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Atualizado: 1 hora 32 minutos atrás

Dubái o cómo avanzar hacia ser una ciudad eficiente en energía

ter, 07/05/2019 - 16:44

Planta baja retráctil en la llamada Ciudad de la Salud de Dubái. Crédito: Google Street View

Por Karishma Asarpota
DUBÁI, May 7 2019 (IPS)

Tras el descubrimiento de petróleo en su subsuelo en la década de los 60, Dubái se fue transformando de una tranquila ciudad portuaria en una metrópoli global, que ahora quiere evolucionar hasta convertir el emirato del Golfo en una modelo de sostenibilidad.

Dubái, uno de los siete Emiratos Árabes Unidos y con unos tres millones de habitantes, cuenta con una Estrategia Integral de Energía, que pretende elevar la generación renovable a un 40 por ciento del total para 2050.

El objetivo del plan es bajar la dependencia del gas natural para la generación de electricidad y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de los combustibles fósiles y al mismo tiempo bajar la demanda de energía en 30 por ciento durante los próximos 20 años.

El desafío es grande porque el área urbana de Dubái creció casi 24 veces en los últimos 44 años, lo que convierte en central establecer un patrón de desarrollo urbano que priorice la eficiencia energética.

La forma en que están diseñados barrios dubaitíes puede tener un impacto en la eficiencia energética. Los residentes pueden contribuir a este objetivo al reducir la cantidad de energía y agua que consumen en los hogares. Pero una mayor responsabilidad está en manos de diseñadores, planificadores y arquitectos urbanos.

A menudo, se recurren a soluciones tecnológicas para abordar la cuestión de la energía, como instalar más paneles solares, implementar sistemas de energía distritales o actualizar a un entorno inteligente. Estas soluciones eclipsan las soluciones de diseño urbano que pueden ayudar a reducir las necesidades de energía, para empezar.

Para tener más éxito en establecer un barrio con eficiencia energética, las soluciones tecnológicas deben complementar las soluciones de diseño urbano. Estas son algunas de las formas en que con ese fin se deben repensar las soluciones de diseño arquitectónico o urbano.

1 – Mejorar la infraestructura de peatones y ciclistas

Más barrios en Dubái necesitan tener pavimentos continuos y carriles para bicicletas para apoyar a los peatones y ciclistas. Esto ayudará a alentar a los residentes a cambiar sus opciones de traslado y reducir la cantidad de recorridos realizados a través de medios mecánicos de transporte, con el consecuente ahorro de energía y caída de las emisiones de GEI.

Trazado de la conectividad del metro o tren subterráneo en la ciudad de Dubái. Crédito: Cortesía de Karishma Asarpota

Pero hay que tener en cuenta el clima desértico extremo de la ciudad. Dubái experimenta un clima tropical desértico con temperaturas que alcanzan un promedio de 45 durante muchos días. No es realista esperar que las personas realicen recorridos en bicicleta o caminen en el calor extremo sin implementar soluciones de diseño para aliviar el calor, como el sombreado y la orientación de las calles.

Es necesario recurrir a soluciones de diseño urbano más apropiadas para el clima, como la planta baja retráctil  o las zonas peatonales estrechas y sombreadas.

2 – Proporcionar acceso al transporte público

Los sectores residenciales deben estar a poca distancia de una parada de transporte público para alentar su uso y reducir la utilización de vehículos particulares. La cantidad de pasajeros en el Metro de Dubái aumentó de seis por ciento en 2006 a 15 por ciento en 2015, lo que es notable, pero aún insuficiente.

El metro de Dubái tiene aproximadamente 329,4 pasajeros diarios, lo que se aproxima a 10 por ciento de la población. Es un nivel bajo respecto a otras ciudades como Hong Kong o Vancouver, donde aproximadamente  90 y 20 por ciento de la población viajan diariamente en transporte público.

Además, aunque las medidas van en la dirección correcta, muchas áreas aún permanecen desconectadas del acceso adecuado al transporte público conveniente.

3 – Diseñar edificios sensibles al clima.

La forma en que se diseñan los edificios puede tener un impacto significativo en el confort térmico interior y exterior. Esto tiene un impacto directo en la cantidad de energía que se necesita para mantener un clima interior confortable. Los edificios deben estar diseñados para responder al microclima de un lugar para evitar el aumento de calor.

Vista aérea parcial del complejo urbanístico residencial Ciudad Sostenible de Dubái, considerado un modelo de eficiencia energética en el emirato, proyectada para lograr emisiones netas cero. Crédito: Ciudad Sostenible

El desarrollo urbanístico Dubái Ciudad Sostenible, un gran complejo erigido sobre un terreno de 46 hectáreas,  es un ejemplo de una iniciativa que considera la demanda de energía en el diseño arquitectónico y urbano. Decisiones como la orientación y la densidad ayudaron a reducir la demanda de energía con poca inversión financiera.

Las edificaciones residenciales del proyecto usan 42 por ciento menos de electricidad en comparación con otros conjuntos tradicionales de viviendas en Dubái, en un proyecto que nació con la meta de emisiones netas cero.

4 – Construir un desarrollo más compacto.

La promoción de un desarrollo compacto y más denso puede reducir la demanda de transporte y el uso de energía y las emisiones asociadas, y aumentará la eficiencia del uso de la tierra en áreas urbanas. Además, se necesitan menos recursos para satisfacer las necesidades de infraestructura, como el transporte o las redes de servicios públicos.

A medida que Dubái ha crecido, la ciudad se ha extendido a lo largo de la costa, aumentando la distancia entre barrios y haciendo que la ciudad dependa del transporte de automóviles.

5 – Incrementar el suministro de energía renovable.

El aumento del suministro de energía en los vecindarios que utilizan fuentes de energía renovables como la solar o la geotérmica puede ayudar a diversificar las fuentes y reducir las fósiles, muy contaminantes.

Paneles solares instalados en el techo de unos edificios residenciales en Dubái. Crédito: Beacon Energy Solutions

El Parque Solar Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum tiene actualmente una capacidad instalada de 200 megavatios (MW) y está previsto que se amplíe a 5.000 MW para 2030.

La Autoridad de Electricidad y Agua (Dewa, en inglés) promueve ahora otra iniciativa, denominada Al Shams, basada en la generación descentralizada o distribuida de energía solar para los edificios. Es un paso en la dirección correcta, pero siguen faltando incentivos para que la generación y consumo de energía solar se generalice.

6 – Implementar sistemas de refrigeración por distrito.

En Dubái, los sistemas de refrigeración implementados por cada uno de los nueve distritos y zonas en que se compartimenta la ciudad, aumentan la eficiencia de las redes de refrigeración, ya que el agua refrigerada se produce en un punto central y luego se distribuye a los edificios  para ser utilizados en sistemas individuales de aire acondicionado.

Esquema del sistema de refrigeración por distrito, planteado para mejorar la eficiencia de la climatización en Dubái. Crédito: Cortesia de Karishma Asarpota

Los sistemas de aire acondicionado generan agua más caliente que se envía a la planta de refrigeración del distrito para que se enfríe. Las plantas de refrigeración del distrito pueden aumentar su eficiencia instalando una unidad de almacenamiento térmico. Una unidad de almacenamiento térmico ayuda a gestionar mejor la demanda, ya que es capaz de almacenar agua fría y caliente.

Esto ayuda a reducir el tamaño de la planta de refrigeración, ya que el almacenamiento adicional significa que la planta puede producir agua fría por la noche cuando la temperatura ambiente es baja y la eficiencia del enfriador es alta.

De esta manera, la planta debe diseñarse según la demanda promedio y no la demanda máxima. Las nuevas urbanizaciones y barrios de todo tipo deben construirse utilizando un sistema de energía del distrito, ya que puede aumentar la eficiencia energética en aproximadamente 40 por ciento.

7- Conservación del agua.

El agua es un recurso valioso que no debe desperdiciarse, más en una región como la del Golfo, donde el abastecimiento es complejo. Además, el agua en Dubái se produce mediante la desalinización, que es un proceso que consume mucha energía.

El uso de solo especies autóctonas para el paisajismo es una de las recomendaciones para Dubái de los expertos en sostenibilidad eficiencia energética. Crédito: Cortesía de Silvia Razgova

Para conservar el uso del agua en interiores y exteriores y evitar su desperdicio, las instalaciones de agua para interiores deben actualizarse para ser más eficientes lo antes posible.

Otro elemento importante, los jardines al aire libre deben emplear solo especies nativas y utilizar aguas residuales tratadas para su reutilización.

T: MF

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Crisis aleja el fin del racionamiento de alimentos en Cuba

ter, 07/05/2019 - 12:22

Un cliente recibe arroz en una bodega estatal, que suministra los alimentos a precios subsidiados incluidos en la libreta de racionamiento, cuya eliminación se aleja ante el recrudecimiento de la crisis económica en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, May 7 2019 (IPS)

Si bien el objetivo se mantiene dentro del programa de reformas, la eliminación del antiguo sistema de distribución racionada de productos en Cuba parece alejarse de las posibilidades del país, obligado a reducir sus importaciones de alimentos por iliquidez financiera.

En su versión para el período 2016-2021, el plan de transformaciones de esta nación insular caribeña establece “dar continuidad a la eliminación ordenada y gradual de los productos de la libreta de abastecimiento, como forma de distribución normada, igualitaria y a precios subsidiados”.

Este año comenzó para los 11, 2 millones de cubanos con escasez de productos de alta demanda como huevos, carnes de ave, aceite o leche en polvo. Aunque la recaída económica se inició en 2016, con la reducción del aporte petrolero de Venezuela, la situación empeoró al materializarse el recrudecimiento del embargo estadounidense.

Interrogadas por IPS sobre el tema, varias personas coincidieron en que la situación actual no aconseja eliminar la libreta de abastecimiento que asegura a toda familia cubana algunos alimentos a precios subsidiados. “Son muchas las familias que solo disponen de esa canasta básica para comer”, alertó la emprendedora Maricel Ponvert.

En tanto, otros testimonios pusieron acento en que bajo el principio de igualdad se esconde el “igualitarismo” pues la canasta básica subsidiada beneficia lo mismo a quien la necesita o no. “Es bueno que este tema, del que no se habla, salga a la luz pública, se analice”, dijo la filósofa y profesora universitaria Teresa Díaz Canals.

A su vez, la socióloga Reina Fleitas cree que la libreta debe eliminarse y solo mantenerse para aquel grupo más vulnerable que debido a sus bajos ingresos carecen de otras opciones. “Pero eso solo puede ser posible cuando mejore la situación crítica que hay con la distribución de los alimentos”, consideró.

Para Eugenio Martínez, jubilado del transporte residente en la occidental ciudad de Pinar del Río, sería “un desastre” carecer de un día para otro de sus “mandados”, como llama a sus cuotas de arroz, huevo, pollo, picadillo de carne mezclado con soja, fiambre de jamón cocido, aceite, azúcar y café que adquiere cada mes.

En su casa, dijo, son cinco personas y lo que “nos toca por la libreta” nos alcanza para una semana o un poquito más. Aseguró que en esas compras no gasta más de 80 pesos (algo más de tres dólares), aunque esa cantidad equivale a un tercio de su pensión. “Mi hija y mi nieta trabajan y algo podemos comprar en los agromercados, donde todo es más caro”, comentó.

Las libretas de abastecimiento se mantienen en Cuba desde 1962 para la venta racionada de alimentos a precios subsidiados por el Estado, a fin de asegurar parte del consumo de la población. Su gradual eliminación estaba incluida en el programa de reformas, pero la crisis financiera aleja la meta del gobierno socialista. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Economistas han alertado que actualmente hace falta un salario medio de 2.800 pesos (equivalentes a unos 112 dólares)  mensuales solo para atender las necesidades alimenticias, pues las familias deben recurrir a las tiendas que venden en divisas y al mercado paralelo debido a que la canasta básica subsidiada solo cubre un tercio del mes.

Este sistema de distribución nació mediante la Ley 1.015 del 12 marzo de 1962 para sortear la escasez generada, entre otros factores, por la postura de Estados Unidos, principal abastecedor del país entonces, que descontento con el rumbo de la Revolución Cubana interrumpió sus relaciones de todo tipo con este país.

También se adujeron como razones, el crecimiento del poder adquisitivo de la población a un ritmo mayor que la producción de bienes de consumo y la capacidad estatal para importarlos. Mediante la libreta se podían garantizar cuotas mínimas para todo el pueblo a precios subsidiados, a veces inferiores al costo de producción.

“Es cierto que este sistema se ha prolongado más allá de lo inicialmente concebido” y existe consenso en cuanto a su eliminación, pero de forma “gradual”, con una garantía o respaldo sobre todo de la producción nacional y reducción de las importaciones, comentó el economista Armando Nova.

El especialista añadió que ese objetivo se mantiene, pero no se puede ignorar “las complejas condiciones actuales por las que transita la economía cubana, la insuficiente producción de alimentos, dependencia de las importaciones y restricciones externas recrudecidas por la creciente hostilidad del actual gobierno de Estados Unidos”.

“Sinceramente pienso que en estos momentos de crisis económica la solución de la canasta racionada es vital para obtener un respiro en la garantía de un grupo de productos básicos necesarios para la familia, que, si bien no alcanza para todo el mes, al menos da un alivio, a precios bajos”, confió Lourdes de los Santos.

Un vendedor de un local alimentario por cuenta propia, como se llaman en Cuba a los emprendimientos autónomos o privados, aguarda la llegada de clientes en un mercado agropecuario de La Habana. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Mauricio de Miranda, economista cubano residente en Colombia, consideró en cambio una necesidad, la eliminación de este sistema, cuya “sola existencia significa una distorsión en los precios de alimentos de primera necesidad, lo cual a su vez, no permite calcular adecuadamente el valor de bienes necesarios para la subsistencia de los cubanos”.

“Para la economía cubana y para la vida de los cubanos es urgente una reforma profunda que incluya un incremento de los ingresos que tome en cuenta una mayor productividad”, recalcó De Miranda, profesor titular del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

En su opinión, “la asistencia social debería subsidiar a los que tienen menos, a las personas que se encuentren en la pobreza (partiendo del necesario reconocimiento de su existencia en la realidad cubana actual) y no a productos”.

Sobre este punto, la socióloga Fleitas acotó que se requiere un estudio sobre a quienes proteger con este mecanismo distributivo.

Según la especialista, más de 70 por ciento de lo que la familia gasta corresponde a alimentos y todos acceden a la libreta de abastecimiento, la cual, si bien ha reducido la cantidad de productos que distribuye en comparación con décadas anteriores, aún mantiene algunos que son esenciales para la seguridad alimentaria de cubanos y cubanas.

Acosado por el recrudecimiento del embargo estadounidense, el gobierno cubano intenta remontar las tensiones económicas que se concentran en las finanzas externas, debido al incumplimiento de los ingresos planificados por exportaciones, el turismo y la producción azucarera.

A ese panorama se sumó el impacto de una prolongada sequía, seguida por el huracán Irma que en 2017 causó daños evaluados en 13.000 millones de dólares, lo cual condicionó aun en 2018 reducciones en los arribos de materias primas, equipos e insumos.

El déficit financiero obligó a reducir las compras externas, incluidas las de alimentos. No obstante, las autoridades aseguraron que se protegerá la canasta básica. Ante la escasez de huevos, en abril se elevó la distribución de ese producto de 10 a 15 unidades por persona.

Sobre el tema, el abogado y sociólogo Fernando Romeu definió el racionamiento alimenticio como un instrumento adecuado para épocas de crisis y “eventos de fuerza mayor”, lo cual asegura que en casos de catástrofes a cada familia le llegue puntualmente el avituallamiento necesario.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Humanidad amenazada: un millón de especies en peligro de extinción

seg, 06/05/2019 - 20:46

El 40% de las especies de anfibios está en peligro de extinción. Crédito: Jing Zhang/ONU

Por Corresponsal Fao
NACIONES UNIDAS, May 6 2019 (IPS)

Alrededor de un millón de especies de animales y plantas están ahora en peligro de extinción y muchas podrían desaparecer en tan solo décadas, lo que representa una amenaza de una dimensión sin precedentes en la historia de la humanidad, revela un histórico informe de la ONU.

El adelanto del documento, revelado este lunes 6 por la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas (IPBES), indica que la tasa global de especies extintas ya es por lo menos de diez a cientos de veces mayor que la tasa promedio en los últimos 10 millones de años y se está acelerando.

Según el informe, patrocinado por varias agencias de la ONU (Organización de las Naciones Unidas),  75% de los ecosistemas terrestres y  66% de los marinos ya están “gravemente alterados”. Más de un 85% de los humedales que existían en 1700 se han perdido.

¿Qué hemos hecho los humanos para que una de cuatro especies esté hoy en día amenazada? Más de 400 expertos en 50 países han clasificado, de mayor a menor, por primera vez los cinco impulsores directos del cambio en la naturaleza con mayor impacto en nuestro planeta hasta la fecha.

  1. Cambios en el uso de la tierra y el mar

Actualmente los humanos extraen más recursos y producen más desperdicios que nunca. A nivel global, el cambio del uso de la tierra ha tenido el mayor impacto en los ecosistemas terrestres y de agua dulce.

Aunque el ritmo de la expansión agrícola varía de país a país, se han producido pérdidas de ecosistemas intactos principalmente en los trópicos, donde se encuentran los niveles más altos de biodiversidad en el planeta. En total se han sacrificado más de 100 millones de hectáreas de bosque tropical: en América Latina, por ejemplo, debido a la ganadería y en Asia Oriental, principalmente por el cultivo de aceite de palma, entre otros.

Cerca un tercio de la superficie terrestre del mundo y casi tres cuartas partes de los recursos de agua dulce disponibles se destinan a la producción agrícola o ganadera. La producción de cultivos se produce en el 12% de las regiones libres de hielo y el pastoreo sobre el 25%.

Además, un 25% de los gases de efecto invernadero proviene de la deforestación, la producción de cultivos y la fertilización. Los alimentos a base de animales son los más contaminantes, pero la agricultura también ha incrementado la producción de comida a costa de la naturaleza.

Los hábitats costeros, entre ellos estuarios y deltas críticos para la biota marina y los economías regionales han sido gravemente afectados por el desarrollo de las costas y la acuicultura en alta mar, entre otras razones, así como por la expansión urbana.

Vacas en un establo. Crédito: Carly Learson/FAO

La minería oceánica, aunque relativamente pequeña, se ha expandido desde 1981 con hasta 6500 instalaciones de petróleo y gas en 53 países, el 60% en el Golfo de México, y es probable que continúe creciendo a medida que el hielo se derrite en las regiones ártica y antártica.

Asimismo, las áreas urbanas se han duplicado desde 1992, haciéndose paso a costa de la biodiversidad.

A nivel mundial, se proyecta que las longitudes de las carreteras pavimentadas aumentarán en 25 millones de kilómetros para 2050, con nueve décimas partes de toda la construcción en los países en desarrollo. También se espera que aumente el número de represas.

Las expansiones de carreteras, ciudades, represas hidroeléctricas y gasoductos pueden conllevar altos costos ambientales y sociales, incluida la deforestación, la fragmentación del hábitat, la pérdida de biodiversidad, el acaparamiento de la población, el desplazamiento de la población y la interrupción social, incluso para los pueblos indígenas y las comunidades

  1. Explotación directa de organismos

La población humana global ha aumentado de 3.700 millones a 7.600 millones de personas desde 1970 de manera desigual en todos los países y regiones, lo que tiene importantes implicaciones para la degradación de la naturaleza.

El consumo per cápita también ha crecido, y también es desigual, con una amplia variación en los estilos de vida y el acceso a los recursos en todas las regiones y dentro de ellas, además de las consecuencias para la naturaleza que se distribuyen a nivel mundial a través del comercio.

Actualmente se explotan unos 60.000 millones de toneladas de recursos renovables y no renovables anualmente a causa del aumento de la demanda de plantas, animales, combustibles fósiles, minerales, material de construcción, etc.

La abundancia promedio de especies nativas en la mayoría de los principales hábitats terrestres ha disminuido en al menos un 20%, en su mayoría desde 1900. Al menos 680 especies de vertebrados fueron llevadas a la extinción desde el siglo XV, entre ellas la tortuga gigante de pinta de las islas Galápagos en 2012.

Más de 9% de todas las razas domesticadas de mamíferos utilizados para la alimentación y la agricultura se extinguieron en 2016, con al menos 1.000 razas más amenazadas.

Las actividades humanas han tenido un gran impacto generalizado en los océanos del mundo. Estas incluyen la explotación directa, en particular la sobreexplotación de peces, mariscos y otros organismos.

El jaguar, una de las especies en peligro de extinción. Crédito: Dominio público

En los ecosistemas marinos, la pesca ha tenido el mayor impacto en la biodiversidad en los últimos 50 años. Las capturas de peces se han mantenido a través de la expansión geográfica y la penetración a aguas más profundas. Una proporción cada vez mayor de las poblaciones de peces marinos está sobre explotada, 33%, mientras que 60% está casi al punto de ser insostenible.

