Autor original: Fausto Rêgo
Seção original: Artigos de opinião
Xavier Caño Tamayo*
Detenciones ilegales, secuestros, asesinatos, 'desapariciones', ejecuciones judiciales y extrajudiciales, ausencia de garantías jurídicas, violaciones sexuales, malos tratos y torturas... forman el grueso de los atentados más graves contra los derechos humanos en todo el planeta. En 2001 esos retornos a la barbarie aumentaron en gran número de países. Este es un desolador resumen de la pormenorizada denuncia del informe de Amnistía Internacional (AI) de 2002. AI denuncia también que varios estados democráticos han engrosado la lista de países que agreden los derechos humanos fundamentales desde la legislación y desde la conducta política cotidiana. Tal es el caso de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá que han incorporado reformas en las leyes que son un retroceso severo del respeto a derechos humanos básicos, con la posibilidad de detener y retener sin control judicial y eliminar la presunción de inocencia.
La obsesión por la seguridad desatada desde el 11 de septiembre ha creado un clima para 'olvidar' o 'aparcar' el respeto a los derechos humanos e incluso considerarlos un obstáculo. Varios gobiernos, cuya calidad democrática es más que dudosa, se han subido con entusiasmo al carro de la 'guerra contra el terrorismo internacional', interpretándola como una patente de impunidad en las violaciones de derechos humanos. Tal es el caso de Rusia, por ejemplo, que en la guerra de Chechenia ha detenido arbitrariamente, ha ocultado a detenidos en celdas excavadas en el suelo, ha torturado de forma sistemática y ha ejecutado extrajudicialmente. El hecho de que los rebeldes chechenos hayan cometido salvajadas similares no justifica la actuación delictiva de un país que pretende ser democrático. China (ni siquiera democrática en las formas), además de las conocidas y persistentes violaciones de derechos de disidentes, sindicalistas y activistas de derechos humanos, así como 1.781 ejecuciones, utilizó en la región separatista Uigur del Sin-Kiang la patente de corso de proclamarse luchadora contra el terrorismo internacional para ejecutar extrajudicialmente, juzgar y condenar sin garantías procesales, así como maltratar y torturar a disidentes y opositores. Ni un solo gobierno del Norte ha hecho la menor crítica sobre esas graves violaciones de derechos humanos.
El Israel de Ariel Sharon es otro estado que se proclama ferviente luchador contra el terrorismo internacional. Ha asesinado a cerca de quinientos palestinos (79 eran niños), detenido sin garantía alguna a más de 2.000 personas y juzgado a cientos de ciudadanos en tribunales militares sin garantías procesales. Que grupos radicales palestinos hayan asesinado a 154 civiles israelíes no equilibra balanza alguna ni justifica ese terrorismo de Estado.
Turquía, un leal aliado del Norte, mantiene aislados a miles de presos, agrede a los defensores de los derechos humanos, tortura a los detenidos, hace 'desaparecer' a los disidentes y opositores y ejecuta extrajudicialmente. Estas actuaciones son más feroces cuando tienen que ver con la cuestión kurda.
En Latinoamérica, AI denuncia de nuevo asesinatos y 'desapariciones' en Colombia: más de 300 personas 'desaparecidas' y más de 4.000 civiles muertos violentamente al margen de los combates, casi siempre a manos de los 'paramilitares' (con apoyo o complicidad del ejército); y más de 1.700 personas secuestradas, casi todas por los grupos guerrilleros. En Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Dominicana, Venezuela... y hasta veinte países latinoamericanos, se torturó y maltrató habitualmente a personas bajo custodia policial. En México y Brasil, la tortura ha sustituido al trabajo y la eficacia policiales en las tareas de investigación: se ha retrocedido a la Edad Media, a los tiempos de la Inquisición. Y en una docena de países iberoamericanos, agentes de las fuerzas de seguridad cometieron homicidios. Como muestra, en el estado brasileño de Sao Paulo 481 personas murieron a manos de la policía, y en Jamaica las fuerzas de seguridad dieron muerte al menos a 152 ciudadanos. En varios países de Latinoamérica, aún se encarcela a personas por sus opiniones o su pacífica actividad política, ecologista o sindical.
En Estados Unidos, además de aprobar leyes que han acabado con garantías judiciales y procesales, han detenido a más de 1.200 personas (la mayoría extranjeros) sin ningún respeto por sus derechos; han tratado a los presos de Al Qaeda en la base de Guantánamo como en tiempos del esclavismo, y han sido ejecutadas 66 personas, entre las que algunas eran disminuidas mentales.
En África han abundado las muertes de civiles desarmados, torturas, detenciones ilegales, violaciones y 'desapariciones'. Y lo mismo ocurre en Asia. Estas violaciones de derechos han sido cometidas siempre por gobiernos y frecuentemente por grupos de oposición.
En el nuevo clima creado por la convocatoria internacional contra el terrorismo, se tiende a pensar que para una mayor seguridad bien vale sacrificar derechos humanos. Pero, como ha dicho alto y claro Irene Khan, presidenta de Amnistía Internacional, "la protección de los derechos humanos es para los mejores y para los peores de entre nosotros". Si no, no serían derechos humanos universales, añadimos. La grandeza y el riesgo de la democracia de verdad es que todos tenemos los mismos derechos y que los derechos humanos nos protegen a todos de igual manera. De no ser así, no hay democracia.
El panorama se presenta desolador desolador, y eso que Amnistía Internacional no ha incorporado todavía las denuncias de las agresiones a los derechos sociales, económicos y culturales, tal como se comprometió en agosto del año pasado, porque entonces el informe sería más voluminoso que la guía telefónica de Nueva York.
*Xavier Caño Tamayo é jornalista do Centro de Colaboraciones Solidarias
A Rets não se responsabiliza pelos conceitos e opiniões emitidos nos artigos assinados.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer