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Atualizado: 54 minutos 58 segundos atrás

Crisis humanitaria de Camerún alcanza su nivel más alarmante

seg, 20/05/2019 - 15:22

Minette, de 38 años, tuvo que huir junto con su familia de una de las regiones anglohablantes de Camerún después, de que su hogar fue incendiado, y ahora sobreviven como desplazados internos. Crédito: Tiril Skarstein / NRC

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, May 20 2019 (IPS)

Las Naciones Unidas deben actuar para evitar una mayor devastación por la escalada de la crisis en Camerún, que desde 2016 ha provocado la muerte de casi 2.000 personas y el desplazamiento forzado de 430.000, plantearon con alarma organizaciones humanitarias.

Durante años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha permanecido prácticamente en silencio sobre la crisis en el país centroafricano, que ahora está empeorando en el noroeste y suroeste de su territorio.

Finalmente, el Consejo de Seguridad celebró una reunión informal el 12 de mayo para abordar la situación en Camerún, pero a juicio de los especialistas en la crisis humanitaria allí, se necesita hacer mucho más que eso, y rápidamente.

“Los miembros del Consejo de Seguridad deben pedir al gobierno de Camerún y a los líderes de los grupos armados separatistas que pongan fin a los abusos contra civiles en las regiones anglófonas y responsabilicen a los responsables de los abusos”, dijo Lewis Mudge, director de África Central de Human Rights Watch (HRW).

“Es una oportunidad para recordar a los agresores que el mundo está mirando”, agregó.

El secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Jan Egeland, hizo comentarios similares destinados al Consejo de Seguridad, al lamentar su falta de atención y respuesta humanitaria.

“Cuando los enfrentamientos brutales desplazan a cientos de miles de civiles, generalmente eso hace sonar las alarmas internacionales”, planteó.

Pero “Las necesidades insatisfechas de decenas de miles de personas que huyen de la violencia en el sudoeste y el noroeste de Camerún no han dado como resultado ningún esfuerzo sistemático de mediación, ningún gran programa de ayuda, mientras hay poco interés de los medios y poca presión sobre las partes para que dejen de atacar a los civiles”, dijo el directivo de la organización humanitaria noruega.

“El silencio colectivo que rodea las atrocidades es tan impactante como las historias no contadas son desgarradoras”, agregó Egeland.

Lo que en 2016 comenzó como protestas contra el creciente dominio de la lengua francesa en las regiones anglófonas de Camerún se ha convertido en un conflicto entre el gobierno y los separatistas de habla inglesa que exigen la creación de un nuevo estado independiente con el nombre de Ambazonia.

Desde entonces, las fuerzas armadas de Camerún han reprimido a los separatistas y las comunidades locales, según las denuncias, matando a decenas de civiles, quemando casas y utilizando la tortura y la detención en régimen de incomunicación con casi total impunidad.

Por ejemplo, el 30 de abril, un grupo de soldados mató a un adolescente de 16 años en la aldea noroeste de Kikaikelaki. Según testigos, las fuerzas de seguridad entraron en la aldea y comenzaron a disparar indiscriminadamente.

Un hombre también le dijo a HRW que las autoridades incendiaron y saquearon 11 casas en la aldea. “Cuando llegaron los militares, me escondí por seguridad. Los observé robar galones de combustible de una tienda y prender fuego a todo mi complejo, y luego se han ido”, dijo el testigo.

Unos días antes, soldados atacaron un centro de salud en la región noroeste de Wum, cuando supuestamente buscaban algunos separatistas heridos, y golpearon a varios miembros del personal médico, lo que forzó el cierre temporal de la clínica.

“Como no encontraron a ningún joven (separatista), comenzaron a golpearnos. Me pegaron tanto que no pude comer ni tragar por días”, dijo una enfermera.

Los separatistas armados también han sido cómplices de la crisis con informes de agresiones a soldados y secuestros de personas, incluidos estudiantes y maestros.

En los últimos tres años, al menos 70 escuelas han sido destruidas y más de 80 por ciento de las escuelas permanecen cerradas, dejando a más de 600.000 niños sin escolarizar en las regiones de habla inglesa del país.

Camerún se convierte en una de las crisis humanitarias de mayor crecimiento en África, con un gran aumento de los desplazamientos forzosos, como confirmó el coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, para quien la situación “es más alarmante que nunca”.

“Tanto la situación humanitaria como la de seguridad continúan deteriorándose y corren el riesgo de salirse de control”, dijo Lowcock al Consejo de Seguridad.

Según este diplomático británico, con rango de secretario general adjunto de la ONU, el número de personas que necesitan asistencia humanitaria aumentó 30 por ciento desde 2018, para situarse en 4,3 millones de personas en la actualidad.

Esto significa que uno de cada seis cameruneses necesita ayuda, más de la mitad de los cuales son niños, subrayó.

Solo en las regiones anglófonas del noroeste y suroeste, hay más de 1,3 millones de personas que necesitan ayuda, ocho veces más que el año anterior.

La crisis humanitaria es avivada por el hecho de que las regiones del este y norte de Camerún están recibiendo junto con desplazados internos a refugiados que huyen de la violencia de los países vecinos de Nigeria y la República Centroafricana.

Entre los mayores desafíos está la falta de financiamiento, anotó Lowcock.

En 2018, el plan de respuesta humanitaria de Camerún solo fue financiado  un 44 por ciento. Este año, solo 13 por ciento de ese plan con necesidades crecientes tiene financiamiento.

Lowcock destacó que es indispensable que aumente la toma de conciencia internacional sobre la crisis humanitaria en el país centroafricano, mejorar el financiamiento y abordar las causas subyacentes de la crisis armada camerunesa.

Egeland confirmó el desaliento de las víctimas del conflicto de Camerún por la falta de atención de la comunidad internacional.

“Un grupo de mujeres desplazadas y desilusionadas que conocí me dijo que se sentían abandonadas por la comunidad internacional y por las partes en conflicto”, afirmó.

“Me preguntaron ¿dónde está la solidaridad internacional? ¿Dónde está la comunidad internacional? ¿Organizaciones africanas, las naciones donantes? ¿Dónde está Europa? Este conflicto tiene sus raíces en generaciones de interferencias de las potencias europeas”, añadió el activista humanitario noruego.

A su juicio, “la ausencia de una respuesta humanitaria proporcional a los cientos de miles de personas con grandes necesidades insatisfechas es sorprendente. Somos muy pocos actores humanitarios en el terreno, y tenemos una grave carencia de fondos”.

Para Egeland es indispensable y urgente que las agencias de la ONU que están en el terreno reciban los recursos humanos y financieros necesarios.

La organización humanitaria HRW, con su base central en Washington,  instó al Consejo de Seguridad a hacer de Camerún un tema formal en su agenda y presionar una investigación para procesar a los responsables.

Mudge también señaló la necesidad de que el país permita el acceso y la cooperación con organizaciones internacionales de derechos humanos.

En abril, el gobierno de Camerún negó la entrada de un investigador de HRW al país luego de documentar un ataque mortal de las fuerzas de seguridad en la región noroeste.

“La decisión de Camerún de bloquear a un investigador y observador de derechos humanos demuestra su determinación de ocultar su brutalidad … el Consejo de Seguridad de la ONU debería alentar al país a permitir el acceso a las organizaciones internacionales de derechos humanos y cooperar con ellos”, dijo Mudge.

La alta comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien visitó a comienzos de mayo a Camerún, también planteó el tema de la falta de acceso para los actores humanitarios y destacó la necesidad de actuar antes de que la situación pase a estar “completamente fuera de control”.

“Creo que hay una clara, aunque posiblemente estrecha, ventana de oportunidad para detener las crisis que ha provocada cientos de miles de desplazadas internas, así como los asesinatos y las brutales violaciones y abusos de los derechos humanos”, que han afectado zonas del norte y el oeste del país, dijo Bachelet en Yaunde, la capital del país.

A juicio de la expresidenta chilena, “no será fácil dar vuelta a estas situaciones” y para lograrlo “serán necesarias acciones significativas por parte del gobierno, y un apoyo sustancial y sostenido de la comunidad internacional, incluyéndonos a nosotros en las Naciones Unidas”.

“Las apuestas son altas, no solo para Camerún, sino para toda la región”, agregó al finalizar una visita de cuatro días.

T: MF

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¿Quiénes son y dónde están las personas con inseguridad alimentaria en Panamá?

seg, 20/05/2019 - 12:16

Equipo de encuestadoras de campo organizan las viviendas del entorno a visitar. Crédito: FAO Mesoamérica

Por Corresponsal Fao
PANAMÁ, May 20 2019 (IPS)

Son las 8 de la mañana y un grupo de encuestadores del Instituto de Estadística y Censo de Panamá se alistan para iniciar una nueva jornada laboral. Carpetas en mano, cargadas de encuestas, se dirigen de nuevo a la comunidad de Ipetí Emberá, donde han estado trabajando intensamente, puerta a puerta, para reunir la mayor cantidad de datos sobre las viviendas y hogares: integrantes del hogar, características de la vivienda, ingresos… y grado de inseguridad alimentaria.

Adriana Griffith es una de las encuestadoras que conforman el equipo, y se dirige a la primera vivienda asignada, donde le recibe una mujer de mediana edad acompañada de tres de sus hijos.

“Buenos días, venimos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y nos gustaría hacerle una encuesta. Estos datos son totalmente confidenciales, y servirán para conocer más sobre su hogar, vivienda y comunidad”, explica pausadamente Adriana.

Tras confirmar la utilidad de su participación, la señora accede a ser entrevistada y Adriana inicia su trabajo. Primero datos sobre su vivienda seguidos de otros más específicos que su interlocutora va respondiendo.

“Ahora llegamos a unas preguntas más sensibles y me gustaría que me comunique si no entiende bien la pregunta o necesita que le explique con detalle”, señala Adriana, a lo que su interlocutora asiente, comprendiendo de qué se trata al escuchar la pregunta.

– En los últimos 12 meses, usted o algún otro adulto de su hogar ¿se ha preocupado por no tener suficiente alimento para comer por falta de dinero u otros recursos?, inquiere.

Esta pregunta no era común en Panamá, pero durante el mes de diciembre de 2018 se repitió en todas las viviendas que participaron en la aplicación piloto de la encuesta de propósitos múltiples con el módulo de inseguridad alimentaria incorporado, que posteriormente se escaló a nivel nacional.

“La inseguridad alimentaria es un fenómeno muy difícil de medir, pero sabemos que las personas que la sufren, pasan por ciertas experiencias que permiten identificarla”, explicó Verónica Boero, oficial regional de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Una de las encuestadoras entrevista a una mujer indígena, mientras dos hijas observan, en la entrada de una vivienda de la comarca emberá. Crédito: FAO Panamá

Una buena parte de los panameños que sufren inseguridad alimentaria viven en comunidades rurales e indígenas, pero hasta entonces no existía una medición desagregada.

“Las comunidades indígenas manifestaron que la forma en que se tomaban los datos y se hacían las preguntas no reflejaba su realidad y sus verdaderas necesidades”, explica Vilma Cuevas, estadística de la sección de Población y Vivienda del INEC.

Por estos motivos, el INEC, con la asistencia técnica de FAO y la coordinación de la Secretaría Técnica del Gabinete Social para la articulación con las otras instituciones, puso en marcha un proyecto piloto de recolección de datos estadísticos para aplicar la escala de inseguridad alimentaria basada en experiencias (FIES, en inglés) en cuatro comunidades indígenas del país.

“La escala FIES consiste en un módulo de ocho preguntas, que pueden integrarse fácilmente en diversos tipos de encuestas nacionales para medir esa inseguridad alimentaria a través de las experiencias de quienes la sufren”, agregó Boero.

Las preguntas del módulo FIES se centran en experiencias y comportamientos relativos a la alimentación descritos por los encuestados y las dificultades para acceder a los alimentos. Su medición complementa a otros indicadores de seguridad alimentaria y nutricional, contribuyendo a un conocimiento más amplio de las causas y consecuencias de la inseguridad alimentaria.

Para incluir el módulo FIES en la encuesta de propósitos múltiples que se levanta anualmente en el país, se realizó una revisión técnica del cuestionario y posteriormente se probó su implementación en campo en comunidades indígenas, previa consulta a través de la aplicación de una consulta para contar con el consentimiento previo, libre e informado.

También se brindó capacitación a técnicos y encuestadores del INEC sobre la escala FIES y su aplicación, así como a encuestadores de las propias comunidades indígenas, para respetar la pertinencia cultural y formular las preguntas en su idioma, facilitando así la comprensión de los encuestados y la fiabilidad de los datos levantados.

Este proceso también contó con colaboración del Programa Mesoamérica Sin Hambre, implementado por la FAO con el apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

En total, el proyecto piloto permitió recolectar información sobre 450 viviendas y 2.285 personas de las comunidades indígenas de Llano Ñopo (Gnöbe Buglé), Ipetí Guna, Ipetí Emberá y Piriatí (Emberá) para su posterior análisis y evaluación.

Yorizel González, indígena de la comarca guna de Madugandí, fue capacitada como encuestadora en este proceso. “Esta fue mi primera experiencia como encuestadora y me resultó muy buena porque me permitió conocer más sobre la realidad de mi pueblo”, afirmó.

Posteriormente, Yorizel formó parte del equipo de encuestadores de la Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples de Panamá (EPM), que se inició el pasado mes de marzo con el módulo FIES ya incorporado a nivel nacional, y en la cual fue muy valiosa la información obtenida del proyecto piloto y las lecciones aprendidas de su implementación en campo.

Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta permitirán identificar con mayor precisión quiénes son y dónde están las personas que padecen inseguridad alimentaria en Panamá, así como posibles factores de riesgo, datos que permitirán el desarrollo de políticas públicas e intervenciones más focalizadas y eficaces.

“La inclusión de este módulo va a permitir medir los progresos del país en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 mediante el indicador 2.1.2 Prevalencia de inseguridad alimentaria según la escala de experiencia y generar información para el desarrollo de políticas para avanzar hacia su logro”, concluyó Verónica Boero.

“Contar con datos que permitan esclarecer la situación de los pueblos indígenas con la participación de las comunidades es fundamental. Estamos iniciando un proceso y esperamos que en el camino se fortalezca la relación de las autoridades nacionales, los pueblos indígenas y las organizaciones internacionales para lograr ese desarrollo integral que necesitan los pueblos indígenas de Panamá”, afirmó Sara Omi, presidenta del Congreso Emberá de Alto Bayano.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

RV: EG

El artículo ¿Quiénes son y dónde están las personas con inseguridad alimentaria en Panamá? fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Alianzas para promover la igualdad de las personas LGBTI

seg, 20/05/2019 - 11:32

Activistas dominicanos del colectivo LGBTI. Crédito: PNUD República Dominicana

Por Inka Mattila
SANTO DOMINGO, May 20 2019 (IPS)

A medida que los Estados y las organizaciones de la sociedad civil están actuando cada vez más para abordar el estigma, la discriminación y las violaciones de los derechos humanos dirigidas a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), los diálogos y las alianzas se han convertido en una herramienta importante para enfrentar conjuntamente estos desafíos.

De ahí, la motivación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para trabajar en la promoción de este tipo de iniciativas basadas en el principio de la Agenda 2030; escuchar las voces y alcanzar a aquellos que se quedan más atrás.

En la República Dominicana, el PNUD en asociación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) organizó recientemente un Diálogo Nacional LGBTI con la presencia de participantes de instituciones gubernamentales, representantes del Congreso (legislativo), organizaciones de la sociedad civil, agencias de las Naciones Unidas, líderes religiosos, academia, instituciones privadas, medios de comunicación, organizaciones internacionales, embajadas y activistas LGBTI.

Inka Mattila. Crédito: PNUD

Durante dos días, hablaron sobre cómo promover políticas públicas e iniciativas del sector privado que aseguren la inclusión social y económica de esta parte de la población, en el marco de la Agenda 2030 y su compromiso fundamental sin dejar a nadie atrás.

A diferencia de otros países de la región y el globo, la República Dominicana no penaliza las relaciones del mismo sexo entre adultos. La Constitución del país garantiza el principio de no discriminación independientemente de cualquier condición, y protege el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Durante el diálogo, el gobierno dominicano presentó sus esfuerzos para reducir la discriminación contra las personas LGBTI en respuesta al VIH a través del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA).

También presentó acciones específicas para promover la igualdad de las personas LGBTI en su Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Igualdad de Género, así como las iniciativas del Ministerio de Trabajo, la Fiscalía General, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.

No obstante, aún existen muchos desafíos, algunos de ellos son la prohibición de la discriminación o la violencia basada en la orientación sexual o la identidad de género por el código penal y el código laboral.

Se necesitan más esfuerzos para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, salud, educación superior, justicia y reducción de la pobreza. En todo el mundo, las minorías sexuales y de género están con frecuencia entre las más marginalizadas y, como tal, requieren atención e inclusión específica para impulsar la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Diálogo Nacional en República Dominicana fue el resultado de muchos años de movilización por organizaciones de la sociedad civil LGBTI, que aprovecharon este espacio para acercarse de las instituciones gubernamentales y otros actores de relevancia.

Entre las recomendaciones derivadas del diálogo está la creación de una ley contra la discriminación que establece efectivamente el artículo 39 (“Derecho a la igualdad de trato”) de la Constitución dominicana.

Eso incluye el delito de homicidio agravado y tortura, debido a delitos de odio, en el Código Penal nacional; una ley de identidad de género que garantiza a las personas trans el derecho a cambiar su nombre, imagen, sexo / género en sus documentos de identidad de acuerdo con su identidad de género; y trabajar para eliminar el estigma y la discriminación en el cumplimiento de los derechos de salud, educación, seguridad, empleo y acceso a la justicia.