  1. Cambio climático

El cambio climático ya está teniendo un impacto en la naturaleza y es un impulsor directo de la disminución de la biodiversidad que se exacerba cada vez más. Se estima que los seres humanos han causado un calentamiento global de 1,0 ° C en 2017 en relación con los niveles preindustriales, con temperaturas promedio en los últimos 30 años que aumentaron en 0,2 ° C por década.

La frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, y los incendios, las inundaciones y las sequías que pueden provocar, han aumentado en los últimos 50 años, mientras que el nivel medio global del mar ha aumentado de 16 a 21 cm desde 1900, a una tasa de más de 3 mm por año en las últimas dos décadas.

Estos cambios han contribuido a los impactos generalizados en muchos aspectos de la biodiversidad, incluidas las distribuciones de especies, la fenología, la dinámica de la población, la estructura de la comunidad y las funciones de los ecosistemas.

Según la evidencia observada, los efectos se están acelerando en los ecosistemas marinos, terrestres y de agua dulce y ya están afectando a la agricultura, la acuicultura, la pesca y las contribuciones de la naturaleza a las personas.

La mitad de los arrecifes de coral se ha perdido desde 1870, con una pérdida acelerada en las últimas décadas debido al calentamiento de los océanos. Casi la mitad, (el 47%) de los mamíferos terrestres amenazados, excluyendo los murciélagos y una cuarta parte (23%) de las aves en peligro de extinción habrían sido afectadas negativamente por el cambio climático.

Grandes reducciones y extinciones locales de poblaciones de animales están generalizándose. Esto indica que muchas especies son incapaces de contrarrestar localmente al rápido ritmo del cambio climático, ya sea a través de procesos evolutivos o de comportamiento, y que su existencia dependerá de la medida en la que puedan migrar para encontrar condiciones climáticas adecuadas.

Muchos de estos cambios pueden tener impactos significativos en varios sectores económicos importantes y efectos en cascada para otros componentes de la biodiversidad. Las naciones insulares, en particular las de Asia oriental y la región del Pacífico, serán las más vulnerables al aumento del nivel del mar, de un metro, según lo previsto.

  1. Contaminación

La contaminación es la causa y la consecuencia transversal a todos los impulsores de la pérdida de biodiversidad. Aunque las tendencias globales son variadas, la polución del aire, el agua y el suelo ha seguido aumentando en algunas áreas.

La contaminación debida a los  plásticos se ha multiplicado por diez desde 1980, 300-400 millones de toneladas de metales pesados, solventes, lodos tóxicos y otros desechos de instalaciones industriales se descargan anualmente en las aguas del mundo, y los fertilizantes que ingresan a los ecosistemas costeros han producido más de 400 “zonas muertas” en los océanos, que representan un total de más de 245,000 km2, una superficie combinada mayor que todo el Reino Unido.

Las aves han sido una de las especies más afectadas por el cambio climático. Crédito: Jing Zhang/ONU

La acidificación de los océanos, debido al aumento de los niveles de dióxido de carbono, afecta en gran medida a las aguas poco profundas, con los ecosistemas del Pacífico subártico y el Océano Ártico occidental particularmente afectados.

Las micropartículas plásticas y las nanopartículas están entrando en las redes alimenticias de manera poco conocida. Las aguas costeras contienen los niveles más altos de metales y contaminantes orgánicos persistentes de las descargas industriales y la extracción de residuos agrícolas, envenenando comunidades de peces enteras. Además, los efectos severos del exceso de concentración de nutrientes en ciertas ubicaciones incluyen daños a los peces y la biota del fondo marino.

Todos estos cambios en los océanos han afectado al menos 267 especies, incluyendo el 86% de las tortugas marinas, el 44% de las aves marinas y el 43% de los mamíferos marinos. Los humanos también se ven afectados a través de las cadenas alimenticias.

Las emisiones de gases de efecto invernadero, los desechos urbanos y rurales no tratados, los contaminantes de las actividades industriales, mineras y agrícolas, los derrames de petróleo y los vertidos tóxicos han tenido fuertes efectos negativos en la calidad del suelo, el agua dulce y marina y la atmósfera global.

Además, el transporte de mercancías y personas a larga distancia, incluso para el turismo, ha crecido dramáticamente en los últimos 20 años con consecuencias negativas para la naturaleza en general.

Entre 2009 y 2013, la huella de carbono causada por el turismo aumentó en un 40% a 4,5 gigatones de dióxido de carbono y, en general, el 8% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero provienen del transporte y el consumo de alimentos relacionados con el turismo. La demanda de turismo basado en la naturaleza, o ecoturismo, también ha aumentado, con efectos mixtos sobre la naturaleza y las comunidades locales, incluidas algunas posibilidades de contribución a la conservación local, en particular cuando se lleva a cabo a escalas menores.

  1. Especies exóticas invasoras

Finalmente, el aumento del transporte aéreo y marítimo, incluido el aumento triple de los viajes de países desarrollados y en desarrollo en particular, ha aumentado la contaminación y ha aumentado significativamente las especies exóticas invasoras.

Los registros acumulativos de especies exóticas han crecido en un 40 por ciento desde 1980, asociados con el aumento del comercio y la dinámica y las tendencias de la población humana.

Una tortuga marina nada en un arrecife de coral en las Islas Maldivas. Crédito: Jayne Jenk/Coral Reef Image Bank

 

Casi una quinta parte de la superficie de la Tierra está en riesgo de invasiones de plantas y animales, afectando a las especies nativas, las funciones del ecosistema y las contribuciones de la naturaleza a las personas, así como a las economías y la salud humana. La tasa de introducción de nuevas especies exóticas invasoras parece más alta que nunca y sin signos de desaceleración.

La única solución: transformar nuestra interacción con la naturaleza

El informe, de 1800 páginas, asegura que esta tendencia se puede frenar, pero sólo “con cambios transformadores” en todos los aspectos de nuestras interacciones con la naturaleza.

Tras la adopción de este informe histórico, nadie podrá afirmar que no lo sabía”, dijo la directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura durante la presentación del documento en París.

“Ya no podemos seguir destruyendo la biodiversidad. Esta es nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras”, aseguró.

Destacando la importancia universal de la biodiversidad, la diversidad dentro de las especies, entre las especies y de los ecosistemas, Azoulay dijo que protegerla “es tan vital como luchar contra el cambio climático”.

El Informe presenta una lista ilustrativa de posibles accionesy vías para detener la destrucción de la biodiversidad:

  • En agricultura, el informe destaca, entre otros aspectos: la promoción de buenas prácticas agrícolas y agroecológicas y una gestión integrada intersectorial. También señala la importancia de una participación más profunda de todos los actores en todo el sistema alimentario (incluidos los productores, el sector público, la sociedad civil y los consumidores) y una gestión más integrada del paisaje y las cuencas hidrográficas; conservación de la diversidad de genes, variedades, cultivares, razas, y especies; así como enfoques que empoderan a los consumidores y productores a través de la transparencia del mercado, la mejora de la distribución y la localización, que revitaliza las economías locales, las cadenas de suministro reformadas y la reducción del desperdicio de alimentos.
  • En sistemas marinos, se destacan los enfoques basados ​​en los ecosistemas para la gestión de la pesca; la ordenación del territorio; cuotas efectivas; áreas marinas protegidas; proteger y gestionar áreas clave de biodiversidad marina; reducir la contaminación de la escorrentía en los océanos y trabajar en estrecha colaboración con los productores y consumidores.
  • En los sistemas de agua dulce, las opciones y acciones políticas incluyen, entre otras: una gobernanza más inclusiva para la gestión colaborativa del agua y una mayor equidad; una mejor integración de la gestión de los recursos hídricos y la planificación del paisaje a través de escalas; también promover prácticas para reducir la erosión del suelo, la sedimentación y la escorrentía de la contaminación; aumentar el almacenamiento de agua; promover inversiones en proyectos hídricos con criterios claros de sostenibilidad; así como abordar la fragmentación de muchas políticas de agua dulce.
  • En áreas urbanas, se necesita la promoción de soluciones basadas en la naturaleza; aumentar el acceso a los servicios urbanos y un entorno urbano saludable para las comunidades de bajos ingresos; mejora del acceso a espacios verdes; producción y consumo sostenibles y conectividad ecológica dentro de espacios urbanos, particularmente con especies nativas.

El Informe también reconoce la importancia de incluir diferentes sistemas de valores y diversos intereses y cosmovisiones en la formulación de políticas y acciones. Esto incluye la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la gobernabilidad, la reforma y el desarrollo de estructuras de incentivos y asegurar que las consideraciones de biodiversidad se prioricen en toda la planificación sectorial clave.

“Ya hemos visto los primeros movimientos de acciones e iniciativas para un cambio transformador, como políticas innovadoras de muchos países, autoridades locales y empresas, pero especialmente de jóvenes de todo el mundo. Desde los jóvenes detrás del movimiento #VoiceforthePlanet, hasta las huelgas escolares por el clima, hay una base para comprender que se necesitan medidas urgentes si queremos asegurar algo que se aproxime a un futuro sostenible. El Informe de evaluación global de IPBES ofrece la mejor evidencia disponible para ayudar a informar estas decisiones, políticas y acciones, y proporciona la base científica para el marco de la biodiversidad y los nuevos objetivos decenales para la biodiversidad, que se decidirá a finales de 2020 en China, bajo los auspicios de El Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica”, expresó Robert Watson el presidente del Panel realizador del informe.

Este artículo fue publicado originalmente por  originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

RV: EG

El artículo Humanidad amenazada: un millón de especies en peligro de extinción fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Mejorar tratamiento de aguas residuales, crucial para salud

seg, 06/05/2019 - 16:16

El Ganges, el río sagrado y más contaminado de India. Crédito: Wikimedia

Por Corresponsal Fao
PANAMÁ, May 6 2019 (IPS)

El agua contaminada plantea riesgos significativos de diarrea, infecciones y malnutrición, que ocasionan 1,7 millones de muertes al año a nivel mundial, la mitad de ellas en niños.

Un 90 por ciento de estos fallecimientos ocurre en países en desarrollo y principalmente a causa de la ingestión de patógenos fecales de humanos o animales.

A nivel global, el volumen de aguas residuales aumentará con el crecimiento de la población. Y a medida que se expanda la economía y los ingresos globales, el contenido de sustancias químicas peligrosas, tóxicos y desechos asociados al estilo de vida moderno también será mayor.

El problema es particularmente grave en áreas densamente pobladas que carecen de instalaciones de tratamiento.

Un ejemplo es el río Ganges, en India. Este cuerpo de agua abastece a alrededor de 500 millones de personas, lo que aproximadamente equivale a la población de Canadá, Estados Unidos y Rusia juntos.

El Ganges, además de proporcionar agua para cocinar, bañarse, irrigar cultivos y mantener los medios de subsistencia, tiene para muchas personas gran valor espiritual y cultural.

Un estudio de enero de 2018 publicado en Water Research encontró que la concentración de coliformes fecales en el agua está fuertemente relacionada con la densidad de población aguas arriba, y que el río recibe aproximadamente 100 veces más aguas residuales por habitante en las poblaciones urbanas que en las rurales.

Según la organización Ganga Action Parivar, las plantas de tratamiento de aguas residuales en el Ganges son costosas y se pueden desbordar fácilmente durante los monzones; 30 por ciento no estaba operativa en 2013, y otras utilizaban menos de 60 por ciento de la capacidad instalada.

Además, no pueden tratar los desechos tóxicos de metales pesados, sustancias farmacéuticas o productos de cuidado personal; suelen desactivarse por cortes de energía y, con frecuencia, están inactivos debido a los altos costos operativos y de mantenimiento.

Planta de tratamiento en Lucknow, India. Crédito: Flickr

El caso del Ganges retrata los desafíos que enfrentan la mayoría de los países en desarrollo. El proceso de tratamiento de aguas residuales necesita un suministro de electricidad constante y confiable, un servicio que muchos países en desarrollo no tienen.

Además, se requiere invertir en la infraestructura para llevar a las plantas de tratamiento las aguas que deberán ser tratadas. Ambas etapas son cruciales para garantizar que los residuos contaminantes no lleguen al medio ambiente.

“La urgencia de invertir, no solo en alcantarillas, sino en el tratamiento de las aguas residuales nunca ha sido mayor. Construir más alcantarillas sin el respectivo tratamiento de aguas, empeorará la contaminación de los ríos”, advierte Birguy Lamizana, especialista en aguas residuales de la ONU Medio Ambiente.

Sin dejar a nadie atrás

El tratamiento eficaz de las aguas residuales es esencial para la buena salud pública.

En 2010, las Naciones Unidas reconocieron “el derecho al agua potable limpia y segura y al saneamiento como un derecho humano que es esencial para el pleno disfrute de la vida y todos los derechos humanos.

Más de 80 por ciento de las aguas residuales del mundo se vierten en el medio ambiente sin tratamiento, una cifra que alcanza 95 por ciento en algunos países menos desarrollados.

Hoy día, solo 26 por ciento de los servicios urbanos y 34 por ciento de los servicios rurales de saneamiento y aguas residuales previenen efectivamente el contacto humano con las excretas en toda la cadena de saneamiento y, por tanto, pueden considerarse seguros.

La buena salud y el bienestar están contempladas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que incluye estas metas:

  • Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.
  • Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo

ONU Medio Ambiente está colaborando con aliados para prevenir la degradación y la contaminación causada por las aguas residuales, a través del Programa de acción mundial para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra.

La Iniciativa Global de Aguas Residuales, apoyada por ONU Medio Ambiente, también trabaja para que las personas transiten de un enfoque de eliminación de residuos y hacia un enfoque de recuperación de recursos.

Otra rama de la labor de ONU Medio Ambiente en este sector se centra en África, donde tiene lugar el Proyecto de Gestión de Aguas Residuales y Saneamiento, con el apoyo del Banco Africano de Desarrollo.

Este artículo fue originalmente publicado por ONU Medio Ambiente América Latina y el Caribe, con quien IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial para la difusión de sus materiales.

RV:EG

El artículo Mejorar tratamiento de aguas residuales, crucial para salud fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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La resistencia de pueblos mexicanos que vienen del mar

seg, 06/05/2019 - 15:08

Una mujer se preocupa de mantener el fuego, durante una ceremonia de tributo al río Verde que los comuneros de Paso de la Reina le rinden al amanecer, en el municipio de Jamiltepec. Crédito: Antonio Mundaca/Pie de Página

Por Antonio Mundaca
JAMILTEPEC, México, May 6 2019 (IPS)

El despojo a los pueblos chatinos, mixtecos y afromexicanos ha sido detenido, al menos por ahora, en el suroeste de México. Los ejidos costeños del estado de Oaxaca se organizaron cuando descubrieron que el cauce del río Verde Atoyac era codiciado por empresas y por gobierno.

El 31 de enero ganaron un amparo y el 12 de marzo interpusieron un recurso de revisión que salvaguarda 300 cuencas de aguas mexicanas, convirtiendo a la comunidad de Paso de la Reina, ubicada en el municipio oaxaqueño de Jamiltepec, en un símbolo nacional de la lucha contra los megaproyectos.

Con ello, detuvieron en la Costa Chica el decreto presidencial de Enrique Peña Nieto (2012-diciembre 2018), emitido el 6 de junio de 2018, que buscaba levantar la veda de esta cuenca hidrológica.

De haberse consumado el atropello federal, el río, que alimenta a 24 comunidades de seis municipios, habría quedado listo para la privatización a través de concesiones a la industria minera.

La extracción de hidrocarburos y el uso de la tecnología de la fractura hidráulica, el fracking, afectando con ello a 17.000 habitantes en la ribera del río e indirectamente a otros 97.000 de la costa oaxaqueña.

El triunfo legal ha sido celebrado con varias festividades. Además, se han adherido otros pueblos, aun contra la voluntad de caciques históricos. Se han ido dando cuenta que no hay diferencias entre ellos: son hijos espirituales del agua.

Las comunidades de la costa oaxaqueña se han organizado desde 2007 en la agrupación regional denominada Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), y sus liderazgos saben que enfrentan la pugna por el control de sus minerales y la generación de electricidad, mediante una alianza añeja entre señores feudales y los poderes políticos federales de sexenios que promueven la inversión extranjera.

Tributo de miembros de la comunidad Paso de la Reina al río verde, en Jamiltepec, Oaxaca. Crédito: Antonio Mundaca/Pie de Página

Frenaron la concesión del agua. Ahora quieren frenar la construcción del Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina porque este ha violado el derecho colectivo al territorio indígena, saben que de eso dependen 3.000 hectáreas de cultivo de núcleos agrarios, su forma cultural de entender la vida, el paso de los hombres y mujeres por la tierra, la supervivencia.

Los chatinos que vienen del mar

El camino de Jamiltepec, cabecera municipal, a Paso de la Reina es de 35 kilómetros sobre piedras de río y arena. El concreto termina en la desviación de una pequeña comunidad llamada La Humedad, que está en el filo de la Carretera Federal 200 que atraviesa los límites costeros de Oaxaca y el vecino estado de Guerrero.

Llegamos a Paso de la Reina después de 12 horas viaje desde la Ciudad de Oaxaca. A la entrada, en la calle principal se levantan guarniciones de hilos de púas que defienden edificaciones de madera y palma donde hay brasas de carne de pescado en la leña.

Es una comunidad chatina metida en la selva de la costa del océano Pacífico. Paso de la Reina es un pueblo arcilloso detenido en el tiempo. Sus casas parecen hilos de polvo colocadas unas frente a otras con colores chillantes y grandes patios donde brotan árboles de naranja y encino. Es una comunidad pobre. No tiene acceso a telefonía o Internet o canales tradicionales de información. Los niños montan bicicletas gastadas con los pies descalzos y sucios.

Un grupo de señoras ofrece agua y comida a los visitantes. Charolas con cangrejos de río, a los que llaman congas, que sirven fritos, condimentados con guajillos y chiles rojos. Las mujeres que caminan por la calle llevan sobre sus cabezas lienzos con tortillas, sus blusas son blancas, con bordados infinitos de flores de colores en el pecho.

Los hombres con el sol del día por terminar sobre sus cabezas, van de la friega del campo al salón de usos múltiples a reunirse para tomar acuerdos como ejido –la figura mexicana de tierra de propiedad y explotación colectiva-, preparar, junto al Consejo de ancianos y representantes del Copudever, las festividades anuales del río.

Ha caído la noche. El polvo en el cuerpo ahora es un poco de sal. Dice doña Coty Cruz –que nos ha dado un lugar en su casa para dormir– que es porque Paso de la Reina es un pueblo que vino del mar.

La Costa Oaxaca, una región en disputa

En Oaxaca los procesos no se pueden entender sin la historia, deben ser procesos a largo plazo hasta que la gente asuma que es necesario organizarse para hacer posibles esos derechos, afirma Ana María García Arreola, integrante del Comité Directivo de Servicios para la Educación Alternativa (Educa) que lleva años unida como abogada a la resistencia de Paso de la Reina.

El río Verde es la fuente de vida principal de 26 municipios y 24 comunidades de Oaxaca. Crédito: Antonio Mundaca/Pie de Página

Para ella la Cuenca Hidrológica de la Costa de Oaxaca es una región en disputa. Sostiene que hay una riqueza enorme pero también hay una historia de mucha opresión y autoritarismo, se trata de la concentración del poder en pocas familias que han sometido a pueblos indígenas y afromexicanos. Sus afirmaciones tienen un sustento documentado periodísticamente desde al menos hace 30 años.

Los municipios de Jamiltepec y Pinotepa Nacional han sido gobernados por caciques históricamente señalados de asesinar a cientos de líderes campesinos y ejercer una represión sin precedentes para poder apoderarse de los bosques madereros, la industria del café, el cultivo del tamarindo, la palma y el coco o el cultivo de papaya y el ganado, además de ejercer control sobre el corredor costero que comunica con Guerrero y el Pacífico.

En las comunidades se señala a una vieja dinastía, la familia Iglesias, cuyo patriarca fue Francisco Iglesias Meza en la década de los 80 y 90, e incluye al finado Gabriel Iglesias Meza o “Chulindo” en la última década del siglo pasado.

Esta familia siempre ha estado ligada al PRI (Partido Revolucionario Institución); y lo que en las comunidades se sabe es que los Iglesias son precursores del Proyecto Hidroeléctrico a través de un contubernio de beneficios con directivos de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A pesar de esa resistencia empresarial–gubernamental a que las comunidades ejerzan sus derechos con libertad, la activista García Arreola señala que se han alcanzado algunos cambios en el control del poder local. Pero la apuesta es que se modifiquen los usos del poder abusivo.

“La educación colectiva es una amenaza para los poderes fácticos que gobiernan ciertas regiones, porque por años han controlado todo el poder económico, los sistemas electorales, las decisiones de las comunidades y han hecho alianza con poderes estatales y federales para acabar los liderazgos comunitarios y su autonomía”, sentenció.

‘Le ganamos a Peña Nieto’

Son las 5:00 de la mañana y las riberas del río de Paso de la Reina arrojan una ventisca fría. Habitantes de la comunidad han desayunado tamales de camarón, café de olla y pan que terminaron de hacer entre todos en la madrugada. En fila y casi a oscuras desfilan con lámparas de mano, parten de la plaza al embarcadero a rendirle honores al dios de sus abuelos, el Río Verde Atoyac.

