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El voto electrónico: implicaciones para la democracia

Autor original: Graciela Baroni Selaimen

Seção original:

*Joan Oriol Prats


“El ciudadano normal baja a un nivel menor de desempeño cuando entra en el ámbito político. Argumenta y analiza de forma que él mismo reconocería como infantil dentro de la esfera de sus propios intereses. Se vuelve primitivo otra vez. Su pensamiento es asociativo y efectivo ... Esto puede resultar fatal para la nación”


Schumpeter (1942)


Las recientes experiencias1 en la aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos electorales han cumplido, en parte, con lo pronosticado ya hace tiempo por aquellos teóricos que han estudiado la evolución de las tecnologías y su impacto futuro en las distintas esferas de la vida social2. Sin embargo, la respuesta a cuáles son los efectos de las propiedades que las nuevas tecnologías confieren a los procesos electorales sobre los principios democráticos sigue siendo, en gran medida, un ejercicio prospectivo. En este artículo examinaremos los potenciales efectos del voto electrónico sobre los principios y el funcionamiento de la democracia en base a las implicaciones que aquél tiene sobre la calidad de la delegación o la elección por parte de los ciudadanos de sus representantes y la eficacia y eficiencia del proceso. Con esta finalidad, a modo de introducción, primero se describirán sus modalidades y principales características para luego, en un análisis de sus efectos, comentar sus distintas implicaciones y las lecciones democráticas extraíbles.


Antes que nada, debemos advertir que la finalidad de este artículo no es bajo ningún concepto emitir un juicio ético sobre la bondad o maldad del voto electrónico. Bajo la aproximación que adoptamos, éste no es bueno ni malo per se sino por los efectos que pueda generar sobre el funcionamiento de la democracia y, en especial, por el que consideramos su principal reto actual: la constitución de instituciones, o de reglas formales e informales del juego democrático, que ayuden a la mejora de las decisiones por parte de la ciudadanía y eviten la delegación por ignorancia. Es, pues, desde una aproximación consecuencialista que se examinarán los efectos del voto electrónico sobre la calidad de la delegación o del elemento definidor básico de la democracia: la elección de sus representantes o la decisión sobre aspectos concretos por parte de los ciudadanos.


1. Modalidades de voto electrónico


El voto electrónico engloba múltiples modalidades de votación que varían según el grado de sofisticación técnica y el procedimiento utilizado. Según el grado de sofisticación técnica se puede distinguir entre aquellas variantes que introducen el recuento, la selección de alternativas o la comunicación de los datos de forma electrónica y aquellas otras, de mayor complejidad, que permiten el voto desde cualquier lugar3 Según el procedimiento, las distintas modalidades de voto electrónico pueden variar tanto por la secuencia temporal del mismo como por la capacidad y el papel de cada uno de los distintos actores. También, según el procedimiento, podemos distinguir entre aquellos que permiten el voto tanto mediante la red como por los “medios tradicionales” de aquellos que únicamente permiten el voto de forma electrónica4.


Por ejemplo, la facilidad que las nuevas tecnologías tienen para economizar costes, hace pensar en que la introducción de las mismas puede incentivar o permitir la dilatación de los días hábiles para votar modificando, de esta forma, la secuencia temporal tradicional de los procedimientos de votación.


En lo que hace referencia a los actores, al aumentar la complejidad del sistema se hace necesario recurrir a la intervención de terceras partes privadas responsables de la seguridad. Ésta se complica cuando los medios telemáticos han de cumplir con los requerimientos 1) de precisión o el hecho de que no debe ser posible alterar el resultado ignorando votos válidos, manipulándolos o contabilizando votos inválidos, 2) de unicidad o la exigencia de que cada uno de los votos sólo debe corresponder a una persona, 3) de privacidad o el hecho de que el voto debe ser anónimo, 4) de validez o la no-aceptación de votantes no cualificados para el sufragio y 5) de verificabilidad o la conveniencia de que el votante pueda validar su propio voto a posteriori para verificar, así, que ha sido tenido en cuenta. Dicha complejidad tecnológica necesita, sin duda, de innovaciones y protecciones informáticas que exigen de un nivel de esfuerzo y trabajo no asumible en la actualidad por el sector público, que necesita del refuerzo de sectores que, bajo los incentivos de los beneficios económicos y aprovechando las economías de escala y alcance, puedan llevar a cabo estas funciones a menor coste.