Asimismo, los resultados de esta iniciativa se incluirán en el primer informe “Ser LGBTI en República Dominicana”, un documento con información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en el país, junto con los resultados de la primera encuesta nacional de LGBTI y un Informe Intersex regional, que documenta las realidades de este grupo en cuatro países del Caribe.

A día de hoy, existe una seria carencia de datos que capturen la realidad que vive la comunidad LGBTI; por lo que el informe y la encuesta mencionados ayudarán a reflejar esas realidades, a menudo invisibilizadas.

Queda mucho por hacer, pero las instituciones gubernamentales y los representantes del congreso han demostrado la voluntad política tan necesaria para defender los derechos humanos fundamentales de las personas LGBTI, esenciales para garantizar una República Dominicana más justa e inclusiva.

Al mismo tiempo, una encuesta realizada en 2015 por PNUD, UNFPA y UNICEF a estudiantes de secundaria reveló que el 80% de las alumnas y el 72% de los varones respetarían a las personas con una orientación sexual diferente a la suya, lo que sugiere que puede haber un alcance potencial para movilizar a los jóvenes a favor de este grupo.

Ahora la República Dominicana tiene la oportunidad única de establecer una prioridad en el avance de los derechos humanos y las políticas públicas de las personas LGBTI, que podrían servir como ejemplo y liderar la agenda en la región.

El Diálogo LGBTI ha mostrado que una respuesta integral del Gobierno es necesaria, desarrollando planes de acción; estableciendo foros de consulta que incluyan a la comunidad LGBTI y trabajen con socios de sociedad civil para derribar las barreras que impiden a las personas LGBTI beneficiarse de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.

Para lograr un desarrollo sostenible, la comunidad global debe garantizar que todos y todas, al margen de nuestra orientación sexual, identidad de género o estatus intersex, aprendamos y crezcamos en espacios seguros; cuando los individuos se sienten bienvenidos en sus hogares, lugares de trabajo y comunidades; cuando las personas se sienten seguras, respetadas, amadas y libres, todas las naciones ganan.

RV: EG

El artículo Alianzas para promover la igualdad de las personas LGBTI fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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¿Necesita la construcción de la paz una convención mundial?

sex, 17/05/2019 - 15:38

Uno de los paneles celebrados durante Sexto Foro Anual sobre Paz y Desarrollo, realizado en Estocolmo entre el 14 y el 16 de mayo. Crédito: Sipri

Por Thalif Deen
ESTOCOLMO, May 17 2019 (IPS)

¿Hace falta  una convención mundial de principios comunes para la construcción de la paz? Esa fue la pregunta que sobrevoló durante el Sexto Foro Anual sobre Paz y Desarrollo, que se desarrolló en la capital sueca, en medio de lo que se calificó como un clima internacional de amenaza para la seguridad planetaria.

Las crecientes intervenciones militares, la propagación de emergencias humanitarias, la migración forzada, el aumento guerras civiles, eventos extremos provocados por el cambio climático, y la pobreza generalizada y el hambre relacionada con los conflictos, son los componentes de esa amenaza, resumieron participantes en el encuentro de tres días.

El Foro, que concluyó el jueves 16, fue organizado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores sueco.

Durante muchas décadas, dijo el ministro sueco de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Peter Eriksson, las reglas de la guerra estuvieron regidas por la Convención de Ginebra, pero no ha sucedido lo mismo con las de la paz y el desarrollo.

“¿Necesitamos desarrollar y adoptar principios comunes para construir la paz?”, se preguntó durante la inauguración del Foro, ante más de 400 políticos, investigadores y profesionales de alto nivel participantes en el encuentro.

El ministro recordó que las Naciones Unidas están implementando reformas para mejorar la respuesta a la crisis, mantener la paz y el desarrollo sostenible, mientras que el Banco Mundial ha iniciado el desarrollo de una nueva estrategia para responder a la “Fragilidad, Conflicto y Violencia”.

Por su parte, la Unión Europea trabaja en su “Enfoque Integrado para Conflictos y Crisis” y la Unión Africana intensifica su “compromiso con respuestas a la crisis”.

También el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE/CAD) ha elaborado nuevas recomendaciones sobre el nexo entre Desarrollo Humanitario y Paz.

Tras recordar esos datos, Eriksson se preguntó: ¿existen mecanismos suficientes para unir a quienes dan respuesta a las crisis con aquellos que trabajan en construir la paz y el desarrollo? Y si esto no sucede, agregó, ¿qué se necesita?

Jan Eliasson, presidente de la Junta de Gobierno del Sipri y ex secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recordó que durante los últimos cinco años el Foro ha dado forma al debate mundial sobre el tema, desarrollando ideas innovadoras y construyendo puentes cruciales.

El ministro sueco para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, Peter Eriksson, durante sus reflexiones en la sesión de apertura del Sexto Foro Anual sobre Paz y Desarrollo, el 14 de mayo, en Estocolmo. Crédito: Sipri

Comentó que el Sipri tiene un programa en el Sahel que se centra en las perspectivas locales sobre la paz y la seguridad, mientras también desarrolla la incorporación de esas perspectivas locales en las intervenciones internacionales en Malí y en el resto de la región africana.

Además, el Sipri, en cooperación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, realiza un proyecto para comprender mejor los vínculos entre la seguridad alimentaria y el hambre, con el fin de ayudar a mejorar la sensibilidad al conflicto de uno de los programas más importantes de respuesta a las crisis.

“Nuestro trabajo sobre género y la inclusión social en los procesos de paz continúa avanzando a medida que avanzamos en la base de conocimientos y los vínculos entre los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)”, dijo Eliasson.

También el Sipri particiá en la recién creada Comisión Lancet-Sight, que evalúa cómo la salud y la igualdad de género contribuyen a sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

Los desafíos globales nunca pueden superarse de manera aislada, sino que solo pueden abordarse a través del diálogo y la cooperación, enfatizó Eliasson.

Susan Wilding, quien dirige la oficina en Ginebra de Civicus, la alianza global de organizaciones de la sociedad civil, aseguró a IPS que “la respuesta a la pregunta del ministro debería ser SÍ. Necesitamos desarrollar principios comunes para la construcción de la paz”.

La activista recordó que las recomendaciones la OCDE/CAD hablan de “prevención siempre, desarrollo siempre que sea posible, acción humanitaria cuando sea necesario, además del nexo humanitario de desarrollo y paz”.

Pero lo que no tienen en cuenta, especialmente en lo que respecta a la parte de prevención, es el nexo con los derechos humanos, criticó Wilding.

“¿Cómo podemos esperar prevenir los conflictos si no nos enfocamos primero en la prevención de los abusos de los derechos humanos? ¿Cómo podemos esperar alcanzar los ODS a nivel nacional mientras prevalecen los abusos de los derechos humanos y las restricciones del espacio cívico?”, se preguntó.

A juicio de la representante de Civicus, “si no empezamos a ver el vínculo entre los derechos humanos, el espacio cívico y la agenda humanitaria, de desarrollo y de paz, seguramente fracasaremos en nuestros esfuerzos por alcanzar cualquiera de los objetivos”.

Alex Shoebridge, asesor de consolidación de la paz de la organización humanitaria Novib Oxfam, dijo a IPS que si bien el Banco Mundial, la ONU y algunos donantes han tratado de reflexionar sobre su contribución a la construcción de la paz, es necesario un cambio más esencial en el apoyo internacional a esa construcción.

 

Señaló que la paz sostenible solo se puede lograr mediante esfuerzos liderados localmente que sean inclusivos, interconectados y que vayan más allá de los gobiernos.

Este es especialmente el caso en contextos donde los gobiernos mismos son parte del conflicto, como se produce en un número creciente de contextos, incluidos los países de ingresos medios, señaló Shoebridge.

“Las mujeres y los jóvenes deben desempeñar un papel clave en la configuración de los futuros pacíficos para sus países, y no estar al margen o participar de una manera simbólica”, añadió.

Para el especialista humanitario, se requiere también que el apoyo externo a la construcción de la paz vaya más allá del ciclo del proyecto y más allá de las soluciones técnicas centradas en la reforma de las instituciones dirigidas por el estado.

Las investigaciones muestran que se necesitan al menos dos décadas para que un país emerja de los legados del conflicto y los transforme. Los conflictos son relacionales, con profundas desigualdades, agravios históricos y normas de género negativas que sostienen y perpetúan conflictos entre grupos.

Además, destacó Shoebridge, 60 por ciento de los conflictos tienen lugar en países que han experimentado conflictos anteriormente, lo que significa que el desarrollo y la asistencia humanitaria deben hacer más para garantizar que los resultados de la construcción de la paz se respalden a corto, mediano y largo plazo.

“No podemos quitar el ojo de la pelota, cuando las causas estructurales del conflicto, como la desigualdad y la marginación, siguen sin resolverse”, concluyó.

T: MF

El artículo ¿Necesita la construcción de la paz una convención mundial? fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Escuelas chilenas reciclan aguas grises para mitigar la sequía

sex, 17/05/2019 - 12:23

El director de la escuela rural de Samo Alto, Omar Santander, muestra tomates orgánicos en el invernadero que construyeron maestros y familiares de los estudiantes, quienes cuidan los cultivos regados con agua de lluvia o reciclada, en Coquimbo, una región del norte de Chile que sufre gran escasez de lluvia. Crédito: Orlando Milesi/IPS

Por Orlando Milesi
OVALLE, Chile, May 17 2019 (IPS)

Niños de los colindantes municipios de Ovalle y Río Hurtado, en el norte de Chile, reciclan aguas de lluvia y grises en sus escuelas para regar árboles frutales y hortalizas, en una iniciativa con la que quieren contrarrestar las carencias del recurso en esta región semiárida.

Otros jóvenes que culminan sus estudios técnicos en el mismo municipio, construyeron simultáneamente un filtro que a corto plazo optimizará esa recuperación de aguas.

“El cuidado del agua tiene que comenzar por los niños”, dijo a IPS Alejandra Rodríguez, con un hijo que estudia en la escuela de Samo Alto, una localidad rural en la ladera de la Cordillera de los Andes, en el pequeño municipio de Río Hurtado,  con unos 4.000 habitantes, parte de la región de Coquimbo.

“Mi hijo me trajo un tomate cosechado para que sacara semillas. Para ellos cosechar es el premio. Él hizo su huerto al lado de la casa y fue muy  emocionante”, agregó Maritza Vega, apoderada de la misma escuela que instruye a 77 alumnos cuyas edades oscilan de cuatro a 15 años.

El director, Omar Santander, recordó a IPS durante su recorrido por escuelas rurales de la zona para observar la experiencia, que “el río Hurtado (del que el municipio toma el nombre) fue tradicionalmente generoso, pero hoy solo permite regar cultivos en forma alternada, algunos días. La gente se pelea por regar”.

En la escuela de Samo Alto acopian agua de lluvia y también aguas recicladas tras diferentes usos. “Con llaves se cierra el paso y luego se envía el agua a un doble filtro”, explicó antes de detallar que cuentan con un estanque para 5.000 litros.

El recibo mensual de agua bajó mucho, pero Santander cree que lo más importante “es la conciencia que ha generado en los niños”.

“Antes había agua y los hábitos de los adultos vienen de entonces. Los estudiantes son una inducción para crear conciencia entre sus familiares. Queremos que la dimensión ambiental sea una herramienta para la vida”, resumió.

Para Admalén Flores, alumna de 13 años, “los tomates que uno cosecha son más sabrosos y mejores”, mientras que Alexandra Honores,  de la misma edad, destacó que “ahora mi abuelo reutiliza el agua”.

La escuela básica El Guindo, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Ovalle, cabecera del municipio, dentro de un poblado con fama de ser un foco de venta de drogas, estuvo mal calificada hasta hace tres años.

Entonces, su director, Patricio Bórquez, y la profesora de ciencias, Gisela Jaime, comenzaron un proceso de recuperación de aguas grises. También plantaron árboles y especies nativas para adaptarse al ambiente seco del municipio de 111.000 habitantes y situado a unos 400 kilómetros al norte de Santiago.

Cuatro estudiantes de 13 y 14 años conversan con IPS sobre como el proyecto de reutilización del agua les ha hecho tomar conciencia de la importancia de cuidar el recurso en el territorio semiárido donde viven, en un aula de la escuela rural de El Guindo, en el municipio de Ovalle, en Chile. Crédito: Orlando Milesi/IPS

“El proyecto nació porque no había vegetación”, contó la maestra. Hoy recuperan 8.000 litros de agua cada mes. “Enseñar el cuidado del medio ambiente es una habilidad para la vida”, subrayó el  Bórquez.

“Teníamos un estigma como escuela en cuyo entorno hay mucha drogadicción. Hoy estamos considerados en Ovalle como el recinto donde se hacen más programas. Fuimos terceros en la medición en ciencias”, destacó.

Para Jaime, la experiencia es “gratificante” porque obtuvo “herramientas para crecer y crear conciencia en los niños y en toda la comunidad sobre la importancia  del cuidado del agua y los recursos”.

El geógrafo Nicolás Schneider, creador de la Fundación un Alto en el Desierto, dijo a IPS que su oenegé estima que la recuperación de aguas grises ya alcanzó a un millón de litros tras ocho años de trabajo con esas escuelas rurales de Ovalle.

En este municipio seco y de pluviosidad variable, “en 2018 apenas cayeron 37,6 milímetros de agua lluvia. La cifra está muy por debajo del promedio normal del período 1981-2010 que es de 105,9 milímetros”, indicó a IPS desde Santiago la especialista Catalina Cortés,  de la Dirección de Meteorología de Chile.

Schneider califica de “crítica” la situación hídrica en la región de Coquimbo, que es la frontera sur del desierto de Atacama y que tiene 90 por ciento de su territorio erosionado y degradado.

“Debido al cambio climático, cada vez llueve menos y cuando lo hace es de manera muy concentrada. Tanto la falta de lluvia como la concentración de la misma causa serios daños a la población”, sostuvo.

Innovador filtro de reciclaje

Guiados por sus profesores, los estudiantes del Liceo Politécnico de Ovalle construyeron un sistema de filtración ideado por el profesor Eduardo Leiva, de la facultad de Química y Farmacia de la Universidad Católica. El filtro busca elevar el estándar técnico con que se limpian las aguas grises.

Duan Urqueta, de 17 años, alumno de cuarto año de Electrónica en el Liceo Politécnico de Ovalle, explica las características del premiado filtro para aguas grises en cuya construcción participó. Inicialmente se van a instalar unidades en ocho escuelas rurales del municipio, en el norte de Chile. Crédito: Orlando Milesi/IPS

El prototipo ya instalado recupera el agua de los baños que usan 1.200 alumnos del Liceo Politécnico. Con esa agua se riegan tres áreas con 48 especies arbóreas. Filtros similares se instalarán desde junio en ocho escuelas rurales de Ovalle.

Así, la calidad del agua recuperada aumentará debido al filtro construido gracias a un proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad del gobierno regional de Coquimbo, con protagonismo de la Universidad Católica, la Fundación un Alto en el Desierto y el Liceo Politécnico de Ovalle.

Ese prototipo fue construido por 18  alumnos y ocho profesores de Mecánica, Montaje Industrial, Electrónica, Electricidad y Dibujo Técnico tiene dos estanques para 1.000 litros cada uno.

El primario recibe agua de los lavamanos que se conduce por cañerías y por peso gravitacional. Mediante una electrobomba, el agua se eleva hasta un filtro de tres columnas ubicadas en forma secuencial-vertical. Cada columna mide 0,35 metros de alto y 0,40 metros de diámetro.

“El material filtrante en cada columna debe ser de granulometrías diferentes y puede ser gravilla y/o arena de cuarzo (zeolita), carbón activado, arena o grava”, describió Hernán Toro, profesor jefe de Montaje Industrial.

Toro detalló a IPS que “el prototipo tiene una columna con zeolita y dos columnas de carbón activado. Las columnas están montadas sobre una estructura metálica de 2,60 metros de altura”.

Vista del filtro para limpiar aguas, ideado en el Liceo Politécnico de Ovalle, construido por un grupo de profesores y alumnos del centro, con financiamiento del gobierno de la región de Coquimbo, en el norte de Chile. Su costo unitario es de 2.170 dólares y va a potenciar el reciclaje del agua en las escuelas de este municipio semiárido. Crédito: Orlando Milesi/IPS

El agua impulsada desde el estanque alcanza la columna más alta del filtro, pasa a través del material filtrante y por gravedad cae y pasa secuencialmente por las otras columnas. Finalmente, el agua es conducida al estanque secundario y mediante otra electro-bomba llega a los circuitos de regadío.

Duan Urqueta , alumno de electrónica de 17 años, explicó a IPS que sacaron muestras de tierra y agua en siete localidades de Ovalle y “usamos la peor agua para probar el filtro que está hecho acá en el Liceo con materiales reciclables”.

En 2018,  “con el filtro ganamos el primer puesto en la Feria de Ciencias de La Serena, la capital de la región de Coquimbo, recordó orgulloso.

Pablo Cortés (17), estudiante de montaje industrial, destacó que el proyecto le aportó “una evolución notable con aprendizaje y encuentro personal. Me cambió como persona”.

Para el profesor Toro la experiencia “ha sido enriquecedora y de impacto social. Estamos sembrando en los jóvenes una semilla de conciencia ecológica”.

“Es un programa de aprendizaje, servicio y ayuda a la comunidad. Todos aprenden. Hemos visto gente llorando de emoción en sus localidades”, describió.

