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Atualizado: 1 hora 11 minutos atrás

Futuro incierto para refugiados palestinos y su agencia en la ONU

qua, 12/06/2019 - 14:41

Funcionarios de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), en una de sus labores de asistencia. Crédito: UNRWA

Por Charlotte Munns
NACIONES UNIDAS, Jun 12 2019 (IPS)

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina ha comenzado a recibir ataques sobre su propia existencia, que anteceden al encuentro que se realizará  el 25 de este mes con los donantes,  para discutir sobre los fondos que requiere para desarrollar su labor.

El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, en inglés), el nombre histórico de la agencia creada en 1949, fue directamente atacado por Jason Greenblatt, el enviado especial de  Estados Unidos para las negociaciones internacionales, en una reunión del Consejo de Seguridad a fines de mayo.

Greenblatt confirmó entonces que el gobierno de Donald Trump mantiene el congelamiento a la realización de aportes a la Agencia, que estableció en 2018 y que es algo que ahonda su ya precaria situación financiera.

Para intentar controlar los daños provocados por las críticas y pronunciamientos de Greenblatt, la UNRWA alertó en a comienzos de este mes sobre los impactos que tendrían para la conflictiva región mediooriental los dramáticos recortes planteados por Estados Unidos.

La organización apoya a alrededor de 74 por ciento de la población de Gaza y también tiene operaciones importantes en Cisjordania y Jordania, donde residen millones de refugiados palestinos. La Agencia proporciona ayuda alimentaria, servicios sociales, educación e infraestructura.

La UNRWA requiere 1.200 millones de dólares para financiar todas sus operaciones en el próximo año y de no recibir nuevas contribuciones de inmediato, no podría mantener sus actividades en el terreno más allá de este mes, plantean en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Agencia requiere obtener al menos 60 millones de dólares para fines de este mes, para poder mantener su ayuda alimentaria a más de  un millón de refugiados palestinos, lo que parece muy incierto, tras la amenaza de Greenblatt de retirar el aporte estadounidense.

La Agencia se financia principalmente con fondos de los Estados miembros de la ONU, la Unión Europea y los gobiernos regionales, que aportan 93 por ciento del total. Además, están los aportes de fuentes privadas y no gubernamentales, que en 2018 contribuyeron con 17 millones de dólares.

Matthias Schmale, director de Operaciones de UNRWA en Gaza, señaló durante la conferencia de prensa del 4 de junio que “en este momento, estrictamente financieramente hablando, no tenemos el dinero para garantizar la apertura de escuelas en el otoño (boreal)”.

Estas preocupaciones financieras han surgido por la negativa de los Estados Unidos a continuar financiando a la organización, que Greenblatt justificó con que a juicio de Washington “el modelo de UNRWA le ha fallado al pueblo palestino”.

La Agencia, describió,  representa una “operación irremisiblemente defectuosa” y una solución de “curita (bandita)”.

Dos niñas reciben este mes sus certificados escolares, en un centro atendido por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Si no obtiene fondos urgentes, el organismo no podrá iniciar el próximo curso escolar en sus centros en Palestina. Crédito: Mohammed Khalid Adwan/UNRWA

La alternativa estadounidense es que los servicios de la UNRWA se integren a las estructuras de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que cumplen tareas de apoyo a los refugiados palestinos.

Una razón que Greenblatt incluyó en sus argumentos contra la UNRWA es el apoyo de su país a Israel. “Estados Unidos siempre estará con Israel”, subrayó el representante estadounidense.

Para los críticos de la posición estadounidense, ese planteamiento confirma que detrás de su decisión de dejar de financiar a la Agencia hay razones políticas sectarias y las alegadas críticas a su funcionamiento son solo una disculpa.

Peter Mulrean, director de la Oficina de Representación de la Agencia en Nueva York, dijo en una entrevista con IPS que “UNRWA lamenta la decisión de Estados Unidos de dejar de financiar a UNRWA después de décadas de ser el mayor donante y socio fuerte de la Agencia”.

Pero el funcionario se negó a especular sobre los motivos detrás de esa decisión.

Greenblatt sostuvo que la UNRWA se ha politizado, pese a que mantenga que actúa con una “una pretendida neutralidad”.

“Año tras año, los palestinos en campos de refugiados no han tenido la oportunidad de construir ningún futuro; fueron engañados y utilizados como peones políticos y productos básicos en lugar de ser tratados como seres humanos”, aseguró el representante estadounidense.

Ante ese argumento, Mulrean replicó que “UNRWA es una agencia humanitaria de las Naciones Unidas que no tiene ningún rol político en Palestina ni en ningún otro lugar”.

Durante la conferencia de prensa, UNRWA ya escuchó preguntas sobre si algunos de sus funcionarios estaban vinculados con el movimiento islamista palestino Hamás, debido a que se encontraron armas almacenadas en una escuela que la Agencia regenta, al igual que la existencia de túneles debajo de edificios de sus centros educativos.

La Agencia recordó que sus funcionarios fueron los que informaron de todos los incidentes de ese tipo y quienes tomaron medidas  inmediatas para retirar las armas y cerrar los túneles.

Las críticas a la UNRWA por parte de Washington, no son secundadas, de hecho, por otros miembros del Consejo de Seguridad, aparte de Israel.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general, António Guterres, recordó este mes que el máximo funcionario de la ONU ha recibido amplio apoyo sobre la actividad que cumple la UNRWA y que esa posición “no ha cambiado”.

La percepción mayoritaria recogida por Guterres, puntualizó Dujarric, es que UNRWA “es una fuerza estabilizadora en la región a través de los servicios educativos que proporciona, a través de los servicios de salud y a través de los servicios de apoyo “.

En la reunión del Consejo de Seguridad donde se trató la situación de UNRWA, Estados Unidos se quedó solo en sus críticas, porque los otros 14 miembros, permanentes y no permanentes, apoyaron a la Agencia y su papel con los refugiados palestinos.

“Eso es un reflejo del amplio apoyo que UNRWA tiene en la comunidad internacional”, analizó Mulrean a IPS.

A pesar de esto, la UNRWA ha luchado durante años para lograr un presupuesto que le permita cumplir con sus compromisos. El año pasado, alrededor de 42 países e instituciones aumentaron sus contribuciones para enjugar un déficit sin precedentes, de 446 millones de dólares.

Greenblatt señaló que a Estados Unidos se les pedía con frecuencia que llenase vacíos presupuestarios de la Agencia. Pero después de haber hecho contribuciones de unos 6.000 millones de dólares a lo largo de la existencia de UNRWA, reafirmó que Washington no seguirá haciendo estos aportes.

En contrapartida, Estados Unidos ha organizado una conferencia en Bahréin, el 25 y el 26 de junio, para un posible plan para discutir posibles soluciones a la crisis de refugiados palestinos, en lo que observadores internacionales se dividen entre los que ven como una compensación de Washington al retiro de fondos para la UNRWA y los que consideran que busca establecer una iniciativa paralela a la Agencia.

Mulrean se negó a pronunciarse sobre las intenciones de la próxima conferencia en Bahréin, pero sí afirmó que la UNRWA no ve esto como una competencia con su trabajo y funciones.

Mientras tanto, UNRWA lucha por contrarrestar las críticas de Greenblatt en distintos ámbitos, incluidos los medios de comunicación, en un contexto de una escalada de la violencia en Gaza, que algunos observadores sitúan como la peor desde 2014, y de un número cada vez mayor de refugiados palestinos.

Ello sin dejar de buscar financiamiento para solventar sus urgencias inmediatas y para poder mantener sus operaciones el año próximo.

“Esta es nuestra realidad”, resumió Mulrean, “tenemos escuelas para dirigir, clínicas para administrar, personas para alimentar y esas son nuestras prioridades”,  de una agencia que se centra en aportar alimentos, educación, salud, saneamiento y servicios sociales a la población palestina.

El oxígeno con que la UNRWA contará o no para su sobrevivencia se conocerá tras la reunión de donantes del 25 de junio en las Naciones Unidas en Nueva York.

A esa cita, Estados Unidos ha superpuesto la conferencia en Manama, la capital de Bahréin, que se celebrará los días 25 y 26, con el objetivo de implementar su polémico plan de paz para Gaza y Cisjordania, que requeriría miles de millones de dólares, y que tiene el boicot de las autoridades palestinas.

T: MF

 

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Guardia nacional aún no controla migración en el sur de México

ter, 11/06/2019 - 16:32

La vida continúa con normalidad en el río Suchiate, que sirve de frontera natural entre Guatemala y México. El flujo de personas y mercancías permanece sin presencia de la Guardia Nacional mexicana, que según el acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México, va a controlar el flujo de migrantes centroamericanos en el sur del país. Crédito: Isaac Guzmán/En el Camino

Por José Ignacio De Alba
SUCHIATE, México, Jun 11 2019 (IPS)

El guatemalteco Fernando Hernández fue a entregarse a la Estación Migratoria Siglo XXI, en el estado mexicano de Chiapas para que lo devolvieran a su país, pero las autoridades mexicanas no quisieron detenerlo. Así que el muchacho tuvo que ir al río Suchiate para deportarse solo.

Se embarcó en una balsa para cruzar la afluente que divide a México de Guatemala y desde allí el inmigrante gritó con coraje: “hijos de su pinche madre los de migración”.

El día en que Hernández se autodeportó el gobierno mexicano debía reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala con 6.000 efectivos de la Guardia Nacional.

En teoría los integrantes de la nueva policía militar se integrarían a personal de la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración para ayudar a contener la migración que llega por la frontera sur de México con Guatemala, dentro del acuerdo con la administración de Estados Unidos.

Pero en Chiapas, en el suroeste de México, poco detuvo al vibrante paso de personas.

El río Suchiate, la frontera natural, amaneció cargado de lancheros que navegan por debajo del puente que une oficialmente a Guatemala con México.

Por el pase legal algunos se forman, pero en el agua cientos de personas cruzan ilegalmente de un país a otro. Comerciantes que traen al lado mexicano principalmente verduras frescas, mientras que a Guatemala llevan atículos comestibles y de uso doméstico.

Familias enteras, televisores, bicicletas, detergentes, perros, cerveza mexicana, ventiladores, colchones, todo cabe en las balsas. El Suchiate no divide nada, es más fácil ir por el río que por el pase legal, a los lancheros les importa un comino cómo se llamen o si portan papeles. Por 25 pesos (1,3 dólares) cualquiera llega a México.

El balsero Cristian Alvarado trabaja en el Paso del Coyote, en Ciudad Hidalgo, cruza gente y mercancías de forma ilegal por el río.

Se le pregunta si le preocupa que desde este lunes 10 se empiece a desplegar la Guardia Nacional en la frontera, pero el muchacho está más preocupado de que las lluvias torrenciales hayan crecido el río. Se queja porque tiene que remar más por la misma paga.

Sonia Eloina Hernández, la presidenta municipal del municipio de Suchiate, dice en entrevista sobre el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, que “estamos esperando a la Guardia Nacional posiblemente hoy, mañana o pasado mañana”.

“No sabemos cómo va a estar, no sabemos a ciencia cierta sobre el despliegue. Lo único que reconozco al cien por ciento es la decisión del mi presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un hombre de corazón bueno, nosotros aquí en Suchiate lo amamos”, añade.

Un efectivo del Ejército toma nombres de los periodistas en el retén El Manguito, en el kilómetro 299 de la carretera de Ciudad Hidalgo, en Tapachula, en la frontera de México con Guatemala, en el suroccidental estado de Chiapas. Crédito: Isaac Guzmán/En el Camino

Las preocupaciones de la presidenta municipal, perteneciente a Morena, el partido del presidente, giran en torno a un asunto: que la política del gobierno federal en la frontera no afecte a los almacenes de comestibles y productos domésticos que venden al mayoreo.

La funcionaria explica que el municipio de Suchiate vive esencialmente de vender productos a Guatemala, aunque algunos pasen de forma ilegal. Por eso, dice, la “Guardia Nacional debería enfocarse a tratar el tema de la migración, porque si no, se puede afectar a los comerciantes”.

Además de ser presidenta municipal, Hernández tiene una tienda de comestibles. Así que ella recomendará en reuniones que la Guardia Nacional se despliegue en las carreteras para detener migrantes y no en la orilla del Suchiate porque “seríamos afectados los comerciantes”.

El teniente de caballería del Ejército, Rogelio Bustos, encargado de la base de operaciones del municipio fronterizo Ciudad Hidalgo, rechaza ser entrevistado pero confía a los reporteros que “nosotros no sabemos nada de la Guardia Nacional”. Luego cuenta que hoy esta base opera de forma normal.

Uno de los militares encargados del apoyo a la Estación Migratoria Siglo XXI explica que no están seguros de cuándo les llegarán los brazaletes de la Guardia Nacional. Y a la pregunta de si recibirán capacitaciones, el militar responde: “nosotros ya estamos capacitados, en derechos humanos y en el uso de la fuerza”.

El lunes 10 se pudo constatar un retén donde elementos del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y el Ejército detuvieron migrantes que viajaban en transporte público en las carreteras cercanas a Tapachula. Pero estas tareas no son excepcionales y no atienden al despliegue anunciado.

El gobierno mexicano contempla que operen 23 coordinaciones de la Guardia Nacional en la frontera sur del país.

El ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró en días pasados que el lunes 10 se desplegarían 6.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera de México para contener la migración que llega del sur.

El anuncio se hizo mientras el gobierno mexicano terminaba de negociar el acuerdo con la administración de Donald Trump, que al menos por ahora evitó que Estados Unidos aplique su amenaza de establecer aranceles a productos mexicanos.

Pero esas negociaciones quedan muy lejos de las ocupaciones cotidianas de la gente que vive en esta frontera. Aquí, en el Suchiate, nadie parece entender de qué tratará la nueva política migratoria que se acordó allá en el norte. Y a nadie, tampoco, parece importarle.

Este articulo fue originalmente publicado por En el Camino,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

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Desarrollo de tecnologías para economías europeas de cero carbono

ter, 11/06/2019 - 14:00

Por Nils Røkke
TRONDHEIM, Noruega, Jun 11 2019 (IPS)

Nunca antes medio grado centígrado ha significado tanto para la humanidad. Nos estamos comportando como si tuviéramos tiempo para enfrentar el cambio climático. Y no es cierto. El principal problema es que creemos que debemos sacrificar el crecimiento y la prosperidad por el bien de la descarbonización. Y tampoco es verdad.

Aumentar las inversiones

Podemos descarbonizar la economía y crear al mismo tiempo empleos y crecimiento. En el caso de la Unión Europea (UE), esto requiere que los Estados miembros incrementen las inversiones en investigación de energía y tecnologías de energía renovable.

Europa puede tomar la iniciativa invirtiendo en investigación y revisando sus regulaciones para hacer de la sostenibilidad una ventaja competitiva. El sector público y el privado deben trabajar juntos para crear prototipos de tecnologías rápidamente y luego transformarlos programas piloto.

Esto requiere incentivos de investigación e innovación. Para mostrar el efecto de estos enfoques, me gustaría señalar algunos ejemplos concretos.

Para aumentar las inversiones en investigación en Europa, los institutos de investigación, el sector público y el privado deben vincular la financiación nacional a los programas de la UE. Los fondos de investigación existentes deben gastarse más sabiamente.

Nils Røkke

Simultáneamente, el sector público y el privado deben planificar, trabajar y evaluar proyectos como socios reales. Estoy seguro de que esto incentivará y acelerará los negocios e ideas amigables con el clima y que funcionen en el mercado.

Un ejemplo de una asociación público-privada efectiva es el apoyo del gobierno noruego a las instalaciones de investigación para la captura y almacenamiento de carbono en múltiples ubicaciones para múltiples industrias. Esto incluye la planta de cemento Norcem, en  Breivik, y el reciclaje de energía de la planta incineradora Klementsrud, en Oslo.

Aprovechando las asociaciones público-privadas

El gobierno noruego ha entendido que para equilibrar su presupuesto nacional de carbono, el sector público necesita apoyar a la industria privada. La prueba de que este enfoque funciona es la primera solución a gran escala de captura y almacenamiento de carbono que se implementará en la planta cementera en Brevik, un suburbio de la sureña ciudad de Porsgrunn.

Los planes apoyados por el gobierno para el desarrollo de capacidades, investigación e innovación han respaldado este desarrollo planificado. Esto también ha incluido proyectos que operan bajo los programas marco de la UE para la investigación.

Necesitamos más soluciones que sean sostenibles, efectivas y realistas para el 2030. Lo que significa que también necesitamos una mayor asociación público-privada.

Cambio regulatorio

Al mismo tiempo, los países deben regular para garantizar que los proyectos y desarrollos  sostenibles se conviertan en una ventaja competitiva y que las tecnologías sostenibles se implementen y se adopten rápidamente. Un claro ejemplo positivo en el campo industrial es el mercado europeo de cuotas de carbono.

Requerir que las compañías paguen por sus emisiones los incentiva a encontrar las formas más innovadoras y efectivas de reducir sus emisiones. Las empresas que pueden reducir las emisiones de la manera más rentable serán a su vez más competitivas. Las empresas que cambien captarán cuota de mercado y crecerán.

Las regulaciones también son una forma increíblemente eficiente de impactar en el comportamiento del consumidor y del mercado y, por lo tanto, qué tecnologías se venden, son rentables y se mejoran. Un ejemplo común de esto es el enfoque del gobierno noruego para regular el mercado de vehículos particulares.

Los vehículos eléctricos están exentos de muchos impuestos y tarifas en Noruega, lo que los hace muy atractivos en comparación con los vehículos con motores de combustión interna. Todos estos incentivos han tenido un impacto significativo en los consumidores que adoptan vehículos eléctricos.

En marzo de 2019, Noruega se convirtió en el primer país del mundo en vender más vehículos eléctricos que vehículos de combustión interna.

Incentivando la investigación energética

El aumento de los fondos para la investigación energética y el cambio de los comportamientos mediante la regulación son importantes para el cambio, pero los proyectos piloto a gran escala solo se realizarán cuando se incentive la investigación energética en sí misma. Ninguna tecnología o sistema único puede generar aisladamente una sociedad de cero emisiones.

