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Atualizado: 1 hora 32 minutos atrás

Sin títulos de propiedad es difícil luchar contra la degradación de la tierra

sex, 08/02/2019 - 12:30

Erin Myers Madeira, directora del Programa Mundial sobre Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de Nature Conservancy, señaló que “las comunidades obtienen mejores resultados que las autoridades y que otros actores a la hora de frenar la deforestación y la degradación. La comunidad akaratshie, del distrito de Garu yTempane, en Ghana, lograron restaurar tierras degradadas. Crédito: Albert Oppong-Ansah/IPS.

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Feb 8 2019 (IPS)

Cada vez es más importante realizar una gestión sostenible del suelo a medida que aumentan las emisiones contaminantes, la deforestación y la escasez de agua. Pero es muy difícil en las regiones donde existen pueblos y comunidades sin derechos de propiedad, pues la relación de ese problema con la degradación ambiental sigue siendo un asunto mal comprendido y desatendido.

Los estudios coinciden en que la inseguridad en la tenencia de la tierra se traduce en una mala gestión del suelo, pues las comunidades no tienen incentivos para invertir en medidas de protección a largo plazo, lo que favorece la degradación ambiental.

“Asegurar el derecho a la seguridad y a la tenencia de la tierra y a los recursos para los pueblos indígenas y las comunidades locales es uno de los asuntos más importantes que se pueden atender para obtener buenos resultados en materia de conservación”, subrayó Erin Myers Madeira, directora del Programa Mundial sobre Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de Nature Conservancy.

“Las comunidades obtienen mejores resultados que las autoridades y que otros actores a la hora de frenar la deforestación y la degradación”, destacó, en diálogo con IPS.

A pesar de los derechos consuetudinarios en más de la mitad de los territorios, los indígenas y las comunidades locales solo tienen la tenencia legal de 10 por ciento del total de tierras.

La organización Resources and Rights también concluyó que el reconocimiento legal de los derechos de propiedad de las comunidades locales es inadecuada, pues en 2017 ascendía a 14 por ciento de las superficie forestal.

Es, en parte, resultado de la falta de políticas estatales, pero el acaparamiento de tierras que emprenden las compañías, que no reconocen los derechos de las comunidades locales a sus territorios ancestrales, son cada vez más comunes en el mundo.

En 2006, 200 familias perdieron derechos sobre su territorio en el distrito de Sre Ambel, en Camboya, en beneficio de una plantación de azúcar.

En Liberia, el gobierno expulsó a un grupo de agricultores de sus tierras cuando otorgó 350.000 hectáreas a la multinacional malasia Sime Darby, lo que provocó el surgimiento de un resentimiento generalizado y generó un conflicto en la zona.

Según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), 35 por ciento de las restantes tierras cultivables disponibles de África están en manos de grandes entidades, con más de 70 millones de hectáreas dedicadas a los biocombustibles.

Muchas comunidades se organizaron para luchar contra la expansión, pero con resultados fatales. Según Global Witness, 201 activistas ambientales fueron asesinados en 2017 tratando de proteger sus tierras de la minería y de la agroindustria, entre otras.

Imagen aérea de la región Alta Oriental, en Ghana, antes de la recuperación que tuvo lugar en 2015. Crédito: Albert Oppong-Ansah /IPS.

Mejor cuando los pueblos se hacen cargo

Karina Kloos Yeatman, directora de la Campaña de Derecho a la Tierra, de Landesa, subrayó la importancia de la gestión sostenible y de la conservación en manos de comunidades locales, pero el primer paso es el derecho a la tierra.

“Si no pensamos en el uso de la tierra y en la seguridad de la tenencia, y en encontrar más soluciones para ayudar a la gente a realizar inversiones a largo plazo para lograr un uso sostenible del suelo, vamos a seguir viendo un flujo de migrantes climáticos y a tener personas desplazadas”, alertó, en diálogo con IPS.

Yeatman, en particular, mencionó cómo cuando se logran asegurar los derechos de propiedad, aumentan las inversiones a largo plazo en la gestión sostenible del suelo y de los bosques.

Por ejemplo, pequeños agricultores con derecho a la tierra en Etiopía tienen 60 por ciento más de probabilidades de invertir en medidas que eviten la erosión del suelo.

En los bosques donde los indígenas tienen derecho a la tierra, se observa una reducción notoria de la deforestación.

En Bolivia, la deforestación es 2,8 veces menor en los territorios donde los indígenas tienen títulos de propiedad, lo que no solo ayuda a frenar la degradación, sino que las medidas adoptadas también mitigan las emisiones forestales y contribuyen a contener el recalentamiento global.

Yeatman y Madeira coinciden en que el derecho a la tierra no basta para promover una gestión sostenible del suelo, sino que es uno de los cuatro pilares necesarios.

Los pilares son asegurar el derecho a la tierra y a recursos, apoyar el fuerte liderazgo comunitario y la gobernanza local, promover la colaboración entre múltiples actores, permitir que las comunidades participan en la toma de decisiones e identificar oportunidades de desarrollo económico ambientalmente sostenibles en conexión con la gestión sostenible y los valores culturales de las comunidades locales.

“Es cuando se tienen esos cuatro ingredientes que se logra una conservación duradera, tener comunidades con poder para proteger a sus pobladores y que se benefician económicamente de administrar esos lugares”, destacó Madeira.

En un esfuerzo por frenar la tala y la deforestación, la comunidad amazónica shipibo-conibo, en Perú, incluyó 6.000 hectáreas, 80 por ciento de su territorio, en un programa de conservación nacional que le ayudó a administrar sus tierras de forma de contar con fuentes de ingresos sostenibles.

Como parte del Programa Nacional de Conservación de Bosques, las comunidades reciben tres dólares al año por hectárea que dedican a la conservación, lo que les puede llegar a significar por lo menos 18.000 dólares. Para recibir el pago, deben comprometerse a proteger la selva.

Una proporción significativa del dinero se reinvierte en la selva y en sus comunidades que se dedican al ecoturismo y a la extracción sostenible de recursos forestales.

Agricultores realizan una poda periódica en Susudi, en la región Alta Oriental, en Ghana. Crédito: Albert Oppong-Ansah/IPS.

Un paso adelante, pero quedan muchos más

La tenencia de la tierra puede tener distintas formas en varios contextos, pero Madeiro subrayó la importancia de que los gobiernos y las empresas respeten los derechos de propiedad, así como la inclusión de los indígenas y de las comunidades locales en la planificación de la gestión sostenible.

Yeatman urgió a las corporaciones a informarse sobre las complejidad que rodean a la tenencia de la tierra y que apoyen a las comunidades locales a garantizar un futuro sostenible.

“(Las compañías) suelen tener contratos de 50 a 100 años y si quieren tierras sostenibles, deben ayudar a los agricultores a garantizar sus derechos y el acceso a la información, así como a insumos para diversificarse y que el suelo no se degrade”, puntualizó.

Los consumidores también deben desempeñar su papel, observó Yeatman, involucrándose en el origen de los productos y de las compañías a las que les compran.

La campaña de Oxfam “Detrás de las Marcas” ofrece un puntaje para medir cómo se ubican las 10 mayores compañías de alimentos y bebidas con respecto a ciertos indicadores, como el apoyo a las mujeres en la agricultura, la reducción de emisiones contaminantes y el respecto a los derechos de propiedad y de un uso sostenible del suelo.

Por ejemplo, la multinacional francesa Danone y la estadounidense General Mills están en los lugares más bajos en el indicador sobre tierras porque no se comprometieron con la tolerancia cero al acaparamiento de tierras y no exigen a sus proveedores que evalúen cómo esas adquisiciones afectan a las fuentes de ingresos de las poblaciones locales.

Hace poco, hubo algunos avances al respecto.

El gobierno de Malasia demandó al gobierno local de Kelantan por no proteger el derecho a la tierras de los indígenas orang asli, muchos de los cuales no tienen títulos de propiedad, al seguir otorgando licencias a empresas madereras y agrícolas.

Asimismo, Birmania (Myanmar), que tiene uno de los mayores índices de deforestación de Asia, tiene previsto dejar unas 918.000 hectaŕeas en manos de comunidades locales para 2030 a fin de evitar la tala ilegal y permitir que los pobladores de la zona practiquen una silvicultura sostenible.

Queda mucho por hacer, y es necesario actuar para evitar la reducción de tierras y de los recursos naturales esenciales para la supervivencia de los seres humanos.

Traducción: Verónica Firme

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Más leyes y más balas en intento de abatir la criminalidad en Brasil

qui, 07/02/2019 - 14:40

El ministro brasileño de Justicia y Seguridad Púbica, Sergio Moro (a la derecha, en el podio) atiende las preguntas de miembros del Frente Parlamentario de Seguridad Pública, durante la presentación de su plan contra la criminalidad y la corrupción en la Cámara de Diputados, el 6 de febrero, en Brasilia. Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Feb 7 2019 (IPS)

Más de lo mismo, endurecer las leyes y las normas penales, es la receta con que el nuevo gobierno de extrema derecha de Brasil comenzó una de sus batallas vitales para su futuro, la reducción de la criminalidad a niveles soportables.

Brasil ostenta el récord mundial en la cifra absoluta de homicidios, 63.885 durante el año de 2017, un índice de 30,8 homicidios por 100.000 habitantes, según datos oficiales recopilados por el no gubernamental Foro Brasileño de Seguridad Pública. Más de un millón de víctimas mortales de la delincuencia se acumulan desde los años 80.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, anunció el 4 de febrero sus  propuestas para modificar 14 leyes, con las que espera abatir la violencia criminal y consolidar el exitoso combate a la corrupción que él lideró como juez, de 2014 a 2018.“El gobierno central no sabe qué porcentaje hay de homicidios resueltos (por la policía) en Brasil. En Río de Janeiro se sabe que alcanzan 11 por ciento los casos que resultan en acusaciones judiciales. Es un cuello de botella, si no se logra enjuiciar casi 90 por ciento de los asesinos, poco importa si la pena es de 10 o de 30 años de cárcel”: Bruno Langeani.

“Es decepcionante que su primera iniciativa sea repetir el endurecimiento de leyes, en lugar de un plan de gestión. Brasil ya tiene demasiadas leyes, se las aprueban siempre que hay problemas de seguridad, así fue con la Ley de los Crímenes Hediondos, la del feminicidio y otras”, reaccionó Bruno Langeani, gerente de Sistemas del independiente Instituto Soy de Paz, de São Paulo.

El nuevo plan incluye varias leyes nuevas y reformas de otras ya vigentes, que amplían las penas, agravan  condiciones de encarcelamiento o reducen beneficios como el régimen de prisión semiabierta.

El endurecimiento en la legislación y en las penas carcelarias durante las últimas décadas no logró reducir la criminalidad en Brasil, sino que se acompañó de un permanente aumento de los homicidios, acelerada en años recientes, observó Langeani.

“Hay cuestiones estructurales en la seguridad pública que, si fuesen atendidas, tendrían un resultado mejor que cambios en la legislación”, sostuvo.

El Ministerio de Justicia dispone de un abultado presupuesto y cerca de 25.000 agentes de la Policía Federal, la Policía Vial Federal y la Fuerza Nacional de Seguridad, que podrían ser más eficientes en una estrategia más adecuada, arguyó.

“El gobierno central no sabe qué porcentaje hay de homicidios resueltos (policialmente) en Brasil. En Río de Janeiro se sabe que alcanzan 11 por ciento los casos que resultan en acusaciones judiciales. Es un cuello de botella, si no se logra enjuiciar casi 90 por ciento de los asesinos, poco importa si la pena es de 10 o de 30 años de cárcel”, razonó el activista, graduado en derecho y en relaciones internacionales.

Además, entre las propuestas legislativas de Moro hay una muy polémica, la que amplía el concepto de legítima defensa, para incrementar la protección a los policías que provoquen muertes al intervenir en “un conflicto armado o en riesgo inminente de conflicto armado” o al “prevenir injusta e inminente agresión” a él mismo u otros, incluyendo rehenes.

En esos casos, el juez podrá reducir la pena a la mitad o incluso dejar de aplicarla, según la propuesta de una de las reformas legales.

“No es licencia para matar”, trató de defender Moro, al presentar su paquete de medidas, que serán sometidas al bicameral Congreso Nacional legislativo tras un período de debate público.

Sergio Moro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, en una reunión con gobernadores y secretarios de seguridad de los 27 estados del país, para presentarles el nuevo plan anticrimen del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, que endurece las leyes y aumenta la discrecionalidad de las policías. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pero los especialistas temen un incremento adicional en la muy elevada y creciente cantidad de muertos por acciones policiales. Entre 2013 y 2017 esas muertes más que duplicaron en Brasil, al pasar de 2.212 a 5.159, según el foro de seguridad.

Para Langeani, la medida no tiene justificación, porque “una policía que mata tanto no puede decir que muere por no reaccionar, o que es castigada por trabajar”.

Además, acotó, hay muchos casos comprobados en que “la policía llega disparando”, con el resultado de numerosos “muertos por balas perdidas” en las confrontaciones entre los efectivos y bandas armadas, especialmente en Río de Janeiro.

Al especialista también le preocupa otra propuesta que incluye a cualquier ciudadano, y no a solo policías, en que se amplia también la tolerancia para quienes matan cuando son sometidos a “excusable miedo, sorpresa o violenta emoción”.

Son términos subjetivos que permiten la impunidad a cualquiera, lo que puede estimular las ejecuciones extrajudiciales por policías y las llamadas milicias, teme el dirigente del Instituto Sou da Paz.

Las milicias son grupos ilegales armados, en general compuestos por expolicías y antiguos militares, que controlan decenas de barrios de la región metropolitana de Río de Janeiro, especialmente en la Zona Oeste, con barrios de nueva población.

Imponen su orden y explotan negocios como transporte colectivo, venta de gas de cocina, acceso a la televisión por cable e Internet, seguridad privada y otros servicios.

Esos grupos, que en algunos momentos fueron tolerados como fuerzas parapoliciales en algunas ciudades por confrontar al narcotráfico, deben se considerar organizaciones criminales sujetas a las más duras penas y condiciones carcelarias, propone Moro.

Esa nueva propuesta choca con viejas posiciones del ahora presidente Jair Bolsonaro, que en el pasado defendió la acción miliciana, y de su hijo senador, Flavio Bolsonaro, que tuvo estrechas relaciones con conocidos jefes de milicias, cuando era diputado del estado de Río de Janeiro, incluso homenajeándolos y empleando a sus familiares.

La polémica ampliación de la llamada legítima defensa se sumaría al decreto firmado por Bolsonaro 15 días después de asumir el poder el 1 de enero, que facilitan la posesión de armas de fuego a los civiles. Eso tiende a aumentar aún más los homicidios en Brasil, lamentó Langeani.

La epidemia de delincuencia ciudadana en los últimos años fue uno de los factores decisivos para el triunfo electoral de Bolsonaro en octubre. En su campaña, se presentó como el candidato capaz de abatir la criminalidad organizada, al prometer una represión brutal, incluso violando los límites legales y de derechos humanos.

También se benefició de la confianza que los brasileños aún depositan en los militares para asuntos de seguridad. Bolsonaro es un capitán retirado del Ejército, dejó la carrera militar en 1988 y ese año fue electo como concejal de Río de Janeiro y luego, por siete veces, diputado nacional.

Moro, que cimentó su popularidad como el juez que puso en la cárcel centenares de políticos conocidos, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2007-2013), y grandes empresarios, todos acusados de corrupción, es el elegido para frenar la delincuencia organizada.

Para sumarse al equipo de Bolsonaro, dejó la carrera judicial y asumió el Ministerio de Justicia al que se le sumó la Seguridad Pública, que antes dependía de otra cartera.

Pero su estreno refleja su sesgo judicial, porque la prioridad de su plan fue ajustar las leyes a lo que cree necesario para combatir las organizaciones criminales y la corrupción.

Sus propuestas sufrirán resistencias, rechazos o enmiendas en el Congreso y algunas ya se anticipa que tendrán que ser dirimidas por el Supremo Tribunal Federal.

Sus mayores dificultades, sin embargo, están en la compleja gestión del sistema carcelario, con una población de más de 700.000 reclusos. Dentro de las penitenciarías están quienes comandan las bandas del narcotráfico, en establecimientos que han pasado a estar en alta mayoría dominados por organizaciones criminales.

Además la lucha contra la delincuencia depende de las policías de los 27 estados brasileños, responsables directos de la seguridad pública y cuya precariedad crónica se agravó en los últimos años por la recesión económica del país y la crisis financiera en la mayoría de las entidades federales.

