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Atualizado: 14 minutos 1 segundo atrás

Fuerzas kurdas en Siria acuerdan cese del uso de niños en la guerra

qua, 03/07/2019 - 10:40

Un niño herido descansa en junio de este año en el suelo de un campamento improvisado en la aldea de Aqrabat, a 45 kilómetros al norte de la ciudad de Idlib, cerca de la frontera de Siria con Turquía. Crédito: Unicef

Por James Reinl
NACIONES UNIDAS, Jul 3 2019 (IPS)

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), respaldadas en forma intermitente por Estados Unidos, llegaron a un acuerdo con las Naciones Unidas para dejar de utilizar a niños soldados en zonas del este del país bajo su control, liberar a todos los jóvenes de sus filas y cesar otras violaciones a sus derechos.

El general Mazloum Abdi, comandante de las FDS, una alianza árabe-kurda de grupos armados encabezada por las Unidades de Protección Popular (YPG, en kurdo), firmó el acuerdo el sábado 29 de junio, junto con la representante especial del secretario general de la ONU para las cuestiones de los niños y los conflictos armados, Virginia Gamba.

En el Plan de Acción para prevenir y poner fin al reclutamiento y la explotación de niños menores de 18 años en Siria, rubricado en la sede las Naciones Unidas en Ginebra, las kurdas YPG y los demás grupos se comprometieron a cesar todo abuso de la población infantil y a castigar a los oficiales que incumplan las nuevas reglas.

Hasta ahora y desde 2014,  YPG estaba dentro de la “lista de la vergüenza” que cada año realiza la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre los grupos que reclutan y mantienen entre sus efectivos a niños soldado.

En su estudio anual más reciente, el foro mundial confirmó la existencia de al menos 224 casos de niñas y niños reclutados por el grupo en 2017.

“es un día importante para la protección de los niños en Siria y marca el comienzo de un proceso, ya que demuestra el gran compromiso por parte de las Fuerzas Democráticas Sirias para lograr que no se reclute o explote a ningún niño, por parte de ninguna entidad que opere bajo su paraguas”,dijo Gamba el lunes 1.

El acuerdo fue el resultado de meses de conversaciones entre las Naciones Unidas y las FDS, que ahora debe identificar a los niños y niñas entre su fuerza y ​​enviarlos de vuelta a sus familias.

Las condiciones para los niños en Siria están entre las “más graves” del conflictivo escenario, dijo Gamba al dar a conocer el acuerdo.

En 2017, la representante especial confirmó que las fuerzas del presidente sirio Bashar al Assad habían cometido al menos 6.000 violaciones contra niños y jóvenes.

Peor aún, el anárquico mosaico de rebeldes, terroristas y otras milicias armadas que luchan en la caótica guerra civil de Siria cometió más de 15.000 violaciones a los derechos de niños y niñas, desde reclutamiento hasta agresiones sexuales, asesinatos, mutilaciones y el bombardeo de escuelas.

Personal de las Naciones Unidas en Nueva York sostiene carteles con fotos de niños y niñas en que subrayan que no son objetivos bélicos. El foro mundial alcanzó un acuerdo con las Fuerzas Democráticas de Siria para que dejen de usar a las niñas y niños como soldados y liberen a todos los menores de 18 años de sus filas. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres

Además de YPG, la ONU ha incluido en la lista de la vergüenza a las fuerzas del régimen sirio, al rebelde Ejército Sirio Libre, al islamista Estado Islámico (IS), al grupo islamista Ahrar al Sham, a Jaish al Islam y a Tahrir al Sham, además de al Frente al Nusra, aliado de Al Qaeda.

Después de liberar a todos los niños y niñas soldado y cumplir con los términos del Plan de Acción, se puede eliminar a un grupo armado de la lista de la vergüenza de la ONU, como sucedió con las milicias en la República Democrática del Congo, Chad o Costa de Marfil en los  últimos años.

“Los planes de acción como este representan una oportunidad para que las partes cambien su actitud y comportamiento para que se detengan las violaciones graves contra los niños y se les impida mejorar de forma duradera la protección de los niños y niñas afectados por los conflictos armados”, dijo Gamba.

“Los planes de acción representan una buena oportunidad para que las partes puedan modificar su actitud y comportamiento con el objetivo de acabar con las graves violaciones contra los niños y mejorar de manera permanente la protección de los niños afectados por los conflictos armados”, explicó Gamba.

Las FDS controlan el área de Siria al este del río Éufrates después de ser obligadas a retroceder, tras perder una serie de zonas que controlaron en 2015, en un repliegue que culminó en marzo con la derrota del grupo en Baghouz, cerca de la frontera iraquí.

El apoyo de Washington a las FDS, que ha sido intermitente desde enero de 2018, siempre fue problemático, ya que Turquía ve a ese grupo liderado por YPG como una rama del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK en kurdo), que impulsa la independencia de ese territorio repartido entre cuatro países y que Ankara cataloga como terrorista.

Los niños se encuentran entre las víctimas del aumento en los combates en la provincia de Idlib en Siria, el último bastión que queda para los rebeldes contrarios al régimen de Al Assad, y donde una inestable tregua negociada por Rusia y Turquía parece irse desmoronando.

Miles de mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños se encuentran entre las 330.000 personas que huyen del conflicto en ese área del noroeste de Siria, dijo el lunes 1 la organización de asistencia a la infancia World Vision International.

“Es difícil imaginar el trauma, la angustia y el costo físico que tienen los ataques aéreos y las bombas en las familias de Idlib. Y es aún peor para las mujeres embarazadas y las que tienen bebés y niños pequeños”, planteó Mays Nawayseh, una de las voluntarias de la organización asistencial de iglesias evangélicas.

La guerra en Siria, que algunos consideran la primera guerra de alcance mundial del siglo XXI y que  vive su noveno año, ha matado a cientos de miles de personas y ha desplazado a millones desde que comenzó en marzo de 2011 con la violenta represión de las protestas contra el gobierno.

T: MF

El artículo Fuerzas kurdas en Siria acuerdan cese del uso de niños en la guerra fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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“La migración debe ser opcional y segura” en Mesoamérica

ter, 02/07/2019 - 19:26

El director general de la FAO, durante su participación de la reunión de Alto Nivel sobre migración, desarrollo y seguridad alimentaria en Mesoamérica, en Ciudad de México, el martes 2. Crédito: FAO

Por Corresponsal Fao
MÉXICO, Jul 2 2019 (IPS)

Un programa de acción que promueva el desarrollo rural y la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, para que la migración sea una opción y no una necesidad, es el principal objetivo de la reunión de Alto Nivel sobre migración, desarrollo y seguridad alimentaria en Mesoamérica, que se inauguró este martes 2 en Ciudad de México.

“La migración debe ser un acto voluntario, y no un acto forzado. La pobreza, el hambre, el cambio climático, la inseguridad –es decir, el subdesarrollo severo– crean una tormenta perfecta en la que miles de personas solo ven una vía de salida: emigrar”, dijo el director general de la FAO, José Graziano da Silva durante la inauguración del encuentro.

“La solución de fondo a la migración obligada, es el desarrollo”, subrayó ante más de 100 delegados de El Salvador, Guatemala, Honduras y México participan en esta reunión de dos días para debatir una propuesta conjunta a los desafíos de la migración en Mesoamérica.

Graziano da Silva saludó el compromiso suscrito el pasado 1 de diciembre por los jefes de Estado de los cuatro países para impulsar un plan de desarrollo integral que combata la migración irregular.

Además, comprometió el apoyo de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) a los gobiernos de esos países para promover el desarrollo de los territorios rurales que son centros de origen de migrantes.

Por su parte, el secretario (ministro) de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos Arámbula, expresó: “En México estamos convencidos que atender las causas que originan el fenómeno migratorio es una condición para que ésta sea opcional, no forzada”.

“Esa es la vía mexicana, como la ha denominado el Presidente López Obrador, y estamos trabajando para demostrar al mundo entero que se puede prevenir y controlar este fenómeno si hay desarrollo, empleo y bienestar para todos en los lugares de origen”, afirmó Villalobos.

Asimismo, informó que los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala y Honduras han decidido construir un “Plan de desarrollo integral” que permita atender el fenómeno migratorio “con acciones que van a generar desarrollo y oportunidades a nivel local”.

El programa Mesoamérica Sin Hambre implementa diversos proyectos en Guatemala para que los productores familiares locales, del pueblo chortí, mejoren su disponibilidad y acceso a alimentos de alto valor nutricional y diversifiquen sus fuentes de ingreso, gracias a actividades que van de la cría de conejos hasta la elaboración de artesanías con cultivos nativos. Crédito: FAO

El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, agradeció a la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y al Sica (Sistema Económico Centroamericano) su apoyo decidido y comprometido con el desarrollo de la región.

Reyes señaló que, con este encuentro, la FAO pretende lograr una estrategia que conlleva un diagnóstico focalizado para cada territorio, con políticas e instrumentos específicos que promuevan alternativas a la migración. El subsecretario enfatizó que ningún país puede enfrentar este desafío compartido por sí mismo, lo que implica una solución regional.

“Estamos convencidos de que la voluntad y el esfuerzo conjunto nos permitirán avanzar por el camino correcto y vamos a demostrarle al mundo que la migración es una opción y, de ninguna manera, es una amenaza”, afirmó.

En la inauguración del evento también participaron Vinicio Cerezo, secretario general del Sica; Jorge Alberto Benítez Portillo, viceministro de Agricultura y Ganadería de Honduras; Nineth Escobar Cabrera, viceministra del Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala; y Carlos Enrique Cáceres Chávez, embajador de El Salvador en México;

El programa de acción considerará, entre otros aspectos, la resiliencia climática rural y la adaptación de la agricultura al cambio climático; la creación de empleo agrícola y no-agrícola; la generación de ingresos y la promoción de la agricultura familiar, y estará alineado con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial sobre Migración, adoptado por la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre de 2018.

Dar prioridad al Corredor Seco Centroamericano

El director general de la FAO llamó a los gobiernos a dar mayor apoyo al Corredor Seco Centroamericano, una zona de gran vulnerabilidad climática y altos índices de pobreza, cuyo deterioro está impulsando la migración.

Según la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, más de dos millones de personas han visto sus medios de vida severamente afectados, y 1,4 millones de ellas necesitan asistencia alimentaria ahora mismo a consecuencia de los efectos climáticos del pasado año.

En El Salvador, la FAO está apoyando la implementación del proyecto Reclima, el cual obtuvo financiamiento del Fondo Verde del Clima y beneficiará a 225.000 personas, trabajando con la gran mayoría de los municipios del Corredor Seco de ese país.

“Debemos proponemos la meta de que todos los municipios de esta región, en todos los países, cuenten con un programa centrado en la resiliencia climática para las poblaciones rurales”,  dijo Graziano da Silva.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

RV: EG

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Estados Unidos e Irán en juego peligroso para acuerdo nuclear

ter, 02/07/2019 - 17:15

Países que suscribieron en 2015 el acuerdo nuclear sobre Irán, del que Estados Unidos se retiró en 2018. Crédito: Dominio público

Por Kelsey Davenport y Daryl G. Kimball
WASHINGTON, Jul 2 2019 (IPS)

El anuncio de Irán de que superó el límite de 300 kilogramos de reservas de uranio poco enriquecido, establecido por el acuerdo nuclear de 2015, es una respuesta esperada pero preocupante a la imprudente y mal concebida campaña de presión del gobierno de Estados Unidos para matar ese acuerdo, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).

Es crítico que el presidente Donald Trump no reaccione de manera exagerada y aumente aún más las tensiones, ante esta violación anunciada por Teherán el lunes 1 de julio y confirmada por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) el mismo día.

Cualquier violación del acuerdo es una preocupación importante pero, en sí mismo, un aumento en las reservas de uranio poco enriquecido (UH6) de Teherán, por encima del límite de 300 kilogramos de uranio enriquecido del 3,67 por ciento, no representa un riesgo de proliferación a corto plazo.

Kelsey Davenport

Irán necesitaría producir aproximadamente 1.050 kilogramos de uranio enriquecido a ese nivel, enriquecerlo aún más hasta el grado para las armas (más de 90 por ciento de uranio-235) y luego armarlo.

Las inspecciones constantes e invasivas que lleva a cabo el OIEA proporcionarían una alerta temprana de cualquier otra medida por parte de Irán para violar el acuerdo.

Teherán no está en una carrera insensata para producir una bomba, sino que por el contrario los líderes de Irán están buscando tener elementos para poder contrarrestar la campaña de presión de los Estados Unidos, que le niega sistemáticamente cualquier beneficio por cumplir con el de cumplir con el PAIC.

A pesar de la comprensible frustración de Irán con la nueva imposición de sanciones por parte de Estados Unidos, sigue siendo de interés para Teherán cumplir plenamente con los límites del acuerdo y abstenerse de realizar más acciones que violen el acuerdo.

Si Irán cumple con su amenaza de reanudar niveles más altos de enriquecimiento el 7 de julio, eso supondría un riesgo de proliferación más grave.

Daryl G. Kimball

El almacenamiento de uranio enriquecido a un nivel superior acortaría el tiempo que le llevaría a Irán producir suficiente material nuclear para poder fabricar una bomba, una línea de tiempo que actualmente se mantiene en 12 meses como resultado de las restricciones del acuerdo nuclear.

La fallida política de la administración de Trump en Irán está a punto de producir una nueva crisis nuclear, pero todavía hay una oportunidad para salvar el acuerdo y reducir las tensiones.

La Comisión Conjunta del PAIC, que está compuesta por las partes del acuerdo (Alemania, China, Francia, Gran Bretaña, Rusia, la Unión Europea e Irán) y supervisa su implementación, se reunió el 28 de junio.

La reunión fue una oportunidad crítica para que los Estados parte presionen a Irán para que cumpla plenamente con el acuerdo nuclear y se comprometa a redoblar los esfuerzos para cumplir con las obligaciones de alivio de las sanciones.

Por su parte, la Casa Blanca debe evitar pasos que aumenten aún más las tensiones con Irán. Trump debe dejar de hacer vagas amenazas militares y abstenerse de tomar medidas como revocar exenciones para proyectos clave de cooperación nuclear que realmente benefician las prioridades de no proliferación de los Estados Unidos.

Si Trump no cambia el rumbo, corre el riesgo de colapsar de verdad el acuerdo nuclear y provocar un conflicto en la región, de imprevisibles consecuencias.

T: MF

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Violencias contra migrantes aviva maltrato intrafamiliar a mujeres

ter, 02/07/2019 - 15:13

Una madre africana con sus hijos en un campamento de refugiados. Crédito: ONU Mujeres

Por Caley Pigliucci
NACIONES UNIDAS, Jul 2 2019 (IPS)

Las mujeres refugiadas y migrantes a menudo enfrentan una violencia invisible en el hogar donde pasan a vivir. Y esa potencial forma íntima de violencia de género se ve agravada y en algunos casos impulsada por las crisis humanitarias y la inseguridad laboral que padecen sus familias y ellas mismas.

El informe sobre “El Progreso de las Mujeres del Mundo 2019-2020: Familias en un mundo cambiante”, publicado por ONU Mujeres, destaca que un factor que contribuye a la violencia en el ámbito del hogar es la disminución de las oportunidades en el trabajo, especialmente para los migrantes.

El informe destaca, por ejemplo,  que en Camboya, cuando “los hombres luchaban por encontrar trabajo, (esto) estaba relacionado con el aumento de la prevalencia de la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas”.

Las mujeres migrantes no solo enfrentan una mayor violencia en el hogar, sino que a menudo no pueden escapar de esta violencia. Las mujeres que confían en sus parejas masculinas para permanecer en un país no tienen la independencia otorgada a sus compañeros, señala el documento lanzado el 25 de junio.

Esto es “particularmente peligroso cuando las mujeres enfrentan, por ejemplo, violencia contra ellas, violencia doméstica, en la familia”, dijo a IPS Shahra Razavi, jefa de Investigación y Datos de ONU Mujeres.

“Entonces, es muy importante que tengan el derecho de permanecer independientes de esa relación en particular”, agregó.

El informe recomienda por ello que se adopte un enfoque que priorice las políticas y regulaciones que respaldan a las familias migrantes y los derechos de las mujeres dentro de esas familias.

El informe también señala que “los estados pueden tomar decisiones normativas y políticas que fortalezcan el poder de negociación de las mujeres”.

Esto puede tomar varias formas. Las mujeres registradas separadamente de los hombres de su familia, o que reciben una residencia independiente de los hombres con quienes emigran y a los que están unidos como pareja o lazos familiares, tienen menos probabilidades de mantenerse en relaciones violentas para permanecer en un país de destino.

Modelos de progreso

El informe cita las políticas recientes de Indonesia como un paso adelante en la protección de las mujeres migrantes.

En 2017, el gobierno de Yakarta aprobó una legislación que establece que “por primera vez, se garantizan algunos derechos básicos a los trabajadores que emigran a través de los canales oficiales”, destaca el estudio.

La nueva ley incorpora protecciones como programas de seguridad social, protecciones contra el tráfico y la violencia e igualdad de género.

De unos nueve millones de indonesios que trabajaban en el extranjero en 2016, aproximadamente la mitad eran mujeres.

Migrant Care, una organización que colabora con ONU Mujeres, agregó que 10 países  miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) agregaron protecciones a los trabajadores migrantes a través de la firma del Consenso sobre la protección y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes, alcanzado en 2017.

Esos países son: Brunei Darussalam, el Reino de Camboya, la República de Indonesia, la República Democrática Popular Lao, Malasia, la República de la Unión de Myanmar, la República de Filipinas, La República de Singapur, Tailandia y  Vietnam.

Uno de los principios en el consenso plantea la meta de “promover un trato justo con respecto al género y la nacionalidad, y proteger y promover los derechos de los trabajadores migrantes, en particular de las mujeres”.

Pero el progreso no se ha visto en todas partes.

Nicole Behnam, directora técnica superior de la Unidad de Prevención y Respuesta a la Violencia del no gubernamental Comité Internacional de Rescate (IRC, en inglés) dijo a IPS que “las tasas de violencia basada en el género (VBG) son sorprendentemente altas en todos los contextos”, pero que esto “aumenta durante y por las crisis de migrantes”.

IRC  destaca en un estudio sobre el drama de las novias infantiles que, por ejemplo, 41 por ciento de las jóvenes sirias desplazadas en Líbano, están casadas antes de cumplir 18 años.

En las comunidades de refugiados sirios en Jordania, las tasas de matrimonios infantiles casi se triplicaron entre 2011 y 2014, pasando de afectar a 12 por ciento de las niñas sirias en esa condición a  32 por ciento.

Esto sucede a pesar de que existen leyes para proteger a las mujeres refugiadas en el ámbito del hogar y la familia.

En Jordania, de hecho, es ilegal casarse antes de los 18 años, pero el IRC asegura que pese a ello “el complejo proceso para registrar un matrimonio y el hecho de que muchos refugiados carezcan de identificación oficial significa que las niñas que no pueden probar su edad resultan aún más vulnerables”.

Otra preocupación para muchos países viene con la rápida derogación de las protecciones para las mujeres en las familias.

Con su informe, ONU Mujeres pretende impulsar políticas de protección familiar que en algunos casos son aún raras en muchos países del Norte industrial, como el permiso parental remunerado.

Pero Razavi manifestó a IPS que la mayor preocupación es que no se retroceda en algunas situaciones de especial vulnerabilidad para las mujeres.

“Creo que algunos de esos temas obviamente serán diferentes para los países desarrollados”, dijo la jefa de Investigación y Datos de ONU Mujeres.

Se trata de diferencias sobre todo en la dimensión del problema.

“Muchos países donde algunos de estos sistemas de protección se habían establecido, desde 2008 en el contexto de austeridad (tras estallar la crisis financiera global), han visto como esas políticas se han ido revirtiendo”, afirmó Razavi.

“En particular, los servicios de violencia contra las mujeres han tenido que reducirse en algunos países”, se lamentó.

Behnam cree que tanto para los países del Norte industrial como del Sur en desarrollo debe haber “un claro reconocimiento de cuán serio y generalizado es el problema y debe haber similar una urgencia para prevenir y responder a la VBG”, la violencia basada en el género.

El IRC ve la necesidad de: una participación continúa y en incremento de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para abordar los problemas locales, mejorar el seguimiento y la presentación de informes que hagan más transparente tanto el rabajo como la inversión.

Behnam considera que estas mejoras son particularmente necesarias para las mujeres en familias migrantes y refugiadas, pero también para las mujeres en todos los contextos.

“La violencia está presente en la vida de las mujeres, es la realidad de cada día, y no solo los extraños cometen actos de violencia contra las mujeres. A menudo, sus agresores son las personas en quienes más deberían confiar: sus familiares”, dijo Behnam.

Agregó que “no podemos ignorar la violencia porque sucede fuera de nuestra vista o se solapan bajo otras; de hecho, esa es la violencia por la que debemos luchar y a la que más debemos informar y dar respuesta, porque  es la que está muy oculta”, como sucede, insistió, con las que viven “dentro de sus familias las mujeres migrantes y refugiadas”.

T: MF

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Paraguay promueve crecimiento verde para sus productores y bosques

ter, 02/07/2019 - 14:50

Paraguay promueve una actividad agropecuaria sostenible mediante la iniciativa de Paisajes de Producción Verde. Crédito: PNUD Paraguay

Por Silvia Morimoto
ASUNCIÓN, Jul 2 2019 (IPS)

Las estadísticas son alarmantes. Para 2050, el mundo requerirá un crecimiento estimado de 60 por ciento en la producción agrícola para satisfacer la demanda de alimentos de una población de cerca de 9.000 millones de personas.

Si bien aumentamos la producción para garantizar la seguridad alimentaria, es crucial que este incremento tenga un impacto mínimo en el medio ambiente y los bosques. Esto es vital para preservar los bosques tropicales y para cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

El reciente reporte del Panel Intergubernamental sobre Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Ecosistemas (IPBES, en inglés) reveló que entre 1980 y 2000, más de 100 millones de hectáreas de bosques tropicales fueron devastadas a nivel mundial.

Más de 40 por ciento de esta pérdida ocurrió en América Latina, principalmente debido a la expansión de la ganadería.

Entonces, lo que hagamos en un sector sin duda afectará al otro.

Silvia Morimoto. Crédito: @silviamorimoto

Alrededor de 24 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ahora son causadas por la agricultura y la deforestación, y aproximadamente 33 por ciento de los esfuerzos para mitigar el cambio climático dependen de la conservación de los bosques y la restauración de los ecosistemas.

Paraguay está en el corazón de esta historia.

Es el hogar de grandes franjas de humedales y bosques. El país es el cuarto mayor exportador mundial de soja y el octavo mayor exportador de carne vacuna. Ambos sectores contribuyen a más del 30 por ciento del producto interno bruto (PIB) local.

Ahora, en un esfuerzo por enfrentar esos desafíos, Paraguay está liderando el camino en la región para abordar las causas de la deforestación.

Está presentando una estrategia de “Bosques para el crecimiento sostenible” y está promoviendo nuevas alternativas para la producción sostenible de soja y carne vacuna que se han diseñado junto a los actores clave.

La meta general es colaborar para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12: Producción y consume responsables, y el ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres.

Para avanzar en este frente, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible  ha implementado la iniciativa Paisajes de Producción Verde, en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de su Green Commodities Programme, desde el 2015.

El mismo tiene como objetivo proteger el Bosque Atlántico de Alto Paraná en la región oriental del país mediante la promoción de la sostenibilidad en la cadena productiva de los productos básicos como soja y carne.

Esta iniciativa financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, cofinanciada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Forestal Nacional, la Mesa de Finanzas Sostenibles, ADM Paraguay SRL, Louis Dreyfus Company y Cargill, tiene como objetivo apoyar a agricultores como Juan Antonio Secchia.

En 1990, Secchia recibió 600 hectáreas de tierra de su abuelo en Caazapá, un departamento ubicado en la región oriental del país, donde se encuentra el Bosque Atlántico de Alto Paraná.

Cuando Secchia comenzó a trabajar en su finca llamada San Isidro, tenía alrededor de 300 cabezas de ganado que producían leche.

En el 2012, en un esfuerzo por aumentar su productividad, Juan Antonio decidió innovar, para optimizar el uso de su tierra invirtiendo en el sistema silvopastoril. Este sistema de producción alternativa combina árboles, pastura y animales para preservar el medio ambiente.

En 2018, el sector privado y el Gobierno Nacional lo apoyaron para que pudiera expandir el sistema silvopastoril en otras 40 hectáreas de su establecimiento. Ahora, ha duplicado sus cabezas de ganado de 300 a 600, aumentando la producción de leche en 100 litros por día.

Además de Secchia, otras tres fincas han recibido apoyo para adoptar el sistema silvopastoril.

Más de 133.000 plantines fueron donados para plantar árboles, proteger el suelo y proporcionar un mejor ambiente para la cría de ganado.

El éxito del sistema ha llevado a un nuevo objetivo: duplicar el área silvopastoril a 400 hectáreas, este año, para avanzar en la conservación de los recursos naturales y mejorar la producción de carne vacuna.

El gobierno, en conjunto con el PNUD, ha creado una Plataforma Nacional de Commodities Sustentables, un espacio de diálogo que reúne a las partes interesadas por primera vez para discutir necesidades y acciones y así lograr la sostenibilidad en la cadena productiva de los productos básicos y proteger el medio ambiente.

Estos esfuerzos se expandieron a la Región Occidental a través del Proyecto Green Chaco.

El Chaco es el segundo ecosistema forestal más grande de América Latina, con una rica biodiversidad, que representa aproximadamente el 60 por ciento del territorio paraguayo, donde vive menos del tres por ciento de la población. Sin embargo, alberga el 45 por ciento de la producción nacional de leche y una gran parte de las fincas ganaderas del país.

Estas iniciativas han llevado a la difusión de las mejores prácticas, y las discusiones sobre la plataforma están generando nuevas ideas.

Las sugerencias para soluciones concretas se incluirán en un Plan de Acción Nacional de Soja Sustentable y en un Plan de Acción Regional de Carne Sustentable.

Estas soluciones son importantes porque el trabajo conjunto conduce a mejores políticas.

Para el gobierno paraguayo, abordar la deforestación promete múltiples ganancias para el cambio climático, para el desarrollo sostenible inclusivo, para el crecimiento económico y para los productores. Pero el éxito vendrá solo si actuamos todos juntos, ahora.

RV: EG

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Cambio climático costará 80 millones de puestos de trabajo en 2030

seg, 01/07/2019 - 16:36

Un trabajador de la construcción en Afganistán bajo el ardiente sol de Kabul. Crédito: PJ Tavera/OIT

Por Corresponsal Fao
GINEBRA, Jul 1 2019 (IPS)

El aumento del estrés térmico provocado por el calentamiento global se prevé que traiga consigo en 2030 pérdidas de productividad en todo el mundo equivalentes a 80 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, según un informe de la OIT divulgado este lunes 1. 

Con arreglo a esas proyecciones, basadas en un aumento de la temperatura mundial de 1,5°C para finales del presente siglo, se proyecta que en 2030 se pierda  2,2% de las horas de trabajo en todo el mundo como consecuencia del aumento de la temperatura, indica la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Ese porcentaje equivalente a los 80 millones de empleos a tiempo completo, conllevará pérdidas económicas a escala mundial de 2.400 billones de dólares.

Por otro lado, en el informe se especifica que esa estimación es conservadora, al haberse tenido en cuenta que el aumento promedio de la temperatura a escala mundial no rebasará 1,5°C.

También se ha realizado la hipótesis de que el trabajo en la agricultura y en la construcción, dos de los sectores más afectados por el estrés térmico, se realiza en lugares a la sombra.

El nuevo informe de la OIT, Working on a warmer planet: The impact of heat stress on labour productivity and decent work  (Trabajar en un planeta más caliente: El impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente) se basa en datos climáticos, fisiológicos y de empleo, y proporciona estimaciones, tanto actuales como previstas, sobre pérdidas de productividad a escalas nacional, regional y mundial.

El estrés térmico guarda relación con el aumento de calor que puede soportar el cuerpo humano sin padecer degradación fisiológica. Por lo general, esta se produce a temperaturas superiores a 35°C, en condiciones de elevada humedad.

El exceso de calor en el ámbito laboral constituye un riesgo para la salud en el trabajo, al restringir las funciones y aptitudes físicas de los trabajadores y su capacidad de trabajo, y en consecuencia, disminuir la productividad. En casos extremos puede provocar insolaciones, que podrían llegar a ser mortales.

Se prevé que el sector más afectado a nivel mundial sea el agrícola. Dicho sector cuenta con 940 millones de trabajadores en todo el mundo.

Se pronostica que para 2030, el 60% de las horas de trabajo perdidas en todo el mundo como consecuencia del estrés térmico correspondan a ese sector.

El sector de la construcción también se verá gravemente afectado, y se prevé que para ese mismo año el 19% de las pérdidas de horas de trabajo a escala mundial como consecuencia del estrés térmico se produzcan en ese sector.

Otros sectores particularmente en riesgo son los de bienes y servicios medioambientales, recogida de basura, emergencias, trabajos de reparación, transporte, turismo y deportes, así como determinadas formas de trabajo industrial.

Los efectos tendrán lugar de forma desigual en todo el mundo. Se estima que las regiones en las que más horas de trabajo se perderán serán Asia meridional y África occidental, en las que se prevé que se produzca una pérdida de alrededor del 5% de las horas de trabajo en 2030, es decir, alrededor de 43 millones y nueve millones de puestos de trabajo respectivamente.

Por otro lado, cabe destacar que los habitantes de las regiones más pobres serán los que padezcan las mayores pérdidas económicas.

Se prevé que los países de ingresos de nivel medio-bajo, o de ingresos bajos, sean los que se vean afectados de manera más adversa, especialmente por disponer de menos recursos para adaptarse eficazmente al aumento de calor.

En consecuencia, las pérdidas económicas provocadas por el estrés térmico ampliarán la disparidad económica que se da en la actualidad, en particular la tasa de trabajadores pobres, el empleo informal y vulnerable, la agricultura de subsistencia y la falta de protección social.

El estrés térmico afectará a millones de mujeres, que constituyen la mayoría de los trabajadores en la agricultura de subsistencia, y de hombres, que son la mayor parte de los trabajadores del sector de la construcción. El estrés térmico puede provocar asimismo un aumento de la migración, a raíz de la mayor cantidad de trabajadores que abandonan las zonas rurales en busca de un futuro mejor.

Los retos que plantea el cambio climático constituyen un tema primordial en la nueva Declaración del Centenario de la OIT sobre el futuro del trabajo , y determinarán su programa de trabajo e investigación.

El informe pone de manifiesto el gran alcance de las consecuencias de dichos retos con respecto a la Agenda 2030 de la ONU .

En particular, se señala que “los efectos del estrés térmico en los planos económico, social y sanitario podrían dificultar la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano y, en consecuencia, el cumplimiento de la mayor parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas”.

“La incidencia del estrés térmico en la productividad laboral es una grave consecuencia del cambio climático, que provoca asimismo otros efectos adversos, por ejemplo cambios en los regímenes de precipitaciones, aumento del nivel del mar y pérdida de biodiversidad”, según señala Catherine Saget, directora de la Dependencia del Departamento de Investigación de la OIT y una de las principales autoras del informe.

“Además de los enormes costos económicos que conlleva el estrés térmico, cabe esperar un aumento de la disparidad entre los países de bajo nivel de ingresos y los países de mayores ingresos, un empeoramiento de las condiciones de trabajo de las personas más vulnerables, y desplazamientos de población.

Con objeto de adaptarse a esa nueva realidad, gobiernos, empleadores y trabajadores deben adoptar medidas acuciantes que hagan hincapié en la protección de los más vulnerables.”

En el informe se aboga por que se redoblen los esfuerzos encaminados a la formulación, financiación y aplicación de políticas a escala nacional que permitan paliar los riesgos que provoca el estrés térmico y proteger a los trabajadores.

Cabe destacar el fomento de infraestructuras adecuadas y el desarrollo de sistemas de alerta temprana para hacer frente a los fenómenos térmicos, así como la mejora de la aplicación de las normas internacionales del trabajo, en particular en la esfera de la seguridad y la salud en el trabajo, a fin de promover la formulación de políticas que permitan hacer frente a los peligros que provoca el calor.

Los empleadores y trabajadores pueden desempeñar una función idónea para evaluar los riesgos y adoptar las medidas pertinentes en el lugar de trabajo, con objeto de que los trabajadores puedan seguir desarrollando su labor fácilmente en situaciones de elevadas temperaturas.

Los empleadores deberían proporcionar agua potable y ofrecer programas de capacitación en materia de reconocimiento y gestión del estrés térmico.

El diálogo social puede constituir un medio primordial para alcanzar un consenso en relación con los métodos de trabajo más adecuados en entornos interiores o exteriores, la adaptación de los horarios de trabajo, el uso de vestimenta y de equipos, la utilización de las nuevas tecnologías, el establecimiento de lugares situados en zonas de sombra y la realización de recesos en el trabajo.

Este  artículo fue publicado originalmente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

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Gobierno cubano responde con medidas populistas a la crisis

seg, 01/07/2019 - 14:45

Una maestra imparte clases a estudiantes de enseñanza primaria, en una escuela en la ciudad de Baracoa, en la oriental provincia de Guantánamo. Los docentes y otros empleados del aparato público del Estado de Cuba se benefician desde este mes de julio del incremento salarial decidido por el gobierno. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jul 1 2019 (IPS)

Para enfrentar la grave crisis que atraviesa Cuba, su gobierno decidió un aumento salarial para el vulnerable sector presupuestado, el de los trabajadores de la administración central del Estado, dentro de un paquete de nuevas medidas destinadas a continuar las reformas e impulsar la deprimida economía local.

Con reacciones que van desde la aprobación hasta el escepticismo, pero siempre con preguntas en las redes sociales y comentarios en sitios digitales informativos, la ciudadanía cubana recibió la noticia sobre las nuevas medidas el 27 de junio, dada por el presidente, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de Twitter y quien brindó más elementos al día siguiente en la televisión estatal.

Aún falta conocer al detalle las 30 medidas en 16 áreas de la economía, que pudieran trascender en dos emisiones del programa Televisivo Mesa Redonda Informativa, anunciadas para el martes  2 y el miércoles 3 de julio, con la comparecencia de varios ministros.

Hasta ahora el cambio más explicado es el incremento salarial a 1.470.736 trabajadores presupuestados por el Estado y conforman el aparato público, que es efectivo a partir de este mes de julio y llegará a los bolsillos en agosto. Por ejemplo, Los profesores de bachillerato ganaban el equivalente a 22 dólares (555 CUP, el peso cubano) y ahora percibirá más de 56 dólares (1.400 CUP).

“Considero que esta medida tiene un impacto social altamente positivo”, dijo a IPS la maestra Kruskaia Masa, quien imparte clases en una escuela primaria de la capital desde hace 40 años.   Más allá del beneficio personal, “tengo la esperanza de que contribuya a frenar el éxodo laboral en el sector educacional”, agregó.

Masa explicó que muchos profesores abandonaron sus puestos en busca de mayores ingresos en sectores como el turismo o el trabajo privado. “Ojalá este aumento de las remuneraciones estimule a la reincorporación de esos colegas al magisterio y también crezca el interés de jóvenes por nuestra profesión”, subrayó.

En este país caribeño de gobierno socialista, el Estado sigue siendo el principal empleador, que contrata a 3,1 millones de los 4,5 millones de personas ocupadas. Y los 1,4 millones restantes, trabajan en el sector privado y cooperativo, que están limitados a determinadas actividades.

Dentro del empleo estatal, 52 por ciento labora en empresas estatales con una política salarial que depende de los resultados, mientras que 48 por ciento trabaja en unidades del aparato público incluidas en el presupuesto, caracterizadas por bajos sueldos fijos que ahora se han elevado.

Aunque todavía resulta insuficiente para eliminar la brecha entre salario y costo de la vida, las y los trabajadores de los tribunales, educación y salud pública, órganos de gobierno, medios de comunicación, cultura y deporte, entre otros, tenían un salario mínimo del equivalente a nueve dólares, que aumentó a 16 dólares.

El segmento que sostiene servicios gratuitos para la población de 11,2 millones de habitantes, como los de la salud y la educación, había quedado desprovisto desde que en junio de 2014 sucedió el último aumento salarial masivo a los más 440.000 trabajadores del ramo sanitario.

Con el nuevo paquete de medidas, Díaz-Canel prosigue las reformas económicas y sociales iniciadas por el gobierno de Raúl Castro (2008-2018), que el actual mandatario reiteró que continuaría y a las que ahora parece darles impronta propia.

Un cartel gigante, en una calle de la ciudad de Cienfuegos, en el sur de la región Central de Cuba, con las imágenes de Fidel Castro, Raúl Castro y el actual presidente, Miguel Díaz-Canel, los tres líderes que han gobernado el país desde el triunfo de la Revolución en 1959. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Un cambio de salario era imprescindible para el sector presupuestado, sobre todo para la salud y educación. El éxodo de trabajadores de esas áreas es muy alto y son la base de la sociedad”, dijo a IPS la contadora María Antonia Lemes, que vive en la provincia de Mayabeque, colindante con el este de La Habana.

Lemes trabaja en una empresa estatal que presta servicios a la agricultura cañera y gana por los resultados alcanzados.

A estas entidades se enfocan algunas medidas del paquete anunciado por Díaz-Canel para enfrentar la recaída económica, que comenzó en 2016 por los recortes de suministro de petróleo de Venezuela y atraviesa una etapa grave por deficiencias internas y el regreso de las hostilidades de Estados Unidos.

En los últimos meses, la población cubana sortea escasez de medicamentos y alimentos.

“Como empresa, tenemos muchos límites: a veces los planes son incumplibles y los indicadores inalcanzables”, puso como ejemplo Lemes. “Si la empresa estatal va a tener más autonomía, quizás tenga más eficiencia y productividad, y por tanto mayores ingresos para los trabajadores”, relacionó.

Trascendió que las medidas buscan además incrementar las producciones nacionales, diversificar e incrementar exportaciones, fomentar encadenamientos productivos y la empresa estatal, autoabastecimiento municipal, proyectos de desarrollo local, inversiones circulación mercantil minorista, producciones agropecuarias y vivienda.

A su manera, la contadora Lemes se refirió a frenos en la economía cubana señalados por décadas por economistas.

Un trabajador por cuenta propia muestra billetes de pesos (CUP) y pesos convertibles (CUC), en un agromercado de La Habana. La unificación monetaria es una de las metas sin cumplir dentro de las reformas que comenzaron a aplicarse en Cuba en 2008 y a las que ahora el presidente Miguel Díaz-Canel suma un nuevo paquete de medidas. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Las medidas aprobadas responden a la lógica de que una de las posibles maneras de solventar la fuerte crisis que vive el país es desatando algunos de los nudos que estaban limitando la producción”, explicó a IPS el economista Omar Everleny Pérez.

En ese grupo, el especialista identificó el aumento salarial y los cambios para “empoderar a los directivos empresariales cubanos”,  que “tenían poco margen por la hipercentralización existente en el país”, a pesar de que la empresa estatal controla la economía.

Otra arista poco abordada de las medidas es su efecto positivo de cara a la unificación monetaria y cambiaria, un asunto pendiente en un país con varias tasas de cambio y la circulación de dos monedas: una fuerte equivalente al dólar denominada peso cubano convertible (CUC) y otra débil, el CUP.

“Todo indica que el paquete aprobado podría ir creando las bases para el fortalecimiento del CUP”, remarcó Pérez. “Ese sería un buen comienzo para avanzar hacia una única moneda, aunque falta por resolver las tasas cambiarias diversas, algo que es mucho más importante”, continuó.

El economista calificó las propuestas de “buenas medidas”, pero alertó que “para crecer a las tasas necesarias se necesitarían medidas más profundas como la implementación de las pequeñas y medianas empresas privadas, que se permita importar y/o exportar a todos los actores económicos y la creación de mercados mayoristas, entre otras”.

Con una ciudadanía cada vez más empoderada gracias a un mejor acceso a Internet, muchas personas preguntan a las autoridades cómo harán para evitar un aumento de la inflación cuando suban los salarios en el actual panorama de desabastecimiento, cómo se van a complementar las medidas y en qué tiempo se implementarán.

Las reformas del país de gobierno socialista parecen acelerarse pues, el 27 de junio, fue publicado en la Gaceta Oficial de la República del Decreto Ley No. 373 “Del Creador Audiovisual y Cinematográfico Independiente”, que responde a algunos de los reclamos reiterados de reconocimiento de cineastas independientes.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Derechos indígenas aportan soluciones a la crisis del cambio climático

seg, 01/07/2019 - 13:23

El Foro Global de Paisajes 2019, celebrado en la ciudad alemana de Bonn, se centró en cómo dar a los derechos sobre la tierra la visibilidad necesaria para demostrar que un enfoque basado en los derechos, en particular los de los pueblos indígenas, aporta soluciones a la crisis del cambio climático. Crédito: Pilar Valbuena/GLF

Por Friday Phiri
BONN, Jul 1 2019 (IPS)

El Foro Global de Paisajes 2019, celebrado en la ciudad alemana de Bonn, impulsó un nuevo enfoque a favor de un futuro más inclusivo y sostenible, a través del establecimiento de derechos seguros y adecuados para todos, comenzando por los mayores guardianes y protectores de la naturaleza: los indígenas.

El 22 y 23 de junio, unos 600 expertos, líderes políticos, organizaciones no gubernamentales y pueblos y comunidades indígenas se reunieron en el GLF, la sigla en inglés del Foro, para deliberar sobre una metodología que enfatiza los derechos de los pueblos nativos y las comunidades locales en la gestión y la preservación de los paisajes.

El foro se realizó junto con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), durante la Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático, realizada entre el 17 y el 27 de junio.

El foro se centró en dar a los derechos sobre la tierra la visibilidad necesaria para mostrar que un enfoque de derechos es parte de la solución al fenómeno del cambio climático y para desarrollar un “estándar de oro” para los derechos indígenas al respecto.

Se cree que los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes son los administradores ambientales más importantes del mundo, pero también se encuentran entre los grupos más amenazados y criminalizados con poco acceso a los derechos.

“Estamos defendiendo el mundo, para cada uno de nosotros”, dijo Geovaldis González,  un líder campesino indígena de la ecorregión de Montes de María, en la costa del Caribe colombiano.

Pero industrias como la de los combustibles fósiles, la agricultura a gran escala, la minería y otros no solo ponen en peligro los paisajes, sino también las vidas de las personas en ellos.

Ya este año, dijo González, su región fue testigo de 135 homicidios de defensores ambientales y activistas, y agregó que el día antes del inicio de la GLF un líder local fue asesinado frente a un niño de 9 años.

Según las Naciones Unidas, la tierra que pertenece a los 350 millones de miembros de pueblos indígenas de todo el mundo es uno de los escudos más poderosos contra el cambio climático, ya que contiene 80 por ciento de la biodiversidad del mundo y captura cerca de 300.000 millones de toneladas métricas de carbono.

Es por esta razón que ante la urgencia de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la creciente amenaza climática, los debates sobre  el futuro global han comenzado a poner de relieve el hecho de que la relación y cosmovisión  de los pueblos indígenas con el mundo natural no solo son cruciales para su preservación, sino para la de toda la población.

La redacción de ese nuevo estándar de oro de derechos fue encabezada  por el Grupo Principal de Pueblos Indígenas para el Desarrollo Sostenible  (IPMG, en inglés) y la Iniciativa de Derechos y Recursos, durante los meses previos al GLF 2019.

Panorama del auditorio donde se celebró el Foro Global de Paisajes 2019. Crédito: GLF

Los debates y talleres del GLF 2019 sirvieron como un debate abierto y profundo sobre el borrador del documento final de los estándares, que debe estar listo a fines de este año, y que será la nueva guía concreta de principios y derechos para organizaciones, instituciones, gobiernos y el sector privado.

Esto incluye los derechos de consentimiento libre, previo e informado; la igualdad de género; respeto al patrimonio cultural; y educación.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Vicky Tauli-Corpuz, dijo que los territorios administrados por pobladores originarios que tienen sus derechos garantizados, presentan tasas de deforestación más bajas, mayores niveles de biodiversidad y mayor almacenamiento de carbono que las tierras de las áreas protegidas por el gobierno.

Pero Diel Mochire Mwenge, quien dirige el Programa de Iniciativa para el Desarrollo de Pygme en la República Democrática del Congo, una de las comunidades forestales indígenas más grandes de África central, dijo que ha sido testigo de la expulsión de más de un millón de personas. Parque nacional donde han vivido durante mucho tiempo.

Explicó que no se les había dado beneficios de las industrias ecoturísticas que se habían incorporado para reemplazarlos y que se habían quedado luchando para encontrar nuevas fuentes de ingresos.

“Nuestra identidad está siendo amenazada, y debemos evitar ser erradicados por completo”, dijo Mwenge.

Gladson Dungdung, un activista de India,  dijo que si prospera finalmente una enmienda a la Ley de Derechos Forestales de su país, actualmente en revisión por el Tribunal Supremo,  podría ver a 7,5 millones de pueblos indígenas desalojados de sus bosques nativos.

También afectaría la vida de al menos a 90 millones de personas que dependen de esos recursos forestales para su sobrevivencia, dijo el representante de la región india de Jharkhand, cuyos padres fueron asesinados en 1990 por participar en un caso judicial por una disputa sobre la tierra.

La enmienda, dijo Dungdung, también le daría poder absoluto a la guardia forestal nacional. Si un guardia viera a alguien que usara el bosque para la caza o la recolección de madera, podría disparar legalmente a la persona que estuviese realizando esas actividades, explicó.

“Los pueblos indígenas están justo en la primera línea de la lucha real y peligrosa por los bosques del mundo”, dijo el actor y activista de los derechos indígenas Alec Baldwin en un video dirigido a los participantes del GLF 2019.

La iluminación de las velas, una ceremonia que simboliza respeto a los diferentes elementos que incluyen el sol, la noche, los lugares fríos, el aire, el cosmos y la Madre Tierra, escenificada durante el Foro Global de Paisajes 2019, en la ciudad alemana de Bonn. Crédito: Pilar Valbuena/ GLF

Lo defensores de los derechos indígenas “son los superhéroes del movimiento ambiental”, insistió Jennifer Morris, presidenta de Conservación Internacional (CI), quien criticó que pese a este reconocimiento generalizado no se escuche a los pobladores originarios salvo que se conviertan en víctimas.

Morris planteo ante la GLF: “¿Por qué no escuchamos sobre estos líderes hasta que se hayan convertido en mártires por esta causa?”

Los ejemplos de intimidación, criminalización, desalojo y dificultades compartidos durante el GLF mostraron claramente lo que los pueblos indígenas y las comunidades locales atraviesan para preservar los bosques o los “pulmones de la tierra”.

El enfoque de derechos, de acuerdo con los convocantes del GLF, tiene como objetivo fortalecer el respeto, el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales como administradores y portadores de soluciones para la restauración, conservación y uso sostenible del paisaje.

También apunta a terminar con la persecución de los defensores de la tierra y el ambiente; crear asociaciones para mejorar la participación y el apoyo para los enfoques basados ​​en los derechos para paisajes sostenibles a través de escalas y sectores.

Además, incluye medidas para incrementar los esfuerzos para reconocer legalmente y asegurar los derechos colectivos de la tierra y los recursos a través de los paisajes.

“Al implementar un estándar de oro, podemos defender y proteger los derechos humanos y desarrollar iniciativas de conservación, restauración y desarrollo sostenible que asuman el papel clave que los pueblos indígenas y las comunidades locales ya están jugando para proteger nuestro planeta”, dijo Joan Carling, coordinador de IPMG.

Para la IPMG,  las comunidades indígenas y locales son portadoras de derechos y soluciones a desafíos comunes.

“Esto permitirá la asociación que necesitamos para allanar el camino hacia un futuro más sostenible, equitativo y justo”, agregó Carling.

El director general del Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor, en inglés), Robert Nasi, dijo que cuando se reconocen los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas, existen beneficios significativos en la lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental.

“Quienquiera que controle los derechos sobre estos paisajes tiene un papel muy importante en la lucha contra el cambio climático”, dijo.

En la vinculación entre desarrollo y mitigación y adaptación al cambio climático, en el GLF se destacó el alera de que el avance depende de  garantizar los derechos y libertades sobre la tierra de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los sectores campesinos marginados.