Por lo tanto, cada país debe considerar las herramientas a su disposición para incentivar la investigación en tecnologías para la energía renovable.

Este fue el telón de fondo para establecer la iniciativa de Misión Innovación, lanzada en la cumbre climática de París, de diciembre de 2015, donde se aprobó el Acuerdo de París, destinado a contener el incremento de la temperatura en el planeta.

¿Por qué solo 1,8% del financiamiento público para investigación y desarrollo se invierte en energía limpia cuando la energía limpia es una de las formas más importantes de lograr la neutralidad climática?

Misión Innovación apunta a duplicar la inversión en energía limpia para generar más inversión del sector privado. Después de todo, el dinero público no puede resolver este desafío por sí solo.

Los países necesitan trabajar juntos. En la Alianza Europea de Investigación en Energía (EERA) trabajamos arduamente para asegurarnos de facilitar la cooperación en la mayor medida posible. Un proyecto concreto al que me gustaría llamar la atención es el Programa Conjunto para Energía Solar de Concentración (JP-CSP).

El objetivo clave de la estrategia de cooperación internacional del programa es fomentar la transferencia de conocimiento y tecnología de la investigación europea avanzada a las áreas más prometedoras para la energía solar térmica.

En el marco del programa de investigación integrado STAGE-STE (Alianza científica y tecnológica para garantizar la excelencia y liderazgo europeos en energía termosolar), financiado con fondos de la UE, el JP-CSP ha integrado con éxito socios de cuatro continentes: desde Australia a Chile, Brasil, México, India, China, así como a países de Medio Oriente y Norte de África como Libia, Marruecos y Arabia Saudita.

Pero la UE siempre puede hacer más. Una recomendación concreta que me gustaría dar como vicepresidente ejecutivo de Sostenibilidad en el Instituto de Investigación Independiente SINTEF, uno de los mayores de Europa,  y presidente de EERA es aumentar el presupuesto para el próximo programa marco de investigación Horizonte Europa. La sugerencia inicial de 100.000 millones de euros debería ampliarse a 120.000 millones.

Necesitamos una sala de presupuesto para poder perseguir completamente las ideas que tienen más sentido. Además, debemos asegurarnos de que la investigación que hacemos impregne completamente la industria.

Por lo tanto, debe fortalecerse aún más el denominado “segundo pilar” de Horizonte Europa, la parte que conecta la investigación con las oportunidades industriales.

Hay muchas soluciones y tecnologías que se requieren para generar las tecnologías y técnicas para un futuro más sostenible. Todos los países y Estados miembros de la UE deben aumentar sus inversiones, regular para garantizar que la sostenibilidad se convierta en una ventaja competitiva e incentivar la investigación para realizar tantas soluciones como sea posible.

La tecnología puede mantenernos en la carrera por prevenir el calentamiento planetario, los empleos y el crecimiento económico. ¿Cómo podemos derrochar en esa inversión?

T: MF

 

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Emigrantes pueden invertir en Cuba, pero necesitan incentivos

seg, 10/06/2019 - 14:48

En el oriental municipio de Palma Soriano, algunos obreros laboran en uno de los talleres de la estatal Empresa de Servicios Técnicos Industriales, destinada a dar soporte técnico y de servicios a la industria azucarera de Cuba, con el fin de sustituir las importaciones en el sector. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jun 10 2019 (IPS)

Sorpresa, escepticismo, moderada esperanza y, sobre todo, dudas y preguntas, provocó la aclaración oficial de que las personas emigrantes de Cuba pueden invertir en grandes proyectos estatales, acogiéndose a una ley de 2014, que no pone restricciones al origen del capital extranjero.

El tema lo trajo a colación el viernes 7 el estatal sitio de noticias Cubadebate, que comienza por citar un tuit del 31 de mayo del ministro cubano de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, en que tras invocar la Ley 118 de inversión Extranjera reitera que lo ciudadanos cubanos con residencia permanente en el exterior pueden invertir en la isla.

“No señala en ningún lugar la ciudadanía u origen, pero sí queda claro que el inversionista tiene el domicilio y capital fuera de Cuba”, añadió Déborah Rivas, directora general de Inversión Extranjera de ese ministerio, en una entrevista con el medio que brinda más detalles sobre el novedoso asunto.

Cientos de comentarios inundaron las páginas digitales informativas locales y las redes sociales sobre la que parece la primera gran medida de las autoridades para enfrentar la grave recaída económica, acentuada por el recrudecimiento del embargo y la política hostil del actual gobierno estadounidense.

La medida resulta controversial internamente porque los cubanos que viven en el país están impedidos de invertir en proyectos estatales, al contrario de lo que se ha precisado ahora que pueden hacer los que residen en el exterior.

De cualquier modo, especialistas cubanos que residen dentro y fuera del país consultados por IPS recomiendan el incremento de los incentivos para captar ese capital.

“En España y México hay una fuerte comunidad cubana con capitales dispuestos a invertir en Cuba”, dijo a IPS el economista Omar Everleny Pérez. “Pero no basta con una buena ley de inversión de 2014”, apuntó, para atraer a un segmento que sin reconocimiento ni protección específica ya tiene capital en el creciente sector no estatal.

“El entorno macroeconómico y la credibilidad del país, son elementos que no se pueden desechar para tomar una decisión inversionista”, continuó. “Y debe acabarse la discrecionalidad en la toma de decisiones y el excesivo tiempo que lleva la aprobación de un negocio”, reiteró, sobre obstáculos internos a las inversiones.

También lamentó que las autoridades cubanas no hayan aprovechado la etapa de mejores relaciones con Estados Unidos, en el bienio 2015-2016, para hacer esta aclaración.

“Interés por parte de la emigración cubana siempre ha existido, incluso en negocios grandes, como el azúcar, y nunca se dio una respuesta acertada después de 2015”, dijo, en referencia al año del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países.  “Muchas desavenencias han estado en ambas orillas”, balanceó.

Vista de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, en la occidental provincia de Artemisa, que surgió con la intención de convertirse en un polo de inversión externa y de logística en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

En un estudio difundido en abril, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) contabiliza la diáspora en 1.558.312 de cubanas y cubanos que viven en 120 países y equivalen a 13,6 por ciento de los 11,2 millones de habitantes residentes en la isla.

El mayor número reside en Estados Unidos (1.252.037 personas), seguido por España (132.378). México, con 18.111, encabeza los países latinoamericanos que acogen migrantes de Cuba, por delante de Venezuela (11.601), Costa Rica (5.791), República Dominicana (3.927), Chile (3.173), Ecuador (3.083) y Panamá (2.917).

“Debe partirse de reconocer la realidad: desde hace tiempo los cubanos no residentes invierten en Cuba”, especificó por su parte el economista Pedro Monreal. “Una parte de las remesas se destinan a crear y ampliar actividades privadas y cooperativas que funcionan de manera legal”, añadió a IPS.

A su juicio, el reconocimiento a ese aporte que ya realiza la emigración cubana a la economía nacional, además de la legalización de las pequeñas y medianas empresas privadas, pueden ser señales que contribuyan a elevar la confianza y seguridad de la oferta del Estado cubano.

También sugirió a las autoridades revisar la actual carpeta de oportunidades, que está diseñada para empresarios con grandes montos financieros y que puedan enfrentar altos riesgos.

“Es poco probable que un inversionista cubano no residente -con capital pequeño o mediano- se decida a invertir legalmente, pero con un costo de transacción alto”, dijo Monreal sobre una característica de la mayoría de los actuales posibles negocios, que puede resultar desestimulante con respecto al sector privado.

La alicaída economía cubana requiere de altas sumas anuales de inversiones, que hasta el momento no se han logrado, para revertir la crisis casi crónica que soportan sus 11,2 millones de habitantes con altas y bajas desde 1991, cuando colapsó la Unión Soviética y el bloque socialista del este europeo, del que dependía la isla caribeña.

Personal técnico monitorea el proceso de producción de medicamentos, en un laboratorio perteneciente al estatal grupo empresarial Labiofam, en la occidental provincia Cienfuegos, en Cuba. El sector de la salud se considera uno de los que podría ser atractivo para la inversión externa. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Fuentes oficiales indican que desde 2014, se ha comprometido capital por 5.500 millones de dólares, cifra muy por debajo de los 2.500 millones de dólares anuales que las autoridades aspiraban a captar para salir de la crisis.  Más de 30 proyectos adicionales, por un monto que supera los 1.500 millones de dólares, están en fase de negociación.

Y la actual cartera de oportunidades para la inversión extranjera cuenta con 525 proyectos estructurados, aunque especialistas sugieren ampliar las áreas previstas de cara al nuevo escenario y a las y los emigrados como posibles inversores.

“La cartera debería marcar las prioridades estratégicas, pero no constituir una camisa de fuerza”, evaluó para IPS el economista y académico Mauricio de Miranda. “Las opciones son inmensas pero no siempre se reflejan la cartera de posibilidades ofrecidas por el gobierno”, lamentó.

Para el experto, la diáspora puede apoyar en áreas golpeadas en la actualidad por la crisis.

“Un rubro que podría ser rentable para el inversionista y beneficioso para el consumidor cubano podría ser el establecimiento de negocios relacionados con cadenas de supermercados”, propuso. “Eso solucionaría en gran medida el desabastecimiento que resulta de la escasa liquidez del gobierno”, explicó De Miranda.

También observa potencialidades en servicios de Internet y telefonía, sector inmobiliario, transporte, comercio minorista y mayorista, servicios profesionales y logísticos, banca y finanzas, turismo y recreación, consultoría de empresas, servicios jurídicos, contables y de auditoría; ensamblaje de equipos electrónicos, proyectos agrícolas y construcción.

“El anuncio, más que efectos jurídicos, demuestra un posible cambio de política ante la necesidad económica y una demostración de que lo importante en Cuba no es el marco legal, sino las políticas que por detrás definen su uso”, explicó a IPS el jurista Eloy Viera, sobre la viabilidad de la medida en la legislación vigente.

No obstante, lamentó que la ratificación “no alcanza a otorgarles, a los cubanos residentes en el exterior, un trato preferencial en su condición de inversores nacionales”.

Especialistas que han propuesto a las autoridades cubanas replicar las reformas económicas realizadas en China y Vietnam, dos países de gobiernos socialistas como Cuba, reiteran que el capital de sus ciudadanos en el exterior resultó clave para el despegue de las economías de ambas naciones asiáticas.

Apenas tres días después de su publicación,  el artículo de Cubadebate había suscitado ya 115 comentarios, muchos referidos al hecho de que al cabo de cinco años de aprobada la Ley de Inversiones no existan proyectos presentados por ciudadanos de la diáspora.

Al respecto, Rivas, la responsable de Inversión Extranjera,  aseguró que sí han existido varias propuestas, pero algunas no han prosperado por orientarse a actividades que no están comprendidas en las políticas sectoriales definidas para el capital foráneo.

“También hay algunas en proceso de negociación y en preparación para presentarse a aprobación”, dijo.

Con aportes de Patricia Grogg, desde La Habana.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Las madres en EEUU se están muriendo: ¿qué se hace para evitarlo?

sex, 07/06/2019 - 14:02

Por Juan Pablo Segura
WASHINGTON, Jun 7 2019 (IPS)

La tasa de mortalidad materna en Estados Unidos es la más alta de todos los países industrializados, y está aumentando. Estados Unidos es actualmente el lugar más peligroso para dar a luz en el llamado mundo desarrollado.

Pocas o ninguna de esas muertes maternas obedecen a una mala gestión médica. En el centro de las elevadas tasas de mortalidad materna están los problemas de acceso y coordinación de la atención de salud, así como las desigualdades en los recursos para esa atención y en los servicios sociales de este país norteamericano.

Las mujeres pertenecientes a las minorías, particularmente aquellas que enfrentan desafíos socioeconómicos, son las principales víctimas detrás de estas estadísticas: a nivel nacional, las mujeres afroamericanas tienen tres o cuatro veces más probabilidades de morir a causa del parto que las mujeres blancas no hispanas.

Medios de comunicación con gran peso como The New York Times, USA Today, NPR y otros han resaltado el problema de la mortalidad materna y han llamado a la acción mientras que ciudades como Washington DC han respondido al llamado implementando grupos de trabajo sobre mortalidad materna.

Estos grupos de trabajo han llegado a la misma conclusión: las causas que afectan a las muertes relacionadas con el embarazo no son hilos separados, sino una red. Poe ello, estos factores sociales, económicos, de comportamiento y genéticos que se superponen no pueden ser abordados por compartimentos separados, para hacerlo de manera adecuada.

Hay muchos que han reconocido este problema desde hace tiempo, y algunos que han estado comprometiendo activamente recursos para crear soluciones. Han puesto la energía, el tiempo y el capital en la línea para interrumpir el estatus quo, abordando los problemas para lograr mejores resultados en la gestación, el parto y el postparto.

La organización Cradle Cincinnati es ejemplar en este proceso. Han formado una coalición que conecta a todas las partes interesadas importantes en el ámbito del embarazo para combatir las altas tasas de mortalidad infantil en el condado (municipio) de Hamilton Country, en el estado de Ohio, aglutinando a las familias de la comunidad con los entes pagadores y los sistemas de salud (incluidos los competidores tradicionales).

El modelo estratégico de Cradle ha dado pasos significativos en la mejora de los resultados: durante cinco años seguidos, el número de muertes infantiles vinculadas al sueño en el condado de Hamilton fue inferior a su promedio histórico, disminuyendo de 16 a 12 por año.

Pero 12 muertes anuales están todavía por encima del promedio nacional de nueve, y el promedio nacional también es demasiado alto. Mientras que una sola vida está en juego, debemos estar dando saltos, no pasos, para obtener mejores resultados.

Si bien son efectivos, modelos como Cradle y otros similares (cuidado prenatal grupal, por ejemplo) comparten una dependencia de la interacción humana, y este requisito físico es una gran limitación para escalar dichos programas.

Sin escalabilidad, los resultados continuarán mejorando al ritmo del caracol y eventualmente se estabilizarán. Se necesita poder escalar estas mejores prácticas en cada comunidad, ahora y no en el futuro.

Aquí es donde entra la tecnología. La tecnología puede cerrar la brecha creada por las limitaciones humanas de estos modelos e integrar flujos de trabajo y protocolos de atención probados en experiencias tecnológicas que permiten más intervenciones, como el monitoreo remoto de pacientes (RPM) a través de Internet de las cosas (IoT).

En este punto los dispositivos pueden ser la clave para escalar estos modelos de cuidado alternativos y más efectivos.

Las herramientas digitales proporcionan la conectividad que los modelos como Cradle brindan en el entorno físico, al tiempo que resuelven los problemas de costo, ineficiencias y escalabilidad que han frenado el progreso en el pasado.

Hace más de cuatro años, la Universidad George Washington y las Facultades Médicas Asociadas (GW-MFA) anticiparon esta visión. Fueron uno de los primeros proveedores en  Estados Unidos en reconocer el poder de la tecnología para superar los obsoletos e insuficientes estándares de atención en el ámbito del embarazo, que han fracasado estrepitosamente en su objetivo.

GW-MFA adoptó por primera vez un modelo novedoso que aborda directamente tres realidades problemáticas en el actual estatus quo: ausencia de educación, falta de acceso a la atención necesaria y falta de estratificación del riesgo.

Ese nuevo modelo se basó en una asociación para crear y desplegar una solución a las necesidades del embarazo basada en tecnología para impactar directamente el proceso de gestación y el parto.

Con esa base, se apoya a los pacientes y proveedores con un mayor número de puntos de contacto digitales, materiales educativos e intervenciones a través del monitoreo remoto y la participación digital.

Ahora, comenzando por la industria de la salud, se está incorporando la visión de conectar a todas las partes interesadas en el ámbito del embarazo, a través de una nueva asociación con AmeriHealth Caritas DC, una organización de atención administrada.

Esa organización se ha unido a GW-MFA para implementar una mejor y más amplia atención prenatal y posparto habilitada por la tecnología en la población que atiende el Medicaid, una población a menudo ignorada por la comunidad tecnológica.

Asociaciones como esta comienzan a resolver algunas de las dificultades estructurales en la coordinación de la atención entre las compañías de seguros y los médicos para los pacientes de Medicaid, el programa de cobertura médica del gobierno federal de Estados Unidos, administrado por cada estado y que respalda a la población con recursos limitados.

Se centrará en aumentar el acceso a la atención del embarazo habilitada por la tecnología que permite a todos los pacientes, independientemente de su estado socioeconómico, recibir los beneficios del control remoto y la atención virtual con la misma privacidad y seguridad que una interacción física en el consultorio del médico.

No hay excusa ni razón para las estadísticas actuales de muerte materna.

La industria de la salud ha tenido la tecnología para impactar positivamente en la atención a las mujeres gestantes, pero lo que ha faltado es la visión combinada para hacer que estas herramientas sean poderosos agentes de cambio.

Las madres y los bebés en nuestras comunidades tienen derecho a una vida segura y saludable, y las asociaciones como esta tienen el poder de hacer la diferencia.

El artículo Las madres en EEUU se están muriendo: ¿qué se hace para evitarlo? fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Refugiados y migrantes de Venezuela superan ya los cuatro millones

sex, 07/06/2019 - 12:51

Una madre venezolana con su hijo cuando cruzaban el puente internacional Simón Bolívar, en Cúcuta, en la frontera de Colombia con Venezuela, en enero de este año. Crédito: Siegfried Modola/IPS

Por Corresponsal Fao
GINEBRA/PANAMÁ, Jun 7 2019 (IPS)

El número de venezolanos que abandonaron su país ha alcanzado los cuatro millones, anunciaron este viernes 7 la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los venezolanos desplazados fuera de su país son uno de los grupos de poblaciones desplazadas más grandes del mundo.

El ritmo de la salida de Venezuela ha sido asombroso. Unos 695.000 a fines de 2015, la cantidad de refugiados y migrantes de Venezuela se ha disparado a más de 4 millones a mediados de 2019, según datos de las autoridades nacionales de inmigración y otras fuentes.

