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Atualizado: 3 dias 9 horas atrás

“La migración debe ser opcional y segura” en Mesoamérica

ter, 02/07/2019 - 19:26

El director general de la FAO, durante su participación de la reunión de Alto Nivel sobre migración, desarrollo y seguridad alimentaria en Mesoamérica, en Ciudad de México, el martes 2. Crédito: FAO

Por Corresponsal Fao
MÉXICO, Jul 2 2019 (IPS)

Un programa de acción que promueva el desarrollo rural y la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, para que la migración sea una opción y no una necesidad, es el principal objetivo de la reunión de Alto Nivel sobre migración, desarrollo y seguridad alimentaria en Mesoamérica, que se inauguró este martes 2 en Ciudad de México.

“La migración debe ser un acto voluntario, y no un acto forzado. La pobreza, el hambre, el cambio climático, la inseguridad –es decir, el subdesarrollo severo– crean una tormenta perfecta en la que miles de personas solo ven una vía de salida: emigrar”, dijo el director general de la FAO, José Graziano da Silva durante la inauguración del encuentro.

“La solución de fondo a la migración obligada, es el desarrollo”, subrayó ante más de 100 delegados de El Salvador, Guatemala, Honduras y México participan en esta reunión de dos días para debatir una propuesta conjunta a los desafíos de la migración en Mesoamérica.

Graziano da Silva saludó el compromiso suscrito el pasado 1 de diciembre por los jefes de Estado de los cuatro países para impulsar un plan de desarrollo integral que combata la migración irregular.

Además, comprometió el apoyo de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) a los gobiernos de esos países para promover el desarrollo de los territorios rurales que son centros de origen de migrantes.

Por su parte, el secretario (ministro) de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos Arámbula, expresó: “En México estamos convencidos que atender las causas que originan el fenómeno migratorio es una condición para que ésta sea opcional, no forzada”.

“Esa es la vía mexicana, como la ha denominado el Presidente López Obrador, y estamos trabajando para demostrar al mundo entero que se puede prevenir y controlar este fenómeno si hay desarrollo, empleo y bienestar para todos en los lugares de origen”, afirmó Villalobos.

Asimismo, informó que los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala y Honduras han decidido construir un “Plan de desarrollo integral” que permita atender el fenómeno migratorio “con acciones que van a generar desarrollo y oportunidades a nivel local”.

El programa Mesoamérica Sin Hambre implementa diversos proyectos en Guatemala para que los productores familiares locales, del pueblo chortí, mejoren su disponibilidad y acceso a alimentos de alto valor nutricional y diversifiquen sus fuentes de ingreso, gracias a actividades que van de la cría de conejos hasta la elaboración de artesanías con cultivos nativos. Crédito: FAO

El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, agradeció a la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y al Sica (Sistema Económico Centroamericano) su apoyo decidido y comprometido con el desarrollo de la región.

Reyes señaló que, con este encuentro, la FAO pretende lograr una estrategia que conlleva un diagnóstico focalizado para cada territorio, con políticas e instrumentos específicos que promuevan alternativas a la migración. El subsecretario enfatizó que ningún país puede enfrentar este desafío compartido por sí mismo, lo que implica una solución regional.

“Estamos convencidos de que la voluntad y el esfuerzo conjunto nos permitirán avanzar por el camino correcto y vamos a demostrarle al mundo que la migración es una opción y, de ninguna manera, es una amenaza”, afirmó.

En la inauguración del evento también participaron Vinicio Cerezo, secretario general del Sica; Jorge Alberto Benítez Portillo, viceministro de Agricultura y Ganadería de Honduras; Nineth Escobar Cabrera, viceministra del Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala; y Carlos Enrique Cáceres Chávez, embajador de El Salvador en México;

El programa de acción considerará, entre otros aspectos, la resiliencia climática rural y la adaptación de la agricultura al cambio climático; la creación de empleo agrícola y no-agrícola; la generación de ingresos y la promoción de la agricultura familiar, y estará alineado con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial sobre Migración, adoptado por la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre de 2018.

Dar prioridad al Corredor Seco Centroamericano

El director general de la FAO llamó a los gobiernos a dar mayor apoyo al Corredor Seco Centroamericano, una zona de gran vulnerabilidad climática y altos índices de pobreza, cuyo deterioro está impulsando la migración.

Según la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, más de dos millones de personas han visto sus medios de vida severamente afectados, y 1,4 millones de ellas necesitan asistencia alimentaria ahora mismo a consecuencia de los efectos climáticos del pasado año.

En El Salvador, la FAO está apoyando la implementación del proyecto Reclima, el cual obtuvo financiamiento del Fondo Verde del Clima y beneficiará a 225.000 personas, trabajando con la gran mayoría de los municipios del Corredor Seco de ese país.

“Debemos proponemos la meta de que todos los municipios de esta región, en todos los países, cuenten con un programa centrado en la resiliencia climática para las poblaciones rurales”,  dijo Graziano da Silva.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.

RV: EG

El artículo “La migración debe ser opcional y segura” en Mesoamérica fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Estados Unidos e Irán en juego peligroso para acuerdo nuclear

ter, 02/07/2019 - 17:15

Países que suscribieron en 2015 el acuerdo nuclear sobre Irán, del que Estados Unidos se retiró en 2018. Crédito: Dominio público

Por Kelsey Davenport y Daryl G. Kimball
WASHINGTON, Jul 2 2019 (IPS)

El anuncio de Irán de que superó el límite de 300 kilogramos de reservas de uranio poco enriquecido, establecido por el acuerdo nuclear de 2015, es una respuesta esperada pero preocupante a la imprudente y mal concebida campaña de presión del gobierno de Estados Unidos para matar ese acuerdo, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).

Es crítico que el presidente Donald Trump no reaccione de manera exagerada y aumente aún más las tensiones, ante esta violación anunciada por Teherán el lunes 1 de julio y confirmada por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) el mismo día.

Cualquier violación del acuerdo es una preocupación importante pero, en sí mismo, un aumento en las reservas de uranio poco enriquecido (UH6) de Teherán, por encima del límite de 300 kilogramos de uranio enriquecido del 3,67 por ciento, no representa un riesgo de proliferación a corto plazo.

Kelsey Davenport

Irán necesitaría producir aproximadamente 1.050 kilogramos de uranio enriquecido a ese nivel, enriquecerlo aún más hasta el grado para las armas (más de 90 por ciento de uranio-235) y luego armarlo.

Las inspecciones constantes e invasivas que lleva a cabo el OIEA proporcionarían una alerta temprana de cualquier otra medida por parte de Irán para violar el acuerdo.

Teherán no está en una carrera insensata para producir una bomba, sino que por el contrario los líderes de Irán están buscando tener elementos para poder contrarrestar la campaña de presión de los Estados Unidos, que le niega sistemáticamente cualquier beneficio por cumplir con el de cumplir con el PAIC.

A pesar de la comprensible frustración de Irán con la nueva imposición de sanciones por parte de Estados Unidos, sigue siendo de interés para Teherán cumplir plenamente con los límites del acuerdo y abstenerse de realizar más acciones que violen el acuerdo.

Si Irán cumple con su amenaza de reanudar niveles más altos de enriquecimiento el 7 de julio, eso supondría un riesgo de proliferación más grave.

Daryl G. Kimball

El almacenamiento de uranio enriquecido a un nivel superior acortaría el tiempo que le llevaría a Irán producir suficiente material nuclear para poder fabricar una bomba, una línea de tiempo que actualmente se mantiene en 12 meses como resultado de las restricciones del acuerdo nuclear.

La fallida política de la administración de Trump en Irán está a punto de producir una nueva crisis nuclear, pero todavía hay una oportunidad para salvar el acuerdo y reducir las tensiones.

La Comisión Conjunta del PAIC, que está compuesta por las partes del acuerdo (Alemania, China, Francia, Gran Bretaña, Rusia, la Unión Europea e Irán) y supervisa su implementación, se reunió el 28 de junio.

La reunión fue una oportunidad crítica para que los Estados parte presionen a Irán para que cumpla plenamente con el acuerdo nuclear y se comprometa a redoblar los esfuerzos para cumplir con las obligaciones de alivio de las sanciones.

Por su parte, la Casa Blanca debe evitar pasos que aumenten aún más las tensiones con Irán. Trump debe dejar de hacer vagas amenazas militares y abstenerse de tomar medidas como revocar exenciones para proyectos clave de cooperación nuclear que realmente benefician las prioridades de no proliferación de los Estados Unidos.

Si Trump no cambia el rumbo, corre el riesgo de colapsar de verdad el acuerdo nuclear y provocar un conflicto en la región, de imprevisibles consecuencias.

T: MF

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Violencias contra migrantes aviva maltrato intrafamiliar a mujeres

ter, 02/07/2019 - 15:13

Una madre africana con sus hijos en un campamento de refugiados. Crédito: ONU Mujeres

Por Caley Pigliucci
NACIONES UNIDAS, Jul 2 2019 (IPS)

Las mujeres refugiadas y migrantes a menudo enfrentan una violencia invisible en el hogar donde pasan a vivir. Y esa potencial forma íntima de violencia de género se ve agravada y en algunos casos impulsada por las crisis humanitarias y la inseguridad laboral que padecen sus familias y ellas mismas.