Desde niños, en la costa oaxaqueña se les inculca la resistencia comunitaria y la defensa de los recursos naturales. Crédito: Antonio Mundaca/Pie de Página

El ritual de velas y albahaca es el primer acto para celebrar desde la espiritualidad el Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida y el sexto Festival Cultural por la defensa del Río Verde. Chamanes, curanderos, mayordomos, siembran el ombligo. Aún no amanece y se escucha el ruido nítido de los pájaros.

Además de los habitantes de Paso de la Reina, en la festividad hay comuneros originarios de San Pedro y Santa Ana Tututepec, Santa Cruz Zenzontepec y Santiago Ixtayutla que se unieron a la defensa del agua y hoy tienen una red comunitaria de 40.000 personas.

Los pueblos de la Sierra Sur de Tataltepec de Valdés y Santa Cruz Tepenixtlahuaca han cruzado el río. Llevan velas grandes de cera de la Virgen de Juquila que huelen a miel. Se arrodillan frente al río y, mientras amanece, puede verse la danza de los hombres frente al fuego.

“Con este proceso de articulación regional de un movimiento no violento por la defensa del Río Verde, los pueblos costeños se han reencontrado con sus familias, nos han contado que hace mucho tiempo no veían a los suyos que viven en otras comunidades y han podido visibilizarse peleando juntos a la cultura mixteca, chatina y afro que vive en esta zona”, explica Angélica Castro Rodríguez, miembro de Educa, responsable del área de Incidencia Pública y Participación Ciudadana.

Dijo que por ahora los pueblos celebran el amparo por el levantamiento de la veda, pero este tipo de encuentros también sirve para acordar las luchas que vienen y llevar el tema del megaproyecto hidroeléctrico a sus propios criterios y protocolos comunitarios.

Angélica Castro cree que la única vía para encontrar la paz entre los gobiernos y las resistencias es respetando el derecho de autodeterminación y autonomía de los pueblos afectados.

Sostiene que el Copudever tiene como eje de trabajo la capacitación, la vinculación y, por supuesto, la vía jurídica. A través de esta ruta se han logrado tres reglamentos internos en las comunidades de Paso de la Reina, San Lúcas Atoyaquillo y Tataltepec de Valdés.

Tributo de miembros de la comunidad Paso de la Reina al río Verde, en Jamiltepec, Oaxaca. Crédito: Antonio Mundaca/Pie de Página

“Los pueblos no creen en la consulta que viene hecha por el gobierno, porque tienen experiencia en lo que han vivido con las eólicas. En sus reglamentos tienen como prioridad la protección y defensa del territorio y no permitir en ellos ningún tipo de desarrollo de infraestructura”, subraya la especialista.

De los rituales de invocación a los espíritus del río han pasado a la misa católica. Iniciada la tarde, las mujeres llevan canastas de pétalos de flores que ofrendan en el agua, mientras el sacerdote los bendice. Los niños nadan, los hombres aplauden. La temperatura asciende a los 35 grados centígrados.

El pueblo está de fiesta y baila mojado al sol. “Le ganamos al gobierno”, sostiene un hombre con rasgos afromexicanos, “le ganamos a Peña Nieto”, sonríe. El río verde es un gigante costeño que parece devorarse las cumbres.

Cenobio, el iniciador de la resistencia

En la multitud de hombres felices por el amparo ganado, resalta con su camisa roja Cenobio Chávez Quiroz. Él es fundador y líder moral de la resistencia de Paso de la Reina.

En unas horas, cuando acabe el día, tomará cervezas, insistirá que a su pueblo “no se le ha acabado la batería y para que el gobierno haga su obra los tendrá que revolcar con la arena porque no se van a salir de su comunidad”.

Ofrendas al río Verde, durante el tributo de los comuneros a sus aguas, en Jamiltepec, en el suroeste de México. Crédito: Antonio Mundaca/Pie de Página

También bailará chilenas, será un hombre de edad, riéndose azotado por los dolores de rodillas, nos habrá contado su creencia en el Génesis de la biblia y recordará que fue amenazado de muerte porque hubo caciques que, cuando inicio el movimiento, buscaron pistoleros para matarlo.

Cenobio Chávez empezó la movilización de ejidatarios contra el proyecto hidroeléctrico en 2006. Eran veinte valientes. Tuvo que pasar un año, y al tener un grupo de 30 hombres representantes convocaron al pueblo. Al principio los grupos originarios y mestizos vecinos no los apoyaron.

“No entendían qué era luchar contra esa fuerza de gobierno, de empresas, que no traían un proyecto para beneficiarnos, sino para el despojo”, precisa.

A los 71 años sigue siendo un referente de esta lucha. Le ha dado a sus hijos, a sus nietos, el bastón de mando.

“Nos quisieron engañar, ya teníamos una experiencia previa con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), cuando nos construyeron derivadoras para riego sin consultarnos, solamente los caciques sabían de esa pared que le quitó a esta región la comida en abundancia que nos daba el río, ahora nos quieren engañar con una hidroeléctrica, con una cortina de 155 metros de altura, que se ubicaría a tan solo un kilómetro arriba de Paso de la Reina”, sostiene.

Cenobio fue uno de los precursores para que en 2009 Paso de la Reina cerrase el paso a los extraños y se convirtieran en un territorio cercado por legítima defensa y poder evitar que personal de la CFE levantara datos del río y se avanzara el proyecto hidroeléctrico.

A pesar de su pobreza, Santiago Ixtayutla es una comunidad que resiste desde hace seis años contra un proyecto hidroeléctrico. Crédito: Antonio Mundaca/Pie de Página

Cuando cuenta su historia las manos le tiemblan. Lamenta, bromista, haber perdido el vigor de la juventud, pero está orgulloso de estar en el Consejo de Ancianos y haber tenido todos los cargos de servicio que son importantes en los pueblos chatinos. Cree en el poder de su comunidad que se rige por usos y costumbres.

“Lo que hemos aprendido es que las leyes los gobiernos las violan, pero también con esas mismas leyes tenemos un poder y el poder más fuerte es la unión de los pueblos que se convierte en una ley legítima”, insiste.

Ixtayutla, defenderán el río y la montaña

El camino a Santiago Ixtayutla está repleto de voladeros pétreos. Casi nula es la carretera asfáltica en las cuatro horas y media de trayecto que separan a Paso de la Reina de este municipio regido por usos y costumbres. Al llegar pueden verse tres cruces gigantes anunciando el pueblo, las personas caminan descalzas en la tierra hecha añicos por la piedra.

Es un municipio fronterizo entre la costa y la sierra sur de Oaxaca, y tiene uno de los mayores índices de pobreza en el país.

Santiago Ixtayutla ocupó el octavo lugar nacional en marginación según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en 2016 con un 86 por ciento de población indígena de origen mixteco, de los cuales el 78.5 por ciento viven en condiciones de pobreza extrema.

La cabecera municipal hace la Asamblea Comunitaria de Pueblos Mixtecos y Chatinos convocada por el Copudever.

Se informó a los representantes comunitarios del amparo ganado al gobierno federal y se dieron detalles de cómo la CFE insiste en un proyecto con una cortina de 180 metros de altura que propiciaría la inundación y pérdida de tierras en varios municipios vecinos, incluido Santiago Ixtayutla.

Asamblea en las Trojes, en Oaxaca, para unirse a la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico que afectaría a todas las comunidades de la cuenca. Crédito: Antonio Mundaca/Pie de Página

En el quiosco y el salón social hay decenas de hombres y mujeres vestidos con ropa de manta. Escuchan por varias horas los acuerdos. Miguel Cruz Quiroz, el presidente municipal que deberá entregar el cargo comunitario este año, reconoce las dificultades de la lucha.

“El gobierno federal nos ha negado la información del proyecto, nos dicen que sí tienen hechos estudios y después dicen que no es posible decirnos nada”, habla en español, habla en mixteco y mientras se lamenta frente a ellos, el calor del cerro va menguando.

Acordaron una reunión próxima para definir las estrategias de defensa; posibles manifestaciones masivas, marchas.

A pesar de la falta de recursos, se han organizado para darles de comer a todos los invitados que vienen de agencias municipales alejadas. Hay frijoles y tortillas gigantes para comer mirando los precipicios. Desde el mercado principal, elevado de la plaza como una torre para mirar el mundo, las montañas de Santiaglo Ixtayutla parecen luz de lava.

Las Trojes y San Lucas Atoyaquillo, adentro de la sierra

Adentro de la sierra, se encuentra Las Trojes, una comunidad mixteca y chatina, con habitantes de pieles oscuras que visten de colores brillantes. Es un valle pequeño, de unas cuantas casas, pero estratégica en la resistencia de toda la Costa Chica.

Junto a San Lucas Atoyaquillo, un poblado intermedio, presentaron en marzo de 2018 un reglamento interno en el que se establecen las disposiciones para la protección del territorio, sus bienes naturales y el fortalecimiento de su organización interna. Sentaron las bases para hacer valer la Constitución Política Mexicana que otorga la autonomía a los pueblos indígenas sobre el control de sus territorios y sus recursos naturales existentes.

A pesar de su visible aislamiento, Las Trojes es un pueblo limpio y ordenado. “Hay en estos pueblos una sabiduría escondida, donde es posible recuperar la cultura ante un escenario de depredación de recursos naturales”, comenta Ana María García Arreola.

Diego Sánchez Cortés, presidente local del Copudever en Paso de la Reina fue a Las Trojes a contar su experiencia en la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico: “Estamos en contra de la consulta porque nos va a traer prejuicios, pueden llamar a más gente que no esté de acuerdo y nos pueden quitar la mayoría que tenemos y tendríamos que luchar más”, dice.

Las organizaciones civiles Educa y Tequio Jurídico, que asesoran al Consejo de Pueblos Unidos, han acompañado el proceso ante el Registro Agrario Nacional (RAN), órgano que valida el control de la tenencia de la tierra en el país.

Reunidos en el límite del cerro hablan de los derechos electorales de los pueblos indígenas, de la lucha de los líderes comunales que, sin dinero, lo hacen por servicio a la comunidad.

El presidente de México desde diciembre, Andrés Manuel López Obrador, durante la campaña les prometió que cancelería la hidroeléctrica de la Cuenca del Rio Verde, pero Diego Sánchez teme que el pacto sellado en Puerto Escondido el 30 de mayo de 2018 no sea cumplido.

“Él nos dijo que el día que llegara al poder iba a desaparecer el proyecto, lamentablemente ahorita no tenemos ningún acercamiento desde que se sentó en la silla presidencial, quisiéramos una audiencia, ahí le vamos a exigir el compromiso que hizo con los pueblos chatinos y mixtecos”, afirma.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

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La delgada línea entre tradición y trata infantil en África occidental

seg, 06/05/2019 - 11:55

Hadijatou Mani fue liberada este año de su condición de esclavitud como “quinta esposa” de un anciano musulmán de Níger, que la “adquirió” por un puñado de dinero para ser sirvienta y esclava sexual. Crédito: Anti-Slavery International

Por Issa Sikiti da Silva
COTONOU, Benín, May 6 2019 (IPS)

Cuatro adolescentes nigerianas de 15 y 16 años se sientan juntas en un autobús en Cotonou, la capital comercial de Benín, para emprender la última parte de su viaje a Malí, donde se les ha asegurado que sus nuevos esposos las aguardan.

Partieron de sus hogares en el  este de Nigeria, donde, según le dijeron sus padres, concertaron su matrimonio con connacionales que viven en Malí.

“Cuatro compatriotas me pidieron que les trajera esposas jóvenes porque quieren casarse. Estoy seguro de que serán felices”, dice a IPS un traficante de personas, que solo se identifica como Wiseman, mientras el autobús donde ya abordaron las cuatro chicas se apresta a partir hacia Bamako, la capital maliense. A IPS no se le permite hablar con las adolescentes, que parecen ansiosas.

Wiseman aseguró que “negocié con los padres y les di un pago inicial como dotes, eso seguramente les ayudará a comenzar un pequeño negocio o compran semillas para la agricultura. Estas chicas son afortunadas porque trabajarán y realizarán los deberes de las esposas, por lo que sus vidas deberían mejorar mucho”.

Pero en realidad, nadie sabe sus verdaderas intenciones tanto de él como de los hombres que le “encargaron” encontrar a las chicas, si es que ellos existen.

Pathfinders Justice Initiative (Iniciativa de Exploradores por la Justicia), una organización internacional no gubernamental dedicada a la prevención de la esclavitud sexual, dice que Nigeria es un país de origen, tránsito y destino de la trata de mujeres y niñas, una actividad que tiene su foco en la Ciudad de Benin, en el sureño estado nigeriano de Edo, considerada un centro de tráfico sexual.

Nigeria se ubica en el puesto 32 de entre 167 países con el mayor número de personas en situación de esclavitud (1,38 millones), según el informe del Índice Global de Esclavitud  2018. Si bien Nigeria cuenta con leyes contra el tráfico y la trata, al menos un millón de personas son víctimas de estos delitos cada año, según la Agencia Nacional para la Prohibición del Tráfico de Personas (Naptip, en inglés).

Naptip, que opera en colaboración con las autoridades de Malí, considera que casi 20.000 niñas nigerianas fueron obligadas a prostituirse en Malí, donde trabajan en hoteles y clubes nocturnos tras ser vendidas a redes de trata y prostitución por traficantes de personas.

La población infantil, la más vulnerable

En África occidental, niñas y niños siguen siendo los más vulnerables a la trata.

El último Informe global sobre la trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) encontró que los niños y niñas y adolescentes se encontraban entre las mayores víctimas de tráfico y trata dentro de la región.

A fines de abril, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) rescató a 216 víctimas de la trata, incluidos 157 niñas y niños, oriundos de Benín, Burkina Faso, Níger, Nigeria y Togo. Interpol integra un grupo de trabajo mundial, conformado para abordar el delito de la trata.

Algunas de las víctimas de la trata laboraban como trabajadoras sexuales en Benín y Nigeria, mientras que otras lo hacían en jornadas interminables en mercados y locales de comida. Varías de las rescatadas tenían apenas 11 años, tenían señales de haber sido golpeadas y se les había asegurado que nunca más verían a sus familias.

Cuarenta y siete personas fueron arrestadas.

La pobreza juega un gran papel en el tráfico y la trata de mujeres y niñas en África occidental. Crédito: Linda de Volder/CC 2.0

“Muchas niñas y  niños se envían a estos mercados para realizar trabajos forzados. Se trata de grupos del crimen organizado que solo buscan hacer dinero. No les importa que los menores sean forzados a la prostitución, trabajen en condiciones terribles o vivan  en las calles”, dijo el director de Interpol para el crimen organizado y emergente, Paul Stanfield. “Todos están detrás del dinero”, remarcó.

Benín, punto de tránsito del tráfico

Benín, un país de bajos ingresos, siempre ha sido un punto de tránsito para los migrantes de África occidental que buscan llegar en forma irregular a Marruecos, Argelia y Túnez, y desde ahí, finalmente, a Europa.

La ciudad de Cotonou parece ser un punto de tránsito del tráfico de niñas y mujeres hacia África occidental y del norte, que pasan por esta ciudad desde el sur cuando son transportadas a sus países de destino.

Togo, Burkina Faso, Benín y Malí tienen leyes contra el tráfico y la trata infantil, pero nada cubre la trata de personas mayores de 18 años, según datos  la ONUDD, también conocida por su sigla en inglés, UNODC. Níger no tiene leyes contra estos delitos.

El libre movimiento de bienes y personas dentro de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental parece facilitar esta situación, ya que los oficiales de inmigración corruptos hacen la vista gorda por unos pocos dólares, en los puestos fronterizos.Tráfico y trata, delitos diferentes

Los delitos de tráfico y trata de personas están conectados en ocasiones, pero tienen características y fines diferentes, según la Oficina de las Naciones Unidos contra la Droga y el Delito (ONUDD).

El tráfico es siempre transfronterizo e implica el traslado ilícito de personas de un país a otro, realizado “en condiciones peligrosas o degradantes”, a cambio de beneficios financieros o de otro tipo.

La trata puede producirse dentro del propio país de la víctima o en otro país y es "la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad” para obtener un beneficio económico.

Su fin, precisa la ONUDD, es “de explotación, que incluye prostitución, explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud, retirada de órganos y prácticas semejantes”.

Una gran diferencia de los dos delitos es que en el tráfico, las personas migrantes “consienten”, mientras que las víctimas de la trata, por el contrario, “nunca han consentido o, si lo hicieron inicialmente, ese consentimiento ha perdido todo su valor por la coacción, el engaño o el abuso de los traficantes”.

Sobre los controles fronterizos, Wiseman soslaya profundizar en el tema y solo dice que sabe “cómo manejarlos”. En cuanto a su responsabilidad en el bienestar de las chicas que traslada precisa: “No soy un trabajador social, soy un hombre de negocios y un asistente. Ayudo a las personas a obtener buenas esposas y a las familias de las niñas a salir de la pobreza por el dinero que reciben a cambio. El resto es historia”.

Cuando IPS le cuenta el caso de las cuatro chicas nigerianas a Hassan Badarou, un promotor comunitario y líder religioso de Benín, este asegura que “podrían ser utilizadas como esclavas sexuales por esos hombres que las adquirieron, o ser vendidas a sindicatos del crimen para servir como prostitutas en Mali o mucho más lejos, en el norte de África”.

“Es una pena que los padres permitan que sus hijas se vayan del país a cambio de unos pocos dólares. Todo esto no sucedería si no fueran pobres”, reflexionó.

Pobreza, cultura y trabajo infantil

La pobreza desempeña un papel muy importante en el tráfico y la trata de mujeres y niñas en la región. Pero también la cultura.

En 2014, una amiga de la familia de Suzie vino a recoger a la niña de 12 años de su casa en el norte de Benín.

“Ella prometió ayudarme a asistir a la escuela después de trabajar en su casa durante un año, pero no lo hizo”, dijo Suzie a IPS en el idioma local, el fon, a través de un traductor.

“Las cosas empezaron a ir mal cuando comencé a recordárselo. Ella dejó de pagarme mi salario y aumentó mi carga de trabajo y redujo mis comidas de dos a una por día. También comenzó a golpearme cada vez que protestaba”, dijo esta adolecente de 16 años que vive en Cotonou.

Además, con el paso del tiempo, los miembros masculinos de la familia para la que trabajaba, comenzaron a acosarla sexualmente. Suzie rechazaba sus crecientes avances como podía, hasta que finalmente escapó porque no soportaba más la situación.

Policía, no por favor

Pero para ella acudir a la policía para denunciar estos incidentes no era una opción. Al preguntarle porque no lo hizo, explica que “no podía hacer eso, la mujer que me trajo es como una tía, así que denunciarla hubiera generado un conflicto entre su familia y la nuestra”.

Badarou, el líder religioso, cuanta que le ha tocado mediar en varios casos como el de Suizie.

“Si vieses la forma en que estas mujeres maltratan a estas chicas, te haría llorar. He documentado muchos casos de abuso y he tratado de mediar entre algunas de estas mujeres y las chicas”.

Pero por muy abusiva que sea la situación, lo que Badarou nunca va a hacer es meter por medio a la policía.

“Todos somos hermanos y hermanas de este país y creemos en resolver nuestros problemas en armonía y paz a través del diálogo. Además, no es nuestra cultura informar de nuestros problemas a la policía”, detalla sobre una cultura institucionalizada en África occidental que reconoce que es muy difícil de romper.

“Ante esta cultura profundamente arraigada de ‘ayuda mutua’ mediante ‘la entrega’ de sus niñas a una persona bien establecida que vive en las ciudades, incluso las Naciones Unidas y las organizaciones de ayuda a la infancia no tienen más remedio que hacer la vista gorda”, dice el líder religioso.

No es que no hagan nada al respecto, puntualiza, “pero no se puede romper la cultura social, especialmente en una región como esta donde prevalecen las condiciones de pobreza”.

Richard Dossou parece estar de acuerdo. Explica a IPS que el amigo de su tío, un padre de 18 hijos, está buscando “buenos samaritanos” de Benín que reciban a algunas de sus hijas, ya que él no puede mantenerlas.

“Planeo viajar a su aldea para negociar con él con miras a tomar incluso una, no como esposa, sino como sirvienta. Luego veremos cómo nos va. Nos ayudamos mutuamente de esta manera como defensa de la pobreza y la miseria en la región”, dice Dossou.

En Benín, la pobreza afecta a 40 por ciento de la población de casi 11 millones, mientras que en Nigeria viven en situación de pobreza extrema 88,9 millones de los 188 millones de habitantes, un 47 por ciento, según un informe publicado en  2018 por el Reloj Mundial de la Pobreza, un índice que actualiza la situación del problema a nivel global.

Jakub Sobik, gerente de comunicaciones de Anti-Slavery International, una organización que trabaja por el fin de la esclavitud moderna en el mundo, comentó a IPS que existe una delgada línea entre las normas culturales y el tráfico y la trata infantil.