En solo siete meses, desde noviembre de 2018, el número de refugiados y migrantes aumentó en un millón.

Los países latinoamericanos acogen a la gran mayoría de venezolanos, con Colombia que recibe alrededor de 1,3 millones, seguido por Perú, con 768.000, Chile 288.000, Ecuador 263.000, Argentina 130.000 y Brasil 168.000.

México y los países de América Central y el Caribe también albergan un gran número de refugiados y migrantes de Venezuela.

“Estas cifras alarmantes resaltan la necesidad urgente de apoyar a las comunidades de acogida en los países receptores”, dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto de Acnur y OIM para los refugiados y migrantes venezolanos.

“Los países de América Latina y el Caribe están haciendo su parte para responder a esta crisis sin precedentes, pero no se puede esperar que sigan haciéndolo sin ayuda internacional”, añadió el diplomático guatemalteco.

Los gobiernos de la región han establecido mecanismos para coordinar su respuesta y facilitar la inclusión legal, social y económica de los ciudadanos venezolanos.

El principal de ellos es el Proceso de Quito, que ha reunido a los países latinoamericanos afectados por el flujo de refugiados y migrantes venezolanos.

Para complementar estos esfuerzos, el pasado mes de diciembre se lanzó un Plan de Respuesta Regional Humanitario para Refugiados y Migrantes (RMRP), dirigido a 2,2 millones de venezolanos y 580.000 personas en comunidades de acogida en 16 países.

Hasta ahora, el RMRP está financiado solo en un 21 por ciento.

Este artículo fue publicado originalmente por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la Organización de las Naciones Unidas para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

El artículo Refugiados y migrantes de Venezuela superan ya los cuatro millones fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Crisis de desplazados empeoran por falta de fondos y de voluntad política

sex, 07/06/2019 - 11:05

El secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, Jan Egeland, durante su visita a Buea, capital de la región del Suroeste de Camerún, el 23 de abril. Allí se reunió con un grupo de mujeres que fueron desplazadas por el conflicto interno en las áreas anglófonas de Camerún. Crédito: NRC

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 7 2019 (IPS)

Un nuevo informe del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) resalta que las 10 mayores crisis de desplazados que hay en el mundo y que dejaron sin hogar a millones de personas, han empeorado debido a la negligencia política, la escasez de fondos y la falta de atención de los medios.

El secretario general de la organización no gubernamental, Jan Egeland, aseguró a IPS que la asistencia humanitaria debe brindarse en función de las necesidades, y solo de las necesidades. Sin embargo, cada día millones de personas desplazadas son desatendidas porque han sido golpeadas por una de las llamadas crisis olvidadas o los dólares necesarios se han agotado.

El Informe Global sobre Desplazamiento Interno, publicado en mayo por el observatorio sobre el tema del NRC, destaca que los países que sufrieron crisis de desplazamiento en 2018 se ubican en su mayoría en África, con Camerún a la cabeza de la lista, seguido por la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Burundi, Malí, Libia y Etiopía.

Los tres restantes, según la lista de NRC, fueron Ucrania, Venezuela y Palestina.

“Esta lista deprimente debe servir como una llamada de atención para todos nosotros. Solo atrayendo la atención a estas crisis, aprendiendo sobre ellas y ubicándolas en un lugar importante en la agenda internacional, podemos lograr el cambio tan necesario”, dijo Egeland, quien fue subsecretario general para Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Martin Scott, profesor en la británica Universidad de East Anglia y autor principal de un informe sobre “El estado del periodismo humanitario”, dijo a IPS que estudios como el del NRC deberían ser un primer paso para elevar la atención sobre las crisis olvidadas, pero ello no sucede por la falta de la cobertura que merecen de los medios de comunicación.

“Lo que se necesita es una evaluación clara de por qué estas crisis de desplazamiento reciben tan poca cobertura. En parte, es un reflejo de modelos de negocios que están rotos en la mayoría del periodismo internacional, lo que significa que los medios de comunicación a menudo tienen dificultades para proporcionar una cobertura consistente con el valor público real (de esas crisis)”, argumentó.

Pero también es un reflejo de las prioridades políticas y las agendas de los países más poderosos, que reflejan y siguen a menudo los medios, agregó Scott.

De hecho, estos informes, señaló, también llaman la atención sobre lo que no funciona, en general, dentro del periodismo internacional.

“Pero hay medios de comunicación que regularmente informan sobre crisis de desplazados como estas, tal como Devex, News Deeply, The New Humanitarian e Inter Press Service (IPS)”, señaló. “Es importante destacar su trabajo, para que las audiencias sepan que hay una cobertura de estas crisis que pueden seguir”, declaró.

Egland, por su parte puso como ejemplo lo que está sucediendo en Camerún sobre la desatención de las crisis de desplazados, en que a su juicio la comunidad internacional actúa como un conductor que va dormido al volante y responde con “un silencio ensordecedor” a los asesinatos brutales, las aldeas quemadas y el desplazamiento masivo de personas.

Recordó que hasta ahora el conflicto ha desarraigado a medio millón de personas en el suroeste y el noroeste de Camerún. Cientos de pueblos han sido incendiados. Los hospitales han sido atacados. Los trabajadores de salud temen ser secuestrados o asesinados.

Más de 780.000 niños han visto cerrar sus escuelas y miles de personas sobreviven actualmente escondidas entre los arbustos, sin haber recibido ayuda humanitaria alguna.

Tampoco se han realizado hasta ahora grandes esfuerzos de mediación, no hay grandes programas de ayuda, un mínimo interés de los medios y muy poca presión sobre las partes para que dejen de atacar a los civiles.

“Esta cultura de parálisis de la comunidad internacional tiene que terminar. Todos los días se permite que el conflicto continúe, la amargura se está acumulando y la región se acerca más a la guerra”, dijo Egeland, quien visitó en abril el país de África central.

El Consejo Noruego para los Refugiados está pidiendo que se preste mayor atención a todas las crisis olvidadas para evitar el sufrimiento de millones de personas vulnerables.

“Esta lista deprimente debe servir como una llamada de atención para todos nosotros. Solo atrayendo la atención a estas crisis, aprendiendo sobre ellas y ubicándolas en un lugar importante en la agenda internacional, podemos lograr un muy necesario cambio”, dijo Egeland.

Al preguntarle si la ONU y la comunidad internacional se estaban quedando atrás en su apoyo, Tiril Skarstein, también de NRC, dijo a IPS: “Creemos que la comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para resolver estas crisis. La falta de voluntad política para encontrar soluciones a estas crisis es frecuentemente resultado de la falta de intereses geopolíticos en el área”.

Sin embargo, señaló, también hay algunos países en la lista de los que tienen crisis de desplazados donde varias potencias mundiales tienen intereses en el conflicto. Eso coloca la situación de los desplazados en un punto muerto y una falta de soluciones políticas, como es el caso de Palestina o Ucrania.

Sobre si la falta de fondos obedece a la negligencia por parte de los donantes occidentales o más bien a limitaciones financieras internas dentro de los países donadores, Skarstein dijo que la clave es que la asistencia humanitaria se dé solo en función de las necesidades.

Sin embargo, es más fácil destinar los fondos humanitarios a algunas crisis y no a otras. A menudo, “vemos un vínculo estrecho entre la cantidad de atención de los medios que recibe una crisis y la cantidad de fondos humanitarios. Algunas de las crisis en la lista de crisis olvidadas recibieron menos de 40 por ciento del financiamiento (promedio) el año pasado”, dijo.

“Pero también hay un déficit general de financiación, admitió.

El año pasado, solo se financió alrededor de 60 por ciento del total de los llamamientos humanitarios de la ONU y las organizaciones asociadas.

“Esto significa que necesitamos que todos los donantes aumenten su apoyo humanitario para poder satisfacer las necesidades humanitarias reales, y también necesitamos nuevos donantes, incluidas varias economías emergentes, para intensificar esa ayuda”, planteó.

Sobre la razón de que las crisis olvidadas correspondan principalmente a naciones africanas, en comparación con las asiáticas y latinoamericanas, Skarstein dijo que “desafortunadamente, las crisis en el continente africano rara vez aparecen en los titulares de los medios o llegan a las agendas de política exterior antes de que sea demasiado tarde”.

La falta de financiación y atención política tiene consecuencias devastadoras para los pobladores civiles, que no reciben protección contra los ataques, ni el alivio necesario cuando han tenido que huir de sus hogares en busca de seguridad, argumentó.

La mayoría de los que huyen se dirigen a los países vecinos o son desplazados dentro de su propio país. “Sin embargo, el hecho de que la mayoría de estas personas no se presente en nuestras puertas aquí en Europa, por ejemplo, no elimina nuestra responsabilidad de actuar”, señaló.

Según el NRC, la crisis en Camerún tiene su raíz en la conflictiva historia colonial del país. Después de la Primera Guerra Mundial, la antigua colonia alemana pasó a un dividido mandato francés y británico.

El país tiene ahora tanto el inglés como el francés como idiomas oficiales, pero las personas de habla inglesa se han sentido cada vez más marginadas, dijo el NRC.

Y en 2016, los civiles tomaron las calles y una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad llevó a la violencia generalizada y la formación de grupos armados opositores.

T: MF

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Los ataques se triplican contra indefensas escuelas de Afganistán

qui, 06/06/2019 - 16:58

Por Charlotte Munns
NACIONES UNIDAS, Jun 6 2019 (IPS)

Los ataques contra las escuelas en Afganistán se triplicaron entre 2017 y 2018, según un nuevo informe de Unicef, cuando pasaron de 68 a 192, y es probable que esa alarmante cifra suba este año porque el gobierno va a utilizar nuevamente para unos comicios las instalaciones educativas, esta vez  para las elecciones presidenciales. 

El informe se lanzó en paralelo a la Tercera Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, realizada en la ciudad española de Palma de Mallorca, donde la comunidad internacional discutió el cumplimiento de la Declaración sobre Escuelas Seguras, destinada a proteger a estudiantes, profesores, profesoras e instituciones educativas en medio de conflictos armados.

Se trata de un compromiso intergubernamental adoptado en Oslo en 2015, nacido como instrumento para propiciar esa seguridad. Pero los participantes en la Conferencia de Palma de Mallorca, celebrada entre el 27 y el 29 de mayo, criticaron su efectividad y dudaron de la voluntad de los gobiernos involucrados y la comunidad internacional en cumplir lo acordado.

La directora ejecutiva de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), Henrietta Fore, expresó su preocupación porque la educación esté “bajo fuego en Afganistán”, al presentar el informe el 27 de mayo.

“Los ataques sin sentido a las escuelas; los asesinatos, lesiones y secuestros de maestros; y las amenazas contra la educación están destruyendo las esperanzas y los sueños de toda una generación de niños”, dijo en un comunicado.

El martes 4, Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que “debido al conflicto en Afganistán, más de 1.000 escuelas cerraron a fines del año pasado, dejando a medio millón de niños sin escuela”.

De hecho, la mitad de los escolares de entre siete y 17 años no asiste a las escuelas en ese país de Asia, lo que equivale a 3,7 millones de niños y adolescentes.

La oleada de ataques se produce cuando las escuelas están siendo arrastradas a convertirse otra vez en foco del conflicto en Afganistán al mantenerlas como centros de registro electoral y votación para las elecciones presidenciales del 28 de septiembre, pese a que el país suscribió la Declaración de Escuelas Seguras.

El uso de los centros escolares como colegios electorales es habitual en el mundo pero en el caso afgano coloca a las instalaciones como foco de ataques, al igual que sucedió en los comicios de 2014 y 2018.

La mayoría de las escuelas atacadas en 2018 habían sido utilizadas durante las elecciones legislativas de ese año.

Anthony Neal, gerente de Defensa del no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, en inglés) y participante en el encuentro de Palma de Mallorca dijo a IPS que “de los 192 ataques a escuelas que se llevaron a cabo el año pasado en Afganistán, 92 fueron relacionados con las elecciones”.

“Usar las escuelas de esta manera las coloca directamente en la línea del frente “, planteó.

“En muchos países del mundo, las escuelas se utilizan como centros de votación, incluso recientemente en toda Europa para las elecciones legislativas europeas”, dijo Neal. “Lamentablemente no es el caso en Afganistán, donde las elecciones se consideran la expresión de una gran división entre los diferentes lados del conflicto”, planteó.

Patricia Gossman, investigadora principal en Afganistán de Human Rights Watch (HRW), coincidió a IPS en que “un lugar de votación será un objetivo desafortunadamente, dada la actitud de los talibanes hacia las elecciones”.

Organizaciones sociales como NCR y HRW y agencias de la ONU han pedido que las mesas electorales y los centros de registro de votantes se retiren de las escuelas.

“Muchas escuelas en todo Afganistán están siendo utilizadas actualmente por las fuerzas armadas”, dijo Neal, “para proteger la educación en Afganistán, las personas que apoyan las elecciones deben encontrar sitios alternativos de votación y registro de votantes”.

A pesar de este llamado para encontrar nuevos lugares para las actividades electorales, el gobierno afgano no parece haber avanzado en la búsqueda de esos locales  alternativos, y los informes indican que ya están preparando edificios escolares para las elecciones presidenciales.

“No han hecho preparativos para utilizar otro tipo de instalación”, dijo Gossman,  aunque ello “no está fuera del alcance” de los responsables de los procesos electorales.

La activista sugirió usar tiendas de campaña como cabinas de votación, que se han utilizado con éxito en otros países en el pasado, y son independientes, neutrales y baratas.

Con las próximas elecciones programadas para septiembre, Afganistán podría ver un empeoramiento en una situación educativa ya precaria.

Según el Banco Mundial, Afganistán tiene una tasa de alfabetización de solo 31 por ciento, una de las más bajas del mundo. Esto se debe en parte a la prohibición casi completa de la educación femenina bajo el régimen islamista talibán de 1996 a 2001.

Los ataques a centros educativo y al propio derecho a la educación en Afganistán son parte de un problema global que la comunidad internacional ha intentado abordar.

Durante la Tercera Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, Mark Lowcock, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia dijo: “en los últimos cinco años, se reportaron más de 14.000 ataques a la educación en 34 países”.

Afirmó que la falta de adhesión a la Declaración de Escuelas Seguras, de la que Afganistán es signatario, es en parte culpable; “cuando los países se suscriben a la declaración, tienen que cumplir con las obligaciones en virtud de ella”, agregó, “estamos viendo demasiados ejemplos de fuerzas que ocupan las escuelas. Eso tiene que terminar”.

Sin embargo, en el caso específico de Afganistán, la efectividad de la Declaración de Escuelas Seguras parece cuestionable.

Al reflexionar sobre la intensidad de la violencia en Afganistán, Gossman señaló que “incluso las mejores intenciones parecen palabras al viento una vez que te enfrentas a este tipo de ritmo de conflicto”.

Agregó que “hay todo tipo de promesas en papel que se ven muy bien, pero que faltan severamente la implementación y el cumplimiento”.

Si bien la Declaración de Escuelas Seguras puede apuntar a proteger la educación en tiempos de conflicto, cuando se enfrenta a un contexto en el que la educación está siendo atacada violentamente, parece impotente para impulsar un cambio real, coincidieron los expertos consultados, en coincidencia con participantes en la Conferencia de Palma de Mallorca.

T: MF

 

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Gobierno destructivo fractura incluso a sus filas en Brasil

qui, 06/06/2019 - 15:00

El presidente Jair Bolsonaro introdujo personalmente en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reduce las normas de tráfico y los castigos para los conductores de vehículos, una medida criticada por especialistas, porque puede aumentar los accidentes y las muertes viales en Brasil, uno de los campeones en mortalidad vehicular. Bolsonaro también pretende disminuir los radares de control de velocidad, porque son “una industria de multas”. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 6 2019 (IPS)

La “estrategia de la destrucción” es como define la investigadora Sonia Corrêa al modo de gobernar del presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, que se evidencia en acciones y medidas adoptadas desde que llegó al poder el primer día del año.

Recortes presupuestarios que amenazan asfixiar a universidades estatales e investigaciones científicas, decretos que facilitan la posesión y el porte de armas a civiles, vetos a la educación sexual y de género en las escuelas y el desmantelamiento del sistema de protección ambiental son ejemplos de retrocesos en marcha.

Además de actos y declaraciones que niegan la democracia, como cuando Bolsonaro llama a celebrar el golpe de Estado militar de 1964 y sus ministros de Educación orientan a los estudiantes a filmar y denunciar a profesores que hagan “predica ideológica” o “coaccionen” al alumnado a participar en protestas.“El estado de guerra permanente tiene sus límites, pero la destrucción avanza rápido, el Sistema Único de Salud pública ya sufrió una gran erosión y en las últimas semanas están bajo ataque intenso las tres mayores instituciones productoras de conocimiento”: Sonia Corrêa.

Las reacciones fueron inmediatas. Millones de estudiantes se manifestaron en las calles el 15 y el 30 de mayo. La aprobación del gobierno bajó a cerca de un tercio de los entrevistados en varias encuestas en abril, contra la mitad en enero.

Estallaron disensos entre grupos que componen el gobierno, mientras movimientos y líderes de derecha que contribuyeron al triunfo electoral de Bolsonaro en octubre de 2018, se apartan de las posiciones más extremas e irracionales del oficialismo.

“La gobernabilidad hace aguas, pero están haciendo lo que se proponen hacer, mantener activa su base electoral”, sostuvo Corrêa a IPS, quien ejerce de co-coordinadora del internacional Observatorio Sexualidad y Política.

Ella integra una corriente de analistas para quienes “hay método en el caos, o más exactamente el caos es el método” en este gobierno, como concluyó Marcos Nobre, profesor de Filosofía de la Universidad de Campinas, en un artículo para la revista Piauí, publicado en abril.

Se trata de “mantener el colapso institucional” que facilitó la elección de Bolsonaro y gobernar para una minoría de adeptos, “entre 30 y 40 por ciento del electorado”. Eso, sostiene Nobre, asegura su fidelidad para sostener el poder y servir de base en las próximas elecciones, a la hora de buscar nuevas adhesiones.

