La ciudadanía efectiva como instrumento de gobernabilidad democrática

Autor original: Graciela Baroni Selaimen

Seção original:

Carlos Hugo Molina*

La preocupación de nuestros Estados ha estado orientada a proponer y ejecutar reformas de Estado en materia administrativa e institucional. Esta afirmación, precisamente en un momento de crisis institucional y económica en nuestros países, demuestra la gran inquietud existente por las formas y los procedimientos.

La globalización enfrentó a la sociedad con la economía de mercado; los componentes políticos y sociales quedaron para la segunda generación de reformas, como eufemísticamente se llamó el abandono de lo social y de la participación; la necesidad ha impuesto una nueva agenda que prioriza esos contenidos. Y cuando la democracia se profundiza y la participación se institucionaliza, llegamos a la economía por otra vía, por la de una sociedad azotada por la pobreza que no resolvió sus necesidades luego de achicar el Estado, privatizar las empresas públicas y hacernos vivir en relación al mercado.

Unido al concepto de ciudadanía, hoy aparecen nuevamente las demandas sociales por una sociedad más equilibrada y justa, que interpelan al aparato administrativo público por la falta de oportunidades en lo económico; comprobamos con características patéticas que la gestión pública, en América Latina, tiene varias asignaturas pendientes para establecer un equilibrio entre sus acciones y las expectativas ciudadanas.

Los temas de corrupción y de desconfianza enraizada en las relaciones cotidianas, enrarecen el oxígeno democrático. Esa constatación de realidad obliga a buscar, en escenarios distintos de los que estamos enfrascados hasta ahora, instrumentos que permitan alcanzar un punto de equilibrio para nuestra vida en sociedad en su relación con el Estado.

En esa lógica de recuperar nuestro futuro y la esperanza, y a partir del valor democrático alcanzado, hemos detectado cinco variables que pueden proporcionarnos algunas opciones; en un acto de prospectiva, profundizamos en retos que son consecuencia de los procesos de participación ciudadana y descentralización iniciados en nuestros Estados.

1. Ciudadanía efectiva

Los avances en la democracia participativa y deliberativa que se convierten en una riqueza social no despreciable proporcionan una categoría política que podría permitir superar la simple demanda del cumplimiento de los derechos, al ejercicio de la ciudadanía plena, entendiéndola como el asumir, también, a través de un nuevo pacto social, la responsabilidad y obligaciones que tenemos para reforzar un Estado suficiente y justo. Para esto es necesario concretar espacios de diálogo que luego se transformen en acciones concretas desde la sociedad civil y el Gobierno. Esto significa profundizar prácticas legalizadas por la participación popular para reforzar la gobernabilidad democrática, paso superior al de sostener aparatos administrativos por sí mismos generando escenarios de concertación social que, en vez de responder a coyunturas extremas, tengan la capacidad de evitarlas.

La revalorización de la función pública es un mandato revolucionario en este momento de nuestra democracia para recuperar un espacio hasta ahora perdido por un Estado que, en su desprendimiento de funciones innecesarias, pareciera ha abandonado la razón de su existencia como restablecedor de equilibrios económicos, políticos y sociales. Del Estado mínimo con el que trataron de convencernos, debemos construir un Estado suficiente.

La multiplicidad de nuevos actores, nuevos porque los estamos (re)conociendo (indígenas, mujeres, campesinos, pequeños grupos productivos), requiere el marco institucional para que la energía que aportan sea canalizada creativamente para superar el estadio de la reivindicación en el que se encuentran. Cada uno de ellos ha demostrado su capacidad innovadora, corresponde al Estado darle las condiciones para su desarrollo pleno.

2. Desarrollo económico local

La segunda se refiere a la necesidad de que el Estado reconozca que es a partir del esfuerzo que los ciudadanos realicen desde la base económica y productiva que podrá comprenderse la necesidad de producir económicamente para mantener soberanía política. Si bien la generación de riqueza en los niveles locales sólo encuentra trabas y es evidente que en dicho ámbito no se resuelven las variables de mercado, precio, incentivos, capitales y políticas, será el esfuerzo de los actores locales y de los gobiernos municipales, convertidos en facilitadores de actividades productivas de naturaleza económica en favor de la población, los que generarán desarrollo económico local, aceptando que los procesos económicos pueden iniciarse en el nivel local para lograr productividad y competitividad en mercados de consumo, a veces, fuera del ámbito nacional. Se trata de superar la simple espera de capital externo y la inversión en empresas municipales para promocionar las condiciones que la iniciativa económica requiere para mejorar la calidad de vida de los habitantes y sus comunidades. Experiencias que creen instrumentos de desarrollo económico y de promoción productiva están demostrando la importancia de este escenario.