No todo es negativo en la propuesta del ministro. Hay elementos positivos, como el Banco Nacional de Perfiles Balísticos, que permitirá identificar armas de fuego usadas en crímenes, y penas más severas para policías, empresas de seguridad y clubes de tiro en caso de abuso de armas de fuego.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Energía solar, esperanza para barrios pobres de Buenos Aires

qui, 07/02/2019 - 11:27

Valeria Barrientos, en el área recreativa de La Containera, el moderno complejo de 120 viviendas sociales que fue inaugurado en 2017 dentro de Villa 31, el asentamiento precario incrustado en un área céntrica de Buenos Aires. Los edificios tienen sus techos cubiertos por paneles solares, que garantizan la electricidad a sus residentes. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, Feb 7 2019 (IPS)

Los paneles solares brillan sobre las terrazas de 10 edificios de líneas perfectamente rectas y altura uniforme. Es una imagen de modernidad que contrasta con otra a pocos metros: viviendas con distintos ambientes agregados desordenadamente, sin revestimiento exterior y con una multitud de cables eléctricos a la vista.

La Villa 31, el asentamiento precario más famoso de la capital de Argentina, por su ubicación en un área céntrica de Buenos Aires, está pasando por un proceso de transformación, no exento de controversia, en el cual las energías limpias juegan un importante papel.

El Estado está construyendo cientos de nuevas viviendas con sus techos cubiertos por paneles solares, que sirven para dar energía a un barrio donde el acceso a los servicios básicos siempre ha dependido de conexiones informales e inseguras.“El cambio es enorme, porque las nuevas viviendas tienen asegurado el suministro y no tienen que pagar por la energía. Además, la electricidad que sobra puede inyectarse a la red”: Rodrigo Alonso.

Durante décadas, las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prometían periódicamente erradicar la Villa 31, que nació hace cerca de 90 años, y hoy es una postal de pobreza, que al mismo tiempo muestra la vitalidad de miles de personas que llevan adelante actividades comerciales y productivas a pesar de la informalidad y el desamparo.

Las amenazas se transformaron en esperanza en 2009, cuando se sancionó una ley local que ordenó urbanizar la Villa, abrir calles, dar títulos de propiedad a los vecinos y –en resumen- convertirla en un barrio más de una ciudad que históricamente la vio como un cuerpo extraño aunque imposible de esconder.

En Argentina, se denominan villas a los asentamientos pobres, hacinados e informales de sus ciudades. Un relevamiento difundido por el gobierno en 2018, indica que en el país hay 4.228 de estas villas, en las que viven alrededor de 3,5 millones de personas, de una población total de 44 millones.

En particular, en Buenos Aires hay 233.000 personas -o 7,6 por ciento de la población, sin contar los populosos suburbios- que viven en esos asentamientos precarios.

La urbanización de Villa 31 es una tarea monumental que recién comenzó a ejecutarse en 2016 y hoy va cambiando pausadamente la fisonomía de una verdadera ciudad dentro de la ciudad, que tuvo un crecimiento fenomenal en los últimos años.

De acuerdo a los últimos datos oficiales, residen en ella 43.190 habitantes, distribuidos en 10.076 viviendas, contra solo 12.204 personas que vivían en 2001, el año de un cataclismo económico en este país sudamericano.

Desde entonces, a pesar de que Argentina experimentó varios años de crecimiento económico, la Villa 31 fue la opción que encontraron cada vez más familias marginadas del circuito formal de compra o alquiler de viviendas.

Algunos de los paneles solares instalados en los techos del complejo residencial de La Containera, en la Villa 31, y de fondo las torres del área de lujosas oficinas de la capital argentina. El asentamiento precario tiene una ubicación privilegiada dentro de Buenos Aires, al lado de La Recoleta, uno de sus barrios más cotizados. Crédito: Daniel Gutman/IPS

Se trata de un terreno de 44 hectáreas ubicado entre Retiro, una de las principales estaciones ferroviarias de la capital, y La Recoleta, uno de los barrios más cotizados y tradicionales de Buenos Aires.

“Vinimos a la Villa 31 hace cuatro años, después de que se incendió el edificio en el que vivíamos en el barrio de La Boca y nos quedamos en la calle”, cuenta a IPS Valeria Barrientos, casada y con cuatro hijos de entre 13 y 2 años.

Barrientos, cuyo marido es camionero, dice que es “un regalo del cielo” contar con agua caliente e iluminación, aseguradas gracias a la energía solar, aun cuando se corte el suministro eléctrico, circunstancia especialmente frecuente en la Villa 31, donde hay una red inestable, de la cual las viviendas se nutren con conexiones irregulares y precarias.

Su familia vive desde septiembre de 2017 en el sector de La Containera, porque hasta hace tres años era un depósito de contenedores en desuso. A ellos les ofrecieron un departamento allí, a pagar en 30 años, porque vivían en un terreno de la Villa donde hoy se está construyendo una autopista.

La Containera tiene edificios de tres pisos, con paneles solares para alimentar los termotanques que calientan agua para baños y cocinas, mover las bombas que suben el agua hasta los tanques y dotar de energía eléctrica a las viviendas.

“En las terrazas de La Containera instalamos 174 paneles solares. No pusimos más porque ya no quedaba lugar en los techos”, contó a IPS Rodrigo Alonso, gerente general de Sustentator, una empresa argentina con 10 años de experiencia en energías renovables.

Alonso recuerda que “la primera vez que entré a la Villa me quedé asombrado cuando vi unos enormes manojos de cables que se conectan a los postes de electricidad y llevan la energía a las casas. La cuenta la paga el Estado, pero las viviendas tienen conexiones muy inseguras”.

Una calle de la Villa 31, con viviendas informales de hasta cinco pisos de altura y cables aéreos de tomas irregulares de electricidad. En el asentamiento viven más de 43.190 personas, según el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en 2016 estableció un ambicioso plan para formalizarla. Crédito: Daniel Gutman/IPS

“Hoy el cambio es enorme, porque las nuevas viviendas tienen asegurado el suministro y no tienen que pagar por la energía. Además, la electricidad que sobra puede inyectarse a la red”, agregó.

La operación de sumar a la red eléctrica la energía generada por los paneles solares y hacerse acreedor de un crédito contra la compañía distribuidora se espera que pueda formalizarse en Argentina este año, cuando entre en vigencia la Ley de Generación Distribuida de Energías Renovables, aprobada en 2017 y cuyo reglamento se completó en noviembre pasado.

Los paneles solares forman parte del edificio y no son individuales. Por ello, si en el futuro existe energía excedente para sumar a la red convencional, se compensará con un crédito a favor del consorcio administrador del conjunto que se restará al cargo por el consumo de energía en las zonas comunes de los edificios.

También se están instalando paneles solares para garantizar la energía en la obra más ambiciosa que se está desarrollando en la Villa 31: la construcción de 26 edificios con más de 1.000 viviendas, sobre un terreno que pertenecía a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Allí se prevé que se muden los vecinos cuyas casas serán demolidas para avanzar en la construcción de la autopista y la apertura de calles, aunque muchos vecinos tienen prevenciones sobre el futuro.

En los techos del nuevo conjunto de viviendas sociales en la Villa 31, en la capital argentina, se instalaron 174 paneles solares y 55 termotanques alimentados con energía solar. Cada termotanque tiene una capacidad de 300 litros y abastece a dos viviendas, bajo el criterio de que en cada departamento viven en promedio tres personas, que requieren 50 litros diarios de agua caliente. Crédito: Daniel Gutman/IPS

“Nos preocupa que no se cumplan las promesas y muchas familias queden en la calle. Vamos a defender el lugar de cada uno”, dijo a IPS Héctor Guanco, quien vive con su familia hace cerca de 20 años en la Villa 31.

La posibilidad de contar con energía solar es una diferencia decisiva en un país donde las tarifas de electricidad han aumentado más de 500 por ciento en los últimos tres años

“Pasar de la informalidad a la formalidad puede significar una presión económica muy difícil de soportar, porque hay que pagar un crédito hipotecario por la vivienda, más los impuestos y los servicios”, advirtió IPS Facundo Di Filippo, un exlegislador de la Ciudad Autónoma.

Di Filippo fue autor de la ley de urbanización de la Villa 31 y ahora es presidente del no gubernamental Centro de Estudios  y Acción por la Igualdad.

Él es crítico de la forma que el gobierno de la Ciudad encaró la urbanización de la Villa 31 y consideró que “se pone el eje en mejorar el entorno en una zona de Buenos Aires que tiene un valor inmobiliario alto, de manera de beneficiar negocios privados”.

Los nuevos edificios fueron construidos con criterios de sostenibilidad inéditos en Buenos Aires, por exigencia del Banco Mundial, que aportó un crédito de 170 millones de dólares para financiar la urbanización.

“Las paredes tienen una capacidad de aislación tanto térmica como sonora, que reduce el consumo de energía. Además, en los techos se colocó un sistema de recolección de agua de lluvia para destinarla al riego de las áreas verdes del lugar”, explicó a IPS Juan Ignacio Salari, subsecretario de Infraestructura Urbana del gobierno de Buenos Aires.

“Estamos también intentando avanzar con el Banco Mundial para que financie un programa de recambio de electrodomésticos, porque muchos habitantes de la Villa 31 tienen heladeras (frigoríficos) o aires acondicionados muy antiguos, que son muy ineficientes energéticamente”, agregó.

“La gente de la Villa quiere formalizarse y pagar los servicios que consume. El Estado debe acompañarlos para que puedan hacerlo”, dijo el funcionario, quien precisó que el plan es poner paneles solares es los edificios nuevos e integrar las demás viviendas a la red convencional de energía eléctrica.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Cinco razones por las cuales la paridad es clave para democracias de América Latina

qua, 06/02/2019 - 13:18

Mujeres participan en una actividad política en Santo Domingo. Crédito: PNUD República Dominicana

Por Richard Barathe
PANAMÁ, Feb 6 2019 (IPS)

En el 2019, América Latina y el Caribe será el escenario de 12 procesos electorales. Momentos como este llaman a pensar en los sistemas democráticos nuevamente y el impacto que tienen estos en la presencia de las mujeres en la política como una oportunidad para renovar nuestro compromiso por una inclusión de las mujeres en la política y así, la transformación hacia un nuevo sistema democrático paritario.

Desde el año 2000 el porcentaje de parlamentarias elegidas a nivel local en América Latina se ha incrementado de 13,23 por ciento a 30,7 por ciento en el 2018; sin embargo, en la región persisten importantes deficiencias en el empoderamiento político de las mujeres.

La baja participación de las mujeres en espacios de decisión y los obstáculos que deben sobrellevar para formar parte de los sistemas democráticos muestran una situación crítica, pero también una oportunidad para generar un cambio positivo en la región.

La paridad política es necesaria para que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas y se beneficien del proceso de la democracia.  La democracia paritaria propone un nuevo modelo de un estado inclusivo, tal como lo propone la Agenda 2030, y un nuevo pacto social donde la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sea una realidad.

  1. Calidad y legitimidad democrática: Cuando la diversificación en la toma de decisiones no existe es probable que los intereses que se traducen en políticas representen sólo a un grupo determinado en desmedro de otros.  La democracia paritaria es una oportunidad para que las necesidades del 50 por ciento de la población sean atendidas a través de decisiones y políticas más inclusivas desde todos los poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno. La experiencia ha mostrado que la participación de mujeres en espacios donde se decide la agenda política contribuye a que se incorporen temas que repercuten en beneficio de toda la sociedad, como la custodia parental, legislación contra la violencia de género, la salud sexual y reproductiva, el empleo y autonomía económica de las mujeres, seguridad en espacios públicos, educación, gestión del agua, etc.

    Richard Barathe

  2. Igualdad real en el acceso al poder: Además de que haya más mujeres en los diversos espacios y órganos de decisión política, es igualmente necesario promover las mismas condiciones y oportunidades para hombres y mujeres, en todos los niveles jerárquicos de las estructuras políticas. La paridad, como medida legal en lo político electoral ha demostrado ser la política más efectiva para lograr esa diversidad en el acceso al espacio público: en las democracias latinoamericanas que la han aplicado en nominaciones electorales, se ha logrado el mayor número de mujeres electas como parlamentarias en la historia de dichos países alcanzado rangos cercanos al 40-50 por ciento en Bolivia, México, Costa Rica y Ecuador (CIM e IDEA Internacional, 2016). A su vez, Bolivia, Costa Rica y México son los países de la región con la proporción más equitativa de mujeres y hombres en sus parlamentos.
  3. Igualdad real a través de nuevas leyes y políticas: La paridad permite que más mujeres lleguen y cuando eso sucede, tal como señalan diversos estudios como el del Banco Mundial (2014), se produce un impacto positivo en el tipo de políticas, temas y soluciones consideradas (incluyendo presupuestarias). Tomando como ejemplo el parlamento, las mujeres electas han impulsado nuevas leyes desde su llegada, relacionadas por ejemplo, a propiciar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el hogar, a la igualdad salarial y la mitigación de la violencia de género en una región en la que -según datos de CEPAL- solo en 2017, 2795 mujeres fueron víctimas de feminicidio. 
  4. Aprovechar el capital humano y mejorar el desarrollo: La desigualdad tiene costos para el desarrollo de los países. Recientes estudios del plano económico señalan que las brechas que afectan a las mujeres en el mundo empresarial y salarial suponen una pérdida del 14 por ciento del producto interno bruto en América Latina y el Caribe (Cuberes y Teignier, 2014). En el plano educativo, las mujeres superan a los hombres en el número máximo de años de instrucción:  23 por ciento de mujeres frente a 20,2 por ciento de hombres con más de trece años (CEPAL, 2017). La democracia paritaria plantea la incorporación plena e igualitaria de las mujeres en los aspectos económicos, sociales y políticos, aprovechando así un valioso capital humano.
  5. Trasformación en las relaciones de poder: Que haya mujeres líderes políticas contribuye a generar nuevos roles y prototipos de mujeres, distintos de las tradicionales. El redistribuir el poder de forma equilibrada entre hombres y mujeres como plantea la democracia paritaria (tanto en el mundo público como en la vida privada) ayuda a construir relaciones horizontales de igualdad y liderazgos libres de estereotipos y prejuicios. Además, las mujeres líderes refuerzan el concepto de la mujer ciudadana frente a la mujer víctima, vulnerable y económicamente dependiente.  Dicho esto, la paridad también supone la liberación para los hombres de un tipo de masculinidad muchas veces anclada en relaciones de subordinación.

Por ello desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)ONU Mujeres e IDEA Internacional, hemos lanzado recientemente la Red de Democracia Paritaria compuesta de más de 200 líderes en la región, con el objetivo de formar un diálogo regional que busque impulsar la participación política de las mujeres en América Latina, y promover reformas legislativas que les permitan ocupar cargos de liderazgo político para representar e influir en el desarrollo de sus sociedades.

RV: EG

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El Caribe lucha por alzar su voz en las negociaciones climáticas

qua, 06/02/2019 - 13:15

En la fotografía, un pescador de Barbados. Las reservas de peces en el Caribe sufren las consecuencias del cambio climático. Crédito: Desmond Brown/IPS

Por Desmond Brown
GEORGETOWN, Feb 6 2019 (IPS)

En los últimos años, los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) sufren cada vez más las consecuencias de huracanes, tormentas tropicales y otros eventos climáticos debido al aumento de un grado centígrado en la temperatura global, con respecto a la era preindustrial, y tienen un mayor impacto en las comunidades más vulnerables.

La Caricom y otros pequeños estados insulares en desarrollo (PEID) reclaman desde hace tiempo que el aumento de la temperatura global no supere 1,5 grados para fines de este siglo y así evitar lo peor.

El Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1,5 grados, elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), señala que los riesgos para los sistemas naturales y humanos, que afectan a la salud, los medios de vida, la seguridad alimentaria, el suministro hídrico, la seguridad humana y el crecimiento económico, son significativamente mayores cuanto más aumenta la temperatura global, lo que preocupa aún más a los países bajos.

En especial, a los PEID les preocupa la posibilidad de perder entre 70 y 90 por ciento de los arrecifes de coral si la temperatura global aumenta 1,5 grados y hasta 99 por ciento, si aumenta dos grados.

IPS entrevistó al secretario general adjunto de la Caricom, Douglas Slater, quien dijo que la organización trabaja con la Alianza de Pequeños Estados Insulares, y que los PEID de la Caricom son verdaderos líderes en el movimiento que los nuclea.

También comentó que en la 24 Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la región pudo, en cierta forma, garantizar que los procedimientos para implementar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, acordado en 2015, se definieran con claridad.

Douglas Slater, secretario general adjunto de la Comunidad del Caribe (Caricom), dijo que la región necesita reconocer la importancia de implementar algunas de las medidas recomendadas por las instituciones técnicas, que ayudarán a construir la resiliencia climática. Crédito: Desmond Brown/IPS.

IPS: ¿Cómo le va a la Caricom en la lucha contra el cambio climático?

DOUGLAS SLATER: Desde la COP21, en Francia, se tomaron ciertas decisiones. La región pensó que en la COP24 debíamos asegurar los procedimientos para implementar el Acuerdo de París y que las modalidades estuvieran claramente detalladas y definidas. En cierta medida, diría que se logró.

Otro asunto que llevamos a la COP24 y por el que abogamos es la respuesta al estudio del IPCC sobre el aumento de 1,5 grados.

El mundo ya apuesta a limitar el recalentamiento global a menos de dos grados. Insistimos en que no tiene que ser más de 1,5. Ahora puede parecer que están cerrados, pero las diferencias son tan significativas, en especial en lo que nos atañe.