Solo un agravamiento de la crisis económica o de la popularidad del presidente por debajo del 30 por ciento podrían “socavar ese arreglo destructivo” y esas condiciones no aparecen en el horizonte, lamenta el profesor, quien además ve los grandes partidos impotentes y “radioactivos”, por su identificación con el sistema político ahora rechazado.

“No se puede hacer previsiones para más de 48 horas en el Brasil de hoy”, que no se puede analizar según los parámetros usuales, matizó Corrêa.

La investigadora Sonia Corrêa, una de las coordinadoras internacionales del Observatorio Sexualidad y Política. Crédito: OSP

“Hay tensiones y conflictos internos en el gobierno, de maduración inevitable” y puede que la situación se mantenga o estalle en cualquier momento, ya que además de “debilidades institucionales incluso en la derecha, tenemos al líder más errático y voluble” entre los ultraderechistas que ascendieron en el mundo, evaluó.

“El estado de guerra permanente tiene sus límites, pero la destrucción avanza rápido, el Sistema Único de Salud pública ya sufrió una gran erosión y en las últimas semanas están bajo ataque intenso las tres mayores instituciones productoras de conocimiento” en Brasil, lamentó la investigadora.

Hace referencia a los agudos recortes presupuestarios y descalificaciones por miembros del gobierno que afectan a la Fundación Oswaldo Cruz, centro de ciencia y tecnología médica; el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística; y el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales que monitorea la deforestación amazónica. Las tres son instituciones autónomas estatales con alto prestigio.

La extrema derecha alcanzó el poder en Brasil con Bolsonaro, un excapitán del Ejército que fue un mediocre diputado entre 1990 a 2018, no por casualidad, sino tras un largo proceso de preparación, de construcción de alternativas y plataformas que es mundial, advirtió Correa quien es una estudiosa del tema desde hace años.

En Estados Unidos la derechización del Partido Republicano que desembocó en la presidencia de Donald Trump comenzó en los años 70.

En Brasil el proceso tomó cuerpo a comienzos de este siglo, con la expansión de movimientos religiosos de “restauración conservadora” y la acción del Instituto Liberal y del Instituto Millenium.

“El Partido Republicano sostiene institucionalmente a Trump y controla sus locuras si es necesario. La novedad brasileña es que no tiene un partido para ejercer esas funciones, ni algo parecido a la Liga Norte de Italia”, observó Corrêa.

El proceso más parecido al brasileño es el de Colombia, con el papel relevante de movimientos religiosos, la fragmentación partidista, la derecha extremista y la fuerte presencia de la violencia y la “parapolítica” armada en ambos países.

En América Latina la derecha ganó un gran argumento para sus varios triunfos electorales, recurriendo al espantajo de la “venezolanización”, ante la omisión de la izquierda en la crítica al autoritarismo y la corrupción, señaló la investigadora.

La presidenta del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Susana Guerra, explica que el censo nacional de 2020 tendrá menos preguntas y datos, ante la reducción del presupuesto con que se contará para realizarlo, que involucra decenas de miles de entrevistadores en este país de dimensiones continentales y unos 209 millones de personas. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

En cambio, factores que favorecieron su ascenso al poder se volvieron dañinos a la hora de ejercer el gobierno, especialmente en Brasil.

Bolsonaro logró aglutinar militares, corrientes religiosas y otras fuerzas conservadoras en su campaña electoral. Ahora esos grupos aliados son fuente de conflictos, por intereses u objetivos discrepantes entre ellos.

Los numerosos generales en los ministerios, por ejemplo, viven en tensión permanente con los llamados sectores “ideológicos” del gobierno, que se orientan por moralismos y viejos nacionalismos y anticomunismo.

El uso permanente de las redes sociales, factor decisivo durante la campaña, ahora agrava las desavenencias entre los miembros del Ejecutivo. Provocó, por ejemplo, la destitución en febrero del ex secretario general de la Presidencia, Gustavo Bebianno, quien fue brazo derecho electoral de Bolsonaro.

Fue el primer ministro a caer, a causa de desentendimiento con Carlos Bolsonaro, hijo del presidente y encargado de su comunicación digital.

La guerra contra el supuesto marxismo cultural y la denominada ideología de género,  que la izquierda habría impuesto en las escuelas, una bandera electoral, desorienta la gestión educativa, defenestró al primer ministro de Educación nombrado por Bolsonaro, el teólogo Ricardo Vélez, y amenaza al segundo, el economista Abraham Weintraub.

El decreto que amplió el acceso a las armas de fuego a millones de brasileños, otra promesa electoral de Bolsonaro, debe restarle popularidad. Facilitar el porte de armas fue rechazado por 73 por ciento de los entrevistados en una encuesta del Instituto Brasileño de Opinión Pública, realizada en marzo.

Se teme que la medida incremente los homicidios en Brasil, donde alcanzaron la cifra de 63.722  en 2017 y 57.117 en 2018, según datos del  Monitor de Violencia del Foro Brasileño de Seguridad Pública. Esto ya coloca a este país de 209 millones de personas en el tope de las muertes violentas sin existencia de un conflicto armado.

Además el decreto podrá ser anulado por la Justicia o el parlamento. Es cuestionable su constitucionalidad por contrariar la Ley del Desarme, de 2003.

Otras medidas que el presidente juzga legitimadas por su triunfo electoral, porque responden a sus creencias, tienden a perjudicar su gobernabilidad.

El último ejemplo es un proyecto de ley que flexibiliza normas y castigos para los conductores, una iniciativa temeraria en un país que registra excesivos accidentes de tránsito, con el saldo de 38.281 muertos y 228.102 discapacitados permanentes en 2018, según la Aseguradora Lider, que administra el seguro obligatorio de los vehículos.

Si se aprueba, los conductores podrán cometer el doble de las infracciones permitidas hasta ahora antes de la suspensión del permiso. Además descarta multas para quienes transporten niños sin las sillas de seguridad propias y elimina pruebas toxicológicas para choferes profesionales.

Esas sillas reducen en 60 por ciento las muertes infantiles en los accidentes, según la Organización Mundial de Salud.

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo Gobierno destructivo fractura incluso a sus filas en Brasil fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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“Cada día consideramos que vivimos un milagro”

qua, 05/06/2019 - 18:21

Francisco y Sofia, nombres ficticios, llegaron a pie procedentes de Venezuela. Vivieron un mes en la calle de Boa Vista y les robaron todas sus pertenencias. “La ropa se puede volver a comprar. Pero nuestros documentos, no”. Crédito: João Machado/Acnur

Por Victoria Hugueney
MANAOS, Brasil, Jun 5 2019 (IPS)

Ya había caído la noche cuando la amazonense Irajane Souza recibió una llamada de su hermano, que trabaja en el aeropuerto internacional de Manaos, en el norte de Brasil: una familia venezolana de 17 miembros acababa de descubrir que les habían engañado. Los billetes de avión que habían comprado eran falsos y no tenían forma de continuar su viaje. Su hermano quería ayudar a la familia, pero no sabía cómo.

Al igual que gran parte de los 3,7 millones de personas que han abandonado ya Venezuela en busca de protección y de una oportunidad para volver a empezar, la familia había vendido todo lo que tenía para comprar los billetes y solo llevaban consigo algunos objetos.

Cuando Irajane recibió aquella llamada, en agosto de 2017, se encontraba en el grupo de estudios bíblicos en el que participa con otros jóvenes manauaras. Al compartir la noticia con ellos, los amigos se movilizaron para acoger a la familia.

“En aquel momento nos miramos unos a otros y decidimos que íbamos a traerlos para acá”, afirma Caio Andrade, voluntario de Oásis, abogado e integrante del grupo de estudios.

Las 17 personas procedentes de Venezuela pasaron provisionalmente la noche en la oficina de uno de los integrantes del grupo, y la noche siguiente en un hotel que pagó otro de los miembros del grupo de estudios.

Además de dar cobijo a la familia, Irajane y sus amigos se movilizaron para suavizar su pérdida económica. En menos de 48 horas consiguieron comprar 17 nuevos pasajes de avión y la familia estaba lista para continuar con su viaje.

Irajane, que trabaja en el sector del turismo, encontró billetes baratos y movilizó a socios y conocidos que donaron dinero y millas aéreas para que la familia pudiera proseguir viaje.

Este fue el primero de otros casos de familias venezolanas que fueron engañadas en una trama de venta de billetes falsos, por lo que no pudieron realizar la conexión en el aeropuerto de Manaos, la capital del norteño estado brasileño de Amazonas.

“El personal del aeropuerto acabó conociéndonos, y cada vez que llegaba un grupo en estas condiciones nos llamaban”, cuenta Irajane. Hasta este momento, su red de amistades ha ayudado ya a más de 200 personas procedentes de Venezuela, cuyo sur es fronterizo con este y otros estados brasileños.

Desde que sucedió este episodio, Irajane y sus amistades empezaron a ofrecer comida, productos de higiene básica, ropa y acogida en sus casas a aquellas personas procedentes de Venezuela que se encontraban en situación de vulnerabilidad en la capital del Estado de Amazonas.

La implicación del grupo fue creciendo a medida que aumentaba el número de personas venezolanas que llegaban a la ciudad, y hoy coordinan la casa de acogida Oásis, en la región centro-sur de Manaos. “De ahí surgió nuestra motivación para tener un espacio de acogida”, nos cuenta Irajane.

Isabela, Irajane y Soraya dirige el albergue desde agosto de 2018. Todo, desde los alimento al mobiliario ha llegado por medio de donaciones. “Cada día consideramos que estamos viviendo un milagro”, aseguran. Crédito: João Machado/Acnur

Oásis

La casa de acogida se inauguró en agosto de 2018 y son Irajane, Soraya, Isabela, Magali, Jhonatan y Amália quienes llevan las riendas.

“Un día antes de conseguir la casa teníamos seis  platos, tres ollas y una nevera pequeña”, recuerda Irajane.

“A medida que fueron llegando los enseres, fuimos acogiendo familias. Y así, hasta hoy. Ahora tenemos la casa completa. Acaban de llegar el frigorífico, el congelador y los aparatos de aire acondicionado. Todo donaciones. Tenemos una zona para estudiar y alimentos para todas las comidas. Todos los días llega algo nuevo, y siempre es lo que estábamos echando de menos. Es verdad que cada día consideramos que estamos viviendo un milagro”, añade.

Según datos oficiales de la Policía Federal, en 2018, 10.500 personas solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado en el estado de Amazonas, lo que lo convirtió en el segundo estado de Brasil con mayor número de solicitudes, solo por detrás de Roraima, otro estado fronterizo con Venezuela.

Las iniciativas de organización de la sociedad civil forman una parte importante del proceso de acogida, albergue e integración social.

Desde su inauguración, el albergue se sostiene a través de donaciones voluntarias y Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, apoya la casa mediante la donación de productos necesarios y el acompañamiento de casos de protección.

Más de 90 personas han sido ya acogidas por este grupo desde que abrió sus puertas y, en la actualidad, unas 40 familias que están fuera del albergue siguen recibiendo el apoyo de Oásis. ´

Allí han recibido asistencia psicológica y orientación sobre la regularización de documentos y la inserción sociolaboral. Irajane, Soraya, Isabela y otros voluntarios trabajan a diario para construir un ambiente acogedor y seguro para niños, niñas y personas adultas que, poco a poco, consiguen superar las dificultades del camino hasta Brasil.

En la actualidad, 13 personas adultas y 7 niños y niñas procedentes de Venezuela viven en la casa, entre los que hay dos recién nacidos. Gran parte de las familias acogidas vivían en las calles, como Francisco, ingeniero de gas y petróleo de 27 años, y Sofía, estudiante de medicina de 20 años, ambos con nombres ficticios por su seguridad.

Durante el día, niños y niñas reciben clases de apoyo escolar y aprenden portugués. “Hablan mucho y mejor que nosotros”, afirma la madre de una de las niñas. Crédito: João Machado/Acnur

El equipo de Oásis los rescató de la estación de autobuses de Manaos en septiembre de 2018, donde llevaban durmiendo cinco días y sin apenas nada que comer. Llegaron a la ciudad después de un mes durmiendo en una chabola en la ciudad de Boa Vista y de que les robaran todas sus pertenencias.

“Conseguimos llegar aquí desde Boa Vista en un auto compartido. Nos fuimos de allí porque habíamos perdido todo lo que teníamos”, nos cuenta Francisco.

“Una noche, después de intentar conseguir algo de dinero vendiendo chicle en la calle, volvimos a la chabola y vimos que la puerta estaba abierta de par en par: se habían llevado todo lo que teníamos. La ropa se puede volver a comprar. Pero nuestros documentos, no. Nuestros pasaportes venezolanos, mi título de ingeniería, mis antecedentes penales en Venezuela y en Brasil… los documentos de asistencia prenatal de ella, su certificado de ingreso en la escuela de medicina… todo”, recuerda el joven sin consuelo.

Cuando llegó al albergue Oásis, Sofía estaba embarazada de seis meses y, desde ese momento, encontró las condiciones necesarias para cuidarse a sí misma y atender su embarazo, que fue diagnosticado como de riesgo.

“Anduve demasiado para llegar a Brasil. Mucho, muchísimo. Hasta que un día empecé a notar contracciones. Aquí en Manaos el médico me dijo que había sido por haber caminado tanto. Me mandó reposo absoluto, algo que pude conseguir gracias al albergue”, dice.

Tras concluir la estancia prevista de tres meses, Francisco consiguió un empleo formal y la familia se pudo mudar a su propia casa, en la que su hijo nació en condiciones de seguridad. Sofía nos cuenta que dejar a su familia en Venezuela fue lo más difícil.

“Vinimos solo nosotros dos pensando en nuestro hijo. Queríamos quedarnos, pero el dinero no alcanzaba ni para comer, así que imagine comprar pañales”, nos explica. Hace poco consiguieron financiar la venida de su madre y la de Francisco a Brasil en condiciones de seguridad.

En medio de tantas adversidades, la casa de acogida se convirtió en un verdadero oasis en Manaos para las duras y turbulentas jornadas de las personas procedentes de Venezuela que buscan un lugar seguro para vivir.

Además de los actuales 20 moradores, la casa recibe durante el día diversos visitantes venezolanos que participan en las comidas, preparadas colectivamente, y asisten a clases de portugués impartidas por una persona voluntaria distinta cada día de la semana.

Caio es uno de los voluntarios y entusiastas de este proyecto. Además de ceder una hora a la semana de su tiempo para las clases con adultos, apoya varias necesidades de la casa y ayuda a movilizar a nuevos voluntarios que se puedan adherir a la red de acogida.

“Hasta conseguí que mi madre se uniera al proyecto. Es profesora jubilada y estaba en casa sin hacer nada. Ahora, viene todos los lunes a dar clase. La gente dona muy poco, pero significa mucho para quien lo recibe”, afirma el abogado.

Los residentes se organizan a diario para cocinar y limpiar la casa. Todos se reparten las actividades domésticas. Crédito: João Machado/Acnur

El programa de clases de portugués fue elaborado por una pedagoga voluntaria y tiene como objetivo promover el intercambio cultural entre Venezuela y Brasil, así como ayudar a la integración sociolaboral de las personas acogidas.

“No se trata de un proceso de desapropiación de su cultura, sino de la incorporación de una nueva cultura”, afirma Caio. “Tenemos mucho cuidado de no quitarles Venezuela, porque Venezuela es suya. En vez de eso, se trata de incluir Brasil. Siempre decimos: ‘Si algún día pueden volver, ya tendrán este bagaje. Pero ahora, tienen la oportunidad de tener otro país que los apoya’”, asegura.

Con planes para el futuro, el grupo está aprovechando su creatividad y su unión para conseguir pagar gastos fijos como agua, electricidad y gas a finales de cada mes.

Con la donación de una cocina industrial y de un segundo frigorífico, una de las habitaciones de la casa se está convirtiendo en una cocina en la que personas acogidas y voluntarias pondrán en marcha un pequeño negocio de entrega de comida en tarteras en horario comercial de almuerzo.

“Queremos aprovechar que estamos en una zona muy comercial para incentivar la generación de ingresos y la autonomía de las familias”, concluye.

Para Irajane, lo más gratificante es ver que los habitantes del albergue consigan recuperar su autonomía y su autoestima.

“Dejan atrás mucho más que cosas materiales. Dejan a sus familias, sus sueños, una vida entera de trabajo… Las personas que acogemos aquí llegaron con la mirada perdida y desesperada… Y en el día a día se puede notar su transformación, ya que sienten que son recibidos y saben que tienen personas a quienes les importan”, afirma.

Este artículo fue publicado originalmente por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). IPS-Inter Press Service lo publica por un acuerdo general con la Organización de las Naciones Unidas para la redifusión de sus contenidos.

RV: EG

El artículo “Cada día consideramos que vivimos un milagro” fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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El mundo ha perdido su brújula

ter, 04/06/2019 - 16:32

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, durante la rueda de prensa que brindó el 27 de mayo, tras el éxito de su partido, la Liga Norte, en las elecciones europeas. Crédito: Liga Norte

Por Roberto Savio
ROMA, Jun 4 2019 (IPS)

La terrible sensación que tuve al despertarme y ver los resultados de las votaciones italianas en las elecciones europeas del 26 de mayo fue que, de repente, mi país se había llenado de extraños. ¿Cómo podría la mayoría de los italianos reconfirmar a un gobierno que ha sido el más ineficiente de la historia, riñendo por cualquier cosa día tras día y observando con total indiferencia el creciente problema de cómo establecer el próximo presupuesto sin chocar con la Unión Europea ni mortificar a los ciudadanos italianos?

 

El irresponsable debate que sostienen sobre las finanzas italianas ha llevado a una brecha de 290 puntos en el margen financiero (diferencia de valor) con los bonos alemanes.

