996, cuando el gobierno de entonces autorizó la comercialización del primer cultivo transgénico, que fue la soja RR, del gigante estadounidense de la biotecnología Monsanto, tolerante al herbicida glifosato.

Desde entonces, en el transcurso de pocos años, empujada por la demanda china y por políticas de gobiernos entusiasmados con la entrada de divisas al país, la producción argentina de soja pasó de 10 millones de toneladas anuales a más de 50 millones.

La soja, que casi en su totalidad es transgénica y se exporta, cubre hoy cerca de 20 millones de hectáreas, lo que es aproximadamente el doble de la superficie dedicada en conjunto al maíz y al trigo, y desplazó a buena parte de la ganadería hacia zonas antes consideradas marginales, lo que contribuyó a la deforestación y a un aumento de los conflictos por la tierra con comunidades locales.

Desde 1996 hasta hoy se han autorizado en Argentina otros 46 organismos genéticamente modificados, no solo en soja sino también en maíz, algodón y hasta en papa. Casi todos ellos se utilizan con el objetivo de tolerar herbicidas o insecticidas, de acuerdo a datos oficiales.

Este extenso país, con 2,8 millones de kilómetros cuadrados y 44 millones de habitantes, es una histórica potencia en producción de alimentos, que a mitad del siglo XX dedicaba unas 20 millones de hectáreas a la producción agropecuaria, con el maíz, el trigo y la carne como principales rubros.

Desde los años 90 se vivió una drástica transformación, que incluyó un aumento del área sembrada hasta cerca de 35 millones de hectáreas, en gran parte sobre tierras vulnerables, en el bosque del Chaco, en el norte del país. La soja fue la estrella del cambio, mientras que la producción de carne y otros rubros tradicionales se estancó.

El peso del sector sigue siendo determinante, con un aporte de 20 por ciento del producto interno bruto, al englobar las contribuciones directas e indirectas. Además, el año pasado, según la consultora privada DNI, 65 por ciento de las exportaciones locales fueron de origen agropecuario, sumando primarias y manufacturadas.

Una extensa plantación de trigo en el sur de la oriental provincia de Buenos Aires. Este cultivo ocupa algo más de cinco millones de hectáreas en Argentina, que es aproximadamente la cuarta parte de la superficie sembrada con soja. Crédito: Cortesía de Marcelo Torres

“No existen estadísticas oficiales sobre agroquímicos. Pero de acuerdo a las cifras de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), el uso creció 850 por ciento entre 2003 y 2012”, dijo a IPS el abogado especializado en derechos humanos Marcos Filardi.

“A partir de 2012, Casafe dejó de publicar estadísticas, pero las proyecciones nos indican que se usan anualmente entre 360 y 400 millones de litros de agroquímicos, lo que convierte a la Argentina en el país con el mayor consumo por persona del mundo”, agregó Filardi, quien integra la cátedra de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires.

Se trata de uno de los espacios académicos que se extienden por distintas universidades del país y proponen un modelo agroalimentario distinto, que dé protagonismo a campesinos e indígenas y produzca de manera sustentable tanto en lo social como lo ambiental.

La presión social por poner un límite al uso de agroquímicos en general y, en particular, a las fumigaciones cerca de las zonas urbanas, está calando cada vez más hondo en distintas zonas de Argentina, un país federal donde las regulaciones ambientales no son potestad del poder central, sino de las jurisdicciones locales.

Así, en importantes ciudades, como Rosario y Gualeguaychú, se ha prohibido la utilización de glifosato.

La preocupación por la cuestión de los agroquímicos llegó al gobierno de Mauricio Macri, que es un defensor del  actual modelo agrícola.

También lo fue su antecesora, Cristina Fernández (2007-2015), quien en 2011 presentó un impreciso plan con que para 2020 la producción anual de granos pasase de 100 a 157 millones de toneladas y la superficie sembrada de 33 a 42 millones de hectáreas.

En febrero, con la finalidad de “llevar seguridad a la población”, el gobierno convocó a una comisión de expertos, para que elabore una serie de “buenas prácticas” en materia de uso de agroquímicos, que serían publicadas como recomendaciones para las autoridades de todo el país.

Marcelo Torres, productor de la zona de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, consideró ante IPS que “no es una opción ir a la agricultura orgánica, porque estaríamos comprometiendo la seguridad alimentaria” y reclamó generar “un debate serio sobre el impacto en el ambiente y en la salud del actual sistema de producción”.

“Hace falta que profesionales de distintas disciplinas discutan el futuro de la agricultura argentina, porque ningún sector puede solucionar esto solo. Quienes no tienen que participar son los grupos anticiencia y extremistas ambientales, que nos han hecho perder mucho tiempo”, agregó el productor de maíz, trigo y soja, entre otros cultivos.

Torres es directivo de la Asociación de Productores en Siembra Directa (Aapresid), una organización empresarial que promueve la agricultura sin labranza de la tierra, práctica que favorece la conservación del suelo y que se extendió por el país junto a la soja transgénica.

En Aapresid se creó una Red de Conocimientos de Malezas Resistentes (REM), especies que en los últimos años han desafiado a los herbicidas y son tanto causa como consecuencia del aumento exponencial del uso de sustancias químicas en el campo argentino.

Las malezas resistentes, que expertos señalan como productos del monocultivo y del abuso del glifosato, se convirtieron en una enorme preocupación para científicos y productores agrícolas.

Para el abogado Filardi, “las malezas son una consecuencia de la manera en que se hace agricultura. Cualquier agrónomo sabe que las hierbas generan resistencia si se las combate durante años con un solo producto. Las malezas son el talón de Aquiles del modelo”.

“Los agroquímicos se están usando mal y de manera indiscriminada, lo que está produciendo consecuencias muy negativas”, dijo a IPS el exdiputado nacional y productor  agrícola Gilberto Alegre, que actualmente tiene arrendada sus tierras en el municipio de General Villegas, en la oriental provincia de Buenos Aires.

“El problema es la ausencia total de políticas agrícolas por parte del Estado, que es el que tiene que garantizar la sustentabilidad del sistema y evitar que la rentabilidad sea el único criterio”, añadió quien hasta diciembre del año pasado fue presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación hasta diciembre pasado.

Edición: Estrella Gutiérrez

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