El desarrollo económico, impulsado desde una óptica micro, con soluciones concretas y prácticas a los problemas de carácter local, por su naturaleza cercana a las actividades productivas, requiere ser alentado con las condiciones necesarias creando mecanismos de coordinación entre el sector publico y privado. Es además la única estrategia sustentable a mediano plazo para luchar contra la pobreza y enfrentar con mejores instrumentos la negociación con los centros económicos. Este componente, unido a la ciudadanía efectiva, permite descubrir lo local como parte de lo global, frase que por repetida no siempre es asumida ni respetada.

3. Gestión territorial

La tercera variable se refiere a realizar un ordenamiento territorial que, reconociendo lo existente, adecue la división administrativa del Estado para lograr eficacia.

La mayoría de las materias y competencias municipales no pueden resolverse en el ámbito expreso de la jurisdicción municipal y los municipios requieren asociarse para lograr mejores resultados; la conformación de mancomunidades municipales es el resultado de la necesidad de alianzas entre dos o más municipios voluntariamente asociados, para superar limitaciones y efectuar inversión concurrente con otras instancias del Estado y sectores privados, para lograr objetivos de desarrollo. La mancomunidad municipal se convierte en un instrumento del ordenamiento territorial, en un facilitador de la inversión, en un instrumento de apoyo a la gestión de los municipios que la integran y en una propuesta de desarrollo cuando logran proponer un plan de desarrollo mancomunitario. En algún momento, la mancomunidad se convertirá en la propuesta de región territorial ajustada a la realidad, reagrupando lo dividido y fortaleciendo el desarrollo en una alternativa que solucione problemas de externalidades, la provisión de bienes públicos y proyectos de desarrollo entre dos o más jurisdicciones municipales.

Nuestros Estados han dado pasos importantes en el desarrollo de la capacidad de gestión administrativa de los gobiernos municipales y las potencialidades de implantar catastros y fortalecer los ingresos propios municipales; el cobro de impuestos municipales es una experiencia que, si bien no se ha desarrollado a plenitud por razones principalmente de naturaleza política – enfrentarse con el evasor-elector – y la existencia de práctica pocos transparentes en los sistemas de recaudación que favorecen corrupción e incumplimiento, requieren ser analizadas en este nuevo marco.

Este componente debe tomar en cuenta la situación de crisis económica que soportan la mayoría de nuestros países, la falta de disciplina fiscal, la ausencia de instrumentos económicos de apoyo y fomento al desarrollo económico local y la exención de pago del que gozan los pequeños y numerosos propietarios de tierras.

4. Sociedad de la información

El utilizar los instrumentos de la sociedad de la información como una opción válida para ayudar a nuestras sociedades a dar el salto tecnológico sobre la base de nuestra cultura parece un reto que no puede ser desconocido para facilitar el relacionamiento de lo local con la globalización. La necesidad de superar la satanización de procesos globales, para aprovechar sus instrumentos y posibilidades, debe permitirnos, al conocer sus reglas, integrarnos e incorporarnos con nuestra diversidad al mercado y la utilización de sus reglas de juego. Poner en valor las propias posibilidades requiere de un trabajo sostenido e inteligente que ayude a superar las reacciones adversas que despiertan propuestas de esta naturaleza y que permita alcanzar producción y competitividad.

En un mundo globalizado la información y su difusión es de vital importancia; reconociendo la existencia de controles tecnológicos, precios exorbitantes por el conocimiento, imposibilidad de acceso masivo, no debemos perder de vista que si fortalecemos el uso de la información y diseñamos estrategias adecuadas de masificación, podremos convertir nuestra diversidad social en una ventaja que aproveche los espacios de la globalización para lograr desarrollo.