Además, los resultados han recompensado al ministro del Interior, Matteo Salvini, quien en casi un año ha dedicado un gran total de 17 días a las funciones de su cargo (no de un ministerio marginal… ¿debería eliminarse ahora?), y todos los demás ¿a una campaña electoral?

Bueno, los italianos duplicaron sus votos: de 17 por ciento a 34 por ciento, mientras que redujeron a la mitad los de los desordenados socios gubernamentales del Movimiento 5 Estrellas (cuyo líder, Luigi Di Maio, llegó al puesto de viceprimer ministro, aunque el único trabajo que ostenta en su CV es el de administrador del estadio de fútbol de Nápoles).

¿Qué ha hecho Salvini concretamente, además de bloquear puertos para inmigrantes, exhibir rosarios, biblias y crucifijos en los mítines e imitar el lenguaje corporal de Benito Mussolini?

Entonces, por supuesto, uno puede darse cuenta de que Salvini no está solo y que probablemente mi generación, que se basa en los valores consagrados en la Constitución (solidaridad, justicia social, equidad, paz y cooperación internacional), no puede entender los tiempos en que vivimos.

El 31 de octubre de 2017, el Corriere del Trentino publicó una entrevista en la que afirmé que necesitábamos populistas en el gobierno de Europa lo antes posible para que pronto se haga evidente que, si bien sus denuncias son correctas, no tienen respuesta a los problemas. Y cuando el entrevistador observó que las próximas elecciones venideras eran las elecciones italianas, respondí que como italiano estaba triste pero como europeo estaba feliz, porque los populistas italianos fracasarían miserablemente.

Pues bien, bajo la lógica normal, han fallado. El caótico gobierno ha cumplido pocos puntos de su programa e Italia es el país europeo con un crecimiento cercano a 0 por ciento, pero la mayoría de la población italiana ha visto las cosas de otra manera… así que esto se abre a una pregunta crucial.

Aquellos que luchan por la democracia (observen a Polonia y Hungría con la eliminación progresiva de controles y equilibrios, tribunales, medios de comunicación, sistemas de enseñanza, etc.); por la transparencia y la responsabilidad (piensen en la negativa del presidente de  Estados Unidos, Donald Trump, a revelar sus declaraciones de impuestos); por la justicia social (hoy día solo 80 multimillonarios poseen tanto como 2.300 millones de personas); por la paz (la carrera de armamentos alcanzó la cifra sin precedentes de 1,7 billones de dólares en 2018); y así sucesivamente, ¿entienden realmente por qué nos convertimos en una minoría en muchos países y a nivel global?

Anticipando la muy probable reelección de Trump y el avance de Marine Le Pen sobre Emmanuel Macron en Francia, ¿estamos seguros de que entendemos la nueva política y de que podemos proporcionar una respuesta válida? La pregunta es aún más importante porque la marea es impresionante. Detrás de los que están en el poder (los Trumps, Orbans, Kaczynskis, Erdogans, Putins, Salvinis, Bolsonaros, Dutertes, etc.) acechan los que esperan (como Marine Le Pen, Geert Wilders, Jussi Halla-aho, etc.).

Por supuesto que todos responden a diferentes realidades. Si llamamos nacionalistas a la nueva ola, deberíamos agregar a Narendra Modi, Shinzō Abe, Xi Jinping y a la gran mayoría de los ciudadanos del mundo.

Pero, al menos en Europa, se llaman soberanistas. Esto facilita su comprensión, ya que básicamente comparten una serie de puntos: a) nacionalismo, teñido de racismo; b) xenofobia, dentro de la cual se incluyen minorías y LBGTI; c) el uso de la superioridad moral para representar al adversario como un enemigo del pueblo a quien representan; d) la lucha contra cualquier tratado y estructura internacional que, según afirman, le ha quitado la soberanía a su país; y e) haciéndose eco de Trump: mi país primero. Entonces, la lucha no es entre la izquierda y la derecha; es entre los que están por su nación y los que están asociados con la globalización.

El autor, Roberto Savio

Por cierto, esta es una burda manipulación. Las naciones son la base sobre la cual construimos las relaciones internacionales y son la base de nuestra identidad. El nacionalismo es un extremismo construido sobre un concepto legítimo. Y los principios sobre los cuales se construyeron las Naciones Unidas, por ejemplo, fueron el concepto de desarrollo, que es exactamente lo opuesto a la globalización en el concepto y la estrategia para eliminar la soberanía nacional para aprovechar al máximo el libre flujo de capitales e inversiones y apoyar el sistema transnacional. El desarrollo fue un concepto basado en la idea de que, al final, todos los que participaran en él lograrían más: mientras que la globalización en la idea de que, al final, todos tendrían más.

Un mundo en el que el costo de la publicidad per cápita supera al de la educación y el sistema financiero alcanza volúmenes 40 veces superiores a los de la producción de bienes y servicios, es un mundo claramente en contra del concepto de desarrollo. Claramente, no encajan con el soberanismo esos paraísos fiscales con al menos 40 billones de dólares, cuyos impuestos, si se pagaran a las naciones, sumarían más que el costo total de todos los programas a largo plazo de las Naciones Unidas.

Y recordemos también que antes de la crisis económica de 2008, creada por un sistema bancario corrupto, no había ningún partido soberano a la vista, excepto el de Le Pen en Francia. Sin embargo, el nuevo sistema político apenas ha luchado contra el dramático poder de las finanzas: el primer año de gobierno de Trump tuvo un gabinete con la mayor participación de banqueros en la historia de Estados Unidos (los que luego fueron reemplazados por figuras militares).

No contamos aquí con suficiente espacio para un debate conceptual. Simplemente pongamos nuestra atención en el hecho de que los votantes parecen haber llegado a un punto en el que ignoran el elemento más básico de la acción política: desconfiar de quienes le han mentido, independientemente de cuál sea su inclinación política. Tomaré sólo tres ejemplos: Italia, Gran Bretaña y Lituania.

Como ya se dijo, Italia está ahora en recesión, sin crecimiento a la vista. El gobierno ya ha tratado de ignorar el límite de un máximo impuesto por la Comisión Europea de tres por ciento en el déficit presupuestario. De hecho, esto fue impuesto por el Consejo de Ministros.

Vale la pena recordar que el Consejo, formado por los gobiernos, es el organismo que toma las decisiones que deben ser ejecutadas por la Comisión Europea. El Parlamento Europeo fue creado para introducir el muy necesario principio de los controles y balances. Pero los políticos de todas las tendencias presentaron convenientemente medidas y leyes impopulares que aprobaron en la reunión del Consejo como provenientes de la Comisión.

Salvini y Di Maio se han visto obligados a replegarse de forma ignominiosa y a recortar el déficit del presupuesto italiano después de haber intentado obligar a la Comisión a aceptar un presupuesto desequilibrado. Ahora Salvini afirma que, sumándose a los otros soberanistas europeos, forzará a la Comisión a cambiar las reglas y a aceptar el próximo presupuesto italiano, que no ignora la economía sino las matemáticas.

Hubo un reciente debate televisivo entre la recientemente nombrada viceministra de Economía, Laura Castelli, una joven graduada en administración de empresas, y Carlo Padoan, un respetado economista, profesor universitario, miembro del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Banco Mundial.

Cuando Castelli dijo que no le causaría temor que el margen financiero que separa a Italia de Alemania siguiera creciendo, porque eso no tenía ningún impacto en la economía real ni en el aumento del interés en la enorme deuda italiana, un sobresaltado Padoan trató de corregirla. Pasado un rato, el moderador intentó cambiar el tema, observando que Padoan era una autoridad mundial en el tema. La respuesta de Castelli fue emblemática de la desconfianza de los nuevos políticos con las élites: «¿Por qué? Porque ha estudiado más, ¿significa eso que sabe más que yo?»

Luego, parece que los italianos confían más en Castelli que en Padoan. Después de las elecciones, Salvini anunció que destinará 30 mil millones de euros para la rebaja de impuestos, un claro regalo para el sector empresarial del norte de Italia. Eso significa encontrar al menos 80 mil millones de euros de ingresos para el próximo presupuesto, lo cual es claramente imposible sin un aumento en los impuestos y una reducción seria en los gastos actuales.

Como de costumbre, la educación, la investigación y la salud se verán afectadas, a menos que la Unión Europea acuerde que la regla de tres por ciento se deje a un lado.

En fin, aquí hay una predicción fácil: Salvini descubrirá que sus compañeros de viaje, los soberanistas  de Austria, Holanda, los países nórdicos, los países de Europa Central y del Este, para no olvidar a Alemania, no aceptarán destinar su dinero a salvar el presupuesto italiano. ¿Les mostrará eso a los italianos que no es útil confiar en los mitos en lugar de las realidades?

Salvini ganó por el miedo a la inmigración. Pues bien, según las Naciones Unidas, la población italiana ha estado en declive desde 2015. El año pasado, perdió 160,000 personas, y las proyecciones dicen que perderá 1,8 millones de personas para 2025.

Italia ahora tiene cinco millones de extranjeros, que incluye a 500.000 estudiantes italianos nacidos de padres extranjeros. Se estima que hay 670.000 extranjeros ilegales, contra los cuales Salvini no tomó ninguna acción real: su carta electoral ganadora fue la de cerrar los puertos a los inmigrantes.

Sin embargo, bajo el gobierno anterior, la inmigración era de apenas 119.000 personas en 2017 y 20.120 a mediados de septiembre de 2018. Los inmigrantes representan  7,5 por ciento del total de la población italiana, que en 2018 se estimó en 59,9 millones (de los cuales 71,8 por ciento son urbanos). Según las estadísticas oficiales, Italia tiene 1.673 muertes por día y 1.353 nacimientos… y  22 por ciento tiene 65 años o más, mientras que solo 13,5 por ciento es menor de 15 años.

Los inmigrantes africanos y árabes representan 1,5 por ciento de la población italiana y  2,5 por ciento son europeos. Sin embargo, según una encuesta, los italianos piensan que los inmigrantes representan entre 15 y 25 por ciento de la población. Y creen que la gran mayoría son musulmanes, cuando en realidad son ortodoxos.

Claramente, sin inmigración, la economía italiana y el sistema de pensiones no son viables. Pero es inaceptable decirlo… y no ayuda asegurar que en Japón, el país donde la identidad y la cultura se defienden como intocables, el envejecimiento de la población y la pérdida de productividad han obligado a Abe a aceptar a 230.000 inmigrantes este año.

El segundo ejemplo es Gran Bretaña, hogar de la madre de los parlamentos, considerado un país políticamente civilizado. Pues bien, todo el mundo conoce la saga del Brexit. Pero lo que es impresionante es que, en las recientes elecciones europeas, Nigel Farage ganó más votos que los partidos Conservador y Laborista juntos. Creó el Partido Brexit hace apenas seis meses.

Farage fue fundamental para forzar el famoso referéndum Brexit en 2016. Ese referéndum se basó en mucha información claramente falsa y Farage lo admitió después de ganar. Parte de esta información hecha por Farage fue que 76 millones de turcos se unirían a Europa e invadirían Gran Bretaña, pero Turquía no tiene ninguna posibilidad de unirse a la Unión Europea.

Boris Johnson afirmó que todas las semanas Gran Bretaña daba a la Unión Europea 350 millones de euros, lo que debería ir en su lugar a reforzar el Servicio Nacional de Salud del país: otra cifra tan falsa que está siendo llevado ante los tribunales. Los británicos dieron a Farage 31,6 por ciento de los votos (a los laboristas 14,1 por ciento y a los conservadores 9,1 por ciento) y Boris Johnson está en position de convertirse en el próximo primer ministro. Por supuesto, hay muchas explicaciones para eso, pero todas excluyen cualquier consideración acerca de la elegibilidad de mentirosos probados.

El tercer ejemplo es Lituania, que tuvo elecciones generales justo antes de las elecciones europeas. Lituania tenía 3,7 millones de personas cuando llegó a su fin la Unión Soviética. Para el 2018 se había reducido a dos millones debido a la constante emigración, especialmente por parte de los jóvenes. El partido de la Unión de Agricultores y Verdes blandió la bandera contra la inmigración y ganó fácilmente.

El año pasado, la “invasión” fue en realidad de 54.000 personas, de las cuales 69 por ciento eran lituanos que regresaban. De los inmigrantes reales, todos básicamente de Europa Oriental y Central, los árabes de África fueron un total de 208, de los cuales 120 ya han abandonado el país. Como excusa para los lituanos, podemos decir que tienen un historial de invasiones, represión y resistencia, y que la identidad es un sentimiento fuerte, como en otras partes de Europa Central y Oriental.

Por cierto, el territorio de la antigua Alemania Oriental es el corazón de la extrema Alternative fur Deutschland (AfD) y tiene pocos inmigrantes, a diferencia de Alemania Occidental, donde la AfD no logró mucho. Pero, desde cualquier punto de vista lógico, es difícil creer que los sentimientos y no la realidad puedan desempeñar un papel primordial.

Por supuesto, hay muchas preguntas difíciles. Observemos a Ucrania, donde  73 por ciento de los votantes eligió a un comediante no probado, Volodymyr Zelenksy. Eso demuestra que los sentimientos son, de hecho, una realidad. Pero entonces, ¿por qué en los Estados Unidos, cuna del feminismo, 43 por ciento de las votantes de Trump eran mujeres que eligieron a un claro defensor de la misoginia y un mujeriego conocido?

En otras palabras, la realidad ya no es un factor en las elecciones. Otros factores como los sentimientos son más importantes. Y si bien no tenemos espacio para presentar un análisis serio de esto, solo ofrezcamos algunas consideraciones sobre las cuales reflexionar.

1) Los historiadores están de acuerdo en que la codicia y el miedo son probablemente los elementos más importantes del cambio. Si es así, recordemos que con el derrumbe del Muro de Berlín en 1989 y con las ideologías declaradas muertas, los ganadores introdujeron la globalización como la ruta para la cual no había alternativas (TINA, Margaret Thatcher). Esto se incluyó en el llamado Consenso de Washington, que redujo la función del Estado en la medida de lo posible para dar paso libre al movimiento de capitales. Los costos sociales se consideraron improductivos y luego se eliminó la diferencia entre los bancos de depósito y los bancos de inversión (Clinton, 1999), lo que dio origen al sistema de finanzas que ahora sufrimos. Entre otros cambios para la codicia no regulada, no olvidemos la Tercera Vía de Tony Blair, una aceptación de la globalización desde la izquierda para darle un rostro humano y hacerlo menos dañino. El resultado ha sido una separación de la izquierda europea de su base y la progresiva desaparición de un debate basado en los valores que habían puesto a los humanos en el centro, a favor de los nuevos valores: la competencia, el éxito individual, la riqueza como la base de las relaciones sociales y los mercados como centro de las relaciones internacionales.

2) Eso fue acompañado por un declive del multilateralismo, la paz y la cooperación internacional. Los Estados Unidos fueron el principal motor para la creación de las Naciones Unidas, con un compromiso para proporcionar su sede y pagar el 25% del presupuesto. Pero, en 1981, Ronald Reagan tomó distancia, declarando que su país no podía aceptar tener un voto como los demás y que no aceptaría resoluciones vinculantes de una mayoría compuesta por los países más pequeños. Y luego Trump llegó con la última gota que rebosó la copa, con la campaña “América Primero”, que en realidad significa “América Sola”, predicando que los Estados Unidos no tenían amigos o aliados que limitaran su acción. Este fue el acto final contra el multilateralismo.

3) En 2008, la crisis económica se extendió a todo el mundo desde el sistema bancario e Estados Unidos, creando una ola de temor, desempleo, rebaja de salarios, pérdida de puestos de trabajo y precariedad, todo lo cual el sistema político no pudo afrontar en gran medida porque su dimensión global iba más allá de la capacidad de respuesta nacional, además de un marcado deterioro de la competencia política. Esto sucedía acompañado por un aumento de la corrupción, a medida que la política se limitaba al corto plazo y se orientaba a problemas administrativos, sin ningún marco ideológico.

4) Trump ha creado una situación ondulante, con la Nueva Derecha (o Derecha Alternativa, como la llama Steve Bannon), libre de las consideraciones morales y éticas que surgieron de la Segunda Guerra Mundial. La Nueva Derecha puede conducir una política basada en la codicia y mucho más miedo, utilizando a los inmigrantes y las minorías como el enemigo que hay que combatir para defender las identidades e historias nacionales. Esta narrativa ha creado nuevas divisiones: rural contra urbana; la élite como enemiga de las personas comunes; cualquier acuerdo internacional como camisa de fuerza de la nación; la recuperación de un pasado glorioso como base para el futuro. Trump ha legitimado el comportamiento que antes se consideraba inaceptable y, durante su muy probable segundo término, cambiará aún más el mundo que hemos creado a partir de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial.

5) Internet ha seguido un curso equivocado. En lugar de ser el nuevo instrumento para la comunicación horizontal y el intercambio, se ha convertido en un creador de mundos virtuales y fragmentados donde las personas se agrupan a lo largo de líneas partidistas y ya no intercambian puntos de vista e ideas. Es un escenario de insultos y odio, manejado por identidades falsas con noticias falsas, donde los ciudadanos son vendidos como consumidores por una serie de logaritmos basados en la maximización de las ganancias. Ha creado las fortunas más grandes en la historia de la humanidad: billonarios que no se sienten responsables de los valores e intereses sociales. Esto ha ayudado a crear una pérdida en la calidad del debate político y a acudir al recurso de los sentimientos y las agallas, en lugar de la racionalidad política. Trump tiene 60 millones de seguidores en Twitter, más que todos los medios estadounidenses combinados. Ellos no compran periódicos y creen lo que dice Trump. Esto conducirá a su reelección, a menos que se produzca un error grave, pero con la barra de tolerancia cada vez más alta.

Vamos a detenernos aquí. Hay, por supuesto, muchos más puntos de reflexión pero, cualquiera que sea esta reflexión, recordemos que las ideas políticas van y vienen en la historia. Ciertamente, el soberanismo no está tan estructurado como el comunismo o el fascismo. Era normal que los políticos escribieran libros. Ahora, Trump incluso se jacta de no leerlos para evitar que sus ideas se vean influidas. La Nueva Derecha está básicamente libre de contenido, aunque es experta en movilizar los sentimientos de las personas. Por tanto, esta oleada también terminará.