Así, y tal y como demuestran las experiencias recientes, terceras partes privadas emergen como nuevos actores en los procesos electorales. Si bien en la actualidad estas terceras partes son privadas, nada nos obliga a pensar que, por ejemplo, en el caso de elecciones generales, los aspectos de seguridad no se internalicen por parte de la administración pública a medida que aumente la calidad de la acción colectiva y ésta pueda asumir los elevados costes de supervisión del proceso electoral.


El papel de otros actores en el proceso electoral también varía con la introducción de los medios electrónicos. Por ejemplo, las juntas electorales centrales o aquellos órganos encomendados de la planificación y organización del proceso electoral deberán tener presente aspectos como la capacitación de su personal o la de los miembros de la mesa, así como sus competencias y formas de relación con el resto de organizaciones encomendadas del proceso. También los partidos políticos y otras instituciones deberán adaptarse a los procedimientos de votación electrónica, aunque dejaremos el análisis detallado de estos aspectos para futuras ocasiones.


2. Las principales características del voto electrónico


El voto electrónico, como cualquier procedimiento electoral, puede y es utilizado tanto para tomar decisiones de forma colectiva como para escoger representantes que tomen las decisiones. Si bien esto último parece ser algo más común a la agenda de corporaciones privadas, no parece que, al menos a nivel efectivo, vaya a suceder a nivel público. Así pues, la relación entre democracia electrónica y democracia directa no se infiere a través del voto electrónico, que debe ser entendido como un avance incremental en la elección mediante preferencias individuales y en la revelación de éstas. De esta forma, las implicaciones en cuanto a la toma de las decisiones por parte de la ciudadanía – democracia directa - cabe buscarlas por una vía indirecta; es decir, por los efectos de derrame que tiene una potencial mayor utilización de los procesos de votación. Como se mostrará, estos efectos de derrame o encadenados pueden ser varios, dependiendo del cariz y la intensidad que tomen las especificidades de la votación electrónica.


La delegación o la participación en la toma de decisiones realizadas mediante las nuevas tecnologías tiene como características distintivas respecto a los “medios tradicionales” la reducción del costo de participación en términos de tiempo y esfuerzo para aquellos que disponen de los medios necesarios, el menor costo en tiempo y dinero del recuento y el incremento de los costos de supervisión del procedimiento.


Estas características son de geometría variable, estando su intensidad en función, principalmente, del tamaño de los electorados. Por ejemplo, en grandes y medianos electorados, debido a influencias en el voto que se escapan de lo puramente racional, el análisis exige la introducción de otro tipo de variables como la conciencia social por haber votado, el grado de fidelidad hacia los partidos, el nivel de fragmentación o la polarización ideológica. En cambio, en electorados pequeños, donde el esfuerzo de votar en términos del tiempo y esfuerzo requerido por el seguimiento de las agendas y de participación en la reuniones se ve compensado por la influencia del voto en el resultado de la elección, la propensión a participar puede disminuir si la participación no requiere del tiempo y esfuerzo comentados.


Así, la ponderación de costes y beneficios inherente a aquellas acciones humanas que exigen ser razonadas necesita verse complementada por el efecto de la variable número de participantes en la elección, que variará la importancia de cada voto y las expectativas de los votantes de que su voto resulte más o menos decisivo.


Dadas estas características, ¿minimiza el voto electrónico los problemas de información imperfecta para que los votantes o los tomadores de decisiones públicas puedan adoptar buenas decisiones bajo contextos complejos? ¿Está justificada su implantación por razones de eficiencia y eficacia? El voto electrónico sirve de ejemplo para observar cómo las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento afectan a la calidad de la delegación y, por tanto, al principal riesgo de la democracia, “que el electorado, no delegando bien, transforme la democracia en una tiranía de expertos o falsos expertos” (Dahl, 1967: 21).


