Tribunal ético contra a impunidade

Autor original: Julio Cesar Brazil

Seção original:

Tribunal ético contra la impunidad de los responsables de violaciones a los derechos Económicos, Sociales y Culturales - DESC

1 - Fundamentación de la iniciativa:

Los organismos de Derechos Humanos, preocupados por la forma masiva y sistemática de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales -DESC- y sus dramáticas consecuencias en cada vez mayores sectores de la población, se proponen aportar su experiencia de lucha acumulada en muchos años, para avanzar en la plena exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales que junto a los derechos civiles y políticos conforman un cuerpo integral e indivisible.

Elegimos la escenificación de un Juicio Ético porque entendemos que si bien ha evolucionado la convicción y conciencia sobre los derechos civiles y políticos, la misma evolución no se verifica en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales. Se requiere una re-apropiación social de estos derechos para poner límite a las violaciones y avanzar en la justiciabilidad.

Cuando decimos justiciabilidad afirmamos que los derechos económicos, sociales y culturales son susceptibles de ser garantizados por los tribunales de justicia, tal como los derechos civiles y políticos. Asimismo, resulta necesaria la existencia y regular funcionamiento de procedimientos judiciales aptos para juzgar y condenar a quienes los violan impunemente.

Creemos que impulsar esta iniciativa contribuirá a desarrollar estrategias de exigibilidad y vigilancia ciudadana para lograr que el Estado cumpla sus compromisos y obligaciones legales en relación a la garantía y protección a los derechos humanos en su conjunto y particularmente a los derechos económicos, sociales y culturales.

Esta propuesta también surge de la convicción de que sólo la movilización de los sectores sociales puede hacer realidad la garantía de no reedición de crímenes aberrantes, evitando tanto en nuestro país como en el resto del continente, que se continúe con este nuevo método de exterminio del ser humano, que ha reemplazado las armas de la dictadura con las leyes del mercado. Estamos convencidos que, desde la idea Juicio ético = Justicia convertida en acto militante, podemos contribuir a un modelo de sociedad humana sin exclusiones que oponga límites claros a la impunidad como única forma de realización del valor justicia.

Las motivaciones de los organismos de DDHH para llevar a cabo esta iniciativa, son una respuesta al ejercicio desde el estado y el poder, de criminalizar la protesta de los sectores sociales, ignorados y vulnerados por las políticas de Estado, en el permanente reclamo de sus derechos así como establecer la conexión entre el terrorismo de Estado de la década del ´70 y el modelo económico instalado, que perdura hasta nuestros días como terrorismo económico.

Las estrategias que se desarrollaron durante las tres últimas décadas a través del modelo económico neoliberal, en el marco de la llamada globalización, apertura de mercados y modernización de la economía y del estado, llevaron a contraer una deuda externa ilegítima y corrupta y a la desregulación y privatización del Estado, que pierde toda capacidad de control y regulación de las políticas públicas. La realidad socio-económica del país, muestra las consecuencias de estas estrategias implementadas, en relación a las condiciones de inequidad social, de extrema pobreza generalizada, de corrupción, de ineptitud del sistema político frente a las demandas sociales y una violación masiva y regresiva de los derechos básicos económicos, sociales y culturales para una inmensa mayoría de la población del país.

Los índices de pobreza e indigencia continúan en aumento, registrándose cifras alarmantes, incompatibles con un sistema democrático. En efecto, a mayo de 2002 aproximadamente 18,5 millones de personas (el 53% de la población total) se encontraban por debajo de la línea de pobreza, mientras que 8,7 millones (el 24,8% del total) eran considerados indigentes, es decir, con ingresos insuficientes para acceder a una canasta básica de alimentos. Esta última variable experimentó un aumento del 135% en el período comprendido entre octubre de 2000 y mayo de 2002.

La situación es más dramática si se tiene en cuenta que del total de pobres, 8.319.000 son chicos y adolescentes. Esto significa que el 70% de niños y jóvenes de menos de 18 años vive en hogares pobres. A su vez, 4.138.000 son indigentes, y en algunas regiones del interior del país (Formosa, Corrientes, Posadas y Concordia) más del 50% de la población de menores de 14 años de edad no accede a niveles básicos de alimentación, lo que implicó la aparición de numerosos casos de desnutrición infantil y un aumento en los niveles de mortalidad infantil. En este sentido, según cifras de la Sociedad Argentina de Pediatría, en Argentina se produce la cifra alarmante de 11.000 fallecimientos anuales de menores de un año: un bebé cada 48 minutos. El 60% por causas evitables.

En el mismo sentido, la tasa de desempleo continúa en franco aumento (actualmente, se registra un índice del 21,5%, mientras que el subempleo asciende al 18,6). En un año, más de 700.000 personas perdieron su fuente de trabajo, según datos oficiales. Asimismo, el salario real de la población se ha reducido alrededor de un 30% en lo que va del año, debido al impacto de un proceso inflacionario que, en el caso de los alimentos básicos, supera el 70%.

El proceso de precarización de los derechos sociales se ha dado al amparo de un proceso paralelo de concentración de la riqueza en una pequeñísima porción de nuestra sociedad. En este sentido, al comparar el decil de ingresos más pobre y más rico, este último es hoy 33,6 veces mayor que el primero (en 1974 era de 12,3 veces). Es decir, que mientras que el 10% más pobre de la Argentina se apropia del 1,1% del ingreso, el 10% más rico se queda con el 37,6%. Esta brecha es la mayor de la historia en la Argentina, y explica en gran parte el cuadro de desintegración social que afecta actualmente a nuestro país.

