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Atualizado: 18 minutos 25 segundos atrás

Derecho a información en África, en un hoyo oscuro con algunas luces

4 horas 16 minutos atrás

Alaa Salah, un estudiante sudanesa de 22 años, convertida en símbolo de la expulsión pacífica del poder de Omar al Bashir. Crédito: Cortesía de Street Art / Shoreditch

Por Miriam Gathigah
NAIROBI, Jul 17 2019 (IPS)

Es una imagen de resistencia que se volvió viral en el mundo. Alaa Salah, una joven estudiante sudanesa de 22 años, vestida con un blanco “thobe (túnica tradicional)”, de pie sobre el techo de un automóvil con una multitud cautivada rodeándola mientras todos coreaban con ella “al thawara”, revolución en árabe.

Es lo que muchos recuerdan del derrocamiento pacífico del dictador sudanés Omar al Bashir (1993-2019) y uno de los regímenes más largos de África.

Sudán finalmente se había apartado de una era caracterizada por la censura y el acoso de los medios, o al menos eso se pensaba aquel 13 de abril.

“En ese mismo momento, todos creímos que este era el comienzo de los mejores momentos de Sudán. En 30 años, muy pocos podrían testificar que alguien desafió audazmente el sistema y vivió para contar la historia”, dijo a IPS un periodista sudanés de 30 años, Ali Taban.

“Durante muchos días estuvimos en este momento mágico y los periodistas permanecimos en las calles para hacer una crónica de cada paso. Ya no. Ahora tenemos más miedo de ser silenciados por la violencia”, que antes de la caída de Al Bashir, dijo Taban.

A medida que el Consejo Militar de Transición (CMT) aprieta gradualmente su control sobre Sudán y llena el vacío que dejó Al Bashir, la esperanza se convirtió en pesadilla. En junio, cuando las tropas reprimieron violentamente una acampada pacífica, causando la muerte de al menos 100 manifestantes,  el mundo permaneció en silencio y horrorizado.

Peor aún, para aislar a Sudán y poner fin a una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos, el CMT cortó los servicios de Internet durante más de un mes. El portavoz del Consejo, el general Shams al Din Kabashi, justificó oficialmente el bloqueo de Internet como una medida para salvaguardar la seguridad nacional.

El acceso a la red se restauró a comienzos de julio, por una orden judicial, aunque el CMT podría apelar el dictamen.

Durante el apagón de la red, los sudaneses le suplicaron al mundo que fuera su voz mientras el país se deslizaba hacia un hoyo oscuro informativo. No se decepcionaron. La etiqueta #IAmTheSudanRevolution (yo soy la revolución sudanesa) se convirtió en la más popular en países como Canadá, Gran Bretaña o Kenia.

Marwa Abdelrahim, profesora de la Universidad de Ahfad para Mujeres, en Omdurman, la ciudad gemela de Jartum, la capital, todavía se está recuperando de este giro de los acontecimientos. “El cierre de Internet nunca debería haber ocurrido. Todo nos recuerda un pasado que nos gustaría olvidar mientras construimos un nuevo Sudán”, dijo a IPS.

Sudán se clasifica en el puesto 175 entre un listado de 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2019, realizado por Reporteros Sin Fronteras, un organismo internacional de respaldo de y monitoreo de la situación de los periodistas en el mundo.

Sudán y otros países del noreste de África se sitúan entre los peores del mundo en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2019 de Reporteros Sin Fronteras. Pero también hay algunos otros del continente mejor situados que Estados Unidos o Gran Bretaña en el listado de 180 países. Crédito: RSF

Lamentablemente, Sudán está en buena compañía, ya que la libertad de prensa y el acceso a las redes sociales se encuentran bajo el asedio en un número creciente de países africanos.

En África oriental, por ejemplo, varios gobiernos, no solo Sudán, han mostrado una aversión alarmante hacia los medios de comunicación independientes.

“La situación es más alarmante en Tanzania. Hemos quedado en estado de shock al ver que Tanzania se une a países como República Centroafricana, Zimbabwe, Mauritania, República Democrática del Congo y Liberia como países con un deterioro significativo en la libertad de prensa”, dijo a IPS un experto regional en el tema,  Mathias Chiza, desde Dar es Salaam.

Tanzania aprobó en 2018 la Ley de reglamentación de comunicaciones electrónicas y contenidos en línea,  conocida como la ley de Internet, que especialistas en comunicación y libertad de expresión, como el mismo Chiza, consideran la más punitiva del continente hasta ahora, en lo relacionado con el intercambio de información digital.

La Ley exige el pago de 900 dólares para registrar un blog o sitio web de noticias, entre otras medidas para evitar la información digital. No es de extrañar que Tanzania haya caído 25 posiciones en solo un año para clasificarse en el puesto 118 entre los 180 países de la Clasificación  Mundial del RSF de este año.

Del mismo modo, existen leyes punitivas en Kenia y Nigeria que incorporan castigos penales para supuestos delitos cibernéticos.

Con ese fin, Kenia tiene la Ley sobre el uso indebido de las computadoras y los delitos cibernéticos, mientras Nigeria cuenta desde 2015 con una ley contra el ciberdelito. Ambas normas incorporan fuertes multas y largas condenas de prisión, consideradas amenazas encubiertas para periodistas, profesionales de la comunicación y ciudadanos que ejercen la infociudadania.

“Los actos de delitos cibernéticos generalmente otorgan a los gobiernos poderes para prohibir y sancionar arbitrariamente la publicación de artículos periodísticos o publicaciones en las redes sociales que no agradan a los líderes del momento”, dijo Chiza.

“África tiene una generación juvenil predominante. Los jóvenes han demostrado ser capaces de movilizarse a través de las redes sociales. Las redes sociales son el nuevo campo de batalla en la lucha por la libertad en toda África”, explica.

En 2018, la Asociación de blogueros de Kenia demandó a la Fiscalía General y a su director por las medidas de castigo incoadas con base en la criticada ley.

Esto logró la suspensión de ciertas disposiciones que parecían infringir y amenazar a la libertad de expresión, los medios de comunicación y los derechos de las personas.

En Uganda, al menos tres millones de ugandeses abandonaron Internet, según la Comisión de Comunicaciones de Uganda, tan solo tres meses después de aplicarse un impuesto especial al uso de las redes sociales.

El impuesto, basado en flujos diarios, afecta al menos a 60 plataformas en línea, incluidas Facebook, WhatsApp, Twitter.

En el noroeste de África, Mauritania ocupa el puesto 94 en la Clasificación de RSF, tras caer 22 puestos en un solo año. Desde 2018, la pena de muerte por delitos relacionados con la apostasía, como los discursos blasfemos y los actos de sacrilegio, se ha vuelto obligatoria en Mauritania incluso después de que el delincuente se haya arrepentido.

Todo esto ha garantizado que los periodistas y blogueros se mantengan alejados de ciertos temas candentes, como la corrupción, la actuación de los militares,  el Islam o la esclavitud, que todavía se practica allí.

En el puesto 178 de los 180,  Eriteria tiene el mayor número de periodistas encarcelados en África y uno de los mayores de todo el mundo, según la investigación de RSF.

En general, la libertad de prensa en 22 de los 48 países del África subsahariana se clasifica como “mala” o “muy mala”.

Pero no todo es negativo y desesperanzador en el continente.

Etiopía solía estar entre los peores clasificados en el listado anual del RSF, pero las reformas del primer ministro, Abiy Ahmed, impulsaron al país 40 puestos, para situarse en el puesto 110 de la Clasificación de 2019.

De manera similar, un cambio en el liderazgo está impulsando a una apertura en materia de libertad de expresión y de prensa en Gambia y, más modestamente, en Angola. Esa transformación colocó a Gambia en el puesto 92 de la Clasificación, al subir 30 lugares.

Aún más impresionante, Namibia se situó en el puesto 23, Ghana el 27 y Sudáfrica el 31, lo que los sitúa en el tope africano en libertad de prensa, mejor que países con buena fama al respecto, como Gran Bretaña, en el lugar 33 y Estados Unidos, en la posición 48 entre los 180 países incluidos.

Taban, en tanto, confía en que mejore la situación para los medios convencionales y digitales, así como para los periodistas y los usuarios de Internet, luego que este mismo mes se alcanzó un acuerdo para compartir el poder entre los militares y los civiles en Sudán, mientras se realizan unas elecciones democráticas en un plazo no superior a tres años.

“Todavía es demasiado pronto para decir cómo el acuerdo incidirá en el entorno de los medios de comunicación, pero hay dos cosas que son muy prometedoras, que las órdenes judiciales pueden respetarse porque fue una sentencia judicial la que restableció Internet y que tenemos liderazgos clave dispuestos a colaborar en la apertura”, dijo el joven periodista sudanés.

“Una vez que se firme el acuerdo de tres años para compartir el poder y el país se vuelva más estable y predecible, la información fluirá más fácilmente”, auguró.

T: MF

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Sierra Trahumara, un tesoro mexicano que urge proteger

6 horas 7 minutos atrás

Unas jóvenes rarámuris en el ejido de Norogachi. La transmisión a los jóvenes del conocimiento ancestral rarámuri es crucial para preserva el vínculo cercano de este pueblo con la naturaleza de la Sierra Tarahumara. Crédito: ONU Medio Ambiente

Por Corresponsal Fao
MÉXICO, Jul 17 2019 (IPS)

La tímida y elusiva nutria neotropical está ampliamente distribuida en América Latina, pero es muy difícil de avistar. Manuel Chávez y su equipo se emocionaron cuando descubrieron que un ejemplar fue captado por una de sus cámaras trampa en un río en las profundidades de los cañones de la Sierra Tarahumara, en el noroeste de México.

“Son muy buenas noticias. Durante mucho tiempo no se había reportado la presencia de esta especie en el área. Creíamos que aquí la nutria se había extinguido”, dice Chávez, coordinador de Tarahumara Sustentable, un proyecto de conservación de cinco años financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, en inglés).

Las poblaciones de la nutria neotropical, una especie indicadora de la calidad del agua, están en declive. El estudio sobre este mamífero fue parte de un esfuerzo por actualizar los datos sobre biodiversidad de la Sierra en el marco del proyecto, que se encuentra en su etapa final de implementación.

La Sierra Tarahumara, ubicada en el estado mexicano de Chihuahua, está formada por formidables barrancas y profundos cañones que albergan otras especies emblemáticas como el jaguar, el oso negro americano, la guacamaya militar, la cotorra serrana occidental o la salamandra tarahumara.

“El estudio de estas especies ayuda a evaluar la salud de los ecosistemas y representa una herramienta clave para la toma de decisiones sobre la gestión del uso del suelo”, explica Chávez.

La Sierra Tarahumara es parte de la Sierra Madre Occidental, la cordillera más larga de México y unas de las zonas más biodiversas de América del Norte. Alrededor de dos tercios de la madera en pie disponible en México se encuentra en la Sierra.

“Conocíamos la importancia de la Sierra Tarahumara en la biodiversidad de México, pero ahora tenemos más evidencia científica de ello gracias al proyecto Tarahumara Sustentable”, dice María Elena Rodarte, directora de la Región Norte y la Sierra Madre Occidental en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

La Comisión ejecutó el proyecto junto con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), con el apoyo de ONU Medio Ambiente y el respaldo financiero del GEF.

El componente científico del proyecto tiene como objetivo producir una evaluación ambiental confiable de los ecosistemas de la Sierra Tarahumara, considerando información sobre especies, cobertura vegetal, calidad del agua, cambios en el uso del suelo, degradación de los ecosistemas e indicadores socioeconómicos.

Hasta el momento se han registrado 3.271 especies de plantas, 470 de aves, 475 de invertebrados, 206 de mamíferos y 150 de reptiles.

Los indicadores basados en la abundancia de ciertas especies son útiles para evaluar la salud de los ecosistemas. Los búhos moteados, por ejemplo, ayudan a monitorear la presencia de bosques antiguos, mientras que el venado cola blanca puede proporcionar información sobre los cambios en el uso del suelo.

Barranca La Sinforosa en la Sierra Tarahumara. Crédito: ONU Medio Ambiente

Como parte del proyecto Tarahumara Sustentable, se ha implementado una plataforma de monitoreo e información con nuevos hallazgos y datos actualizados provenientes de diversas fuentes.

También se produjo una herramienta de cartografía con al menos 200 capas de información. Ambos instrumentos de acceso abierto están diseñados para orientar la toma de decisiones sobre una amplia gama de temas de conservación.

Cada árbol es importante

Al menos cuatro grupos indígenas viven en la Sierra. Los más numerosos e influyentes son los rarámuris, conocidos por sus antiguas tradiciones, su vestimenta colorida y su inquebrantable relación con la naturaleza.

María Luisa Bustillos es una líder de la comunidad rarámuri, carismática, de voz suave y con gran influencia en el ejido de Norogachi, uno de las más relevantes de la Sierra. Los ejidatarios decidieron dedicar alrededor de 100 hectáreas de su tierra a la reforestación, como parte de un proyecto piloto bajo la iniciativa Tarahumara Sustentable.

El pino es una de las especies más sembradas en los proyectos de reforestación, pero Bustillos decidió que también era conveniente plantar semillas de encino blanco, una especie endémica de México.

“Usamos este árbol para la medicina y la leña, para cocinar nuestras tortillas y, sobre todo, para preparar nuestro tesgüino (una bebida ceremonial). El encino blanco es un árbol que cuidamos mucho porque queremos que siga existiendo”, dice. “Nosotros no podemos entender por qué la gente sigue destruyendo los bosques a cualquier precio”, añade la líder indígena.

En las últimas décadas, los cambios más dramáticos en la Sierra Tarahumara y en toda la Sierra Madre Occidental tienen que ver con los bosques.

La deforestación se ha acelerado, los hábitats se han fragmentado y la densidad de los bosques se ha reducido. La tala ilegal y la producción de drogas van en aumento.

La Sierra Tarahumara está inserta en el llamado Triángulo Dorado (que comprende los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa), donde se cultiva la mayoría de las drogas traficadas por los carteles.

En el municipio Guadalupe y Calvo, donde también trabaja el proyecto, varios líderes indígenas han sido asesinados por defender los bosques. El caso más notorio es el de Isidro Baldenegro, un líder rarámuri asesinado en enero de 2017 y quien ganó el Premio Goldman por su lucha contra la tala ilegal.

“Ellos (los taladores ilegales) nos acosan continuamente, pero en nuestro ejido lo hacemos todo legalmente: cortamos árboles y los manejamos de manera sostenible, porque es la única manera de garantizar comida para nuestros niños a largo plazo”, dice Estalisnado Rubi Aguirre, presidente del ejido Caborachi, que maneja el único aserradero en la región dirigido casi en su totalidad por rarámuris.

La instalación fue certificada por el Consejo de Administración Forestal y ha sido apoyada por el proyecto.

Los municipios de Balleza, Bocoyna, Guachochi, Ocampo, y Guadalupe y Calvo fueron elegidos como sitios prioritarios para implementar proyectos piloto de reforestación, restauración de turberas, ecoturismo, gobernanza ambiental, entre otros temas.

En pequeñas parcelas productoras de maíz en Balleza, por ejemplo, los especialistas agrícolas ayudaron a los rarámuris a introducir el cultivo en líneas para maximizar el uso del agua. El resultado es menos degradación del suelo y más productividad.

“La única manera de tener éxito en la conservación de la increíble riqueza de la Sierra es garantizando la participación de las comunidades indígenas y el respeto de sus propias ideas sobre la gobernanza ambiental”, dice Manuel Chávez, coordinador del proyecto.

Bustillos está de acuerdo con Chávez. “Lo mejor de este proyecto es que, por primera vez, sentimos que nuestras voces son escuchadas, las voces de las comunidades indígenas. Porque nos corresponde a nosotros decidir si despertamos y defendemos nuestros bosques, nuestra agua, nuestra tierra y nuestro futuro. Nadie lo hará por nosotros”, asegura.

Este arículo fue originalmente publicado por ONU Medio Ambiente América Latina y el Caribe, con quien IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

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Investigación sobre horrores del EI en Iraq comienza a dar resultados

ter, 16/07/2019 - 16:24

El asesor especial de las Naciones Unidas, Karim Asad Ahmad Khan, jefe del Equipo de Investigación de la ONU para Promover la Rendición de Cuentas por los Crímenes Cometidos por Estado Islámico (UNITAD), durante su informe en una reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación de la seguridad en Iraq. Crédito: Loey Felipe/ONU

Por James Reinl
NACIONES UNIDAS, Jul 16 2019 (IPS)

La criticada lentitud en las investigaciones sobre las atrocidades cometidas en Iraq por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) por parte de un equipo especial de la ONU, parece que finalmente está cambiando.

El jefe del equipo, el abogado británico Karim Asad Ahmad Khan, informó al Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que sus investigadores están excavando fosas comunes en Iraq, hablando con testigos y que en cuestión de pocas semanas podría producirse el primer enjuiciamiento de un miembro del EI por los horrores perpetrados contra la población yazidí.

El portavoz de la Secretaria General de la ONU, Farhan Haq, dijo que Equipo de Investigación de la ONU para Promover la Rendición de Cuentas por los Crímenes Cometidos por Estado Islámico (UNITAD, en inglés) estaba poniendo las “voces de los sobrevivientes, testigos y comunidades en el corazón” de su tarea.