Experiencias ejecutadas desde lo local con organizaciones indígenas y pequeños productores han demostrado que ellos son menos reacios a utilizar estos instrumentos que lo que suponen quienes los rechazan por razones ideológicas. Así mismo, se trata de colectivos menos vulnerables que quienes piensan que, por esa vía, se perderá identidad y la cultura.

5. Desarrollo sostenible

Estamos volviendo al paradigma del desarrollo sostenible como política de Estado, que se planteó teóricamente y que pasados los entusiasmos de su necesidad, no había producido cambios de actitud y de comportamientos masivos en nuestros países. Estamos en la necesidad de recuperar el camino abandonado para convertirnos en una sociedad que vive y asume conscientemente la aplicación de los principios universales de la sustentabilidad en su espacio geográfico.

La pérdida de la diversidad genética, de especies y de ecosistemas, uno de los mayores peligros para el futuro de la humanidad que unida al deterioro y fragmentación de los hábitats, a la introducción de especies, la explotación excesiva de plantas, animales y peces, la contaminación, el cambio climático, la agricultura (reducción de las variedades empleadas, plaguicidas) y repoblaciones forestales con monocultivos de rápido crecimiento como lo repiten organizaciones internacionales sobre la materia, preocupan al mundo desarrollado.

Las consecuencias indeseables de un desarrollo económico insostenible encuentran en América Latina la posibilidad de modificarse radicalmente. Todavía tenemos lo que el mundo necesita y está demandando. Pareciera, paradójicamente, que la pobreza endémica, nuestro subdesarrollo, la falta de caminos, nuestra poca población, puede ser el mejor instrumento para negociar mejores condiciones con el mundo desarrollado, si logramos tomar conciencia de ello.

Protección consciente de la biodiversidad, utilización responsable de los bosques tropicales, protección de las especies y los hábitats en los que viven, tienen un costo que el mundo de las superpotencias debe cubrir para que nosotros cumplamos la responsabilidad que nos corresponde.

La desaparición de especies, la uniformidad alimenticia, el abandono de variedades medicinales y la debilidad creciente frente a plagas y enfermedades son razones suficientes para un nuevo pacto mundial sobre este aspecto para no llegar a la “guerra del agua”, que ya ha sido presagiada, mientras la biotecnología y la ingeniería genética trata de imponerse.

La palabra “bosques tropicales”, por lo que ellos representan y contienen, puede ser mágica para redimensionar relaciones que nos permitan vivir con mayor dignidad. Desconocemos todavía, irresponsablemente, los alcances del contenido humano y mundial del desarrollo sostenible. Hay ahí una prueba para nuestra ciudadanía efectiva. Volvemos de nuevo a ella como el elemento fundamental de relaciones sociales y políticas.

6. A modo de conclusión

Estos cinco principios, plantean una visión integrada de la ciudadanía, el territorio, los recursos naturales, la globalización, el desarrollo y la participación. Y los cinco componentes encuentran avances inorgánicos en la gestión pública de nuestros Estados y en el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía.

El debate sobre los sistemas de representación política e inclusión social adquiere una dimensión distinta cuando ambas categorías son ubicadas en calidad de instrumentos pues la pregunta inmediata es ¿para qué? Las respuestas prácticas demuestran que la base social conoce muy bien sus necesidades y que lo que desconoce es cómo superarlas. Paradójicamente, los niveles académicos nos entretenemos muchas veces en descubrir y acercarnos a una realidad cuya demanda ya no requiere de diagnósticos.

El reto es decodificar el conocimiento de su ropaje innecesario y acercarnos a la sociedad para dar las respuestas ajustadas al futuro. Los actores sociales necesitan dejar de ser vistos como sujetos de estudio para convertirse en protagonistas. En escenarios de esa naturaleza, adquieren su valor extraordinario la institucionalidad, la ciudadanía y la gobernabilidad.

 Nos toca aceptar el reto. Todavía estamos a tiempo.

*Carlos Hugo Molina é Diretor do Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible -CEPAD, de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia.

*Artículo publicado por el INSTITUTO INTERNACIONAL DE GOBERNABILIDAD, en Magazine DHIAL nº 16 (29 de mayo de 2000), para el proyecto LAGNIKS, patrocinado por el PNUD y la Generalitat de Catalunya (Gobierno Autónomo Catalán).