El informe sobre “El Progreso de las Mujeres del Mundo 2019-2020: Familias en un mundo cambiante”, publicado por ONU Mujeres, destaca que un factor que contribuye a la violencia en el ámbito del hogar es la disminución de las oportunidades en el trabajo, especialmente para los migrantes.

El informe destaca, por ejemplo,  que en Camboya, cuando “los hombres luchaban por encontrar trabajo, (esto) estaba relacionado con el aumento de la prevalencia de la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas”.

Las mujeres migrantes no solo enfrentan una mayor violencia en el hogar, sino que a menudo no pueden escapar de esta violencia. Las mujeres que confían en sus parejas masculinas para permanecer en un país no tienen la independencia otorgada a sus compañeros, señala el documento lanzado el 25 de junio.

Esto es “particularmente peligroso cuando las mujeres enfrentan, por ejemplo, violencia contra ellas, violencia doméstica, en la familia”, dijo a IPS Shahra Razavi, jefa de Investigación y Datos de ONU Mujeres.

“Entonces, es muy importante que tengan el derecho de permanecer independientes de esa relación en particular”, agregó.

El informe recomienda por ello que se adopte un enfoque que priorice las políticas y regulaciones que respaldan a las familias migrantes y los derechos de las mujeres dentro de esas familias.

El informe también señala que “los estados pueden tomar decisiones normativas y políticas que fortalezcan el poder de negociación de las mujeres”.

Esto puede tomar varias formas. Las mujeres registradas separadamente de los hombres de su familia, o que reciben una residencia independiente de los hombres con quienes emigran y a los que están unidos como pareja o lazos familiares, tienen menos probabilidades de mantenerse en relaciones violentas para permanecer en un país de destino.

Modelos de progreso

El informe cita las políticas recientes de Indonesia como un paso adelante en la protección de las mujeres migrantes.

En 2017, el gobierno de Yakarta aprobó una legislación que establece que “por primera vez, se garantizan algunos derechos básicos a los trabajadores que emigran a través de los canales oficiales”, destaca el estudio.

La nueva ley incorpora protecciones como programas de seguridad social, protecciones contra el tráfico y la violencia e igualdad de género.

De unos nueve millones de indonesios que trabajaban en el extranjero en 2016, aproximadamente la mitad eran mujeres.

Migrant Care, una organización que colabora con ONU Mujeres, agregó que 10 países  miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) agregaron protecciones a los trabajadores migrantes a través de la firma del Consenso sobre la protección y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes, alcanzado en 2017.

Esos países son: Brunei Darussalam, el Reino de Camboya, la República de Indonesia, la República Democrática Popular Lao, Malasia, la República de la Unión de Myanmar, la República de Filipinas, La República de Singapur, Tailandia y  Vietnam.

Uno de los principios en el consenso plantea la meta de “promover un trato justo con respecto al género y la nacionalidad, y proteger y promover los derechos de los trabajadores migrantes, en particular de las mujeres”.

Pero el progreso no se ha visto en todas partes.

Nicole Behnam, directora técnica superior de la Unidad de Prevención y Respuesta a la Violencia del no gubernamental Comité Internacional de Rescate (IRC, en inglés) dijo a IPS que “las tasas de violencia basada en el género (VBG) son sorprendentemente altas en todos los contextos”, pero que esto “aumenta durante y por las crisis de migrantes”.

IRC  destaca en un estudio sobre el drama de las novias infantiles que, por ejemplo, 41 por ciento de las jóvenes sirias desplazadas en Líbano, están casadas antes de cumplir 18 años.

En las comunidades de refugiados sirios en Jordania, las tasas de matrimonios infantiles casi se triplicaron entre 2011 y 2014, pasando de afectar a 12 por ciento de las niñas sirias en esa condición a  32 por ciento.

Esto sucede a pesar de que existen leyes para proteger a las mujeres refugiadas en el ámbito del hogar y la familia.

En Jordania, de hecho, es ilegal casarse antes de los 18 años, pero el IRC asegura que pese a ello “el complejo proceso para registrar un matrimonio y el hecho de que muchos refugiados carezcan de identificación oficial significa que las niñas que no pueden probar su edad resultan aún más vulnerables”.

Otra preocupación para muchos países viene con la rápida derogación de las protecciones para las mujeres en las familias.

Con su informe, ONU Mujeres pretende impulsar políticas de protección familiar que en algunos casos son aún raras en muchos países del Norte industrial, como el permiso parental remunerado.

Pero Razavi manifestó a IPS que la mayor preocupación es que no se retroceda en algunas situaciones de especial vulnerabilidad para las mujeres.

“Creo que algunos de esos temas obviamente serán diferentes para los países desarrollados”, dijo la jefa de Investigación y Datos de ONU Mujeres.

Se trata de diferencias sobre todo en la dimensión del problema.

“Muchos países donde algunos de estos sistemas de protección se habían establecido, desde 2008 en el contexto de austeridad (tras estallar la crisis financiera global), han visto como esas políticas se han ido revirtiendo”, afirmó Razavi.

“En particular, los servicios de violencia contra las mujeres han tenido que reducirse en algunos países”, se lamentó.

Behnam cree que tanto para los países del Norte industrial como del Sur en desarrollo debe haber “un claro reconocimiento de cuán serio y generalizado es el problema y debe haber similar una urgencia para prevenir y responder a la VBG”, la violencia basada en el género.

El IRC ve la necesidad de: una participación continúa y en incremento de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para abordar los problemas locales, mejorar el seguimiento y la presentación de informes que hagan más transparente tanto el rabajo como la inversión.

Behnam considera que estas mejoras son particularmente necesarias para las mujeres en familias migrantes y refugiadas, pero también para las mujeres en todos los contextos.

“La violencia está presente en la vida de las mujeres, es la realidad de cada día, y no solo los extraños cometen actos de violencia contra las mujeres. A menudo, sus agresores son las personas en quienes más deberían confiar: sus familiares”, dijo Behnam.

Agregó que “no podemos ignorar la violencia porque sucede fuera de nuestra vista o se solapan bajo otras; de hecho, esa es la violencia por la que debemos luchar y a la que más debemos informar y dar respuesta, porque  es la que está muy oculta”, como sucede, insistió, con las que viven “dentro de sus familias las mujeres migrantes y refugiadas”.

T: MF

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Paraguay promueve crecimiento verde para sus productores y bosques

ter, 02/07/2019 - 14:50

Paraguay promueve una actividad agropecuaria sostenible mediante la iniciativa de Paisajes de Producción Verde. Crédito: PNUD Paraguay

Por Silvia Morimoto
ASUNCIÓN, Jul 2 2019 (IPS)

Las estadísticas son alarmantes. Para 2050, el mundo requerirá un crecimiento estimado de 60 por ciento en la producción agrícola para satisfacer la demanda de alimentos de una población de cerca de 9.000 millones de personas.

Si bien aumentamos la producción para garantizar la seguridad alimentaria, es crucial que este incremento tenga un impacto mínimo en el medio ambiente y los bosques. Esto es vital para preservar los bosques tropicales y para cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

El reciente reporte del Panel Intergubernamental sobre Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Ecosistemas (IPBES, en inglés) reveló que entre 1980 y 2000, más de 100 millones de hectáreas de bosques tropicales fueron devastadas a nivel mundial.

Más de 40 por ciento de esta pérdida ocurrió en América Latina, principalmente debido a la expansión de la ganadería.

Entonces, lo que hagamos en un sector sin duda afectará al otro.

Silvia Morimoto. Crédito: @silviamorimoto

Alrededor de 24 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ahora son causadas por la agricultura y la deforestación, y aproximadamente 33 por ciento de los esfuerzos para mitigar el cambio climático dependen de la conservación de los bosques y la restauración de los ecosistemas.

Paraguay está en el corazón de esta historia.

Es el hogar de grandes franjas de humedales y bosques. El país es el cuarto mayor exportador mundial de soja y el octavo mayor exportador de carne vacuna. Ambos sectores contribuyen a más del 30 por ciento del producto interno bruto (PIB) local.

Ahora, en un esfuerzo por enfrentar esos desafíos, Paraguay está liderando el camino en la región para abordar las causas de la deforestación.

Está presentando una estrategia de “Bosques para el crecimiento sostenible” y está promoviendo nuevas alternativas para la producción sostenible de soja y carne vacuna que se han diseñado junto a los actores clave.

La meta general es colaborar para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12: Producción y consume responsables, y el ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres.

Para avanzar en este frente, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible  ha implementado la iniciativa Paisajes de Producción Verde, en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de su Green Commodities Programme, desde el 2015.

El mismo tiene como objetivo proteger el Bosque Atlántico de Alto Paraná en la región oriental del país mediante la promoción de la sostenibilidad en la cadena productiva de los productos básicos como soja y carne.

Esta iniciativa financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, cofinanciada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Forestal Nacional, la Mesa de Finanzas Sostenibles, ADM Paraguay SRL, Louis Dreyfus Company y Cargill, tiene como objetivo apoyar a agricultores como Juan Antonio Secchia.

En 1990, Secchia recibió 600 hectáreas de tierra de su abuelo en Caazapá, un departamento ubicado en la región oriental del país, donde se encuentra el Bosque Atlántico de Alto Paraná.

Cuando Secchia comenzó a trabajar en su finca llamada San Isidro, tenía alrededor de 300 cabezas de ganado que producían leche.

En el 2012, en un esfuerzo por aumentar su productividad, Juan Antonio decidió innovar, para optimizar el uso de su tierra invirtiendo en el sistema silvopastoril. Este sistema de producción alternativa combina árboles, pastura y animales para preservar el medio ambiente.