“Hay un llamado urgente y claro para que los miembros del EI sean responsabilizados en forma individual, y para que sus crímenes sean establecidos y enjuiciados ​​como delitos según el derecho internacional”, dijo Haq a los periodistas el lunes 15.

UNITAD fue creado por el Consejo de Seguridad en septiembre de 2017, pero ha tenido problemas para avanzar en su misión mientras los líderes mundiales lidian con el problema de los yihadistas del EI detenidos, que provienen de Iraq y Siria y docenas de otros países.

El lunes 15, Khan dijo ante el Consejo de Seguridad, durante una reunión sobre la situación de Iraq, que UNITAD había aumentado de 10 a 79 miembros este año y que los investigadores estaban logrando un progreso sólido en la obtención de justicia para las víctimas del EI.

“El personal básico, las instalaciones y las prácticas de recopilación de pruebas ya están implementadas, y el material documental, digital, testimonial y forense se está recopilando en línea con nuestra estrategia de investigación”, dijo este abogado especialista en derechos humanos al Consejo de 15 miembros entre permanentes y rotatorios.

Los investigadores de UNITAD están excavando fosas comunes en Iraq y se centran en tres grandes episodios: las atrocidades en Sinjar en agosto de 2014, la masacre de cadetes iraquíes en Tikrit en junio de 2014 y una serie de bárbaras agresiones contra pobladores de  Mosul entre 2014 y 2016, detalló Khan.

La Premio Nobel de la Paz 2018, Nadia Murad, una antigua esclava yazidí del Estado Islámico, quien se convirtió en gran defensora de la causa de las víctimas yazidíes del grupo yihadista en Iraq, durante un testimonio ante las Naciones Unidas, acompañada por la abogada especializada en derechos humanos Amal Clooney. Crédito: ONU-TV

También están reuniendo testimonios de personas de diferentes grupos étnicos y religiosos, que fueron víctimas de la crueldad perpetrada por el EI durante ataques relámpago contra sus comunidades a lo largo de 2014.

Para mejorar su desempeño, explicó Khan, los investigadores se trasladaron de instalaciones temporales y precarias a oficinas y laboratorios permanentes en Bagdad.

Además, UNITAD adquirió equipos forenses y de ADN, así como sistemas informáticos sofisticados, que permiten el almacenamiento de terabytes (millones de bytes) de datos, videos y documentos sobre las actividades del EI.

En las últimas dos semanas, los investigadores de UNITAD han recopilado unos 600.000 videos de delitos del grupo yihadista, más de 15.000 páginas de documentos internos del EI, que podrán servir como evidencia en los juicios contra sus miembros en Iraq y otros países, indicó el jefe de la el funcionario.

En dos meses más,  Khan confía en haber alcanzado un “hito importante” al brindar “apoyo tangible” en un caso específico contra un sospechoso del EI actualmente detenido. No identificó al acusado ni dónde se estaba llevando a cabo el juicio.

“Si bien se ha logrado un progreso significativo en los últimos seis meses, me gustaría subrayar que la capacidad del equipo para cumplir su mandato sigue dependiendo del apoyo continuo del consejo y la comunidad internacional”, aseguró el jefe de UNITAD.

En su apogeo, el EI controlaba una franja de Siria e Iraq que era casi del tamaño de Gran Bretaña. En marzo, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), que han contado con el respaldo intermitente de Estados Unidos, declararon la “eliminación total” del grupo luego de abandonar su última posición en la localidad oriental de Baghuz.

Actualmente,  se estima que hay unos 55.000 combatientes de EI detenidos en Iraq y Siria, muchos supuestos miembros extranjeros, pertenecientes a 50 países distintos, a los que se suman otros 11.000 familiares detenidos en el campamento de Al Hol, en el noreste de Siria.

No existe un tribunal internacional destinado a procesar las atrocidades generalizadas cometidas en el marco del autoproclamado califato del EI. Varios países europeos han enjuiciado a ciudadanos que se unieron a grupos del EI en el Medio Oriente, pero sin un enfoque sistémico y una sinergia en materia de pruebas y documentación.

Los procesamientos de sospechosos del EI por parte de las FDS y por las autoridades iraquíes han sido criticados por su parcialidad y otras deficiencias desde el punto de vista de la aplicación de justicia.

A UNITAD se le encomendó la tarea de ayudar a que los juicios en Iraq cumplan con los estándares internacionales.

La ONU ha calificado la masacre de los yazidíes  por los yihadistas del EI como un posible genocidio y los investigadores han recopilado historias horribles de abusos contra mujeres y niñas.

La causa de las víctimas yazidíes ha sido defendida por la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2018, Nadia Murad, ella misma una antigua esclava yazidí del Estado Islámico, y la abogada especializada en casos de derechos humanos Amal Clooney.

T: MF

 

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Política exterior a ocho manos y sin diplomacia en Brasil

ter, 16/07/2019 - 13:24

El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão (segundo a la derecha), durante el encuentro colectivo con los corresponsales extranjeros, en Río de Janeiro. El general retirado del Ejército representa un contrapeso a la política exterior que se impulsa desde el presidencial Palacio de Planalto y el Itamaraty, sede de la cancillería, junto con el diputado Eduardo Bolsonaro, el hijo del mandatario Jair Bolsonaro. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jul 16 2019 (IPS)

La crisis venezolana es el tema que mejor desnuda la enfrentada política externa del nuevo gobierno de Brasil, en que por lo menos cuatro autoridades intentan dictar los rumbos, marginando la diplomacia tradicional.

La solución para la crisis vendría si otro país le ofrece a Cuba el petróleo que  le suministra Venezuela,  según el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourão, un general retirado del Ejército, quien cifró ese aporte en “unos 120.000 barriles diarios”, aunque en la actualidad sería inferior, según especialistas.

Eso  permitiría la retirada de 20.000 cubanos que controlan las milicias y los servicios de inteligencia venezolanos e impiden la libre manifestación de las Fuerzas Armadas, actores determinantes en la crisis, sostuvo a corresponsales extranjeros en un diálogo el  15 de julio en Río de Janeiro.

Mourão fue agregado militar de la Embajada brasileña en Caracas entre 2002 y 2004, experiencia que le asegura autoridad en lidiar con lo que denomina “caso clásico de cómo destruir un país”, donde defiende una solución interna con elecciones libres pero no cree en “un desenlace a corto plazo”.

En consecuencia, el vicepresidente encabezó la delegación brasileña a la reunión del Grupo de Lima, foro de 14 países americanos que impulsan una salida democrática a la crisis venezolana, en Bogotá el 25 de febrero.

Mourão sustituyó al ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, tendiente a seguir las posiciones de Estados Unidos, que comprendían incluso la intervención militar en Venezuela, rechazada por los militares retirados que integran el gobierno brasileño de extrema derecha.

Observadores consideran el canciller, un fervoroso admirador del presidente estadounidense Donald Trump, “bajo tutela” de los militares por lo menos en relación al país vecino, situación que se consolidó tras el fracaso de la alternativa de Juan Guaidó, el presidente de la legislativa Asamblea Nacional venezolana.

Guaidó se autonombró presidente encargado de Venezuela, en enero, en abierto desafío a gobierno de Nicolás Maduro, y fue reconocido por algo más de 50 países, Brasil entre ellos. Pero el escenario cambió cuando el 30 de abril protagonizó un oscuro episodio, con un intento fracasado de rebelión militar y popular, con apoyo estadounidense y franca adhesión de Araújo, pero el abierto escepticismo de Mourão.

Al nombrar por afinidad ideológica al canciller Araújo, un diplomático de escasa experiencia, Bolsonaro rompió la tradición brasileña y relegó el papel de un servicio diplomático respetado en el mundo, conocido por el nombre de su sede, Itamaraty.

En otro golpe a la diplomacia, Bolsonaro anunció el 12 de julio su intención de designar a su hijo Eduardo Bolsonaro como embajador en Estados Unidos, el puesto más importante de la carrera, vacante desde fines de 2018 y usualmente encomendado a diplomáticos hábiles y veteranos.

Al parecer, el presidente esperó que el hijo cumpliera el 11 de julio 35 años, edad mínima para un embajador, para nombrar el nuevo representante ante Washington.

El diputado Eduardo Bolsonaro, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara baja del parlamento de Brasil, con una gorra a favor del presidente estadounidense Donald Trump, y quien su padre, el mandatario Jair Bolsonaro, pretende que sea el próximo embajador ante Washington, en un gesto que irrita al prestigioso cuerpo diplomático brasileño. Crédito: EBC

Diputado elegido con una votación récord de 1,8 millones de votos en São Paulo, el tercer hijo político del presidente siempre manifestó su preferencia por escenarios internacionales. Habla varias lenguas y estudió en Estados Unidos.

En la Cámara de Diputados obtuvo la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y casi siempre acompaña el padre en los viajes internacionales.

En una de esas visitas, a Chile, opinó que “el uso de la fuerza será necesario” en Venezuela, ya que Maduro, es “un criminal” y no dejará el poder pacíficamente, en una entrevista con el diario La Tercera, el 22 de marzo.

El vástago del presidente también encabeza la sucursal en América Latina de El Movimiento (The Movement), una concertación internacional de la extrema derecha, o populismo radical como lo llaman muchos, que promueve Steve Bannon, exasesor de Trump.

No sería un representante de la nación brasileña, papel de un embajador, sino un delegado personal de Bolsonaro junto a Trump, criticaron políticos, diplomáticos jubilados y analistas. También se trataría de impulsar esa internacional ultraderechista.

Eduardo Bolsonaro es el tercer miembro del poder en Brasilia, junto con su padre  presidente y el canciller, en alineamiento automático con el Estados Unidos de Trump, que encuentra en el vicepresidente un contrapunto en política exterior.

“Debemos adoptar una posición flexible y pragmática”, para “no quedarnos presos a una sola línea de acción y relacionarnos de Estado con Estado”, reiteró Mourão a los corresponsales extranjeros, tras decir lo mismo en una charla en la Fundación Getulio Vargas, institución privada de enseñanza e investigación económica, en Río de Janeiro.

Su consigna debería orientar la posición brasileña tanto en la “guerra comercial” entre Estados Unidos y China como en los conflictos existentes en Medio Oriente y otras partes del mundo, dijo.

Sus frecuentes declaraciones públicas en los primeros meses del gobierno, iniciado el 1 de enero, muchas veces contradiciendo el Bolsonaro en sus manifestaciones radicales o dañinas al interés nacional, generaron protestas de los seguidores fieles del presidente.

En el mismo enero,  Mourão desmintió la transferencia de la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, prometida por Bolsonaro a grupos de confesiones evangélicas. De hecho la mudanza no se hizo, en parte por presiones de productores de carne, especialmente de pollo, que temen perder sus exportaciones a países árabes.

El vicepresidente también se puso en contra de la ampliación del porte de armas en manos de civiles, que el presidente intentó promover con decretos rechazados por el legislativo Congreso Nacional o el Supremo Tribunal Federal.

Además dijo que le toca a las mujeres decidir sobre el aborto, provocando la ira de los religiosos fundamentalistas que constituyen una sólida base electoral de Bolsonaro.

“Traidor” fue como los bolsonaristas, incluso parlamentarios, calificaron a Mourão en mensajes que proliferan en medios digitales. No faltaron quienes veían en las manifestaciones del vicepresidente una conspiración para destituir al titular y alzarse a la presidencia.

En las últimas semanas Mourão redujo su presencia en los medios de comunicación, cumpliendo un pedido público del mismo Bolsonaro. Rompió su silencio en el encuentro con los corresponsales en Río de Janeiro.

“Mi rol es ayudar al presidente en comunicación con grupos que él mismo no puede alcanzar, como parlamentarios de oposición”, definió.

Pero es en política exterior que sus funciones cobran relieve, incluso por las visiones  sesgadas de sus “competidores” en esa área, el canciller religioso y “antiglobalista”, el diputado Bolsonaro, activista del Movimiento de Bannon, y el presidente alineado con gobiernos ultraderechistas como los de Hungría, Israel, Italia y Polonia.

Mourão visitó China en mayo, donde trató de reactivar la Comisión Sino-brasileña de Alto Nivel de Concertación y Cooperación (Cosban), negoció la reanudación de las importaciones chinas de carnes de algunos frigoríficos brasileños antes descalificados.

La misión también despejó desconfianzas chinas en relación al gobierno de Bolsonaro, que durante la campaña electoral hizo duras críticas a China, acusándola de pretender “comprar el país” en lugar de sus productos, y visitó Taiwan.

China “no puede admitir inestabilidad social” al tener 1.400 millones de habitantes y es un mercado creciente para alimentos brasileños, destacó Mourão. El comercio bilateral alcanzó 98.900 millones de dólares en 2018, con superávit brasileño de 29.500 millones de dólares.

El problema es un intercambio totalmente asimétrico. Brasil exporta casi solo minerales, petróleo y soja, mientras importa principalmente bienes industriales y tecnológicos de China.

A Mourão le toca también restablecer comisiones bilaterales con Rusia y otros países, como Nigeria.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El hambre afecta a 42,5 millones de latinoamericanos

seg, 15/07/2019 - 16:30

El director general de la FAO, José Graziano da Silva, participa el lunes 15 desde Roma en el lanzamiento conjunto de cinco agencias de las Naciones Unidas del informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019”. Crédito: FAO

Por Corresponsal Fao
SANTIAGO, Jul 15 2019 (IPS)

El hambre está creciendo en América Latina y el Caribe, y en 2018 llegó a afectar a 42,5 millones de personas, 6,5 por ciento de la población regional, según el nuevo informe conjunto de Naciones Unidas, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019.

Según el informe presentado este lunes 15 por FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS, en los últimos cinco años (2014-2018), la subalimentación ha aumentado a nivel mundial, principalmente debido a los incrementos de África y, en menor medida, de América Latina.

En América Latina y el Caribe, las tasas de subalimentación han aumentado en los últimos años, en gran parte como consecuencia de la situación en América del Sur, donde el porcentaje de personas con hambre aumentó de 4,6 por cieno en 2013 a 5,5 por ciento en 2018.

América del Sur alberga la mayoría (55 por ciento) de las personas subalimentadas de la región, y el aumento observado en los últimos años se debe sobre todo al deterioro de la seguridad alimentaria en Venezuela, donde la prevalencia de la subalimentación aumentó casi cuatro veces, de 6,4 por ciento en 2012-2014 a 21,2 por ciento en 2016-2018.

El aumento significativo del hambre en Venezuela en los últimos años coincide con el período de recesión del país, cuando la inflación alcanzó aproximadamente un 10 millón por ciento y el crecimiento del producto interno bruto (PIB) real empeoró, pasando de –3,9 por ciento en 2014 a un estimado de –25 por ciento en 2018.

En contraste, el porcentaje de subalimentación en América Central (6,1 por ciento) y el Caribe (18,4 por ciento), han estado disminuyendo desde 2013, a pesar de ser más alto que en América del Sur (5,5 por ciento).

“Durante los primeros 15 años de este siglo, América Latina y el Caribe redujo la subalimentación a la mitad. Pero desde 2014 el hambre ha ido aumentando”, dijo el representante regional de la FAO (Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura), Julio Berdegué.

“Tenemos que rescatar, en promedio, a más de 3,5 millones de personas del hambre cada año desde ahora hasta 2030 si queremos alcanzar la meta de hambre cero del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2”, agregó.

Ralentización económica, aumento de la pobreza y desigualdad

El aumento en el hambre está estrechamente relacionado con la desaceleración económica general de la región. Las caídas en los precios de los productos básicos desde 2011 llevaron a un deterioro en las finanzas públicas de muchos países dependientes de la exportación de productos básicos en América Latina y el Caribe.

La tasa de desempleo urbano alcanzó 8,9 por ciento, en 2016, lo que representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales desde 2015. La disminución del PIB y el aumento del desempleo resultaron en ingresos más bajos para los hogares.

Después de varios años de marcadas reducciones en la pobreza, el número de personas pobres aumentó de 166 millones a 175 millones entre 2013 y 2015, aumentando de 28,1 por ciento a 29,2 por ciento de la población.

Una nueva medida de la inseguridad alimentaria

El informe SOFI (su sigla en inglés) de este año incluye una nueva forma de medir el avance hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2.1: la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave y la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave, indicadores basados en la Escala de experiencias de inseguridad alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés).

Si bien la prevalencia de la subalimentación (hambre) es el indicador tradicional de la FAO utilizado para medir el hambre a nivel mundial y regional, la escala FIES se basa en datos obtenidos al preguntar directamente a las personas, a través de encuestas, sobre su seguridad alimentaria y su acceso a los alimentos.

Según la FIES, 9 por ciento de la población latinoamericana (solo América del Sur y Central, ya que no hay datos disponibles para el Caribe) sufrió grave inseguridad alimentaria en 2018, mientras que 21,9 por ciento sufrió una inseguridad alimentaria moderada.

La tasa de inseguridad alimentaria severa alcanzó 10,6 por ciento para América Central y  8,3 por ciento para América del Sur. La inseguridad alimentaria moderada afectó a 20,9 por ciento de los centroamericanos en 2018 y a 22,3 por ciento de los sudamericanos.

Desnutrición crónica, aguda, sobrepeso y obesidad

Actualmente, según el informe SOFI, cuatro millones de niños menores de 5 años sufren sobrepeso (7,5 por ciento del total), 700.000 sufren desnutrición aguda (1,3 por ciento) y 4,8 millones sufren retraso en el crecimiento o desnutrición crónica (nueve por ciento).

Para los adultos la situación es aún más grave en términos de obesidad y sobrepeso. “Hoy, por cada persona que sufre hambre, más de seis personas sufren sobrepeso”, dijo Berdegué, llamando a un gran impulso regional contra todas las formas de malnutrición.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

RV: EG

El artículo El hambre afecta a 42,5 millones de latinoamericanos fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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El invierno agrava el drama de la pobreza extrema en Buenos Aires

seg, 15/07/2019 - 14:12

Durante una noche de frío polar en Argentina, personas necesitadas cenan caliente en la Plaza de Mayo, el principal espacio público de Buenos Aires, con la Casa Rosada, sede del gobierno, de telón de fondo. También reciben ropa de abrigo donada. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Jul 15 2019 (IPS)

En las penumbras de una noche helada, la inmensa Plaza de Mayo parece vacía. Pero sobre uno de los costados, cientos de personas se agolpan frente a mesas en las que se reparten ropa de abrigo y comida caliente. Son los necesitados de la capital de Argentina, cada vez más numerosos y sometidos a una situación más dramática con la llegada del invierno.

“La mitad de quienes vienen aquí, aproximadamente, vive en la calle. Hay familias enteras que necesitan comer; en algunos casos se nota que no están acostumbrados y sienten vergüenza de su situación”, contó a IPS un empleado de un bufete jurídico, Eduardo Alemán, quien lleva años en tareas solidarias.

“Esto es más que una olla comunitaria. Aquí les damos un abrazo y ponemos mesas para que la gente se conozca y este sea también un espacio de dignidad”, agregó Alemán, mientras organizaba a los voluntarios que no paraban de llegar a la plaza principal de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, sede del gobierno.“Las muertes de la gente que duerme en la calle se producen cuando las temperaturas bajan de 4 o 5 grados (centígrados). Esta vez tuvimos cinco muertes en pocos días en distintos lugares del país y entonces decidimos hacer ruido en los medios para que todo el mundo se movilizara”: IPS Juan Carr.

Argentina vive una brutal crisis económica que desde el año ha hecho aumentar la pobreza y la desocupación y ha triturado el poder de compra de los trabajadores informales, debido a una tasa de inflación superior a 50 por ciento anual.

Para ver las consecuencias solo hay que caminar por las calles de Buenos Aires. Hoy es común lo que antes era esporádico: encontrar gente durmiendo en los ingresos de los edificios públicos o de bancos, en las estaciones de metro o simplemente en las aceras.

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires admite un crecimiento, pero mínimo: dice que un relevamiento de abril pasado arrojó que hay 1.146 personas en situación de calle, contra 1.091 que había en 2018 y 1.066 de 2017.

En cambio, un censo realizado por más de 30 organizaciones de la sociedad civil junto al Ministerio Público de la Defensa de la ciudad y otros organismos públicos independientes, difundido a comienzos de de julio, reveló que hay 7.251 personas viviendo en las calles.

Las mismas organizaciones habían realizado en 2017 un relevamiento similar, en el que participan cientos de voluntarios, que durante cuatro jornadas recorren la ciudad desde que cae la noche hasta la madrugada. Aquella vez el número final fue sensiblemente menor: 4.413 personas.

“El gobierno de la ciudad simplemente sale un día y cuenta a los que encuentra. Para hacer un trabajo serio necesita el compromiso de muchas personas, como en el censo que hicimos nosotros”, dijo a IPS el defensor general de la Ciudad Autónoma, Horacio Corti.

Corti agregó que “más allá de lo cuantitativo, aquí hay niños, niñas, adolescentes, ancianos. Para hacer una política pública hay que contar de verdad, entender que son personas e indagar por qué están en la calle”.

La Defensoría fue promotora del caso en el que, en febrero, la Corte Suprema de Justicia argentina reconoció el derecho a la vivienda digna.

Juan Carr, fundador de la Red Solidaria, con la que asiste a personas en extrema pobreza en Argentina hace más de 20 años, en la Plaza de Mayo. Su llamado de atención luego de cinco muertes de personas sin techo en Argentina durante una ola de frío posibilitó que River Plate y otros clubes deportivos abrieran sus puertas e invitaran a dormir a la gente sin hogar. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Fue a raíz reclamo de una mujer que vivía con sus dos hijos en una casa de un asentamiento precario de Buenos Aires que fue destruida por un incendio. A pesar de ello, la realidad de muchas personas es distinta.

A comienzos de julio, una ola de frío polar golpeó buena parte del país, la primera del invierno austral argentino. En pocos días murió en Buenos Aires una persona que dormía en la calle y otras cuatro en distintas ciudades.

Entonces River Plate y otros clubes deportivos de la capital abrieron sus puertas para dar comida caliente y un lugar donde pasar la noche a los sin techo y otros necesitados.

En la primera jornada llegaron al estadio de fútbol del River 242 personas, de las cuales 113 se quedaron a dormir en un espacioso salón, bajo una de las tribunas del célebre estadio donde se jugó la final de la Copa Mundial de Fútbol en 1978. Al día siguiente hubo 340 asistentes y 140 pasaron la noche.

Uno de los que estuvo esas dos noches fue Carlos Daniel Rúa, un hombre de 55 años que llevaba entonces solo 10 días sin techo, durmiendo en trenes o en ómnibus para guarecerse del frío del invierno austral.

“Yo vivía en una pieza (habitación)  en Ituzaingó (al oeste de Buenos Aires), pero me echaron porque debo cinco meses de alquiler. Ando con lo que tengo puesto; el dueño se quedó con todas mis pertenencias hasta que le pague”, le contó a IPS mientras se fumaba un cigarrillo en las afueras del imponente estadio.

La historia de Rúa es la de mucha gente en el último tiempo. “Yo trabajaba en una pequeña fábrica de válvulas para lavarropas. El propietario estuvo cinco meses sin pagarnos el sueldo, hasta que un día cerró la fábrica y desapareció, sin pagarnos indemnización”, relató.

El contexto del empobrecimiento

Esa realidad es producto de una caída de la actividad económica que, según datos oficiales, en el primer cuatrimestre de este año fue de 4,6 por ciento con respecto al mismo período del año pasado. De acuerdo a estimaciones privadas, cada día están cerrando unas 25 pequeñas y medianas empresas (de hasta 200 empleados) en todo el país.

En este país del Cono Sur americano y una potencia agrícola mundial, con 44 millones de personas, según las últimas cifras oficiales correspondientes a 2018, hay 14 millones de pobres, de los cuales 2,7 millones son indigentes que no logran cubrir sus necesidades alimentarias.

Algunos acogidos en las tribunas del mayor estadio de fútbol argentino, el River Plate, alargan la sobremesa tras cenar caliente, antes de dormir en sus instalaciones, dentro del aporte solidario de los clubes deportivos de Buenos Aires para apoyar a la población sin techo ante la primera ola de frío del invierno austral. Crédito: Daniel Gutman/IPS

En 2018, se agregaron 2.650.000 nuevos pobres en la cuarta economía latinoamericana, como consecuencia  de la devaluación en más de 100 por ciento de la moneda local, el peso, y una inflación que superó 50 por ciento anual.

La crisis de 2018, provocada por falta de financiamiento, llevó al gobierno del centroderechista Mauricio Macri a buscar un programa de rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya desembolsó 44.000 de 56.000  millones previstos, en contrapartida a un severo programa de ajuste fiscal.

Pese a ello, este año,  la inflación continuó muy elevada, en un contexto de congelamiento de programas sociales y de salarios estancados, por lo que se espera que el índice de pobreza correspondiente al primer semestre de 2019 sea superior al de 2018.

Las mayores victimas

La situación hace mucho más dura la vida de quienes, acostumbrados a la pobreza, dependen de “changas”, como llaman los argentinos a las tareas ocasionales e informales. Diana, una mujer que prefirió no dar su apellido, contó que ya dejó de buscar trabajo.

“Me dijeron que como me faltan dientes es muy difícil que me den algo; que hace falta buena presencia”, explicó a IPS mientras se preparaba para pasar la noche bajo la tribuna de River.

Había llegado a Buenos Aires desde el suburbio de José León Suárez, para buscar objetos de valor entre los residuos de los barrios de clase media, y la apertura del club le permitió no volver a su casa y ahorrar el dinero del transporte.

En la segunda semana de julio, el frío dio una tregua en Buenos Aires y la temperaturas comenzaron a ubicarse por encima de los 10 grados. Organizaciones solidarias comenzaron a prepararse entonces para la siguiente ola de frío intenso.

“Las muertes de la gente que duerme en la calle se producen cuando las temperaturas bajan de 4 o 5 grados (centígrados). Esta vez tuvimos cinco muertes en pocos días en distintos lugares del país y entonces decidimos hacer ruido en los medios para que todo el mundo se movilizara”, contó a IPS Juan Carr, fundador de la Red Solidaria.

Carr, cuya fundación opera hace 20 años, fue quien invitó a River y al resto de los clubes deportivos a abrir sus puertas en las noches de frío más intenso.

“Los clubes tuvieron una respuesta fabulosa, igual que mucha gente común. El teléfono de Buenos Aires en el que se reciben las denuncias de que hay personas en la calle que necesitan ayuda pasó de 1.000 llamadas diarias a 3.000 en la primera semana de julio”, dijo.

Carr dice que no tiene cifras propias de personas sin techo, aunque no las considera lo más importante. “No es el momento de discutir números, sino de atender un estado de necesidad que es extraordinario”, explicó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Migrar por México, más peligroso para los niños

sex, 12/07/2019 - 13:10

Una madre migrante hondureña con sus hijos descansa a la orilla de una carretera, en Tapachula, en el estado de Chiapas, en la frontera sur de México. Crédito: Ximena Natera/Pie de Página

Por María Fernanda Ruiz
MÉXICO, Jul 12 2019 (IPS)

Las nuevas políticas migratorias en México vulneran aún más a la población migrante infantil que cruza por el país. El Estado carece de una metodología para medir de forma eficaz las violencias que enfrentan los niños y niñas en su paso por el territorio mexicano.

No existen cifras exactas sobre cuántos niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes pasan por México; esta carencia de cifras genera problemas para conocer los niveles de vulnerabilidad y violencias a las que se enfrentan en su camino.

Aun así, la presencia de traficantes, cárteles, secuestradores y extorsionadores dejan en claro que migrar por México es de alto riesgo para menores.

“Es un problema el registro de cuántas personas migran por México, sobre todo porque la cifra oficial se basa en eventos de personas detenidas por autoridades migratorias pero son eventos, no personas”, explica Rosalba Rivera, gestora de casos de niñez migrante del no gubernamental Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

“Una misma persona que fue detenida, deportada y luego regresó a México se vuelve a contar en la estadística anual”, detalla sobre la estadística migratoria construida a partir de los registros administrativos del gubernamental Instituto Nacional de Migración (INM).

El INM maneja la cifra de 8.569 niños, niñas y adolescentes migrantes que pasaron por México en lo que va del 2019 pero conocer la cifra real hasta ahora ha sido imposible, y conocer cuántos de ellos han sufrido violencia, todavía más.

Esto, explica Rivera, se debe a que no hay forma de medir esas cifras, ya que ninguna autoridad en la frontera revisa quién entra de manera irregular.

Las personas que han sido víctimas de violencia tampoco denuncian, por lo mismo de que están de manera irregular y por el miedo a no querer ser deportados, tampoco tenemos evidencias para asegurar cuántos niños han sido víctimas de violencia, añade la gestora.

-¿Cuáles son las consecuencias de no tener estas cifras?

“Una consecuencia en macro sigue siendo la impunidad con las bandas de tráfico, de trata, de extorsionadores. Otra consecuencia es en la vida de las personas, para los niños son experiencias que pueden ser traumáticas para el resto de su vida”, cuenta Rivera.

El Estado mexicano a través del Sistema Integral de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes asumió el compromiso de establecer una base de datos de niños migrantes, las condiciones en las que viajan, si han sido víctimas, pero no es algo que se esté llevando a cabo.

“Es muy difícil, tendría que haber un cruce de muchas instituciones que estén coordinadas en salvaguardar los derechos de los migrantes, una intención coordinada de parte de las instituciones de diferentes sectores para hacer una base de datos conjunta para la que se requerirían metodologías de recaudación de datos: ir a las casas de migrantes para saber cómo están, qué condiciones tienen”, ejemplifica Rivera.

El Comité de los Derechos del Niño de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados en México, exhortó al Estado mexicano a recolectar datos desagregados para conocer e identificar casos de NNA migrantes, refugiados y desplazados.

“Las estadísticas permitirían diseñar esquemas de alerta temprana para resolución de conflictos; para detectar qué entornos presentan niveles de riesgos más altos y para asignar recursos de manera más eficiente para la implementación de atención a la violencia”, contó Christian Skoog representante de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) en México.

Skoog pidió, durante la presentación del informe: “Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en México”, poder contar con registros de la situación de niños sin cuidados parentales en situación de migración.

Rivera señala las violencias que viven los menores al pasar por el país:

Los que vienen acompañados son los que viven violencias de las más graves: extorsiones, secuestros, discriminación y xenofobia; los niños no acompañados llegan con la idea de que en la frontera norte (con Estados Unidos) van a pasar si sirven a las bandas de tráfico de drogas a cruzar en mochilas droga, indica.

Incluso les pagan para que convenzan a otros adolescentes a trabajar con ellos. Como entran al tráfico de drogas también tienen el riesgo de consumo, ya les pagan con droga o con dosis y pueden tener problemas de adicción que no tenían, añade la especialista.

Otra de las violencias es que al llegar a México, al no tener CURP  (clave única de registro de población) ni estar dentro del sistema, no pueden acceder a servicios de salud, becas, programas sociales de gobierno y se enfrentan a violencia estructural que los excluye.

Los cambios recientes en la política migratoria, además, conllevan más detenciones y con eso nuevos riesgos.

“El tema de la política migratoria ha puesto más acento en la detención, estar hacinados en las estaciones migratorias sin una certeza de cuánto tiempo van a estar ahí, sin una certeza de sus derechos, con la incertidumbre de estar en un lugar desconocido en zonas prácticamente carcelarias para los niños es una violencia muy fuerte que marca sus vidas”, apunta Rivera.

Para la gestora de Imumi actualmente el riesgo para los menores es alto porque la vigilancia de la Guardia Nacional ha hecho que recorran caminos más complejos o que sigan a traficantes por zonas más riesgosas donde no hay organizaciones que estén cerca por si necesitan acompañamiento.

“El riesgo es que los traficantes ahora tengan un negocio más gordo. Incrementa el negocio para ellos e incrementan los riesgos para las personas, sobretodo para los niños”, reflexiona.

Antes que migrantes son niños 

En el nuevo contexto de México respecto a la migración, para Rivera la seguridad de los NNA migrantes deberá ser una responsabilidad mucho más seria para el Estado mexicano y para las organizaciones.

“A México le va a tocar brindar la protección que anteriormente Estados Unidos  brindaba, aunque no en el discurso, ya que los niños lograban pasar, había muchas opciones con las que Estados Unidos les daba seguridad”, asegura.

“Ahora como va a ser más difícil que los niños se quedarán en México. Ver si lo que se necesitan son programas para conseguir autonomía o familias de acogida no solamente pensar en la opción a corto plazo de tener albergues”, añade.

Imumi señala la urgencia de que no existan niños, niñas ni adolescentes en detención, porque ven que la tendencia de la nueva política va por esos caminos lo que los pone en situaciones deplorables, además de violar la ley mexicana y los acuerdos internacionales que ha firmado.

“La detención de niños es de las violencias más grandes y de las consecuencias más fuertes”, advierte Rivera.

Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

El artículo Migrar por México, más peligroso para los niños fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Los solicitantes de asilo, los olvidados de Australia

sex, 12/07/2019 - 12:11

Por Charlotte Munns
NACIONES UNIDAS, Jul 12 2019 (IPS)

A medida que el enfoque de la política de Australia se aleja de las normas sobre el trato a los refugiados y solicitantes de asilo, su gobierno conservador evita la responsabilidad por actuaciones calificadas de contrarias a los derechos humanos y que infringen leyes internacionales.

Organizaciones humanitarias consideran que se vulneran derechos humanos básicos con el confinamiento por el gobierno de Canberra de las personas solicitantes de asilo en centros extraterritoriales situados en las islas de Nauru y Manus, la mayoría desde hace largo tiempo.

Pero el escrutinio público ha caído todavía más desde que en las elecciones federales del 18 de mayo triunfo la coalición Liberal-Nacional del derechista primer ministro Scott Morrison, lo que se teme que ahondará la línea dura con los solicitantes de asilo, para seguir disuadiéndolos de que miren a Australia como un país de refugio.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la de salud física y mental, Danius Pūras, emitió un informe el 2 de abril en que destacó las condiciones extremadamente precarias en que viven las personas detenidas en las dos islas.

“Muchos sufren de enfermedades físicas y mentales, que parecen haber sido causadas y exacerbadas por su confinamiento prolongado e indefinido”, destacó, antes de indicar que “hay múltiples informes de autolesiones e intentos de suicidio”.

Pūras también subrayó la existencia de informes de huesos rotos sin soldar y que no se habían tratado, acceso deficiente a la atención médica, falta de especialistas y servicios de asesoramiento sobre tortura y trauma en las instalaciones en alta mar.

La situación es particularmente precaria en Manus, una lejana isla perteneciente a Papúa Nueva Guinea, situado al norte de Australia, aunque también es dramática en Nauru, una pequeña isla de fosfato situada al sur de las islas Marshall.

El informe fue la conclusión de años de investigación y monitoreo de organizaciones internacionales, tanto de las Naciones Unidas como grupos humanitarios como Amnistía Internacional.

El 19 de julio de 2013, el entonces primer ministro, Kevin Rudd, anunció que a partir de ese día no se resolvería dentro del país ninguna demanda de asilo de personas que llegasen a Australia sin el correspondiente visado.

Según esa política, más tarde denominada “Operación Fronteras Soberanas”, todos los solicitantes de deben ser llevados a centros de detención en las islas de Manus o en Nauru, y los detalles sobre los barcos en que llegan al país o son transportados a los centros de detención no son públicos.

Esa línea extremadamente dura se presentó como una respuesta al aumento en el número de llegadas de embarcaciones al país con refugiados que solicitaban asilo una vez en territorio australiano. En 2008 llegaron al país 161 personas de esa forma, mientras que para 2012 el número alcanzó a 17.202.

El gobierno australiano adoptó el eslogan “Stop the Boats” (detengan los barcos) como parte de su campaña para promover a nivel nacional e internacional que el país no asentaría a quienes solicitasen asilo dentro de sus fronteras.

El cineasta australiano Simon Kurian, director del documental Stop the Boats, realizado en 2018, dijo a IPS, que “en esa forma comenzó la  demonización de las personas que buscan asilo en Australia, especialmente por mar”.

“A partir de ese momento, comenzó la asquerosa tergiversación en la información sobre las personas que buscaban asilo; debajo había un sentimiento de mucho racismo que los políticos utilizaron para imponer su política anti refugiados”, planteó Kurian desde Sidney.

Con el tiempo, los dos partidos principales adoptaron la retórica de Stop the Boats, ya que esta campaña se transformó en un movimiento para captar adeptos y votos. Desde su concepción, el enfoque de línea dura ha gozado de mayoritario apoyo entre los algo más de 25 millones de habitantes de la isla-continente del sur del Pacífico.

En 2014, había un respaldo de 42 por ciento de los electores australianos hacia la línea dura contra la llegada de extranjeros para solicitar asilo y tres años después el apoyo había subido a 48 por ciento de personas con derecho a votar, según encuestas del Instituto Lowy, un centro de estudios australiano.

Además, la política anti refugiados ha sido exitosa en detener el flujo de barcos en llegar al país. En 2017 según cifras oficiales tan solo 50 personas llegaron en forma irregular mediante embarcaciones, pero todas fueron devueltas a sus países de origen.

“El procesamiento en el extranjero, tal como lo ejecuta el gobierno australiano, puede haber servido a sus intereses nacionales mejor que el actual sistema de protección internacional, pero sigue violando la Convención (de refugiados) de la que Australia es signataria”, dijo el Instituto Lowy.

Si bien la política ha tenido éxito en el logro de sus objetivos y en la respuesta a la opinión pública, las condiciones en las que se llevó a cabo es objeto de profundas críticas.

Muchas organizaciones internacionales y también locales han subrayado que Australia viola la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, vigente desde 1951, y de la que Australia es país signatario.

“Todos los principios fundamentales que sustentan la Convención de la que Australia es signataria fundadora están violados por las políticas de Stop the Boats y la operación de Frontera Soberana”, dijo Kurian.

Lo peor, a su juicio, es que el gobierno comete estas violaciones “haciéndolo todo a sabiendas, con intención, sin escrúpulos  y sin represalias ni consecuencias reales”.

En 2013, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) criticó a los centros de detención en alta mar como “por debajo de los mínimos estándares internacionales para la recepción y el tratamiento de solicitantes de asilo”.

El periódico británico The Guardian lanzó en 2016 Los Archivos de Nauru, en que reveló más de 2.000 informes sobre incidentes en ese centro de detención, entre ellos casos de autolesiones, agresiones sexuales, abusos de diferente tipo y heridas y lesiones contra los retenidos.

El manejo de los centros de detención está envuelto en el secreto por las autoridades australianas, pero pese a ello hay gran cantidad de informes como estos que generan gran alarma y preocupación entre los organismos y activistas humanitarios.

El gobierno australiano restringe la información sobre las llegadas de embarcaciones, la situación en los centros extraterritoriales de detención, mientras impide el acceso de los periodistas a las instalaciones o las entrevistas con los detenidos.

Para poder obtener imágenes para su documental, Kurian se vio obligado a filmar en secreto.

El gobierno australiano deslinda toda responsabilidad sobre la situación de los dos centros, repitiendo que ella corresponde a las autoridades de Papúa Nueva Guinea y Nauru.

Ayuda en su estrategia que el secreto y la preocupación por la situación de los detenidos por “el crimen” de intentar ser tratados como refugiados se benefician del desinterés creciente de la opinión pública nacional e internacional, pese a que en Manus y Nauru sigan confinados cientos de hombres, la mayoría afganos e iraníes.

El traslado de la mayoría de las mujeres y los niños centros comunitarios dentro del país, el componente emocional de la campaña para cerrar los dos centros extraterritoriales o al menos mejorar las condiciones de detención se  fue debilitando.

Como resultado, la política de refugiados tuvo un papel marginal en la campaña de las elecciones federales de mayo. “Los problemas sobre el cambio climático, la vivienda, los impuestos se convirtieron en el foco de los debates antes y durante la campaña. Ninguno de los partidos o los políticos en contienda tocaron el tema de los refugiados”, dijo Kurian.

Esa situación permitió al gobierno obviar la rendición de cuentas de sus niveles de cumplimiento de la Convención sobre refugiados, evadir la realización de una investigación sobre las reiteradas denuncias de la violación de derechos humanos en Manus y Nauru, y detener las críticas públicas.

“Los 600 hombres que permanecen en Manus están olvidados e igual sucede con los de Nauru”, resumió Kurian.

T: MF

El artículo Los solicitantes de asilo, los olvidados de Australia fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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La pobreza se extiende por todas partes, pero de forma muy desigual

qui, 11/07/2019 - 17:22

Niños acuden al reparto de comida diaria en una zona pobre de Ecuador. Crédito: Jamie Martin/ Banco Mundial

Por Corresponsal Fao
NACIONES UNIDAS, Jul 11 2019 (IPS)

El Índice de Pobreza Multidimensional de 2019 revela la profunda desigualdad que existe en el reparto de ese flagelo en el mundo, tanto entre los distintos países y regiones del mundo, como en el interior de los países.

El informe, dado a conocer este jueves 11, mira más allá del ingreso monetario y muestra cómo la pobreza es la experiencia de enfrentar carencias múltiples y simultáneas, tales como la falta de acceso a los servicios de salud, a un trabajo digno o la exposición a la violencia, destaca que el concepto tradicional de pobreza resulta obsoleto.

Los nuevos datos demuestran con mayor claridad que nunca que etiquetar a los países, incluso a los hogares, como ricos y pobres conlleva una simplificación excesiva.

“Para combatir la pobreza necesitamos saber dónde viven las personas pobres. No están distribuidas uniformemente en cada país, ni siquiera dentro los hogares”, explica el administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner.

A su juicio, el Índice “ofrece la información detallada que necesitan los responsables políticos para elaborar políticas mejor dirigidas y más efectivas”.

El documento confirma los datos del año pasado acerca de que, en 101 países estudiados, 1.300 millones de personas viven en la pobreza multidimensional, un 23,1% de su población. Unos 886 millones lo hacen en países de renta media y 440 en los de renta baja.

“Esto muestra que el desafío de reducir la pobreza multidimensional no se limita a los países de bajos ingresos”, asegura el informe, que afirma que “la pobreza está en todas partes”.

África subsahariana y Asia del sur, las regiones con más pobres

No obstante, el África subsahariana y el sur de Asia albergan la mayor proporción de pobres, alrededor de 84,5%.

Pobreza en Juba, Sudán del Sur. Crédito: Andrea Campeanu/Unicef

Dentro de estas regiones, el nivel de desigualdad se describe como “enorme” ya que, en África, la pobreza varía entre 6,3% en Sudáfrica y 91,9% en Sudán del Sur, mientras que en el sur de Asia es de 0,8% en Maldivas frente a 55,9% de Afganistán.

Además, muchos de los países estudiados en el informe muestran “grandes” niveles de desigualdad interna: en Uganda, por ejemplo, la incidencia de la pobreza multidimensional en las diferentes provincias varía desde 6,0% en Kampala hasta 96,3 por ciento en Karamoja.

La desigualdad en el reparto de la pobreza multidimensional también alcanza a la edad ya que la mitad de los 1.300 millones de pobres en esta categoría son menores de 18 años y un tercio, son niños menores de 10 años.

La gran mayoría de estos niños, alrededor de 85 %, vive en el sur de Asia y en el África subsahariana, divididos a partes iguales entre las dos regiones. El panorama es particularmente grave en Burkina Faso, Chad, Etiopía, Níger y Sudán del Sur, donde 90% o más de los niños menores de 10 años, se consideran pobres multidimensionalmente.

El caso de Perú

Pero los nuevos datos también muestran una tendencia positiva: los más rezagados son los que más rápido están progresando.

El estudio examina cada año el caso 10 países para observar los patrones de las políticas de reducción de la pobreza, el Objetivo número 1 de los 17 que componen la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

“Estudiamos los datos de un grupo de 10 países de renta media y baja y obtuvimos resultados esperanzadores, ya que el 40 % más pobre de la población ha avanzado más rápido que el resto”, señala Sabina Alkire, quien dirige la preparación del Índice.

“Una tendencia en favor de los pobres que reduce las desigualdades en varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, añade.

Los datos de estos 10 países señalan que 270 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional en el tiempo transcurrido entre las dos encuestas comparadas.

De la región de América Latina, el informe de este año observa la situación de Perú, país en la categoría de ingresos medios altos y destaca que, junto con India y Etiopía, ha logrado reducir significativamente los niveles de privación en los diez indicadores que componen el Índice.

Perú ha hecho avances especialmente en el acceso a la energía limpia, la electricidad y la vivienda, menciona el informe. Además, la reducción de la pobreza en las zonas rurales del Perú superó a la de las zonas urbanas contrario a la tendencia en el continente.

500 millones más de pobres

El Índice también muestra cada año la incidencia de la pobreza multidimensional en el mundo.

El experto del PNUD, Pedro Conceição, explica que cuando la pobreza se mide en todas sus dimensiones “encontramos que unos 500 millones de personas más se añaden a la lista de pobreza extrema” frente a la medición más clásica que solo tienen en cuenta el nivel de ingresos.

“Esto nos da una imagen mucho más completa, así como indicaciones para saber hacia dónde apuntar las políticas públicas para abordar las privaciones de la gente: ¿es más en salud?, ¿en educación? o en otros aspectos que pueden permitir a las personas salir de la pobreza si se hacen inversiones en esos apartados”, comenta.

Este artículo fue publicado originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para el uso de sus contenidos.

RV: EG

El artículo La pobreza se extiende por todas partes, pero de forma muy desigual fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Prejuicio y discriminación, los males no curados de la lepra

qui, 11/07/2019 - 12:21

El presidente de la Fundación Nipona, Yohei Sasakawa, y Socorro Gross, representante en Brasil de Organización Panamericana de Salud, durante la rueda de prensa en Brasilia con que concluyó su visita al país de 10 días el líder japonés en el combate al mal de Hansen, quien es también embajador de buena voluntad de la Organización Mundial de Salud para el control y la eliminación de la lepra. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
BRASILIA, Jul 11 2019 (IPS)

“El equipo de la ambulancia se negó a transportar a mi amigo enfermo al hospital, porque mucho antes él había tenido hanseníasis”, contó Yohei Sasakawa, presidente de la Fundación Nipona, en uno de los encuentros durante su visita a Brasil, entre el 1 y el 10 de julio.

El amigo estaba totalmente curado y no se le veían secuelas, pero en una ciudad pequeña todos saben la vida de los vecinos, acotó.

El hecho no ocurrió en un país pobre, sino en el estado de Texas, en Estados Unidos, hace solo unos 50 años, destacó Sasakawa para subrayar los daños de la discriminación que sufren los enfermos del mal de Hansen, popularmente conocido como lepra, al igual que los que ya se curaron de la enfermedad infecciosa y sus familiares.

“La enfermedad es curable, sus daños sociales no”, realzó durante el encuentro con el diputado Helder Salomão, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para pedirle apoyo a la lucha contra la hanseníasis, la denominación médica oficial para la enfermedad en Brasil, donde se ha eliminado el uso del término lepra, por la carga de estereotipos que conlleva.

El punto culminante de la misión de Sasakawa, también embajador de buena voluntad de la Organización Mundial de Salud (OMS) para el control y la eliminación de la lepra, fue el encuentro, el lunes 8, con el presidente Jair Bolsonaro, quien difundió durante la reunión un mensaje en su cuenta de Facebook y que hasta primeras horas de este jueves 11 tenía ya 685.345 reproducciones.

En el video de 13 minutos y medio, hablan el presidente, Sasakawa, el ministro de Salud, Luiz Mandetta, y la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, en un llamado a trabajar conjuntamente para las autoridades, organizaciones y la propia gente para erradicar la enfermedad provocada por el bacilo Mycobacterium Leprae.

De los diálogos que sostuvo el activista japonés y líder de la Fundación Nipona (Nippon Foundation) con miembros de los distintos poderes en Brasilia, resultó un acuerdo preliminar para la realización en 2020 de un encuentro nacional para intensificar la lucha contra la hanseníasis y sus estigmas.

Será en principio una conferencia con una dimensión política, en que participarían autoridades nacionales, gobernadores de estados y prefectos (alcaldes) de municipios, y otra técnica, bosquejó Carmelita Ribeiro Coriolano, coordinadora del Programa de Hanseniasis del Ministerio de Salud. La Fundación Nipona patrocinará las dos citas.

Brasil presenta la segunda mayor incidencia de la enfermedad de Hansen en el mundo, con 26.875 casos nuevos en 2017, lo que corresponde a 12,75 por ciento del total mundial, según la OMS. Solo India supera esas cifras.

El gobierno estableció una Estrategia Nacional para Enfrentar la Hanseniasis, para el periodo 2019-2022, que sigue las líneas de la estrategia mundial que propone la OMS desde 2016.

La ministra brasileña de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, recibe un presente de Yohei Sasakawa, presidente de la Fundación Nipona, al comienzo de un encuentro en Brasilia, en que la ministra prometió reforzar la asistencia a los afectados por la enfermedad de Hansen, incluyendo el pago de indemnizaciones a quienes en el pasado fueron aislados en leproserías. Crédito: Mario Osava/IPS

Una amplia capacitación de los actores involucrados en el tratamiento del mal y planes a nivel de estados y municipios, adecuados a las condiciones locales, orientan los esfuerzos para reducir especialmente los casos que provocan secuelas físicas graves en niños y para eliminar el estigma y la discriminación.

Antes de su etapa en Brasilia, Sasakawa, quien ya ha visitado el país más de 10 veces en su misión a favor de la eliminación del mal de Hansen y sus estigmas, estuvo en los estados de Pará y Maranhão, para analizar con autoridades regionales y municipales los avances y obstáculos hacia ese objetivo en dos de las regiones con más infectados.

“En Brasil no faltan cursos y entrenamiento, sino profesionales de salud sensibles, una atención especial a la hanseníasis”, dijo Faustino Pinto, coordinador nacional del Movimiento de Reintegración de las Personas Afectadas por la Hanseníasis (Morhan), que acompañó la delegación de la Fundación Nipona en Brasilia.

“Promover el diagnóstico precoz, que evita secuelas, mejor información a la sociedad y rehabilitación física para asegurar mejor vida activa y laboral a los lesionados” son las medidas más necesarias, sostuvo a IPS.

Él mismo es un ejemplo de las insuficiencias en los servicios de salud. Su diagnóstico como infectado del mal de Hansen solo lo obtuvo cuando tenía 18 años, nueve después de sentir los primeros síntomas. La cura demandó cinco años de tratamiento y le quedaron secuelas en las manos y articulaciones.

Su drama personal y la defensa de los derechos de enfermos, exenfermos y sus familias estuvieron presentes en su ponencia el 27 de junio en Ginebra, durante un encuentro especial sobre la enfermedad, paralelo a 41 sesión del Consejo de Derechos Humanos, máximo órgano de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Pinto es un elocuente defensor del uso de los términos hanseníasis, el brasileño,  o enfermedad de Hansen, en lugar de lepra, designación imprecisa que acumula una carga de prejuicios históricos y religiosos, con daños adicionales para los afectados, y que por ejemplo la OMS continúa usando habitualmente.