Debo decir que nos costó convencerlos de aceptar la redacción de las conclusiones del IPCC. De hecho, la mayoría de las partes apoyaron las conclusiones y las acciones para responder a ellas. Pero hubo algunos grandes actores que no lo hicieron y como trabajamos por consenso, no pudo figurar en el documento final de forma contundente como para respaldar lo que queríamos.

Hubo cuatro países, algunos pesos pesados como Estados Unidos, Rusia, Kuwait y Arabia Saudita, que se resistieron. Insistiremos y habrán otras oportunidades. De hecho, hay una reunión en mayo de este año, en la que seguiremos presionando.

IPS: ¿Hubo otros resultados tangibles?

DS: Sí, incluimos ciertos términos que impulsarán a las partes a trabajar hacia lo que queremos. También está el tema del Diálogo de Talanoa, que se decidió en la anterior Presidencia de la COP, a cargo de Fiyi.

El texto sugiere trabajar juntos de forma inclusiva para asegurar que muchos temas, como las contribuciones determinadas a escala nacional, se ajusten para cumplir con los plazos. También implicó un desafío para que fuera aceptado por todos, pero creo que se puede decir que las partes reconocieron lo que está pasando y aceptaron aumentar su ambición de reducir los gases invernadero.

Pero es una lucha constante y tenemos que seguir alzando nuestra pequeña pero poderosa voz porque el cambio climático es un asunto existencial para nosotros. Saliendo de la temporada de huracanes de 2017, tuvimos, de primera mano, la experiencia de lo que nos puede pasar, y no queremos que se vuelva a repetir.

IPS: Debido a que en el Caribe los gobiernos cambian cada cinco años o menos, ¿cree que con cada cambio, el nuevo gobierno cambia el nivel de atención al cambio climático?

DS: Me parece, por lo que he observado en los últimos años, que los partidos políticos de la región comprenden el impacto que puede tener en nosotros el cambio climático y, en general, suelen estar a favor.

No es un problema. Puede variar el grado de énfasis, pero no creo que sea un problema. Creo que está claro para todos nuestros líderes que el cambio climático es una realidad y que puede destruir nuestra sostenibilidad, en especial la económica.

En mi opinión, no importa quién esté en el gobierno, la política debe apuntar a atender la resiliencia al cambio climático y creo que, en general, ocurre eso.

IPS: ¿Cuáles son los mayores desafíos para los países de la región de forma individual o grupal?

DS: Creo que tenemos que reconocer la importancia de implementar algunas medidas, como recomiendan nuestras instituciones técnicas, que ayudarán a construir resiliencia. En el caso de los huracanes, por ejemplo.

Una de las razones de los daños devastadores es que las normas de construcción deben actualizarse. Creo que con eso construiremos una región más resiliente. Creo que ese es el mensaje, pero la implementación lleva cierto tiempo por la falta de recursos. Trabajamos en eso.

Sé que Dominica, en especial después del huracán María, trabaja de forma asidua en la construcción del primer país resiliente al cambio climático, probablemente del mundo; un buen augurio para la región. Esperamos que lo queaobtengamos de esa experiencia se puede difundir en toda la región.

Me preocupan particularmente algunos estados de la Caricom, como Haití. Lo menciono por la degradación del suelo y sus consecuencias, con las que tenemos que lidiar ahora. Esperemos que pueda ajustarse y comprender la necesidad de reforestar porque es una medida de resiliencia.

Creo que si nuestros Estados miembro pueden trabajar con varios ministerios e instituciones regionales podemos movilizar recursos; ese es el gran desafío. En general, sabemos lo que tenemos que hacer. Hay cierta disposición a hacerlo, la dificultad es contar con los recursos para hacerlo.

Tenemos algunas instituciones excelentes, como la CDEMA (Agencia de Gestión de Emergencia de Desastres del Caribe), que se puso manos a la obra, pero necesitan recursos a veces para responder a algunos desafíos.

Trabajamos con algunas organizaciones internacionales y otros socios del desarrollo para ver cómo podemos aunar esfuerzos.

Traducción: Verónica Firme

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Europeos y estadounidenses disputan por aceitunas negras

ter, 05/02/2019 - 17:37

La Unión Europea ha demandado la apertura de consultas en la Organización Mundial de Comercio por la decisión de Estados Unidos de penalizar con un incremento de aranceles a las aceitunas negras españolas. Crédito: Ginebracomercio.com

Por Gustavo Capdevila
GINEBRA, Feb 5 2019 (IPS)

El fantasma del proteccionismo agrícola internacional volvió a la palestra en la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 31 de enero con la solicitud de consultas de la Unión Europea a Estados Unidos para discutir una decisión de Washington que impone aumentos de 35 por ciento a los derechos de importación sobre las aceitunas negras españolas.

Una vez entabladas las discusiones y transcurridos 60 días sin un acuerdo, la Unión Europea (UE) puede demandar la formación de un grupo especial (panel) que examinará el caso y emitirá una opinión.

El 1 de agosto de 2018 Washington dictó las órdenes de imposición de derechos compensatorios y antidumping por entender que “una industria de Estados Unidos es perjudicada materialmente a causa de la importación subvencionada de aceitunas negras de España”, según determinaron el Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos.

La Protección de Fronteras y Aduanas de ese país fue encargada de exigir el depósito en efectivo de los derechos compensatorios y antidumping a las importaciones de aceitunas negras de Aceitunas Guadalquivir S.L.U., Agro Sevilla Aceitunas S. Coop., Ángel Camacho Alimentación S. L, y otras empresas.

Los derechos compensatorios se activan cuando existe la certidumbre de una contribución financiera (subvención o subsidio) por parte de un gobierno o de cualquier organismo público en el territorio de un estado miembro de la OMC.

El derecho antidumping contrarresta la maniobra del dumping, cuando se coloca en el mercado una mercancía a valor inferior al de su producción en origen.

En este caso, la investigación previa efectuada por las autoridades estadounidenses alude a los beneficios de la Política Agraria Común (PAC) de la UE, que habrían alcanzado a los productores españoles con el incremento del derecho de importación a Estados Unidos por un total de 35 por ciento, de los cuales 15 por ciento corresponden a derechos contra la subvención y 20 por ciento a los derechos antidumping.

La comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, opinó que los abultados  aranceles impuestos por Estados Unidos a las aceitunas españolas son “injustificados”.

“Hemos planteado este caso a nuestros socios estadounidenses en muchas ocasiones y, junto a las autoridades españolas, continuaremos defendiendo vigorosamente los intereses de los productores de la UE”, dijo en declaraciones citadas por un informe del Consejo Oleícola Internacional y distribuido por el portal scoop.it.

La misma fuente recoge reacciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, que manifestó satisfacción por la acción legal emprendida por la UE ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.

Planas también consideró “injustos” los aumentos arancelarios de Estados Unidos. “Tenemos que tener muy claro que la Unión Europea está defendiendo las ayudas desacopladas a sus agricultores y ganaderos, que son compatibles con las normas de la OMC”, afirmó el ministro español.

Las políticas de sostén a las actividades rurales en los países de Europa se remontan a épocas no muy lejanas cuando eran frecuentes los períodos de escasez alimentaria y de hambrunas causados por plagas y pestes que asolaban cultivos y ganados y también por métodos primitivos de producción, entre otras razones.

En esas condiciones, el sostén público premiaba los volúmenes de producción para cubrir las necesidades apremiantes.

El panorama cambió con el auge económico posterior a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y el nacimiento y expansión de la UE con sus 28 Estados miembros actuales. Lo que no varió fue el sistema de ayudas indirectas que siguió favoreciendo la producción y engrosando también las arcas de los grandes latifundistas.

Ese mecanismo creó recelos internacionales por el perjuicio que las ayudas europeas causaban, y todavía causan, a agricultores y campesinos eficientes de países pobres en desarrollo, sin siquiera recursos para subvencionar.

Esas diferencias se hicieron notorias durante las negociaciones de la Ronda Uruguay (1986-1994) que dieron nacimiento a la OMC, a partir de 1995, y también al Acuerdo sobre la Agricultura, que recogió aspiraciones de los países en desarrollo sin todavía darles plena satisfacción.

La UE, convertida en una comunidad exitosa y opulenta, mantuvo las antiguas orientaciones de apoyo al sector rural, aunque dirigió buena parte de esos recursos a la asistencia de regiones más desfavorecidas, en especial de los nuevos miembros que se iban incorporando, como ocurrió con Andalucía y Extremadura, dos de las regiones de España que concentran las plantaciones de olivares.

Al tiempo, bajo la presión de países agrícolas eficientes, la UE ha cedido en el terreno de la competencia de las exportaciones, casi en su totalidad eliminadas, y ha reformado desde 2003 en la PAC el sistema de ayudas indirectas.

En esa fecha introdujo un régimen de ayuda directa que desacopla (desvincula) las ayudas a la producción y las concentra en el productor, que a su vez se orientará por el comportamiento del mercado, según las convicciones predominantes en esta nueva época.

De esa manera, las subvenciones privilegian cultivos herbáceos y explotaciones de ganado vacuno para carne y leche, igual que con ovinos y caprinos. En 2004, se extendió a los productos mediterráneos como el aceite de oliva, y cuatro años más tarde llegó al banano, azúcar, frutas, hortalizas y vino.

Estas son las subvenciones que incomodan a Estados Unidos y que han provocado la discusión en la OMC que puede terminar en un pleito.

Pero la historia del proteccionismo agrícola no termina aquí. La Unión Europea redujo sus subvenciones, la ayuda indirecta, pero aun mantiene otra forma de proteccionismo, en el rubro de acceso a los mercados. La UE aplica aranceles aduaneros muy elevados para productos agrícolas, en especial la carne, y en esta materia se ha mantenido inflexible, en particular Francia e Irlanda, ante los reclamos de países productores eficientes.

Tampoco Estados Unidos está exento de culpa en el proteccionismo agrícola pues dedican hasta 12.000 millones de dólares anuales en ayuda interna, destinada a agricultores ineficientes de la región del Medio Oeste, que constituyen un núcleo de peso político determinante en las elecciones presidenciales cuatrienales.

Para leer más artículos de Gustavo Capdevila sobre los movimientos del comercio internacional, visite la página especial del autor sobre el tema: https://ginebracomercio.com/

RV: EG

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Ultimo desastre natural deja rastro de solidaridad ciudadana en Cuba

ter, 05/02/2019 - 16:51

A comienzos de febrero, un grupo de voluntarios que se organizaron para atender a los damnificados del tornado que azotó La Habana el 27 de enero, camina cargado de bolsas con diversos bienes donados para brindar asistencia a las personas necesitadas, en uno el municipio de Regla, uno de los que conforman la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Patricia Grogg
LA HABANA, Feb 5 2019 (IPS)

El desastre causado por un poderoso tornado que azotó cinco municipios densamente poblados de La Habana agrava las penurias económicas de Cuba, al mismo tiempo que desató un movimiento ciudadano de solidaridad que no esperó la convocatoria oficial para manifestarse.

Seis fallecidos, casi 200 heridos y cuantiosos daños materiales, especialmente en viviendas, bienes personales y edificaciones públicas, fue el saldo del fenómeno atmosférico que la noche del 27 de enero dejó su estela de destrucción a lo largo de su trayectoria de unos 20 kilómetros con sus vientos máximos de entre 267 y 322 kilómetros por hora.

Cuba terminó 2018 con un crecimiento de apenas 1,2 por ciento y comenzó el nuevo año  con fuertes tensiones financieras por la reducción de los ingresos previstos debido a la caída en las exportaciones, el turismo y la producción azucarera.“Ha sido una experiencia dolorosa ver la destrucción, pero a su vez resulta reconfortante ver tanta solidaridad, tanta ayuda y, en mi caso personal, me entusiasma ver tantas personas jóvenes en los lugares que más lo necesitan”: Jesús Muñoz.

Esa situación obligó a cortar al mínimo las importaciones, por lo que podría incrementarse el desabastecimiento de alimentos, a lo que se suma ahora la necesidad de atender las consecuencias del nuevo evento climático.

Pero a medida que la ciudad comenzaba a restañar sus heridas, se vio nacer también un masivo movimiento solidario en favor de los damnificados casi tan sorpresivo como el tornado, que a diferencia de un huracán no se puede pronosticar por ser un sistema pequeño en tamaño, de corta vida y trayectoria.

Las personas comenzaron a llegar a la zona de desastre apenas despuntó el alba el lunes 28, algunas a título individual, otras como activistas de organizaciones no gubernamentales, estudiantiles, agrupaciones religiosas, artísticas o deportivas.  Todas unidas por el deseo de remediar las carencias de quienes lo perdieron todo.

Este fenómeno social está muy vinculado al creciente acceso a Internet, a la que en diciembre pasado se incorporó la conexión por datos móviles, mucho más resistente al tornado que los servicios tradicionales de telefonía fija y móvil. Fue así que las redes sociales devinieron distribuidoras de las primeras noticias e iniciativas de apoyo.

Las imágenes y relatos publicados en las redes sirvieron de base para los reportes de algunos medios internacionales de prensa e inclusive no pocos fueron recogidos por el estatal diario cubano Juventud Rebelde. La primera cifra de pérdidas fue publicada al amanecer del 28 de enero por el presidente  Miguel Díaz Canel en su cuenta oficial en Twitter.

En los primeros días hubo incomprensión de algunas autoridades que obstaculizaron en vez de facilitar el ingreso a las áreas impactadas a grupos interesados en entregar su ayuda directamente, pero pronto las tensiones dieron paso a la mutua colaboración. A su vez, las redes contribuyen a orientar y coordinar mejor la cooperación ciudadana.

“Esta movilización masiva que hemos visto por estos días demuestra que el pueblo cubano tiene una fuerte capacidad para organizarse si así se quiere y que la vocación solidaria está bien arraigada en el día a día de la sociedad”, comentó Taylor Torres, activista por un mayor acceso y uso de Internet en Cuba.

Integrantes de una brigada de construcción trabajan en la reparación de una vivienda entre los escombros dejados por un tornado que azotó La Habana, en el municipio de Regla, en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

En su opinión, no se puede negar en este fenómeno social el “papel fundamental de la internet y el alto poder de convocatoria que logran tener las redes sociales”.  “Nuestra lista de damnificados ha dado la vuelta al mundo y la hemos compartido muchas veces a solicitud de varias personas”, señaló a IPS.

Jesús Muñoz, activista de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, resaltó a IPS la rapidez y organización de las personas para detectar como actuar: primero apoyar en la recogida de escombros y limpieza, luego proveer de agua y alimentos, hasta llegar a la recaudación de fondos para apoyar futuros procesos.Secuelas de un desastre

“El impacto ambiental de este tornado puede reflejarse en la destrucción, en el estado de las personas que perdieron casas y pertenencias, probablemente en el estado síquico por el impacto que cambió la vida de muchas personas en un segundo”, dijo a IPS el prestigioso meteorólogo cubano José Rubiera.

“En este sentido, ha sido un impacto elevado, pero momentáneo. Tan pronto se reconstruya, pase el momento, y se tienda a la normalidad, ese impacto habrá desaparecido casi totalmente”, añadió.

“Ha sido una experiencia dolorosa ver la destrucción, pero a su vez resulta reconfortante ver tanta solidaridad, tanta ayuda y, en mi caso personal, me entusiasma ver tantas personas jóvenes en los lugares que más lo necesitan”, agregó Muñoz, quien no duda del humanismo que mueve a la mayoría de quienes acudieron a las áreas devastadas.

Rafael Hernández, director de la revista teórica Temas, posteó en Facebock que esta experiencia ciudadana dejó entre otras lecciones la capacidad subutilizada de la sociedad civil para actuar en línea con los problemas del país, movilizando y aportando sus recursos, sin esperar orientaciones, con eficacia y prontitud, en coordinación con instituciones locales.

El tornado tomó por sorpresa no solo a los residentes en las zonas impactadas por el tornado, sino también al gobierno, que dispone de un articulado Sistema de Defensa Civil ante riesgos de desastres, que se activa ante la proximidad de un ciclón tropical como los que con frecuencia azotan Cuba entre junio y noviembre.

Probado fundamentalmente en ocasión de huracanes intensos, el sistema incluye una fase de alerta temprana, la evacuación de todas las personas en riesgo, la protección de recursos económicos con énfasis en los alimentos y el inicio inmediato de la fase recuperativa tras el desastre.

A esta etapa de sumaron jóvenes de la Asociación Hermanos Saiz, que agrupa a artistas menores de 30 años, entre otras personas, en las labores de limpieza de miles de toneladas de escombros asumido por brigadas estatales. Trabajadores de ocho provincias de la empresa estatal de electricidad se unieron a los capitalinos para restablecer el servicio.

 

Jóvenes soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba realizan tareas de limpieza en uno de los barrios de La Habana, que fueron azotados la noche del 27 de enero por un tornado de especial intensidad. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Unos 1.200 empleados de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba de diferentes provincias se afanaban aún varios días después en el restablecimiento de las comunicaciones telefónicas en tres de los cinco municipios más afectados: Diez de Octubre, Regla y Guanabacoa.