Sobre si práctica en África occidental de “entregar” a las niñas se puede considerar una costumbre cultural y una forma de ayudar a las familias a salir de la pobreza, Sobik es tajante: “Esos son casos de trata infantil, así es cuando las niñas son reclutadas o albergadas con el fin de explotarlas”.

“La esclavitud no ocurre en el vacío, está sustentada por muchos factores, entre ellos la pobreza, la discriminación, la falta de acceso a la educación y las oportunidades de trabajo decente, la falta de Estado de derecho y las prácticas que son aceptadas culturalmente en las sociedades”, explica en un diálogo electrónico desde Londres, sede de su organización.

A menudo, considera, los padres son “engañados acerca de las condiciones que tendrán sus hijos, y los entregan con la genuina creencia de que tendrán una mejor oportunidad de educación y mejores oportunidades de vida en las ciudades, en otros círculos sociales”.

Añade que en algunas sociedades se acepta que los niños trabajen, porque ha sido la norma durante generaciones. “Tenemos mucho que hacer para cambiar esa situación y ofrecerles a los niños y niñas infancia, educación y las oportunidades de vida que merecen”, reflexiona.

Pero por ahora, las cuatro chicas nigerianas inician ya su viaje en el autobús que les quitará “la pobreza” o “la libertad”. Mientras, en Cotonou, Suzie recorre las calles oscuras de la ciudad con Zemidjan, un conductor de moto-taxi, que parece tener entre 40 y 50 años y que ella presenta como su novio.

T:MF

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¿Trabajadores migrantes son seres humanos o mercancias?

sex, 03/05/2019 - 11:38

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, May 3 2019 (IPS)

La ONU estima que los trabajadores migrantes de todo el mundo contribuyeron con 466.000 millones de dólares a las economías de sus países de origen durante 2017, un monto que se considera que fue más alto aún el año pasado.

Estas remesas, procedentes principalmente de Estados Unidos, Europa occidental y las naciones del Golfo, van en gran parte a países de ingresos bajos y medios, “ayudando a sacar a millones de familias de la pobreza”, según lo afirma el secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Antonio Guterres.

Pero se sabe que la mayoría de estos trabajadores migrantes pagan un precio muy alto, que trabajan principalmente en condiciones de trabajo esclavo o cercanas a él, al ganar salarios bajos, carecer de pensiones y seguridad social, y recibir una atención médica mínima.

La difícil situación de los trabajadores migrantes es uno de los temas que persigue la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la  agencia de la ONU con sede en Ginebra que celebra su centenario este año, centrada en la promoción de la justicia social a nivel mundial.

En un informe publicado en diciembre de 2018, la OIT asegura: “Si se aplican las políticas correctas, la migración laboral puede ayudar a los países a responder a los cambios en la oferta y la demanda de trabajo, estimular la innovación y el desarrollo sostenible, y transferir y actualizar habilidades”.

Sin embargo, aún hay que abordar la falta de estándares internacionales sobre conceptos, definiciones y metodologías para medir los datos de migración laboral, advirtió.

Pero mucho más desalentador es el estado actual del mercado laboral de migrantes que ha estado plagado de violaciones flagrantes de todas las normas de un lugar de trabajo ideal.

El embajador Prasad Kariyawasam, miembro del Comité de las Naciones Unidas de protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes, dijo a IPS que el creciente populismo nacionalista en países determinantes del mundo está generando una retórica de acusaciones infundadas y evaluaciones irracionales sobre el valor de los trabajadores migrantes en las economías de muchos receptores.

Dado que los trabajadores migrantes permanecen sin voz, sin derecho a voto o sin derechos políticos en muchos de estos países receptores, no pueden movilizar la opinión política para contrarrestar las afirmaciones en su contra, analizó.

“Los trabajadores migrantes ahora son tratados en algunos países como productos de importación y exportación según se requiera, no como seres humanos con derechos y responsabilidades”, `planteó Kariyawasam, ex representante permanente de Sri Lanka ante la ONU.

A menos que estas tendencias se inviertan pronto, advirtió, no solo disminuirá el valor humano en su conjunto, sino que también puede conducir a trastornos sociales inesperados que afecten el bienestar económico y social de algunas comunidades, tanto en los países de origen como en los de destino.

Guy Ryder, director general de la OIT, consideró el 10 de abril que el centenario de la agencia es un hito para reafirmar que el mandato y los estándares establecidos por ella siguen siendo de extraordinaria importancia y relevancia para la gente en todo el mundo.

Pidió un futuro donde el trabajo no sea una mercancía, donde se valore el trabajo decente y la contribución de cada persona, donde todos se beneficien de lugares de trabajo, seguros, justos  y libres de violencia y acoso, y en los que la riqueza y la prosperidad beneficien a todos.

Tara Carey, gerente sénior de contenido y relaciones con los medios de la organización Equality Now, dijo a IPS que la pobreza y las malas oportunidades de empleo son un factor que impulsan la trata y el tráfico sexual.

Son muchos los casos en que a mujeres y las niñas de países africanos se les promete un trabajo legítimo y luego son traficadas para la prostitución. Esto ocurre dentro de los propios países, y a través de las fronteras, y desde África a países de Europa y Oriente Medio, señaló.

La policía de Nigeria, por ejemplo, estimó recientemente que 20.000 mujeres y niñas del país habían sido vendidas a la esclavitud sexual en Mali.

“A la mayoría les dijeron que las llevaban a Malasia y se encontraron en Mali. Les dijeron que estarían trabajando en restaurantes de cinco estrellas donde se les pagaría 700 dólares por mes”, explicaron portavoces policiales de ese país africano.

La cifra total de migrantes se estima en más de 240 millones en todo el mundo. Y un número cada vez mayor de países, entre ellos Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), son el destino de la mayoría de los trabajadores migrantes de Asia.

En una sesión informativa en abril sobre las razones y antecedentes del fenómeno migratorio, , la OIT remarcó que deben mejorarse las condiciones laborales de unos 300 millones de trabajadores pobres, forzados a sobrevivir con 1,9 dólares al día.

Millones de hombres, mujeres, niñas y niños son víctimas de la esclavitud moderna. Demasiados aún trabajan horas excesivamente largas y millones mueren cada año por accidentes de trabajo.

“El incremento salarial no ha seguido el ritmo del crecimiento de la productividad y la proporción del ingreso nacional que se destina a los trabajadores ha disminuido. Las desigualdades persisten en todo el mundo. Las mujeres siguen ganando alrededor de 20 por ciento menos que los hombres”, resume la OIT sobre el contexto de la migración.

En la documentación entregada por la agencia se afirma también que “a pesar de que el crecimiento ha disminuido la desigualdad entre los países, muchas de nuestras sociedades se están volviendo más desiguales. Millones de trabajadores siguen privados de sus derechos, privados de derechos fundamentales e incapaces de hacer oír su voz”.

En su monitoreo sobre los Derechos Humanos en Medio Oriente y Norte de África en 2018, Amnistía Internacional (AI), con su sede central en Londres,  dijo que hubo algunos avances positivos a nivel legislativo en Marruecos, Qatar y EAU con respecto al trabajo migratorio y/o doméstico.

Pero aun así, los trabajadores migrantes continuaron enfrentándose a la explotación en estos y otros países, incluidos Arabia Saudita, Bahrein, Jordania, Kuwait, Líbano y Omán, en gran parte debido a los sistemas de “patrocinio” para poder viajar a ellos como trabajadores temporales, que limitan su capacidad para escapar de condiciones laborales abusivas.

En Qatar, por ejemplo, una nueva ley eliminó parcialmente el requisito del permiso de salida, lo que permite a la gran mayoría de los trabajadores migrantes amparados por la Ley del Trabajo a abandonar el país sin necesidad de solicitar el permiso de sus empleadores.

Sin embargo, la ley retuvo algunas excepciones, como la potestad de los empleadores de controlar los permisos de salida en el tope de cinco por ciento de su fuerza laboral. Los permisos de salida aún son necesarios para los empleados fuera de los que norma la ley laboral, como los más de 174.000 que trabajan en el servicio doméstico o el sector gubernamental.

En los EAU, las autoridades introdujeron varias reformas laborales que podrían beneficiar a los trabajadores migrantes, incluida la posibilidad de que algunos trabajadores labores para varios empleadores, una regulación más estricta de la contratación de trabajadores domésticos, un seguro en caso de pérdida de empleo en el sector privado, según AI.

Mientras tanto, como lo señaló la OIT en un informe en mayo de 2017, los regímenes actuales de patrocinio en Oriente Medio han sido criticados por crear una relación de poder asimétrica entre los empleadores y los trabajadores migrantes, lo que convierte a estos en vulnerables al trabajo forzoso.

Un factor esencial en esa vulnerabilidad, explica AI,  es que el patrocinador de los trabajadores migrantes en la región controla una serie de aspectos en materia de movilidad dentro del mercado laboral interno, como el ingreso, la renovación de la estadía, terminación o transferencia del empleo y, en algunos casos, su salida del país.

Este informe de Amnistía demuestra que la reforma de los acuerdos de patrocinio actuales que rigen la migración laboral temporal en el Oriente Medio tendrá beneficios de gran alcance, desde mejorar las condiciones de trabajo y satisfacer mejor las necesidades de los empleadores, hasta impulsar la economía y la productividad del mercado laboral.

T: EG

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Demolición del sistema ambiental en Brasil ya enfrenta reacciones

sex, 03/05/2019 - 07:00

Un proyecto de ley pretende eliminar o flexibilizar las figuras legales de conservación ambiental en Brasil, lo que pondría en peligro de muerte a biomas como la de la Mata Atlántica, que ya perdió 90 por ciento de sus bosques originales, para abrirlos a la explotación de sus recursos. Crédito: Ibama

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, May 3 2019 (IPS)

El gobierno de extrema derecha aceleró en abril la demolición del sistema de gestión y protección ambiental, desarticulando sus propios órganos del sector y despertando alarmadas reacciones internas e internacionales.

“Lo más grave está por venir, es el desmantelamiento de reglas ambientales, como la reserva legal”, advirtió a IPS en una entrbista Paulo Barreto, investigador asociado del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente del Amazonia (Imazon), en referencia a la parte que cada propiedad rural debe mantener preservada por ley.

Esa reserva alcanza 80 por ciento en la región forestal amazónica, baja a 35 por ciento en el Cerrado (la sabana brasileña), el segundo mayor bioma del país, y a 20 por ciento en otras ecorregiones.

Esa exigencia, implantada por el actual Código Forestal, vigente desde 1934 pero varías veces actualizado, tuvo los porcentajes de preservación fijados en 1965 y confirmados en una revisión de la ley en 2012. A la reserva legal se suman las áreas de preservación permanentes, como las ribereñas y las montañosas.

Un proyecto de ley presentado por el senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, que pretende revocar la reserva legal, arguyendo que se trata de restablecer el pleno “derecho constitucional de propiedad” y eliminar un obstáculo al desarrollo.

La propuesta, enviada al Senado el 16 de abril y que tiene al senador Marcio Bittar como coautor, sostiene que la medida destrabaría el aprovechamiento potencial de 15 billones (millones de millones) de dólares en recursos minerales y energéticos, ocho billones de dólares en biodiversidad y de inmensas áreas de expansión agrícola.

“Si se aprueba, la situación queda muy fea”, reconoció Barreto.

Pero es poco probable que una medida tan radical, que echaría por tierra todo el esfuerzo de muchas décadas para evitar mayores daños a la naturaleza. En Brasil el bioma Mata (bosque) Atlántica perdió más de 90 por ciento de sus bosques originales y la Amazonia cerca de 20 por ciento.

“Es hora de implementar, no de modificar” el Código Forestal, reaccionó la Coalición Brasil Clima, Forestas y Agricultura, un movimiento que congrega 194 empresas, asociaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y centros de investigación.

La actual versión del Código, aprobada en 2012 tras cinco años de debates, “es el primer paso para fortalecer la producción agropecuaria y a la vez la conservación ambiental”, beneficiando al sector agrícola, cuya “productividad es muy dependiente de las condiciones climáticas”, manifestó la Coalición.

De ese grupo forman parte la estadounidense Cargil y la brasileña Amaggi, dos de las corporaciones transnacionales que dominan el comercio agrícola mundial, junto con la Asociación Brasileña del Agronegocio y la Asociación de Criadores de Ganado Zebú.

“Es tan agresiva la acción del gobierno contra el medio ambiente que encendió la señal de alerta”, no solo en Brasil, observó Barreto.

Antes de su toma de posesión el 1 de enero, Bolsonaro había anunciado su intención de abolir el Ministerio de Medio Ambiente. No lo hizo, pero redujo sus funciones, transfiriendo el Servicio Forestal y la gestión de recursos hídricos a otros ministerios, además de eliminar los órganos internos que se ocupaban de cambio climático y desertificación.

El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, durante una reunión con la Comisión de Ambiente del Senado para explicar sus planes. Allegado a los intereses de la gran agricultura y la expansión ganadera en la Amazonia, su prioridad son los temas urbanos, como saneamiento y contaminación del aire. Sus primeras medidas apuntan al desmantelamiento del sistema de gestión y protección ambiental. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

En cambio, el Ministerio de Agricultura amplió sus poderes con los temas forestales y la demarcación de tierras indígenas, aunque sus intereses productivos se opongan a las nuevas funciones. El negocio agropecuario protege el ambiente, arguyó el presidente, ignorando la deforestación promovida por el sector, especialmente de la ganadería.

Los denominados “ruralistas”, representantes del gran agronegocio que tienen una fuerte bancada en el parlamento, fueron importantes para el triunfo electoral de Bolsonaro. Cuentan, en consecuencia, con un poder avasallador en el gobierno.

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, un aliado incondicional de los ruralistas, decapitó las principales agencias ejecutoras de políticas ambientales.

El 28 de febrero despidió a los superintendentes del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), órgano de regulación e inspección en 21 de los 27 estados del país. Dos meses después no hay sustitutos.

Además, Salles ordenó el 26 de abril un recorte de 24 por ciento en el presupuesto de Ibama, ya afectado por grave carencia de recursos humanos y financieros, rebajando su capacidad de evaluar grandes proyectos que exigen licencia ambiental.

Dirigentes del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), que gestiona 334 unidades de conservación y 14 centros de investigación, renunciaron por discrepar sobre las medidas del ministro y sus amenazas contra funcionarios.

Para reemplazarlos, Salles designó a cuatro policías militares del área ambiental del estado de São Paulo, con experiencia limitada y dudosa calificación para los nuevos desafíos.

Militarizar la administración pública es una orientación de Bolsonaro para varios ministerios, desde educación a infraestructura, energía e incluso turismo.

“Limpiar” el Ibama y el ICMBio es la tarea de Salles, dijo el 29 de abril presidente en Agrishow, una feria de tecnología agrícola, en Ribeirão Preto, un polo azucarero a 310 kilómetros de São Paulo.

Allí celebró con los agricultores la armonía entre los ministros de Medio Ambiente y Agricultura, y reiteró su aversión a los órganos ambientales, por ser una “industria de multas” y estar dominados por activistas radicales.

Toda esa presión antiambientalista dentro del gobierno aún no se reflejó en el aumento de la deforestación amazónica porque hubo mucha lluvia en los primeros meses del año en la región, lo que dificultó la depredación. “Pero la tendencia futura preocupa”, lamentó Barreto.

“Es un tiro en el pie, además del impacto ecológico, se daña la salud, con problemas respiratorios”, debido al humo de los incendios, y otras enfermedades, acotó el investigador de Imazon, una organización no gubernamental que monitorea la deforestación amazónica con celeridad.

Contraponer preservación forestal al desarrollo tampoco es buena opción. Hay estudios que han confirmado que se puede producir más, sin deforestar, y que una ganadería sustentable genera trabajadores más satisfechos y con mejores sueldos, arguyó.

Esa realidad la reconoce un sector “moderno” de los agricultores, pero hay otros con “ideas atrasadas que estorban y confunden todo” y se alinean con el gobierno, que “no logra comprender la Amazonia” en su papel climático y menos aún en su “dimensión simbólica”, según Barreto.

La ofensiva gubernamental contra el ambientalismo parece “orquestada con ataques a la ciencia, la prensa” y otras áreas, evaluó. La enseñanza de filosofía y sociología también es rechazada. Se debe priorizar “veterinaria, ingeniería y medicina”, asignaturas de “retribución inmediata a los contribuyentes”, según Bolsonaro.

Las reacciones comenzaron a surgir en el exterior,  como la carta de 602 científicos pidiendo que la Unión Europea condicione la importación de productos brasileños al respeto de compromisos ambientales y de derechos indígenas.

El Museo de Historia Natural de Nueva York se negó a acoger un acto en que el presidente brasileño, seria homenajeado por la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos como uno de los personajes del año.

Dentro de Brasil, por ahora la resistencia consiste en una labor de comunicación, de “información básica” sobre cuestiones ambientales, climáticas y sus efectos económicos, “empezando casi de cero”, plantea Barreto.

Lo decisivo, probablemente, será una reacción del sector privado, ya que “este gobierno no escucha a las ONG”, concluyó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Tarda en llegar la justicia para periodista asesinado en Sierra Leona

qui, 02/05/2019 - 18:04

La libertad de prensa está sujeta a continuas agresiones y presiones en Sierra Leona, incluso bajo el gobierno del presidente Julius Maada Bio, que trajo aires esperanzadores al país. Crédito: Alan & Flora Botting/ CC por 2.0

Por Lahai J. Samboma
LONDRES, May 2 2019 (IPS)

Ibrahim Samura, propietario y editor de New Age, un periódico independiente de la capital de Sierra Leona, fue golpeado brutalmente durante las elecciones presidenciales de marzo 2018, frente a efectivos de la policía y el ejército. Murió a causa de las heridas tres meses más tarde y más de un año después sus agresores están identificados pero siguen libres.

La Asociación de Periodistas de Sierra Leona (SLAJ, en inglés) solicitó al gobierno del presidente Julius Maada Bio el procesamiento inmediato de todos los presuntos agresores del periodista.

El ataque a Samura y al menos otros dos reporteros se produjo a plena vista de agentes de seguridad, ya que los periodistas cubrían el discurrir de la jornada electoral en un suburbio de Freetowon, apenas a unos pasos de la estación de policía.

“La prolongada demora en llevarlos ante la justicia está ayudando a una cultura de impunidad”, dijo a IPS el secretario general nacional de SLAJ, Ahmed Sahid Nasralla. “Estamos pidiendo a la policía y al gobierno que actúen. La investigación ya se realizó. Depende de las autoridades actuar ahora. Seguiremos presionándolos para que lo hagan”, afirmó.

Según SLAJ, la muerte de Samura está directamente relacionada con la paliza que recibió con “cadenas y pesados palos de metal pesados”, lo que causó una hemorragia intracerebral que le produjo finalmente la muerte.

Expertos médicos puntualizaron que Samura no sufrió algún “traumatismo por una fuerza brusca similar en la cabeza” desde el momento de la despiadada golpiza, por lo que es “totalmente seguro” que sus agresores en aquel incidente son los causantes de su deceso.

Las investigaciones realizadas confirmaron que entre los cinco presuntos homicidas, los llamados “los súper potentes hooligans”, estuvo Ibrahim Washingai Mansaray, un antiguo viceministro del entonces gobernante y tradicional partido del Congreso de Todo el Pueblo (APC, en inglés), que fue desalojado del poder en aquellos comicios.

Además, participaron el exalcalde de Freetown, Herbert George Williams, el presidente de un club de fútbol local, Sanusi Kargbo, un portavoz del entonces gobierno del APC, Abubakarr Daramy, y Dankay Koroma, hija del entonces presidente, Ernest Bai Koroma (2007-2018).

Diez meses después de la muerte del periodista, ninguno de los infames “cinco de Samura”, como se les conoce en el país, ha sido arrestado, aunque la policía asegura que ha emitido las órdenes de arresto en su contra.

Algunos periodistas atribuyen esta anomalía al hecho de que antes de su muerte, Samura había aceptado públicamente una “disculpa” del APC, lo que para algunos suponía un “perdón preventivo” a sus presuntos homicidas.

Pero el editor de Sierra Express Media, Adeyemi Paul, fijo una posición que es secundada por la mayoría de los periodistas sierraleoneses. “Puede haberlos perdonado, pero un crimen es un delito. El papel de la policía y los tribunales es arrestar y procesar a los delincuentes, no ofrecer perdón”, planteó.

Amara Samura (sin relación con el periodista asesinado), editora del periódico The Vision, dijo que “los que golpearon a Ibrahim Samura deberían ser llevados ante la justicia, porque esa golpiza causó su muerte, haya habido disculpa o no”.

Fayia Amara Fayia, del periódico Standard Times, dijo que hubo rumores de que Samura había aceptado una “compensación” del expresidente Koroma, cuya hija integró presuntamente al grupo atacante. “Los periodistas no deben entrar en tales acuerdos con sus agresores, porque esto impulsa la impunidad”, dijo.

Muchos periodistas esperaban que la llegada de Bio a la presidencia, el 4 de abril de 2018, fuera un buen augurio para la libertad de prensa en Sierra Leona, pero se han visto decepcionados.