Yohei Sasakawa (2do I), presidente de la Fundación Nipona, acompañado por dos miembros de su delegación, durante el encuentro con el diputado Helder Salomão (C), presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil, quien se comprometió a apoyar iniciativas para eliminar la lepra en el país. En la reunión también participó Faustino Pinto (2do D), coordinador nacional del Movimiento de Reintegración de las Personas Afectadas por la Hanseníasis (Morhan). Crédito: Mario Osava/IPS

La discriminación es milenaria y tiene origen incluso en la Biblia, donde la enfermedad aparece como un castigo de Dios, señaló Sasakawa durante su audiencia con la ministra Damares Alves, una pastora evangélica de confesión Baptista que se ha autodefinido como “terriblemente cristiana”.

En India hay 114 leyes que discriminan a los enfermos y los ya curados, vedándoles transporte y lugares públicos entre otros absurdos, ejemplificó. Alegan que son leyes que ya no se aplican, lo que justifica menos aún que se mantengan formalmente vigentes, arguyó durante sus reuniones en Brasilia a las que IPS tuvo acceso.

Prejuicio y desinformación no solo someten a los afectados a la exclusión y sufrimientos innecesarios, sino que dificultan la erradicación de la enfermedad, al alejar a los enfermos de la asistencia médica, coinciden los activistas.

A lo largo de su actividad para controlar y eliminar el mal de Hansen, una misión que se lleva a cabo desde hace más de 40 años, Sasakawa se convenció de que es crucial la batalla contra el estigma que aún persiste en las entrañas de la sociedad.

Por eso impulsó que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobase en 2010, la Resolución para Eliminación de la Discriminación contra las Personas Afectadas por la Lepra y sus Familiares.

Se trata, dijo el presidente de la Fundación Nipona, de actitudes y creencias que ya no tienen sentido a la luz de la ciencia, pero que persisten.

Desde los años 40 del siglo pasado se conoce el tratamiento que hace innecesario el  aislamiento de los enfermos para evitar el contagio, pero la segregación y detención en las leproserías se mantuvo oficialmente en varios países varias décadas.

En Brasil esa segregación perduró oficialmente hasta 1976 y en la práctica hasta la década siguiente.

Con el tratamiento multimedicamentoso o poliquimioterapia, introducido en Brasil en 1982, la cura se hizo más segura y rápida.

La información es clave para superación de los problemas involucrados en esa enfermedad, según Socorro Gross Galiano, representante de la Organización Panamericana de Salud (OPS) en Brasil que también tuvo reuniones con la delegación de la Fundación Nipona.

“La comunicación es fundamental, los medios de comunicación pueden ayudar decisivamente” para deshacer los temores atávicos, aclarar que el mal de Hansen tiene cura segura, es poco contagioso y deja de serlo con el tratamiento, apuntó a IPS la médica costarricense con más de 30 años de experiencia en la OPS en varios países latinoamericanos.

Para superar las dificultades de erradicación es también necesario que deje de ser “una enfermedad olvidada” y movilizar las comunidades, tareas en que la comunicación también es importante, concluyó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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¿ONU y Banco Mundial seguirán a la UE en abrirse al liderazgo femenino?

qui, 11/07/2019 - 12:00

La francesa Christine Lagarde (I) y la alemana Ursula von der Leyen, designadas como próximas presidentas del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Europea, el gobierno de la Unión Europea. Crédito: Telesur

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jul 11 2019 (IPS)

Las designaciones de la francesa Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo (BCE) y de la alemana Ursula von der Leyen como la presidenta de la Comisión de la Unión Europea (UE), se han resaltado como hitos en la llegada por primera vez de mujeres a la cima de dos grandes instituciones internacionales, rompiendo el dominio de los hombres.

Las dos mujeres quebraron  el techo de cristal para los liderazgos femeninos y asumen sus puestos  cuando las políticas fiscales de algunos países europeos, como Grecia e Italia, están en crisis y hay una creciente presión para que en la zona euro se acometan reformas económicas.

Ya lo dijo  Lagarde en una ocasión: cuando la situación es realmente mala, “llamas a una mujer”, en referencia, entre otros casos, a cuando fue designada en 2011 como directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), después de la escandalosa y abrupta salida de su antecesor. Ahora deja el liderazgo del FMI para asumir el del BCE.

Pero incluso en las circunstancias más difíciles, la ONU y el Banco Mundial, donde sus jefaturas han sido un privilegio reservado a los varones, se han negado a mirar hacia opciones femeninas, principalmente por razones políticas y de discriminación de género.

Anwarul K. Chowdhury, ex secretario general adjunto y alto representante de la ONU, dijo a IPS que “como un creyente constante en la igualdad de participación de las mujeres en los puestos directivos a todos los niveles, me gustaría que una mujer sea nombrada o elegida para liderar una organización, cuando ello ha sido prerrogativa de un hombre durante mucho tiempo”.

Pero, a su juicio, al menos que se revise simultáneamente la cultura organizativa e institucional y la del pensamiento patriarcal, nada cambiaría sustancialmente”.

Este diplomático bangladeshí impulsó en el año 2000, cuando era presidente del Consejo de Seguridad, una iniciativa, la adopción de una innovadora resolución, la 1325 de ese órgano rector de la ONU,  sobre el papel de las mujeres en la paz y la seguridad.

En la ONU se mantiene la ausencia de mujeres en la Secretaría General, pero su actual titular, el ex primer ministro portugués António Guterres, se destaca por el número de mujeres que ha promovido a los niveles superiores del organismo mundial, lo que podría allanar el camino para que una mujer ocupe su cargo en el futuro.

El portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, recordó a IPS que “el año pasado anunciamos que había un número igual de hombres y mujeres en su equipo directivo”.

Según ONU Mujeres, las Naciones Unidas lograron avances significativos en el aumento de la representación de las mujeres en el liderazgo del foro mundial en 2018, cuando el Grupo de alta dirección en sus sedes y las Coordinadoras residentes en los países alcanzaron por primera vez la paridad de género.

Barbara Crossette, exjefa de la Oficina en las Naciones Unidas de The New York Times (1994-2001), dijo a IPS que la ONU y el Banco Mundial son, en cierto sentido, casos separados y diferentes en el trato a las mujeres.

“La geopolítica influye en ambos casos y parece que una mujer calificada podría postularse si tiene los antecedentes necesarios. Pero debe comenzar con la experiencia y no con la idea de que ser mujer es el factor más importante”, planteó.

Señaló que la ONU, que abarca temas tan diversos como el mantenimiento de la paz y la seguridad, los refugiados o el cambio climático, además de ser un depósito de tratados y resoluciones de alcance universal, necesita un administrador o gerente más que un pensador visionario o creativo.

“La ONU se inclina ante las intensas presiones políticas de los gobiernos y las regiones que buscan obtener buenos empleos (en el organismo); a veces, parece, sin que importe si un candidato tiene o no la experiencia necesaria”, declaró.

Hay muchas mujeres en todo el mundo con una gran capacidad de gestión e instintos, y Christine Lagarde en el FMI es un ejemplo excepcionalmente bueno, dijo Crossette, actualmente editora consultora senior de PassBlue y corresponsal de las Naciones Unidas para The Nation.

Chowdhury consideró que colocar a una mujer al frente de la ONU o el Banco Mundial va a ser un proceso “no tan rápido” como los de la UE o el propio FMI.

“La toma de decisiones para la elección de los jefes de estas dos organizaciones está controlada por el sistema de veto de la ONU y el sistema de votación similar del Banco Mundial”, señaló el diplomático.

A su juicio la candidatura de un hombre o una mujer depende de que no tenga ningún veto, mucho más que las designaciones de Von der Leyen y Lagarde por el Consejo Europeo, que aglutina a los gobernantes de los países de UE, el 2 de julio, que debe ratificar el Parlamento Europeo.

Chowdhury recordó que los nombramientos de los jefes del Banco Mundial y del FMI son compartidos por Estados Unidos y Europa, respectivamente, como parte de un acuerdo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que requiere una revisión por el gran cambio de la escena económica mundial y el gran peso de nuevos países en ella.

Arancha González, directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC, en inglés), con sede en Ginebra, dijo a IPS que la nominación de Von der Leyen y Lagarde en las presidencias de la Comisión Europea (el gobierno de la UE) y el BCE, es claramente un paso adelante hacia un mundo más igualitario.

“Se suma a los esfuerzos de António Guterres para lograr el equilibrio de género en el liderazgo de la ONU”, afirmó.

“El impulso está allí”, dijo la lideresa española de ITC, una agencia conjunta de la Organización Mundial de Comercio y de las Naciones Unidas. Pero, agregó “esta tendencia no es algo que deberíamos dar por sentado”.

“Tendremos que seguir trabajando, todos los días, para garantizar que las mujeres reciban el mismo trato que los hombres, y no solo en las posiciones de liderazgo en organizaciones internacionales, sino en todos los niveles y en todos los países”, agregó.

Crossette, por su parte,  consideró que dejando de lado la política,  puede ser más fácil encontrar una mujer para el Banco Mundial, que esté muy centrada y tenga mucha experiencia en el desarrollo social y político en el actual entorno global perturbador y más lleno de gestos que de sustancia, donde la gente no ve que sus vidas mejoren.

“La pregunta es por qué no ha habido ya una presidenta del Banco Mundial”, inquirió la veterana analista de las Naciones Unidas.

En la ONU, argumentó Crossette, el actual secretario general tal vez fue elegido entre un grupo de candidatas, porque se consideró que los aspectos políticos, geopolíticos y de seguridad de esa posición eran “demasiado importantes” para una mujer, en un pensamiento que ha quedado “muy obsoleto” respecto a la realidad.

“Tal vez los europeos puedan cambiar eso ahora”, concluyó.

T: MF

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La batalla de una vida contra la “enfermedad del silencio”

qua, 10/07/2019 - 10:49

Yohei Sasakawa, presidente de la Fundación Nipona (Nippon Foundation), durante su entrevista con IPS en la capital de Brasil, donde concluyó una gira por el país destinada a promover la eliminación del mal de Hansen, la lepra, y, también, los estigmas que la convierten en la “enfermedad del silencio”. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava
BRASILIA, Jul 10 2019 (IPS)

Yohei Sasakawa ya dedicó la mitad de sus 80 años a enfrentar la  “enfermedad del silencio” y sigue en la batalla, como presidente de la Fundación Nipona y embajador de buena voluntad de la Organización Mundial de Salud (OMS) para la eliminación del mal de Hansen, más conocido como lepra.

Su énfasis actualmente es el combate contra la discriminación, los prejuicios y el estigma que agravan el sufrimiento de los enfermos, sus familias e incluso los que ya se curaron. Y que además dificultan el tratamiento, porque los infectados se ocultan por temor a hostilidades, según contó a IPS en una entrevista en la capital brasileña.

Sasakawa visitó Brasil del 1 al 10 de julio, en su permanente activismo por la reducción de la enfermedad estigmatiza desde la Biblia y sus daños sociales. En Brasilia movilizó al presidente Jair Bolsonaro, legisladores y otras autoridades en salud y derechos humanos, para promover una acción más intensa contra la enfermedad.“Viajo por el mundo y hablo contra la discriminación que marginaliza a los afectados.. Pero son prejuicios que existen hace 2.000 años, no es que se pueda superar en dos o tres años. Muchos comparten mi perspectiva y caminan conmigo. Algún día acabará la discriminación. Es más difícil curar la enfermedad que existe dentro de la sociedad que la enfermedad propiamente dicha.Mi esfuerzo es dialogar con presidentes y ministros, personas con poder de liderazgo, para que mis mensajes adquieran fuerza política y lleven a la solución”.

Surgió en los encuentros la idea de promover un encuentro nacional sobre el mal de Hansen, con un objetivo político de diseminar conocimiento y disposición para erradicar todos los prejuicios y otro técnico destinado a mejorar estrategias y operaciones contra la enfermedad.

Brasil es el segundo país en cantidad de nuevos infectados que se diagnostica cada año, solo superado por India. El país puso en marcha una Estrategia Nacional para Enfrentar la Hanseníasis de 2019 a 2022, con planes también a nivel de municipios y estados, basados en la realidad local.

La Nippon Foundation (Fundación Nipona), con sede en Tokio, financia algunos proyectos y se dispone a apoyar nuevas iniciativas brasileñas.

Brasil y Japón abolieron la palabra lepra en su terminología médica, debido a su carga de prejuicios y distorsiones, y adoptaron hanseníasis como nombre más preciso para identificar la infección por el bacilo  Mycobaterium leprae, y así se refirió Sasakawa a la enfermedad crónica durante la entrevista, aunque la OMS mantenga el término de lepra.

IPS: ¿Por qué eligió como misión enfrentar a enfermedad de Hansen y sus diferentes clases de daños para los enfermos y sus familias?

YOHEI SASAKAWA: Empezó con mi padre, el fundador de la Fundación Nipona, que cuando joven se enamoró de una joven que desapareció repentinamente, llevada  muy lejos, aislada. Mi padre lo sintió como una crueldad e impulsado por un espíritu de justicia inició ese movimiento. No se dijo el motivo de la desaparición, pero sinceramente creo que fue hanseníasis.

Posteriormente mi padre construyó hospitales en distintos lugares, uno de ellos en Corea en cuya inauguración lo acompañé. En esa ocasión observé que mi padre tocaba las manos y piernas de los pacientes, aunque tenían pus. Los abrazaba. La escena me impresionó. Quedé sorprendido por dos razones. Me asustó que mi padre  abrazaba de manera tan natural a personas en aquellas condiciones.

Además, hasta entonces yo no conocía tal enfermedad. Vi personas con un color enfermo, no saludable. Eran personas muertas que estaban vivas, vivas pero muertas, abandonadas por la misma familia.

De inmediato me despertó admiración el trabajo de mi padre y decidí que debería continuarlo.

IPS: ¿Cuáles son las principales dificultades para la erradicación de la hanseníasis?

YS: En general los especialistas, intelectuales, cuando se paran ante un problema presentan 10 motivos para la imposibilidad de solucionarlo. Tengo la fuerte convicción de que es posible, por eso enfrento el problema de manera que puedo identificarlo y paralelamente hallar la solución.

Quienes lo ven difícil en general trabajan en oficinas con aire acondicionado con papeles, estudiando datos. Lo más importante es tener la firme convicción que el problema es solucionable y pasar a la acción.

El presidente de la Fundación Nipona (Nippon Foundation), Yohei Sasakawa (C), durante su entrevista con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (I), en una captura de IPS del video que el mandatario emitió por Facebook para concienciar a la población sobre la importancia eliminar la enfermedad de Hansen, conocida como lepra, y erradicar los prejuicios que persiguen a los enfermos y sus familias. Crédito: IPS

Desde los años 80 más de 16 millones de personas se libraron de la enfermedad de Hansen. Actualmente el mundo registra la reducción de 200.000 enfermos al año.

IPS: ¿Qué rol cumplen los prejuicios, el estigma y la discriminación en la lucha contra esa enfermedad?

YS: Buena pregunta. Tras colaborar muchos años con la OMS, concentrado principalmente en curar la enfermedad, me di cuenta que muchas personas ya curadas no conseguían empleo ni matrimonio, seguían en las condiciones que sufrían cuando estaban enfermos.

Concluí que la hanseníasis era como una motocicleta de dos ruedas, una delantera que es la enfermedad que se puede curar y la trasera donde están el prejuicio, la discriminación y el estigma. Sin curar las dos ruedas no hay sanación.

En 2003 presenté a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una propuesta para eliminar la discriminación contra la hanseníasis. Tras siete años de trámites, la Asamblea General aprobó por unanimidad de sus 193 países una resolución para erradicar esa llaga que afecta tanto el portador de la enfermedad como a los curados y sus familiares.

Pero no significa que el problema esté solucionado, porque el prejuicio y la discriminación son la enfermedad que está en el interior de la sociedad.

Las personas creen que la hanseníasis es un castigo de Dios, una maldición, un mal hereditario. Es difícil sacar ese juicio incrustado en las mentes. Aún hoy hay muchos recuperados, totalmente curados, que no logran un empleo, un casamiento. Es decir, pese a la legislación no se pueden mejorar sus condiciones, por el prejuicio incorporado en el corazón de las personas.

En Japón las familias que tuvieron un enfermo vieron como sus hijos, pese a no estar infectados, no lograban casarse, y así por varias generaciones. Eso ya no ocurre actualmente. 

Por eso viajo por el mundo y hablo contra la discriminación que marginaliza a los afectados. Pero son prejuicios que existen hace 2.000 años, no es que se pueda superar en dos o tres años.

Muchos comparten mi perspectiva y caminan conmigo. Algún día acabará la discriminación. Es más difícil curar la enfermedad que existe dentro de la sociedad que la enfermedad propiamente dicha.

Mi esfuerzo es dialogar con presidentes y ministros, personas con poder de liderazgo, para que mis mensajes adquieran fuerza política y lleven a la solución.

IPS: ¿Cómo consiguió Japón erradicar el mal de Hansen?

YS: Una vía fue la acción colectiva de los enfermos. Campañas en los medios de comunicación por largo tiempo para difundir el conocimiento sobre la realidad de la enfermedad. También se produjeron películas, libros, obras teatrales.

En Japón la hanseníasis dejó de ser la enfermedad del silencio. La nación se disculpó por la discriminación e indemnizó a los afectados. Pero en otros países los enfermos aún no se unieron para manifestarse. Brasil si tiene un movimiento muy activo.