Entre los 15 municipios que engloban la capital cubana, también sufrieron el impacto San Miguel del Padrón y Habana del Este.

El tornado se formó en un punto cercano a Diez de Octubre, en el oeste de la urbe habanera, y se desplazó a una velocidad de 46 kilómetros por hora por los demás municipios hasta salir al mar, ya debilitado, por Celimar, en Habana del Este.

La recuperación se prevé más compleja en el sector habitacional, que ya arrastra un déficit de algo más de 200.000 viviendas, según datos de 2017, en esta capital de 2,2 millones de habitantes. Los estragos causados por el tornado incluyen 3.780 unidades residenciales dañadas, de ellas 372 por derrumbes totales y 518 parciales.

Unas 500 edificaciones perdieron sus techos y 1.080 sufrieron daños de diverso tipo. Este fin de semana comenzó la construcción de nuevas viviendas en distintos puntos de la zona de desastre. Para la reconstrucción, el gobierno dispuso la venta de materiales a precios rebajados, mediantes créditos o subsidios, según el caso.

Este país insular caribeño dispone de un fondo habitacional de algo más de 3,8 millones de viviendas, el 39 por ciento de las cuales se encuentra en condiciones malas y regulares. Informes oficiales divulgados en noviembre del pasado año agregan que existe un déficit de 929. 695 viviendas. De ese faltante hay que construir, nuevas, unas 527.000 y rehabilitar 402.000.

Las autoridades esperan remediar esa situación mediante una estrategia de construcción basada en el fortalecimiento de las capacidades locales de producción de materiales y el estímulo a la construcción “por esfuerzo propio” de los usuarios.

Los economistas consideran de difícil cumplimiento la aspiración de revertir el crónico déficit habitacional en un plazo de 10 años.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Nacionalismos de derecha ponen en riesgo a las democracias

ter, 05/02/2019 - 13:15

Lysa John, secretaria general de Civicus. Crédito: Cortesía.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Feb 5 2019 (IPS)

El constante deterioro del multilateralismo, sumado al crecimiento del unilateralismo, pone en riesgo a las democracias, y en especial a la libertad de prensa, a la gobernanza global, a la participación cívica y a los derechos humanos en Asia, África, América del Sur y Medio Oriente.

Las amenazas, directas o indirectas, son producto del surgimiento del nacionalismo de derecha en Estados Unidos, que se refleja en exaltados discursos patrióticos procedentes de distintos países como Brasil, Filipinas, Hungría, Polonia, Austria, Turquía, Birmania (Myanmar) y Egipto.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, declaró a la prensa en diciembre que el multilateralismo sufre ataques de diferentes sectores, precisamente “cuando más lo necesitamos”.

“En diferentes áreas y por distintos motivos, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, la confianza de los Estados entre sí y la confianza de la gente en las organizaciones internacionales se desgastó y el multilateralismo está bajo fuego”, se quejó.

¿Cómo hará para sobrevivir la sociedad civil en este duro ambiente político en 2019?

IPS conversó con Lysa John, la nueva secretaria general de Civicus, la alianza global de organizaciones de la sociedad civil, con sede en Johannesburgo, sobre las perspectivas para el sector este año.

“Por desgracia, en el actual contexto político, los gobiernos socavan décadas del trabajo realizado por ciudadanos y líderes de todo el mundo con el fin de construir un marco efectivo para la cooperación global”, se lamentó.

En especial, mencionó a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático, de 2015, así como del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como “claro recordatorio de que vivimos en un mundo en el que los gobiernos operan en un estado de negación activo”.

En el mundo, hay indignación con los gobernantes, incluso de grandes países como Brasil e India, porque defienden los intereses de las élites mientras reducen la de ciudadanos de a pie, así como de los movimientos comunitarios que trabajan para garantizar la participación cívica y una gobernanza responsable, observó John, quien trabaja también en temas de justicia social desde 1988.

Hace poco trabajó con la organización Save the Children Internacional, donde fue directora de campaña y estrategias de promoción, y antes había encabezado el sector de divulgación del Grupo de Alto Nivel de la ONU sobre la Agenda de Desarrollo posterior a 2015.

Al ser consultada sobre cómo las organizaciones de la sociedad civil harán frente a la creciente tendencia contra el multilateralismo, opinó que “las soluciones a los nuevos y complejos desafíos, como conflictos, cambio climático y desigualdad, están muy interconectados”.

“Necesitamos gobiernos que adopten un enfoque de ‘un mundo’ que les permita combinar recursos de forma activa, compartir lecciones y redoblar las innovaciones para hacer frente a los cambios sociales, ambientales y económicos que se desarrollan con rapidez”, explicó.

En ese contexto, el multilateralismo no es solo “una opción que es bueno tener”, sino una necesidad urgente, que determinará la supervivencia y el bienestar de las futuras generaciones.

IPS: ¿Cuáles serán los temas políticos y socioeconómicos clave en la agenda de Civicus para este año?

LYSA JOHN: 2019 comenzó con algunas señales alarmantes para el surgimiento del espacio global que reclamamos desde hace un año.

En Brasil, el nuevo gobierno de (Jair) Bolsonaro amenazó con clausurar las organizaciones de derechos humanos, mientras que en Zimbabwe, activistas y organizaciones están sometidos a un grado de represión e intimidación sorprendentes.

En general, aumentan el bloqueo de Internet y el uso de la violencia como formas de silenciar el disenso. En ese contexto, seguirá siendo una prioridad asegurarse de que los gobiernos tomen medidas para proteger y ampliar el derecho de la ciudadanía global a organizarse y a expresar el disenso.

En el mundo, periodistas y activistas son los que más denuncian de forma visible las fallas y las violaciones de los gobiernos, lo que los convierte en blancos fáciles de los intereses que buscan mantenerlos callados.

También seguiremos trabajando para conectar, ampliar y fortalecer el gran trabajo que hace la sociedad civil en todo el mundo.

En un mundo hiperconectado, es ridículo que los gobiernos sigan usando leyes y políticas arcaicas para reprimir el flujo de conocimiento, la tecnología y los recursos que pueden ayudar a millones de personas que viven en la pobreza y sufren discriminación a aprovechar los beneficios del desarrollo moderno.

Además, será una parte importante de nuestro trabajo de este año garantizar que los donantes y los Estados inviertan en crear un ambiente propicio para el trabajo de la sociedad civil, donde esta pueda ser lo más innovadora posible, diversa y responsable.

IPS: ¿Cómo impactará el deterioro del multilateralismo en las organizaciones de la sociedad civil, y en Civicus en particular?

JOHN: Allí donde los gobiernos no actúan defendiendo los intereses de las personas de a pie, la sociedad civil tiene que intervenir y redoblar esfuerzos.

Las organizaciones voluntarias se convierten en la primera línea de refugio para las comunidades más marginadas.

Eso incluye ampliar la asistencia vital para que puedan huir de conflictos violentos, luchar para cambiar prácticas y leyes que perpetúan la discriminación contra comunidades tradicionalmente excluidas o actuar como primera línea de defensa.

Resulta perturbador que en ese contexto, muchos gobiernos opten por aumentar la vigilancia y criminalizar a la sociedad civil, en vez de reconocer y apoyar sus esfuerzos tan necesarios.

Nuestra investigación sobre el espacio cívico a través del Monitor de Civicus muestra que los ataques contra la sociedad civil en el mundo son comunes, como es de esperar y, muchas veces, graves.

En la actualidad, solo cuatro por ciento de la población mundial vive en países donde las libertades de expresión, de asociación y de reunión pacífica están bien protegidas.

Seis de cada 10 personas viven en países donde hay graves restricciones al espacio cívico.

Sin los mecanismos nacionales y globales para proteger y ampliar las libertades cívicas, la sociedad civil y las ciudadanías de distintas partes del mundo quedarán más vulnerables.

Por eso es importante seguir luchando para proteger el multilateralismo actual, pero también para que nuestras instituciones sean más democráticas e inclusivas.

Traducción: Verónica Firme

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Triunfo de Bukele pone signo de interrogación a futuro de El Salvador

seg, 04/02/2019 - 20:18

El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, de 37 años, saluda durante la jornada electoral, en que obtuvo un arrasador triunfo. Crédito: Nuevas Ideas

Por Edgardo Ayala
SAN SALVADOR, Feb 4 2019 (IPS)

El contundente triunfo de Nayib Bukele en las elecciones presidenciales celebradas el domingo 3 en El Salvador confirmó la tesis de que la población se hartó de los dos partidos tradicionales mayoritarios, y buscó una opción diferente.

Pero además abrió un enorme signo de interrogación sobre el tipo de gobierno que impulsará, y el impacto de las políticas que adoptará a partir del 1 de junio, cuando asuma las riendas de este país centroamericano de 7,3 millones de habitantes.

Bukele, de 37 años, logró capitalizar el descontento de la población con las promesas incumplidas tanto de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que dirigió el país por 20 años, de 1989 a 2009, en cuatro gobiernos sucesivos, como del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El ya mandatario electo aún no perfila una idea clara de lo que hará ahora que ha ganado la presidencia, dado que su plataforma se parece a una coctelera donde van mezcladas ideas de libre mercado con algunas banderas sociales de la izquierda, asumidas mientras fue alcalde de San Salvador (2015-2018) de la mano del FMLN.

El Salvador pone fin a una década en el poder de la exguerrilla del FMLN, con dos mandatos sucesivos desde 2009,  y se une a la larga lista de países latinoamericanos donde se ha producido un movimiento pendular que ha derribado a gobiernos de izquierda en los últimos años.

El último de ellos el de Brasil, con el triunfo de Jair Bolsonaro, de extrema derecha, en octubre.

También suma a El Salvador al grupo de países donde las urnas han sancionado una ruptura con las fuerzas tradicionales, como sucedió en México, donde desde diciembre gobierna el presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador, de quien Bukele se declara admirador.

El triunfo de Bukele había sido ya previsto por todos los sondeos electorales, aunque había duda de si su estrategia de conectar con la población más joven del país, por medio de las redes sociales, se traduciría en votos efectivos de quien durante la campaña se presentó como un candidato antisistema.

Pero Bukele, de ascendencia palestina, sí logró un sonoro triunfo en primera vuelta, que abre para El Salvador una nueva etapa politica de la mano de una figura que adquirió fama de buen gestor por su manejo como alcalde.

El Tribunal Supremo Electoral anunció la noche de los comicios que Bukele logró un contundente 53,8 por ciento de los votos válidos, superando a Carlos Calleja, de ARENA, que obtuvo 31,6 por ciento y no pudo retomar el poder como esperaba.

Calleja, hijo de un influyente empresario en el rubro de supermercados, amarró una alianza con otros tres partidos minoritarios, que esperaba la sumaran votos a la causa para derrotar a Bukele. Pero no lo logró.

También derrotó al candidato Hugo Martínez, del FMLN, que con su exiguo 14 por ciento confirmó que atraviesa la peor de sus crisis, al ser relegado, por primera vez en su historia de partido político, a un humillante tercer lugar.

Un cuarto contendiente, Josué Alvarado, del partido Vamos, de reciente fundación (noviembre de 2017), surgido para captar el voto evangélico, pero apenas obtuvo un 0,8 por ciento.

“Hemos hecho historia, hemos sacado más votos que el FMLN y ARENA juntos”, dijo un efusivo Bukele, tras declararse ganador, a eso de las 10 pm del domingo, en un hotel de la ciudad, vitoreado por sus seguidores.

Ese triunfo marca el fin de un ciclo en el que la política salvadoreña de la posguerra fue dominada por esos dos partidos.

El Salvador vivió una cruenta guerra civil de 1980 a 1992, que dejó un saldo de unos 70.000 muertos, según cálculos de organismos de derechos humanos.

Durante la campaña electoral, sus opositores políticos advirtieron del riesgo de que Bukele termine convirtiéndose en un populista “antisistema”, un fenómeno que ha llevado al colapso de los partidos tradicionales en países vecinos como Guatemala, aprovechando el hartazgo de la gente que no ve mejoras en sus vidas.

Como su propio partido, Nuevas Ideas, aún se encuentra en formación, Bukele se inscribió al partido de derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), formado en 2010 como una escisión ARENA, lo cual le generó críticas debido a la reputación de oportunistas que tienen sus dirigentes.

Pero antes fue durante un tiempo miembro del “Frente”, como se le conoce localmente al antiguo partido guerrillero.

Primero ganó, en mayo de 2012, la alcaldía en el pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán (2012-2015), y luego, en mayo de 2015, la de la capital del país.

No obstante, una serie de disputas y pleitos internos, le valieron la expulsión del FMLN en octubre de 2017.

Su alianza con GANA no deja de restarle credibilidad a una de sus banderas de campaña: la lucha contra la corrupción, dado que algunos dirigentes de ese partido se han visto envueltos en negocios poco claros.

La corrupción en El Salvador es uno de los factores que jugaron en contra de ARENA, y que el electorado sigue resintiendo, porque durante los gobiernos de esa fuerza política se cometieron sonados desfalcos.

El más sonado, el del gobierno de Francisco Flores (1999-2004), que admitió haber desviado 10 millones de dólares a cuentas de su partido, dinero que había sido donado por Taiwán para reconstruir casas, tras los terremotos que devastaron el país en 2001.

Flores murió en enero de 2016, en medio del juicio que se le seguía.

Esa misma corrupción también pesó contra el FMLN, cuyo primer presidente, Mauricio Funes (2009-2014), se encuentra asilado en Nicaragua evadiendo la justicia salvadoreña, que lo acusa de estar detrás de un millonario desfalco.

Pero también pesó el distanciamiento de la cúpula con la base del partido, especialmente con los veteranos de guerra, así como la sensación de que la dirección de la antigua guerrilla se aferraba al poder para mantener los privilegios de funcionarios bien pagados.

En las pasadas elecciones municipales y legislativas, de marzo de 2018, el partido sufrió su primer golpe, al perder más de 400.000 votos, una reducción de casi 50 por ciento de su caudal.

La población, y en especial los veteranos del conflicto, “le negaron los votos debido al abandono en el que se ha visto sometido este sector de la población que ofrendó su vida en la guerra y que no ha contado con un acompañamiento mínimo para hacerte frente a su vida”, dijo a IPS la activista Margarita Posada, de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia.

Posada señaló que la presidencia de Bukele no augura buenas señales para los movimientos sociales ni para la población salvadoreña, especialmente las capas bajas y medias.

“El triunfo de Bukele significa un probable retroceso en materia social, sobre todo en lo referente a la reforma de salud y los espacios de participación y contraloría social que esta genera, dada su personalidad poco tolerante a la crítica y autoritaria en materia de toma de decisiones”, acotó.

Mientras, con una visión opuesta, el analista político de izquierda, Dagoberto Gutiérrez, aliado de Bukele, auguró el inicio de una nueva era para el país, con marcados cambios sociales que beneficiarán a la población.

“La gente necesita comida, salarios dignos y no salarios de hambre, necesita trabajo, necesita vivienda, salud y educación”, opinó Gutiérrez, un excomandante guerrillero, al Canal 19 de televisión, antes de considerar que el contundente ganador de los comicios del domingo trabajará con esos objetivos.

Según las últimas cifras oficiales,  32,1 por ciento de hogares salvadoreños se encuentran en pobreza en el campo y 27,4 por ciento en las ciudades, lo que junto con la violencia delictiva y otros problemas sociales ha llevado a un alto contingente de la población a emigrar. Estados Unidos, el mayor destino de la migración, viven 2,8 millones de salvadoreños.

Edición: Estrella Gutiérrez

El artículo Triunfo de Bukele pone signo de interrogación a futuro de El Salvador fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Emigración irregular desinformada es casi suicidio en Nigeria

seg, 04/02/2019 - 13:00

Oficiales de campo voluntarios llevan a cabo una campaña contra la emigración irregular en lugares públicos del estado nigeriano de Edo. Crédito: Sam Olukoya/IPS

Por Sam Olukoya
CIUDAD DE BENÍN, Nigeria, Feb 4 2019 (IPS)

“No crea que si intenta realizar el viaje su suerte cambiará para mejor”, advierte una mujer en el concurrido mercado de Uselu, en Ciudad de Benín, capital del sureño estado nigeriano de Edo.

“Muchos se embarcaron en el viaje y nunca lo lograron. Muchos están muriendo en el desierto del Sahara”, agrega.

La mujer se refiere a un viaje que muchos en esta nación del occidente africano buscan realizar con la esperanza de conseguir una vida mejor para ellos y sus familias. Y es que el trayecto implica aventurarse en una ruta de migración irregular plagada de peligros.

Sin embargo, en un irónico giro del destino, muchos nigerianos jóvenes que han intentado llegar a Europa de esta manera, cruzando el Sahara y el mar Mediterráneo, vuelven a casa y se dedican a hacer campaña en contra de esta práctica.

Testimonios personales contra la emigración irregular

Un grupo de 15 personas que intentaron emigrar y volvieron trabajan para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el marco de su programa Migrantes como Mensajeros en Nigeria.

Se los conoce como “oficiales de campo voluntarios” y figuran entre los emigrantes nigerianos que, bajo la Iniciativa Conjunta para la Protección y Reintegración de Migrantes, la OIM y la Unión Europea (UE) trajeron de nuevo a su país desde Libia y otros países de tránsito.

Desde el inicio del proyecto, en abril de 2017, más de 11.500 emigrantes volvieron a Nigeria luego de su fallido intento de llegar a Europa.

Marshall Patsanza, de la OIM, lo describe como un programa en el que las campañas son entre pares y bajo el cual “los emigrantes que se embarcaron en el viaje a Europa a través de Libia comparten sus experiencias, informando a otros sobre los peligros” que supone el intento.

La iniciativa incluye una serie de mensajes y videos publicados en las redes sociales de Internet, entrevistas en radios comunitarias y proyecciones comunitarias de una película sobre este tipo de migraciones.

La campaña también tiene lugar en los medios de comunicación dominantes, así como en escuelas y en lugares públicos, como concurridas autopistas y mercados.

Un viaje peligroso

La campaña en el mercado de Uselu comienza con una oficial de campo voluntaria hablándoles a comerciantes y clientes a través de un megáfono.

La mujer explica a su audiencia que las migraciones indocumentadas a través del desierto y hasta Libia, y luego cruzando el Mediterráneo hasta Europa, son muy peligrosas y nadie debería aventurarse en ellas, independientemente de las penurias que esté enfrentando en su país.

Pero el mercado se alborota cuando ella critica esta práctica generalizada en el estado de Edo, donde las madres pobres alientan a sus hijos a embarcarse en ese riesgoso viaje con la esperanza de que en el exterior ganen mucho dinero que les permita sacar a sus familias de la pobreza.

Edo es el estado nigeriano con mayor prevalencia de migraciones irregulares.

Datos recabados por la OIM en el marco de su Iniciativa Conjunta con la UE muestran que alrededor de 50 por ciento de los emigrantes regresados de Libia desde abril de 2017 son oriundos de Edo.

Es aquí que los voluntarios son más activos, esforzándose para garantizar una campaña exitosa. Y eso es lo que hacen ahora en el mercado de Uselu.

Recesión económica impulsa emigración irregular

De repente, cunde el enojo entre las mujeres presentes en el mercado. Al escuchar a la voluntaria advertir contra las madres que incitan a sus hijos a seguir la ruta libia, estalla una guerra de palabras.

Las mujeres insisten en que este tipo de emigración se volvió inevitable por culpa de la mala situación económica en Nigeria, que ha dejado a muchas familias sumidas en la pobreza extrema.

En 2017 el país empezó a recuperarse de su peor recesión en un cuarto de siglo. Pero el aumento de la inflación y un enlentecimiento en el sector petrolero, entre otros factores, deprimen el crecimiento económico.

“Muchas de las buenas casas que hay en (Ciudad de) Benín se construyeron con dinero que enviaron los que se fueron al exterior a través de Libia”, dijo una mujer. Otra argumentó que es injusto pedirle a la gente que no viaje a Europa cruzando el desierto y el mar cuando no se le permite viajar por aire.

El hecho de que madres y padres apoyen con tanta vehemencia la emigración irregular es uno de los principales motivos de que esta práctica esté tan generalizada en el estado de Edo.

Esto, sumado a que la práctica tiene una larga historia de arraigo entre los lugareños -empezó en los años 80, tras una crisis en la economía nigeriana-, muchas veces dificulta el trabajo de los voluntarios.

Historias traumáticas para cambiar puntos de vista

Más allá de las dificultades, los relatos personales de los voluntarios son una herramienta efectiva en la concreción de sus campañas. También van munidos de afiches y folletos que ilustran las experiencias cercanas a la muerte que vivieron al intentar el viaje hacia Europa.

El voluntario Jude Ikuenobe señala que, cuando se ve enfrentado a una situación similar a la ocurrida en el mercado de Uselu, siempre les habla a las personas sobre su encarcelamiento en Libia. Les muestra fotos, tomadas poco después de su regreso a Nigeria, donde se ve cuán escuálido quedó luego de su temporada en prisión.

También les habla de cómo sus amigos murieron al cruzar el desierto del Sahara y el mar Mediterráneo.

Como tradicionalmente los habitantes del estado de Edo son enterrados cerca de sus seres queridos, Ikuenobe a menudo destaca lo triste que es fallecer en un lugar como Libia, o cuán trágico resulta que dejen sus cadáveres tirados en el desierto, en vez de que sus familiares los entierren en su lugar de origen.

Ikuenobe dice que cuando el público oye sus experiencias y ve sus fotografías a menudo se siente desalentado de intentar emigrar de esta manera.

Un ámbito para compartir

Algunos de los presentes en el mercado se sienten suficientemente en confianza para  compartir sus propias historias.

Una mujer recuerda a su joven amiga que se ahogó en el mar mientras intentaba cruzar de Libia a Europa. Un hombre, Chinedu Adimon, cuenta que dos de sus amigos se ahogaron en iguales circunstancias. “Uno de ellos tenía dos hijas pequeñas”, dice.

Muchas personas que no tienen noticias de sus familiares desde que estos se embarcaron en el viaje, se ven impactadas por la realidad de los peligros. Y se preguntan, entonces, qué les habrá pasado a sus seres queridos.

Pius Igede rompe en llanto.

Relata que hace poco su hija se fue a Europa siguiendo esta vía informal y que no sabe nada de su paradero.

“Apenas me llamó por teléfono para decir que había salido del país. Ni siquiera sé dónde está ahora, si en Libia o en otro lugar que no conozco”, explica.

Igede sospecha que algunos de sus otros hijos también planean irse a Europa. Y para él, los afiches y folletos que reparten los voluntarios pueden ser la manera de convencerlos de desistir.

Cerrando una vital brecha de información

Osita Osemene, de Iniciativas Ciudadanas Patrióticas, una organización no gubernamental que lucha contra las migraciones irregulares, dijo que los voluntarios lograron convencer a personas que circulaban por el mercado sobre los peligros de esta práctica porque tienen experiencia personal en el tema.

“Habría sido muy difícil convencer a alguien en el mercado si los voluntarios hubieran sido personas comunes, sin experiencia en viajes irregulares”, dice Osemene, él mismo un emigrante retornado.

Osemene explica que la falta de información sobre el verdadero impacto de las migraciones indocumentadas es un problema serio, porque muchas personas creen que quienes se embarcan en el peligroso trayecto a Europa realmente llegan a destino y tienen vidas exitosas.

“Se sorprenden cuando se les muestra algunas de las cosas que viven (quienes se embarcan en esos intentos), cómo cruzan el mar en botes que pueden hundirse fácilmente”, señala.

Según Ikuenobe, los voluntarios trabajan para cerrar una vital brecha de información.

“Hay muchas madres que no poseen educación, muchas madres desesperadas por ver que a sus hijos les va bien, pero tenemos que hacerles entender que las migraciones irregulares no harán que les vaya bien”, dijo.

Para Patsanza, el desempeño de los voluntarios en el mercado de Uselu muestra cuán efectivos pueden ser en el combate a las migraciones de este tipo.

Ikuenobe dijo que la campaña se realiza de modo continuo, a fin de educar a la mayor cantidad posible de personas.

“El mensaje es que, aunque las cosas estén mal en casa, no se justifica que la gente vaya y se suicide. Intentar viajar a Europa a través del desierto y el mar es como matarse”, aseguró.

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Balas contra cacerolas: protesta popular es reprimida en Venezuela

sex, 01/02/2019 - 15:25

Manifestantes en el barrio de Cotiza, en el norte de Caracas, donde se dio inicio a las protestas de sectores populares de la capital de Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro, el 21 de enero, que luego se extendieron por otras partes del país cuya represión ocasionó 40 muertes el primer mes del año. Crédito: Cortesía de EfectoCocuyo.com

Por Humberto Márquez
CARACAS, Feb 1 2019 (IPS)

Las protestas contra la permanencia de Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela, los 10 últimos días de enero y bajo el ruido de cacerolas vacías en barriadas populares, se saldaron con un alto costo humano: más de 40 muertos, decenas de heridos y unos mil detenidos, entre ellos 100 mujeres y 90 menores de 18 años.

En Catia, populoso sector obrero del oeste de Caracas, varios jóvenes murieron abaleados en las noches del 21 al 25 del mes pasado, mientras comandos de la Policía Nacional y la militar Guardia Nacional derruían barricadas improvisadas con basuras y con su presencia acallaban la protesta.

“Lo lograron. Los vecinos dicen que en las calles donde cayeron varios de esos muchachos ya impera el silencio y la soledad desde las seis de la tarde. Los cacerolazos no han regresado”, relató a IPS el sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización  Provea, que lleva décadas registrando las violaciones a los derechos humanos en el país.

Estas protestas tienen dos elementos especiales: se producen en barrios y sectores que hasta hace poco engrosaban la base social del gobierno y reflejan una ira en pobladores de los sectores más vulnerables ante el desplome socioeconómico venezolano, que convierte sus movilizaciones en “minicaracazos”, por recordar las violentas protestas de febrero de 1989, que se saldaron con centenares de muertos.

Además, han quedado sumergidas dentro de la crisis institucional que vive el país desde enero y que han puesto a Venezuela como protagonista en la geopolítica mundial, con un pugilato  que se dirime también entre los gobiernos de Estados Unidos y otros países americanos y europeos, por un lado, y China, Rusia o Turquía, por otro.

Maduro (56), quien gobernó el sexenio 2013-2019, juró el 10 de enero para un segundo período, tras ganar una elección en mayo de 2018, desconocida por el parlamento y la mayor parte de la oposición y de los gobiernos de América y Europa.

La elección fue convocada fuera de lapsos legales por una Asamblea Nacional Constituyente integrada solo por adeptos al gobierno, el árbitro electoral proscribió a los principales partidos y dirigentes opositores, y una nube de irregularidades envolvió la campaña y el acto mismo del sufragio, según denuncias de organizaciones locales e internacionales.

Por ello, la legislativa Aamblea Nacional, de mayoría opositora, desconoció la investidura de Maduro y el diputado que dirige el parlamento, Juan Guaidó (35), asumió el 23 de enero la condición de presidente encargado, ante una multitud en Caracas y mientras masivas concentraciones y marchas opositoras recorrían otras 50 ciudades.

Desde el día 21, cuando 27 guardias nacionales se amotinaron en un cuartel en el barrio de Cotiza, el norte de Caracas, desconociendo a Maduro, estallaron cacerolazos, y grupos de vecinos en barriadas populares de la capital y el interior improvisaron barricadas contra las que actuaron fuerzas de uniformados y grupos civiles irregulares de simpatizantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En varias ciudades del interior hubo saqueos o conatos de saqueo contra algunos comercios.

Organizaciones de Derechos Humanos cuestionan el empleo de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional en Venezuela para reprimir protestas populares, pues se trata de comandos preparados para el uso de fuerza letal. Crédito: PNB

La represión entre los días 21 y 25 de enero dejó 35 personas muertas, decenas de heridos, por balas o perdigones (balines plásticos), y 850 detenidos.

“Solo el día 23 hubo 696 detenidos, la mayor cantidad en una sola jornada de protestas en 20 años”, dijo a IPS el abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal, una organización que sigue especialmente el tema de los detenidos por razones políticas o sociales.

El Foro contabilizó 12.480 detenciones arbitrarias desde Febrero de 2014 –año de las primeras protestas multitudinarias contra Maduro- hasta octubre de 2018, calificando a 1.551 personas como presos políticos, de los que aún quedaban 236 cuando produjo su informe. Pocos fueron liberados y la lista se engrosa con los detenidos este año.

Desde que Maduro llegó  al poder en 2013, Provea y otras organizaciones humanitarias han contabilizado que murieron en el marco de protestas callejeras al menos 250 personas, incluyendo enero de este año. Periodismo acechado

A finales de enero fueron detenidos en Caracas, mientras intentaban reportear, periodistas de la televisión chilena TVN, de la francesa TMC, del grupo brasileño RBS, de la agencia española EFE y de medios venezolanos que les acompañaban. Cinco de los 12 afectados fueron deportados. El gobierno argumentó que ingresaron al país sin permiso para realizar actividades periodísticas.

Los gremios de periodistas denunciaron el incremento desde el 23 de enero del ya constante hostigamiento de que son objeto muchos de sus afiliados al cubrir protestas en las calles, y la organización no gubernamental Espacio Público contabilizó el año pasado 608 casos de violación a la libertad de expresión.

Conductores de programas informativos de radio y televisión han denunciado, además, la imposición de autocensura por parte de emisoras y canales, sobre las actividades y posiciones de Juan Guaidó, tras autoproclamarse como presidente encargado, bajo la supuesta amenaza de cancelar sus licencias para operar.

Romero destaca que el Estado aplica una “puerta giratoria”: cuando salen de la cárcel detenidos por razones políticas, generalmente bajo libertad condicionada, entonces entra otro grupo arrestado por razones similares.

Este enero “la orden que recibieron las fuerzas de seguridad fue detener a quienes protestaban. Es claro que el gobierno decidió asumir el costo de parar la protesta en los sectores populares, que en el pasado respondían al chavismo y se han volteado en su contra”, aseguró.

El chavismo es la fuerza política desarrollada por Hugo Chávez, quien presidió el país entre 1999 y su fallecimiento en 2013.

Durante dos décadas fue dominante en los sectores populares urbanos que ahora se han volteado en forma creciente contra Maduro, exasperados por la carestía de los alimentos, el desplome de servicios como agua, electricidad, salud y transporte, y la escasez cada vez más aguda de medicinas o gas para cocinar.

Rupert Colville, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijo en Ginebra el 29 de enero que “algo más de 40 personas han resultado muertas” y de ellas “al menos 26 murieron supuestamente por disparos de las fuerzas de seguridad o de los grupos armados progobierno durante las manifestaciones”.

Provea sostiene que al menos ocho personas murieron en ejecuciones extrajudiciales en Caracas y dos ciudades de provincia cuando entraron a sus casas efectivos del grupo élite FAES (Fuerza de Acciones Especiales) de la Policía Nacional.

“El FAES es un cuerpo con entrenamiento para acción letal, contra extorsión o secuestros, y no para manejar situaciones de orden público. Sus códigos y armamento, de alta letalidad, no guardan proporción con los cánones de uso proporcional y escalonado de la fuerza aplicables en situaciones de protesta popular”, advirtió Uzcátegui.

Las detenciones, que incluyeron a 100 mujeres y al menos 90 niños, niñas y adolescentes, “se han hecho a modo de razias indiscriminadas, abonando  el propósito de sembrar el miedo para desalentar la protesta”, opinó Romero.

Uno de esos casos es el de Jickson Rodríguez, de 14 años, paciente epiléptico tras un viejo trauma craneoencefálico.

Tocaba cacerolas con amiguitos cerca de la barbería que opera su familia, la noche del 22 al 23 de enero en Villa Bahía, en Puerto Ordaz, urbe industrial a orillas del Orinoco, 500 kilómetros al sureste de Caracas, cuando unidades de la Guardia Nacional lo capturaron junto a otras seis personas y lo llevaron a un cuartelillo que cuida una planta siderúrgica.

“Como yo no lloraba, a mí era al que daban más golpes. Le dije a los guardias ‘¿por qué nos dan golpes si ya estamos presos?’ y me dieron una cachetada (bofetada). Me daban cocotazos (golpes en la cabeza). Les decía ‘no, yo no puedo recibir cocotazos, sufro epilepsia, y me dijeron: ‘¡cállate, que tú eres un detenido!”, narró días después a familiares y periodistas.

“Lo encontré, esposado, después de buscarlo por varios sitios de reclusión la tarde del día siguiente. Fue golpeado en la planta de los pies, para que no le quedaran marcas. Convulsionó mientras estuvo detenido y por eso me lo entregaron dos días después”, dijo a IPS su madre Rosmelys Guilarte (39), una peluquera que tiene además tres niñas.

Al chico “lo acusaron en la policía judicial de participar en un saqueo que hubo a kilómetros de donde estábamos sonando cacerolas esa noche. Algo imposible. Tiene orden de presentarse a la autoridad cada 30 días. Trato de que descanse bastante, está muy afectado”, agregó desde su localidad.

Para Uzcátegui “la estrategia del gobierno tiene tres componentes: la represión ante el descontento mayoritario de la población, apostar a que el actual conflicto político se desgaste y tratar de invisibilizar la crisis actuando sobre medios de comunicación y periodistas”.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Degradación de tierras empeora brecha de género

sex, 01/02/2019 - 11:00

Dos defensoras de la igualdad de género en el Caribe: la activista guyanesa Hazel Halley-Burnett y Ruth Spencer, del GEF -Antigua y Barbuda, reunidas en ocasión de la CRIC17. Crédito: Desmond Brown/IPS

Por Desmond Brown
GEORGETOWN, Feb 1 2019 (IPS)

La degradación de los suelos amplía aún más la brecha de género donde sea que ésta exista,  por lo que abordar la inclusión femenina en las políticas públicas redundará también en el combate a la desertificación, concluyeron varios expertos reunidos esta semana en Guyana.

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD, o UNCCD  en inglés), que entre sus principales puntos se propone la Neutralidad en la Degradación de las Tierras (NDT), subraya que, en los países en desarrollo, este fenómeno afecta a hombres y mujeres de modo diferente.

Esto se debe en especial al desigual acceso a la tierra, al agua, al crédito, a los servicios de extensión y a la tecnología.

También afirma que la desigualdad de género juega un rol significativo en la pobreza relacionada con la degradación de suelos, de ahí la necesidad de abordar en las iniciativas NDT las persistentes inequidades que atizan la pobreza femenina.

En este contexto, Douglas Slater, secretario general adjunto para el Desarrollo Humano y Social en la Secretaría de la Comunidad del Caribe (Caricom),dijo que incluir asuntos de género en las políticas públicas es muy importante para su región en todos los aspectos del desarrollo sostenible.

“Nos consta que, en varias ocasiones, nuestras mujeres tienen una gran participación en el trabajo agrícola, y tenemos que garantizar que continúen teniéndola, pero hay que poner a su disposición los recursos necesarios para que ellas realmente se comprometan a pleno” con la actividad, dijo Slater a IPS.

Al tratarse de países pequeños, es necesario utilizar tecnología agrícola más eficiente, y también dar participación a todos los géneros, agregó.

Slater señaló que, particularmente en lo relativo a la capacitación y el uso de maquinaria agrícola, hay un sesgo demasiado notorio hacia el género masculino.

Añadió que hay que hacer más para convencer a los jóvenes de que la agricultura puede brindarles un buen sustento, y de que las mujeres son capaces y deben participar también.

Slater dialogó con IPS en el marco de la 17 sesión del Comité para la Evaluación de la Implementación de la Convención (CRIC17, por sus siglas en inglés), que se realizó entre el lunes 28 y el miércoles 30 en Georgetown, Guyana.

Al realizar cursos de capacitación, las instituciones agrícolas deberían tener en cuenta que las mujeres pueden operar tractores o gerenciar invernaderos, sostuvo Slater.

“Ellas han demostrado que lo pueden hacer, y nosotros tenemos que alentarlas a hacerlo más”, destacó.

Las mujeres representan 43 por ciento de la mano de obra agrícola mundial, y esta proporción se eleva a 70 por ciento en algunos países, por lo que la CNULD ha señalado la importancia de tener en cuenta los roles de género al elaborar políticas y leyes que promueven la Neutralidad en la Degradación de las Tierras.

En África, por ejemplo, 80 por ciento de la producción agrícola procede de establecimientos pequeños, trabajados principalmente por mujeres rurales.

Sin embargo, pese a ser mayoría en el sector de la pequeña agricultura, las mujeres no suelen tener garantizado el control sobre la tierra que cultivan ni sobre las ganancias derivadas de la comercialización de lo que producen.

Esta falta de control se vincula a los derechos a la propiedad de la tierra en las áreas rurales, que habitualmente favorecen a los hombres. Mientras, el acceso de las mujeres a la tierra está determinado por su relación con el propietario de la misma.

El cambio climático es un factor estrechamente relacionado con la degradación de suelos, lo que aumenta la incertidumbre en cuanto a la producción de las mujeres, su acceso a los alimentos y la estabilidad de los sistemas alimentarios.

El año pasado, la CNULD organizó en Santa Lucía un taller técnico sobre un proyecto de Neutralidad en la Degradación de las Tierras a fin de aprender a implementar en el Caribe un manejo inteligente de la tierra, tanto en materia de cambio climático como de inclusión de género.

También allí se analizó cómo mejorar y finalizar una propuesta conceptual de proyecto con la participación de todos los actores clave antes de buscar apoyo financiero del Fondo Verde para el Clima.

La secretaria ejecutiva de la CNULD, Monique Barbut, dijo que las mujeres son las primeras en ser afectadas por las principales causas indirectas de la degradación de suelos. A saber: presión demográfica, tenencia de la tierra, pobreza y falta de educación.

Por lo general, las mujeres son las primeras víctimas de todos estos problemas, dijo Barbut a IPS. “Eso es absolutamente anormal. En muchos países, las mujeres no tienen ningún derecho de propiedad” sobre la tierra, agregó.

“Así que, ¿cómo se le puede pedir a una mujer que maneja tierra que lo haga bien, o que piense en el futuro, cuando la tierra nunca será suya?”, planteó.

Las mujeres suelen tener menos educación que los hombres, dijo Barbut, y es esencial tener en cuenta este aspecto.

Según ella, la CNULD pone de relieve todos estos temas en su plan de género.

Barbut señaló también que las intervenciones en materia de Neutralidad en la Degradación de las Tierras pueden acarrear cambios positivos en las vidas de mujeres y niñas.

Citó como ejemplo un proyecto que planea transformar 3.000 de las 5.000 aldeas de Burkina Faso en ecoaldeas, aportando hornos solares y agua potable.

“Solamente con hacer eso estamos retirando seis horas de trabajo de los hombros de las mujeres, porque les lleva unas tres horas por día salir a conseguir alimentos que cocinar y otras tres ir a buscar agua”, explicó Barbut a IPS.

“Queremos que esas mujeres salgan de (esa situación) para que puedan insertarse en programas de agroforestación que, por sobre todas las cosas, les aportarán ganancias económicas. Nos aseguraremos de que esas ganancias se destinen principalmente a la educación de los hijos y a centros de salud para los pequeños y para las mujeres en particular”, agregó.

La degradación de suelos y las sequías afectan actualmente a más de 169 países. Las comunidades rurales más pobres son las que sufren los peores impactos.

Estimaciones previas señalaron que, para 2025, aproximadamente 1.800 millones de personas (más de la mitad de ellas mujeres, niños y niñas) se verían perjudicadas por la degradación de las tierras y la desertificación. Pero estas proyecciones ya se han visto sobrepasadas de modo significativo, llegando a 2.600 millones los afectados en la actualidad.

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Salvadoreñas deportadas cifran esperanzas en producción avícola

qui, 31/01/2019 - 15:37

La producción avícola está dando esperanzas para migrantes deportadas a quienes conforman la Asociación de Mujeres Activas Trabajando Unidas por un Futuro Mejor, en el caserío Los Talpetates, del municipio de Berlín, en el oriental departamento de Usulután, en El Salvador. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Por Edgardo Ayala
BERLÍN, El Salvador, Jan 31 2019 (IPS)

La agricultora salvadoreña Lorena Mejía abre una incubadora y monitorea la temperatura de los huevos que muy pronto, al eclosionar y desarrollarse los pollos, le proveerán de más aves y huevos.

Mejía es una de las beneficiarias de un proyecto que busca ofrecer emprendimientos productivos a mujeres que, como ella, han sido deportadas de México o de Estados Unidos, en su intento por alcanzar “el sueño americano”.

“Me fui porque trabajaba en una fábrica en San Salvador, pero el dinero no alcanzaba”, contó a IPS esta mujer de 43 años, en el patio de su casa, en el caserío Talpetate, del municipio de Berlín, en el oriental departamento salvadoreño de Usulután.

En 1998, y tras un peligroso periplo de varias semanas, Mejía logró establecerse en la ciudad estadounidense de Dallas, en Texas.“Las mujeres rurales son motores de la economía, y como FAO apoyamos a las personas retornadas mediante procesos inclusivos y equitativos que incidan en la disminución de las poblaciones migrantes”: Emilia González.

Ahí trabajó en servicios de limpieza en una escuela y en un hotel, pero luego ella decidió regresar al país en 2001, con muchos sueños rotos.

“Ahora estoy enfocada, junto a mis compañeras, en hacer crecer este proyecto”, narró.

Mejía y otras agricultoras de la localidad fundaron en 2010 la Asociación de Mujeres Activas Trabajando Unidas por un Futuro Mejor, y concibieron una iniciativa que ofreciera oportunidades productivas a otras migrantes retornadas.

Actualmente unas 40 mujeres conforman esa organización, 15 de las cuales están inmersas en la producción avícola, quienes han recibido el apoyo técnico del estatal Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (Centa), así como de la oficina en El Salvador de la Organización de las Naciones unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El resto le está apostado a las actividades agrícolas típicas de la zona rural salvadoreña y del caserío Talpetate: la producción de maíz y frijoles.

Pese a la importancia que para la organización de mujeres tiene el apoyo de Centa y FAO en este plan, el Estado salvadoreño como tal aún no desarrolla una estrategia como tal para lograr la reinserción económica de la población retornada, y en particular de las mujeres.

“A veces lo que una necesita es un empujoncito”, acotó Mejía.

En esa pequeña comunidad rural de Tapelte, compuesta por unas 70 familias, el empleo es escaso y la pobreza campa a sus anchas.

Según cifras oficiales, publicadas en mayo del 2018, 32,1 por ciento de hogares salvadoreños se encuentran en pobreza en el campo, comparado con 27,4 por ciento en las ciudades.

El proyecto, que arrancó en noviembre del 2018, proveyó a cada familia participante de 25 gallinas para que produjeran huevos y estos, a su vez, con el tiempo, más gallinas y pollos.

Dennis Alejo, otro salvadoreño deportado cuando intentaba cruzar al territorio estadounidense, ha encontrado en la producción de tomates la mejor forma de abrirse un camino y generar un puñado de empleos en su natal Berlín, en el departamento de Usulután, en el este de El Salvador. Crédito: Edgardo Ayala/IPS

Según los cálculos de las participantes, los ingresos por la venta de huevos son todavía modestos. Pero cuando la producción haya aumentado, con el correr de los meses, obtendrían alrededor de 200 dólares mensuales, como colectivo.

Ese dinero se reinvierte en la pequeña granja colectiva, a fin de mejorar y aumentar la producción, con más incubadoras e infraestructura.

“Las mujeres rurales son motores de la economía, y como FAO apoyamos a las personas retornadas mediante procesos inclusivos y equitativos que incidan en la disminución de las poblaciones migrantes”, indicó a IPS la representante asistente de Programas del organismo en El Salvador, Emilia González.

Un componente importante del proyecto es que sirva también de apoyo a la sostenibilidad alimentaria, pues un porcentaje de la producción de huevos y carne de ave se destina al consumo familiar.

“Nos ahorramos el dinerito que utilizaríamos para comprar unas libras de pollo”, explicó a IPS otra de las beneficiarias, Marlene Mejía, de 46 años.

Ella también intentó llegar a Estados Unidos, en 2003, de forma irregular. Pero apenas logró cruzar México, en un poblado cuyo nombre nunca conoció.

Ahí pasó mucha hambre, narró. Y tras varios días de encierro, en una casa regentada por traficantes de migrantes, decidió regresar al país.

La migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos es uno de los fenómenos que ha marcado a este pequeño país centroamericano, de 7,3 millones de habitantes.

Se calcula que al menos unos 2,8 millones de salvadoreños viven en los Estados Unidos, en un éxodo que se intensificó en la década de los 80, cuando El Salvador vivió una cruenta guerra civil (1989-1992).

Tres aviones llegan semanalmente al país desde los Estados Unidos con personas deportadas, además de tres buses procedentes de México.

De acuerdo a estadísticas oficiales, más de 26.000 salvadoreños fueron repatriados en 2018, principalmente de México y Estados Unidos. Una cifra muy alta pero 1,2 por ciento inferior respecto al 2017, cuando la cifra alcanzó las 26.837 personas.

Marlene Mejía se dedica además, desde hace cuatro años, a la elaboración de pupusas, el plato más popular en El Salvador: una tortilla de maíz rellena de frijoles, queso y chicharrón, entre otros ingredientes.

“Si una tiene trabajo aquí, ¿para qué va a ir a sufrir allá?”, se preguntó.

El gobierno salvadoreño ofrece algunos apoyos para la reinserción económica de la población retornada, por medio del proyecto llamado “El Salvador es tu casa”, lanzado en octubre de 2017.

Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, unas 147 personas recibieron capital semilla para iniciar emprendimientos, dentro de un proyecto de reinserción económica y psicosocial, mientras en otro proyecto piloto de inserción productiva de Usulután está destinado a 208 personas.

Pero son cifras irrisorias en cuanto al número de beneficiarios, dada la magnitud de las deportaciones y los problemas económicos del país, por lo que la mayoría de repatriados no encuentra ninguna estabilidad económica, y los aportes gubernamentales se quedan cortos.

“Evidentemente eso es insuficiente, hace falta un esfuerzo territorial más fuerte para poder brindar opciones a la gente cuando llega a sus lugares de origen”, señaló a IPS el investigador en temas de migración, Jaime Rivas, de la Universidad Don Bosco.

Algunos retornados, por su propia cuenta, logran montar su propio proyecto, con escaso o nulo apoyo gubernamental o internacional.

Dennis Alejo, de 30 años, intentó cruzar la frontera estadounidense cinco veces, en diferentes momentos, desde 2010.

La última ocasión, en 2015, logró llegar a las cercanías de San Antonio, en Texas, pero el grupo de migrantes con el que llevaba atravesando por siete días el desierto fue interceptado por la “migra”, como popularmente llaman los migrantes a los agentes del estadounidense Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Pero él logró huir y se internó en el monte.

“Toda la noche pasé abrazando el charral (matorral) para esconderme de un helicóptero con un reflector, que me buscaba”, narró a IPS.

Ahora, con su propio esfuerzo, y venciendo toda clase de obstáculos, Alejo cultiva tomates de buena calidad en un terrenito que alquila, en Berlín,  gracias a las 1.800 plantas que sembró tres años atrás.

Ofrece además empleo como recolectores a una docena de jóvenes, y de ese modo, él siente que está evitando que más muchachos arriesguen su vida atravesando desiertos para llegar a Estados Unidos.

“No es mucho lo que les pago, son cinco dólares diarios, pero si tuviera más apoyo, podría dar empleo a más gente”, acotó.

Porque, de nuevo, Alejo también se enfrenta a la falta de apoyo financiero para montar un sistema de riego que mejore y aumente la producción.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Venezuela, matriz de sueños y tragedias en América Latina

qui, 31/01/2019 - 14:02

El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y detrás, a la derecha, Nicolás Maduro, en uno de sus frecuentes encuentros en Caracas. Chávez y Lula, actualmente preso por una condena de corrupción, representaron dos modelos de la izquierda que triunfó en América Latina la primera década del siglo, y que ahora está en neto reflujo en la región. Crédito: AVN

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jan 31 2019 (IPS)

Las dos primeras décadas del siglo XXI en América Latina quedarán marcadas por la Venezuela chavista, con el auge de sus propuestas “bolivarianas” que sedujeron la izquierda de varios países en la primera década y su ruina en los últimos años.

Ahora su crisis tiende a agravarse y prolongarse, y según algunos analistas pudiera  degenerar en una guerra civil, en que por primera vez América Latina sería el epicentro de un conflicto global, oponiendo Estados Unidos a Rusia y China.

Ese es el temor de Elimar Nascimento, sociólogo y profesor de la Universidad de Brasilia, con experiencia en política internacional.

Una confrontación armada en Venezuela supone la intervención de fuerzas extranjeras, ya que la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro no dispone de bases militares, hasta ahora y que se sepa.

“Es una alternativa que le interesa al presidente Nicolás Maduro porque le permitiría mantener la cohesión de las Fuerzas Armadas y el apoyo de la población en un movimiento patriótico”, especuló Nascimento a IPS.

La Fuerza Armada Bolivariana declaró su lealtad a Maduro, después que el presidente de la legislativa Asamblea Nacional, Juan Guaidó, juró como “presidente encargado” de Venezuela el 23 de enero ante una multitud de seguidores, con el reconocimiento inmediato de Estados Unidos y otros 15 países americanos.

Salvo Canadá, casi todos hacen parte del Grupo de Lima, de concertación política, que había decidido en diciembre considerar ilegítimas las elecciones venezolanas de mayo de 2018 que mantuvieron a Maduro en el poder, pese a denuncias de fraudes, compras de votos y la imposición de reglas excluyendo opositores, algunos presos, otros exiliados.

El heredero de Hugo Chávez, presidente venezolano de 1999 hasta su muerte en 2013 y creador del movimiento bolivariano, trata de sobrevivir en medio de la brutal depresión económica, la hiperinflación y la fuga de millones de ciudadanos al exterior.

Las protestas masivas se repiten y crece el aislamiento internacional del régimen chavista por sus acciones antidemocráticas y represivas, aun apoyadas por sectores de la izquierda latinoamericana que identifican complicidad “imperialista” en cualquier crítica a los bolivarianos.

La insólita situación venezolana comporta no solo dos presidentes, sino también dos parlamentos y dos tribunales supremos, producto de una sucesión de maniobras oficialistas para frenar la oposición.

Esas duplicaciones empezaron en 2017, cuando Maduro llamó a elecciones para una Asamblea Constituyente, que quitó poderes a la Asamblea Nacional, donde la oposición conquistó mayoría de 112 escaños, contra 55 del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por Chávez en 2006.