En 2018, el sector privado y el Gobierno Nacional lo apoyaron para que pudiera expandir el sistema silvopastoril en otras 40 hectáreas de su establecimiento. Ahora, ha duplicado sus cabezas de ganado de 300 a 600, aumentando la producción de leche en 100 litros por día.

Además de Secchia, otras tres fincas han recibido apoyo para adoptar el sistema silvopastoril.

Más de 133.000 plantines fueron donados para plantar árboles, proteger el suelo y proporcionar un mejor ambiente para la cría de ganado.

El éxito del sistema ha llevado a un nuevo objetivo: duplicar el área silvopastoril a 400 hectáreas, este año, para avanzar en la conservación de los recursos naturales y mejorar la producción de carne vacuna.

El gobierno, en conjunto con el PNUD, ha creado una Plataforma Nacional de Commodities Sustentables, un espacio de diálogo que reúne a las partes interesadas por primera vez para discutir necesidades y acciones y así lograr la sostenibilidad en la cadena productiva de los productos básicos y proteger el medio ambiente.

Estos esfuerzos se expandieron a la Región Occidental a través del Proyecto Green Chaco.

El Chaco es el segundo ecosistema forestal más grande de América Latina, con una rica biodiversidad, que representa aproximadamente el 60 por ciento del territorio paraguayo, donde vive menos del tres por ciento de la población. Sin embargo, alberga el 45 por ciento de la producción nacional de leche y una gran parte de las fincas ganaderas del país.

Estas iniciativas han llevado a la difusión de las mejores prácticas, y las discusiones sobre la plataforma están generando nuevas ideas.

Las sugerencias para soluciones concretas se incluirán en un Plan de Acción Nacional de Soja Sustentable y en un Plan de Acción Regional de Carne Sustentable.

Estas soluciones son importantes porque el trabajo conjunto conduce a mejores políticas.

Para el gobierno paraguayo, abordar la deforestación promete múltiples ganancias para el cambio climático, para el desarrollo sostenible inclusivo, para el crecimiento económico y para los productores. Pero el éxito vendrá solo si actuamos todos juntos, ahora.

RV: EG

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Cambio climático costará 80 millones de puestos de trabajo en 2030

seg, 01/07/2019 - 16:36

Un trabajador de la construcción en Afganistán bajo el ardiente sol de Kabul. Crédito: PJ Tavera/OIT

Por Corresponsal Fao
GINEBRA, Jul 1 2019 (IPS)

El aumento del estrés térmico provocado por el calentamiento global se prevé que traiga consigo en 2030 pérdidas de productividad en todo el mundo equivalentes a 80 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, según un informe de la OIT divulgado este lunes 1. 

Con arreglo a esas proyecciones, basadas en un aumento de la temperatura mundial de 1,5°C para finales del presente siglo, se proyecta que en 2030 se pierda  2,2% de las horas de trabajo en todo el mundo como consecuencia del aumento de la temperatura, indica la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Ese porcentaje equivalente a los 80 millones de empleos a tiempo completo, conllevará pérdidas económicas a escala mundial de 2.400 billones de dólares.

Por otro lado, en el informe se especifica que esa estimación es conservadora, al haberse tenido en cuenta que el aumento promedio de la temperatura a escala mundial no rebasará 1,5°C.

También se ha realizado la hipótesis de que el trabajo en la agricultura y en la construcción, dos de los sectores más afectados por el estrés térmico, se realiza en lugares a la sombra.

El nuevo informe de la OIT, Working on a warmer planet: The impact of heat stress on labour productivity and decent work  (Trabajar en un planeta más caliente: El impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente) se basa en datos climáticos, fisiológicos y de empleo, y proporciona estimaciones, tanto actuales como previstas, sobre pérdidas de productividad a escalas nacional, regional y mundial.

El estrés térmico guarda relación con el aumento de calor que puede soportar el cuerpo humano sin padecer degradación fisiológica. Por lo general, esta se produce a temperaturas superiores a 35°C, en condiciones de elevada humedad.

El exceso de calor en el ámbito laboral constituye un riesgo para la salud en el trabajo, al restringir las funciones y aptitudes físicas de los trabajadores y su capacidad de trabajo, y en consecuencia, disminuir la productividad. En casos extremos puede provocar insolaciones, que podrían llegar a ser mortales.

Se prevé que el sector más afectado a nivel mundial sea el agrícola. Dicho sector cuenta con 940 millones de trabajadores en todo el mundo.

Se pronostica que para 2030, el 60% de las horas de trabajo perdidas en todo el mundo como consecuencia del estrés térmico correspondan a ese sector.

El sector de la construcción también se verá gravemente afectado, y se prevé que para ese mismo año el 19% de las pérdidas de horas de trabajo a escala mundial como consecuencia del estrés térmico se produzcan en ese sector.

Otros sectores particularmente en riesgo son los de bienes y servicios medioambientales, recogida de basura, emergencias, trabajos de reparación, transporte, turismo y deportes, así como determinadas formas de trabajo industrial.

Los efectos tendrán lugar de forma desigual en todo el mundo. Se estima que las regiones en las que más horas de trabajo se perderán serán Asia meridional y África occidental, en las que se prevé que se produzca una pérdida de alrededor del 5% de las horas de trabajo en 2030, es decir, alrededor de 43 millones y nueve millones de puestos de trabajo respectivamente.

Por otro lado, cabe destacar que los habitantes de las regiones más pobres serán los que padezcan las mayores pérdidas económicas.

Se prevé que los países de ingresos de nivel medio-bajo, o de ingresos bajos, sean los que se vean afectados de manera más adversa, especialmente por disponer de menos recursos para adaptarse eficazmente al aumento de calor.

En consecuencia, las pérdidas económicas provocadas por el estrés térmico ampliarán la disparidad económica que se da en la actualidad, en particular la tasa de trabajadores pobres, el empleo informal y vulnerable, la agricultura de subsistencia y la falta de protección social.

El estrés térmico afectará a millones de mujeres, que constituyen la mayoría de los trabajadores en la agricultura de subsistencia, y de hombres, que son la mayor parte de los trabajadores del sector de la construcción. El estrés térmico puede provocar asimismo un aumento de la migración, a raíz de la mayor cantidad de trabajadores que abandonan las zonas rurales en busca de un futuro mejor.

Los retos que plantea el cambio climático constituyen un tema primordial en la nueva Declaración del Centenario de la OIT sobre el futuro del trabajo , y determinarán su programa de trabajo e investigación.

El informe pone de manifiesto el gran alcance de las consecuencias de dichos retos con respecto a la Agenda 2030 de la ONU .

En particular, se señala que “los efectos del estrés térmico en los planos económico, social y sanitario podrían dificultar la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano y, en consecuencia, el cumplimiento de la mayor parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas”.

“La incidencia del estrés térmico en la productividad laboral es una grave consecuencia del cambio climático, que provoca asimismo otros efectos adversos, por ejemplo cambios en los regímenes de precipitaciones, aumento del nivel del mar y pérdida de biodiversidad”, según señala Catherine Saget, directora de la Dependencia del Departamento de Investigación de la OIT y una de las principales autoras del informe.

“Además de los enormes costos económicos que conlleva el estrés térmico, cabe esperar un aumento de la disparidad entre los países de bajo nivel de ingresos y los países de mayores ingresos, un empeoramiento de las condiciones de trabajo de las personas más vulnerables, y desplazamientos de población.

Con objeto de adaptarse a esa nueva realidad, gobiernos, empleadores y trabajadores deben adoptar medidas acuciantes que hagan hincapié en la protección de los más vulnerables.”

En el informe se aboga por que se redoblen los esfuerzos encaminados a la formulación, financiación y aplicación de políticas a escala nacional que permitan paliar los riesgos que provoca el estrés térmico y proteger a los trabajadores.

Cabe destacar el fomento de infraestructuras adecuadas y el desarrollo de sistemas de alerta temprana para hacer frente a los fenómenos térmicos, así como la mejora de la aplicación de las normas internacionales del trabajo, en particular en la esfera de la seguridad y la salud en el trabajo, a fin de promover la formulación de políticas que permitan hacer frente a los peligros que provoca el calor.

Los empleadores y trabajadores pueden desempeñar una función idónea para evaluar los riesgos y adoptar las medidas pertinentes en el lugar de trabajo, con objeto de que los trabajadores puedan seguir desarrollando su labor fácilmente en situaciones de elevadas temperaturas.

Los empleadores deberían proporcionar agua potable y ofrecer programas de capacitación en materia de reconocimiento y gestión del estrés térmico.

El diálogo social puede constituir un medio primordial para alcanzar un consenso en relación con los métodos de trabajo más adecuados en entornos interiores o exteriores, la adaptación de los horarios de trabajo, el uso de vestimenta y de equipos, la utilización de las nuevas tecnologías, el establecimiento de lugares situados en zonas de sombra y la realización de recesos en el trabajo.

Este  artículo fue publicado originalmente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo general con la ONU para la difusión de sus contenidos.