Ahora van a incluir en el proyecto un equipo fotovoltaico, que bajará los costos de energía, mientras ya cuentan con un sistema de automatización para descargar agua, que legalmente solo puede ser almacenada por un tiempo.

En ocho escuelas, incluidas las de Samo Alto y El Guindo, esperan esos nuevos filtros, cuyo costo unitario es de 2.170 dólares.

Schneider cree, empero, que a nivel macro “el reciclaje de agua es insuficiente”, para combatir la carencia de agua en esta zona semiárida. Y va más allá. Afirma que “hay ausencia de instrumentos de ordenamiento territorial o manejo de cuencas reales en el territorio”.

“Con el marco actual regulatorio del agua, el agronegocio de exportación, principalmente de frutales, se ha tomado los valles, ha concentrado el agua y tiene tomado el territorio. Y el Estado hace vista gorda”, denunció.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Gobierno, el enemigo público de la educación en Brasil

qui, 16/05/2019 - 16:03

Estudiantes gritan consignas contra los recortes a las universidades públicas en Brasil, en la protesta en Río de Janeiro. La gran manifestación contra “la política antieducación” del presidente Jair Bolsonaro congregó el 15 de mayo 1,5 millones de personas en 200 ciudades, según los organizadores. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, May 16 2019 (IPS)

El presidente Jair Bolsonaro ha hecho méritos para convertirse en el mayor enemigo de la educación en Brasil, en lo que pudiera parecer un intento de suicidio político, aunque sea algo incompatible con el instinto del poder.

Más de un millón de personas salieron a las calles en al menos 200 ciudades del país, el miércoles 15 de mayo, para protestar contra los recortes presupuestarios impuestos a la enseñanza pública, especialmente a las universidades, única medida relevante de su gobierno en el sector desde la toma de posesión el 1 de enero.

Bolsonaro, un político y militar retirado de extrema derecha, reaccionó llamando a los manifestantes “idiotas útiles” y “masa de maniobra de una minoría de listillos”, en declaraciones a periodistas que cubrían su visita a la ciudad estadounidense de Dallas. Militantes ideológicos controlarían las universidades, adujo.“Participaron no solo profesores, alumnos y funcionarios de universidades, sino exalumnos, sindicalistas, políticos opositores. No se puede denominarlo un movimiento de minoría, sino una nación en defensa de su enseñanza pública”: Maristela Crispim.

Pero, de hecho,  el Día Nacional en Defensa de la Educación, una de las más masivas protestas de este siglo en Brasil, no contó con líderes visibles ni una participación ostensible de partidos en su convocatoria y organización.

Carteles improvisados en cartones o tejidos fueron el recurso de expresión gráfica más usado, reflejando la movilización mayoritariamente espontanea de 1,5 millones de personas en todo el país, según  los organizadores de la Unión Nacional de Estudiantes, sindicatos y movimientos sociales.

Portar libros fue otra manera común de destacar la importancia de la educación.

“Bolsonaro es enemigo de la educación”, rezaba el cartel de un sindicato de profesores que sintetizó una opinión generalizada entre los manifestantes, coreada en forma diferente durante las movilizaciones.

“Elegir la educación como enemiga del país” fue la decisión del actual gobierno que provocó como respuesta esas masivas protestas, señaló Fernando Haddad, el rival de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2018 y exministro de Educación (2005-2012), en un discurso durante la manifestación en São Paulo.

Esa es una orientación peligrosa para cualquier político, que tiende a aislarlo, ante el consenso de que la enseñanza es el factor indispensable e insustituible para el desarrollo y el futuro de la sociedad brasileña.

La presencia de muchos manifestantes ajenos a las escuelas, incluso ancianas que se presentaban como “abuelas de estudiantes”, escenifico el apoyo de la sociedad en general a las inversiones en la educación pública.

En este país de 209 millones de personas, hay 67 universidades federales estatales, con dos millones de estudiantes. A ellas se suman otras universidades públicas financiadas por los gobiernos de los estados, para alcanzar un total de ocho millones de estudiantes universitarios en centros del Estado.

Las mujeres son la vanguardia opositora al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desde antes de su llegada al poder, y tuvieron también un papel protagonista en las protestas del 15 de mayo por sus “ataques” a la educación pública, como sucedió en la marcha en la ciudad suroriental de Vitória. Crédito: PT

En 2018, Brasil tenía 48,5 millones de estudiantes en la enseñanza básica (primaria y secundaria), según el censo escolar. De ese total, 73,5 por ciento estudiaban en escuelas públicas, municipales o estadales, siendo un gran elemento de democratización y de ascensor social en el país.

Mapa teñido de movilizaciones

En Fortaleza, capital del nororiental estado de Ceará, la movilización empezó temprano con estudiantes bloqueando avenidas.

“Participaron no solo profesores, alumnos y funcionarios de universidades, sino exalumnos, sindicalistas, políticos opositores. No se puede denominarlo un movimiento de minoría, sino una nación en defensa de su enseñanza pública”, definió a IPS la periodista Maristela Crispim, fundadora de la agencia Eco Nordeste, especializada en la sostenibilidad.

São Paulo, la mayor metrópoli brasileña, de 12 millones de habitantes que suben a 22 millones si se suma su área metropolitana, reunió 500.000 manifestantes en su avenida Paulista, el centro financiero nacional y escenario usual de las mayores manifestaciones políticas y fiestas populares en Brasil.

En Río de Janeiro concurrieron cerca de 150.000 personas, según el Sindicato de Profesionales de la Educación.

Pero también pequeñas ciudades diseminadas por este país de dimensiones continentales tuvieron su jornada en defensa de sus escuelas y universidades públicas.

Muzambinho, una ciudad de solo 20.000 habitantes en el suroriental estado de Minas Gerais,  movilizó sus estudiantes por segunda vez en 10 días, para reclamar la estabilidad financiera de su Instituto Federal que tiene un campus con seis cursos universitarios.

“Esta vez vino menos gente”, se lamentó con IPS desde esa ciudad la estudiante de veterinaria Tereza Camargo Pezzuti. Presentaciones musicales y de danza atrajeron la población local que también puso conocer muestras de los trabajos científicos de los estudiantes.

#Antieducación ideológica

La etiqueta de “antieducación” puesta a Bolsonaro no deriva solo de los recortes presupuestarios, que el ministro de Educación y Cultura, Abraham Weintraub, trató de justificar como una necesidad financiera ante la merma de ingresos fiscales, en una audiencia en la Cámara de Diputados, en Brasilia, el mismo 15 de mayo.

Se debe a la crisis económica heredada de gobiernos anteriores, arguyó en la sesión a que fue obligado a concurrir por decisión de una amplia mayoría de los diputados.

Pero durante la campaña electoral Bolsonaro ya atacaba las escuelas, especialmente las universidades, como foco del “marxismo cultural” y de la “ideología de género”, alegadas perversiones que prometía extirpar en su presidencia.

Era el ambiente, aseguraba, que propiciaba malas costumbres y una formación para convertirse en homosexuales, en desmedro de la familia tradicional y la moral.

Al llegar al poder, nombró como ministro a Ricardo Vélez, un colombiano naturalizado brasileño, graduado en teología y filosofía, con una carrera sin brillo como profesor de universidades privadas y de una escuela para oficiales del Ejército.

En tres meses no logró siquiera componer su equipo ministerial y coleccionó desastres como el anuncio de que los libros didácticos distribuidos por el gobierno serían revisados, especialmente para modificar el dato de que hubo dictadura militar en Brasil de 1964 a 1985.

Bolsonaro y sus seguidores niegan el carácter dictatorial de los gobiernos militares que abolieron garantías legales, encarcelaron y torturaron miles de personas, suspendieron las elecciones por voto directo de la población.

La medida más autoritaria de Vélez fue instruir las escuelas, mediante una carta formal, para que filmasen los alumnos en formación militar y cantando el himno nacional, y enviasen el registro al ministerio.

Tuvo que echarse atrás de inmediato y algunas semanas después fue despedido y sustituido por el economista Weintraub, otro ministro sin conocimientos de gestión educativa, pero sí con larga experiencia en el mercado financiero.

En varias declaraciones dejó claro su aversión a las universidades, por sus malas experiencias como alumno y profesor. Informó que reducirá inversiones en los cursos de filosofía y sociología, porque no producen retornos concretos como veterinaria, ingeniería y medicina, un criterio refrendado por Bolsonaro.

El anuncio de los recortes presupuestarios sonó también idiosincrático. Empezó por decir que solo tres universidades sufrirían reducciones de 30 por ciento en el presupuesto de gastos corrientes, que no incluyen sueldos.

“Alboroto” y malos resultados serían las causas del castigo. Tras reacciones negativas, incluso con datos comprobando que las tres universidades están entre las mejores del país, el ministro anunció que el recorte se aplicaría a todos los centros superiores.

En sus críticas a las universidades públicas, Bolsonaro insiste en otra falsedad, al asegurar que casi no realizan investigaciones, cuando en realidad 90 por ciento del total que se realizan en los centros superiores las realizan las financiadas por el Estado.

Weintraub, ahora, pasó a enfatizar que el gobierno pretende dar prioridad a la enseñanza básica y preescolar, aunque también esas áreas sufrieron recortes, aunque menores.

Sus explicaciones a los diputados generaron críticas y la convicción de que no hay en ralidad una política educativa en marcha.

La pérdida de ingresos fiscales se debe en gran parte al propio gobierno actual. Las previsiones apuntaban un crecimiento económico de 2,5 por ciento este año, impulsado por la confianza de los inversionistas en la nueva gestión.

Peleas internas entre gobernantes, la vuelta atrás en muchas medidas visiblemente inadecuadas y prioridades basadas en creencias y paranoias del presidente y varios de sus ministros resultaron incertidumbres, incluso en la aprobación parlamentaria de la reforma previsional considerada clave para la recuperación económica.

Hoy nadie espera más que 1,5 por ciento y muchos economistas hablan de cerca de uno por ciento, índice similar al registrado en 2017 y 2018.

Además el gobierno desató otras batallas que movilizan opositores.

“Menos armas, más libros” y “Nuestra arma es la educación” decían carteles en las manifestaciones pro educación.

Se referían al decreto presidencial que amplió a unos 19 millones de brasileños la posibilidad de portar armas en las calles, una amenaza de más violencia y muertes en un Brasil que ya registra más de 60.000 asesinatos anuales.

Edición: Estrella Gutiérrez

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La brecha digital empobrece la democracia en América Latina

qui, 16/05/2019 - 12:25

La colombiana Amalia Toledo presenta la campaña antimachista latinoamericana para medios digitales Alerta Machitroll, el 15 de mayo, en una conferencia previa al Foro de Internet de Estocolmo, el SIF 2019, realizada en la sede de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Crédito: Ivet González/IPS

Por Ivet González
ESTOCOLMO, May 16 2019 (IPS)

América Latina dejó de priorizar la reducción de la brecha digital, en una región donde apenas 44 por ciento de los hogares tienen Internet, lo que provoca una desigualdad más preocupante aún, la democrática, según organizaciones sociales congregadas en un foro internacional en la capital sueca.

“Ya no es prioridad y, desafortunadamente, cuando se le menciona, se hace desde su ángulo económico y no desde todos los otros donde el acceso a Internet es esencial para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales”, dijo a IPS la abogada guatemalteca Renata Ávila, participante en la capital sueca en el SIF 2019.

Esas son las siglas en inglés del Foro de Internet en Estocolmo, una plataforma apoyada por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo que aboga por una red de redes libre, abierta y segura para el desarrollo, que en su edición de dos días de este año ha acogido a más de 500 participantes de todo el mundo.“Si ni siquiera se cuenta con acceso a Internet, tampoco se puede avanzar en una agenda de derechos en los grupos socioeconómicos en desventaja, como las mujeres, que son las más desconectadas”: Renata Ávila.

“El principal reto es el declive de la democracia”, dijo este jueves 16, en la inauguración del SIF 2019,  Margot Elisabeth Wallström, ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, quien hizo un balance global de los problemas en materia de derechos humanos, acceso, equidad, libertad de expresión y activismo, además de los avances en la era de Internet.

Entre la amplia participación latinoamericana en el foro, estuvo Ávila, quien compartió los resultados del trabajo de la Fundación Ciudadanía Inteligente, de la que es directora ejecutiva.

Con sedes en Santiago de Chile y Río de Janeiro, esta fundación promueve un uso ciudadano de Internet en 17 de los 33 países de la región catalogada como la más desigual del planeta.

“Detectamos en la región que, unido al abandono de la lucha contra la brecha digital, se está creando una nueva brecha, que es la democrática”, remarcó la especialista.

Como ejemplo, remarcó el hecho de que “las campañas electorales están pasando totalmente a ‘online (en línea)’… en pueblitos donde antes llegaba al menos un cartelito, ya no llega nada”.

“Cuando ya no existe la misma información disponible para el electorado ‘offline (fuera de línea)’ y online  hay nuevas desigualdades debido al acceso distinto a información crucial para el destino político de cada persona”, evaluó la directiva de Ciudadanía Inteligente, que investiga el efecto de la brecha de Internet en las elecciones.

Ávila alertó que  “si ni siquiera se cuenta con acceso a Internet, tampoco se puede avanzar en una agenda de derechos en los grupos socioeconómicos en desventaja, como las mujeres, que son las más desconectadas”, antes de detallar que las mujeres indígenas y negras resultan las más afectadas.

Especialistas latinoamericanos consultados por IPS en el foro coincidieron en que el problema ahora mismo en la región con respecto al acceso a Internet, depende de que los gobiernos y las empresas inviertan en infraestructura para llegar a más lugares y con mejor calidad, además de que se subsidie el servicio para franjas poblaciones en situación de desventaja.

“Nadie menciona algo que es evidente: los gobiernos y las empresas que están concesionadas tienen que invertir en infraestructura”, sostuvo Eliana Quirós, que coopera con organizaciones como Más y Mejor Internet para Bolivia, dedicada a elevar la infraestructura para este servicio básico en ese país andino.

Participantes en el Foro de Internet de Estocolmo, el SIF 2019, reciben consejos sobre seguridad informática durante el encuentro que ha congregado a 500 especialistas llegados de todo el mundo, y que ha acogido el 16 y 17 de mayo el City Conference Center de la capital sueca. Crédito: Ivet González/IPS

 

Las compañías de telefonía presentes en la región ya llegaron a los clientes que pueden pagar Internet, por lo que extender las capacidades no resulta rentable para ellas, comentó la especialista boliviana.

“Ahora depende de generar presión: los gobiernos tienen que invertir en infraestructura, pero falta un poco de conciencia ciudadana sobre la ventaja de estar en Internet”, evaluó.

Para Quirós, existen otros factores que atentan contra la respuesta a la brecha digital. “Tampoco se agenda como prioridad porque ya no es un problema muy grande en los países del Norte, que son los que financian iniciativas de sociedad civil en el Sur”, valoró.

De los 3.700 millones de usuarios de Internet que hay en el mundo actualmente, 10 por ciento corresponden a América Latina, con 386 millones de personas conectadas de sus 632,24 millones de habitantes, según un informe realizado por la española Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas.

Esta investigación concluyó que la pobre infraestructura y el limitado acceso a un servicio de alta velocidad frenan la creatividad y la innovación en el espacio digital.

“Esa es la otra cara de la brecha: la falta de habilidades para que, una vez que estás dentro de Internet, saber cómo navegar, o postear, y hacerlo con seguridad. También se necesita generar ambientes que promuevan que el uso de Internet sea creativo y sostenible”, destacó.

Solo 27 por ciento de la población latinoamericana y caribeña está cubierta por redes 4G, que son las que permiten la mayor velocidad de conexión, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que insta a modernizar la gobernanza de las telecomunicaciones y reducir la brecha para impulsar el desarrollo.

La entidad interamericana calcula que un aumento de 10 por ciento en la penetración de servicios de banda ancha en América Latina y el Caribe traería asociado un incremento promedio de 3,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) y una mejora de la productividad de 2,6 puntos porcentuales.

Este pudiera ser un argumento más para ejercer presión en los gobiernos de una región en desaceleración económica, con proyecciones de crecer solo 1,3 por ciento en 2019, entre otras causas, por su fuerte dependencia de la producción de materias primas y escasa participación en la innovación digital.

El BID, en su estudio La Gobernanza de las Telecomunicaciones. Hacia la Economía Digital, publicado en 2018,  constató que hay niveles de desarrollo muy dispares dentro de la región.

Mientras en el Caribe prácticamente no hay 4G, la cobertura en el Cono Sur cubre de 36 por ciento de la población, en América Central llega a 22 por ciento y en los países andinos a 20 por ciento, es uno de los ejemplos de disparidades evidenciadas.

“La brecha digital en la región es innegablemente grande, con desigualdades entre países y dentro de los países, entre las zonas urbanas y rurales, y entre grupos socioeconómicos también”, sostuvo la abogada colombiana Amalia Toledo, de la Fundación Karisma, que promueve los derechos humanos en el universo digital.

“Hay problemas de infraestructura, recursos y aproximaciones: no se está hablando sobre cómo hacer una conexión efectiva, donde internet sea una herramienta de participación ciudadana”, amplió.

La activista digital se lamentó de que “aunque hay políticas en casi todos los países que tratan de cerrar la brecha digital, muy pocas tienen enfoque de género”.

Toledo presentó en SIF 2019 la experiencia de la campaña para medios digitales que desde 2015 despliega llamada “Alerta Machitroll”, que usa el humor para sensibilizar sobre el machismo y la violencia que sufren las mujeres hasta en los espacios digitales, con base en un estudio que realizaron en 10 capitales latinoamericanas.