La realidad es que el hostigamiento, la intimidación y las golpizas a periodistas han continuado bajo el gobierno de su Partido Popular de Sierra Leona (SLPP, en inglés).
Apenas un mes después de que Bio asumiera el cargo, los partidarios de SLPP atacaron a Yusuf Bangura, un reportero de la emisora radial Sierra Leone Broadcasting Corporation. Sus atacantes dijeron que era una “recompensa” por sus “informaciones negativas” sobre el SLPP y Bio durante la campaña electoral.

Luego, en septiembre, Fayia Amara Fayia fue arrestado en el estudio de televisión de AYV Media durante una transmisión en directo. Su detención la ordenó el viceministro de Información, quien afirmó que el reportero había desprestigiado al presidente en una de sus piezas. Fayia fue liberado más tarde sin cargos.

Ese mismo mes, varios periodistas fueron atacados y su equipo fue dañado por matones pertenecientes presuntamente al SLPP, mientras cubrían una actividad en el distrito norte de Kambia.

Ya en enero de este año, el editor de medios de Sierra Express, Alusine Bangura, fue golpeado en su oficina por hombres que, dice, no solo se identificaron como simpatizantes del SLPP, sino que también llevaban camisetas alusivas al partido gobernante. El periodista sufrió graves heridas en su cabeza y torso, mientras tres de sus colegas lograron escapar de los agresores.

“Reconocí a uno de los hombres, un tipo fuerte, un matón popular de los militantes del SLPP”, dijo Bangura a IPS. “Había alrededor de 13 de ellos. Si no hubiera sido por los muchachos del área, quienes llegaron para ayudarme, me hubieran matado”, contó.

Según Bangura, este fue el segundo ataque a sus oficinas. El primero ocurrió en abril de 2018, nada más asumir Bio el cargo. “Nos atacan porque dicen que somos demasiado críticos con el gobierno”, continuó.

“También dijeron que los criticábamos cuando estaban en oposición. Pero ese es nuestro deber, mantener a los políticos en estado de alerta. Siempre somos críticos con la acción del gobierno, de cualquier gobierno”, afirmó.

Las agresiones contra los periodistas por cumplir justamente su función es vista como parte de una cultura de impunidad, una percepción que alimenta el fracaso en detener y enjuiciar a los presuntos homicidas de Samura.

Muchos creen que si se establece un precedente, donde quienes agreden a los periodistas son castigados, sería un gran paso a favor de romper esa cultura de impunidad, mientras se apoyaría al periodismo independiente.

Como dijo Bangura, “yo mismo podría haber resultado fácilmente asesinado en enero por esos matones”.

Tal vez una de las razones por las que el actual gobierno del SLPP esté reacio a procesar a los asesinos de Samura sea porque significará que también tendrán que procesar a sus propios partidarios que habitualmente golpean a los periodistas.

Pero el presidente debería recordar sus propias palabras a los miembros del SLAJ cuando se dirigió a ellos en diciembre pasado.

Bio dijo entonces que “me gustaría que recordáramos el heroísmo de alguien que no está aquí con nosotros esta noche: Ibrahim Samura … Nunca más deberíamos tener un gobierno o políticos que renuncien a su deber de proteger a los periodistas y se conviertan en los autores de la violencia contra ellos”.

Mientras SLAJ solicita al gobierno de Bio que actúe contra los llamados “cinco de Samura”, sus miembros también esperan que el gobierno cumpla su promesa de derogar las leyes penales de difamación, que los gobiernos anteriores han utilizado para controlar a los medios y para castigar a los periodistas independientes.

Desde Sudáfrica, Angela Quintal, coordinadora del Programa de África en el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), dijo a IPS que “el presidente Bio debe actuar con rapidez para garantizar que la ley sobre la difamación criminal y sediciosa sea finalmente revocada, algo a lo que se comprometió cuando llegó al poder el año pasado”.

Quintal agregó: “También debe enviarse un mensaje de que las autoridades no tolerarán los ataques a los periodistas y la única manera de garantizar esto es garantizar que los responsables [de la muerte de Samura] sean responsables a través de la fiscalía”.

A su juicio, el presidente Bio “se ha comprometido públicamente a defender la libertad de prensa y esta es una forma de demostrar que sus planteamientos no son mera retórica”.

T: EG

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La represión aleja, por ahora, solución política de la crisis en Venezuela

ter, 26/02/2019 - 16:49

Un joven herido por una bala durante las protestas en Santa Elena de Uairén, es transportado en una motocicleta por otros jóvenes, durante las protestas después que se impidió el sábado 23 el ingreso de ayuda de alimentos y medicinas desde la cercana frontera de Brasil, a más de 1.260 kilómetros al sureste de Caracas. Crédito: Cortesía de pobladores de Santa Elena de Uairén

Por Humberto Márquez
CARACAS, Feb 26 2019 (IPS)

La violenta represión que impidió traspasar las fronteras de Venezuela con ayuda en alimentos y medicinas, con un saldo preliminar de cuatro muertos y 58 heridos de bala, aleja soluciones a la mayor crisis política que se vive en América Latina, aunque en su búsqueda 10 países del hemisferio aumentan la presión y a la vez descartan el uso de la fuerza.

Pero para Estados Unidos “todas las opciones están sobre la mesa”, incluida el uso de la fuerza militar, según dijo el presidente Donald Trump y recordó su vicepresidente, Mike Pence, a los 10 gobiernos del Grupo de Lima reunidos el lunes 25  en Bogotá para tratar el tema de Venezuela.

Los vecinos de Venezuela “no quieren guerra pero siguen batallando por una solución política que implique la salida (del poder) del presidente Nicolás Maduro. Al reprimirse el ingreso de camiones con ayuda humanitaria se tiene una excusa para incrementar la presión política, económica y diplomática sobre el régimen”, dijo Carlos Romero, profesor de postgrado en ciencias políticas en dos universidades públicas de Caracas.

La ayuda internacional acantonada en zonas limítrofes de Colombia, Brasil y la vecina isla holandesa de Curazao consistió en unos cientos de toneladas de insumos médicos, algunos medicamentos para emergencias y suplementos alimenticios que el líder opositor Juan Guaidó ordenó pasar a través de la frontera el  día 23.

Venezuela, de 32 millones de habitantes, de los que más de tres millones han emigrado en los últimos cinco años según fuentes de las Naciones Unidas, padece una crisis económica y social marcada por una hiperinflación que se mide en millones por ciento anual,  así como el colapso de su sistema público de salud y el desplome de otros servicios públicos esenciales.

Cifras de un estudio de las tres principales universidades de Caracas indican –a falta de cifras oficiales desde hace al menos tres años- que la pobreza afecta a 80 por ciento de la población, en lo que marca una caída de 56 por ciento del producto interno bruto en los últimos cinco años.

El gobierno de Maduro militarizó y cerró las fronteras al considerar la operación de ingreso un pretexto para una intervención militar extranjera, la cual impulsaría la oposición reunida en torno a Guaidó, presidente del parlamento que asumió la titularidad interina del Ejecutivo el 23 de enero.

Dos camiones que avanzaron unos pocos metros en uno de los puentes de la frontera con Colombia, a unos 860 kilómetros de Caracas, se incendiaron al repeler guardias venezolanos a jóvenes que avanzaban junto a los vehículos, mientras en las vecinas ciudades de Ureña y San Antonio uniformados y civiles armados dispersaban a tiros conatos de marchas opositoras para tratar de recibir la ayuda.

En el extremo sudoriental del país, asiento del pueblo pemón, cientos de indígenas trataron desde el día 22 de bloquear el acceso de militares destinados a impedir el ingreso de vehículos con ayuda procedente de Brasil.

Los militares se abrieron paso a tiro limpio, según denunciaron dirigentes indígenas, con el resultado comprobado de cuatro muertos y otros 25 heridos de bala, informó Alfredo Romero, director de la organización humanitaria Foro Penal.

Grupos indígenas lograron retener durante más de 24 horas a varios oficiales que comandaban a los militares, pero luego “unos 70 vehículos, entre ellos autobuses llenos de uniformados, los liberaron a su paso hacia Santa Elena de Uairén”, relataron a IPS vecinos de esa ciudad próxima al límite con Brasil, a 1.260 kilómetros de Caracas.

Responsables indígenas se ocultan en el campo y en Santa Elena opera un toque de queda de facto, según los mismos vecinos, que brindaron a IPS muy duros testimonios en videos y fotografías sobre lo ocurrido allí, mientras la dirección opositora y los medios estaban concentrados en los sucesos de la frontera con Colombia.

Dirigentes opositores han denunciado el asesinato de al menos 15 personas en la zona y el Foro Penal registró nueve casos de desaparecidos desde el sabado 23.

En Ureña y San Antonio, suroeste fronterizo con Colombia, más de 20 personas resultaron heridas de bala, disparadas por uniformados o civiles armados que cubrían sus rostros con pasamontañas, según reportes de periodistas en la zona. También fueron reprimidas en el interior del país varias demostraciones opositoras en respaldo al ingreso de la ayuda internacional.Dos presidentes para una crisis

La crisis venezolana se aceleró después que el 10 de enero Nicolás Maduro asumió un segundo mandato de seis años, reivindicando su victoria en una elección del 20 de mayo de 2018. Pero esos comicios fueron convocados a destiempo, por una Asamblea Nacional Constituyente integrada solo por oficialistas, con la mayoría de partidos de oposición ilegalizados, varios de sus principales líderes presos o inhabilitados, y un árbitro electoral controlado por el gobernante Partido Socialista Unidos de Venezuela.
La oposición desconoció la elección y el resultado, y lo mismo hicieron Estados Unidos, Canadá, una docena de gobiernos de América Latina y el Caribe, la Unión Europea y algunos otros países. De allí nace la exigencia de una nueva elección presidencial “libre, transparente y creíble”.
La Asamblea Nacional, parlamento de mayoría opositora elegido en 2015 y único poder fuera del control de Maduro, aplicó por analogía una norma constitucional según la cual está vacante la presidencia al no haber una elección válida, Maduro es “usurpador” y debe ocupar el cargo provisionalmente el presidente del parlamento.
Juan Guaidó, a quien le había tocado por turno ostentar ese ese cargo desde el 5 de enero, asumió esa responsabilidad ante una marcha multitudinaria en Caracas el 23 de enero, y desde entonces le han reconocido más de 50 gobiernos, principalmente de América y Europa, además de otros como Japón.

Mientras tanto, al menos 326 militares y policías venezolanos, entre ellos varios oficiales de rango medio, han desertado desde el día 23 y huido principalmente a Colombia.

Los militares fueron objeto de un nuevo llamado desde el Grupo de Lima (ad-hoc, esta vez integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y la Venezuela-Guaidó), y de Estados Unidos, para que dejen de respaldar a Maduro y reconozcan y obedezcan como su comandante a Guaidó.

El Grupo asentó que “la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza”.

Esa renuncia por ahora al empleo de la fuerza “contraría a gente radical de la oposición venezolana que está desesperada al no encontrar una rápida salida”, observó Romero en su diálogo con IPS.

La apelación a la fuerza “ha ganado terreno, por el atrincheramiento del gobierno, cerrado a toda vía alternativa que implique ceder poder,  en una especie de lucha existencial”, dijo a IPS Luis Salamanca, también docente de posgrado en ciencias políticas en la Universidad Central.

Destacó una frase de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, horas después de los violento sucesos en las fronteras, en el sentido de que la determinación del gobierno “es una pequeña parte de lo que estamos dispuestos a hacer”.

Washington incrementó el bloqueo financiero y de activos sobre el Estado venezolano, así como medidas sobre visas y bienes de sus autoridades, en tanto el Grupo de Lima decidió aumentar las denuncias internacionales y el cerco diplomático y político sobre Maduro.

Romero advirtió sin embargo que en la aceleración de la crisis en lo que va de 2019 “no ha funcionado ningún elemento de moderación: murieron al nacer la iniciativa de equilibrio entre México y Uruguay, el grupo de contacto de la Unión Europea y algunos países americanos, así como la insinuación del papa Francisco para mediar si lo solicitaban las partes”.

Mientras el gobierno se atrinchera, la oposición venezolana “está obligada a imaginar y desarrollar acciones que mantengan viva la esperanza de la gente, para que no cunda el desánimo después de que no se logró el objetivo de que ingresaran camiones con la ayuda”, señaló a IPS el experto en opinión pública  Félix Seijas,  director de la firma encuestadora Delphos.

Los especialistas consultados coincidieron en que la oposición dirigida por Guaidó erró al plantear el ingreso “sí o sí” de la ayuda el día 23 como una suerte de batalla decisiva, cuando lo que puede darle frutos es insistir en que su llamado a “restablecer la democracia” es un proceso con muchos pasos.

Salamanca subrayó que “el gobierno parece firme, pero con cada hora que pasa se mueven nuevas piezas, y existe una corriente subterránea que va desmoronando la bases en las que se sustenta. La deserción de militares es una señal muy llamativa a ese respecto”.

Por ahora,  la cúpula que dirige la Fuerza Armada Bolivariana se exhibe completamente leal a Maduro.

Mientras, en el escenario internacional, Estados Unidos, el país con la mayor capacidad de presión en el hemisferio, solicitó una nueva reunión sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esta vez con respaldo del Grupo de Lima, que calificó la crisis en el país petrolero como “una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región”.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Esclavitud moderna, el crimen organizado en su máxima expresión

ter, 26/02/2019 - 13:14

La Red Safe Haven calificó la trata y el tráfico de personas como “la mayor actividad criminal internacional, superior al narcotráfico y a la venta ilegal de armas”. Crédito: Cortesía ONU.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Feb 26 2019 (IPS)

Más de 40 millones de personas viven en condiciones de esclavitud en el mundo, entre ellas 25 millones realizando trabajos forzosos y 15 millones en matrimonios forzados, 71 por ciento de las cuales son mujeres y niñas, concluyó un exhaustivo estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Y la situación podría haber empeorado desde que se publicó “Estimaciones Mundiales sobre la Esclavitud Moderna”, en 2017, realizado en colaboración con la Fundación Walk Free.

La Red Safe Haven, con sede en Chicago, calificó la trata de personas como “la mayor actividad criminal internacional, superior al narcotráfico y a la venta ilegal de armas”.

En la actualidad, la esclavitud y la discriminación racial son dos lados de la misma moneda en Estados Unidos, donde el racismo se hizo más visible bajo la bandera nacionalista de la “supremacía blanca”, resurgida con el demagógico gobierno de Donald Trump.

A pesar de estar prohibida en todas partes del mundo, la esclavitud adoptó nuevas formas como la trata y el tráfico de personas, el reclutamiento de niños soldados, el matrimonio precoz, la servidumbre doméstica, tanto en el Sur como en el Norte global.

Los trabajadores migrantes, ya sea en plantaciones de naranja en Italia o en la construcción, en Qatar, están en riesgo, puntualizó Karolin Seitz, oficial de programa para responsabilidad corporativa y derechos humanos de Global Policy Forum, con sede en Bonn, en diálogo con IPS.

La experiencia muestra que los compromisos voluntarios de las compañías trasnacionales no son suficientes, puntualizó.

No alcanza porque países como Gran Bretaña, con su Ley contra la Esclavitud, Australia, con su Ley sobre la Esclavitud Moderna, o Francia con su Ley de Vigilancia, llegaron a la conclusión de que solo funcionan las normas vinculantes.

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud de los refugiados y migrantes en Europa concluyó que los trabajadores migrantes tienen más probabilidades de trabajar una cantidad excesiva de horas en empleos riesgosos y sin las medidas de seguridad adecuadas y sin quejarse.

Las víctimas de trata o tráfico quedan fuera del radar de las autoridades y no tienen acceso a la justicia, observó Seitz.

Según ella, para eliminar las ventajas competitivas que ofrece la esclavitud moderna, la trata de personas y la contaminación ambiental, los mecanismos de derechos humanos necesarios deben ir más allá de los límites fronterizos, opinó Seitz.

Por su parte, la secretaria general de la Confederación Internacional de Sindicatos (ITUC, en inglés), Sharan Burrow, dijo a IPS que la desigualdad y la esclavitud moderna van de la mano para millones de personas. Pero es posible terminar con esta última.

“La esclavitud moderna está en todas partes, desde el kafala (sistema en que trabajadores migrantes tienen un patrocinador local, responsable de su visa y su estado legal) en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, pasando por las haciendas de Paraguay y la pesca en Tailandia y Filipinas, hasta la agricultura en Italia”, observó.

“Es una cuestión de voluntad política generar los cambios legales y garantizar la libertad de asociación, que derivará de exponer el escándalo y de las campañas de trabajadores, consumidores y sindicatos. Los gobiernos deben ejercer presión sobre las corporaciones, la gente lo reclama”, añadió.

La directora de la oficina en Medio Oriente y África del norte de Igualdad Ya, Dima Dabbous, dijo a IPS que la OIT estima que hay 1,6 millones de mujeres migrantes en la región viviendo bajo el kafala.

En los países del Golfo, las trabajadoras migrantes se encuentran en una situación vulnerable pues trabajan en el ámbito doméstico, sujetas a un empleador sin poder renunciar ni cambiar de empleo ni irse del país sin el consentimiento de su patrocinador, el que las puede amenazar con deportarlas en caso de que protesten por las condiciones laborales, precisó.

En esas condiciones, abusos como restricción de movimiento, retención del pago y agresión física y sexual son moneda corriente. Y en casos extremos, causaron la muerte de alguna mujer, indicó Dabbous, exdirectora del Instituto de Estudios de Mujeres en el Mundo Árabe.

En Líbano se lograron ciertas mejoras en el tipo de contratos que regulan el trabajo de mujeres migrantes que realizan tareas domésticas, como descanso semanal, el pago en fecha del salario y que las que sufren abusos recurran a las autoridades.

Pero no se logró un gran cambio porque los contratos no están escritos en una lengua que hablen las empleadas migrantes ni las autoridades velan por su cumplimiento.

“Los empleadores les siguieron confiscando los pasaportes, todavía no tienen un día de descanso semanal y tienen muy pocas posibilidades de quejarse ante las autoridades o de denunciar un abuso”, se lamentó Dabbous.

La OIT y otras organizaciones no gubernamentales internacionales deben seguir denunciando el sistema de kafala que hace que las mujeres migrantes queden sujetas a sus empleadores como si fueran esclavas, subrayó.

Además, la comunidad internacional debe ayudar a las organizaciones locales a abolir o reemplazar ese sistema.

Las leyes, si bien tienen falencias y presentan dificultades en su implementación, obligan a las grandes compañías a realizar declaraciones precisando el riesgo de esclavitud en su cadena de suministro, así como las acciones que toman para evitarlo, destacó Seitz, de Global Policy Forum.

Otros países, en cambio, todavía creen en medidas voluntarias. El Plan de Acción Nacional de Alemania para la implementación de los Principios Guía de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos carece de responsabilidad, en parte también por la gran presión de las empresas.

A fin de fijar estándares comunes y sólidos a escala mundial, los Estados deben apoyar el proceso actual en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para crear un tratado vinculante que regule a las empresas transnacionales en cuestiones de derechos humanos, instó.

El documento debería requerir que los Estados establezcan la obligatoriedad de la diligencia debida en materia de derechos humanos, que las compañías se hagan responsables por romperla en casos de violación y que eliminen los impedimentos que tienen las víctimas para acceder a la justicia, precisó Seitz.

El trabajo es más inseguro en el mundo, con el predominio de contratos a corto plazo, y aumentan el trabajo informal y la esclavitud moderna, puntualizó Burrow, de ITUC.

La desigualdad de ingresos hace que la gente acepte empleos en condiciones de explotación, lo que impide a los trabajadores ejercer sus derechos.

“Cuando hay salarios bajos y no hay un empleo decente, cuando no hay sindicatos que representen y defiendan los derechos de los trabajadores, se crean las condiciones que llevan a la esclavitud moderna”, apuntó.

La debida diligencia y la transparencia son clave para poner fin a la esclavitud moderna en la cadena de suministro, subrayó.

Cuando las corporaciones asumen su responsabilidad con la debida diligencia y, por consiguiente, le dan transparencia a su cadena de suministro, es posible crear procedimientos de reclamo que pueden facilitar una solución a violaciones laborales, desde el trabajo forzado a un sueldo por debajo del salario mínimo.

Una ley sobre debida diligencia con nuevo mandato se está por adoptar en Francia, y otros países como Alemania y Holanda se preparan para seguir el mismo camino, apuntó.

Traducción: Verónica Firme

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Cuba emprende etapa clave para cristalizar la aprobada Constitución

ter, 26/02/2019 - 11:47

Un elector ejerce su derecho de voto durante el referendo sobre la nueva Constitución, en una mesa en la capital de Cuba, el domingo 24 de febrero. El texto de 229 artículos fue aprobado por 86, 85 por ciento de los votos válidos. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Feb 26 2019 (IPS)

La aprobación en forma aplastante del texto de la nueva Constitución, en un referendo realizado este domingo 24 en Cuba, permite al gobierno Miguel Díaz-Canel tomar el pulso al consenso con que cuenta la gestión del primer civil presidente en seis décadas.

La Comisión Electoral Nacional (CEN) informó de forma preliminar este lunes 25 que acudieron a las urnas 7.848.343 electores, en Cuba y misiones oficiales en el exterior, lo que se traduce en 84 por ciento de participación según cifras provisionales.