RV: EG

El artículo Cambio climático costará 80 millones de puestos de trabajo en 2030 fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Gobierno cubano responde con medidas populistas a la crisis

seg, 01/07/2019 - 14:45

Una maestra imparte clases a estudiantes de enseñanza primaria, en una escuela en la ciudad de Baracoa, en la oriental provincia de Guantánamo. Los docentes y otros empleados del aparato público del Estado de Cuba se benefician desde este mes de julio del incremento salarial decidido por el gobierno. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Por Ivet González
LA HABANA, Jul 1 2019 (IPS)

Para enfrentar la grave crisis que atraviesa Cuba, su gobierno decidió un aumento salarial para el vulnerable sector presupuestado, el de los trabajadores de la administración central del Estado, dentro de un paquete de nuevas medidas destinadas a continuar las reformas e impulsar la deprimida economía local.

Con reacciones que van desde la aprobación hasta el escepticismo, pero siempre con preguntas en las redes sociales y comentarios en sitios digitales informativos, la ciudadanía cubana recibió la noticia sobre las nuevas medidas el 27 de junio, dada por el presidente, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de Twitter y quien brindó más elementos al día siguiente en la televisión estatal.

Aún falta conocer al detalle las 30 medidas en 16 áreas de la economía, que pudieran trascender en dos emisiones del programa Televisivo Mesa Redonda Informativa, anunciadas para el martes  2 y el miércoles 3 de julio, con la comparecencia de varios ministros.

Hasta ahora el cambio más explicado es el incremento salarial a 1.470.736 trabajadores presupuestados por el Estado y conforman el aparato público, que es efectivo a partir de este mes de julio y llegará a los bolsillos en agosto. Por ejemplo, Los profesores de bachillerato ganaban el equivalente a 22 dólares (555 CUP, el peso cubano) y ahora percibirá más de 56 dólares (1.400 CUP).

“Considero que esta medida tiene un impacto social altamente positivo”, dijo a IPS la maestra Kruskaia Masa, quien imparte clases en una escuela primaria de la capital desde hace 40 años.   Más allá del beneficio personal, “tengo la esperanza de que contribuya a frenar el éxodo laboral en el sector educacional”, agregó.

Masa explicó que muchos profesores abandonaron sus puestos en busca de mayores ingresos en sectores como el turismo o el trabajo privado. “Ojalá este aumento de las remuneraciones estimule a la reincorporación de esos colegas al magisterio y también crezca el interés de jóvenes por nuestra profesión”, subrayó.

En este país caribeño de gobierno socialista, el Estado sigue siendo el principal empleador, que contrata a 3,1 millones de los 4,5 millones de personas ocupadas. Y los 1,4 millones restantes, trabajan en el sector privado y cooperativo, que están limitados a determinadas actividades.

Dentro del empleo estatal, 52 por ciento labora en empresas estatales con una política salarial que depende de los resultados, mientras que 48 por ciento trabaja en unidades del aparato público incluidas en el presupuesto, caracterizadas por bajos sueldos fijos que ahora se han elevado.

Aunque todavía resulta insuficiente para eliminar la brecha entre salario y costo de la vida, las y los trabajadores de los tribunales, educación y salud pública, órganos de gobierno, medios de comunicación, cultura y deporte, entre otros, tenían un salario mínimo del equivalente a nueve dólares, que aumentó a 16 dólares.

El segmento que sostiene servicios gratuitos para la población de 11,2 millones de habitantes, como los de la salud y la educación, había quedado desprovisto desde que en junio de 2014 sucedió el último aumento salarial masivo a los más 440.000 trabajadores del ramo sanitario.

Con el nuevo paquete de medidas, Díaz-Canel prosigue las reformas económicas y sociales iniciadas por el gobierno de Raúl Castro (2008-2018), que el actual mandatario reiteró que continuaría y a las que ahora parece darles impronta propia.

Un cartel gigante, en una calle de la ciudad de Cienfuegos, en el sur de la región Central de Cuba, con las imágenes de Fidel Castro, Raúl Castro y el actual presidente, Miguel Díaz-Canel, los tres líderes que han gobernado el país desde el triunfo de la Revolución en 1959. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Un cambio de salario era imprescindible para el sector presupuestado, sobre todo para la salud y educación. El éxodo de trabajadores de esas áreas es muy alto y son la base de la sociedad”, dijo a IPS la contadora María Antonia Lemes, que vive en la provincia de Mayabeque, colindante con el este de La Habana.

Lemes trabaja en una empresa estatal que presta servicios a la agricultura cañera y gana por los resultados alcanzados.

A estas entidades se enfocan algunas medidas del paquete anunciado por Díaz-Canel para enfrentar la recaída económica, que comenzó en 2016 por los recortes de suministro de petróleo de Venezuela y atraviesa una etapa grave por deficiencias internas y el regreso de las hostilidades de Estados Unidos.

En los últimos meses, la población cubana sortea escasez de medicamentos y alimentos.

“Como empresa, tenemos muchos límites: a veces los planes son incumplibles y los indicadores inalcanzables”, puso como ejemplo Lemes. “Si la empresa estatal va a tener más autonomía, quizás tenga más eficiencia y productividad, y por tanto mayores ingresos para los trabajadores”, relacionó.

Trascendió que las medidas buscan además incrementar las producciones nacionales, diversificar e incrementar exportaciones, fomentar encadenamientos productivos y la empresa estatal, autoabastecimiento municipal, proyectos de desarrollo local, inversiones circulación mercantil minorista, producciones agropecuarias y vivienda.

A su manera, la contadora Lemes se refirió a frenos en la economía cubana señalados por décadas por economistas.

Un trabajador por cuenta propia muestra billetes de pesos (CUP) y pesos convertibles (CUC), en un agromercado de La Habana. La unificación monetaria es una de las metas sin cumplir dentro de las reformas que comenzaron a aplicarse en Cuba en 2008 y a las que ahora el presidente Miguel Díaz-Canel suma un nuevo paquete de medidas. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

“Las medidas aprobadas responden a la lógica de que una de las posibles maneras de solventar la fuerte crisis que vive el país es desatando algunos de los nudos que estaban limitando la producción”, explicó a IPS el economista Omar Everleny Pérez.

En ese grupo, el especialista identificó el aumento salarial y los cambios para “empoderar a los directivos empresariales cubanos”,  que “tenían poco margen por la hipercentralización existente en el país”, a pesar de que la empresa estatal controla la economía.

Otra arista poco abordada de las medidas es su efecto positivo de cara a la unificación monetaria y cambiaria, un asunto pendiente en un país con varias tasas de cambio y la circulación de dos monedas: una fuerte equivalente al dólar denominada peso cubano convertible (CUC) y otra débil, el CUP.

“Todo indica que el paquete aprobado podría ir creando las bases para el fortalecimiento del CUP”, remarcó Pérez. “Ese sería un buen comienzo para avanzar hacia una única moneda, aunque falta por resolver las tasas cambiarias diversas, algo que es mucho más importante”, continuó.

El economista calificó las propuestas de “buenas medidas”, pero alertó que “para crecer a las tasas necesarias se necesitarían medidas más profundas como la implementación de las pequeñas y medianas empresas privadas, que se permita importar y/o exportar a todos los actores económicos y la creación de mercados mayoristas, entre otras”.

Con una ciudadanía cada vez más empoderada gracias a un mejor acceso a Internet, muchas personas preguntan a las autoridades cómo harán para evitar un aumento de la inflación cuando suban los salarios en el actual panorama de desabastecimiento, cómo se van a complementar las medidas y en qué tiempo se implementarán.

Las reformas del país de gobierno socialista parecen acelerarse pues, el 27 de junio, fue publicado en la Gaceta Oficial de la República del Decreto Ley No. 373 “Del Creador Audiovisual y Cinematográfico Independiente”, que responde a algunos de los reclamos reiterados de reconocimiento de cineastas independientes.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Derechos indígenas aportan soluciones a la crisis del cambio climático

seg, 01/07/2019 - 13:23

El Foro Global de Paisajes 2019, celebrado en la ciudad alemana de Bonn, se centró en cómo dar a los derechos sobre la tierra la visibilidad necesaria para demostrar que un enfoque basado en los derechos, en particular los de los pueblos indígenas, aporta soluciones a la crisis del cambio climático. Crédito: Pilar Valbuena/GLF

Por Friday Phiri
BONN, Jul 1 2019 (IPS)

El Foro Global de Paisajes 2019, celebrado en la ciudad alemana de Bonn, impulsó un nuevo enfoque a favor de un futuro más inclusivo y sostenible, a través del establecimiento de derechos seguros y adecuados para todos, comenzando por los mayores guardianes y protectores de la naturaleza: los indígenas.

El 22 y 23 de junio, unos 600 expertos, líderes políticos, organizaciones no gubernamentales y pueblos y comunidades indígenas se reunieron en el GLF, la sigla en inglés del Foro, para deliberar sobre una metodología que enfatiza los derechos de los pueblos nativos y las comunidades locales en la gestión y la preservación de los paisajes.

El foro se realizó junto con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), durante la Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático, realizada entre el 17 y el 27 de junio.

El foro se centró en dar a los derechos sobre la tierra la visibilidad necesaria para mostrar que un enfoque de derechos es parte de la solución al fenómeno del cambio climático y para desarrollar un “estándar de oro” para los derechos indígenas al respecto.

Se cree que los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes son los administradores ambientales más importantes del mundo, pero también se encuentran entre los grupos más amenazados y criminalizados con poco acceso a los derechos.

“Estamos defendiendo el mundo, para cada uno de nosotros”, dijo Geovaldis González,  un líder campesino indígena de la ecorregión de Montes de María, en la costa del Caribe colombiano.