IPS: Usted pone como ejemplo de lo que puede hacerse al brasileño Movimiento de Reintegración de las Personas Afectadas por Hanseníasis, el Morhan. ¿Hay iniciativas similares en otros países?

YS: Morhan es algo muy destacado y un modelo. Se formaron organizaciones de pacientes en India y Etiopia, pero aún con limitada influencia política. La Fundación Nipona fomenta este tipo de movimientos.

IPS: Ya visitó Brasil más de 10 veces. ¿Constató en esta ocasión avances, en su gira por los estados de Pará y Maranhão, en el norte, y en Brasilia?

YS: En ese viaje no pudimos visitar las casas de pacientes y conversar con ellos, pero si conocer que los gobiernos nacional, regionales y locales están motivados. Podremos ampliar nuestras actividades acá. En cualquier país, si los lideres máximos, como presidentes y primeros ministros, toman la iniciativa se pueden acelerar las soluciones.

Acordamos preparar un encuentro nacional, promovido por el Ministerio de Salud y con el patrocinio de la Fundación Nipona, si es posible con la participación del presidente Jair Bolsonaro, para dinamizar la acción contra la hanseníasis,

Creemos que así se generaría una fuerte corriente para reducir a cero la hanseníasis y también la discriminación y el prejuicio. Con esto mi visita se puede considerar muy exitosa.

IPS: ¿Qué destaca entre los resultados de su visita?

YS: El mensaje que el presidente Bolsonaro divulgó directamente a la población por Facebook durante nuestro encuentro, con su opinión dirigida a todos los políticos, a su equipo y a los funcionarios sobre la necesidad de eliminar la enfermedad. Siento como si hubiera obtenido el apoyo de un millón de personas que trabajarán con nosotros.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El acceso a Internet, otra libertad bloqueada en el turbulento Sudán

ter, 09/07/2019 - 15:38

Periodistas sudaneses mientras cubren una rueda de prensa. Las Naciones Unidas critican el bloqueo en el acceso a Internet en Sudán como parte de una estrategia contra la libertad de expresión y el derecho a la asociación y manifestación pacífica en Sudán. Credito: Albert González Farran/Unamid

Por James Reinl
NACIONES UNIDAS, Jul 9 2019 (IPS)

Las Naciones Unidas condenaron el cierre de Internet y el bloqueo al acceso a las redes sociales durante la actual crisis política de Sudán, y funcionarios responsables en el área de derechos humanos expresaron su temor de que arrecie la represión contra la libertad de expresión en el turbulento país del noreste de África.

Aristide Nononsi, experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en Sudán, y otros dos funcionarios especiales, dijeron en un comunicado el lunes 8 que el bloqueo de la red por parte los proveedores de Internet estaba sofocando la libertad de expresión y la de asociación en Sudán.

“En las últimas semanas, hemos continuado recibiendo informes sobre el bloqueo de Internet de las plataformas de redes sociales por parte del Consejo Militar de Transición (TMC, en inglés)”, dijeron los expertos, en referencia a la cúpula castrense que gobierna Sudán desde que el 11 de abril Omar al Bashir fue forzado a dimitir como presidente, tras 25 años en el poder, tras meses de movilizaciones en su contra.

“El cierre de Internet es una clara violación de la ley internacional de derechos humanos y no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Instamos a las autoridades a que restauren inmediatamente los servicios de Internet”, añadieron los suscriptores  del pronunciamiento de la ONU.

Además de por Nononsi, la declaración fue firmada por el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho  a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule, y  por el relatos especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye.

Los tres funcionarios dijeron que el operador móvil Zain-SDN estaba detrás del “esquema de bloqueo más extenso” y que tenía cerrado el acceso  a todas las redes sociales clave, que se usan para compartir noticias y organizar protestas. Añadieron que otros proveedores, como MTN, Sudatel y Kanartel, también redujeron el acceso a la red de Internet.

“El cierre de Internet forma parte de un esfuerzo más amplio para reprimir la libertad de expresión y la asociación de la población sudanesa, y para reducir las protestas en curso”, denunciaron los tres expertos.

A su juicio, “restringir o bloquear el acceso a los servicios de Internet no solo afecta negativamente el disfrute de los derechos a la libertad de expresión, reunión y participación, sino que también tiene graves efectos en las demandas de los manifestantes con respecto a los derechos económicos y sociales”.

Los militares al mando en Sudán ordenaron el apagón de Internet como medida de seguridad el 3 de junio, cuando las fuerzas de seguridad  mataron a decenas de manifestantes cuando finalizaban una acampada de protesta ante la sede del Ministerio de Defensa, en el centro de Jartum, la capital del país.

Manifestantes protestan frente al cuartel general del ejército sudanés, en Jartum en una de las numerosas movilizaciones populares ocurridas este año para forzar la dimisión como presidente de Omar Hassan al Bashir, primero, y para que el Consejo Militar de Transición que se abrogó el poder desde abril de paso a un gobierno civil que convoque a elecciones. Crédito: Ayman Suliman/ONU Sudán

El apagón digital ha afectado a la mayoría de los usuarios con conexiones móviles o fijas y según informaciones procedentes de Sudán está perjudicando la economía y las operaciones humanitarias en la nación africana con unos 40 millones de personas.

Los periodistas sudaneses también han expresado su preocupación sobre el trato que están recibiendo durante la crisis política en curso.

El 20 de junio, el periodista Amar Mohamed Adam fue arrestado por las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar bajo el MTC, antes de ser entregado a los servicios de inteligencia, según la Red de Periodistas de Sudán.

A fines de mayo, el MTC también ordenó el cierre de las oficinas de la televisión internacional qatarí Al Jazeera en Jartum, cuando efectivos de varios organismos de seguridad se presentaron en las instalaciones y confiscaron sus equipos de transmisión.

Sherif Mansour, un coordinador regional del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), un grupo internacional de monitoreo y apoyo de estos profesionales,  calificó como una “señal preocupante” las actuaciones contra  los medios de comunicación y los periodistas, y  consideró que integran una estrategia diseñada  “para suprimir la cobertura de los eventos  favor de la democracia”.

El CPJ demando al MTC “revertir el curso de su actuación” contra la libertad de expresión y el derecho a la manifestación y a la libre opinión.

Los manifestantes, que con sus protestas lograron la salida de Al Bashir, exigen desde la instauración del MTC que los militares den paso a un gobierno de mayoría civil como paso previo a unas elecciones democráticas.

Además, ahora, los organizadores del movimiento de protesta exigen  la restauración de los servicios de Internet como una de las condiciones para volver a la mesa de negociaciones con el MTC, tendiente a formar un gobierno de transición compuesto por civiles y militares.

En la primera semana de julio surgieron esperanzas de un gran avance, después de que los jefes militares y líderes de protesta de Sudán anunciaron que habían llegado a un acuerdo sobre el tema en disputa de un nuevo órgano de gobierno en conversaciones encaminadas a poner fin a la crisis política interna.

Al parecer, ambas partes alcanzaron un acuerdo para instituir un  Consejo Soberano Conjunto que gobierne el país hasta la celebración de unas elecciones, que podrían ser en un plazo de entre nueve meses y tres años.

Ambas partes dicen que un impulso diplomático por parte de Estados Unidos y sus aliados árabes fue clave para acabar con un enfrentamiento que había provocado temores de una guerra civil total en Sudán.

T: MF

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Festival cubano de cine rompe esquemas por el desarrollo local

ter, 09/07/2019 - 13:16

Niños y adultos desfilan por una de las calles de la ciudad de Gibara, en el este de Cuba, durante la inauguración de la 15 edición del Festival Internacional de Cine, que se realiza este año entre el 7 y el 13 de julio y que brinda creciente protagonismo a la conservación del ambiente. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
GIBARA, Cuba, Jul 9 2019 (IPS)

Con banderolas blancas, azules y rojas, carteles e insignias nacionales que hicieron con sus propias manos, varias trabajadoras de una tienda estatal y vecinos engalanaron su barrio con motivo al Festival Internacional de Cine (FIC) de Gibara, ciudad del este de Cuba.

Esta Villa Blanca de los Cangrejos, como se apoda a esta ciudad costera famosa por esos crustáceos, celebra los primeros 15 años de la cita fundada por el cineasta Humberto Solás (1941-2008), que la hizo famosa y dio un giro al desarrollo del municipio homónimo, con más de 71.000 habitantes, parte de la región del país con menor índice de desarrollo humano.

“Siempre apoyamos la realización del festival, que reanima la ciudad y todas las personas se entusiasman con las actividades”, dijo a IPS la comerciante Luz Clara Gallardo, administradora de la tienda estatal, quien observa este año “mayor participación de cuentapropistas (emprendedores privados), que son parte de la sociedad”.

Dedicado al tema ambiental y financiado en un inusual porcentaje por el sector privado, la 15 edición del Festival comenzó sus actividades el 7 de julio y se extenderá hasta el 13 de julio, con un programa con la participación en diferentes categorías de 59 filmes y 15 guiones en concurso, además de otras proyecciones y actividades socioculturales y de perfil ecológico.

“Hasta 40 por ciento del festival lo cubren los privados, es muy significativo y lo más novedoso”, dijo Verónica de la Torre, una de las productoras de FIC Gibara. “Estamos hablando del aporte de 40 bares y restaurantes privados, además de algunas imprentas, servicios informáticos y otros tipos de negocios”, continúo la productora a IPS.

El resto del financiamiento corrió a cargo del Ministerio de Cultura y el estatal Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, donde se adscribe el festival, junto con las ayudas de las embajadas de Noruega y España en La Habana y empresas con capital extranjero como Ciego Montero y Havana Club.

El comité organizador agradeció todos los apoyos recibidos en un momento de recrudecimiento de la crisis económica del país, para el único festival cinematográfico que se realiza fuera de La Habana y promueve la responsabilidad comunitaria del arte cinematográfico.

“Hemos logrado esta incorporación masiva de los privados sin resistencias en ninguna de las partes… ha sido positivo. Ojalá se sigan sumando más para la próxima edición”, evaluó De la Torre, quien resaltó el aporte de comercios cuentapropistas de La Habana, que son la mayoría y contribuyen al desarrollo de un territorio que no es el suyo.

Voluntarios de todas las edades realizan actividades de saneamiento en la playa Bayado, en la ciudad de Gibara, como parte de las actividades del 15 Festival Internacional de Cine, que acoge la urbe de la provincia Holguín, en el este de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Con aportes monetarios y otras ayudas patrocinaron esta edición del FIC desde La Habana varios restaurantes, así como una aplicación digital, estudios de fotografía y creación audiovisual, producción y mercadeo digital.

Entre limitaciones y avances, el sector privado congrega actualmente a más de 600.000 personas, entre propietarios y empleados, en un panorama laboral dominado por el Estado, que contrata a 3,1 millones de los 4,5 millones de personas ocupadas, mientras que las 800.000 restantes trabajan en cooperativas, en su mayoría agropecuarias.

Pero muchos emprendedores suelen encontrar resistencias cuando quieren apoyar como patrocinadores o realizar un aporte social directo, en un país de gobierno socialista, donde servicios sociales y comunitarios, la cultura, el deporte, la salud y la ayuda en casos de desastre ha sido proveída y centralizada mayormente por el Estado.

“Siempre hemos trasmitido y nos hemos desempeñado por la importancia de la inserción del sector no estatal en todas las actividades que conlleven al desarrollo de la localidad”, sostuvo Josefa Medina, que junto a su esposo Jorge Luis Rodríguez, regenta el restaurante La Cueva Taína, en un barrio periurbano de Gibara.

Al final de una entrada con estatuas taínas, el nombre de un pueblo nativo que habitó en Cuba hasta el exterminio por parte de la colonización española, se erige desde 2014 el restaurante de esta pareja, que junto a otros cuatro trabajadores, sirve platos típicos de la localidad y reivindica la cultura taína con mensajes y un pequeño museo a la entrada.

Josefa Medina y Jorge Luis Rodríguez, un matrimonio que gestiona el restaurante La Cueva Taina, en la entrada del establecimiento, en la ciudad de Gibara, en la oriental provincia cubana de Holguín. Ellos colaboran desde sus inicios con el Festival Internacional de Cine de la ciudad, como otros emprendedores privados. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Colaboradores del festival desde su surgimiento, la pareja apoya en esta ocasión con la prestación de su local y recursos para la realización de talleres culinarios durante la actual edición, incluso se les reconoce como impulsores y contribuyentes del perfil ambientalista que ahora prioriza el FIC Gibara.

“Siempre hemos sido amantes y defensores de proteger la naturaleza”, remarcó Medina a IPS. “Por nuestra cuenta, empezamos un trabajo comunitario y logramos rescatar la Playa del Oro, que está cerca de aquí, sobre todo motivando a niños y niñas. En parte por eso la limpieza del festival pasado se realizó aquí”, recordó.

En 2018, gracias a la alianza con la ambientalista Fundación Antonio Núñez Jiménez (FANJ), el FIC reforzó el trabajo a favor del ambiente, que a partir de ahora constituirá una parte esencial del certamen anual.

Los organizadores también aspiran a inaugurar este año la Casa del Festival en Gibara, para pasar a contar con una sede permanente.

“No podemos pensar el desarrollo de Gibara solo a través de la cultura”, compartió con IPS Jorge Perugorría, el actor local de mayor proyección internacional y presidente del festival, tras participar el domingo 7 en la limpieza de la playa Bayado.

Después que las autoridades cubanas del sector declararon a Gibara destino turístico en 2017,  el festival quiere fortalecer el enfoque ambiental y tecnológico, para fortalecer su potencial como destino.

Atardecer en un muelle de pescadores de la bahía de Gibara, la ciudad situada en el este de Cuba, apodada como Villa Blanca de los Cangrejos, por su arquitectura y por la fama de esos crustáceos locales, y que desde 2017 las autoridades cubanas incluyeron entre los destinos turísticos de la isla caribeña. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Ese día un grupo de 60 personas, en especial niños y jóvenes, recogieron los desechos sobre las arenas de una pequeña playa de la ciudad, usada para el baño por parte de pobladores y turistas, con el apoyo de la FANJ, el proyecto artístico-ambiental Tercer Paraíso, Wajiros Films y la empresa estatal municipal para la recogida de basuras.

“Estamos ayudando a complementar la maravillosa obra del festival con la dimensión ambiental por el propio interés de la comunidad de Gibara”, indicó a IPS, sobre las dunas, Yociel Marrero, especialista de la FANJ, una institución que también aspira a abordar otros problemas como manejo de desechos y promoción de los valores del patrimonio natural.

Con una bolsa azul de plástico en un mano y rodeada de amigas, la joven Keila María Velázquez, que estudia en una escuela secundaria de la ciudad, opinó  que las jóvenes generaciones “tienen más conciencia de los daños de la contaminación, pero todavía falta hacérselo ver a muchas personas”.

Gracias al boom turístico que vivió al país desde 2015 y comenzó a declinar este año ciudades cubanas apartadas como Gibara se sirvieron del excedente y aumentaron las fuentes de empleo. En sus calles florecieron hostales y restaurantes, que contrastan con las viviendas humildes y afectadas por la agresividad del salitre.

Sin embargo, falta acceso a capacitaciones y recursos para que localidades como esta potencien un turismo sostenible, que es el segundo rubro de ingresos de la economía cubana, solo antecedido por la exportación de servicios profesionales, en especial de salud.

El desarrollo local y los encadenamientos productivos figuran entre las áreas a priorizan por un plan del gobierno para hacer frente a la recaída económica provocada por problemas internos, el recorte de los envíos de petróleo de Venezuela debido a su hundimiento interno y el recrudecimiento del embargo por parte de Estados Unidos.

Edición: Estrella Gutiérrez

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América Latina aportará 25% de exportaciones agrícolas y pesqueras en 2028

seg, 08/07/2019 - 17:41

Los desafíos para el futuro en América Latina y el Caribe radican en garantizar que el crecimiento agrícola sea más sostenible e inclusivo, para así aprovechar que en 2028 aportará una cuarta parte de las exportaciones de productos agrícolas y pesqueros. Crédito: FAO

Por Corresponsal Fao
SANTIAGO, Jul 8 2019 (IPS)

Para el año 2028, la región de América Latina y el Caribe responderá por más de 25 por ciento de las exportaciones globales de productos agrícolas y pesqueros, señala el nuevo informe Perspectivas Agrícolas 2019-2028.

El informe conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), difundido este lunes 8, señala que la producción agrícola de la región continuará creciendo, pero que la disminución de la demanda doméstica e internacional puede contribuir a un crecimiento más lento durante la próxima década.

A pesar de esto, la región verá un crecimiento de 22 por ciento en sus cultivos y un crecimiento de 16 por ciento en sus productos pecuarios en la próxima década, siete y dos puntos porcentuales mayor que el promedio global, respectivamente.

El aumento de las exportaciones de la región también limitará la desaceleración general de la producción, por lo que la apertura comercial seguirá siendo de gran importancia para los países de América Latina y el Caribe.

El crecimiento de las exportaciones también se desacelerará, pero la ventaja comparativa de la región en muchos productos agrícolas significa que puede captar una mayor participación de los mercados mundiales.

Para los productos básicos, como el maíz, el arroz y la carne de res, un mayor crecimiento de la demanda internacional con respecto a la doméstica significará que una mayor parte de la producción se destinará a la exportación en la próxima década.