¿Cómo se puede esperar que estos custodios de una cuarta parte de la superficie terrestre del mundo cuiden sus tierras tradicionales si las tierras, de hecho, no les pertenecen; O, peor aún, si están criminalizados y en peligro de extinción por hacerlo? Esas fueron algunas incógnitas que sobrevolaron sobre el GLF.

Los principios básicos de un “estándar de oro” ya existen, como el consentimiento libre, previo e informado, según Alain Frechette, de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, en inglés). El Convenio  169 sobre pueblos indígenas y tribales, de la Organización Internacional del Trabajo, ya contempla ese derecho para los pueblos originarios desde 1989.

Lo que ha faltado, dijo, es la aplicación de tales principios que a su juicio podrían ser impulsados por declaraciones de alto nivel, que supondrían “impulsar una carrera hasta la cima”.

T: MF

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Entre dos muros, migrantes sufren crisis humanitaria en México

dom, 30/06/2019 - 12:59

Un grupo de migrantes es detenidos en Ciudad Juárez, en la propia frontera de México con Estados Unidos, por efectivos de la nueva y militar Guardia Nacional y entregados a funcionarios de Migración. Crédito: Rey R. Jauregui/La Verdad-En el Camino

Por Emilio Godoy
MÉXICO, Jun 30 2019 (IPS)

Cansados, hambrientos y agobiados. Así llegaron siete hondureños al albergue de la no gubernamental Casa de los Amigos en Ciudad de México. “El presidente Juan Orlando Hernández se porta mal, hay mucha pobreza, las maras (pandillas) nos quitan todo”, explicó a IPS uno de ellos, Wilson, de 33 años, sobre las razones para emigrar.

El grupo, que también integran una hermana maestra de Wilson, su esposo constructor, sus tres hijas, su esposa embarazada y su hija, ingresó a México desde la vecina Guatemala, por la fronteriza Ciudad Hidalgo, en el suroccidental estado de Chiapas, y tras 22 días de viaje, tramos caminando y otros en transporte público, arribó a la capital, tras recorrer unos 900 kilómetros.

“Encontramos gente buena, mala, racista, de todo. Evadimos retenes, cruzamos el monte, evitamos a la policía, por temor a que nos deportaran”, relató Wilson, quien pidió usar ese nombre ficticio para identificarlo.“Buscan cruzar por lugares más remotos, más peligrosos y menos visibles, y quedan expuestos a grupos criminales y agentes corruptos. En el corto plazo, las medidas logran bajar el número de personas que buscan llegar a las fronteras, pero poco a poco los migrantes y coyotes (traficantes) van ajustando rutas y formas de llegar”: Maureen Meyer.

El migrante indocumentado, criador de ganado y agricultor, dijo que su intención es llegar a la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, a unos 1.000 kilómetros al norte de Ciudad de México. Allí vive un amigo de su hermano e intentarán asentarse un tiempo con su ayuda, “porque cruzar a Estados Unidos está muy difícil”, por la dura vigilancia en ambos países.

Este grupo hondureño pone rostro a un drama que quiere liberarse de la tenaza de la pobreza, la inseguridad, las recurrentes crisis políticas en su país y la emergencia climática.

Ahora, el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, en la presidencia desde diciembre, los ha convertido en moneda de cambio para apaciguar a Estados Unidos.

De permitir el paso libre en diciembre por su territorio, pasó a un control endurecido en abril. Entre octubre y enero, se registraron al menos seis caravanas de inmigrantes, principalmente de hondureños y salvadoreños, que atravesaron los más de 3.000 kilómetros de la ruta por el territorio del país, rumbo a Estados Unidos.

El gobierno mexicano primero concedió visas humanitarias a los migrantes indocumentados, pero ante la alta demanda las suspendió en enero. Actualmente, las concede de forma limitada y condicionada.

Además, intensificó la aprehensión de las personas migrantes en situación irregular, al desplegar a 6.000 policías y militares en el borde sur y otros 15.000 en el norte.

En mayo, el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, acusó a México de no hacer lo suficiente para frenar la migración y amenazó con imponer aranceles extraordinarios a partir de cinco por ciento a las exportaciones aztecas si su vecino no actuaba para bloquear el flujo migratorio.

Luego de duras negociaciones, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo en Washington el 7 de junio mediante el cual México aceptó controlar la migración y Estados Unidos suspendió los gravámenes.

Trump, embarcado en su campaña de reelección para los comicios de 2020, en la que la migración desde México es su tema favorito, como ya lo fue en 2016, dijo que revisaría en 45 días si el gobierno de López Obrador ha establecido medidas efectivas contra migración irregular, así que este país latinoamericano solo ganó tiempo.

López Obrador ha dicho que no quiere disputas con su homólogo de Washington, pues intuye que es el único capaz de descarrilar su proyecto político. Pero difícilmente Trump detenga sus embates contra México.

En sus intentos para no ser detectados, los migrantes se exponen a violaciones a derechos humanos y crímenes, como secuestro, violación, robos y extorsiones en territorio mexicano.

Empujados por las condiciones de vida en Guatemala, El Salvador y Honduras –el llamado Triángulo Norte centroamericano–, así como en Venezuela, Cuba e incluso de naciones tan lejanas como República Democrática del Congo, los migrantes llegan a la frontera sur con Guatemala, para atravesar México y llegar a la frontera norte, para ingresar a Estados Unidos.

La oleada que no cesa

En 2018, las autoridades mexicanas detuvieron a 59.537 hondureños, 47.742 guatemaltecos, 14.249 salvadoreños, 2.176 nicaragüenses, 1.002 cameruneses, 504 cubanos, 464 haitianos y 306 venezolanos. El año pasado México, además, deportó a sus países a 51.562 hondureños, 44.254 guatemaltecos y 12.003 salvadoreños.

Durante el primer cuatrimestre de este año, las capturas mantuvieron un ritmo similar, con el arresto de 25.669 hondureños, 14,003 guatemaltecos, 4.970 salvadoreños, 2.460 cubanos, 1.015 haitianos, 861 nicaragüenses y 849 congoleses, entre otros. También se devolvieron a sus países a 20.422 hondureños, 11.900 guatemaltecos y 3.730 salvadoreños.

Pero las cifras de quienes piden refugio las que mejor grafican la marea migratoria. En el lapso 2013-2018, solicitaron asilo 25.118 hondureños, 15.811 salvadoreños,  2.718 guatemaltecos, 1.479 nicaragüenses y 10.882 venezolanos. Pero solo se les concedió a 3.070 salvadoreños, 3.380 hondureños, 337 guatemaltecos, 68 nicaragüenses y 5.244 venezolanos.

Durante los cinco primeros meses de este año,  la estatal Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió 24.425 peticiones del estatus de refugiado, el triple que las recibidas en el mismo lapso de 2018, en su mayoría de hondureños, salvadoreños y venezolanos.

La crisis alcanzó tintes trágicos el 24 de junio, cuando el migrante salvadoreño Óscar Alberto Martínez y su hija Valeria, de un año y 11 meses, se ahogaron en el fronterizo río Bravo (o río Grande) al intentar cruzar  hacia el estadounidense estado de Texas. En ese mismo estado, aparecieron los cadáveres de otras cuatro personas guatemaltecas, quienes murieron deshidratadas.

En los seis primeros meses de 2019 han muerto ya 1.242 emigrantes en el mundo y de los cuales 175 fallecieron en la frontera entre México y Estados Unidos, según el corte de fines de junio del Proyecto sobre Inmigrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La realidad de cerca

Desde su observatorio, Eliseo Ortega, director de la Casa de los Amigos, comentó a IPS que este año están llegando más migrantes en condición irregular a este refugio de Ciudad de México.

“Por el endurecimiento de los procedimientos, ya no confían en las instituciones. Otra vez pasan ilegalmente y sufren riesgos. Una de las inquietudes es qué harán en el futuro, quedan en la indigencia”, comentó el último fin de semana de junio en el local en pleno centro capitalino tras recibir el grupo hondureño.

Fundada en 1956 por cuáqueros estadounidenses, el hostal acoge a inmigrantes y solicitantes de refugio transferidos por otras organizaciones y la estatal Comar, así como sin papeles que llegan espontáneamente en búsqueda de techo, comida y una ducha.

Con capacidad para 40 huéspedes, la institución vive de financiamiento de organizaciones estadunidenses y el apoyo de voluntarios. A pesar de que Comar le envía candidatos a refugiados, no le entrega un dólar por su manutención.

Desde diciembre, ya con López Obrador en la presidencia, México se negó a firmar el Acuerdo de 3er. País Seguro, por el cual recibiría a todos los solicitantes de asilo atendidos con fondos estadounidenses.

Pero Washington aplica desde enero el Programa de Protocolos de Protección a Migrantes o Permanecer en México, prácticamente lo mismo que el primero, pero sin aporte de recursos.

Para Maureen Meyer, directora del Programa para México y Derechos de Migrantes de la no gubernamental Oficina en Washington para América Latina (Wola, en inglés), el endurecimiento de las políticas redunda en mayor riesgo de abusos para los migrantes, sin que por ello se reduzca el movimiento migratorio.

“Buscan cruzar por lugares más remotos, más peligrosos y menos visibles, y quedan expuestos a grupos criminales y agentes corruptos. En el corto plazo, las medidas logran bajar el número de personas que buscan llegar a las fronteras, pero poco a poco los migrantes y coyotes (traficantes) van ajustando rutas y formas de llegar”, alertó en diálogo con IPS.

El gobierno mexicano apuesta por apoyar el combate de la pobreza en el Triángulo Norte, pero sus posibles resultados serán de largo plazo. El 1 de diciembre, el primer día del nuevo gobierno, el país firmó el Plan de Desarrollo Integral con sus vecinos y ese mismo mes prometió invertir 30.000 millones de dólares en los tres países centroamericanos.

Los migrantes resienten la conducta gubernamental. “Lo que están haciendo no está bien. Solo queremos estabilidad económica, emocional y migratoria, nuestra lucha es para tener una vida mejor para nuestra familia”, dijo Wilson, a quien Estados Unidos ya deportó una vez.

La mayor preocupación de las organizaciones estriba en que México termine por firmar con Washington el Acuerdo de 3er. País Seguro para albergar a los solicitantes de asilo de Estados Unidos.

Para Meyer, México no podrá satisfacer eternamente a Trump.

“Pone a México en una situación muy difícil, tiene que evaluar hasta qué punto va a seguir cediendo. México asume gastos muy altos con las exigencias de Estados Unidos. Trump quiere que nadie llegue a la frontera, es una aspiración ilógica”, subrayó.

Ortega, por su parte, anticipa que “la gente va a seguir llegando”, mientras la vida en sus países de origen carezca de esperanza, y consideró que “impedir la migración es violar derechos humanos”.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Más allá de Arabia Saudita: el mundo le está fallando a los periodistas

sex, 28/06/2019 - 15:44

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, informó al Consejo de Derechos Humanos que su investigación determinó que Arabia Saudita es "responsable" del asesinato "extrajudicial" del columnista Jamal Khashoggi. Crédito: Manuel Elias/Acnudh

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jun 28 2019 (IPS)

El columnista saudí Jamal Khashoggi fue víctima de “una ejecución premeditada y deliberada perpetrada” por funcionarios de Arabia Saudita y los periodistas de todo el mundo sufren en forma creciente parecida suerte, determinó una alta funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas.

Después de una investigación de seis meses, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, concluyó que Arabia Saudita es “responsable” del asesinato “extrajudicial” de Khashoggi, columnista del Washington Post.

“Este asesinato fue el resultado de una misión planificada que involucró una amplia coordinación e importantes recursos humanos y financieros. Fue supervisada, planificada y respaldada por funcionarios de alto nivel y fue premeditada”, dijo el 26 de junio en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos, el máximo órgano de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

Se trató de “una ejecución premeditada y deliberada, un asesinato extrajudicial del cual es responsable el Estado de Arabia Saudita”, sentenció la alta funcionaria sobre el crimen del crítico del reino saudí que tuvo lugar en Estambul en octubre de 2018.

“El derecho a la vida es un derecho en el centro de la protección internacional de los derechos humanos. Si la comunidad internacional ignora los asesinatos selectivos diseñados para silenciar la expresión pacífica, pone en riesgo la protección de la que dependen todos los derechos humanos”, agregó Callamard.

Como ocurrió en un consulado en Turquía, el asesinato no puede considerarse un “asunto interno” y viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, así como la prohibición del uso extraterritorial de la fuerza en tiempos de paz, por lo que es un crimen internacional.

Callamard señaló la necesidad de establecer una investigación criminal dentro de la ONU para garantizar la administración de justicia, y señaló que la investigación realizada por las autoridades saudíes no fue la adecuada y dejó fuera a “altos mandos del país” y a “los autores intelectuales del crimen, de forma directa o indirecta”.

“La investigación llevada a cabo por las autoridades saudíes no ha abordado la cadena de mando. No es solo una cuestión de quién ordenó el asesinato: la responsabilidad penal se puede derivar de la incitación directa o indirecta o de la falta de prevención y protección”, dijo la relatora especial.

El gobierno de Arabia Saudita continúa negando su participación y rechazó el nuevo informe, afirmando que se basa en “prejuicios e ideas prefabricadas”.

Si bien el asesinato de Khashoggi fue brutal, su historia es solo uno de los muchos casos de ataques contra periodistas en todo el mundo.

“Esta ejecución es emblemática de un patrón global de asesinatos selectivos de periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas políticos”, dijo Callamard.

Según Reporteros sin Fronteras (RSF), 80 periodistas fueron asesinados, 348 encarcelados y 60 secuestrados tan solo en 2018, lo que refleja un nivel sin precedentes de violencia contra los profesionales de la comunicación.

Javier Valdez, un periodista mexicano que investigó la actividad de los carteles de la droga, fue asesinado en mayo de 2017.

Pocos días después, los colegas y la viuda de Valdez comenzaron a recibir mensajes infectados con un programa espía conocido como Pegasus, que fue comprado por el gobierno mexicano a la compañía israelí de guerra cibernética NSO Group.

NSO Group solo vende ese programa espía a los gobiernos con el propósito de combatir el terror e investigar el crimen. Sin embargo, el regulador digital Citizen Lab encontró 24 objetivos cuestionables, incluidos algunos de los periodistas más destacados de México.

El programa también ha sido utilizado en otros lugares por gobiernos represores de la libertad de expresión, como los Emiratos Árabes Unidos, que atacaron y encarcelaron al defensor de los derechos humanos Ahmed Manor por sus publicaciones en las redes sociales.

En Canadá, un operador vinculado a Arabia Saudita también ha infectado con el programa espía al crítico del régimen saudí y amigo de Khashoggi, Omar Abdulaziz, según denuncias.

Si bien un sospechoso fue arrestado en 2018 por el asesinato de Valdez, no está claro si son los principales culpables de su muerte.

“El arresto de un sospechoso en el asesinato de Javier Valdez Cárdenas es un paso bienvenido, pero instamos a las autoridades mexicanas a identificar a todos los responsables del asesinato, incluido el autor intelectual”, dijo el representante de México en el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Jean-Albert Hootsen.

“Con demasiada frecuencia, las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas mexicanos se estancan después de que los sospechosos de bajo nivel hayan sido arrestados, lo que permite que la impunidad prospere”, agregó.

El gobierno mexicano también inició una investigación sobre el uso indebido de la tecnología de vigilancia, pero hasta ahora nadie ha sido castigado.

Callamard instó a Arabia Saudita a liberar a los encarcelados por su opinión o creencia y a realizar una evaluación en profundidad de las instituciones “que posibilitaron el crimen contra Khashoggi”.

También hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las leyes para proteger a las personas contra los asesinatos selectivos, incluido el intercambio de información si una persona está en riesgo.

“Hay signos claros de tácticas cada vez más agresivas por parte de los Estados y actores no estatales para silenciar de manera permanente a quienes los critican. La comunidad internacional debe evaluar estos entornos hostiles, debe hacer un balance de los hallazgos de mi investigación sobre el asesinato de Khashoggi”, dijo Callamard en el  Consejo de Derechos Humanos, en el que Arabia Saudita es uno de sus integrantes.

“Las denuncias son importantes, pero ya no son suficientes. La comunidad internacional debe exigir la rendición de cuentas y la no repetición. Debe fortalecer las protecciones y la prevención con urgencia. El silencio y la inacción solo causarán más injusticia e inestabilidad global”, agregó.

T: MF

El artículo Más allá de Arabia Saudita: el mundo le está fallando a los periodistas fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Ampliar el espacio fiscal es vital para financiar el desarrollo latinoamericano

sex, 28/06/2019 - 13:39

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, durante la presentación del informe sobre la Situación Fiscal de América Latina y el Caribe 2019, en el Centro para el Desarrollo Global, en Washington. Crédito: Sardari Group Inc/ Cortesía del CGD

Por Corresponsal Fao
WASHINGTON, Jun 28 2019 (IPS)

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, reafirmó la importancia de fortalecer los ingresos públicos para tener mayor capacidad de movilizar recursos internos que permitan financiar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y los requerimientos de desarrollo de la región.

La máxima representante del organismo regional de las Naciones Unidas hizo este planteamiento durante la presentación del informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019 realizada el jueves 27 de junio en el Centro para el Desarrollo Global, en Washington.

Bárcena propuso reforzar el espacio fiscal fortaleciendo los ingresos tributarios, para lo que resulta fundamental reducir el alto nivel de evasión y elusión tributaria – que alcanzó 6,3% del producto interno bruto (PIB) en 2017, lo que equivale a 335.000 millones de dólares-, hacer más progresiva la recaudación y explorar otras fuentes ingreso como la tributación de la economía digital, impuestos ambientales e impuestos para mejorar salud pública.

La secretaria ejecutiva de la Cepal hizo estas propuestas durante el encuentro titulado “Desafíos fiscales en América Latina: Medidas de políticas para un crecimiento sostenible e inclusivo”, que contó con la participación de reconocidos expertos del Centro para el Desarrollo Global, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el panel de discusión estuvieron presentes Sanjeev Gupta y Nancy Birdsall, del Centro para el Desarrollo Global; Marcello Estevão, director global de Macroeconomía, Comercio e Inversión del Banco Mundial; Eric Parrado, economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del BID; y Jorge Roldos, director asistente para el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

Bárcena presentó una serie de recomendaciones para ampliar el espacio fiscal de los países, promover el gasto y la inversión pública, y fortalecer las relaciones multilaterales y regionales para cerrar asimetrías en las políticas.

En su presentación, Bárcena detalló que para ampliar el espacio fiscal se debe reducir la evasión tributaria y los flujos financieros ilícitos producto de la manipulación del comercio internacional de bienes -que llegaron a los 85.000 millones en 2016, es decir, 1,5% del PIB regional-; adoptar impuestos ambientales y de salud, así como en la economía digital;  repensar los gastos tributarios para alinearlos con los resultados de la inversión; y fortalecer la tributación sobre la renta y propiedad personal.

En el campo del gasto y la inversión pública, la secretaria ejecutiva de la Cepal dijo que se debe proteger la doble inclusión (social y laboral) de las personas sobre la base del gasto social; orientar las inversiones públicas hacia tecnologías innovadoras basadas en los recursos naturales; fomentar los acuerdos público-privados para impulsar la infraestructura y las energías renovables; y rediseñar los incentivos fiscales para las políticas industriales.

En el campo regional y multilateral, Bárcena indicó que es necesario forjar acuerdos regionales y globales para reducir la evasión, elusión y los flujos ilícitos; reducir la nociva competencia tributaria; revisar y alinear los incentivos tributarios para la inversión; y disminuir las asimetrías globales junto con fortalecer el diálogo con las empresas transnacionales.

“Uno de los mayores problemas de América Latina y el Caribe es la evasión: 335.000 millones de dólares. ¡Eso es mucho dinero! Debemos fortalecer el espacio fiscal robusteciendo los ingresos tributarios”, enfatizó.

“La deuda de la región ha aumentado pese de los esfuerzos de consolidación fiscal. En nuestra región no hay solo países de ingresos medios que deberían ser graduados (de la asistencia oficial para el desarrollo). Todavía tenemos muchas brechas por cerrar”, advirtió.

Junto con reconocer que las cifras de desigualdad en la región han mejorado entre 2002 y 2014 gracias a la aplicación de políticas públicas y reformas tributarias, Bárcena remarcó que es necesario prestar atención también a la evolución de los ingresos personales y la riqueza.

“Por ejemplo, en el triángulo norte de América Central existe una diferencia de salarios de diez veces con los Estados Unidos. ¡Diez veces! Además, el ingreso del 10% de las personas con mayores recursos en Centroamérica es 70 veces más alto que el ingreso del 10% con menores recursos. ¿Cómo decirle, entonces, a la gente de esos países que no migre? ¿Cómo se maneja este problema?”, dijo.

En este contexto, Bárcena hizo un llamado a los principales organismos multilaterales que operan en América Latina y el Caribe (como el FMI, Banco Mundial, BID y la Cepal) a generar un gran debate sobre estas cifras y a trabajar juntos para presentar estos problemas al más alto nivel político.

En el marco de su visita a Washington, Bárcena asistió además el jueves 27 a una reunión de la Junta de Directores del Diálogo Interamericano, en donde participaron también destacadas personalidades como los expresidentes de Brasil, Chile, Costa Rica, México y Panamá, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, Laura Chinchilla, Ernesto Zedillo y Martín Torrijos, respectivamente.

Este artículo fue publicado originalmente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo especial con la CEPAL.

RV: EG

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“Horrores inimaginables” en los centros de detención de migrantes de Libia

sex, 28/06/2019 - 12:06

El desolador estado de un centro de detención de migrantes en el norte de Libia. Crédito: ONU

Por Daniel Yang
NACIONES UNIDAS, Jun 28 2019 (IPS)

Para más de 10.000 migrantes que llegan a Libia huyendo de la guerra y de la violencia en sus países, su destino muy a menudo se reduce a obtener alguna indulgencia de los traficantes de personas o a una inhumana estancia en los centros de detención.

La costa norte de Libia, el mayor punto de partida para los migrantes africanos en su éxodo a Europa, es un caldo de cultivo para la esclavitud moderna. Capturados en tierra, interceptados en el mar, heridos y esposados por milicias y traficantes de personas, los migrantes son enviados a centros de detención y expuestos a todo tipo de abusos.

“Desde el momento en que (los migrantes) pisan suelo libio, se vuelven vulnerables a ser objeto de homicidio, torturas y otros malos tratos, detención arbitraria, privación ilegal de libertad y otras violaciones (de sus derechos)”, según un informe de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL, en inglés).

Sin embargo, las autoridades libias no han tomado medidas para abordar sistemáticamente el problema y tampoco ha ampliado su capacidad de detención de migrantes con la ayuda de los gobiernos europeos.

Amenaza grave de salud

Los centros de detención, controlados por el Ministerio del Interior de Libia y custodiados por las milicias del Gobierno del Acuerdo Nacional (GNA, en inglés) respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a menudo alojan a cientos de migrantes en espacios súper hacinados, que carecen de ventilación  o agua potable.

“En algunas partes del centro, los inodoros están desbordados y necesitan reparaciones urgentes. Como resultado, los desechos sólidos y la basura se han acumulado dentro de la celda durante días y representan una grave amenaza para la salud”, describió la situación de una instalación un portavoz de la agencia de refugiados de la ONU (Acnur).

El saneamiento deficiente ha provocado un deterioro de las condiciones de salud dentro de los centros de detención, causando múltiples brotes de enfermedades.

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) calificó la situación como “un desastre”, y señaló que cientos de migrantes detenidos usan “cuatro inodoros que apenas funcionan, sin ducha y solo un acceso esporádico al agua”, según observaron algunos de sus miembros durante una visita al centro de detención de Zintan, la principal ciudad del noroeste de Libia.

Hussein Hassan, coordinador de emergencias de la oficina en Libia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo a IPS que “La tuberculosis con otras infecciones respiratorias, el VIH y las enfermedades de la piel son algunas de las afecciones que sufren los migrantes en más de 34 centros”.

En enero se realizó una campaña de detección de tuberculosis (TB) en el centro de Zintan, pero quienes dieron positivo de esta infección contagiosa permanecieron junto con el resto. Según Hassan, 16 migrantes contagiados con TB se agravaron por las interrupciones del tratamiento y la falta de un sistema de referencia adecuado.

Un informe interno de la ONU al que tuvo acceso  el diario irlandés The Irish Times indicó que más de 80 por ciento de los migrantes en el centro de detención de Zintan pueden haber sido infectados con TB.

Pero la tuberculosis no es la única enfermedad presente dentro de la crisis de salud de los centros, según MSF.

Un migrante de Eritrea muestra las enfermedades de la piel que contrajo en un centro de detención de Libia. Crédito: Alessio Romenzi/Unicef

“Muchos de ellos sufren de desnutrición, infecciones de la piel, diarrea aguda, infecciones del tracto respiratorio y otras enfermedades, así como tratamiento médico inadecuado”, destacó MSF en un comunicado. “Los niños son retenidos junto con los adultos en las mismas condiciones miserables”, añadió.

Sin embargo, la ayuda no está cerca. La ley libia prohíbe a los no ciudadanos el acceso a los servicios de salud pública y niega de hecho a los migrantes la atención médica adecuada. Además, las organizaciones humanitarias tienen acceso restringido a los centros, lo que crea retrasos en el tratamiento.

“Hemos sido abandonados aquí, no puedo regresar y nadie nos quiere en ninguna parte”, dijo un refugiado eritreo a MSF. “No sé dónde está mi lugar en la tierra”, añadió con total desaliento.

“Estamos muriendo”

Explotados por traficantes de seres humanos y comercializados como mercancías, los migrantes temen por su supervivencia diaria.

“Los migrantes retenidos en los centros libios son sometidos sistemáticamente a la hambruna y a severas golpizas, quemados con objetos metálicos calientes, electrocutados y sometidos a otras formas de maltrato con el objetivo de extorsionar a sus familias a través de un complejo sistema de transferencias de dinero”, indica el informe de la UNSMIL.

Después de la sangrienta guerra civil en 2011 que derrocó al régimen de Muammar Gadafi, Libia cayó en manos de facciones rivales y grupos islamistas. Dos fuerzas instaladas en el oeste y el norte libio se enfrentaron por el control de los campos petroleros del país.

La ilegalidad propició  el contrabando y el tráfico a lo largo de sus fronteras y costas.

La mayoría de los inmigrantes ingresan por la frontera sur del país. Pero la guerra entre las milicias del Ejército Nacional de Libia y el GNA respaldado por la ONU ha dejado al sur de Libia sin ley y sin fuerzas de seguridad.

Los traficantes de personas y las milicias bien armadas interceptan a los migrantes en su ruta a Trípoli, comprando a los funcionarios del gobierno para vender la mano de obra migrante por unos pocos cientos de dólares.

Los traficantes han creado un mercado en línea para armas ilegales a pesar del embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que agrega más caos e incertidumbre a la situación política.

“Al parecer, el suministro ilimitado de armas alimenta la creencia errónea de una solución militar al conflicto y contribuye a la falta de voluntad de los actores en el terreno para acordar un alto el fuego”, dijo Jürgen Schulz, representante permanente adjunto de Alemania ante la ONU en Nueva York.

En medio del caos, los migrantes se quedan indefensos.

El informe de UNSMIL detalla que “innumerables migrantes y refugiados perdieron la vida durante su cautiverio por los traficantes, después de recibir disparos, ser torturados hasta morir o simplemente morir por inanición o negligencia médica”.

“Por toda Libia, se hallan con frecuencia  cuerpos no identificados de migrantes y refugiados con heridas de bala, marcas de tortura y quemaduras, en contenedores de basura, lechos secos de los ríos, fincas agrícolas o el desierto”, describe el drama.

“Estamos muriendo”, dijeron detenidos en algunos de los centros al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). “Vivimos como animales; nos ganan todos los días”, añadieron.

Algunas de las mujeres confinadas en un centro libio de detención de migrantes. Crédito: OIM

Peor para las mujeres

La abrumadora mayoría de mujeres y adolescentes que atraviesan Libia y caen en los centros de detención son violadas por milicianos, pandilleros o traficantes contaron a la  UNSML en sus entrevistas.

Además, en los 11 centros donde se detienen a mujeres migrantes o refugadas se registran maltratos y violaciones perpetrados por los propios guardias de seguridad.

La las detenidas, cuenta el informe a título de ejemplo, frecuentemente se las desnuda y se las somete a controles corporales ante la presencia de hombres. La falta de personal femenino entre la guardia de los centros incrementa el riesgo de agresión sexual y explotación.

La UE, cómplice de la tragedia

La ley libia agrupa a migrantes, refugiados políticos y solicitantes de asilo en la misma categoría bajo la supervisión del Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal (DCIM, en inglés) del Ministerio del Interior.

Incluso si los migrantes logran escapar de los traficantes de personas y la búsqueda y captura del DCIM a lo largo de la costa norte, los barcos patrulla europeos los interceptan cuando intentan cruzar el mar Mediterráneo y devuelven sus embarcaciones a Libia.

La Unión Europea (UE) ha invertido millones de euros en la Guardia Costera de Libia bajo el argumento de una “gestión eficiente de las fronteras”, pese a conocer muy bien que los forzados al retorno a territorio libio solo les espera la esclavitud y los abusos sin tregua.

Decenas de organizaciones internacionales humanitarias, entre ellas Oxfam y Human Rights Watch (HRW), han condenado la actuación de la UE, calificando su política de “cómplice” en la tragedia humanitaria de los migrantes, en una carta abierta publicada en enero.

“Las acciones de los gobiernos europeos han hecho que sea extremadamente difícil para las organizaciones de búsqueda y rescate continuar con su labor de salvar vidas”, dijo la carta, que pidió poner fin a la devolución de migrantes a Libia.

Desde 2009, Italia, donde desembarcan la mayoría de migrantes procedentes de Libia cuando logran atravesar el Mediterráneo, trata de interceptar todas las embarcaciones de migrantes y de transferir a los migrantes de regreso a Libia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró en 2012 que esa actuación de Italia es una violación de los derechos de los migrantes, pero desde entonces el gobierno del país ha intensificado sus operativos para impedir que los migrantes africanos lleguen a sus costas.

En 2017, el parlamento italiano estableció una ley que permite el despliegue de su armada en aguas libias, con el objetivo de ayudar a la Guardia Costera del país del norte de África a “luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas”.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 10.000 personas han muerto tratando de cruzar el Mediterráneo desde 2014.

Sin embargo, para los migrantes que huyen de lo insoportable, ese tramo marítimo sigue representando una esperanza, la única en sus manos.

T: MF

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¿Puede frenar el acoso laboral un convenio internacional no vinculante?

qui, 27/06/2019 - 20:36

Algunos delegados en la Conferencia Internacional del Trabajo celebran la adopción del histórico Convenio sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Crédito: OIT

Por Thalif Deen
NACIONES UNIDAS, Jun 27 2019 (IPS)

Los países miembros de la OIT acordaron un nuevo convenio internacional para proteger a los trabajadores del acoso y la violencia en el ámbito laboral, que es calificado de histórico pero sobre el que  hay discrepancias en cuanto a su efectividad por el carácter voluntario de su implementación.

La Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) concluyó su sesión anual en Ginebra, el 21 de junio, con la aprobación del nuevo Convenio sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo), cuya actuación emana de las CIT, precisó que la nueva norma internacional entrará en vigor 12 meses después de que al menos dos Estados miembros lo hayan ratificado, junto con las recomendaciones, que no son jurídicamente vinculantes, pero que proporcionan directrices sobre cómo aplicarlo.

Rothna Begum, investigadora principal de derechos de la mujer en la organización Human Rights Watch (HRW) en su oficina en Ginebra, puntualizó que otro requisito del Convenio 190 de la OIT es que cada Estado debe ratificarlo para que entre  en vigor dentro de su territorio.

A su juicio, eso es una debilidad porque muchos los Estados firman convenciones internacionales y luego no las ratifican, así que las de carácter obligatorio con tan solo la firma facultan en que el organismo responsable, en este caso la OIT, cuente con instrumentos para su cumplimiento.

Un caso diferente, adujo, es el de las de las recomendaciones, que “proporcionan la orientación necesaria para comprender las obligaciones establecidas en el Convenio”.

La especialista de HRW señaló que también hay una resolución que, una vez adoptada, ordenará a la OIT tener una estrategia para llevar a cabo una campaña de ratificación y ayudar a los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores a implementarla.

Paula Donovan, activista por los derechos de las mujeres y codirectora de la campaña del Código Azul contra los abusos sexuales en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, destacó el gran valor del Convenio 190.