Pero industrias como la de los combustibles fósiles, la agricultura a gran escala, la minería y otros no solo ponen en peligro los paisajes, sino también las vidas de las personas en ellos.

Ya este año, dijo González, su región fue testigo de 135 homicidios de defensores ambientales y activistas, y agregó que el día antes del inicio de la GLF un líder local fue asesinado frente a un niño de 9 años.

Según las Naciones Unidas, la tierra que pertenece a los 350 millones de miembros de pueblos indígenas de todo el mundo es uno de los escudos más poderosos contra el cambio climático, ya que contiene 80 por ciento de la biodiversidad del mundo y captura cerca de 300.000 millones de toneladas métricas de carbono.

Es por esta razón que ante la urgencia de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la creciente amenaza climática, los debates sobre  el futuro global han comenzado a poner de relieve el hecho de que la relación y cosmovisión  de los pueblos indígenas con el mundo natural no solo son cruciales para su preservación, sino para la de toda la población.

La redacción de ese nuevo estándar de oro de derechos fue encabezada  por el Grupo Principal de Pueblos Indígenas para el Desarrollo Sostenible  (IPMG, en inglés) y la Iniciativa de Derechos y Recursos, durante los meses previos al GLF 2019.

Panorama del auditorio donde se celebró el Foro Global de Paisajes 2019. Crédito: GLF

Los debates y talleres del GLF 2019 sirvieron como un debate abierto y profundo sobre el borrador del documento final de los estándares, que debe estar listo a fines de este año, y que será la nueva guía concreta de principios y derechos para organizaciones, instituciones, gobiernos y el sector privado.

Esto incluye los derechos de consentimiento libre, previo e informado; la igualdad de género; respeto al patrimonio cultural; y educación.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Vicky Tauli-Corpuz, dijo que los territorios administrados por pobladores originarios que tienen sus derechos garantizados, presentan tasas de deforestación más bajas, mayores niveles de biodiversidad y mayor almacenamiento de carbono que las tierras de las áreas protegidas por el gobierno.

Pero Diel Mochire Mwenge, quien dirige el Programa de Iniciativa para el Desarrollo de Pygme en la República Democrática del Congo, una de las comunidades forestales indígenas más grandes de África central, dijo que ha sido testigo de la expulsión de más de un millón de personas. Parque nacional donde han vivido durante mucho tiempo.

Explicó que no se les había dado beneficios de las industrias ecoturísticas que se habían incorporado para reemplazarlos y que se habían quedado luchando para encontrar nuevas fuentes de ingresos.

“Nuestra identidad está siendo amenazada, y debemos evitar ser erradicados por completo”, dijo Mwenge.

Gladson Dungdung, un activista de India,  dijo que si prospera finalmente una enmienda a la Ley de Derechos Forestales de su país, actualmente en revisión por el Tribunal Supremo,  podría ver a 7,5 millones de pueblos indígenas desalojados de sus bosques nativos.

También afectaría la vida de al menos a 90 millones de personas que dependen de esos recursos forestales para su sobrevivencia, dijo el representante de la región india de Jharkhand, cuyos padres fueron asesinados en 1990 por participar en un caso judicial por una disputa sobre la tierra.

La enmienda, dijo Dungdung, también le daría poder absoluto a la guardia forestal nacional. Si un guardia viera a alguien que usara el bosque para la caza o la recolección de madera, podría disparar legalmente a la persona que estuviese realizando esas actividades, explicó.

“Los pueblos indígenas están justo en la primera línea de la lucha real y peligrosa por los bosques del mundo”, dijo el actor y activista de los derechos indígenas Alec Baldwin en un video dirigido a los participantes del GLF 2019.

La iluminación de las velas, una ceremonia que simboliza respeto a los diferentes elementos que incluyen el sol, la noche, los lugares fríos, el aire, el cosmos y la Madre Tierra, escenificada durante el Foro Global de Paisajes 2019, en la ciudad alemana de Bonn. Crédito: Pilar Valbuena/ GLF

Lo defensores de los derechos indígenas “son los superhéroes del movimiento ambiental”, insistió Jennifer Morris, presidenta de Conservación Internacional (CI), quien criticó que pese a este reconocimiento generalizado no se escuche a los pobladores originarios salvo que se conviertan en víctimas.

Morris planteo ante la GLF: “¿Por qué no escuchamos sobre estos líderes hasta que se hayan convertido en mártires por esta causa?”

Los ejemplos de intimidación, criminalización, desalojo y dificultades compartidos durante el GLF mostraron claramente lo que los pueblos indígenas y las comunidades locales atraviesan para preservar los bosques o los “pulmones de la tierra”.

El enfoque de derechos, de acuerdo con los convocantes del GLF, tiene como objetivo fortalecer el respeto, el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales como administradores y portadores de soluciones para la restauración, conservación y uso sostenible del paisaje.

También apunta a terminar con la persecución de los defensores de la tierra y el ambiente; crear asociaciones para mejorar la participación y el apoyo para los enfoques basados ​​en los derechos para paisajes sostenibles a través de escalas y sectores.

Además, incluye medidas para incrementar los esfuerzos para reconocer legalmente y asegurar los derechos colectivos de la tierra y los recursos a través de los paisajes.

“Al implementar un estándar de oro, podemos defender y proteger los derechos humanos y desarrollar iniciativas de conservación, restauración y desarrollo sostenible que asuman el papel clave que los pueblos indígenas y las comunidades locales ya están jugando para proteger nuestro planeta”, dijo Joan Carling, coordinador de IPMG.

Para la IPMG,  las comunidades indígenas y locales son portadoras de derechos y soluciones a desafíos comunes.

“Esto permitirá la asociación que necesitamos para allanar el camino hacia un futuro más sostenible, equitativo y justo”, agregó Carling.

El director general del Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor, en inglés), Robert Nasi, dijo que cuando se reconocen los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas, existen beneficios significativos en la lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental.

“Quienquiera que controle los derechos sobre estos paisajes tiene un papel muy importante en la lucha contra el cambio climático”, dijo.

En la vinculación entre desarrollo y mitigación y adaptación al cambio climático, en el GLF se destacó el alera de que el avance depende de  garantizar los derechos y libertades sobre la tierra de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los sectores campesinos marginados.

¿Cómo se puede esperar que estos custodios de una cuarta parte de la superficie terrestre del mundo cuiden sus tierras tradicionales si las tierras, de hecho, no les pertenecen; O, peor aún, si están criminalizados y en peligro de extinción por hacerlo? Esas fueron algunas incógnitas que sobrevolaron sobre el GLF.

Los principios básicos de un “estándar de oro” ya existen, como el consentimiento libre, previo e informado, según Alain Frechette, de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, en inglés). El Convenio  169 sobre pueblos indígenas y tribales, de la Organización Internacional del Trabajo, ya contempla ese derecho para los pueblos originarios desde 1989.

Lo que ha faltado, dijo, es la aplicación de tales principios que a su juicio podrían ser impulsados por declaraciones de alto nivel, que supondrían “impulsar una carrera hasta la cima”.

T: MF

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Entre dos muros, migrantes sufren crisis humanitaria en México

dom, 30/06/2019 - 12:59

Un grupo de migrantes es detenidos en Ciudad Juárez, en la propia frontera de México con Estados Unidos, por efectivos de la nueva y militar Guardia Nacional y entregados a funcionarios de Migración. Crédito: Rey R. Jauregui/La Verdad-En el Camino

Por Emilio Godoy
MÉXICO, Jun 30 2019 (IPS)

Cansados, hambrientos y agobiados. Así llegaron siete hondureños al albergue de la no gubernamental Casa de los Amigos en Ciudad de México. “El presidente Juan Orlando Hernández se porta mal, hay mucha pobreza, las maras (pandillas) nos quitan todo”, explicó a IPS uno de ellos, Wilson, de 33 años, sobre las razones para emigrar.

El grupo, que también integran una hermana maestra de Wilson, su esposo constructor, sus tres hijas, su esposa embarazada y su hija, ingresó a México desde la vecina Guatemala, por la fronteriza Ciudad Hidalgo, en el suroccidental estado de Chiapas, y tras 22 días de viaje, tramos caminando y otros en transporte público, arribó a la capital, tras recorrer unos 900 kilómetros.

“Encontramos gente buena, mala, racista, de todo. Evadimos retenes, cruzamos el monte, evitamos a la policía, por temor a que nos deportaran”, relató Wilson, quien pidió usar ese nombre ficticio para identificarlo.“Buscan cruzar por lugares más remotos, más peligrosos y menos visibles, y quedan expuestos a grupos criminales y agentes corruptos. En el corto plazo, las medidas logran bajar el número de personas que buscan llegar a las fronteras, pero poco a poco los migrantes y coyotes (traficantes) van ajustando rutas y formas de llegar”: Maureen Meyer.

El migrante indocumentado, criador de ganado y agricultor, dijo que su intención es llegar a la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, a unos 1.000 kilómetros al norte de Ciudad de México. Allí vive un amigo de su hermano e intentarán asentarse un tiempo con su ayuda, “porque cruzar a Estados Unidos está muy difícil”, por la dura vigilancia en ambos países.

Este grupo hondureño pone rostro a un drama que quiere liberarse de la tenaza de la pobreza, la inseguridad, las recurrentes crisis políticas en su país y la emergencia climática.