La pregunta es: ¿podrá la humanidad crear de nuevo un sistema político basado en valores? Y, antes de que eso suceda, ¿llevará la Nueva Derecha a guerras y sangre con su nacionalismo extremo? Mirando la movilización sobre el cambio climático, liderada por una joven sueca que es una carta ganadora en las elecciones europeas, hay razones para alimentar la esperanza (aunque ahora el cambio climático se ha convertido en un tema de la izquierda).

Nos enfrentamos a un riesgo dramático: si fracasamos, una vez que la mitología del soberanismo se derrumbe ante una realidad dramática sin resolver, las personas que han perdido la esperanza y la confianza en la política tenderán a buscar la salida del caos en un Hombre Providencial, como el papa Pío XI llamó a Benito Mussolini.

Periodista italo-argentino, Roberto Savio  fue cofundador y director general de Inter Press Service (IPS), de la que ahora es presidente emérito. En los últimos años también fundó Other News, un servicio que proporciona “información que los mercados eliminan”. 

RV:EG

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México frena flujo migrante

ter, 04/06/2019 - 14:48

Crédito: Ángeles Mariscal/En el Camino

Por Ángeles Mariscal
TAPACHULA, México, Jun 4 2019 (IPS)

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que México detenga la “invasión” de migrantes bajo penas de cargas arancelarias despertaron de nuevo discurso humanitario por parte del gobierno de este país.

“Todos los migrantes merecen nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra mano fraterna”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la amenaza de Trump del 30 de mayo, sobre la súbida de los aranceles desde cinco a 25 por ciento, a partir del 10 de junio, si el gobierno mexicano no impide el pase de migrantes a territorio estadounidense.

Sin embargo, un recorrido por la frontera sur refleja otra realidad: La contención y control migratorio pega todos los días. De ello pueden dar cuenta más de 1.600 migrantes de África y Haití que se encuentran detenidos en una estación migratoria provisional, en condiciones que semejan a un campo de refugiados, donde no tienen la opción de salir yni comunicarse porque su pasaporte y teléfono fueron requisados.

También lo pueden atestiguar otros cientos de personas que habilitaron chozas en las calles de Tapachula, con cartones, láminas y plástico. Tienen la intención de regularizar su estatus migratorio, pero han esperado semanas enteras sin ser recibidos por personal del Instituto Nacional de Migración (INM).

O quienes quedaron atrapados en municipios fronterizos porque únicamente lograron conseguir “tarjetas de visitantes regionales”, que les impiden avanzar en su ruta rumbo a Estados Unidos; y los cientos que están siendo víctimas de operativos de cateos en hoteles, transportes y calles.

Escapar, intentar avanzar rumbo al norte, es hoy un riesgo que se multiplica. En tan sólo 150 kilómetros que van de la frontera del río Suchiate al municipio de Mapastepec, elementos de la Policía Militar que integran un sector de la Guardia Nacional se sumaron a agentes de migración en al menos ocho puntos de contención. Cerrarles el paso a los migrantes es la consigna.

Militares, con permiso para intervenir

El pasado 20 de mayo una centena de policías militares y elementos de la Secretaría de Marina bajaron con escudos antimotines y armas largas en mano, frente a la Estación Migratoria Siglo XXI. Instalaron un campamento. Luego fueron extendiendo su presencia a lo largo de la frontera, en puestos de control que también se fueron multiplicando en la región.

El INM dijo que formaban parte de la Guardia Nacional y que apoyarían en el resguardo de estos lugares.

Una semana después, el 27 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley de la Guardia Nacional, instancia que según el artículo 9, entre sus atribuciones, “actuará en aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades responsables (…) Realizará en coordinación con el Instituto Nacional de Migración la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras a fin de verificar su estancia regular”.

Crédito: Ángeles Mariscal/En el Camino

Es decir, “ahora habrá una persona con una arma intimidatoria que le podrá preguntar a los migrantes de dónde vienen, a dónde van, cuáles son sus documentos, una situación que hasta el momento no se había visto”, explica Fernando Ríos, integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT).

Alethia Fernandez, especialista del Seminario Universitario de Desplazamiento Interno Migración, Exilio y Repatriación (Sudimer), y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), detalla que esta medida refleja “una enorme incongruencia en el discurso que hemos escuchado constantemente de que México es un país que no reprime, que México es un país con una política migratoria con un enfoque en derechos humanos”.

Ríos y Fernández forman parte de las y los representantes de más de 100 organizaciones de la sociedad civil de México, Centroamérica y Estados Unidos, académicos de la UNAM, UNACH y Universidad Iberoamericana, observadores de derechos humanos -entre ellos el  Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, el Grupo Impulsor Contra la Detención Migratoria y la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica, y la Red TDTT- y periodistas, quienes entre el 29 y 31 de mayo realizaron un recorrido desde la frontera que inicia en el río Suchiate, hasta los municipios que migrantes recorren en su ruta.

En ese recorrido de observación cuando se disparó de nuevo el debate verbal entre los presidentes de Estados Unidos y México, por el tema de la migración. La verificación en campo no dio lugar a dudas sobre cómo viven las personas migrantes, más allá de los discursos políticos.

“Hay una contradicción del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando asegura que hay condiciones dignas para los migrantes, mientras opera todo un sistema para perseguirlos, para controlarlos, para condicionarlos, para meterlos en estaciones migratorias que son entornos torturantes”, subrayó Fernando Ríos, al analizar la acción de agentes militares y la estructura militar que está fortaleciendo la estrategia de contención a la migración.

Lo que pareciera únicamente una presencia disuasoria “eventualmente tiene un impacto en el actuar cotidiano del funcionario de migración, al aumentar los niveles de maltrato, criminalización, porque está trabajando al lado de un militar. Esto genera un enfoque muy diferente de lo que era un enfoque administrativo (quienes ingresan sin documentar su estancia en México cometen, según la ley, una falta administrativa), a un proceso de criminalización”, acotó la especialista de la UNAM.

La llegada de militares para hacer trabajos de contención a la migración tomó por sorpresa no sólo a la población en tránsito, sino a los militares mismos. Así lo manifestó un coronel asignado al centro de control de Huehuetán.

“Ustedes tienen claro su trabajo, lo que tienen que hacer. Nosotros no. Nosotros fuimos entrenados para obedecer en situaciones extraordinarias. Acá no sabemos cuál es nuestro papel aquí”, confió, molesto, el uniformado a una de las integrantes del grupo de observación.

La espera en campos de refugiados

En 2018, poco más de 18.000 migrantes solicitaron refugio en México. En los primeros cuatro meses de 2019, la cifra ya alcanza 16.000, según información de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). El refugio, es uno de los recursos a los que tienen acceso migrantes que huyen de sus países para escapar de la guerra, la violencia, la persecución.

Crédito: Ángeles Mariscal/En el Camino

El refugio es una alternativa para quienes entran a México provenientes de países como El Congo, Camerún, Nigeria, Angola, La India o Haití. Pero México ocupa el lugar 123 a nivel mundial en recibir a refugiados.

En 2018 solo dio refugio al 8 por ciento de las personas que lo solicitaron, según datos estadísticos de la Secretaría de Gobernación. La Comar tenía pendiente resolver a 7 de cada 10 solicitudes, bajo el argumento de que estaban rebasados en su capacidad de respuesta.

Cada uno de los días de este año, decenas de personas solicitantes de refugio hacen fila afuera de las oficinas de la Comar de Tapachula. En el contexto de emergencia humanitaria que se vive en la frontera sur de México, quienes realizan la solicitud pueden considerarse afortunados.

No es el caso de los miles de migrantes originarios de África, Asia y Haití, quienes durante más de tres meses esperaron, día y noche, afuera de la estación migratoria Siglo XXI, para iniciar sus solicitudes. Poco lo han logrado.

Con la llegada de la Guardia Nacional al lugar, fueron “persuadidos” para que se trasladaran a hacer la espera en el interior de las instalaciones de la Feria Mesoamericana.

Bajo cinco inmensas galeras de techo de lámina, el gobierno mexicano colocó colchonetas de 180 x 65 centímetros, una junto a la otra, como único espacio propio al que migrantes pueden acceder en este lugar.

Aniska nació en este lugar. Ella y su madre, Enite, duermen en una de esas pequeñas colchonetas, al lado otros hombres y mujeres quienes apenas se conocen.

La única norma que medianamente se respeta en este lugar es la agruparse por continente o nacionalidad. Los más privilegiados se hicieron de una silla para sentarse, otros de pequeñas casas de campaña que pueden darles un poco de intimidad.

Enite habla algo de inglés y así logra explicar que lo prioritario para ella en este momento es tratar de comer algo de fruta porque la dieta con base en atún y arroz que le dan en este lugar le impide a su cuerpo generar leche suficiente para amamantar a la recién nacida.

Junto a Aniska, una niña de unos 3 años se rasca intensamente las piernas y la cabeza. Para los 1.600 migrantes solo hay disponible dos docenas de baños y unos 10 lavaderos.

Hay miles de niños y niñas en estos centros de detención, con graves problemas sanitarios y en condiciones que fomentan que enfermen y propaguen enfermedades. El hacinamiento, altas temperaturas y lluvias, son una constante.

Salir de aquí parece lejano, más si no se tiene acceso a un traductor que les explique el procedimiento que tienen que llevar, si ni siquiera les permiten acercarse a los agentes del INM. Guardias privados fueron contratados para cuidar el interior del recinto.

“Hay más gente todo el día, más gente todo el día. Algunos días ellos (agentes del INM) llaman 20 africanos, 20 haitianos, 20 de la India. Hay mujeres africanas, niños africanos, mujeres embarazadas. Cuando muchas personas entran juntas no saben qué va a pasar. Así las cosas nos dejaron a nosotros aquí, no sabemos cuando vamos a salir. Nosotros no tenemos acceso a nada, se quitan los teléfonos, se quita el pasaporte” al entrar, explica Jordan, originario de Haití.

Él llegó a la frontera sur de México el 28 de marzo y aún espera realizar su solicitud de refugio, como otros miles que se sumarán a las largas listas de la Comar. Los días transcurren uno tras otro en este lugar que en los hechos es un campo de refugiados habitado por migrantes que no han podido hacer una solicitud para regularizar su estancia en el país. En la espera nada cambia salvo el estado de ánimo que se deteriora cada día.

Daniella Burgi, de la organización Latinoamérica Working Group, ubica claramente estos obstáculos burocráticos que complican y alargan los proceso de espera, como parte de una estrategia de desgaste y contención que disuadir a las personas migrantes para que desistan.

Crédito: Ángeles Mariscal/En el Camino

“Esto es doblemente grave porque las personas ya vienen de un contexto de trauma y de violencia en sus países (…) las autoridades han manifestado sentirse rebasadas, sin recursos económicos, y esa falta de recursos suficientes se toma como pretexto para  permitir las actuales situaciones en las que se encuentra la población migrante”, advierte.

Inmovilizados

Afuera la espera no parece ser diferente porque en los hechos, salvo que se tomen rutas de extravío por lugares controlados por la delincuencia organizada, las personas migrantes están atrapadas en la región, de una u otra forma.

Josué es cubano. El 23 de marzo se integró a la caravana de migrantes de El Caribe y Centroamérica. Fue la primera en donde la población migrante de Cuba tomó un papel protagónico. Cansados de largas esperas en las oficinas migratorias, un día decidieron protestar; la respuesta de las autoridades fue la cancelación de los trámites de regularización. Por ello unas 3 mil personas emprendieron la marcha rumbo al norte, a pie.

No avanzaron más de 150 kilómetros cuando fueron interceptados y obligados a permanecer en un albergue provisional instalado en un campo deportivo del municipio llamado Mapastepec.

También ahí tuvieron que esperar varias semanas hasta que intentaron nuevamente avanzar, entonces vinieron las detenciones masivas. A partir de ese momento más de medio millar de migrantes cubanos han sido detenidos y deportados.

Josué y unas 80 de sus compatriotas optaron por aceptar recibir tarjetas de visitantes regionales, documento que les permiten trabajar, pero los confinan a permanecer en el estado de Chiapas. Si salen del estado serán deportados.

La amenaza los ha inmovilizado. Se sienten atrapados física y psicológicamente en el pequeño poblado de apenas una veintena de calles. Cada día, explica Josué, él y un grupo de jóvenes migrantes se acerca a las instalaciones deportivas donde ahora solo hay una carpa rasgada que colocó la Unicef, y unos techados de palma donde cuelga un cartel que dice “migrante”.

“Vengo para ver si pasa algo, si alguien viene (…) a nosotros nos dijeron que nos iban a dar la tarjeta de visitante por razones humanitarias y con esa sí podemos seguir el camino. Yo ví las tarjetas, sí nos la iban a dar pero después las cambiaron. A lo mejor si decimos que nos las dieron y las perdimos, las podamos obtener”, dice como para si mismo. De momento la ilusión de que esa tarjeta haya existido y en algún momento pueda acceder a ella, es el único escape que tiene.

Los impactos emocionales no se perciben pero forman parte de esa otra forma de control que busca inmovilizar a la población migrante. La incertidumbre, el caos, la inseguridad de dar un paso que lleve a la deportación, acompaña no sólo las percepciones sino la cotidianidad de cada migrante varado en la frontera sur.

Kenout, su esposa y su bebé de meses, originarios de África, ya habían conseguido que el gobierno mexicano les diera un pase de salida del país con vigencia de 20 días. Este documento les ordena abandonar México por cualquiera de sus fronteras. Es un recurso utilizado por la población migrante para llegar hasta la frontera norte sin ser detenidos, y pedir asilo en Estados Unidos.

Sin embargo, el viernes 24 de mayo, cuando juntaban recursos económicos para avanzar, su esposa fue recluida en las instalaciones de la Feria Mesoamericana. La falta de un traductor hizo imposible que ella explicara que ya tenía el pase de salida.

Kenout quedó en la calle con su bebé lactante, quien no para de llorar por la falta de alimento. A sus 26 años, los ojos de este joven migrante también se tornan acuosos por el llanto cuando con ayuda de una misionera logra explicar su situación a una integrante de la Red Jesuita con Migrantes.

A Velky Berotera se le quiebra la voz cuando explica que la mañana del 31 de mayo su esposo Gerald Zavala y sus hijos de 8 y 10 años, fueron bajados del transporte público en la ciudad de Tapachula, y recluidos en el interior de la estación migratoria Siglo XXI.

La familia hondureña compuesta por cinco miembros tiene iniciada ante la COMAR una solicitud de refugio, y ello los faculta para transitar en la región libremente. Eso no importó a los agentes migratorios y policías que los detuvieron cuando se dirigían al centro de la ciudad.

La situación de Kenout, Velky no son una excepción sino la regla. El discurso oficial haciendo llamados para que migrantes entren al país de forma documentada se confronta con la cotidianidad que cada día viven miles de personas en tránsito.

Basta detenerse unos minutos afuera de las estaciones y oficinas migratorias para dar cuenta de decenas de personas que intentan ser migrantes regulares y son nuevamente vulnerados en sus derechos. La regla es entonces el caos, la incertidumbre, el miedo que inmoviliza. De una u otra manera, el gobierno mexicano busca frena el paso de migrantes en la frontera sur.

Organismos humanitarios que recorrieron la zona llamaron al Estado mexicano a transitar de una política migratoria basada en seguridad nacional a una centrada en la seguridad humana, que respete los derechos de las personas que migran, y que no coloque a las personas en tránsito como moneda de cambio de acuerdos económicos.

Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

El artículo México frena flujo migrante fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Pedaleando por un aire limpio en América Latina

ter, 04/06/2019 - 13:34

Ciclorruta recreativa en Bogotá. Crédito: Municipalidad de Bogotá

Por Corresponsal Fao
PANAMÁ, Jun 4 2019 (IPS)

El transporte produce 25 por ciento de las emisiones en América Latina y el Caribe. Mientras el aire de la mayoría de las capitales de la región ha llegado a ser casi irrespirable, el ciclismo ha capturado la imaginación de miles de latinoamericanos.

Cuatro de las principales urbes de la región han tomado medidas para promover opciones de movilidad sostenible que reduzcan la contaminación del aire y están fomentando el uso de la bicicleta como una medida concreta para limpiar el aire.

Se trata de cuatro iniciativas exitosas que están cambiando la manera en que los latinoamericanos se mueven en sus vidas diarias.

Transformando la movilidad de una megaciudad

En 2010, el servicio de bicicletas públicas Ecobici irrumpió en las calles congestionadas de la Ciudad de México, una de las urbes con mayor contaminación del aire en América Latina.

Ecobici ofrece una alternativa de bajo costo para reducir el uso del vehículo en la capital mexicana, por donde circulan unos 5 millones de autos.

En la actualidad, 170.000 personas se han afiliado al sistema y se han realizado 60 millones de viajes. Un 20 por ciento de los usuarios dejaron de usar automóviles particulares o taxis, y ahora privilegian la bici como su medio de transporte. Un 95 por ciento cree que gracias a este sistema la movilidad urbana ha mejorado, de acuerdo con una encuesta oficial.

Ecobici inició operaciones con 85 cicloestaciones y 1.200 bicicletas. Ahora cuenta con 480 estaciones y más de 6.800 unidades, de las cuales 340 tienen pedaleo asistido e incluyen pantallas táctiles con mapas en tiempo real y cargadores USB.

El servicio llega a 55 colonias (barrios) de la ciudad, en un área de 38 kilómetros cuadrados.

La red de bicicletas públicas de Ciudad de México es la mayor de América Latina y el Caribe, una región donde el automóvil ha sido tradicionalmente un símbolo de prestigio, pero donde la bici va ganando popularidad.

En la región, un total de 12 ciudades tiene servicios públicos como estos, según un estudio de 2015 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El sistema público y gratuito de bicicletas de Buenos Aires, también llamado Ecobici, cuenta con 2.500 unidades repartidas en 200 estaciones, y BiciQuito, en la capital de Ecuador, ya tiene más de 1.000 bicicletas en 25 estaciones.