Los votos a favor del “sí” sumaron 6.816.169, equivalentes a 86,85 por ciento de los electores, frente a 706.400 que optaron por el “no”, de un total de 7.522.569 boletas válidas, lo que equivale a nueve por ciento, según el CEN.

Los sufragios en blanco fueron 198.674 y los anulados 127.100, según los sufragios realizados en 25.245 colegios electorales de 12.635 circunscripciones.

“La etapa que viene ahora es clave y decisiva, y puede matizar la orientación de lo planteado en la Constitución”, dijo a IPS el profesor universitario Enrique López Oliva. “Las leyes complementarias son las que van a regular las actividades porque la Constitución establece solo los principios”, explicó.

La Constitución de 229 artículos aprobada proclama en su artículo 4 que el sistema socialista que refrenda la ley fundamental es “irrevocable” y en el 5 confiere al Partido Comunista de Cuba (PCC) el papel de fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado.

“Ahora viene un período muy intenso de actividad legislativa en la cual se demostrará si la Constitución escrita coincide con la Constitución real”, dijo a IPS el analista político independiente Carlos Alzugaray, para quien el referendo fue “un éxito para el gobierno en dos sentidos”: ganó el “sí” y hubo alta participación a las urnas.

Por otro lado, consideró que, “como contrapartida, el gobierno no podrá ignorar los 706.400 cubanos que votaron por el “no” que, sumados a los

325.774 que votaron en blanco o echaron a perder sus boletas, hacen una suma total de 1.032.174 ciudadanos que no ratificaron la reforma constitucional”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ejerce su derecho al voto durante el referendo constitucional en La Habana, el domingo 24 de febrero. Crédito: Ramón Espinosa-AP/POOL-IPS

Según el cronograma fijado por la nueva Constitución, la tarea más urgente luego de su entrada en vigor, es la aprobación antes de seis meses, de la Ley Electoral por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral), cuyos diputados electos por voto directo y secreto en 2018 se mantienen en sus cargos hasta concluir su mandato de cinco años.

El parlamento, definido como el órgano supremo del poder del Estado y único con potestad constituyente y legislativa, elige de entre sus diputados, en un plazo de tres meses luego de aprobada la Ley Electoral, a su presidente, vicepresidente y demás miembros del Consejo de Estado.

Elige además al presidente y vicepresidente de la República. Posteriormente, el presidente  propone a la Asamblea legislativa la designación del primer ministro (jefe de gobierno), viceprimeros ministros, secretario y demás miembros del Consejo de Ministros.

Entre otras novedades, la Constitución confiere al presidente  y jefe del Estado, entre otras muchas responsabilidades, desempeñar la jefatura suprema de las instituciones armadas y determinar su organización general, una facultad que históricamente estuvo reservada a Fidel Castro (1926-2016) y a su hermano Raúl, que gobernó el país hasta abril de 2018.

Un aspecto criticado de la nueva Constitución por juristas de todos los signos políticos radica en las 111 remisiones a leyes posteriores, es decir, que traspasa la definición de asuntos como el matrimonio a normas que se modificarán o redactarán de ahora en adelante.

Especialistas alertan que las remisiones pueden traer deformaciones con respecto a lo planteado en la ley fundamental, con los riesgos consiguientes en la gobernanza y claridad legal.

“Hay que ver en qué medida estas leyes responderán a las necesidades de la población y cómo va a ser la participación ciudadana en este período que comienza, en especial las organizaciones no gubernamentales y las de carácter religioso”, indicó López Oliva,  especialista en sociología de las religiones.

El referendo encontró al gobierno enfrascado en la recuperación del desastre causado el 27 de enero en cinco municipios habaneros por un poderoso tornado que aumenta las tensiones financieras del país y en medio de una recesión económica que no repunta.

Un grupo de personas permanece en la entrada de un colegio electoral en La Habana, el 24 de febrero, durante el referendo sobre la nueva Constitución de Cuba. Crédito: Jorge Luis años/IPS

A la vez, el recrudecimiento de la política hostil del gobierno estadounidense de Donald Trump y el agravamiento de la crisis en Venezuela, su determinante aliado en la región, podría añadir nuevos sinsabores a la vida cotidiana de la población cubana de 11,2 millones.

“La Constitución propone cambios serios desde el punto de vista social y económico”, dijo a IPS el ingeniero Javier Córdova, luego de votar el domingo en un colegio en Luyanó, uno de los barrios habaneros afectados por el devastador tornado, que dejó siete fallecidos y 10.000 desplazados.

A juicio de Córdova, la reestructuración en la institucionalidad cubana que comenzaría una vez que entre en vigor la nueva ley fundamental con su publicación en la Gaceta Oficial “va a impactar bastante en la vida cotidiana de las personas”.

La demolición de edificaciones dañadas, venta de materiales a las familias damnificadas y obras de reconstrucción se mantuvieron activas el día del referendo, en una comunidad que todavía atraviesa momentos complejos y tensos a un mes del desastre inesperado y arrasador.

Camiones cargados con piedras salían junto al local en la Calzada de Luyanó, donde operó la circunscripción que coordinó el colegio electoral de Córdova y otros dos. Ubicada en la sede de un punto de venta de materiales para los damnificados, esta circunscripción identificó 1.361 electores.

“La evolución va a ser mucho mejor si se aplica todo lo establecido en la nueva Constitución”, valoró la jubilada Juana María Salazar, quien participó en el referendo anterior de 1976 y trabajó en la comisión electoral de esa circunscripción en Luyanó. “Tenemos cambios totales (…) y un nuevo gobierno”, concluyó.

A contrapelo de esas dificultades presentes desde que asumió la presidencia en abril del pasado año, Díaz-Canel mantuvo su estilo de dirección ágil, de intercambio directo con el pueblo y constantes visitas a territorios y comunidades en compañía de algunos ministros, conminados a la vez a rendir cuentas de su gestión ante la opinión pública.

Este desempeño contribuyó al parecer a sumar puntos en favor de su popularidad. En las redes sociales, a menudo se le felicita por contacto cotidiano con la población aunque también recibe críticas. El ascenso del político a la presidencia contó con el público respaldo de Raúl Castro, actual primer secretario del gobernante PCC y gobernante entre 2008 y junio 2018.

Como en la etapa previa, la sociedad civil estuvo muy activa el día del referendo en las redes sociales de Internet. Se reportaron pequeñas protestas de grupos opositores al gobierno socialista, quienes divulgaron sobre acciones punitivas cometidas contra algunos líderes y observadores electorales independientes.

Por vez primera y gracias al mayor acceso a Internet, muchas personas fotografiaron su voto y lo compartieron en las redes, mientras activistas de diverso signo político acudieron a la observación pública de los votos en sus respectivos colegios, aunque algunos lamentaron la negativa de algunas autoridades a fotografiar.

El texto aprobado resultó de un proceso que comenzó en junio e incluyó una consulta popular, del 13 de agosto al 15 de noviembre, que según las autoridades cambió alrededor del 60 por ciento de su articulado.  El proceso de votación estuvo precedido de una vasta campaña oficial en favor del “sí” y otra alternativa por el “no” confinada a Internet.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Un Partido Mundial

seg, 25/02/2019 - 13:08

Roberto Savio

Por Roberto Savio
ROMA, Feb 25 2019 (IPS)

He sido miembro del primer partido internacional del mundo: el Partido Radical Transnacional, fundado en 1956 por los italianos Marco Pannella y Emma Bonino. Luego, en 1988, fui testigo de la gran protesta en Berlín Occidental contra las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que fue precursora de la “Batalla de Seattle”, donde 40.000 manifestantes interrumpieron las reuniones anuales de las dos instituciones financieras mundiales en 1999.

Además, la policía me detuvo por un día pese a que solo había sido un testigo, pero el hecho de ser extranjero me hizo automáticamente sospechoso.

Fui también testigo del discurso pronunciado por el economista laureado con el Premio Nobel, Joseph Stigliz, dirigido a los manifestantes para “Ocupar Wall Street” en 2001.

Ese mismo año, participé en la creación del Foro Social Mundial en Porto Alegre, y he estado siguiendo atentamente el arribo de la nueva marejada nacionalista y populista internacional desde la llegada de Viktor Orban a Hungría en 2010, Jaroslaw Kaczynski a Polonia en 2015, el “brexit” y Donald Trump en 2016 y una serie de movimientos totalmente diferentes, como los “chalecos amarillos” en Francia.

Como resultado, he decidido que puedo ser más útil como profesional que como teórico en el debate tan culto e interesante que Paul Raskin ha iniciado sobre un partido político mundial.

Pero aún recuerdo que hablé como profesional (fui el fundador de IPS-Inter Press Service, la cuarta agencia de noticias internacional del mundo) en una conferencia de académicos muy importante realizada en Berlín durante el debate sobre el Nuevo Orden Internacional de Información en la década de 1970. Cuando terminé, el presidente alemán de la conferencia observó: “lo que ha dicho Roberto funciona en la práctica. Pero la pregunta es: ¿funcionaría en teoría?”

El Partido Radical Transnacional eligió un programa de derechos humanos, como lo había hecho Pannella en Italia con el Partido Radical Italiano: la abolición de la pena de muerte, la despenalización de drogas ligeras, la libertad de elección médica, incluida la eutanasia, el fin de la mutilación genital femenina en África y los países árabes, la importancia de la investigación científica libre de dogmas religiosos, como parte de la bioética, y la creación de los Estados Unidos de Europa; una Europa multicultural, inclusiva y ambientalmente preocupada.

Además, solicitó la inclusión de Israel en la Comunidad Europea y montó campañas públicas sobre el Tíbet, los uigures (una etnia turca que vive en Asia oriental y central), los “montagnard” o montañeses (una minoría cristiana vietnamita) y los chechenos.

Esta agenda de derechos humanos logró vincular a intelectuales y activistas de muchos países (especialmente de Europa y América Latina), pero nunca se convirtió en un movimiento de masas y se disolvió en 1989.

Había quedado muy influenciado por los acontecimientos de “Mayo 68” que se centraron en la lucha contra las estructuras centralizadas, y que indicaron que la lucha debería volverse individual y libre de cualquier comando.

El Foro Social Mundial (FSM) fue lo más cercano a un movimiento mundial. Se basaba en un programa mucho más amplio, que consistía en la construcción de una alternativa al Foro Económico Mundial en Davos. Las finanzas globales, el capitalismo descontrolado, una agenda económica sobre la agenda social, la alianza de las corporaciones para controlar la política y la gobernanza: un Foro donde las personas no electas pudieran reunirse para tomar decisiones sobre el acontecer mundial.

Este fue el resultado de una visita a París en 1999 de dos activistas brasileños: Oded Grajew, que trabajaba en el campo de la responsabilidad social corporativa, y Chico Whitaker, que estaba en la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, una iniciativa de la Iglesia católica brasileña.

Ellos se sentían indignados por la cobertura televisiva de Davos y se reunieron con Bernard Cassen, director general de Le Monde Diplomatique, quien los alentó a organizar un anti-Davos, no en Europa sino en el sur del planeta.

Regresaron a Brasil, organizaron un comité de ocho organizaciones brasileñas, obtuvieron el apoyo del gobierno de Rio Grande do Sul en febrero de 2000 y, en 2001, lograron que el primer Foro de Porto Alegre se celebrara al mismo tiempo que Davos. Anticipamos la asistencia de 3.000 personas (al igual que Davos), pero en lugar de eso hubo 20.000 participantes.

El impacto fue tan grande, que el comité brasileño organizó una reunión consultiva el año siguiente en São Paulo para discutir la continuación del FSM. Invitaron a varias organizaciones internacionales y el segundo día nos designaron a todos como el Consejo Internacional. Por lo tanto, el Consejo no nació de una planificación para organizar una estructura realmente representativa.

Los esfuerzos para equilibrar su composición nunca fueron muy lejos, puesto que muchas organizaciones querían convertirse en miembros del Consejo sin ningún criterio de representación y fortaleza.

El Consejo rápidamente llegó a tener una larga lista de nombres, pero con pocos participantes. Además, siguieron los cambios en cada reunión del Consejo, lo que dejó a los brasileños (a Chico Whitaker en particular), con capacidad de facto para ejercer un gran peso en el proceso.

El FSM celebró un gran número de reuniones. La reunión anual del FSM siempre contó con cerca de 100.000 participantes (la reunión en 2005 tuvo 150.000). Además, el FSM se mudó de América Latina, primero a Mumbai, con la participación de 20.000 dalits (intocables), luego al África y así sucesivamente.

Mientras tanto, la marcha contra la invasión estadounidense de Iraq constó de 15 millones de personas marchando por todo el mundo. George Bush lo descartó como grupos de enfoque, y la guerra continuó.

Además del FSM anual, se organizaron otros dos eventos principales: los FSM regionales y los FSM temáticos, los cuales son una especie de paraguas para que las personas se reúnan fuera del FSM central. Asimismo, los FSM locales podrían celebrarse en cualquier país, como parte del proceso general del FSM.

El cálculo más probable estima que desde 2001 el FSM ha reunido a más de un millón de personas, que han pagado sus propios gastos de viaje y alojamiento para compartir experiencias y soñar juntos por un mundo mejor.

Algunos puntos de este enorme proceso (que no veo ahora replicable como la idea de un Partido), deben ser considerados para nuestro debate. La sociedad civil se compone de muchos hilos. No hay tiempo para profundizar en esto, pero Boaventura de Sousa Santos, el sociólogo y antropólogo portugués que más ha estudiado el FSM (y también está en desacuerdo con la incapacidad de actualización de Chico Whitaker y otros) ha escrito un interesante estudio sobre la “traducción” que fue necesaria para juntar esos hilos.

Las organizaciones de mujeres, por ejemplo, están preocupadas por la sociedad patriarcal; las organizaciones indígenas se preocupan por la explotación de los colonos blancos; y las organizaciones de derechos humanos tienen un programa diferente de aquél de quienes se ocupan del medio ambiente.

Para entendernos mutuamente, compartir y trabajar juntos, se llevó a cabo un proceso de interpretación de esas prioridades para poder pensar de manera holística. Se trata de lo que ahora llamamos identidad.

Cualquier partido mundial debe enfrentar este problema porque no hay organizaciones indígenas en Europa ni hay activistas sobre el impacto de las infraestructuras en Asia o África.

En otras palabras, aunque sea más fácil crear una participación masiva contra un enemigo común, se requiere mucho diálogo para construir un movimiento. Ciertamente, el FSM fue fundamental para crear conciencia de que es necesario un enfoque holístico para combatir la injusticia, el cambio climático, las finanzas no controladas, la injusticia social creciente, etc. Y ese es un punto importante en la creación de un partido mundial.

En los 63 años transcurridos desde la creación del Partido Radical Transnacional, se ha repetido un hecho común en todos los movimientos que se han creado, el cual se puede observar ahora en los “chalecos amarillos”. Para la inmensa mayoría de los participantes, la noción de partido está vinculada al poder, la corrupción y la falta de legitimidad.

El FSM “decretó” la irrelevancia de asumir el concepto de “partido”: se opone a cualquier declaración política del FSM (porque podría dividir el movimiento), a la creación de un portavoz en nombre del FSM y a favor de la horizontalidad como la base principal para la gobernanza del FSM, es decir, el FSM como un espacio para reuniones y no para organizar acciones.

Los participantes que forman las alianzas podrían tomar medidas, pero el FSM no puede hacer declaraciones o planes de acción. El Consejo Internacional no era un órgano rector sino una estructura facilitadora.

Los medios dejaron de asistir al FSM porque no tenían interlocutores, dado que no había voceros. Incluso estaba prohibida cualquier declaración sobre algo que potencialmente podría crear escisión, como la condena de guerras o los llamados a la acción climática.

El resultado es que el FSM se ha convertido en algo parecido a un ejercicio espiritual: útil para aquellos que participan, porque emergen con más fuerza individual, pero sin impacto alguno en el mundo.

Esta es una desventaja extremadamente importante para un partido mundial. La mayoría de sus afiliados rechazan en principio la noción de partido, porque crea automáticamente estructuras de poder, se abre a la corrupción de los ideales y deja a los individuos sin participación ni representación.

Los “chalecos amarillos” son un ejemplo aleccionador de esto. El mundo político ha perdido legitimidad, participación y juventud. Está totalmente separado de la cultura, la investigación y el intelectualismo. Para ser real, un partido mundial no puede basarse en unas pocas personas. Debe abordar y resolver esos problemas.

He aquí tres consideraciones que son importantes:

La primera es que la Internet ha cambiado la participación en la política. El espacio y el tiempo ya no son lo mismo. El tiempo se ha vuelto fluido y corto. Los tuits, Facebook, etc. son mucho más importantes que los medios de comunicación. Jair Bolsonaro fue elegido en Brasil a través de las redes sociales.

Presenciamos un fenómeno general, desde Matteo Salvini en Italia hasta la Primavera Árabe y el brexit. Los medios estadounidenses en conjunto producen 62 millones de copias al día. De estos, los documentos de calidad (como WSJ, NYT y WP) cuentan con solo 10 millones de copias.

Los tuits de Trump tienen 49 millones de seguidores. Sabemos que solo el cuatro por ciento de ellos compra periódicos y solo miran Fox News, que es una extensión de los tuits de Trump.

Entonces, cuando Trump hace afirmaciones absurdas, como cuando visitó a la reina Isabel y dijo que no pudo ir al centro de Londres porque había tantas personas que lo esperaban que la policía le aconsejó no ir, cuando en realidad había 200.000 personas en las calles protestando por su visita, esos 49 millones lo creyeron ciegamente.

Los medios de calidad publican una comprobación de los hechos, con cifras dramáticas sobre sus mentiras y verdades tergiversadas. Sus seguidores nunca las leerán, y si las ven no las creerán.

Necesitamos poder entrar en este tipo de movilización. Yo, por mi parte, no puedo usar Twitter de manera eficiente. Y Aldo Moro, el primer ministro italiano asesinado en 1978 por las Brigadas Rojas (que fueron utilizadas por una fuerza más poderosa), tampoco podría.

La política salta en poco tiempo de un elemento a otro. Se acabó la capacidad de seguir procesos, solo seguimos eventos. Y lo mismo está pasando con los medios.

La segunda consideración, como consecuencia de lo anterior, es que la Internet ha ido por el camino equivocado en lo que se refiere a la política.

En lugar de convertirse en un elemento de participación, se ha convertido en un elemento de atomización. Un increíble 73 por ciento de sus usuarios declaran que tallan su propio mundo, un mundo virtual, que pueden construir de acuerdo con sus deseos.

Como resultado, el debate entre las personas (especialmente los jóvenes) ha disminuido. Los usuarios ingresan a Internet, dialogan con personas de ideas afines e insultan a los demás.

La consecuencia es que los jóvenes votan cada vez menos, con consecuencias como como la del brexit, cuando 88 por ciento de los adultos votaron en comparación con 23 por ciento de los jóvenes, quienes se manifestaron en contra del resultado del referendo al día siguiente, pero los espectadores les gritaron: ‘¿No votaste y ahora protestas?’.

La tercera es que ahora existe una división entre la ciudad y el campo, que es solo la punta del iceberg de una división mucho más significativa: entre aquellos que se sienten excluidos por la globalización y piensan que va a favor de quienes viven en las ciudades y de las elites (que se considera que incluyen a los intelectuales), y aquellos que no han sido sus víctimas.

Basta con ver de dónde obtuvo sus votos Trump en 2016, sin un apoyo significativo en las ciudades. Perdió el voto popular por dos millones, pero el peculiar sistema de votación estadounidense, herencia del proceso de unificación de los estados norteamericanos, hoy en día otorga una representación desproporcionada a los estados  más pequeños y menos desarrollados.

El mismo fenómeno estuvo detrás del brexit y está sucediendo en todo el mundo.

Esto ha llevado a una situación sin precedentes. Aquellos que se sienten abandonados ahora están legitimados para desconfiar de las élites. Durante mucho tiempo, la ignorancia ha sido una realidad en todos los países pero ahora existe la arrogancia de la ignorancia. La revuelta de los “chalecos amarillos” contra las élites que tienen a Emmanuel Macron como símbolo, es compartida por los seguidores de Trump, Salvini, Le Pen, Bolsonero, etc.

Y es irónico que el sistema político, considerado en todas partes como el principal enemigo, sea de hecho el más ignorante en los tiempos modernos. Si alguna vez se hubieran reunido personalidades como Nelson Mandela, Adlai Stevenson, Olaf Palme, Salvador Allende y Aldo Moro, habrían tenido algunos libros en los que basar sus discusiones. Hoy, esto sería altamente improbable incluso entre los parlamentarios, por no hablar de Trump, Theresa May y Angela Merkel…

Esto nos lleva a otra consideración y a la conclusión. La consideración consiste en reflexionar sobre lo que ha sucedido para que se degraden la política y los programas políticos.

Mi propia lectura es que hubo una suma de factores, todos al mismo tiempo.