Ahora, el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, en la presidencia desde diciembre, los ha convertido en moneda de cambio para apaciguar a Estados Unidos.

De permitir el paso libre en diciembre por su territorio, pasó a un control endurecido en abril. Entre octubre y enero, se registraron al menos seis caravanas de inmigrantes, principalmente de hondureños y salvadoreños, que atravesaron los más de 3.000 kilómetros de la ruta por el territorio del país, rumbo a Estados Unidos.

El gobierno mexicano primero concedió visas humanitarias a los migrantes indocumentados, pero ante la alta demanda las suspendió en enero. Actualmente, las concede de forma limitada y condicionada.

Además, intensificó la aprehensión de las personas migrantes en situación irregular, al desplegar a 6.000 policías y militares en el borde sur y otros 15.000 en el norte.

En mayo, el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, acusó a México de no hacer lo suficiente para frenar la migración y amenazó con imponer aranceles extraordinarios a partir de cinco por ciento a las exportaciones aztecas si su vecino no actuaba para bloquear el flujo migratorio.

Luego de duras negociaciones, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo en Washington el 7 de junio mediante el cual México aceptó controlar la migración y Estados Unidos suspendió los gravámenes.

Trump, embarcado en su campaña de reelección para los comicios de 2020, en la que la migración desde México es su tema favorito, como ya lo fue en 2016, dijo que revisaría en 45 días si el gobierno de López Obrador ha establecido medidas efectivas contra migración irregular, así que este país latinoamericano solo ganó tiempo.

López Obrador ha dicho que no quiere disputas con su homólogo de Washington, pues intuye que es el único capaz de descarrilar su proyecto político. Pero difícilmente Trump detenga sus embates contra México.

En sus intentos para no ser detectados, los migrantes se exponen a violaciones a derechos humanos y crímenes, como secuestro, violación, robos y extorsiones en territorio mexicano.

Empujados por las condiciones de vida en Guatemala, El Salvador y Honduras –el llamado Triángulo Norte centroamericano–, así como en Venezuela, Cuba e incluso de naciones tan lejanas como República Democrática del Congo, los migrantes llegan a la frontera sur con Guatemala, para atravesar México y llegar a la frontera norte, para ingresar a Estados Unidos.

La oleada que no cesa

En 2018, las autoridades mexicanas detuvieron a 59.537 hondureños, 47.742 guatemaltecos, 14.249 salvadoreños, 2.176 nicaragüenses, 1.002 cameruneses, 504 cubanos, 464 haitianos y 306 venezolanos. El año pasado México, además, deportó a sus países a 51.562 hondureños, 44.254 guatemaltecos y 12.003 salvadoreños.

Durante el primer cuatrimestre de este año, las capturas mantuvieron un ritmo similar, con el arresto de 25.669 hondureños, 14,003 guatemaltecos, 4.970 salvadoreños, 2.460 cubanos, 1.015 haitianos, 861 nicaragüenses y 849 congoleses, entre otros. También se devolvieron a sus países a 20.422 hondureños, 11.900 guatemaltecos y 3.730 salvadoreños.

Pero las cifras de quienes piden refugio las que mejor grafican la marea migratoria. En el lapso 2013-2018, solicitaron asilo 25.118 hondureños, 15.811 salvadoreños,  2.718 guatemaltecos, 1.479 nicaragüenses y 10.882 venezolanos. Pero solo se les concedió a 3.070 salvadoreños, 3.380 hondureños, 337 guatemaltecos, 68 nicaragüenses y 5.244 venezolanos.

Durante los cinco primeros meses de este año,  la estatal Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió 24.425 peticiones del estatus de refugiado, el triple que las recibidas en el mismo lapso de 2018, en su mayoría de hondureños, salvadoreños y venezolanos.

La crisis alcanzó tintes trágicos el 24 de junio, cuando el migrante salvadoreño Óscar Alberto Martínez y su hija Valeria, de un año y 11 meses, se ahogaron en el fronterizo río Bravo (o río Grande) al intentar cruzar  hacia el estadounidense estado de Texas. En ese mismo estado, aparecieron los cadáveres de otras cuatro personas guatemaltecas, quienes murieron deshidratadas.

En los seis primeros meses de 2019 han muerto ya 1.242 emigrantes en el mundo y de los cuales 175 fallecieron en la frontera entre México y Estados Unidos, según el corte de fines de junio del Proyecto sobre Inmigrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La realidad de cerca

Desde su observatorio, Eliseo Ortega, director de la Casa de los Amigos, comentó a IPS que este año están llegando más migrantes en condición irregular a este refugio de Ciudad de México.

“Por el endurecimiento de los procedimientos, ya no confían en las instituciones. Otra vez pasan ilegalmente y sufren riesgos. Una de las inquietudes es qué harán en el futuro, quedan en la indigencia”, comentó el último fin de semana de junio en el local en pleno centro capitalino tras recibir el grupo hondureño.

Fundada en 1956 por cuáqueros estadounidenses, el hostal acoge a inmigrantes y solicitantes de refugio transferidos por otras organizaciones y la estatal Comar, así como sin papeles que llegan espontáneamente en búsqueda de techo, comida y una ducha.

Con capacidad para 40 huéspedes, la institución vive de financiamiento de organizaciones estadunidenses y el apoyo de voluntarios. A pesar de que Comar le envía candidatos a refugiados, no le entrega un dólar por su manutención.

Desde diciembre, ya con López Obrador en la presidencia, México se negó a firmar el Acuerdo de 3er. País Seguro, por el cual recibiría a todos los solicitantes de asilo atendidos con fondos estadounidenses.

Pero Washington aplica desde enero el Programa de Protocolos de Protección a Migrantes o Permanecer en México, prácticamente lo mismo que el primero, pero sin aporte de recursos.

Para Maureen Meyer, directora del Programa para México y Derechos de Migrantes de la no gubernamental Oficina en Washington para América Latina (Wola, en inglés), el endurecimiento de las políticas redunda en mayor riesgo de abusos para los migrantes, sin que por ello se reduzca el movimiento migratorio.

“Buscan cruzar por lugares más remotos, más peligrosos y menos visibles, y quedan expuestos a grupos criminales y agentes corruptos. En el corto plazo, las medidas logran bajar el número de personas que buscan llegar a las fronteras, pero poco a poco los migrantes y coyotes (traficantes) van ajustando rutas y formas de llegar”, alertó en diálogo con IPS.

El gobierno mexicano apuesta por apoyar el combate de la pobreza en el Triángulo Norte, pero sus posibles resultados serán de largo plazo. El 1 de diciembre, el primer día del nuevo gobierno, el país firmó el Plan de Desarrollo Integral con sus vecinos y ese mismo mes prometió invertir 30.000 millones de dólares en los tres países centroamericanos.

Los migrantes resienten la conducta gubernamental. “Lo que están haciendo no está bien. Solo queremos estabilidad económica, emocional y migratoria, nuestra lucha es para tener una vida mejor para nuestra familia”, dijo Wilson, a quien Estados Unidos ya deportó una vez.

La mayor preocupación de las organizaciones estriba en que México termine por firmar con Washington el Acuerdo de 3er. País Seguro para albergar a los solicitantes de asilo de Estados Unidos.

Para Meyer, México no podrá satisfacer eternamente a Trump.

“Pone a México en una situación muy difícil, tiene que evaluar hasta qué punto va a seguir cediendo. México asume gastos muy altos con las exigencias de Estados Unidos. Trump quiere que nadie llegue a la frontera, es una aspiración ilógica”, subrayó.

Ortega, por su parte, anticipa que “la gente va a seguir llegando”, mientras la vida en sus países de origen carezca de esperanza, y consideró que “impedir la migración es violar derechos humanos”.

Edición: Estrella Gutiérrez

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Más allá de Arabia Saudita: el mundo le está fallando a los periodistas

sex, 28/06/2019 - 15:44

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, informó al Consejo de Derechos Humanos que su investigación determinó que Arabia Saudita es "responsable" del asesinato "extrajudicial" del columnista Jamal Khashoggi. Crédito: Manuel Elias/Acnudh

Por Tharanga Yakupitiyage
NACIONES UNIDAS, Jun 28 2019 (IPS)

El columnista saudí Jamal Khashoggi fue víctima de “una ejecución premeditada y deliberada perpetrada” por funcionarios de Arabia Saudita y los periodistas de todo el mundo sufren en forma creciente parecida suerte, determinó una alta funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas.

Después de una investigación de seis meses, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, concluyó que Arabia Saudita es “responsable” del asesinato “extrajudicial” de Khashoggi, columnista del Washington Post.

“Este asesinato fue el resultado de una misión planificada que involucró una amplia coordinación e importantes recursos humanos y financieros. Fue supervisada, planificada y respaldada por funcionarios de alto nivel y fue premeditada”, dijo el 26 de junio en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos, el máximo órgano de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

Se trató de “una ejecución premeditada y deliberada, un asesinato extrajudicial del cual es responsable el Estado de Arabia Saudita”, sentenció la alta funcionaria sobre el crimen del crítico del reino saudí que tuvo lugar en Estambul en octubre de 2018.

“El derecho a la vida es un derecho en el centro de la protección internacional de los derechos humanos. Si la comunidad internacional ignora los asesinatos selectivos diseñados para silenciar la expresión pacífica, pone en riesgo la protección de la que dependen todos los derechos humanos”, agregó Callamard.

Como ocurrió en un consulado en Turquía, el asesinato no puede considerarse un “asunto interno” y viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, así como la prohibición del uso extraterritorial de la fuerza en tiempos de paz, por lo que es un crimen internacional.

Callamard señaló la necesidad de establecer una investigación criminal dentro de la ONU para garantizar la administración de justicia, y señaló que la investigación realizada por las autoridades saudíes no fue la adecuada y dejó fuera a “altos mandos del país” y a “los autores intelectuales del crimen, de forma directa o indirecta”.

“La investigación llevada a cabo por las autoridades saudíes no ha abordado la cadena de mando. No es solo una cuestión de quién ordenó el asesinato: la responsabilidad penal se puede derivar de la incitación directa o indirecta o de la falta de prevención y protección”, dijo la relatora especial.

El gobierno de Arabia Saudita continúa negando su participación y rechazó el nuevo informe, afirmando que se basa en “prejuicios e ideas prefabricadas”.

Si bien el asesinato de Khashoggi fue brutal, su historia es solo uno de los muchos casos de ataques contra periodistas en todo el mundo.

“Esta ejecución es emblemática de un patrón global de asesinatos selectivos de periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas políticos”, dijo Callamard.

Según Reporteros sin Fronteras (RSF), 80 periodistas fueron asesinados, 348 encarcelados y 60 secuestrados tan solo en 2018, lo que refleja un nivel sin precedentes de violencia contra los profesionales de la comunicación.

Javier Valdez, un periodista mexicano que investigó la actividad de los carteles de la droga, fue asesinado en mayo de 2017.

Pocos días después, los colegas y la viuda de Valdez comenzaron a recibir mensajes infectados con un programa espía conocido como Pegasus, que fue comprado por el gobierno mexicano a la compañía israelí de guerra cibernética NSO Group.

NSO Group solo vende ese programa espía a los gobiernos con el propósito de combatir el terror e investigar el crimen. Sin embargo, el regulador digital Citizen Lab encontró 24 objetivos cuestionables, incluidos algunos de los periodistas más destacados de México.

El programa también ha sido utilizado en otros lugares por gobiernos represores de la libertad de expresión, como los Emiratos Árabes Unidos, que atacaron y encarcelaron al defensor de los derechos humanos Ahmed Manor por sus publicaciones en las redes sociales.

En Canadá, un operador vinculado a Arabia Saudita también ha infectado con el programa espía al crítico del régimen saudí y amigo de Khashoggi, Omar Abdulaziz, según denuncias.

Si bien un sospechoso fue arrestado en 2018 por el asesinato de Valdez, no está claro si son los principales culpables de su muerte.

“El arresto de un sospechoso en el asesinato de Javier Valdez Cárdenas es un paso bienvenido, pero instamos a las autoridades mexicanas a identificar a todos los responsables del asesinato, incluido el autor intelectual”, dijo el representante de México en el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Jean-Albert Hootsen.

“Con demasiada frecuencia, las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas mexicanos se estancan después de que los sospechosos de bajo nivel hayan sido arrestados, lo que permite que la impunidad prospere”, agregó.

El gobierno mexicano también inició una investigación sobre el uso indebido de la tecnología de vigilancia, pero hasta ahora nadie ha sido castigado.

Callamard instó a Arabia Saudita a liberar a los encarcelados por su opinión o creencia y a realizar una evaluación en profundidad de las instituciones “que posibilitaron el crimen contra Khashoggi”.

También hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las leyes para proteger a las personas contra los asesinatos selectivos, incluido el intercambio de información si una persona está en riesgo.

“Hay signos claros de tácticas cada vez más agresivas por parte de los Estados y actores no estatales para silenciar de manera permanente a quienes los critican. La comunidad internacional debe evaluar estos entornos hostiles, debe hacer un balance de los hallazgos de mi investigación sobre el asesinato de Khashoggi”, dijo Callamard en el  Consejo de Derechos Humanos, en el que Arabia Saudita es uno de sus integrantes.

“Las denuncias son importantes, pero ya no son suficientes. La comunidad internacional debe exigir la rendición de cuentas y la no repetición. Debe fortalecer las protecciones y la prevención con urgencia. El silencio y la inacción solo causarán más injusticia e inestabilidad global”, agregó.

T: MF

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Ampliar el espacio fiscal es vital para financiar el desarrollo latinoamericano

sex, 28/06/2019 - 13:39

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, durante la presentación del informe sobre la Situación Fiscal de América Latina y el Caribe 2019, en el Centro para el Desarrollo Global, en Washington. Crédito: Sardari Group Inc/ Cortesía del CGD

Por Corresponsal Fao
WASHINGTON, Jun 28 2019 (IPS)

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, reafirmó la importancia de fortalecer los ingresos públicos para tener mayor capacidad de movilizar recursos internos que permitan financiar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y los requerimientos de desarrollo de la región.

La máxima representante del organismo regional de las Naciones Unidas hizo este planteamiento durante la presentación del informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019 realizada el jueves 27 de junio en el Centro para el Desarrollo Global, en Washington.

Bárcena propuso reforzar el espacio fiscal fortaleciendo los ingresos tributarios, para lo que resulta fundamental reducir el alto nivel de evasión y elusión tributaria – que alcanzó 6,3% del producto interno bruto (PIB) en 2017, lo que equivale a 335.000 millones de dólares-, hacer más progresiva la recaudación y explorar otras fuentes ingreso como la tributación de la economía digital, impuestos ambientales e impuestos para mejorar salud pública.

La secretaria ejecutiva de la Cepal hizo estas propuestas durante el encuentro titulado “Desafíos fiscales en América Latina: Medidas de políticas para un crecimiento sostenible e inclusivo”, que contó con la participación de reconocidos expertos del Centro para el Desarrollo Global, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el panel de discusión estuvieron presentes Sanjeev Gupta y Nancy Birdsall, del Centro para el Desarrollo Global; Marcello Estevão, director global de Macroeconomía, Comercio e Inversión del Banco Mundial; Eric Parrado, economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del BID; y Jorge Roldos, director asistente para el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

Bárcena presentó una serie de recomendaciones para ampliar el espacio fiscal de los países, promover el gasto y la inversión pública, y fortalecer las relaciones multilaterales y regionales para cerrar asimetrías en las políticas.

En su presentación, Bárcena detalló que para ampliar el espacio fiscal se debe reducir la evasión tributaria y los flujos financieros ilícitos producto de la manipulación del comercio internacional de bienes -que llegaron a los 85.000 millones en 2016, es decir, 1,5% del PIB regional-; adoptar impuestos ambientales y de salud, así como en la economía digital;  repensar los gastos tributarios para alinearlos con los resultados de la inversión; y fortalecer la tributación sobre la renta y propiedad personal.

En el campo del gasto y la inversión pública, la secretaria ejecutiva de la Cepal dijo que se debe proteger la doble inclusión (social y laboral) de las personas sobre la base del gasto social; orientar las inversiones públicas hacia tecnologías innovadoras basadas en los recursos naturales; fomentar los acuerdos público-privados para impulsar la infraestructura y las energías renovables; y rediseñar los incentivos fiscales para las políticas industriales.

En el campo regional y multilateral, Bárcena indicó que es necesario forjar acuerdos regionales y globales para reducir la evasión, elusión y los flujos ilícitos; reducir la nociva competencia tributaria; revisar y alinear los incentivos tributarios para la inversión; y disminuir las asimetrías globales junto con fortalecer el diálogo con las empresas transnacionales.

“Uno de los mayores problemas de América Latina y el Caribe es la evasión: 335.000 millones de dólares. ¡Eso es mucho dinero! Debemos fortalecer el espacio fiscal robusteciendo los ingresos tributarios”, enfatizó.

“La deuda de la región ha aumentado pese de los esfuerzos de consolidación fiscal. En nuestra región no hay solo países de ingresos medios que deberían ser graduados (de la asistencia oficial para el desarrollo). Todavía tenemos muchas brechas por cerrar”, advirtió.

Junto con reconocer que las cifras de desigualdad en la región han mejorado entre 2002 y 2014 gracias a la aplicación de políticas públicas y reformas tributarias, Bárcena remarcó que es necesario prestar atención también a la evolución de los ingresos personales y la riqueza.

“Por ejemplo, en el triángulo norte de América Central existe una diferencia de salarios de diez veces con los Estados Unidos. ¡Diez veces! Además, el ingreso del 10% de las personas con mayores recursos en Centroamérica es 70 veces más alto que el ingreso del 10% con menores recursos. ¿Cómo decirle, entonces, a la gente de esos países que no migre? ¿Cómo se maneja este problema?”, dijo.

En este contexto, Bárcena hizo un llamado a los principales organismos multilaterales que operan en América Latina y el Caribe (como el FMI, Banco Mundial, BID y la Cepal) a generar un gran debate sobre estas cifras y a trabajar juntos para presentar estos problemas al más alto nivel político.

En el marco de su visita a Washington, Bárcena asistió además el jueves 27 a una reunión de la Junta de Directores del Diálogo Interamericano, en donde participaron también destacadas personalidades como los expresidentes de Brasil, Chile, Costa Rica, México y Panamá, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos, Laura Chinchilla, Ernesto Zedillo y Martín Torrijos, respectivamente.

Este artículo fue publicado originalmente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL). IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo especial con la CEPAL.

RV: EG

El artículo Ampliar el espacio fiscal es vital para financiar el desarrollo latinoamericano fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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“Horrores inimaginables” en los centros de detención de migrantes de Libia

sex, 28/06/2019 - 12:06

El desolador estado de un centro de detención de migrantes en el norte de Libia. Crédito: ONU

Por Daniel Yang
NACIONES UNIDAS, Jun 28 2019 (IPS)

Para más de 10.000 migrantes que llegan a Libia huyendo de la guerra y de la violencia en sus países, su destino muy a menudo se reduce a obtener alguna indulgencia de los traficantes de personas o a una inhumana estancia en los centros de detención.

La costa norte de Libia, el mayor punto de partida para los migrantes africanos en su éxodo a Europa, es un caldo de cultivo para la esclavitud moderna. Capturados en tierra, interceptados en el mar, heridos y esposados por milicias y traficantes de personas, los migrantes son enviados a centros de detención y expuestos a todo tipo de abusos.

“Desde el momento en que (los migrantes) pisan suelo libio, se vuelven vulnerables a ser objeto de homicidio, torturas y otros malos tratos, detención arbitraria, privación ilegal de libertad y otras violaciones (de sus derechos)”, según un informe de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL, en inglés).

Sin embargo, las autoridades libias no han tomado medidas para abordar sistemáticamente el problema y tampoco ha ampliado su capacidad de detención de migrantes con la ayuda de los gobiernos europeos.

Amenaza grave de salud

Los centros de detención, controlados por el Ministerio del Interior de Libia y custodiados por las milicias del Gobierno del Acuerdo Nacional (GNA, en inglés) respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a menudo alojan a cientos de migrantes en espacios súper hacinados, que carecen de ventilación  o agua potable.

“En algunas partes del centro, los inodoros están desbordados y necesitan reparaciones urgentes. Como resultado, los desechos sólidos y la basura se han acumulado dentro de la celda durante días y representan una grave amenaza para la salud”, describió la situación de una instalación un portavoz de la agencia de refugiados de la ONU (Acnur).

El saneamiento deficiente ha provocado un deterioro de las condiciones de salud dentro de los centros de detención, causando múltiples brotes de enfermedades.

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) calificó la situación como “un desastre”, y señaló que cientos de migrantes detenidos usan “cuatro inodoros que apenas funcionan, sin ducha y solo un acceso esporádico al agua”, según observaron algunos de sus miembros durante una visita al centro de detención de Zintan, la principal ciudad del noroeste de Libia.

Hussein Hassan, coordinador de emergencias de la oficina en Libia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo a IPS que “La tuberculosis con otras infecciones respiratorias, el VIH y las enfermedades de la piel son algunas de las afecciones que sufren los migrantes en más de 34 centros”.

En enero se realizó una campaña de detección de tuberculosis (TB) en el centro de Zintan, pero quienes dieron positivo de esta infección contagiosa permanecieron junto con el resto. Según Hassan, 16 migrantes contagiados con TB se agravaron por las interrupciones del tratamiento y la falta de un sistema de referencia adecuado.

Un informe interno de la ONU al que tuvo acceso  el diario irlandés The Irish Times indicó que más de 80 por ciento de los migrantes en el centro de detención de Zintan pueden haber sido infectados con TB.

Pero la tuberculosis no es la única enfermedad presente dentro de la crisis de salud de los centros, según MSF.

Un migrante de Eritrea muestra las enfermedades de la piel que contrajo en un centro de detención de Libia. Crédito: Alessio Romenzi/Unicef

“Muchos de ellos sufren de desnutrición, infecciones de la piel, diarrea aguda, infecciones del tracto respiratorio y otras enfermedades, así como tratamiento médico inadecuado”, destacó MSF en un comunicado. “Los niños son retenidos junto con los adultos en las mismas condiciones miserables”, añadió.

Sin embargo, la ayuda no está cerca. La ley libia prohíbe a los no ciudadanos el acceso a los servicios de salud pública y niega de hecho a los migrantes la atención médica adecuada. Además, las organizaciones humanitarias tienen acceso restringido a los centros, lo que crea retrasos en el tratamiento.

“Hemos sido abandonados aquí, no puedo regresar y nadie nos quiere en ninguna parte”, dijo un refugiado eritreo a MSF. “No sé dónde está mi lugar en la tierra”, añadió con total desaliento.

“Estamos muriendo”

Explotados por traficantes de seres humanos y comercializados como mercancías, los migrantes temen por su supervivencia diaria.

“Los migrantes retenidos en los centros libios son sometidos sistemáticamente a la hambruna y a severas golpizas, quemados con objetos metálicos calientes, electrocutados y sometidos a otras formas de maltrato con el objetivo de extorsionar a sus familias a través de un complejo sistema de transferencias de dinero”, indica el informe de la UNSMIL.

Después de la sangrienta guerra civil en 2011 que derrocó al régimen de Muammar Gadafi, Libia cayó en manos de facciones rivales y grupos islamistas. Dos fuerzas instaladas en el oeste y el norte libio se enfrentaron por el control de los campos petroleros del país.

La ilegalidad propició  el contrabando y el tráfico a lo largo de sus fronteras y costas.

La mayoría de los inmigrantes ingresan por la frontera sur del país. Pero la guerra entre las milicias del Ejército Nacional de Libia y el GNA respaldado por la ONU ha dejado al sur de Libia sin ley y sin fuerzas de seguridad.

Los traficantes de personas y las milicias bien armadas interceptan a los migrantes en su ruta a Trípoli, comprando a los funcionarios del gobierno para vender la mano de obra migrante por unos pocos cientos de dólares.

Los traficantes han creado un mercado en línea para armas ilegales a pesar del embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que agrega más caos e incertidumbre a la situación política.

“Al parecer, el suministro ilimitado de armas alimenta la creencia errónea de una solución militar al conflicto y contribuye a la falta de voluntad de los actores en el terreno para acordar un alto el fuego”, dijo Jürgen Schulz, representante permanente adjunto de Alemania ante la ONU en Nueva York.

En medio del caos, los migrantes se quedan indefensos.

El informe de UNSMIL detalla que “innumerables migrantes y refugiados perdieron la vida durante su cautiverio por los traficantes, después de recibir disparos, ser torturados hasta morir o simplemente morir por inanición o negligencia médica”.

“Por toda Libia, se hallan con frecuencia  cuerpos no identificados de migrantes y refugiados con heridas de bala, marcas de tortura y quemaduras, en contenedores de basura, lechos secos de los ríos, fincas agrícolas o el desierto”, describe el drama.

“Estamos muriendo”, dijeron detenidos en algunos de los centros al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). “Vivimos como animales; nos ganan todos los días”, añadieron.

Algunas de las mujeres confinadas en un centro libio de detención de migrantes. Crédito: OIM

Peor para las mujeres

La abrumadora mayoría de mujeres y adolescentes que atraviesan Libia y caen en los centros de detención son violadas por milicianos, pandilleros o traficantes contaron a la  UNSML en sus entrevistas.

Además, en los 11 centros donde se detienen a mujeres migrantes o refugadas se registran maltratos y violaciones perpetrados por los propios guardias de seguridad.

La las detenidas, cuenta el informe a título de ejemplo, frecuentemente se las desnuda y se las somete a controles corporales ante la presencia de hombres. La falta de personal femenino entre la guardia de los centros incrementa el riesgo de agresión sexual y explotación.

La UE, cómplice de la tragedia

La ley libia agrupa a migrantes, refugiados políticos y solicitantes de asilo en la misma categoría bajo la supervisión del Departamento de Lucha contra la Migración Ilegal (DCIM, en inglés) del Ministerio del Interior.

Incluso si los migrantes logran escapar de los traficantes de personas y la búsqueda y captura del DCIM a lo largo de la costa norte, los barcos patrulla europeos los interceptan cuando intentan cruzar el mar Mediterráneo y devuelven sus embarcaciones a Libia.

La Unión Europea (UE) ha invertido millones de euros en la Guardia Costera de Libia bajo el argumento de una “gestión eficiente de las fronteras”, pese a conocer muy bien que los forzados al retorno a territorio libio solo les espera la esclavitud y los abusos sin tregua.

Decenas de organizaciones internacionales humanitarias, entre ellas Oxfam y Human Rights Watch (HRW), han condenado la actuación de la UE, calificando su política de “cómplice” en la tragedia humanitaria de los migrantes, en una carta abierta publicada en enero.

“Las acciones de los gobiernos europeos han hecho que sea extremadamente difícil para las organizaciones de búsqueda y rescate continuar con su labor de salvar vidas”, dijo la carta, que pidió poner fin a la devolución de migrantes a Libia.

Desde 2009, Italia, donde desembarcan la mayoría de migrantes procedentes de Libia cuando logran atravesar el Mediterráneo, trata de interceptar todas las embarcaciones de migrantes y de transferir a los migrantes de regreso a Libia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró en 2012 que esa actuación de Italia es una violación de los derechos de los migrantes, pero desde entonces el gobierno del país ha intensificado sus operativos para impedir que los migrantes africanos lleguen a sus costas.

En 2017, el parlamento italiano estableció una ley que permite el despliegue de su armada en aguas libias, con el objetivo de ayudar a la Guardia Costera del país del norte de África a “luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas”.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 10.000 personas han muerto tratando de cruzar el Mediterráneo desde 2014.

Sin embargo, para los migrantes que huyen de lo insoportable, ese tramo marítimo sigue representando una esperanza, la única en sus manos.

T: MF

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