Eles entram atirando

Autor original: Luísa Gockel

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Para los millones de brasileñas y brasileños que viven en favelas –comunidades socialmente excluidas cuyas viviendas son invariablemente precarias y donde la tenencia de la tierra es en su mayor parte irregular– la violencia forma parte ineludible de la vida. Esta situación se debe tanto a la delincuencia como a los métodos utilizados por algunos elementos de la policía –la fuerza, precisamente, a la que se paga para que proteja a la comunidad–. Las favelas tienen en común la carencia de servicios básicos como electricidad, alcantarillado y agua, y sus habitantes sufren una discriminación generalizada.

Los niveles de violencia y delincuencia son sumamente elevados en todo Brasil, especialmente en los principales centros urbanos, donde las tasas de homicidio figuran entre las más altas del mundo. En el 2002 se cometieron casi 50.000 homicidios, y cientos de miles de personas fueron víctimas de ataques o robos violentos. Pero son las favelas, cuya población está privada de la protección efectiva del Estado, y especialmente de la protección policial efectiva, las que sufren las mayores concentraciones de homicidios y delitos violentos.

Hoy en día, tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados dependen casi exclusivamente de las fuerzas de seguridad pública, concretamente de la policía, para atacar la problemática de la violencia y la delincuencia, y lo han hecho a expensas de una inversión social planificada que aborde los fenómenos subyacentes que contribuyen a la violencia delictiva. Al mismo tiempo, esta política ha reforzado las prácticas policiales discriminatorias y abusivas que ni previenen el delito ni respetan los derechos humanos. Como consecuencia de esto, las políticas de seguridad pública brasileñas, tanto en el ámbito federal como en el estatal, no sólo han fallado a la hora de reducir los niveles de violencia y delincuencia sino que, además, han contribuido efectivamente a su aumento.

Este proceso se ha manifestado a través de varias modalidades, como el mantenimiento del orden público mediante "invasiones" de comunidades pobres o favelas, utilizando, a menudo, órdenes judiciales colectivas que discriminan a comunidades enteras de un golpe; el altísimo nivel de las violaciones de derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura; la corrupción generalizada de que es víctima la población a manos de ciertos elementos de la policía; y la incapacidad para ofrecer el mínimo grado de protección, dejando, en la práctica, a los sectores socialmente excluidos bajo el control de las bandas de delincuentes y las facciones del narcotráfico. Muchas personas han calificado este proceso ante Amnistía Internacional de "criminalización de la pobreza".

La auténtica seguridad pública depende del respeto a los derechos humanos de todas las personas. La seguridad pública conlleva proteger la vida de las personas, así como protegerlas de la violencia en todas sus formas. No puede consistir en la protección de algunas personas a expensas de otras muchas. Abordar efectivamente la violencia exige que las autoridades federales y estatales elaboren una estrategia detallada y a largo plazo. Para que surta efecto, esta estrategia debe determinar las causas de la violencia y afrontarlas, así como responder a su incidencia y a sus efectos. Por tanto, debe determinar las áreas donde la violencia está más extendida y atender a sus necesidades específicas. Este proceso exige una fuerza policial que represente a la comunidad, la sirva y rinda cuentas ante ella, así como una reducción inmediata de las muertes a manos de la policía y más medidas para controlar la circulación de armas.

Durante su campaña electoral del 2002, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva introdujo un plan a largo plazo para la reforma de la seguridad pública. El subsiguiente Sistema Único de Seguridad Pública (Sistema Único de Segurança Pública, SUSP) del gobierno estableció una serie de directrices para orientar a los estados en la política de reforma basada en los principios de derechos humanos. Lamentablemente, a finales del 2005 se observan escasos indicios de la puesta en marcha de estas reformas, fuera de algunos intentos importantes de controlar la circulación de armas de fuego.

El presente informe se propone mostrar cómo, al no abordar las necesidades a largo plazo en materia de seguridad pública de todos los sectores de la sociedad brasileña en el marco de una amplia estrategia oficial para combatir la violencia, los sucesivos gobiernos han permitido que la actuación policial basada en violaciones de derechos humanos y en la corrupción se haya institucionalizado. Esto ha contribuido a los elevados niveles de delincuencia y violencia y ha reforzado y perpetuado un cuadro de discriminación y exclusión social.

* Esta é a introdução do relatório "Brasil: eles entram atirando", lançado no início de dezembro pela Anistia Internacional. A íntegra do documento está disponível em espanhol na área de Downloads desta página.