Fue la gota que desató el rechazo de la comunidad internacional a las manipulaciones chavistas e impulsa la nueva táctica opositora, de constituir una presidencia alternativa para promover elecciones legítimas, una vez que el 10 de enero comenzó el mandato  emanado de los polémicos comicios de 2018.

Las reacciones son también disparatadas. Se violan normas tradicionales de la diplomacia, como la no injerencia externa, y se reconoce un presidente sin poder, “un gobierno no instalado que nada controla en el territorio nacional”, destacó a IPS Thiago Gehre, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Brasilia.

El deterioro del régimen que construiría el “socialismo del siglo XXI” se agrava por una oleada de gobiernos de derecha en las Américas, incluso extremistas como en Brasil, y contribuye al derrumbe de la izquierda.

“La crisis venezolana fue un hecho esencial, sino determinante”, para el triunfo electoral del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro en Brasil y, reconoció Marcelo Suano, analista político y fundador del Centro de Estrategia, Inteligencia y Relaciones Internacionales (CEIRI), que preside el Consejo Editorial de su portal asociado, CEIRI News.

“Los electores brasileños rechazaron un modelo político de poder concentrado, que ignora la sociedad y representa el fracaso económico, encarado como similar al modelo pretendido por el PT (Partido de los Trabajadores)”, explicó a IPS.

El arribo de decenas de miles de venezolanos por la frontera del estado brasileño de Roraima, con amplia difusión por televisión y prensa sobre el colapso del abastecimiento y de servicios que motivaron sus fugas, operó como un espantajo perfecto del “socialismo” que representaría Fernando Haddad, el candidato presidencial derrotado del PT en las elecciones de octubre.

Brasil se convertiría en otra Venezuela, si el PT volviese al poder, arguyó reiteradamente Bolsonaro durante la campaña electoral.

No era así en la década pasada. Fundada por Cuba y Venezuela en 2004, la Asociación Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), ganó la adhesión de Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y varios países caribeños en los años siguientes. Luego perdió miembros que cayeron en manos de la derecha, como Honduras, o por distanciamiento con el bolivarianismo, como Ecuador.

Un elemento común de algunos de estos gobiernos fue la búsqueda de perpetuarse en el poder, mediante cambios en sus constituciones y leyes, con los exitosos casos de Bolivia, Nicaragua y la misma Venezuela.

Además tenían como aliados gobiernos cercanos, aunque no bolivarianos, como el Brasil presidido por Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016), ambos del PT, y el de Argentina bajo la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa Cristina Fernández (2007-2015).

“El ascenso del chavismo se debió al alza de los precios del petróleo, que rindió gigantescos ingresos al gobierno. Con eso Chávez pudo impulsar políticas de inclusión social, con sus ‘misiones bolivarianas’, y por otro lado usó los recursos para diversificar la producción venezolana, muy limitada al petróleo”, recordó Suano.

“Invirtió mucho dinero en la región para consolidar aliados e insertar Venezuela en cadenas de producción, pero eso no resultó en la industrialización ni la integración económica”, acotó.

Es de esa época, por ejemplo, la idea de construir el Gasoducto del Sur, un megaproyecto que cruzaría Venezuela, Brasil y Argentina con el gas venezolano, acordado por Chávez, Lula y Kirchner en enero de 2006, que podría alcanzar hasta 15.000 kilómetros de largo e inversiones de más de 20.000 millones de dólares. Se abortó un año y medio después.

“Fue relevante y estuvo en marcha un tiempo el Petrocaribe, que suministró petróleo a precios preferenciales y pago a largo plazo, no solo por una cuestión energética, sino de desarrollo, industrialización e integración”, recordó Beatriz Bissio, periodista uruguaya de temas internacionales, ahora profesora de Política en la Universidad Federal de Río de Janeiro.

En su opinión, “Estados Unidos buscó debilitar ese liderazgo venezolano en el Caribe y Centroamérica, recuperar influencia y trabar el proceso de integración latinoamericano en general”. El derrumbe de gobiernos progresistas y del chavismo, representará “una década de retroceso”, lamentó en su visión antiimperialista.

“Con el fin del chavismo, la izquierda tiene que reinventarse en América Latina”, sostuvo Gehre, con una mirada más histórica. La región sufre cierta “ciclotimia”, determinadas tendencias políticas coinciden en varios países por un período.

“Después del ciclo de regímenes militares en los años 1970 y 1980, predominaron los progresistas en procesos de redemocratización que, con sus beneficios, ampliaron la clase media que ahora vota por la derecha”, dijo.

“Un maniqueísmo infantil se hace presente en política internacional también”, señaló, para opinar que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) debe permanecer y a la larga recuperar su importancia, aunque haya sido creada por gobiernos dichos de izquierda, porque está estructurada con sede y grupos de trabajo,

De la misma forma países como Colombia, Ecuador y Venezuela, tenderán a acercarse también con gobiernos conservadores, “tienen raíces históricas comunes desde el siglo XIX, fueron todos marcados por Simón Bolívar en su lucha por la independencia”, acotó.

“Venezuela es un laboratorio interesante, ya vivió muchos conflictos y las peleas callejeras hacen parte de DNA de los venezolanos”, concluyó.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Hay millones de dólares para financiar proyectos contra degradación de tierras

qui, 31/01/2019 - 11:00

En los últimos años, el cambio climático y la deforestación causaron severas inundaciones y deslizamientos de tierras en San Vicente. Crédito: Desmond Brown/IPS

Por Desmond Brown
GEORGETOWN, Jan 31 2019 (IPS)

Aunque prevalece la creencia de que no hay disponibles fondos para proyectos contra la desertificación, una conferencia internacional de la ONU celebrada esta semana en Guyana reveló exactamente lo contrario.

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD, o UNCCD por sus siglas en inglés) echa por tierra la noción de que no hay fondos disponibles para que los países prevengan, reduzcan o reviertan la degradación de suelos.

La secretaria ejecutiva de la Convención, Monique Barbut, dijo que hay millones de dólares disponibles para proyectos de Neutralidad en la Degradación de las Tierras (NDT) basados en sólidas pautas científicas y principios de respeto a los derechos humanos, tal como se establece en el tratado.

El concepto de neutralidad representa un cambio de paradigma en las políticas y prácticas de manejo de suelos, brindando un marco para contrarrestar la prevista pérdida de tierras productivas con la recuperación de áreas degradadas.

Hasta la fecha, más de 100 países se han embarcado en procesos nacionales para determinar e implementar objetivos voluntarios de NDT como parte de su contribución con el punto 15.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Tenemos unos 25 países que han decidido fijar lo que llamamos sus objetivos NDT. Pero la nuestra es diferente de muchas otras convenciones. Nosotros también hemos decidido realizar un seguimiento de la implementación”, explicó Barbut a IPS.

Barbut dialogó con IPS en el marco de la 17 sesión del Comité para la Evaluación de la Implementación de la Convención (CRIC17, por sus siglas en inglés), que se realizó entre el lunes 28 y el miércoles 30 en Georgetown, Guyana.

“Hemos dicho que no alcanza con fijar objetivos. Ahora quisiéramos que los países vayan tras lo que llamamos proyectos transformadores. Aquí es donde aparece el debate sobre el financiamiento, porque esos proyectos transformadores suelen ser de gran escala”, señaló.

Los países pueden estar seguros de que, si quieren embarcarse en proyectos de envergadura, la CNULD financiará la etapa de prefactibilidad, expresó Barbut.

También explicó que los proyectos a los que se refiere cuestan un mínimo de cinco millones de dólares que pueden convertirse en millones. Puso a China e India como ejemplos de países donde se implementaron estas iniciativas transformadoras a gran escala.

“Nadie puede decir que el financiamiento no está disponible. Ninguno de esos proyectos transformadores está todavía en una etapa en la que vayamos a buscar financiamiento afuera”, afirmó Barbut.

“Antes de ocupar este puesto, fui presidenta del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (más conocido como GEF, por sus siglas en inglés), que es el mayor mecanismo de financiamiento del mundo. Y le diré algo que le sorprenderá: la falta de financiamiento nunca es un problema. El problema es conseguir el proyecto correcto. Si usted tiene un buen proyecto, siempre hay financiamiento disponible”, aseguró.

Monique Barbut, secretaria ejecutiva de la CNULD, dijo que hay millones de dólares disponibles para proyectos de Neutralidad en la Degradación de las Tierras (NDT). Crédito: Desmond Brown/IPS

Barbut dijo que la CNULD quiere ayudar a los países a identificar y construir proyectos, así como a buscar financiamiento en una etapa posterior “ante todas esas grandes instituciones multilaterales y bilaterales internacionales”.

“Por ejemplo, estamos trabajando con Burkina Faso en África. (Allí) decidieron transformar 3.000 de las 5.000 aldeas que tienen en lo que llamamos ecoaldeas. Al hacerlo, recuperarán dos millones de hectáreas de suelos degradados y darán empleo a casi un millón de personas”, señaló.

“Este proyecto insumirá entre 150 millones y 300 millones de dólares y no tengo dudas de que recabaremos fondos, porque se hará de modo tal que los donantes aceptarán”, agregó.

“Muchos países en desarrollo dicen que no hay financiamiento, y yo digo que no es así. O el proyecto que presentan no es correcto o no está presentado correctamente para atraer a los donantes. Nuestro trabajo es ayudarlos a volverlos suficientemente atractivos”, destacó Barbut.

También citó a Gambia como otro ejemplo donde la necesaria voluntad política quedó de manifiesto cuando todo el gobierno, incluido el presidente, decidió embarcarse en un proyecto a muy gran escala y destinarle todo el dinero que le concedía el GEF.

“Esto significa que ya tenemos unos 12 millones de dólares asegurados. Solo con hacer esto, mostrando al mundo que estábamos dispuestos a colocar en esto todo el dinero asignado, ya conseguimos al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (…), que dijo estar listo para agregar 45 millones de dólares”, señaló Barbut.

En tanto, el guyanés Richard Byron-Cox, encargado de alineación de programas de acción y desarrollo de capacidad en la CNULD, dijo también que el financiamiento existe, pero que los países caribeños tienen varios problemas.

El primero de estos, planteó, es que en el Caribe la mayor parte de la población no está formada para afrontar los efectos colaterales de postularse a estos fondos.

“Lamento decir esto, pero algunos de estos fondos tienen tal procedimiento burocrático que nuestra población no está entrenada en áreas como cómo preparar proyectos y cómo vencer a esa burocracia”, señaló a IPS.

“El segundo problema es que no estamos interesados. Realmente no salimos a buscarlo. En otras palabras, (el dinero) está allí para ser tomado, pero nosotros no nos acercamos a él de modo agresivo”, añadió.

Byron-Cox dijo también que hasta hace poco los países caribeños habían creído que su problema era solamente el cambio climático, así que estaban concentrados en ese tema y en cómo conseguir dinero para combatirlo. Sin embargo, estaban enfrentando otro problema.

“Buena parte de quienes nos dan dinero nunca quieren realmente dárnoslo para tierras. Prefieren dar dinero para construir un hospital, porque en ese caso todo procede de donantes del exterior: las ventanas, las puertas, los retretes y los ingenieros que lo construyen. Entonces dan 10 millones de dólares que después vuelven a ellos”, explicó.

“Fuera de eso, cuando algo se rompe en el hospital o si se necesita nueva maquinaria hay que volver a ellos. Así que, en definitiva, ellos le habían dado 10 millones de dólares, pero le terminan dando 20 millones”, agregó.

Entonces, según Byron-Cox, como los países caribeños saben que los donantes no suelen estar dispuestos a dar dinero para tierras, ni siquiera se molestan en pedirlo.

Es tiempo de que los gobiernos del Caribe designan un supervisor que abarque todo lo relativo al ambiente en cada país, dijo, y uno de sus roles sería hallar los recursos necesarios.

“Si tuviéramos un enfoque regional donde se compartiera la pericia, sería más fácil abordar este asunto”, expresó.

“No tengo ninguna duda de que se puede hallar financiamiento. Está allí, y nosotros tenemos que salir a buscarlo agresivamente”, sostuvo.

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Comunidad mexicana exige alternativa sostenible a energía sucia

qua, 30/01/2019 - 19:54

La Central de Ciclo Combinado Centro, situada en la comunidad de campesinos nahuas de Huexca, en el centro de México, está prácticamente lista para operar, pero los pobladores de la zona lograron paralizar su apertura por la contaminación que puede ocasionar y proponen usar la instalación para una fábrica de paneles solares. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
YECAPIXTLA, México, Jan 30 2019 (IPS)

Organizaciones sociales del municipio de Yecapixtla, en el centro de México, lograron detener la construcción de una gran planta termoeléctrica en la localidad y ahora diseñan un proyecto para convertir la instalación en una fábrica de paneles solares, que daría dividendos socioeconómicos y ambientales a la zona.

Antonio Sarmiento, del Instituto de Matemáticas de la pública Universidad Nacional Autónoma de México, delineó la idea cuando la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en marcha la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM), que consta de la planta generadora a gas y vapor, un gasoducto que atraviesa los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y un acueducto.

“Se puede reconvertir la planta. Existen alternativas de uso. Se puede generar un importante desarrollo económico en la región y posibilitar el cambio energético”, aseguró a IPS el especialista, quien calcula una inversión de unos 260 millones de dólares.“No queremos que opere la termoeléctrica, porque va a dejar daños irreparables. Si es viable la planta solar, adelante. O que la conviertan en una universidad, así nuestros hijos no tienen que recorrer distancias largas para estudiar y exponerse a la inseguridad. Que se instale algo que valga la pena”: Teresa Castellanos.

Sarmiento calcula que el uso de la mitad del área de la Central de Ciclo Combinado Centro,  que ocupa 49 hectáreas en la comunidad de Huexca y con capacidad de 620 megavatios (MW), permitiría la instalación de celdas fotovoltaicas, la siembra de cultivos debajo de esos dispositivos y la fábrica de paneles.

La actividad agrícola, basada en la llamada tecnología agrofotovoltaica,  aprovecharía el agua retenida por los paneles y que caería sobre las plantas, sin llegar a evaporarse, como se practica en naciones como Alemania. Además, las celdas podrían alimentar también las bombas hídricas con las cuales los agricultores extraen el líquido de pozos en la zona.

Para esa superficie de celdas, con una vida útil de 25 años, la generación sumaría 359 MW-hora por día, que satisfaría el consumo de 34.278 viviendas. El fluido generado abastecería al municipio y reemplazaría energía proveniente de plantas a base de carburantes fósiles, explicó el académico.

Huexca, sede de la paralizada Central, a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México, está poblada por unos 1.000 habitantes, la mayoría indígenas nahua, parte del total de 52.000 personas que viven en Yecapixtla.

La transformación evitaría el consumo de gas, la fuga de metano, el uso masivo de agua, la generación de residuos líquidos y el lanzamiento a la atmósfera de óxido nitroso, causante de la lluvia ácida que contamina el suelo y destruye los cultivos.

La lucha de pobladores afectados

Mediante varios amparos judiciales, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala y su aliada, la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM), han parado la terminación de la central y el acueducto, de 12 kilómetros de extensión, así como la entrada en operación del gasoducto, de 171 kilómetros de largo.

Huexca y otras comunidades campesinas nahuas, en acciones iniciadas casi en paralelo al comienzo en 2012 de la construcción de la Central, lograron frenar el gasoducto desde 2017 por quebrantar sus derechos originarios.

Además, grupos de ejidatarios (tenedores y productores colectivos de la tierra) detuvieron la extracción de agua del cercano río Cuautla para enfriar las turbinas de la planta desde 2015 y el Frente de Pueblos logró, al comenzar este año, la suspensión de la descarga de aguas tratadas a ese afluente.

Un grupo de manifestantes bloquea el 28 de enero la entrada a la central termoeléctrica Centro, en la comunidad Huexca, en el municipio de Yecapixtla, en el estado de Morelos, en el centro de México. En sus carteles, le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que no traicione a su pueblo y paralice la planta. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Los opositores a la central recurrieron también a las protestas y bloqueos para paralizar un proyecto que afecta a más de 900.000 personas, entre ellas 50.000 indígenas de 37 pueblos originarios, según contabilizó en 2018 la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ahora, buscan que el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo el 1 de diciembre, cancele el PIM y consensue con la población local el destino de la planta.

“No queremos que opere la termoeléctrica, porque va a dejar daños irreparables. Si es viable la planta solar, adelante. O que la conviertan en una universidad, así nuestros hijos no tienen que recorrer distancias largas para estudiar y exponerse a la inseguridad. Que se instale algo que valga la pena”, planteó a IPS la activista Teresa Castellanos.

Esa integrante de la APPM participa en la batalla contra la obra desde sus comienzos, lo que le ha valido persecución y amenazas. Por su activismo ella se hizo ganadora del Premio a la Creatividad de la Mujer en el Medio Rural 2018, otorgado por la no gubernamental Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres, con sede en Ginebra.

La oposición a la central  de las comunidades afectadas, que viven de la siembra de maíz, frijol, calabaza, tomate y la cría de ganado vacuno y de cerdos, se centra en la falta de consulta, la amenaza a su actividad campesina, por la extracción del agua de los ríos, y las descargas de residuos líquidos.