Un niño disfruta sobre su bicicleta en la capital de Colombia. Crédito: Laura Dixon/ONU Medio Ambiente

La bici, parte del estilo de vida de Bogotá

El ciclismo se ha convertido en parte de la vida de miles de habitantes de Bogotá.

La capital de Colombia tiene el esquema de ciclorrutas más grande de América Latina, con 540 kilómetros de carriles exclusivos para bicicletas. En 2015, al menos cinco por ciento de los viajes se realizaban en bicicleta, según el BID.

Bogotá, al igual que otras capitales de la región, fue diseñada para los automóviles. Pero desde la década de 1970, las autoridades entendieron la importancia de promover el uso de bicicletas y comenzaron a construir los primeros carriles exclusivos. Hoy en día, alrededor de 2 millones de personas utilizan estas ciclovías.

El ciclismo es parte de un estilo de vida más saludable, especialmente entre los niños. Un estudio reciente descubrió que los niños de entre 6 y 10 años que usan los domingos las rutas recreativas de Bogotá tienen, en promedio, seis minutos más de actividad física vigorosa por día que los que no lo hacen.

Sin embargo, debido a que algunos de los carriles para bicicletas están abiertos solo los domingos, muchos critican el programa por enfocarse más en la recreación que en el transporte sostenible.

Por lo tanto, las autoridades de la ciudad han decidido dar un paso audaz y abrir un proceso de consulta para construir una política sobre el uso de las bicicletas.

La alcaldía de Bogotá espera alcanzar los 580 kilómetros de carriles exclusivos para ciclistas a fines de 2019 como parte de su plan para convertir a Bogotá en la “capital mundial de la bicicleta”.

Ciclistas recreativos por una de las calles de la capital de Argentina. Crédito: Gobierno de Buenos Aires

Ciencia ciudadana contra la contaminación en Buenos Aires

Las bicicletas también pueden ayudar a monitorear la calidad del aire. En Buenos Aires, 30 ciclistas voluntarios están midiendo las concentraciones de material particulado a través de sensores instalados en sus bicis.

El dispositivo, facilitado por la iniciativa Open Seneca de la Universidad de Cambridge, permite precisar la ubicación de las mediciones para determinar los lugares donde las personas están expuestas a una mayor contaminación.

Uno de los objetivos de del proyecto “es presentar un reporte con los resultados al Congreso de la Nación para que legisle en materia de polución del aire”, dijo Matías Acosta de la Universidad de Cambridge, la institución que promueve la iniciativa con el apoyo de las embajadas de Canadá y Gran Bretaña en Argentina, y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Open Seneca, un proyecto de ciencia ciudadana, aspira a que personas de distintas partes del mundo desarrollen y usen estos sensores de bajo costo para visibilizar el problema de la contaminación y ofrecer a los gobiernos datos confiables que impulsen medidas concretas en favor de un aire limpio.

“Hoy estamos iniciando una nueva etapa. Han salido voluntarios con sus bicicletas a monitorear la calidad del aire, de manera tal de que podamos entre todos cuidar del ambiente y de la salud de la gente”, dijo en mayo  Sergio Bergman, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La información que recaben los ciclistas se incorporará a las mediciones de la red automática de monitoreo atmosférico de Buenos Aires. Los datos de esta red se publican diariamente en el sitio web del Gobierno de la ciudad.

Costa Rica: las bicicletas en el centro de una política nacional

Costa Rica ofrecerá incentivos fiscales a las empresas que promuevan el uso de bicicletas entre su personal. Así lo determinó una reciente ley que regula el uso de bicicletas como parte de la estrategia para descarbonizar el país antes de 2050.

Cada vez más empresas cuentan con espacios exclusivos de estacionamiento, duchas y vestuarios para sus empleados, entre otras instalaciones.

El transporte genera más de 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la nación centroamericana.

Para reducir los contaminantes relacionados con el transporte, el gobierno está apostando por una movilidad limpia, y la ley sobre el uso de bicicletas es uno de los primeros pasos en esa dirección.

La ley exige una mejor infraestructura para los ciclistas y educación sobre seguridad vial, una materia que será obligatoria para todos los estudiantes en escuelas públicas y privadas. El documento también alienta y regula los sistemas municipales de bicicletas compartidas.

Las iniciativas públicas y privadas que promueven las bicicletas ya están en auge en el país. BiciBus, una compañía que brinda asesoría a quienes desean reemplazar sus autos con bicicletas, es una de ellas. Otra es la insignia de Ciclo-Incluyente, que se otorga a las empresas amigables con los ciclistas.

El año pasado, un equipo apoyado por ambos grupos recorrió 917 kilómetros en bicicleta desde San José hasta Ciudad de Panamá para crear conciencia sobre el papel de las bicicletas en la construcción de sociedades más limpias y saludables.

Este artículo fue originalmente publicado por ONU Medio Ambiente América Latina y el Caribe, con quien IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial para la difusión de sus materiales.

RV: EG

El artículo Pedaleando por un aire limpio en América Latina fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Feminicidio en Cuba: ¿en la etapa del reconocimiento oficial?

seg, 03/06/2019 - 13:43

Participantes en uno de los encuentros de reflexión sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas en Cuba, dentro de la campaña “Eres más”, en la sede en La Habana del Centro Oscar Arnulfo Romero. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jun 3 2019 (IPS)

Un párrafo en un informe internacional presentado por Cuba reveló por primera vez cifras oficiales de muertes de mujeres por razones de género, un tema tabú en la isla caribeña y que se incorporó al debate público gracias a un mayor acceso a Internet.

Sin más detalles por parte de las autoridades sobre el documento presentado en abril, IPS recopiló las valoraciones de especialistas y oenegés que atienden a mujeres en situación de violencia, sobre la significación e impacto que pudiera tener este hecho sin precedentes en esta nación insular caribeña  de gobierno socialista.

“El primer paso para encaminarse en la solución de un problema es el reconocimiento de su existencia”, dijo a IPS la psicóloga Mareleén Díaz, que trabaja en el no gubernamental Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), que desde 2007 organiza un programa anual de actividades y una campaña contra la violencia de género de alcance nacional.“Antes de que ocurra el femicidio, se viven muchas violencias, de años de evolución. Por lo general, las mujeres que nos llegan a la consejería están siendo violentadas entre cinco y 15 años antes, y entonces deciden venir a buscar ayuda”: Ivón Ernard.

Díaz interpreta de esta forma la información incluida por las autoridades en el “Informe Nacional sobre la implementación de la Agenda 2030”, que fue presentado en abril durante la tercera reunión del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible y que desde entonces está disponible en Internet.

El documento, entre otros temas sobre cómo Cuba afronta la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible, indicó: “En femicidios, según otras fuentes, el número de muerte ocasionadas por su pareja o expareja han disminuido entre el 2013 y 2016 en un 33,0 por ciento”.

También agregó que, en 2016, “la tasa de femicidios fue de 0,99 por 100.000 habitantes de la población femenina de 15 años y más” del país, sin agregar más especificaciones ni cómo las autoridades cubanas definen este problema, considerado grave en la región.

Según la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información, las mujeres de 15 años y más sumaban ese año 5.052.239 de una población total de 11,2 millones de habitantes. A partir de esos datos, IPS calculó que la cantidad de víctimas fatales de la violencia machista pudo ser de aproximadamente 50 en 2016.

Esa primera cifra cubana pudiera resultar baja si se compara con otros países latinoamericanos, que es considerada una región peligrosa para las mujeres, aunque especialistas aseguraron que se necesita conocer más detalles sobre el dato cubano, que pudiera remitirse solo a las asesinadas por su pareja o expareja.

El feminicidio, también denominado femicidio en varios países, entre ellos Cuba, se ha ido incorporando a las legislaciones latinoamericanas para tipificar el homicidio de mujeres por su condición de tales, a causa de machismo o misoginia. El delito se maneja con variaciones, según la magnitud del fenómeno, la sensibilidad social y la respuesta del Estado.

A partir de cifras de 19 países de 2016 y 2017, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) resumió que la mayor prevalencia de los feminicidios se reporta en El Salvador, con una tasa de 10,2 por 100.000 mujeres; Honduras (5,8), Belice (4,8), Trinidad y Tobago (3,0), Guatemala (2,6) y República Dominicana (2,2).

“En los últimos tiempos en Cuba, los medios de comunicación y periodistas han estado apuntando y visibilizando con ejemplos que este problema existe”, continuó Díaz, en referencia a los múltiples casos conocidos públicamente, que han sido más desde que en diciembre la ciudadanía tiene acceso a Internet en los teléfonos móviles.

Varias parejas jóvenes hacen fila en la entrada de un restaurante, en el barrio del Vedado, en el municipio de Plaza de La Revolución, en La Habana, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Pero no ha sido así en el caso de las cifras que han sido inexistentes o no públicas”, lamentó la experta, para quien este reconocimiento llega en un momento de cambios legislativos para avalar reiteradas demandas de activistas y feministas de incluir el feminicidio como delito específico y elaborar una ley contra la violencia de género, de la que el país carece.

En un país sin cifras ni reportes frecuentes sobre cualquier tipo de homicidio, causan preocupación entre la ciudadanía los casos de femicidio,  compartidos en las redes sociales o por la prensa, en especial la alternativa con medios especializados como la revista feminista Alas Tensas y el sitio digital de noticias sobre género Tremenda Nota.

Solo en lo que va de 2019 trascendieron las historias de Lis Obregón, de 27 años, que fue apuñaleada por su expareja en la puerta de la guardería de sus hijos; una mujer de 46 años fue asesinada por su exesposo en la comunidad rural de San Pablo de Yao y la estudiante de medicina, de 21 años, Leydi Laura García fue hallada muerta.

“Antes de que ocurra el femicidio, se viven muchas violencias, de años de evolución. Por lo general, las mujeres que nos llegan a la consejería están siendo violentadas entre cinco y 15 años antes, y entonces deciden venir a buscar ayuda”, explicó la psiquiatra Ivón Ernard, quien coordina la Consejería a Mujeres en Situaciones de Violencia.

Este servicio, en alianza con otras entidades como sector sanitario y tribunales, fue creado en 2016 en la sede de OAR en La Habana.

“Afortunadamente, de los casi 200 casos que hemos atendido, hasta donde sabemos, ninguno ha terminado en asesinato. Damos seguimiento a las mujeres cuando salen de la consejería, porque nos percatamos que esto no es suficiente y empezamos a hacer grupos de apoyo para ellas”, abundó la experta.

Especialistas y feministas reclaman que el Estado debe elaborar un sistema integral de prevención y atención a las mujeres en situación de violencia, que incluya leyes específicas, la capacitación del personal de la policía, juristas, de la salud, entre otros, refugios o casas de acogida para las víctimas y atención para los agresores.

Las psicólogas Valia Solís (I), Roció Fernández (C) y Maibenis Aderreberes (D) brindan atención especializada sobre violencia de género a las mujeres o parejas que acuden a la consulta dentro del ecuménico Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, en la ciudad de Cárdenas, en el occidente de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Con limitaciones, ofrecen alguna atención a mujeres víctimas las 174 Casas de Orientación de la Mujer y la Familia, que pertenecen a la Federación de Mujeres Cubanas,  la única organización femenina con registro legal en el país.

Otro espacio pionero se mantiene desde 2010 en el no gubernamental Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba (CCRD), en la ciudad de Cárdenas, a 150 kilómetros al este de La Habana, que consiste en una consulta especializada para mujeres víctimas dentro del Programa de Atención Psicopastoral.

“Celebrar un día no es suficiente, hacer campañas ya no es suficiente”, sostuvo Rita María García, directora del CCRD. “No hay percepción de riesgo porque no se han promulgado leyes, decretos y la base jurídica cubana no contempla fuertes condenas y un sistema para las denuncias que proteja a las mujeres”, precisó.

A 12 años de campañas sobre la violencia de género, alrededor de la fecha mundial sobre el flagelo del 25 de noviembre, especialistas consideran que resultan impostergables cambios en la institucionalidad cubana, que atraviesa un momento de transformaciones para implementar la nueva Constitución vigente desde abril.

“No creo que ni aun llevando las estadísticas reales, nuestro país se encuentre al mismo nivel de violencia que el resto de Latinoamérica”, estimó. “Aun así las cifras son alarmantes, no hay un día que no escuchemos o conozcamos no solo casos de feminicidio, sino de una violencia real, palpable y desesperante”, lamentó.

Justo este año fue publicado el informe final de la Encuesta Nacional de Igualdad de Género, que fue aplicada en 2016 y arrojó las primeras cifras sobre violencia de género, pero solo en la pareja. De las 10.698 mujeres entrevistadas, 26,7 por ciento declaró haber recibido algún tipo de maltrato en los 12 meses previos al sondeo.

“Este reconocimiento amplía la visión sobre violencia contra la mujer y lo particulariza a un delito que no está tipificado en nuestro Código Penal (1987). La academia pudiera reelaborar este concepto en la Cuba de hoy e incorporarlo a las reformas desde lo legal”, dijo la psicóloga Maidenys Aguerrebere, del CCRD.

“El conocimiento en la población es mínimo porque persisten muchos mitos que invisibilizan el femicidio. Este concepto es nuevo para muchas personas y en no pocos casos lo asocian a otros contextos del mundo”, estimó Valia Solís, que es una especialista fundadora de la consulta del CCRD.

Edición: Estrella Gutiérrez

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“No soy libre. Mi comunidad no es libre. Mi país no es libre”

sex, 31/05/2019 - 13:47

La activista rohinyá Wai Wai Un. Crédito: ACNUDH

Por Corresponsal Fao
GINEBRA, May 31 2019 (IPS)

Wai Wai Nu no había cometido delito alguno, pero a la edad de 18 años le comunicaron que tendría que ir a la cárcel. La joven acababa de empezar la carrera de Derecho, cuando a su padre le notificaron la sentencia de prisión, en la que estaban incluidos la madre de Wai Wai, su hermana, su hermano y ella misma.

La familia creyó que al cabo de algunos meses los pondrían en libertad, pero no fue así. Durante siete años tuvieron que soportar las condiciones de miseria y hacinamiento que prevalecían en la tristemente célebre prisión de Insein, en Myanmar (Birmania). A su hermano lo trasladaron a otra penitenciaría.

Según las autoridades, el delito de Wai Wai fue haber sido hija de Kyaw Min, un maestro de escuela y activista político del estado de Rakhine, en el occidente de Myanmar.

En los últimos decenios, el estado septentrional de Rakhine ha sido el epicentro de una crisis. La familia de Wai Wai forma parte de la marginada comunidad rohinyá, un grupo étnico de Rakhine que aún en la actualidad sigue siendo objeto de persecuciones y desplazamientos masivos. Desde mediados de 2017, casi un millón de rohinyás ha huido al vecino Bangladesh.

En marzo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, calificó la situación de “discriminación sistemática y restricciones generalizadas a la libertad de movimiento”, al presentar al Consejo de Derechos Humanos el informe elaborado por su Oficina.

“Cuando el juez dictó sentencia, no lloré, no quería mostrar tristeza ni debilidad. Tampoco quería que mis padres se sintieran culpables por lo que nos ocurría. Pero cuando llegué a la prisión con mi madre y mi hermana, estuvimos tres días llorando”, dijo Wai Wai.

“Cuando empezamos a cumplir la condena, me faltaban dos años para terminar la carrera de Derecho. Cada día, a la hora en que las clases deberían haber comenzado, sentía como si algo se muriese dentro de mí. Ningún joven debería ir a prisión si no ha cometido un delito. Su lugar no está en la cárcel sino en la universidad”, añadió.

Finalmente, tras salir de prisión, Wai Wai obtuvo el diploma de Derecho en la Universidad de Yangon Este. Al evocar aquella etapa de cárcel la llama “la universidad de la vida” y cree que fue una de las principales motivaciones para la labor que ahora realiza en defensa de los derechos humanos.

“Comprendí la profunda discriminación que las mujeres padecemos en todos los aspectos de la vida: el acceso a la educación, a la atención sanitaria, a la economía, a la política y a los procesos de toma de decisiones”, afirmó la activista.

En la actualidad, Wai Wai recorre el mundo y pronuncia discursos sobre la suerte de las mujeres y niñas rohinyás. En fecha reciente estuvo en Ginebra, donde leyó una ponencia ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw).

Uno de los últimos informes dados a conocer por el Comité muestra la situación devastadora en que se encuentran las niñas y mujeres rohinyás y pone de relieve las atrocidades generalizadas de las que son víctimas: violencia sexual, privación de nacionalidad, restricción de la libertad de movimiento y una grave carencia de acceso a los cuidados sanitarios, la educación y la vivienda.

En el informe se señala que, pese a las reiteradas peticiones de las Naciones Unidas y la comunidad internacional, “no hay pruebas de que se hayan adoptado medidas para prevenir y abordar eficazmente las vulneraciones de derechos humanos cometidas”.

El documento ofrece como ejemplo el hecho de que las autoridades de Myanmar siguen negando que se hayan perpetrado delitos de índole sexual y llega a la conclusión de que “no se han realizado esfuerzos genuinos para lograr que los responsables rindan cuentas de sus actos”.

El estado de Rakhine: dos mundos distintos

Wai Wai y su familia se mudaron a Yangon a principios de la década de los 90, cuando ella tenía ocho años. Sus recuerdos del estado de Rakhine son muy diferentes de la realidad actual. Entonces, sus condiscípulos en la escuela procedían de comunidades religiosas y culturales muy diversas y otro tanto ocurría con sus docentes.

“Cuando era niña, no me percataba mucho de que había un contexto de odio. Allí también vivíamos en una ciudad, de modo que estábamos lejos de lo que ocurría en las zonas más remotas”, recordó la joven.

“Pero, a principios del decenio de los 90, empezaron las expulsiones sistemáticas: los empleados rohinyás –funcionarios públicos, profesores, médicos, abogados y agentes de policía- fueron destituidos de sus cargos. En la actualidad, la situación es complemente distinta; el cambio es extraordinario y eso da miedo”, rememoró.