“Es impresionante darse cuenta de que hace menos de una década, pocos podía imaginar que un convenio tan progresista podría ser adoptada en la OIT”, dijo en diálogo con IPS.

Como punto negativo resaltó la ironía de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la que la OIT es una de sus agencias, quede excluida del mandato del Convenio, lo que le da inmunidad en sus lugares de trabajo, incluidos los de los países que sí ratifiquen el tratado.

“Pero la gran victoria alcanzada debería inspirar la esperanza de que la ONU pueda elegir cambiar con el tiempo y unirse a la revolución que defiende”, declaró.

Palitha Kohona, exjefe de la Sección de Tratados de la ONU, dijo a IPS que “la cuestión de si la convención de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo es obligatoria o voluntaria dependerá de sus propias disposiciones”.

En general, los convenios de la OIT, 189 hasta ahora, permiten a los Estados parte implementar sus propias obligaciones para cada tratado, con sus propios mecanismos.

Los tratados, reflexionó con base en su experiencia, se implementan mejor cuando los estados parte se sienten obligados a incluirlos en sus jurisdicciones nacionales porque la implementación es en su propio interés.

A su juicio, la aplicación voluntaria produce los mejores resultados. Cuando un tratado tiene disposiciones obligatorias, su cumplimiento requiere la creación de una gama de mecanismos internacionales para su aplicación que no son fáciles, dijo Kohona, quien también fue representante permanente de Sri Lanka ante las Naciones Unidas.

María Victoria Cabrera Balleza, directora ejecutiva de la  Red Mundial de Mujeres Constructoras de la Paz, dijo a IPS que la adopción del nuevo Convenio de la OIT representa un hito crucial  en la lucha para eliminar la violencia y el acoso contra las mujeres en el trabajo.

A su juicio, la plena y efectiva aplicación de esta norma internacional cambiará las vidas de las mujeres en todo el mundo.

“Cuando las mujeres sepan que están seguras, serán más productivas, estarán más inspiradas y más motivadas. Eso será beneficioso para todos, para las propias mujeres, para el movimiento laboral, para el sector empresarial y para los gobiernos”, dijo la activista de origen filipino.

Para Cabrera, “esto también demuestra que el movimiento #MeToo puede tener un carácter diverso”.

“No es solo para mujeres blancas en América del Norte y Europa. Espero sinceramente que más mujeres, especialmente en lugares de trabajo en países en desarrollo, hablen sobre el hostigamiento y la violencia cometidas contra ellas, y también que todos los agresores se enfrenten a la justicia”, afirmó Cabrera.

Señaló que el nuevo tratado ha demostrado que el movimiento #MeToo (yo también) realmente puede dar lugar a un #WeToo (nosotras también). El siguiente paso es lograr que todos los gobiernos ratifiquen el tratado y se obliguen a instrumentar leyes locales para su instrumentación.

“La sociedad civil de todo el mundo debe unirse y movilizarse para garantizar que ningún gobierno se salga con la suya sin ratificarlo. Igualmente, si no es más importante, garantizar que los gobiernos, los empleadores, los sindicatos y las asociaciones de trabajadores sean responsables del cumplimiento de este tratado pionero”, afirmó.

Por su parte, un portavoz de la OIT dijo a IPS que además de su aplicación por los Estados que lo ratifiquen, el Convenio 190 “también podrá ser utilizado como referencia establecer políticas en organizaciones internacionales” contra el acoso y la violencia laboral.

El Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres dijo en un comunicado que el Convenio representa pasar de una toma de conciencia sobre la violencia de género en el mundo del trabajo, a un mecanismo que obligue a rendir cuentas y acabar con ella.

“Estas nuevas normas reconocen una definición amplia de ‘trabajadora’ y ‘mundo del trabajo’, que tiene el potencial de abordar la amplia gama de realidades laborales de las mujeres”, expresa el Centro, para el que el nuevo Convenio impactará en forma positiva a millones de mujeres en todo el mundo.

En la aplicación del Convenio, añade, se requerirá un enfoque “interseccional”, aquel que incluye el género, la etnia, la clase u orientación sexual como categorías sociales construidas e interrelacionadas. De esa manera, aduce, se garantizará que las normas sean inclusivas y tengan en cuenta a trabajadoras marginadas y situaciones vulnerables.

“Buscaremos que los Estados y los empleadores desarrollen prácticas auspiciosas” para cumplir los nuevos estándares, y también para que estos reflejen los derechos humaos de las mujeres y su derecho a condiciones de trabajo decente, añadé.

El nuevo Convenio, que se negoció por dos años, obligará a los países que lo ratifiquen a desarrollar leyes nacionales que prohíban la violencia en el lugar de trabajo y tomen medidas preventivas, como campañas de información, así como que las empresas tengan políticas laborales sobre la violencia.

El tratado también obliga a los gobiernos a monitorear el problema y proporcionar acceso a recursos mediante mecanismos de denuncia, medidas de protección de testigos y servicios a las víctimas, además de proporcionar medidas para su protección contra las represalias.

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Violencia criminal cae en Brasil mientras desempleo sube

qui, 27/06/2019 - 14:22

Después de una ola de ataques en Ceará, la Fuerza Nacional de Seguridad Pública fue enviada a su capital, Fortaleza, en apoyo a los agentes de seguridad del Estado de la región del Nordeste de Brasil. Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Por Mario Osava
RÍO DE JANEIRO, Jun 27 2019 (IPS)

Brasil se mantiene como campeón mundial de homicidios, pero celebra una fuerte reducción de la criminalidad desde 2018, pese a las elevadas tasas de desempleo, producto de la recesión económica de 2015-2016 aún sin una recuperación plena.

El récord histórico de 65.602 homicidios, que corresponde a 31,6 casos por cada 100.000 habitantes, se propaló como una noticia alarmante por todo el mundo, cuando el 5 de junio se divulgaron los resultados del Atlas de la Violencia 2019.

Pero eran datos rezagados, de 2017, ya que el Atlas, publicación del gubernamental Instituto de Investigación Económica Aplicada,  en conjunto con el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), una asociación de interesados en el tema, maneja estadísticas consolidadas de años anteriores.“La clave para entender la violencia criminal es que la vida no se ve como una cuestión social, no importa a la sociedad. Homicidio es solo un problema sociológico, de investigación. La policía atiende a demandas de seguridad de la élite, de las áreas ricas, no de las periferias ajenas al turismo”: Ricardo Moura.

En 2018 hubo una caída de 12,8 por ciento en los asesinatos y esa tendencia se acentuó en los cuatro primeros meses de 2019, con rebaja de 23 por ciento, en comparación con igual período del año anterior, según el Monitor de la Violencia, que acompaña el tema mensualmente.

Se trata de un observatorio de G1, portal periodístico del mayor grupo de comunicación en Brasil, Globo, asociado al mismo FBSP y al Núcleo de Estudios de Violencia de la Universidad de São Paulo.

Un dato negativo, las “muertes por intervención policial” que el Monitor registra a parte aumentaron 17,9 por ciento, de 5.225 a 6.160, entre 2017 y 2018.

Refleja “el modelo y la lógica adoptada en una política de seguridad bélica”, basada en una represión cada día más violenta, observó Ricardo Moura, investigador del Laboratorio de Estudios de Violencia de la Universidad Federal de Ceará.

El caso de Ceará, ¿un modelo?

En Ceará, un estado del Nordeste brasileño con nueve millones de habitantes, es donde se registró la reducción más espectacular de muertes violentas, 53 por ciento, en el primer cuatrimestre de este año, cuando hubo 759 víctimas, según el Monitor de la Violencia.

En  2018 ocurrieron en ese estado 4.498 homicidios, una caída de 12,4 por ciento respecto al año anterior.

Ese éxito, por lo menos en Ceará, es engañoso, porque 2017 fue “un año fuera de la curva”, de excepcional mortandad en la guerra entre tres bandas criminales por el control del narcotráfico local, explicó Moura a IPS.

“La comparación con un nivel anterior tan elevado de muertes genera la falsa impresión de que se puede contener la violencia”, matizó.

“Este año parece mejor, con reducción más acentuada que quizás se mantenga, algo que se verá en el segundo semestre”, concedió el también periodista, que firma una columna sobre seguridad pública en el diario local O Povo.

Los avances de este año en el combate a la criminalidad en Ceará se deben a tres factores principales, en su evaluación.

Primero porque “los líderes de las facciones (del narcotráfico) decidieron no pelear entre ellos y considerar el Estado como enemigo principal y común”.

En la práctica eso se tradujo en una oleada de ataques con armas de fuego y bombas contra sedes gubernamentales, comercios, bancos y viaductos, además del incendio de decenas de autobuses, en los dos primeros meses del año.

Fue una represalia a las medidas del nuevo secretario de Administración Penitenciaria, Mauro Albuquerque, para intentar controlar las organizaciones criminales dentro de las prisiones y quitarles las condiciones de operar desde las cárceles.

El “acuerdo de paz”, que venían negociando desde el semestre anterior, promovió la “suspensión de la rivalidad” y de las cruentas batallas entre facciones.

El segundo factor fue el Programa Proteger del gobierno de Ceará, que comprende la “ocupación de áreas vulnerables, donde ocurren muchos homicidios” por unidades policiales. Iniciada en 2017, esa ocupación obtuvo “cierto éxito” en contener la violencia, reconoció Moura.

Por último el gobierno intervino el sistema penitenciario, dificultando la comunicación entre los líderes presos y sus redes criminales, lo que limitó sus acciones.

Los resultados pueden ser pasajeros, teme el investigador, si la ocupación de las prisiones y barrios violentos no se hace permanente, ya que “exige muchos recursos y efectivos policiales”.El desempleo como contexto

En Brasil, el desempleó comenzó a trepar desde 2014, cuando se produjeron los primeros síntomas de la desaceleración económica, hasta alcanzar su récord en el periodo marzo-mayo de 2017, cuando afectó a 13,3 por ciento de la población económicamente activa, para reducirse hasta 12,4 por ciento en el último lapso del que hay cifras oficiales, de diciembre a febrero de este año.

Eso representa 13,1 millones de personas desempleadas, que se eleva hasta 27,9 millones si se suman aquellas subempleadas o que dejaron de buscar trabajo, que actualmente enfrentan dificultades de sobrevivencia, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

El escenario social no favorece la pacificación en la región, con “más de 400.000 desempleados y otro tanto de desalentados”, aquellos que ya desistieron de buscar empleo ante la crisis económica.

 

En Fortaleza, la capital de Ceará, “del cuadro de fragilidad laboral se aprovecha el crimen organizado, cuya capacidad de reclutamiento encuentra condiciones favorables, especialmente en su periferia”, lamentó Moura.

La región metropolitana de Fortaleza concentra más de cuatro millones de personas, cerca de 45 por ciento de la población del estado, y la mayoría de los homicidios.

“La clave para entender la violencia criminal es que la vida no se ve como una cuestión social, no importa a la sociedad. Homicidio es solo un problema sociológico, de investigación. La policía atiende a demandas de seguridad de la élite, de las áreas ricas, no de las periferias ajenas al turismo”, concluyó Moura.

La criminalidad creció escandalosamente en el Nordeste y el Norte, las dos regiones más pobres de Brasil en este siglo, mientras se mantuvo estable o disminuyó en estados ricos del Sur y Sudeste.

En Ceará los homicidios se multiplicaron por 2,8 de 2007 a 2017, cuando alcanzó un total de 5.433 y una tasa de 60,2 por 100.000 habitantes, contra un promedio mundial de 6,4 por 100.000, en este país sudamericano de dimensiones continentales y 210 millones de personas.

En el norte amazónico, el poco poblado estado de Acre, con 870.000 habitantes, también bajó al infierno en 2017 por sus fronteras con la producción de cocaína en Bolivia y Perú, y logró bajar la mortandad al año siguiente al endurecer las condiciones carcelarias.

En Brasil hay un virtual consenso entre los analistas de que el brutal aumento de la criminalidad, especialmente los homicidios, en las últimas décadas se debió básicamente al narcotráfico, dividido entre facciones en conflicto por el control territorial del negocio ilícito.

La expansión de los grandes “comandos” nacidos en las cárceles y barrios pobres de las grandes metrópolis del Sudeste, Río de Janeiro y São Paulo, incrementó la violencia en el Nordeste y Norte, convertidas en nuevas rutas del narcotráfico internacional.

Mientras, São Paulo, el estado más rico y poblado de Brasil, con 45 millones de habitantes, vive una caída sostenida de asesinatos desde 2009, atribuida al monopolio del narcotráfico local por el Primer Comando de la Capital (PCC), ya con tentáculos en todo el país.

En medio a los avances nacionales contra la criminalidad general, hay retrocesos, como el aumento del feminicidio y la violencia contra homosexuales y transgéneros, además de la letalidad policial.

La juventud, especialmente la negra, es la gran víctima de la mortandad, con una tasa de 69,9 homicidios por 100.000 jóvenes de 15 a 29 años. Entre los de 15 a 19 años, 51,8 por ciento de sus muertes se debe a asesinatos.

Un peligro para el futuro es la intención del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro de ampliar el acceso y el porte de armas de fuego, que responden por 71 por ciento de los homicidios.

“La conquista de 2018 puede haber sido solo un respiro de un país enfermo y afectado por el miedo”, pero Brasil no puede perder la oportunidad de civilizarse, sostienen Renato Lima y Samira Bueno, directores del FBSP en un artículo sobre las prometedoras estadísticas.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Consumo de opioides se dispara y producción de cocaína alcanza récord

qua, 26/06/2019 - 17:37

Quema de más de 20 toneladas de drogas ilícitas y alcohol en las afueras de Kabul, ordenadas por los Ministerios del Interior y de Lucha contra los Estupefacientes de Afganistán. Crédito: Eric Kanalstein/UNAMA

Por Corresponsal Fao
NACIONES UNIDAS, Jun 26 2019 (IPS)

El consumo de drogas a nivel mundial sigue en aumento y se dispara la cifra de consumidores de opioides. La fabricación e incautación de cocaína alcanzaron niveles récord y el cannabis sigue siendo el estupefaciente más consumido.

El Informe Mundial sobre Drogas 2019 lanzado este miércoles 26 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) indica que la cifra de personas afectadas por trastornos debido al consumo de drogas aumentó hasta los 35 millones en relación a la última estimación, que era de  30,5 millones, y que también creció el número de fallecimientos, alcanzando las 585.000 defunciones.

Asimismo, destaca que la prevención y el tratamiento son “insuficientes” para atender a las obligaciones que se producen en distintas partes del mundo, especialmente dentro de las instituciones penitenciarias donde los reos son vulnerables al consumo de drogas y tienen una mayor probabilidad de contraer hepatitis C y el VIH.

“Las conclusiones del Informe Mundial sobre las Drogas de este año completan y complican aún más el panorama mundial de los problemas de las drogas, subrayando la necesidad de una cooperación internacional más amplia para promover respuestas equilibradas e integradas en materia de salud y justicia penal a la oferta y la demanda”, dijo Yury Fedotov, el director ejecutivo de la ONUDD, también conocida por su sigla en inglés UNODC.

El estudio señala que durante 2017 el 5,5% de la población mundial entre 15 y 64 años consumió drogas el año anterior, una cifra similar a la anterior estimación, pero  30% mayor que en 2009.

Los opioides, un problema en aumento

Uno de los grandes problemas observados en este estudio fue el gran aumento de consumidores de opioides que subió hasta los 53 millones, una cifra superior en un 56%  a las valoraciones anteriores.

Los opioides representan las dos terceras partes del número total de fallecimientos “en un contexto marcado por el número creciente de muertes por sobredosis en América del Norte y la expansión del tráfico de fentanilo y sus análogos en Europa y otras regiones”.

En Estados Unidos fallecieron 47.000 personas por sobredosis de opioides durante el año 2017, mientras que en Canadá la cifra de muertes -4000- aumentó un 33% en relación con 2016.

Alijo de cocaína. Crédito: UNODC

El estudio reclama prestar atención al “uso con fines no médicos” del analgésico tramadol, especialmente en África. Aparentemente, esta droga llega al continente africano procedente de Asia meridional donde se fabrica de manera ilícita. Las incautaciones de tramadol a nivel global alcanzaron una cifra récord de 125 toneladas en 2017.