Estas sistemáticas violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales implica también una profunda violación de los derechos civiles y políticos que trae aparejado un permanente riesgo a la vida y a la libertad humana.

Todos los Estados están obligados a respetar los derechos humanos. En la Declaración Universal de Derechos Humanos –instrumento incorporado a la Constitución Nacional- se dice textualmente que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios" (art. 25).

Hoy son miles las causas contra los actores sociales que han ejercido el reclamo y defensa de sus derechos a través de movilizaciones, cortes de ruta, tomas de tierras y multiplicidad de nuevas formas de protesta social ciudadana.

Se requiere una profunda reflexión para investigar los roles de todas y cada una de las instituciones que favorecen las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. Las agencias internacionales de financiamiento, los organismos multilaterales, los grupos económicos locales y medios de comunicación, han hecho de la economía el valor que define y precede a la política, en un proceso en el que la dupla, políticas neoliberales/mercado, ha corroído las bases mismas de la humanidad, negando la existencia y conciencia de la alteridad.

Pensamos en un Tribunal Ético porque partimos de la certidumbre que los instrumentos del sistema son insuficientes y hasta inservibles para resolver los conflictos entre el poder económico y la sociedad civil. Reafirmamos el concepto de que sólo el Estado es responsable y garante de los derechos humanos y pretendemos obtener de él la reparación de los derechos violados.

La tolerancia de los Estados a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos y grupos sociales el goce de los derechos, constituye una violación de los tratados de derechos humanos, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la medida en que la expresión "garantizar" entraña el deber de los estados de organizar el aparato gubernamental y, en generar todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídica y libremente el pleno ejercicio de los derechos humanos.

No debe pasarse por alto que la Conferencia Internacional sobre DDHH celebrada en Teherán en 1968, aprobó por unanimidad la proclamación de Teherán, que además de señalar el carácter obligatorio para todos los Estados de la normativa internacional en derechos humanos declara que "como quiera que los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, la plena realización de los derechos civiles y políticos sin el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales es imposible" (punto 13).

La sanción que pretendemos, será un instrumento creativo que debe construirse desde lo ético-social, partiendo de la afirmación de que es imposible la convivencia cuando la impunidad es la regla y la justicia la excepción y de que es imprescindible la devolución de lo sustraído y la reparación a las víctimas.

Es de esperar que esta iniciativa de los organismos de Derechos Humanos, sirva de marco para iniciativas similares a nivel nacional, continental y mundial y aportar así en forma colectiva a la lucha global por la dignidad humana de los pueblos. Se requiere de la participación y colaboración solidaria de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil para fortalecer esta propuesta del Tribunal Ético contra la impunidad a la violación de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de desarrollo. "Desde el NUNCA MÁS al TERRORISMO DE ESTADO, llegaremos al NUNCA MÁS al TERRORISMO ECONÓMICO, con la investigación, el juzgamiento y la sanción a los responsables".

2 - Objetivos del Tribunal Ético:

2.1 - Abrir con esta propuesta un espacio de participación de organizaciones sociales y populares, sindicales y trabajadores, universitarias, colegios de profesionales y otras expresiones de la sociedad civil para la promoción de la difusión debate y denuncia del impacto del modelo económico iniciado hace 26 años con el terrorismo de Estado sobre los derechos económicos, sociales y culturales, centrando y priorizando la acusación en el Estado por "abandono de su rol de garante de los derechos básicos y represor de la protesta social".

2.2 - Sustentar la iniciativa en un proceso de movilización y participación ciudadana que permita reunir y procesar información, denuncias y testimonios sólidos debidamente probados que servirán para fundamentar las condiciones de ilegalidad en que se generan las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, así como su relación con los procesos de endeudamiento del país y con las políticas de ajuste estructural y privatizaciones.

2.3 - Denunciar y exponer públicamente los mecanismos legales y políticos que favorecen y amparan la impunidad de estos delitos violatorios de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, ambientales y de desarrollo que deberían ser también clasificados como delitos de "lesa humanidad".

2.4.- Identificar plenamente y responsabilizar por las violaciones a las personas físicas y, especialmente a las personas jurídicas, locales y externos que por acción u omisión, han sido autores intelectuales, materiales, cómplices o encubridores de los delitos enjuiciados.

2.5.- Establecer sanciones éticas como una instancia cívica y ciudadana y recomendar la apertura de investigaciones legales para cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales violados; al mismo tiempo que promover en las organizaciones de la sociedad civil realizar seguimientos para que se sancionen a los responsables de estas violaciones.

2.6.- Generar en la ciudadanía la conciencia de que el Tribunal ético puede convertirse en un mecanismo idóneo de presión y control social para combatir la impunidad de los delitos juzgados. Esta concepción requiere sancionar y reparar para:

– Poner límite a las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales.

– Reparar y restituir los derechos violentados.

– Obtener garantías de no reedición de las violaciones.

– Establecer indicadores mínimos, como umbral al que están obligadas personas físicas y jurídicas por debajo del cual se consideraría configurada la violación.

– Plantear el esquema reparatorio desde el terreno de las propuestas concretas que permita la apertura de nuevos espacios de participación para redefinir las políticas públicas.

Abrir el espacio a los poderes del estado que tengan disposición para desandar el camino de la impunidad, especialmente los cuerpos de legisladores que acepten para sí el desafío de la adecuación del derecho doméstico a las normas de Derecho Internacional.

Organismos convocantes

Abuelas de Plaza de Mayo
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Centro de Estudios Legales y Sociales
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
Servicio Paz y Justicia
"De la Ética a la Justicia"

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