La joven comenzó a sentirse discriminada por su condición de rohinyá y de musulmana cuando ingresó en la escuela secundaria en Yangon.

Wai Wai era una atleta destacada, pero por ser musulmana le prohibieron participar en competiciones de ámbito nacional y estatal. E

n los planes oficiales de estudio solo figuraba el budismo de Myanmar y no se reconocía la existencia de otras religiones o culturas en el país. En la escuela también le denegaron la tarjeta nacional de identidad, aunque sí las tramitaban para los estudiantes budistas.

“El gobierno introdujo la discriminación por conducto del sistema educativo y ahora toda la sociedad la ha adoptado. En Myanmar, la discriminación es profunda y está integrada en la cultura, las mentalidades y la vida cotidiana”, afirmó.

Luchar por los derechos de las niñas y las mujeres

Wai Wai reside actualmente en Estados Unidos y el año pasado obtuvo una Maestría en Derecho en la Universidad de California en Berkeley. La joven activista asegura que el objetivo de su vida es defender los derechos de las niñas y las mujeres rohinyás que permanecen en su país de origen.

El hecho de vivir en la seguridad que le ofrece Estados Unidos no la ha llevado a desvincularse de los suyos. “No soy libre”, afirma. “Mi comunidad no es libre. Mi país no es libre. La situación de las niñas y mujeres rohinyás es indescriptible. Creo que tengo la responsabilidad de ayudarles a lograr la dignidad humana, el respeto y la libertad”.

La joven activista ha fundado dos organizaciones no gubernamentales, Women’s Peace Network-Arakan, que centra su labor en la consolidación de la paz en Myanmar, y Justice for Women, una red de abogadas que proporciona asistencia letrada a las mujeres que la necesitan.

Según Wai Wai, lo que padecen actualmente las niñas y las mujeres de Rakhine es un enorme trauma, “una discriminación muy selectiva, aplicada contra todo un grupo étnico”.

Su sueño, afirma, es que el estado de Rakhine llegue a ser un lugar donde se respete a las mujeres, donde estas vivan en seguridad y tengan los mismos derechos y las mismas libertades.

“Mientras eso no se logre, seguiré trabajando”, concluyó.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Ginebra. IPS-Inter Press Service lo publicada por un acuerdo general con la Organización de las Naciones Unidas para la redifusión de sus contenidos.

 

RV: EG

El artículo “No soy libre. Mi comunidad no es libre. Mi país no es libre” fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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En la mira la venta de armas de “emergencia” de EEUU a Medio Oriente

sex, 31/05/2019 - 11:38

Dos niños transitan por una parte destruida del centro de Crater, un área de Adén, en Yemen. El área resultó gravemente dañada por los ataques aéreos en 2015, cuando las fuerzas de la coalición expulsaron a los insurgentes de la ciudad. Crédito: Giles Clarke/ONU

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, May 31 2019 (IPS)

Las muertes y la devastación causadas en los conflictos militares y la guerras civiles actuales, con los asesinatos provocados en ataques aéreos en hospitales, escuelas, mezquitas y mercados, ya sean deliberados o no, fueron calificados como los peores de todos los tiempos por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Esas pérdidas humanas, al igual que la destrucción y el daño irreparable a la infraestructura civil, son causadas  ​​por  armas proporcionadas por algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, incluidos  Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.

Pero desoyendo esas consideraciones, un día después, el 24 de mayo, la administración de Washington decidió el 24 de este mes la venta por 8.100 millones de dólares en armas  a Jordania, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita, bajo una “notificación de emergencia”, lo que le libera de la aprobación del legislativo Congreso.

La medida es un  desafío a la resolución de ese Congreso a la venta de armas a países de Medio Oriente, por su demostrado uso contra civiles.

Los tres países son parte de una coalición liderada por Arabia Saudita que ha provocado numerosas muertes civiles en los ataques en Yemen contra los insurgentes hutíes respaldados por Irán, y se espera que los nuevos sistemas de armas incrementen el poder de fuego a la coalición.

El uso de la “notificación de emergencia” para la venta de armas no solo desafía a los congresistas, sino que también intenta aplacar a los aliados estadounidenses en el Medio Oriente y, lo que es más importante, al poderoso lobby de armas estadounidense.

Uno de los argumentos aducidos por la administración de Trump es la venta de nuevas armas a los aliados del Medio Oriente es para contrarrestar una “agresión iraní anticipada”.

Stephen Zunes, profesor de política en la Universidad de San Francisco y coordinador del programa de Estudios del Medio Oriente, dijo a IPS que no se trata de disuadir a la agresión iraní y ciertamente no existe una “emergencia”.

“Se trata de las ganancias de los fabricantes de armas estadounidenses a expensas de innumerables vidas yemeníes”.

“Esta es la manifestación más extrema, sin embargo, de una política bipartidista de larga data de transferir armamentos letales y sofisticados a las dictaduras familiares en el Medio Oriente”, dijo Zunes, quien también ejerce de analista sénior sobre políticas para el Proyecto sobre Política Exterior como Foco, de El Instituto de Estudios Políticos.

Señaló que es irónico que una nación que surgió en una revolución contra la monarquía, sea hoy en día el proveedor de armas al número uno de las monarquías absolutas.

Wall Street Journal analizó en un reportaje del 25 de mayo que los hutíes están poco alineados ideológicamente con Teherán, cuyo gobierno niega haber armado al grupo. Pero los funcionarios estadounidenses no están de acuerdo y dicen que Irán los ha entrenado y les ha proporcionado armas.

El secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), António Guterres, dijo durante el debate el 23 de mayo en el Consejo de Seguridad, que los civiles siguen representando la gran mayoría de las víctimas en el conflicto, con más de 22.800 civiles muertos o heridos en 2018 en solo seis países: Afganistán, Iraq, Malí, Somalia, Sudán del Sur y Yemen.

Destacó la necesidad de que el Consejo de Seguridad haga más para mejorar el cumplimiento de las leyes de la guerra, en especial respecto al trato a la población civil.

En un comunicado emitido antes de ese debate, Amnistía Internacional dio en el blanco cuando ridiculizó el argumento de Estados Unidos de que algunas de las armas suministradas a la coalición liderada por los saudíes estaban “dirigidas con precisión” para evitar víctimas civiles.

“Las grandes potencias militares se jactan cínicamente de hacer guerras de ‘precisión’ y ataques ‘quirúrgicos’ que distinguen entre combatientes y civiles. Pero la realidad presente sobre el terreno muestra que es habitual atacar a civiles allí donde viven, trabajan, estudian, rezan y buscan atención médica”, denunció la organización con su base central en Londres.

Amnistía Internacional subrayó que las partes de este y otros conflictos armados matan ilegalmente, mutilan y desplazan a la fuerza a millones de civiles, mientras que los líderes mundiales eluden su responsabilidad y le dan la espalda a los crímenes de guerra y al inmenso sufrimiento.

Philippe Nassif, director de Defensa para Medio Oriente y Norte de África en Amnistía Internacional, dijo a IPS la decisión de Trump para eludir al Congreso y autorizar miles de millones de dólares en la venta de armas a claros violadores de los derechos humanos, como Arabia Saudita y EAU es extremadamente desafortunado e imprudente.

“Ambos países han usado armas fabricadas en Estados Unidos para cometer crímenes de guerra en Yemen, un país sumido en el conflicto que se ha agravado por la conducta de los EAU y la coalición liderada por Arabia Saudita”, explicó durante la entrevista.

La administración Trump ha tenido una política de “cheque en blanco” cuando se trata de armar a sus aliados del Medio Oriente, desde Egipto hasta Arabia Saudita.

Nassif señaló que los atroces registros sobre la violación de derechos humanos de estos gobiernos, donde ejecuciones, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos en masa, torturas y detenciones indefinidas son parte de la vida cotidiana de sus ciudadanos, se empeoran porque Estados Unidos continúa armando a esos regímenes.

“Ahora que los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita recibirán nuevas armas estadounidenses, podemos esperar una continuación del infierno que se ha producido en Yemen, donde 11 millones de personas padecen hambre, cientos de miles han sido desplazados y miles han sido asesinados”, se condolió.

“También podemos esperar que las armas caigan en manos equivocadas, como Al Qaeda, o que se envíen a otras zonas de conflicto donde los saudíes y los Emiratos Árabes Unidos están respaldando a los autócratas ascendentes, como Haftar en Libia”, declaró Nassif.

En una declaración emitida el 24 de mayo, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró que se había basado en el artículo 36 de la Ley de Control de Exportación de Armas, para ordenar la inmediata entrega de 22 lotes pendientes de armamento  a Jordania, los Emiratos y Arabia Saudita.

Puntualizó que esas ventas, por 8.100 millones de dólares, “apoyarán a nuestros aliados, mejorarán la estabilidad en Medio Oriente y ayudarán a estas naciones a disuadirse y defenderse de la República Islámica de Irán”.

El retraso de este envío, argumentó Pompeo, ocasionarían la degradación de sistemas armamenticos y la falta de piezas y mantenimiento necesarios, lo que podrían crear graves problemas de aeronavegabilidad e interoperabilidad para esos socios clave, durante un período de creciente volatilidad regional.

Pompeo consideró que los largos meses en que el Congreso demoró la aprobación de esas ventas, “han puesto en duda nuestra confiabilidad como proveedor” y “abre oportunidades” que pueden explotar los adversarios de Estados Unidos.

La equipación a los tres países incluye mantenimiento y soporte de aeronaves; inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR); pertrechos y otros suministros.

Pompeo sí precisó que su intención es que el uso de la “notificación de emergencia”  sea “un evento único” y que el plan es seguir trabajando con el Congreso en el tema.

Pero como razón determinante para la medida, subrayó que “Estados Unidos es, y debe seguir siendo, un socio de seguridad confiable para nuestros aliados y socios en todo el mundo. Estas alianzas son la piedra angular de nuestra Estrategia de Seguridad Nacional”.

Edición: Estrella Gutiérrez

 

El artículo En la mira la venta de armas de “emergencia” de EEUU a Medio Oriente fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Tropiezos y buenas intenciones marcan a López Obrador en México

qui, 30/05/2019 - 16:45

Campesinos del noroccidente de México reclaman el pago de la indemnización por la construcción de una carretera, ante el Palacio Nacional, frente a la plaza de la Constitución, en la capital del país, sede de la Presidencia, se ha convertido en lugar donde diferentes grupos manifiestan sus demandas durante los primeros seis meses de gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
MÉXICO, May 30 2019 (IPS)

Andrés Manuel López Obrador, el presidente izquierdista, cuyo triunfo representó un cambio de régimen en México, cumple seis meses de gestión, marcados por claroscuros en su tratamiento a temas socioeconómicos, ambientales y, también, de derechos humanos.

Desde que asumió el 1 de diciembre,  su gestión se ha caracterizado por el diseño de buenas ideas y una mala aplicación, lo cual ya se refleja en el desempeño del país y la percepción social sobre el primer gobierno ajeno a los tradicionales y conservadores Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

“Frente a las grandísimas expectativas generadas y con un amplísimo voto mayoritario (en las elecciones de julio), vemos situaciones encontradas”, señaló Alberto Solís, director de Servicios y Asesoría para la Paz.“Preocupan las decisiones precipitadas. Los programas sociales son muy riesgosos por ser clientelares. Hay un riesgo real de que el reparto de recursos de manera directa sin control se vuelva botín para extorsión y otras formas de violencia”: Alberto Solís.

El activista mencionó, entre los avances, la liberación de una veintena de presos políticos, la cancelación del proyecto de un nuevo aeropuerto de Ciudad de México, el relanzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y el cambio de discurso sobre la violencia institucional y criminal.

López Obrador, de 65 años y conocido popularmente por AMLO, sus iniciales, “goza de un bono democrático y la confianza de la gente de querer creer, en un país tan devastado por la corrupción y la violencia”, valoró a IPS el director de la organización no gubernamental que brinda servicios para la paz, la justicia y la dignidad.

Desde la campaña electoral de 2018, López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), prometió un cambio radical y rápido respecto al legado de su predecesor, Enrique Peña Nieto (2012–2018), del PRI. Pero esa transformación aún no se materializa en asuntos como los derechos humanos.

El nuevo gobierno ha sufrido una dura curva de aprendizaje, transfigurado en los resultados de las decisiones tomadas.

Entre las medidas bien valoradas se incluyen el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, que da unos 180 dólares mensuales a aprendices de oficios, además del plan “Sembrando vida”, que destina unos 257 dólares mensuales a pequeños productores agroforestales, y concede bimestralmente unos 130 dólares a adultos mayores.

Pero, para inyectar recursos a la estatal Petróleos Mexicanos, a fin de incrementar la producción petrolera, López Obrador, de 65 años, y tres veces candidato presidencial, dictó medidas de austeridad, como un recorte salarial para los trabajadores públicos, freno a compras de medicinas y rebajas presupuestarias, una receta neoliberal que se contradice con sus idearios y discurso.

Asimismo, redujo el financiamiento a guarderías infantiles, refugios para mujeres víctimas de violencia y organizaciones de la sociedad civil.

El gobierno de AMLO abrió el ingreso a migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras que buscan llegar a Estados Unidos, pero en la práctica limitó poco después la medida, que acrecentó la tragedia humanitaria que ya padecían las fronteras sur y norte.

Esas acciones han generado renuncias de cuadros medios y altos, vitales para la labor gubernamental diaria en tareas de supervisión ambiental, cobro de impuestos y vigilancia financiera. Además, la crónica escasez de medicamentos en el sistema público de salud se ha agudizado.

Así, el gobierno mexicano padece de la paradoja de las consecuencias no previstas, acuñada por el sociólogo estadunidense Robert Merton (1910-2003), respecto a no medir el alcance de las medidas y terminar por provocar efectos opuestos a los deseados.

En el primer semestre “ya se evidencian algunas debilidades del planteamiento que deben corregirse si se quiere lograr un buen resultado”, aseguró Juan Moreno-Brid,  profesor de la Facultad de Economía de la pública Universidad Nacional Autónoma de México.

“Hay una parte en la que tiene razón el presidente, como quitar corrupción e ineficiencias. Pero que la receta sea cortar gasto e inversión es bastante cuestionable, sobre todo porque México tiene un gobierno que no participa en la inversión”, planteó el académico.

Diariamente, López Obrador, a quien se sitúa dentro del populismo de izquierda, presume de su combate a la corrupción y a favor de la regeneración democrática, los ahorros presupuestarios y los programas sociales para romper las desigualdades estructurales en este país de 129 millones de personas.

Asimismo, el mandatario está decidido a construir una refinería y una línea férrea en el sureste del país, así como un corredor que una las costas de los océanos Pacífico y Atlántico,  proyectos que cuestionan organizaciones ambientales y grupos indígenas por su falta de estudios ambientales y de la obligada consulta libre, previa e informada.

Además, su estilo personalista lo ha situado en confrontación con los medios críticos, a los que ataca un día sí y otro también, con descalificaciones que acentúan la vulnerabilidad de los periodistas, en un país muy peligroso para ejercer el oficio.

La economía mexicana se contrajo 0,2 por ciento en el primer trimestre de 2019, en comparación con el trimestre previo, en la caída más acentuada desde 2009, según el estatal Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El gobierno proyecta un crecimiento económico de 1,6 por ciento en 2019 y 1,9 en 2020, frente a la promesa durante la campaña de incrementar el producto interno bruto (PIB) en cuatro por ciento anual.

Además, el desempleo se ha mantenido estable, cotejado con el mismo lapso de 2018. A esas cifras, el presidente opone su propia realidad, al asegurar que “tiene otros datos”.

La idea de AMLO gira en torno a la construcción de un Estado benefactor que provea de todos los servicios a la población, sin incrementar la carga tributaria, la más baja de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que agrupa a las economías más grandes del planeta.

El financiamiento vendría del ahorro derivado del combate a la corrupción, asegura López Obrador, quien ha adoptado drásticas medidas de austeridad para sí mismo y sus colaboradores, como ejemplo de regeneración democrática.

Sobre la parte negativa, Solís situó la profundización del modelo de seguridad militarizada, con la creación en enero de la Guardia Nacional –integrada mayoritariamente por soldados– para afrontar la violencia criminal y los carteles del narcotráfico.

Además incluyó la construcción de megaproyectos sin análisis ambientales ni mecanismos de consulta apropiados, la persistencia de la impunidad y la continuación de la violencia contra defensores humanitarios y ambientales y los periodistas.

“Preocupan las decisiones precipitadas. Los programas sociales son muy riesgosos por ser clientelares. Hay un riesgo real de que el reparto de recursos de manera directa sin control se vuelva botín para extorsión y otras formas de violencia”, cuestionó el activista.

Solís consideró que “seguimos viendo una presidencia muy centralizada, que toma todas las decisiones, y lo cual no es lo más sano. Hay un rechazo cada vez más explícito hacia valoraciones técnicas frente a los argumentos presidenciales”.

La gestión ya impactó en la popularidad del presidente. Una encuesta divulgada el lunes 27 por la firma De las Heras Demotecnia,  mostró un retroceso en su aceptación, que pasó de 80 por ciento en marzo a 70 por ciento en mayo. Además, su reprobación creció de 14 por ciento a 21 por ciento.

Los encuestados valoraron que la economía y la seguridad empeoraron desde diciembre.

Para consolidar la gestión, Moreno-Brid aconseja a López Obrador realizar una reforma fiscal progresiva, impulsar la inversión y promover tanto una política industrial como una política universal de seguridad social.

“La nueva administración impuso límites severos a la posibilidad de fortalecer y modernizar la infraestructura, de aplicar políticas fiscales para reducir la desigualdad, sin olvidar el alivio de las grandes brechas en las condiciones socioeconómicas de los pobres. La política social y económica fracasará otra vez, falla que puede costarle caro a la sociedad e incluso a la democracia”, sostuvo.

Edición: Estrella Gutiérrez

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