La campaña, que se enfoca en Colombia pero ha sido bien acogida en otros países de la región, incluido Brasil, ayuda a las mujeres a que identifiquen y sepan cuidarse de la violencia machista en Internet, además de crear respuestas para sensibilizar a los hombres.

Con intercambios de experiencias y conferencias, SIF 2019 se focalizó en esta edición en el tema central de “La reducción del espacio demócrata en línea: movilizarse para una Internet libre, abierta y segura”, que incluyó una pequeña feria de proyectos, como una clínica de seguridad informática.

Edición: Estrella Gutiérrez

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La devastadora epidemia de crimen e inseguridad en América Latina

qua, 15/05/2019 - 20:00

Dos mujeres conversan con dos agentes de seguridad en San Salvador. Crédito: PNUD El Salvador

Por Luis Felipe López-Calva
PANAMÁ, May 15 2019 (IPS)

El desarrollo es un proceso desigual, acompañado de resultados heterogéneos entre sectores, entre regiones y entre grupos de ingresos. Dicho proceso, como fue elegantemente establecido por Albert Hirschman hace más o menos 60 años, genera tensiones frecuentes y exige la retribución de recursos y poder.

En este sentido, el conflicto es inherente al desarrollo.

Los resultados en el largo plazo, en términos de prosperidad, equidad y paz siempre dependerán de la forma en que dichas tensiones se procesen.

De hecho, como se resuelven tales tensiones depende de la forma en que los actores interactúan; depende de una gobernanza efectiva. Si las tensiones se resuelven mediante la exclusión sistemática de algunos grupos, es más probable que la inequidad y la violencia caractericen a las sociedades.

Luis Felipe López-Calva, director regional del PNUD. Crédito: PNUD

En América Latina y el Caribe, ciertamente vemos la violencia se ha convertido en un mecanismo de adaptación a estas tensiones y en una manera de procesar conflicto.

El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano” mostró la manera en la cual la delincuencia y la inseguridad comprometen el desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC).

El crimen deteriora en bienestar de los ciudadanos y frena el crecimiento económico (Enamorado et al, 2013). A pesar de recientes progresos en la seguridad ciudadana y disminuciones marginales en la violencia, ALC continúa siendo la región más violenta en el mundo.

De hecho, un informe publicado recientemente por el Instituto Igarape indica que, si bien América Latina es el hogar de ocho por ciento de la población mundial, 33 por ciento de todos los homicidios se cometen en esta región.

Además, 17 de los 20 países con las tasas de homicidio más altas del mundo se encuentran en ALC.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica más de 10 homicidios por 100.000 personas como una epidemia, el promedio regional de homicidios en ALC fue de 24 por cada 100.000 en el 2016, y se redujo marginalmente a 21,6 en el 2018.

Como se muestra en la figura de abajo, las tasas de homicidios en la región y en particular para algunos países en América Central y el Caribe, son mucho más altas que aquellas en países con niveles similares en el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante. 

Por ejemplo, Honduras y Congo tienen tasas similares de PIB por persona, sin embargo, Honduras sufre 56,6 homicidios por cada 100.000 habitantes mientras que Congo sufre 9,3.

De igual manera, mientras que México sufre cerca de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, Montenegro, con un PIB por persona similar sufre 4,5. En Brasil la tasa de homicidios alcanza los 30 por 1.000 habitantes, mientras que en Líbano es de cuatro.

¿Qué explica estas altas tasas de delitos violentos en ALC?

Villalta, Castillo y Torres ofrecen un panorama de las teorías existentes para responder a esta pregunta en la región.

La óptica económica sostiene que los individuos sopesan los costos (de los posibles castigos) y los beneficios para decidir si se involucran en la delincuencia o no.

La perspectiva socio-estructural considera que las fluctuaciones en la delincuencia y la violencia son el resultado de cambios en las estructuras sociales, culturales e institucionales.

Esta teoría respalda la idea de que los aumentos en las tendencias delictivas son una consecuencia de cambios en las condiciones del mercado laboral, marginación y crisis económicas.

La perspectiva política sostiene que el reciente progreso en los países ALC, tales como las transiciones hacia la democracia, cambios en las agendas políticas o incluso la “Guerra Contra las Drogas”, han debilitado el control gubernamental y ha dejado a gobiernos locales ineficientes a cargo de la protección civil.

Finalmente, la teoría de la desorganización social sostiene que los comportamientos delictivos y antisociales son aprendidos mediante procesos de socialización del mismo modo que el lenguaje, roles y expectativas sociales.

Según este enfoque, las áreas que están dentro de ciudades caracterizadas por bajos niveles de ingresos, diversidad racial e inestabilidad residencial, son más propensas a experimentar desorganización social.

Dependiendo del contexto del país, una combinación de estas teorías ayuda a explicar el crimen en ALC.

 

Investigaciones empíricas respaldan las diferentes teorías: la sensación de impunidad en algunos países alienta a los infractores de la ley a participar en actividades delictivasla falta de confianza en la policía y los sistemas de justicia en ocasiones impide que las víctimas reporten los crímenes. Además, no es inusual que policías corruptos colaboren con el crimen organizado en algunos países por dinero o miedo.

El apoyo a la violencia extralegal es considerablemente más alto en sociedades donde los sistemas políticos existentes reciben poco apoyo; y la falta de oportunidades económicas tiene un rol puesto que se ha detectado que existe una correlación fuerte entre la delincuencia y el desempleo juvenil.

La evidencia también demuestra el impacto que tiene la desigualdad en el crimen (el caso de México es estudiado por Enamorado et al, 2016).

Como ya he mencionado, el pavimento del desarrollo en ALC requiere de una gobernanza efectiva como precondición para mejorar la productividad, inclusión y resiliencia.

La gobernanza efectiva consiste en crear oportunidades socioeconómicas, en el fortalecimiento de instituciones y fomento de la seguridad ciudadana.

Estas son tareas desafiantes según lo indican estas cifras. Iniciativas basadas en evidencia tales como Infosegura, la cual apunta a promover y mejorar la calidad de la información sobre seguridad ciudadana en la región, son instrumentos de política pública esenciales para abordar este desafío.

RV: RG

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Aumentan trabajo autónomo e informalidad en América Latina

qua, 15/05/2019 - 16:13

El trabajo informal y por cuenta propia crece en América Latina. Crédito: OIT

Por Corresponsal Fao
SANTIAGO, May 15 2019 (IPS)

La expansión del trabajo por cuenta propia, el surgimiento de nuevas formas de trabajo intermediadas por plataformas digitales y, en varios países, una mayor informalidad del empleo asalariado, indican nuevos retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe.

Así lo señalan la a Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una nueva edición de su publicación conjunta Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe.

Según el documento, dfundido el martes 14, debido a la baja tasa de crecimiento económico proyectada para 2019 (1,3% promedio de la región), a nivel regional las tasas de ocupación y desocupación no registrarán grandes cambios durante 2019.

Específicamente, las tasas de desocupación urbana y nacional se ubicarían de nuevo alrededor de un 9,3% y un 8,0%, respectivamente (mismas cifras anotadas en 2018). Asimismo, con la excepción de los países con fuerte presión inflacionaria, los salarios reales seguirán relativamente estables, predominando situaciones con aumentos modestos.

Sin embargo, el débil crecimiento económico incidiría nuevamente en una lenta generación de empleo asalariado por lo que se prevé que aumentarán los trabajos de mala calidad media, especialmente cierto tipo de trabajo por cuenta propia, que contribuirá con gran parte de los nuevos puestos que se generen.

Por lo tanto, los organismos de las Naciones Unidas temen que seguirá en aumento la informalidad laboral, tanto por la debilidad en la generación de empleo asalariado, como por la informalización de empleos existentes en algunos países.

En consecuencia, es de suponer que la situación laboral se deteriorará, sobre todo en países que en 2019 pasen por una crisis económica, como Argentina, Nicaragua y Venezuela.

En el análisis del desempeño laboral de la región en 2018 se destaca una reducción de las brechas entre hombres y mujeres en relación con las tasas de participación y ocupación, pero no así en la tasa de desocupación, y el aumento del trabajo femenino se da en circunstancias en que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo son de mala calidad.

En tanto, la expansión del trabajo por cuenta propia contribuyó aproximadamente en 49% al aumento del número de ocupados en el mercado laboral el año pasado, mientras que la generación de empleo asalariado aportó solo un 37%.

Otras categorías de ocupación contribuyeron el 14% de nuevos empleos restantes.

Esta composición de la generación neta de empleo durante 2018 indica que la mayor parte representa trabajo de baja calidad, con lo cual se constataría un nuevo deterioro de la calidad media del trabajo en la región, señalan.

En la Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, CEPAL y OIT afirman que en el horizonte de un mediano o largo plazo como el que establece la Agenda 2030, los avances hacia el cumplimiento del ODS 8 se ven afectados por una serie de tendencias que tendrán un impacto profundo en los mercados laborales.

Ese ODS busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Entre las tendencias que impactan su cumplimiento, destacan el acelerado envejecimiento, los grandes movimientos migratorios y la transformación de la estructura productiva para alcanzar un crecimiento ambientalmente sostenible.

Otra tendencia que está afectando los mercados laborales en la región –y lo va a hacer de manera aún más fuerte en el futuro– son las transformaciones tecnológicas, caracterizadas como cambio tecnológico 4.0, agrega la publicación.

Recientemente, bajo la orientación “encauzar y administrar la tecnología en favor del trabajo decente”, la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo convocada por la OIT ha destacado la relación entre las nuevas tecnologías y el trabajo como uno de los aspectos que requieren un esfuerzo renovado de diálogo y de regulación.

A nivel regional, en tanto, la CEPAL coordina las Conferencias Ministeriales sobre la Sociedad de Información de América Latina y el Caribe, en cuyo marco se promueve el desarrollo de políticas para un uso productivo e inclusivo de las nuevas tecnologías y cuya séptima versión tendrá lugar en 2020.

“En este vigésimo número del informe conjunto CEPAL/ OIT se analiza un aspecto específico muy relevante para la relación entre las nuevas tecnologías y el trabajo decente. Las plataformas digitales crean nuevas oportunidades laborales tanto a nivel local como en mercados digitales globales.

Sin embargo, en muchos casos las nuevas formas de trabajo se desarrollan fuera de las regulaciones existentes, de manera que estos trabajadores no gozan de los derechos laborales y sociales establecidos por la legislación correspondiente”, advierten Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y Juan Hunt, director regional interino de la OIT, en el prólogo del documento.

En este informe se hace hincapié en que las plataformas digitales generan diferentes modalidades de trabajo las cuales tienen aspectos novedosos, así como también otros que recuerdan a otras formas de empleo conocidas en la región, como el trabajo de jornaleros agrícolas intermediados por enganchadores o el trabajo a domicilio.

De esta forma, el debate actual sobre la regulación adecuada de las nuevas formas de trabajo debe tomar en cuenta las características específicas de las nuevas modalidades del trabajo, pero al mismo tiempo puede beneficiarse de los lineamientos que se desarrollaron en el pasado respecto a aquellas relaciones de trabajo.

Ambos organismos indican que la regulación de estas nuevas formas de trabajo debe ser resultado de un diálogo social que incluya a todos los actores relevantes.

Este artículo fue publicado originalmente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo especial con la CEPAL.

El artículo Aumentan trabajo autónomo e informalidad en América Latina fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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EAU lidera camino hacia energía termosolar en el Golfo

qua, 15/05/2019 - 14:17

Los Emiratos Árabes Unidos lideran dentro del Golfo la apuesta por la novedosa tecnología termosolar de concentración, diferente a la fotovoltaica, dentro de su meta de que en 2030 al menos 30 por ciento de su generación eléctrica provenga de fuentes limpias

Por Sania Aziz Rahman
DUBÁI, May 15 2019 (IPS)

Para mediados de este siglo, la mitad de la generación de electricidad en el mundo provendrá de fuentes renovables y alrededor de 86 por ciento de la demanda de energía podrá abastecerse con esas fuentes, anticipa un último estudio sobre el sector.

La Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) estableció en el informe “Hoja de ruta hasta 2050”, publicado en abril, que el peso de las fuentes limpias va a ser determinante en un próximo futuro.

¿Qué representaría esa realidad  para los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) que han cimentado su riqueza sobre la explotación de los combustibles fósiles, cuyo peso va a ser muy declinante en la matriz energética mundial? ¿Cómo se adaptarían ellos mismos a esta transición?

En primer lugar, parece haber un cambio determinante en las políticas económicas y tecnológicas de la región del Golfo, que conforman Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Omán y Qatar.

El caso más notable es el de los Emiratos que ha establecido su programa Visión 21, que incluye la sostenibilidad como uno de los principales objetivos del país, y que parece que se lo está tomando muy en serio.

Su gran meta es lograr que para 2030, al menos 30 por ciento de sus necesidades energéticas sean abastecidas por energías renovables.

La meta podría no parecer tan ambiciosa, si se compara con la de otros países, como la de Dinamarca, que con un producto interno bruto (PIB) ligeramente menor del de EAU, se ha trazado el objetivo de que su energía eólica represente 50 por ciento del total para el mismo 2030.

Sin embargo, la meta de los Emiratos es importante por establecer un liderazgo en la región que es una potencia en los combustibles que se pretenden vaporizar por su peso en las emisiones de gases de efecto invernadero, y porque los EAU se centran en la utilización de la tecnología de energía termosolar de concentración, conocida por la sigla inglesa CSP.

La CSP utiliza espejos gigantes para dirigir la luz solar hacia un receptor, que lo convierte en calor. Hay varios tipos de espejos, que pueden ser parabólicos o platos redondos, o torres de energía.

Países del Consejo de Cooperación del Golfo

Esa tecnología de concentración se considera más efectiva que la fotovoltaica, basada en paneles solares, porque estos pueden funcionar solo cuando hay luz solar, lo que significa que la electricidad solo se genera mientras la irradiación del sol cae sobre los paneles.

La CSP, por otro lado, almacena la luz solar como calor, que luego se transforma en electricidad, incluso cuando no haya luz solar,  algo que la diferencia netamente con la fotovoltaica, que aunque sea de tipo concentrada, que es convertida directamente en electricidad mediante un efecto fotoeléctrico.

De hecho, esta tecnología opera como cualquier otra central térmica. La única diferencia es que el material de calefacción para todas las demás centrales térmicas son combustibles fósiles, mientras en las centrales nucleares el agente térmico suele ser el uranio.

Susan Kraemer, editora de noticias de SOLARPace, una red internacional para la investigación de CSP, dijo a IPS que esta tecnología “tiene una ventaja integral sobre la energía fotovoltaica”.

Como fuente de energía térmica, puede almacenarse “en grandes tanques de sales fundidas y por lo tanto es una forma de energía solar capaz de entregarse durante todo el día, no solo mientras el sol brilla “, destacó la especialista.

Un parque solar de paneles fotovoltaicos “tendría que agregar una batería, para proporcionar energía despachada como la CSP”, detalló Kraemer. Esas baterías tienen una vida útil limitada, por lo que deberían cambiarse regularmente, mientras que la CSP tiene un almacenamiento térmico que puede ser reutilizado indefinidamente, recordó.

La desventaja de la CSP es que es más costosa que la fotovoltaica, por la complejidad de su construcción.

Ese obstáculo puede subsanarse si se utiliza una combinación de las dos, para beneficiarse de sus mutuas ventajas. “La CSP es la energía solar nocturna más barata y la energía fotovoltaica, por su parte, es la energía solar diurna más barata”, comentó Kraemer.

Los Emiratos son en la actualidad el único país del Consejo del Golfo que cuenta con una generación de electricidad mediante tecnología CSP. Comenzó a hacerlo en 2013 y en la actualidad cuenta con una capacidad instalada del tipo CSP de 100 megavatios (MW) y una generación eléctrica de 261 gigavatios hora (GWh).

Eso convierte a los EAU en pioneros en el Golfo en la energía termosolar de concentración, con una de sus mayores inversiones en el Parque Solar Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, que se ubica en el emirato de Dubai.

Sus promotores se jactan de que es el parque solar localizado en un lugar único más grande del mundo, y pretende alcanzar una capacidad de 1.000 MW para 2020 y 5.000 MW para 2030.

El parque pertenece a la Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái (Dewa, en inglés), que ha explicado que la instalación contará con tecnología combinada de CSP y fotovoltaica y contará con un centro de investigación y una planta de desalinización de agua, a base de energía solar.

Es difícil calcular exactamente cuántos hogares abastecerá este parque porque los megavatios solares dependen de la cantidad de luz solar que recibe y del ángulo en el que se establece el receptor.

Hasta ahora, solo 19 países en el mundo tienen capacidad instalada a base de energía solar de concentración.

Dentro del Consejo del Golfo, todos los países están en fase de estudiar opciones para utilizar esa tecnología y son tres, además de los EAU, los que ya desarrollan proyectos termosolares.

Arabia Saudita, la potencia regional, adquirió la tecnología CSP apenas en  2018 y su capacidad instalada es de 50 MW, aunque no tiene generación todavía.

Kuwait completó su primera planta de energía CSP en mayo de 2018, mientras que Omán tendrá su primera red eléctrica operada por CSP para 2023.

T: MF

El artículo EAU lidera camino hacia energía termosolar en el Golfo fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Por un café amigo de los bosques

ter, 14/05/2019 - 19:36

Manos de mujer sostienen unos granos de café, cultivados en cafetales en las laderas de las montañas andinas de Perú. Crédito: Adrián Portugal/PNUD Perú

Por María del Carmen Sacasa
LIMA, May 14 2019 (IPS)

En América Latina estamos muy orgullosos de nuestras comidas y bebidas. Por ejemplo, en nuestros suelos se producen algunas de las mejores variedades de café en el mundo. En Perú, Colombia y Brasil, por solo mencionar algunos ejemplos, beber buen café es una tradición que se pasa de generación en generación.