3. Los efectos del voto electrónico: Implicaciones para la democracia


Iyengar (1997) resume la literatura sobre el voto y las elecciones diciendo que “el bajo nivel de conocimiento político y la ausencia de razonamiento ideológico ha conducido a la creencia de que el control popular sobre el gobierno es ilusorio”. Niskanen (1971) considera que la incapacidad de los oficiales públicos para afrontar la complejidad de la legislación moderna los sitúa a merced de los intereses especiales y de los burócratas. Lowi (1979: 567) concluye que “la actual formulación de políticas públicas no provendrá de las preferencias de los votantes o de las iniciativas legislativas sino del proceso tripartito de negociación entre administradores especializados, miembros relevantes del congreso y los representantes de los intereses implicados”.


Siguiendo el marco analítico propuesto por McCubbins y Lupia (1997) examinamos en qué medida el voto electrónico ayuda a la elección razonada5 por parte de los ciudadanos dadas las características del mismo. Así, si tenemos en cuenta cuánto ayuda el voto electrónico a predecir nuestras acciones (adquirir conocimiento) o solucionar problemas de azar moral, indudablemente, hemos de concluir que el voto electrónico per se no va a solucionar los problemas clave de la democracia. Sin embargo, pese a esta obvia conclusión, ¿cuál es papel del voto electrónico dentro del proceso de construcción democrática? ¿Cuáles son las implicaciones que de él se derivan sobre los principios democráticos de los procedimientos electrónicos?


Dado que las personas pueden acceder a la elección razonada sin necesidad de información perfecta y, a veces, sin la capacidad para procesar la información relevante para la misma (McCubbins y Lupia, 1997), la pregunta pasa a ser si el voto electrónico y su progresiva utilización incentiva la atención de los ciudadanos hacia aquellas cuestiones objeto del abanico de decisiones delegadas en el representante escogido o, en el caso de las consultas plebiscitarias, hacia la cuestión en concreto sobre la que decidir. Es decir, hasta qué punto el voto electrónico funciona como una institución que ayuda a revelar las preferencias de los distintos actores involucrados en un tema de política concreto y, por tanto, fomenta  el aprendizaje necesario para el buen funcionamiento de la delegación y el voto informado.


Sin duda, como ya afirmara Robert Sollow, la tecnología no es éticamente neutra y, por tanto, puede tener efectos positivos o negativos según el momento y las condiciones de su implementación. Un caso extremo de efecto negativo vendría representado por la utilización del voto electrónico por los políticos como forma de reducir su responsabilidad sobre las decisiones publicas o por la utilización de los procedimientos electorales con excesivo apremio, no permitiendo periodos adecuados de debate e información. Este extremismo viene expresado por aquellas visiones de los impactos tecnológicos sobre la política que han considerado los peligros de una “cybertiranía”, de la emergencia de un gobierno bajo impulsos electrónicos totalmente inoperante y desresponsabilizado y de la quiebra social entre digitalizados y no-digitalizados.


Desde un punto de vista más formal, Börgers (2000) ha mostrado a través de equilibrios bayesianos cómo el voto electrónico, en pequeños y medianos electorados, en función de la homogeneidad de los costes de participación puede aumentar o disminuir la participación. Así, argumenta el autor, en electorados pequeños, cuando los costes de participación son heterogéneos, como el votante espera que la participación aumente dadas las nuevas posibilidades, la ponderación entre los beneficios esperados y los costes del hecho de participar se reduce enormemente dado que la probabilidad de que su voto sea decisivo disminuye. De esta forma, la participación en términos absolutos podría disminuir, sobre todo, en aquellas elecciones en las que el volumen de gente que normalmente participa, y asume los costes en tiempo y esfuerzo que supone ir a las reuniones o mantenerse debidamente informado, es más numeroso que el conjunto de personas que, pudiendo participar, no lo hacen, pues no están dispuestos a asumir el coste de oportunidad que les supone, pero que a través de las nuevas tecnologías sí que estarían dispuestos a hacerlo. Esta situación da pie a que las facilidades otorgadas por los medios electrónicos desincentiven a aquellos que, con iguales costes de participación, ya tomaban parte anteriormente al ver minada su influencia en las decisiones finales, mientras que motiven a aquellos otros que no intervenían anteriormente y cuyo coste de oportunidad se ha reducido lo suficiente gracias a las nuevas tecnologías.