La caída del Muro de Berlín provocó la “NHA” (no hay alternativa) de Margaret Thatcher. Fue el fin de las ideologías (el fin de la historia); fueron esos controles los que nos llevaron a la guerra. El grito era ser pragmático. Pero cuando la política se convierte en la solución de un solo problema, sin una visión orgánica a largo plazo del paso que estás dando, estás siendo utilitario, lo cual es una perspectiva diferente.

Al mismo tiempo, tuvimos el Consenso de Washington entre el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre cómo dirigir el mundo. Los beneficios de la globalización harían flotar a todos los barcos.

Todo lo que no fuera productivo debía ser frenado: los costos sociales, la educación (Reagan incluso quería abolir el Departamento de Educación) y la salud, que habían sido inamovibles, debían ser privatizados. El sistema público, el Estado, todo lo que era movible (comercio, finanzas, industria) debía globalizarse. Las microeconomías quedaban fuera. El FMI y el Banco Mundial tardaron 20 años en restaurar tardíamente el papel del Estado como un regulador más allá del mercado.

Pero a estas alturas el genio estaba fuera de la botella. Las finanzas se han suicidado para depender de la producción económica. Y la concentración sin precedentes de riqueza en cada vez menos manos es sólo una señal que se suma a la exasperación de los perdedores.

Empero, fue muy importante la teoría de la tercera vía de Tony Blair, quien decidió que como la globalización era inevitable, la izquierda podía desarrollarla y darle un rostro humano. El resultado es que la izquierda perdió a sus afiliados y los trabajadores ahora votan por los nuevos partidos populistas que están creciendo en todas partes.

Ha desaparecido el debate de izquierda-derecha, que fue en gran medida un debate ideológico. ¿Por qué las personas habrían de sentirse apasionadas por una política que se ha convertido básicamente en un asunto administrativo?

Y esto nos lleva a la conclusión. Para crear un partido mundial debemos encontrar una pancarta que atraiga a la gente a su alrededor.

Creo que en el mundo de hoy la derecha no necesita estructurarse. El intento de Stephen Bannon de unir todos los partidos populistas y xenófobos es válido mientras tengan un enemigo común: Europa, el multilateralismo.

Pero si presionas a la gente hacia el nacionalismo y la competencia, seguirá el camino de la tan proclamada unidad entre el primer ministro austriaco Sebastian Kurz y el italiano Matteo Salvini, quienes se proclamaron hermanos, unidos contra el enemigo común, la Unión Europea. Sin embargo, tan pronto como se topan con un tema concreto, como la forma de tratar a los inmigrantes, sus intereses en competencia les roban lo mejor de su hermandad.

No tengo ninguna duda de que las próximas elecciones europeas en mayo verán un fortalecimiento de las fuerzas antieuropeas, pero desde ahí hasta el fin de Europa…

Esta marea creciente se agotará por sí misma una vez que quede claro que el programa de los nacionalistas y los xenófobos de hacer retroceder el futuro hacia el pasado nacional durará hasta que tomen el poder, porque queda claro que no tienen respuestas: esto es lo que el gobierno italiano está enfrentando ahora.

Para hacerse eco de Gramsci, un partido debería poder reunir a las masas para buscar un objetivo común. Este objetivo, para hacerse realidad, debería poder interpretar y unir a la mayoría de la gente.

En la actualidad, el denominador común ha sido la globalización.

Muchos historiadores piensan que los motores del cambio en la historia han sido la codicia y el miedo. Desde 1989, hemos sido educados en la codicia, que se ha convertido en una virtud: y desde la crisis de 2008 (un resultado directo de la codicia), el miedo se ha convertido en una firme realidad.

Los inmigrantes son ahora los chivos expiatorios, pese a que siempre han sido un recurso. ¿Cuándo, en la historia de  Estados Unidos, podría un muro que los separe de México justificar el cierre gubernamental más prolongado?

Los vínculos que unieron al pueblo hasta 1989 fueron sus valores. Basta con leer la Constitución de cualquier país para encontrar esos valores: justicia, solidaridad, ética, igualdad, derecho como la base de la sociedad, etc. Hoy vivimos en un mundo donde nadie habla de valores (a menos que tome el mercado como un valor), y menos aún del mundo político.

Sería un duro desafío, pero un partido mundial debiera basarse en los valores, en la defensa de la cooperación internacional como garantía de paz y en el hecho de que la competencia y la codicia crean pocos ganadores y muchos perdedores.

Debemos reconocer que en el mundo hay millones de personas comprometidas desde las bases, cientos de veces más que el FSM. Nuestro desafío es conectar con ellos, con aquellos que están esforzándose por cambiar la tendencia actual.

Esto, me temo, es un largo proceso. Al iniciarlo, debemos dejar claro que no somos las élites, que también nos consideramos víctimas del mismo enemigo. Que compartimos los mismos valores, pero ¿podemos encontrar el idioma común para lograr esa conexión? La comunicación es la base de la participación…

Periodista italo-argentino, Roberto Savio  fue cofundador y director general de Inter Press Service (IPS), de la que ahora es presidente emérito. En los últimos años también fundó Other News, un servicio que proporciona “información que los mercados eliminan”. 

RV:EG

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Jóvenes lideran la lucha contra el cambio climático

seg, 25/02/2019 - 13:00

Monique Taffe, diseñadora de moda de 22 años, residente en Londres, fabrica prendas con objetos y telas recicladas. Crédito: A.D. McKenzie/IPS.

Por A. D. McKenzie
PARÍS, Feb 25 2019 (IPS)

De su abuela jamaiquina que emigró a Gran Bretaña, Monique Taffe heredó la tradición de reciclar, y aprendió a no formar parte de la “cultura descartable”, como los ambientalistas llaman a la sociedad de consumo.

“Veía a mi abuela reutilizar cosas, se lo heredó a mi madre, quien me inspiró a hacer lo mismo”, relató Taffe, quien busca utilizar materiales de desperdicios y telas recicladas en el diseño de moda.

La diseñadora de 22 años, graduada hace poco en Londres, participó en la 3 Conferencia de Mujeres por el Clima (Women4Climate), que tuvo lugar el 21 de este mes en París.

La joven se unió a otras mujeres del mundo, entre las que había varias latinoamericanas, que habían creado proyectos sostenibles y recibían mentoría de C40, una red de 94 megaciudades comprometidas a luchar contra el cambio climático, organizadora de la conferencia llamada “Toma la delantera”.

Taffe comenzó un proyecto para crear ropa deportiva para embarazadas, como forma de incentivarlas a hacer ejercicio en esa etapa de la vida. Toda las prendas se fabrican con telas y objetos reciclados en su compañía Taffe Jones, explicó a IPS.

La joven también es una de las 10 finalistas, entre 450 participantes del londinense Programa Alcaldes Empresarios 2018, en el que ciudades se vincularon con el Programa de Mentorías de Mujeres por el Clima.

“Las lideresas desempeñan un papel de pivote en las negociaciones del Acuerdo de París sobre cambio climático de 2015 y son fundamentales para su éxito”, aboga Mujeres por el Clima, creada en 2016.

“Ahora más que nunca será fundamental mejorar la participación y el liderazgo de las mujeres para garantizar un futuro saludable, próspero y sostenible para todos”, subraya.

Taffe contó en una entrevista que le gustaría que los jóvenes británicos, caribeños y de todo el mundo se unieran en las redes sociales para compartir las mejores prácticas para reciclar telas.

El contenido podría ser desde información sobre dejar ropa en depósitos centrales o en lugares designados, de donde diseñadores, y otras personas, pudieran extraer material reutilizable. El reciclado en la industria de la moda podría tener un impacto ambiental positivo, ya que es uno de los sectores de la economía más contaminantes, indican numerosos estudios.

ONU Medio Ambiente señala que la industria de la moda “es responsable de producir 20 por ciento de las aguas residuales y 10 por ciento de las emisiones de carbono, más que todos los barcos y los vuelos internacionales”.

El proceso de “teñido es el segundo mayor contaminante de agua a escala global y consume alrededor de 7.500 litros de agua para fabricar un típico pantalón vaquero”, precisa la agencia.

En la Asamblea de ONU Medio Ambiente de marzo, la agencia “lanzará formalmente la Alianza de las Naciones Unidas sobre Moda Sostenible para alentar al sector privado, gobiernos y organizaciones no gubernamentales a crear un llamado a la acción en todo el sector y así reducir el impacto social, económico y ambiental negativo”, señala.

Con fábricas textiles en toda América Latina y el Caribe, esta es un área a la que los ambientalistas también le prestan atención, y sostienen que es necesario concentrarse en la gestión de desperdicios, como textiles y plásticos que contaminan las playas de la región.

La organización Jamaica Environmental Trust, con sede en Kingston, subraya la necesidad de reciclar, realiza jornadas limpieza de playas con voluntarios y trabajar para proteger la calidad del aire y del agua, explicó una portavoz a IPS. La conducción está a cargo de mujeres jóvenes, como Taffe, quienes trabajan para sensibilizar al público sobre cuestiones ambientales y climáticas.

“Crear conciencia ayudará a otros jóvenes a ver qué se hace y facilitarnos la tarea de construir alianzas para la acción climática”, destacó Taffe.

Por ejemplo, conociendo la medida que adoptaron en el Caribe de prohibir las bolsas y los sorbetes de plástico y ampliar el uso de la energía solar.

El gobierno jamaiquino, por ejemplo, anunció en 2017 que quiere que el país llegue a generar 50 por ciento de su energía a partir de fuentes renovables para 2030, por encima del 30 por ciento fijado previamente.

Ninguna ciudad caribeña forma parte del C40, pero participar en conferencias internacionales como Mujeres por el Clima es una forma de reunir empresarios con perfil ecológico para compartir experiencias.

De hecho, la creación de alianzas internacionales fue uno de los temas centrales del encuentro de París, destacó la alcaldesa francesa Anne Hidalgo, quien lanzó la idea de Mujeres por el Clima.

Hubo representantes de Quito, México y Santiago que, como Taffe, compartieron experiencias sostenibles y que procuran reducir las emisiones contaminantes.

Jóvenes innovadoras también presentaron soluciones tecnológicas en un Desafío Tecnológico de Mujeres por el Cambio.

“El cambio climático suele impactar primero en las mujeres”, recordó Hidalgo en la conferencia, “pues son las que tradicionalmente se ocupan de la familia, por lo que hay que reconocer sus capacidades”.

“No significa que las mujeres sean mejores que los hombres, sino que ellas tienen distintas capacidades y competencias que son fundamentales en la lucha contra el cambio climático”, precisó.

También recordó que autoridades y activistas deben “pensar a escala local y actuar a escala global”.

Entre los participantes en la conferencia había alcaldesas de varias ciudades como Freetown, Sierra Leona; Charlotte en el estado estadounidense de Carolina del Norte; Dakar, Senegal, y Sydney, Australia, además de varios colegas alcaldes que trabajan en esta temática.

“No podemos luchar contra el cambio climático de forma efectiva sin empoderar a las mujeres”, subrayó el ecuatoriano Rodacio Rodas, alcalde de Quito.

También describió proyectos de seguridad alimentaria y urbanos que emplean mujeres, y añadió que a escala “comunitaria”, es posible empoderarlas y que ellas se empoderen para pasar a la acción.

Pero muchas delegadas subrayaron la falta de apoyo nacional para la acción climática de algunos líderes.

“Estamos devastados en todo el mundo por (Donald) Trump como lo están ustedes en Estados Unidos”, observó Clover Moore, alcalde de Sydney, refiriéndose a la falta de apoyo del mandatario estadounidense al Acuerdo de París. Pero el primer ministro de Australia no fue “mucho mejor”, apuntó.

En el marco del movimiento “Youth Strike 4 Climate” (jóvenes con impacto por el clima), encabezado por la adolescente sueca Greta Thunberg, estudiantes de varios países permanecen fuera de su escuela algunos días y protestan por la falta de medidas de sus gobiernos contra el recalentamiento global.

“Los jóvenes ven lo que pasa, conocen la ciencia”, subrayó Moore.

Entre los estudiantes que participaron en la conferencia de Mujeres por el Clima, estaba Youna Marette, la belga de 17 años, quien, además, fue una de las oradoras.

“Seguiremos luchando, impactadno por nuestra cultura”, prometió, y urgió a los gobiernos a crear sociedades más inclusivas y a redoblar la acción para proteger el planeta.

Para Taffe, pensar en el futuro y en un mundo habitable es una gran motivación. “Mi abuela me heredó estrategias para llevar una vida sostenible y quiero continuar con eso”, explicó a IPS. “Tenemos que reutilizar y reciclar, y hacer lo que podamos donde sea que vivamos”, añadió.

Traducción: Verónica Firme

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Sistema penal de Estados Unidos plagado de injusticias

sex, 22/02/2019 - 13:14

David Antonio Pérez, de 42 años, pasó recluido cinco años en varios centros de detención para indocumentados en Estados Unidos, lo que duraron sus recursos ante la justicia para evitar la deportación. De regreso a El Salvador, donde ya fue deportado otras dos veces, su futuro está marcado por la derrota y la incertidumbre. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Por Rose Delaney
MIAMI, Feb 22 2019 (IPS)

Las dificultades de acceso a la asistencia legal y la desigualdad socioeconómica ocupan un lugar central en el sistema de justicia penal de Estados Unidos, donde hay un exorbitante número de presos sin condena.

Miles de personas se ven privadas de los derechos humanos más básicos y reciben un trato que las equipara a una “subclase” criminal en lo que parece ser un sistema perfectamente “legal” y “justo”.

Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria del mundo con la pasmosa cifra de 2,3 millones de personas tras las rejas. En otras palabras, uno de cada 99 adultos están confinados en una celda.

Y Florida se ubica en tercer lugar entre los estados con la mayor población privada de libertad. Se gastan unos 2.700 millones de dólares al año para alojar delincuentes presos por delitos menores.

Los presos estadounidenses no tienen derechos políticos ni voz sobre el trato que reciben, y casi que tampoco tienen organizaciones que los representen.

Una vez que recuperan la libertad, tampoco pueden solicitar asistencia para vivienda ni ayuda económica. Además, deben declarar que estuvieron presos cada vez que presentan solicitud de trabajo.

Según la Oficina de Estudios Judiciales, la falta de políticas de rehabilitación y de acceso a servicios públicos hace que 76 por ciento de los presos tengan probabilidades de reincidir en los cinco años siguentes a su liberación.

IPS conversó con Jean-Claude sobre el terrible periplo que tuvo en el sistema de justicia de Florida. Su familia, que quedó en Haití, desciende de educadores y personalidades influyentes de ese país.

Cuesta creer que con su forma correcta y bien articulada de expresarse pudiera estar casi 10 años preso.

A Jean-Claude lo condenaron por conspiración en base a “evidencia de oídas” en un caso de extorsión, sin “pruebas materiales” para comprobarlo. Él  sostiene que es un error desde el punto de vista legal y es un recurso que no debería usarse para condenar a una persona.

Jean-Claude, condenado por conspiración en base a “evidencia de oídas” en un caso de extorsión, sin “pruebas materiales” para comprobarlo. En 1998, inició una batalla legal contra el estado de Florida que duró 10 años. Crédito: Cortesía

En 1998, inició una batalla legal con el estado de Florida que duró 10 años. Todavía está en pleno debate para revisar la legislación sobre el estatuto 777.04 sobre “Tentativa, Incitación y Conspiración”.

A medida que avanzó la acusación, se hizo evidente que se había cometido una enorme injusticia. Después de tres años y medio tras las rejas, comenzó el juicio.

Le ofrecieron un bono de más de un millón de dólares. La solicitud de reducción de pena cayó en oídos sordos, y le fue negada por el tribunal. Su abogado cobró la considerable suma de 15.000 dólares y no hizo mucho para resolver el caso.

Su caso deja en evidencia que pretender contar la historia desde la perspectiva del imputado es excesivamente costoso en el sistema de justicia penal de Estados Unidos. No es un derecho garantizado para sectores con poder adquisitivo bajo y medio.

El caso de Jean-Claude se distingue del de 85 por ciento de los presos de este país que nunca van a juicio.

Con abogados con honorarios excesivamente altos y bonos desorbitados, se recomienda y se alienta a muchos imputados a declararse culpables de delitos que pueden no haber cometidos.

“El Estado y los abogados no aconsejan ir a juicio porque es demasiado costoso y lleva mucho tiempo”, explicó Jean-Claude.

Como inmigrante haitiano, las condiciones del sistema penitenciario de Estados Unidos son excepcionalmente injustas. Para peor, dos días antes de su liberación, lo trasladaron a un centro de detención para deportarlo.

Una vez allí, lo mantuvieron incomunicado durante 23 horas, lo que es una forma de tortura, como precisa Amnistía Internacional.

Por poco y no logra evitar su deportación; por suerte pudo presentar su caso ante un juez y alegar que su esposa e hijos, residentes estadounidenses, lo estaban esperando con ansias tras nueve años en la cárcel.

En sintonía con lo que dice Michelle Alexander en “The New Jim Crow”, Jean-Claude coincide que en Estados Unidos tratan a los presos como si fueran una casta inferior.

Dentro y fuera de las penitenciarias, los convictos o exconvictos se ven privados de sus derechos básicos a reformarse y rehabilitarse. “La mayoría deja la prisión peor que cuando entró”, sentenció Jean-Claude.

Para sobreponerse a una recaída, él decidió echar mano a su experiencia de negocios.

El nivel de educación de la mayoría de los hombres presos en Florida no supera el grado 6, que suelen cursar los niños a los 11 o 12 años. Por ello, tuvo un gran impacto la iniciativa de Jean-Claude de implementar un programa de “Empresa e Innovación” en la cárcel.

Más de 150 estudiantes pasaron por su programa, concentrado en innovación y alfabetización tecnológica. Y aun después de recuperar la libertad, siguió ofreciendo servicios de educación y de búsqueda de trabajo a presos y exconvictos.

Jean-Claude fundó la organización Riemerge, que apuesta a la rehabilitación de hombres atrapados en el sistema penal estadounidense mediante capacitación en innovación tecnológica para conseguir empleo en grandes corporaciones.

Como los hijos de presos tienen seis veces más probabilidades de terminar en la cárcel, Jean-Claude hace hincapié en el vínculo entre padres e hijos.

Así, los padres comparten sus logros y otras cosas que aprenden con sus hijos, además de alentarlos a innovar en cuestiones de tecnología y negocios.

¿Qué futuro le espera a los jóvenes varones condenados de forma injusta?

Jean-Claude mencionó la importancia de la inteligencia artificial en el sistema de justicia penal.

“Tengo esperanzas en la reforma porque gracias a la tecnología, el sistema de justicia penal adopta nuevas tecnologías con rapidez. Creo que así se eliminarán los prejuicios en los tribunales y en las políticas”, opinó.

Pero las nuevas tecnologías introducen sus propios problemas. Por ejemplo, Brian Brackeen, un empresario afroamericano y fundador de Kairos, creó una exitosa tecnología de “reconocimiento facial”, que se niega a vender a la policía porque las computadoras pueden adoptar esos prejuicios.

“He sido muy claro sobre los posibles peligros asociados a los actuales prejuicios raciales del reconocimiento facial, y muy abierto sobre mi oposición a que la policía use esa tecnología”, declaró.

Con una mayor conciencia y dedicación, exconvictos como Jean-Claude son optimistas con respecto a su capacidad de erradicar las graves injusticias del sistema penal estadounidense.

Pero Jean-Claude, uno de los muchos presos víctimas de la justicia estadounidense, está decidido a hacer todo lo posible por promover el acceso a la justicia y promover un cambio que beneficie a los presos silenciados de forma injusta.

Traducción: Verónica Firme

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El comercio mundial se debilita por el proteccionismo de Washington

qui, 21/02/2019 - 16:25

La venta de vehículos es uno de los que ha sufrido una caída según el indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial, que anticipa la persistencia de malos tiempos para el intercambio de mercancías, debilitado por el proteccionismo de Estados Unidos. Crédito: Ginebracomercio.com

Por Gustavo Capdevila
GINEBRA, Feb 21 2019 (IPS)

La tirantez de las relaciones comerciales internacionales repercute en los indicadores del intercambio y “es probable que la debilidad del comercio persista” durante el primer trimestre de 2019, reconoció la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El “descenso simultáneo de varios indicadores relacionados con el comercio debería poner a los responsables de la formulación de políticas en guardia contra una desaceleración más acusada si las tensiones comerciales actuales no se resuelven”, previno la organización con sede en Ginebra.

El último Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial (WTOI, en inglés) de la OMC, divulgado el 19 de febrero, muestra abruptas caídas en los índices que componen el WTOI y que “aparecen bajo presión de las crecientes tensiones comerciales”.

De un punto de referencia de valor 100 para cada índice del WTOI, el último registro de las órdenes de exportaciones  alcanzó el nivel 95,3; el transporte aéreo de mercancías, 96,8; la producción y venta de automóviles, 92,5; la de componentes electrónicos, 88,7, y la de productos básicos primarios de la agricultura, 94,3.

Todos esos casos han presentado las desviaciones más marcadas que se asemejan, aproximan o superan a los descensos registrados durante la crisis financiera internacional estallada en 2008.

Solo el índice de movimiento en los puertos de contenedores mostró signos positivos, de 100,3, con mínima tendencia creciente, dijo la OMC.

El informe estimó que “factores temporales” han influido en algunos de los índices. Mencionó que la “carga adelantada de importaciones en anticipación de (la guerra de) aranceles entre Estados Unidos y China puede haber alentado en alguna medida los embarques de contenedores”.

También citó que “problemas del sector automovilístico en Alemania pueden haber contribuido al debilitamiento de la producción y venta de autos”.

Los componentes del Indicador de las Perspectivas del Comercio Mundial muestran un descenso simultáneo que pronostica la persistencia de la ralentización del intercambio. Crédito: OMC

“La constante pérdida de impulso resalta la urgencia por reducir las tensiones en el comercio que, junto a los persistentes riesgos políticos y a la inestabilidad financiera podrían presagiar un deterioro económico más extenso”, previno la OMC.

Cuando la OMC alude a “las tensiones comerciales” o a “factores temporales” se refiere al ambiente espeso en que se desenvuelven las actividades de la institución desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, aplica su política comercial proteccionista bajo el lema “Estados Unidos primero”.

La ofensiva de Washington alcanzó a socios estrechos, como la Unión Europea y Canadá, aunque el blanco preferido es China, la potencia emergente. Y las últimas andanadas apuntaron a destinos inesperados como India, Sudáfrica y hasta Argentina y Chile.

Washington y Beijing sostienen en estas semanas negociaciones apresuradas pues el 2 de marzo vence una tregua que ha interrumpido la escalada de medidas proteccionistas programada contra la economía china.

En mayo de 2018, con la excusa de promover un equilibrio en la balanza comercial mutua, Estados Unidos estableció una serie de condiciones que sugieren, según el académico estadounidense Michael T. Klare, que “la intención primordial de Washington no ha sido rectificar el desequilibrio comercial sino impedir el crecimiento económico de China”.

En un artículo publicado por el blog TomDispatch, creado por el escritor y editor Tom Engelhardt, Klare resume las principales exigencias de Estados Unidos a China:

  • detener todas las subvenciones gubernamentales a las industrias del programa Hecho en China 2025, un plan que abarca 10 sectores económicos clave, como la industria aeronáutica, la de autos eléctricos, la robótica, la de microchips y la de inteligencia artificial, entre otros.
  • aceptar las restricciones que impone Estados Unidos sobre inversiones en tecnologías sensibles, sin tomar represalias.
  • abrir los sectores de servicios y de agricultura (áreas donde las empresas chinas tienen una ventaja intrínseca) a la competencia estadounidense.

Klare apunta que el académico Eswar Prasad, profesor de Economía de la Universidad de Cornell, describió “acertadamente” la demanda estadounidense al afirmar que “la lista se parece más a los términos de una rendición que a las bases de una negociación”.

Pero la conclusión central del ensayo de Klare es de que “Estados Unidos y China ya están en guerra uno contra el otro. Aunque su actual conflicto de efecto retardado pueda no producir la devastación inmediata de una guerra candente, a largo plazo sus consecuencias podrían resultar más funestas”.

La última avanzada del gobierno de Trump en la OMC va dirigida a un amplio número de naciones, los países en desarrollo, a quienes pretende despojar de un antiguo derecho que les reconoce el sistema comercial, el Trato Especial y Diferenciado, que los coloca en situación ligeramente más favorable en caso de una negociación con los países ricos.

Ese derecho se remonta a la década del 60, en pleno periodo de descolonización, cuando las jóvenes naciones independizadas daban sus primeros pasos. Era la época del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), que la OMC reemplazó en 1995.

Ahora Estados Unidos reclama que el trato especial y diferenciado sea otorgado solamente a los países menos adelantados, un total de 48 naciones de África, Asia y Caribe.

De prosperar, la iniciativa de Washington excluiría de ese beneficio, entre otros, a países como China, India, México, Israel, Chile, Argentina, Corea del Sur, Turquía, Indonesia, Singapur, Sudáfrica, Croacia y Arabia Saudita.

Para leer más artículos de Gustavo Capdevila sobre los movimientos del comercio mundial, visite la página especial del autor sobre el tema: https://ginebracomercio.com/

RV: EG

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“En esta lucha voy a dar la vida”: asesinado activista mexicano

qui, 21/02/2019 - 14:47

El asesinado líder comunitario mexicano Samir Flores. Crédito: Ana Cristina Marcano/Pie de Página

Por Daliri Oropeza y Al-Dabi Olvera
MÉXICO, Feb 21 2019 (IPS)

Cuatro días antes de la consulta sobre la entrada en operación de una planta termoeléctrica en la localidad de Huexca, en el centro de México, fue asesinado Samir Flores, uno de los dirigentes más visibles de la articulación de las resistencias y la defensa del territorio contra los megaproyectos en la región.

El campesino, locutor, líder comunitario y defensor de derechos humanos  fue asesinado con dos balazos en la cabeza a las cinco de la mañana del miércoles 20 de febrero, en la puerta de su vivienda, ubicada en el pueblo de Amilcingo, en el estado surcentral de Morelos.

Flores murió en vísperas de que el 23 y el 24 de febrero el gobierno del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador realice una consulta pública para decidir si opera o no la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), y un día después de que se manifestara en un foro conducido en Jonacatepec por Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal en la entidad.

De acuerdo con diversos compañeros suyos, Flores era uno de los precursores y puntos nodales de resistencia en contra del PIM, una red construida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-diieembre 2018), compuesto por un gasoducto que cruza los campos de diversos pueblos (incluido Amilcingo), un acueducto en Cuautla y Villa de Ayala y una termoeléctrica en la comunidad de Huexca.

“Todo el tiempo se distinguió por ser una persona honesta, ética, que ama a su tierra y a la gente. Siempre buscó compartir, enseñar; siempre fue muy solidario: trabajaba con todos, la comunidad, los niños, los campesinos. Cuando había un problema la gente lo buscaba y apoyaba. Se distinguió por tener un gran corazón, una gran mente. Estamos enojados e indignados”, cuenta Samanta César, compañera de Flores en Radio Comunitaria Amiltzinko 100.7 FM.

“Las últimas semanas Samir fue muy activo por esto de la consulta, y esta consulta, si se hace, se va a hacer con sangre”, agrega.

Samantha César cuenta que su compañero de 36 años tenía varias amenazas, incluso en la radio. Samir tenía cuatro hijos.

“Lo buscaron en la madrugada. Salió porque de por sí lo iba a buscar la gente. Y fueron cuatro balazos, dos lo mataron”.

Durante su última intervención pública, en un foro organizado por el gobierno federal en Jonacatepec, Samir Flores encaró al delegado en Morelos, Hugo Éric Flores Cervantes, también presidente nacional del partido Encuentro Social, quien fue una voz clave en la defensa de los paramilitares inculpados en la masacre de Acteal.

Frente al podio donde se encontraba sentado Hugo Eric, Samir responsabilizó a las empresas europeas Abengoa, Enagas y Bonati por ser beneficiarias del gasoducto que pasa por su comunidad. También dijo que el PIM es inconstitucional y advirtió que podría tener efectos en la salud y traer varios peligros, ya que las obras se encuentran al pie del volcán Popocatépetl.

Con el micrófono, denunció las irregularidades de la termoeléctrica y cómo afecta al pueblo. Al final del evento, se acercaron dos asistentes de Hugo Eric Flores que también estaban en el podio y tomaron los datos de Samir, de ningún otro de sus compañeros.

Samantha César opina que la intención de este asesinato es “desvanecer y meter miedo”, pero también “un llamado o aviso a quienes estamos luchando contra este proyecto”.

El presidente  López Obrador lamentó el asesinato en su conferencia de prensa, “es un crimen vil, cobarde, ésa es la información que tengo hasta ahora. Vamos, desde luego, a tener más información y a investigar y a proceder para que se esclarezca este crimen, reprobable, lamentable (…) La consulta la tenemos que continuar, porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea. Ya se informó, ya la gente tiene todos los elementos y no podríamos detenerla”.

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, en una entrevista radiofónica, explicó que la línea de investigación que siguen es que se trata de “la delincuencia organizada”. Sin embargo, la asamblea de Amilcingo responsabiliza a los gobiernos municipal, estatal y federal.

El 10 de febrero, durante la presentación de la consulta para la termoeléctrica, el presidente López Obrador descalificó a varios defensores llamándolos “radicales de izquierda: para mí no son más que conservadores”.

Samir fue quien logró improvisar una tarima para que el mandatario pudiera verlos y escucharlos. En diferentes fotos se le ve con un sombrero café, gritando y sosteniendo una manta.

Como respuesta a los calificativos del presidente, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala señaló en un comunicado que la actitud del presidente contra los defensores de la región podrían generar un ambiente de violencia.

A cambio, lanzaron la campaña #YoPrefieroLaVida. También agregaron que muchas personas en Morelos votaron por López Obrador debido a sus promesas de cancelar la termoeléctrica en 2014 y 2018, y ahora se sienten traicionados.

Samir y un grupo de personas en Amilcingo fueron los primeros en viajar a Huexca en 2012 para avisar y advertir sobre el megaproyecto que se les venía.

Teresa Castellanos, habitante del lugar donde fue impuesta la termoeléctrica, lo recuerda: “era un hombre muy sabio, traía sus ideales bien puestos, no era ningún cobarde. Siempre fue un guerrero muy valiente. Y hasta las últimas consecuencias. Él nos dijo que iba a dar su vida pero nunca iba a traicionar a su pueblo, y ahí está, ya dio su vida”.

“Entonces hay que prepararnos los que estamos aquí enfrente, porque los próximos vamos a ser nosotros, pero no vamos a rajarnos, vamos a seguir en la lucha así tengamos que caer”, sostiene con voz agitada Castellanos, otra de las caras más visibles de la lucha en la región.

López Obrador ha explicado que su cambio de postura sobre la continuidad del PIM obedece a que administraciones anteriores firmaron contratos con vigencia de hasta 25 años, con empresas extranjeras, que obligan al gobierno mexicano a pagar por Indemnización y mantenimiento por estas obras inacabadas, entre las que se encuentran.

Samir Flores era indígena náhuatl y delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI).

El abogado del CNI, Carlos González, lo recuerda como dirigente de su pueblo: era quien organizaba todas las luchas de la comunidad, no sólo contra el gasoducto sino contra la imposición del ayudante municipal por parte de la Central Campesina Cardenista, en defensa de la escuela comunitaria que hicieron, era de la sociedad de padres de familia.

“Él era quien articulaba”, dijo.

El caso de Samir Flores no es aislado, la violencia contra activistas ambientales y defensores del territorio en México es permanente. De acuerdo con una investigación de la periodista Laura Castellanos, en la última década han sido asesinados 125 luchadores ecologistas, de los cuales 82 eran indígenas.

Amilcingo se ha distinguido por llevar una lucha autonómica indígena para gobernarse sin partidos políticos desde hace seis años, recuerda Samantha César. Esta autonomía se desarrolló a partir de la defensa del territorio generada cuando se enteraron que un gasoducto pasaría por su campo. Esto le ha valido incursiones policiacas, además la creación de grupos de choque internos. Sin embargo, la asamblea de pobladores, la radio y una escuela autónoma llamada Emiliano Zapata continúan activos.

“Somos una comunidad súper organizada que ha defendido sus derechos y ésta es una forma de amedrentar a nuestra comunidad. No lo vamos a permitir. Si algo dejó Samir es la enseñanza y la lucha, por eso vamos a continuar”, agrega Samantha César.

“Fue hijo de zapatistas, nacido en tierra zapatista, a cien años de su muerte, acaban de matar a otro luchador social”, concluye.

El asesinato del activista se da también en el contexto del centenario del asesinato de Emiliano Zapata, jefe de la resistencia campesina en la región durante la Revolución mexicana. En entrevista con Pie de Página el pasado 10 de enero, Flores hizo una serie de reflexiones al respecto:

“Es lamentable lo que hoy menciona Andrés Manuel, me recuerda en aquellos años cuando Madero toma el poder y le da la espalda al general Zapata. Me recuerda a esas páginas de la historia. Hoy está haciendo a un lado, de manera ‘denostativa’, a quienes nos sentimos agraviados desde el 2012”.

El defensor habló también del megaproyecto impuesto en Morelos y de la consulta:

“El proyecto no fue consultado. Quizás hoy la consulta está de más porque ya el proyecto ya está hecho, pero (López Obrador) debería enfocarse más en las cuestiones técnicas de la Cupreder, la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), otros científicos que han emitido un punto de vista técnicamente y que pareciera que no lo está tomando tan en cuenta.

Es lamentable para una Cuarta Transformación apuntarle hacia el mismo objetivo neoliberal. Esperemos que las cosas no se compliquen, de lo contrario lo que va a pasar es que se va a topar con la resistencia de los pueblos”.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

El artículo “En esta lucha voy a dar la vida”: asesinado activista mexicano fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Sectores marginados de Kenia buscan ser escuchados

qui, 21/02/2019 - 13:15

Hombres y mujeres de la localidad de Kalawa, en el condado de Makueni, en Kenia, participaron de un foro de diálogo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchos participantes se quejaron de que los proyectos no incluyen su visión de la realidad ni sus aportes. Crédito: Justus Wanzala/IPS

Por Justus Wanzala
MAKUENI, Kenia, Feb 21 2019 (IPS)

Unas 100 personas participaron en un foro de diálogo en Kenia que busca ayudar a los sectores marginados de la sociedad a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en este país africano. 

“Las mujeres tienen un papel cada vez más importante levantando sus hogares, a diferencia de antes, pero necesitan acceso a préstamos asequibles de instituciones financieras y capacidades para gestionar sus propias empresas”, explicó Julia Mutua, de la semiárida localidad de Kalawa, en condado de Makueni, en diálogo con IPS.

Cuando mira a su alrededor ve pobreza, así como las dificultades que muchos habitantes de este país afrontan para acceder a servicios como agua corriente y atención médica. La pobreza también impide el acceso a la educación, pues muchos padres no pueden pagar los costos escolares.

A Mutua, quien pertenece a una organización de campesinas que lleva adelante un proyecto avícola, también le preocupa la situación de las personas con discapacidades, pues “hace tiempo que han quedado marginadas, junto con las mujeres y las niñas pobres. Para que todo el mundo participe en los esfuerzos para lograr los ODS, necesitas intervenciones específicas para atender sus problemas concretos”, subrayó.

Pero entiende la necesidad de asociarse y de colaborar para lograr las metas de desarrollo.

Mutua pertenece a un grupo de 100 hombres y mujeres de la localidad de Kalawa que a fines de enero participó en un foro de un día sobre los ODS, llamado “Sin dejar a nadie atrás”.

El diálogo se concentró en la participación efectiva de la población local en la implementación de los ODS. Además de los residentes de la zona, también había representantes de la Unidad de Planificación de los ODS del Tesoro Nacional, del Servicio de Voluntarios en el Extranjero (VSO, en inglés) y de las organizaciones Islamic Relief y Caritas Internacional.

La iniciativa forma parte del programa del Centro Internacional de la Sociedad Civil, que trabaja con gobiernos, ciudadanos de a pie y organizaciones para reunir datos sobre comunidades marginadas, pero aportados por ellas mismas.

El proyecto, que todavía está en la etapa piloto, se lleva adelante en Bangladesh, India, Kenia, Nepal y Vietnam.

Mientas, en el condado keniata de Makueni, el foro de diálogo realizado es uno de cinco que se tendrán lugar en todo el país, y que comenzaron en diciembre.

El primero se organizó en el asentamiento irregular de Kibera, en Nairobi. Y a fines de este mes, habrá un foro nacional.

Pero en Makueni, los temas tratados fueron comprensión de las condiciones que promueven la exclusión y la marginación de varios grupos de la sociedad, las categorías de los grupos marginados y las formas de asegurar su participación en la toma de decisiones en lo que respecta a los ODS.

Las deliberaciones también incluyeron el impacto de las políticas en resultados vinculados al desarrollo de los grupos marginados.

Los 100 participantes, la mayoría de los cuales pertenecen a organizaciones comunitarias que tienen que lidiar con problemas de desarrollo, coincidieron en que el diálogo ofreció una gran oportunidad para debatir cuestiones que afectan a los grupos marginados.

“La escasez de agua afecta más a las mujeres y a los niños”, precisó Patricia Mutuku, funcionaria de la Asociación de Usuarios de Agua (WRUA, en inglés), llamada Thwake Kalawa, que lleva adelante proyectos para represas de arena, gestión de manantiales, plantación de árboles y reclamos de tierras degradadas.

“Tenemos previsto plantar árboles específicamente para recargar el agua subterránea. Uno de nuestros compañeros visitó Etiopía y aprendió cómo se pueden usar los árboles para mejorar la recarga, una iniciativa que estamos deseosos de replicar”, explicó.

Fred Odinga, de VSO, dijo que el diálogo ofreció a su organización la oportunidad de comprender cómo los diferentes grupos y comunidades perciben los ODS.

“Observamos en estos foros en todo el país, que los sectores más marginados de la sociedad, como las mujeres, que nunca participaban en los procesos de desarrollo, tuvieron la oportunidad de ser escuchadas por funcionarios estatales”, destacó Odinga, en diálogo con IPS.

Pero la participación pública en proyectos vinculados a los ODS, si bien es muy apreciada, presenta problemas que requieren atención.

Los participantes se mostraron frustrados porque las opiniones recabadas para los proyectos locales rara vez se usaban en los planes finales. También se lamentaron de que a la hora de tomar decisiones, rara vez su visión quedaba reflejada porque el proceso implicaba muchos niveles de aportes.

Además, varias personas no realizaron sus aportes porque en muchos casos solo se reunían las contribuciones procedentes de las ciudades, las que para muchos son de difícil acceso.

“Eso quiere decir que sus ideas nunca se consideran en el proceso de desarrollo”, precisó Odinga.

Como organizadores, pudimos desmitificar los ODS, acotó. “Cuando comenzamos (de mañana), no muchas personas parecían comprender los ODS. Unos cuantos había escuchado hablar de ellos, pero no lo relacionaban con sus problemas”, precisó.

“Por desgracia, solo es un debate con 100 personas en una localidad con un millón de habitantes. Necesitamos muchos foros similares para aprehender los desafíos que encuentran en el cumplimiento de los ODS”, remarcó. Todo el mundo tiene que formar parte del desafío y nadie debe quedar atrás, subrayó Odinga.

Charles Nyakundi, de VSO y quien presidió una sesión de participación ciudadana para la implementación de los ODS, observó que las principales dificultades son el monitoreo, la evaluación y la rendición de cuentas.

“Para garantizar un cambio positivo necesitamos dejar que las comunidades se hagan cargo económicamente de los proyectos de sostenibilidad, en vez de iniciarlo, implementarlo y luego retirarse”, explicó.

En los primeros foros de diálogo sobre los ODS, en otras localidades, notaron que los sectores más marginados abarcaban a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, observó Nyakundi.

“En algunas culturas, los hombres toman las decisiones y las mujeres no aportan ideas”, recordó.

Un enfoque de la base hacia arriba, en lo que se refiere a identificar y ejecutar proyectos comunitarios, es la estrategia preferida por la población local. Por ejemplo, Musau es un líder de opinión en la localidad de Kalawa, un exprofesor que participó en la mayoría de los comités locales que trataron sobre desarrollo.

A pesar de ser una región propensa a las sequías, el condado de Makueni logró un avance enorme y mejoró la vida de su población, después de que Kenia adoptara el sistema de devolución hace seis años.

La devolución es un acuerdo constitucional donde la toma de decisiones se concede a las unidades administrativas locales o condados, liderados por gobernadores, a los que el gobierno nacional asigna recursos.

Stephen Odhiambo, de la Unidad ODS del Tesoro Nacional, instó a mejorar la colaboración y la asociación en todos los niveles del gobierno y con actores no estatales.

Se creó un grupo técnico intergubernamental para supervisar la implementación de los ODS en los servicios nacionales y en los de los condados, explicó.

Al señalar que el foro de diálogo fue un éxito, Odhiambo apuntó: “los ciudadanos no deben achicarse a la hora de reclamar servicios”.

“Trabajamos para recolectar datos comunitarios”, destacó.

“El Tesoro Nacional, la Oficina Nacional de Estadística, organizaciones de la sociedad civil en colaboración con la agencia alemana GIZ, entre otras entidades, apoyan la iniciativa”, acotó. “Se recogen muchos datos generados por la ciudadanía en los condados, pero rara vez se aprovechan”, se lamentó Odhiambo.

Se necesita un enfoque multisectorial para mapear y llegar a los sectores marginados para involucrarlos en las iniciativas de desarrollo.

Pero a Crispus Mwanzoya, administrador de una localidad dentro de otro condado, le preocupa la sostenibilidad de los proyectos ODS. Aunque según él, contribuir con esos objetivos podría ser tan sencillo como mejorar y redirigir la canaleta de una casa para recoger el agua de lluvia.

“Necesitamos cambiar nuestra mentalidad para lograr los ODS porque no nos faltan recursos sino ideas. El gobierno no puede hacer todo, tenemos un papel central”, subrayó.

Traducción: Verónica Firme

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El artículo Sectores marginados de Kenia buscan ser escuchados fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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