Pero para que nuestros cafés tengan su sabor tan particular, una serie de elementos tienen que estar conectados. La planta, que muchas veces se cultiva en las zonas amazónicas, requiere del agua que viene de los glaciares de las cordilleras andinas.

El suelo necesita décadas de vegetación que lo hagan fértil y resiliente. Cultivar el grano requiere el trabajo de decenas de miles de personas a lo largo de toda la región, en su mayoría proveniente de poblaciones indígenas, en situación de pobreza.

Esta historia se repite con decenas de productos de importancia económica global.

María del Carmen Sacasa. Crédito: PNUD Perú

De hecho, el continente americano posee 40 por ciento de la capacidad de ecosistemas mundiales para producir los insumos naturales que consumen las personas, no solo en la región, sino en el mundo.

Y, sin embargo, la misma biodiversidad que hace de América Latina una región clave, incrementa su vulnerabilidad.

Muchos de los países más sensibles al cambio climático se encuentran en la región, situación que pone en peligro no solo la diversidad de los alimentos en nuestros platos, sino también la seguridad alimentaria de millones de personas en todo el planeta,  las personas en condición de vulnerabilidad.

Y así como el café necesita la interconexión de diversos elementos para mantener su sabor, aroma e intensidad; nuestro planeta necesita la colaboración de diversos actores para enfrentar la mayor amenaza de nuestro tiempo: el cambio climático.

Por ello nuestro enfoque sobre los commodities verdes cobra tanta relevancia, porque propone romper barreras e iniciar diálogos constructivos entre los diversos actores que conforman la cadena de valor con el fin de encontrar formas más sostenibles y eficientes de producir.

Esta es una condición imprescindible para generar transformaciones que permitan no solo incrementar la producción, generar mayores ingresos y conservar los ecosistemas, sino sobre todo mejorar la vida de millones de pequeños productores que hoy son la pieza clave de nuestra alimentación global, y sin embargo también los más vulnerables.

En Perú, el café es el principal cultivo de exportación del país, y el sustento de más de 220 mil familias de pequeños productores.

Este es el caso de Esperanza, una lideresa indígena de la comunidad de Pangoa, a 200 kilómetros de Lima, en el medio de la Amazonía peruana. En esta comunidad el café es un motor de desarrollo, pero también de deforestación.

Gracias al liderazgo de mujeres y Esperanza, es posible impulsar desarrollo sostenible utilizando mecanismos innovadores que recogen herramientas del conocimiento tradicional.

Hoy su comunidad lidera una cooperativa cafetalera que exporta café con certificación orgánica -libre de deforestación- a Perú y el mundo. En el proceso, ha establecido una empresa próspera que emplea a más de 700 personas y genera nuevas oportunidades para toda la región.

Desde el lunes 13 y hasta el viernes 17, Perú es sede de la primera Conferencia Good Growth, un espacio global que es la representación de la potencia de este enfoque.

Más de 270 líderes de los sectores público y privado, de la academia, de la sociedad civil, de las comunidades rurales e indígenas nos reuniremos a lo largo de la semana para compartir experiencias, encontrar nuevas soluciones y fortalecer nuestra respuesta.

No es gratuito que Perú sea el espacio elegido para este encuentro único, siendo además el segundo exportador de granos de café orgánicos.

Desde la acción estatal hasta la acción comunitaria, el país está liderando esfuerzos de para avanzar en esta apuesta… donde los commodities son aliados de la lucha contra la deforestación, siendo así conductores para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), creemos que alcanzar esta ambiciosa promesa global requiere que los sectores reconozcan la profundidad de su impacto en el desarrollo. Desde las redes de juventud que activan en sus comunidades hasta las grandes empresas multinacionales que alcanzan a decenas de países.

Estas instituciones ya están generando transformaciones importantísimas en el territorio, pero si no encontramos formas de acelerar e integrar nuestro esfuerzo de manera colectiva, los ODS no se harán realidad.

Ante el cambio climático y los diversos retos que plantea la Agenda 2030, solo podemos avanzar de manera conjunta, dentro de los países y entre los países. Hacerla realidad es posible, pero solo si actuamos ahora, y esto requiere transformaciones sin precedentes en todos los sectores.

Creemos firmemente que los productores de café en Perú tienen muchísimo que aprender de los agricultores de soya en Brasil, de piña en Costa Rica, de palma aceitera en Liberia y Malasia. ¿Qué funcionó? ¿Pero fundamentalmente qué no funciono? ¿Cómo podemos seguir innovando en nuestros modelos? ¿Cuál es el siguiente paso que aún no descubrimos?

En el PNUD tenemos el compromiso firme de servir y contribuir a plataformas como esta, que abran esos diálogos y generen nuevas respuestas, pero también nuevas preguntas.

Como la relación de elementos que permiten que el café sea especial, el mundo del siglo XXI es complejo e interconectado, nuestra respuesta a sus principales desafíos también debe serlo.

Somos la última generación que podría tener la capacidad de hacer una diferencia, así que no hay tiempo que perder.

RV: EG

 

El artículo Por un café amigo de los bosques fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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La histórica ola migrante que acecha a México

ter, 14/05/2019 - 15:15

En la estación ferroviaria de Arriaga, en el estado mexicano de Chiapas, migrantes esperan la salida del tren que recorrerá 153 kilómetros hasta llegar a Ixtepec, Oaxaca, por un tramo en que las unidades solo pueden ir a 18 kilómetros por hora, por la precariedad de las vías. Los migrantes arriesgan su vida en estos trayectos con la esperanza de llegar a la frontera norte del país e intentar entrar a Estados Unidos. Crédito: Isabel Mateos/En el Camino

Por Alberto Nájar
ARRIAGA, México, May 14 2019 (IPS)

Desde noviembre de 2018 México enfrenta una inédita ola migratoria, que según estimaciones oficiales podría representar el mayor éxodo de personas en la historia reciente.

Entre enero y abril del 2019, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, más de 400.000 personas cruzaron la frontera sur de manera irregular.

Al menos la tercera parte de ellos son niños y adolescentes. Muchos viajan no acompañados o se mueven con lo que queda de su familia.

La mayoría proviene de América Central, especialmente de Honduras, pero en el río humano también se mezclan personas de Asia, África, Medio Oriente, América del Sur y el Caribe.

Prácticamente todos se dirigen a la frontera norte con la esperanza de cruzar a Estados Unidos, con el que este país comparte 3.169 kilómetros de frontera.

De hecho el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de ese país reporta que entre enero y abril detuvo a unas 100.000 personas cada mes, en promedio.

Es, pues, una migración que proviene de medio mundo, y que por momentos sorprendió a las autoridades mexicanas.

La cantidad de migrantes es mayor a todas las cifras registradas hasta ahora. En los momentos de mayor intensidad en el éxodo migrante, la década pasada, por la frontera entre el sureño estado de Chiapas y Guatemala cruzaron entre 140.000 y 400.000 personas al año.

En los primeros meses de este 2019 el ingreso rompió el récord y de mantenerse la tendencia al finalizar el año, México habría atestiguado el paso de por lo menos 1,2 millones de personas.

En esta danza de números, llama la atención el origen de los datos. Hasta el año pasado eran las organizaciones no gubernamentales las que estimaban el flujo de migración irregular.

Ahora, el gobierno de México es quien reconoce el tamaño de la voluntad de la gente de salir de su propio país por la situación de violencia y empobrecimento que predomina.

De hecho, la secretaria de Gobernación (ministra de Interior), Olga Sánchez Cordero, estima que, a diciembre de este año, unos 900.000 migrantes irregulares habrán llegado a la frontera norte del país.

¿Por qué esta inédita oleada de migrantes? Hay varias razones.

Honduras

En el caso de Honduras existe un acelerado proceso de deterioro en la vida cotidiana del país centroamericano, que se profundizó a partir de la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, en los comicios de noviembre de 2017, que desembocó en una crisis política.

El país centroamericano enfrenta una añeja crisis de seguridad por el acecho de bandas de narcotráfico y pandillas de maras (grupos del crimen organizado). Pero, además, el último proceso electoral se acompañó de ataques a organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.

El conflicto político agravó todavía más la situación interna del país. Y al mismo tiempo apareció en el escenario el fenómeno de las caravanas.

Es una nueva forma de caminar hacia el norte que tiene su origen en el viacrucis migrante de 2014, iniciado en el estado Oaxaca, en el suroeste de México, y que derivó en una marcha multitudinaria hacia la frontera norte.

Muchos de quienes acompañaron la caminata lograron su objetivo, quedarse en Estados Unidos a partir de un asilo humanitario. La noticia se esparció rápidamente en la región centroamericana.

Desde entonces se han realizado otros viacrucis similares. Después apareció el fenómeno de las caravanas a finales de 2018.

Los migrantes descubrieron que es más seguro viajar en grandes grupos, además, se multiplica la posibilidad de llegar a la frontera norte.

El fenómeno, sin embargo, también ha sido aprovechado por bandas de tráfico de personas. La Secretaría de Gobernación insiste en que hay un proceso de organización en las recientes oleadas de migrantes que emprenden el camino desde Honduras al norte.

De hecho el gobierno mexicano solicitó a las autoridades hondureñas que investiguen la forma en cómo se promueven las caravanas, pues creen que podría haber bandas internacionales de trata en el proceso.

La sospecha surge en los puntos de revisión fronterizos. Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) ha detectado a menores que viajan con adultos que se hacen pasar por sus familiares.

Esta situación es más evidente en el caso de los migrantes extracontinentales, quienes desde hace algunos años cambiaron su ruta de viaje a Europa –donde las restricciones fronterizas se profundizaron- y se enfilaron a Estados Unidos.

En lo que va del año el INM ha detectado ciudadanos de países como Afganistán, Eritrea, Bangladesh, Nepal, Pakistán, India, China o Nigeria, entre otros, así como del sudamericano Brasil.

En este nuevo camino cruzan por México, apoyados por bandas de tráfico de personas, dice Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

“Hay una recomposición de los flujos migratorios internacionales asociados a grupos delictivos en el tráfico de personas”, explica.

Cuba

En este nuevo río humano también se registra un aumento importante en la cantidad de cubanos que cruzan irregularmente la frontera sur mexicana.

“Es un notable incremento en el número de nacionales de Cuba”, dice la secretaria Sánchez Cordero. “Pasan por Nicaragua y posteriormente entran a nuestro país en tránsito a Estados Unidos”, detalla.

Esto representa una variación en la tradicional ruta migratoria que seguían los cubanos.

A partir de 2016, miles de personas abandonaron la isla con rumbo a Estados Unidos. Lo más usual era viajar a Venezuela o Ecuador y desde allí emprender el camino hacia el norte según documentaron organizaciones civiles.

Esto ocurrió después que el entonces presidente estadounidense Barack Obama canceló la posibilidad de que los cubanos obtuvieran residencia legal con solo pisar el territorio de su país.

A esa política se le conocía como “pies mojados, pies secos” pues la mayoría de quienes emprendían ese camino cruzaban el estrecho entre Cuba y Florida.

Actualmente, según el INM, existen más de 1.000 cubanos varados en la frontera sur del país y al menos otros 2.000l en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, a la espera de solicitar asilo en territorio estadounidense.

La situación puede agravarse, reconocen las autoridades, pues no hay señales de que el flujo migratorio se detenga.

Y en ello, coinciden especialistas, existe una alta probabilidad de que el gobierno del izquierdista presidente Andrés Manuel López Obrador aliente de alguna manera el éxodo.

En los sexenios anteriores la estrategia fue restringir el paso de personas en situación migratoria irregular. Inclusive, a partir de 2014 el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) desplegó a cientos de soldados, marinos y policías para contener a los migrantes centroamericanos.

Fue el llamado Plan Frontera Sur que no detuvo el flujo pero lo desvió a lugares más peligrosos. Ahora la situación es distinta:

Quienes pretendan entrar a México solo deben registrarse ante las autoridades migratorias, y con ello pueden incluso obtener una tarjeta de visitante temporal que les permite obtener empleo en el sureste del país.

Hace unas semanas, de hecho, se extendió el beneficio a los originarios de Honduras y El Salvador con lo cual se incluye a prácticamente todos los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que incluye también a Guatemala.

Antes el salvoconducto era exclusivo para los migrantes de Belice y Guatemala, los vecinos más inmediatos.

Al mismo tiempo el gobierno de López Obrador promueve una política de inversión y desarrollo en los países centroamericanos, una especie de Plan Marshall (similar al aplicado en Europa tras la Segunda Guerra Mundial) con el que se pretende cancelar los motivos de la migración irregular.

No está claro si la estrategia puede funcionar pues las caravanas y el éxodo de hondureños se mantiene.

Hace varios años, ante las peticiones de organizaciones civiles para cancelar el requisito de visa para los países del Triángulo Norte, algunos especialistas y autoridades advirtieron que dar ese paso podría provocar un éxodo masivo de personas.

Honduras podría vaciarse, dijeron algunos. Ahora la profecía parece cumplirse.

Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

 

El artículo La histórica ola migrante que acecha a México fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Auge de nacionalismos de derecha socava DDHH en el mundo

ter, 14/05/2019 - 14:06

Movimientos ultraderechistas, racistas y xenófobos entre otras características violatorias a los derechos humanos se han expandido en países donde se han establecido gobiernos populistas y neoconservadores, tanto en el Norte industrial como el Sur en desarrollo. Crédito: Dominio público

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, May 14 2019 (IPS)

La expansión del nacionalismo de derecha y la proliferación de gobiernos de corte autoritario han socavado los derechos humanos en varios países de Europa, Asia, África, Medio Oriente y América Latina.

Como resultado, algunos de los expertos internacionales en derechos humanos, designados como relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han sido excluidos, se les ha negado el permiso para visitar países en “misiones de investigación” o han sido amenazados con la expulsión, junto con la suspensión de los permisos para su labor.

El gobierno de Filipinas, un vociferante régimen autoritario, ha renovado las acusaciones contra Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

El jefe de Estado Mayor Adjunto para Operaciones Cívico-Militares de ese país, el general de brigada Antonio Parlade, dijo a la prensa que las Naciones Unidas habían sido infiltradas por el Partido Comunista de Filipinas a través de Tauli-Corpuz.

“Las nuevas acusaciones contra Tauli-Corpuz están claramente en represalia por su inestimable labor en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el mundo y en Filipinas”, dijo un grupo de expertos de la ONU sobre el ataque contra la relatora especial.

Anna-Karin Holmlund, defensora sénior de la ONU en Amnistía Internacional, dijo a IPS que “hemos presenciado varios ataques personales profundamente preocupantes por parte de los Estados miembros de la ONU contra expertos independientes, incluidos ataques personales, amenazas de enjuiciamiento, agitación pública y violencia física en el último año”.

En ocasiones, señaló, esos ataques han sido realizados por alguno de los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tienen la obligación expresa de mantener los estándares más altos en la promoción y protección de los derechos humanos.

“Tales ataques son parte de una tendencia inquietante de achicar cada vez más el espacio para el trabajo de derechos humanos en muchos lugares del mundo”, declaró Holmlund.

Por ejemplo, el gobierno de Burundi cerró en abril la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, lo que desencadenó una protesta de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Ginebra.

Mientras, bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos ha dejado de cooperar con algunos de los relatores sobre diferentes temas de derechos humanos de las Naciones Unidas, y específicamente una investigación sobre la difícil situación de los migrantes en la frontera con México, donde algunos han sido agredidos sexualmente, sin que haya habido denuncias.

El gobierno de Myanmar (Birmania) prohibió un experto de la ONU visitar el país para investigar el estado de los refugiados rohinyás.

En marzo, el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, debió posponer una visita oficial a Marruecos porque el gobierno “no ha podido garantizar un programa de trabajo en acuerdo con las necesidades del mandato y la términos de referencia para visitas a países por procedimientos especiales”.

La visita estaba programada “para examinar el impacto de las medidas destinadas a garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial y los fiscales, y el ejercicio independiente de la profesión jurídica”.

“Es muy lamentable que el gobierno no haya tenido plenamente en cuenta las sugerencias de lugares para visitar y el calendario de trabajo. Es una condición previa esencial para el ejercicio del mandato del relator especial, que yo pueda determinar libremente mis prioridades, incluyendo lugares para visitar”, dijo García-Sayán entonces.

Robert Colville, portavoz de la alta comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, realizó un pronunciamiento el 10 de mayo, para denunciar que “estamos muy preocupados por el alto número de defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido asesinados, hostigados y amenazados en Colombia, y por el hecho de que esta terrible tendencia parece estar empeorando”.

“Llamamos a las autoridades a hacer un significativo esfuerzo para enfrentar el patrón de hostigamiento y ataques dirigidos contra los representantes de la sociedad civil y a que tomen todas las medidas necesarias para enfrentar la impunidad endémica en torno a estos casos”, prosiguió.

Tan solo en el primer cuatrimestre del año, detalló, se produjeron 51 asesinatos de personas que posiblemente defendían derechos humanos o eran activistas, según las denuncias de la sociedad civil, organismos del Estado y la propia Defensoría del Pueblo.

Esta altísima cifra continúa una tendencia negativa que se intensificó durante 2018, cuando el personal de la Oficina en Colombia de ACNUDH, documentó el asesinato de 115 defensores y defensoras de los derechos humanos.

Desde agosto de 2017, en Colombia gobierna Iván Duque, que los analistas internacionales afilian al grupo del neopopulismo y neonacionalismo conservador, que está creciendo en América Latina.