Si bien el comercio general de productos básicos agrícolas y pesqueros continuará expandiéndose durante la próxima década, el ritmo será más lento (alrededor de 1,3 por ciento anual) que el ritmo promedio de 3,3 por ciento de los últimos 10 años.

Según el informe, la producción agrícola y pesquera en América Latina y el Caribe ha crecido en un promedio de 2,7 por ciento por año (en dólares estadounidenses constantes de 2010, incluida la silvicultura) en las últimas dos décadas.

Actualmente, la región responde por  14 por ciento de la producción agrícola mundial y  23 por ciento de las exportaciones de commodities (productos transables) agrícolas y pesqueras. 

Menor crecimiento en la producción de cereales

Se espera que el crecimiento de la producción de cereales disminuya en la próxima década, con tasas de crecimiento anual de alrededor de la mitad de las observadas en las últimas dos décadas para los principales países productores de cereales.

Para 2028, se espera que la región produzca 233,5 mega toneladas (Mt) de maíz (18 por ciento del total mundial), 22,1 Mt de cereales secundarios (tres por ciento del total mundial), 21,4 Mt de arroz (cuatro por ciento del total mundial) y 37,3 Mt de trigo (11 por ciento del total mundial).

La producción de soja seguirá creciendo durante la próxima década, y se proyecta una mayor expansión del uso de la tierra para la soja a expensas de las pasturas, aunque un tercio del aumento en el área cosechada provendrá de cultivos dobles (dos cultivos en secuencia durante el mismo año).

Sin embargo, se espera que la tasa de crecimiento de la producción anual para la región en su conjunto disminuya de 6,9 por ciento visto en las dos décadas anteriores, a 2,8 por ciento para la próxima década.

El crecimiento anual promedio en la producción de carne de vacuno y ternera se desacelerará levemente en la próxima década –a 1,2 por ciento al año– en comparación con 1,4 por ciento en las dos décadas anteriores.

Se proyecta que la producción de pescado crezca 12 por ciento durante la próxima década.

Cambios en la demanda interna de alimentos

El informe pronostica un aumento de la demanda interna de proteínas de origen animal. Se espera que el consumo per cápita de carne de vacuno, ternera y carne de cerdo crezca alrededor del 10% en la próxima década (12 por cieno pescado, 15 por ciento aves).

Así, para 2028, el consumo de aves de corral, de 34,2 kg por persona por año, representará 42,1 por ciento del consumo total de carne. Esto es 14,8 puntos porcentuales más alto que a mediados de los 90.

La FAO y la OCDE pronostican un mayor consumo de frutas, verduras, carnes, productos lácteos y pescado en comparación con alimentos básicos como el maíz, el arroz y los frijoles.

Se espera que el consumo por habitante de maíz disminuya 4,3 por ciento en la próxima década. 

Agricultura sostenible y mejores sistemas alimentarios

Según el informe de la FAO-OCDE, los desafíos para el futuro en América Latina y el Caribe radican en garantizar que el crecimiento agrícola futuro sea más sostenible e inclusivo de lo que fue en el pasado, en un contexto de menor demanda y precios internacionales más bajos.

Asegurar un camino más sostenible e inclusivo para el futuro crecimiento agrícola dependerá de avances necesarios en las áreas de nutrición, protección social y ambiental y apoyo para los medios de vida, ya que la pobreza rural, el hambre y la obesidad están aumentando en la región.

El informe indica que existen “fuertes oportunidades de crecimiento” en la región para producir frutas y verduras de alto valor, que brindan mejores oportunidades para la agricultura familiar y dietas más saludables para la población.

Las políticas específicas podrían ayudar a los agricultores y consumidores a aprovechar estas oportunidades, al tiempo que protegen la base de recursos naturales de la región.

Los sistemas alimentarios mejorados y las políticas innovadoras de seguridad alimentaria y nutrición también son necesarios para contener el reciente aumento del hambre, y el aumento de décadas en la obesidad, ya que la región tiene la segunda prevalencia más alta de personas obesas y con sobrepeso en el mundo, solo por detrás de América del Norte.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

RV: EG

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Ayuda japonesa para la compleja eliminación de la lepra en Brasil

seg, 08/07/2019 - 16:13

Yohei Sasakawa (I), presidente de la Fundación Nipona y embajador de buena voluntad para la Eliminación de la Lepra de la Organización Mundial de la Salud, con Sebastião Miranda Filho, alcalde de Marabá, en el norte brasileño, donde su fundación financia un proyecto de distribución de alimentos a familias afectadas por el mal, como estímulo a que mantengan el tratamento hasta su cura y mejora de su condición de vida a gente en general muy pobre. Crédito: Artur Custodio/IPS

Por Mario Osava
BRASILIA, Jul 8 2019 (IPS)

Cuando aumentan los casos en Brasil de la enfermedad de Hansen, más conocido como lepra,  no se debe reprochar a las carencias en la asistencia de los servicios médicos, sino reconocer sus eficiencia en diagnosticar a las personas infectadas, al contrario de lo que pueda suceder en otros países.

Esa singularidad de la enfermedad se destacó en la visita del presidente de Nippon Foundation (Fundación Nipona), Yohei Sasakawa, a los estados de Pará y Maranhão, en el norte brasileño, entre el 2 y el 7 de julio, para conocer y alentar los esfuerzos por reducir la incidencia del mal, que no se limita a la infección por el bacilo Mycobacterium leprae.

Sasakawa prosigue desde este lunes 8 su gira por este país latinoamericano en Brasilia, en la etapa más institucional del viaje, para entrevistarse con el presidente Jair Bolsonaro y otras autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, antes de retornar a Japón el miércoles 10.

La Fundación Nipona financia varios proyectos en Brasil, uno de los cuales facilita las comunicaciones por teléfono e Internet, para ampliar y mejorar la información sobre esta enfermedad crónica y combatir los prejuicios, estigmas y discriminaciones relacionados con ella.

Diagnóstico precoz es una de las recomendaciones realzadas en los encuentros de Sasakawa con autoridades del estado amazónico de Pará, según Claudio Salgado, presidente de la Sociedad Brasileña de Hansenología y profesor de la Universidad Federal de Pará.

“La hanseníasis (como se llama a la enfermedad en Brasil) no se manifiesta en fases agudas de fiebre, escalofríos y confusiones mentales, como la malaria”, observó a IPS desde Belém do Pará, la capital del estado.

Sus síntomas, como manchas insensibles en la piel, suelen demorar años en manifestarse, cuando ya son irreversibles sus secuelas como pérdida de dedos y de movimientos en las manos o en miembros completos.

Además los casos son dispersos, dificultando más aún identificar a los enfermos, aunque ya existan medios de diagnóstico precoz, como los llamados exámenes de contacto.

Se estima que cerca de 95 por ciento de las personas cuentan con resistencia natural al  contagio, que no es tan fácil como creen muchos por mitos extendidos sobre el mal, exige una convivencia muy cercana y su posibilidad desaparece con poco tiempo de tratamiento regular del enfermo.

Por todo eso puede convertirse en una trampa fijar metas cuantitativas, como estableció la Organización Mundial de Salud (OMS) para “eliminar” la lepra hasta el año 2000, advirtió Salgado. La “eliminación” se considera una meta alcanzada cuando los nuevos casos anuales no alcanzan uno por cada 10.000 habitantes.

La batalla contra el mal infeccioso ganó un aliado clave en 1982, cuando se pasó a disponer del tratamiento multimedicamentoso, cuya eficacia permitió curar a más de 16 millones de infectados desde entonces, según la OMS.

Brasil es el único país del mundo que no logró formalmente la meta. En 2017 fueron 26.875 casos nuevos en una población que entonces totalizaba los 200 millones de habitantes. Eso se traducía en 1,35 por 10.000 personas, según el informe de la OMS al respecto.

Salgado duda de las estadísticas que apuntan a una reducción en saltos que son una imposibilidad en epidemiología y que Brasil sea el país que concentre 92 por ciento de los nuevos casos en las Américas, como reconoce el Ministerio de Salud brasileño en su Estrategia Nacional para Enfrentar la Hanseníasis 2019-2022.

Cena con que el gobernador de Maranhão, Flavio Dino, recibió la delegación de Nippon Foundation, que financia proyectos en beneficio de los afectados por el mal de Hansen en varias ciudades del estado del Nordeste de Brasil. La visita y reuniones con funcionarios de la salud alentaron nuevos esfuerzos en el combate a la enfermedad y sus secuelas, como discapacidades, estigmas y discriminaciones. Crédito: Artur Custodio/IPS

 

Sería admitir realidades muy distintas, en relación a la lepra, entre Brasil y sus vecinos pese a similitudes en las condiciones económicas, sociales y ambientales.

Se genera una aparente paradoja. Un país que disminuya su atención a la enfermedad tendrá estadísticas favorables, en contraste con la probable expansión del mal de Hansen. Habrá menos casos diagnosticados, mientras se agrava la realidad.

En Maranháo, segundo estado brasileño visitado por Sasakawa, el índice es elevado, 4,4 nuevos casos anuales por 10.000 habitantes.

“Detectamos 3.125 casos por año como promedio”, informó Lea Terto, superintendente de Epidemiologia y Control de Enfermedades de la Secretaria de Salud local.

Preocupa el hecho de que Maranhão es el estado en que más niños y adolescentes menores de 15 años aparecen infectados, lo que refleja su convivencia con adultos sin tratamiento, destacó a IPS desde la capital regional, São Luís.

La presencia de Sasakawa despertó entusiasmo entre los trabajadores de salud en las clínicas, antiguos leproserías y ciudades visitadas, respondiendo a los beneficios de los proyectos financiados por la Fundación Nipona.

Maranhão fue el estado más beneficiado por un proyecto, ejecutado desde 2017, destinado a fortalecer la atención al mal de Hansen en 20 de los municipios de mayor incidencia en Brasil, explicó a IPS, también desde São Luís, Artur Custodio, coordinador nacional del Movimiento de Reintegración de los Afectados por la Hanseníasis (Morhan).

La visita fue “muy positiva” para fortalecer la disposición de los que se dedican al tema y renovar el compromiso del gobierno local con la reducción de la enfermedad y los problemas que traban su prevención, evaluó Terto.

Le impresionó una declaración del visitante de que “más enfermas son las personas prejuiciosas”.

“Búsqueda activa y exámenes de contacto” son las prioridades de su trabajo, para “reducir la incidencia de forma concreta y responsable”, lo que significa una rebaja lenta, de cerca de dos por ciento de casos nuevos al año, sostuvo Terto, enfermera hace 37 años.

Pero si aparecen más casos que lo esperado, mejor, porque significa que se identificaron nuevos enfermos sin tratamiento, matizó.

Además de las dificultades de sacar la lepra de la invisibilidad, también preocupan los abandonos en medio al tratamiento, que puede prolongarse de seis meses a más de un año según la gravedad, hasta que el bacilo deja el organismo. Asegurar la adhesión del paciente hasta el final, en los casos más complejos, exige esfuerzos, por sus condiciones de vida.

Para estimular a los infectados a persistir en el tratamiento, la Fundación financia la distribución de canastas básicas de alimentos a las familias afectadas en Marabá, una ciudad del interior del estado de Pará, visitada por Sasakawa el 3 de julio.

Una mejor alimentación también ayuda a la cura, que es efectiva si la persona infectada toma su tratamiento por el tiempo prescrito.

Sasakawa inició su gira en el norte brasileño visitando la clínica Marcello Candia, Unidad de Referencia Especializada en Dermatología, en Marituba, ciudad de 108.000 habitantes en Pará.

Allí existió una gran leprosería que marca la historia de la ciudad y de José Picanço, coordinador de Morhan en Pará, quien vivió, al igual que sus dos hermanos, separado de sus padres, contagiados con el mal y detenidos por ello en 1972 y aislados en el recinto. En la práctica él y sus hermanos fueron tratados también como “leprosos”.

Los niños y niñas eran alejados de sus padres y recluidos  su vez en orfanatos. Se calcula que entre 15.000 a 20.000 sufrieron en Brasil y aún sufren las secuelas sociales y sicológicas de la hanseníasis, a causa de la vieja ley de segregación contra los enfermos.

Sus padres, quienes sobrevivieron hasta 2007, al menos lograron el derecho a ser resarcidos, y obtuvieron una indemnización por la violencia ejercida contra ellos por el Estado. Pero sus dos hijos siguen luchando por tal derecho como víctimas.

“Hay estados, como Minas Gerais y Ceará que por decreto del gobierno o proyectos de ley en trámite parlamentario, tratan de reconocer ese derecho. Pero como el drama resultó de una política nacional, depende del gobierno federal indemnizarnos”, señaló Picanço a IPS desde Belem.

En su evaluación la visita de Sasakawa reforzó las diversas luchas por diagnóstico precoz de la enfermedad, derechos de los afectados y la necesidad de más divulgación sobre la hanseníasis por los medios de comunicación, que en la actualidad se limita a una campaña anual en enero.

Edición: Estrella Gutiérrez

 

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Las acciones humanitarias y ambientales deben ir de la mano

sex, 05/07/2019 - 12:28

Desplazados en Ggaba, en Uganda, cocinan pescado en hornos humeantes. ONU Medio Ambiente estimó que los hornos de ladrillos llegaron a quemar 52.000 árboles anuales. Crédito: Pius Sawa/IPS

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jul 5 2019 (IPS)

La actuación ambiental y humanitaria se suelen manejar como dos sectores diferentes, pero su conexión es cada vez mayor y la falta de conciencia al respecto podría provocar una mayor devastación a mediano y largo plazo, según análisis de especialistas de la sociedad ivil organizada y de las Naciones Unidas.

Ante el incremento de las crisis por todo el mundo, los operadores humanitarios sobre el terreno son esenciales. Ellos son frecuentemente los primeros en llegar durante y después de una crisis, para brindar asistencia de emergencia y salvar vidas.

Pero esos agentes humanitarios deberían prestar atención a las implicaciones de largo plazo de la crisis y de sus propias actuaciones, en especial sobre el ambiente, y todavía esa necesidad de no se atiende, pese a las consecuencias graves a mediano y largo plazo.

“(El ambiente) no está integrado en la programación humanitaria … si bien estamos muy claros de que el enfoque humanitario es la asistencia para salvar vidas, también entendemos que esto no se puede hacer si está comprometiendo las vidas de las generaciones futuras o incluso de la generación actual”, dijo a IPS la jefa de la Unidad Ambiental Conjunta (JEU, en inglés), Emilia Wahlstrom.

La  JEU es  una asociación de ONU Medio Ambiente  y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), destinada a impulsar misiones conjuntas que aúnen las caras humanitaria y ambiental en las respuestas a la crisis.

“La degradación ambiental está causando crisis humanitarias, y las crisis humanitarias están exacerbando áreas que ya están bajo mucha tensión”, sintetizó Wahlstrom.

Cathy Watson, jefa de desarrollo de programas del no gubernamental Centro Mundial Agroforestal, tiene un análisis similar.

“Existe un paradigma de que en las emergencias se están salvando vidas y no se tiene tiempo de pensar en otras cosas. El problema con ese paradigma es que pronto esa emergencia se calmará y llegará el momento de cómo la población logra autosustentar sus vidas y eso suele depender del entorno natural”, explicó a IPS.

Por ello, si no se atiende y resuelve esa realidad, los sobrevivientes “pueden terminar teniendo una situación aún peor”, aseguró.

Para Watson, las crisis ambientales y humanitarias se retroalimentan entre sí, formando cada vez con más frecuencia dos caras de una misma moneda.

“La degradación ambiental está causando crisis humanitarias, y las crisis humanitarias están exacerbando los problemas en las áreas que ya están bajo mucha tensión ambiental”, aseguró.

Por ejemplo, un estudio realizado en 2014 por la JEU evidenció que la crisis humanitaria de Sudán estaba estrechamente relacionada con la deforestación y la desertificación que habían agravado las operaciones humanitarias.

Dicha deforestación fue causada por la necesidad de leña para cocinar y ladrillos secos para la construcción, y las operaciones humanitarias agravaron el problema ya que había una demanda de construcción sin precedentes, en las regiones en crisis. ONU Medio Amiente estimó que los hornos de ladrillos quemaban 52.000 árboles cada año.

Tales actividades reducen la fertilidad del suelo, disminuyen el suministro de agua y destruyen valiosas tierras agrícolas, afectando los medios de vida ya frágiles de millones de personas afectadas y desplazadas por el conflicto.

Eso sucede en un contexto donde el dramático empeoramiento de la degradación de la tierra causada por las actividades humanas ya está socavando el bienestar de dos quintas partes de la población mundial.

Según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD),  60 por ciento de todos los servicios de los ecosistemas están degradados.

La reducción de las funciones de los ecosistemas hace que las regiones sean más propensas a los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y deslizamientos de tierra, así como a un mayor conflicto e inseguridad.

Aproximadamente 40 por ciento de todos los conflictos dentro de los Estados en los últimos 60 años han estado vinculados a los recursos naturales.

Un ejemplo actual del componente ambiental en las crisis humanitarias, es el de los refugiados rohinyás en Bangldesh.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se redujeron más de 4.000 acres de colinas y bosques para construir refugios temporales y diferentes instalaciones asistenciales, así como para obtener leña para cocinar en Ukhia y Teknaf de Cox’s Bazaar, donde se atiende a 1,5 millones de personas refugiadas.