Sin embargo, la droga con mayor consumo global sigue siendo el cannabis con 188 millones de usuarios.

La cocaína, sin freno

Tanto la producción ilícita como la incautación de cocaína alcanzaron cifras récord en 2017. La producción ilegal ascendió a un máximo histórico de 1976 toneladas, un aumento del 25% en relación al 2016; pero, al mismo tiempo, la confiscación subió un 13% con 1275 toneladas decomisadas.

La Oficina destaca que una de las claves del éxito es unir la voluntad política con la disponibilidad de recursos y pone como ejemplo los esfuerzos realizados por Colombia para reducir la producción de cocaína, tras el Acuerdo de Paz alcanzado en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“Las iniciativas de desarrollo alternativo han permitido que los campesinos de algunas de las regiones centrales del país que anteriormente se hallaban bajo el control de las FARC abandonen el cultivo de arbusto de coca y se incorporen a la economía lícita.

El resultado ha sido una reducción drástica de la producción de cocaína. Sin embargo, en otras zonas controladas anteriormente por las FARC se han instalado grupos delictivos que han ocupado el vacío dejado y han expandido el cultivo. El desarrollo alternativo únicamente puede prosperar si se le presta atención constante y se integra en objetivos de desarrollo más amplios”, destaca el informe.

Falta establecer un enfoque íntegro

Precisamente, este 26 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de drogas bajo el lema “Salud para la justicia, justicia para la salud”.

En su mensaje por la efeméride, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, aplaudió esta máxima que resalta la importancia de instaurar un enfoque integral que comprenda a la salud, los derechos humanos, la justicia penal y los servicios sociales al problema global que representan las drogas.

Del mismo modo subrayó la importancia del acuerdo logrado este año por parte de los Estados miembros en la Comisión de Estupefacientes, donde se alcanzó el compromiso de cooperar para dar una respuesta fundamentada en los derechos y la salud.

Guterres llamó al cumplimiento de esa promesa a través de una mayor cooperación internacional, el intercambio de información entre países y la prestación de servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación basados en los derechos humanos y que se consideren las cuestiones relativas al género y la edad.

Este artículo fue publicado originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

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Inna de Yard, el documental que se sumerge en el alma de Jamaica

qua, 26/06/2019 - 16:47

El cartel de Inna de Yard, el documental acerca de la música reggae y sus grandes pioneros, que este mes de junio comienza a exhibirse por los cines del mundo y que también un canto al alma de Jamaica. Crédito: Cortesía de Inna de Yard

Por A. D. McKenzie
KINGSTON/PARÍS, Jun 26 2019 (IPS)

Unos perros ladran a lo lejos, unos pájaros trinan más cerca, mientras un hombre camina entre la niebla, rodeado de una exuberante vegetación. Y por encima de todo, la voz de un hombre con un vibrato muy distintivo canta “Speak Softly, Love (habla suavemente, amor)”.

Así comienza Inna de Yard, un documental que  se puede definir como un poema de amor a la música reggae, o el “alma de Jamaica”, ya que la película está subtitulada con un juego de palabras en ese sentido.

Dirigido por Peter Webber (cuya primera película fue la aclamada La joven de la perla, de 2003), el documental llega en un momento oportuno, porque en noviembre  el reggae se sumó a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

La película se proyectó, antes de su estreno formal, en París, en la sede de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas, en una  sala donde la mayoría de los espectadores parecían conocer a los artistas y las canciones. Fueron muchos los que  se pusieron de pie para bailar cuando un grupo de músicos actuó  después de la proyección.

Inna de Yard nos conduce por las vidas de los grandes pioneros del reggae que se han unido para grabar música en un estudio en lo alto de una colina, antes de iniciar una gira de las leyendas de ese género jamaiquino. Se trata de una casa antigua y desgastada que ofrece impresionantes vistas de Kingston, la capital de Jamaica.

Está llena de discos de vinilo apilados que se salen de sus fundas medio rotas, mientras que un antiguo piano se enseñorea del porche.

El hombre que camina a través de la niebla al principio de la cinta es un afinador de piano, que les dice a los espectadores que el instrumento a veces se infecta de insectos, pero que va a dejarlo listo para que los músicos puedan usarlo. Más tarde se ve como lo hace usando alambres y otros objetos.

Entonces la música comienza en serio. Nos presentan a los artistas: Ken Boothe, Kiddus I, Winston McAnuff, Cedric Myton, The Viceroys y Judy Mowatt, mientras el vibrato de Boothe acompaña a las espectaculares tomas aéreas del paisaje.

Kiddus, quien apareció en la película de culto  “Rockers (1978)”, explicacon su voz profunda y agradable que el proyecto es “una amalgama de unos viejos tocando música acústica”, y McAnuff agrega que el objetivo es capturar la música “en su estado original”.

Mowatt, que parece una diosa urbana con su túnica estampada, dice que la casa en las colinas “se sentía como el cielo” cuando la visitó por primera vez.

En una época anterior, Mowatt actuó con I-Threes, el trío de vocalistas que acompañó a Bob Marley y los Wailers. Pero más allá de su presencia, el extenso clan Marley  no es el foco en la cita. Este documental  pone la luz sobre los otros pioneros de la creación del género del reggae.

“Algunos países tienen diamantes. Algunos países tienen perlas. Algunos países tienen aceite. Nosotros tenemos la música reggae”, dice el bajista Worm.

Con imágenes de los años 60 y 70, el documental nos lleva al principio de los orígenes del género,  mostrando cómo se desarrolló esa música, influenciada por el ritmo y el blues de Estados Unidos.

“Prestamos atención a lo que estaba sucediendo fuera de nuestras costas y lo amalgamamos con lo que estaba sucediendo aquí”, dice Mowatt a los espectadores. “La década de los 60 fue  la época romántica, pero la década de los 70 fue la era consciente”, explica.

Ella resalta que el reggae “habló sobre las realidades de la vida” y que “toda Jamaica vivía las canciones que se cantaban”, por ejemplo, sobre violencia política, penurias del día a día y represión policial contra los seguidores del movimiento espiritual rastafarí. Fue la “edad de oro” de la música, añade la interprete.

El documental le da a cada uno de los artistas un espacio para recordar, incluso cuando describen sus vidas actuales. “Echamos de menos todo lo relacionado con esos días”, dice Cedric Myton, un espíritu alegre y juguetón en la película que dijo que a sus 70 años está “subiendo la escalera”.

Durante una de las escenas más memorables del documental, lo vemos salir en un bote y bromear con los pescadores mientras canta “Row, fisherman, row”, en su emblemático falsete. La película va del mar al estudio en las colinas, a Myton, que ilumina a los espectadores sobre el origen de las distintas letras.

Al igual que muchos otros, Myton comenzó en el negocio de la música con lo que parecía un futuro brillante, pero los problemas en Estados Unidos, relacionados con los “cargos por la hierba”, significaban que no podía actuar allí. Además, todos los músicos han tenido experiencia con productores de discos sin escrúpulos, o “ladrones”, como los llama Myton.

“No nos rendimos porque sabemos que nos esperan mejores días”, dice Myton, “pero financieramente ha sido una lucha”.

Algunos de sus compañeros han tenido más luchas personales. McAnuff perdió a su hijo Matthew, también cantante, en 2012, y su descripción de esa muerte “sin sentido” se encuentra entre las secciones más conmovedoras de la película. Parecida es la historia del músico más joven, Derajah, quien perdió a su hermana, víctima de la violencia con armas de fuego. Los vemos trabajando a través de su dolor a través de la música.

“Es un mensaje para la sanación”, dice Kiddus.

El proyecto Inna de Yard contacta a las leyendas pioneras con una nueva generación de del reggae que actúan con ellos en el estudio y en la gira, porque la película también habla de esos herederos artísticos. “Aprendemos de los muchachos más jóvenes y ellos aprenden mucho de nosotros”, comenta Kiddus.

Mowatt graba con dos cantantes jóvenes y su colega Rovleta Fraser la ardiente canción   Jah 9. En forma apasionada, su letra introduce en la historia de la isla y el papel que desempeñaron los “maroons” jamaiquinos, aquellos afrodescendientes que lucharon contra la esclavitud y se convirtieron en personas libres, y su legendario líder Nanny.

Luego Rovleta y Mowatt cantan en el estudio el “primer himno en solitario” de Mowatt, la intensa “Black woman (mujer negra)”. “Es un toque de amor”, define Mowatt , al describir el afecto y la solidaridad que comunica a las intérpretes.

Acompañando a distintos músicos, el documental también lleva al espectador por áreas vírgenes de gran belleza natural de Jamaica (cascadas, piscinas naturales para bucear, zonas marinas boscosas).

Pero tampoco teme mostrar a los sectores pobres y tugurizados de Kingston, la capital,  donde nació el género musical, al igual que la degradación ecológica de algunas playas y parajes. También se puede echar un vistazo a la cultura erótica del dancehall, otro género musical bailable surgido en Jamaica en los años 70, a través de unas cuantas escenas en un bar.

Sin embargo, Webber, el director del documental no estaba interesado en mostrar escenas “que harían estallar los ojos en Occidente”, como dijo en una entrevista tras su proyección parisina. Webber agregó que la moderación en la filmación de ciertos aspectos de la cultura fue “deliberada”, ya que no “sintió la necesidad de trabajar ese aspecto”.

Debido a este enfoque, los espectadores perciben el amor y el respeto por la música, a diferencia de algunos retratos sensacionalistas de los más famosos movimientos artísticos as jamaiquinos.

Webber dijo que se introdujo en la música de la isla caribeña cuando era adolescente y vivía en Londres en Londres y rápidamente se convirtió en “un gran fanático del reggae”. Años más tarde, mientras trabajaba con el productor francés Gaël Nouaille en un proyecto para la platafoma Netflix, su colega le contó sobre los músicos y las grabaciones de Inna de Yard.

“Nunca antes había estado en Jamaica, en parte porque tenía una Jamaica en la cabeza, y sabía que si me subía a un avión, viviría una experiencia turística que no estaría a la altura de lo que imaginaba”, dijo.  “No quería pasar dos semanas en una playa en Negril. Pero esta era una manera diferente de ir”, comentó.

Cuando llegó a la isla y se reunió con los músicos, inicialmente no estaba seguro de que  realizaría un largometraje, y se preguntó si podría llegar a producir un documental que “convocara a una audiencia más general” que los tradicionales fanáticos del reggae.

También le pareció importante identificar y dar a conocer a músicos más jóvenes del reggae. Me preguntaba: “¿Son estos tipos como el último de los mohicanos?”, argumentó.

Sobre las razones por las que fue él quien terminó haciendo una película sobre el reggae, Webber explicó que “lo hice por mi amor y entusiasmo y porque tuve la oportunidad de hacerlo. Tal vez haya que preguntarse si el mundo necesitaba otro hombre blanco de mediana edad que fue a Jamaica”.

“Pero me veo a mí mismo como un medio. Soy un canal, y básicamente pongo a disposición mis habilidades técnicas y mi creatividad para contar su historia. No es una película de apropiación cultural”, subrayó.

Añadió que el documental se desarrolló en base a la “columna vertebral de la historia”, la de los músicos grabaron un álbum “en una casa en las colinas”.

La casa está de hecho en el centro del documental, pero desde allí, Webber y los músicos nos llevan en un viaje: de vuelta al pasado, alrededor de la isla, a los conciertos en París y al alma del reggae y de Jamaica. Y Webber lo hace con un toque artístico, donde hay un reflejo de su experiencia como estudiante de historia del arte.

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Mujeres continúan sometidas en muchos países, pese a avances

ter, 25/06/2019 - 18:14

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, en el centro, al dar a conocer el estudio “El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020: Familias en un mundo cambiante”. Crédito: Ryan Brown/ONU Mujeres

Por Corresponsal Fao
NACIONES UNIDAS, Jun 25 2019 (IPS)

En uno de cada cinco países, las niñas no tienen los mismos derechos de sucesión que los niños, mientras que en 19 Estados las mujeres están obligadas legalmente a obedecer a sus esposos. Solamente la mitad de las mujeres casadas están en la fuerza laboral, mientras que realizan una cantidad tres veces mayor de trabajo doméstico y de cuidados infantiles no remunerados que los hombres, indica un estudio publicado este martes 25.

Si bien los derechos de las mujeres han avanzado en las últimas décadas, las desigualdades de género y otras violaciones a los derechos humanos fundamentales dentro de las familias persisten, afirma el estudio “El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020: Familias en un mundo cambiante”, dado a conocer por ONU Mujeres.

El informe asegura que las familias, en toda su diversidad, “pueden ser factores determinantes de la igualdad de género, siempre que los responsables de la toma de decisiones apliquen políticas arraigadas en la realidad, de cómo vive la gente hoy, con los derechos de las mujeres en su núcleo”, dijo la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Mlambo-Ngcuka advirtió que, sin embargo, las familias también pueden ser terreno de conflicto, desigualdad y, con demasiada frecuencia, violencia.

“En todo el mundo, presenciamos esfuerzos coordinados para negar la voluntad de las mujeres y el derecho a tomar sus propias decisiones en nombre de proteger los ‘valores familiares’”, dijo.

Actualmente tres mil millones de mujeres y niñas viven en países donde no se criminaliza explícitamente la violación dentro del matrimonio. Pero la injusticia y las violaciones también toman otras formas.

En uno de cada cinco países, las niñas no tienen los mismos derechos de sucesión que los niños, mientras que 19 Estados las mujeres están obligadas legalmente a obedecer a sus esposos. Además, en los países en desarrollo, alrededor de un tercio de las mujeres casadas dicen tener poca o ninguna opinión sobre sus propias decisiones de atención médica.

Mujeres prestan tres veces trabajos domésticos no remunerados

El informe observó que la edad promedio de matrimonio ha aumentado en todas las regiones, mientras que las tasas de natalidad han disminuido, y las mujeres en general han aumentado su independencia económica.

Una madre en Makola, en Ghana. Crédito: Ruth McDowall/ONU Mujeres

Sin embargo, solo la mitad de las mujeres casadas entre las edades de 25 y 54 años participa en la fuerza laboral, en comparación con 96% de los hombres casados y dos tercios de las mujeres solteras.

El hecho de que las mujeres continúen prestando tres veces más cuidados infantiles no remunerados y quehaceres domésticos que los hombres es un factor importante de estas desigualdades, que son particularmente pronunciadas en los países en desarrollo, en los que el acceso a las infraestructuras que permiten ahorrar tiempo y a los servicios públicos es más limitado.

El estudio explica que cuando no existe disponibilidad de servicios de cuidados profesionales, se espera que las mujeres y las niñas llenen ese vacío, lo que reduce el tiempo que estas pueden destinar a sus estudios, al trabajo remunerado y a otras tareas, o provoca que las necesidades de cuidados queden desatendidas. Esta dinámica tiene consecuencias negativas para las mujeres, puesto que afecta su capacidad para acceder a un trabajo remunerado decente, así como su salud física y mental.

Además, la violencia contra las mujeres y las niñas persiste hasta alcanzar tasas abrumadoramente elevadas en todas las regiones del mundo. A menudo, la violencia dentro de  la familia es letal: se calcula que un 58 % de las mujeres que fueron víctimas de homicidio  en 2017 fueron asesinadas por un familiar. Ese año murieron asesinadas 137 mujeres por día.

“El hogar es uno de los lugares más peligrosos para la mujer”, aseguró Mlambo-Ngcuka.

Familias diversas

El informe también documenta la gran diversidad de estructuras y relaciones familiares existentes en las diferentes regiones, dentro de cada país y a través del tiempo.

A nivel mundial, 38% de los hogares son parejas con hijos; y 27%  son familias con un mayor número de miembros, incluidos otros familiares.

Los hogares monoparentales -de los cuales un 84% a nivel mundial están conformados por madres solas que viven con sus hijos- y los compuestos por parejas (heterosexuales u homosexuales) sin hijos, también son comunes en muchas regiones. En las sociedades que están pasando por un proceso de envejecimiento, los hogares unipersonales son una realidad cada vez más frecuente.

El informe arroja algo de luz positiva sobre las licencias de paternidad, con un aumento en la participación de los padres, especialmente en países donde existen incentivos específicos.

La jefa de ONU Mujeres citó investigaciones y pruebas que demuestran que “no hay un formato de familia estándar, ni lo ha habido nunca”.