Mientras,  el mes pasado, Israel revocó el permiso de trabajo de Omar Shakir, el director de la organización Human Rights Watch para Israel y Palestina, una decisión protestada por las Naciones Unidas.

“Esta decisión amenaza la promoción, la investigación y la libre expresión para todos y refleja una resistencia preocupante al debate abierto”, dijo un grupo de expertos de la ONU. “Es un revés para los derechos de los defensores de derechos humanos en Israel y en el territorio palestino ocupado”, añadió.

Palitha Kohona, expresidenta del Comité Especial de la ONU sobre Prácticas Israelíes, encargado de vigilar las violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por Israel, aseguró a IPS que las visitas oficiales a Cisjordania estaban prohibidas por Tel Aviv, “y no por falta de intentos” de llevarlas a cabo.

“En 2011, esperamos un día adicional en Amman con la esperanza de obtener la aprobación, que nunca llegó. Una visita ministerial de delegados del Movimiento de Países No Alineados a Cisjordania fue detenida en el puente Allenby por Israel”, recordó sobre alguna de las iniciativas frustradas del Comité para cumplir su misión.

Con Gaza la situación fue otra durante un tiempo, después que el cruce de Rafah pasó a ser controlado por Egipto y las autoridades del territorio palestino. La entrada a Gaza para el Comité se realizó por el paso de Sinaí, después de un largo viaje en autobús desde El Cairo a través del desierto, dijo Kohona, quien fue representante permanente de Sri Lanka ante la ONU.

“Visité Gaza dos veces en 2010 y 2011 con el Comité. Creo que estas fueron las únicas dos ocasiones en que el Comité pudo visitar Gaza”, afirmó.

Según un reportaje publicado en The New York Times el 10 de marzo, Leilani Farha, relatora especial sobre vivienda adecuada de las Naciones Unidas,  se mostró “sorprendida” al descubrir que algunos de los egipcios que entrevistó en los asentamientos pobres de El Cairo “habían sufrido represalias por hablar con ella”.

“Algunos fueron expulsados ​​de sus hogares por funcionarios, sus pertenencias esparcidas en las calles. Otros fueron acosados ​​por los servicios de seguridad o se les prohibió salir de Egipto”, detalló el artículo del corresponsal del The New York Times en El Cairo, Declan Walsh.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a Farha de fabricar historias e insinuó que era una simpatizante del terrorismo, empeñada en difamar a Egipto”, contó el periodista.

Según el periódico, esa visión defensiva y conspirativa ha llegado a la ciudadanía, debido a que es la estándar en los canales de televisión egipcios, cuya política editorial es muy seguidora de las posiciones del regimen del general Abdul Fatah al Sisi.

Las Naciones Unidas cuentan actualmente con 38 relatores especiales o expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, máxima instancia intergubernamental de ACNUDH, para investigar violaciones de los legítimos derechos políticos, económicos y legales de personas y minorías en todo el mundo, dentro de un sistema introducido en 1982.

Las misiones de investigación, efectuadas por relatores de la ONU, cubren una amplia gama de temas, como investigaciones sobre tortura, ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzosas, racismo, xenofobia, esclavitud moderna y abuso contra los derechos de los migrantes y pueblos indígenas.

La sudafricana Urmila Bhoola,  relatora especial sobre Formas Contemporáneas de la Esclavitud, detalló a IPS que durante 2018 visitó en misión especial a Níger, Bélgica, Nigeria, El Salvador, Mauritania, Paraguay e Italia, por ese orden.

Recordó que “las visitas a los países solo se realizan por invitación de los gobiernos”.

“He emitido solicitudes para visitas a muchos países, pero debido al nombre (de la relatoría) y al enfoque del mandato, los Estados miembros a menudo se muestran reacios a invitar a realizar una visita a quienes tienen un sobre formas contemporáneas de esclavitud”, detalló

Los Estados miembros, puntualizó, no pueden rechazar abiertamente una visita, pero pueden no responder a las solicitudes de visitas a los países.

Según la Oficina de ACNUDH, los Estados miembros generalmente cooperan con los expertos independientes en derechos humanos en los llamados Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Se trata del mayor órgano de expertos independientes en el sistema de ONU en derechos humanos y se dedican a monitorear situaciones concretas en el tema.

El número de Estados que nunca han recibido la visita de un relator especial de los que operan dentro de ACNUDH, ha caído a 22. Y el número de Estados que han emitido una “invitación permanente” a los Procedimientos Especiales ha llegado a 120 Estados miembros y un Estado Observador no miembro.

Algunos Estados reciben más de una visita por año. Cada año, en promedio, los Procedimientos Especiales realizan alrededor de 80 visitas a diferentes países.

En este momento, dijo un portavoz, “no hemos sido notificados de ningún cambio relacionado con la cooperación con los Procedimientos Especiales por parte de la misión permanente de Estados Unidos aquí en Ginebra. De hecho, han estado en contacto con varios titulares de mandatos recientemente”.

En diciembre de 2017, el gobierno de Myanmar informó a la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Yanghee Lee, que se le negaba acceso al país y se le retiraba toda cooperación mientras durara su mandato, descontento con su último informe, pese a que hasta entonces había realizado dos visitas anuales el país desde 2014.

T: MF

El artículo Auge de nacionalismos de derecha socava DDHH en el mundo fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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El desatendido desplazamiento interno requiere acciones urgentes

seg, 13/05/2019 - 18:27

Familias desplazadas en la provincia de North Kirvu, en República Democrática del Congo reciben algunos productos domésticos. Crédito: Martin Lukongo/NRC

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, May 13 2019 (IPS)

Más personas que nunca en la historia viven en la actualidad desplazadas dentro de las fronteras de sus propios países y el pronóstico es que la cifra seguirá subiendo si no se produce una acción urgente para evitarlo, según alerta un nuevo estudio.

Elaborado por el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, en inglés), perteneciente al no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), el último Informe Global sobre Desplazamiento Interno presenta un panorama sombrío sobre un tema con graves y crecientes consecuencias.

“El informe de este año es un triste recordatorio de la recurrencia del desplazamiento y de la gravedad y urgencia de las necesidades de los desplazados internos”, dijo la directora del IDMC, Alexandra Bilak.

Para la especialista, “los hallazgos” del informe, lanzado este mes de mayo, representan un “llamado de atención a los líderes mundiales”.

“El año pasado, millones de personas obligadas a huir de sus hogares, a los que están fallando gobiernos nacionales ineficaces y una diplomacia internacional insuficiente”, aseguró el secretario general del NRC,  Jan Egeland.

Pero, subrayó, “debido a que no han cruzado una frontera, reciben  poca atención”, a niveles mundiales y regionales.

El estudio estima que 41,3 millones de personas sobrevivían como desplazados internos a fines de 2018 y de ellos 28 millones eran nuevos desplazamientos. Esos nuevos casos se originaron en 61 por ciento por desastres naturales y 39 por ciento restante por conflictos de distinto tipo.

“La evacuación de personas salva sus vidas, pero no significa que no permanezcan desplazadas después de que termine la crisis, especialmente si sus casas han sido destruidas”, dijo a IPS la jefa de Política y Defensa de IDMC, Bina Desai.

Por ejemplo, solo Filipinas registró casi cuatro millones de desplazamientos, más que cualquier otro país del mundo. Una parte significativa se desplazó como resultado de las evacuaciones preventivas para mitigar los impactos de los tifones entre julio y diciembre de 2018.

Desai manifestó su preocupación de que, a pesar de la inversión en la reducción del riesgo de desastres, las comunidades siguen muy expuestas y vulnerables.

“El desplazamiento está dejando de ser un problema puntual para convertirse en una experiencia cada vez más cíclica y repetida para las personas”, dijo.

De los 41,3 millones de desplazados internos, dos terceras partes, lo que equivale a 30,9 millones, se concentran en 10 países: Siria, Colombia, República Democrática del Congo, Somalia, Afganistán, Yemen, Nigeria, Etiopía, Sudán e Iraq, por ese orden.

Un caso particular es el de Colombia, que se mantiene como el segundo país en número, con 3,8 millones de desplazados internos, pese al acuerdo de paz logrado en 2016 entre el gobierno y la ya extinta guerrilla de las FARC. De hecho, los enfrentamientos con otros grupos armados provocaron en el país latinoamericano 145.000 nuevos desplazados en 2018.

Las urbes, foco de desplazamiento

Del estudio también emergió que el desplazamiento interno es un fenómeno cada vez más urbano, en particular en el caso de los originados en conflictos.

Eso sucede por ejemplo en comunidades que por la guerra en Yemen buscan refugio en ciudades como Hodeidah,  o que por conflictos de diferente orden en Somalia se desplazan a urbes como a  Mogadiscio.

Los desplazamientos a las urbes tienen algo de círculo vicioso, destacó Desai, porque los que llegan hasta ellas en busca de seguridad, frecuentemente son forzados a convertirse otra vez en desplazados.

En Somalia, las autoridades han desalojado por la fuerza a miles de desplazados internos que a menudo se instalan en asentamientos informales y han llegado a demoler las viviendas, dejándoles nuevamente sin hogar.

Uno de los peores incidentes de desalojo masivo ocurrió en diciembre de 2017, cuando 35.000 personas que vivían en 38 asentamientos de desplazados internos fueron desalojados luego de una disputa sobre la propiedad de la tierra.

A medida que las ciudades continúan siendo el destino de éxodos interno, su crecimiento se vuelve exponencial, lo que hace que sus residentes enfrenen un mayor riesgo de desplazamiento, cuando suceden desastres naturales en los cada vez más extensos territorios urbanos.

El IDMC calcula que aproximadamente 17,8 millones de personas corren el riesgo de ser desplazadas por las inundaciones cada año en el mundo. De ellas,  80 por ciento  vive en áreas urbanas o periurbanas.

Desai destacó la necesidad de planes e inversiones a largo plazo para ayudar a prevenir el desplazamiento como primer objetivo, con la construcción de infraestructuras resistentes a la climatología entre otras muchas.

A su juicio, comprender los riesgos de desplazamiento debe ser un componente esencial en los planes de desarrollo.

“Cualquier decisión de inversión que se tome en la planificación del desarrollo, ya sea en educación o en infraestructura de salud o en medidas de seguridad, tendrá un impacto en el riesgo futuro, porque lo incrementará o reducirá”, dijo a IPS.

“No es como un evento externo, que empuja a las personas a abandonar sus hogares, pero es la forma en que están expuestos o son vulnerables a ese evento y determinará si están en riesgo de ser desplazados”, agregó Desai.

Sin embargo, la financiación para la reducción del riesgo de desastres (DDR, en inglés) sigue siendo lamentablemente insuficiente.

Según el Instituto de Desarrollo de Ultramar, solo 0,4 por ciento del monto total gastado en asistencia internacional se destinó a DDR en las últimas dos décadas.

Al final del día, la solución es en gran parte política.

“En última instancia, si los gobiernos nacionales no tienen un interés y un incentivo para invertir y reducir el desplazamiento interno, eso no sucederá”, dijo Desai, señalando la necesidad de proporcionar datos sólidos y pruebas que conecten los desplazamientos con las prioridades políticas.

A juicio del IDMC, la mayoría de los gobiernos siguen concentrando su preocupación en los flujos de refugiados, pero es imperativo centrarse también en los desplazados internos que a menudo se convierten en refugiados cuando no les quedan soluciones u opciones.

“Creemos que los desplazados internos merecen mucha más visibilidad … la urgencia es clara porque hemos visto esos lugares donde tenemos datos sólidos de que no solo las personas mismas se ven inmensamente afectadas, sino que también se están erosionando los avances en el desarrollo”, dijo Desai.

Para la especialista, las comunidades de destino y los países que tienen altos niveles de desplazamiento interno no podrán lograr sus objetivos de desarrollo nacional o los internacionales Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que deben cumplirse para 2030.

“Todas las personas desplazadas tienen derecho a la protección y la comunidad internacional tiene el deber de garantizarla”, concluyó Egeland, por su parte.

T: MF

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Activismo LGBTI cubano redobla visibilidad por sus derechos

seg, 13/05/2019 - 15:48

Activistas de la comunidad LGBTI participan el 11 de mayo en una caminata por Paseo del Prado de La Habana, autoconvocada en por las redes sociales, en coincidencia con las actividades de las 12 Jornadas Cubanas de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia, pero independiente a ellas. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, May 13 2019 (IPS)

Con acciones comunitarias y la primera marcha masiva sin autorización oficial, el activismo de gays, lesbianas, bi, trans e intersexuales (LGBTI) entra en una nueva etapa que calificaron de decisiva para mantener y ampliar sus derechos en Cuba.

“La lección ha sido grande… al final te das cuenta que detrás de todo esto hay mucha manipulación. Pero yo no me puedo rendir ni dejar presionar… tengo que seguir luchando por mis derechos”, dijo a IPS la artista Siria González, del proyecto comunitario Casa Tomada Mirarte.

Con una bandera multicolor en la mano, González estuvo entre las primeras personas que llegó en la tarde del sábado 11, al Parque Central, en el municipio de La Habana Vieja, donde decenas de activistas, personas LGBTI y solidarias con esa causa protagonizaron la caminata, que fue convocada a través de las redes sociales.

Luego de que los primeros activistas hicieron ondear sus banderas en el Parque Central y respondieron a preguntas de la prensa internacional y alternativa, el grupo fue creciendo con más personas y otras que miraban desde cierta distancia, como la empleada en un centro gastronómico Aylin González.

“Hace tiempo que participamos en las congas y nos quedamos sorprendidas con la noticia de que estaban suspendidas. No sabemos en realidad por qué”, dijo a IPS. “Hay un poquito de temor a que se vuelva a cómo era tiempos atrás, que hasta ahora se ha luchado bastante”, valoró antes de unirse a la marcha.

Todo comenzó el 6 de mayo, cuando el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) comunicó que por decisión del Ministerio de Salud Pública, al que se adscribe esta institución, quedaban suspendidas las dos congas (marchas festivas) previstas en la 12 Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia.

Ese es el nombre al programa anual de actividades educativas, de activismo y sensibilización, que desde 2007 el Cenesex coordina en la capital y una provincia seleccionada como sede central alrededor del 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.

El texto original del programa incluía una marcha el sábado 11 en La Habana y otra en la ciudad de Camagüey, que fueron canceladas, según Cenesex, “por la agresividad contra Cuba y Venezuela” y grupos que “pretenden utilizar nuestra Conga para desacreditar, dividir y sustituir el verdadero sentido de esta actividad” .

Con banderas y arengas como “El anillo pa’ cuando”, “Viva la Revolución” y “Cuba diversa”, el grupo congregado en el Parque Central caminó pacíficamente por la antigua avenida del Paseo del Prado, donde los autos lo recibieron con bocinazos y la policía detuvo el tráfico por un kilómetro hasta la intersección con el malecón habanero.

Agentes de seguridad detienen a dos participantes en una marcha autoconvocada por activistas pro los derechos del colectivo LGBTI en La Habana, en coincidencia con las 12 Jornadas Cubanas de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia , el sábado 11 de mayo.
Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

En ese punto, agentes policiales informaron que no podían continuar. En momentos confusos, al menos sucedieron cinco detenciones con resistencia. Desde antes de la marcha trascendió en las redes sociales que varios activistas que confirmaron su asistencia fueron detenidos previamente y otros advertidos de no asistir.

Tras el incidente violento, varios manifestantes se sentaron en el suelo del parque y algunas parejas se subieron sobre los bancos para besarse en la boca, aupadas por gritos y aplausos.

Otros participantes comentaron que irían a la Fiesta por la Diversidad, que el Cenesex organizó en un centro recreativo en el barrio habanero de Vedado.

“La Constitución fue escrita con las manos, el corazón, inteligencia y sabiduría del pueblo cubano”, dijo la sexóloga Mariela Castro Espín, coordinadora del Cenesex,  a los asistentes a la Fiesta por la Diversidad, que recibió cobertura de la televisión estatal.

“Ahí están nuestros derechos, de todas las personas”, enfatizó la diputada, que aboga por la vía estatal para el logro de derechos.

Bajo críticas y apoyos en las redes sociales, el domingo 12 Castro Espín calificó en su perfil de Facebook  a la marcha alternativa de “show convocado desde Miami y Matanzas, respaldado por funcionarios de la embajada de Estados Unidos y cubierto por la prensa extranjera”, en tiempos de confrontación entre La Habana y Washington.

Pero el intenso debate sobre la caminata pacífica y derechos humanos en Cuba continúa en las redes sociales en un país cada vez más conectado a Internet, que vive un complejo escenario respecto a postergadas demandas LGBTI como el matrimonio y la adopción igualitaria desde que en julio de 2018 comenzó la reforma constitucional.

El proyecto de ley fundamental incluía una definición del matrimonio como “la unión voluntaria entre dos personas”, en el artículo 68. Pero,tras la consulta popular, el parlamento cambió  por “una de las formas de organización de las familias”, a definir en un futuro nuevo Código de Familia, que será sometido a consulta y plebiscito.

Algunas parejas de la comunidad LGBTI se besan en unas esalinatas, en una reivindicación de sus derechos, incluido el manifestar su orientación sexual en los espacios públicos, durante una caminata por La Habana, convocada a través las redes sociales el 11 de mayo. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Sectores sociales rechazaron el artículo 68, que hubiera allanado más el camino al matrimonio igualitario, en especial iglesias evangélicas, que organizaron campañas, recogidas de firmas y continúan realizando acciones masivas en espacios religiosos, que hasta se han desbordado a zonas públicas para hacer valer sus posturas.