Sin embargo, el tipo de elecciones antes descrito sólo es un caso especial dentro del gran abanico de posibilidades que tiene el voto electrónico. Como el mismo autor menciona, en grandes elecciones o elecciones públicas, donde la propensión a participar se ve afectada por factores de orden emocional y cultural, los efectos de la introducción de las nuevas tecnologías no están nada claros. No obstante, como hemos dicho, es precisamente el tipo de elección de medio y corto alcance el que parece ser precisamente el tipo de elecciones que más va a ver incrementada su utilización dadas las facilidades que supone en cuanto a preparación. Así pues, si éste va ser el tipo de elecciones electrónicas más habituales, existen posibilidades de facto de que disminuya la participación, aunque nada parece indicar que esta reducción vaya a ser drástica.


Asumiendo por un momento que los costes de supervisión y seguimiento de los procesos electorales no son excesivos y no imponen riesgos al normal desarrollo de las elecciones en términos de privacidad, unicidad y validación del voto o que se ha llegado a un nivel de desarrollo de las capacidades administrativas donde éste es un problema menor, ¿qué sucede en grandes electorados donde la probabilidad de que el voto influya es muy reducida y los costes de participación son heterogéneos? Es de esperar que las personas no modifiquen su predisposición a votar en elecciones generales y, por tanto, una disminución de los costes de participación parece que, en grandes electorados, sólo puede favorecer el incremento de la participación.


Pero el aumento o la disminución de la participación, aun siendo relevante, merece verse acompañado de un examen de los incentivos que el voto electrónico puede generar tras la misma. Estos incentivos pueden generalizarse para grandes y pequeños electorados pues no dependerán de la importancia estratégica del voto sino del grado en que fomentan la predisposición a informarse del ciudadano. Sin duda, el hecho de votar exige del ciudadano la realización de un ejercicio deliberativo que puede consistir en la búsqueda y procesamiento de información, debates y comunicaciones con otras personas o el razonamiento individualizado, por poner algunos ejemplos.


Es en este punto donde creemos que se pueden establecer los vínculos entre los procedimientos electrónicos y las características de la democracia. El aumento de la utilización de la elección por las personas de representantes y decisiones aunque, como hemos visto, en determinados casos, podrá disminuir la participación, tendrá dos efectos clave sobre la actitud de éstas. Por un lado, a largo plazo, es de esperar que los costes de participación sean más homogéneos a medida que aumente el acceso a las nuevas tecnologías, reduciendo los costes de oportunidad de la participación e incentivando la revelación de preferencias de los ciudadanos en torno a aquellas áreas de su interés. De esta forma, el voto electrónico puede funcionar como una institución útil para la revelación de preferencias de los ciudadanos no tanto ya en cuanto a resultados sino, también, en cuanto a áreas o ámbitos de preocupación. Por otro lado, el voto electrónico puede estimular la predisposición de las personas a informarse y a aprender siempre que se reduzcan también los costes de la captación y procesamiento de la información relevante para votar informadamente.


Es en este segundo punto donde las implicaciones de las nuevas tecnologías para las democracias están más claras, pues sólo se reducirán dichos costes si existen vías efectivas que faciliten la adquisición del conocimiento necesario para acceder a la elección razonada. Estas vías implican necesariamente aumentar los canales de información, de reflexión y decisión a la ciudadanía en los temas más diversos. Esto puede realizarse, por ejemplo, a través de la creación de paneles de expertos, el fomento de la discusiones electrónicas o las consultas en línea.