Además, la cohabitación sigue una tendencia al alza y, en algunas regiones, un número creciente de mujeres  optan directamente por no casarse. Estas decisiones pueden ser consecuencia tanto de la necesidad como de la elección, ya que para algunas parejas el costo de formar una familia puede ser excesivo.

También pueden ser el reflejo de una disposición cada vez menor por parte de las mujeres a entablar relaciones en las que se espera que asuman un rol subordinado.

Recomendaciones del informe

El informe llama a los responsables de la formulación de políticas, activistas y cualquier persona a transformar las familias en espacios de igualdad y justicia, en los que las mujeres tengan voz y capacidad de elección, además de tener garantizada su seguridad física y económica y hace varias recomendaciones para lograr ese fin:

  • Modificar y reformar las leyes familiares para garantizar que las mujeres puedan elegir si, cuándo y con quién casarse; y permitir el acceso de las mujeres a los recursos familiares.
  • Reconocer las diversas formas de asociación, para proteger a las mujeres en la convivencia y las parejas del mismo sexo.
  • Invertir en servicios públicos, especialmente en salud reproductiva, para ampliar las opciones de vida de las mujeres y las niñas.
  • Fomentar los sistemas de protección social, como el permiso parental remunerado y el apoyo estatal para que los niños y las personas mayores cuiden de sus familias.
  • Garantizar la seguridad de las mujeres mediante la implementación de leyes para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y brindar justicia y apoyo a las víctimas.

Este artículo fue publicado originalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

El artículo Mujeres continúan sometidas en muchos países, pese a avances fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Un problema llamado América Central

ter, 25/06/2019 - 16:51

Efectivos militares y policiales de México han incrementado sus operativos para tratar de impedir que migrantes centroamericanos traten de atravesar el río Bravo para ingresar a Estados Unidos. Crédito: Raymundo Ruiz/En el Camino

Por Ernesto Núñez Albarrán
MÉXICO, Jun 25 2019 (IPS)

La historia se repite todos los días desde hace más de 10 años: una mujer salvadoreña acompañada de dos o tres hijos, un indígena maya guatemalteco que huye de la violencia o un joven hondureño que ya no tiene nada más que perder, pagan 1.000 o 1.300 dólares a un “pollero” (traficantes de migrantes) que promete llevarlos hasta Estados Unidos.

En su paso por México, son asaltados una o dos veces; detenidos y extorsionados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), policías municipales o estatales; secuestrados u obligados a trabajar para el crimen organizado.

Los que llegan a Tijuana (ciudad fronteriza con Estados Unidos) terminan cruzando por una zona de alto riesgo, son detenidos por la migra, interrogados por un juez estadounidense que les niega la solicitud de asilo y los devuelve a sus países, donde no quieren o no pueden seguir viviendo. Lo más probable es que intenten cruzar nuevamente, aunque eso implique volver a atravesar el infierno mexicano.

A una joven guatemalteca, madre de dos hijos, le advirtieron este mes en Estados Unidos que ahora sí, con Donald Trump en el poder, ya no tiene caso que signa intentándolo. Según crónica de la periodista Aline Corpus (Reforma, 22 de junio de 2019), el agente le dijo: “¿por qué son tan necios?, ¿por qué se vienen? ¡Ya no van a pasar!”.

El autor Ernesto Nuñez Albarrán

No es nuevo este drama migratorio. Desde hace 10 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elaboró un informe especial alertando sobe el maltrato a los centroamericanos que cruzan por México intentando llegar a Estados Unidos.

Desde entonces, se advertía que los migrantes sufren robos, abusos policiacos, discriminación, maltrato, humillaciones, golpizas, violaciones sexuales, trata, detenciones irregulares por parte de autoridades, secuestros, e incluso algunos eran entregados por la propia autoridad a bandas del crimen organizado. En aquel informe especial elaborado por la CNDH, se calculaba que, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, se habían secuestrado a 9 mil 758 migrantes.

Nueve de cada 10 víctimas padecieron amenazas de muerte y fueron amagados con armas de fuego o armas blancas… sus captores ejercían violencia sobre ellos… los amarraban de pies y brazos, los amordazaban, les tapaban los ojos, los drogaban o los quemaban en alguna parte del cuerpo. Algunos migrantes relataron expresamente haberse percatado de cómo los secuestradores violaron a mujeres, así como que hirieron y hasta mataron a otros secuestrados, tanto con armas de fuego como a golpes. De acuerdo con estos testimonios, las amenazas recurrentes eran las de violar a las mujeres, venderlos a Los Zetas o deportarlos”, se relataba en el informe de la CNDH (15 de junio de 2009).

Las advertencias de la estatal pero autónoma CNDH fueron guardadas en un cajón por el presidente Felipe Calderón (2006-2012) y su amiga Cecilia Romero, entonces directora del Instituto Nacional de Migración.

Y, un año después, el hallazgo de 72 cuerpos de migrantes que habían sido detenidos, torturados y asesinados por (el cartel del narcotráfico) Los Zetas en un ejido del municipio de San Fernando, Tamaulipas, hizo visibles las condiciones infrahumanas en las que arriesgan la vida miles de centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos.

¿Qué ha mejorado en 10 años? Nada.

Al contrario, el tránsito de centroamericanos que salen principalmente desde Honduras, El Salvador y Guatemala hacia Estados Unidos se ha convertido en uno de los flujos migratorios más grandes del mundo. Se calcula que cada año 400.000 personas tratan de entrar a Estados Unidos; se sabe que 120.000 centroamericanos son detenidos en territorio mexicano, antes de llegar a la frontera con Estados Unidos. Y, según cifras recientes del INM, las autoridades migratorias de Estados Unidos están devolviendo a México a 268 centroamericanos cada día.

Nada hace pensar que las condiciones de migración de esas personas hayan dejado de ser inhumanas.

¿Qué ha cambiado? Mucho.

Hoy, hay un déspota en la Casa Blanca que ha hecho del discurso antiinmigrante su bandera política (no sólo para elegirse en 2016, sino para reelegirse en 2020).

Imposibilitado a construir un muro de más de 3 mil kilómetros en la frontera entre México y Estados Unidos, Donald Trump parece decidido a convertir a México en un muro virtual. La amenaza de boicotear con aranceles el Tratado de Libre Comercio ha obligado al gobierno mexicano a tomarse en serio el rol de policía migratoria que, durante años, le ha otorgado Washington.

En México, hay un nuevo presidente que llegó al poder con un discurso en contra del neoliberalismo y a favor de los más pobres y desprotegidos.

Pero, presionado por Trump, Andrés Manuel López Obrador tuvo que aceptar un acuerdo que, en resumen, obliga a México a impedir que los centroamericanos sigan llegando por miles a territorio estadounidense.

A la oferta de asilo y empleo para la diáspora centroamericana, hecha al inicio de su administración, López Obrador sumó la tercera semana de junio el lanzamiento del Plan de Desarrollo Integral con Centroamérica, un nuevo programa de ayuda y cooperación para el desarrollo de la región.

Tampoco es la primera vez que se intenta. Desde el siglo pasado, al concluir la etapa de guerrillas centroamericanas, México y Estados Unidos lanzaron iniciativas que inyectaron millones de dólares para la recuperación económica de esos países.

En el año 2000, el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) lanzó el Plan Puebla Panamá (PPP), que supuestamente debía detonar proyectos de infraestructura, energéticos y de desarrollo social en beneficio del sureste mexicano y siete países centroamericanos.

En 2008, Felipe Calderón relanzó el PPP bajo el nombre de Proyecto Mesoamérica, que fue continuado por la administración de Enrique Peña Nieto.

Algo fracasó en esos proyectos, pues en 18 años no detonaron el desarrollo, la prosperidad, el empleo ni las condiciones de seguridad que hubiesen frenado la salida de miles de personas hacia Estados Unidos.

Hoy, por las presiones de Trump, el tema vuelve a estar en el primer lugar de la agenda del gobierno mexicano, y debería ser prioridad para los gobiernos de la región. El reto es impedir que los países del Triángulo Norte sigan expulsando a sus jóvenes, mujeres, niños… y lograr que México deje de ser el corredor de la muerte para ellos.

Debimos hacerlo desde hace muchos años, mucho antes de que llegara Trump a complicarlo todo.

Este artículo fue originalmente publicado por Pie de Página,  un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

RV: EG

El artículo Un problema llamado América Central fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Proyecto crea las bases para la certificación agroecológica en Cuba

ter, 25/06/2019 - 15:04

Parte del equipo de La Ignacita a las puertas de la pequeña fábrica, donde tienen prioridad las mujeres en situación vulnerable para acceder a un empleo digno en su propio municipio, en San Miguel del Padrón, en la periferia de la capital cubana. Crédito. Ivet González/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jun 25 2019 (IPS)

Marta Cairo coloca una gruesa capa de ramas de almacigo sobre una caja de mangos, para que maduren rápido y puedan procesarlos en la pequeña fábrica de conservas La Ignacita, en el municipio de San Miguel Padrón, en la periferia de la capital de Cuba.

“Aquí no utilizamos madurador para el mango. Todo lo que comercializamos está libre de elementos contaminantes”, explicó esta agrónoma que defiende la necesidad de “hacer extensivo el trabajo de la agroecología en el país” y lograr un reconocimiento diferenciado de las ecofincas y los alimentos sanludables.

Encargada de la comercialización en La Ignacita,  Cairo conversó con IPS en la parcela donde se erige la fábrica,  edificada gracias al Proyecto de Apoyo a una Agricultura Sostenible en Cuba (PAAS), destinado a crear cadenas de valor en las cooperativas cubanas y un sistema participativo de garantía agroecológica.

Con el apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y la oenegé holandesa Hivos, el Ministerio de la Agricultura y la no gubernamental Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales (Actaf) implementaron una primera fase del PAAS entre 2013 y 2017 y desde el año pasado siguen con la segunda, que culminará en 2022.

En la primera etapa, la iniciativa benefició a 18 unidades productivas ecológicas, en especial cooperativas, de ocho provincias cubanas, gracias a lo cual 630.000 personas accedieron a 6.000 toneladas de alimentos saludables.

Desde 2018, han aumentado hasta 22 entidades agrícolas en 11 de las 15 provincias cubanas.

A pesar de contar con un movimiento agroecológico de 30 años, Cuba carece todavía de una certificadora nacional para este tipo de alimentos, al punto que debe contratar servicios de empresas extranjeras para avalar las exportaciones orgánicas que realiza como las de azúcar y miel de abeja.

“Llevamos frutas ecológicas a un mercado y nos la pagan igual que otras”, puso como ejemplo Luis Enrique Vivanco, el propietario de las cinco hectáreas de la parcela de La Ignacita.

Eso pese a que “llevan un tiempo mayor de producción que las que no lo son”, abundó a IPS el integrante de la Cooperativa de Créditos y Servicios “Manolito Domínguez”.

“Estamos tratando de que se valore lo ecológico, pues no tenemos contacto con químicos, y dar un mensaje a la población de que la fruta ecológica es la más saludable”, continuó el productor. “Queremos certificar una compota con mango ecológico”, añadió.

El equipamiento de La Ignacita, una pequeña industria procesadora de frutas y hortalizas de la periferia de La Habana, lo aportó el Proyecto de Apoyo a una Agricultura Sostenible en Cuba (PAAS), que busca cerrar ciclos productivos y certificar fincas y productos ecológicos en varios municipios de Cuba. Crédito: Ivet González/IPS

Mediante manejos amigables para la naturaleza, los seis trabajadores de esta finca obtienen cada año 33 toneladas de frutas y vegetales, que abastecen mercados locales y la pequeña fábrica que procesa más de 18 productos, como dulces, jugos y vinagres, que se venden en el mismo municipio.

La miniplanta también procesa materia prima de los 62 asociados de la cooperativa y de otras de los municipios vecinos de Guanabacoa y Cotorro.

A la entrada de la parcela se ubican las instalaciones cuidadas y pintadas de la industria, que da empleo a otras 20 personas, a las que se suman otras temporales durante los picos de cosechas.

“Hemos tenido problemas con productores que usan madurador… ese químico corrompe la pulpa hasta luego de cocinada y debemos botarla”, detalló Vivanco.

“La población sigue nuestros productos en conserva y ya conoce la marca La Ignacita, que está registrada”, abundó. “Faltaría la parte de la certificación ecológica”, dijo, sobre un asunto pendiente que es decisivo para los productores y los consumidores.

Con un alcance por precisar, algo que mejoraría con la certificación de fincas, se conoce que están bajo manejos ecológicos las pequeñas parcelas, huertos y patios productivos del programa de Agricultura Urbana y Suburbana, con 14 por ciento de las tierras agrícolas del país, que suman 6,3 millones de hectáreas.

Especialistas aseguran que también gran parte de la agricultura familiar sigue este modelo, que se extendió en el agro cubano de forma casi obligatoria luego de la abrupta pérdida de insumos de la agricultura convencional provocada por la profunda crisis económica con la que convive este país insular caribeño desde 1991.

Según cifras oficiales, 43,5 por ciento de las tierras aptas para la agricultura están en manos de cooperativas mientras 24 por ciento es manejada por pequeños agricultores.

“El principal objetivo de PAAS es apoyar la seguridad alimentaria a nivel local”, explicó Pedro Gavilanes, especialistas de Actaf y del proyecto, que contribuye a la urgencia nacional de satisfacer la demanda y reducir así las importaciones de hasta 70 por ciento de la alimentación  de los 11,2 millones de habitantes.

Latas de mermelada de mango esperan para ser embaladas en la pequeña fábrica de conservas La Ignacita, que produce una tonelada de pulpa de frutas diaria a partir de una producción libre de agroquímicos, con lo que reduce las pérdidas de cosechas de su cooperativa, situada en San Miguel del Padrón, un municipio periférico de la capital cubana. Crédito: Ivet González/IPS

Las cooperativas reciben apoyo para crear cadenas, de modo que “todos los procesos de producción, insumos en fincas, producción primaria, su procesamiento y comercialización ocurran a nivel local”, apuntó a IPS este agrónomo, para quien lograr un sistema participativo de garantía (SPG) agroecológica es parte del valor agregado.

El PAAS replica en los municipios experiencias de otros países, donde a nivel local se han creado sistemas de garantías agroecológicas, que logran inspecciones a las ecofincas por parte de entidades locales para crear confianza entre productores y consumidores.

“Este SPG, cuando se culmine, funcionará para el nivel local”, reveló Gavilanes. A su juicio, resulta viable comenzar por un sistema local, armado por “las mismas estructuras del municipio, productores, las universidades, vecinos de la comunidad y medios de comunicación, además de educación y salud pública”.

“Nos dimos cuenta que no nos debíamos ceñir solo a lo orgánico, es decir, a los productos, sino lograr también una certificación agroecológica, de los procesos en la finca”, apuntó el especialista, sobre un aspecto del proyecto que ya cuenta con una metodología y los primeros grupos de productores.

Los SPG agroecológicos deben estar implementados a escala municipal en 2022, cuando aspiran tener las primeras fincas certificadas y darles visibilidad. “A partir de ahí, dependería de las autoridades agrícolas llevar la certificación a otros niveles”, detalló.

No obstante, el PAAS aportaría un sistema que puede ser replicada por otros municipios cubanos y facilitaría la creación de una certificadora agroecológica nacional o al menos una línea específica dentro de la estatal Oficina Nacional de Normalización, que se dedica a las certificaciones.

El proyecto creó siete pequeñas industrias para frutas y dos centros de procesamiento de hortalizas, que redujeron las pérdidas postcosechas, junto a una cadena para miel de abeja y otra para oleaginosas.

Ahora se fortalece lo ya implementado y se trabaja en encadenamientos para el pollo y el ganado caprino, además de trabajar en la incorporación de las energías renovables dentro de las cooperativas y los procesos productivos, para propiciar la sostenibilidad desde las mismas fincas agropecuarias.

El empoderamiento de la mujer rural y la equidad de género se incluyen también en el proyecto.

Entusiasmada, la operaria de la fábrica La Ignacita, María Esther Cobas, dijo que a sus 48 años este es su primer empleo fuera del hogar. “Trabajo aquí desde hace poco, porque con el pico de producción contrataron a más personas”, amplió antes de contar que también es la primera vez que ha oído hablar sobre agroecología.

Edición: Estrella Gutiérrez

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El artículo Proyecto crea las bases para la certificación agroecológica en Cuba fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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