“Durante la consulta se hicieron muy pocas cosas por parte de la comunidad LGBTI”, evaluó el joven activista Jancel Moreno, que coordina el proyecto en formación Dame la mano, una de las iniciativas autónomas representadas en la marcha y que realizan pequeñas acciones contra la homofobia en espacios comunitarios e Internet.

Aunque personas como Moreno prefieren la definición de matrimonio definitiva y otros la del eliminado artículo 68, la decisión parlamentaria de que el Código de Familia sea sometido a referendo resulta rechazada. “Una mayoría que no conoce del tema, que tiene muchos prejuicios, no puede plebiscitar los derechos de una minoría”, dijo.

En busca de visibilizar más a la comunidad LGBTI, algunas iniciativas autónomas como Dame la mano, Alianza Afrocubana, Dame tu pulóver, CineClubCuir, Casa Tomada Mirarte, la campaña “Acepto”, la plataforma 68Va, Riera Studio, entre otras, realizan pequeñas acciones comunitarias de cara al referendo de la ley de familia.

Por su parte, Cenesex aseguró que el resto del actual programa, que incluye trabajo educativo y de sensibilización, continuará hasta completar las 29 actividades previstas.

Un largo camino queda pendiente, aunque se observan avances, en la lucha por la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en la población de 11,2 millones habitantes, según las últimos resultados de estudios representativos.

Al menos 63,8 por ciento rechaza la unión legal entre personas del mismo sexo, de la muestra representativa de 39.318 personas, de 12 a 64 años, entrevistadas en la Encuesta sobre Indicadores de Prevención de Infección por el VIH/sida 2017, disponible desde marzo en el sitio de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

El cuestionario, aplicado ese año, encontró también que 59,3 por ciento de las personas acepta la diversidad sexual o al menos a los hombres que tienen sexo con otros hombres, mientras que 40,7 por ciento manifiesta reticencias o disímiles actitudes de rechazo.

Antes, la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (Enig-2016), con una muestra representativa de 19.189 personas de 15 a 74 años, encontró el dato más inclusivo de los conocidos hasta el momento: 77 por ciento de las y los entrevistados considera que las personas LGBTI deben disfrutar de iguales derechos.

Pero cuando el cuestionario preguntó por los principales derechos demandados por esta comunidad, los resultados fueron contrastantes: solo 49,1 por ciento de la muestra consideró que “se les debería permitir casarse” mientras que entre 31 y 34,6 por ciento está a favor de que una pareja del mismo sexo adopte un niño.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Sudafricanos encomiendan a Ramaphosa recuperar economía y democracia

seg, 13/05/2019 - 14:18

Miembros del Consejo Nacional Africano, el partido que gobierna Sudáfrica desde hace medio siglo festejan el triunfo de su líder, Cyril Ramaphosa, en las elecciones generales del 8 de mayo, aunque haya sido con la peor votación de su historia. Crédito: CNA

Por Crystal Orderson
CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica, May 13 2019 (IPS)

Los sudafricanos ansían que el gobierno que emergió de las elecciones del 8 de mayo genere empleos, recupere la estancada economía, ponga fin a la rampante corrupción y regenere la democracia y para ello ratificaron en las urnas a Cyril Ramaphosa, el presidente interino, aunque con una confianza en claro declive.

En las sextas elecciones democráticas, el Congreso Nacional Africano (CNA) volvió a obtener la máxima votación entre los nada menos que 28 partidos en liza, como se repite desde el fin del apartheid o segregación racial, en 1994. Pero lo hizo con el peor porcentaje de votos desde entonces: algo menos de 58 por ciento.

El economista Dawie Roodt dijo a IPS que lo urgente ahora es saber los planes de Ramaphosa, de 66 años, actual líder de CNA y quien como vicepresidente asumió la jefatura interina del gobierno y el Estado, ante la renuncia a que se vio forzado Jacob Zuma (2009-febrero de 2018) por los escándalos de corrupción.

Justamente, afrontar los altos niveles de corrupción y reconstruir la economía son las dos grandes promesas que deberá cumplir, planteó ea especialista, para quien lo primero será saber el gabinete que lo acompañará, en especial en las carteras de finanzas, cuando la Asamblea Nacional legislativa lo invista en junio para un mandato de cinco años.

“Los desafíos son desalentadores y hay que lidiar con algunas prioridades clave, como  la crisis de (la compañía estatal eléctrica) Eskom y otras en el ámbito económico, en especial el muy elevado desempleo y los niveles de deuda del Estado”, afirmó en una entrevista desde Pretoria el economista jefe de Efficient Group

Un mandato para el cambio

La votación para el CNA representa una importante caída respecto a 2014, cuando el partido obtuvo 62,5 por ciento de los sufragios.

También se redujo la participación, con 65 por ciento del padrón electoral frente a 73,5 por ciento de hace cinco años, un dato sorpresivo y que para los analistas se explica por el desencanto de la población, en este país de 54 millones de personas.

Esa desilusión del electorado en la política y en sus líderes presiona a Ramaphosa para lograr cambios económicos en un plazo no mayor de dos años, coinciden los politólogos y los economistas sobre lo que evidencian los resultados electorales.

Para ello, aducen, cuenta con su historial. Economista y militante desde el comienzo de la lucha contra el apartheid, “hijo predilecto” del líder histórico Nelson Mandela, primero sindicalista y luego empresario exitoso, sus dotes negociadoras se confirmaron como coordinador de la redacción de la actual Constitución.

“Tiene un margen de 12-24 meses para cumplir las promesas de trabajo y la gente lo cuestionará si va a hacer lo correcto o no”, subrayó el economista Khaya Sithole a emisoras locales.

Roodt considera que los sudafricanos dieron un voto condicionado a CNA y a Ramaphosa, en esta república de sistema parlamentario y 54 millones de habitantes, que se considera la potencia emergente de África.

Se le eligió, planteó, para que haga los cambios que urgen y cumpla con sus promesas, entre ellas un gabinete más pequeño y centrado en avanzar en la transformación económica y la regeneración democrática.

Cyril Ramaphosa, presidente interino de Sudáfrica desde febrero de 2018, vota en los comicios del 8 de mayo, en que este economista, político, rico empresario y activista sindical de 66 años y quien coordinó la redacción de la actual Constitución del país, fue ratificado para dirigir el país los próximos cinco años. Crédito: Cyril Ramaphosa.

Pero más allá de una reducción de los ministerios, para Roodt lo fundamental en que al frente de ellos se coloque “a  personas eficientes para cada cargo, porque a menudo los ministros son designados por sus lealtades y no por su desempeño”.

Todas las miradas sobre Ramaphosa

Ramaphosa aseguró durante la jornada electoral que estos comicios tenían ecos de las históricas elecciones de 1994. Lo hizo en la localidad de la que es originario, Sowetto, el gran asentamiento de población negra a las afueras de Johannesburgo, que fue emblemático en la lucha contra el apartheid desde los años 70 y hasta lograr su derrumbe.

“En 1994 nuestra gente estaba tan emocionada como esta que vota aquí ahora, porque estaban anunciando una nueva era, un nuevo futuro para nuestro país y hoy esto es lo que estoy recogiendo”, afirmó.

Ramaphosa hizo una especie de crítica al afirmar que “durante los últimos 25 años, hemos logrado mucho, pero aún no hemos llenado el vaso. El vaso está medio lleno”, antes de reafirmar que “no tendré tolerancia con la corrupción”.

Los sudafricanos están desesperados por un cambio. En muchos de ellos creció el enojo y la desilusión a medida que se revelaban los niveles de corrupción de Zuma, que contrastaban con la situación de la mayoría de la población.

En los últimos años, los sudafricanos se han vuelto más pobres, luchando por mantener a sus familias con una economía estancada. Con una de cada tres personas sin empleo, hay una creciente desesperación porque el cambio llegue.

Y todos los ojos están puestos en el presidente de CNA desde 2017, cuya presión para que ponga a flote el barco cuanto antes aumenta, ahora que ha recibido un voto de confianza de las urnas, que aunque desgastado aún le asegura una mayoría absoluta en el parlamento.

Economía enferma

Si bien lo más urgente para los sudafricanos es que Ramaphosa cree puestos de trabajo, este es solo parte del paquete de problemas económicos que deberá afrontar el gobernante desde junio.

Entre esos problemas destacan un endeudamiento que alcanzará más de 60 por ciento del producto interno bruto (PIB) para el bienio 2023-2024. El PIB sudafricano se situó al finalizar 2018 en 790.934 millones de dólares.

Eso pesa como una losa en el crecimiento del PIB, que en 2019 ya ha debido revisarse a la baja en dos décimas, para situarlo en un pobre 1,5 por ciento.

Para dar la vuelta a la situación, Ramaphosa se ha propuesto la ambiciosa tarea de atraer 100.000 millones de dólares en inversiones.

Eskom, una soga alrededor del cuello

Pero también tendrá que afrontar el colapso de entidades estatales, en especial la compañía de electricidad Eskom, que simboliza los 25 años de gestión de CNA: tras lograr llevar el suministro a más de 85 por ciento de la población, ahora la castiga con cada vez más frecuentes apagones y el déficit eléctrico bloquea el tan necesario crecimiento económico.

Detrás hay una historia de mala gestión y gran corrupción en la que ha sido la empresa con mayor utilidad en África y ahora es una soga alrededor del cuello del gobierno de Ramaphosa.

El gobierno ha tenido que asistirla ya con cientos de millones de dólares de los contribuyentes y sanearla va a requerir miles más. La empresa carga con una deuda de más de 28.000 millones de dólares y las agencias de calificación de riesgo la colocan en el más alto de la economía más industrializada de África.

Cuando CNA comenzó a gobernar este país bajo la presidencia de Mandela, en 1994, y se pusieron fin a cinco décadas de apartheid, la electricidad solo llegaba a la mitad de la población, la gran mayoría blanca, y al comenzar 2018 el suministro alcanzaba a más de 85 por ciento, pero en medio Eskom había colapsado.

Roodt considera que las energías de Eskom ahora se concentran “simplemente sobrevivir”, para lo que necesitan miles de millones, lo que será una “amenaza” para los esfuerzos de reanimación económica.

El saneamiento de Eskom pasa también por otro problema que tiene todo el aparato público: un nivel desbordado de personal.

“Hay un exceso de personal salarios desmesurados y una plantilla de entre 20.000 y 30.000 personas que trabajan allí, hay que reducir a Eskom”, planteó.

Pero recortar la plantilla de Eskom y en general del sector estatal, con las altas cotas de desempleo actuales, se traduciría en tensiones sociales y crisis con los sindicatos que han sido soporte tradicional del CNA.

Como Ramaphosa jugará las marcadas cartas con las que contará cuando el parlamento le entregue el mandato en junio es algo que se desconoce, aunque sus votantes confían en su gran experiencia negociadora.

T:MF

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Recortes presupuestarios minan a gobierno de Brasil

sex, 10/05/2019 - 14:58

Estudiantes brasileños durante una de las manifestaciones de protesta que se han sucedido este mes de mayo contra los recortes al presupuesto de las universidades anunciado por el gobierno de Jair Bolsonaro. Crédito: PT

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, May 10 2019 (IPS)

La crisis fiscal colaboró en la elección como presidente de Brasil del ultraderechista Jair Bolsonaro, pero se ha vuelto ahora en una amenaza para su gobierno, al agravar los daños sociales de la recesión económica de 2015-2016, a la que siguió un estancamiento que todavía se prolonga.

Masivas protestas estudiantiles se suceden en las universidades públicas después que el Ministerio de Educación y Cultura les impuso un recorte del presupuesto para gastos corrientes, que varía según las instituciones pero que promedia 28,5 por ciento y alcanza 50 por ciento en las más castigadas.

Esa poda no afecta a los gastos obligatorios, como sueldos, que son los más abultados, por eso se traduce en “solo 3,5 por ciento” del presupuesto total de cada universidad, matizó el ministro Abraham Weintraub, un economista sin experiencia en la gestión en educación, que asumió el cargo apenas el 9 de abril, tras la defenestración de su predecesor por Bolsonaro, en el poder desde el 1 de enero.

Pero la medida se suma a una retención de contingencia aplicada usualmente en el inicio del año, de menor proporción, que afecta al mantenimiento, agua, luz, laboratorios y otros servicios indispensables.

“Es devastador para las universidades, que ya vivían en penuria”, evaluó para IPS Cristovam Buarque, quien fue rector de la Universidad de Brasilia (1985-1989), ministro de Educación (2003-2004) y senador (2002-2018) siempre volcado al tema educacional.

“Será imposible mantener las actividades en el segundo semestre”, advirtieron varios rectores de las universidades federales, que son las financiadas por el gobierno nacional y suman 67 en todo el Brasil, con un total de dos millones de alumnos, en un país con una población de 209 millones.

Los institutos federales, cruciales para llevar al interior de este país de dimensiones continentales la enseñanza técnica secundaria combinada con la universitaria, también perdieron parte de sus recursos, al igual que instituciones que conceden becas para postgrado e investigaciones científicas.

“El norte amazónico será más duramente afectado, porque nuestras universidades están en proceso de consolidación, tienen estructuras más precarias, menos equipos y menos alumnos que los del centro-sur de Brasil”, destacó Marcela Vecchione, del Núcleo de Altos Estudios Amazónicos de la Universidad Federal de Pará.

“Las universidades cumplen acá un papel inductor del desarrollo local, de generación de empleos, sus alumnos están inseridos en la promoción del desarrollo inclusivo, educación y políticas públicas, especialmente ambientales”, explicó a IPS la doctora en ciencia política que coordina en ese núcleo el Programa de Posgrado en Desarrollo Social del Trópico Húmedo.

Brasil vive en este siglo un proceso de interiorización de la enseñanza universitaria, especialmente en la Amazonia y el Nordeste, las regiones más pobres del país, que puede interrumpirse por los recortes presupuestarios.

Los recortes alcanzaron a todos los ministerios, con intensidades distintas, en un total de 30.600 millones de reales (7.750 millones de dólares). El de Educación encabeza la lista con la mayor suma, equivalente a 1.450 millones de dólares, al cambio actual.

Pero los ministerios de Defensa y de Ciencia y Tecnología soportan los recortes más brutales en proporción, 44 y 42 por ciento respectivamente. Será necesaria mucha disciplina para evitar reacciones en el estamento militar, que se queja de escasez de recursos hace mucho tiempo.

El ministro de Educación y Cultura, Abraham Weintraub, explica en una audiencia en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en Brasilia, los recortes presupuestarios en su sector, que están provocando protestas masivas y crecientes en las universidades y otras instituciones educativas. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

También faltarán fondos para reparar y pavimentar carreteras, para construcción de viviendas sociales, saneamiento básico y el censo oficial de 2020, cuya preparación vio reducido su presupuesto en 13 por ciento.

El déficit fiscal, que debe sobrepasar el límite fijado en el presupuesto nacional de este año, obliga a reducir los gastos, justificó el presidente Bolsonaro.

Brasil cuenta desde 2000 con una ley de Responsabilidad Fiscal cuya violación puede costar al mandatario su inhabilitación política, como pasó con sucedió en su segundo mandato a la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016).

El presupuesto de 2019 se aprobó con base en un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 2,5 por ciento, y está ahora en revisión, porque ya no se espera que supere 1,5 por ciento y, además, el gobierno sufre una caída aún más fuerte en sus ingresos.

“El odio a la universidad es el verdadero motivo” en el caso de los recortes en educación, cree Buarque, aunque reconoce la gravedad de la crisis fiscal. “A los actuales gobernantes no les gusta la intelectualidad independiente”, reforzó.

Esa es una impresión acentuada por el mismo ministro Weintraub desde su llegada. Nada más asumir el ministerio anunció su intención de reducir cursos de Filosofía y Sociología, por “no ofrecer retorno inmediato a la sociedad, como hacen medicina y veterinaria”. Bolsonaro lo respaldó.

Luego el ministro anunció un recorte de 30 por ciento a tres universidades, porque promueven “el alboroto” y tienen un bajo desempeño. Tras protestas y la información de que las tres están entre las mejores universidades brasileñas, admitió que la medida alcanza a todas las instituciones federales.

Bolsonaro y otras autoridades defienden una “escuela sin partido”, para combatir lo que denominan “marxismo cultural”, supuestamente dominante en la enseñanza. Weintraub lo ejemplificó con la persecución de grupos izquierdistas que dijo haber sufrido en la universidad donde estudió.

Así las medidas en desmedro de las universidades se perciben también como un castigo y el deseo de someterlas a sus creencias.

La mala suerte para Weintraub es que su ministerio batalla con multitudes concentradas en universidades, en general con decenas de miles de estudiantes. Los recortes despertaron un movimiento masivo de estudiantes y científicos.

Su colega del Medio Ambiente, Ricardo Salles, es también execrado por los ambientalistas, por medidas que apuntan a la demolición de su propio ministerio. Pero la resistencia es dispersa, depende de ocasiones singulares y protestas internacionales, que ya empezaron.

Esas luchas sectoriales pueden acelerar la pérdida de credibilidad del actual gobierno, que ya sufrió una gran erosión en sus cuatro primeros meses, según las encuestas.

El aprieto fiscal ahora anunciado puede ser potencialmente más desestabilizador, al ampliar el descontento. Nuevos recortes están en estudio ante una mayor frustración del crecimiento ya reconocida por las autoridades económicas.

El actual gobierno heredó una economía que creció a un ritmo anual de solo 1,1 por ciento desde 2017, sin recuperarse de la caída de 3,5 y 3,3 por ciento en 2015 y 2016, respectivamente.

La expectativa de que la confianza en un nuevo gobierno de orientación económica liberal impulsaría una recuperación, no se concretó, al menos por ahora.