Así pues, aunque resulte obvia la conclusión, únicamente podemos aproximarnos a la bondad democrática del voto electrónico y de los procedimientos vía las nuevas tecnologías desde una perspectiva integral. Así, el voto electrónico sólo incrementa la calidad de la democracia, en el sentido de ayudar al que aquí se ha expuesto como su mayor desafío, si y sólo si los costes de participación son progresivamente más homogéneos y el proceso está acompañado de instrumentos de deliberación y captación de información, en gran medida, también virtuales.


4. A modo de conclusión


Las reflexiones antes realizadas sitúan la problemática del voto para la aproximación aquí adoptada en la necesidad de la existencia de un ámbito o espacio de interacción, deliberación, comunicación o intercambio de posturas o aproximaciones políticas. Este espacio de comunicación entre ciudadanos y entre éstos y la esfera política institucionalizada es clave para la constitución de una esfera pública habermasiana que controle y legitime el ejercicio del poder y la toma de decisiones públicas.


En este sentido, los efectos del voto electrónico sobre el que hemos definido como el principal reto de la democracia cabe analizarlos desde sus implicaciones sobre la capacidad de las personas para desarrollar una identidad política y no limitarse únicamente a ser sujeto de derechos. Así, si, tal y como hemos sostenido, el voto electrónico es probable que aumente la utilización de los procesos electorales la pregunta que, a nivel más teórico, queremos responder es: ¿bajo qué condiciones un incremento de los procesos electorales aumentará la calidad de la delegación?


Teniendo en cuenta que las experiencias de votaciones electrónicas avanzadas, o desde cualquier lugar con acceso a la red, pueden contarse con los dedos, la organización de la mediación política propiciada por el voto electrónico no deja de ser en la actualidad un ejercicio prospectivo y, si cabe, aún más prospectivo en las democracias en transición donde las limitaciones del acceso restringen los beneficios potenciales del mismo.


No obstante, pese a la inherente futurología asociada a la cuestión, impera la necesidad de plantearse las bases normativas de la aplicación de las nuevas tecnologías a los procedimientos de elección y toma de decisiones por parte de la ciudadanía, pues conviene evitar que dicha aplicación ayude, en el sentido de Sartori (1998), al triunfo del homo videns y el consiguiente fin de la seria reflexión política y el abandono de una ciudadanía competente.


Al hilo de lo argumentado hasta ahora, conviene concluir refiriéndonos a las condiciones que permiten que las nuevas tecnologías aporten calidad al ejercicio de la delegación. Sin duda, las condiciones del éxito dependen fuertemente del reconocimiento de los riesgos y su confrontación. Así, los desafíos se componen tanto de retos como de oportunidades y dichos retos comprenden, en gran medida, la superación de los riesgos inherentes a todo cambio inmerso en la incertidumbre como son los tecnológicos. Los principales riesgos vienen expresados por las amenazas al espacio público o aquél abierto a todo el mundo en igualdad de condiciones, donde se aborden cuestiones de interés común, exista la libre interacción y resulte expresa la diferencia entre participantes y canales de participación. Estos riesgos principalmente son 1) la asimetría o “estratificación” del espacio público vía la concentración de la propiedad de los canales de participación o las fuentes de información, 2) la ilusión sinóptica o la ruptura de las fronteras entre lo público y lo privado mercantilizando los asuntos del interés general y restringiendo la discusión racional, 3) la banalización del discurso público y político y 4) las distorsiones de la opinión pública o la ausencia de una opinión pública autónoma y crítica (Vallespín, 2000: 87-93).


En cuanto a las oportunidades y a su aprovechamiento, se hace necesaria la acción normativa que complemente la espontaneidad del mercado para que los procedimientos de votación electrónicos se vean acompañados por espacios que permitan triunfar a aquellas opciones sostenidas por los mejores argumentos y, de esta forma, mejoren la calidad de la democracia en el que hemos considerado su componente esencial: la delegación.


Es difícil aventurar medidas más allá de la concesión de fondos para el establecimiento de dicho espacio público. Las dificultades de conciliar las demandas en pro de una mejora en el funcionamiento de los procesos electorales para que incrementen la calidad de la delegación y las dificultades impuestas para la mejora efectiva de la misma provienen del tradicional problema de congeniar los presupuestos normativos con el funcionamiento efectivo de los instrumentos políticos. Sin embargo, conviene reivindicar el papel de las leyes, proyectos, programas o prácticas que tienen por objeto conectar al ciudadano, grupos o organizaciones de la sociedad civil con el sistema político  institucionalizado. Esta reivindicación se basa en la creencia de que en dicha conexión radica la posibilidad de condicionar la acción política por parte de las organizaciones ciudadanas.


Así pues, la problemática del voto electrónico desde la aproximación aquí adoptada vincula la relevancia del mismo para la calidad de la democracia al establecimiento de un verdadero espacio público fomentado por una mayor utilización de los procesos electorales, la lucha contra determinados riesgos y la toma en consideración de determinadas oportunidades.


Bibliografía


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LOWI, T.  The End of Liberalism: The Second Republic of the United States. 2nd ed. New York: Norton. 1979.


MCCUBBINS, M Y LUPIA, A. The Democratic Dilema. Can Citizens Learn What They Need To Know?. Cambridge University Press. 1998.


NISKANEN, W. Bureaucracy and Representative Government.  Chicago: Aldine-Ateherton. 1971.


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SOLOW, R.M., "An Almost Practical Step Toward Sustainability", 40th Anniversary Lecture, Resources for the Future, Washington, D.C. 1992.


VALLESPÍN, F. “La crisis del espacio público” en Revista Española de Ciencia Política. nº 3 (octubre, 2000).


1 Las elecciones en varios países de hecho ya hace mucho que están  informatizadas, como es el caso de Brasil y algunas zonas de España. Recientemente, en las elecciones del País Vasco construyeron una página web (www.euskadi.net/elecciones) en diferentes idiomas que permitía informase sobre cómo realizar el voto electrónico -regulado por el Parlamento Vasco- y proporcionaba información variada sobre legislación, resultados electorales o calendario electoral, entre otras cuestiones. Otros ejemplos de informatización del voto son las primeras elecciones primarias a la candidatura presidencial celebradas por el Partido Demócrata de Arizona en marzo de 2000.


2 Alvin Toffler en su libro de 1982, “La creación de una nueva civilización: La política de la tercera ola” , hablaba de la posibilidad del voto electrónico y de sus efectos sobre las capacidades de los lobbies y de los grupos de interés de influir sobre las políticas. Con anterioridad, en 1955, Erich Fromm ya había explicitado el hecho de que los ciudadanos de una verdadera Casa de los Comunes votaran con ayuda de los dispositivos técnicos en “Psicoanálisis de la sociedad contemporánea: Hacia una sociedad sana”.


3 La California Internet Voting Task Force, órgano de la administración californiana encomendado del estudio de las oportunidades y riesgos del voto electrónico, ha sugerido unas fases para la introducción de estos sistemas de voto que concuerdan con las modalidades por nosotros establecidas en cuanto a la sofisticación técnica. Estas fases son: 1ª fase: Votación desde terminales disponibles en los propios colegios electorales. 2ª fase: Votación desde terminales disponibles en los propios colegios electorales, pero no limitando el acceso de los votantes a un único y predeterminado colegio. 3ª fase: Votación desde terminales disponibles en lugares y edificios públicos diversos, controlados por autoridades electorales.  4ª fase: Votación desde cualquier terminal con conexión a Internet.


4 Por ejemplo, en marzo de 2000 los estudiantes de la Universidad de Kansas condujeron su elección totalmente por Internet sin que cupiera la posibilidad de votar de otra manera.


5 La elección racional es entendida aquí siguiendo a estos autores como aquella que se adopta siendo conscientes de sus consecuencias. Así, la elección razonada no tiene por qué ser peor que la  racional en términos de resultados ni requerir de información perfecta sino de la capacidad de prever las consecuencias de las acciones siendo, por tanto, expresión de conocimiento.


*Joan Oriol Prats (joanoriol.prats@iigov.org) é analista do Instituto Internacional de Gobernabilidad - IIG


Este artigo foi publicado na Revista DHIAL, Desarollo Humano e Institucional en America Latina, edição nº 20 - agosto de 2001.







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