Esa deforestación aumentó el riesgo de deslizamientos de tierra, así como las tensiones entre las comunidades locales y las de refugiados.

Pero la culpa de esas situaciones no puede recaer sobre los refugiados, subrayó Watson.

“Los refugiados solo están haciendo lo que tienen que hacer para sobrevivir, pero podemos adoptar un enfoque mucho más ecológico y realmente pensar en cómo vamos a mantener los ecosistemas que sustentan a estos refugiados, proporcionan agua, proporcionan suelo fértil y madera para cocinar “, dijo la especialista y activista.

Dado que el tiempo promedio que un refugiado permanece desplazado puede ser de hasta 26 años, la necesidad de un enfoque más ecológico es indispensable para proteger a su nuevo entorno y al propio refugiado.

“Hay suficiente tiempo para desarrollar realmente el bienestar ambiental del área para que las personas también puedan sentirse bien, vivir bien, tener sombra, tener frutas, tener agua limpia”, aseguró Watson.

Además, hay que concienciar a los refugiados, pese a su vulnerable situación, de hechos como que “no va a cultivar alimentos por mucho tiempo si corta todos los árboles”, dijo.

Tanto Watson como Wahlstrom destacaron la importancia de que los operadores humanitarios utilicen las directrices, herramientas y recursos disponibles para garantizar que sus operaciones ayuden a las poblaciones a largo plazo.

Por ejemplo, el Manual de Esfera, que se puso a prueba por primera vez en 1998, proporciona estándares mínimos para la respuesta humanitaria, incluida la necesidad de integrar evaluaciones de impacto ambiental en toda la planificación de viviendas y asentamientos.

También incluye medidas para restaurar el valor ecológico de los asentamientos durante y después de su utilización, y optar por materiales sostenibles, así como por técnicas que no agoten los recursos naturales.

“Sabemos qué hacer, todos sabemos qué hacer. Pero no lo estamos haciendo… los líderes y los tomadores de decisiones deben cambiar la forma en que hacemos nuestras tareas”, dijo Wahlstrom.

Watson, por su parte, acotó que “hay tantas buenas directrices, pero no se han implementado o se ha tomado mucha conciencia del pensamiento ecológico”.

“Si realmente se piensa en cómo gestionar el paisaje y cómo funciona donde está y que función cumple”, entonces se pueden adoptar medidas adecuadas para a la hora de obtener combustible en esas áreas, por ejemplo, “se las puede proteger” y también “se pueden construir áreas que sean mucho más resistentes y productivas”.

Si bien algunas agencias humanitarias ya han comenzado a incluir también las preocupaciones ambientales, Wahlstrom señaló la necesidad de que los operadores ambientales y humanitarios también trabajen juntos.

“Debido al mandato de salvar vidas y los elementos muy urgentes del trabajo (del sector humanitario), los agentes ambientales y los agentes del desarrollo son un poco cautelosos para participar porque sienten que no es su lugar”, dijo a IPS.

“El planeta se está quemando y los agentes ambientales, ya no tenemos el privilegio de estar en nuestra comunidad científica y trabajar en nuestros informes. Tenemos que salir y debemos difundir este mensaje”, agregó Wahlstrom.

La Red de Acción Ambiental y Humanitaria (EHA, en inglés) espera hacer precisamente eso. Aunque es una red informal, la EHA reúne a expertos humanitarios y ambientales para compartir orientación, buenas prácticas y políticas para mitigar los impactos ambientales de las operaciones humanitarias.

“Se está acabando el tiempo. Realmente no podemos permitirnos no colaborar… somos más fuertes juntos y juntos podemos tener una mejor respuesta y estar mejor preparados”, concluyó Wahlstrom.

T: MF

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Diez por ciento de trabajadores recibe casi la mitad de remuneración mundial

sex, 05/07/2019 - 11:03

Trabajadores de la construcción en una obra en Binh Thuan, en Vietnam. Crédito: Nguyen Viet Thanh/OIT

Por Corresponsal Fao
NACIONES UNIDAS, Jul 5 2019 (IPS)

Lo que unos ganan en un año, otros necesitarán 300s. Un nuevo estudio de la OIT revela que a mayoría de la fuerza laboral subsiste con un salario notablemente bajo. A nivel mundial, el salario medio de los trabajadores en la mitad inferior de la distribución de ingresos es de apenas 198 dólares mensuales.

El nuevo estudio mundial,  elaborado por el departamento de estadística de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) con datos de 189 países, constata la gran disparidad de salarios que reciben los trabajadores.

Según los hallazgos publicados el jueves 4,  solamente 10 por ciento de los trabajadores reciben casi la mitad, 48,9 por ciento, de las remuneraciones globales, mientras que los trabajadores que perciben un salario más bajo solo les corresponde 6,4 por ciento de las retribuciones mundiales.

A este último dato, se le ha de añadir que 20 por ciento de los asalariados con remuneraciones más bajas, unos 650 millones de personas, cobran una cantidad inferior a uno por ciento mundial de los ingresos laborales, una cantidad que ha sufrido escasas variaciones durante los últimos trece años.

Por si estas disparidades no fueran suficientes…

Del mismo modo, las nuevas indagaciones revelan que, en general, la desigualdad en las remuneraciones laborales a escala mundial disminuyó desde el año 2004.

Pese a ello, esta situación no se produce por una reducción de la inequidad en los países, sino como consecuencia de la ascendente prosperidad registrada en las economías emergente como China e India.

Las conclusiones del estudio indican que “en general, la desigualdad en los ingresos sigue siendo un problema extendido en el mundo del trabajo”.

Un informe con nuevas estimaciones

Así, el Conjunto de datos relativo a la proporción del ingreso laboral y su distribución, elaborado por el departamento de estadística de la OIT con datos provenientes de 189 países, incluye dos nuevos indicadores que sirven para evaluar las principales tendencias en el mundo del trabajo tanto a nivel nacional como regional y mundial.

Los trabajadores con salarios más bajos, unos 650 millones de personas, perciben apenas uno por ciento de los ingresos laborales mundiales. Crédito: Robert Scoble/OIT

“Uno de ellos ofrece, por primera vez, cifras comparables a escala internacional del porcentaje del PIB que va a parar a los trabajadores – en lugar del capital – a través de los salarios y las rentas. El segundo analiza la distribución de los ingresos laborales”, indica.

Los resultados principales muestran que, a nivel mundial, la media de ingresos nacionales destinada a los trabajadores disminuyó de 53,7 por ciento en 2004 a 51,4 por ciento en 2017.

Distribución por clases sociales

Al mismo tiempo, si se examina la distribución del salario promedio entre países, se observa que la proporción destinada a la clase media (60 por ciento de los trabajadores) disminuyó entre 2004 y 2017, de 44,8 por ciento a 43 por ciento.

A su vez, la proporción que recibió 20 por ciento de los asalariados mejor remunerados aumentó de 51,3 por ciento al 53,5 por ciento.

Este último grupo de personas vio como crecía su participación en al menos un punto porcentual de la remuneración nacional en países como Alemania, Indonesia, Italia, Pakistán, Gran Bretaña y  Estados Unidos.

“Los datos demuestran que, en términos relativos, el aumento de los salarios laborales más altos va asociado con pérdidas para todos los demás, ya que tanto los trabajadores de clase media como los de ingresos más bajos ven disminuir su participación en los ingresos”, dijo Steven Kapsos, el jefe de la Unidad de Producción y Análisis de Datos de la OIT.

“Sin embargo, cuando aumenta la parte de los ingresos laborales de los trabajadores de rentas medias o bajas, las ganancias tienden a ser generalizadas, favoreciendo a todos, excepto los que reciben los salarios más altos “, añadió

Lo que unos ganan en un año, otros necesitarán 300

Por otra parte, los países más pobres tienden a registrar niveles mucho más altos de desigualdad salarial, agravando las dificultades de las poblaciones más vulnerables.

De este modo, en el África subsahariana, el 50 por ciento los trabajadores más pobres perciben solo 3,3 por ciento de los ingresos laborales, mientras que en la Unión Europea el mismo grupo reciben 22,9 por ciento de esas ganancias pagadas a los trabajadores.

El economista del departamento de Estadística de la OIT, Roger Gomis, destacó que “la mayoría de la fuerza laboral mundial subsiste con un salario notablemente bajo, e incluso para muchos de ellos tener un trabajo no implica disponer de los medios suficientes para vivir”.

“A nivel mundial, el salario medio de los trabajadores en la mitad inferior de la distribución de ingresos es de apenas 198 dólares mensuales, y el 10 por ciento más pobre tendría que trabajar tres siglos para ganar lo mismo que gana el 10 por ciento más rico en un año”, añadió.

Esta publicación forma parte de las recomendaciones formuladas por la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT. Los nuevos datos  se usarán para seguir el progreso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que conforman la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Este artículo fue publicado originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para el uso de sus contenidos.

RV: EG

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La rendición de cuentas en tiempos de desinformación en América Latina

sex, 05/07/2019 - 09:45

Por Luis Felipe López-Calva
PANAMÁ, Jul 5 2019 (IPS)

La transparencia es un elemento crítico para hacer que la gobernabilidad sea más efectiva. Al hacer que la información esté disponible, crea una base para una mayor rendición de cuentas a los ciudadanos. En las últimas décadas, la transparencia ha aumentado en América Latina y el Caribe (ALC).

De acuerdo con los datos del Índice Global de Derecho a la Información, 23 países de la región tienen leyes que garantizan el derecho de acceso a los ciudadanos a la información. Colombia fue el primer país en la región en aprobar una ley de este tipo en 1985, y San Cristobal y Nevis fue el último en hacerlo en 2018.

Si bien la transparencia es una condición necesaria para promover la rendición de cuentas, no es una condición suficiente. Podemos pensar en la transparencia como un primer paso.

Luis Felipe López-Calva, director regional del PNUD. Crédito: PNUD

Si la transparencia hace que la información esté disponible, también en necesario la publicidad para que la información sea accesible, y mecanismos de rendición de cuentas (conocidos en su conjunto como “Accountability”) para que la información sea procesable.

La información,en sí misma, no es nada sin publicidad y rendición de cuentas, y si no llega a las audiencias interesadas, su efecto es insignificante. De igual manera, incluso cuando la información llega al público, si no conlleva consecuencias, su efecto no solo es insignificante sino también potencialmente dañino.

Por ejemplo, hemos visto lamentablemente muchos casos en nuestra región donde las personas pueden acceder a información detallada sobre casos de corrupción, pero no les pasa nada a los responsables. Esto lleva a la frustración y destruye la confianza.

Podemos pensar en esta progresión de la transparencia a la rendición de cuentas como la “cadena de valor de la información“. Recientemente, una forma en la que se ha roto la cadena de valor de la información en América Latina y el Caribe es la creación intencional y la difusión de información falsa (lo que se sabe como “desinformación”).

En muchos casos, los pseudo informes se crean con fines políticos y se dirigen a audiencias específicas, con la intención de inducir ciertos resultados (por ejemplo, al influir en el comportamiento de la votación).

Este sistema se ha denominado como la industria de las “noticias falsas” o “fake news”—un término ampliamente utilizado por los políticos en los últimos tiempos. Es importante tener en cuenta que la información falsa también se puede difundir involuntariamente (lo que se conoce como “información errónea“).

El aumento de la desinformación y la información errónea se ha visto facilitado por el avance   tecnológico. La tecnología—en particular el aumento de penetración de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería—ha reducido el costo de la difusión de información a audiencias masivas.

Esto ha hecho que la industria de la “publicidad” sea más competitiva y ha creado una nueva dinámica social en la que las personas a menudo tienen acceso a la información como equivalente al conocimiento.

Si bien el conocimiento es difícil de construir y actualizar constantemente, la información se ha vuelto fácil de obtener, y los debates públicos se basan cada vez más en información falsa—y con frecuencia deliberadamente falsa.

De hecho, un estudio reciente realizado por académicos en el MIT encontró que las noticias falsas se difunden mucho más rápidamente que las verdaderas noticias, y este efecto es particularmente importante para las noticias políticas falsas (en comparación con las noticias falsas sobre temas como el terrorismo, los desastres naturales, la ciencia y las leyendas urbanas o información financiera).

Según el Informe digital del Instituto Reuters de 2018, los ciudadanos de los países de la región se enfrentan a una gran exposición a información falsa, y están muy preocupados por las noticias reales y las noticias falsas en Internet.

En cada uno de los cuatro países de ALC incluidos en el estudio (Brasil, Chile, México y Argentina), más de 35% de los encuestados declararon que habían estado expuestos a noticias completamente inventadas en la última semana, alcanzando 43% de los encuestados de la muestra en México.

Además, más de 60% de los encuestados manifestaron que están muy o extremadamente preocupados por lo que es real y lo que es falso en Internet cuando se trata de noticias—llegando a alcanzar 85% de la muestra en Brasil.

Este alto nivel de preocupación es consistente con las experiencias recientes de desinformación política en la región, por ejemplo, mediante el uso de bots automatizados para influir en la opinión pública en BrasilArgentina y Venezuela.

Este problema conlleva la preocupación por consecuencias potenciales más amplias, como la profundización de la polarización política o la erosión de la confianza en los medios de comunicación.

De hecho, en las últimas décadas, la difusión de información falsa por parte de los partidos políticos y los niveles de polarización político-social han aumentado en tándem en ALC.

Esto representa un desafío no solo en ALC, sino en muchas regiones del mundo reflejándose en el tema elegido para el Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año—que se centró en el periodismo y las elecciones en tiempos de desinformación.

Varios países de América Latina celebran elecciones presidenciales a fines de este año: Argentina, Bolivia, Guatemala y Uruguay.

Existe una preocupación en la región acerca de cómo las campañas de desinformación, combinadas con el envío de mensajes políticos focalizados y la publicidad sofisticada a través de las redes sociales y las plataformas en línea, podrían afectar el resultado de las elecciones.

Hay mucho que podemos hacer en esta área para proteger la cadena de valor de la información y la calidad de las elecciones— como los acuerdos de “campaña limpia” entre los partidos políticos, la creación de servicios independientes de verificación de datos, una mayor aplicación por parte de las compañías de medios sociales y la promoción de la alfabetización informacional entre los ciudadanos.

En América Latina, estas iniciativas aún son incipientes, pero están creciendo.

Sin embargo, es importante reconocer que combatir el desafío de las campañas de desinformación requerirá la acción coordinada de múltiples partes interesadas, como los tribunales electorales, los medios de comunicación, la sociedad civil, el mundo académico y las empresas de tecnología (como Facebook, Google, WhatsApp y Twitter).

Sin una coalición fuerte de actores, será difícil reparar con éxito la cadena de valor de la información e inducir una rendición de cuentas efectiva.

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Acnudh urge a detener graves violaciones de DDHH en Venezuela

qui, 04/07/2019 - 16:42

Durante su visita a Caracas, entre el 19 y el 21 de junio, Michelle Bachelet se reunió con dirigentes y activistas de organizaciones de derechos humanos en Venezuela, cuya información ha apoyado el trabajo de la oficina alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y de la misión técnica de su oficina que estuvo en el país en marzo. Crédito: Cortesía Guillermo Suárez /Cofavic

Por Corresponsal Fao
GINEBRA, Jul 4 2019 (IPS)

El informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), publicado este jueves 4, insta al gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.

El informe de la Acnudh advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.

En el informe, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”.

Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos.

En el documento se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.

El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el presidente de la Asamblea Nacional, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares.

Tras la visita, un equipo de dos oficiales de la Acnudh permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.

“Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, declaró la alta comisionada Bachelet.

“El gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia—y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión”, añadió.

“La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas. Estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades competentes y a seguir promoviendo los derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones políticas”, dijo Bachelet.

El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década.

En el periodo que abarca el informe, tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La Oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del gobierno o a los colectivos.

La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada, según señala el informe.

En 2018 el gobierno registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.

El informe indica también que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la (legislativa) Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Si bien la alta comisionada acogió con beneplácito la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos, también pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales.

El informe hace hincapié en que la mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada.

“Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa el informe.

Quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a obstáculos omnipresentes y, en la mayoría de los casos, a investigaciones que se estancan.

“El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos”, indica el documento.

En cuanto a la libertad de expresión, el informe señala que el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido, mediante la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de periodistas independientes.

“En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”, precisa.

Aunque la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores, en el informe se afirma que las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos de la crisis.

Además, señala, el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.

La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas (filas)  para comprar alimentos.

A pesar de que el gobierno ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales, amplios sectores de la población carecen de acceso a la distribución de comida y las personas entrevistadas acusaron a las autoridades de excluirles porque no eran partidarias del gobierno.

La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos.

En el informe se cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019, que llegó a la conclusión de que, de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros.

El informe también aclara la repercusión desproporcionada de la situación humanitaria sobre la población indígena y cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados.

“La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar,… ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, medios de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra”, señala el documento

En el informe se formula un conjunto de recomendaciones dirigidas al gobierno en relación con las principales violaciones de derechos humanos documentadas por la Acnudh.

“Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”, afirmó Bachelet.

“Un sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”, añadió la alta comisionada.

“Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”, concluyó.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.

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