La reforma del sistema de previsión social, encarada como el factor decisivo para revertir la situación, avanza entre incertidumbres en sus trámites legislativos. Se teme que los cambios terminen por ser insuficientes para asegurar un futuro equilibrio fiscal.

El índice oficial de desempleo subió a 12,7 por ciento en marzo, lo que se traduce en 13,4 millones de desocupados. La industria sigue perdiendo dinamismo y participación en el PIB.

Los recortes presupuestarios, es el pronóstico generalizado, agravarán ese cuadro.

“No se pude recortar todo, habría que definir prioridades. Reducir inversiones en educación es sacrificar el futuro, cuando se gasta mucho más en subsidios, por ejemplo, a la producción de automóviles, que es solo para el presente”, lamentó Buarque.

Edición: Estrella Gutiérrez

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¿De sancionar a Irán a ir a la guerra?

sex, 10/05/2019 - 12:08

El mundo se pregunta si las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán son parte de una escalada belicista o un juego de simulación para terminar sentando a Teherán en una mesa de negociación, en condiciones de debilidad. Crédito: Cortesía de Countercurrents.org

Por Haider A. Khan
DENVER, Estados Unidos, May 10 2019 (IPS)

Con los recientes movimientos militares anunciados de forma peculiar por la Casa Blanca, el mundo está siendo testigo con creciente fascinación de lo que podrían ser los primeros pasos hacia una guerra contra Irán. ¿Qué tan plausible es este escenario y qué es probable que ocurra geopolíticamente si la beligerancia de Estados Unidos lleva a una verdadera confrontación militar con Teherán?

Ya se ha visto antes que las relaciones entre Washington y Teherán se hundan en una espiral negativa, que en esta ocasión comenzó con la salida unilateral de Washington del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), el miércoles 8 de mayo hizo un año, sin el consentimiento de sus aliados europeos y con el resultado de una división entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre las políticas hacia Irán.

Además, Estados Unidos restableció las sanciones contra Irán, pero dio un tiempo para que los aliados, necesitados de energía, importen hidrocarburos de Irán durante un plazo determinado. Algunos como Japón cumplieron a regañadientes con los pedidos de Washington. Otros, particularmente China e India, continuaron importando energía iraní.

Recientemente, Estados Unidos incrementó su presión sobre Irán al prohibir que los países que todavía importan petróleo de ese país lo sigan haciendo. Si alguien hace negocios que rompan las sanciones con Irán, será castigado adecuadamente, ha amenazado la administración de Donald Trump.

Las sanciones pueden no funcionar tan bien como aseguran los analistas cercanos a Trump y la maquinaria de propaganda del gobierno de Estados Unidos, pero incluso si sus efectos resultasen parciales,  podrían ser un toque para que Irán despierte.

Haider A. Khan

Sin embargo, contrariamente a la ilusión de Trump, este llamado de atención para Irán la comenzó a obtener como respuesta la decisión de Teherán de no negociar bajo un estado de capitulación las demandas de Estados Unidos.

Las sanciones, junto con los movimientos militares más recientes, ya se han producido, según los informes de todos los observadores neutrales, una respuesta de “unificación en torno a la bandera” por parte de la mayoría de la población iraní.

Contrariamente a las afirmaciones de algunos grupos disidentes pro-estadounidenses de Irán, lobistas pro-israelíes y propagandistas de Arabia Saudita, las sanciones no han debilitado políticamente al régimen de Teherán.

Irónicamente, las sanciones han aislado, de hecho dividido, a los auténticos críticos pro democracia de la República Islámica dentro de Irán y han fortalecido políticamente a los partidarios de la línea dura.

Y la situación solo puede empeorar, a medida que esta escalada profundiza en la retórica de amedrentamiento, acompañada por hechos netamente intimidatorios como movimientos militares de la flota estadounidense y anuncios de la administración, encabezados por John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Si esta estrategia prosigue, los partidarios de la línea dura hacia Irán dentro de la administración Trump seguramente se duplicarán y se prepararán para una guerra asimétrica, algo que ya han anunciado como un posible escenario.

Dada la debilidad militar de Irán con respecto a Estados Unidos y sus aliados regionales, tal respuesta parecerá a esas mentes militares que rodean a Trump que es una estrategia muy racional en términos de tácticas militares.

Cualquiera que esté familiarizado con los desarrollos recientes en la teoría del juego no cooperativo podrá entender esta respuesta como una deducción lógica dentro del entorno que Estados Unidos ha ido creando con la serie de movimientos que comenzó con su retiro unilateral del PAIC.

La respuesta asimétrica de Irán (los estrategas militares iraníes lo han dejado claro) también atraerá al grupo chiita libanés Hezbolá y otros activos militares con que Teherán cuenta en la región, fuera de sus fronteras.

Por lo tanto, en este punto no se puede descartar una futura participación en ese conflicto de los sirios e incluso de Turquía.

Dada la importancia estratégica geopolítica de Irán y Siria para Rusia, incluso si Turquía no se involucra, Moscú seguramente tendrá que considerar sus opciones en términos de sus intereses estratégicos geopolíticos a largo plazo.

Como potencia creciente, la República Popular China puede no involucrarse directamente en ese conflicto asimétrico, pero se puede apostar con seguridad que Beijing ayudará a Irán financieramente y también a Rusia, al suministrar algunos tipos de equipos y armas, en particular aviones y misiles tierra-aire.

Si Trump piensa que atacar a Irán traerá a los chinos a la mesa de negociación para hacer mayores concesiones reales a Washington, es muy probable que esté fantaseando.

Con ese contexto,  ¿qué ganará realmente Estados Unidos geopolíticamente? Según los analistas políticos, hay dos grupos dentro de la formulación de políticas de alto nivel en Washington al respecto.

En el primer grupo se dice que Trump es un líder orientado a las transacciones y que lo que pretende es que Irán llegue a la mesa negociadora en un estado de debilidad después de sufrir pérdidas, para así obtener un trato mejor para los intereses estadounidenses.

Pero los detalles de cómo podría desarrollarse este proceso y cuál es el acuerdo a que aspira Trump no se han revelado.

El segundo grupo, del círculo cercano a Bolton, según los analistas geopolíticos, quiere llevar a Irán a una confrontación militar si las sanciones económicas por sí mismas no conducen a un cambio de régimen.

Incluso en mi peor escenario económico para Irán, un cambio de régimen mediante las sanciones por sí solas no parece probable. Entonces, ¿los Estados Unidos o sus representantes como Israel y Arabia Saudita se involucrarán en una operación militar real?

La posibilidad misma es alarmante. Pero los cálculos más serios y serenos no parecen alentadores para una operación militar, a la luz de los resultados de las intervenciones en Iraq, Afganistán o Libia. No hay posibilidad de una victoria rápida contra Irán y cualquier intervención prolongada desestabilizará aún más la ya conflictiva región.

Tampoco está claro cuáles serán las respuestas militares chinas y rusas a medio plazo. El conflicto puede convertirse en una guerra regional e incluso en una guerra extrarregional, dependiendo de algunas de estas respuestas.

Por lo tanto, sin sonar alarmista, uno tiene que esperar que Trump esté jugando al engaño, aunque Bolton y los neoconservadores de los que forma parte, no lo estén.

Pero incluso si Trump ejerce una falsa presión hasta cuando no es necesario y en último término no funciona, con el fin de lograr un mejor trato para Estados Unidos -signifique esto lo que sea-,  dentro de una lógica militar, los iraníes serían tontos de actuar bajo el supuesto de que  hay una diferencia sustancial entre Trump y Bolton, que finalmente llevará al presidente a acabar con los pasos de Estados Unidos hacia una guerra o una situación bélica.

Para tener una mirada lúcida sobre esta amenaza, con base a las evidencias disponibles, los estrategas iraníes se están preparando para no caer en una trampa tendida por Washington, que los lleve a actuar primero y provocar una respuesta militar estadounidense que iniciaría una guerra.

Sin embargo, una vez que en Teherán piensen que Estados Unidos está a punto de comenzar a bombardear a Irán, seguramente tomarán lo que consideren acciones asimétricas apropiadas. Y ahí radica el peligro de una conflagración que puede salirse fácilmente del control de cualquier gran potencia.

Puede contactar con Haider A. Khan en este correo electrónico: hkhan@du.edu

T:MF

El artículo ¿De sancionar a Irán a ir a la guerra? fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Lavado de imagen de Arabia Saudita excluye a sus mujeres

qui, 09/05/2019 - 13:01

Las mujeres saudíes viven bajo la ausencia de derechos y la tutela de los varones que impone la ley. Las activistas que promueven mejorar la situación de las mujeres son detenidas y torturadas, contradiciendo la costosa imagen de modernización y apertura con la que el reino saudí busca maquillar su imagen. Crédito: Cortesía de las autoras

Por Uma Mishra-Newbery y Kristina Stockwood
GINEBRA, May 9 2019 (IPS)

Dentro de la enorme campaña con que se busca convencer al mundo de cuánto se está modernizando Arabia Saudita, destacó la medida del cese de la prohibición de conducir para las mujeres del año pasado. Pero en realidad el reino continúa su implacable persecución de las mujeres defensoras de derechos humanos.

Un juicio que está generando la condena internacional y ha intensificado las críticas al historial de derechos humanos del país, es el que se desarrolla contra nueve mujeres que fueron arrestadas en 2018 por hacer campaña por el derecho a conducir y el fin del sistema de tutela masculina del reino saudí.

Desde el 4 de abril,Arabia Saudita ha arrestado al menos a 13 escritores y blogueros más, incluidos dos ciudadanos sauditas-estadounidenses y una feminista embarazada, en aparente represalia contra simpatizantes de activistas detenidas el último año.

Junto con los juicios en curso, los arrestos más recientes demuestran que permitir que las mujeres conduzcan era poco más que un truco publicitario de una campaña de marketing que involucraba costosos torneos de golf, conciertos con celebridades internacionales, avales de algunas de las compañías transnacionales más poderosas del mundo.

Los últimos 12 meses han estado muy lejos de los tiempos modernos y revolucionarios que se promueven en la campaña de Visión 2030.

El príncipe heredero  Mohammed bin Salman ha encabezado una brutal represión contra la sociedad civil y los derechos de las mujeres desde que se convirtió en el hombre fuerte de la potencia del Golfo, donde la disidencia no es tolerada.

El periodista saudí Jamal Khashoggi, un frontal crítico del también ministro de Defensa, fue brutalmente asesinado en el consulado saudí en Estambul. La guerra liderada por los saudíes en Yemen prosigue y ha llevado a varios países a detener las ventas de armas a Arabia Saudita, entre ellas Alemania, Dinamarca, Finlandia y Holanda.

Las armas y los vehículos blindados también se han utilizado para reprimir violentamente las protestas públicas dentro del territorio saudí.

Israa Al-Ghomgham se convirtió en la primera activista mujer en enfrentar la pena de muerte después de que fue arrestada por participar en manifestaciones pacíficas en favor de una apertura democrática en 2015.

Aunque ya no corre el riesgo de que se la aplique la pena capital, sigue encarcelada y sus coacusados ​​aún podrían enfrentar la muerte, simplemente por protestar.

Una de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos durante 2018, sin embargo, ha sido el encarcelamiento ilegal y la posterior tortura, agresión sexual y confinamiento solitario de numerosas defensoras de los derechos humanos.

La tutela masculina sobre las mujeres saudíes se ahondó aún más con una popular aplicación que permite a los hombres rastrear y controlar la ubicación y los viajes de las mujeres bajo su control. Se trata de una aplicación que está disponible en dispositivos como Apple y Google Play, por cierto.

En lugar de protestar por la aplicación, lo que se debería hacer es presionar a Arabia Saudita para que ponga fin al sistema de tutela.

El rey Salmán bin Abdulaziz, sentado, y el príncipe heredero y hombre fuerte de Arabia Saudita, que es la expresión máxima de la intolerancia del reino por toda disidencia, incluida la de las activistas por los derechos de las mujeres. Crédito: Dominio público

Hace un año, Arabia Saudita arrestó a una docena de mujeres activistas a favor de sus derechos, apenas unas semanas antes de cuando el gobierno tenía previsto levantar la prohibición a las mujeres de conducción de vehículos.

La mayoría de estas activistas habían estado trabajando activamente durante años para ayudar a poner fin al sistema de tutela y para levantar la prohibición de conducir, públicamente promocionada como parte del plan de reformas de Salman.

Pero antes de que se levantara la prohibición, recibieron llamadas telefónicas que les decían que mantuvieran la boca cerrada y que disfrutaran del hecho de que ahora iban a poder conducir.

En junio y julio de 2018, al menos otras ocho defensoras fueran arrestadas, llevando el total a más de 20 conocidas activistas por los derechos de las mujeres que están detenidas.

No todas han sido llevadas a juicio todavía, y de otras no se puede dar el nombre. Es de gran preocupación que algunos informes pongan el número a las defensoras de los derechos humanos detenidas desde que Salman llegó al poder.

Según numerosos testimonios, algunas de las mujeres detenidas el año pasado fueron torturadas repetidamente con descargas eléctricas, azotes y sumergimientos en agua, lo que las dejaba temblando incontrolablemente, incapaces de caminar o sentarse y con moretones y rasguños que cubrían sus muslos, rostros y cuellos.

Además de la tortura, varias detenidas han sido víctimas de agresiones sexuales y acoso. Al menos una de las detenidas intentó suicidarse varias veces.

El 13 de marzo, nueve defensoras de los derechos de las mujeres finalmente fueron llevadas a la corte con otras dos mujeres. Pero a ninguna tuvo acceso a un abogado hasta la segunda sesión del juicio, dos semanas después.

Los periodistas extranjeros y los diplomáticos tampoco pudieron presenciar las sesiones en el tribunal. Durante el juicio, las mujeres descubrieron que las confesiones firmadas bajo coacción en los interrogatorios se utilizarían como prueba en su contra.

El 28 de marzo de 2019, tres mujeres fueron liberadas temporalmente, entre ellas la académica Aziza al Youssef, activista a favor de los derechos humanos hace largo tiempo, y Eman al Nafjan, con un blog sobre los derechos de las mujeres.

Aplaudir estas liberaciones solo alimenta la propaganda saudí. No cambia el hecho de que fueron torturadas severamente mientras estuvieron detenidas arbitrariamente durante meses, ni de que todavía se les acusa de activismo por los derechos de las mujeres y sus juicios se reanudarán a comienzos de junio.

Sin mencionar que el hijo de Al Youssef, Salah al Haidar, estuvo entre los arrestados en abril, junto con la escritora feminista Khadijah al Harbi, quien está embarazada.

Durante la segunda sesión del juicio, el juez dijo que más mujeres procesadas serían liberadas bajo fianza. Pero en la audiencia del 3 de abril se confirmó la detención de todas las enjuiciadas.

Para peor, otra ronda de arrestos comenzó al día siguiente.

La siguiente audiencia, cuando se creía que se emitiría el veredicto para las ocho mujeres enjuiciadas que aún no han sido liberadas, se había programado para el 17 de abril, pero se canceló inexplicablemente y no se sabe cuándo se producirá.

Arabia Saudita sigue actuando con impunidad, facilitada por el silencio de la comunidad internacional hasta hace muy poco. Las acciones del reino han sido en gran parte barridas bajo la alfombra, disfrazadas bajo la falsa afirmación de que el país se está reformando y modernizando.

Escandalosamente, Arabia Saudita es miembro desde 2015 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pese a su descarado desprecio por los derechos humanos. Esto debe cambiar.

Ante la falta de acción de los actores internacionales, la sociedad civil ha llenado ese espacio con solicitudes de que las autoridades saudíes rindan cuentas sobre los derechos de las mujeres y actuaciones para que la situación de las defensoras de esos derechos que están detenidas estén presentes en el ojo público internacional.

La coalición #FreeSaudiWomen, un grupo de siete oenegés que abogan por la liberación inmediata e incondicional de todas las defensoras de derechos humanos sauditas, creó una petición que ha sido firmada por casi un cuarto de millón de personas.

La toma de conciencia de las violaciones de los derechos humanos en Arabia Saudita es el primer paso. Pero hay más cosas que pueden hacerse y una de ellas es hacer una campaña para responsabilizar a los gobiernos, empresas, artistas y grupos deportivos que continúan comprometidos con la campaña de lavado de imagen de Arabia Saudita.

A menos que se impulse una acción sistémica de solidaridad, Arabia Saudita continuará utilizando su poder económico y militar para reprimir las libertades cívicas fundamentales de las activistas de los derechos de las mujeres en el país.

En muchos niveles, la ciudadanía democrática debería estar muy asustada de que Estados Unidos piense que está bien vender tecnología de energía nuclear a Arabia Saudita, con seis acuerdos recientemente aprobados en secreto.

La crisis saudita involucra a numerosos actores clave y una solución puede parecer inalcanzable, pero un mundo que no actúa cuando un país encarcela y tortura arbitrariamente a sus ciudadanos sienta un precedente aterrador para los líderes de todo el mundo.

En un contexto donde seis de cada 10 personas viven en países donde las libertades cívicas están restringidas de alguna forma, según el Monitor Civicus, Arabia Saudita es un claro ejemplo de lo que puede suceder cuando los Estados actúan impunemente.

Para empezar, 36 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron una declaración en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de en marzo, en la que pedían la liberación inmediata de las defensoras de los derechos de las mujeres y una investigación sobre el asesinato de Khashoggi.

Si bien deben ser elogiados por sus acciones, junto con otras partes interesadas, los Estados miembros de la ONU deben subir la apuesta: emitir una amplia resolución  en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, que responsabilice a Arabia Saudita por sus violaciones a esos derechos.

T: MF

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