Contexto energético

En el primer semestre de 2018, México contó con una capacidad instalada total de 75.918 MW, de los cuales 23.874 provienen de tecnologías limpias. La capacidad de las fuentes limpias creció casi 12 por ciento respecto al primer semestre del año previo.

México asumió una meta de generación limpia de energía eléctrica de 25 por ciento para 2018, incluyendo quema de gas y grandes hidroeléctricas; 30 por ciento para 2021 y 35 por ciento para 2024.

Pero la realidad es que la matriz renovable ronda solo siete por ciento, aunque podría alcanzar 21 por ciento en 2030 con políticas de fomento, según los datos de la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena).

En 2021 entrarían en funcionamiento más de 200 generadores de energía limpia por 19.500 MW y de las cuales 136 se nutren del sol y 44 del viento, según datos de la estatal pero autónoma Comisión Reguladora de Energía.

Según reiteró López Obrador durante la campaña electoral, su plan energético consiste en la construcción de una refinería en el sudoriental estado de Tabasco, la modernización de las seis procesadoras del Sistema Nacional de Refinación y de 60 hidroeléctricas, así como inversión en energía fotovoltaica.

El presidente ha insistido en su negativa a cerrar plantas de la generadora estatal CFE, ante la necesidad de atender la creciente demanda energética de esta nación latinoamericana de unos 129 millones de habitantes, la segunda economía latinoamericana.

Según los gubernamentales proyectos de inversión para 2019, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) tendría a su disposición unos 24.000 millones de dólares para exploración y extracción petrolera, la reconfiguración de seis refinerías y las obras iniciales de otra más.

Por su parte,  la CFE podrá gastar unos 23.000 millones en proyectos como la renovación de 60 centrales hidroeléctricas y el desarrollo de la energía solar.

La fábrica de paneles fotovoltaicos que se plantea como alternativa para Huexca, podría, de hecho, cubrir un importante déficit en la tecnología e insumos del sector en México, detallan especialistas.

Esperanza en un cambio

El presidente López Obrador planea visitar la zona el 11 de febrero y ya solicitó la elaboración de un expediente sobre la generadora y así decidir el futuro de una obra cuyo costo ha rondado los 1.000 millones de dólares.

La población local no quiere el desperdicio de siete años de lucha contra la obra. “Necesitamos alternativas. Votamos por López Obrador, no nos puede fallar. Solo reclamamos el derecho a la vida”, demandó la activista Castellanos.

Para el académico Sarmiento, los perjuicios ambientales y sanitarios serían mayores si la Central entra en operación. “El mantenimiento de la planta será más costoso que la generación solar. ¿Y qué pasará cuando cumpla su vida útil? Será inservible”, cuestionó.

Mientras, las chimeneas mudas de la instalación esperan por una señal para eructar el humo de sus entrañas y las torres eléctricas languidecen sin fluido para transportar. Quizás nunca lo hagan, si se cumple el designio popular.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Patrimonio sumergido de Cuba bracea contra la invisibilidad

qua, 30/01/2019 - 14:54

Los restos de un barco de guerra hundido hace más de 120 años, desde la orilla de la playa de Juan González, en el municipio Guamá, en el este de Cuba. Algunas de estas piezas están amenazadas por los cambios ocurridos en la dinámica costera que se relacionan con el cambio climático. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
GUAMÁ, Cuba, Jan 30 2019 (IPS)

Para ninguna persona que transite por la carretera Chivirico, pasa desapercibido el cañón y la torrera de un barco hundido que coronan las aguas de la playa del pequeño asentamiento rural de Juan González, en la oriental provincia de Santiago de Cuba.

Oxidadas e imponentes, las partes expuestas del crucero acorazado “Almirante Oquendo”, que encalló y se hundió en esta localidad en 1898, luego de ser acribillado durante la batalla naval de Santiago de Cuba en la guerra hispano-cubano-estadounidense, pudieran ser el testimonio más visible del patrimonio subacuático cubano.“Si no hay conciencia local y comunitaria enfocada al espacio subacuático, si no se trabaja en la formación de valores conservacionistas en la población, entonces no se ha hecho nada”: Vicente González.

Compuesto por una parte natural y otra cultural, la riqueza bajo aguas de los 5.746 kilómetros de costa del archipiélago cubano recibe hoy múltiples amenazas entre las que sobresale el desconocimiento humano y el creciente impacto del cambio climático, en un tipo de patrimonio que el mundo protege desde hace poco tiempo.

“La historia a fondo no la sé… Creo que eran barcos españoles hundidos por barcos americanos (estadounidenses)”, dijo Yeinys Bárbara Pacheco, quien desde su patio trasero plagado de piedras y escasa vegetación divisa el cañón del Oquendo, un símbolo de Juan González y del municipio de Guamá, al que pertenece.

Pacheco y su esposo, oriundos de otra ciudad, decidieron asentarse hace dos años y edificar su vivienda en Juan González, con unos 700 habitantes,  dentro del municipio más largo de Cuba.

“Vivo con mi niño y mi esposo, aquí en la orilla de la costa, disfrutando del mar y el sol”, contó a IPS esta mujer que se dedica a atender su hogar, sobre lo que le atrajo del lugar.

El pecio del Oquendo, como se conoce a las naves o partes de ellas sumergidas, compone para la joven el atractivo turístico de la zona. “A veces parquean buses con turistas internacionales que vienen a explorar el barco, otros grupos pasan en bicicletas, se bañan y de paso nadan hasta él”, dijo.

Descolorido por el inclemente sol costero, un enorme cartel a una senda de la carretera que bordea la playa explica el valor y la historia del Oquendo, que fue parte de flota española en la batalla naval de la bahía de la ciudad de Santiago de Cuba, el 3 de julio de 1898, lo que supuso el fin de las colonias de España en América.

Vicente González, director del estatal Centro Regional de Gestión y Manejo del Patrimonio Natural y Cultural Subacuático, habla con IPS sobre la importancia de conservar y monitorear el impacto de eventos extremos como huracanes en los sitios naturales y arqueológicos bajo las aguas de Cuba, en la sede de la institución, en la ciudad de Santiago de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Si no hay conciencia local y comunitaria enfocada al espacio subacuático, si no se trabaja en la formación de valores conservacionistas en la población, entonces no se ha hecho nada”, valoró Vicente González, quien dirige el estatal Centro Regional de Gestión y Manejo del Patrimonio Natural y Cultural Subacuático (Cubasub).

Con sede en Santiago de Cuba, a 847 kilómetros al este de La Habana, la entidad adscrita a la Oficina del Conservador de la capital se encarga de investigar y velar por el patrimonio subacuático de las provincias de Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Para el arqueólogo, la preservación de estos tesoros naturales y culturales enfrenta un grave problema en la actualidad. “Por lo general, no están a la vista y son privativos del grupo de personas que pueden acceder a ellos… el desconocimiento de su existencia hace que deje de ser patrimonio, es decir, algo a proteger”, valoró a IPS.

Con un gran potencial por descubrir, la isla caribeña está rodeada de pecios que atestiguan la historia cubana y de la región de América Latina y el Caribe, paisajes naturales marinos como barreras de corales y sitios arqueológicos de comunidades aborígenes que quedaron bajo las aguas con el paso de los siglos.

Entre los lugares patrimoniales de la zona atendida por Cubasub, figuran el Parque Arqueológico Batalla Naval de Santiago de Cuba, al que pertenece el Oquendo; y el Sitio Arqueológico Los Buchillones, ubicado en la costa norte de la provincia de Ciego de Ávila y donde mejor se conserva una aldea taína (indígena) prehispánica.

Vista de una playa del municipio cubano de Guamá, el más largo del país, con 151 kilómetros de costas altamente vulnerables a huracanes y fuertes vientos, que afectan los tres pecios patrimoniales en su territorio, en la oriental provincia de Santiago de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por la parte natural, destacan las crestas de arrecifes coralinos del tipo Acropora palmata o Cuerno de Alce en el Parque Nacional Jardines de la Reina, que es un archipiélago de 250 islas vírgenes en la plataforma de las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey, con una flora y fauna de alto grado de endemismo.

Especialistas aseguran que esta es la región del mundo más comprometida con la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (2001) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que busca la protección de este acervo sumergido.

No obstante, en los diferentes países del área falta una mayor voluntad política para visibilizar el patrimonio subacuático y cambiar los marcos jurídicos para su protección, de manera que se reduzcan los buscadores de tesoros, explotación turística descontrolada y la depredación local por desconocimiento.

González consideró que, en ese sentido, “se ha ganado mucho, sobre todo en el trabajo de las diferentes estructuras de la ciencia” en Cuba, aunque identificó como retos contrarrestar el desconocimiento, a través de la promoción comunitaria y de mayor alcance como una exposición fotográfica itinerante que el centro circula por el país.

Otra línea del trabajo del centro, fundado en 2001, se enfoca al monitoreo del impacto en el patrimonio subacuático de fenómenos como los huracanes, que son cada vez más furiosos en el Caribe.

Yeinys Bárbara Pacheco vive desde hace dos años en un casa a la orilla de la playa de Juan González, una pequeña localidad del el este de Cuba, donde está hundido un barco de guerra hace más de 120 años, que es parte del patrimonio sumergido de esta isla caribeña. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Se supone que el cambio climático puede afectarlo todo”, balanceó el especialista. “Hay que estudiarlo muy bien para incorporarlo a los procesos de investigación y de desarrollo, además de tenerlo en cuenta. Estos fenómenos a veces son cíclicos e impredecibles”, continuó el experto, sobre un tema en el que evitó “ser conclusivo”.

“Lo que ocurre en los fondos marinos cuando pasa un huracán no lo notamos en la superficie y es muy difícil cuantificar el daño”, explicó el científico, quien aseguró que el centro realiza estudios de impacto y de monitoreo de la recuperación natural en costas de Santiago de Cuba y Guantánamo, que en 2016 fue azotada por Matthew.

Un artículo científico publicado por González revela que el devastador huracán Sandy dañó elementos estructurales de un pecio en la playa de Siboney, en la costa santiaguera, que se conoce como el “barco fantasma”, porque estuvo durante casi un siglo oculto por la arena y el sedimento hasta 2005.

Estudios locales y mundiales alertan de las afectaciones en los litorales, donde suele estar este tipo de patrimonio, que provocan los efectos del cambio climático como el incremento de las temperaturas, la elevación del nivel del mar y la ocurrencia de eventos extremos como fuertes huracanes y sequías extremas.

“Tenemos que avanzar más en algunos sitios arqueológicos que se encuentran en peligro, porque la dinámica costera ha cambiado y pone en peligro dicho patrimonio”, indicó González.

Guamá, en cuyas costas de 151 kilómetros resguarda tres pecios, “es muy vulnerable a la amenaza de fenómenos naturales”, dijo a IPS la vicealcaldesa Freya Elías. Con costas a un extremo y montañas al otro, el municipio largo y estrecho de 35.442 habitantes sufre huracanes, fuertes vientos, deslaves y sequías.

Cubasub y entidades como el Gabinete de Arqueología de La Habana y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, elaboran de forma progresiva la Carta Arqueológica, que aún no es pública, para localizar y registrar los sitios patrimoniales en la plataforma insular.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El efecto Trump en el sistema de las Naciones Unidas

qua, 30/01/2019 - 13:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante las sesiones de la Asamblea General en septiembre de 2018.

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jan 30 2019 (IPS)

La ONU, que encarna los principios fundamentales del multilateralismo desde su creación en 1945, es sistemáticamente objeto de los alardes imperialistas del gobierno de Donald Trump.

Estados Unidos ya saboteó en 2015 el pacto nuclear multilateral con Irán, se retiró del acuerdo sobre cambio climático firmado ese año en París, se negó a participar en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018, abandonó el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, desestimó la relevancia de la Organización Mundial del Comercio (OMC), revocó el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio firmado en 1987 con Rusia, y se retiró tanto del Consejo de Derechos Humanos como de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Todo esto fue apenas el comienzo. Tal vez haya más medidas de este tipo que esperar para los próximos dos años de la impredecible presidencia de Trump.

Mientras continúa socavando los tratados internacionales y las entidades que los representan, el gobierno de Trump también ha arremetido contra la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya y de la que nunca fue miembro, amenazando a sus jueces con sanciones si investigan crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán o por las israelíes en Palestina.

La amenaza contra la CPI fue reafirmada en septiembre por parte del consejero de Seguridad Nacional John Bolton, exembajador de Estados Unidos ante la ONU, otrora célebre por decir que si se rebanaran 10 pisos del edificio del foro mundial (que tiene 38) no se notaría la diferencia.

Lo trágico de todo esto es que varios países con gobiernos de derecha, como Brasil, Filipinas, Hungría y Polonia, siguen los pasos de Estados Unidos. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte que el multilateralismo es atacado precisamente cuando más se lo necesita.

Norman Solomon, director ejecutivo del Institute for Public Accuracy, con sede en Washington, dijo a IPS que, en la situación actual, la ONU está ampliamente a merced de sus estados miembro más poderosos.

Setenta años después de adoptarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sus principios suelen ser violados por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia), así como por los gobiernos de muchos otros países, sostuvo Solomon.

“Es duro ver cómo la ONU puede avanzar efectivamente en la promoción de los ideales de la Declaración Universal en el mundo real sin desafiar a las naciones que dominan al foro mundial”, agregó.

Los estados de la ONU cuyas manos están más limpias que las de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad a menudo parecen intimidados por los gobiernos más poderosos, señaló Solomon.

Lo único que se puede esperar es que individuos, organizaciones y naciones se pronuncien honestamente sobre la cuestión del poder, así como fundar coaliciones internacionales para la defensa de los derechos humanos, la democracia, la protección ambiental y la paz, opinó.

En un discurso ante delegados del foro en diciembre, Guterres lamentó el avance del unilateralismo en detrimento del multilateralismo.

También urgió a los líderes mundiales a renovar su compromiso con un orden de derecho pautado por los principios de la ONU en pro del “bien común” y a fin de “reconstruir la confianza”.

Stephen Zunes, profesor de Política en la Universidad de San Francisco, dijo a IPS que el ultranacionalismo del gobierno de Trump y su rechazo a los principios legales internacionales, así como a las iniciativas multilaterales, perjudican a la ONU y a la comunidad internacional en varios planos.

Una de las consecuencias es que a Estados Unidos ya no lo toman tan en serio como antes. Aunque influyó positivamente en varias áreas de la ONU, en otras debilitó principios básicos del derecho internacional y esfuerzos de la diplomacia multilateral, planteó Zunes.

Esto incluyó la invasión a Iraq de 2003, el frecuente abuso de su poder de veto, el rechazo a las casi unánimes decisiones de la Corte, ataques a varias agencias de la ONU que documentaron crímenes de guerra y otros delitos cometidos por Estados Unidos o sus aliados, y el apoyo a las ocupaciones por parte de Israel y de Marruecos, entre otros asuntos.

“Estados Unidos ha salido impune de su ejercicio de influencia desproporcionada sobre la ONU desde que ésta se creó”, dijo Zunes.

Sin embargo, el hecho de que la reputación de Estados Unidos esté en su punto más bajo puede hacer que otros países empiecen a asumir un mayor liderazgo, creando así un orden mundial más pluralista, declaró.

En un discurso ante la Asamblea General que pronunció en septiembre, Trump dijo que su embajadora saliente ante la ONU, Nikki Haley, había presentado una agenda clara en materia de reformas, pero que el foro nunca las había concretado.

Así es que Estados Unidos actuó de la única manera responsable, dijo, argumentando: “Nos retiramos del Consejo de Derechos Humanos y no volveremos hasta que se implemente una reforma real”.

Por motivos similares, según Trump, Estados Unidos no reconocerá a la CPI, ya que considera que ese tribunal “no tiene jurisdicción, ni legitimidad, ni autoridad”.

El presidente estadounidense añadió que la CPI se arroga una jurisdicción casi universal sobre los ciudadanos de todos los países, lo que viola los principios de justicia y del debido proceso.

“Nunca entregaremos la soberanía de Estados Unidos a una burocracia global no elegida e irresponsable”, declaró.

También dijo que su país no participará en el nuevo Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular porque “las migraciones no deberían ser gobernadas por una entidad internacional que no se hace responsable ante nuestros propios ciudadanos”.

Esta retórica nacionalista, que aseguró promueve el “patriotismo” en vez del “globalismo”, fue precedida por drásticos recortes en los fondos que Estados Unidos aportaba a por lo menos dos agencias de la ONU. Se trata del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Al UNFPA le retiró por completo los 69 millones de dólares que le aportaba, mientras que a la UNRWA le redujo 300 millones.

En una conferencia de prensa realizada en octubre y en la que anunció su decisión de renunciar como representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Haley dijo que durante los dos años de su gestión redujo “1.300 millones de dólares en el presupuesto de la ONU”.

“La hemos vuelto más fuerte. La hemos vuelto más eficiente”, aseguró.

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ter, 29/01/2019 - 18:45

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